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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 13, de 24/09/2008
 


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS

Año 2008 IX Legislatura Núm. 13
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ISABEL POZUELO MEÑO
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles, 24 de septiembre de 2008
en el Palacio del Congreso de los Diputados


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Núñez Pérez) para informar sobre los siguientes extremos:

- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y sus sociedades mercantiles participadas, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 21 de abril de 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000054 y número de expediente del Senado 771/000054.)...
(Página 2)

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Informe de fiscalización del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial (IMEFE), dependiente del Ayuntamiento de Madrid, ejercicios 1996-1999. (Número de expediente del Congreso 251/000001 y Número de expediente del Senado 771/000057.)... (Página 11)

- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Alcorcón y de sus organismos autónomos dependientes, ejercicio 1999. (Número de expediente del Congreso 251/000003 y número de expediente del Senado 771/000002.)...
(Página 18)... (Página )

- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Toledo, ejercicios 2002 y 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000033.)... (Página 22)

- Informe de fiscalización del servicio de recogida y tratamiento de residuos en las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
(Número de expediente del Congreso 251/000034 y número de expediente del Senado 771/000025.)... (Página 26)

- Informe de fiscalización de la gestión y control de los recursos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, ejercicio 2004. (Número de expediente del Congreso 251/000053 y número de expediente del Senado 771/000055.)... (Página 32)

Ratificación de la ponencia designada para informar la Declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2005. (Número de expediente del Congreso 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001.)... (Página 39)

Dictamen, a la vista del informe emitido por la ponencia, y votación tras el debate de las propuestas de resolución presentadas:

- De la Declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2005. (Número de expediente del Congreso 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001.)... (Página 39)

Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NÚÑEZ PÉREZ) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA (MÁLAGA) Y SUS SOCIEDADES MERCANTILES PARTICIPADAS, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2002 Y EL 21 DE ABRIL DE 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000054 y número de expediente del Senado 771/000054.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, bienvenidos a la sesión de la Comisión del Tribunal de Cuentas. Según está establecido en orden del día, vamos a comenzar con los informes, con la salvedad que ahora les indicaré, que tiene que presentarnos el presidente del Tribunal de Cuentas, señor Núñez Pérez. De común acuerdo con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, vamos a variar el orden del día viendo en primer lugar el punto 6, que es el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades mercantiles, pasándolo al punto 1 del orden del día, tal y como nos ha solicitado el Grupo Popular. En primer lugar, tiene la palabra el presidente del tribunal, señor Núñez, para informarnos sobre el informe de fiscalización que ha realizado el tribunal. Señor Núñez, tiene usted la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, el pleno del Tribunal de Cuentas en la sesión celebrada el 26 de junio de 2008 -este año- aprobó el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sociedades mercantiles participadas. Este es el tercer informe del Tribunal de Cuentas relativo a la gestión económica del municipio de Marbella elaborado a iniciativa de esta Comisión mixta que, en su sesión de 21 de junio de 2005, tras el análisis del segundo informe correspondiente a los ejercicios 2000 a 2001, creyó conveniente que continuásemos la fiscalización. No obstante, ante las circunstancias sobrevenidas en el municipio, el Tribunal de Cuentas acordó ampliar el ámbito temporal solicitado por la Comisión a fin de que pudiera comprender todo el periodo de la gestión realizada hasta la toma de posesión

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de la comisión gestora tras la disolución del ayuntamiento por el Consejo de Ministros.


Los objetivos fijados para esta fiscalización en las directrices técnicas aprobadas por el pleno del tribunal fueron en síntesis las siguientes.
Primero, comprobar si el ayuntamiento y las sociedades mercantiles participadas habían cumplido con las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en los anteriores informes de fiscalización. Segundo, verificar los procedimientos internos a fin de analizar si fueron suficientes para garantizar una correcta actuación de la actividad económico-financiera. Tercero, comprobar si los estados contables representaban la situación financiera y patrimonial de las entidades, y cuarto, analizar si la gestión económico-financiera de las entidades fiscalizadas se realizó de conformidad con la normativa de aplicación y, en especial, si la actuación de las sociedades mercantiles participadas se adecuó a los principios de economía, eficiencia y eficacia.


En el informe, tras indicar las limitaciones que condicionaron la realización de esta fiscalización, especialmente por falta de colaboración y de documentación, y tras exponer las características organizativas del Ayuntamiento, se desarrollan cada uno de los objetivos citados ofreciendo los respectivos apartados los resultados alcanzados, el seguimiento de las anteriores recomendaciones y una síntesis de los resultados de las diferentes fiscalizaciones desde 1990 hasta abril de 2006, periodo que abarca toda la gestión de los representantes del Grupo Independiente Liberal.


Un resumen general me haría decir lo siguiente. El examen de los distintos informes pone de manifiesto toda una serie de actuaciones dirigidas a crear un sistema que facilitara la apropiación de fondos públicos, caracterizada por la ausencia de una justificación racional de las obligaciones y de los pagos efectuados mediante un entramado societario que anulaba los controles de gestión de los fondos públicos. Durante los más de dieciséis años de este periodo la corporación careció de un reglamento orgánico o de cualquier otro instrumento que definiese las tareas y responsabilidades de cada unidad administrativa y de cada puesto de trabajo del ayuntamiento, de los organismos y de las sociedades mercantiles. En general, se eludió sistemáticamente la intervención del pleno, delegándose todas las competencias posibles en la Comisión de Gobierno, y en materia financiera no se presentaron habitualmente los presupuestos anuales ni las cuentas generales para su control y aprobación por el pleno. La tramitación de gastos no se acomodó por regla general a las disposiciones legalmente establecidas y la insuficiencia de los controles económicos y financieros facilitó una gestión caracterizada por la ausencia de garantías en la correcta utilización de los fondos públicos, que ha ocasionado graves daños y perjuicios al ayuntamiento. No se ejerció la función de control financiero sobre las sociedades mercantiles ni se exigió la justificación del empleo dado a las transferencias, ni la procedencia de las deudas asumidas. Asimismo, los gastos del ayuntamiento no se justificaron adecuadamente, de forma que no quedaron suficientemente acreditados la necesidad y utilidad de estos a los fines municipales, la transparencia en la selección del proveedor, la correcta ejecución de las obras, prestación de servicios o entrega de suministros ni la aplicación de precios adecuados. Esta situación ha sido especialmente relevante en las sociedades municipales, que han aceptado facturas de proveedores por obras en las que no constan presupuestos ni proyectos técnicos.


La actividad económica y financiera del ayuntamiento se ha caracterizado por la ausencia de presupuestos específicos y por la utilización del inmediato presupuesto aprobado, de forma que en los últimos cinco ejercicios fiscalizados únicamente estuvieron vigentes con plena legalidad el presupuesto de 2000 y el de 2005. El de 2002 fue anulado por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y para los demás ejercicios no se aprobó ningún presupuesto específico. Además, los presupuestos, aunque nominal y aritméticamente aparecían equilibrados, no contenían todos los gastos previsibles de cada ejercicio y los ingresos estaban sobrevalorados.


¿Cuál es la representatividad de los estados contables? Las cuentas generales correspondientes a los ejercicios 2202 a 2005 fueron aprobadas por la comisión gestora, rectora del ayuntamiento tras la disolución de la corporación surgida de las elecciones de mayo de 2003. Estas cuentas no son representativas de la situación económica y financiera del ayuntamiento ya que, entre otras salvedades recogidas en el informe de fiscalización, no reflejaban la situación del endeudamiento financiero a largo plazo, cuya deuda vencida acumulada hasta 2006, como consecuencia de la falta de pago de dos préstamos concertados en 1997, ascendía a 64,4 millones de euros, con un sobrecoste para el ayuntamiento de 34,9 millones de euros. Asimismo, las cuentas del ayuntamiento no recogen la totalidad de las obligaciones de pago vencidas y exigibles con diferentes proveedores y acreedores. En abril de 2006 permanecían, al menos, 73,3 millones de euros de obligaciones no reconocidas presupuestariamente.


A fin del año 2006, la deuda acumulada con la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la falta de pago de las retenciones del IRPF, tanto en el ayuntamiento como en las sociedades mercantiles, ascendía a 92,1 millones de euros. Asimismo, no se atendieron a sus vencimientos las cuotas patronales de seguros sociales que, a 31 de diciembre de 2005, ascendían a 153,3 millones de euros. Dado que el ayuntamiento responde solidariamente de las deudas, como saben SS.SS., de la solvencia patrimonial y del equilibrio de las cuentas de resultados de las sociedades mercantiles, existía un pasivo contingente de 126,3 millones de euros, no registrado en el balance de situación del ayuntamiento, por el volumen acumulado de las pérdidas de las sociedades mercantiles.


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La gestión y el registro contable de las operaciones del ayuntamiento determinaron que el saldo negativo de 25,9 millones de euros del remanente de tesorería para gastos generales que figuraba en la cuenta anual del ayuntamiento de 2005 debía incrementarse hasta reflejar un déficit existente, al menos, de 193,3 millones de euros. El desequilibrio financiero conjunto de la corporación a 31 de diciembre de 2005, considerando las pérdidas de las sociedades mercantiles, alcanzaba, al menos, 335 millones de euros, cifra que representa más del 181 por ciento del presupuesto inicial y un desequilibrio de 2.669 euros por habitante.
Por su parte, los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2005 por todos los conceptos alcanzaban 203,7 millones de euros, de los cuales, al menos, 96,9 millones podrían estar prescritos. Espero que me disculpen, señorías, toda esta colección de datos y cifras, pero creo que son fundamentales para hacer el correspondiente diagnóstico y, por tanto, la valoración de la gestión en el Ayuntamiento de Marbella.


En relación con la gestión del personal, en el informe se expone que el ayuntamiento contrató temporalmente trabajadores fuera de plantilla sin realizar convocatorias públicas y sin una selección objetiva con base en procedimientos formalmente instituidos, y que el acuerdo regulador de las condiciones socioeconómicas del personal funcionario del ayuntamiento contenía preceptos sobre materias no negociables que contravenían el régimen general de la Función pública. En el informe se destaca que durante el periodo fiscalizado el conjunto de entidades municipales mantuvieron relaciones con 125 asesores y consultores, que originaron un gasto de 14,8 millones de euros, de los cuales 6,4 millones correspondieron a asesoramiento jurídico. Ninguna consultoría fue contratada de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.


La contratación de obras y suministros se atribuyó a la sociedad municipal Gerencia de Compras y Contratación Marbella, S.L. como unidad municipal encargada de la gestión, contratación y ejecución de las obras y servicios, a través de la cual se pagaron obras en las que se advirtieron numerosas irregularidades. No voy a cansar a SS.SS. haciendo una relación exhaustiva de todas ellas, pero sí de algunas. Por ejemplo, inexistencia de proyectos técnicos y de presupuestos que determinasen el alcance, características y coste de los trabajos; acuerdos de la comisión de gobierno en los que se aprobaron proyectos y presupuestos inexistentes; designación directa de empresas constructoras sin acudir a ningún procedimiento objetivo de selección; inexistencia de controles técnicos de las obras con ausencia de dirección facultativa; aceptación de facturas en las que se consignaban unidades de obra o suministros no ejecutados o por volumen superior a lo realmente ejecutado; aceptación de cargos por unidades de obra a precios superiores a los de mercado. Como consecuencia de todas estas irregularidades, y de alguna más que ustedes pueden ver en el informe, no se han justificado adecuadamente operaciones por 21,8 millones de euros, originándose perjuicios al ayuntamiento, al menos, por 17 millones largos de euros. Los restantes cuatro millones responden a partidas indebidamente justificadas, no previstas en proyectos o a partidas de obras carentes de proyectos, que resultaron de imposible o difícil comprobación material.


En cuanto al urbanismo, los 98 convenios a los que accedió el Tribunal de Cuentas -por fin pudimos ver los convenios- tuvieron por objeto más habitual la recalificación urbanística de terrenos y la permuta de bienes inmuebles. De ellos, solo 48 se aprobaron por la comisión de gobierno. En los convenios urbanísticos, la eficacia de los pactos se supeditaba a la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y el ayuntamiento obtenía una parte de la mayor edificabilidad que tal recalificación comportaba y la enajenaba al mismo interesado, cobrándose una parte en el momento de suscribir el convenio y aplazándose el resto al momento de la aprobación de la revisión del plan o al de la concesión de la licencia de obras. De esta manera, la planificación urbanística municipal fue sustituida por la firma de convenios particulares en los que se pactaban los parámetros urbanísticos de determinadas fincas, sin contar con una visión global del desarrollo urbanístico de todo el municipio. Las modificaciones de las características urbanísticas de las fincas objeto de los convenios no se aprobaron, por lo tanto, por el pleno, único órgano competente, como saben SS.SS., para la aprobación de la modificación del plan general. Sin embargo, el ayuntamiento otorgó en muchos casos licencias de obras para construir en las fincas con los nuevos parámetros y sin que tampoco se hubieran aprobado los instrumentos urbanísticos exigidos por la ley en desarrollo del plan para que pudiera procederse a la construcción.


A pesar de que los convenios quedaban supeditados a la aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, el ayuntamiento vendió terrenos con la nueva calificación no aprobada y negoció y transmitió los excesos de aprovechamiento sin que fuesen aún efectivos. Muchos informes de valoración en los que se basaron las transmisiones de inmuebles carecían de virtualidad para poder considerar que constituían el elemento objetivo en la determinación del precio por no estar fechados o estarlo con posterioridad o en el mismo día que el convenio, no reflejar un precio unitario por cada metro cuadrado, o no presentar ninguna homogeneidad con los precios unitarios de otras parcelas del mismo sector o con parecidas características urbanísticas transmitidas en esas fechas o con anterioridad. En ocasiones, estas valoraciones determinaron precios inferiores a los de mercado, habiéndose advertido transmisiones posteriores con importantes plusvalías a favor de los terceros que formalizaron los convenios con el ayuntamiento, que van desde el 123 por ciento, en el mismo día de la enajenación del ayuntamiento, hasta casi el 360 por ciento, en un plazo de dieciséis meses.


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La falta de control de los bienes -y ya voy terminando- y la inadecuada depuración de la situación física y jurídica de estos ha permitido que el ayuntamiento negociase con bienes que ya no eran de su propiedad o que se inscribiesen en el Registro de la Propiedad embargos por deudas del anterior propietario. No se exigía a los terceros que acreditasen el título en virtud del cual negociaban con fincas que eran objeto de recalificación, por lo que se desconocía si poseían legitimidad suficiente para formalizar el convenio. Esta circunstancia permitió que se suscribieran convenios con arrendatarios de fincas prescindiendo de los propietarios, con empresas que ni eran ni fueron propietarias de los terrenos y con empresas que negociaban con el ayuntamiento antes de adquirir las parcelas recalificadas. Estas irregularidades y anomalías han determinado que el ayuntamiento no haya percibido, al menos, 7,34 millones de euros por incrementos de edificabilidad en determinados terrenos, y que se hayan producido perjuicios a los intereses públicos por enajenaciones a precios inferiores a los de mercado en, al menos, 58,8 millones.


El informe realiza un seguimiento de las recomendaciones del anterior informe del Tribunal de Cuentas, algunas de las cuales se han tenido en consideración por la comisión gestora, no por el ayuntamiento, habiendo adoptado medidas en los términos sugeridos, en tanto que otras recomendaciones permanecían pendientes de ponerse en práctica. Sí hemos detectado, aunque por supuesto no ha sido todavía objeto de fiscalización, que se ha tratado de hacer un esfuerzo, desde que hay comisión gestora, para cumplir las recomendaciones del anterior informe.


Una breve nota, una pincelada sobre la responsabilidad contable. En relación con el contenido de este informe que presentamos hoy se han abierto cuatro procedimientos de responsabilidad contable, que están actualmente en curso en la sección de enjuiciamiento, a los que se deberían agregar los iniciados a partir de los anteriores informes, sumando un total de más de 50 procedimientos contra los responsables de la gestión analizada por el tribunal.


Eso es todo en una primera intervención. Quedo, señora presidenta, a disposición de SS.SS. para que puedan hacerme las preguntas que estimen conveniente.


La señora PRESIDENTA: Voy a dar la palabra a continuación a los portavoces de los grupos parlamentarios y, según la costumbre de la Comisión y el Reglamento, daré en primer lugar la palabra al grupo mayoritario de la oposición, el Grupo Popular, y después de menor a mayor terminando el grupo mayoritario que apoya al Gobierno, el Grupo Socialista. Les recuerdo también como norma general para las intervenciones de los grupos en relación con los informes que presenta el presidente del Tribunal de Cuentas que estas intervenciones deben referirse siempre a petición de información o aclaraciones que el presidente pueda hacer, porque estamos en una comparecencia en que el presidente nos informa. El debate político en su propio sentido se desarrollará en la siguiente sesión, en la que ya se presentarán por parte de los portavoces de los grupos las propuestas de resolución. Ahí se procederá al debate y a la aprobación consiguiente.


Tiene la palabra la señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: En primer lugar, es muy difícil analizar el Ayuntamiento de Marbella abstrayéndonos de determinadas cuestiones.
Quiero felicitar al Tribunal de Cuentas, y no solamente por este informe, que es el tercero que se hace sobre el Ayuntamiento de Marbella, pero es el primero en el que ha tenido acceso a una mayor documentación. Estoy convencida -y así viene también reflejado en el informe exhaustivo realizado por el Tribunal de Cuentas- de que no ha tenido acceso a toda la información. En este momento en el Ayuntamiento de Marbella hay unos partidos políticos democráticos, con una alcaldesa elegida democráticamente por mayoría absoluta que está llevando a cabo un trabajo muy complicado. Yo he sido alcaldesa y sé las dificultades de conocer a fondo lo que es una ciudad y los papeles que contienen todo el desarrollo de una ciudad, y en este momento es una labor de titanes poner en pie cada una de las realidades, que van más allá de lo que se atisba en este informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Por tanto, en primer lugar mi agradecimiento al tribunal y mi primera pregunta.


Ya en la parte introductoria de este informe el propio Tribunal de Cuentas habla de las limitaciones a la hora de llegar a la información de entidades privadas, pero también de entidades públicas. No hay que olvidar que en este momento hay una acción penal importante denominada caso Malaya que tiene retenida en el juzgado correspondiente, en un procedimiento todavía no iniciado desde el punto de vista penal, sino simplemente en la instrucción -una instrucción excesivamente larga-, documentación de la que el ayuntamiento actual no tiene copia. Me preocupa mucho que a día de hoy no podamos saber hasta dónde llega el expolio realizado en el Ayuntamiento de Marbella, desde el punto de vista urbanístico -ya hablaré después de él- y desde el punto de vista del propio patrimonio del ayuntamiento. Me gustaría saber cuáles son las alternativas del Tribunal de Cuentas para conseguir tener toda la información suficiente para poder llegar al fondo. Los técnicos del Tribunal de Cuentas son absolutamente inmejorables, y yo creo que Marbella se merece que el Tribunal de Cuentas haga un examen exhaustivo, porque además es un órgano independiente, de cuál es la situación real al día de hoy del Ayuntamiento de Marbella. El presidente del Tribunal ha hablado de supuestas pérdidas que hoy tiene el ayuntamiento, pero en este momento el ayuntamiento tiene pérdidas por encima de los 550 millones de euros. Solamente lo de Hacienda y la Seguridad Social ya es importante.
Yo me pregunto: si Marbella tiene un ayuntamiento democrático que está intentando resolver

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los problemas, ¿por qué ahora el Ministerio de Trabajo no quiere facilitar la posibilidad de una buena negociación para que ese ayuntamiento consiga salir del desastre económico, organizativo y financiero en el que se encuentra en este momento? Creo que ahí hay una cierta miopía o tendencia política si no se quiere negociar, cuando se ha mirado para otro lado durante tantos años, una deuda que supera los 400 millones de euros. Es una llamada importante para que ese ayuntamiento pueda seguir funcionando, y sería bueno que dejaran el tema de las siglas políticas de quién gobierna, porque tampoco favorece excesivamente al Gobierno hoy en el poder, y además los marbellíes no lo entenderían bajo ningún concepto.
La primera pregunta, por tanto, sería cómo el Tribunal de Cuentas puede intentar disponer de toda esa información solicitada. Yo creo que o los tribunales inician ya el proceso penal o deberían dejar acceder a esa documentación, porque, después de lo que hemos visto en los juzgados de Sevilla y que yo conozco de los juzgados de Málaga, espero que esté bien custodiado cada uno de esos documentos que componen toda la trama penal que lleva al caso Malaya, no vaya a ser que algún documento se pierda por el camino, cosa que no sería excesivamente buena.


En segundo lugar, es terrible la situación del patrimonio del Ayuntamiento de Marbella. Hoy no hay un pleno en el que el Ayuntamiento de Marbella no lleve una reforma sobre sus bienes, porque están llevando a cabo cada una de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, como no podía ser de otra forma, y todos los plenos tienen que llevar ampliaciones del patrimonio de bienes del Ayuntamiento de Marbella. Yo he sido alcaldesa. Todos los años en octubre aprobábamos las cuentas generales y el secretario era vigilante de que estaba hecho el inventario de bienes del Ayuntamiento de Málaga. Nosotros lo remitíamos al Tribunal de Cuentas de Andalucía. ¿Qué ocurre? ¿El Tribunal de Cuentas de Andalucía y la Junta de Andalucía no estaban pendientes de lo que estaba pasando en el Ayuntamiento de Marbella? ¿Hasta el año 2006 no se dan cuenta de que aquello es un desastre que empieza el año 1991? ¿Dónde está el trabajo invigilando de la propia Junta de Andalucía? Y si ya hablamos de urbanismo: venta de suelo por debajo del precio de mercado, regalos a empresarios y a empresas sin ninguna justificación, el Tribunal de Cuentas habla incluso de venta de suelo por la cual el empresario hace unos cheques que se han cobrado y jamás entraron en las cuentas del ayuntamiento. Aquí hay una enorme responsabilidad contable por parte de las empresas y de los cargos nacionales del Ayuntamiento de Marbella. Se ha expoliado la ciudad de Marbella. ¿Y dónde estaba la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía? Eso sí, cuando llega la gestora hacen responsable del nuevo plan general de urbanismo al señor que preside esa comisión. Está bien la cosa. La propia ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía dice en un artículo muy claro que el Gobierno de la comunidad autónoma puede pedir a la Cámara de Cuentas exhaustivas fiscalizaciones sobre temas concretos ¿Por qué no lo ha hecho ni una sola vez? Solamente ha hecho una fiscalización en los años 1990/1993, la única.


La señora PRESIDENTA: Señora Villalobos, le recuerdo que lleva nueve minutos de intervención y además le rogaría que se ciñera un poco al asunto que estamos tratando.


La señora VILLALOBOS TALERO: Creo que estoy ciñéndome. En cualquier caso, son 400 folios de un tema que sinceramente me preocupa bastante.


Recaudación de impuestos. Esto ya es demasiado. La Diputación Provincial es responsable de la recaudación de impuestos del Ayuntamiento de Marbella. Ni el 40 por ciento han conseguido recaudar. Esto ya no es corrupción, es dejadez, y aquí hay una responsabilidad, y la Diputación de Málaga en este momento no colabora para nada a resolver un problema que debería estar resolviéndose. Por tanto, me parece sinceramente que en este momento es necesaria -y yo lo voy a volver a plantear en presupuestos- una ayuda única al Ayuntamiento de Marbella para intentar compensarle del expolio en todos los sentidos. Si analizamos obras y contrataciones, que muy bien ha explicado el presidente del tribunal, es alucinante, no hay una sola contratación que haya pasado por el sistema legal de la Ley de Régimen Local, ni una en 16 años. ¿Cómo puede tener esto sentido? Ni una sola de las contrataciones. Desde pagos a obras que no se han hecho, duplicidad de obras, ciudadanos de fuera que certifican obras cuando ni siquiera tienen el bachillerato, no son ingenieros. Yo no tengo nada en contra de los que no han hecho el bachillerato, yo no soy ingeniero, pero para certificar una obra es necesario que tenga la cualificación profesional correspondiente. Auténticas salvajadas. Aquí hay un tema concreto que voy a poner como ejemplo, para ser muy rápida.
Se contrata a una empresa para que ponga 90 farolas en una barriada de Marbella y pone 17. ¿De dónde va a sacar ahora el ayuntamiento el resto de las farolas? ¿Ha recaudado mal la Diputación? ¿Ha habido un expolio, mirando para otro lado la Junta de Andalucía, responsable de Urbanismo de la Comunidad Autónoma? Y si no que se lo pregunten al alcalde de Málaga.


La señora PRESIDENTA: Señora Villalobos, le ruego que vaya concluyendo.


