DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 276, de 22/09/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 276
Sesión plenaria núm. 262
celebrada el jueves,
22 de septiembre de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece
el impuesto sobre el patrimonio, con carácter temporal ("BOE" núm. 224,
de 17 de septiembre de 2011). (Número de expediente 130/000050.) ... (Página4)
- Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas
complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del
régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
("BOE" núm. 226, de 20 de septiembre de 2011). (Número de expediente
130/000051.) ... (Página14)
Enmiendas del Senado. (Continuación.) ... (Página25)
- Proyecto de ley de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 119-1, de 1 de abril
de 2011. (Número de expediente 121/000119.) ... (Página25)
- Proyecto de ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 125-1, de 27 de
mayo de 2011. (Número de expediente 121/000125.) ... (Página30)
- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. "BOCG. Congreso de
los Diputados", serie A, número 136-1, de 29 de junio de 2011. (Número de
expediente 121/000136.) ... (Página34)
- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A,
número 137-1, de 29 de junio de 2011. (Número de expediente 121/000137.)
... (Página41)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ... (Página41)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página4)
Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el
impuesto sobre el patrimonio, con carácter temporal ... (Página4)
La señora vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y ministra de
Economía y Hacienda (Salgado Méndez), expone a la Cámara las razones que
han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos
Berruezo, Díez González, Guinduláin Guerendiáin, Oramas González-Moro y
el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora
Buenaventura Puig y el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Montoro
Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora
Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias
en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de
actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ... (Página14)
El señor ministro de Trabajo e Inmigración (Gómez Sánchez), expone a la
Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real
decreto-ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González y
Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares
Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); García-Tizón López, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Membrado Giner, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Al amparo del artículo 73 interviene la señora Díez González.
Interviene el señor Membrado Giner.
Enmiendas del Senado. (Continuación.) ... (Página25)
Proyecto de ley de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ...
(Página25)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Trillo-Figueroa Martínez-Conde, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y Quijano González, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
... (Página30)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Tardà i Coma, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió y los señores Lassalle Ruiz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y Torres Mora, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Interviene la señora ministra de Cultura (González-Sinde Reig).
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre,
de Instituciones de Inversión Colectiva ... (Página34)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Sánchez i Llibre,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras
Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Gastón
Menal, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley general
reguladora de la jurisdicción social.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley general
de salud pública.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
medidas de agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la Ley
53/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de
orden social (anteriormente denominado proyecto de ley de medidas de
agilización procesal).
Sometida la iniciativa a votación de conjunto ya que se introduce una
nueva disposición adicional con el objeto de modificar diversos artículos
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se aprueba por 343 votos a favor y
una abstención.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley
reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre
titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la
que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de
inversión colectiva.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la
que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ... (Página41)
Sometida a votación la convalidación del Real decreto-ley 13/2011, de 16
de septiembre, por el que se restablece el impuesto sobre el patrimonio
con carácter temporal, se aprueba por 176 votos a favor, dos en contra y
166 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 14/2011, de 16
de septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas de
empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, se aprueba por 180 votos a favor, 11 en contra y
153 abstenciones.
Se levanta la sesión a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Anuncio a sus señorías que en el supuesto de que se aprobase alguna de las
enmiendas correspondientes al proyecto de ley de medidas de agilización
procesal y reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, tendría carácter
orgánico. En consecuencia, les anuncio que tal votación con carácter
orgánico no se producirá antes de las doce horas de esta mañana.
Del mismo modo, les anuncio que las solicitudes de votación separada y
cualquier incidencia que tenga que ver con la votación y que deba ser
tenida en cuenta por la Mesa, antes de las once horas debe estar en poder
del
presidente. Les ruego que en este asunto de las horas, que es el último
día, me hagan caso.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO LEY 13/2011, DE 16 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE RESTABLECE
EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO, CON CARÁCTER TEMPORAL. (Número de
expediente 130/000050.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a estudiar la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece
el impuesto sobre el patrimonio con carácter temporal.
Tiene la palabra la señora vicepresidenta de Asuntos Económicos del
Gobierno, doña Elena Salgado.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi comparecencia ante el Pleno de esta Cámara, la última
comparecencia de esta legislatura, tiene por objeto presentar para su
debate de convalidación el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre,
por el que se restablece el impuesto sobre el patrimonio con carácter
temporal. Este impuesto, tal y como estaba configurado en la Ley 19/1991,
de 6 de junio, había dejado, como saben, de ser materialmente exigible a
los contribuyentes, puesto que la Ley 4/2008 previó que sobre la cuota
íntegra del impuesto se aplicara una bonificación del cien por cien a los
sujetos pasivos, suprimiendo de esta manera el gravamen pero sin derogar
formalmente la ley. El decreto-ley que hoy les presento, por tanto,
recupera este gravamen, pero con carácter temporal y para los patrimonios
más altos, con un fin muy claro que entiendo que no les es ajeno a
ustedes, el de reforzar la estabilidad presupuestaria potenciando la
equidad. En el año 2008 vino a esta Cámara un proyecto de ley con el
contenido al que me he referido y hoy pedimos su voto afirmativo para
este real decreto-ley que matiza de manera relevante la decisión del año
2008.
Señorías, ni el contexto al que responden las medidas es el mismo ni
estamos pidiendo recuperar en toda su extensión el gravamen regulado en
la ley del año 1991 ni presentamos esta recuperación como definitiva. Sus
señorías son conscientes, como lo somos todos, de la situación económica
que estamos viviendo, cuya extensión en el tiempo y cuyas características
han determinado la adopción de decisiones de naturaleza extraordinaria y
urgente. Muchas de estas decisiones están ligadas al objetivo de la
estabilidad y, como este es el caso, al de obtener recursos para poder
garantizar los compromisos asumidos por España, por todas y cada una de
las administraciones, y al mismo tiempo previendo que aporten más los que
más tienen. La aprobación con el tiempo suficiente para que las
comunidades autónomas puedan ejercer, si lo desean, sus competencias
normativas y para que los ciudadanos conozcan con antelación la
regulación que les es aplicable son razones que se suman a las anteriores
para entender cumplido convenientemente el requisito constitucional
habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad.
Les decía que no es una mera recuperación del impuesto tal y como era
exigible antes de la entrada en vigor de la Ley 4/2008. No se introducen
modificaciones sustanciales en la estructura del tributo, dado que se
elimina la bonificación fiscal a la que ya me he referido. No obstante,
no se hace recaer el gravamen en los contribuyentes con lo que podríamos
denominar un patrimonio medio, puesto que se aumenta de manera
significativa tanto el límite de exención parcial de valoración de la
vivienda habitual, que pasa a ser de 300.000 euros -les quiero recordar
que antes era algo más de 150.000-, como el mínimo exento que se aplicaba
antes de la Ley de 2008, que era de 108.182,18 euros, hasta los 700.000.
Juzguen sus señorías las cuantías de las que estamos hablando, y ello
evidentemente respetando la capacidad normativa de las comunidades
autónomas. De esta manera reforzamos sin duda el principio de equidad del
que adolecía la normativa anterior, dirigiendo este impuesto a un número
muy reducido de contribuyentes con una especial capacidad económica. A
estos contribuyentes les pedimos un esfuerzo adicional para contribuir a
la estabilidad económica.
En cualquier caso, tal como ya he apuntado, el impuesto se restablece con
carácter temporal, exclusivamente para los años 2011 y 2012, debiéndose
presentar las declaraciones y realizar los ingresos correspondientes a
dichos ejercicios respectivamente en los años 2012 y 2013, años en los
que se ha de continuar con el esfuerzo para reducir el déficit y
favorecer la estabilidad de nuestras finanzas públicas. No significa esto
que el Gobierno piense que no deben seguir contribuyendo más aquellos que
tienen mayor capacidad económica, pero entendemos que a lo largo de la
próxima legislatura podrá diseñarse un impuesto que recoja con mayor
amplitud, en su integridad, la capacidad económica de los contribuyentes
y, por tanto, pueda gravar no solo lo que este impuesto grava, el
patrimonio entendido de una determinada manera, tal y como lo hacía la
ley vigente, sino también toda la capacidad económica de un contribuyente
en particular.
Me gustaría además resaltar una idea, aunque creo que ha quedado bastante
clara en el debate de estos días pasados. Esta medida, este decreto-ley,
no afecta a la autonomía financiera de las comunidades autónomas, no
afecta a sus capacidades normativas, puesto que van a poder
desarrollarlas en todo el ámbito que la ley les confiere, y tampoco, por
supuesto, va a afectar en estos dos años a las compensaciones previstas
en la Ley de Financiación Autonómica, porque, señorías, con la fórmula de
un decreto-ley sencillamente no se puede. Por tanto, la discusión tiene
que plantearse desde esa impo
sibilidad de que un decreto-ley modifique la Ley de Financiación
Autonómica vigente.
Este, señorías, es el contenido del real decreto-ley. Incorpora aquello
que es posible, entre otras razones por las limitaciones constitucionales
y, si me lo permiten, lógicas, dado que estamos hablando de normas que
aprueba el Gobierno con rango o fuerza de ley y que después se convalidan
en este Parlamento. Por ello, porque entiende el Gobierno que este
decreto-ley es necesario, es urgente, es razonable y es posible, les pido
su apoyo a este real decreto-ley que les he presentado.
He querido hacer una presentación muy breve, en primer lugar, porque no se
modifica la estructura del impuesto, simplemente se repone eliminando esa
bonificación del cien por cien y subiendo los límites exentos, y en
segundo lugar, para poder tener siquiera dos minutos para reconocer la
labor que han realizado sus señorías a lo largo de esta legislatura; una
labor que desde luego ha sido desarrollada por todos, pero quisiera
reconocer especialmente la tarea que han realizado los que han sido
capaces de alzar la vista de lo inmediato y de apoyar planteamientos
difíciles pero muy necesarios en la situación de crisis económica que
todavía estamos viviendo. Quisiera despedirme de todos ustedes
deseándoles lo mejor y reiterándoles mi agradecimiento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Aun cuando no es usual, deseo trasladar a sus señorías que la señora
vicepresidenta del Gobierno tiene hoy una cita inexcusable en Washington.
Me lo ha pedido y he hablado con todos los portavoces, y me trasladan,
señora vicepresidenta, que comprenden su ausencia, aun cuando no haya
terminado el debate, y cortésmente queda liberada de tener que
escucharles en directo y en el salón de sesiones.
Tiene la palabra doña Uxue Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Intervendré desde el escaño. Señora vicepresidenta, como bien apuntaba
usted, nos trae en la recta final de la legislatura el gesto que creo que
el Gobierno no ha sabido hacer; no ha sabido, no ha querido o no ha
podido, pero en cualquier caso no ha hecho en estos años con la crisis
apretando las clavijas del Estado y de nuestro modelo de protección
social. Es ahora, en el final de su mandato, cuando inicia una reforma
fiscal -porque a la postre lo es, aunque solo en el gesto, como digo-
como arma para mantener el modelo. Y subrayo que solo en el gesto porque
lo que nos plantea hoy el Gobierno de la mano de este real decreto de
recuperación temporal del impuesto sobre el patrimonio es más un gesto de
connotación electoral -esas han sido en muchas ocasiones las acusaciones-
que ninguna otra cosa, si previamente no existe compromiso en todas las
bancadas de la Cámara y máxime cuando a la vuelta de la esquina la
convocatoria electoral nos anuncia un cambio de mayorías. (La señora
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Es una vez más, por lo tanto, en las formas donde, en opinión de Nafarroa
Bai, falla estrepitosamente la propuesta del Gobierno, que llega después
de un debate mediático en el que todas las partes han anunciado su
posición menos el propio Gobierno, el firmante del documento. Habló el
candidato socialista para anunciar y solicitar la recuperación, para
animar a la corrección; hablaron las comunidades autónomas gobernadas por
el PP para anunciar que no lo aplicarán. Pero hay más, hablan incluso las
comunidades autónomas cogobernadas por el Partido Socialista, en el caso
de Navarra -como ya he apuntado en otros debates- donde el socio del
Gobierno del PSOE anuncia que no aplicará la medida, no al menos hasta
hacerlo en último lugar, y el PSOE calla. Con estos mimbres la pregunta
es evidente: ¿Cuál es el objeto de la reforma? ¿Dónde está el intento
real de ampliar el capítulo de ingresos? Más nos tememos francamente
estar ante un gesto de estrategia preelectoral a la desesperada, aun
cuando se esté usando en este afán preelectoral -como digo- una de las
herramientas más delicadas en la redistribución de la riqueza como es la
ampliación del capítulo de ingresos. Por lo tanto, crítica a las formas y
además nos gustaría conocer hoy una expresión de compromiso por parte del
Grupo Parlamentario Socialista. ¿Esta norma es de aplicación en todas las
comunidades autónomas, al menos en aquellas que ustedes gobiernan o
cogobiernan? Esperamos un sí al compromiso que lógicamente tendrá
correspondencia, como no puede ser de otra manera, y en aras de la
coherencia política, un sí de Nafarroa Bai al real decreto que hoy nos
proponen.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Barkos.
Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, me pregunto cómo nos pueden ustedes pedir que les
apoyemos este real decreto sabiendo y diciendo ustedes mismos lo mal
formulado que está. ¿Cómo pueden pedirnos que apoyemos un real decreto no
estando presente ni siquiera el instructor del caso? No sé si es que
piensan mandar que se archive también este caso (Una señora diputada:
¡Anda!-Protestas.), o que no se cumpla o que se vulnere. Realmente me
parece sorprendente que ustedes nos pidan que apoyemos una fórmula que
ustedes ven negativa, que afirman que está mal calculada y redactada, y
que saben que no sirve para el objeto que se predica siquiera fuera de
esta Cámara, no en lo que usted ha dicho en la Cámara pero siquiera para
argumentar la necesidad de recuperar este impuesto.
¿No saben hacerlo de otra manera o no quieren hacerlo de otra manera? O lo
que saben es realmente generar maniobras de distracción, macguffins para
que hablemos de lo que no es, porque obviamente para combatir el déficit
no es, ¿verdad, señora vicepresidenta? Frente a 60.000 millones de
déficit 1.000 millones de recaudación, en el mejor de los casos, no
parece que sea suficiente -¿no parece, verdad?- para combatir el déficit.
No es para combatir el déficit. Además, efectivamente, está tan mal
formulado que si realmente ustedes quisieran con este impuesto combatir
las desigualdades desde el punto de vista fiscal, es decir que pagaran
más aquellos que más tienen, también en eso han errado porque a través de
las exenciones se saltan todas las grandes fortunas. Por tanto, tampoco
es para eso. ¿Entonces para qué es? ¿Para utilizar el Boletín Oficial del
Estado en campaña electoral? ¿Es que no han tenido bastante uso ya del
Boletín Oficial del Estado? ¿Para engañar a los ciudadanos? ¿Para que nos
distraigamos en aquello que no es del contenido? Creo que la gente se
merece un respeto. Tenemos posiciones distintas, usted me ha oído desde
esta tribuna plantear la necesidad de recuperar el impuesto de patrimonio
y me ha oído desde esta tribuna plantear la necesidad de hacer una
reforma fiscal a fondo, justa, progresiva, que sirva verdaderamente a los
intereses de una política económica seria. Por cierto, una política
fiscal única a nivel nacional, a nivel de España para favorecer una
política fiscal única también a nivel de la Unión Europea. Pero esto ni
forma parte de una reforma fiscal seria ni es un impuesto de patrimonio
realmente progresivo, realmente útil que favorezca más la igualdad, la
progresividad y la justicia. Porque, como usted muy bien sabe, este que
hoy es un impuesto autonómico en el que las comunidades autónomas tienen
incluso capacidad de reformar lo que hoy vamos a someter a aprobación,
desde todo punto de vista, desde el punto de vista de las exenciones y
del de los tipos, además puede favorecer la desigualdad y la
deslocalización. ¿Realmente quieren -aunque ya no tienen tiempo- recaudar
más? Si realmente lo hubieran querido, ustedes hubieran hecho algo para
perseguir el fraude fiscal. Por cierto, no hace falta crear ningún
instrumento nuevo...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No hace falta crear ninguna organización nueva
sino darle instrumentos a la agencia. Un fraude fiscal que se cifra en
España...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, señora presidenta.
Repito, que se cifra, como sabe usted muy bien, en ingresos por fiscalidad
de unos 70.000 millones de euros. Eso es lo que tendrían que haber hecho
si realmente a ustedes les preocupara esto.
Termino. Señora vicepresidenta, puesto que no voy a tener oportunidad
después de hacerlo, le deseo lo mejor en su vida privada.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Díez.
Señora Guinduláin.
La señora GUINDULÁIN GUERENDIÁIN: Señora presidenta, señorías, el Gobierno
trae a esta Cámara para su aprobación la recuperación de un impuesto que
él mismo había dejado sin efecto por considerarlo confiscatorio,
obsoleto, ineficaz e injusto. El impuesto de patrimonio penaliza a los
ahorradores, primero, en el IRPF cuando obtienen las rentas y
posteriormente, cuando esa renta se transforma en ahorro, se penaliza año
tras año; un despropósito que puede tener fatales consecuencias en
nuestra maltrecha economía puesto que desincentiva al ahorrador inversor
y por tanto se trasladará y afectará a las familias, a los autónomos, a
las empresas y al propio Estado español. Que los bancos dispongan de
dinero para prestar depende en gran medida del pasivo que obtengan de los
ahorradores. ¿No sería mejor antes de aplicar este impuesto mejorar la
eficiencia de la Administración y reducir el gasto público? ¿No sería
mejor emprender acciones encaminadas contra el fraude y contra la evasión
fiscal? ¿Acaso han calculado que los valores de los bienes sobre los que
recae este impuesto han sufrido en los últimos cuatro años reducciones de
hasta un 40 por ciento de media? ¿Se ha tenido en cuenta que en un
contexto como el actual de libertad de movimientos de capitales la
inseguridad jurídica que produce un incremento de impuestos podría
acarrear pérdida de recursos económicos? Sin embargo, y siendo
conscientes de la necesidad recaudatoria de la Administración, como
mínimo esta recuperación debería haber sido pactada y aprobada en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera al ser un impuesto de regulación
estatal aunque de aplicación autonómica. Si esta norma finalmente se
aprueba, Navarra actuará con responsabilidad y lo aplicará solamente
después de que lo haga el resto de las comunidades. Estamos, por tanto,
ante una decisión que creemos de marcado carácter electoral, que busca
más reavivar el recurrente discurso de ricos y pobres que la eficacia
recaudatoria.
Señorías, la sociedad española en los últimos años ha madurado a golpe de
crisis y ha comprendido que la riqueza, entendida como creación de valor
añadido y de puestos de trabajo, la generan no los políticos ni los
gobiernos, sino los empresarios y autónomos, que no son ricos ni pobres
ni de izquierdas ni de derechas, son emprendedores que necesitan
seguridad jurídica, incentivos fiscales y financiación, todo lo contrario
a los efectos perversos que este impuesto puede producir.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Guinduláin.
Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señores diputados, inseguridad. A Coalición Canaria no le
ha temblado jamás el pulso para apoyar al Gobierno, para impedir el
rescate de España y para tomar decisiones, pero nunca he visto una
decisión de un gobierno más poco convencido de la medida que está
tomando; es más, sabe, señora ministra, que usted y el presidente nos
habían manifestado hace un tiempo que no veían procedente la implantación
de este impuesto; eso fue así. Las promesas de los candidatos
electorales, a los programas electorales, así de claro. Lo que no puede
ser en este momento es la incertidumbre que tienen las propias
comunidades autónomas cuando ante un posible cambio de Gobierno el
partido que puede acceder a ese Gobierno no se manifiesta si lo va a
mantener o no. Inseguridad en época de confianza. Quiero preguntarle
sobre esa incertidumbre que se genera con la implantación: ¿se va a
solicitar a las comunidades autónomas la devolución de la compensación
porque va a cobrar dos veces el mismo impuesto? ¿Lo tienen que incluir
las comunidades en su presupuesto el año que viene? ¿Es un impuesto que a
dos personas con las mismas propiedades, los mismos edificios, a una se
le va a cobrar una cantidad y a la otra, otra porque una ha transmitido
hace treinta años y otra recientemente o porque el valor catastral es
distinto?
Creo que de verdad este país necesita un impuesto sobre la riqueza,
demagogia no. Unos creen, como el propio candidato -por cierto, el
proponente de este impuesto no debería haber sido usted, debería haber
sido el señor Rubalcaba que no está y es el que tuvo la idea-, que ahora
está mal formulado. ¿Usted cree que España, en un momento en que necesita
certidumbre, puede permitirse impuestos y revisión de la política fiscal
mal formulada? Eso no es serio. Eso no es serio y, desde luego, con
Coalición Canaria no van a contar para esta decisión. Este país necesita
una reforma fiscal importante, este país necesita, como Europa y como
Estados Unidos, un impuesto sobre la riqueza importante, pero no hagamos
demagogia ni propuestas electorales; las propuestas electorales, a los
programas electorales y más en época de cambio de Gobierno. También
claridad al Partido Popular porque las comunidades autónomas tienen que
saber si esto que se implanta hoy va a tener permanencia o se va a
eliminar.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Oramas.
Señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, vicepresidenta, empiezo por admitir que el BNG a la hora de
determinar su sentido de voto se debatió entre dos refranes: uno dice a
buenas horas mangas verdes y el otro más vale tarde que nunca, aunque en
este caso sea tarde, mal y arrastro. Digo esto, señora vicepresidenta,
porque nos opusimos en su momento a la eliminación práctica de este
impuesto y propusimos un mantenimiento para los grandes patrimonios.
Incluso esta propuesta, junto a otras muchas en materia impositiva, la
presentamos como enmienda a los distintos proyectos de presupuestos y
está contenida en las propuestas que trasladamos al Gobierno en Zurbano.
Ahora ustedes rectifican en los minutos de descuento de esta legislatura
y lo hacen incurriendo en continuas contradicciones a la hora de explicar
su alcance para las comunidades autónomas y los contribuyentes. Permítame
que se lo diga, creo que es un colofón perfecto a la que ha sido su forma
de gobernar, llena de vaivenes, ocurrencias e improvisaciones.
El Estado español, desde nuestro punto de vista, necesita algo más que un
parche fiscal de dos años de duración, necesita algo más que un gesto
electoral de última hora para compensar las continuas rebajas fiscales
que han tenido a las rentas altas como principales beneficiarias. El
Estado español necesita una reforma fiscal integral que dote de más
progresividad y de más justicia al conjunto del sistema impositivo y
provea de más recursos a las políticas públicas. Pero dicho esto,
señorías, discrepamos también profundamente de los argumentos de quienes
se oponen a esta medida. ¿Cómo se puede decir que castiga a las clases
medias? ¿Son clases medias las que tienen patrimonios netos superiores a
los 700.000 euros? ¿En qué mundo viven algunos? Dicen que subir impuestos
significa más paro. Entonces, señorías, ¿cómo es posible que siendo la
presión fiscal tan baja en el Estado español, que siendo tan escandaloso
el volumen de fraude fiscal, el Estado español al mismo tiempo sea el
campeón de Europa en tasas de desempleo? Los países con una fiscalidad
más avanzada son también los que tienen mayores niveles de empleo y de
bienestar. Señores del Gobierno, esta reforma fiscal es tardía e
insuficiente, pero es necesario dar pasos para cambiar las políticas
fiscales por muy tímido que sea el paso que hoy nos proponen. Por eso,
pese a nuestras discrepancias, votaremos a favor de la convalidación de
este decreto.
