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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 11, de 16/09/2008
 


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS

Año 2008 IX Legislatura Núm. 11
DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN
Sesión núm. 2
celebrada el martes, 16 de septiembre de 2008
en el Palacio del Congreso de los Diputados


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En la presente edición electrónica se ha corregido la omisión del número de expediente del Senado correspondiente a la comparecencia del señor Defensor del Pueblo.


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ORDEN DEL DÍA:

Delegación en las mesas de las comisiones de la competencia de éstas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de expediente del Congreso 042/000001 y número de expediente del Senado 572/000002.)(Página 2)

- Comparecencia del señor Defensor del Pueblo (Múgica Herzog), para presentar el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2007. (Número de expediente del Congreso 260/000001 y número de expediente del Senado 780/000001.)... (Página 2)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


DELEGACIÓN EN LAS MESAS DE LAS COMISIONES DE LA COMPETENCIA DE ESTAS DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente del Congreso 042/000001 y número de expediente del Senado 572/000002.)

La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados y senadores, en primer lugar quiero dar nuestra cordial bienvenida al alto comisario de las Cortes Generales, don Enrique Múgica Erzog, que hoy realiza su comparecencia ante esta Comisión para presentar el informe anual del año 2007, informe que recoge con gran sensibilidad problemas y demandas de los ciudadanos y cuya lectura y exposición estoy segura que nos hará llegar a importantes conclusiones e incluso aportaciones para un futuro.
Después de darle a nuestro defensor, don Enrique Múgica, nuestra cordial bienvenida hablaremos de dos temas que tienen que ver con la comparecencia. En primer lugar, hará una primera exposición el Defensor del Pueblo y a continuación los grupos intervendrán de menor a mayor.
Después habrá un pequeño receso y cerrará con una última intervención el propio Defensor del Pueblo. Quiero hacerles saber a SS.SS. que según me acaban de informar está a su disposición este libro que ha llegado hoy de recomendaciones y sugerencias. Antes de dar comienzo la sesión quiero decirles que tenemos que tomar nota de la delegación en la Mesa de la Comisión de las competencias de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Por parte de la Presidencia se plantea a la Comisión la posibilidad de delegar las facultades a que se refiere el artículo 44 del Reglamento del Congreso a favor de la Mesa de la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en dicha resolución de Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Dicha delegación se realizaría de forma condicionada, de modo que el rechazo de una solicitud de comparecencia requeriría la unanimidad de los miembros de la Mesa de la Comisión, quedando avocada la decisión por la Comisión en caso contrario. Si lo consideran oportuno lo aprobamos así. ¿Están de acuerdo sus señorías? (Asentimiento.)

- COMPARECENCIA DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO (MÚGICA HERZOG), PARA PRESENTAR EL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2007. (Número de expediente del Congreso 260/000001 y número de expediente del Senado 780/000001.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a esta comparecencia con la primera intervención del señor Defensor del Pueblo, que tiene ya la palabra. Muchas gracias y bienvenido.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Señora presidenta, miembros de la Mesa, portavoces, diputados y senadores, señorías, el pasado año 2007 cumplía 25 años de actividad la institución del Defensor del Pueblo, creada por nuestra Constitución para la defensa de los derechos comprendidos en su título I. Me parece oportuno iniciar la presentación del informe correspondiente con una breve alusión a ese hito cronológico, y no con la simple finalidad de reflejar una trayectoria destacable, sino con el propósito de que esa misma andadura nos sirva de impulso y apoyo para conseguir los objetivos determinados por nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, bien puede afirmarse que tanto las características de la institución, que le imprimen una significativa independencia de actuación, como el mismo concepto de la auctoritas que orienta su quehacer, han progresado adecuadamente en ese cuarto de siglo.
Pero además, la incansable búsqueda de eficacia, el asentamiento de su modus operandi y el rigor en la toma de decisiones, a menudo complejas, han generado una dinámica de innegable respeto por parte de la ciudadanía y también por parte de los demás organismos e instituciones que configuran el Estado de derecho según el marco constitucional vigente. Un respeto que se materializa y evidencia en el nivel de confianza mostrado por los ciudadanos hacia la institución, y en los contenidos y el carácter de la respuesta a las recomendaciones y sugerencias dirigidas a las administraciones supervisadas. Ahora bien, esas muestras de respeto también nos sirven de estímulo en nuestra labor cotidiana. Nos impulsan a buscar en cada queja que se nos plantea, en cada ocasión que se nos ofrece, un motivo para mantener y, si es posible, acrecentar esa consideración positiva. Todo expediente gestionado por la institución, cualquiera que sea la decisión final que se adopte, al margen de lo acertado de la misma o de los resultados conseguidos, se trata con el mismo rigor y el mismo celo. Ese cuidado en el análisis y en el tratamiento son nuestras únicas, pero muy eficaces, armas para mantener la estima y consideración, tanto de los ciudadanos como de las Cámaras parlamentarias que nos confían, respectivamente, sus aspiraciones y su cualificado mandato.


Dentro de esa actitud general de cuidado en el tratamiento de los asuntos que se nos encomiendan, cabe considerar precisamente, señorías, los muy amplios y detallados contenidos del informe correspondiente a la actividad del Defensor del Pueblo durante el ejercicio 2007 que hoy presentamos ante esta nueva Comisión Mixta, a la que deseamos una feliz y provechosa travesía parlamentaria. Pueden estar seguros de que, como en anteriores ocasiones, prestaremos para ello nuestros esfuerzos y saberes, así como la más sincera y leal colaboración desde nuestra esencial independencia.


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Quizá la manifestación más solemne y formal de esa colaboración sea precisamente esta presentación del informe anual de gestión, para lo cual comparezco hoy ante la Comisión, en una cita que trata de ofrecer una perspectiva totalizadora y al mismo tiempo esquemática del contenido del mismo. De esta manera tendrán ocasión, si así lo desean, señorías, de formular las cuestiones que me permitan, en su momento, puntualizar o aclarar, si es preciso y lo tienen a bien, con la cooperación de los adjuntos, los aspectos que les parezca oportuno de entre los que con todo detalle se describen en el texto completo del documento registrado en las Cámaras y entregado a sus respectivos presidentes a principios del pasado mes de junio.


Siguiendo la pauta ya tradicional, permítanme, en primer lugar, una breve alusión a la administración interna. En la memoria correspondiente que se incluye como anexo al informe de gestión se detallan in extenso las características de la liquidación presupuestaria. Entre ellas cabe destacar el altísimo porcentaje de ejecución del presupuesto asignado, que sobrepasa el 96 por ciento, el incremento del saldo de la cuenta del patrimonio y, por ende, la solvencia financiera de la institución, continuando así el proceso de saneamiento desde que se creara esta cuenta en el ejercicio 2001 y, lo que aún es más importante, el riguroso control del gasto. Todo ello nos ha permitido hacer frente a determinadas necesidades extraordinarias sin tener que acudir a los fondos patrimoniales. Entre estos gastos extraordinarios conviene aludir a los efectuados con motivo de la adecuación plena de las dos sedes de la institución, la puesta en marcha de un centro documental con acceso gratuito por parte de los ciudadanos, la organización de los eventos con motivo de los 25 años de funcionamiento de la Oficina del Defensor, los gastos derivados de la última fase de la Presidencia de la Federación Iberoamericana de Ombudsman y los originados por la difusión, concesión y entrega del premio Rey de España de Derechos Humanos.


El informe dedicado a la actividad realizada durante el año 2007 ocupa más de seiscientas páginas, de apretada escritura, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Trataré de ofrecer una panorámica de síntesis de su contenido para que luego, si a bien lo tienen, como antes dije, expresen las consideraciones o peticiones de aclaración que estimen convenientes.
Es precisamente en esta comparecencia ante la Comisión Mixta, señorías, en la que resulta posible, y diría que hasta conveniente, ese intercambio directo de información y de pareceres que tan orientador nos resulta en nuestro trabajo cotidiano. Porque luego, en la presentación del informe ante los plenos del Congreso y del Senado, ya no se produce este enriquecedor intercambio, toda vez que, tras la presentación ante ambos plenos, de acuerdo con las resoluciones vigentes, el Defensor ha de ausentarse para que diputados y senadores expresen sus opiniones.
Perdonen que insista en este punto, señorías, porque trato con ello de evitar malentendidos que pueden achacar mi ausencia de los mencionados plenos a falta de consideración o de respeto. Nada más lejos, como pueden imaginar, de mis propósitos y de mi intención.


Abordando ya el contenido propio del informe, empezaré por los datos globales que, desde el punto de vista cuantitativo, concretan la actividad del Defensor en el ejercicio 2007. Pueden resumirse así. El total de expedientes de queja abiertos por la institución el pasado año alcanzó la cifra de 17.373, y en ellos se incluyen las quejas individuales, las colectivas y las investigaciones de oficio. Tras esos expedientes se encontraban las peticiones de 38.738 ciudadanos, que formularon su personal reclamación y fueron oportunamente atendidos.
Puede afirmarse que con esas cifras se recupera una cierta normalidad en el flujo de quejas que los ciudadanos dirigen al Defensor del Pueblo. En el ejercicio anterior ese total había sido anormalmente alto, debido sobre todo a la movilización de personas afectadas por determinados escándalos financieros, con repercusión en todo el ámbito nacional, de modo que se reflejó de forma notoria en el conjunto de las quejas colectivas recibidas y en el total de los ciudadanos atendidos.


Del total de 17.373 expedientes de queja citados, además de la vuelta al cauce de una media interanual normalizada, llama la atención el elevado número de investigaciones de oficio incoadas durante el periodo al que se refiere el informe. Los servicios de la institución gestionaron 262 quejas de oficio, cuando el año precedente habían gestionado solo 142; o sea, un total de 120 más, lo que representa un incremento de casi un 85 por ciento. Dicho así, puede parecer excesivo subrayar este hecho. En definitiva, un aumento parcial de 120 expedientes en un total de más de 17.000 no merecería la atención del profano en la materia. Sin embargo, la realidad es bien distinta por cuanto este tipo de quejas exige una investigación mucho más compleja y laboriosa que la habitual, tanto por el objeto de las mismas como por la carencia de datos iniciales que suelen aportar los reclamantes en otras quejas, y también por el elevado número de personas que se ven afectadas por estos expedientes de oficio.
Unos ejemplos que, entre esos 262 casos cuya relación completa figura en el texto del informe, pueden aclarar algo más lo que quiero decir.
Repárese en las dificultades que entrañan los casos siguientes: la investigación iniciada ante el Ministerio de Sanidad y Consumo y el de Industria, Turismo y Comercio en previsión de la esperada subida de los servicios en los operadores de telefonía móvil por efecto de la entrada en vigor de la Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios prohibiendo el redondeo de las tarifas; o la queja de oficio incoada ante la Diputación Provincial de Málaga sobre la posible filtración del examen en un proceso selectivo de personal técnico; o la petición dirigida a la Vicepresidencia Primera del Gobierno acerca de la posibilidad de que el personal estatutario de los servicios de salud se acogiera a la situación de jubilación parcial; o la investigación iniciada conjuntamente ante la Delegación del Gobierno

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en Cataluña y la Dirección General de Aviación Civil, del Ministerio de Fomento, en relación con las molestias causadas por el ruido de los helicópteros que sobrevuelan la ciudad de Barcelona; o, por último, las actuaciones relacionadas con diversos aspectos que afectan a la seguridad en el transporte aéreo, de tan reciente y desgraciada actualidad. Como resulta lógico a partir de ese mero enunciado, tanto la complejidad técnico-jurídica de cada expediente como el número de personas afectadas por esas quejas de oficio superan, por lo general, las características y el alcance de las quejas investigadas a instancia de parte.


Otros aspectos destacables en cuanto a la estadística de las quejas tienen que ver con su procedencia geográfica, con su clasificación según las materias de que tratan y con su estado de tramitación. La inmensa mayoría de las reclamaciones, en concreto 16.726, procede, como es natural, de territorio español y tan solo 385 llegaron desde el extranjero. Por comunidades autónomas sigue apareciendo la comunidad madrileña en primer lugar, con más de 4.800 quejas, seguida en esta ocasión por la comunidad catalana, con casi 2.200, y la andaluza, con algo más de 1.750. El informe muestra también cuadros comparativos por provincias y en porcentajes respecto de las registradas en el ejercicio anterior. En cuanto a las quejas de procedencia extranjera, se observa un aumento notable en las procedentes de Estados Unidos, y mantienen una cantidad significativa las recibidas desde Argentina, Alemania, Francia, Marruecos, Portugal y Reino Unido.


Más importante y orientadora es, a todas luces, la clasificación de las quejas por su propio contenido. Con las cautelas necesarias puede afirmarse que la variación en el asunto ofrece, en líneas generales, ciertos indicios en torno a la evolución de las preocupaciones de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, el ejercicio 2007 confirma algunas tendencias observadas ya en ejercicios precedentes. Así, resulta evidente la estabilización de las reclamaciones ciudadanas sobre sanidad y política social, que incluyen las quejas relacionadas con la salud, las prestaciones sociales y los colectivos dependientes, como los ancianos y las personas con discapacidad. También se mantienen las cifras en el sector del empleo público, en las que aparecen las de quienes prestan servicios en todas las administraciones y el personal perteneciente a las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Parecido nivel alcanzan las quejas que afectan a las funciones de Interior, sobre todo seguridad ciudadana y seguridad vial, y las que se engloban en el capítulo de Justicia, incluidos los casos de violencia doméstica. Asimismo confirman su apuntado crecimiento las quejas sobre inmigración y las que plantean asuntos dependientes de las administraciones económicas, en las que se agrupan, entre otras, las cuestiones tributarias y las que tienen que ver con las telecomunicaciones. Finalmente, a pesar de su trascendencia, hay que mencionar el crecimiento y la importancia de las quejas sobre ordenación del territorio y medio ambiente, entre las que se encuentran las concernientes a urbanismo y vivienda.