La señora VILLALOBOS TALERO: Voy concluyendo, presidenta. Me gustaría saber si la Comunidad Autónoma de Andalucía, en este caso, insisto, aparte de la responsabilidad contable que aparece en cada uno de los casos a los que ha tenido acceso el Tribunal de Cuentas -y me gustaría que me contestara a la primera parte de cómo llegar al fondo de la cuestión y a esos documentos que no le llegan, no por falta de voluntad del Gobierno actual, sino porque no tiene la documentación,

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no la puede tener en este momento-, si la Administración autonómica, que tiene amplias competencias en la supervisión de las corporaciones locales, sobre todo y especialmente en lo referente a la aprobación de los planes de urbanismo y el seguimiento de esta materia, que son más de 600 convenios fraudulentos, si adoptó alguna iniciativa dirigida a poner orden en esta situación y si el tribunal tiene acceso a ello. En segundo lugar, un tema que me parece fundamental. Si el Tribunal de Cuentas considera que es oportuno que la Fiscalía Anticorrupción o el fiscal general conozcan este informe, porque entiendo que para paralizar determinadas actuaciones irregulares y la devolución en la medida de lo posible de los bienes y del dinero perdido al Ayuntamiento de Marbella, a pesar de las dificultades que encierra, el Tribunal de Cuentas debe hacer llegar a la Fiscalía Anticorrupción toda esta documentación para exigir las correspondientes responsabilidades en vía penal. Este es un caso que no se puede volver a repetir en ningún ayuntamiento democrático de nuestro país. Es un escándalo de un nivel importante. Posiblemente ante los medios de comunicación ya no sea plato de este día, pero nosotros los políticos y los que hemos pasado por la Administración local sabemos la necesidad imperiosa que existe de que se tomen medidas muy claras, muy concretas y muy ejemplarizadoras sobre el Ayuntamiento de Marbella. Me gustaría hacer llegar al Grupo Parlamentario Socialista la reflexión de la necesidad de que convenza a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Hacienda para que cumplan sus compromisos con el Ayuntamiento de Marbella. No les podemos dejar de la mano de Dios. No son responsables los hoy concejales del Ayuntamiento de Marbella del horror que ha vivido.
Y si la Junta de Andalucía cumple con las obligaciones que no ha cumplido hasta ahora, deberá llegar a acuerdos adecuados con el Ayuntamiento de Marbella porque están absolutamente ahogados. Es necesario que el Ministerio de Hacienda ceda en esa enmienda de presupuestos, para la que espero el apoyo de los diputados del PSOE de Málaga, para que consigan por una sola vez un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Marbella para trasferir los 600 millones imprescindible solo y exclusivamente para paliar un 10 por ciento de los gravísimos errores que se ha consentido que se cometan en el Ayuntamiento de Marbella. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Tuñón San Martín.


El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Bienvenido, señor presidente. Voy a ser muy breve, simplemente para agradecer la labor del Tribunal de Cuentas. Me parece que alguna vez había que meter mano a este tipo de ayuntamientos.
Se ha tardado mucho, demasiado tiempo, lo que nos hace reflexionar sobre por qué se permite esto en una democracia asentada. Por qué se monta una trama de corrupción pública desde un ayuntamiento. Creo que hemos aprendido y que servirá de aviso a navegantes para que otros ayuntamientos que vayan por esta senda sepan que están controlados. Me alegro, además, de la extensión de la fiscalización. Me alegro de que se haya intervenido en el tema de urbanismo, en los convenios, una parte fundamental, en el tema de la contratación. No voy a entrar en la valoración del informe porque es francamente negativa, seguramente no habrá ningún informe más del Tribunal de Cuentas que sea tan negativo, eso espero, y creo que históricamente puede entrar en el libro Guinness de los récords de los informes negativos de todos los ayuntamientos y de la democracia. Es una especie de lacra que tenemos que asumir entre todos. ¿Pero por qué en las cuentas anuales han dado una opinión negativa? Es decir, no son representativas, podían haber dicho: no damos opinión, porque dar una opinión que no es representativa o no dar opinión es un matiz. ¿Qué han valorado para dar una opinión negativa en vez de no dar opinión sobre estas cuentas? En segundo lugar, le quería preguntar sobre la responsabilidad contable, a cuánto ascienden los procesos y la vinculación que puede tener este informe de cara a la propia fiscalía que está llevando el tema anticorrupción, todas esas tramas y el procesamiento de 19 concejales en este ayuntamiento.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Tomás.


El señor TOMÁS GARCÍA: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, bienvenido. Señorías, en primer lugar, quiero sumarme a la felicitación y a la valoración positiva que han hecho los portavoces de los grupos que han intervenido hasta ahora sobre el resultado de su trabajo riguroso y exhaustivo. Creo que a partir de ahí hay una herramienta muy buena para atajar y solucionar los problemas que se detectan. Como bien ha señalado el presidente del tribunal, esta pieza es la tercera de una serie. Es oportuna la síntesis que ha adjuntado al informe de todos los informes anteriores, que nos ayuda a comprender la dimensión del problema y la dimensión de la situación analizada. Esta situación no es otra que un caso que, afortunadamente, es excepcional en nuestra geografía y que ha llegado a definir todo un modelo de actuación al margen de la legalidad que, como bien se ha evidenciado, ha tenido y tiene graves consecuencias sobre el patrimonio de todos los ciudadanos de Marbella y un incalculable impacto para el comportamiento cívico o incívico en este caso de quienes practicaron el saqueo sistemático de las arcas municipales. Con ocasión del anterior informe de fiscalización de este ayuntamiento de Marbella decíamos que era un caso límite y que como tal debería tener una solución límite. Por esta razón hoy contemplamos con satisfacción cómo se ha actuado desde las instancias judiciales y políticas a tenor de la gravedad de la situación. Hoy analizamos este nuevo informe de fiscalización en un contexto bastante diferente.


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Este contexto no es otro que el que provocó la disolución del ayuntamiento a instancias, y subrayo a instancias, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, una solicitud avalada por el Senado y la Comisión Nacional de la Administración Local, cuyo desenlace se plasmó, y también lo subrayo, en una decisión de disolución tomada por el Consejo de Ministros de 4 de abril de 2006. En este acuerdo también se procede a la creación de una comisión gestora que designó la Diputación Provincial de Málaga a propuesta de los partidos con representación mayoritaria y que asumió su cometido justamente en la fecha límite de este informe. Si hace tres años decíamos en esta misma comisión que el GIL, el Grupo Independiente Liberal de Marbella, era un buen ejemplo de populismo, de un sistema que burla las leyes apoyado en quienes no creen en la política, hoy sabemos que quienes defendían tales principios han fracasado estrepitosamente y se han estrellado contra el Estado de derecho. Es algo de lo que nos debemos alegrar todos los demócratas. Nuestras instituciones han funcionado y en una actuación sin precedentes en nuestra historia democrática se procedió a restituir la legalidad que ampara la convivencia normativizada de los ciudadanos. Sin duda estamos ante el informe de fiscalización que analiza el periodo más amplio y que supone la continuidad del relato de irregularidades que ya conocíamos en parte por los anteriores informes.


A pesar de las limitaciones que ha señalado muy bien el presidente, el informe pone de relieve todas las prácticas irregulares -no las vamos a relatar de nuevo- que han sido realizadas por responsables del Ayuntamiento de Marbella en tres momentos: la última etapa de Jesús Gil, hasta su inhabilitación; la etapa de Julián Muñoz y, finalmente, tras la moción de censura, la etapa de Marisol Yagüe. Hago esto porque es bueno refrescar la memoria sobre el contexto histórico en el que nos movemos.
Hemos comprobado nuevamente cómo el Ayuntamiento de Marbella mantuvo una red de organismos carentes de reglamento orgánico alguno, que sirvieron para desmontar y hurtar la gestión municipal a los sistemas de control de legalidad. La insuficiencia de controles facilitó una gestión sin garantías y prácticas contables negligentes, como se nos ha evidenciado, e irregularidades que ocasionaron graves perjuicios a las arcas municipales y al patrimonio de los ciudadanos de Marbella. La ausencia de presupuestos, la inexistencia de justificación de gastos, la realización de pagos incluso antes de emitir las órdenes correspondientes, la contratación irregular de personal, el pago de honorarios a profesionales -honorarios desorbitados-, el incumplimiento de las obligaciones fiscales, los pagos mediante bienes inmuebles infravalorados, los convenios lesivos para el interés público, etcétera, forman un largo rosario de irregularidades que difícilmente podrán volver a conjugarse con la misma intensidad y en tan poco tiempo como las que han constituido el objeto de las auditorías realizadas por el Tribunal de Cuentas de España. No quiero pasar por alto las observaciones relativas a convenios con particulares y modificaciones urbanísticas que no se aprobaron por el pleno y sobre los que el ayuntamiento otorgó licencias de obras -hoy constituye un serio problema al que tienen que hacer frente los actuales gestores-, unas licencias que en su día fueron sistemáticamente denunciadas y recurridas por la Junta de Andalucía ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con el resultado que todos conocemos. Un capítulo aparte merecería el grado de cumplimiento de las recomendaciones del anterior informe del Tribunal de Cuentas, y ahí pocas novedades nos aporta su análisis, aparte de concluir que no fueron tenidas en consideración en su conjunto. Precisamente hubo que esperar -como bien señaló- a la constitución de la comisión gestora para que se produjera un giro radical en la dirección que apuntaban las recomendaciones del propio tribunal.


Por último, señor presidente, intentando ceñirme a la temática, al período cronológico y al tema que nos trae, tenemos que subrayar que la disuelta corporación no presentó ninguna demanda civil, administrativa, penal ni contable contra los presuntos responsables de la gestión; la actual corporación tampoco lo ha hecho. Sería deseable que a la luz de este tercer informe de fiscalización se procediese en tal sentido por la actual corporación, sobre todo por sentido de la responsabilidad en defensa de los intereses generales de los ciudadanos de Marbella. Dicho esto, nos gustaría que nos respondiese a tres cuestiones, que ya son dos porque una la respondió usted antes. En primer lugar, a mi grupo le interesa saber si se han producido los cambios normativos reclamados por el Tribunal de Cuentas que permitan identificar los ilícitos contables y penales para depurar las responsabilidades correspondientes. La segunda la planteó usted ya cuando nos citó que había cuatro procedimientos -a raíz de este informe- iniciados por responsabilidad contable, por tanto no procede. La última es saber si tras este tercer informe de fiscalización el organismo que usted preside da por concluida la auditoría que ha llevado a cabo sobre este ayuntamiento.


No puedo acabar mi intervención sin hacer una breve alusión a la intervención de mi compañera de circunscripción, diputada por Málaga, la señora Villalobos. Yo no voy a recordar a la señora Villalobos lo que ya es de dominio público, creo que no es necesario; tampoco lo es recordar que en la historia de nuestra democracia ha habido un Gobierno, precisamente un Gobierno socialista, que es el primero que ha procedido a disolver un ayuntamiento democrático y a restituir la legalidad para salvar una situación desastrosa, catastrófica. Pero sí me voy a permitir algo con la señora Villalobos, y es participar con ella, y con todos los que me escuchan esta tarde, de una reflexión. Señora Villalobos, tiene usted una dificultad, y es -permítame que se lo diga- una dificultad muy común en su partido. Usted tiene una dificultad para entender quién está de su lado en la trinchera, lo viene demostrando sistemáticamente, y yo conozco su trayectoria. Les ha costado comprender, a usted y a su partido, que estábamos del mismo lado en

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la trinchera cuando luchábamos y luchamos contra el terrorismo, y les cuesta entender también, a usted y a su partido, que los demócratas estamos en el mismo lado de la trinchera luchando contra la corrupción.
Se equivoca usted, señora Villalobos, y equivoca usted el blanco de sus ataques. (La señora Villalobos Talero pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Señora Villalobos, creo que el debate ha sido ordenado. Usted ha expresado sus opiniones y el señor Tomás las suyas, además en sentido bastante más moderado y ciñéndose mucho más al asunto que nos compete. Por tanto, no tiene usted la palabra. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.)

Señor Aguirre, ¿para qué me pide la palabra?

El señor AGUIRRE Rodríguez: Señora presidenta, creo que ha habido una alusión directa del portavoz del Grupo Socialista; incluso ha hecho un excurso verbal sobre temas que no atañen a la cuestión. Por tanto creo, como ya he podido advertir que en algún momento de estos debates, que habrá que dar la oportunidad, si se produce este tipo de intervenciones, a que el Grupo Parlamentario Popular o el grupo que sea aludido tenga la posibilidad reglamentaria de utilizar un turno para salir al paso de esas afirmaciones, que es muy cierto que están al margen del propio informe que nos ha expuesto el presidente del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA: Efectivamente, como usted dice, está totalmente al margen del asunto que nos trae, que es solicitar información al presidente del Tribunal de Cuentas que está compareciendo. Creo además en cualquier caso que la intervención de los dos intervinientes se ha realizado en los términos habituales en los que se producen estos debates. Lo digo porque no puede ser razón ni motivo, ni reglamentario ni extrarreglamentario, que se solicite por alusiones un nuevo turno de palabra por una cuestión como esta. De todos modos, voy a volver a dar el turno de palabra para una breve réplica a los dos portavoces, o a cualquier otro portavoz que lo solicite, de forma escueta, por un tiempo de dos minutos; pero, por favor, señora Villalobos, de forma escueta.


El señor AGUIRRE Rodríguez: Gracias, señora presidenta.


La señora VILLALOBOS TALERO: Señora presidenta, ni dos minutos.


Jamás he confundido las trincheras, en primer lugar, porque nunca estuve en la guerra; espero que el señor representante del Grupo Socialista y compañero de circunscripción tampoco. Esto no es una guerra, esto es un debate político. En segundo lugar, me parece ofensivo para él y para mí que el señor representante del Grupo Socialista diga que me he equivocado de trinchera en la lucha contra el terrorismo; me parece lamentable, y hoy más lamentable que nunca, hoy más lamentable que nunca. Le pido que retire lo que ha dicho. Creo que en ese tema no podemos gastar bromas, porque ingenio tengo bastante más que él, si es que me ha seguido políticamente, y sabe como yo que soy un animal político que se mueve siempre por el mismo color, como los alfiles; jamás he cambiado de color.
Por tanto, no intente ofenderme y menos en un tema como este, que no creo que sea baladí ni para frivolizar.


En cuanto al tema de la corrupción... Él sabe de qué pueblo es y sabe dónde están las corrupciones. Es que ni siquiera me voy a dar por aludida; ni siquiera me voy a dar por aludida. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Señor Tomás.


El señor TOMÁS GARCÍA: Intervendré con la misma brevedad para aclararle también que nos alegra mucho saber que en estos momentos estamos en el mismo lado en la lucha contra el terrorismo. (La señora Villalobos Talero: Nosotros siempre en el mismo sitio. Habéis cambiado vosotros.-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señora Villalobos, por favor.


El señor TOMÁS GARCÍA: Yo la he escuchado con mucha atención.


Le quiero recordar y aclarar que la lucha contra la corrupción sí es una guerra (Rumores.); es una guerra que los demócratas tenemos abierta y en la cual vuelvo a comprobar que usted sigue equivocándose de trinchera por el comentario que ha hecho al final de la intervención. (La señora Villalobos Talero: Ya lo veremos, y no dentro de demasiado.)

La señora PRESIDENTA: Señora Villalobos, por favor, le ruego silencio.


Señor presidente, tiene la palabra para responder a las peticiones de los portavoces.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, vamos a volver a la cuestión, aunque mis veinticinco años de diputado hacen que no me extrañe de que se produzcan estos rifirrafes con motivo de cualquier asunto que se traiga en el orden del día. Demuestra que el Parlamento está vivo, y es sano.


Tengo que agradecer, en primer lugar, tanto a la diputada Villalobos como al señor Tuñón y al señor Tomás, las palabras de agradecimiento por el trabajo que el Tribunal de Cuentas presenta hoy en la Comisión mixta. Yo trasladaré con profunda satisfacción a los consejeros y a los funcionarios del tribunal esta felicitación, que a ellos les corresponde.
Mañana tendremos pleno y en la información del presidente no le quepa la menor duda a nadie que será para mí un motivo de satisfacción trasladarles sus palabras.


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Me pregunta por las alternativas para que el Tribunal de Cuentas pueda hacer más cosas de las que ha hecho hasta ahora, sobre todo la posibilidad de contar con la colaboración de entidades públicas y privadas que no colaboran a la hora de hacer con nosotros la fiscalización; y digo con nosotros porque estos trabajos de control externo, que están tan estrechamente enlazados con el concepto de constitución, son trabajos que hay que hacer entre todos. ¿Qué medios tiene el tribunal para poder utilizar los datos, las reflexiones o cualquier otro elemento o documento que sirva al tribunal para perfeccionar su trabajo fiscalizador? En primer lugar, si se trata de entidades privadas no puede hacer absolutamente nada; puede pedirlo y hacerlo constar aquí y ante la opinión pública para que se sepa que esas entidades privadas, teniendo información, no la facilitan, pero sí tiene medios para obtener de las entidades públicas la información solicitada cuando no se la facilitan. El deber de colaboración ha de exigirse siguiendo el procedimiento establecido, es decir mediante procedimiento combinatorio remitido por el presidente del tribunal al responsable del centro público que no facilite la información. Hay ejemplos, sobre todo en materia municipal, de requerimientos de esta naturaleza que se han formalizado para ser dirigidos a los responsables de un ayuntamiento, de una diputación o de una comunidad autónoma, con el objeto de obtener estos datos. Justamente entre los puntos del orden del día que hoy vamos a ver en algún ayuntamiento haré referencia a un requerimiento combinatorio que dio sus frutos. En el caso concreto de Marbella el deber de colaboración ha sido manifiestamente mejorado a partir de la comisión gestora. La propia señora diputada ha señalado que encuentra en el informe extensísimo, el tercer informe que hemos presentado a la Comisión mixta, datos que demuestran que esta vez sí hemos tenido más documentación e información. ¿La suficiente? Todavía no, porque tal vez por las circunstancias especiales del caso -estamos hablando de un caso récord, de un caso límite; le han dado titulares especiales y extraordinarios a este asunto, que lo es- no ha habido posibilidad de obtener todo, pero sí lo suficiente para que nuestro informe de fiscalización sea útil y sirva a los efectos que un control externo tiene que servir. Por lo tanto, esa es la primera respuesta que tengo que dar respecto a las alternativas que preocupan a la señora diputada. Dentro de ellas me señala la posibilidad de haber conseguido la reforma del patrimonio municipal de Marbella. Hay un informe concreto en el orden del día de esta tarde que es el patrimonio municipal del suelo, una fiscalización horizontal, donde, si me permiten, daré los informes que disponemos sobre este punto con objeto de no ser reiterativo.


En cuanto al comportamiento de los organismos que en una jerarquía administrativa están por encima del ayuntamiento y tienen, entre otras obligaciones, el deber de vigilar y controlar si se cumplen las normas que rigen la gestión del ayuntamiento -concretamente se ha aludido a la Comunidad Autónoma de Andalucía-, no tengo más que decir que en el primer informe del Tribunal de Cuentas sobre este ayuntamiento -que se aprobó en 2001, es decir no nos hemos retrasado tanto, señor Tuñón- se dejaba ya constancia de la situación en la que se encontraba el ayuntamiento y las carencias organizativas y las múltiples actuaciones irregulares que se habían realizado en los ejercicios anteriores. Con independencia de las decisiones que posteriormente se hayan adoptado en vía judicial y gubernativa -que sí se han adoptado-, en el informe se describía una situación alarmante sobre la organización y gestión del ayuntamiento -lo tienen ustedes, están aquí todos esos informes-, que requería que los órganos con competencia en su vigilancia y corrección tomaran conocimiento de la misma y actuaran en consecuencia. Por tanto, en relación con la posible actuación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con amplias competencias en este ámbito y especialmente en la actividad urbanística, como presidente no puedo hacer otra cosa que remitirme al contenido de los sucesivos informes del tribunal, que son públicos, conocidos por todos y, por tanto, a cada cual le reparten obligaciones y deberes.


En cuanto a otro tema que les preocupaba a la señora Villalobos y al señor Tomás, la remisión de estos documentos a enjuiciamiento o a la Fiscalía anticorrupción, tengo que decir lo siguiente. En la fiscalización de los ejercicios 2000 y 2001 se enviaron por el Tribunal de Cuentas, antes de la aprobación del informe, los apartados correspondientes al denominado caso Monteverde, en atención a que no pudiera perderse la documentación a la que el tribunal había tenido acceso. En el escrito se indicaba al fiscal anticorrupción las dependencias en las que estaba depositada esta documentación. En el informe de fiscalización del periodo 2000-2006 no hemos considerado todavía necesario remitir anticipadamente ningún documento al fiscal anticorrupción al ser responsable de su custodia no ya el ayuntamiento anterior, sino la comisión gestora, por lo que no presumimos ningún riesgo relacionado con la misma. Una vez visto el proyecto por el fiscal del Tribunal -este proyecto que estamos viendo, y también contesto al señor Tomás-, el fiscal ha pedido que una gran parte del expediente -y se está haciendo acopio de todos los documentos- sea remitido a la sección de enjuiciamiento, de acuerdo con los datos que en el informe figuran y que dan pie a pensar que hay supuestos graves de responsabilidad contable. Para terminar este punto, contesto a otra pregunta que me ha hecho el señor Tomás sobre si se da por concluida la auditoría. No; un proyecto de fiscalización puede ser permanente y efectivamente cabe que la ampliación de un informe de fiscalización sea solicitada por la Comisión Mixta Congreso-Senado, por la propia comunidad autónoma, por el ayuntamiento y por los propios consejeros del Tribunal de Cuentas que a la hora de elaborar el programa de cada año pueden considerar que efectivamente sería bueno seguir con un cuarto informe de fiscalización. Por tanto, no está concluido, pero tampoco lo está ni siquiera este porque, como he dicho antes, ha habido ya supuestos de posibles casos de

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responsabilidad contable que el fiscal del Tribunal de Cuentas ha detectado y ha pedido a la sección de fiscalización que se le envíen los documentos correspondientes a la sección de enjuiciamiento. Se está haciendo el acopio de todos estos documentos para que una vez ordenados, sistematizados y analizados se envíen a la sección de enjuiciamiento al objeto de seguir con la parte de enjuiciamiento que a este informe todavía le queda. Por tanto, no se ha concluido. En cuanto a si se han producido los cambios normativos, no, no se han producido, simplemente se han seguido algunas recomendaciones. De este punto, como esta tarde nos dará pie para hablar en otros informes de fiscalización, hablaré de por qué no se han hecho los cambios normativos que se precisan, no solamente para el Ayuntamiento de Marbella sino para otros muchos ayuntamientos.
Efectivamente, si el Ayuntamiento de Marbella es un supuesto límite, un caso de récord Guinness -y lo es, por desgracia-, hay otros ayuntamientos que también cometen irregularidades debido quizás a que los cambios normativos que tenían que producirse no se han dado.


Finalmente, me parece que queda una pregunta del señor Tuñon -si mal no recuerdo, porque no quiero dejar de contestar a nadie-. Me dice que por qué las cuentas anuales son negativas, es decir por qué nos hemos pronunciado cuando a lo mejor cabría la posibilidad de limitarse a decir que no nos pronunciamos. La opinión negativa es porque efectivamente teníamos conocimiento de deficiencias contables que fundamentaban esta opinión. Algunas las he dado, pero en el informe figuran unas cuantas que efectivamente no dejan lugar a dudas para que la opinión no sea una pura abstención, sino que debe ser negativa con todas las consecuencias.


Creo que con esto he contestado -no sé si más mal que bien- o he procurado contestar a todas las preguntas que se me han hecho. En todo caso quiero decir, señora presidenta, que para este supuesto y para cualquier otro que presentemos en la tarde de hoy o en cualquier otra comparecencia a la que sea llamado, las señoras y señores diputados y las señoras y señores senadores pueden solicitar por escrito la ampliación de cuantos datos necesiten para una mejor valoración de los informes que aquí se presentan.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez, por el ofrecimiento que hace a esta Comisión y a sus portavoces.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN EMPRESARIAL, IMEFE, DEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EJERCICIOS 1996-1999. (Número de expediente del Congreso 251/000001 y número de expediente del Senado 771/000057.)

La señora PRESIDENTA: Concluido este primer punto del orden del día, iniciamos el segundo, que aparece como primero en el orden del día de la Comisión, que es el informe de fiscalización del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial, dependiente del Ayuntamiento de Madrid.


Señor Núñez, tiene de nuevo la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): De nuevo con la venia, señora presidenta.