Señorías, dado que esta es mi última intervención en Pleno y dado que
usted, señora vicepresidenta, manifestó que su voluntad es no ostentar
ninguna responsabilidad pública y política en la próxima legislatura,
permítame que aproveche, pese a las profundas discrepancias con la
política económica del Gobierno, y le exprese mi respeto, le desee lo
mejor en lo personal y haga extensivo este deseo para todos los diputados
de esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra la
señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.
Señora ministra, señorías, última intervención de esta legislatura y
quiero decirles que me alegra poderlo hacer votando por fin sí a una
propuesta que hace el Gobierno en materia económica. Me alegra, porque la
propuesta que se hace, si bien evidentemente no coincide al cien por cien
con nuestros planteamientos, sí que se acerca en parte a lo que nosotros
hemos estado defendiendo durante estos cuatro años, tanto Gaspar
Llamazares, como anteriormente Joan Herrera y yo misma, y por tanto,
también es un reconocimiento a lo que nosotros hemos estado aquí
planteando. Por tanto, me alegra poder hacer mi última intervención en
este sentido.
Merece la pena recordar lo que hemos estado diciendo durante estos cuatro
años. Cuando justamente, en el año 2008, ustedes eliminaron el impuesto
sobre el patrimonio y anteriormente ya habían rebajado prácticamente toda
la fiscalidad en el año 2006, lo hicieron en la cresta de la ola o, mejor
dicho, en la cresta de la burbuja, en una situación de economía falseada.
Lo que era coyuntural e irreal, fruto de un crecimiento inflado,
insostenible e injustificado, ustedes se pensaron que sería permanente,
que ya estabámos en la Champions, ¿se acuerda? Que ya habíamos casi
superado a Italia. Y claro, ante tal crecimiento del PIB, ¿quién
necesitaba el Estado del bienestar? Pues no. Y decidieron hacer todas
estas reformas. Además lo hicieron a lo grande, como los nuevos ricos,
por si alguien no se había dado cuenta que le habían rebajado el IRPF, se
les ocurrió el gran golpe de efecto definitivo: el cheque de los 400
euros. Con ese fuego de artificio todo el mundo vería con nitidez su
mensaje: que no creían en los impuestos. Su Gobierno era poco amigo de
los impuestos y el argumento era muy simple: ¿dónde mejor iba a estar el
dinero que en el bolsillo del contribuyente? Justo las mismas ideas que
el Partido Popular, los mismos dogmas e ideología completamente
neoliberales. ¿Y dónde nos ha llevado esto, a nuestro entender? Recortes
sociales, déficit público. Nosotros, la minoría de la izquierda hasta
ahora en esta Cámara, ya se lo decíamos. Se necesitan más recursos para
el Estado y estos recursos se deben obtener fundamentalmente de los que
más tienen. Por tanto, la fiscalidad era importante, es importante y el
impuesto sobre el patrimonio es y era importante ya en el año 2008 y
nosotros nos opusimos a que se retirara.
Decían ustedes que este impuesto no valía porque era doble imposición,
porque al aplicarse este impuesto sobre bienes y rentas que han sido
gravadas con otros impuestos con anterioridad, por ejemplo el IRPF, no
cabía mantenerlo. ¿Y los impuestos directos e indirectos no son dos
gravámenes también del mismo? Decían después que el impuesto agobia a las
clases medias y nos explicaban que la mayoría de contribuyentes obligados
a tributar declaran cantidades muy modestas. Pero eso no era del todo
cierto. Los que tenían patrimonio mayor son los que ayudaban a recaudar
el 61 por ciento de este impuesto, es decir, solo el 6,5 por ciento de
los declarantes, que eran 60.000 personas, representaba una aportación
del 61 por ciento a la recaudación y ustedes decían que esto eran las
clases medias. Nosotros decíamos y decimos que no, que estas no son las
clases medias. Nosotros entendemos y entendíamos que era injusto,
insólito y muy poco razonable, mucho más en el momento de crisis en que
el Estado necesita recursos justamente para poder hacer frente a
políticas compensatorias y a políticas de reactivación de la economía,
que propugnasen la eliminación. Nos explicaban que había que eliminar el
impuesto porque los más ricos ya habían dejado de tributar. Nos decían
que muchos de los contribuyentes de patrimonios más elevados eluden el
impuesto montando sociedades para tributar a un tipo proporcional mucho
menor: las sicav, sociedades patrimoniales, de inversión inmobiliaria,
etcétera. Para nosotros la solución era fácil: reformen los impuestos,
limiten los elementos de elusión fiscal, garanticen precisamente que
aquellos que tienen más patrimonio tributen de una vez, pero no eliminen
el impuesto. No tenía ningún sentido.
Voy terminando, presidenta. Las cosas han ido como han ido, estamos al
final de la legislatura y al Partido Socialista en su programa electoral
se le ocurre volver a poner el impuesto sobre el patrimonio, pero no es
el impuesto sobre el patrimonio que nosotros hemos defendido. Para
ustedes es un impuesto temporal, solo hasta el año 2012, que
aproximadamente recaudará unos 1.000 millones. Para nosotros es una
propuesta totalmente descafeinada.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Buenaventura, vaya
terminando.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Nosotros consideramos que es imprescindible
para salir de la crisis una reforma en profundidad del sistema fiscal
español, una fiscalidad progresiva justa que nos acerque a los parámetros
europeos y esta propuesta que hoy presentan, que votaremos a favor por
coherencia, es un gran parche que no tiene credibilidad y que solo va a
servir o puede servir de telón de fondo en sus mítines electorales.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora
Buenaventura.
Señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, hoy
es día de balance, como corresponde a la última sesión de la presente
legislatura y, al hacer balance, hay algo que ni este Gobierno ni yo
diríamos que casi nadie puede refutar y es que, en primer lugar, la
crisis, por extraordinaria, por imprevisible, por
global que sea, como le gusta decir al presidente del Gobierno, aquí ha
castigado particularmente a las clases populares, a las capas medias, de
modo que ahora mismo las desigualdades amenazan como nunca nuestra
cohesión social. En segundo lugar que la etapa de crecimiento, de bonanza
económica, de expansión tanto del Partido Popular como del Partido
Socialista en particular ha beneficiado a las rentas más altas y ha
contribuido a disminuir de forma ostensible la progresividad de nuestro
sistema fiscal. Los datos son reveladores. Las rentas del trabajo y del
ahorro tributan más que las rentas del capital. Los números cantan.
Después de ocho años de Gobierno socialista, las rentas en torno a los
300.000 euros tributan un tercio menos que en los años ochenta y las de
menos de 30.000 euros están solo dos puntos por debajo de lo que lo
hacían hace escasamente quince años. Por tanto, los que más pagan son los
que menos tienen y este es el triste balance de esta legislatura. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
Señorías, no solo la crisis, como sostiene el Gobierno, sino sobre todo
las respuestas que ha dado este Gobierno a la crisis han hecho todavía
más injusta de lo que era, después de ocho años de gobierno popular, la
distribución de la renta y quizá por ello, a cuatro días de las
elecciones, el Gobierno o quizá debería decir el candidato Rubalcaba
resucita el impuesto sobre el patrimonio -Lázaro, levántate y anda- en un
intento desesperado y además tardío y mal planteado, como reconoce el
propio Gobierno, de repintar de rojo la maltrecha fachada progresista del
Gobierno. Fíjense, señorías, si este intento de hacer revivir el impuesto
sobre el patrimonio responde antes a intereses puramente electoralistas
que a verdaderos intereses de contribuir a ajustar el presupuesto o
incluso intentar recomponer, aunque sea parcialmente, nuestra estructura
fiscal para hacerla más sólida, más coherente, más seria e incluso más
progresiva, que este es un impuesto que se restituye de forma temporal,
que repercute escasamente en 160.000 contribuyentes, cuya recaudación
además se estima que va a ser la mitad que en el año 2007, elevando, como
ha reconocido la propia vicepresidenta, el umbral del mínimo exento siete
veces más que en la última ocasión. Por tanto, con este impuesto el
Gobierno no se enmienda en absoluto, no supone para nada una auténtica
reconsideración de la imposición del capital de las rentas altas porque
-insisto- tributan por debajo de las rentas del trabajo.
Se nos informa en la memoria que acompaña este proyecto de decreto-ley que
se recupera el impuesto por razones de extraordinaria necesidad -es lo
que justifica un decreto-ley- y que si no se aprueba se puede poner en
riesgo nuestra economía. Es decir, finalmente se actúa, al parecer, por
miedo a la reacción de los mercados, para que no desconfíen de la
precaria estabilidad presupuestaria de este Gobierno, pero qué ironía del
destino, señorías, tener que justificar la reintroducción de este
impuesto invocando los mercados, porque ha sido precisamente la sumisión
y el seguidismo canino que ha hecho este Gobierno de los mercados lo que
está en el origen de la continua carrera de despropósitos, de decisiones
económicas y políticas equivocadas de este Gobierno, que tanto han
perjudicado a asalariados, a pensionistas, a clases medias, con el solo
propósito de reducir el déficit y con efectos devastadores para nuestro
bienestar. Señora vicepresidenta, señorías, ¡qué triste ironía invocar a
los mercados! Son los mismos mercados que han llevado a este Gobierno,
junto a su tibieza a la hora de aparcar la política de ingresos, a dar
continuidad a una política de regresividad fiscal que impuso en su día la
derecha. Porque lo que han hecho ustedes durante estos últimos años ha
sido eliminar el impuesto sobre el patrimonio -y luego han dicho que fue
un error-, rebajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas
para las rentas más altas, universalizar algunos incentivos en el
impuesto sobre sociedades incluso para las empresas más grandes,
descontrolar a las sociedades de inversión y, finalmente, tener una
actitud pasiva ante el fraude fiscal.
Señorías, acabo. Hay que luchar contra el fraude fiscal. Ese es el
auténtico veneno de nuestro sistema impositivo y, como ayer reconocía la
propia vicepresidenta, hay que proceder de forma urgente a corregir de
arriba abajo nuestra arquitectura fiscal para que sea seria, integral y
además progresiva. De modo que no nos vamos a oponer a reactivar el
impuesto sobre el patrimonio pero, sin ser una medida inane y totalmente
improductiva, es netamente insuficiente, de escasa eficacia recaudatoria
y un auténtico parche electoralista y falsamente ideológico disfrazado de
impuesto para los más ricos. Eso es, señora vicepresidenta, señorías, lo
que no necesitamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señora vicepresidenta primera
y ministra de Economía y Hacienda, señoras diputadas, señores diputados,
hoy el señor Rubalcaba, actuando como ministro de Economía y Hacienda o
-mejor dicho- como presidente del Gobierno, nos trae a esta Cámara en el
último Pleno de la legislatura un real decreto-ley por el que se
reestablece el impuesto sobre el patrimonio. Es un real decreto-ley que
se ha pervertido y que ha perdido parte de su potencial desde el momento
en que se ha convertido en un arma exclusiva o fundamentalmente
electoral.
El debate que se tenía que haber producido sobre la necesidad de reformar
en profundidad el sistema tributario -también el impuesto sobre el
patrimonio- para atender con criterios de equidad, justicia social y
progresividad a la financiación de las políticas públicas prioritarias se
ha simplificado hasta el extremo de si los ricos o los que más tienen han
de soportar en mayor medida los costes de la crisis. En su día el señor
Rodrí
guez Zapatero nos vendió que bajar los impuestos era de izquierdas y hoy
el señor Rubalcaba nos vende que recuperar el impuesto sobre el
patrimonio es aún más de izquierdas en ese afán electoral de desmarcarse
del Gobierno del señor Zapatero y de hacer un guiño electoral a los
desencantados por la política económica de este Gobierno. Situemos, pues,
la naturaleza de la medida que hoy se va a convalidar en esta Cámara en
sus justos términos.
Además, el Gobierno ha aprobado este impuesto con ciertos complejos y
miedos. Lo ha hecho solo para dos años argumentando que este es el
horizonte de contención del déficit público al 3 por ciento, como si a
partir de 2013 la situación fuera a variar sustancialmente. Han insistido
en que solo afecta a los más ricos, a aquellos que poseen en valores
mobiliarios e inmobiliarios más de un millón de euros. Hemos oído hablar
de que afecta a 90.000 o a 150.000 y tampoco ha quedado nada claro cuánto
piensan recaudar con el impuesto reestablecido. Se nos dice que alrededor
de 1.000 millones de euros, pero tampoco lo sabemos. Dependerá de lo que
hagan las comunidades autónomas. Dado que es un impuesto cedido a estas,
puede ocurrir perfectamente que algunas o todas ellas decidan no aplicar
el impuesto a los ciudadanos o bonificar el cien por cien del pago del
mismo. Por tanto, puede ocurrir que habiendo activado el impuesto el
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, lo desactiven las comunidades
autónomas, gobernadas por el Partido Popular en su mayoría. Por tanto, no
sabemos lo que puede ocurrir al final desde el punto de vista de los
ciudadanos afectados, si los madrileños o valencianos van a pagar o no
-por poner un ejemplo que está en los medios- ni lo que va a ocurrir
desde el punto de vista de la recaudación.
En este sentido también se ha generado una confusión sobre lo que la
aplicación o no del impuesto les puede suponer financieramente a las
propias comunidades autónomas. En su día se modificó el sistema de
financiación de las comunidades autónomas incorporando a favor de ellas
una dotación de 2.100 millones de euros por la pérdida de recaudación que
suponía en su día la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Ahora
esa cantidad, como bien ha dicho la vicepresidenta, es intocable aunque
las comunidades autónomas decidan no aplicar en su territorio el impuesto
rehabilitado. ¿Qué capacidad de coacción o presión tiene el Gobierno? Me
temo que casi ninguna. Como digo, los motivos de confusión son múltiples
y lo que prima es el carácter electoralista de la medida.
Señora vicepresidenta, creo que en esto el Gobierno lo ha hecho bastante
mal. Estamos inmersos en una profunda crisis económica de la que no es
previsible que salgamos ni pronto ni con facilidad. Tendremos que cumplir
durante los próximos años con los compromisos adquiridos en el marco de
la Unión Europea en materia de déficit y endeudamiento público. Supongo
que también habrá que respetar lo establecido en la reciente reforma de
la Constitución. La crisis, desgraciadamente, va para largo y habrá que
seguir haciendo los deberes; reformando el mercado de trabajo para crear
empleo -no precarizando sino reformando-, reformando el sistema
financiero, que debo decir que gracias al Gobierno y especialmente al
Banco de España no sabemos en este momento en qué situación se encuentra;
reformando el gasto público; reformando las políticas públicas; las
estructuras administrativas y un largo etcétera. Va a ser inevitable, a
la par que urgente y necesario, debatir y revisar la política social, la
política de infraestructuras, etcétera; debatir y revisar no quiere decir
-al menos para el Grupo Vasco y para el Partido Nacionalista Vasco-
suprimir y eliminar. Quiere decir hacer más con menos y hacer mejor las
cosas, evitar despilfarros y solapamientos, luchar contra el fraude,
contra el fraude fiscal y contra el fraude que existe en las políticas
públicas. En ese contexto es en el que se tendría que haber revisado en
profundidad el sistema tributario. Es por equidad, por justicia social y
por progresividad por lo que los que más tienen han de contribuir en
mayor medida. Además, es una perogrullada. Durante los últimos años hemos
visto cómo el sistema tributario perdía progresividad globalmente. La
presión fiscal -y pudimos leerlo en la prensa recientemente- ha caído
bruscamente, especialmente a partir del año 2009. La caída en la
recaudación llevó, como usted sabe mejor que nadie señora vicepresidenta,
a que el déficit público alcanzara el 11,2 por ciento del producto
interior bruto. El marginal del IRPF ha ido disminuyendo desde el 56 por
ciento de hace quince años hasta el actual 48 por ciento. El impuesto
sobre sociedades ha ido viendo reducirse su tipo nominal y efectivo. Han
aparecido las sicav. La fiscalidad del capital se ha reducido en gran
medida. Ya las rentas de capital no se suman a las del trabajo a la hora
de tributar por IRPF. A lo largo de estos años y con mayor intensidad,
insisto, durante los años de la crisis, la distribución funcional de la
renta, el reparto entre las rentas de trabajo y las de capital, se ha
escorado a favor de estas últimas, ha aumentado, por tanto, la diferencia
entre los que más tienen y los que menos tienen. No quiero decir que
todos estos cambios hayan sido perversos y negativos, lo que quiero decir
es que se han producido y que el sistema tributario ha perdido
progresividad y, yo diría, que incluso personalidad. Una progresividad
que habrá que ir recuperando sin generar perjuicios a la actividad
productiva. Por ello es difícil estar en contra de una medida como la que
hoy se plantea. Lo es porque, incluso desde el punto de vista ético y
estético, es difícil defender que los contribuyentes con más posibles no
tengan que hacer un esfuerzo extra con la que está cayendo porque aunque
pueda ser demagógico no lo es.
Exigir que quien más tiene pague más y que se graven las transacciones
financieras para evitar especulaciones, que tantos males han causado en
esta crisis, es, incluso, una obligación moral. Así lo han entendido
mucho de los tenedores de grandes fortunas en Estados Unidos y en Europa.
No así en el caso del Estado español, por
desgracia. No obstante, queremos insistir en dos cuestiones que nos
parecen importantes. En primer lugar, que esta actuación parcial y de
menor entidad no puede implicar un retraso en el verdadero debate sobre
la reforma del gasto público, la reforma integral del sistema tributario
y la lucha profunda contra el fraude fiscal. En segundo lugar, para que
esta medida sea efectiva se ha de aplicar en el conjunto de las
comunidades autónomas, en caso contrario se pueden generar filtraciones y
deslocalizaciones indeseadas que generen problemas de gran alcance. Si
Madrid por ejemplo no aplica el tributo, existe un gran riesgo de que
grandes fortunas trasladen su domicilio a Madrid para evitar el impuesto.
Se requiere pues un acuerdo amplio, un consenso amplio y aplicación
general para evitar estos efectos indeseados. Por tomar la decisión
precipitada y pensando exclusivamente en el impacto electoral es por lo
que nuestro grupo parlamentario se va a abstener a la hora de votar la
convalidación de este real decreto-ley. Las cosas, a nuestro juicio, hay
que hacerlas bien y en serio y este real decreto adolece de muchos
defectos tal y como les he comentado.
Con esta intervención y anunciando nuestra abstención, me despido de todos
ustedes esta legislatura, y especialmente de usted, señora
vicepresidenta, a la que deseo lo mejor de todo corazón, un futuro desde
luego menos turbulento y estresante que el que ha tenido que vivir con la
actual crisis económica.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu, también a su señoría
le deseamos lo mejor.
Tiene ahora la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ i LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta del Gobierno, señoras y señores diputados, en primer
lugar desde Convergència i Unió queremos manifestar que la actitud
planteada por parte del Gobierno y por parte del candidato a la
Presidencia en las próximas elecciones generales ante la reinstauración o
la recuperación del impuesto del patrimonio, la calificamos de poco
seria, de poco rigurosa y con una gran dosis de demagogia, electoralismo
y oportunismo. Y también, por qué no decirlo, de populismo, ya que
ustedes lo que pretenden hacer con esta actuación es confundir a la
sociedad, dividirla entre ricos y pobres, y allá ustedes, señora
vicepresidenta, aquí a Convergència i Unió no la van a encontrar.
Ustedes han tenido la gran oportunidad a lo largo de esta legislatura de
plantear una reforma fiscal en profundidad, de plantear un tributo que
afectara a las grandes fortunas, un tributo que afectara a las grandes
entidades financieras y no han tenido ni el valor ni el coraje ni la
valentía política para plantearlo. Y justamente vienen al final de la
legislatura con un impuesto que saben perfectamente que lo quitaron en el
año 2008 por una serie de elementos que ahora voy a detallar. Por lo
tanto, repito, esta es una actitud que nosotros lamentamos, que denota
poca seriedad, poco rigor y una gran dosis de electoralismo, demagogia y
oportunismo y también de populismo al querer en cierta medida dividir y
confundir a la sociedad entre ricos y pobres. Cuestión esta que ya le
adelanto, señora vicepresidenta, en la que nosotros no vamos a entrar.
Allá ustedes con sus actos, y lógicamente serán los ciudadanos españoles
los que van a dar el veredicto a partir del 20 de noviembre.
Siempre hemos planteado, coincidiendo exactamente con las propuestas y con
las manifestaciones del señor presidente del Gobierno, que este era un
impuesto que penalizaba básicamente a las clases medias, que penalizaba
al ahorro, ese don tan preciado como es el ahorro a medio y largo plazo,
que era un impuesto que penalizaba desde todos los puntos de vista,
castigaba al ahorro, y que también era un impuesto confiscatorio porque
gravaba dos veces las rentas producidas por el impuesto del rendimiento
sobre el trabajo personal y al mismo tiempo lo gravaba como impuesto
sobre patrimonio. Por este motivo ustedes lo sacaron en el año 2008, y
ahora, con la ceremonia de la confusión de dividir a la ciudadanía entre
ricos y pobres y castigar a las grandes fortunas, ustedes vuelven a
penalizar y a incrementar la fiscalidad de las clases medias, a penalizar
el ahorro, a castigarlo y volver a reintroducir un impuesto que todos
estimamos que es confiscatorio.
A pesar de estas consideraciones, ustedes lo plantean al final de la
legislatura, alcanzando también una gran ceremonia de la confusión, en la
que a mediados del mes de julio aproximadamente el presidente del
Gobierno había dicho por activa y por pasiva a diferentes portavoces,
como han manifestado públicamente ante esta Cámara, que no iba a
reintroducir el impuesto sobre el patrimonio. Posteriormente, usted,
señora vicepresidenta, manifestó públicamente que se volvería a
reintroducir y que las comunidades autónomas estarían compensadas por
este impuesto -de lo que nos alegramos-; el señor Blanco, portavoz del
Gobierno, seguidamente dijo que las comunidades autónomas no serían
compensadas; el señor candidato a la Presidencia del Gobierno manifestó
que este impuesto tendría carácter estatal; a continuación, usted, señora
vicepresidenta, contradijo una vez más al portavoz del Gobierno y al
candidato a la Presidencia del Gobierno, señor Pérez Rubalcaba, en el
sentido de que sería un impuesto que no tendría carácter estatal y que
las comunidades autónomas continuarían siendo compensadas. Finalmente,
hace tres días aproximadamente, el señor Rubalcaba volvió a manifestar
que era un impuesto mal planteado. Usted comprenderá, señora
vicepresidenta, que ante tal ceremonia de la confusión no podemos aprobar
desde ningún punto de vista esta legislación que están ustedes hoy
planteando ante el Congreso de los Diputados, porque finalmente los que
volverán a pagar los platos rotos y su mala gestión y su gran
improvisación en materia fiscal, serán las clases medias, que tendrán que
tributar dos veces por los impuestos gravados por el impuesto sobre la
renta de
las personas físicas. Por lo tanto, el resultado final de esta legislatura
y de esta ley que ustedes pretenden convalidar en el Congreso de los
Diputados no deja de ser penosa, lastimosa, ya que no dejamos de asistir
a una gran ceremonia de la confusión.