En lo relativo al proceso investigador de los expedientes, se admitió a trámite más del 41 por ciento de las quejas presentadas y en el caso de las no admitidas se proporcionó a los interesados, como es habitual, todo tipo de información y de orientación. Los casos más frecuentes de no admisión coincidieron con supuestos en los que no se apreciaban indicios de irregularidad administrativa o con aquellos en que se estaba produciendo al mismo tiempo intervención judicial, o con situaciones en las que no se había producido actividad por parte de los poderes públicos que justificara la admisión.


Las resoluciones dirigidas a las administraciones como consecuencia de los expedientes gestionados alcanzaron a 31 de diciembre de 2007 unos totales de 156 recomendaciones, 204 sugerencias, 108 recordatorios de deberes legales y una advertencia. Como saben SS.SS., la recomendación indica al organismo destinatario la conveniencia de adoptar, revocar, anular o modificar los criterios de aplicación de alguna medida de carácter general tomada por la Administración correspondiente. La sugerencia es una indicación en igual sentido, pero respecto de una medida de carácter concreto, limitada a una situación que afecta a una circunstancia personalizada. El recordatorio de deberes legales no precisa de mayor aclaración complementaria y la advertencia plantea la existencia de una situación que precisa ser modificada por no ajustarse al sentido explícito de alguna norma. A mediados del mes de julio de 2007 se habían recibido respuestas de las distintas administraciones para 140 de las recomendaciones, de las que 107 se declaraban admitidas y 33 rechazadas.
De las sugerencias, a la misma fecha, se habían admitido 110 y rechazado 67 por distintos motivos. Estas cifras reflejan, señorías, una de las tasas más altas de aceptación de nuestras resoluciones. En conjunto se superó el umbral del 60 por ciento de propuestas aceptadas por las administraciones, llegando casi al 70 por ciento en lo que se refiere a la aceptación de recomendaciones.


En el marco de las resoluciones del Defensor del Pueblo merecen párrafo aparte, por su especial complejidad y trascendencia jurídica, las producidas como consecuencia de las peticiones formuladas para el ejercicio de la legitimación constitucional activa dirigida a la interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo. Durante el ejercicio 2007 se recibieron más de 700 peticiones de particulares y entidades para ejercer esa legitimación sobre un total de 16 normas, entre las que destacan las leyes orgánicas de reforma de los estatutos de autonomía de las Illes Balears, Andalucía y Aragón y la Ley orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.


A continuación, señorías, debo referirme al contenido del capítulo de informe dedicado a lo que llamamos administraciones incumplidoras, o sea, las administraciones

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que han descuidado el deber de responder a los requerimientos del Defensor del Pueblo en el curso de las investigaciones llevadas a cabo. Se trata con ello de poner en juego uno de los recursos más contundentes y eficaces de los sistemas democráticos. Por un lado, con esta manifestación de incumplimiento se da a conocer ante los representantes de la soberanía popular que otorgan su mandato al Defensor el hecho de la negativa o del retraso, y por otro se posibilita el acceso de tal conducta a los medios de comunicación con la más absoluta transparencia.
Se trata, pues, de aplicar un elemento eficaz de persuasión con objeto de conseguir del mejor modo posible la garantía y el respeto de los derechos fundamentales que nuestra Constitución proclama en su título I. Por ello, señorías, no nos duelen prendas a la hora de mencionar los casos más notorios de incumplimiento y de incluir en el informe la lista completa de los mismos. Sin perjuicio de otras vías utilizables, incluso en el ámbito penal cuando se evidencian claros indicios de culpabilidad, este camino de la transparencia y de la información nos sigue pareciendo el medio más eficaz y ejemplarizante para conseguir los objetivos asignados al Defensor del Pueblo.


En esa lista de incumplimientos que contiene el informe aparecen, por un lado, los detalles concretos de las administraciones empecinadamente entorpecedoras de la labor del Defensor y, por otro, los casos de requerimiento no atendidos adecuadamente en el año 2007 tras haberse efectuado una tercera petición. Asimismo se incluyen las administraciones poco diligentes que justificaron las razones de su retraso, pero solo después de que se les concediera una tercera oportunidad perentoria para hacerlo. Por no cansar la atención de SS.SS., mencionaré tan solo las administraciones más pertinaces en el incumplimiento. La Administración General del Estado tiene tres dependencias afectadas: la Dirección General de Aviación Civil y la Demarcación de Carreteras del Estado en Málaga, ambas en la órbita del Ministerio de Fomento, y la Dirección General de Tráfico, del Ministerio del Interior. En la Administración autonómica se encuentran también en esa situación la Agencia Andaluza del Agua, la sociedad anónima Viviendas del Principado de Asturias, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Consejería de Vivienda, ambas de la Comunidad de Madrid, y la Consejería valenciana de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. En cuanto a la Administración local, se hallan incursos en incumplimiento crónico hasta 34 ayuntamientos, entre ellos los de las capitales provinciales de Burgos, Cáceres, Castellón de la Plana, Ciudad Real y Oviedo.


Por lo que hace a las relaciones institucionales, resulta oportuno, señorías, destacar la labor de coordinación con los comisionados autonómicos, la actividad de difusión internacional y las tareas de cooperación internacional. En cuanto a las relaciones con los comisionados o defensores autonómicos, se ha continuado la línea, ya seguida desde un principio, de reforzamiento de la colaboración y de la multiplicación de contactos para facilitar una acción coordinada lo más ágil posible. Por eso, además de proseguir con los trabajos derivados de las jornadas de coordinación que se celebran cada año y que en el año 2007 tuvieron lugar en Barcelona, se ha procurado adaptar la gestión de la actividad a las nuevas circunstancias determinadas por los cambios en el ordenamiento. La entrada en vigor de las modificaciones estatutarias ha hecho necesario replantear determinadas formas de considerar esa colaboración, a la espera, además, de que se produzcan las decisiones judiciales que definan esa coordinación en el futuro. Por ello, sin perder de vista la garantía constitucional de los derechos fundamentales, en el año 2007 se establecieron frecuentes contactos, en particular con el Síndic de Greuges catalán, para cerrar un convenio de colaboración, que finalmente no pudo culminarse formalmente, en el que se contemplaban los criterios provisionales de actuación que, no obstante, vienen siendo observados en la práctica, conforme al Estatuto de Autonomía de Cataluña.


En lo que respecta a la difusión institucional, aparte de los cometidos habituales centrados en la elaboración y divulgación de los informes y de los estudios monográficos que SS.SS. ya conocen, se ha intensificado la presencia de la institución por otras vías como, por ejemplo, el mantenimiento del cuadernillo informativo denominado El Defensor al día, las versiones multilingües del tríptico El Defensor del Pueblo responde, que está incluso en árabe, la participación activa en múltiples eventos y encuentros, el seguimiento de las iniciativas de formación especializada, aparte de la edición conmemorativa singular del libro sobre los 25 años del Defensor del Pueblo en una España en cambio, ampliamente distribuido, y la evidente mejora en la publicación del resumen del informe a las Cortes Generales. El año 2007 tuvo una señalada importancia en el terreno de la cooperación internacional. Se trata de una faceta que adquiere una importancia creciente, tanto por el efecto expansivo del fenómeno de la globalización como por las nuevas situaciones personales que van fraguando y generando sin cesar derechos individuales debido a circunstancias tales como las migraciones y la intensificación de las relaciones internacionales. En el texto del informe pueden encontrar, señorías, un extenso conjunto de actividades en este ámbito de la cooperación y tan solo me limitaré a señalar dos de entre ellas. Una, ya consolidada, que gira en torno a la Federación Iberoamericana del Ombusdsman, la FIO, de la que en el año 2007 tuve el honor de completar el segundo año de presidencia, y otra, en ciernes, pero que promete un futuro esperanzador, como es la Red Mediterránea de Defensores del Pueblo, de la que se celebró un primer encuentro que fructificó en la Declaración de Rabat. Esta nueva red de defensores se formalizará como asociación estable en la próxima reunión en Marsella, cuya celebración está prevista para principios del próximo mes de diciembre.


Ya en el terreno de la supervisión de actividad de las distintas administraciones públicas, objeto directo de las

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funciones principales que la Constitución encomienda al Defensor, nos adentramos en el capítulo sustancial y más extenso del informe. Acerca del mismo, tan solo señalaré a SS.SS. algunos aspectos que me parecen especialmente significativos, siguiendo el índice de materias, sin dejar de insistir en que cada caso concreto de los que contiene el texto tiene características propias, tantas como situaciones particulares muestran las quejas que se nos formulan.


Como viene siendo habitual en esta comparecencia, el primer grupo de asuntos a que voy a referirme está ligado a la supervisión de la Administración de Justicia. El lento proceso de modernización de las estructuras administrativas que sostienen la organización judicial en España causa múltiples perjuicios personales a los ciudadanos desde hace ya demasiado tiempo, con lo que va calando en la sociedad una opinión negativa sobre el funcionamiento de los órganos judiciales. Se trata de una opinión que responde a la idea generalizada de que los procesos no se desarrollan con la celeridad prevista en las leyes y de que existen demasiados vericuetos jurídicos que favorecen las dilaciones indebidas en los procedimientos. Afortunadamente, junto a un número preocupante de órganos y tribunales afectados por esas características de lentitud y retraso, hay que señalar también que cada año que pasa aumentan las experiencias y planes judiciales que, gracias a la profesionalidad y esfuerzo de sus responsables, ofrecen respuesta adecuada a las pretensiones y demandas de los ciudadanos. Así, por ejemplo, se han comprobado ciertos progresos y una mejora relativa de la situación en el Tribunal Supremo, en particular por la menor incidencia de retrasos en su Sala primera, tras la firma de un convenio con el Ministerio de Justicia que incluía, entre otras medidas, el aumento temporal de la plantilla de letrados y también en la Sala tercera, donde parecen haber dado fruto los planes de refuerzo previstos. En términos generales, las quejas por dilaciones en las diferentes jurisdicciones se deben a la falta de funcionarios y a las deficiencias en las instalaciones.


Cabe destacar, en otro orden de cosas, el estudio llevado a cabo, como consecuencia de las quejas recibidas, sobre la dotación de recursos humanos y materiales de los órganos judiciales encargados específicamente del enjuiciamiento de los supuestos relacionados con la violencia doméstica. En esta misma materia, nos cabe la satisfacción de haber colaborado en los trabajos para la puesta en funcionamiento del Fondo de Garantía de Pago de Alimentos, contemplado en la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género.


Asunto recurrente y de gran trascendencia para los derechos de los ciudadanos, que se manifiesta en una corriente de quejas considerable, es el de las deficiencias en la actividad de los registros civiles, tanto en el Registro Civil Central como en los municipales y consulares. Entre las investigaciones llevadas a cabo destacan por su amplitud y duración las carencias denunciadas en los registros civiles de Guadalajara y Puerto del Rosario y en el registro del Consulado General de La Habana.


La supervisión de los centros penitenciarios españoles y las condiciones de vida de los presos es asimismo una parte fundamental del trabajo que realiza el Defensor del Pueblo. La privación de libertad es una medida extrema a la que deben acudir las sociedades democráticas para salvaguardar la paz social y garantizar a la mayoría de los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos. Pero la privación de libertad no anula, ni mucho menos, la titularidad de los demás derechos que la Constitución reconoce. Por eso y teniendo en cuenta, además, que la tasa de internos en España es proporcionalmente la más alta de Europa occidental, las denuncias de malos tratos en prisión, los fallecimientos por suicidio u otras causas, el tratamiento prestado a los presos con enfermedades en estado terminal, la atención a internos drogodependientes, los problemas planteados por mujeres internas con niños menores en prisión, o las condiciones higiénico-sanitarias de los centros, son circunstancias, entre otras, que se investigan cuidadosamente por parte de la institución. En particular, sobre las quejas por malos tratos, quiero destacar la positiva actitud mostrada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que en el año 2007 comunicó al Defensor del Pueblo la aceptación íntegra de una recomendación general formulada el año anterior, para que estas denuncias fueran comprobadas por personal ajeno al centro penitenciario en el que se hubieran podido producir los hechos.


Otra parcela a la que se prestó especial cuidado en 2007 es la seguridad ciudadana. Las denuncias por actuaciones presuntamente indebidas de los agentes de la autoridad por supuestos abusos y malos tratos, de palabra o físicos, pusieron a prueba la fortaleza de los principios democráticos y la confianza que hoy por hoy muestra una gran mayoría de ciudadanos hacia los servidores públicos. Un aspecto vinculado también con al seguridad ciudadana, sobre el que deseo llamar la atención de SS.SS., se refiere a los retrasos y dificultades para la tramitación y expedición del documento nacional de identidad y del pasaporte, a causa, por un lado, de la insuficiencia de medios con que cuentan las oficinas responsables y, por otro, a una cierta imprevisión ante la novedosa introducción del documento electrónico. Hacia finales de 2007, la Administración informó de la decisión de implantar el sistema de cita previa para tratar de aliviar el problema, de acuerdo con lo recomendado por el Defensor del Pueblo.


Los procedimientos sancionadores en materia de tráfico y seguridad vial son objeto muy frecuente de quejas -como seguramente sospechan SS.SS.- y así se refleja año tras año en los informes del Defensor del Pueblo. Es justo reconocer, ciertamente, que la contundencia de los instrumentos de sanción como medida disuasoria de la comisión de infracciones o delitos, ha influido en el descenso de la siniestralidad en las carreteras que, de acuerdo con los datos publicados, se ha producido en los últimos tiempos.
No obstante, el estudio

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de las quejas y denuncias que suscriben muchos ciudadanos evidencia que los procedimientos administrativos incoados para la imposición de esas sanciones no siempre se ajustan a los cauces legales previstos. La necesidad de utilizar la sanción como mecanismo corrector de las conductas que atentan contra la seguridad vial no puede justificar determinadas actuaciones, que llegan incluso a ignorar el régimen de garantías de los ciudadanos que establece nuestra Constitución, como ha sucedido, por ejemplo, cuando no se han tenido en cuenta las alegaciones ciudadanas justificadas en materia de identificación del conductor o se ha dificultado la devolución de importes por multas improcedentes.