Señorías, permítanme decirles, antes de exponerles el informe que figuraba como el número uno y que ha pasado a ser el número dos del orden del día, que tanto este informe como otros que vamos a presentar esta tarde llevan durmiendo el sueño de los justos varios años en esta casa. Con eso no quiero descalificar, en absoluto, nuestra labor ni la de la Comisión mixta. Todos sabemos que, de acuerdo con la normativa vigente, los informes de fiscalización no decaen aunque se disuelvan las Cortes, por tanto se mantienen, tienen una vocación de perpetuidad y cualquier parlamentario en cualquier momento puede creer que, a pesar del tiempo transcurrido desde que se envió a esta Cámara, ha surgido el momento propicio para debatirlo y sacarlo a la luz. En todo caso, repito, lo único que me preocupa de esto es que la diferencia de años entre el envío y el análisis o la presentación en esta casa pueda dar lugar a una acusación de dejadez, de demora o de falta de interés tanto por la Comisión como por nuestra parte; nada más lejos de eso. Las cosas son así; como siempre, a este informe que vamos a ver -y a algunos otros- lo que le ha sucedido es que se han disuelto las Cortes y han pasado unos cuantos meses en los que la Comisión no ha podido reunirse y se han acumulado en el depósito de informes pendientes unos cuantos -creo que ahora quedan 43 si quitamos los 6 de esta tarde- y con la buena voluntad de esta Comisión y de la presidenta, que así me lo ha dicho, podemos hacer un gran esfuerzo para verlos lo más pronto posible y ponernos al día.


Dicho todo lo cual, el informe de fiscalización del Imefe fue realizado por el Tribunal de Cuentas a solicitud de la Asamblea Legislativa de la Comunidad de Madrid, que no pudo encargárselo a la Cámara de Cuentas de Madrid porque no había sido creada en esa fecha. Este informe de fiscalización, que corresponde a los ejercicios 1996, 1997, 1998 y 1999, fue aprobado por el Tribunal de Cuentas en junio de 2004, pero ha sido seguido por otro informe de fiscalización que ya ha hecho la Cámara de Cuentas de Madrid, después del ejercicio 2000, si mal no recuerdo. Por tanto, hubiéramos tenido la posibilidad de analizar dos informes que, por lo que sé, coinciden bastante en la valoración de lo ocurrido. El Imefe era un organismo autónomo de carácter administrativo constituido por el Ayuntamiento de Madrid en 1990 para gestionar las competencias municipales en materia de fomento del empleo y las acciones encaminadas al impulso y promoción de proyectos empresariales desarrollados por desempleados en el término municipal. En la actualidad no existe,

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porque alguna de sus funciones las lleva a cabo la Agencia Municipal de Empleo. Por tanto, estamos hablando de la fiscalización de lo gestionado por un organismo que en los términos aquellos no tiene tal denominación ni es exactamente igual que la agencia que lo ha sustituido. Con independencia de eso, la realización de esta fiscalización estuvo condicionada por la ausencia de una estructura contable que permitiera efectuar el necesario control y seguimiento de los proyectos de gastos con financiación afectada, así como por la inexistencia de una contabilidad analítica. Estas carencias impidieron conciliar la contabilidad presupuestaria y patrimonial de la entidad con las liquidaciones realizadas por el instituto de las distintas líneas de subvención recibidas. Tampoco fue posible realizar las comprobaciones globales que hubieran sido necesarias para determinar que no existían duplicidades u omisiones en los presupuestos de gastos liquidados.
Asimismo, la carencia de un inventario de bienes y derechos impidió la identificación de la totalidad de los bienes del instituto y la comprobación de la realidad de los saldos contables del inmovilizado a lo largo del periodo fiscalizado, cuyo registro contable se estimó, no obstante, sobrevalorado. La inexistencia a su vez de un adecuado registro de contratos tampoco permitió una completa identificación de los contratos celebrados en dicho periodo y tampoco fue posible verificar las disponibilidades líquidas en caja, careciendo por otra parte de un plan de disposición de fondos que optimizara la utilización de los recursos.
El Tribunal de Cuentas, como consecuencia del conjunto de las limitaciones señaladas, se abstuvo -esta vez sí, señor Tuñón- de emitir opinión sobre la representatividad de las cuentas del instituto de los ejercicios fiscalizados.


Principales conclusiones -y voy a tratar de ser muy breve-. El análisis sobre el control interno puso de manifiesto la ausencia de una planificación integral de la actividad del organismo que garantizase una gestión eficaz de los medios y recursos materiales y humanos con los que contaba para el desarrollo de los distintos proyectos de lucha contra el desempleo. En el informe se destaca asimismo la ausencia de un organigrama comprensivo de funciones y tareas, de un manual de procedimientos y de la debida unidad e integración en los expedientes de seguimiento y control de todas las subvenciones recibidas. En cuanto a su actividad, el instituto impartió en el periodo fiscalizado 2.337 cursos de formación ocupacional, de los que 294 se realizaron en el marco del Plan nacional de formación e inserción profesional, 87 en el programa de formación para el desarrollo económico local del Instituto Madrileño para la Formación y otros 1.956 cursos en el marco del plan operativo, cofinanciados por el Ayuntamiento de Madrid y el Fondo Social Europeo en un 55 y un 45 por ciento respectivamente. En la selección de los propios trabajadores del instituto no resultó garantizada la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Por otra parte, como consecuencia de deficiencias incurridas en su contratación, determinados contratos temporales alcanzaron el carácter de fijos. En el análisis efectuado sobre los cursos externos se observó que no había quedado acreditada en ningún caso la necesidad de la contratación externa. En los pliegos no se definía el objeto del contrato, dejando a la competencia del adjudicatario la organización del contenido de los cursos. Además, los criterios de adjudicación recogidos en los pliegos carecían de los necesarios baremos, dejando al arbitrio de los técnicos informantes la valoración de las ofertas presentadas. Por otro lado, se constató que en ninguno de los expedientes analizados constaba que el Imefe hubiera participado en el proceso de selección de los alumnos y que, en contra de lo previsto en los pliegos, hubiera aprobado la selección realizada por las empresas adjudicatarias ni realizado ningún tipo de comprobación y control adicional de la misma.
Por otra parte, el instituto no realizó un control de asistencia de los alumnos a los cursos ni de su duración. Eso es lo que de los documentos analizados se deduce. Finalmente, se deja constancia en el informe de que en determinados cursos impartidos directamente por el instituto, cofinanciados por el Ayuntamiento de Madrid y por el Fondo Social Europeo, se habían incluido costes, cuya imputación no se encontraba adecuadamente justificada, por un importe de 252.000 euros, de los que 2.619 no estaban soportados con las correspondientes facturas.


En cuanto a las recomendaciones que el informe formula o propone, puedo señalar las siguientes. Las recomendaciones hacen referencia al control interno, a la implantación de módulos de seguimiento y control analíticos de las distintas líneas de subvención y a la gestión de las políticas activas de empleo. Se sugiere también en las recomendaciones la elaboración de un plan integral de actuación en el que se evalúen y cuantifiquen los programas previstos en cada ejercicio, así como las actuaciones a desarrollar para la consecución de los objetivos establecidos, valorando la utilidad de las acciones a desarrollar en orden a favorecer el fomento del empleo y la inserción laboral de los trabajadores desempleados. No hemos podido comprobar, como es natural, si estas recomendaciones se han llevado a cabo. Sabemos, como dije al principio de mi intervención, que la Cámara de Cuentas de Madrid ha efectuado con posterioridad un informe -me parece que es del ejercicio 2000- que rinde cuentas con normalidad y dentro de plazo junto con la cuenta general del ayuntamiento y que los resultados obtenidos del examen de estas cuentas se recogen en el informe anual de la cámara y se reflejarán en los informes anuales que de las corporaciones locales y comunidades autónomas el Tribunal de Cuentas hace para ser enviados a esta casa; pero no puedo decir con precisión y con rigor si estas recomendaciones han sido seguidas o lo están siendo por el organismo que ha sustituido al Imefe.


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Señora presidenta, quedo a disposición de los señores parlamentarios.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas por su comparecencia esta tarde aquí. Al igual que han hecho los intervinientes anteriores, quiero trasladarle la felicitación y el agradecimiento de nuestro grupo a usted, como máximo responsable del Tribunal de Cuentas, y a todo el personal, consejeros y personas que están en este momento trabajando, y que nos dan verdadera tranquilidad a los responsables políticos, porque el Tribunal de Cuentas supone un organismo democrático que arroja luz sobre la gestión pública.
Yo, como responsable de esa gestión pública, tengo que decir que hay dos estamentos que me producen una enorme tranquilidad y satisfacción: los interventores, sobre todo en el caso de la Comunidad de Madrid, donde existe la intervención previa, lo cual para un responsable es una enorme tranquilidad para su gestión y respecto a la transparencia; y el Tribunal de Cuentas, cuyo informe permite conocer cuáles han sido los entresijos de esa cuestión.


Hoy nos trae aquí el señor presidente el informe del Imefe, como bien ha establecido él, que trae causa del cumplimiento de una solicitud que efectuó la Asamblea de la Comunidad de Madrid, realizada en el mes de marzo del año 2001 en la Comisión de Presidencia, Hacienda y Presupuestos, y que se aprobó por todos los grupos. Por tanto, por unanimidad se encargó la fiscalización del Imefe en la gestión de los años 1996 a 1999, como muy bien ha dicho el señor presidente. La verdad es que la gestión del instituto ha producido, como se suele decir en lenguaje vulgar, ríos de tinta, y aún todavía los sigue produciendo; pero, señorías, señor presidente, aquí estamos para analizar el informe y las actuaciones que ha llevado a cabo el Tribunal de Cuentas respecto al caso Imefe. Otros ámbitos hay para otro tipo de debates, que se han producido con anterioridad a la encomienda de este informe -una comisión de investigación- y que se están produciendo constantemente en los plenos de la institución que corresponde, que es el Ayuntamiento de Madrid, donde todos los grupos tenemos magníficos representantes que han sido votados por los ciudadanos de Madrid y que hacen el seguimiento de estas cuestiones. Por tanto, creo que aquí debemos ceñirnos a lo que hoy nos trae la presencia del presidente para poder aclarar algunas cuestiones.


Me gustaría hacerle una pregunta al señor presidente, y es si desde el 22 de junio, si no tengo mal la información, y creo que además lo ha dicho el señor presidente -hay que lamentar el tiempo que ha transcurrido, porque verdaderamente el debate pierde vivacidad y realismo; han pasado tantas cosas desde el mes de junio del año 2004 que hasta el presidente ha tenido que reconocer que le es imposible saber si las propias recomendaciones han sido ya adoptadas por el nuevo gestor de este tipo de actuaciones en el ayuntamiento que a partir del 1 de julio de 2004 viene siendo la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid-, se han tenido en cuenta las alegaciones, como en cualquier fiscalización del Tribunal de Cuentas -no tengo que explicárselo a SS.SS. ni soy yo quién para hacerlo, pero se produce un informe y la Administración contesta con sus alegaciones, que son tenidas en cuenta o no en función de que tengan una respuesta veraz y puedan ser verdaderamente tenidas en consideración-, y que presentó en su día el Imefe, creo recordar que además con fecha de marzo del año 2004, según la documentación que obra aquí en este informe. Este tipo de informes, señor presidente -corríjame si me equivoco- producen dos tipos de actuaciones: unas previas, a las que una vez aprobado el informe la sección de enjuiciamiento del tribunal da inicio para analizar si existen responsabilidades contables o no; y una serie de conclusiones genéricas o recomendaciones, que usted dice que desconoce si se han adoptado o no y que podremos conocer todos, por lo menos los que estemos interesados -como diputada a la que han elegido los madrileños seguiré interesada en conocer si se han adoptado todas esas modificaciones en un organismo público que afecta a los madrileños; estoy convencida de que sí, pero lo veremos en sucesivas actuaciones de la Cámara de Cuentas, que ya existe en la Comunidad de Madrid-. Le pregunto concretamente cuántas actuaciones previas hubo -que creo que sí que se producen en el caso de los informes por la sección de enjuiciamiento y con los informes del ministerio fiscal y de la Abogacía del Estado- en el caso concreto de este informe del tribunal. La información que tiene esta diputada es que fueron en torno a 22 y que la cuantía de esa responsabilidad ascendía a unos 640.000 euros. Quiero que me diga cuáles de ellos se han mantenido después de esas actuaciones previas, si alguna de ellas ha supuesto acta de responsabilidad contable o han sido simplemente autos de sobreseimiento y no han producido responsabilidades contables -estaríamos hablando de una cifra en torno a esos 640.000 euros-, y si después ha habido o no alguna responsabilidad concreta y en qué cuantía se ha producido.


Esto sería en primera instancia, señor presidente, lo que desde nuestro grupo tenemos que plantear. Por lo que se desprende del informe, es verdad que se arroja mucha luz sobre la necesidad de mejora del funcionamiento administrativo. Le he preguntado si ha habido alegaciones y si fueron recogidas en el informe. Estoy segura de que se estarán poniendo en práctica por el nuevo organismo, pero lo que nos debe importar más es si en esas actuaciones previas, que son las que lleva la sección de enjuiciamiento del tribunal, ha habido una responsabilidad contable final o no y por qué cantidad, porque esa sería la conclusión más definitiva de una gestión que puede haber tenido errores, muchas veces por lagunas sobre cómo deben funcionar los ayuntamientos, como muy bien se ha dicho en el anterior punto

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del orden del día. Cuando hemos hablado del informe sobre el Ayuntamiento de Marbella, el propio presidente del tribunal ha dicho que hay muchas lagunas sobre cómo deben gestionarse algunas cuestiones en los ayuntamientos, que a lo mejor afectan a procedimientos administrativos que no están suficientemente claros, sobre todo cuando se trata de organismos autónomos. Por eso creo que informes como este o como el que venga de la Cámara de Cuentas permitirán que se mejoren todo ese tipo de actuaciones en la actual Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. En este caso, circunscribiéndonos a lo que nos debe preocupar, nos gustaría que el presidente del tribunal nos dijera si se tuvieron en cuenta en su momento las alegaciones y cuántas han sido al final las actas que han supuesto responsabilidad contable, si es que las ha habido, y si han sido 22 -como es mi información- las que se abrieron en un principio por la sección de enjuiciamiento.


La señora PRESIDENTA: Señor Tuñón, ¿va a hacer uso de la palabra?

El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Un minuto, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra.


El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Señor presidente, en primer lugar quiero aclarar una cuestión. Antes ha hecho alusión a que no ha habido tanto retraso. No sé cómo me he expresado, pero en principio no he imputado el retraso a la intervención del Tribunal de Cuentas, se lo imputaba a la regeneración democrática del ayuntamiento, que ha tardado tiempo en regenerarse. No va a encontrar en mí más que palabras de felicitación por el trabajo que ha hecho y ningún reproche hacia el mismo. No lo interprete así. Si alguna vez me expreso mal, lo siento.


Quería intervenir, aunque no tiene mucho sentido, porque es un informe del año 2004, ni siquiera está firmado por el actual presidente y ha habido una fiscalización posterior. Sí me hubiera gustado que el señor presidente del Tribunal de Cuentas, aunque este sea un informe que él no ha firmado y ni siquiera ha seguido, se hubiera pronunciado sobre la gravedad de estas irregularidades. A mí me ha llamado poderosamente la atención este informe de un modo negativo, porque no hay nada que se salve. Me ha llamado la atención sobre todo que estos organismos autónomos, que son organismos jóvenes y descentralizados, empiecen tan mal. Me sorprende que en un organismo que empieza en 1990, en el ejercicio 1996, cuando ya tenía que estar absolutamente rodado, los mecanismos administrativos, contables y de contratación no se hayan puesto en marcha. Llama la atención que un organismo de estas características, que teóricamente tiene unos fines sociales tan interesantes para cualquier ciudad como son los objetivos de este organismo autónomo, haya llevado una gestión tan ineficiente y tan deficiente, incluso con posibles expedientes abiertos de delitos contables que yo desconocía. Simplemente quería decir esto y agradecerle su labor.


La señora PRESIDENTA: Señor Simancas, tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por la elaboración y la presentación de este informe ante las Cortes Generales. Estamos ante un asunto ciertamente importante, que generó en su momento una crisis institucional en el Ayuntamiento de Madrid que en buena medida aún prosigue, porque los debates en torno al funcionamiento del Instituto de Formación y Empleo y su sucesor orgánico se mantienen y porque en su momento generó una extraordinaria alarma social. No sé si calificarlo de escándalo, por utilizar el mismo término que ha usado la señora Villalobos hace unos minutos, pero creo que no desmerecería de este informe. Entonces se denunció, y hoy en el informe del Tribunal de Cuentas se constata, que el Ayuntamiento de Madrid ejercía sus funciones de formación para el empleo e inserción laboral, a través del Imefe, de una manera harto ineficiente, con un absoluto descontrol en términos financieros, de gestión y de administración y con no pocas irregularidades. En síntesis, una vez leído este informe, una vez leído el informe de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo que se ocupó del mismo asunto, una vez leído el informe de la Fiscalía Anticorrupción, podemos decir que el Ayuntamiento de Madrid utilizó dinero público, dinero procedente de las arcas municipales, de las arcas autonómicas, de las arcas estatales, incluso de las arcas europeas para repartirlo entre empresas fantasmas, sin ninguna acreditación de solvencia, para impartir cursos a través de profesores fantasmas también.
No sé si eran ingenieros, como reclamaba la señora Villalobos para otro caso, pero sí sé que su único carné acreditativo para obtener la responsabilidad de impartir los cursos era el carné del Partido Popular, como se puso de manifiesto en la comisión de investigación que se abrió al respecto en el Ayuntamiento de Madrid. Empresas fantasmas, cursos fantasmas, profesores fantasmas e incluso alumnos fantasmas, porque se llegó a falsificar la firma de muchos supuestos asistentes. El hecho es que se utilizó dinero público para repartirlo entre empresas que no ejercían una función pública de ninguna de las maneras. La señora Villalobos hacía referencia antes a los términos dejadez, expolio y corrupción. Creo que todos ellos valen para este caso.


Quiero hacer una primera consideración. El presidente del Tribunal de Cuentas se ha declarado no responsable de la tardanza y yo le creo. Es verdad. Estamos hablando de unos hechos que tuvieron lugar entre los años 1996 y 1999, hablamos de denuncias del año 2001, hablamos de un informe de 2004 que se trata en las Cortes Generales en el año 2008, doce años después de la primera

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fecha. Desde luego, la largueza en los plazos desvirtúa en buena medida la función de fiscalización y control que ejercen estos órganos constitucionales. Creo que esto debe servir de reflexión para todos en general.


Las conclusiones claras del informe del Tribunal de Cuentas son: ausencia de control contable, inexistencia de registro de contratos, falta de ordenamiento de archivos, documentación y expedientes, debilidad en los procedimientos de control y seguimiento... En fin, no se pueden decir más cosas negativas sobre el funcionamiento de un órgano público. La señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha expresado ante todo esto tranquilidad y satisfacción. Mucha sangre fría tiene la señora portavoz del Grupo Popular ante semejante relación de inconvenientes; inconvenientes que se sintetizan en un desgobierno absoluto, un desgobierno probablemente deliberado que facilitó el desarrollo de las irregularidades que hemos podido comprobar en la lectura del propio informe del Tribunal de Cuentas.


Se señala en ese informe, incluso se llega a cuantificar con porcentajes, los cursos que se adjudicaron ilegalmente, los que se desarrollaron de manera irregular; también se señalan incluso con cierta concreción los abonos de retribuciones y de indemnizaciones por miles de euros que se hicieron de manera irregular. Me gustaría conocer de boca del presidente del Tribunal de Cuentas por qué habiendo tenido acceso presuntamente a la misma información que otros órganos de fiscalización sus conclusiones, incluso en términos numéricos, son bien distintas en algo tan básico, por ejemplo, como la enumeración de los cursos realizados por el Imefe durante el periodo fiscalizado. La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo contabiliza en este periodo un total de 2.088 cursos y el Tribunal de Cuentas habla de cerca de 2.400. ¿El Ayuntamiento de Madrid daba unos datos a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo y otros datos al Tribunal de Cuentas? Tampoco me extrañaría, pero se trata en todo caso de una irregularidad más. Me gustaría saber hasta qué punto el Tribunal de Cuentas ha tenido certeza de que los datos que se le daban eran los verdaderos y tenían algo que ver con los datos que se han suministrado a otras entidades de fiscalización. ¿Por qué no ha cuantificado el Tribunal de Cuentas los daños globales inferidos sobre las arcas públicas? Otras unidades de fiscalización sí lo han hecho. La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Trabajo, la fiscalía, han llegado a manejar cifras globales de en torno a seis millones de euros o nueve millones de euros; la fiscalía habla incluso de doce millones de euros. Me gustaría saber si el Tribunal de Cuentas ha hecho esa contabilización, porque a los madrileños les interesaría saber, si es posible, cuánto dinero se han llevado y dónde está. Porque señorías, ese dinero, insisto una vez más, estaba destinado a formar a nuestros parados y a facilitar la integración laboral de nuestros parados y se repartió indebidamente entre empresas fantasmas, para cursos fantasmas, entre profesores fantasmas, con alumnos fantasmas.


En relación con la identificación de responsables, la Fiscalía Anticorrupción ha ido mucho más allá que ustedes. Estos hechos, que producen tranquilidad y satisfacción al Partido Popular, han sido descritos de la siguiente manera por la fiscalía. A modo de ejemplo, dice el escrito de calificación de hechos de la Fiscalía Anticorrupción: José Luis Solana, que elaboraba las propuestas de adjudicación, recibió aproximadamente el 3 por ciento del importe total de cada curso que el Imefe abonaba a las sociedades adjudicatarias cuyos responsables han sido acusados, que asciende a 45 millones de pesetas (Rumores. Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.), dinero que compartía con Ricardo Peydró quien, a sabiendas de su injusticia, firmaba los arbitrarios decretos de adjudicación y además recibía presentes de valor importante, generalmente en la fecha de su cumpleaños. Esto es lo suficientemente ilustrativo para poder rebatir... (Rumores.-El señor Aguirre Rodríguez: Tiene que ir a la cuestión.- La señora Álvarez-Arenas Cisneros pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Señor Simancas, le ruego que se ciña al asunto que estamos debatiendo en este momento, que es la petición y solicitud de informe adicional al presidente del tribunal. Le ruego que intente resumir su intervención porque ya ha consumido bastante tiempo.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Voy a intentar ajustarme al tiempo consumido por mi predecesora en el uso de la palabra. En todo caso, le estoy preguntando al presidente del Tribunal de Cuentas por qué en su informe no se recogen conclusiones que sí se recogen en otros informes fiscalizadores en relación con los mismos hechos. Creo que tiene mucho que ver con lo que estamos tratando en el seno de esta Comisión.


Le formulo una última cuestión, señor presidente, ¿hasta qué punto la labor de fiscalización del Tribunal de Cuentas se ha visto dificultada y limitada por la falta de colaboración del Ayuntamiento de Madrid? En algunos de los párrafos de su informe de conclusiones se llega a leer lo siguiente: Debido a la gran importancia de las limitaciones en el desarrollo de la fiscalización, no es posible expresar una opinión sobre las cuentas anuales del Imefe. Se dice: No ha sido aportada a este tribunal documentación acreditativa del acto administrativo de formalización de transferencia o adscripción en el que se identifiquen los bienes del patrimonio del Imefe. El Imefe no elaboró en ninguno de los ejercicios fiscalizados el inventario de sus bienes y derechos. El Imefe no elaboró en ninguno de los ejercicios fiscalizados el estado justificativo de variaciones de nómina que permitieran conocer las altas, las bajas y las modificaciones realizadas. En estas condiciones, ¿cómo se puede hacer un informe? ¿Cómo se puede hacer un informe que se ajuste mínimamente a la realidad? ¿A qué datos mínimamente acreditados han podido tener acceso

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ustedes y cómo es posible que el Ayuntamiento de Madrid no haya suministrado datos que pudieran suplir estas ineficiencias?

Una última cuestión. Le he escuchado a usted hablar sobre una especie de seguimiento oficioso en el cumplimiento de sus recomendaciones al Ayuntamiento de Marbella -así se lo he entendido en su anterior intervención-; ha hecho usted un seguimiento en torno a cómo la comisión gestora cumplía las recomendaciones que usted planteó con relación a la gestión del ayuntamiento anterior o cómo el nuevo ayuntamiento ha hecho lo mismo, y a mí me gustaría saber si usted ha podido contemplar en algún momento cómo el Ayuntamiento de Madrid actual ha cumplido sus recomendaciones -muy atinadas- en relación con el funcionamiento de la agencia de empleo porque, a nuestro juicio, no se han cumplido ni en lo fundamental ni en lo accesorio. No se ha elaborado un plan general de compras, no hay un registro de contratos en la Agencia Municipal de Empleo, no se han confeccionado planes integrales de actuación ni hay un sistema de imputación de costes adecuado, tal y como ustedes reclamaban muy justamente. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Señora Álvarez.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Me gustaría contestar a algunas imputaciones, primero sobre temas que no son de aquí, y segundo sobre alguna cuestión directa en la que se me ha aludido en cuanto a la tranquilidad y satisfacción que me gustaría aclarar.


La señora PRESIDENTA: Señora Álvarez, tiene un turno de réplica pero en esta ocasión, de manera estricta, dos minutos.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: No se trata en absoluto de enmendar a la presidenta, y espero que esto no me lo tenga en cuenta en los dos minutos, simplemente es porque mi apellido, del que me siento orgullosa como cada uno de nosotros de nuestros padres y familiares, es Álvarez-Arenas, compuesto, y el segundo es Cisneros porque tengo el honor de ser prima del antiguo miembro de esta Cámara, Gabriel Cisneros.