Por alguna de las intervenciones recientes de nuestro portavoz, señor
Duran Lleida sobre nuestro próximo programa electoral, nosotros ya hemos
manifestado que somos conscientes de que la tributación de la fiscalidad
española requiere de una remodelación y de un estudio con cierta
profundidad. Lo que no hay que hacer es improvisar y por eso nosotros
vamos a formular en el programa electoral un planteamiento tributario
para los que más ganan, para los que más tienen o, como ustedes han
calificado, para las grandes fortunas. Ustedes saben perfectamente que
este impuesto que hoy pretenden reintroducir no va a afectar en absoluto
a las grandes fortunas porque estas ya tienen estructuras fiscales
perfectamente legales por las que van a eludir la tributación y aumentar
así la recaudación de las arcas del Estado. Por tanto, nosotros vamos a
formular desde la tranquilidad, desde la rigurosidad y desde la
objetividad unos planteamientos que a nuestro juicio va a ser necesario
implementar en la próxima legislatura. Lógicamente, por los motivos que
anteriormente he planteado, no vamos a dar nuestro voto favorable al real
decreto-ley que hoy estamos debatiendo.
Aprovecho la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y
ministra de Economía en este último debate que se está celebrando en el
Congreso de los Diputados, para decirle que, dado que usted ha
manifestado que no va a estar presente en la próxima legislatura, quiero
desearle en sus futuras actividades los máximos éxitos posibles. Es
cierto que a lo largo de esta legislatura hemos vivido momentos
difíciles, momentos complicados, y hay que reconocer que en momentos
difíciles y complicados hemos conseguido una complicidad importante entre
usted y nuestro grupo parlamentario, lo cual vale la pena loar
públicamente. Dado que es el final de la legislatura, quisiera despedirme
de sus señorías diciéndoles que ha sido un placer que desde la
perspectiva de la Comisión de Economía y Hacienda hayamos conseguido una
complicidad muy importante con todos los grupos de la Cámara, tanto del
Grupo Parlamentario Socialista, que da soporte al Gobierno, como de los
diferentes grupos parlamentarios hoy presentes en la Cámara, Mixto,
Iniciativa, Esquerra, Vasco y Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Tiene la palabra don Cristóbal Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señor presidente, señorías, señor miembro del
Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular lamenta que cerremos esta
legislatura con un acto anacrónico parlamentariamente, con un decreto ley
en materia tributaria que resucita, en parte, un impuesto que el Gobierno
socialista no hace tanto tiempo retiró por entender que era un impuesto
ineficaz e ineficiente para financiar los servicios públicos, e injusto
porque recaía sobre las clases medias de nuestro país. Esos dos
argumentos siguen siendo válidos para el acto que hoy protagonizamos en
esta Cámara y también es el sentido del final de una legislatura. Quiero
recordar a todos que esta legislatura comenzó con un decreto-ley en
materia tributaria, la creación de la deducción de la cuota con ese
límite hasta 400 euros, que fue una ocurrencia electoral y que el
Gobierno socialista, en cumplimiento de su programa, adoptó como primera
medida cuando nuestro país entraba en la peor crisis de su historia.
Aquello fue un error. Yo tuve ocasión desde esa portavocía, cuando
comenzamos la legislatura, de señalar e identificar que era un error
crear aquella deducción fiscal, que no tenía más que un sentido
electoralista. Hoy también debemos calificar de un error el acto que
estamos protagonizando puesto que la crisis es ya una realidad. La crisis
ha destruido 2,3 millones de puestos de trabajo en nuestro país y ha
elevado el número de parados a casi 5 millones. La crisis ha llevado a la
crisis fiscal del Estado, es decir, al déficit público así como al
aumento de deuda pública más peligroso de nuestra historia, y ha llevado
la reputación de España a una situación de vulnerabilidad extrema en un
momento en el que somos y estamos aquejados, como no puede ser de otra
manera, por la crisis de deuda soberana que domina toda la zona del euro
y la inconclusa crisis financiera global que se desencadenó sobre todo el
mundo en el año 2007.
Señorías, cuando desde España y desde esta tribuna deberíamos estar
cerrando medidas eficaces para luchar contra esta crisis, lo único que
nos trae el Gobierno es un decreto-ley que lo que hace es un guiño
electoral inducido por el candidato socialista, el señor Pérez Rubalcaba,
que él mismo ha calificado de incorrecto por el planteamiento de este
tributo tal y como se ha hecho. Es un guiño electoral que perjudica a la
formación de ahorro, que es la naturaleza de la acción económica que nos
tendría que sacar de la crisis. Necesitamos, señorías, más ahorro de la
familia, necesitamos más ahorro de las empresas y más ahorro destinado a
la inversión, que es la creación de empleo. Ese es el proceso emprendedor
que necesitamos reactivar y ese es el proceso que en buena medida -no
únicamente- se reactiva con reformas tributarias comprometidas con esa
recuperación económica, de la que somos partícipes nuestro grupo
político, induciendo a la sociedad española a un auténtico debate sobre
los impuestos. Debe ser un debate que parta de las premisas de que los
impuestos tienen que ser pagados en función de la capacidad económica de
los contribuyentes. Así reza nuestra Constitución. Eso fue lo que hicimos
cuando fuimos Gobierno de España con nuestras reformas tributarias, pero
también se fueron introduciendo en ellas las modificaciones fiscales que
animaron al proceso de crecimiento económico más creador de empleo de
nuestra historia, e impuestos como
el que hoy traemos a colación no son relevantes. El debate está en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas, el debate está en el
impuesto sobre sociedades, en no subir el IVA, como ha hecho este
Gobierno, que tanto perjuicio ha causado a la crisis económica,
entorpeciendo la recuperación del consumo, de las ventas de pequeñas y
medianas empresas, de las ventas de autónomos, yendo en definitiva a más
destrucción de empleo, a más paro, como lamentablemente estamos sufriendo
a lo largo de toda la legislatura y en este final de legislatura.
Señorías, el Gobierno hace y deshace, el Gobierno va y viene hasta el
último momento, hasta el último minuto. El Gobierno, que no es capaz de
afrontar un real decreto-ley de prórroga de los Presupuestos Generales
del Estado en el que dijera a los españoles y al resto de las
administraciones públicas cuál debe ser el contenido de sus presupuestos
en términos de ingresos y delimitara unos compromisos de gasto, que desde
un escenario económico realista condujera a la salida cuanto antes de la
crisis, nos trae guiños electorales, impuestos con baja capacidad
recaudatoria, de muy dudosa equidad, de muy dudosa eficacia equitativa,
porque la distribución y la asignación de patrimonios no se corrigen así.
Por tanto, estamos ante una iniciativa política muy propia de lo que ha
sido este Gobierno, un gobierno incapaz de afrontar con firmeza, con
seguridad y con seguridad jurídica para el inversor las consecuencias de
esta crisis, un gobierno socialista incapaz de abrir las puertas de la
ilusión, de la confianza de que España puede superar esta crisis. Desde
el Grupo Parlamentario Popular insistimos en que los debates fiscales no
son los que estamos abordando hoy. Esa es la razón por la que no vamos a
apoyar esta medida, que es redundante sobre el sistema de financiación
autonómica, es una medida que va a las comunidades autónomas puesto que
estamos hablando de un impuesto compartido, y eso provocó este nuevo lío
con el portavoz señor Blanco, cuyo conocimiento de la financiación
autonómica es por todos conocido, cuando llegó a afirmar el viernes que
el Estado no iba a financiar doblemente, porque así es la vida
parlamentaria, según el Estado, señor ministro encargado de las
relaciones con las Cortes. ¡Qué cosas tenemos que ver! En este final de
legislatura, el Gobierno de España crea una figura tributaria únicamente
con un sentido político, que redunda sobre el sistema de financiación
autonómica. El señor ministro de Trabajo ya tiene bastante con contar los
parados que se van acumulando hasta el final de la legislatura y con
promover la concatenación de los trabajos temporales para que no tengamos
todavía más parados en esta salida del verano, en una situación en la que
se nos está mirando desde dentro y desde fuera de España. Esperamos que
en un día como el de hoy, que es un día también de despedidas, tengamos
delante de nuestras decisiones medidas eficaces para superar cuanto antes
esta crisis. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la
Presidencia.) No es el caso, no tenemos esa medida, pero quiero acabar la
explicación de la posición del Grupo Parlamentario Popular afirmando que
es el momento de las decisiones políticas de envergadura, de las
decisiones de la política con mayúscula; es el momento de olvidarse de
guiños electoralistas baratos, de bajo calado, para ir a proponer a los
españoles -y así espero que todos lo hagamos en la campaña electoral- un
diagnóstico veraz y realista de dónde estamos y unas reformas que
conduzcan a la solución definitiva de una crisis que, siendo
internacional, en España tiene una lectura interpretativa lamentable y
desgraciada, como es haber llevado al paro en España al borde, a esa
línea límite de los 5 millones de parados. Tenemos que superar esta
situación y este es el compromiso del Grupo Parlamentario Popular.
Quiero cerrar mis palabras como corresponde. No es la ocasión, la señora
vicepresidenta ha tenido que salir porque tenía un viaje y no es cuestión
de referirse a ello, pero en un gobierno se puede y se debe estar con la
dignidad suficiente de apostar por la salida y la recuperación de un
país, se puede uno equivocar pero no se puede reiterar en el error. Eso
es lo que está haciendo el Gobierno socialista hasta el último minuto de
legislatura, y eso es algo que sin duda alguna tendrá su consecuencia en
las urnas. Por lo demás, señorías, también es mi última intervención en
este Pleno. Quiero agradecer a todas sus señorías el respeto y la
consideración con la que han seguido mis intervenciones como portavoz
económico. Hemos tenido una legislatura cargada de economía, donde la
política se ha hecho economía, y quiero agradecerles a todos que desde
sus diferentes posiciones políticas haya dominado, sin duda alguna, la
buena intención de contribuir a que España superara cuanto antes una
crisis tan dura, tan prolongada y tan dolorosa socialmente como ha sido
la crisis del paro.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Montoro.
Señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidenta.
Señorías, la cuestión a debate hoy es muy simple: ¿es oportuno o no que
ante la necesidad ineludible de reducir el déficit público los ciudadanos
con mayor riqueza del país contribuyan a aumentar nuestros ingresos
tributarios? Para los socialistas desde luego sí; sí y por varias razones
y distintas. La primera, menor, que no irrelevante, es que es una medida
coyuntural: dos años, puede entrar en vigor enseguida y no impide que
puedan acometerse mayores cambios en profundidad en nuestro sistema
fiscal en la próxima legislatura; con calma y sosiego, señor Montoro, no
con demagogia y falacias económicas. Desde luego lo vamos a proponer,
empezando seguramente por este mismo impuesto. Pero su recuperación
inmediata es una medida que tiene otras ventajas que los socialistas
valoramos. Tiene de entrada dos efectos: evita que todo el ajuste en el
déficit público
se haga por el lado del gasto y además mejora la equidad en nuestro
sistema fiscal. Y estos efectos, señorías, no son ninguna novedad, más
bien son la continuación de una ya larga lista de medidas de aumento de
ingresos combinados con rebajas fiscales para favorecer precisamente la
inversión y la creación de empleo que ya se han citado muchas veces en
esta Cámara, por ejemplo el martes por mi compañero el señor Mas.
Señorías, hablamos de justicia en el sistema fiscal español, y el señor
Ridao tiene razón, porque siempre, pero en tiempos de crisis aún más, la
mayor injusticia es el fraude fiscal. Me parece que es justo que los
españoles sepan que también aquí hemos avanzado porque a veces se repite
un sonsonete y se hace creer a la población que no se ha hecho nada. Pues
bien, en seis años, de 2005 a 2010, se han recaudado 45.600 millones de
euros, 4,5 puntos del PIB; de ellos 10.000 solamente en 2010. ¿Dónde
estaría nuestro déficit sin ello? Pero es que además, señorías, la deuda
media liquidada por operación ha sido creciente: 117.000 euros en 2005, y
más del doble, 250.000, en 2010, lo que es prueba de que el esfuerzo se
ha dirigido a las mayores defraudaciones. Desde luego, señorías, el ideal
sería poder prevenir todo intento de fraude, pero deben reconocer y los
españoles deben saber que el Gobierno socialista ha puesto su empeño en
ello y que el éxito ha sido muy grande.
Hay, señorías, otra razón aún para la recuperación del impuesto sobre el
patrimonio ahora, y es que responde a la principal preocupación del
Gobierno socialista en esta crisis: mantener lo esencial de nuestro
Estado del bienestar y asegurar la protección de las personas más
vulnerables. Este decreto nos ayuda a ello, recauda de los que más tienen
y lo da a la Administración responsable de la mayor parte del gasto
social en sanidad y educación. Es decir, el Gobierno socialista les
brinda a las comunidades autónomas la posibilidad de obtener unos
ingresos adicionales, y por ello los socialistas pedimos a todos los
gobiernos de las comunidades autónomas que utilicen esta posibilidad.
Porque -la señora Barkos lo preguntaba- la autonomía financiera es real y
podrían no utilizar esta posibilidad. Pero les pido también otra cosa
aunque les sorprenda, les pido a las comunidades autónomas que tomen
ejemplo del Gobierno socialista; sí sí, que lo tomen. Por ejemplo, que
recuperen en todo o en parte el impuesto sobre sucesiones, tanto si
eliminarlo fue una promesa electoral como si no lo fue, que lo recuperen
y que lo hagan de la única manera posible en España, en coordinación
entre todas las comunidades autónomas, conscientes de que la competencia
fiscal o la idea de que seremos los últimos puede dar quizás algún rédito
espurio, pero a la larga nos perjudica a todos. Señorías, son tiempos de
cooperación leal en España y en Europa. Por favor, señorías de
Convergència i Unió y señorías del Partido Popular, no se escondan en una
abstención -que eso es lo que me ha parecido deducir de su intervención-,
en una abstención timorata y vergonzante, luchen por mantener el Estado
del bienestar, sean capaces de explicar por qué aquí, ahora y en estas
circunstancias es necesario un mayor esfuerzo fiscal y que es justo y
equitativo pedirlo a los que más tienen. Y si no lo creen así díganlo
claramente porque los españoles sabrán a qué atenerse, y parece que en
Madrid y Cataluña están empezando a saber a qué atenerse. Señorías, dicen
que en política no cabe el lamento, solo la reflexión y la acción. Pero
sean indulgentes conmigo veinte segundos para lamentar que en esta
Cámara, hoy, aquí y en este tema no haya un sí unánime a este real
decreto-ley. La reflexión se impone, les pido a los grupos que han
manifestado su abstención por razones quizá más de forma que de fondo que
lo reconsideren, que sepan escoger lo importante aquí y ahora. Desde
luego, mi grupo votará que sí.
Puesto que es mañana de despedidas, permítanme un pequeño apunte personal.
Esta mañana, en mis correrías por el Retiro, he ido al Bosque del
Recuerdo a despedirme y he tenido la absoluta certeza de que ni yo ni
ningún compañero socialista puede despedirse nunca, porque, señorías, la
gran lección de esta crisis es que la acción es necesaria, hoy, mañana y
siempre.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Colldeforns.
- REAL DECRETO-LEY 14/2011, DE 16 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE POLÍTICAS DE EMPLEO Y DE REGULACIÓN DEL
RÉGIMEN DE ACTIVIDAD DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO.
(Número de expediente 130/000051.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, pasamos a
continuación a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley
14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias de políticas de
empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo e
Inmigración.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias,
señora presidenta.
Señorías, tomo la palabra para presentar en esta Cámara el Real
Decreto-ley 14/2011, de 20 de septiembre, que regula medidas
complementarias en materia de política de empleo y de regulación del
régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
que fue aprobado, como saben sus señorías, por el Consejo de Ministros el
pasado viernes. En él se recoge un conjunto de disposiciones destinadas a
complementar y facilitar el desarrollo normativo y la aplicación de
diversas normas estatales en una coyuntura como la actual de restricción
presupuestaria y de necesario impulso paralelo de la actividad económica.
La exposición del contenido de este decreto-ley puede
ser estructurada en tres grandes bloques. El primero de ellos trata de
articular una respuesta adecuada a la necesidad urgente de reforzar la
eficacia de las políticas activas de empleo en un contexto de crisis, en
un contexto de alto desempleo como el que vivimos en estos momentos. Como
saben sus señorías, esta materia fue objeto de una reforma en el mes de
febrero a través del Decreto-ley 3/2011, y ahora se trata de realizar
algunos ajustes imprescindibles para lograr cuanto antes el éxito de esta
reforma, y lo hace en dos sentidos. El primero pasa por buscar una mayor
integración de la acción de las comunidades autónomas para lograr una
mejor adaptación de las características propias de la política de empleo
a cada territorio, mientras que en el segundo caso se persigue reforzar
el papel de interlocución del Consejo del Trabajo Autónomo y del Consejo
para el Fomento de la Economía Social, dos órganos que tratan de asumir
la función de interlocución entre el Gobierno y la representación de las
organizaciones de autónomos y de las organizaciones de la economía
social, fundamentalmente, pero no exclusivamente, cooperativas y
sociedades laborales.
Por lo que a las medidas concretas se refiere, el grueso de las contenidas
en este bloque modifican diversos aspectos de la Ley de Empleo con tres
objetivos fundamentales. El primero es reforzar las políticas activas de
empleo, reforzar la igualdad de oportunidades y de las personas con
discapacidad. Para ello se evita el posible vacío normativo que podría
producir la próxima aprobación de la estrategia española de empleo hasta
que cada una de las comunidades autónomas desarrolle sus propios
programas y sus propias acciones. En segundo término, en la actual
coyuntura se agrava a su vez la necesidad de impulsar aquellas políticas
activas específicamente dirigidas a los emprendedores, y para ello se
reafirma la función de interlocución que desarrollan los consejos de
Trabajo Autónomo y el de Fomento de la Economía Social. Y en tercer
lugar, también es urgente incentivar el empleo indefinido, para lo cual
se plantea la posibilidad de participación de las comunidades autónomas,
a través de acuerdos de traspaso, en la gestión de las bonificaciones en
las cotizaciones sociales para esta modalidad de contratación, para el
empleo indefinido. Dentro de este bloque relativo a la mejora de la
eficacia de las políticas activas de empleo hay que hacer también una
referencia específica al cambio introducido en el diseño del Comité de
gestión del fondo de las políticas activas de empleo, que trata de
favorecer una atención más acorde con las necesidades de cada territorio,
de las comunidades autónomas, que participarán en este Comité de gestión
del fondo de políticas activas de empleo. Aún más relevante es, como
última medida de este primer grupo, la previsión en torno al antiguo
contrato para la formación, y digo antiguo porque en el decreto-ley
convalidado en esta Cámara muy recientemente hemos alterado esa
denominación, que pasa a ser la de contrato para la formación y el
aprendizaje. Pues bien, como es sabido, al hacerlo hemos sustituido esta
figura, pero hay algunos proyectos todavía hoy en fase de ejecución en el
ámbito de las escuelas-taller, en el ámbito de las casas de oficio, de
los talleres de empleo, que están siendo desarrollados y promovidos por
comunidades autónomas y que fueron aprobados con anterioridad a la
entrada en vigor de esta norma, de este nuevo marco contractual para el
contrato para la formación. Por ello, y con el fin de evitar esta
distorsión o cualquier duda que pudiera provocar el cambio normativo a
este respecto, se contempla expresamente la posibilidad de que estos
proyectos den lugar a la utilización del antiguo contrato para la
formación con la normativa vigente en el momento de su aprobación. Quiero
agradecer a este respecto a todos los grupos parlamentarios, y de forma
especial al grupo de Convergència i Unió, sus aportaciones en el
contenido de esta parte del real decreto-ley.
Señorías, como segundo gran bloque del presente decreto se modifica la
regulación de la permanencia en el servicio activo de los miembros del
Cuerpo Nacional de Policía. En concreto se contempla la posibilidad de
que permanezcan en servicio activo hasta la edad de 65 años, ello
naturalmente siempre que reúnan las aptitudes físicas y psíquicas
necesarias para el desempeño de sus funciones. Lógicamente, lo anterior
no impide que, como alternativa, pueda optarse por pasar a la situación
de segunda actividad a partir del cumplimiento de 58 o de 62 años, según
la escala del cuerpo al que se pertenezca. En todo caso, se respetan los
derechos adquiridos en esta materia por los funcionarios que ingresaron
antes del 31 de diciembre de 2001. De este modo los cambios introducidos
van a permitir lograr un doble objetivo: por una parte, un mejor
aprovechamiento de las capacidades de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y, de otra parte, una planificación más
adecuada de las próximas ofertas de empleo público en este ámbito. Hay
que tener en cuenta que las actuales restricciones presupuestarias, fruto
de la difícil coyuntura que atravesamos, tienen también una incidencia
directa en la oferta de empleo público, lo cual podría suponer una fuerte
caída en el número de efectivos durante los próximos años de no ser,
entre otras cosas, por la adopción de una medida como esta, que
posibilita la prolongación del tiempo de servicio activo. De este modo se
garantiza para el futuro inmediato un volumen adecuado de efectivos
policiales, un volumen que permitirá consolidar la fuerte reducción de la
criminalidad experimentada en los últimos años, y al mismo tiempo se hace
posible seguir potenciando la actuación policial en ámbitos tan sensibles
como la violencia de género, la lucha contra el terrorismo internacional
o la criminalidad organizada. Ello va a suponer, señorías, en definitiva,
una optimización de los recursos humanos, algo particularmente importante
en una coyuntura como la actual, exigente en el terreno presupuestario.
Como apunte final de este segundo bloque, y con idéntica finalidad, se
sitúa la previsión de que los integrantes de las categorías de cabos y
guardias puedan también solicitar la concesión
de una prórroga para continuar en el servicio activo hasta el cumplimiento
de la edad de 65 años.
Por último, el real decreto-ley contiene un tercer conjunto de
disposiciones de diversa naturaleza pero que igualmente tienen en común
el objetivo de impulsar la actividad económica y la lucha contra la
crisis. De estas disposiciones me limitaré a destacar aquella que prevé
extender la actividad comercial de venta de tabacos a todas las
denominadas tiendas de conveniencia que cuenten con la correspondiente
acreditación administrativa, por supuesto, y no solo a las situadas
actualmente en las estaciones de servicio de gasolina y de gasóleos. Se
trata de una medida que evita la utilización de cauces irregulares, de
cauces alternativos de distribución que lleven aparejados riesgos
sanitarios y, desde luego, como saben bien sus señorías, perjuicios
fiscales. Por otro lado, es una medida que favorece directamente una
mayor intensidad de la actividad comercial general, con su consiguiente
efecto de reactivación positiva en términos de empleo.