Las cuestiones migratorias comprenden dos grandes bloques temáticos. De un lado, las actuaciones llevadas a cabo en relación con la atención prestada en los supuestos de entrada irregular en España y, de otro, las disfunciones observadas en los procesos de documentación de los inmigrantes. Las actuaciones de la institución, en el primer caso, tienen como finalidad la supervisión del funcionamiento de los centros de asistencia primaria al inmigrante, de los centros temporales de internamiento, de las dificultades comprobadas en la admisión de personas en fronteras y otras cuestiones vinculadas con lo que podríamos llamar la primera línea de organización del flujo migratorio. A este respecto, señalaré como botón de muestra tan solo dos de los muchos aspectos detallados en el informe. En primer lugar, la preocupación que suscita el incremento de actuaciones de control migratorio fuera del territorio nacional y en alta mar. Sus Señorías recuerdan seguramente la interceptación de un barco en aguas internacionales cuyo pasaje fue desembarcado en territorio de Mauritania, donde permaneció custodiado, en parte, por miembros de los cuerpos de seguridad españoles. Este tipo de intervenciones, fundamentalmente de carácter humanitario, necesitan de suficiente cobertura, no solo en cuanto al marco jurídico internacional de aplicación, sino también respecto al aseguramiento de las garantías de los ciudadanos afectados y a la definición de las condiciones en que realizan su trabajo los agentes españoles. En segundo lugar, mencionaré las actuaciones de supervisión llevadas a cabo en las islas Canarias para conocer con detalle el funcionamiento y los recursos de que se dispone en los centros de acogida allí situados. Debe mantenerse la vigilancia especialmente sobre el estado de los centros destinados a acoger a menores extranjeros que han llegado de forma irregular a las islas, tanto en los denominados dispositivos de emergencia como en los centros ordinarios. En cuanto a los centros de internamiento de extranjeros, la institución, dentro del programa ordinario de visitas establecido, centró su actuación en los situados en las islas de Fuerteventura y Tenerife y también en Murcia.


El otro gran bloque de problemas que suscita la inmigración es la gestión de las autorizaciones de residencia y demás trámites que acreditan una estancia regular en España. La principal conclusión que ofrece el informe es la de que todavía no se habían superado, en el año 2007, las dificultades de coordinación entre las distintas oficinas que gestionan las solicitudes, bien de visado en el exterior bien de autorización de residencia en el propio territorio nacional. A esta situación de ausencia de una coordinación material efectiva se suma ahora el factor de complejidad que puede generar una posible asunción parcial de funciones por algunas comunidades autónomas en la gestión migratoria, en concreto la tramitación y resolución de autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena. Como tuvimos ocasión de exponer en comparencia ante la subcomisión parlamentaria sobre política de inmigración, convendría estudiar la posibilidad de crear un organismo que coordine la actividad de las distintas administraciones, dentro de una adecuada planificación temporal.


Para terminar con este apartado sobre inmigración, debo señalar -porque me parece de suma importancia- la necesidad de atender y analizar con especial cuidado las quejas sobre actitudes y actos xenófobos o racistas.
A este respecto, debemos recordar que el problema del racismo y la xenofobia en España, que hasta ahora podía ser considerado como marginal y de escasa incidencia, corre el riesgo evidente de adquirir mayor envergadura, paradójicamente, a medida que la sociedad española se hace cada vez más plural y diversa. Como se señala en el informe, es importante recordar que la convivencia de razas y culturas no es una cuestión vinculada exclusivamente al fenómeno de la inmigración. Parece llegado el tiempo de comprender que muchos de los que vinieron en algún momento como inmigrantes desde distintos continentes y con distintos modos de vida, son ya españoles de pleno derecho, como lo son sus hijos y descendientes. En ese sentido, conviene permanecer alerta ante las manifestaciones, todavía puntuales, de intolerancia que afectan a toda la ciudadanía en general. Parece razonable que esa característica de generalidad se refleje en la normativa destinada a combatir el racismo y la xenofobia.


En los asuntos concernientes a las administraciones educativas, el informe diferencia, como es habitual, los aspectos relacionados tanto con la enseñanza no universitaria como con la universitaria. En cuanto a la primera, debe destacarse la incidencia de las quejas que plantean conflictos o disfunciones en la educación infantil y, muy en concreto, en el primer ciclo no obligatorio. La escolarización muy temprana, característica de la sociedad actual, se encuentra vinculada a las necesidades generadas por la conciliación de la vida familiar y laboral.
En consecuencia, se considera que las administraciones deben asumir la responsabilidad de facilitar esa conciliación. Las quejas recibidas sobre esta materia también insisten en la necesidad de contar con personal cualificado para la atención educativa y terapéutica de niños con deficiencias entre 0 y 3 años. Durante 2007 se llevó a cabo una amplia investigación para conocer cómo se atendía esta necesidad por parte de las administraciones autonómicas competentes en la gestión educativa y se

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recogió la información correspondiente. Así, pudimos comprobar que, mientras en algunos territorios, por ejemplo, se han previsto programas de actuación sanitaria y educativa de manera conjunta para atender adecuadamente los casos de niños con enfermedades crónicas, en otros se aprecia una cierta tendencia a delegar en los propios padres la especial atención que estos alumnos requieren. En el ámbito de la enseñanza universitaria, destacan varios grupos de quejas que plantean diversos tipos de problemas. En primer lugar, en cuanto al acceso a la universidad, es necesario apuntar que la modificación operada en la Ley Orgánica de Universidades no será de plena aplicación hasta el ya inminente curso 2008-2009. Sin embargo, en el ejercicio pasado se recibieron bastantes quejas de ciudadanos disconformes por la posibilidad de que alumnos procedentes de otros Estados de la Unión Europea accedan a la universidad sin superar la prueba exigida a nuestros estudiantes cuando, además, algunos de esos sistemas educativos extranjeros cuestionados parece que poseen un nivel de exigencia académica preuniversitaria notoriamente inferior. Otro grupo de quejas se refería a ciertas dificultades en la obtención de los beneficios previstos para el acceso a la enseñanza universitaria de personas con discapacidad. En concreto, a la exención del pago de las tasas, que no se aplicaba a las segundas y posteriores matriculaciones. En cuanto a la homologación de títulos universitarios extranjeros, se ha apreciado un descenso en el número de quejas por los retrasos en la tramitación de estos expedientes.
Finalmente, por lo que afecta a la aplicación de la normativa sobre las profesiones sanitarias, persisten los problemas de demora en la gestión y tramitación de numerosas solicitudes, más de diez mil, para el reconocimiento de la titulación en psicología clínica. Sobre esta cuestión, que viene perjudicando a muchos profesionales por la indeterminación del título que les habilita para llevar a cabo su trabajo en el campo de la salud mental, la Administración ha asegurado que tratará de agilizar la resolución de los expedientes, sin perjuicio del necesario rigor en el proceso correspondiente.


Desde la perspectiva del Defensor del Pueblo, la realidad de la sanidad en España debería ser abordada siempre bajo los criterios básicos de universalidad y de gratuidad. Por este motivo, un año más deben recordarse las carencias en cuanto a universalidad del sistema sanitario.
En 2007, se han seguido recibiendo quejas de personas que, por uno u otro motivo, siguen sin tener acceso a las prestaciones sanitarias gratuitas en los centros públicos. Como ya se ha insistido en otras ocasiones, se trata de un porcentaje muy pequeño de ciudadanos, pero su sola existencia nos recuerda la necesidad de acometer las modificaciones oportunas que consagren definitivamente los dos principios básicos mencionados. Otro asunto que tampoco es nuevo es el de las prestaciones sanitarias específicas en el caso de determinadas enfermedades; así, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, sobre las que se ha insistido para que prosigan las investigaciones que puedan ofrecer alguna solución a las muchas personas que las padecen. En relación con la enfermedad de Parkinson, en 2007 se ha propuesto también la elaboración de guías clínicas y protocolos de actuación útiles para los profesionales responsables de la atención. La principal causa que motiva las manifestaciones de queja de los ciudadanos en materia sanitaria sigue siendo la demora que se produce en los servicios de atención primaria y especializada. Los planes puestos en marcha en algunas comunidades autónomas parecen estar ofreciendo buenos resultados, especialmente en relación con el establecimiento de tiempos de garantía para las intervenciones quirúrgicas programadas, pero los resultados siguen siendo muy desiguales y para determinadas prestaciones, como es el caso de los tratamientos de reproducción asistida, los tiempos de espera siguen siendo excesivos, como bien se indicaba en anteriores informes. También es preciso aludir a una creciente insatisfacción de los ciudadanos en lo que se refiere a la atención recibida, una insatisfacción producida por diversas causas, como las listas de espera, la insuficiencia de plazas hospitalarias o la falta de personal titular en muchos centros sanitarios, pero que en conjunto ofrece una señal de alerta sobre el deterioro de la infraestructura pública sanitaria. Con diversos matices, es importante dar cuenta de la preocupación que expresan muchas de las quejas, de las que participa esta institución, ante lo que se manifiesta como un proceso de externalización o privatización de las funciones que debería seguir asumiendo el sistema público español de salud, cuya excelencia ha sido siempre reconocida al compararse con otros sistemas foráneos.


En relación con las políticas sociales, el informe del año 2007 recoge el inicio de una investigación de oficio que nos permitirá conocer el alcance de las decisiones efectivamente adoptadas por las distintas administraciones acerca del desarrollo de la Ley de Dependencia. Se trata de una cuestión cuya dificultad de implementación está comenzando a generar un notable número de quejas por la diversidad de problemas que comporta y que exige una actitud diligente y cooperadora por parte de las distintas administraciones competentes. Entre esos problemas pueden señalarse la avanzada edad de los posibles beneficiarios, la gran acumulación de demanda de prestaciones, la dificultad de coordinación de los recursos sanitarios y sociales, la escasez de plazas residenciales y de módulos de ayuda a domicilio y la falta de personal evaluador. Por otro lado, el permanente interés por la atención a los menores nos impulsó a iniciar otro estudio en el año 2007 sobre las condiciones de funcionamiento en algunos centros de atención psicosocial que habitualmente son gestionados en régimen de adjudicación por entidades privadas. Debe mencionarse, por el eco que tuvo en su día, la visita a uno de esos centro situado en Madrid, cuyo resultado fue la rescisión del contrato a la entidad adjudicataria tras comprobarse la insuficiente atención prestada y las deficientes condiciones de vida de los menores acogidos.


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Las quejas en el ámbito de la Seguridad Social planteaban la disconformidad con los criterios empleados para el cálculo de las pensiones o la no inclusión de determinados periodos en los historiales de vida laboral utilizados para ese cálculo. La Ley 40/2007, de reforma parcial de la Ley de la Seguridad Social, viene a recoger, entre otros supuestos relativos a la viudedad y las uniones de hecho, algunos de los planteamientos que durante mucho tiempo ha mantenido esta institución; tal es el caso del cómputo en el periodo dedicado al extinto servicio militar obligatorio como tiempo de cotización o también la rebaja de los porcentajes reductores de la pensión de jubilación cuando los trabajadores acceden a esta situación de forma anticipada. Por otro lado, respecto a las prestaciones por incapacidad permanente, continúan recibiéndose quejas por la disconformidad con las resoluciones de los equipos de valoración de incapacidades, ya sea por el grado de discapacidad reconocido o por la no consideración de una determinada enfermedad como discapacitante. Lo cierto es que en la mayoría de los casos los criterios técnico-sanitarios utilizados que determinan el alcance de la garantía de los derechos exceden por lo general las posibilidades de actuación que tenemos atribuidas.


La gestión y liquidación de los impuestos y tributos está en el origen de la presentación de un elevado número de quejas. En ellas, por lo general, los ciudadanos consideraban que los procedimientos seguidos, regulados por una normativa sujeta a constantes modificaciones, no se ajustaban al principio de proporcionalidad o bien que se habían producido errores que la Administración tributaria no reconocía o no había corregido a su debido tiempo. Una conclusión que puede extraerse de las actuaciones llevadas a cabo durante 2007 en esta materia es que la introducción de la moderna tecnología al servicio de la gestión tributaria no tiene suficientemente en cuenta el grado de conocimiento de los contribuyentes y sus posibilidades de acceso a los medios telemáticos. Así se puso de relieve en el caso de la liquidación del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, en el que se mostraron las dificultades de muchos transportistas para cumplir sus obligaciones fiscales por desconocimiento de la gestión informática del impuesto. Ello demuestra, señorías, que las innovaciones tecnológicas, aparte de sus evidentes ventajas, tienen ciertos inconvenientes y que deberían tenerse en cuenta estas circunstancias al emprender el camino, por otra parte imprescindible, de la modernización de las infraestructuras en la actividad administrativa. El respeto debido hacia quienes aún no se han puesto al día en tecnología de la información, como yo, exige un cierto grado de tolerancia en este aspecto. También en la institución del Defensor del Pueblo en los últimos ejercicios se han incrementado notablemente el número de solicitudes y quejas ciudadanas presentadas informáticamente mediante correo electrónico o página web, pero no se puede ignorar que el grueso de las quejas y peticiones ciudadanas siguen llegando por los cauces de comunicación tradicionales y en un porcentaje bastante alto por carta manuscrita. Dejo apuntada esta breve idea a los meros efectos de destacar la aparición y persistencia de muchas lagunas en relación con el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías, algo que las administraciones deben tener presente a la hora de acometer los necesarios planes de modernización.