La señora PRESIDENTA: Discúlpeme, pero me habían pasado mal la nota de su apellido.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Es simplemente que como me ha pasado siempre, incluso en el colegio, me gusta aclarar que mi apellido es Álvarez-Arenas. Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Simancas, tranquilidad y satisfacción, sí, pero simplemente por el mecanismo que supone el Tribunal de Cuentas, ya que democráticamente me parece que es una institución que da tranquilidad a los ciudadanos y a los políticos a la hora de gestionar. Y tranquilidad y satisfacción porque -voy simplemente a esta cuestión-, vuelvo a insistir, según la información que se desprende de la sección de enjuiciamiento del tribunal, ha habido 22 casos informados, de los cuales 21 no han tenido ningún acta de infracción por responsabilidades contables, con el asentimiento del ministerio fiscal y de la Abogacía del Estado, y solamente ha quedado vivo uno. De los 640.000 euros a los que me he referido que había como piezas contabilizadas en este informe, solo queda uno vivo por 679 euros que, con el incremento por el principal más intereses se convierten en 825, y es solamente por una persona que fue contratada en la escuela-taller del parque del Retiro que el sistema no dio de baja cuando causó baja en abril del año 2000 y se le siguió pagando durante el resto del tiempo hasta la finalización de la escuela y, por tanto, ese es el importe indebido. Entiendo que es lo único que se ha encontrado y quiero que lo ratifique el presidente del tribunal, por eso he preguntado si ha habido responsabilidades. Mi tranquilidad y satisfacción es una vez conocido esto, después de tantos ríos de tinta, y no voy a hablar aquí ni del fiscal Anticorrupción ni del tribunal -el fiscal manda al tribunal y el tribunal decide y sentencia, no el fiscal-, ni de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo porque aquí no estamos para juzgar esta unidad sino simplemente este informe. Con este informe, yo entiendo que hay mucha tranquilidad en cuanto a los controles que tiene el sistema democrático; en segundo lugar, es una cantidad que me parece que no obedece para nada a los ríos de tinta que han corrido sobre este informe y, en tercer lugar, tranquilidad y satisfacción, porque yo he sido denunciante ante el Tribunal de Cuentas de fiscalizaciones de cuentas a la Comunidad de Madrid en el año 1989, en la que hubo unas imputaciones contables elevadísimas y muchas sanciones por responsabilidades penales hacia muchos gestores del Gobierno de la Comunidad de Madrid, regido por el Partido Socialista. Por eso tengo en este momento tranquilidad y satisfacción, señor Simancas.


La señora PRESIDENTA: Señor Simancas, supongo que desea un turno de palabra. Dos minutos, por favor.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Muchas gracias, señora presidenta.


Yo no voy a cuestionar, ni siquiera a criticar que usted se pueda sentir tranquila y satisfecha. Solo voy a decirle que nosotros, no, y los madrileños, tampoco. Porque el dinero público, el dinero de sus impuestos, destinado a formar parados y a integrar laboralmente a los parados, se ha dedicado a otros menesteres. Según dice el fiscal Anticorrupción, se ha dedicado a repartírselo entre varios afiliados del Partido Popular. Eso es lo que dice el fiscal Anticorrupción. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: El fiscal dice muchas cosas; los tribunales lo dirán.) Y yo no puedo expresar ni tranquilidad ni satisfacción, ni en nombre propio ni en nombre de los ciudadanos de Madrid, a los que representamos. Ausencia de control contable absoluto, inexistencia de registro de contratos,

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falta de ordenamiento de archivos, documentación y expedientes, debilidad en los procedimientos de control y seguimiento. ¿Dónde está la tranquilidad y la satisfacción? (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: En que eso se ha corregido.) Estamos hablando de dinero público, mucho dinero público, y el informe de la fiscalía -es verdad que a ustedes no les conviene exhibirlo mucho- no habla de cualquier cosa, está pidiendo años de prisión, muchos años de prisión y de inhabilitación especial para cuatro altos directivos del Ayuntamiento de Madrid. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: ¿Qué tiene que ver eso con este informe?) Insisto, mucha sangre fría hay que tener para venir a esta Comisión y expresar tan solo tranquilidad y satisfacción. De eso, nada.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, señor Núñez.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, antes de nada, quiero agradecer, como es natural, las palabras de felicitación por nuestros trabajos; felicitación que tendrá el destino que antes he dicho.


Voy a alterar un poco el orden para decir algo que es necesario decir rápidamente, señor Simancas. En nuestro informe no es posible que haya nada de lo que haya utilizado el fiscal Anticorrupción porque es muy anterior a las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción; no lo conocía nadie. Aparte de que todo lo que se señala de responsabilidades penales hay que ponerlo siempre con prudencia porque, hasta que no recaigan sentencias firmes, no son más que propuestas de responsabilidades penales, que yo no voy a negarle en absoluto que preocupan a cualquiera.
La primera respuesta que le tengo que dar es esa. Usted pregunta. ¿Por qué no figura en el informe de fiscalización el informe de la Fiscalía Anticorrupción? (Rumores.) Sí, literalmente. Porque no existía. (El señor Simancas Simancas: Los hechos.)

La primera pregunta que se me ha hecho es si se recogieron las alegaciones formuladas por el Imefe, en tiempo y forma, al Tribunal de Cuentas, mejor dicho, al departamento séptimo, de corporaciones locales, que era el ponente de esta información. Yo tengo que contestarle con las generales de la ley, que dicen que las alegaciones que hace todo cuentadante, que todo cuentadante tiene derecho a formular, se tienen siempre en cuenta, se distribuyen entre todos los consejeros, se analizan en la sección de fiscalización y se recogen o se rechazan en el informe definitivo que se aprueba en el pleno. Y eso les ha ocurrido a estas alegaciones, como les ha ocurrido a todas las alegaciones que se presentan a los distintos informes de fiscalización. En algunos casos, estas alegaciones informan que determinadas irregularidades que figuran en el proyecto ya han sido corregidas; incluso, hay documentos que se reciben en el tribunal como alegaciones, con correcciones y pruebas fehacientes de que determinados datos que figuran en el informe deberían ser corregidos porque esas irregularidades no eran tales. Pero el informe no las puede recoger, como no puede recoger cualquier otro elemento extraño de información que, proceda de quien proceda, no tiene que tener lugar en un informe de fiscalización. En algunos casos, el informe se cierra en una fecha determinada, como este, y los cuentadantes pueden haber alegado y demostrado con fecha posterior -y ocurre en infinidad de ocasiones- que el supuesto incorrecto ya está corregido, pero, lógicamente, hasta que esto no se comprueba, no consta en el informe aprobado. Por tanto, nosotros tampoco hemos incluido las alegaciones que posteriormente pueden haber llegado al tribunal en este informe, que viene recogido tal y como se aprobó en su fecha y con tal contundencia en el análisis, que el señor Simancas ha repetido literalmente datos, cifras y afirmaciones que el informe contiene.


Dicho esto, tengo que añadir, en cuanto a las responsabilidades contables, que en los dictámenes emitidos por el ministerio fiscal y por el servicio jurídico del Estado se identificaron en este informe distintos supuestos de responsabilidad contable, relacionados con las irregularidades detectadas en el área de personal y en el área de subvenciones no justificadas debidamente, y se solicitó la remisión de los pertinentes antecedentes a la sección de enjuiciamiento, a fin de que se procediera a su examen y a su posible depuración. En el momento actual, transcurridos cuatro años tras la aprobación del informe, se puede señalar que de los 23 supuestos en los que se abrieron diligencias preliminares, solamente se ha acabado apreciando la existencia de responsabilidad contable en uno de ellos, por una cuantía muy reducida, que me parece que es la que ha señalado la señora diputada.


Ha de recordarse -y esto creo que debe quedar bien claro para los que vamos a tener, para mí, la suerte y el honor de estar varias veces en estas comparecencias estudiando estos temas- que para que se reconozca la existencia de responsabilidad contable se requiere, además del incumplimiento de las leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad, que se haya originado menoscabo en los caudales públicos y que se haya actuado con dolo, culpa o negligencia graves. Son circunstancias que los jueces -como puede usted comprender, en la jurisdicción contable son absolutamente independientes tanto los consejeros como los señores fiscales; los integrantes de la sección de fiscalización nada tienen que ver con el destino que pueda tener cualquier expediente de enjuiciamiento que se plantee- han creído que no ha habido responsabilidad contable; otra cosa es que, después de hechos posteriores y teniendo en cuenta actuaciones de otras fiscalías, quepa que haya responsabilidades penales o de otro tipo. Pero lo que sí está claro es que en el Tribunal de Cuentas se ha hecho un análisis pormenorizado, creo que muy riguroso, de cuáles fueron la gestión, las deficiencias y las irregularidades de gestión del Imefe, y la sección de enjuiciamiento, estudiados los 23 supuestos que se abrieron a

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iniciativa del fiscal y de la Abogacía del Estado, concluyó con lo que concluyó. Yo tengo que decir que aunque el informe pone de manifiesto todas las deficiencias que aquí se han señalado, y que yo no he tratado de dulcificar en absoluto, puede que estas sean de carácter, digamos, más adjetivo que sustantivo. Es decir, que muestren una expresión de una adecuada organización y gestión que hemos detectado -no quiero yo, ni mucho menos, distraer la atención- para situaciones de gestión parecida para cursos parecidos en otros organismos, y el señor Tuñón lo apuntaba.
Es decir, al ser organismos de nueva creación, sin una normativa rígida que hay que establecer claramente -y que yo voy a pedir otra vez hoy aquí- para que no haya desvío de gestiones irregulares que hacen opacas estas irregularidades -una legislación muy complaciente o muy defectuosa-, estos organismos -y con esto contesto a su pregunta, señor Tuñón- tienen, no digo yo la disculpa, sino la explicación de por qué se cometen tantas irregularidades de golpe. Yo creo que en la práctica, sobre todo con la oposición, con el control político, el control externo e interno, que tiene que perfeccionarse más cada vez, hay que evitar todo género de irregularidades en este tipo de organismos.


Yo no puedo hablar de cifras comparativas entre las que presentan unos y otros. Las que nosotros tenemos proceden de los documentos que hemos solicitado, del trabajo de campo que han hecho los auditores cuando se han desplazado al organismo correspondiente. Han visto los documentos, y esos documentos, cuando son fehacientes y hacen fe pública de lo que allí se dice, son los que nos sirven para dar los sumandos y las cifras totales. Que en otros sitios haya otra posibilidad y que haya que comparar esta situación en posibles futuras fiscalizaciones, cabe hacerlo, pero no cabe decir ni mucho menos que los nuestros son peores datos que los otros. Los nuestros son defendibles porque proceden de documentos y del trabajo de campo hecho por las personas que el tribunal destinó a estos menesteres.


La señora PRESIDENTA: Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, rogaría que se atuvieran al tiempo y al fondo de las cuestiones que estamos tratando en esta Comisión. Son en este momento las 18:22 de la tarde. Si seguimos a este ritmo, la Comisión durará aproximadamente hasta las 23:30 de la noche, quizás algo más teniendo en cuenta que hay un asunto central y de máxima importancia, que es la aprobación del informe del Tribunal sobre la Cuenta General del Estado de 2005. No es solamente por el tiempo, porque aquí estamos el tiempo que sea necesario, al menos por mi parte, sino porque creo que por el buen orden y la buena marcha de la Comisión sería conveniente que cada uno de los portavoces se atuviera al turno de intervención en este momento en esta Comisión, que es solicitar información y datos añadidos al presidente del tribunal, que está compareciendo en esta Cámara, y, como decía al principio, dejar el debate político para el momento de la siguiente Comisión, en que analizaremos las propuestas que cada grupo parlamentario tenga que presentar.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES, EJERCICIO 1999. (Número de expediente del Congreso 251/000003 y número de expediente del Senado 771/000002.)

La señora PRESIDENTA: Esperando que el ruego sea atendido por parte de todos, vuelvo a dar la palabra al presidente del tribunal para que nos presente el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Alcorcón y de sus organismos autónomos dependientes durante el ejercicio 1999.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó, en su sesión de 26 de mayo de 2005, el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Alcorcón y sus organismos autónomos dependientes, correspondiente al ejercicio 1999, fiscalización acordada a iniciativa de la Asamblea de Madrid, también porque la Cámara de Cuentas, que es a quien corresponde en primera instancia por lo menos la fiscalización de los ayuntamientos, todavía no había sido creada. En las directrices técnicas aprobadas por el pleno se establecieron los objetivos de esta fiscalización, que se pueden concretar en la verificación de los procedimientos de control interno, el análisis del cumplimiento de la legalidad vigente y la evaluación de representatividad de sus estados contables, así como comprobar si se habían corregido las deficiencias puestas de manifiesto en un informe anterior.


Los resultados de la fiscalización, de manera sucinta, son los siguientes.
Sobre el sistema administrativo y contable, durante la fiscalización se constató que persistían diversas deficiencias, tanto en el control interno como en el sistema contable. En cuanto a la tramitación presupuestaria, el presupuesto se aprobó una vez comenzado el ejercicio económico de su vigencia, manteniendo diversas deficiencias en su expediente. No se registraron los compromisos de gastos de carácter plurianual ni de ingresos para ejercicios futuros. Los gastos con financiación afectada carecieron del adecuado seguimiento y control. Las modificaciones de crédito, que incrementaron el presupuesto inicial un 22 por ciento, incumplieron determinados requisitos y se aprobaron reconocimientos extrajudiciales de crédito motivados por la realización de gastos en ejercicios anteriores sin crédito presupuestario suficiente.
Por otra parte, no se disponía de un inventario actualizado de bienes y derechos de titularidad municipal.


La cuenta general del ejercicio fiscalizado fue remitida con un retraso de dos años y nueve meses sin que contara con su preceptiva aprobación. Tras la formulación

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por el pleno del tribunal de un requerimiento conminatorio -a estos requerimientos ya hacía yo referencia con motivo de alguna de las preguntas que se me han formulado-, la cuenta general del ejercicio 1999 fue aprobada con un retraso de tres años y siete meses, sin incluir todos los estados y documentación legalmente establecidos. En la gestión de los ingresos se constataron sustanciales diferencias entre diferentes registros, así como elevados importes pendientes de aplicación. En consecuencia, se estimó que los saldos deudores carecían de fiabilidad.
En la gestión de gastos se apreciaron diversas deficiencias formales, la incorrecta imputación temporal de diferentes operaciones y que los saldos acreedores incluían saldos no exigibles. Por lo que se refiere a las órdenes de pago a justificar, estas carecían de adecuado control, en particular en lo que se refiere a las cuentas justificativas.


En cuanto a la situación financiera, se considera oportuno señalar que en el informe se incluye un epígrafe específico referido a hechos posteriores en el que se deja constancia del progresivo empeoramiento del remanente de tesorería sin que se adoptaran las pertinentes medidas, tal como indicaba la intervención municipal en sus informes, lo que originó que en diciembre de 2003 el pleno municipal aprobase un plan de saneamiento financiero que permitiera recuperar la capacidad de endeudamiento y eliminar a medio plazo la deuda no financiera. En dicho plan se preveía la total absorción del déficit acumulado a finales de 2008.


Por lo que se refiere a la gestión de personal, se constató que el ayuntamiento carecía de relación de puestos de trabajo y de registro de personal. La regulación municipal de las condiciones económicas de empleo del personal funcionario y laboral era homogénea y se comprobó que el convenio regulador de las condiciones de trabajo incluía acuerdos contrarios a las normas de aplicación, destacando, entre otros, permisos, vacaciones, licencias superiores a las previstas legalmente, superación de límite de incremento de la masa salarial señalada en la Ley General de Presupuestos y la existencia de conceptos retributivos no contemplados por la ley. En el análisis sobre la contratación suscrita se puso de manifiesto la carencia de determinados informes preceptivos, deficiencias en las certificaciones de obra presentadas, demoras en la ejecución del contrato, así como excesivo retraso en la realización de pagos, entre otras deficiencias.


En cuanto al seguimiento del informe anterior, se pudo comprobar que muchas de las deficiencias recogidas en el anterior informe de fiscalización, correspondiente a los ejercicios de 1992, 1993 y 1994, persistían en el ejercicio de 1999, aunque se habían mejorado los procedimientos en materia de gestión presupuestaria, gestión contractual y gestión de personal, en la que a partir del ejercicio de 2000 se regularon de forma separada las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral solventándose gran parte de las irregularidades existentes hasta 1999. Conforta saber que algunas de nuestra recomendaciones se ponen en marcha y mejoran la gestión de los ayuntamientos.


En cuanto a las recomendaciones, este informe concluye con nueve recomendaciones relativas al control interno y al sistema contable con el fin de mejorar los sistemas de control y el contable implantados, la gestión de personal y la actividad contractual, así como analizar y en su caso depurar saldos contables de gran antigüedad. En cuanto a la responsabilidad contable, si bien en relación con este informe se abrieron diligencias preliminares en dos supuestos de posible responsabilidad contable, ambos procedimientos se archivaron definitivamente.


Finalmente, y como información complementaria, la Cámara de Cuentas de Madrid, completando el cumplimiento de la resolución de la Asamblea Legislativa, emitió un informe referido al ejercicio 2000, cuyo contenido es muy similar al aprobado por el Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Elorriaga.


El señor ELORRIAGA PISARIK: Procuraré atenerme a sus indicaciones de tiempo y objeto, señora presidenta.


Gracias, señor presidente del tribunal, por la presentación de este informe de fiscalización. Tan solo haré algunas breves consideraciones para situar en su contexto el informe que se trae y plantearé unas preguntas muy concretas. En primer lugar, quiero destacar que este informe de fiscalización que se nos presenta se realiza por parte del Tribunal de Cuentas a iniciativa de la Asamblea de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, aparte de otros casos, como señalaba el presidente, con la intención de verificar hasta qué punto las recomendaciones que previamente había emitido el Tribunal habían sido atendidas en ejercicios posteriores. Los años 1992, 1993 y 1994 habían sido previamente fiscalizados y en las conclusiones que entonces se presentaron, el Tribunal de Cuentas señaló que existían graves irregularidades en el sistema contable y de control interno en los presupuestos y en los estados financieros, así como en la gestión económico-financiera y contractual, insisto no el informe que estamos viendo sino en el previo.
El ejercicio fiscalizado en 1999 corresponde a un año en el que, como por todos es sabido, se realizaron elecciones municipales en toda España y eso determinó en el Ayuntamiento de Alcorcón un cambio en la mayoría de Gobierno y, por tanto, la sustitución del Partido Socialista, que había venido gobernando en ese municipio, por una alcaldía del Partido Popular.
Es un dato relevante porque permite distribuir responsabilidades entre los diversos equipos de gestión municipales, y me hace pensar que el señor Simancas no ha visto este informe, porque alguna de las muchas preocupaciones que para el funcionamiento de un organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid le escandalizaban, en el caso del

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Ayuntamiento de Alcorcón, advertido una década antes por el Tribunal de Cuentas, se extienden a la totalidad de la actividad económica financiera del ayuntamiento. Es, por lo tanto, una fiscalización de un ejercicio en el cual diversos responsables políticos se suceden en la dirección municipal.


¿Por qué es esto relevante? Porque la gran parte de las graves deficiencias observadas por el Tribunal de Cuentas traen causa de decisiones, de normativas o de nombramientos anteriores a la entrada de la nueva corporación municipal en el año 1999. Señalo entre otras: La carencia de sistemas administrativos y contables suficientes. Se dice que el ayuntamiento carecía de un sistema contable uniforme y continuado. No existía un inventario de bienes y servicios centralizado. Se incumplieron las normas de elaboración del presupuesto de 1999 en el plazo y en su soporte documental. Se aprobó el presupuesto fuera de plazo. Fue recurrido por la Abogacía del Estado por contener incrementos salariales que después los tribunales de justicia determinaron que eran ilegales.
Había graves deficiencias en los sistemas informáticos disponibles para la gestión de los ingresos, lo que llevó a una pérdida sustancial de información y a pérdidas económicas relevantes para el ayuntamiento.
Existieron continuas irregularidades en la gestión de los gastos. No existía una relación de puestos de trabajo municipal o se retrasó notablemente la aprobación de la oferta pública de empleo en ese año. El núcleo de las responsabilidades que el Tribunal de Cuentas señala es consecuencia de actuaciones de la corporación municipal que estaba al frente del ayuntamiento antes de las elecciones de 1999.


Lo más grave es que el Tribunal de Cuentas señala en este informe que gran parte de las deficiencias constatadas en la anterior fiscalización de los ejercicios 1992, 1993 y 1994, continúan en 1999. Es decir, a pesar de las denuncias existentes, a pesar del trabajo realizado, a pesar de la presión política, incluso jurídica, realizada, nada se hizo en el Ayuntamiento de Alcorcón por mejorar significativamente la situación. Es verdad que el Tribunal de Cuentas, y lo ha destacado el presidente, señala que no obstante todo lo anterior, cabe destacar alguna evolución positiva de algunos aspectos. No ha dicho el presidente del Tribunal, no tiene por qué decirlo, pero sí lo dice el informe que hoy nos presenta, que la mayor parte de estas mejoras significativas en la gestión económico-financiera municipal se han producido por actuaciones posteriores al cambio de Gobierno en 1999. En concreto, dice el informe del Tribunal de Cuentas que en 1999 se incluyen al cierre las actas de arqueo de las cuentas restringidas de recaudación que hasta entonces no se reflejaban. Dice que a partir del año 2000 se regularon de forma separada las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral, solventándose así la gran parte de las irregularidades existentes hasta 1999. También se indica con una fecha temporal concreta que a partir del año 2001 se centralizó en la Concejalía de Recursos Humanos y Organización Informática, la gestión de compra de materiales y suministros y se favoreció notablemente el control y el registro de todo este tipo de operaciones. Quiero destacar que este es un informe que se proyecta sobre un ejercicio donde se han sucedido distintos equipos municipales, pero que las responsabilidades que se determinan en sentido genérico, las deficiencias que se ponen de manifiesto, obedecen notablemente más al equipo de gestión socialista y, sin embargo, las mejoras que se han producido y que también constata el Tribunal en su informe, obedecen en su mayoría a la gestión realizada posteriormente por los alcaldes y el ayuntamiento del Partido Popular.


A partir de ese contexto, unas preguntas muy concretas. Me gustaría hacer una de carácter quizá un poco amplio: que el presidente del Tribunal de Cuentas situase este informe en el contexto de la situación general económico-financiera de los medianos ayuntamientos españoles. No sé hasta qué punto se podría pensar que algunas de las deficiencias más rutinarias de funcionamiento son de generalizada existencia en otros municipios o si se trata este de un caso singular donde se concentran una serie de problemas específicos y por dónde podrían apuntar los remedios. Se señala específicamente en el informe -y ha hecho referencia también el presidente en su exposición- un hecho de una especial gravedad, que es una diferencia detectada en un arqueo de 890.000 euros en el Patronato deportivo municipal, hecho que determinó el inicio de un expediente en la Sección de enjuiciamiento del tribunal. Se ha hecho referencia a que ese expediente había quedado finalmente archivado, pero en el contexto de la explicación de esta grave situación detectada se pone de manifiesto en el informe que los funcionarios encargados de la intervención y tesorería de ese organismo carecían de la habilitación legal suficiente. Sobre eso me gustaría conocer también la opinión del presidente del tribunal. Consta la sustitución por el Gobierno posterior de los funcionarios que habían dado lugar a ese incumplimiento. Eran funcionarios nombrados en 1984 y 1991 -dejo constancia de las fechas también para que quede clara la responsabilidad de sus nombramientos- y me gustaría saber cuál es la valoración que hace el presidente con relación a la ocupación, por parte de funcionarios sin habilitación suficiente, de puestos de tan importante responsabilidad económico-financiera dentro de las corporaciones municipales.


La señora PRESIDENTA: Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Gordo.


El señor GORDO PÉREZ: El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del Ayuntamiento de Alcorcón que pone de manifiesto irregularidades contables y de control interno, es el fiel reflejo de lo que pasa en muchos ayuntamientos de España. Los que hemos sido concejales, especialmente de ayuntamientos pequeños, sabemos que en muchos casos estos ayuntamientos gestionan al margen de unos sistemas económico-financieros

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que reflejen fielmente la situación patrimonial. Sorprende que en el Ayuntamiento de Alcorcón, con 140.000 habitantes, con la entidad que tiene, se reflejen estos problemas que se dan en otros muchos ayuntamientos. Habría que entrar en un análisis causal de cuáles son las circunstancias que llevan a producir estas situaciones. Sin duda alguna, leyendo de una manera exhaustiva el informe, se constata una inercia administrativa que proviene de mucho tiempo; inercia que también podemos catalogar como una cultura relajada. El control externo no es más que un filtro del control interno que corresponde al pleno y en el mismo a la oposición. Señor Elorriaga, en el año 1999, durante seis meses gobernó el Partido Popular y durante otros seis meses el Partido Socialista. Los concejales del Partido Popular podían haber hecho oposición y, por tanto, haber requerido la subsanación de estas deficiencias que se ponen de manifiesto. Además usted ha apuntado un tema que es relevante, que es la solvencia técnica de la tecnoestructura de los funcionarios. Estamos refiriéndonos a que nos encontramos, como ha puesto de manifiesto, con cuentas que no son representativas, no hay consistencia en los principios de contabilidad, no se están cumpliendo las normas. Principal responsable la corporación, bien sea de un color político o de otro, pero también la oposición, que es a quien corresponde efectuar ese control interno.