Señorías, no quisiera cerrar mi intervención sin destacar, por supuesto,
una referencia, aunque sea escueta, a las razones que justifican la
utilización del decreto-ley para aprobar estas medidas. A juicio del
Gobierno, concurre, en efecto, el presupuesto habilitante para la
utilización de este instrumento. Dicho en términos de la doctrina
constitucional, nos encontramos ante uno de esos casos en los que, como
consecuencia de la coyuntura económica, se exige una rápida respuesta del
Gobierno. En ese sentido, todos los aspectos contenidos en este
decreto-ley deben ser adoptados cuanto antes por circunstancias
políticas, jurídicas y sobre todo, obviamente, económicas. Con ello se
garantiza la inmediata y plena efectividad de unas normas que se enmarcan
en la lucha contra la crisis y en el impulso de la actividad económica.
Estas son, señorías, las razones por las que solicito al Pleno de esta
Cámara la convalidación de este decreto-ley.
Quiero también señalarles que para mí ha sido un gran orgullo compartir
con todos ustedes, con todos los grupos parlamentarios, este
prácticamente año de trabajo intenso, intenso para alguien como yo y
también, por supuesto, para la política laboral española frente a la
crisis. Muchas gracias a todos ustedes. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
ministro.
Pasamos al turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el
Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, señores ministros,
señor ministro de Trabajo, la verdad es que cuando nos llegó este real
decreto hace un par de días, leí el título del real decreto, empecé a ver
el contenido y la primera cosa que me pregunté es: ¿dónde esta Wally?
Porque, ¿esto de qué va? ¿Dónde estará escondido el motivo último para
hacer este real decreto y la urgencia? Porque sobre algunas de las cosas
que se regulan dentro del texto, estamos de acuerdo. Algunas las ha
citado el ministro, en otras no entendemos la urgencia y en todas ellas
rechazamos la ausencia de debate, porque ya está bien de traer reales
decretos sin que nos dé tiempo a discutirlos y sin que nos quede otra
opción que el sí o el no. Ya está bien de abusar del Parlamento, ya está
bien de abusar de su potestad para hacernos el trágala permanentemente.
En esto sí que ustedes han sido coherentes, han terminado como empezaron:
chapuceando en esta materia.
Como digo, empecé a buscar a Wally. ¿Qué es lo que ocultan dentro de este
real decreto? Se me ocurrió que a lo mejor tenía que ver con la
participación de las comunidades autónomas en la gestión de las
bonificaciones al empleo indefinido, aunque no se citan las cuotas de la
Seguridad Social. Quizá esto tiene que ver con eso que en algún momento
hemos debatido sobre la ruptura de la Seguridad Social, pero está escrito
de tal manera que no sé si se trata de eso o no; a lo mejor, no se trata
de eso. Algunas de las cosas que se plantean no añaden nada sobre la
regulación ya existente. No encuentro la necesidad, ni la urgencia. Usted
ha hecho un repaso de las cuestiones. Efectivamente, el decreto tiene dos
capítulos, uno tiene que ver con cuestiones de empleo, el otro se titula
sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con relación a su
régimen de actividad, pero luego están las disposiciones adicionales.
Algunas de ellas usted nos las ha citado, otras se le ha olvidado. Ha
citado la venta de tabaco en las tiendas de conveniencia. Esto es muy
importante. ¿Usted no cree que esta cuestión merecería un debate? ¿No
cree que hubiera merecido que quienes estamos aquí en representación de
los ciudadanos hubiéramos tenido la posibilidad dedebatir con ustedes si
esto está bien tal y como lo han puesto o se puede mejorar, en un trámite
normal y no apresurado el último día de la legislatura, con un texto que
nos han mandado, insisto, hace dos días? Porque este es un tema de
interés. Hemos debatido mucho sobre la ley y sobre el tabaquismo y
merecería la pena ver en qué medida puede haber o no contradicción en
esta cuestión. Se le ha olvidado decir, por ejemplo, que hay una
disposición adicional en la que meten una cosa que se les olvidó
-permítame la expresión de meten- que tiene que ver con el fraude en
autónomos. Es que hacen las cosas tan apresuradamente, tan
chapuceramente, que regulan cuestiones -sí, es la modificación del texto
refundido del Decreto Legislativo 5/2000- y las meten aquí. No lo citan,
y dicen: Ah, pues tendrá que ver con esto y se nos olvidó; han encontrado
ahora un olvido. Se le ha olvidado, por ejemplo, decir que también meten
una disposición adicional que tiene que ver con la regulación de la
aportación al sector audiovisual. Esto tiene importancia también, ¿no?
Tiene importancia que tengan que aportar una determinada cantidad para
las series de televisión, para las producciones. ¿Cómo han llegado a esta
conclusión? ¿Lo han debatido en alguna Comisión con los representantes de
los ciudadanos o se les ha
ocurrido en el último momento? ¿Porque no tendrá nada que ver con esa
decisión de censura previa que tomaron ayer en el Consejo de
Administración de Radiotelevisión Española, verdad? ¿No tendrá nada que
ver con eso, no? ¿Será una cuestión diferente, verdad? Y se le ha
olvidado también mencionar otra cuestión cuyo alcance no entiendo muy
bien, que tiene que ver con los ensayos clínicos pero que también está
planteada dentro de este real decreto.
Señor ministro y señores parlamentarios del Grupo Socialista que apoyan al
Gobierno, esto no es serio, esto es chapuza sobre chapuza. Es verdad que
cuando uno coge carrerilla al principio de legislatura y decide legislar
por real decreto o por decreto-ley, sin dar participación al Parlamento,
resulta muy difícil corregirse al final, pero, aunque sabemos que todo es
susceptible de empeorar, no creía yo que lo último que viéramos fueran
las cosas que esta mañana estamos viendo.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Díez.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, creo que entenderá usted que digamos que tiene
cierta complicación para nosotros valorar este real decreto, porque tanto
las modificaciones como las adiciones que se pretenden incorporar a
normas ya establecidas demuestran que esas normas no han sido debidamente
hechas o por lo menos que existen deficiencias. Desde nuestro punto de
vista, también es una demostración -porque lo constata- de los riesgos
que lleva gobernar por decreto, como ha hecho este Gobierno en la segunda
parte de la legislatura, especialmente en este tramo final, y, aunque
ahora se pretenda dar seguridad jurídica perfeccionando determinadas
normas, lo que se hace es profundizar en el continuo goteo de normas que
cada vez hacen más ininteligible el ordenamiento jurídico. Por tanto,
puede haber algunas razones que justifiquen la urgencia relacionadas con
aquellos contenidos relativos a empleo, o los procedimientos
administrativos en materia de autorización de ensayos clínicos, o incluso
en materia audiovisual; en cambio, no hemos visto que la urgencia esté
motivada en cuestiones como el cambio de régimen de segunda actividad de
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que ven reducido el
derecho a que el pase a segunda actividad se declare de oficio para que
pase a ser una opción al cumplir una edad avanzada para el desempeño de
una profesión de riesgo como es la de policía o guardia civil. Tampoco en
la autorización para expedir tabaco en los establecimientos con extensión
de apertura horaria, pues supone un cambio en la política consensuada de
introducir restricciones y condiciones a los puntos de venta de tabaco.
Los argumentos que se manifiestan en el real decreto, señor ministro, no
los entendemos muy bien. No hace mucho tiempo que hicimos una reforma de
la ley y valoramos ese tema y el consenso no llegó a tomar la decisión
que ustedes exponen en este real decreto.
Finalmente, aunque en materia de empleo se adopten medidas positivas en
aras de una mayor descentralización -aparentemente parece que sea así- de
la gestión de los recursos del sistema -bonificaciones a las cuotas-, no
supone ningún avance permitir la presencia de una única comunidad
autónoma en representación de todas, y además sin voto, porque desde
nuestro punto de vista esto refuerza el centralismo en la gestión del
Fondo de políticas de empleo. En cambio, señor ministro, desde nuestro
punto de vista y según el conocimiento que nosotros tenemos de las
oficinas públicas de empleo, no se están haciendo esfuerzos para
optimizar los recursos que se tienen o para mejorar la eficiencia de los
mismos de manera que no sea el caos que está siendo la función, el
trabajo de estas oficinas de empleo en relación con el servicio que sería
conveniente dar a aquellas personas que en este momento están paradas. Se
necesitaría un mayor esfuerzo de la Administración central y de las
administraciones autonómicas para coordinar debidamente estos servicios
porque, desde nuestro punto de vista y tal como están derivando estas
cuestiones, lo que se está haciendo realmente desde las administraciones
-tanto da que sean autonómicas o central- es ir desvalorizando las
oficinas públicas de empleo para fomentar las oficinas privadas, que es
una de las cosas que estamos observando. Por tanto, no vamos a poder
votar favorablemente y vamos a votar en contra de este real decreto. En
cuanto al empleo, sí nos gustaría que se coordinasen mejor estas oficinas
públicas de empleo para su mejor funcionamiento y el mejor
aprovechamiento de los recursos en relación con el servicio que tenemos
que dar a nuestras personas desempleadas.
Señora presidenta, perdone un segundo. Quiero aprovechar esa despedida en
la mañana de hoy para agradecerles a todos, y sobre todo a usted, señor
ministro, que le conocemos y sabemos que este último año no ha sido
fácil, el trabajo que hemos hecho -algunas veces en desacuerdo; en
política laboral siempre en desacuerdo por nuestra parte- y desearles
todos los éxitos en la vida personal y en el futuro. Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández
Davila. Tenía usted tiempo. Ni siempre ha sido así, pero hoy tenía usted
tiempo para acabar su intervención. (Risas.)
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor
Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, en el tiempo de
descuento -que podríamos decir- nos llegan los restos del naufragio. Este
decreto es un símbolo. Es el símbolo de la incapacidad política del
Gobierno para afrontar la crisis y es el
símbolo asimismo de una forma de relación parlamentaria que será preciso
olvidar. Empiezo por esto último, señorías. Debe ser el número treinta ya
-o más- de los decretos que en los últimos dos años hemos recibido en
esta Cámara para abordar la crisis económica. Y si bien ha habido
decretos que probablemente tuvieran razones de urgente necesidad, razones
ineludibles, este decreto es desde luego la demostración de la
utilización de una forma urgente para iniciativas que no tienen nada que
ver con la urgencia ni con las necesidades más inmediatas de la crisis o
de los ciudadanos.
Podríamos decir que nos encontramos ante un melting pot, ante una
macedonia; aunque ni siquiera diría macedonia, que suele ser una
combinación agradable, y esto es un revuelto, señorías. Hay prácticamente
diez temas en este decreto. Se habla de trabajadores autónomos, de
políticas activas de empleo, de infracciones, de tabaco, de comunicación,
de deudores, de medicamentos, de policía, de economía social... Señorías,
¿qué más se puede pedir para introducir en un decreto, teóricamente por
razones de urgencia? Desde el punto de vista formal, señorías, este
decreto es insostenible. Este decreto culmina la burla a esta Cámara por
parte del Gobierno, que en los últimos meses y al calor de la crisis ha
trasladado a la Cámara, como he dicho, una treintena de decretos
limitando el derecho de participación y de representación política de los
parlamentarios y de las parlamentarias.
Pero preocupándome la forma, me preocupa más aún el fondo. Es un resumen
de la errática política del Gobierno frente a la crisis. Y es un fondo
llamativo porque, fíjense, la política de reactivación económica en este
decreto, ¿saben cuál es? La extensión de la venta de tabaco a las tiendas
de conveniencia. Y se argumenta así; se argumenta así porque, por lo
visto, el reconocimiento de la venta de tabaco en las tiendas de
conveniencia de las gasolineras ha significado un efecto cascada
produciendo un incremento del 14 por ciento de las ventas. Y el Gobierno
deduce que si la venta de tabaco se produce en todas las tiendas de
conveniencia, necesariamente, como efecto cascada, se va a producir un
incremento de la demanda. La verdad es, señorías, que el argumento no se
sostiene para nada, pero sobre todo no se sostiene en términos de salud y
en términos de acuerdos parlamentarios. Le recuerdo, señor ministro, y le
recuerdo al Gobierno, que hemos elaborado una Ley de prevención del
tabaquismo que nos costó mucho trabajo a los grupos parlamentarios de
esta Cámara y que llegamos a acuerdos importantes y a acuerdos podemos
decir que casi en la cuerda floja; pues uno de ellos era el de la venta
de tabaco, porque sabemos que en el consumo de tabaco, sobre todo en el
de los jóvenes, inciden, en primer lugar, los lugares de oferta; en
segundo lugar, los lugares de consumo y, en tercer lugar, el precio. Da
la impresión de que el Gobierno le da la vuelta a esa reflexión de la
Cámara y de alguna manera -por razones yo creo que inconfesables, señor
ministro- aumentan los espacios de venta de tabaco por intereses
particulares y no por el interés general ni por interés del crecimiento
económico del país ni por interés de la salud de los ciudadanos. Primera
cuestión relativa a la economía que resume a un Gobierno que no sabe qué
hacer en materia económica.
Segunda cuestión, relativa a las políticas de empleo. Mi grupo
parlamentario ha expresado en distintas ocasiones su desacuerdo con el
Gobierno en materia de empleo. No hemos coincido en la reforma laboral,
ni en la segunda edición de la reforma laboral, ni en esta edición
adjunta de la reforma laboral y las políticas activas de empleo. No
compartimos que para salir de la crisis sea necesario abaratar el factor
trabajo, no compartimos que para salir de la crisis nuestro modelo sea un
modelo precario, un modelo temporal. Discrepamos radicalmente de esta
cuestión. Creemos que aquí se han producido los mayores retrocesos en la
política social en los últimos tiempos y, por tanto, tampoco estamos de
acuerdo con los restos de la política activa de empleo y los marcos de
participación que hoy el Gobierno nos propone en este decreto escoba,
decreto sui géneris, decreto revuelto, que de todo hay en este decreto
que hoy nos presenta el Gobierno.
Por si fuera poco, el Gobierno nos propone un tercer elemento, y no me
parece menor, que tiene que ver con el empleo público, en este caso de
policías y fuerzas de seguridad. Me parece difícilmente sostenible por
parte del Gobierno y de la Unión Europea que en estos momentos la
principal preocupación sea el empleo y adoptemos medidas para amortizar
el empleo, señorías. Porque esto son medidas para amortizar el empleo; es
decir, se parte de una constatación ineludible que es que no va a haber
más convocatorias de empleo público y, al mismo tiempo, se promueve que
los que están hoy empleados dediquen un mayor tiempo a su actividad.
Modelo muy extendido en las comunidades autónomas pero también en la
Administración central y modelo que mi grupo tampoco comparte.
Difícilmente el Gobierno puede defender que en los próximos meses se va a
producir una mejora del empleo si la propia Administración pública se
dedica a destruir empleo amortizando puestos de trabajo que en nuestra
opinión son necesarios. En ese sentido tampoco compartimos las políticas
de ajuste tan de moda en el marco de la Unión Europea. En estos momentos
la situación griega y del conjunto de la Unión Europea debería llevar a
menos dogmas sobre el ajuste y a más impulso público de la economía, más
new deal en la economía que nos permita recuperación económica y empleo
como objetivos fundamentales.
Estas son las razones, señoría, para que nosotros no podamos apoyar este
decreto escoba, no podamos apoyar este decreto resumen del desconcierto,
resumen de la macedonia del Gobierno con respecto a la crisis económica y
resumen también del adelanto electoral del Gobierno porque este decreto
se corresponde con un adelanto electoral que ha dejado encalladas en el
Senado una serie de leyes que hoy, mediante este procedimiento, se
intenta introducir en el Congreso de los Diputados y a mí este no me
parece un procedimiento formal, adecuado desde el punto de vista de la
utilización del
decreto, ni desde el punto de vista de los contenidos me parece un decreto
que se pueda respaldar. Señorías esta será la posición de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Una posición crítica con respecto a esta
iniciativa.
Y termino también, como todos los portavoces que han tenido ocasión de
intervenir en este Pleno -último Pleno de esta legislatura, una
legislatura que ha sido dura, muy dura para los ciudadanos, para los
desempleados en primer lugar, para los ciudadanos en general y también
para este Parlamento-, deseando lo mejor a todos los parlamentarios y
parlamentarias de la Cámara y expresando que ha sido para mí una
satisfacción trabajar con todos ellos. Yo me he sentido, desde la
diferencia, con capacidad de diálogo y de deliberación, cosa que es lo
más importante.
Muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor
Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta, señorías.
Señor ministro, le agradezco las observaciones y la explicación
voluntarista de este real decreto-ley; de hecho, ya estamos
acostumbrados, todas las semanas nos presentan un real decreto-ley y han
tenido la bondad en este fin de legislatura, el último día de la
legislatura, de obsequiarnos con dos; no con un real decreto-ley sino con
dos.
Mire, señora presidenta, yo voy a hacer una propuesta formal, y los
servicios de la Cámara me podrían ayudar, como es solicitar que se
convierta la fórmula del real decreto-ley en el procedimiento legislativo
ordinario. Bastaría con modificar el artículo 81 de la Constitución,
señor ministro, y lo podríamos hacer hoy dada la flexibilidad y rapidez
de la reforma constitucional. Podríamos presentar ahora unas enmiendas
transadas in voce y modificamos la Constitución, y ya transformamos la
fórmula del real decreto-ley, con esta libérrima interpretación que
ustedes utilizan de la doctrina constitucional consistente en que la mera
existencia de la crisis económica justifica per se las razones de
urgencia o de necesidad para el uso de esta institución manifiestamente
abusiva. Yo no sé si usted está de acuerdo con esta solicitud de mi grupo
parlamentario, que no lo hace desde una perspectiva satírica o irónica,
lo hace con toda la seriedad y con todo el rigor que es posible. Al señor
ministro no sé si le gusta la idea pero bueno, en la naturaleza de las
cosas está que ya se regula sola a través de la fórmula del real
decreto-ley y esto en el ordenamiento jurídico no debería estar al margen
de esta situación.
Dicho lo cual, señor ministro, nos encontramos con un real decreto-ley que
podríamos calificar -y ya veo por su interés que comparte mis palabras;
también por el interés manifestado por el ministro Jáuregui- de exótico,
en primer lugar. ¡Es el único calificativo, el fundamental que se nos
ocurre! Es una forma buena de acabar...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, por favor,
silencio.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es una forma buena de acabar la legislatura, con
un real decreto-ley de carácter tan exótico como este, donde se reúnen o
se regulan materias la mayoría de las cuales ya están incardinadas en
nuestro ordenamiento jurídico, no supone ninguna novedad sobre lo ya
previsto, sobre todo y particularmente lo relativo al empleo. Hablan aquí
de información y gestión de las ofertas de empleo existentes en la Unión
Europea para los jóvenes trabajadores desempleados. Bueno, ya está en la
Ley de 2003 esa posibilidad; en todo caso ya está consagrada en la
normativa comunitaria esta posibilidad, forma parte del acervo
comunitario. Hablan de la atención y apoyo a las iniciativas de los
emprendedores. Pero si es que recurrentemente, en todos los reales
decretos-leyes que usted ha presentado, señor ministro, que no han sido
pocos, ya se apoya o se introducen medidas de esta naturaleza. El apoyo
al empleo de personas particularmente vulnerables a la hora de acceder o
encontrar un empleo, como pueden ser los discapacitados y las mujeres
víctimas de violencia de género, está ya en el ordenamiento jurídico, no
supone ninguna novedad. Quizá haya un mejor perfil conceptual en este
momento a la hora de identificar a los colectivos que se consideran
particularmente vulnerables a la hora de acceder a las medidas de empleo,
sobre todo por lo previsto en el último real decreto ley, el 3/2011,
sobre el que usted y yo tuvimos la oportunidad de discutir sobre las
esotéricas opiniones que su Gobierno mantiene en relación a las fórmulas
de fomentar el mercado de trabajo y la empleabilidad de las personas.
Realmente esto forma parte de su política, señor ministro. En el ámbito
de la política laboral, en los últimos tiempos usted y su predecesor han
rayado en el esoterismo jurídico-político a la hora de articular las
medidas de acceso al empleo, lo cual es una opción legislativa tan
legítima como otra cualquiera. No nos pida que la compartamos, porque hay
quienes tenemos poca fe en este tipo de instituciones que rayan en lo
paranormal, pero al fin y al cabo es una opción legislativa, por la que
ustedes con toda legitimidad han optado.
Consulta a los consejos de trabajo autónomo y para el fomento de la
economía social. Ya está previsto también en la legislación, señor
ministro, la consulta en la elaboración de la estrategia española de
empleo, que ya existe además. Aquí hablan ustedes de una estrategia
española de empleo como si fuera una innovación, pero ya existe, ya está
configurada la estrategia de empleo. Y aquí viene la segunda reflexión
que quiero hacer sobre el perfil o las características de las políticas
esotéricas que en materia de empleo ustedes han estado aplicando
sistemáticamente, que además de esotéricas son jacobinas, son
manifiestamente centralizadoras, y no hay
más que ver a modo de ejemplo la composición de ese consejo de gestión
para el control de la estrategia española de empleo, en los cuales
ustedes han tenido la amabilidad de admitir la representación, en un
órgano constituido por diez personas, de uno que representa a las
comunidades autónomas. Eso sí, con voz, pero sin voto. Esa es la
concepción que tienen ustedes del Estado compuesto, del Estado
autonómico, una forma de entender los acontecimientos desde la
perspectiva de la centralización sistemática con la que ustedes conciben
las estrategias y las políticas de empleo. En materia de contratos de
formación y aprendizaje, los vinculados a los alumnos o a las personas
que han estado formando o configurando sus destrezas en escuelas taller,
casas de oficio y talleres de empleo, está bien la incorporación al Real
Decreto-Ley 10/2011, que debatimos la semana que viene, pero este real
decreto-ley ya consignaba esto, ninguna novedad. Decía la señora Díez que
estaba buscando a Wally. Yo no sé realmente qué hay de oculto, de no
confesable, en un real decreto-ley que no incorpora ninguna novedad que
no esté prevista o consagrada ya por nuestro ordenamiento jurídico.
En cuanto a la posibilidad relativa que constituye el rótulo fundamental
del real decreto-ley, que es el acceso a la edad de jubilación de los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se mantiene en
los sesenta y cinco años. Ninguna novedad. La única novedad es la
posibilidad de solicitarlo, quienes así lo quieran, a los cincuenta y
ocho años la obtención de lo que se denomina segunda actividad. Es una
petición de las asociaciones y de los sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y me parece bien, estaríamos de acuerdo.
No termino de entender la posibilidad o legitimación a las llamadas
tiendas de conveniencia, que todos sabemos cuáles son y no son esas a las
que usted se refería, señor ministro, no son las gasolineras y algunas de
los centros comerciales; cuando hablamos de tienda de conveniencia todos
sabemos que estamos hablando particularmente de una con nombre y
apellidos y que, por cierto, tiene problemas laborales importantes, con
un ERE muy duro que soportar, pero desde esa perspectiva también los
estanqueros, los estancos, tienen problemas de competencia, también
tienen que soportar los requerimientos de la crisis económica, y atribuir
de repente la posibilidad de vender tabaco, desde una perspectiva de
salud pública, pero desde una perspectiva también de la estructura de la
venta de tabaco, que siempre ha estado basada en el concepto de
estancamiento, de estancos, en definitiva como monopolizando esta
actividad con las excepciones ya conocidas, establecer ahora la
posibilidad de las llamadas tiendas de conveniencia es establecer la
posibilidad de que se venda más tabaco, en más sitios y por quienes el
ordenamiento jurídico no les ha legitimado ni autorizado hasta hoy en
este real decreto-ley, donde se regulan tantas materias.