En otros campos de la actividad económica, el informe del año 2007 destaca un asunto que dio pie a una intervención ante el Banco de España con objeto de facilitar las operaciones entre las entidades de crédito y los usuarios. Tras el estudio de algunos informes facilitados por la autoridad bancaria española, el Defensor del Pueblo se vio en la necesidad de sugerir la mejora de los instrumentos de control de la actividad de la banca comercial, porque más allá de la supervisión financiera se considera preciso vigilar los mecanismos que permiten conocer el grado de cumplimiento de las normas que regulan con carácter general los vínculos contractuales entre esas entidades y los ciudadanos, muy particularmente en lo que les afecta, por ejemplo, al cobro de comisiones indebidas, a la utilización y abuso de medios electrónicos de pago o a la gestión de apuntes y cuentas. También en 2007 ha continuado la actuación dirigida a lograr una mejor ordenación de las entidades dedicadas a lo que se conoce como unificación de deudas. La coyuntura difícil que atraviesa nuestro país, a consecuencia de un cambio brusco del ciclo económico después de una década expansiva en la que se alcanzó un récord histórico de endeudamiento de las familias, debe impulsar a los poderes públicos a evitar un perjuicio añadido a las economías más débiles. En esta dirección se planteó la urgencia de regular adecuadamente el funcionamiento de las entidades que a menudo ofrecen soluciones dudosas en los casos de multiplicación de deudas en las familias, un planteamiento que finalmente se ha visto plasmado en el inicio de la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley aparecido el pasado mes de julio en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


Un capítulo del informe que adquiere importancia año tras año es el dedicado a la ordenación del territorio, que abarca las actuaciones en materia de medio ambiente, urbanismo y vivienda. El medio ambiente es uno de los sectores de actividad administrativa sobre el que se formulan cada vez más quejas por varias razones. Por un lado, como ya he destacado en otras ocasiones, es cierto que existe una mayor conciencia ciudadana acerca de la vulnerabilidad de nuestro medio ambiente, la escasez de recursos hídricos y los peligros que supone el proceso de cambio climático que, de acuerdo con casi todas las informaciones e indicios científicos, se viene acelerando a escala global en los últimos años. Por otro lado, la multiplicación de la normativa sectorial en todos los territorios del Estado, la incorporación del marco jurídico europeo y la evolución de los distintos planes de protección medioambiental generan una creciente complejidad administrativa, una complejidad que los ciudadanos deben enfrentar cuando desean preservar sus

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intereses particulares o bien hacer valer la protección del medio ambiente frente a los proyectos económicos de desarrollo. Como resultado de todo ello, las actuaciones del Defensor del Pueblo sobre esta materia se tornan día tras días más frecuentes y complicadas. Esas actuaciones se proponen equilibrar intereses contrapuestos, con estricto cumplimiento de las normas de protección ambiental y, por tanto, con el objetivo de salvaguardar el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. La institución actúa con criterio de flexibilidad en los conflictos, procurando el más alto grado de compromiso con ese derecho constitucional básico por parte de las entidades administrativas. Las quejas más habituales plantean problemas en la tramitación de informes de evaluación de impacto ambiental, en la insuficiencia de medidas para atajar la contaminación acústica, especialmente la producida en centros urbanos y como consecuencia de grandes obras de infraestructura, o en las carencias relacionadas con los planes y programas de protección de los espacios naturales, como es el caso de la sierra de Guadarrama entre las comunidades de Madrid y de Castilla y León.


En materia de urbanismo y vivienda, el año 2007 ha venido marcado sin duda por la aprobación y entrada en vigor de la nueva Ley estatal del Suelo, recibida con cierto recelo por algunas administraciones autonómicas que apreciaron alguna intromisión en sus competencias. En todo caso, como ya se comentó con motivo de la presentación del anterior informe, al tramitar el anteproyecto de ley se deben saludar positivamente muchas de las medidas que incluye la nueva norma. A modo de ejemplo, en ella se introduce expresamente el requisito de comprobación de la suficiencia de recursos hídricos en la fase de planteamiento urbanístico, una exigencia que, aunque ya está prevista en la Ley de Aguas, refuerza la atención que deben prestar las administraciones antes de abordar los proyectos de urbanización.


Para ir terminando, voy a mencionar algunos aspectos relativos a las quejas sobre la situación de las personas que sirven la Función pública.
Del año 2007 debe ser destacada la aprobación del Estatuto básico del empleado público. Este instrumento jurídico, como bien conocen SS.SS., pretende, entre otros fines, armonizar las condiciones de trabajo en el sector público que apuntan diferencias notables entre las distintas administraciones y que son objeto de queja por parte de quienes se consideran agraviados por ese trato desigual. La nueva norma acoge además algunas de las propuestas que ha venido haciendo el Defensor del Pueblo en los últimos años, algo que, como es natural, nos produce una lógica complacencia. Entre esas cuestiones, destacan la progresiva equiparación, en la medida de lo posible, de las condiciones laborales entre los funcionarios interinos y los funcionarios de carrera, así como una modificación, esperada desde hace mucho tiempo, consistente en la flexibilización del requisito de residencia del funcionario en el mismo municipio en el que presta sus servicios y la manifiesta preocupación del legislador por hacer cumplir los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Función pública. El principio de igualdad entre hombres y mujeres ha inspirado también algunas de las resoluciones adoptadas durante el año 2007 en relación con determinados sectores de empleados públicos. En el ámbito de las instituciones penitenciarias, por ejemplo, se han equiparado las escalas femenina y masculina, integrándolas en un mismo cuerpo funcionarial. De igual manera, para las Fuerzas Armadas se han ido cumpliendo las previsiones de equiparación sobre permisos por parto, adopción o acogimiento y las reducciones de jornada para atender a hijos prematuros u hospitalizados.
También merecen destacarse las modificaciones en el régimen disciplinario de los agentes de la Guardia Civil, entre las que cabe subrayar la supresión del arresto como sanción y el reconocimiento expreso de los derechos de asociación y manifestación.


Son muchas las cuestiones concretas que figuran en el informe que ni siquiera puedo citar sin ir más allá de lo que parece razonable en una presentación como esta. Sin embargo, antes de acabar, deseo volver a llamar la atención de SS.SS. sobre la reiterada preocupación, en varias ocasiones manifestada, acerca de la escasa eficacia de las medidas adoptadas hasta el momento para la protección de jóvenes y niños ante la difusión de contenidos inconvenientes en los medios de comunicación de masas, en franjas de horario que deberían estar adecuadamente vigiladas.
Aunque el informe señala algunos progresos, como la creación de consejos de lo audiovisual y la aprobación de códigos de autorregulación, es necesario volver a insistir en que tales medidas no ofrecen los resultados prácticos que cabría esperar. Los contenidos de la programación y los espacios publicitarios siguen estando lejos de los objetivos de protección planteados, como evidencia la gran cantidad de denuncias dirigidas al Comité de Autorregulación. Frustrada la tramitación del anteproyecto de la Ley General Audiovisual, la institución del Defensor del Pueblo confía ahora en que los poderes públicos, en consonancia con las novedades que se vayan produciendo en el contexto europeo, impulsen de nuevo la ordenación de esta materia, tan importante para la educación y la formación de los menores en España.


Doy así fin a esta primera parte de la comparecencia, con la esperanza de no haber agotado su paciencia. Con más de veinticinco años de actividad institucional continuada y teniendo en cuenta el grado de aceptación conseguido, se puede afirmar que la institución ha alcanzado en nuestro país y fuera de él una consolidación envidiable, sin que ello nos produzca un conformismo autocomplaciente y estéril. La Ley orgánica reguladora del Defensor del Pueblo y su marco normativo son posiblemente y sin afán de exageración referencias internacionales importantes en el ámbito de los ombudsman o defensores del pueblo. Se ha podido comprobar la solidez de su arquitectura jurídica conforme al modelo previsto por la Constitución, incluso si se compara con las más

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antiguas y venerables figuras nórdicas en las que se inspira, porque su estructura ha servido y sigue sirviendo como modelo en otros países. La definición del ámbito material de atribuciones, su carácter de institución de garantía de los derechos y libertades fundamentales y su papel colaborador en la defensa del orden constitucional, así como su equilibrio funcional entre los distintos poderes e instituciones del Estado, han hecho del Defensor del Pueblo de España un modelo a seguir en el ámbito internacional por su estructura y eficacia. Ahora bien, aunque todo ello nos satisfaga, no debe apagar en nosotros las ansias de mejora de nuestra actividad, con el objetivo último de superar las condiciones bajo las cuales ejercemos nuestra tarea de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Señor Defensor del Pueblo, por su intervención. Antes de dar la palabra a los grupos, permítame también transmitirle, en nombre de la Comisión y en el mío propio, nuestra felicitación por esos veinticinco años de historia y por esa consolidación a la que usted acaba de hacer referencia.


Paso a dar la palabra a los grupos que deseen intervenir, como he dicho antes, de menor a mayor. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) El señor Torres tiene la palabra por el Grupo Mixto.


El señor TORRES I TORRES: Señora presidenta, señor Defensor del Pueblo, señorías, son veinticinco años de actividad, como ha dicho el señor Múgica. Estos veinticinco años, estas bodas de plata con la sociedad y el pueblo español, que quiero que lleguen a ser de oro y de diamantes, por lo menos, ya que el servicio que da el Defensor del Pueblo a todos los ciudadanos es muy importante de cara a una mejor y más fluida democracia.


Veo que nos han dado un libro de recomendaciones y sugerencias. Como senador por Ibiza y Formentera, y representante y voz del pueblo de Ibiza y Formentera, ahora que al fin parece ser que se nos va a construir un nuevo hospital en la isla de Ibiza -otro nuevo, porque ya teníamos uno- sería muy positivo que el Defensor del Pueblo se interesara, como ya ha hecho, e insistiera para que en este nuevo hospital se instalara una unidad de radioterapia, ya que los ciudadanos, tanto de Ibiza como de Formentera, se tienen que desplazar a Mallorca con los consiguientes problemas que esto conlleva para los enfermos y familiares, tanto psicológicos como financieros. Tenemos que pensar que el problema que padecemos los isleños -la insularidad- para los desplazamientos no es lo mismo que la facilidad que tienen el resto de ciudadanos españoles peninsulares.


Otra sugerencia que me ha venido a la cabeza ahora mismo en esta Comisión en el tema de política social se refiere a la Ley de Dependencia; que esta ley realmente tuviera una actuación directa sobre los ciudadanos y que no estuviera atascadas, como está ahora, entre los gobiernos de las comunidades y los ayuntamientos, sobre todo por el problema de falta de recursos financieros, ya que en este aspecto parece ser que ninguna comunidad ha desarrollado normativas para implicar a sus federaciones de municipios en la puesta en marcha de la ley. Reitero, para terminar y no agotar el tiempo, que estos veinticinco años de actividad sean muchos más en un futuro.


La señora PRESIDENTA: ¿Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a intervenir alguien? (Pausa.) Pasamos al Grupo de Entesa Catalana de Progrés, señor Batlle.


El señor BATLLE FARRÁN: Bienvenidos señor Defensor, adjuntos y personal.


Asistimos una vez más al informe que, como ya viene siendo habitual y nos tiene acostumbrados el Defensor, presenta todos los años. Un informe metódico, exhaustivo, esclarecedor, bien clasificado y bien presentado que refleja la propia sensibilidad de la oficina del Defensor del Pueblo en cuanto a la impulsión de investigaciones de oficio, como también las necesidades de los ciudadanos en aquellas cuestiones en las que ven vulnerados sus derechos. Esta comparecencia y esta extensa explicación por parte del Defensor no deja de ser un cumplimiento de la ley, un cumplimiento que agradecemos precisamente por la claridad y por la franqueza -vamos a llamarlos así- con la que el Defensor se expresa.
Criticamos, lógicamente, de la misma forma que hace el Defensor, las labores entorpecedoras y la falta de cumplimiento de algunas administraciones y nos alegramos en gran manera de las mejoras sustanciales en cuanto al incremento de las sugerencias y recomendaciones que se han hecho a diferentes administraciones por parte del Defensor y de su puesta en práctica.


Estamos en una sociedad cambiante, cada día más, en una sociedad que cada día envejece más debido básicamente a las mejoras en los sistemas asistenciales de salud, pero, con todo, compartimos su crítica en cuanto a las listas de espera y a algunas deficiencias sobre todo en cuanto a la falta de especialistas en enfermedades mentales y en enfermedades raras y, básicamente también, al incremento de las poblaciones migratorias.
Nosotros compartimos la preocupación del Defensor en cuanto al proceso y al procedimiento que se sigue con los menores no acompañados. Compartimos la alegría que manifestaba el Defensor en cuanto a que ha mejorado mucho la gestión de los procesos de tratamiento en los centros de internamiento y han mejorado mucho los centros. No obstante, ese es un camino largo y que habrá que ir siguiendo constantemente para evaluar los impactos y corregir, en la medida de lo posible, las deficiencias que el propio sistema pueda ir introduciendo con los denominados vicios del sistema.
Nos parece positivo que la oficina del Defensor emprenda, como consecuencia de la demanda social que se pueda ir generando,

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estas iniciativas para pedir informes y evaluar los mismos.


Especial atención merece para nosotros el tema de las mujeres maltratadas y la revisión que ha hecho -y en el informe se refleja- de los posibles abusos que se pudieran producir en estas situaciones. Entendemos la sensibilidad que se debería de tener con mujeres que están en un momento muy difícil, que necesitan una atención especializada, básicamente, y un trato muy adecuado, porque son muy vulnerables a una situación concreta de maltrato de tipo doméstico. Si bien es cierto que en ninguna de las investigaciones realizadas se detectaron este tipo de abusos, no es menos cierto que el propio Defensor demanda una corrección en cuanto a los sistemas de gestión de situaciones complicadas o de situaciones difíciles.