Por otra parte, el informe de fiscalización también hace referencia a la disponibilidad de medios; en concreto, en la gestión de ingresos hace referencia a una pérdida de derechos de cobro, como consecuencia de una pérdida de información a la puesta en marcha de una aplicación informática. El problema, que parece que es objetivo, es la falta de medios consistentes para la gestión. También nos encontramos -lo decía antes- con una limitación de alcance de la intervención. Concretamente, en el Patronato municipal de deportes la intervención no es suficiente, se limita a una intervención previa, pero no es plena ni con informes a pleno; de la misma manera que también el informe pone de manifiesto que no se ha inspeccionado la contabilidad y que se carece de herramientas básicas para la toma de decisiones, como un inventario de derechos y de bienes actualizado. Es evidente que nos encontramos con un déficit de información, en el que todos los equipos que han estado gobernando, tanto de un color político como de otro, tienen corresponsabilidad, y sin duda alguna esto contribuye a no alcanzar el nivel de eficiencia, eficacia y de transparencia en la toma de decisiones.


Me llama mucho la atención la diferencia entre los saldos de efectivo contables por valor de casi 900.000 euros. Usted ha dicho que se ha archivado, pero hace referencia a que se pasó a la Sección de enjuiciamiento. Me gustaría conocer en qué fase está y el contenido. Al mismo tiempo, también se pone de manifiesto, en el ámbito de gestión de personal, la falta de una gestión consistente. No hay RPT, no hay una relación de puestos de trabajo; hay pagos que no se corresponden, que son incorrectos, es decir, los concejales sin dedicación exclusiva perciben retribuciones por asistencia al pleno, tanto si asisten como si no asisten. Nos tememos que esto se extiende a todos los concejales de la corporación. También se pone de manifiesto que se ha avanzado en las correcciones de las auditorías de los años 1992, 1993 y 1994, pero no lo suficiente.


¿Qué se puede hacer para avanzar y, por tanto, corregir este tipo de irregularidades que se ponen de manifiesto en este informe de auditoría y que, como decía al principio, son extensibles a muchos ayuntamientos quizá de menor tamaño?

La señora PRESIDENTA: Supongo que no hay petición de réplica. (Pausa.)

Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Tengo que decir que han coincidido los dos portavoces, el del Grupo Parlamentario Popular, señor Elorriaga, y el del Grupo Parlamentario Socialista, señor Gordo. Quiero resaltar algo importante, porque han puesto sobre la mesa una preocupación de muchos quilates, es decir, han trascendido de lo que es el informe pormenorizado -después de haberlo analizado correctamente- de Alcorcón, han establecido unas justas entre las responsabilidades de un grupo parlamentario u otro al gobernar el ayuntamiento y han sobrevolado las cuestiones partidarias o partidistas, y han planteado la necesidad de saber -que es una opinión del presidente que trasciende también del propio informe- cómo se podrían atacar las irregularidades que se vienen produciendo en ayuntamientos de este tamaño o menores. Y la cuestión no es baladí, la cuestión es muy importante. Por cierto, el Tribunal de Cuentas ha enviado -y se me ha ocurrido traerlo a esta comparecencia- algunas iniciativas que voy a tener que recordar. Para analizar lo que los dos intervinientes han señalado, la situación más preocupante de todas las irregularidades que se producen en los ayuntamientos menores es la no rendición de cuentas. Podemos ver corregida esta situación de inmediato a partir de la implantación de la rendición telemática de las cuentas para lo que se han suscrito los pertinentes convenios entre el tribunal y los órganos autonómicos de las comunidades autónomas. El tribunal ha suscrito -no sé si tuve ocasión de decirlo en la otra comparecencia- siete convenios y estamos en disposición de seguir logrando acuerdos con el resto de los órganos de control externo -son doce los hasta ahora creados-, para que esta fórmula de rendición telemática de cuentas, que facilita la rendición simultánea de la cuenta en el órgano de control externo y en el Tribunal de Cuentas, porque así lo dice la Ley de Haciendas Locales, sea fácil, sea menos costosa y supere las ínfimas cuotas de rendición de cuentas que venía produciéndose en los ayuntamientos. Estamos en estos momentos, después de que se han puesto en marcha los convenios,

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con más de cuatro mil ayuntamientos que rinden cuentas. No solamente eso es lo importante, sino que esos ayuntamientos que rinden cuentas suponen una parte muy importante de la población. Por lo tanto, espero que si no a los ocho mil y pico ayuntamientos que tenemos ahora, a la mayor parte de ellos, se les pueda llegar a facilitar el cumplimiento de esta obligación de rendir cuentas, que es elemento fundamental para conocer la calidad de su gestión y para establecer, como es natural también, las recomendaciones y las medidas que la corrijan.


Desde el punto de vista organizativo -y aquí el señor Elorriaga planteó un tema muy importante porque también incide en el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y de la llevanza de contabilidad, y sobre todo de llevar la gestión municipal con arreglo a las normas vigentes y cumpliendo los principios de eficacia y eficiencia-, la carencia de medios personales y materiales para abordar estas tareas es un dato que no se puede olvidar. En relación con los municipios de mayor población, la carencia de unos procedimientos de control y supervisión administrativa que garantice su buena gestión, es otro dato que no se puede olvidar. Tras las supresiones de los cuerpos nacionales de tesoreros -se mantienen los secretarios y los interventores municipales- ha habido, querámoslo o no, unas consecuencias negativas. La lógica aspiración en la carrera administrativa origina en muchos casos además de la escasez de efectivos una inmensa movilidad de funcionarios entre las distintas administraciones locales, con el consiguiente perjuicio para dotar a la carrera administrativa de estabilidad y seguridad, origina que vayan de un sitio a otro, ocupen tres, cuatro o cinco ayuntamientos, y no cabe duda de que esto produce en la gestión una serie de rémoras e irregularidades que luego se traducen en responsabilidades contables, en responsabilidades penales e incluso facilitan la opacidad para que la corrupción sea posible.


Por lo tanto, estos datos y esta preocupación, manifestada tanto por el señor Gordo como por el señor Elorriaga, son para mí profundamente satisfactorias y me permiten, señora presidenta, recordar que el Tribunal de Cuentas ha manifestado su preocupación y ha formulado propuestas que entiendo que pueden corregir estas situaciones y superar esta situación de los ayuntamientos que más déficit tienen en medios personales, es decir, en intendencia. La primera es la moción sobre el control interno, llevanza de la contabilidad, gestión de personal y contratación en las entidades locales que aprobó el Tribunal de Cuentas el 20 de julio de 2006, que se envió a esta Comisión mixta a finales de julio de ese mismo año. La segunda -y esta sí que es importante y es más reciente- es una moción relativa a las posibles soluciones legales y administrativas para que las entidades locales rindan sus cuentas de forma completa y en los plazos legalmente establecidos. Esta es de este año y, por tanto, también se ha enviado aquí con el objeto de que en los grupos parlamentarios se tengan en cuenta, se estudien y se planteen las medidas legislativas o las reformas legislativas necesarias para que estas deficiencias, estas necesidades que ustedes han detectado, a la vista de un informe de un ayuntamiento pero que se pueden ver en informes de muchos ayuntamientos, puedan ser corregidas o por lo menos se tengan los medios adecuados para que no se produzcan en el futuro.


Me da la sensación de que con esta respuesta quedo satisfecho, porque me han dado pie para recordarles una necesidad que el Tribunal de Cuentas ha sentido con ustedes y que me permite pedirles que miren con atención estas mociones del Tribunal de Cuentas y las pongan en marcha.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO, EJERCICIOS 2002 Y 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000033.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día que en este caso sí es el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Toledo en los ejercicios 2002 y 2003.


Tiene la palabra el señor presidente para presentar el informe.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Pasamos a analizar el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Toledo que también es de reciente aprobación por el pleno del Tribunal de Cuentas, es decir, corresponde a un pleno de 17 de enero de 2008. El informe corresponde a los ejercicios 2002 y 2003. Esta fiscalización se acordó a iniciativa de las Cortes Generales y tuvo los siguientes objetivos: evaluar los sistemas y procedimientos establecidos en el ayuntamiento en su gestión; verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como las normas reguladoras de su actividad económico-financiera; comprobar el grado de representatividad de los estados financieros; analizar el cumplimiento del Plan financiero de saneamiento aprobado por el ayuntamiento, verificando que los presupuestos aprobados se ajustan a las medidas recogidas en el mismo y que las operaciones de crédito concertadas no son superiores al límite establecido. Asimismo, en esta fiscalización se propuso analizar, en la medida de lo posible, si las deficiencias expuestas en el informe de fiscalización del ayuntamiento de los ejercicios 1997 y 1998, elevado en su momento por el Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales, habían sido recogidas y adoptadas de acuerdo con las recomendaciones formuladas.


Resultados más relevantes de la fiscalización. Sobre el sistema administrativo y contable: aun cuando la corporación dispuso de un reglamento municipal de control interno y aprobó un Plan de control financiero, en cuyo

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cumplimiento la intervención municipal emitió sendos informes de los ejercicios fiscalizados, en la fiscalización se detectaron diversas deficiencias y debilidades, tanto en los mecanismos de control interno como en el sistema contable. Así, no se elaboró el libro de contabilidad principal de inventarios y balances, no se disponía de un inventario actualizado de bienes y derechos de titularidad municipal y el ayuntamiento no tenía constituido el patrimonio municipal del suelo, sobre el que versa otro de los informes hoy presentados a esta Comisión mixta.


En los ejercicios fiscalizados no se contabilizaron los compromisos de gastos de carácter plurianual ni de ingresos para ejercicios futuros.
Asimismo, se comprobó la realización de gastos para los que no existía crédito presupuestario, con la consiguiente demora en su tramitación, lo que originó la asistencia de acreedores no registrados en la contabilidad presupuestaria. Con independencia del retraso en la presentación al pleno de los presupuestos de los ejercicios fiscalizados, dichos presupuestos fueron informados negativamente por el interventor municipal por no garantizar la nivelación y estabilidad presupuestaria, no respetar la normativa reguladora del patrimonio municipal del suelo, no contener medidas para absorber el remanente de tesorería negativo y no contemplar las medidas previstas en el Plan de saneamiento financiero. Las cuentas generales de los dos ejercicios fueron aprobadas y rendidas al tribunal dentro del plazo previsto en la normativa. La representatividad de las cuentas del ayuntamiento estuvo afectada, entre otras causas, por las siguientes deficiencias e irregularidades. En los balances de situación, el inmovilizado material no estaba correctamente valorado, las inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general estaban sobrevaloradas, mientras que las cédulas a corto plazo se encontraban infravaloradas por la existencia de deudas con terceros no contabilizadas.


En cuanto a la gestión de ingresos, se señala en el informe que los aumentos de las tarifas de los diferentes tributos fueron inferiores a los previstos en el Plan de saneamiento financiero. En cuanto a la gestión de gastos, se constataron, además de determinadas deficiencias formales, ciertas irregularidades en la gestión y retribución del personal. Se observaron, igualmente, deficiencias en la gestión de otros bienes corrientes y de servicios que dieron origen a la falta de reconocimiento de obligaciones presupuestarias. En el capítulo de inversión, con un bajo nivel de ejecución, se originaron muchas modificaciones de crédito por incorporar los remanentes de ejercicios anteriores. El nuevo Plan de saneamiento financiero referido al periodo 2001-2003 tenía como objetivo eliminar el ahorro neto negativo y absorber el remanente de tesorería negativo. Este plan fue revisado en dos ocasiones. La primera, el 26 de noviembre de 2002, y la segunda, el 5 de febrero de 2004. En aplicación de las medidas previstas, se alcanzaron los objetivos de reducción de endeudamiento financiero, pero no los de ahorro negativo, al aumentar en el periodo 2001-2004 los ingresos corrientes en un porcentaje menor al de los gastos corrientes. El Plan de saneamiento y sus posteriores revisiones no fueron eficaces para la reducción del remanente de tesorería para gastos generales negativo, que al cierre del ejercicio 2004 alcanzaba la cifra de 19 millones de euros.


En cuanto al seguimiento de las conclusiones del anterior informe de fiscalización y de las recomendaciones, algunas de las deficiencias constatadas en la anterior fiscalización continuaban en los ejercicios 2002 y 2003. No obstante, y hay que decirlo también, se constataron mejoras sensibles en los procedimientos en materia de control interno. Se estableció un reglamento municipal de control interno que originó la aprobación de planes e informes de control financiero anuales, de gestión presupuestaria y rendición de cuentas, como ya se ha comentado. Los presupuestos, aunque presentados con demora, fueron aprobados dentro del plazo legal y las cuentas anuales aprobadas y rendidas en los plazos establecidos. Asimismo, los procesos de elaboración, formalización y ejecución contractual tuvieron una evolución positiva en aspectos como registro de las ofertas, formación de la mesa de contratación, formulación de cláusulas administrativas y criterios de adjudicación. Si he señalado el cumplimiento de todas estas recomendaciones es porque, efectivamente, hay que señalar con precisión lo que se ha hecho mal, las irregularidades y también lo que se está haciendo bien, cumpliendo las recomendaciones señaladas por el Tribunal de Cuentas. En cuanto a las recomendaciones de este informe, concluyo con las ocho relativas a control interno y al sistema contable, con el fin de mejorar los sistemas de control interno implantados. A la gestión de personal, con la finalidad de que los acuerdos suscritos no vulneren las disposiciones legales, y a la gestión de gastos, a fin de mejorar la actuación de la entidad, tanto en orden a la legalidad de su actuación como a la reducción del elevado remanente de tesorería para gastos generales negativo. Si en tiempos sucesivos estas nuevas recomendaciones se cumplen en el porcentaje que se han cumplido las anteriores, seguiremos avanzando y el Ayuntamiento de Toledo estará cada vez en mejor situación.


La señora PRESIDENTA: Señor Ballestero, tiene la palabra, por favor, en nombre del Grupo Popular.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Muy amable, señor presidente. Antes decía la presidenta que hay que entrar al fondo de la cuestión y estoy bastante de acuerdo; seré breve. Este es un debate que probablemente no deberíamos haber tenido en el día de hoy, porque el objetivo fundamental de este debate, que no ha comentado, como no puede ser de otra manera, el presidente del Tribunal de Cuentas, fue un objetivo puramente político de caza de brujas. Creo -y está a la vista de los hechos- que este es el caso de una torticera utilización de las instituciones públicas y de las instituciones políticas, y un comportamiento bastante común en el Gobierno de

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Castilla-La Mancha en los últimos años y, por tanto, personalmente no me sorprende. ¿Por qué digo esto? Señorías, en septiembre de 2004, cuando se celebra la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas donde se pide la fiscalización por parte del PSOE e Izquierda Unida -inicialmente no de dos años sino de cinco, curiosamente los cinco años siguientes a 1998, algo que no es tan habitual- se dan al mismo tiempo dos hechos: en primer lugar, que el alcalde del Ayuntamiento de Toledo, el señor Molina, es a la vez el presidente regional del Partido Popular en Castilla-La Mancha, y que el Ayuntamiento de Toledo era la principal institución, aunque no la única, gobernada por el Partido Popular. Si mezclamos esto con que el portavoz municipal del Ayuntamiento de Toledo era diputado en esta Cámara, veremos, junto con esas prácticas del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, que nos encontramos ante una operación evidente de acoso y derribo personal, como con tanta otra gente y tantos otros candidatos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ha hecho en el pasado por parte del Partido Socialista hacia el Partido Popular. Ya digo que esta inusual petición de cinco años luego se queda en dos años, en la fiscalización de los años 2002 y 2003, y los argumentos que da el Partido Socialista principalmente son dos: en primer lugar, decía el entonces portavoz, señor Turiel, el 28 de septiembre de 2004, que habían tenido conocimiento de un informe. Hablaban de ese informe permanentemente, un informe donde al final los argumentos que se daban eran generalidades y medias verdades; se hablaba sobre determinadas concejalías de las que luego no se volvía a hablar. En fin, se basaban en ese informe del que habían tenido conocimiento para deslizar sutilmente en esta Cámara, pero con toda la vehemencia y la fortaleza que les daba su potencial y su arsenal informativo en Castilla-La Mancha y en Toledo, que había una gestión nefasta por parte del ayuntamiento, de sus ediles y, desde luego, del alcalde de Toledo y también comentaban que, en todo caso, había una dudosa honorabilidad de sus ediles y dudaban mucho de la honestidad de los medios de comunicación del equipo de Gobierno de entonces. Fíjense, lo resumía entonces el señor Turiel en el último párrafo de su intervención, diciendo -lo cito a él textualmente-: Reitero que desde luego, sin perjuicio de reconocer que existen dificultades para muchos ayuntamientos, es evidente que el comportamiento del Ayuntamiento de Toledo para nada tiene que ver o para nada refleja un comportamiento general del resto de los ayuntamientos de España. Faltaría más. Creo que este ayuntamiento tiene unas singularidades muy importantes y el comportamiento del ayuntamiento en absoluto es el mismo que el del resto de los ayuntamientos de España. Ya digo, este argumento utilizado aquí de esta manera a lo mejor más sutil, allí se convertía en el auténtico caballo de batalla de acoso y derribo en lo personal al señor Molina.


El segundo argumento que se utilizó para solicitar estos cinco años de fiscalización que luego quedaron en dos...


La señora PRESIDENTA: Disculpe, señor Ballestero, le pediría por favor que se atenga al asunto que estamos tratando. No es posible que se produzca aquí un debate sobre las razones por las que se solicita un informe a la fiscalía. Se trata de que analicemos, sobre la base del informe que ha presentado el presidente del Tribunal de Cuentas y que usted le solicite la información complementaria, le haga las preguntas, la información añadida, etcétera. Se lo ruego, por favor.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Paso a eso, presidenta, se lo agradezco y cuento una novedad que creo que influye en este caso y sobre la que quiero información. Se trata de este segundo argumento y es que cuando se pide la fiscalización se dice que se solicitaba porque había una sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de junio de 2004, anulando el concurso de adjudicación del servicio de aguas del año 1996. Decía entonces -si me permiten, para que le pida esta aclaración- el señor Turiel: Por si esto fuera poco, ha habido recientemente una sentencia del Tribunal Supremo dictada en ese mismo año 2004, que ha anulado el concurso que en 1996 adjudicó la concesión del servicio de aguas a Aguas de Toledo, y se ha manifestado por la portavoz del equipo del Gobierno la voluntad de proceder a la nueva adjudicación de dicha concesión, pero inicialmente se le ha dado a la misma. Este era el argumento que utilizaban para pedir la fiscalización.


Pues bien, empezaré por este segundo argumento muy brevemente diciendo que esta base argumental de la solicitud de la fiscalización se le ha caído al Partido Socialista porque el Tribunal Supremo, en sentencia del 20 de noviembre de 2006, se pronuncia respecto a su propia sentencia de 2004 anulándola, dando la razón al Ayuntamiento de Toledo y diciendo que la adjudicación estaba perfectamente hecha y conforme a derecho. Por otra parte, y a la vista de las observaciones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas, se evidencia una clarísima mejoría, y eso es lo que he querido entender del informe, respecto a los años 1997 y 1998. No se encuentran, a mi parecer, diferencias importantes con los problemas habituales de gestión, organización y control que puedan tener otros ayuntamientos.


Quiero destacar entre la evolución positiva, señorías, la mejoría que en los sistemas de información, como ha dicho el presidente, se ha introducido con el reglamento municipal de control interno, que ha avanzado en el control por parte de la intervención, o los ajustes de inmovilizado por más de 4 millones de euros, lo que ha subsanado, como el propio informe reconoce, las diferencias que se señalaban en este aspecto con los años 1997 y 1998.


Agradeciendo, como no podía ser de otra manera, las recomendaciones del tribunal, creo fundamental destacar -y si le quiere poner énfasis el señor presidente yo también lo haré- muy especialmente las alegaciones -porque estas van contra el primer argumento- hechas en estos momentos, en septiembre de 2007, por el excelentísimo Ayuntamiento de Toledo. De ellas se extrae

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con claridad la conclusión de que la corporación actual con su alcalde a la cabeza no se aparta, ni mucho menos, de las actuaciones del ayuntamiento o las corporaciones anteriores, sino que continúa con su línea de actuación y de mejora en la gestión; y desde luego en las alegaciones, algo bien diferente a lo que planteaban en 2004, no se atisba ningún reproche ni sospecha política alguna en torno a la actuación de los ediles de las corporaciones anteriores con su alcalde a la cabeza. Claro, señorías, esto tiene mucha importancia si tenemos en cuenta que quien firma las alegaciones es el actual alcalde de Toledo, el señor Emiliano García Paje, que ya no es del Partido Popular sino del Partido Socialista; luego al final se desmoronan los dos argumentos fundamentales de esta solicitud de fiscalización, y queda evidente que esta fue una acusación que entonces hizo el Partido Socialista como un acoso y derribo personal que yo desde luego no quiero que traigamos a esta Comisión para pedir disculpas, que probablemente sería lo correcto conforme a las alegaciones del actual alcalde de Toledo, pero sí que tengamos en cuenta en este Parlamento y abandonemos ese tipo de acciones dirigidas a utilizar de manera torticera, si me permiten, como decía al principio, las instituciones públicas y una tan elevada y tan alta como la que de esa manera tan brillante preside el señor Núñez en estos momentos.


La señora PRESIDENTA: Señor Tuñón.


El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Una breve pregunta. Estoy de acuerdo con lo expresado; me parece que estos informes de ayuntamientos no son una moneda arrojadiza contra otros ayuntamientos o contra otro partido; la contextualización que se hace de estos informes es importante y, en este caso, simplemente la evolución positiva del informe ya indica que se va en la buena dirección.


La única pregunta que quería hacerle es si se estudia o se hace un análisis de la situación económico-financiera de lo que llaman el Plan de saneamiento financiero. Esto fue una petición ya de la fiscalización y hago una reflexión: ¿Se podría hacer en los informes -creo que lo hacen ustedes en la cuenta general- estudios sobre la situación económico-financiera de los ayuntamientos? Es decir, lo mismo que aquí se hace en relación a un plan de saneamiento que ya existe, en otros ayuntamientos aunque no haya plan siempre se pueden sacar algunos indicadores, algunas ratios que indiquen cuál es la situación económico-financiera del ayuntamiento, que creo que es una información muy útil.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista doña Guadalupe Martín.


La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Gracias, presidente del Tribunal de Cuentas, por el informe exhaustivo que nos ha expuesto y muchas gracias por el trabajo que han realizado.


Quisiera discrepar del argumento del compañero del Partido Popular, el señor Ballestero, puesto que nosotros valoramos muy positivamente el informe que se ha realizado, y desde luego no vamos a compartir en ningún momento ese análisis que él ha hecho del motivo por el que precisamente se ha hecho este informe. Quizá el señor Ballestero se vea obligado a utilizar esta Comisión para desahogarse y para que le oigamos algunos argumentos que quizá debería trasladar a otro ámbito, como el de su propio partido en su propia circunscripción, en Toledo, donde le escuchan poco; por eso viene a esta Comisión a que le escuchemos en los términos en que se ha expresado, términos que lamento que hayan sido así y que evidentemente no compartimos.


La señora PRESIDENTA: Señora Martín, disculpe. Aunque el señor Ballestero no me ha hecho mucho caso -más bien, ninguno- en la apreciación que le he hecho, le reitero a usted a que se atenga al asunto, por favor.


La señora MARTÍN GONZÁLEZ: El Ayuntamiento de Toledo tuvo una anterior fiscalización en 1997 y 1998, a la que ha hecho referencia también el presidente, y en ella se hacían una serie de recomendaciones, que han sido en parte seguidas, porque nos parece que su contenido es lo suficientemente importante como para hacerlas caso. Aceptamos todos los comentarios previos a las recomendaciones, y las conclusiones son lo suficientemente exhaustivas y bastante significativas del funcionamiento que ha tenido desde el punto de vista presupuestario el Ayuntamiento de Toledo. Evidentemente, todo ha sido avalado por la documentación que han obtenido. Nos consta que el Ayuntamiento de Toledo en este momento va a asumir y va a atender todas las recomendaciones que se expresan en este informe. Esperemos que en informes sucesivos las referencias al cumplimiento de estas recomendaciones sean mayores. Ahí está precisamente lo positivo de este tipo de informes elaborados por el Tribunal de Cuentas. Esperamos asimismo que en sucesivos informes, si es que se producen, las recomendaciones sean menores y que la mejora del Ayuntamiento de Toledo sea constatable. Por otra parte, me gustaría agradecer las medidas positivas y relevantes que se han adoptado por parte del equipo anterior, aunque también está trabajando de forma intensa el equipo actual.