De esta pasamos a otra materia no menos innovadora y novedosa, pasamos a
la materia audiovisual y a la industria audiovisual, donde se impone un
requerimiento duro de cumplir a las televisiones de titularidad pública:
dedicar el 50 por ciento de sus presupuestos a la elaboración de
miniseries y de películas para la televisión. ¿Qué sentido tiene esto?
Esto ya se debatió, señor ministro, en la Ley Audiovisual y no hubo
consenso sobre esta materia, como no hubo consenso sobre la del tabaco
-en la anterior- en donde la opinión de los grupos parlamentarios,
mayoritariamente, fue no extender a las tiendas de conveniencia la
posibilidad de vender tabaco.
En definitiva, señor ministro, nos encontramos con un decreto que regula
materias heterogéneas, desordenadas, que no son en la mayoría de las
ocasiones ninguna novedad respecto a lo que ya está regulado en el
ordenamiento jurídico, pero sí hay una en la que usted ha enfatizado y
que yo también voy a hacerlo porque me preocupa, que es la posibilidad de
extender a todas las comunidades autónomas la gestión del régimen de
cuotas de la Seguridad Social. Sus gobiernos y los gobiernos del Partido
Popular históricamente han considerado la gestión de cuotas en materia de
Seguridad Social como medida vinculada a la creación de empleo, como
política de empleo, como instrumento de la política de empleo, que era
materialmente imposible porque afectaba al núcleo intangible del sistema
público de pensiones. Por eso fue muy difícil la transferencia de la
competencia en materia de políticas activas a la Comunidad Autónoma del
País Vasco, por la materia o porque se solicitaba por parte del Gobierno
vasco la transferencia en materia de gestión de cuotas. En este momento,
ustedes generalizan y atribuyen a todas las comunidades autónomas la
gestión de las cuotas como medida de política de empleo ordinaria. Señor
ministro, o estamos ante el núcleo intangible del sistema público de
pensiones o estamos ante una medida de fomento del empleo de carácter
ordinario. Se tendrán que poner de acuerdo sobre esta cuestión. En todo
caso, señor ministro, me resulta particularmente sorprendente porque
usted siempre ha sido una persona particularmente refractaria a la
utilización de las bonificaciones de cuotas, y más por las comunidades
autónomas, también por el ministerio, por parte de la Administración
General del Estado, como instrumento de potenciación o de fomento de la
política de empleo.
Dicho esto, nos encontramos con un real decreto-ley más. Solo se aprueban
últimamente reales decretos-leyes en esta Cámara, señora presidenta.
Quizá procede una reforma urgente de la Constitución incorporando en la
misma el requerimiento de que el procedimiento legislativo ordinario sea
el decreto-ley...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Dicho esto y como se podía hacer, incluso, en el
día de hoy, vuelvo a repetir el pedimento con el que empecé mi
intervención. De
todas formas, señora presidenta, no voy a recurrir al trámite de despidos
porque todavía me quedan algunas intervenciones -como suele ser habitual
en este Pleno- y lo reservaré para la última.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo estaremos esperando,
señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí me voy a despedir, señor ministro, de usted.
Estas discrepancias siempre han sido amigables. Sabe que nuestra relación
personal ha sido buena, espero que siga siendo buena y le deseo lo mejor
si es usted ministro en la legislatura que viene, y le deseo lo mejor si
no es usted ministro, pero seguiremos hablando de empleo y de otras
materias que son las más importantes y las que más interesan a los
ciudadanos del Estado español.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, este real decreto -como se ha explicado- acumula diversas
cuestiones. Mi grupo puede comprender perfectamente la posición de
aquellos grupos que han manifestado dudas sobre el método y la forma,
pero es estrictamente cierto que en el real decreto se han incorporado
elementos que era necesario que, en este trámite final de la legislatura,
fuésemos capaces de aprobar. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
En algún caso se ha debido a que los trámites parlamentarios en el Senado
no permitían culminar algunas reformas que era imprescindibles, y en
otros elementos, singularmente en las modificaciones que se introducen en
materia de empleo, porque determinados acuerdos políticos que
Convergència i Unió había alcanzado con el Grupo Socialista y con el
Gobierno debían materializarse. En concreto, y con un tiempo escaso para
intervenir, voy a centrar mi intervención en dos aspectos: en las
cuestiones vinculadas al empleo y en las modificaciones que se introducen
en la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El real decreto refleja la intención que tenía el proyecto de ley de
derechos y deberes y de régimen de personal, en el que se acordaba la
prolongación de la vida activa de los policías hasta los 65 años y se
contemplaba expresamente que se debería determinar por la vía
reglamentaria qué puestos de trabajo específicamente podían desempeñar
estas personas. En el real decreto que hoy convalidamos no se produce esa
referencia, cosa que ha provocado la inquietud de Convergència i Unió,
singularmente de nuestra portavoz en materia de Interior, la señora
Pigem, en la medida que se podría entender que cualquier puesto de
trabajo en esas edades podría ser realizado por cualquier policía, y
esperamos del debate con el Grupo Socialista que se nos aclare esta
cuestión. Espero del señor Membrado una respuesta clara sobre esta
inquietud.
Con relación a las cuestiones de empleo, no son menores -insisto-,
responden a determinados acuerdos que el Grupo de Convergència i Unió ha
mantenido en la reforma de las políticas activas con el Grupo Socialista.
En concreto se trata, por un lado, de garantizar, a través de la futura
estrategia española de empleo, la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad en el acceso y el mantenimiento del empleo en
el conjunto del Estado y, por otro lado, que la incertidumbre que genera
en el sector la próxima aprobación de la estrategia española, y por tanto
la derogación de toda la normativa que regula estas políticas, no
provoque un vacío. Al mismo tiempo lanza un mensaje muy claro. Al menos
desde Cataluña hay una vocación del actual Gobierno de legislar en
materia de políticas activas para personas con discapacidad. Si en otras
comunidades autónomas no se quiere asumir esa responsabilidad, como se
deriva del contenido de la reforma de las políticas activas, va a haber
la tranquilidad de saber que la normativa hoy vigente lo va a continuar
siendo en aquellos territorios. Con eso garantizamos un escenario de
tranquilidad y seguridad para los sectores de la sociedad, para las
empresas, para los centros especiales de empleo, para las organizaciones
vinculadas al ámbito de la discapacidad, y al mismo tiempo garantizamos
que una pretensión que ha tenido Convergència i Unió en los últimos años,
que es dar libertad para que el Gobierno de la Generalitat pueda
desarrollar sus propias políticas en esta materia, se pueda llevar a
cabo.
En segundo lugar, la ley políticamente refuerza la idea de que las
comunidades autónomas pueden gestionar las bonificaciones al empleo
indefinido, una política que este Gobierno ha iniciado con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, que ha empezado a negociarse también con el
Gobierno de Canarias y que el Gobierno de Cataluña, en la última reunión
de la Comisión Mixta de Transferencias, puso encima de la mesa. El real
decreto sanciona esa posibilidad, en términos de permitir que las
comunidades autónomas que así lo desean puedan desarrollar fuertes
políticas de recolocación y reincorporación al mercado de trabajo de las
personas desempleadas. Nos parece una cuestión relevante en términos
políticos, y es evidente que en la próxima legislatura, gobierne quien
gobierne, desde Convergència i Unió vamos a insistir en ello.
Finalmente, el real decreto adecúa la configuración del nuevo contrato de
formación a la idea de que se puedan desarrollar aquellos programas que
algunas comunidades autónomas han iniciado en los últimos meses,
singularmente también el Gobierno de la Generalitat, para reinsertar al
mercado de trabajo a jóvenes, y adaptamos la nueva regulación del
contrato de formación a esa realidad preexistente. Son tres cuestiones
suficientemente importantes para que Convergència i Unió apoye la
convalidación de este real decreto.
El real decreto resuelve bien la representación del mundo del trabajo
autónomo y el mundo de la economía social en el conjunto de las políticas
activas de empleo e incorpora una referencia singular a las iniciativas
de las denominadas empresas de inserción, todo ello -insisto-
respondiendo al diálogo que hemos mantenido en esta materia con el
Gobierno y que se debía cumplir. Es evidente que en ese terreno de las
políticas activas de empleo mi grupo termina la legislatura también con
una sensación de insatisfacción. No hemos avanzado de manera clara y
evidente en la vinculación entre políticas pasivas y políticas activas.
Esa continúa siendo una de las debilidades de nuestra política pública de
empleo. Habrá que abordarlo en la próxima legislatura. Seguramente
hubiese sido interesante que en la reforma de las políticas activas
hubiese un compromiso explícito de mantener el gasto en estas políticas.
España continúa siendo uno de los Estados de la Unión Europea que gasta
menos en reinsertar a sus desempleados y más en garantizar sus rentas, y
ahí existe un reto imprescindible. Necesitamos mejores políticas activas,
pero también necesitamos más recursos para estas políticas.
Quizás hubiese sido necesario introducir mejores estímulos a la
contratación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas y para
los trabajadores autónomos, o recuperar figuras que este Gobierno aprobó
durante esta legislatura, como era la utilización de la prestación por
desempleo como fórmula para financiar la cotización social de un
desempleado que se reincorporase al mercado de trabajo. Nos hemos quedado
también sin culminar la reforma de la formación para el empleo, que fue
un compromiso que el ministro Gómez anunció a su llegada al Gobierno. El
diseño de una política de empleo robusta, orientada a garantizar
efectivamente la empleabilidad de los trabajadores, destinada a reforzar
la reincorporación de los trabajadores al mercado de trabajo nos parecía
absolutamente fundamental. Y todo ello -y no queremos que este sea un
debate de balance de la política de empleo porque no tenemos tiempo- con
la evidencia de que este conjunto de medidas que se han impulsado durante
estos cuatro años en materia de empleo, algunas promovidas por el
ministro Corbacho, otras por el ministro Gómez, a menudo con un apoyo
explícito de Convergència i Unió y en otros casos con un apoyo tácito, no
nos permiten hacer un balance nada satisfactorio de la política de
empleo. Terminamos la legislatura con una altísima tasa de desempleo, con
un mes de agosto que ha sido dramático para nuestro mercado de trabajo y
con unas previsiones del Fondo Monetario Internacional de un incremento
del desempleo para el próximo ejercicio. Por tanto, el balance ni mucho
menos puede ser positivo.
Termino, señorías. Al señor ministro quiero agradecerle la complicidad que
hemos encontrado en él a pesar de las discrepancias que hemos mantenido,
singularmente en todo lo que hace referencia a la reforma de la
negociación colectiva, pero especialmente en materia de reforma de las
pensiones. Convergència i Unió está encantada de haber colaborado en
algunas de estas cuestiones. A todo el mundo quiero desear suerte y que
la mayoría de nosotros volvamos a coincidir en la próxima legislatura en
este hemiciclo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Tiene la palabra don Arturo García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Señor presidente, señorías, sean mis primeras
palabras de correspondencia a las últimas pronunciadas por el señor
ministro en su despedida, en el sentido de desearle personalmente lo
mejor en su nueva andadura o en las nuevas circunstancias que puedan
producirse tras la celebración de las próximas elecciones generales.
Esta legislatura termina de la misma forma que empezó, con
improvisaciones, con ocurrencias y sin saber claramente lo que el
Gobierno va a hacer en las distintas materias. Decía el señor Llamazares
en su intervención que llevamos 30 reales decretos; no, 50. Es decir, si
descontamos de los periodos de sesiones aquellos meses que no están
especificados, salimos a una media de dos reales decretos-leyes, lo que
demuestra una forma muy negativa de legislar en este país. Este Gobierno
ha sido incapaz de hacer una legislatura ordinaria normal y ha tenido que
acudir siempre a la urgencia y a excepcionalidad del real decreto-ley
para temas que ni eran urgentes ni eran excepcionales. Es una
demostración más de lo que ha sido esta legislatura, que,
afortunadamente, acaba hoy porque sinceramente el país no podía ni puede
seguir sosteniéndose sobre la base de las ocurrencias y las
improvisaciones del actual Gobierno.
También tengo que decirle, señor ministro, que cuado le oía en su
intervención sentía un cierto rubor ajeno por la forma en que usted
explicaba la conveniencia o el presupuesto habilitante de este real
decreto-ley sobre la urgencia y sobre la excepcionalidad, porque, la
mirase por donde la mirase, no veía ni la urgencia ni la excepcionalidad.
No vale con afirmar o decir que hay urgencia -es verdad que el Gobierno,
según la doctrina constitucional, es el legitimado para apreciar la
urgencia- la urgencia tiene que existir, no basta con decirlo; es decir,
tienen que darse unos supuestos que normalmente no existen y que además
de no tomar las medidas correspondientes puede derivarse una situación
contraria o no deseable para los intereses generales. Y la
excepcionalidad quiere decir que debe tratarse de situaciones fuera de lo
normal, que no pueden resolverse por el procedimiento ordinario que prevé
nuestra Constitución, que es con la legislación ordinaria. En todas las
materias que hoy nos traen, señor ministro, ni las propuestas son
urgentes ni las propuestas son excepcionales. No hay motivos habilitantes
para este real decreto-ley.
Es un real decreto-ley que, como se ha dicho, es un decreto escoba. Parece
que se ha hecho limpieza de fondos y se han juntado temas que no tienen
ninguna conexión objetiva unos con otros. Ya me dirá qué conexión tienen
los temas audiovisuales con los temas de empleo, ya me dirá qué conexión
tienen la sustitución del silencio positivo o negativo de los análisis
clínicos con la edad de jubilación de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. No tienen nada que ver, no hay una
conexión. Por tanto, no me extraña que hubiese determinados portavoces
que se preguntasen cuál era la razón última, por qué viene este real
decreto-ley. Creo que la respuesta la hemos tenido en las palabras del
portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió, cosa que usted no
había dicho. Se trata simplemente de cumplir un acuerdo político. No hay
circunstancias excepcionales ni extraordinarias, se trata simplemente de
cumplir un acuerdo político con el Grupo Catalán. Y para eso ustedes lo
enmascaran con otra serie de términos y de cosas que no tienen nada que
ver y que no son urgentes ni necesarias y que, por lo tanto -entiéndalo,
señor ministro-, a nosotros nos hacen dudar muy seriamente de la
constitucionalidad de este real decreto-ley, el cincuenta, que ya le digo
que no va a tener el apoyo de nuestro grupo parlamentario, porque ni es
urgente ni es excepcional, ni son necesarios con esa excepcionalidad y
urgencia los planteamientos que ustedes nos traen aquí.
De los tres grupos que usted nos ha presentado y que lo ha hecho sobre la
base de la urgencia de la crisis, sinceramente, no creo que ninguna de
las medidas que ustedes nos plantean en este real decreto-ley vaya a
facilitar en nada medidas que apoyen la situación de la crisis, porque en
todo lo que se refiere al capítulo de empleo, más allá de cumplir un
compromiso político con Convergència, tampoco incorpora nada nuevo ni
decisivo, nada. En algún caso se trata de hacer meras alusiones al
trabajo autónomo y a la economía social, pero sin ningún tipo de medida
que tenga eficacia. La primera modificación es el apartado 1.2 del
artículo 19 quáter de la Ley 56/2003, que se refiere a servicios
destinados a las personas desempleadas, y simplemente se limitan a decir
una palabra: fórmulas de autoempleo. O en el siguiente, donde se refiere
al conjunto de acciones de las políticas activas, nos viene a hacer una
manifestación en el sentido de que habrá que tener en cuenta a las
personas en situación de exclusión a través de las empresas de inserción.
Sinceramente, señorías, tampoco veo que el cumplimiento de ese acuerdo
político que pretenden hacer mediante este real decreto-ley con el Grupo
Catalán tenga mucho más recorrido, porque al fin y al cabo se limitan a
decir que en el marco de los convenios podrán adoptarse los
correspondientes acuerdos de participación en la gestión de las
bonificaciones de las cuotas sociales a la contratación indefinida. Esta
es la madre del cordero de por qué viene este real decreto-ley. Así de
claro, no es porque fuese ni excepcional ni urgente, sino porque ustedes
tenían un compromiso con el Grupo Catalán y lo quieren cumplir de esta
manera. Fíjese si no es excepcional ni urgente que ustedes no regulan
materias nuevas, todo son modificaciones de la legislación anterior, todo
son modificaciones, no incorporan absolutamente nada nuevo o bien porque
modifican la legislación existente o bien porque introducen alguna
disposición adicional. Por tanto, señorías, nuestro grupo no ve ninguna
posibilidad al respecto.
En materia del segundo grupo, el de la policía -no tiene nada que ver,
como bien suponen, una cosa con la otra-, les remito a lo que les han
dicho los sindicatos: que después de un año de negociación ustedes han
sido incapaces de llegar a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios
sobre en qué podría consistir la jubilación y la segunda actividad, antes
al contrario, lo que hacen en estos momentos es restar e impedir una
segunda actividad, un segundo destino, y ustedes saben, señorías, y usted
sabe, señor ministro, que no está conforme incluso con lo que le piden
los sindicatos, luego tampoco en este sentido hacen ustedes ningún guiño,
como no sea lo que se ha dicho también en esta tribuna, que en lo que
estén pensando es en un recorte de las ofertas públicas de empleo de
futuro, porque sinceramente esto no va en ninguna dirección que mejore la
política de personal, que, por cierto, ha sido un gran fracaso de este
Gobierno en materia de personal todo lo referente a Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
El tercer grupo de medidas que ustedes traen aquí es un batiburrillo, es
una limpieza de fondos, con lo que sinceramente lo que ustedes pretenden
en un caso es la modificación del Real Decreto Legislativo 5/2000, algo
que se les olvidó y lo traen porque se les olvidó, lo hacen siempre de
forma improvisada y ocurrente porque se olvidan y lo quieren salvar de
esta manera.
En lo que se refiere a tiendas de conveniencia, ya sabe usted lo que han
dicho en esta tribuna hoy por la mañana. En la modificación de la Ley
General de la Comunicación Audiovisual toda la reforma se limita a
cambiar el sentido de un verbo: donde antes decía deberán hasta el 40 por
ciento ahora dice podrán; esa es toda la modificación, toda la urgencia,
toda la excepcionalidad: donde decía deberán ahora dice podrán.
Finalmente, señorías, la última modificación también tiene un calado y una
trascendencia tan extraordinaria que lo que hacen es modificar donde
había silencio positivo, respecto de los análisis y ensayos clínicos,
ahora lo convierten en silencio negativo. Como verán, señorías, es toda
una serie de ocurrencias e improvisaciones. Es, como se ha dicho también,
legislar mal y legislar sobre legislación mala. En definitiva, es la
última muestra que nos da este Gobierno de improvisación y de
ocurrencias. Nuestro grupo, por tanto, señorías, no les va a acompañar en
estas ocurrencias y en estas improvisaciones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Tizón.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, hoy nuevamente
traemos a la Cámara un proyecto de real decreto que son medidas
complementarias que resuelven algunos de los problemas que en la
tramitación de estas leyes se habían quedado sin cubrir y que es
necesario resolver. Hoy, señorías, tenemos un decreto que sin duda no
hemos podido encajar en el proceso parlamentario a través de las
enmiendas en el Senado por la última sentencia del Constitucional que
impide la adscripción de enmiendas en temas que no sean específicamente
de la misma materia. Ese es el problema que hemos tenido y esa es la
necesidad de traer aquí un real decreto que tiene como objetivo
fundamental resolver problemas de la ciudadanía. (La señora
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Decía la señora Díez en su intervención que este decreto le recordaba
aquellos magníficos libros de Martin Handford que decían: ¿Dónde está
Wally? Señora Díez, usted sabe muy bien que aquellos magníficos textos y
aquellos magníficos dibujos se hicieron como base de material pedagógico
para fomentar la orientación espacial, la perspicacia de los niños y la
intuición, tres elementos fundamentales para la política, señoría.
Perspicacia, orientación e intuición, aplíquelos a este real decreto y
verá como Wally no existe, porque no hay nada que se oculte, no hay nada
que se quiera evitar que conozcan sus señorías ni los ciudadanos, es
transparente.
Se lo voy a explicar. Es tan transparente como que hoy tenemos ya una ley
de políticas activas de empleo por la cual los centros especiales de
empleo por la anulación de la normativa anterior quedaban descolgados y
necesitamos encajarlos, porque tenemos más de 160.000 personas metidas en
esos centros especiales de empleo. Son políticas de discapacidad y es
necesario que estén encajadas dentro de las políticas activas de empleo.
¡Fíjese qué oscuridad más grande!
Tenemos también los autónomos, que tienen que participar de la estrategia
que se haga anualmente sobre empleo y formación; los teníamos
desencajados. Hemos metido a los autónomos también y a la economía
social, que es una parte fundamental también. Les damos protagonismo.
Queremos adaptar en estos momentos las necesidades del territorio y de las
empresas a las bonificaciones a la contratación indefinida. No sé qué
significa eso para algunos. Para algunos es Wally, para mí es necesidad
de resolver un problema. ¿Por qué? Porque esto no depende exclusivamente
de un acuerdo con CiU, esto es algo que todos los grupos parlamentarios
pidieron a través de sus enmiendas a las políticas activas de empleo, y
ahora es un problema de acuerdo con el señor Campuzano. No, es un
problema de dar solución a una necesidad que se estaba planteando.
Usted me está diciendo también que debe estar Wally en los contratos de
formación. Hace ocho días aprobamos una normativa de formación. Tenemos
escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo que tienen una
adecuación de una normativa anterior por la cual no pueden realizar en
estos momentos los programas ni la contratación ni las becas a los
usuarios de esos contratos. Actualmente tenemos una amenaza de algunos
ayuntamientos de Asturias, que, a través de su presidente del Gobierno
del Principado, querían echar a casi 400 trabajadores de estas
organizaciones. Los querían echar basándose en que no tenían marco
jurídico para resolver el problema de su contratación. Ese es Wally. Aquí
hemos resuelto este problema.
¿Dónde está la oscuridad? Son ciudadanos, señorías, los que están en estos
momentos esperando que demos respuesta a ello y nosotros necesitamos
hacerlo de forma urgente porque hay que contratar, hay que renovar
contratos, hay que darles estabilidad y confianza a las personas
discapacitadas que están en los centros especiales de empleo y hay que
decirles a los autónomos que vamos a contar con ellos también para
reubicarles y contratarlos con arreglo a la formación. Eso es lo que
hemos hecho en políticas activas.
¿Qué hemos hecho en estos momentos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado? Algo tan sencillo como intentar, por todos los medios, que la
nueva Ley de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía, que no
ha podido venir del Senado aquí por falta de tiempo, no nos deje en estos
momentos un hueco imposible de completar respecto a las situaciones
laborales del Cuerpo Nacional de Policía, que prorrogar la edad de
jubilación y pasar a la segunda actividad no sea un elemento voluntario,
sino obligatorio y, al mismo tiempo, que esas personas no pierdan en sus
condiciones laborales. Si hacemos una prórroga del derecho a la
jubilación, lo que estamos haciendo al mismo tiempo -y doy respuesta al
señor Campuzano con ello- es la búsqueda de una serie de actividades que
son las que estas personas deben realizar, que no deben ser las de
patrullar la calle ni la de perseguir a delincuentes porque no tienen ni
la fuerza física ni psíquica para poder realizar esas actividades, pero
tendrán un catálogo que será pactado con los sindicatos representativos.