A nosotros nos merece especial atención la incidencia que hace el Defensor y el conjunto de la sociedad en una cuestión que cada día preocupa más a muchos ciudadanos, es la que se refiere a que son los temas medioambientales, sobre todo por la falta de resolución o la tardanza en resolver temas complejos como son las actividades clasificadas como molestas o los informes de estudios de impacto ambiental y los temas de contaminación atmosférica y contaminación acústica, porque las administraciones muchas veces escabullen el bulto aduciendo falta de medios y falta de recursos para establecer mediciones adecuadas. En aguas y vertidos -lo pone aquí, además lo compartimos y le animamos a seguir por este camino- se da una paradoja que puede arrojar una cierta complejidad, pero que no deja de ser algo que llama poderosamente la atención. ¿Cómo es posible que empresas sancionadas por vertidos ilegales y contaminación de recursos hídricos, que afectan a veces de forma irreversible al medio ambiente, básicamente a la proliferación y a la creación de más biodiversidad, prefieran pagar las sanciones que les impone la propia Ley de Aguas y los organismos gestores de dicha ley, que corregir las deficiencias que origina el sistema? Eso quiere decir que obtienen lucro a cambio de contaminación y esto, desde nuestro punto de vista, es intolerable.


Usted nos habla del planeamiento sostenible y de la necesidad de pedir los informes necesarios. Debería ser obligatorio y no se deberían conceder licencias para urbanizaciones nuevas si no se cumplen las exigencias que contempla la Ley del Suelo en cuanto a la sostenibilidad y al informe relativo a la garantía suficiente de los recursos hídricos necesarios para llevar a cabo las actividades.


Agradecemos al Defensor y al equipo que le acompaña la información y la exhaustividad del informe. Les animamos a seguir denunciando y demandando los procedimientos a las administraciones incumplidoras -algunas de forma crónica- y le hacemos una pregunta concreta. En cuanto a los recursos de inconstitucionalidad a los que usted se ha referido, no llegamos a comprender -usted lo entenderá, porque como catalanes nos preocupa el tema y no lo entendemos bien- que haya recurrido cantidad y cantidad de artículos del Estatuto de Cataluña y no haya hecho lo mismo con otros que son idénticos, literalmente copiados, que están en los estatutos de autonomía de Aragón, de les Illes Balears y de Andalucía. Se lo preguntamos porque no lo entendemos. Quizás una explicación adecuada nos lo haga comprender.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero dar la bienvenida al señor Múgica y a sus adjuntos y adjuntas. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Fíjese, señora presidenta, qué raro lo que voy a decir. Esta es quizás la única Comisión a la que no he pertenecido nunca; he pertenecido a todas las demás del Congreso de los Diputados, a las veintiuna, pero aquí estoy en condición de novicio. Espero salir del trance con el decoro que requiere la trascendencia de la presentación anual del informe del Defensor del Pueblo. Sin embargo, quienes no somos novicios en nuestro conocimiento personal somos el Defensor del Pueblo y yo. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Incluso me parece recordar que nos conocimos en un debate en la televisión vasca que fue en euskera, señor Múgica. Cómo cambian los tiempos. En euskera, en la televisión vasca. Los tiempos han cambiado, por lo menos en relación a alguno de los interlocutores que estamos intercambiando nuestras opiniones en este momento. En ocasiones la historia decurre por derroteros extraños.


¿Qué quiere que le diga? La señora presidenta -que me da la impresión de que también es novicia como presidenta en esta Comisión- me corregirá si me extralimito en las cuestiones atinentes al caso, a lo que aquí nos convoca a todos, pero le voy a dar mi opinión. Usted ha hecho una exposición que tiene una manifiesta impronta contable, señor Múgica. En ocasiones me daba la impresión de que estaba atendiendo a la explicación de la memoria económica del Banco de Santander, cuando su presidente explica las contingencias del ejercicio anual. Era una reflexión puramente contable. He echado de menos -sé que es una crítica recurrente a tenor de lo que he leído en los diarios de sesiones de comparecencias anteriores- especulaciones o medidas proactivas por parte de la institución que usted representa para corregir o remover los obstáculos o disfunciones administrativas que denuncia tan pertinentemente. No sé hasta qué punto, quizás más que hacer reflexiones contables, la institución que usted representa debería ser más beligerante en la resolución de los problemas y no debería asistir -es algo que le voy a preguntar, porque, se lo digo honestamente, me provoca morbo personal- a que las administraciones renuentes continúen siendo renuentes. Y ahora le pido que me explique específicamente por qué resulta renuente la Dirección General

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Tráfico. Le pregunto esto por una razón muy sencilla, porque soy presidente de la Comisión de Seguridad Vial y quizás pueda ayudarle realizando alguna gestión informal con el señor Navarro. ¿Cuáles son las razones concretas de la renuencia de la Dirección General de Tráfico, de don Pere Navarro? ¿En qué está siendo incorrecta su actuación en relación a los requerimientos del Defensor del Pueblo?

Como hablábamos del euskera y de los debates en euskera que en la protohistoria de la transición política manteníamos usted y yo, quiero decirle que esos documentos que ustedes publican incluso en árabe, además de en árabe, se publican también en las lenguas cooficiales del Estado.
Tendrá la oportunidad de contestarme a todo posteriormente. No quiero subrogarme en la posición de la señora presidenta de la Comisión.


Quiero comentarle algunas reflexiones a las que ya han hecho mención las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Usted representa una institución que nosotros siempre hemos calificado de contrapoder, que tiene que radiografiar la vigencia y el asentamiento real del buen funcionamiento de la Administración, pero que también tiene que hacer una radiografía de la situación en materia de libertades públicas y derechos fundamentales en el Estado. Esta radiografía se puede intuir leyendo detenidamente y expurgando algunas de las cuestiones que usted manifiesta, pero para no actuar solo con legitimación procesal, sino también con legitimidad política, hay que eludir ciertos debates, ciertas actuaciones. He estado leyendo para ilustrarme, ya que soy nuevo en esta Comisión, la última comparecencia que usted tuvo en la anterior legislatura, y no fue particularmente pacífica, fue una comparecencia movida. Unos diputados pidieron su dimisión, otros solicitaron su repudio, otros dijeron que usted se había equivocado manifiestamente en un acto concreto al que se ha referido el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, que fue la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, muy parecido, es verdad, a otros estatutos de autonomía que no le han merecido a usted tal reproche, en el ejercicio de algo que es intachable desde la perspectiva de la legitimación procesal, pero que no es tan intachable y es más discutible desde la perspectiva de la legitimación política de una institución de contrapoder, que debe velar por la vigencia real de los derechos y obligaciones fundamentales. Esta perspectiva convertiría este acto en una verdadera extralimitación de sus funciones, y no solo esta, sino también los conflictos que usted sigue manteniendo -salvo que se hayan corregido, y me agradaría mucho oírlo de su propia boca- en el ámbito de delimitación de las competencias de actuación con el Síndic de Greuges de Cataluña -no sé si lo he pronunciado bien-, el órgano homónimo al que usted representa en Cataluña. Tengo la impresión de que el convenio delimitador de las competencias de ambos todavía no ha sido firmado. Esto nos lleva a otra reflexión colateral. En el Estado español, en materia de órganos de contrapoder, empieza a haber un cierta sobredimensión, señor Múgica. No sé si usted comparte esta opinión.
Existe la institución que usted representa, existe el Ararteko en Euskadi, existe el Síndic de Greuges, existe el Justicia de Aragón, existe del Defensor del Pueblo andaluz, pero ya empiezan a existir también defensores de los derechos de los ciudadanos en ciudades, en capitales como Vitoria y otras. No sé hasta qué punto hay una sobreprotección o un número excesivo de órganos que se dedican a la protección de los derechos fundamentales y cuáles son sus niveles de coordinación. Le voy a proponer el que nosotros preconizamos en este momento: usted debería limitarse a atender aquellas quejas que dimanen de actuaciones de la Administración General del Estado, incluida su Administración periférica, y debería dejar a sus homónimos en los ámbitos autonómicos -no sé qué decir sobre los existentes en algunas ciudades y capitales- la corrección de aquellas actuaciones dimanantes de las administraciones autonómicas. Yo sé que usted no va a compartir esta opinión, pero es la nuestra y yo se la expongo con toda honestidad. Aquí hay una paradoja que me resulta terriblemente sorprendente. Usted recibe más quejas del ámbito autonómico que del ámbito de la Administración Central del Estado, del ámbito estatal. Esta es una disfunción que no termino de comprender, existiendo órganos homónimos de gran respetabilidad, con gran criterio y con unas posiciones mucho más proactivas en la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas -se lo digo con todos los respetos- que la institución que usted representa.


Señor Defensor del Pueblo, usted ha tocado algunas cuestiones muy importantes. Se ha referido de nuevo a las administraciones que no cumplen con sus obligaciones y ha citado varias. ¿Cómo se podría corregir esta disfunción? ¿Qué propuesta de reforma normativa se podría acometer incluso mediante la utilización del derecho punitivo para corregir una disfunción que es recurrente? Hay administraciones que se reiteran y además las que incumplen son siempre prácticamente las mismas. Esto nos plantea una cierta patología y una falta de respeto ante la legitimidad de la institución que usted representa que debería ser objeto de corrección por algún procedimiento. No debería bastar la repetición de los requerimientos por su parte, su insistencia casi mendicante, sino que tendría que existir o articularse algún instrumento punitivo o de coerción en el ordenamiento jurídico para que estas cumplan.


Se ha referido a los problemas de la Administración de Justicia. Aquí estamos hablando de una cuestión muy seria, señor Múgica, señor Defensor del Pueblo, estamos hablando de la pendencia en materia de administración de justicia, en determinados órdenes de la jurisdicción, particularmente en el contencioso-administrativo y en el orden civil. Es indignante que todavía un contencioso-administrativo se tenga que dilucidar en más de ocho años, nueve años en ocasiones. Usted se refiere un tanto colateral y perifrásticamente a este problema, pero hay un problema de rabiosa actualidad sobre el cual en

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este papel más proactivo que nosotros le reclamamos no sé si ustedes han meditado y tienen alguna fórmula o sugerencia que hacer: el problema de las ejecutorias penales pendientes, 70.000 en este momento en los juzgados penales del Estado español, una verdadera vergüenza. Un país no puede convivir con 70.000 ejecutorias pendientes de ejecución, lo cual ha provocado perversiones, hechos luctuosos y macabros -como el caso de Mari Luz y algunos otros- que forman parte de nuestra cotidianidad; la más luctuosa, la más macabra. Cuando nosotros pedimos una actuación más proactiva por parte de la institución que usted representa, le estamos pidiendo que se comprometa en cuestiones que hacen referencia a lo que provoca verdadera alarma social entre los ciudadanos y a lo que resulta una preterición -ya voy acabando- absoluta de los derechos de los mismos, como el derecho a la vida.


Ha hablado también de la Administración penitenciaria, de los problemas en las cárceles, del problema de hacinamiento que se recoge en su informe.
Usted sabe, señor Defensor del Pueblo, que hay una serie de preceptos en la Ley General Penitenciaria, en concreto el 2.3 y el artículo 3, que obligan a la Administración penitenciaria a ser la garante de la vida de los presos. Hay suicidios todavía en nuestros centros penitenciarios, hay problemas graves en cuanto a la atención psicosanitaria de los presos. No sé, también desde una perspectiva proactiva, qué han indicado ustedes a la ya Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias. Existe el derecho, previsto en la Ley General Penitenciaria, artículo 19, de que cada penado, cada persona privada de libertad, tenga una celda individual, pero en este momento el hacinamiento es atroz, hay celdas compartidas por cinco y hasta seis presos, y existe la obligación por parte de las instituciones penitenciarias, en virtud de lo previsto en el artículo 15 de la ley, de establecer un protocolo psicofísico de todos los presos para evaluar las condiciones de riesgo. ¿Se han preocupado ustedes desde la institución que representan por el cumplimiento de estos preceptos?

Hablando de instituciones penitenciarias y hablando de malos tratos, usted no ha citado quizás...


La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, debe ir concluyendo.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya con esta reflexión, señora presidenta.
Sabe usted que habitualmente suelo cumplir con mi palabra.


Como decía, no se ha referido a una cuestión particularmente relevante. No sé si usted se entrevistó, cuando visitó el Estado español, con el relator de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el doctor Scheinin; creo que usted tuvo una entrevista personal con él. En el último sexenio han sido condenados 25 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por prácticas de torturas, repito 25, en virtud de sentencias firmes. El doctor Scheinin comentó que hay un problema en el Estado español, que es su legislación antiterrorista, la posibilidad de periodos muy dilatados de internamiento, de hasta cinco días, previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que las leyes y algunas penas -las de 40 años de cumplimiento no efectivo sino íntegro- resultan contrarias a la convención europea de derechos humanos y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No sé si el doctor Scheinin le transmitió estas reflexiones en relación con nuestra ordenación y a los espacios de opacidad que posibilitan la práctica de malos tratos, torturas o tratos degradantes. Me parecería muy importante conocer su opinión sobre esta cuestión.


Ya para acabar, señor Defensor del Pueblo -y esta de verdad es la última pregunta, señora presidenta-, no sé si es muy pertinente que se la haga pero se han dirigido a usted, y no han obtenido ningún tipo de respuesta por su parte ni por parte de sus adjuntos, las asociaciones protectoras de los animales que luchan contra el sufrimiento de los animales también en el ámbito de la tauromaquia, un arte en el que usted está vocacionado muy particularmente. Me gustaría que explicara este elocuente silencio por su parte, cuando se han quejado de situaciones de maltrato contra los animales en fiestas populares o incluso en las propias plazas de toros; hasta qué punto, ya que es inquirida la institución que usted representa, se recurre al procedimiento siempre nefasto del silencio administrativo.