Únicamente quería hacerle una pregunta, y es si en toda esta fase de recopilación de información que han requerido al ayuntamiento han tenido algún tipo de dificultad, cosa que espero que no haya ocurrido.


Muchas gracias y felicidades por el informe. (El señor Ballestero de Diego pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Señor Ballestero, no ha lugar a ningún turno de réplica.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Señora presidenta, ha habido una alusión personal y brevemente quisiera contestar.


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La señora PRESIDENTA: Las alusiones personales que se producen en los debates dentro del contenido de la actuación de cada uno de los grupos no pueden entenderse en ningún caso como alusiones personales. En este caso he sido bastante generosa en los tiempos y en las formas de las intervenciones. Le ruego que renuncie a solicitar un turno de réplica por el buen funcionamiento de esta Comisión, señor Ballestero.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Perdone, señora presidenta, pero la alusión no ha tenido nada que ver con el debate. Llevo trece años en esta Cámara y sé lo que es una alusión personal. Si me lo permite, seré breve. Viene muy bien para ilustrar el debate.


La señora PRESIDENTA: Señor Ballestero, la Presidencia de la Comisión es quien la administra. Le he rogado que renuncie usted a la solicitud de palabra, pero si no renuncia no se la concedo.


Señor presidente, tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Quisiera agradecer las intervenciones de los tres portavoces. En este caso me han hecho unas preguntas muy concretas y muy sencillas que agilizan el largo debate de esta tarde.


Señor Ballestero, efectivamente en el informe hay un claro ejemplo de cumplimiento de las recomendaciones hechas por el anterior informe, aun con todos los fallos que sigue habiendo en la gestión del ayuntamiento, que quedan señaladas. Me parece que es un dato positivo y al Tribunal de Cuentas le conforta pensar que otros ayuntamientos puedan seguir esa evolución. Las alegaciones, efectivamente, como todas -y lo he dicho al principio de uno de estos informes-, que han dado con talante, tienen el plus de credibilidad -por así decirlo- de ser enviadas por quien ahora es el alcalde de otra formación política. Y, efectivamente, como no podía ser menos -y a mí me parece que eso también es digno de decir- he de destacar la calidad y la objetividad de las alegaciones a un periodo de gestión del que no era responsable el titular actual. Nobleza obliga, y creo que las alegaciones por sí mismas -y no por esa circunstancia que, como la ha destacado el señor Ballestero, no la pongo en olvido- se recogen y enriquecen considerablemente; estas alegaciones las pueden ver en el informe, al final, en la fiscalización lograda.


En cuanto al señor Tuñón, me dice que si el plan de saneamiento financiero es posible detectarlo en fiscalizaciones de otros ayuntamientos. Yo creo que sí, que se puede hacer una fiscalización de la situación del saneamiento financiero de otros ayuntamientos. Y en el informe anual que emite el Tribunal se dan datos suficientes para conocer esta situación: Resultado presupuestario, resultado económico, remanente de tesorería, endeudamiento. Se podría enlazar con la necesidad de revisar el sistema de financiación y, repito, en las fiscalizaciones de los ayuntamientos que hemos hecho, aunque no hay un plan de saneamiento financiero, sí puede seguirse, hay pistas para saber, efectivamente, hasta donde alcanza el saneamiento.


En cuanto a las dificultades -única pregunta que me ha hecho la diputada Guadalupe Martín-, no ha habido ninguna, en absoluto. Si no, la hubiéramos detectado en el informe, como se señalan en otros informes las dificultades habidas, la falta de colaboración, etcétera. El Ayuntamiento de Toledo no ha puesto ninguna dificultad para que los auditores y el personal de trabajo de campo que enviamos allí pudieran hacer su trabajo.
Por lo tanto, esa es la respuesta satisfactoria que puedo darle.


La señora PRESIDENTA: Concluye este punto del orden del día.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.
(Número de expediente del Congreso 251/000034 y número de expediente del Senado 771/000025.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos el siguiente punto que es el informe de fiscalización del servicio de recogida y tratamiento de residuos en las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón. Tiene la palabra el presidente del Tribunal.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): El Pleno del Tribunal de Cuentas, en sesión de 17 de enero de 2008, también este informe es muy reciente, aprobó el informe de fiscalización del servicio de recogida y tratamiento de residuos en las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón. La Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en una resolución adoptada a raíz del informe anual del sector público autonómico y local del ejercicio de 1998, solicitó al Tribunal la remisión de informes de fiscalización sobre la gestión de los principales servicios públicos descentralizados en el sector público local, profundizando en el estudio comparado de la prestación de diferentes servicios públicos por las entidades locales.


El informe del sector público autonómico y local correspondiente al ejercicio 2000 atendió esta solicitud, incluyendo los resultados de una fiscalización sobre la gestión de los servicios públicos descentralizados en el sector público local. En relación con dicho informe, la Comisión Mixta, por resolución de 19 de diciembre de 2005, instó al Tribunal a continuar profundizando en el estudio comparado de la prestación de diferentes servicios públicos por las entidades locales. La presente fiscalización sobre el servicio de recogida y tratamiento de residuos en las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón se programó como consecuencia de estas iniciativas parlamentarias.


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Esta fiscalización tiene una planificación horizontal. La recogida de residuos, entendidos por tales los definidos en la Ley 10/1998, de Residuos, se enmarca en las políticas de protección medioambiental y de desarrollo sostenible y constituye uno de los servicios cuya competencia está atribuida a la Administración local, con independencia de la necesaria coordinación con las políticas de las restantes administraciones públicas. En la presente fiscalización se abordó, desde un perspectiva horizontal, repito, el análisis de la prestación del servicio de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos por las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la pretensión de verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos por las administraciones autonómica y estatal en el marco definido por la normativa europea y de comparar las diferentes formas de gestión adoptadas en la prestación de este servicio. La fiscalización también se extendió a las actuaciones del Gobierno de la comunidad autónoma referidas a la recogida selectiva de algunos tipos de residuos destinados al reciclaje. En consecuencia, las actuaciones fiscalizadoras, de acuerdo con los objetivos establecidos en las correspondientes directrices técnicas aprobadas por el pleno del tribunal, se concretaron en analizar la forma de gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, en examinar los niveles de prestación del servicio que desarrollan las entidades competentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y en valorar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes nacional y autonómico de gestión de residuos sólidos urbanos.


Hago gracia a SS.SS. del marco normativo, que se lo conocerán mejor que yo, para decir que la organización territorial para la gestión de los residuos prevista en el Plan de ordenación de la gestión de residuos sólidos urbanos de 1998 tuvo en cuenta las particularidades de la Comunidad Autónoma de Aragón, caracterizada por una gran concentración de población en el municipio de Zaragoza y una gran dispersión en el resto del territorio, con más de 500 municipios con población muy reducida.
Este modelo territorial quedó estructurado en torno a ocho agrupaciones de gestión de residuos en las que estaban integradas las 33 comarcas en las que se divide el territorio de la comunidad, siguiendo criterios territoriales y poblacionales y procurando que los niveles de generación de residuos de cada una de ellas fueran homogéneos. El plan contemplaba la existencia de ocho vertederos, uno por cada agrupación, y 11 estaciones de transferencia, lo que implicaba el cierre de numerosas instalaciones que no reunían los requisitos mínimos para el tratamiento de residuos de acuerdo con la normativa aplicable.


Por lo que se refiere a la red de vertederos y plantas de transferencia, en 2004 estaban en funcionamiento 28 vertederos, de los cuales 12 daban servicio a poblaciones inferiores a 10.000 habitantes, y había cinco estaciones de transferencia para toda la comunidad autónoma. En consecuencia, el informe del tribunal destaca que la gestión en 2004 se encontraba muy alejada de la prevista en el plan, persistiendo dos formas de gestión diferentes. Por un lado, la del municipio de Zaragoza, que daba cobertura a más de la mitad de la población de la comunidad autónoma, y por otro, la del resto de entidades locales caracterizadas por su reducido tamaño.


¿Cuáles han sido las formas de gestión? La gestión del servicio de recogida de residuos en el ejercicio 2004 se llevó a cabo sin criterios homogéneos aplicables a todo el territorio de la comunidad autónoma. Cada entidad local siguió sus propios criterios, en ocasiones muy ineficientes, sin que existiera ninguna política común en esta materia que permitiera racionalizar la prestación del servicio en toda la comunidad. La forma mayoritaria de gestión fue la indirecta, pues el 70 por ciento de las entidades locales utilizaron esta forma de gestión, mientras que el resto gestionaron el servicio de forma directa, sin que pudiera deducirse que la elección respondiese expresamente a criterios demográficos o territoriales. No obstante, se constató que, con la excepción del Ayuntamiento de Zaragoza, la gestión directa era más frecuente en los núcleos de mayor población. La gestión indirecta se llevó a cabo mediante la formalización del correspondiente contrato de concesión y el objeto de estos contratos no fue homogéneo, limitándose en algunos casos a la exclusiva recogida de residuos, mientras que en otros se incluían también la limpieza viaria y el tratamiento de residuos, junto a otras variantes. Con independencia de esta heterogeneidad en el objeto del contrato, de las estipulaciones contractuales no se deducen las causas que pudieran explicar las significativas variaciones en el precio pactado en cada caso. En el análisis de estos contratos se constató que el 31 por ciento de los mismos aplicaron prórrogas tácitas del contrato o incluyeron en sus estipulaciones este tipo de prórrogas, vulnerando lo establecido en el artículo 67 del texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, lo que originó que se mantuvieran contratos con cláusulas obsoletas o se incorporaran modificaciones sustanciales en relación con el precio de los mismos, afectando al principio de libre concurrencia.


Atendiendo al importe de las obligaciones reconocidas por las distintas entidades derivadas de la prestación del servicio de los cánones y aportaciones realizadas por el uso de vertederos y otros conceptos identificados como mayores costes del servicio, ante la escasa información estadística disponible a nivel nacional y autonómico en esta materia, se dedujo que el gasto medio por el servicio de recogida de residuos sólidos en la comunidad durante el ejercicio 2004 fue de 21,45 euros por habitante, media que se incrementaba hasta los 25,64 euros en el caso de las entidades con gestión directa, mientras que en las de gestión indirecta descendía a 20,28 euros.


En cuanto al seguimiento sobre la prestación del servicio, por no detenerme en otras cuestiones que están

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en el informe, la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en la Comunidad de Aragón se realizó sin que la mayor parte de las entidades locales tuvieran definidos y aplicaran procedimientos de seguimiento y control de la gestión del servicio. El 90 por ciento de las entidades no tenían constituida unidad de seguimiento y control, y en los casos en los que estaba constituida, no consta que llevara acabo ninguna actuación en el ejercicio 2004, excepto el Ayuntamiento de Zaragoza.


¿Qué recomendaciones ha hecho el tribunal? Teniendo constancia de que tras el ejercicio fiscalizado se continuó avanzando en la aplicación de reformas estructurales, se estimó oportuno formular en el informe estas recomendaciones. Se sugiere intensificar la concentración de la gestión de los residuos en torno a las ocho agrupaciones definidas en el plan; establecer un sistema de información elaborado con criterios uniformes; implantar en las entidades competentes sistemas de registro e imputación de costes para cada uno de los servicios prestados; establecer sistemas y procedimientos de control interno con adecuados sistemas de inspección; cumplir lo establecido en la Ley de Contratos, y recomendar e impulsar el proceso de clausura y adaptación de aquellas instalaciones que no cumplan los requisitos legalmente establecidos, potenciando el desarrollo de los procesos de separación y clasificación, así como los de compostaje y valoración en la red de instalaciones existentes en la comunidad autónoma.


Eso es todo lo que puedo decir de momento de este informe, señora presidenta, que me parece muy interesante porque hace referencia a un servicio del que tanto depende el bienestar de los ciudadanos.


La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pintado.


El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente, por el informe sobre la gestión del servicio de recogida y tratamiento de residuos en las entidades locales de Aragón que nos acaba de hacer.
También les haré un somero repaso manifestando mi acuerdo con la importancia de este tipo de servicios para todos los ciudadanos. La política de carácter medioambiental, que como bien sabemos tiene cada día más peso, supone un cambio de cultura muy importante en nuestro país. Hay un desarrollo normativo bastante prolijo que nace no solamente de la Administración General del Estado o de este Parlamento, sino también de las propias directivas de la Unión Europea y, por supuesto, de las comunidades autónomas, que luego se plasma en los distintos programas de ejecución que llevan a cabo en este caso los ayuntamientos. La búsqueda del crecimiento económico sostenible en el tiempo, la lucha contra la degradación y la contaminación son los claros objetivos para el bienestar de los vecinos de los distintos municipios. Nosotros entendemos que el crecimiento económico lleva parejo claramente un aumento considerable de los residuos sólidos urbanos, y en este sentido se desprende también de este informe cómo el crecimiento ha sido considerable durante estos años analizados. También hay que decir que es necesaria una concienciación plasmada en normas específicas, planes y programas para ejecutar las medidas propuestas.


Entrando en el informe que nos ocupa, la fiscalización de este servicio, el propio informe destaca la dificultad de obtención de datos que permitan hacer una valoración de mayor profundidad, aunque nos parece que los datos que el propio informe aporta son suficientemente significativos y dan pie para tomar una serie de posturas sobre la base de las recomendaciones que hace el propio Tribunal de Cuentas y en las resoluciones que se puedan adoptar dentro de esta Comisión. A nuestro juicio, resulta un dato llamativo el hecho de esa normativa tan prolija de la competencia y del cumplimiento de las normas aplicables, lo que en definitiva ha derivado en un cajón de sastre donde las distintas entidades han tirado cada una por donde ha podido o por donde ha querido y donde han faltado claramente criterios objetivos, técnicos y profesionales a la hora de tomar las decisiones oportunas. Tal y como se desprende del informe, entendemos que los ayuntamientos desconocen los datos de su propia gestión, lo que hace inviable la aplicación de instrumentos que garanticen una mayor eficacia y eficiencia en este servicio. Los sistemas de gestión son aleatorios, responden más a criterios políticos que a criterios técnicos, produciéndose una diversidad que no ayuda absolutamente nada en el cumplimiento de los objetivos marcados. De hecho, el propio informe destaca, como acaba de hacer el presidente del tribunal, que la disfunción entre los distintos servicios se hace de una forma aleatoria y que es difícil hacer un seguimiento en concreto para analizar los propios costes del servicio.


A nuestro juicio, llama también la atención las diferencias de coste por tonelada o coste por habitante en la prestación de ese servicio.
Entendemos que la capital, Zaragoza, tiene un potencial muy importante, con una organización muy potente donde los costes son de una forma dramática inferiores a los que se producen en otra parte de la comunidad autónoma, y en este sentido me gustaría destacar ese coste que va desde los 19 euros a los 191 euros en la comarca de la Jacetania en Huesca.
Bien es cierto que el propio informe -no pongo la venda antes de la herida- reconoce que los datos que tiene no están relacionados con el turismo y seguro que si se aplicaran los datos de aportación turística en esta zona tan importante del pirineo aragonés habría una aquilatación en ese mismo aspecto. En cualquier caso, nosotros llegamos a la siguiente conclusión: Nos parece que el Gobierno de Aragón, competente en esta materia, no ha sido capaz de armonizar una política de eficiencia que consiga abaratar los costes con un servicio más trasparente. Las adjudicaciones de las concesiones de los tratamientos de residuos, con las obligaciones que se derivan para los ciudadanos, han creado distorsiones, y

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se ve claramente un incumplimiento de la propia Ley de Contratos en algunas de estas adjudicaciones. Esto lógicamente repercute en el precio final del servicio, precio final que, como bien sabemos, se establece a través de las tasas municipales; habría que aplicar el principio de recuperación de costes, y con esta política de falta de datos reales podemos tener vecinos de distintas comarcas o de distintos ayuntamientos que estén pagando prácticamente el doble por el mismo servicio que se les presta al lado. Aunque la organización territorial de Aragón está prevista en el Plan de ordenación de la gestión de residuos sólidos urbanos, a la hora de su aplicación no se ha conseguido una verdadera racionalización del servicio. El hecho de la gestión directa de recogida y tratamiento de residuos por diversas entidades que no disponían de procedimientos que permitieran conocer el coste individualizado de cada uno de ellos ha impedido realizar un seguimiento sobre la prestación de los mismos.


De todo el informe llama poderosamente la atención las manifestaciones que hace el Tribunal de Cuentas en relación con la constitución de la sociedad Grhusa, Gestión de Recursos Huesca, Sociedad Anómima. La gestión de esta sociedad ha sido tan polémica que ha terminado incluso en los tribunales con distintas acusaciones en cuanto a lo que nosotros consideramos incumplimiento flagrante de la normativa relacionada con la contratación de personal. El propio tribunal dice que no está justificada la creación de sociedades mercantiles cuyo objeto social sea coincidente con el del consorcio -hay que recordar que aquí había constituido un consorcio y que coincide el objeto social de esta sociedad mercantil al cien por cien con el del consorcio-, puesto que su creación no responde a la existencia de una actividad mercantil derivada del objeto del consorcio, sino que, en aras de una mayor agilidad en la gestión, se eluden los procedimientos administrativos regulados para el desarrollo de esta actividad y, por tanto, las garantías de la normativa administrativa. Nos parece que es un elemento lo suficientemente relevante como para tomar nota y tratar de evitar que este tipo de sociedades puedan llegar a un clientelismo político o puedan dar lugar a polémicas que en definitiva afectan a los ciudadanos. En nuestra opinión, deben hacerse esfuerzos por parte del conjunto de las administraciones públicas para conseguir una mayor transparencia para que los ciudadanos puedan conocer el uso de sus impuestos y que, en definitiva, primen criterios técnicos y profesionales en la necesidad de conseguir una mayor eficiencia en la gestión de los residuos urbanos de los entes de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asimismo consideramos que no se cumple el principio de recuperación de costes en las tasas municipales por este servicio ya que con los datos obtenidos difícilmente se pueden calcular los costes reales en la prestación de este servicio.


Termino, señora presidenta, diciendo que nos parecen muy acertadas las recomendaciones que realiza el tribunal, especialmente las relacionadas con la implantación de sistemas de control, de inspección, para conocer los costes reales de esta gestión. Quiero decir también que a nuestro juicio lo que hace falta es introducir una mayor transparencia en la gestión de los residuos urbanos, una homogeneización y una armonización en cuanto a los sistemas de gestión, y en ese sentido entendemos que el principal competente en la armonización y homogeneización tiene que ser el Gobierno de Aragón. De esta forma estoy convencido de que evitaremos el descontrol y el incumplimiento de los objetivos plasmados en los distintos planes y se fomentará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de contratos.


La señora PRESIDENTA: Señor Tuñón.


El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: No pensaba intervenir pero lo haré brevemente.


Este informe me parece que es bastante novedoso y me sugiere algunos comentarios. En primer lugar, se ha elegido Aragón para hacer esta experiencia y me imagino que será porque no tiene Tribunal de Cuentas autonómico. Me gustaría saber si tienen ustedes análisis comparativos con otras comunidades, es decir, si dentro de los procesos de coordinación que se van a manifestar en el próximo informe -como hicieron ustedes con la fiscalización del patrimonio municipal del suelo, que realmente me parece un informe excelente- este no sería transversal, porque solo lo han hecho de una comunidad. Nos gustaría que este mismo informe se pudiera hacer de otras comunidades porque aparte de las deficiencias en la gestión, que me parece que sí son resaltables, me estoy fijando en la otra parte de este informe, en los análisis de eficiencia que usted realiza, y esto sí me parece que es muy positivo. Considero que es un gran avance respecto de los informes que hace el Tribunal de Cuentas porque es otra manera de mejorar la gestión pública, no solamente a través de los procedimientos y de la gestión sino también a través de los indicadores. Lo cual me lleva a decir que no solamente hace falta hacer las cosas según los procedimientos sino que además hay que ser bastante eficientes en la gestión, y en este caso, quería resaltarlo, me parece muy positivo el informe.


Querría saber cuál es la respuesta que tiene la propia comunidad autónoma respecto de este informe, más allá de los comentarios sobre la gestión.
Quiero saber si realmente les ha estimulado en la futura gestión, en llevar a la práctica las recomendaciones, en constituir consorcios, es decir, en recuperar realmente la parte de recogida selectiva y la gestión de estos residuos.


La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista la señora Gastón tiene la palabra.


La señora GASTÓN MENAL: El Grupo Parlamentario Socialista también agradece la explicación del presidente del tribunal acerca de este informe de la fiscalización

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de la gestión de recogida de residuos urbanos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Tras ver el informe y el análisis que se ha realizado de la gestión de este servicio -servicio que consideramos básico, como bien ha dicho el presidente, en beneficio de los ciudadanos porque constituye ni más ni menos que una parte importante del bienestar de nuestra población-, me gustaría apuntar que tanto en Aragón como en el resto de España, así como en el conjunto del marco de la Unión Europea, por no ir más allá, la propia generación de residuos se ha incrementado conforme se ha ido incrementando el desarrollo económico. Hablamos en este informe de datos y datos y datos, datos en los que en alguna ocasión viene reflejado que no se pueden conseguir; espero de verdad que haya sido porque no hayan podido dilucidarse varios criterios o, como bien dice el informe, porque no haya criterios comunes a lo largo de la recogida en los distintos entes locales. De todos modos confío en que sí haya habido colaboración por parte de todas las entidades locales de la comunidad aragonesa y, a través de los datos que se han logrado recoger y segregar en este análisis, nos damos cuenta de que derivan en una información que no entendemos que pueda ser comparada dentro del propio territorio de la comunidad aragonesa porque, como bien apunta el propio informe en algún punto del mismo, el territorio aragonés tiene unas peculiaridades que deberían ser tomadas en cuenta para poder tomar estos datos como comparables. Como ha dicho el señor Tuñón en la petición que ha realizado, entendemos que quizás la comparación podría realizarse con otros territorios similares de otras comunidades autónomas.


Todos estos cálculos respecto a la recogida de estos residuos sólidos urbanos, en última instancia, acaban en una relación de costes por habitantes y costes por tonelada para poder medir la eficiencia en la prestación del servicio. Pero ello, ya que estamos estudiando datos comparándolos en distintas realidades y contextos, nos lleva a una pregunta: ¿Cuál sería el coste óptimo? Entendemos que el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos constituye un servicio básico y son los propios entes locales los que, dentro del Gobierno de Aragón, tienen esta competencia y, a partir de 5.000 habitantes, también la de reciclado. Pero Aragón, como ha dicho el señor presidente, tenemos una organización territorial distinta para la prestación de estos servicios.


Quienes conocemos a fondo la realidad aragonesa creemos que lo realmente importante en este tipo de políticas es, por supuesto, buscar la eficiencia y la racionalidad, pero sobre todo prestar el servicio a todos nuestros ciudadanos con calidad. Como decía, en nuestro territorio tenemos una serie de peculiaridades que tendrían que formar parte de este diagnóstico de una forma quizá más convincente. Tenemos una gran extensión territorial y en el estudio de la prestación de este servicio también las distancias kilométricas son importantes, sobre todo para el desarrollo del plan que el Gobierno de Aragón marcó ya en el año 1998 y que se vio reforzado por uno posterior en el año 2005. Las distancias kilométricas son importantes en tanto en cuanto una parte importante del coste de este servicio es el traslado de los residuos a los vertederos o a las plantas de transformación. Tenemos una enorme dispersión poblacional, el propio presidente ha remarcado que, excepto la capital, Zaragoza, el resto de la comunidad tiene núcleos muy pequeños y que nada tienen que ver con la población ni siquiera de las capitales del resto de las provincias, tanto Huesca como Teruel. También, como apunta el informe, tendríamos que tener en cuenta que en nuestra comunidad el turismo tiene una importancia relativa respecto a otras comunidades de nuestro país, pero es significativo que ya forme parte de nuestro producto interior bruto, acercándose al 8 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una zonas de gran atractivo turístico y otras que apenas lo son y, a la hora de medir los gastos por habitante, no se tiene en cuenta a estos turistas, que dejan beneficios, pero aseguramos que también dejan residuos sólidos urbanos; sin embargo, en el estudio se achacan a los habitantes de cada territorio.