El señor portavoz del Grupo Popular decía que en los temas relacionados
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían el rechazo de
las organizaciones sindicales. Señorías, no, tienen la aceptación de las
organizaciones sindicales representativas del sector, como también tienen
un apoyo mayoritario de la Cámara, que solamente tuvo la abstención del
Grupo Parlamentario Popular en la tramitación que se hizo en el Congreso.
Por tanto resolvemos un problema de un sector muy importante, le damos
salida también a la reposición de los contingentes necesarios para hacer
frente a las necesidades de la sociedad, en un momento en el que
lógicamente los recursos del Estado son escasos, le damos solución a ese
problema, damos garantías a la convivencia de la ciudadanía, y al mismo
tiempo resolvemos un problema de un sector importante. Ese es Wally.
Pero en estos momentos tenemos igualmente otro problema, que no hemos
resuelto anteriormente, y es la
distribución de las expendedurías de tabaco. Tenemos una situación en la
cual estamos garantizando que las gasolineras lo pueden realizar así como
las tiendas de conveniencia, es decir, tiendas con garantía de control
sanitario, y con garantía de control de Economía y Hacienda ya que
impiden por encima de todo la utilización del contrabando a la hora de la
expendeduría, y ese sector de tiendas de conveniencia, que tienen que
tener 500 metros como mínimo, que tienen que tener dieciocho horas de
apertura como máximo, ¿es mejor o peor a la hora de garantizar el control
de la expendeduría que una gasolinera? Señorías, es mejor, hay más
control de a quién se vende, cuál es la mercancía y cómo se realiza. Eso
es lo que hemos resuelto. Fíjense ustedes qué problemas hemos resuelto
hoy, y qué grado de oscuridad presentaba un real decreto con el que
parecía que estábamos vendiendo las posesiones de América. Pues no,
señorías, lo que estamos haciendo es resolver una serie de problemas.
Como tenemos también unas cuotas cinematográficas del 60-40, que nos
parecen abusivas y las estamos intentando transformar al 60-25, como
máximo. Nada más. O los recursos en los análisis clínicos. Esos son todos
los problemas que hoy tenemos aquí presentes. Pero tengan ustedes en
cuenta una cosa, todos ellos resuelven problemas de la ciudadanía. Todos
ellos afectan a sectores concretos de la población. Todos ellos hoy saben
que con este real decreto algunos problemas que tenían quedan resueltos.
Eso es lo que hace este Gobierno, a eso nos hemos dedicado durante todo
este tiempo, a resolver problemas. Algunos se han dedicado a crearlos.
Esa es la diferencia entre gobernar para la sociedad o gobernar para uno,
para los suyos, para crear capital, para buscar exclusivamente el
gobierno, sin saber muchas veces qué se quiere hacer con él.
Señorías, la verdad es que hoy es un día de despedidas. A mí se me ha
ocurrido utilizar unos versos de Josu Montalbán, un magnífico
parlamentario que estará por allá arriba, que nos ha hecho llegar y que
me gustaría reproducir hoy, aquí mismo, desde la tribuna. Dice Josu que
es tiempo de regreso. Regresamos sin miedo a la nostalgia. Quienes fuimos
felices, sonriendo de gozo, y quienes no lo fueron, sonriendo de rabia,
pues el gozo y la rabia son extremos, pero todos hemos soportado con fe
la misma cuerda.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Membrado. (La señora Díez González pide la palabra.)
Dígame, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidenta, quiero tomar la palabra utilizando el
artículo 73. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, en cualquier
debate, incluso cuando interviene su señoría, el resto de diputados son
citados, aludidos, mencionados, y por supuesto contradichos. Usted
estaría inmersa o no en el artículo 73, pero como es un día de versos,
despedida, lloros, algunas alegrías y alguna pena, tiene usted un minuto.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta. Le aseguro que no voy
a excederme.
El señor Membrado me ha contradicho amablemente, y amablemente le voy a
contestar. Efectivamente, dónde está Wally, es un ejercicio de
perspicacia y de agudeza; es para eso, pero, si hay transparencia, no
hace falta ni la perspicacia ni la agudeza. Si uno tiene que utilizarla
para saber de qué va un real decreto es que el real decreto no garantiza
la transparencia. Se ha empeñado usted en decirme que no existe Wally.
Wally existe, y se llama El Corte Inglés, señor Membrado.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): ¿Ve, señora Díez, como no
valía la pena? Sabía yo que iba bien. (Risas.-Aplausos.) Señor Membrado,
tiene usted también un minuto.
El señor MEMBRADO GINER: Señora presidenta, creo que la señora Díez no ha
conocido los cuentos de Handford ni a Wally, porque si no sabría
perfectamente que los que los conocimos y enseñamos con ellos siempre
hemos pensado que la intuición, la agudeza y la orientación especial
forman parte del comportamiento humano, y el comportamiento humano en
este caso deja mucho que desear. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Membrado.
ENMIENDAS DEL SENADO. (CONTINUACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL.
(Número de expediente 121/000119.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al siguiente punto
del orden del día: Enmiendas del Senado restantes de discusión. En primer
lugar, las del proyecto de ley de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, parece indudable que este proyecto de ley introduce importantes
reformas en la vigente Ley Concursal, muchas de las cuales ciertamente
incorporan una mejora sustancial en la posición de los trabajadores en el
concurso de acreedores. Esta es sin duda la principal característica que
inspira, que orienta esta reforma, a cuya aprobación definitiva pasaremos
luego. De entrada, no podemos negar como primera providencia que en este
aspecto el proyecto nos agrada, aunque debo reconocer que hay algunos
aspectos que no quedan lo suficientemente bien resueltos por parte de la
ley, aspectos que además venían aconsejados en cuanto a su modificación o
reforma por la experiencia obtenida durante la praxis, la aplicación de
la vigente Ley Concursal, que ha evidenciado, señorías, como todos
ustedes saben, que el concurso no solo sigue siendo una vía que no
asegura suficientemente el cumplimiento de su objetivo fundamental o
esencial, como es posibilitar la continuidad de la actividad empresarial,
sino que en definitiva constituye un medio adecuado para atender a los
créditos de los trabajadores y para ordenar de forma satisfactoria la
problemática generada por la reestructuración de cualquier cierre de una
empresa. Esta ha sido la posición que mi grupo, el Grupo Parlamentario de
Esquerra-Izquierda Unida-Iniciativa, ha defendido a lo largo de la
tramitación de este proyecto de ley, y corregirlo en nuestra modesta
opinión no hubiera sido una reconsideración global o total del modelo que
en su día adoptó la ley, sino simplemente incorporar al proceso de
reforma legislativa algunas mejoras o algunas correcciones que trataran
de hacer compatible la tramitación de una ejecución universal con la
posición de los trabajadores, como sujetos particularmente interesados y
muchas veces damnificados a la hora de garantizar -insisto- la
continuidad de un proyecto empresarial.
Desde esta perspectiva, señorías, formulamos la mayoría de nuestras
enmiendas, que no tuvieron la acogida deseada, si bien no por ello
queremos desmerecer el conjunto de la reforma que vamos a aprobar en
breves instantes. Este proyecto por tanto supone una mejora sustancial
-eso sí- de esta regulación. Ello es así, y quiero glosar brevemente
algunos aspectos de la misma, porque se reducen los trámites judiciales,
porque se otorgan más garantías a los derechos de los trabajadores,
porque en definitiva se fomentan los acuerdos previos, la mediación, la
conciliación, a la hora de refinanciar la viabilidad de las propias
empresas, intentando conciliar la satisfacción de los acreedores con la
recuperación de la situación de la debida solvencia empresarial. Por ello
el texto que vamos a votar y vamos a aprobar parte de ese concepto -una
idea clara que inspiraba la ley- de intentar evitar en lo posible la
liquidación de las sociedades incursas en el procedimiento concursal,
garantizando -insisto una vez más- su continuidad en lo posible.
Finalmente, respecto a las enmiendas que han sido introducidas a su paso
por el Senado, señorías, debo decir que nuestro grupo parlamentario no
puede ni va a dar apoyo a ninguna de ellas, porque a nuestro entender
desnaturalizan el procedimiento concursal tal y como fue aprobado en
primera instancia en la Cámara Baja. Me refiero en este caso a enmiendas
que introdujeron tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en el Senado, que no son de
nuestro agrado y por tanto no vamos a poder dar apoyo a las mismas.
Señora presidenta, señorías, si me lo permiten, quisiera también
aprovechar este turno -de hecho, mi última intervención en el Congreso de
los Diputados- para despedirme de todos ustedes, señoras y señores
diputados, también de los trabajadores de la Casa y -cómo no- de todos
mis colaboradores en el grupo parlamentario. Para mí ha sido un auténtico
orgullo no solo representar en esta Cámara a un histórico partido, como
es Esquerra Republicana -el partido de Macià, de Companys, de Tarradellas
y de Barrera-, sino también haberlo hecho con gran satisfacción con todos
ustedes, a veces desde la discrepancia, pero siempre desde el respeto
mutuo. Por tanto no puedo más que agradecer a todos su deferencia e
incluso su cariño. Les aseguro que me llevo un muy grato e imborrable
recuerdo, y es por ello por lo que a todos ustedes les deseo lo mejor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor
Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que estoy un tanto abrumado, ante lo alambicado y solemne de
las despedidas, para iniciar una humilde intervención sobre las enmiendas
del Senado a este importante proyecto de ley concursal. No quiero empezar
sin hacer algunas reflexiones que rayan en lo apologético. En primer
lugar, hay que poner de relieve el valor del consenso que ha inspirado el
trabajo parlamentario, dado que ha sido el disenso lo que ha
caracterizado últimamente la actividad legislativa en esta Cámara,
suponiendo que merezca el nombre de legislativa una actividad que se basa
en el uso sistemático, e incluso fraudulento constitucionalmente, del
real decreto-ley hasta límites extremos. Esta es una ley consistente y
mucho más seria que el real decreto-ley tan esotérico que hemos debatido
anteriormente. Se nota además por la calidad de los ponentes, como por
ejemplo el señor Jané. No hay nada como contar en una comisión con un
catedrático prestigioso de derecho mercantil para incardinar la doctrina
científica en el debate legislativo, porque no solo se hacen las cosas
mejor, sino que para los que por pertenecer a un grupo pequeño tenemos
que multiplicar o extender nuestros conocimientos incluso a materias en
las cuales estos son particularmente escasos, algunos de los portavoces
que han compartido las tareas parlamentarias no solo han sido compañeros
de trabajo, sino verdaderos profesores.
La ley es buena. La ley pretende fundamentalmente lo que se ha conseguido
en su contenido normativo final, que es dar alternativas al concurso o a
las situaciones preconcursales. En una situación de crisis económica esto
es particularmente importante, dada la facilidad que incluso la normativa
anterior, el Real Decreto-ley 3/2009, proveía. En segundo lugar, consigue
una mejor defini
ción del concepto de insolvencia y los mecanismos para su determinación
conceptual, así como los mecanismos para afrontar las situaciones de
insolvencia cuando al final hay que proceder al nombramiento de una
administración de naturaleza concursal. En tercer lugar, hay cuestiones
técnicas importantes difíciles de comprender pero que al final -con la
ayuda de los compañeros, como antes decía- hemos llegado a entender y nos
hemos adherido a esas posiciones; por ejemplo, la consideración expresa
de que de los créditos nacidos tras la aprobación judicial de un convenio
han de ser, en caso de apertura posterior de la base de liquidación, los
créditos contra la masa. Son cuestiones que utilizan un lenguaje
hermético y una nomenclatura que no es accesible para la generalidad de
los ciudadanos, pero que resuelven problemas terriblemente importantes en
la práctica en una situación de crisis económica. En definitiva, hay
cuestiones que hacer referencia al sistema de recursos en materia
concursal, y a la función de los jueces en esta materia así como a la
identificación de competencias de los jueces de lo mercantil, que estaban
un tanto desordenadas hasta la aprobación de este proyecto de ley. Hay
algunas situaciones que no han terminado de quedar bien aquilatadas y
afinadas, como la contradicción de la legislación concursal con otros
ámbitos o sectores del ordenamiento jurídico, como puede ser el
deportivo, donde los puntos de equilibrio son perfectibles, hasta el
punto de surgir incidentes que han provocado un mayor grado de
conocimiento de esta ley que hubiese pasado desapercibida salvo para los
expertos en la materia. Señora presidenta, una buena ley.
En este turno, que sí que va a ser mi última intervención -en esta
legislatura, por lo menos-, no me considero legitimado para despedirme
con la solemnidad, la elegancia e incluso la lírica de algunos compañeros
que me han precedido en el uso de la palabra. Aunque, señora presidenta,
sí voy a recurrir a la lírica. Cuando se ha citado el poema o esas
reflexiones líricas de Josu Montalbán, buen amigo y buen poeta -vamos a
considerarlo así, por qué no- por parte del señor Membrado, tengo que
decir que no son obra exclusiva del señor Montalbán. Es un poema
mancomunado. Yo lo trabajé, lo hicimos juntos en un lugar de recreo
-acabo ya, señora presidenta, me estoy despidiendo- donde es posible
además tomar bebidas espirituosas. Lo terminamos y lo hago mío, considero
que tengo cierta legitimidad patrimonial para citar esa simetría tan bien
concebida por Josu Montalbán y por mí mismo entre la angustia y la
nostalgia. Sentimientos contradictorios solo aparentemente, porque
producen los mismos efectos: las ganas de seguir luchando y trabajando
por lo que a todos nos debe concernir, cuando somos representantes y
ejercemos funciones de naturaleza jurídico-pública: el bienestar de los
ciudadanos. Ahora que llega el señor Montalbán le agradezco su
aportación, como él tendrá que agradecer mi aportación a este poema que
está sirviendo de despedida ilustre, lírica, y particularmente relevante
a los que en este momento nos tenemos que despedir.
Señora presidenta, no quiero acabar sin pedirle personalmente a usted
perdón por el recurrente abuso en el uso de la palabra, y las
intimaciones que he tenido que soportar de su señoría, eso sí, con toda
la legitimidad reglamentaria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Olabarría, por sus palabras, pero ha hecho usted, una vez más, gala de lo
que ha hecho durante toda la legislatura: pasarse del tiempo. (Risas.)
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor
Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en esta última sesión plenaria aprobamos la última de las leyes
que ha tramitado durante esta legislatura la Comisión de Justicia. Está
aquí su presidente, don Álvaro Cuesta, y le quiero agradecer toda su
labor como presidente, pero también la de toda la Comisión -portavoces,
letrados y todos los que han intervenido activamente en la misma-, ya que
han realizado una densa producción normativa en esta legislatura. Hay
temas que para nosotros son asignaturas pendientes, que no se han
completado, compromisos del ministro que finalmente no se han trasladado
como proyectos de ley, pero a la hora de hacer balance lo cierto es que
sí se ha legislado, especialmente en los últimos meses de manera intensa.
Quizá sería deseable que en otras legislaturas se midan mejor los tiempos
para no tener que llegar a proyecto por semana en cada sesión de la
Comisión sin posibilidad de poder debatir en el Pleno aspectos
importantes. De todas formas hemos trabajado; por tanto, señor Cuesta y
demás miembros de la Comisión, mi agradecimiento. Al igual que al equipo
del Ministerio de Justicia; ha habido diversos titulares en el mismo,
pero creo que también es momento de agradecerles los puntos de acuerdo y
de consenso que hemos tenido, y en ocasiones también evidentemente las
asignaturas pendientes y las promesas incumplidas, que quedarán ya para
otros momentos y quizá otras legislaturas.
Hoy llega este último proyecto de ley de reforma de la Ley Concursal.
Nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó en el
Senado cuatro enmiendas, las cuatro fueron aprobadas, y las cuatro van a
recibir hoy nuevamente el voto favorable de Convergència i Unió. Dos de
ellas se refieren a un aspecto novedoso, un aspecto extrajudicial que
permitiría avanzar mucho; que permitiría abrir nuevas posibilidades que
en ocasiones quizá evitarían el proceso concursal. Me refiero a nuestras
enmiendas que introducen un procedimiento notarial previo con la
finalidad de desjudicializar y promover la solución convencional de la
insolvencia del deudor persona natural. Ha habido temores ante esas dos
enmiendas. El Senado no los tuvo,
fueron aprobadas en el Senado. Yo pediría al Grupo Parlamentario
Socialista un último intento de buscar un punto de acuerdo, porque nos lo
piden los colegios de abogados, nos lo piden los colegios de notarios.
Hay aquí una gran labor. En Cataluña el propio presidente de los
notarios, Joan Carles Ollé Favaro, ha hecho también una labor de impulso.
El otro día el Colegio de Abogados de Barcelona, en la subcomisión sobre
las hipotecas que está en la Comisión de Vivienda, también avanzó su
posición favorable a estas enmiendas. Nos gustaría ese último intento.
Hay dos enmiendas más, también aprobadas por el Senado, que creo que van
en la buena dirección. El señor Trillo, que ha tenido una actuación
activa en este proyecto de ley, coincidía con nosotros -o nosotros
coincidíamos también, ambos grupos- en la necesidad de reforzar las
condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores
concursales. Bueno es que se vuelva a los cinco años, a esos cinco años
de experiencia profesional, efectiva, en el ejercicio de la abogacía, o
bien en el ámbito de los economistas, de los titulados mercantiles, de
los auditores de cuentas. Creo que ese mayor requisito de experiencia que
el Senado también ha incorporado es positivo. Y por último hay una
enmienda, también de carácter técnico, en el sentido de modificar la
propuesta en lo relativo al pago de créditos con privilegio especial,
permitir una mayor flexibilidad en la realización de los bienes afectos a
créditos con privilegio especial con respecto a los derechos de los
acreedores, y en su caso del concursado. Y también de manera positiva en
el proyecto de ley suprimimos el inciso anticipado, tal y como habíamos
pedido en otro artículo en este proyecto de ley.
Termino ya, señora presidenta, señorías. Agradezco a la presidenta, que
ahora está presidiendo una vez más la Cámara, doña Teresa Cunillera, y a
todos los miembros de la Mesa, la labor que se ha realizado a lo largo de
esta legislatura, y a todas sus señorías, a todos los portavoces, a todos
los que han intervenido, a los que estarán y a los que no estarán, a
todos, muchas gracias y mucha suerte en todo. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Trillo-Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señora presidenta, señorías, la
reforma de la Ley Concursal de 2003, que hoy se va a aprobar por el
Pleno, tiene probablemente las características del final de esta
legislatura: es una reforma, si me permiten decirlo, tardía en su
presentación, precipitada -por decirlo suavemente- en su tramitación,
confusa en su redacción, en la que hoy se nos presenta ante el Pleno,
contradictoria entre los fines de la exposición de motivos y la realidad
del texto, sin dotación adicional de medios para los juzgados de lo
Mercantil, y por tanto, señorías, mucho nos tememos que ineficaz y que va
a crear más problemas de los que, a pesar de la buena voluntad de muchos,
trata de resolver.
Nadie discute, señorías, la necesidad de la reforma de la benemérita Ley
Olivenza de 2003, en lo tocante a las medidas preconcursales, a la
necesidad de regular los efectos de los acuerdos de refinanciación del
llamado fresh money, del dinero fresco, de los escudos, etcétera. Sería
absurdo negar la necesidad de poner fin a esta continuada afluencia de
concursos a los juzgados. Les doy algún dato que es bueno que quede en el
"Diario de Sesiones". En el año 2010 han ingresado 6.957 concursos, casi
7.000 empresas en insolvencia ante los juzgados de lo mercantil. En el
año 2011, en el año en curso, si no tiene buenos efectos esta ley,
estaríamos casi en el doble porque solo en julio van 5.000 concursos.
Solamente la Hacienda pública, según los datos que nos proporcionó en las
comparecencias, está presente en 10.000 concursos, y la deuda para el
Estado es de 4.000 millones de euros, con lo cual se podrían resolver por
cierto muchas cosas. En consecuencia, hemos apoyado desde el primer
momento la necesidad de la reforma y querido garantizar que se respetasen
los principios de la reforma de la nueva Ley de 2003, que es
prácticamente nueva -viene a sustituir nada menos que al Código de 1829 y
a la Ley de 1922- y que necesitaba una regulación unitaria y completa de
los acuerdos preconcursales. Pero hete aquí que el texto que se somete a
la Cámara -si sus señorías han tenido la oportunidad de leerlo me temo
que harán un esfuerzo adicional para entenderlo- va a ser muy difícil de
aplicar, porque es una regulación fraccionada entre las disposiciones
adicionales provenientes de una reforma anterior de 2009 y la regulación
del artículo 5. Es una regulación en muchos casos incoherente y dispersa
por todo el texto. Por si faltaba algo, el Senado, con sin duda una
magnífica buena voluntad, ha dado muestras de un especial celo en este
final de legislatura y ha hecho replantearse a los constitucionalistas la
adecuada función constitucional de la Cámara Alta, y en un alarde de
improvisación ha introducido unas enmiendas que hoy, sin duda tan bien
intencionadas como siempre las defendidas por el señor Jané, dejarían el
resto del texto prácticamente irreconocible. De ahí que nuestra posición
sea que salga, aunque con alguna incorporación. Les hemos pedido -y le
agradezco el recuerdo- que no sea tan descarada la contradicción entre
esa finalidad de profesionalizar la administración concursal y la
realidad de llevarla de lo que era, una administración tripartita o si lo
prefieren trípode, con un abogado, un economista auditor y un acreedor, a
un solo administrador, al que además no se le exigían los requisitos de
los cinco años de experiencia. Pensamos que hoy sobre esto sí se puede
lograr un acuerdo en esta tercera lectura, y estaremos dispuestos en
consecuencia a apoyar en otros puntos.
En nombre de mi grupo parlamentario tengo que volver a manifestar que no
nos parece ni justo ni adecuado que sean las personas jurídicas auditoras
las que
se vayan a beneficiar casi en exclusiva de esta reforma de la
administración concursal. En los pequeños pueblos y en las ciudades
-digámoslo no en términos peyorativos- de provincias, en donde no están
las grandes siglas americanas o españolas de las auditorías, los pequeños
y medianos empresarios y los profesionales del mundo del derecho y la
economía merecían más confianza, y no estar en manos de la invasión de
estas grandes siglas. Este punto sin duda ni lo vamos a apoyar y además
nos comprometemos a reformarlo. Se ha incrementado el desequilibrio entre
los acreedores, que la doctrina tantas veces ha señalado era necesario
recortar. Vuelvo a recordar a sus señorías que es aún más increíble
viniendo de un Grupo Socialista, que podía tomar ejemplo del canciller
austríaco Bruno Kreisky, cuando subrayaba con acierto que el interés
general no siempre coincide con el interés público; y el interés público,
señorías, es que las empresas puedan continuar, sean viables y puedan así
garantizar los puestos de trabajo, que para todos es la máxima
preocupación.