Señora presidenta podríamos preguntar muchas más cosas a unas personas con la que hemos tenido tanta relación históricamente, pero nos reservaremos para otra ocasión posterior.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del Defensor del Pueblo y su extensa exposición del informe del año 2007. Como usted bien sabe es en esta Comisión donde se formaliza el puente o relación entre la institución que representa y las Cortes Generales, por lo que su rendición de cuentas a día de hoy es de suma importancia para desplegar completamente las funciones de supervisión de la actividad de la Administración encomendadas en la Constitución al Defensor del Pueblo.


Me será muy difícil sintetizar en el tiempo establecido una valoración exhaustiva del informe por cuanto las cuestiones que suscita son variadas, de muy diversa índole y en muchos casos de profundo calado. No obstante, me voy a limitar a exponer las cuestiones más relevantes desde el punto de vista de mi grupo parlamentario. Así, en primer lugar, no puedo hacer otra cosa que decirle, señor Defensor, que nuestro grupo parlamentario ha echado en falta en el epígrafe número 5, referente a los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, una reconsideración, un cambio de posición en relación con

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el recurso de inconstitucionalidad formulado por el Defensor contra el Estatut de Autonomía de Cataluña emanado del pueblo catalán, que fue objeto de referéndum y aprobado por el Parlament de Catalunya, por el Congreso y por el Senado. Señor Defensor, nos hubiera satisfecho enormemente que en el apartado antes mencionado el informe también hubiera recogido textualmente: Retirada del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Entonces el pueblo catalán lo habría aplaudido, pero lamentablemente esto no ha sucedido y estamos en la misma situación que en la anterior comparecencia. Yo no reiteraré nuevamente todas y cada una de las consideraciones que mi predecesor, señor Maldonado, le expuso en aquella comparecencia porque constan debidamente transcritas en el"Diario de Sesiones" de fecha 13 de junio de 2007 y que hago enteramente mías. Me ahorro así aburrirle con los mismos argumentos ya esgrimidos y que usted estoy segura que sabe sobradamente porque se los hemos hecho llegar públicamente por distintos medios. Además lamentablemente, señor Defensor, usted mismo, recientemente y en una conversación informal, ya me manifestó que no retiraría el mencionado recurso. Por lo tanto como ya me consta claramente, muy a mi pesar y del de mi grupo, que no rectificará su posición, nuevamente le expreso nuestro profundo desagrado ante esa actitud y solo espero que el tiempo nos dé la razón. El pueblo de Cataluña necesita ser respetado y desde Convergència i Unió trabajaremos incansablemente para que ello sea así. A nosotros no nos sirve que la interposición del recurso obedezca, entre otras razones, a una pretendida búsqueda de la igualdad de los ciudadanos, entendida como objetivo existencial del propio Defensor, tal y como esgrimió en su anterior comparecencia, y no nos sirve porque dicho objetivo -por otra parte muy loable- nada tiene que ver con nuestro Estatut. Insisto, espero que el tiempo nos dé la razón y que no tengamos que discutir más sobre esta cuestión.


Pasando a otro tema directamente relacionado con lo que acabo de exponer, voy a preguntarle por el protocolo de colaboración pendiente de firmar con el Síndic de Greuges. Usted mismo ha hecho referencia a él y ha reconocido que aún no estaba firmado el convenio. A mí me gustaría que nos expusiera los motivos por los cuales aún no se ha podido firmar, a pesar del tiempo transcurrido. Consideramos que es de vital importancia que se formalice este documento para así cumplir con lo que establece el Estatut y para que haya efectiva seguridad jurídica.


Cambiando de tema, entraré a analizar los datos contenidos en algunos de los epígrafes del informe. Evidentemente me será imposible analizarlos todos porque el límite de tiempo es el que es, pero procuraré hacer referencia a los aspectos que desde Convergència i Unió nos han parecido más relevantes o destacables. En primer lugar, haré mención a los datos principales de la gestión del Defensor del Pueblo, porque desde su análisis creo que podemos obtener conclusiones interesantes, básicamente con relación a aspectos que deberíamos mejorar de la institución. Doy por sentado que las demás cuestiones son aceptables tal cual y por tanto no me referiré a ellas, porque se trata de hacer una crítica constructiva, para mejorar, como supongo que todos estaremos de acuerdo.


Uno de estos aspectos a mejorar son los parámetros que se utilizan en las comparativas -me explicaré-, concretamente por lo que se refiere a los años, porque únicamente se recogen los datos del año en curso en relación con los del anterior, en este caso 2006/2007. Pienso que ello es insuficiente, no es significativo. Deberían utilizarse, como mínimo, los últimos cinco años para así poder contrastar debidamente los números y porcentajes. Así por ejemplo, en el primer cuadro del informe, referente al número de ciudadanos que colectiva o individualmente han planteado quejas durante 2007, se compara con 2006. Nos encontramos que en 2006 hubo un total de 89.518 quejas y, en cambio, en 2007 hay un notable descenso, pasando a ser 38.738. En el mismo informe se dice que obedece a una situación excepcional por la movilización de ciudadanos perjudicados por varios escándalos financieros con repercusión en todo el territorio nacional. Usted mismo ha hecho referencia a ello. Por tanto, si ya se parte de esa situación de excepcionalidad, deberían haberse comparado los datos con los de años anteriores, y así la interpretación sería más acorde con la realidad.


También es importante analizar la situación de los expedientes, su estado de tramitación, porque valorando ese dato podremos posicionarnos con relación a la efectividad de la institución. En ese apartado es destacable el gran número de quejas que no se admiten a trámite, se desprende que 6 de cada 10 no se admiten, y en el cuadro 14 se nos desglosan los motivos de no admisión de las quejas individuales durante 2007. Pues bien, del análisis de estos datos no podemos hacer más que deducir una falta de información por parte de los ciudadanos. La ciudadanía desconoce exactamente cuándo puede recurrir al Defensor en defensa de sus intereses. Por tanto, creemos que se debería incidir mucho más en la labor informativa, que se debería facilitar más información al ciudadano para que este no se dirija al Defensor en supuestos en los que éste no es competente. Creemos que con ello aligeraríamos el trabajo diario de la institución, que no se vería obligada a dedicar tanto trabajo a pretensiones carentes de contenido. En el mismo informe se llega a reconocer que el alto número de no admisiones se puede deber a cierta desinformación por parte de los ciudadanos. Por tanto, desde nuestro grupo proponemos que se tomen medidas para paliar dicho problema.


Con relación a los expedientes iniciados de oficio, los cuales, según el informe, han sufrido durante 2007 un notable ascenso, quiero preguntar qué directrices o criterios se toman en consideración para investigar una determinada situación y rechazar otras. Creemos que es importante saberlo, porque el procedimiento iniciado de

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oficio tiene especial importancia en el informe y en el actuar de la institución.


Finalizando con los datos, creo también que es importante la cuestión del acceso al Defensor del Pueblo a través de las nuevas tecnologías. Usted también se ha referido a ello. Esta es una vía de comunicación y relación con el Defensor del Pueblo que debe explotarse mucho más. Debe hacerse llegar a la ciudadanía la existencia de ese medio porque la era tecnológica tiene que ayudar a aproximar la institución a los ciudadanos.
Así, el epígrafe 2.2.4, quejas según su forma de recepción, recoge que en 2007 un 45,27 por ciento de la ciudadanía ha presentado quejas mediante el formulario web, pero si se compara con el año anterior el aumento es poco significativo, el aumento en el canal de recepción vía web ha sido mínimo. Por tanto, instamos al Defensor a potenciar al máximo dicho medio tecnológico. Además usted mismo ha dicho que el grueso de quejas llega por la vía tradicional, por correo. Creo que deberíamos apostar más fuertemente por las nuevas tecnologías. Además deberíamos posibilitar el acceso a la web en las distintas lenguas cooficiales del Estado.


Por otra parte, las cuestiones que en el informe aparecen destacadas en esa labor de supervisión de la Administración en relación con los ciudadanos un año más hacen referencia a la Administración de Justicia, la Administración penitenciaria, seguridad ciudadana y seguridad vial, emigración e inmigración, educación, sanidad, asuntos sociales, Hacienda pública, actividad económica general, transportes, comunicaciones, medio ambiente, urbanismo, vivienda, personal de las administraciones públicas, etcétera, pues todos estos ámbitos ha supervisado el Defensor del Pueblo.
En unos ha tramitado expedientes que han finalizado con recomendaciones que han sido escuchadas y ha servido para que la Administración rectificara; en otros casos, las recomendaciones de la institución no han sido escuchadas. Nuevamente felicitamos al equipo del Defensor por su magnífica labor recopilando datos de los distintos ámbitos de la Administración, pero creemos que ello no es suficiente y todos los partidos políticos tendríamos que ponernos de acuerdo para instar las modificaciones legislativas necesarias para que la información recopilada por el Defensor no caiga en saco roto. Nuestro grupo parlamentario ya lo ha planteado en otras ocasiones. Creo que todos deberíamos reflexionar sobre ello para conseguir que la institución llegue a los niveles que se merecen los ciudadanos de respuesta efectiva por parte de la Administración.


No obstante, también quiero hacer hincapié en varios ámbitos no recogidos en el informe anual, en primer lugar en relación con los costes de vida.
El Defensor del Pueblo es un organismo con voluntad de equidad. Sin embargo, sorprende que en el informe 2007 no conste la diferencia de costes de vida existente en las distintas comunidades autónomas, y ello afecta a aspectos tan relevantes como la vivienda, la capacidad adquisitiva de las pensiones, la cesta de la compra y el precio de los transportes, por lo que creemos sería interesante hacer mención a esa cuestión.


En cuanto a la inmigración, sí se recoge este punto en el informe, pero creemos que se tiene que ir más allá de las propuestas que se realizan.
Formulamos la pregunta de si el Defensor del Pueblo piensa plantear al Gobierno alguna sugerencia en relación con la próxima reforma de la normativa sobre extranjería, especialmente en lo que hace referencia a la adecuación al nuevo marco estatutario de las comunidades autónomas.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Tarno.


El señor TARNO BLANCO: Comienzo dando la enhorabuena al Defensor, a sus adjuntos y a toda su oficina por el magnífico y extenso informe, que no hace otra cosa que reflejar una realidad de la sociedad española a través de las quejas de más de 38.000 ciudadanos. En el fondo, el informe refleja las preocupaciones y los anhelos de una gran mayoría de los ciudadanos, qué problemas tienen planteados con las administraciones públicas, y es un fiel reflejo del día a día de los ciudadanos españoles.
Es cierto que, si uno lee los diarios de sesiones de estos últimos 25 años, ve que se refleja una cierta frustración en el día que se debate en las Cámaras por las dificultades que tienen el Defensor y su oficina a la hora de ser efectivos en sus recomendaciones. Da la sensación de que el Defensor amaga pero no da, y lo ha planteado aquí la portavoz de Convergència. No es un problema del Defensor ni del informe, sino de la ley, y los partidos políticos con representación parlamentaria tenemos que plantearnos si queremos o no modificar la Ley del Defensor del Pueblo. Es evidente que la ley actual genera una serie de frustraciones al ciudadano, a los colectivos de ciudadanos que plantean sus quejas y reclamaciones al Defensor.


Hay algunos datos del informe que necesitarían una serie de aclaraciones.
Las quejas admitidas a trámite representan poco más del 40 por ciento de las quejas presentadas por los ciudadanos, ni siquiera una de cada dos.
Los motivos son diversos, pero sobre todo me gustaría saber si del resto de quejas no admitidas a trámite a lo largo del ejercicio 2007, del ejercicio en cuestión, los ciudadanos reciben contestación de por qué no se ha admitido su queja o si se utiliza el silencio administrativo, lo que aumentaría esa frustración y esa falta de interés en la institución.


Me gustaría saber -también lo ha planteado la portavoz del Grupo Catalán- qué motivos o criterios siguen ustedes para las investigaciones de oficio -que parece ser que en los últimos años van aumentando-, por qué criterios se rige el inicio de estos expedientes y qué órgano directivo de la oficina es el que toma la decisión. Sería importante conocerlo. Me gustaría también conocer qué número de quejas, de las 38.000 de este año, ha sido puesto en conocimiento del ministerio fiscal porque se tratase de algún delito tipificado en nuestras leyes. El

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informe habla de la normalización de las quejas al justificar un decrecimiento del número de las mismas. Me gustaría saber qué entienden ustedes por normalización de las quejas. Se ha dicho aquí también que hay una serie de administraciones recurrentes en el incumplimiento permanente de los requerimientos de la oficina del Defensor del Pueblo. En el caso de la Administración General del Estado dos son constantemente recurrentes: el Ministerio de Fomento y la Dirección General de Tráfico.
Me gustaría saber si el Defensor ha entablado alguna relación con los responsables de este organismo para corregir una situación que demuestra una falta de respeto enorme, no solamente a la institución del Defensor del Pueblo sino a los administrados.


En temas concretos plantea una serie de asuntos que vienen repitiéndose año tras año en sus informes. Es evidente que el Defensor sigue recibiendo muchas quejas de ciudadanos respecto al funcionamiento de la Administración de Justicia. Habla usted, por ejemplo, de un tema muy importante en estos momentos de crisis económica, como son las relaciones entre arrendadores e inquilinos. Dice que le ha pedido información al Ministerio de Justicia para solventar el problema. Me gustaría saber si el ministerio le ha contestado. En los temas de seguridad ciudadana he visto, tanto en recomendaciones y sugerencias como en quejas, una permanente denuncia por el funcionamiento de las oficinas para la tramitación del documento nacional de identidad y del pasaporte. Me gustaría saber si el Ministerio del Interior ha dado respuesta a esas demandas en este asunto tan de uso diario. Propone usted la creación de una agencia estatal de inmigración y emigración que coordine el trabajo de las distintas administraciones y mucho más después de las modificaciones estatutarias. Me gustaría saber si por parte de la Administración del Estado se le ha contestado en este asunto.