Por esta gran extensión territorial y esta dispersión poblacional que tenemos, añadiendo que nuestra organización territorial viene delimitada en comarcas por normativa aragonesa y lo que recogen los planes que estudian la gestión de residuos sólidos urbanos en nuestra comunidad autónoma, lo que pretendemos es que los costes por la prestación -como digo, es muy difícil llevarla con calidad a todos los ciudadanos aragoneses- se disparen lo menos posible. Para ello, en 1998 se aprobó el Plan de ordenación de la gestión de residuos sólidos urbanos y en el año 2005 el Plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos en la comunidad aragonesa, conocido como Plan GIRA, que reforzaba el anterior de 1998, sobre todo con un punto que consideramos muy importante, y es que se tenía en cuenta la participación social tanto para la planificación de esta gestión como para informarles, para así conseguir llevar a cabo un desarrollo del conjunto del plan. Si bien tenía marcado un plazo -hoy vemos que va con retraso-, al menos, que se tome conciencia y que la propia sociedad participe de verdad en esta planificación. La organización se lleva a cabo a partir de las comarcas y se crean consorcios en los que están representados, como comprenderán SS.SS., todos los grupos políticos, puesto que todos, tanto en los consorcios como en los distintos ayuntamientos, buscamos la eficiencia y la racionalidad, pero sobre todo, vuelvo a insistir, buscamos la calidad en el servicio.


Como también dice el informe y así lo ha remarcado el señor presidente, esta prestación de servicios se hace en algunas entidades locales por gestión directa. Se ha nombrado también a alguna sociedad mercantil, Grhusa en concreto, puesto que en algunos consorcios que sí se han constituido ya y están en funcionamiento desde hace unos años se crean sociedades mercantiles, pero esto no tiene mayor traducción que la de tratar de agilizar trámites administrativos para llevar a cabo la prestación del

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servicio. Quienes conocemos las administraciones un poquito por dentro sabemos que hay trámites burocráticos que en la Administración pública tardan más en el tiempo que en el caso de las sociedades mercantiles pero hay que remarcar que el capital de estas sociedades mercantiles está al cien por cien, íntegramente, formado por el propio consorcio. Y la gestión directa, como bien ha dicho también, es la mayoritaria, luego también nos llevaría, en definitiva, a una reflexión, y es que en el Plan GIRA, el último de 2005, de la comunidad autónoma tendemos a una gestión directa por los propios consorcios, por las propias entidades locales, pero querer prestar mayor calidad en el servicio y abordar unas poblaciones que distan entre ellas muchos kilómetros inevitablemente hace que los costes sean mayores. En muchas ocasiones hay que elegir entre calidad o coste, pero desde luego el plan se está desarrollando con un concepto que al menos en Aragón tenemos muy presente, que es el de la solidaridad interterritorial.


Antes de realizar unas preguntas y tener información acerca de los datos que recoge el informe, por matizar, me gustaría, habiendo escuchado al señor Pintado del Grupo Popular, manifestar que ha hecho un comentario acerca de juicios por incumplimiento por contratación de personal en Grhusa y me gustaría aclararle que no es contra Grhusa en su conjunto, más bien, busque en hemerotecas, pregunte a sus compañeros, va contra alguien del Partido Socialista que tiene que ver con Grhusa. Simplemente no quisiera entrar aquí porque me parece un informe útil para todos, para todos los aragoneses, para todos los grupos políticos, incluso para todos los de fuera de Aragón, porque se pueden sacar muchas conclusiones en la prestación con mayor eficiencia de este servicio. No quisiera entrar a contestar más, pero...


La señora PRESIDENTA: Señora Gastón, le ruego que vaya concluyendo porque va a llegar al límite de su tiempo.


La señora GASTÓN MENAL: Acabo ya, señora presidenta.


Simplemente, me ha gustado, y he tomado nota, que el señor Pintado, a través del análisis de este informe, mantenga y sentencie que, visto el análisis, no se cumple la recuperación de costes que viene reflejada en las tasas, porque para quienes ya en breves días en algunos casos tenemos que proponer y aprobar unas tasas es verdaderamente útil -pero venimos escuchando en muchas ocasiones del Partido Popular todo lo contrario-, porque en definitiva estos costes en última instancia para quien repercute es para el ciudadano a través de las mismas.


Las preguntas muy concretas que quería hacerle al señor presidente son las siguientes. ¿En qué términos, a la vista de este análisis, podemos medir la eficiencia real de la prestación del servicio a través de forma de gestión directa o indirecta? ¿Con qué costes óptimos -si es que tienen alguno, porque no sabemos si al hilo de la pregunta del señor Tuñón tienen algún informe similar en otras comunidades autónomas- deberíamos comparar los costes de nuestro territorio? Al final, de todas estas recomendaciones y conclusiones ¿qué forma de organización territorial y gestión, como conclusión, podría recomendar este informe? Recomienda -también lo ha remarcado- control interno e inspección. Mi pregunta es: ¿serían estos gastos imputables al coste del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos? Se ha manifestado por activa y por pasiva en este informe que no hay uniformidad, que no hay criterios comunes a la hora de contabilizar los gastos imputables al coste de este servicio.
Comparto las afirmaciones que ha realizado en cuanto a que deberían ser homogéneos, uniformes, pero me gustaría saber qué criterios, si ya existen y si pueden compararse con los de otros territorios.


Simplemente, concluyo diciendo que obviamente con unos datos mejores y una mayor transparencia, a los que deberíamos tender, se conseguiría una mayor eficiencia que va a redundar en beneficio de todos, puesto que, como decía, la repercusión en los ciudadanos a través de las tasas es lo que definitivamente acaban marcando todos estos costes. Esperamos esta información añadida a su explicación y reiteramos nuestro agradecimiento.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Con mucha brevedad. En primer lugar, tengo que decir que las intervenciones del señor Pintado, el señor Tuñón y la diputada señora Gastón -por cierto, un apellido que a los que estamos en esta Casa desde las constituyentes nos resulta de muy grata memoria; se lo quería decir-, que resaltan la novedad de este informe y la calidad, resultan muy estimulantes.
Efectivamente, esta fiscalización está dentro de la familia de las fiscalizaciones horizontales, pero con unos elementos comparativos que se sustancian dentro de la propia comunidad autónoma y no salen fuera de esas fronteras. Dentro de la propia comunidad autónoma hay tres provincias, unos cuantos municipios y muchas geografías con distintas peculiaridades, y todas las comparaciones que hemos podido hacer, para las cuales no ha habido ninguna dificultad en ningún ayuntamiento -también contesto a esta pregunta-, son las que son. Por eso el tribunal no puede pronunciarse sobre cifras definitivas en relación con lo que aquí se me ha preguntado, costes óptimos y fórmulas de organización, etcétera. Se ha elegido esa comunidad porque no tiene órgano de control externo y nos pareció que podíamos hacer una fiscalización horizontal que fuese pionera de una fiscalización horizontal que necesariamente tiene que abarcar, como otras fiscalizaciones horizontales lo han hecho, todo el territorio nacional. Cito por ejemplo la fiscalización de universidades, que seguramente vendrá aquí en cualquier comparecencia, o la de hospitales o cualquier otra de las que ya se han hecho y que

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sí tienen datos de comparación con distintas fórmulas de Gobierno, con distintas geografías, con distintas circunstancias, etcétera. Por tanto, hay que tomar esta fiscalización horizontal con las limitaciones que tiene pero con el propósito que embarga toda la fiscalización y todo el trabajo, que yo creo que sí se ha detectado.


Si yo no he podido facilitar más análisis comparativo del que va entre lo que se ha hecho en las distintas provincias de la comunidad es porque no tenemos otros datos comparativos, señor Tuñón. ¿Cuál es la respuesta de la comunidad autónoma, que es una pregunta inmediata que sí me interesa responder? Pues nos consta seriamente que se está avanzando en el cumplimiento del plan tras la realización de la fiscalización, es decir, que ha impactado. Es más, en otras comunidades nos han pedido hacer esta fiscalización. Por tanto, creo que estamos poniendo una primera piedra, y como tal primera piedra no está el edificio construido y no podemos ver todo lo que queremos para saber cómo funciona este servicio en todos los territorios de España. Yo creo que los órganos de control externo, que en muchos casos son muy defensores de sus competencias, están de acuerdo en colaborar todos juntos para hacer este tipo de fiscalizaciones. Por tanto, repito que las intervenciones de los tres nos llenan de ilusión para seguir trabajando en esta fórmula. Como dije con respecto a otro informe, yo también informaré sobre el criterio aquí obtenido al estudiar este tema.


Efectivamente, como no podía ser menos en la prestación de un servicio que tiene tantos dientes de sierra por razones objetivas que aquí ya hemos señalado, las irregularidades en la gestión se multiplican. Se multiplican, pero se explican. Son irregularidades que proceden de algo que también se ha puesto de manifiesto en todas las intervenciones al analizar los informes de fiscalización de otros ayuntamientos y entidades. Voy a llamar la atención, como no podía ser menos, sobre la creación de los consorcios. La señora Gastón justifica que se utilicen determinadas fórmulas con sociedades de derecho mercantil, huyendo del derecho administrativo totalmente. Reconozca que en la creación de estas sociedades, con independencia de que el capital sea íntegramente del consorcio, hay más facilidades para cometer irregularidades teniendo en cuenta la aplicación de la Ley de Contratación; con otro baremo no le llamaríamos así, pero de lo que no cabe duda es de que la huida del derecho administrativo por las sociedades de todo tipo creadas en los ayuntamientos, etcétera, ha producido irregularidades que llenan muchos informes de fiscalización. Ojalá aquí no. Pero de lo que no cabe duda es de que eso es posible y por eso el señor Pintado pone énfasis en señalar algunos casos. Yo no voy a utilizar el nombre de ninguna sociedad, está ahí y ya está pero no quiero utilizarlo, precisamente porque se trata de un primer informe del que quiero que solo se extraigan consecuencias positivas. Para evitar estas irregularidades que se producen en la contratación, en este caso, como ya hemos puesto de relieve en otras comparecencias, y concretamente en los informes del sector público, autonómico y local, es necesario adecuar la normativa local de las sociedades locales al principio de publicidad y concurrencia y demás reglas ordinarias de contratación, sea cual sea la forma que adopte la empresa pública. Aquí lograremos también algo que alguien ha reclamado que es la transparencia en la gestión.


Mientras no se produzcan estos, tantas veces reclamados, cambios normativos, y en este caso concreto la adaptación a la nueva Ley de Contratación de la que luego seguramente hablaremos, la determinación de los ilícitos contables e incluso de los ilícitos penales seguirán revistiendo una especial dificultad, dificultad que deriva de tipificar una actuación ilícita contraria a las normas en el ámbito de una gestión de sociedades que tienen, repito, un amplio margen de discrecionalidad y una falta de control interno por parte de las entidades locales. ¿Qué esto tiene sus ventajas? Pues, es posible, pero también es posible que tengan todo lo contrario y, sobre todo, es posible que se facilite más contravenir la norma, y eso es algo por lo que el órgano de control externo tiene que velar por encima de todas las cosas.


Yo no quisiera decir más cosas sobre esta fiscalización que, repito, es pionera en este tipo de fiscalizaciones horizontales, que la están reclamando otras comunidades autónomas, que creo que es bueno que el Tribunal de Cuentas haga un esfuerzo y que en el propio programa de fiscalización propongamos una fiscalización horizontal más amplia y, en ese caso, tendremos datos para contestar a las preguntas concretas que usted me ha hecho, señora Gastón, y que yo hoy sería irresponsable si se las contestara de manera concreta.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, EJERCICIO 2004. (Número de expediente del Congreso 251/000053 y número de expediente del Senado 771/000055.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto siguiente que es el informe de fiscalización de la gestión y control de los recursos integrantes del patrimonio municipal del suelo en el ejercicio 2004.


Señor presidente, tiene de nuevo la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Me encuentro tan bien en esta casa que no me dio cuenta que estoy cansado. (Risas.)

Señorías, pasamos al último punto del orden del día que es la presentación del informe de fiscalización de la gestión y control de los recursos integrantes del patrimonio municipal del suelo, ejercicio 2004. Esta fiscalización también es novedosa y me produce ilusión que en esta segunda comparecencia traigamos tres informes, pero fundamentalmente dos, aprobados en el reciente pleno del 26 de junio de 2008, con lo cual el informe

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está tierno, está fresco y, sobre todo, nos permite analizarlo desde el punto de vista del objetivo que persigue, al margen de las responsabilidades que pudiera haber y de todo lo que es la parte negativa de los informes de fiscalización. En relación con esta fiscalización tenemos que resaltar, con independencia de su ámbito temporal, su conexión con una materia de gran actualidad al estar relacionada con la planificación urbanística y la repercusión que la misma presenta para las corporaciones locales, tanto en cuanto al registro y control de los bienes que de su ejecución pudieran derivarse, como de la incidencia de estas actuaciones en su financiación, aun reconociendo que el análisis de la financiación local, sobre la que tanta preocupación vienen manifestando los responsables de las entidades locales, con razón, requiere atender otros frentes y aspectos, además de lo abordado en la presente fiscalización. La fiscalización se programó a iniciativa del Tribunal de Cuentas. Dada la importancia de la materia estimó oportuno incorporarla en su programa anual, habiéndose realizado en colaboración con distintos órganos de control externo de las comunidades autónomas, quienes han llevado a cabo los trabajos correspondientes a los ayuntamientos de su ámbito territorial, con una colaboración y una coordinación que quiero resaltar hoy aquí. Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo las pertinentes actuaciones en los ayuntamientos de las comunidades autónomas que no tienen constituidos órganos de control externo, así como en los casos en que dicho órgano carecía de competencias plenas en la fiscalización de entidades locales o tenía comprometidos sus efectivos en otras materias. La coordinación y la colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control autonómicos se han extendido a todas las fases del proceso de fiscalización, y los resultados contenidos en el informe son el producto de este proceso. Esta actuación coordinada, por otra parte, no ha impedido que algunos órganos de control autonómicos participantes hayan ampliado el contenido de los trabajos inicialmente fijados en los programas de trabajo y hayan tramitado ante sus respectivas asambleas legislativas un informe específico sobre esta materia. En este caso, lo que abunda no daña, sino todo lo contrario. ¿Cuáles son los objetivos del ámbito de esta fiscalización? Los objetivos se centraban en verificar la constitución y el adecuado control del patrimonio municipal del suelo, en analizar los bienes que lo integran procedentes de operaciones llevadas a cabo en el ejercicio fiscalizado y en verificar que su gestión y utilización eran conformes con las finalidades asignadas al mismo en la legislación aplicable. La fiscalización se extendió a 144 ayuntamientos de toda España que representan el 48 por ciento de la población, incluyendo en esta selección los ayuntamientos de las capitales de provincia y los municipios con población superior a 100.000 habitantes.
En definitiva, se estima que la muestra era suficientemente representativa de la organización local, especialmente de la correspondiente a las entidades con mayor núcleo de población. También se hizo la fiscalización sobre cinco ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en cada comunidad autónoma.


¿Cómo se configura el patrimonio municipal del suelo? Está concebido, con carácter general, como un instrumento para la intervención en el mercado inmobiliario, con la finalidad de regular el mercado del suelo, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución del planeamiento municipal acordado. Está integrado por los bienes, derechos y recursos adquiridos como consecuencia de la acción urbanística de cada ayuntamiento que deben destinarse a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social. Se trata, por lo tanto, de un patrimonio de titularidad municipal que debe estar segregado de los restantes bienes municipales. Con independencia de esta consideración general, el Tribunal de Cuentas en su informe -a través de un sucinto análisis de la normativa aplicable, partiendo de su origen en el reglamento de bienes de las corporaciones locales, de 27 de mayo de 1955- deja constancia de cómo, bajo una misma denominación, en las sucesivas regulaciones estatales del patrimonio municipal del suelo se han ido incorporando instrumentos de contenido esencialmente diferente, lo que adquiere una mayor relevancia al residenciar en las comunidades autónomas la competencia reguladora del urbanismo y con ello de las políticas del suelo. El resultado ha sido que una misma denominación ampara instituciones distintas, tanto en la exigencia misma de su existencia como en la identificación de los bienes integrantes e, incluso, en las finalidades a las que han de destinarse.
El informe recoge a este respecto una breve referencia a la nueva Ley -no podía ser menos- 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo para indicar que en consonancia con la doctrina establecida por las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional sobre la competencia exclusiva del Estado para dictar las bases de la planificación general, la nueva regulación presenta aspectos innovadores que requerirán la adecuación a la misma de las normativas autonómicas sobre patrimonio municipal del suelo. Como es lógico, esta es una de las primeras recomendaciones que formula el informe.


De acuerdo con los resultados alcanzados en la fiscalización, en el informe se pone de manifiesto que, aunque todos los ayuntamientos disponían de instrumentos de planeamiento urbanístico general, solo el 38 por ciento de los ayuntamientos fiscalizados mantenían planes con una antigüedad superior a diez años, lo que determinaba que tales instrumentos se encontraran pendientes de adaptar a las normas urbanísticas de sus respectivas comunidades. Y definían modelos urbanísticos prácticamente concluidos, lo que favorecía un desarrollo urbanístico a través de modificaciones singulares con la consiguiente dificultad para su control.


En relación con la constitución de los patrimonios municipales del suelo para los respectivos ayuntamientos, se constató que solo el 15 por ciento lo tenían formalmente constituido y únicamente el 30,5 de los analizados

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mantenían un sistema que permitía la identificación y control de los bienes inmuebles del patrimonio municipal del suelo diferenciados del resto de bienes municipales, sin que pueda establecerse una correlación entre los que tienen constituido el patrimonio municipal del suelo y los que disponen de inventario. Por otra parte, los inventarios disponibles presentaban una falta de coordinación y homogeneidad y, en general, no respondían a las características esenciales de un inventario en cuanto al registro ordenado de todos los bienes, derechos y cargas y a la correcta valoración de los mismos. A este respecto, únicamente nueve ayuntamientos mantenían permanentemente actualizados sus inventarios en cuanto a los bienes que los integran. Asimismo, se observó una falta generalizada de control sobre los recursos no materializados en inmuebles que también deberían formar parte del patrimonio municipal del suelo, tales como los ingresos financieros procedentes de la enajenación y aprovechamientos urbanísticos e inmuebles, lo que determinaba que no pudiera conocerse si se destinaban a las aplicaciones fijadas legalmente para los recursos derivados de este patrimonio. En el informe se indica que 57 ayuntamientos de los 144 fiscalizados no identificaban las partidas del presupuesto de gastos que se financiaban con recursos del patrimonio municipal del suelo y 41 no llevaban un seguimiento de los proyectos de inversión afectados a dicha financiación.


Por lo que se refiere a los bienes y recursos que se han integrado al patrimonio municipal del suelo durante 2004, básicamente estaban conformados por los recursos obtenidos por enajenación de bienes de dicho patrimonio y por los provenientes de la cesión del aprovechamiento lucrativo o su conversión en metálico. Como consecuencia de todo lo expuesto cabe resaltar, por lo que respecta a la información contable, que los estados demostrativos de la situación patrimonial de los diferentes ayuntamientos no ponían de manifiesto la composición y situación del patrimonio municipal del suelo ni sus variaciones, lo que afectaba a la representatividad de los balances de situación y del resultado económico-patrimonial del ejercicio fiscalizado.


Voy a ver si resumo un poco lo que me queda por exponer. Aunque están en el informe, hay algunas cosas que sí quisiera resaltar. Como ya se ha indicado, la normativa autonómica no es uniforme en cuanto a la aplicación de los recursos provenientes de los bienes integrados en el patrimonio municipal del suelo. Se estima que esta diversificación de usos no facilita la regeneración de dicho patrimonio y en cambio dificulta su seguimiento. Del análisis de las operaciones generadas en 2004 se deduce que el 16,3 por ciento de los recursos generados se destinó a la construcción de viviendas con algún régimen de protección pública y el 20,7 por ciento a la construcción de vivienda libre y otros usos, de conformidad con lo previsto en la normativa autonómica, mientras que el 8,8 por ciento se dedicó a la conservación y mantenimiento del patrimonio y el 35,8 por ciento a otros fines de interés social. Ha de resaltarse que el 18,4 por ciento restante fue utilizado para otras finalidades públicas, cuya financiación no estaba prevista legalmente entre los posibles destinos a dar a estos fondos; esta última circunstancia se ha producido, en general, en la utilización de los fondos en metálico obtenidos como consecuencia de la conversión a metálico de aprovechamiento o enajenación de parcelas. El carácter vinculante de este patrimonio de unos destinos específicos requiere que los ayuntamientos mantengan un control y un seguimiento de los gastos en relación con los ingresos que los financian. No obstante, en la fiscalización se ha constatado que 57 ayuntamientos no identifican los gastos financiados con recursos de este patrimonio y 41 de ellos no llevan ningún seguimiento de los proyectos de inversión afectada a esta financiación. Se estima, por tanto, que la descripción efectuada en el informe sobre esta situación es suficientemente elocuente sobre la necesidad de intensificar todo tipo de medidas normativas, de supervisión y de responsabilidad en la gestión, que conduzcan a corregir lo antes posible las numerosas deficiencias encontradas y a tener un control más preciso sobre todos los bienes y derechos que conforman el patrimonio municipal del suelo. A tal fin van dirigidas las recomendaciones incorporadas en el propio informe de fiscalización, que le resumo brevemente. El Tribunal comienza recomendando que las comunidades autónomas procedan a adaptar sus legislaciones urbanísticas a la nueva Ley de Suelo, la ley de 2007, de modo que se cumplan las nuevas prescripciones establecidas y se acoten algunos aspectos como la referencia a los usos de interés social, a fin de evitar interpretaciones y aplicaciones contrarias a la misma, adaptación de la normativa que debería ir acompañada de una potenciación de las funciones de asesoramiento y supervisión. Junto a esta recomendación formulamos otras diez sugerencias que consideran necesario que todos los ayuntamientos dispongan de un acuerdo de constitución formal del patrimonio municipal del suelo, acompañado de un inventario inicial de sus bienes, incluyendo los recursos no inmobiliarios afectos al mismo, de forma que los estados financieros patrimoniales reflejen la imagen fiel y los resultados de este patrimonio y la memoria anual aporte una información suficiente sobre el mismo.


En relación con el control, se insta a las comunidades autónomas a que efectúen el desarrollo reglamentario de los registros del patrimonio municipal del suelo previstos en sus leyes, estableciendo un modelo común para todos los ayuntamientos. Finalmente, se recomienda a todos los ayuntamientos que consignen en el presupuesto los ingresos que se prevea liquidar durante el ejercicio por la gestión del patrimonio municipal del suelo y que se incluyan los proyectos de inversión derivados de dicha gestión, adoptando el pertinente acuerdo de reserva cuando se produzcan ingresos no previstos.(El señor Mas i Estela: Sí.) ¿Es mucho lo que se pide? ¿Es mucho lo que se recomienda? Sí, mucho, pero los legisladores estamos para algo.


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La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.


El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Señora presidenta, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al presidente del Tribunal de Cuentas por su presencia ante esta Comisión y por su presentación del informe. Como parte de los veinticinco años que ha sido diputado el señor Núñez los hemos compartido, me van a permitir SS.SS. que le dé una bienvenida especialmente afectuosa porque, como decía Isabel Paterson, uno no hace amigos, los reconoce a medida que los va encontrando. Señor presidente, le ruego también que en nombre de mi grupo transmita la felicitación al Tribunal de Cuentas por el objeto de esta fiscalización y los resultados obtenidos, así como por el procedimiento seguido para su realización. Es un informe impecable y las conclusiones y las recomendaciones que el señor presidente nos ha leído y que vienen en el informe deberían ser de obligada lectura municipal.


Señorías, el informe de fiscalización nos aproxima a una realidad de plena actualidad en estos momentos de crisis inmobiliaria y nos enfrenta a uno de los principales problemas con que se encuentra el sector público local como es el de su financiación. El señor presidente ha dicho que sobre la financiación local están muy interesados en el mundo municipal y ha dicho que con razón. No solo en el mundo municipal; ayer mismo veíamos en el Congreso una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular que fue rechazada por el Grupo Socialista, que siempre nos dice que no traemos nunca propuestas pero cuando las traemos no sabe qué hacer con ellas y las vota en contra. Es verdad que la situación analizada en el informe es la referida al ejercicio 2004 y desconozco si la situación actual se mantiene en el estado lamentable -porque esa es la palabra que creo que hay que emplear- que nos describe el informe o si ha mejorado tras corregir las deficiencias encontradas. El señor presidente ha resaltado que la extensión de la fiscalización a una amplia muestra de 144 ayuntamientos, que abarcan casi el 50 por ciento de la población del territorio general, permite alcanzar una radiografía suficientemente elocuente y representativa de la gestión y control a nivel nacional de recursos integrantes del patrimonio municipal del suelo, prescindiendo de las singularidades que algún ayuntamiento o comunidad autónoma pudiera tener.