Termino, señora presidenta. Para nosotros la reforma se ha hecho tarde, se
ha hecho mal y se ha hecho con el apoyo, al menos con la no obstrucción,
de esta oposición, que esperamos que al menos en este caso se nos
reconozca, y se nos otorgue reciprocidad cuando podamos llevar adelante
un proyecto que sin duda necesitará reformar otra vez la Ley Concursal.
Antes de que intervenga el señor Quijano, tengo que expresar ante la
Cámara nuestra gratitud y reconocimiento a don Jesús Quijano, ponente del
Grupo Socialista, maestro del derecho mercantil, sin el cual no habría
sido posible esta reforma, quien, acompañado por el señor De la Rocha y
por Alvaro Cuesta, nuestro presidente, ha posibilitado que se perfeccione
mucho el proyecto remitido por el Gobierno. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) No merece el proyecto llevar el nombre de don Jesús
Quijano; ese favor se lo voy a evitar porque el magisterio de don Jesús
Quijano está por encima de lo que he dicho del proyecto. Espero,
señorías, que esta reforma, que nosotros -insisto- no vamos a impedir que
salga mejorada, sea en su día mejorada, a su vez, con su colaboración,
con los principios de claridad, sistemática y generalidad, que son los
que espera aplicar en este y en otros puntos en sus tareas legislativas
el Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Don Jesús Quijano tiene la palabra.
El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Es obvio y obligado que comience con una devolución de agradecimientos -lo
hago con toda sinceridad- a todos los ponentes que han participado en la
tramitación de un proyecto de ley complejo y difícil por la propia
naturaleza técnica y jurídica que tiene el asunto y por las condiciones
temporales en el momento final de la legislatura y, ciertamente -lo tengo
que reconocer-, con alguna prisa para que finalmente la reforma saliera
adelante. En este reconocimiento del trabajo de los ponentes, desearía
hacer una especial mención al ponente de mi grupo, don Manuel de la
Rocha, de probada dedicación e insistencia en los asuntos que toma entre
manos, que en este caso ha venido muy bien teniendo en cuenta estas
circunstancias temporales a las que me refería. Muchas gracias, diputado
Trillo, por sus amabilísimas y creo que excesivas consideraciones sobre
mi persona o sobre mi aportación. También quiero decir con toda claridad
que sin la comprensión y la responsabilidad de los ponentes de los grupos
de la oposición, este proyecto probablemente no hubiera salido. Lo digo
como lo siento. A poco palo que hubieran puesto en la rueda -y han podido
hacerlo- no estaríamos debatiendo este asunto. Por tanto, quiero
reconocer este esfuerzo de trabajo, de comprensión y de responsabilidad
para sacar adelante una reforma, un proyecto de ley que era conveniente y
necesario sacar adelante, pero que quizá hubiera sido deseable poder
haberlo hecho en otras condiciones de más sosiego, de más estudio, de más
profundidad, etcétera. Quede constancia de esto. Haré también un
reconocimiento expreso de esfuerzo a los letrados que nos han acompañado
en este trayecto, porque el proyecto planteaba muchos problemas de ajuste
técnico que a nosotros perfectamente se nos podían haber escapado y que
ellos, con una encomiable atención al texto, nos han ayudado a resolver.
Incluso en el día de hoy, por voluntad de los grupos y con unanimidad en
esa voluntad, se ha producido una corrección -o espero que se produzca-
que hubiera sido lamentable y que no habíamos advertido en el artículo
64, apartado 5, del proyecto inicial.
Dicho esto, haré una breve consideración sobre la posición de mi grupo en
relación con las enmiendas del Senado, centrándome en los tres asuntos
que creo merecen mayor discusión. Por un lado, la cuestión de los
instrumentos preconcursales de carácter extrajudicial, que yo no dudo que
sea una cuestión razonable que habrá que contemplar, pero que creo que
debe ser contemplada en el conjunto de una alternativa al procedimiento
concursal actual para los deudores, persona natural, en la línea que
marcamos en el acuerdo al que se llegó mediante una disposición adicional
transaccionada en el trámite de Comisión aquí en el Congreso. Porque la
cuestión no es solo diseñar un procedimiento -notarial, registral,
arbitral o del tipo que sea-, la cuestión es dar un tratamiento distinto
a situaciones en las que el contexto de relaciones económicas afectadas
por el concurso de una persona natural es muy distinto en volumen de
acreedores, en expectativas de futuro, en relación con ciertos acreedores
-normalmente una entidad bancaria en exclusiva, porque no hay proveedores
industriales o de otro tipo-, ya que probablemente eso exige una ley
especial que ojalá el futuro Gobierno en la próxima legislatura aborde,
entre otras cosas porque hay un mandato en esta ley para que así se haga.
Esa es la razón por la que no creemos conveniente que algunas de las
enmiendas introducidas por el Senado en este punto
prosperaran, ya que terminarían generando una incongruencia clara en este
sentido. Algo similar ocurriría con el tema de los acuerdos de
refinanciación. Hay en la ley un tratamiento disperso pero completo, que
no se vería alterado en el caso de aprobarse una de las enmiendas del
Senado, que seguramente no tuvo en cuenta, con la mejor voluntad, que esa
era la situación de partida, con lo cual añadiría un régimen jurídico
completo y ordenado, eso es cierto, pero lo haría sin sustituir ni
modificar el régimen que ya hay a lo largo de la ley y plantearía
seguramente contradicciones insalvables.
Finalmente, en el tema de la administración concursal, sin duda el otro de
los grandes temas que ha sido objeto de debate y de enmienda en el
Congreso y en el Senado -donde se han producido algunas modificaciones de
interés-, creo que es bueno -y así lo vamos a hacer- aceptar retomar
algunos de los requisitos de cualificación de los administradores
concursales, concretamente que los cinco años de experiencia en el
ejercicio de la profesión y la formación probada en materia concursal, la
especialización, vuelvan a aparecer en el texto de la ley. Creemos que
eso no es contradictorio con abrir la vía a las personas jurídicas que
puedan en determinado tipo de concursos aportar más medios -porque los
tienen-, más cualificación, profesionales con una formación mucho más
especializada y completa, y que esto, a opción del juez que tramite el
concurso, pueda servir como una alternativa válida en la que no hay que
desconfiar.
Yo confío -y termino- en que esta reforma, tras la que se produjo por vía
de urgencia con el decreto-ley de 2009, complete bastante bien el marco
legal de los concursos actualmente. No excluye opciones de futuro, porque
probablemente en algún momento haya que replantear algunas cosas en el
derecho concursal español, pero soluciona problemas ahora, a la vista de
la experiencia en la situación actual. De eso estoy convencido.
Finalmente, estamos en días de despedidas. No sé si ya hay una estadística
de cuántos han tomado la palabra a lo largo de este Pleno y se han
despedido o han hecho gesto de despedida; me parece que son bastantes.
Sumo la mía a esa estadística. Yo retomo por voluntad propia, a partir
del fin de la legislatura, mi actividad universitaria en la Universidad
de Valladolid, donde me tienen a su entera disposición para todo lo que
fuera necesario. Un viejo amigo me dijo en una ocasión: donde vayas y
haya propios y ajenos -dicho esto metafóricamente- procura incrementar el
afecto de los propios y el respeto de los ajenos, y ofrécelo, hazlo tú
también en buena reciprocidad. Si así hubiera sido me doy por
absolutamente satisfecho. Ojalá que los que sigan o los que vengan tengan
capacidad de diálogo y de acuerdo y la ejerzan, porque los tiempos van a
seguir siendo difíciles según todos los pronósticos. Ojalá que los que
sigan, los que vengan y los que no vengamos contribuyamos -esto sí que
con todas nuestras fuerzas- a dignificar la política. Mucha suerte a
todos. Mis mejores deseos y quedo a su entera disposición.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quijano.
- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA
SOFÍA. (Número de expediente 121/000125.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Tiene la palabra en primer lugar don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hubiera deseado decir hoy en esta mi última intervención que en
el Senado ustedes, el Grupo Socialista, han contemplado alguna de
nuestras enmiendas. No ha sido así; han sido rechazadas. Aun cuando
nosotros votamos a favor del dictamen, no ha sido posible que algunas
enmiendas fuesen recogidas, y lo lamento porque no se van a publicar los
sueldos de los directivos del Museo Reina Sofía. Creo que no se pueden
poner puertas al campo ni hacer compartimentos estancos de la
transparencia. Tampoco creo que sea bueno no haber asumido nuestra
demanda de que, de la misma manera que el Museo Nacional de Arte de
Cataluña es sufragado por la Administración General del Estado, por la
Generalitat de Catalunya y por el Ayuntamiento de Barcelona, el Museo
Reina Sofía fuese sufragado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Madrid. No creo que deban existir museos que sean sufragados mediante
la aportación exclusiva del Estado mientras que otros suman las
aportaciones de las distintas administraciones.
También considero que ustedes deberían haber aceptado la reivindicación
expresada en el Parlamento de Euskadi y que Esquerra Republicana ha
llevado a esta ley de que el Guernica de Pablo Picasso fuese trasladado a
Euskadi. Creo que es el gran homenaje que podríamos hacer a la obra de
Picasso como denuncia de la violencia del totalitarismo. Pero ustedes no
han considerado aceptar estas enmiendas, aun cuando han introducido otra
que es un tanto contradictoria, puesto que reforman el Patronato del
Museo del Prado y no incluyen aquello que sí han aceptado incluir en el
Reina Sofía, que es la representación de las comunidades autónomas. ¿Por
qué las comunidades autónomas sí en el Reina Sofía y no en el Museo del
Prado? No lo entiendo. A pesar de ello, nosotros vamos a votar a favor de
la ley, pero entenderán que exprese una cierta desazón por que no hayan
contemplado aquellas reivindicaciones de Esquerra Republicana, que creo
que tienen sentido común.
Dicho esto, señorías, yo también -como no puede ser de otra manera,
atendiendo al hecho de que quizá sea esta mi última intervención- debo
decirles, en primer lugar, que quisiera disculparme no por las
convicciones que hemos defendido los republicanos en este Parlamento
español, sino porque en el fragor de la batalla
dialéctica y parlamentaria a veces uno, sin querer, puede haber molestado
personalmente, que no políticamente, a alguna persona. Ustedes saben que
no ha habido en ningún momento voluntad de ello. Reconozco haber
aprendido mucho respecto a tolerancia y capacidad de entendimiento con
todos ustedes. Aún así, también quiero decirles que marcho con una cierta
desazón al comprobar que no es posible -aun cuando en 2004 quizá
Rodríguez Zapatero lo intentó- el hecho de entendernos. Si ustedes
quieren poner puertas al campo y quieren evitar que las naciones del
Estado podamos ejercer el derecho a la autodeterminación no se van a
salir con la suya. Creo que es un ejercicio estéril y por esto reclamo la
fraternidad de todos los pueblos de nuestra Iberia y hago un llamamiento
a la paz, a la concordia y a superar todas las herencias del pasado
totalitario y franquista, razón por la cual permítanme que con toda
sinceridad reclame aquí, ante ustedes, la libertad de Otegui. Reclamo la
libertad de Otegui. Creo que sería un gran ejercicio a favor de la paz,
de la reconciliación y de la superación de todos los errores cometidos en
nuestra historia que una persona que se ha comprometido con la paz, hoy
no estuviera en una cárcel española. (Pronuncia palabras en euskera.)
Viva la fraternidad de todos los pueblos de la Iberia. (Pronuncia
palabras en catalán.)
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Tiene la palabra doña Montserrat Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, ya manifestamos en la Comisión de Cultura nuestra satisfacción
por la aprobación de esta ley del Reina Sofía, fundamentalmente por la
mejora sustancial que suponía para el museo en cuanto a la agilización de
su estructura, su funcionamiento y también para equipararlo al mismo
nivel de otros museos que internacionalmente pueden compararse con el
Reina Sofía. También tenemos que destacar que a lo largo de la
tramitación de esta ley hubo un importante consenso desde el primer
momento. Partido Socialista y Partido Popular ya tenían pactados de
entrada bastantes de los puntos sustanciales de la ley, pero lo que sí
tenemos que reconocer es que facilitaron en gran medida la incorporación
de enmiendas de los demás grupos. Así, desde Convergència i Unió se
incorporaron prácticamente todas las enmiendas que aportamos, a excepción
de una que posteriormente se volvió a presentar en el Senado y que no ha
sido aceptada. En definitiva, hubo una gran voluntad de amplio consenso,
cosa perfectamente entendible y deseable tratándose de un museo de la
relevancia del Reina Sofía. Ahora bien, lamentamos que en el trámite del
Senado ese espíritu de consenso se haya roto, entrando por la puerta de
atrás una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, la número 17, que
hoy será objeto de votación y que en su momento ya fue apoyada por el
Grupo Parlamentario Popular. En esa enmienda se pretende reformar la
composición del Patronato del Reina Sofía. En Convergència i Unió no nos
podemos quedar indiferentes ante la introducción de esa enmienda, primero
porque, como he dicho, rompe el consenso conseguido en la tramitación de
la ley, y en segundo lugar, porque fija para el Museo del Prado una
composición del patronato que dista bastante de la que se había convenido
para el Reina Sofía. Como saben, nuestro grupo parlamentario fue quien
impulsó, junto con otros, la introducción de la participación de las
comunidades autónomas con competencias exclusivas en materia de cultura
en la composición del Patronato del Reina Sofía, cosa que no se ha
recogido en esta enmienda pactada por el Grupo Popular y el Grupo
Socialista e introducida en el Senado. Por este motivo nuestro grupo
parlamentario, al igual que hizo en el Senado, anuncia en este momento
que no va a dar su apoyo a dicha enmienda transaccional.
También lamentamos que no se haya incorporado nuestra enmienda en el
trámite del Senado, igual que pasó aquí en el Congreso, referente a la
política de adquisiciones de patrimonio. Entendemos que es importante que
haya una disposición que aclare ese punto. Creemos que es fundamental que
en la política de adquisiciones de los museos haya esa llamada lealtad
institucional que muy a menudo nuestro grupo parlamentario ha
reivindicado. Lamentamos que no se haya incluido ese aspecto en la ley
del Reina Sofía y ya anunciamos que a lo largo de la próxima legislatura
Convergència i Unió continuará insistiendo en esa cuestión porque
pensamos que es muy importante.
Por último, hoy es un día de despedidas y esta portavoz va a hacer
exactamente lo mismo. Quiero agradecer a todos los compañeros el tiempo
que hemos compartido -a pesar de las discrepancias siempre hemos tenido
momentos de encuentro- y especialmente a los miembros de la Comisión de
Cultura, con quienes hemos mantenido debates intensos pero también
espacios de consenso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.
Don José María Lassalle tiene la palabra.
El señor LASSALLE RUIZ: Señor presidente, señorías, en este aire
crepuscular de despedidas que parece envolver estos últimos minutos de
vivencia de esta legislatura es un buen colofón, como uno de los temas
que van a cerrar el desarrollo de estos cuatro años de trabajo en esta
Cámara, aprobar las enmiendas que vienen del Senado relativas a un
entorno cultural de primer nivel, de cabecera, para nuestro país como es
el Museo Reina Sofía. Decía uno de los padres espirituales de Ortega que
la vida es una extraña combinación de azar, destino y carácter. El
carácter lo hemos puesto todos los miembros de la Comisión de Cultura,
tratando
en todo momento de interpretar la cultura en español, la cultura de
nuestro país, como una cultura gestionada desde una visión de Estado.
Creo que la elaboración de esta ley en el trámite del Congreso, como
posteriormente en el trámite del Senado, ha respondido clarísimamente a
ese carácter al que me refería. Pero también está el destino y quizá el
azar que, como digo -no voy a ser providencialista en la interpretación
de este momento-, ha elegido precisamente al Reina Sofía y a la
contemporaneidad de la cultura española como protagonistas de este final
de legislatura. Para nosotros este ha sido un momento especial porque al
fin y al cabo supone atender una vieja aspiración que el Partido Popular
planteó desde el comienzo de la legislatura cuando todavía estaba de
ministro el señor Molina. En la primera comisión nosotros reivindicamos
una ley para el Reina Sofía que, claramente inspirada en el modelo de El
Prado, diera a la contemporaneidad de nuestra cultura el carácter de
Estado que esta se merece. Durante todo el proceso posterior y ya con la
ministra Sinde hemos estado al lado del Gobierno, consensuando en todo
momento el trabajo que finalmente hemos protagonizado todos, y en ese
sentido creo que debe ser motivo de satisfacción, especialmente para la
señora ministra, que realmente se conozca esta ley como la Ley Sinde. Me
parece digno de consideración que así sea.
En términos generales he de señalar que el modelo que contempla la ley del
Reina Sofía es un modelo de museo sostenible que está apuntando las
líneas de lo que tiene que ser una política cultural de Estado para
nuestro país; una política cultural basada en el mecenazgo, en la
internacionalización y especialmente en la innovación. El modelo del
Reina Sofía es un modelo que suma innovación y creatividad, y esa es la
línea de trabajo que países como Reino Unido vienen desarrollando desde
hace años y que deben ser el motor de inspiración de una política
cultural que sea capaz de sacar pleno rendimiento a la cultura en español
y a la contemporaneidad creativa de nuestro país. Por tanto, cualquier
consideración que hagamos a la aprobación de este texto debe señalar
estos elementos que he tratado de resumir durante mi intervención y que,
insisto, no son casualidades, porque cuando el azar y el destino están
hablando de algo tan importante como es la cultura española y esta es
elemento vertebral o nuclear de la propia realidad de nuestro país, de
España, creo que no hay casualidades, sino que es el propio destino, el
azar de nuestro país, el destino de España, lo que está definiendo la
propia identidad de este museo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lassalle.
Tiene la palabra don José Andrés Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera ver como un buen augurio para nuestro país que en una
legislatura marcada por la mayor crisis económica de los últimos ochenta
años, terminemos hablando de cultura. Hay algo justo en que al final de
esta legislatura, en la que el presidente Zapatero y su Gobierno han
tenido que concentrar todas sus fuerzas en combatir esta crisis, todavía
hayan podido dedicar una pequeña parte de esas fuerzas a que al final
tengamos una ley para el Reina Sofía. Además de ocuparnos del Reina
Sofía, por razones de oportunidad que los legisladores entendemos bien,
también nos ocuparemos del Museo del Prado.
Nos despedimos hablando de las artes plásticas, de su organización para su
fortalecimiento, y además lo hacemos con un gran acuerdo, porque el
pasado 27 de junio todos los grupos de la Comisión de Cultura aprobamos
por unanimidad esta ley. Trataré de ser breve pues no hay controversia,
y, si la hay, es de tono menor, pero no quisiera dejar pasar la
oportunidad de dejar constancia de que esta ley es también, como decía mi
compañero Lassalle, la Ley Sinde, y así quedará para la historia de la
política cultural de nuestro país. Ha sido el empeño político de la
ministra el que ha hecho que el Museo Reina Sofía cuente con su ley. En
alguna parte leí que etimológicamente la palabra ley está emparentada con
el término arcaico con el que los griegos antiguos usaban la idea de la
cerca, del muro que protegía a la ciudad. La ley es una muralla que
preserva la libertad frente a la arbitrariedad, y ese es el legado de la
ministra Sinde para el museo Reina Sofía, un espacio de libertad.
Debo reconocer también aquí el empeño singular de dos personas: Manuel
Borja-Villel, director del museo, y mi compañero y antagonista José María
Lassalle. Ambos han puesto conocimiento, esfuerzo y generosidad. Es muy
de agradecer en el caso de José María Lassalle, ya que ha demostrado con
su comportamiento que ha preferido colaborar con el Gobierno porque tiene
más temor a perjudicar a ambos museos que miedo a perder las elecciones.
También quiero agradecer su colaboración a mis compañeros de la Comisión
de Cultura, en especial a la señora Surroca y a los señores Esteban y
Tardà, por todo su trabajo en la legislatura. A todos los considero
amigos, además de magníficos parlamentarios y excelentes personas.
La ley que hoy aprobamos definitivamente transfiere un importante capital
de autonomía y de libertad al Museo Reina Sofía y también de
responsabilidad. Nunca los gestores del museo habrán tenido tanta
responsabilidad, pero la libertad con la que ahora podrán trabajar merece
el riesgo. Es algo que han ganado a lo largo de los años las sucesivas
direcciones y los sucesivos patronatos del museo, que culmina ahora en
merecido reconocimiento a la actual dirección y al actual patronato
porque, de vez en cuando, la virtud acompaña a la fortuna.
También en el Senado se ha incluido una enmienda destinada al Museo del
Prado, un museo del que nos sentimos orgullosos y con cuya gestión por
los señores
Zugaza y Arango nos sentimos más que satisfechos. El Prado necesita
reordenar su patronato para hacerlo aún más eficaz, si tal cosa es
posible, y también más amplio. Por ello les pido el voto para esta
enmienda.
En esta legislatura hemos tenido que votar cosas a veces desde el
entusiasmo y otras veces desde la desnuda necesidad. Sus señorías tienen
la oportunidad de ligar sus biografías en las últimas votaciones de esta
legislatura a dos maravillosos museos, de modo que cuando algún día
paseen por sus salas puedan pensar que con su voto, sus señorías
contribuyeron a su esplendor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Torres Mora.
Tiene la palabra la señora ministra de Cultura.
La señora MINISTRA DE CULTURA (González-Sinde Reig): Muchas gracias,
presidenta.
Señorías, posiblemente no haya mejor circunstancia para despedirse de esta
Cámara que la aprobación definitiva de una ley tan importante como la del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. No quisiera pecar de
hiperbólica, pero esta ley, que ha sido aprobada además por unanimidad de
todos los grupos parlamentarios en sus trámites previos, supone quizá el
cierre simbólico de la modernización cultural de España. Cuando el Reina
Sofía abrió sus puertas, hace veinticinco años, España estaba poniendo
las bases de una política cultural que mirase sin complejos a la
modernidad y que se desprendiera de las capas de óxido que durante el
franquismo la habían constreñido. Quienes gobernaban entonces sabían que
eso sería una tarea larga en la que no había atajos. Los cambios
profundos necesitan que pasen las generaciones, pero había que poner los
cimientos, y los cimientos los puso a la perfección el ministro Javier
Solana
El Museo Reina Sofía no es ya una apuesta de futuro, sino una realidad
incontestable. Podemos decir que es aún un museo joven, pero en sus pocos
años de vida ha conseguido convertirse en una referencia en el ámbito del
arte contemporáneo. Tanto su colección permanente como sus exposiciones
temporales forman parte de la primera división. La colección cuenta ya
con 18.000 obras, entre las que hay fondos esenciales de artistas, como
Julio González, Dalí, Miró, Juan Gris y, por supuesto, Picasso. Las
segundas, las exposiciones temporales, itineran por los mejores museos
del mundo. También en el terreno teórico e intelectual se ha convertido
el Reina Sofía en un centro importante de pensamiento: los cursos,
seminarios y programas públicos que se celebran en él tienen el máximo
prestigio. El Reina Sofía es hoy el gran museo de arte contemporáneo del
sur y cumple su vocación de puente entre Europa e Iberoamérica. Como ha
dicho en alguna ocasión su director, don Manuel Borja-Villel, las formas
artísticas no pueden abolir las fronteras, pero pueden desplazarlas. El
Reina Sofía, con su forma de trabajo en red, innovadora, plenamente del
siglo XXI, ha logrado en estos años servir de vínculo entre los museos de
las comunidades autónomas de toda España y entre grandes museos de arte
contemporáneo europeos e iberoamericanos. Todo ello se ha hecho sin
perder de vista su principal objetivo, atender al interés de la sociedad,
de los ciudadanos. El Museo Reina Sofía ha pasado en pocos años de tener
600.000 visitantes a tener alrededor de 2,5 millones al año.