Creía que veníamos aquí a analizar el informe del Defensor del año 2007 y a aclarar nuestras dudas para luego debatirlo en la Cámara, pero he visto que seguimos hablando de 2006 y de los recursos de inconstitucionalidad.
Mal papel haría el Defensor del Pueblo si retirase los recursos de inconstitucionalidad por el mero hecho de que se lo solicitasen los grupos parlamentarios, una vez que lo ha planteado con las convicciones y con los condicionamientos jurídicos con los que lo ha hecho. Sería mal asunto que usted dejase de lado sus convicciones y esos elementos para retirar esos recursos de inconstitucionalidad. Además, me parece llamativo que aquí se haya llegado a decir que si el Tribunal Constitucional no le da a usted la razón se termina el debate y si se la da, el debate sigue abierto. Parece peligroso que pongamos en duda las decisiones del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta además que usted, en la última página de las conclusiones del informe cuando habla de las administraciones públicas, se refiere al tratamiento heterogéneo para una serie de funcionarios o de interinos y dice que podría vulnerar la vigencia del principio de igualdad en el acceso al empleo público. Me da la sensación, por algunas otras quejas que ha recibido usted y otros puntos del informe, de que cada vez está más en peligro la igualdad de todos los españoles en determinados asuntos, como la universalización de la sanidad y el acceso a la Función pública. Por tanto, me parece bien que el Defensor del Pueblo tenga como elemento clave de su trabajo la defensa del principio de igualdad de todos los españoles en derechos y obligaciones. Para mí es una garantía que el Defensor comparta ese principio de igualdad de todos los españoles en derechos y deberes. Creo que es un acierto de la institución que vaya por esa línea, como no podía ser de otra manera.


Quiero volver a felicitarles a usted y a su oficina por el trabajo realizado. Esperemos que en su segunda intervención nos aclare alguna de las dudas que nos plantea el informe.


La señora PRESIDENTA: Finalmente, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Heredia.


El señor HEREDIA DÍAZ: Señor Defensor del Pueblo, tengo que comenzar agradeciéndole a usted y a todo su equipo la presentación que acaba de hacer de su informe anual y, muy especialmente, el tono de su intervención. Como cada año, el informe del Alto Comisionado nos presenta una radiografía clara y contrastada de la situación de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su respeto por parte de la Administración pública. Por ello nos sirve de guía para insistir firmemente a la misma la rectificación de aquellas conductas que puedan vulnerarlos. Así lo entiende el Grupo Parlamentario que represento en este debate. Es necesario recordar este hecho, como usted bien ha citado, en el 25º aniversario de la institución. Veinticinco años que, como señala el propio informe que hoy nos presenta, le han convertido en un testigo excepcional de la evolución de nuestra sociedad hacia la democracia y la justicia. El Defensor del Pueblo se ha convertido en un referente para los ciudadanos en la garantía de sus derechos fundamentales, pero también en un referente para las administraciones públicas que cada año más, muestran una mejor disposición para cumplir las recomendaciones y sugerencias del Alto Comisionado. Este es el camino que debemos seguir recorriendo, el del compromiso y defensa por parte de la Administración pública de los derechos fundamentales de sus ciudadanos; un compromiso que, nadie puede poner en duda, han tenido y tienen todos y cada uno de los gobiernos socialistas porque es un compromiso inherente a nuestra ideología.


Al enfrentarse a un análisis de un informe tan prolijo como este es necesario reconducir nuestra ambición a límites razonables. Por eso comenzaré por hacer algunas breves consideraciones generales para más tarde destacar, sin ánimo exhaustivo alguno, una serie de cuestiones concretas que considero importantes. En cuanto a las consideraciones generales, a pesar de que, como reconoce el propio informe, se ha vuelto a niveles de

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peticiones ciudadanas normales tras años con un número superior al normal, se mantiene no obstante un nivel elevado no solo del conocimiento sino también del reconocimiento que todos los ciudadanos tienen de la institución. Una institución que la ciudadanía considera apta para defender sus derechos y libertades. A mantener esta opinión entre los ciudadanos va a contribuir, sin ningún género de dudas, el incremento en el número de resoluciones en todas sus modalidades que, como también reconoce el informe, prueba una mayor eficacia en su actuación.


Otra consideración general más. El Grupo Socialista respeta y aplaude la voluntad del Defensor de iniciar de oficio determinadas investigaciones incluso, como reconoce el propio informe, a partir de las noticias que aparecen en los medios de comunicación. Nada que objetar porque este va a ser un cauce natural de conocimiento de asuntos por parte del Defensor siempre que no hay petición o denuncia ciudadana previa, pero no convirtamos -esto nos parece importante- a los medios de comunicación en directores de la actuación del Alto Comisionado. Estoy seguro de que no va a ser así. En cuanto a cuestiones concretas, he de ser sincero y reconocer las dificultades que me ha planteado aislar solo ciertos asuntos en los que centrar mi atención. Es difícil dejar alguno de ellos al margen. No obstante, la necesidad nos obliga. Comenzaremos por un tema de indudable actualidad como es todo lo relativo a la Administración de Justicia. Quiero señalar que, tras la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia de hace ya algunos meses y algunos casos que han saltado a la primera página de nuestros periódicos en relación con este asunto, esto no ha hecho más que poner de manifiesto una situación endémica de nuestra Administración de Justicia que desde hace treinta años sufre no solo dilaciones indebidas, sino dilaciones excesivas. Es necesario constatar y solucionar estos problemas de funcionamiento para convertir nuestra justicia en una justicia del siglo XXI. A eso ya se ha puesto el Gobierno de la nación. A ello respondió, en la pasada legislatura -y es solo un ejemplo- el incremento del personal al servicio de la Administración de Justicia en más de 1.100 jueces, magistrados o fiscales. Por cierto, el doble que en el periodo 2000-2004. Y responden, para la presente legislatura, el Plan de modernización de la justicia o la creación de la oficina judicial. Una valoración similar se puede hacer en relación con las quejas relativas a violencia de género. El Grupo Socialista -que no olvidemos que es el grupo parlamentario que apoya el Gobierno- promovió la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, que ha creado los juzgados y los agentes dedicados en exclusiva a esta materia, y se encuentra comprometido con esta cuestión. Pero cualquier acto de violencia, cualquier muerte de una mujer por el simple hecho de serlo, justifica la preocupación y, por ello, no podemos sino alabar la investigación emprendida por el Defensor del Pueblo relativa a las casas de acogida para mujeres maltratadas. Lo mismo sucede con la Administración penitenciaria. Este Gobierno lo ha hecho desde 2005, con la aprobación del Plan de infraestructuras penitenciarias que prevé la creación de hasta once establecimientos antes de 2012, pero también con la puesta en marcha de iniciativas novedosas como, por ejemplo, los módulos de respeto en varios centros penitenciarios o la apuesta decidida por los centros de reinserción social. En la línea de la reinserción, ha realizado un esfuerzo indiscutible en esta materia.


En cuanto a otra serie de cuestiones como, por ejemplo, la inmigración, no podemos estar más de acuerdo con las consideraciones que hace también el Defensor del Pueblo en materia de tratamiento a los inmigrantes ilegales y, en especial, la preocupación expresada por el Defensor del Pueblo en su informe en relación con dos cuestiones fundamentales: los centros de internamiento y el colectivo de menores no acompañados. La posición del Partido Socialista en materia de inmigración es conocida y solo se puede abordar de forma trasversal y global, vinculando, especialmente, a la Unión Europea. Queremos una inmigración legal y ordenada, que tenga en cuenta la capacidad de acogida de nuestro país y vinculada a un contrato laboral, lo que implica un estricto control de los flujos migratorios y una lucha feroz contras las mafias que trafican con seres humanos y contra la economía sumergida. Pero también somos firmes partidarios de la plena integración social de los inmigrantes y queremos que se garanticen plenamente sus derechos. En esa dirección se ha estado y se está trabajando como atestiguan, a simple título de ejemplo, los convenios de cooperación con los países de origen y el tránsito de la inmigración. En cuanto a la sugerencia del Defensor de que se cree una agencia estatal de inmigración y emigración que coordine el trabajo de todos los departamentos en esta materia, tengo que decir que mi grupo parlamentario también está de acuerdo, tan de acuerdo que fue el Gobierno socialista en 2006 el que aprobó una ley que se comprometía a su creación.


En lo relativo a Sanidad, quiero recordar que en la pasada legislatura fui portavoz parlamentario en materia de capacidad, por tanto mi atención se centra, lógicamente, en esta cuestión; y más en el año en que España ha firmado la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Compartimos la preocupación del Defensor del Pueblo en relación con este colectivo, pero deseo añadir un apunte que, aunque no tiene que ver estrictamente con el informe anual que hoy nos presenta el Defensor del Pueblo, por mi trayectoria profesional me gustaría destacar; no es otro que la noticia según la cual el Defensor del Pueblo admite la queja del Cermi contra el reglamento notarial por posible discriminación a las personas con discapacidad, al impedir a este colectivo intervenir como testigos en escrituras notariales. Nos parece una buena noticia y quería destacarlo en mi intervención.


Otra queja es la relativa a la política lingüística en Cataluña. Según el informe que se nos presenta, existe

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un número significativo de quejas en esta materia sobre la aplicación del régimen de cooficialidad lingüística en esta comunidad autónoma. Pero resulta necesario reconducir este problema a sus justos términos. En primer lugar, porque ese número significativo es de en torno a un centenar de quejas en la comunidad autónoma, que tiene casi siete millones de habitantes. En segundo lugar, porque no hay que olvidar que el régimen lingüístico de Cataluña no es de hoy ni de ayer; no olvidemos que la Ley catalana de normalización lingüística es de 1998 y que hasta la pasada legislatura no ha planteado mayor problema. Además, lo que hoy está pendiente en el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma estatutaria citada no es el contenido de este régimen lingüístico, sino su inclusión en el Estatuto de Autonomía. Después de estas necesarias consideraciones breves sobre asuntos particulares, no puedo dejar de mencionarl una cuestión que al Grupo Socialista le ha preocupado. Nos preocupa que la posición del Defensor del Pueblo sea socavada, nos preocupa todo lo que sucedió la pasada legislatura en torno al Estatuto de Autonomía de Cataluña. No quiero reabrir el debate sobre esta cuestión. No me guía ánimo polémico alguno pero les recuerdo cuál ha sido, en todo momento, la posición del grupo parlamentario al que represento. No será el Grupo Socialista quien cuestione la legitimidad formal del Defensor del Pueblo para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. Lo que sí cuestionamos -y lo hicimos ya la pasada legislatura- es la oportunidad política e incluso institucional de ese acto. La extravagancia es que un órgano que tiene por misión defender los derechos y libertades de los ciudadanos, recurra más de la mitad del articulado del Estatuto catalán, títulos enteros del mismo, que nada tienen que ver con esta materia, más si tenemos en cuenta que esta es la primera vez en que el Defensor del Pueblo recurre un Estatuto de Autonomía y que un partido político -el Partido Popular- ya había recurrido esta norma.


Voy terminando y no puedo hacerlo sino constatando y reiterando el compromiso prioritario del Partido Socialista y del Gobierno español con la profundización de las garantías en toda actuación administrativa, lo que implica en todo caso la aplicación del principio de tolerancia cero ante cualquier comportamiento de la Administración que suponga o pueda suponer una vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos. Para esta tarea los ciudadanos confían en una institución como la que usted representa, como demuestra cada año el resumen de su actividad que constituye su informe anual.


La señora PRESIDENTA: Terminada la intervención de los grupos parlamentarios, hacemos un descanso de quince minutos para que, a continuación, conteste el señor Defensor del Pueblo. (Pausa.)

Señorías, vamos a reanudar la sesión con la intervención del señor Defensor del Pueblo para contestar a las preguntas y cuestiones que le han formulado. Tiene nuevamente la palabra el señor Defensor del Pueblo, don Enrique Múgica.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Señorías, voy a tratar de responder a las observaciones que me han hecho. Hay varias preguntas sobre temas estatutarios formuladas por varias de SS.SS. a las que responderé en conjunto.


Al señor Torres, senador por Ibiza y Formentera, le agradezco su intervención. Sabe S.S. que hemos empezado a trabajar sobre que debiera de existir en la isla de Ibiza una unidad de radioterapia y vamos a ver las respuestas que recibimos en ese sentido. Vamos a insistir sobre ello continuamente. Respecto a la descoordinación entre comunidades autónomas y ayuntamientos en la Ley de Dependencia, la ley debe cumplirse por todos, por el Gobierno, por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos con una coordinación mejor de la que existe ahora.


Al señor Batlle -con esto respondo ahora a los temas del Estatuto- quiero decirle que se ha discutido sobre la legalidad y legitimidad para recurrir el Estatuto de Autonomía de Cataluña, por lo que no volveré a insistir. Hay pendiente una sentencia próxima del Tribunal Constitucional y a la misma me remito. Vamos a esperar un tiempo, porque ya está a las puertas. ¿Por qué no se han recurrido por esta institución los demás estatutos de autonomía de Valencia, de Andalucía, habiéndose recurrido en supuestos que parecían, según usted, prácticamente iguales o semejantes, en el peor de los casos, entre ambos estatutos? Tengo que decirle que en la página 548 y siguientes del informe están las razones que usted me pide. No voy a leerles dichas páginas, porque el informe está en sus manos, obra en su poder y a ello me remito. Con respecto a su pregunta sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros, quiero decirle que esta institución recurrió la apertura del citado centro ante el Tribunal Constitucional y éste decidió darnos la razón de que eran centros de internamiento de privación de libertad, no penitenciarios, por lo que solo cabía regularlos por una normativa administrativa. Podemos seguir hablando sobre ello, no nos compete dirigirnos a los tribunales cuando son centros de prisión, pero sí nos compete si son centros de internamiento provisional sujetos a normativa administrativa.