El deficiente resultado obtenido, señorías, necesariamente ha de conducir a una reflexión sobre los motivos que han permitido que se alcanzara dicha situación y sobre las medidas que deberán adoptarse para que una materia de tanta relevancia en la actividad social de los ayuntamientos y en su financiación esté debidamente reglada, impidiendo que la participación en esa gestión sea fuente de actuaciones dominadas por la corrupción, en contra de los intereses sociales, que deberían ser el objetivo directo de la misma. En este planteamiento cabe efectuar una doble consideración. En primer lugar, a la compleja distribución de competencias, que tan bien ha descrito el señor presidente en esta materia, ha de agregarse la heterogeneidad de la normativa autonómica en cuanto a la configuración del patrimonio municipal del suelo y al destino a dar a los ayuntamientos analizados. Por otra parte, resulta decepcionante, señorías, la situación de los ayuntamientos analizados.
Creo que lo ha resaltado bien el señor presidente. Únicamente, por poner algunos ejemplos de los que vienen en el informe, el 15 por ciento de los municipios tenían constituido formalmente este patrimonio municipal del suelo y solo 44 ayuntamientos diferenciaban los bienes de dicho patrimonio del resto de los bienes municipales, como es su obligación y queda suficientemente claro en el informe. En ninguno de los municipios en donde estaba previsto el registro se puso éste en marcha. En cuanto a los inventarios, limitados a los bienes inmuebles pese a la existencia de otros bienes que forman parte del patrimonio municipal del suelo, presentaban tales carencias en su registro y en la valoración de los bienes que perdían toda su virtualidad. (La señora vicepresidenta, Sanjurjo González, ocupa la Presidencia.)

Respecto a la importancia de estas carencias, ha de tenerse en cuenta que todo este patrimonio tiene una finalidad social explícita; finalidad que puede verse perjudicada cuando no se tiene un control sobre el mismo y se impide que el control que posteriormente pudieran efectuar otras instituciones como el Tribunal de Cuentas pueda tener alguna efectividad, al carecer de la información y documentación necesaria. No puede eludirse la referencia a la importancia de esta materia en la financiación de las entidades locales y la fácil propensión a que los ingresos percibidos por esta actividad puedan derivarse, en el mejor de los casos, a otras actuaciones ordinarias menos orientadas a la atención de las necesidades sociales para las que están predestinadas. Creo que el presidente ha sido suficientemente claro, pero uno de los datos que ha dado y que viene en el informe es que solamente un 18 por ciento fue utilizado para finalidades no previstas legalmente, es decir, todavía podía haber sido peor. Se ha aprobado recientemente una nueva Ley de Suelo -que será motivo de una pregunta que le voy a hacer, señor presidente-, a la que las comunidades autónomas deberán acomodar sus respectivas legislaciones autonómicas. A este respecto, debería llevarse a cabo un esfuerzo compartido por todas las comunidades encaminado a uniformar, en lo posible, esta adaptación y a que se implante un modelo único de registro en los términos recomendados por el Tribunal de Cuentas. Asimismo, deberán preverse medidas de coordinación y apoyo a los ayuntamientos a fin de que implanten las medidas necesarias en su gestión ordinaria para el adecuado control y gestión de este patrimonio y que las comunidades autónomas tengan seguridad de que esta gestión es la prevista en la normativa aplicada. Señorías, el informe del tribunal ha servido para que se reconozca públicamente la situación en esta materia tan delicada y sensible. El Grupo Popular toma nota de la lamentable

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situación e insta a todos los grupos parlamentarios a participar de esta preocupación y, entre todos, buscar fórmulas que eviten que esta situación persista en el futuro. Entre todos hemos de acertar en incorporar estas fórmulas en las resoluciones que definitivamente se adopten. Para terminar, no queda más que agradecer al tribunal que nos haya enfrentado a una situación de deficiente gestión pública que, necesariamente, requiere el esfuerzo de todos y en especial de los ayuntamientos para su subsanación.


Concluyo con dos preguntas breves al presidente del Tribunal de Cuentas.
Primera, el presidente ha hecho una referencia a la nueva Ley de Suelo 8/2007, de 28 de mayo, y a este respecto le quiero preguntar si se considera oportuno evaluar si esta nueva regulación es suficiente para poner en orden la lamentable situación descrita en el informe del tribunal sobre la constitución y control de este patrimonio. La segunda y última pregunta es que una de las cuestiones que se deducen de este informe -y del de Marbella que hemos visto con antelación- es la carencia de planes urbanísticos actualizados, lo que favorece la suscripción de convenios con promotores de determinadas actuaciones de las que pudieran derivarse importantes compromisos para la corporación local. Por otra parte, la falta de publicidad de esos convenios puede dar pie a actuaciones indeseables desde el punto de vista de la gestión de los recursos públicos. Por eso le pregunto al señor presidente del Tribunal de Cuentas si al tribunal se le comunica habitualmente la celebración de estos convenios y si el tribunal tiene un control y un seguimiento continuado sobre estos convenios y su ejecución.


La señora VICEPRESIDENTA (Sanjurjo González): Tiene la palabra el señor Tuñón.


El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Le felicito por el informe porque -estoy de acuerdo con mi antecesor- me parece impecable, consistente, un informe que al final aclara muchísimas cosas y que se adentra en unos terrenos, como son los de urbanismo, que afectan a todo el territorio nacional.
Porque la sensación de opacidad en la gestión urbanística es una sensación que hemos tenido todos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) El hecho de que el Tribunal de Cuentas se atreva de una vez por todas -al margen de colores, de diferencias, de comunidades- con un tema objetivo que son los ayuntamientos mayores de España, es decir, prácticamente los 144 ayuntamientos, para que haya una colaboración de todos los ayuntamientos me parece bastante loable, me parece que es dar un paso más en la cultura de la fiscalización y, en este caso, del urbanismo. Nuevamente, hemos entrado en terrenos que antes eran movedizos y que, en estos momentos, cada vez son más consistentes en cuanto a la garantía de este tema que además es absolutamente opaco.


No me ha sorprendido mucho el tema, es decir, me da la sensación de que este es un asunto pendiente, aparte de la compleja normativa estatal, autonómica; yo creo que la culpa no es de la normativa, es de que los ayuntamientos nunca se han tomado esto en serio, y además se hace normalmente a través de gestión de gerencias de urbanismo, que funcionan muchas veces al margen, o de forma descentralizada, para utilizar una palabra amable sobre esta gestión. Me parece que el hecho de no constituir patrimonios, de no haber inventarios, de no haber composición, y no haber seguimiento son características comunes. He visto el informe que publicó en este caso el Tribunal de Cuentas autonómico de Navarra, y compruebo que todos andamos igual, es decir, aquí nadie puede sacar pecho, ni mucho menos. Me da la sensación de que es un tema que tenemos que interiorizar, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular, y sacar consecuencias, que me parece muy importante. También me parecen fundamentales las cifras que se dan sobre el destino de los recursos, como ya se ha explicado. Sería interesante que las recomendaciones fueran una especie de jurisprudencia que todos los ayuntamientos tendrían que tener sobre un tema tan novedoso, porque muchas veces se pone la excusa de que no se sabe muy bien y que la normativa es compleja. En estos momentos, queda muy claro qué es el patrimonio municipal del suelo y cuáles son las recomendaciones para una buena gestión. Por eso a mí, con independencia de que me preocupen los resultados, lo que me interesa es que de aquí en adelante, cuando se hagan este tipo de fiscalizaciones, los ayuntamientos no van a tener excusas, o no van a decir: yo no sé, no contesto; me ha cogido usted desprevenido. No. Es decir, esto se ha hecho ya, se ha hecho con una muestra de todos los ayuntamientos de España y esto es lo que usted tiene que saber. En este caso, quiero felicitarle y preguntarle si se puede vislumbrar -aunque es un fenómeno muy reciente- la acogida que ha tenido, no solamente en ayuntamientos y en comunidades, y cómo ha sido recogido este tipo de informes del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA: ¿Señora Riera? No interviene. Señor Mas, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor MAS I ESTELA: De entrada, señor presidente del Tribunal de Cuentas, mis felicitaciones y las felicitaciones del grupo porque el tribunal se ha encargado de auditar un tema realmente importante e interesante. Pienso que entre de los temas municipales -antes hemos visto otros, luego hablaremos- la cuestión del patrimonio municipal del suelo y cómo lo controlan las corporaciones locales interesa desde el punto de vista de ver qué está pasando en nuestros municipios, los 8.000 municipios. Ustedes han acotado 144, con el 48 por ciento de la población -después leeré una propuesta muy pequeña de ampliación-. En todo caso, expreso las felicitaciones del Grupo Socialista al Tribunal de Cuentas por abordar esta materia. Antes de entrar en ella, quiero resaltar un tema que me parece interesante, que

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es la colaboración del Tribunal de Cuentas con las OCEX de toda España, porque dado que se trata del tema del control autonómico es una cuestión que es diferente en cada autonomía. Me parece que hay que destacar la colaboración del Tribunal de Cuentas con las OCEX, y le vamos a proponer -supongo que nos dirá que sí- que siga esta colaboración.


El señor Tuñón ha dicho que no se había sorprendido demasiado. Para los que hemos estado en el mundo municipal no ha habido ninguna sorpresa. Me van a permitir una pequeña explicación personal. Yo fui alcalde de una de estas poblaciones hasta el año 2004, por tanto, seguramente se ha estado auditando mi propia gestión. No sé cuál es el resultado porque los datos son agregados, pero mi gestión está aquí dentro. Y digo que no ha sido ninguna sorpresa porque supongo que sería de político inconsciente pensar -y creo que no los hay, especialmente los que están sentados en un sillón de una alcaldía- que su gestión, o el control de su gestión, es absolutamente perfecto, que no chirría nada, que todo se hace correctamente. Siempre nos íbamos a la cama -y supongo que los alcaldes actuales continúan yéndose así a la cama- pensando qué cosa puedo estar haciendo mal y por dónde, en el día de mañana, me pueden coger por algo que no es correcto. Es evidente, a pesar de ello, que un conocimiento de las insuficiencias en la gestión no excusa de su cumplimiento, aunque hemos de graduar la exigencia de los requerimientos en aras de la eficacia. No podemos pretender que de golpe y porrazo todas las cosas que seguro que se hacen mal, o que no se hacen en alguna determinada entidad, se corrijan. Creo que, entre otras cosas, es la función del Tribunal de Cuentas y de todas las auditorías ir poniendo sobre la mesa las cosas que no se hacen bien, las insuficiencias, para que se vayan corrigiendo. Por tanto, señoras y señores diputados, creo que en el caso de las corporaciones locales, y más concretamente en el caso del patrimonio municipal del suelo, hay mucho trecho por recorrer: si son o no obligatorios los registros, las declaraciones de los ayuntamientos para que creen los registros, que, como le decía al señor presidente, son muy pocas, hasta los correctos inventarios, no solo los físicos sino los monetarios derivados del patrimonio municipal del suelo, los usos que se están dando, que se han puesto de manifiesto en estos dos excelentes cuadros, donde explica de dónde se obtienen y cómo se gastan, que me parece que son realmente ilustrativos del informe. Todas estas cosas indican que hay mucho camino por andar.


Antes de meterse en otros terrenos de las administraciones locales -en el punto anterior hablábamos de residuos sólidos urbanos- nos queda pendiente de ver el informe de fiscalización de otro tema -perdónenme, no es ironía- apasionante, que es el de los cementerios municipales. Para los que hemos estado aquí dentro, tanto las basuras como los cementerios son temas realmente apasionantes, muy bonitos y además muy necesarios.
Estamos hablando del patrimonio municipal del suelo, hemos hablado de basuras, de residuos sólidos urbanos, hablaremos próximamente de cementerios y, señor presidente, me gustaría saber su opinión sobre si a la vista de lo que está saliendo considera usted necesario continuar centrando su atención en este tema y no dispersarse hasta conseguir que vayamos mejorando la calidad del funcionamiento de estos aspectos concretos. En nuestra opinión, esto es así y propondríamos en todo caso que se continuara, pero nos gustaría conocer la suya sobre si vale la pena y está usted de acuerdo en continuar por esta línea. En caso de continuar, hay dos consideraciones sobre las que nos gustaría que el señor presidente nos diera su opinión. Me parece que la primera es evidente -ya lo ha dicho-, es la colaboración con las OCEX, las oficinas de control externo de las comunidades autónomas; las que ya funcionan creo que tienen que continuar esta colaboración. En caso de continuar, quisiera saber qué le parecería la ampliación del número de ayuntamientos. Tengo el recuerdo de que cuando hicimos un primer análisis de cómo se repartía la población, en lugar del límite de 100.000 habitantes cogimos el límite de 75.000 porque prácticamente abarcaba a la mitad de la población española. No creo que pusiéramos demasiados ayuntamientos y, en cambio, podríamos decir que estamos ya en la mitad de la población española. Tradicionalmente se habla de capitales de provincia y siempre nos olvidamos de capitales de comunidades autónomas, porque solo hay una que no es capital de provincia; tampoco es un tema importante, pero a veces se dice que hemos cogido todas las capitales de provincia, ¿y todas las comunidades autónomas? Solo hay una, que es el caso extremeño, como todos ustedes conocen, que no tendría demasiada importancia añadir. Más adelante, especialmente por el fenómeno analizado -me gustaría saber su opinión, señor presidente-, habría que colocar el prisma o la lupa en las áreas metropolitanas, porque todos conocemos municipios capitales de provincia que tienen a su alrededor municipios pequeños pero que configuran una cierta área metropolitana, y valdría la pena seguramente en otro estadio del análisis meterse con ellos.


Nos gustaría conocer su opinión sobre estos temas que le hemos planteado y que me parece que será positiva. Reitero el agradecimiento del Grupo Parlamentario Socialista por enfocar esta cuestión. En relación con un tema que planteó el Grupo Popular, el señor Gómez Darmendrail, estoy absolutamente de acuerdo, y le tomo la palabra, con la necesidad de explicar conjuntamente desde el Parlamento a los municipios españoles la importancia del correcto control de estos temas. Pienso que cuando hagamos las recomendaciones nos pondremos fácilmente de acuerdo, espero, porque creo que la voluntad que tenemos todos los grupos políticos en esta Cámara es que no se pueda decir que el descontrol que hay en el patrimonio municipal de suelo sirve para ocultar medidas de corrupción, ya que probablemente de los 144 ayuntamientos analizados a la mayoría de ellos no les podríamos atacar por esta vía, les podríamos

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atacar por dejadez o desidia administrativa, pero probablemente no les podríamos atacar por esa otra vía, y por tanto sería muy interesante que les explicara conjuntamente la necesidad de actuar en esta área.


La señora PRESIDENTA: Señor presidente del Tribunal, tiene usted la palabra para contestar a sus señorías.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): De nuevo vuelvo a sentirme muy confortado por el tono y el contenido tan elevados de las intervenciones de los tres portavoces que han glosado, por así decirlo, y han valorado esta fiscalización. No tengo más remedio que contestar casi por una alusión personal a mi querido amigo y compañero de tantos años Gómez Darmendrail, al que yo también doy la bienvenida en esta Comisión y agradezco mucho que esté en ella. Para eso están los amigos. (Risas.) Fuera de bromas, efectivamente, la bienvenida del primer día ya fue lo suficientemente emotiva como para que volvamos otra vez a darle cancha al corazón.


Efectivamente, entrar en esta cuestión, como han dicho tanto el señor Gómez Darmendrail como el señor Tuñón y el señor Mas, es un reto, pero es un reto para todos. El Tribunal de Cuentas no va a cejar en este empeño, y ya contesto a una primera observación del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Mas. No hay ningún inconveniente en que en el próximo programa de publicaciones insistamos en este tema y lo ampliemos, y tomo los parámetros de los 75.000, de las capitales de las comunidades autónomas y el prisma en las áreas metropolitanas. Creo que son tres datos que pueden servir para marcar los nuevos objetivos de una fiscalización que justamente por lo que voy a decir ahora no puede quedar en agua de borrajas, y no puede ser sencillamente, como también decía el señor Tuñón, una especie de vademécum para dar a conocer a todos los ayuntamientos lo que están haciendo bien, lo que no están haciendo bien y lo que la ley les manda.


Dicho todo esto como primera introducción, tengo que contestar a preguntas concretas que me han hecho y sobre todo a una que el señor Gómez Darmendrail fijó con mucha concreción, y es la nueva Ley de Suelo y su posible incidencia en la subsanación de las deficiencias puestas de manifiesto en este informe. Efectivamente, en el informe del Tribunal de Cuentas se incluye una breve referencia, mejor dicho dos, a la Ley de Suelo de 2007, donde se recoge que la configuración del patrimonio municipal del suelo ha experimentado un cambio en la misma. Por lo tanto, es a esta ley, más que a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que no tienen tanta fuerza de obligar como la ley, a la que han de remitirse los ayuntamientos y hacia la que han de poner su catalejo los distintos ayuntamientos. Este patrimonio se concibe en la ley de 2007 como un patrimonio separado y los ingresos obtenidos del mismo han de destinarse a su administración y conservación, y uno de sus aspectos más innovadores es su vinculación a actividades de transformación y ordenación urbanística, se restringe en la ley su uso para la construcción de vivienda protegida, si bien amplía su utilización a otros usos de carácter social pero siempre relacionados con la ordenación urbanística, y amplía la reserva hasta el 30 por ciento de su importe para vivienda protegida. Estos datos están en la ley; no están en nuestro informe y no están en nuestras recomendaciones. En estas se dice que se siga la ley de 2007. Se fijan nuevos mecanismos de transparencia. La transparencia es un elemento definitivamente esencial en la gestión del sector público. Ya no es un principio ético: está como un precepto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en la propia Ley presupuestaria, pero no voy a entrar en estos temas. Se fijan en la Ley del Suelo nuevos mecanismos de transparencia, pero habiendo sistemas de información urbana y estableciendo mecanismos de publicación de las decisiones relacionadas con la ordenación territorial y urbanística, además de la solicitud preceptiva de informes previa a adopción de los pertinentes acuerdos en esta materia y otras previsiones, como la publicación anual de las declaraciones anuales de bienes y actividades de los responsables de esta actividad. En la disposición adicional primera de la ley se establece que con el fin de promover la transparencia la Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, definirá y promoverá la aplicación de criterios y principios básicos que permitan la formación y actualización permanente de un sistema público de información sobre esta materia. Por otra parte, las comunidades autónomas deberán adaptar su propia autonomía al contenido de esta nueva ley, como se reitera en el informe.


Cuando el informe hace su diagnóstico y establece la situación irregular en muchos ayuntamientos, no está haciendo una tarea inquisitorial. Yo me alegro mucho de que por el contenido de las intervenciones no se haya interpretado así. Se está partiendo de una situación para saber con claridad cómo se debe aplicar la nueva legislación y qué beneficios puede reportar para todos. Por eso, señor Mas, repito, no tenemos más remedio que seguir con este tema y no perdernos en otros trabajos, que efectivamente habrá que llevar a cabo, pero dando preferencia a este tipo de fiscalizaciones horizontales y extrayendo ya consecuencias y llevando una labor de seguimiento que efectivamente en este informe no está, porque en este informe es un punto de partida. Por tanto, se ha abierto un proceso de normalización en esta área, en el que todos debemos estar implicados, y lo estamos. No voy a decir aquí ni mucho menos todo lo que se dice de la política del suelo de estos años. ¿Para qué? Lo sabemos todos. No seamos masoquistas en esta tarde.


También se me ha preguntado por algo que tiene mucha relación con lo que estamos diciendo, y algunos casos del informe justamente los dejé porque sabía que iban a ser objeto de alguna pregunta, y es la celebración de convenios de urbanismo y su seguimiento por el Tribunal de Cuentas. Se me olvidó antes exponer este tema justamente con el informe de Marbella, pero el señor

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Gómez Darmendrail me lo ha recordado y yo se lo agradezco, porque efectivamente tanto allí como aquí cabe hablar de este tema, puesto que una de las actuaciones que mayor supervisión requieren es la celebración de convenios relacionados con el urbanismo y el desarrollo territorial.
Como el informe del tribunal señala, las entidades locales deberían tener aprobado su correspondiente plan de ordenación urbanística, pero se ha observado que en ocasiones no se dispone de este plan o que no está actualizado, lo que facilita que las actuaciones se definan y desarrollen a través de convenios firmados con promotores, que suelen ir acompañados de falta de publicidad en los mismos. El Tribunal de Cuentas -este es un dato nuevo y una noticia- ha aprobado recientemente un informe sobre los convenios en general que no están sometidos a la regulación sobre los contratos de las administraciones públicas y que permiten orillar el cumplimiento de los requisitos a estos exigidos. En dicho informe el tribunal llama la atención sobre la injustificada utilización de dicha vía para el desarrollo de la actividad pública. Este informe sobre convenios también lo veremos aquí, porque efectivamente es un complemento necesario del que estamos viendo.


No sé si me estoy alargando mucho -voy a repasar, por si acaso se me queda algo importante en el tintero-, pero quisiera reiterar que nuestra colaboración con los órganos de control externo es absolutamente necesaria. Por lo tanto, no es que queramos o no queramos, es que tenemos que tener -y hablo en perifrástica activa- una magnífica relación con ellos desde la lealtad institucional, es decir con respeto a las competencias pero sabiendo que todos podemos sumar. Nosotros tenemos que trabajar más en las comunidades autónomas que no tienen órgano de control externo, que solamente son cinco, pero con las demás no cabe duda que hay que establecer, como están establecidas, unas comisiones de coordinación que se reúnen en el Tribunal de Cuentas con una frecuencia razonable, dos o tres veces al año, y con ellos tratamos de sortear las dificultades y de llegar a resultados como este que hoy he tenido la suerte de presentar a ustedes y de que les haya complacido.


Muchas gracias por su atención, y perdonen si me he extendido demasiado en sus observaciones. Si alguna pregunta ha quedado sin responder, trataremos de hacerlo en próximas ocasiones. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez. El agradecimiento es mutuo. Lo han expresado todos los portavoces de la Comisión que han intervenido, y yo también me uno a ese agradecimiento y al esfuerzo que le hemos exigido en esta Comisión al tener un orden del día tan extenso y que ha hecho que se alargue a lo mejor de manera excesiva. Muchísimas gracias por su presencia en esta Comisión, señor presidente.


Hacemos un breve descanso de dos minutos para despedir al presidente, y continuamos con el último punto del orden del día. (Pausa.)

RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2005. (Número de expediente del Congreso 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


En primer lugar, punto 7º del orden del día: Ratificación de la ponencia.
¿Se ratifica por parte de todos los grupos? (Asentimiento.)

Queda ratificada.


DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA Y VOTACIÓN TRAS EL DEBATE DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS:

- DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2005. (Número de expediente del Congreso 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos entonces al siguiente punto, que es el análisis de las propuestas de resolución, sobre las que me han comentado los distintos portavoces que han llegado a un acuerdo en cuanto a la redacción final de las propuestas que tiene que aprobar esta Comisión, por tanto se reservan sus intervenciones para la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados. Por consiguiente, no tendremos intervenciones en defensa de las propuestas de cada uno de los grupos. Si les parece a SS.SS. vamos a pasar a la votación de las propuestas de resolución que han hecho los distintos grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el Grupo Popular y el Grupo Socialista.


En primer lugar, vamos a votar las propuestas 10 y 25 conjuntamente que nos han hecho llegar los portavoces de los grupos.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas por unanimidad.


Pasamos a votación la propuesta número 8.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Pasamos a la propuesta número 15.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 21; abstenciones, dos.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Propuesta número 18.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 21 y abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Propuesta de resolución número 19.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 21; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Propuesta número 23.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 22; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Pasamos a la propuesta de resolución número 44.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones 19.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. Pasamos a continuación a votar las propuestas de transacción que se han producido y que han llegado a esta Mesa. Si SS.SS. no tienen inconveniente podemos pasar a una votación de conjunto sobre las distintas transacciones que se han efectuado, que se refieren a las propuestas de resolución 1, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 41, 42, 43; la 2, la segunda transacción a la propuesta número 2; a la 6; a la 35; a la 43; a la 3.ª propuesta de resolución, a la 4.ª, 16 y 14, a la 5.ª y 36; a la 6.ª, 7.ª, a la número 9; la número 27; la número 28; la número 7; la número 8; la número 13; la número 32; la número 9; 17; 8; 45; la 10; la 22; la 33; la 11; la 24; la 40; la 12, la 37, la 13; la 38; la 14 y la 39. (Rumores.) Señorías, la 8 es el número de transacción que han presentado ustedes y que se refiere a la propuestas de resolución 13 y 32.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas por unanimidad.


Por último, votamos el dictamen de la ponencia en su conjunto.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad. (El señor Mas i Estela pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Señor Mas.


El señor MAS I ESTELA: Señora presidenta, los portavoces estamos de acuerdo sobre una propuesta que ha decaído, la 11 del Grupo Popular, en sugerirle a la señora presidenta que su contenido, que es que la Comisión se reúna con la Intervención General del Estado, si usted cree conveniente, se haga en la petición de esta propuesta de resolución, que no se elevaría al Pleno porque supone pedir que esta Comisión se reúna con la Intervención General del Estado. Por tanto, estamos todos los portavoces de acuerdo en pedirle a usted, señora presidenta, que organice esta reunión si usted lo cree conveniente.


La señora PRESIDENTA: Me parece muy bien la sugerencia y así la resolveré.


Se levanta la sesión.


Eran las nueve y cinco minutos de la noche.

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