La historia del Reina Sofía es, sin matices, la historia de un éxito y ese
éxito es la razón de esta ley, que dota al museo de la autonomía
necesaria y de herramientas de gestión imprescindibles para desarrollar
su misión en el siglo XXI. Una ley que le pone a la altura del Museo del
Prado, una de las grandes instituciones culturales de Europa. Pero el
Museo Reina Sofia y esta ley, como decía, son solo un símbolo, una punta
de iceberg de la fabulosa transformación que ha sufrido la política
cultural española en estos años y, en concreto, la que se refiere al arte
contemporáneo. Solo en los siete años últimos, durante los gobiernos del
presidente Rodríguez Zapatero, las inversiones en arte contemporáneo se
han triplicado, contribuyendo así a impulsar un sector fundamental y a
dar estabilidad a un mercado que necesita de ella para poder seguir
creando con libertad. El Plan estratégico de las artes visuales, que
impulsado por el Gobierno se presentará en octubre, pretende dotar a uno
de los sectores punteros, en el que España está en los lugares de
referencia creativa de todo el mundo, de las herramientas necesarias para
desarrollarse. El protagonismo y la atención pública que tenía el arte
contemporáneo en aquella España en la que se inauguró el Reina Sofía y en
esta, en la que aprobamos su ley, es completamente distinto. Hemos
conseguido ponerlo en el mapa cultural con la relevancia que merece y lo
hemos conseguido entre todos, igual que hemos hecho entre todos esta ley
que queda hoy sancionada. Por eso quiero agradecerles el gran trabajo
parlamentario que se ha realizado. He tenido siempre el convencimiento
-sigo teniéndolo ahora que me despido de esta Cámara- de que en los
grandes asuntos culturales es posible el acuerdo, de que no debe dejarse
pasar la oportunidad de construir entre todos porque es posible domar la
ideología para lograr ese bien mayor. Habrá otros ministros de cultura -o
eso espero- y sería deseable que se trataran estos asuntos como asuntos
de Estado. Quiero agradecer también la colaboración y la crítica de los
portavoces del resto de los grupos a lo largo de este tiempo en que he
desempeñado esta responsabilidad de ministra de Cultura, al señor
Lassalle, a don Joan Tardà, a Aitor Esteban, a doña Montse Surroca, a
doña Ana Oramas, al señor Jorquera, y sus valiosas aportaciones en esta y
en otras leyes, en las que se han incluido muchas de sus propuestas. Mi
reconocimiento también a la presidenta de la Comisión de Cultura, doña
Clementina Díez de Baldeón, que tanto se ha esforzado por conseguir
acuerdos y mantener el espíritu parlamentario. Pero me van a permitir que
brinde un agradeci
miento especial a José Andrés Torres Mora, portavoz del Grupo Socialista,
que ha enriquecido con sus ideas y con sus maneras sosegadas el debate.
José Andrés es una suerte de filósofo de la política, que siempre tiene a
mano una fábula, una parábola con moraleja para ilustrarla. Ha sido un
placer tenerle como interlocutor. Quiero también agradecer su labor a la
directora general de Bellas Artes, doña Ángeles Albert, y a todo su
equipo, así como a don Manuel Borja-Villel y a su equipo, y
particularmente a los miembros del patronato, al presidente actual y
anteriores presidentes del patronato del museo, y en especial a don
Carlos Solchaga y a don Miguel Ángel Cortés por su trabajo. Me iré con
ganas de hacer más cosas, pero con la satisfacción de haber hecho algunas
necesarias e importantes, entre ellas esta Ley del Museo Reina Sofía. Los
políticos pasan, pero los museos permanecen y su grandeza es lo que
debemos a los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
ministra de Cultura.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 35/2003, DE 4 DE
NOVIEMBRE, DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. (Número de expediente
121/000136.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a las enmiendas al
proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre,
de Instituciones de Inversión Colectiva. ¿Por el Grupo Vasco, PNV, desea
intervenir algún diputado? (Pausa.) Los que están no me atienden, así que
entiendo que ninguno.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, en cuanto a los
aspectos relevantes que se han incorporado en las enmiendas del Senado
presentadas por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que hacen
referencia a la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, quizá la más
importante es la que hace referencia a la Barcelona World Race. A través
de esta enmienda se ha establecido que la organización y el desarrollo de
la III edición de Barcelona World Race, a celebrar en esta capital en el
año 2014, sea considerado acontecimiento de excepcional interés público a
efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, por la que se establecen los regímenes fiscales de las
entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) También hay que señalar que
en las dos ediciones anteriores de la Barcelona World Race en 2007-2008 y
en 2010-2011 las respectivas leyes de Presupuestos Generales del Estado
contemplaron la aplicación de los mismos incentivos fiscales. Por tanto,
entendemos que esta enmienda va a proporcionar beneficios fiscales para
las entidades de utilidad pública y con carácter excepcional.
Quiero hacer mención también a una disposición adicional que se aprobó en
la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados. Es la
nueva disposición adicional incorporada por unanimidad en el Congreso a
instancias de Convergència i Unió y a petición expresa -cabe manifestarlo
también- de nuestro portavoz de Justicia, don Jordi Jané, por la que se
pretende que cuando se haya dictado auto judicial decretando la
suspensión de la ejecución de las obras beneficiarias de ayudas de los
fondos estatales se suspenda, asimismo, el plazo de ejecución previsto
por estos fondos, posibilitando que no puedan retomarse las ayudas por un
incumplimiento de los plazos iniciales no atribuible a dichas
administraciones. Con ello se posibilita que la situación creada en
algunos ayuntamientos, como podría ser el Ayuntamiento de Sant Jaume dels
Domenys en Tarragona, pueda quedar resuelta a instancias de esta enmienda
aprobada por unanimidad de todas las formaciones políticas.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Doña Ana Madrazo tiene la palabra.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, culmina hoy la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley
cuyo objetivo era únicamente la trasposición de una directiva comunitaria
con objeto de facilitar la gestión y comercialización transfronteriza de
este tipo de instrumentos financieros, las instituciones de inversión
colectiva. Prácticamente hubo unanimidad en la Comisión de Economía y
Hacienda en la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso.
Únicamente se han incorporado dos nuevas enmiendas en el Senado; una de
ellas con el fin de ampliar el plazo de los beneficios fiscales
aplicables al evento de la salida de la Vuelta al Mundo a Vela 2011 desde
Alicante -que el Grupo Parlamentario Popular ha promovido y ha apoyado-
y, por otro lado, se añadió que se declarara acontecimiento de
excepcional interés público la Barcelona World Race, lo que también ha
sido apoyado por mi grupo parlamentario en el Senado.
Me gustaría resaltar que el Partido Popular, tal y como manifestó en la
toma en consideración de la iniciativa en la Asamblea de Ceuta, ha vuelto
a confirmar su voluntad de apoyar el Régimen Económico y Fiscal especial
de las ciudades de Ceuta y Melilla apoyando la introducción de la
enmienda que mejora sustancialmente el actual régimen de bonificaciones
de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, extendiéndolas y
ampliándolas a casi todos los sectores productivos de ambas ciudades.
Para el Partido Popular las ciudades de Ceuta
y Melilla siempre merecen nuestro apoyo y siempre lo tendrán.
Por último, las sorpresas de la vida parlamentaria me brindan otra vez la
oportunidad de reiterar mi reconocimiento de la labor parlamentaria que
efectúan todos y cada uno de los diputados de esta Cámara. Creo que todos
hemos trabajado con dedicación y esfuerzo por el interés general de
España y de todos los españoles, cada uno con sus lógicas discrepancias,
todas ellas respetables, pero nuestro objetivo es el mismo. Por tanto,
les deseo lo mejor a todas las señoras diputadas y a todos los señores
diputados.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
Tiene la palabra doña Marta Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, después de la ingente labor legislativa llevada a cabo en
materia económica en esta legislatura a la que hoy damos fin, culminamos
también la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley. Es un
proyecto de ley que supone el arranque de la trasposición de una
directiva europea y contiene una serie de modificaciones sobre la vigente
Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva, reforzando así su
competitividad en el actual contexto de mayor integración y competencia.
De igual modo, añadimos una mejora de la supervisión de estas
instituciones de inversión colectiva y también de las sociedades gestoras
por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Señorías, en la pasada Comisión de Economía y Hacienda celebrada el 8 de
septiembre dimos cuenta al detalle del contenido técnico de este proyecto
de ley. Aquí, en el Pleno, quisiera resaltar los compromisos añadidos al
contenido original del proyecto de ley que, por unanimidad, incluimos a
lo largo de su tramitación tanto aquí, en el Congreso, como en el Senado.
Dichos compromisos fueron unánimes, como la declaración de acontecimiento
de excepcional interés público para la próxima Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2012 de una serie de eventos, como la
celebración en Barcelona del Mobile World Capital, la celebración del
Vitoria-Gazteiz Capital Verde Europea 2012, la celebración de la III
edición de la Barcelona World Race. También incluimos de forma unánime
una serie de prórrogas, como la aplicada para las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla sobre incentivos a sectores productivos, ampliando estos
sectores beneficiados y el porcentaje de bonificación, y la prórroga
hasta el 31 de diciembre de 2014 para el programa de apoyo con beneficios
fiscales aplicables a la salida de la Vuelta al Mundo a Vela en Alicante
2011. Señorías, si algo es destacable de estos compromisos incluidos al
contenido inicial de este proyecto de ley es, precisamente, la unanimidad
y hay algo en este proyecto de ley, en particular, que al Grupo
Parlamentario Socialista le alegra y que nos hubiera gustado tener en
muchas más ocasiones: el consenso.
Precisamente por ser este el último Pleno, quisiera culminar mi
intervención poniendo en valor la ardua tarea llevada a cabo en materia
económica en esta legislatura, el ingente acopio de iniciativas y leyes
económicas debatidas y tramitadas en esta Cámara. Al Grupo Parlamentario
Socialista le enorgullece haber trabajado incesantemente, con respuestas
y haber tenido acción. Señorías, permítanme que exprese que ha sido todo
un honor ser portavoz de economía de mi grupo, el Grupo Parlamentario
Socialista; un fantástico grupo humano cuyo saber hacer en equipo ha
permitido afrontar, y hacerlo con éxito, tan ingente tarea parlamentaria
en tan ingrata coyuntura económica de crisis. Es igualmente un honor que
el azar, en este caso, lleve a que sea mi intervención desde la tribuna
la que remate la IX Legislatura.
Por ello y como remate, quisiera lanzar un deseo, el deseo de que el tan
necesario consenso aflore, porque la voluntad de consenso que el Grupo
Parlamentario Socialista siempre ha tenido, tengo que reconocer que no
siempre la hemos encontrado en otros grupos parlamentarios y tengo que
reconocer desde esta tribuna que, precisamente, la voluntad de consenso
ha sido la gran ausente por parte del principal grupo de la oposición.
Por último, quiero lanzar un agradecimiento, señorías, por el buen acopio
de afectos. Sin duda, lo mejor de cuanto personalmente me llevo de esta
IX Legislatura.
Gracias, señor presidente; gracias, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para el proyecto de ley de mercado de valores no se ha pedido ninguna
intervención, ¿no es así? (Asentimiento.) Pues con la intervención de la
señora Gastón se ha producido la última de la legislatura.
Votaremos dentro de diez minutos, a la una.
Muchas gracias. (Pausa.)
Señorías, vamos a iniciar las votaciones. (Los señores diputados Ridao i
Martín, Tardà i Coma, Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, muestran unos
carteles con el lema: Volem decidir.-El señor Llamazares Trigo, asimismo
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y el señor Jorquera Caselas y la
señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, muestran otros
carteles con el lema: Referéndum.) Ruego a los señores diputados y
señoras diputadas que, hecha su manifestación, guarden las pancartas.
Muchas gracias. (Rumores.) Tengan la bondad... (Rumores.) Ya sabemos lo
que piensan, lo han expresado, tengan la bondad de sentarse y guardar sus
pancartas. Muchas gracias.
Señorías, no por lo que acabamos de presenciar sino por lo que todos
ustedes saben, hoy no es un día cualquiera. A partir de mañana, unos
centrarán su ímpetu político en renovar el acta; otros se despedirán para
siempre, y otros quizá solo digan hasta luego. A todos, el presidente de
la Cámara quiere desearles suerte y que sean felices. Durante estos
cuatro años hemos tenido de todo: ha habido momentos difíciles; ha habido
situaciones complicadas -errores, micrófonos indiscretos, situaciones
tensas-, pero creo que puede decirse que en verdad y de modo bastante
generalizado, hemos estrechado nuestras relaciones y han surgido
relaciones de amistad, en algunos casos como ni siquiera podíamos
imaginar. Si a mi llegada no dije ni "mu" al portavoz del PNV, Josu
Erkoreka, ahora sería verdaderamente injusto que no proclamase el afecto
y la amistad que hemos trabado. La misma amistad que el portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Duran i Lleida,
me ha regalado y que le agradezco. Señor Duran, personalmente, es mi
apreciación -la única que me concedo-: en su señoría tiene el
nacionalismo una cara amable, con su señoría se adivinan siempre los
acuerdos. (Risas.)
Señor Ridao, señor Tardà y señor Canet, aunque estemos en las antípodas en
la concepción de España, voy a guardar siempre un magnífico recuerdo de
sus personas y de sus atenciones.
Señor Llamazares, su honorabilidad personal es incuestionada, pienso que
por toda la Cámara. Yo, personalmente, quiero calificarla de ejemplar.
A los del Grupo Mixto probablemente es a los que más conozco por sus
nombres, aunque no sea más que por las veces que han ido a mi despacho a
reclamar el tiempo que el Reglamento, como ellos saben bien, les niega.
(Risas.) Reglamentariamente, han sido los mejor tratados durante la
legislatura. A todos y a todas, mucha suerte, y Uxue, especialmente a ti,
salud, mucha salud. (Aplausos.)
También quiero al grupo mayoritario de la oposición darle las gracias, y
singularmente a su líder, a don Mariano Rajoy, ausente (Rumores.), con
quien siempre encontré una línea de acceso cordial y es justo también
reconocerlo. Y a su portavoz, doña Soraya Sáenz de Santamaría, la
felicito por lo que quiere y espera ser (Risas.), es decir, madre, por su
estado de buena esperanza.
A mi grupo le cito en último lugar, quizá por esa inclinación cristiana
que me lleva a pensar que algunas veces los últimos pueden ser también
los primeros. (Risas.) Gracias por soportar "las cosas de Bono", por
admitirme entre los vuestros, aunque a veces, probablemente, os apliqué
rigurosamente el Reglamento, mas de lo que debía haber hecho. Gracias,
compañeros, especialmente Toño Alonso, Edu Madina, porque, finalmente,
con placa o sin ella de la santa (Risas.), mis relaciones son y serán
"maravillosas" con el Partido Socialista.
Gracias, presidente Zapatero, gracias ministros y ministras del Gobierno.
Gracias, presidente, especialmente por los que no te las den, por lo que
hayas sufrido y no te sea reconocido, por lo que has hecho a favor de
España y, particularmente gracias, porque quisiste que quien ahora tiene
el honor de despedirse de la Cámara haya sido el 144º presidente del
Parlamento de España.
Gracias a todos. Les ruego, y no es meramente ritual la petición, que
sepan disculpar mis faltas. Muchas gracias (Aplausos.)
Y ahora vamos a votar.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY GENERAL REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL. (Número de
expediente 121/000110.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de
la jurisdicción social. En primer lugar, enmienda al apartado 1 del
artículo 235.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 10; en contra, 182; abstenciones, 152.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al apartado 3 del artículo 235.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 159; en contra, 184; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 343; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY GENERAL DE SALUD PÚBLICA. (Número de expediente
121/000115.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley general de la
salud pública. Enmienda al párrafo primero del artículo 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 151; en contra, 192; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al párrafo segundo del artículo 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 150; en contra, 194.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 337; en contra, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo 14 bis (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 328; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Enmiendas a los artículos 9, 10, 22 y 31.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 150; en contra, 194.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda al artículo 23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 149; en contra, 185; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al apartado primero de la disposición adicional sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 341; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al resto de la disposición adicional sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 344.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmiendas a la disposición adicional séptima (nueva) y a la disposición
final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 343; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Queda aprobada la Ley General de la Salud Pública.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL Y DE REFORMA DEL
ARTÍCULO 35 DE LA LEY 53/2002, DE 20 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES,
ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (ANTERIORMENTE DENOMINADO PROYECTO DE
LEY DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL). (Número de expediente
121/000117.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas de
agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de
20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Enmienda al título.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 195; en contra, uno; abstenciones, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas a los puntos primero tres, cinco, siete bis (nuevo), ocho y diez
del artículo primero, y a los puntos cuatro bis (nuevo), diez,
diecisiete, treinta y seis bis (nuevo) y treinta y seis ter (nuevo) del
artículo cuarto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, ocho; en contra, 186; abstenciones, 149.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas a los puntos seis y diez bis (nuevo) del artículo primero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 11; en contra, 183; abstenciones, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas a los puntos cinco y seis del artículo tercero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, siete; en contra, 186; abstenciones, 151.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda al punto dos bis (nuevo) del artículo cuarto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 20; en contra, 173; abstenciones, 149.
Enmienda al artículo dos ter (nuevo) del artículo cuarto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 23; en contra, 173; abstenciones, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al punto dos quáter (nuevo) del artículo cuarto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 18; en contra, 176; abstenciones, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al punto dos quinquies (nuevo) del artículo cuarto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 17; en contra, 177; abstenciones, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al punto tres bis (nuevo) del artículo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 23; en contra, 171; abstenciones, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas a los puntos treinta y tres y treinta tres bis (nuevo) del
artículo cuarto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, cinco; en contra, 189; abstenciones, 150.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda al punto treinta y seis quáter (nuevo) del artículo cuarto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 193; abstenciones. 151.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al punto treinta y seis quinquies (nuevo) del artículo cuarto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 24; en contra, 170; abstenciones, 149.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas a las disposiciones finales primera, segunda, tercera y cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 194; abstenciones, 149.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 13; en contra, 181; abstenciones, 149.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Habiéndose aprobado una enmienda del Senado por la
que se introduce una nueva disposición adicional final primera, que es
nueva, y con el objeto de modificar diversos artículos de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y debido a su naturaleza orgánica los preceptos
incluidos en esta disposición final quedan desglosados en un proyecto de
ley independiente de carácter orgánico que requiere una votación final
sobre el conjunto de su proyecto orgánico. Se someterán, pues, a votación
los preceptos contenidos en la citada disposición final, teniendo en
cuenta que debe incorporarse a dicho proyecto la cláusula de entrada en
vigor que ha sido también objeto de una enmienda del Senado, que también
ha sido aprobada por la Cámara y que establece que la entrada en vigor de
la disposición final primera, que es nueva, tendrá lugar el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El proyecto de ley orgánica tendrá el siguiente nombre: proyecto de ley
orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial. En estos términos y con la particularidad antedicha de
tener carácter orgánico, se precisan 176 votos a favor de la Cámara, se
somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 343; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el mentado proyecto de ley orgánica
por haber obtenido los votos constitucionalmente necesarios.
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL.
(Número de expediente 121/000119.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a votar las enmiendas del
Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley Concursal, teniéndose en
cuenta que esta misma mañana el Senado ha comunicado que coincide con la
interpretación realizada por todos los portavoces de la Cámara que ha
hecho llegar a la Presidencia en relación con el artículo único 48 por el
que se modifica el artículo 64.5 de la Ley Concursal. El Senado muestra
su conformidad con la interpretación que todos los grupos parlamentarios
y sus portavoces nos han hecho llegar, por lo que se cumple a juicio de
la Presidencia el trámite al que sometemos ahora a votación la enmienda
al artículo primero (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a
favor, uno; en contra, 194; abstenciones, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al artículo 1 bis (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 10; en contra, 333; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al artículo único 1 ter, 9 y 110 bis (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; en
contra, 190; abstenciones, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas al artículo único 12, 17, 26, 56, 109, disposiciones
transitorias primera a sexta, disposición transitoria novena y
disposición final tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 335; en contra, cinco; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo único 20, por la que se modifica el apartado primero
del artículo 28.4 de la Ley 22/2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 10; en contra, 182; abstenciones, 151.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al artículo único 20, por el que se modifica el párrafo segundo
del artículo 28.4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 329; en contra, 12; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo único 104, por la que se modifica el artículo 183.3
de la Ley 22/2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, uno; en contra, 185; abstenciones, 158.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al artículo 104, por la que se modifica el artículo 183.4 de la
Ley 22/2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 329; en contra, 10; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo 19, por la que se modifica el artículo 27.1.1º y 2º
de la Ley 22/2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 329; en contra, ocho; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo 19, por la que se modifica el resto del artículo 27.1
de la Ley 22/2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 11; en contra, 181; abstenciones, 152.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al artículo 19, por la que se modifica el artículo 27.4 de la Ley
22/2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 13; en contra, 178; abstenciones, 153.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas al artículo 19, por las que se modifica el resto del artículo 27
de la Ley 22/2003.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 341; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 343.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 35/2003, DE 4 DE
NOVIEMBRE, DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. (Número de expediente
121/000136.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de
ley por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva.
Se votan en bloque todas las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 342; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO,
DEL MERCADO DE VALORES. (Número de expediente 121/000137.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se
modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Se votan en bloque todas las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 160; en contra, 174; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)
- REAL DECRETO-LEY 13/2011, DE 16 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE RESTABLECE
EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO, CON CARÁCTER TEMPORAL. (Número de
expediente 130/000050.)
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley
13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el impuesto sobre
el patrimonio, con carácter temporal.
Votamos la convalidación o derogación de este real decreto-ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 176; en contra, dos; abstenciones, 166.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.
El Reglamento me exige preguntarles si desean que se tramite como proyecto
de ley. (Denegaciones.) Nadie lo desea.
- REAL DECRETO-LEY 14/2011, DE 16 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE POLÍTICAS DE EMPLEO Y DE REGULACIÓN DEL
RÉGIMEN DE ACTIVIDAD DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO.
(Número de expediente 130/000051.)
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley
14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en materia de
políticas de empleo y regulación del régimen de actividad de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Votamos la convalidación o derogación de este real decreto-ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 180; en contra, 11; abstenciones, 153.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.
¿Algún grupo desea su tramitación como proyecto de ley? (Denegaciones.)
Ninguno.
Si les parece, señorías, quiero que las últimas palabras de esta
legislatura sean para agradecer al personal de la Cámara que ha prestado
sus servicios, que nos ha atendido, singularmente a quienes veo:
taquígrafos, letrados, ujieres, también los periodistas ..., fotógrafos.
A todos los que han ayudado a que la legislatura acabe y acabe bien.
Gracias en nombre de la Mesa y en nombre de sus señorías.
Se levanta la sesión. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores
diputados, puestos en pie.)
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
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