Señor Olabarría, yo he dado unas cifras, pero esto no es un informe contable. Las cifras que doy son las necesarias para sostener el contexto de los derechos fundamentales que debo defender y cuando son obligados, en parte, los defiendo. Aquí tiene este libro editado ahora y que obra en su poder tiene casi 600 páginas de recomendaciones y sugerencias respecto a este año, pero hay otro libro del año pasado. Las cifras sirven como sustento aritmético a unas recomendaciones o sugerencias que son mucho más amplias, que son el grupo central o el corazón del informe y a ello me remito. En cuanto a la Dirección General de Tráfico -lo he manifestado en mi intervención y está en el informe-, las recomendaciones

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son con respecto a la administración en cuanto a la identificación de personas y a sanciones. En el informe está -y lo repito- que la Dirección General de Tráfico ha mejorado sustancialmente. He repetido en reiteradas ocasiones, incluso en conferencias conjuntas con el director general de Tráfico, que la siniestralidad ha bajado de forma importante gracias a la nueva normativa que ha dado el Gobierno sobre tráfico. Sobre las lenguas cooficiales, debo decir que el folleto informativo sobre el Defensor del Pueblo está en nuestra página web en todas las lenguas cooficiales del Estado español, pero incluso vamos más allá que ninguna otra institución pública, porque además está traducido al alemán, al inglés, al francés, al árabe, al ruso, al rumano, al polaco, al chino y al búlgaro.


Yo no soy un contrapoder. Soy un comisionado de las Cortes Generales para defender los derechos fundamentales y estoy subordinado a las Cortes Generales. Yo no tengo potestas, señor Olabarría; yo no tengo potestas.
Tengo simplemente la auctoritas que me da el trabajo que hacemos en la institución, tanto el Defensor como los adjuntos como los demás colaboradores que trabajan en ella. La potestas es propia del Poder Ejecutivo, sea Ejecutivo del Estado, del Gobierno de España, de los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos. No tengo potestad, simplemente tengo auctoritas. Esta auctoritas es cada vez más apreciada por los ciudadanos. Reiteradamente el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, hace amplias encuestas con miles de encuestados, escogidos prudente y racionalmente, para conocer la opinión sobre las instituciones y cada cierto periodo de tiempo regular facilita un resultado. El resultado del CIS es que el Defensor del Pueblo es una de las instituciones que está entre las más elogiadas, entre las menos criticadas, entre las más aplaudidas -no digo alabadas, porque no me gusta-, y entra las que los ciudadanos españoles tienen más confianza. La institución es conocida. ¿Puede ser más conocida? Todo puede ser más conocido. Fíjense que hay presidentes de gobiernos autónomos o ministros del Gobierno de España que la mayoría de los ciudadanos no conocen. Puede y debe ser más conocida, pero ya es lo suficientemente conocida como para que las quejas vayan viniendo y para que los ciudadanos tengan confianza en el Defensor del Pueblo.


Respecto a las competencias del Síndic, respondo a la representante de Convergència i Unió. En mi recurso de inconstitucionalidad -aunque he dicho que no iba a hablar sobre esto porque ya lo hemos hablado- hay una parte que impugna y tacha de inconstitucional la exclusión de competencia del Defensor del Pueblo de toda España, de todo el Estado, de las relaciones con la Generalitat catalana y con los ayuntamientos de Cataluña. Creemos que esto es algo que contradice plenamente el artículo 54 de la Constitución, que se refiere al Defensor del Pueblo como institución que garantiza y defiende los derechos fundamentales, y su ley orgánica. Veremos lo que dice el tribunal, pero mientras tanto, eso no aparece en ningún otro Estatuto. El respeto al Defensor del Pueblo, sea del color que sea el Gobierno que ha planteado el estatuto ante las cámaras autonómicas, aparece solo en el Estatuto de Cataluña. A pesar de que está recurrido, el señor Ribó y yo hemos hablado múltiples veces sobre este tema. Llegamos a un acuerdo de convenio, y para firmarlo nos propusimos desplazarnos a Cataluña, a Barcelona, a la oficina del Síndic de Greuges. Ya teníamos fijada la fecha, incluso la adjunta primera y yo teníamos los billetes. Dos días antes recibimos un e-mail, que consta y que le puedo enseñar, diciendo que no fuéramos a Barcelona, porque sus asesores habían recomendado que no se firmara ese convenio. Sin embargo, la colaboración con el señor Ribó es plena y absoluta en materia de quejas. Tanto es así -ya veremos después lo que resuelve el Tribunal Constitucional- que se está cumpliendo estrictamente lo que establece el Estatuto de Cataluña -cuya vigencia nunca he puesto en duda, porque la vigencia de sus artículos solo puede ponerlas en duda el Tribunal Constitucional- en todos los expedientes. Hay un montón de expedientes -le puedo dar la cifra- remitidos por el Síndic de Greuges al Defensor del Pueblo, que se refieren a la actuación de la Administración General del Estado, y hay otros muchos expedientes remitidos por el Defensor del Pueblo al Síndic de Greuges en relación con la actuación de la Generalitat o de los ayuntamientos catalanes. No se ha parado la relación y el Estatuto vigente se ha cumplido plenamente, tanto por el Síndic de Greuges como por el Defensor del Pueblo.


Evidentemente está surgiendo una defensormanía. Todos quieren tener defensores del pueblo. Dentro de poco, las oficinas de correos tendrán también su defensor del pueblo. Yo no soy partidario de esa defensormanía. Aquí, los auténticos defensores del pueblo son el Defensor del Pueblo de España y los defensores autonómicos, que constan en la Constitución y en los estatutos, que son los únicos elegidos por el Parlamento español y por los parlamentos de las comunidades autónomas y cuyas competencias, cuya auctoritas surge precisamente de la aprobación parlamentaria. Los defensores que surgen en los ayuntamientos son nombrados por los ayuntamientos y pueden dirigirles recomendaciones, pero si los ayuntamientos no hacen caso a esas recomendaciones, los defensores del pueblo nombrado por ellos están atados de pies y manos. Una de las características que tenemos los defensores nombrados por los parlamentos respectivos es que podemos dirigirnos a las administraciones y obligarlas a que nos contesten, y esta característica no la tiene ninguno más. Por tanto, esa defensormanía es una moda del tiempo, no una realidad actual.
Tanto es así que tanto nosotros como los defensores del pueblo de las comunidades autónomas, tengan la apelación que tengan, destacamos en nuestros informes la improcedencia por la falta de contestación de las administraciones que no han respondido al Defensor del Pueblo, sean del tipo que sean. Más aún, aquellos que no responden tienen plazos. Cuando se cumple la tercera

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petición para recabar el informe a esa Administración, si no responde, el Defensor del Pueblo y los defensores autonómicos pueden dirigirse a la jurisdicción penal, según el artículo 502 del Código Penal, para pedir que se conteste esa petición. Si no contesta, en defensa del Defensor del Pueblo, se interpone una petición a la fiscalía, para que esta interponga una querella criminal contra esa Administración con sanciones que van de multa a suspensión de empleo y funciones de entre seis meses y dos años.
Eso lo ha hecho incluso el Ararteko de nuestro País Vasco -nuestro País Vasco común, del que hablo en euskera también; un poco, pero lo hablo-, porque el alcalde de una localidad guipuzcoana devolvía al Ararteko anterior, al Ararteko en funciones, las cartas que le dirigía sin abrirlas. Entonces, interpuso la denuncia al fiscal, el fiscal la recogió y el alcalde de Pasajes fue sancionado. Es decir, posibilidades tenemos, lo que pasa es que lo hacemos con mucha discreción, pero no utilizamos esa facultad como un Pepito Grillo inmoderado. A veces, no es el responsable político al que se dirige la queja o del que se recaba información el que la recoge; a lo mejor es el burócrata o el funcionario el que la recoge, la estudia o no o la traspapela. Por tanto, ¿qué hacemos? Muchas veces nos dirigimos al responsable político para decirle: Oiga usted, hemos hecho esta queja. A lo mejor no le ha llegado.
Respóndanos, para que no pidamos que se aplique el artículo 502.
Naturalmente, el responsable político, que es el que tiene la potestas, nos contesta. Esa es la forma que tenemos de trabajar.


Prisiones. Visitamos las cárceles de España. El Gobierno de España está preparando un protocolo sobre la tortura y ha pedido nuestra colaboración. Naturalmente, estamos colaborando con el Gobierno de España en este protocolo sobre la tortura. Cada quince días, funcionarios del Defensor del Pueblo, sin avisar previamente, por supuesto, llevando consigo una credencial firmada por mí, van a visitar las cárceles españolas. Hacemos una inspección de todas las cárceles españolas.
Estamos recorriendo e inspeccionando sin aviso previo todas las cárceles españolas. Naturalmente, esa auctoritas que tiene el Defensor del Pueblo hace que no se atrevan a desestimar esa inspección.


Habla S.S. del relator. El relator vino a verme, pero no solo a mí sino también al Poder Judicial, al Gobierno vasco y al Gobierno del Estado. A todos los que quiso ver, le abrieron las puertas. De la conversación con él dedujimos que traía unos esquemas preestablecidos. Repito que habló con todos. Y aquellos esquemas preestablecidos, al regresar, se convirtieron en resoluciones establecidas. No cambió absolutamente nada lo que pensaba. Le dije: yo no creo que existan torturas -y lo repito- de presos en las cárceles españolas o en las comisarías de Policía. Puede haber casos pero son casos concretos que son sancionados y sobre los cuales estamos muy pendientes. Reitero el protocolo sobre la tortura, su utilización por el Gobierno y la colaboración que con ellos tenemos. En estos momentos hay 170.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Solo han sido condenados 25 entre los 170.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por parte de los Gobiernos de España -sean del color que sean- siempre ha habido una actuación implacable con aquellos que han sido señalados, detectados y cuya actuación de malos tratos o tortura ha sido comprobada.


Se referían la señora Surroca y algunos comisionados a los criterios que tenemos para instrumentar las quejas de oficio. Las instrumentamos siguiendo una pauta: la información suministrada por los medios de información. Los medios de información jamás han intentado, ni lo han dicho, presionar al Defensor del Pueblo, y tampoco lo aceptaríamos. Para nosotros los medios de información son eso, medios de información. Es muy importante que los medios de información expongan los trabajos y las actuaciones de la institución. ¿Cuáles son los criterios que queremos? Somos libres e independientes. Nosotros observamos que ha habido una situación anómala, una situación que debe ser contrastada y hay que mantener nuestra atención en ese foco cuando de ese foco se deriva menoscabo de los derechos fundamentales. Entonces nos reunimos, estudiamos la situación y consideramos que es necesario proceder de oficio ante la Administración que ha cometido, en principio, ciertos desafueros.


Se han dirigido a nosotros sociedades protectoras de animales y hemos contestado a todas excepto a aquellas cartas injuriosas para el Defensor del Pueblo imputándole y acusándole de ser aficionado a los toros.
Naturalmente yo soy tan aficionado a los toros como el magnífico alcalde que tienen ustedes en Bilbao; más a lo mejor, pero el magnífico alcalde que tienen ustedes es también un magnífico aficionado a los toros.


Señora Surroca hay datos comparativos con los del año anterior. Hay que tener en cuenta que los datos siempre son en comparación con los del año anterior. Incluso en el informe tenemos datos comparativos de las quejas entre 2000 y 2008. En el resumen tenemos quejas registradas desde el 2000 hasta el 2007. Le agradezco lo que me dice para poner más énfasis sobre la materia. Así lo haremos. Sobre el coste de vida y la diferencia, no puedo hablar porque para eso está el Instituto Nacional de Estadística.
Usted, yo y todos experimentamos cómo está subiendo el coste de la vida, pero ese es un problema de tipo político y económico que escapa a nuestra competencia.


Ya he comentado las diferencias que hay en los criterios que tenemos sobre las quejas de oficio. Sobre la normalización de las quejas, el año pasado aumentaron extraordinariamente debido, por ejemplo, al caso de Afinsa.
Los casos fueron miles y miles. De todos los territorios del Estado llegaron muchas quejas y por eso ahora estamos volviendo a la normalidad.
Cada año hay más, el año 2007 hay menos quejas que el 2006, pero ya dentro de un flujo normal. En cuanto a las quejas que no son admitidas, debo señalar que todas y cada una de ellas reciben la contestación de por qué no lo son, una contestación en la que no se

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dice, por ejemplo, que no es admitida porque no nos da la gana sino porque la legislación, la normativa, no permite que se admita en la institución esa queja. Es siempre una explicación razonada y muy amplia que ocupa a veces varias páginas, páginas sustanciales en todo caso.


Sobre la demora en la tramitación de DNI y pasaportes, había problemas graves de espera y hemos conseguido que el Ministerio del Interior dé cita previa señalando fecha y hora para las peticiones de documento nacional de identidad y de pasaportes.


Si me he dejado alguna cuestión pendiente ya me la recordarán, pero creo que prácticamente he contestado a todos. Aunque nunca llueve a gusto de todos. Pero llover llueve sobre todos.


La señora PRESIDENTA: Quiero dar las gracias al señor Defensor, a sus adjuntos y también a las señoras y señores diputados que han asistido a esta Comisión.


Se levanta la sesión.


Era la una del mediodía.

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