DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 273, de 15/09/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 273
Sesión plenaria núm. 259
celebrada el jueves,
15 de septiembre de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 2010:
- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número
423, de 18 de abril de 2011. (Número de expediente 260/000004.) ... (Página7)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la
promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el
empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de
las personas que agoten su protección por desempleo. ("BOE" número 208,
de 30 de agosto de 2011). (Número de expediente 130/000047.) ... (Página18)
- Real Decreto-ley 11/2011, de 26 de agosto, por el que se crea la
Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, se regula su composición
y funciones, y se modifica el régimen jurídico del personal laboral de
Aena. ("BOE" número 208, de 30 de agosto de 2011). (Número de expediente
130/000048.) ... (Página31)
- Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del
Convenio internacional sobre el embargo preventivo de buques y se regulan
competencias autonómicas en materia de policía de dominio público
hidráulico. ("BOE" número 208, de 30 de agosto de 2011). (Número de
expediente 130/000049.) ... (Página38)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
- Enmienda al Acuerdo de servicio de préstamo de 80.000.000.000 de euros
entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de
Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República
Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la
República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de
Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia y la
República de Finlandia y Kfw, actuando en interés público, con sujeción a
las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de
Alemania como prestamistas y la República Helénica como prestatario, el
Banco de Grecia como agente del prestatario, hecho en Bruselas el 14 de
junio de 2011 y en Atenas el 10 de junio de 2010. "BOCG. Sección Cortes
Generales", serie A, número 463, de 7 de septiembre de 2011. (Número de
expediente 110/000291.) ... (Página42)
- Enmienda al Acuerdo marco de la facilidad Europea de Estabilización
Financiera entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania,
Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República
Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la
República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de
Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República
de Eslovaquia, la República de Finlandia, la República Helénica, la
República de Estonia y la facilidad Europea de Estabilización Financiera,
firmada en Madrid el 5 de septiembre de 2011. "BOCG. Sección Cortes
Generales", serie A, número 465, de 10 de septiembre de 2011. (Número de
expediente 110/000297.) ... (Página42)
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias:
- Acuerdo de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas,
sobre el Informe aprobado por la ponencia sobre sistemas de tratamiento y
atención en drogodependencia. Claves para el futuro. "BOCG. Sección
Cortes Generales", serie A, número 432, de 31 de mayo de 2011. (Número de
expediente 154/000007.) ... (Página45)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proposición de ley sobre la creación del consejo general de economistas
(unificación de las organizaciones colegiales de economistas y de
titulares mercantiles). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B,
número 321-1, de 27 de junio de 2011. (Número de expediente 122/000286.)
... (Página45)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales (votación):
- Enmienda al Acuerdo de servicio de préstamo de 80.000.000.000 de euros
entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de
Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República
Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la
República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de
Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia y la
República de Finlandia y Kfw, actuando en interés público, con sujeción a
las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de
Alemania como prestamistas y la República Helénica como prestatario, el
Banco de Grecia como agente del prestatario, hecho en Bruselas el 14 de
junio de 2011 y en Atenas el 10 de junio de 2010. "BOCG. Sección Cortes
Generales", serie A, número 463, de 7 de septiembre de 2011. (Número de
expediente 110/000291.) ... (Página47)
- Enmienda al Acuerdo marco de la facilidad Europea de Estabilización
Financiera entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania,
Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República
Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo,
burgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República
de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la
República de Eslovaquia, la República de Finlandia, la República
Helénica, la República de Estonia y la facilidad Europea de
Estabilización Financiera, firmada en Madrid el 5 de septiembre de 2011.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 465, de 10 de
septiembre de 2011. (Número de expediente 110/000297.) ... (Página47)
- Acuerdo marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Corea, por otra, hecho en Bruselas el 10 de mayo
de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 436, de 10 de
junio de 2011. (Número de expediente 110/000270.) ... (Página47)
- Acuerdo de asociación económica preliminar entre Costa de Marfil, por
una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho
en Abidyán y Bruselas el 26 de noviembre de 2008. "BOCG. Sección Cortes
Generales", serie A, número 437, de 10 de junio de 2011. (Número de
expediente 110/000271.) ... (Página47)
- Convenio entre el Reino de España y la Región Administrativa Especial de
Hong Kong de la República Popular China para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su
protocolo, hecho en Hong Kong el 1 de abril de 2011. "BOCG. Sección
Cortes Generales", serie A, número 438, de 10 de junio de 2011. (Número
de expediente 110/000272.) ... (Página47)
- Acuerdo para la constitución de la academia internacional contra la
corrupción como organización internacional, hecho en Viena el 2 de
septiembre de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número
439, de 10 de junio de 2011. (Número de expediente 110/000273.) ... (Página47)
- Acuerdo de transporte aéreo entre el Reino de España y el Estado de
Qatar, hecho en Madrid el 26 de abril de 2011. "BOCG. Sección Cortes
Generales", serie A, número 441, de 17 de junio de 2011. (Número de
expediente 110/000274.) ... (Página47)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Singapur para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y su protocolo, hecho en Singapur el 13 de abril de 2011.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 442, de 17 de junio de
2011. (Número de expediente 110/000275.) ... (Página48)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de
Singapur al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 443, de 17 de junio de
2011. (Número de expediente 110/000276.) ... (Página48)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República
Gabonesa al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 444, de 17 de junio de
2011. (Número de expediente 110/000277.) ... (Página48)
- Convenio básico de cooperación entre el Reino de España y la República
de Sudán, hecho en Madrid el 27 de octubre de 2010. "BOCG. Sección Cortes
Generales", serie A, número 447, de 27 de junio de 2011. (Número de
expediente 110/000278.) ... (Página48)
- Enmiendas del Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional
(FMI), adoptadas por la Resolución 66-2, el 10 de noviembre de 2010, por
la Junta de Gobernadores, hecho en Washington el 15 de diciembre de 2010.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 456, de 26 de julio de
2011. (Número de expediente 110/000283.) ... (Página48)
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias.
(Votación.) ... (Página48)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
(Votación.) ... (Página48)
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 2010 ... (Página7)
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 2010 ... (Página7)
La señora Defensora del Pueblo en funciones (Cava de Llano y Carrió)
presenta a la Cámara la memoria anual del año 2010 del organismo que
preside.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Surroca i Comas, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y los señores Tarno Blanco,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Heredia Díaz, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página18)
Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la
promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el
empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de
las personas que agoten su protección por desempleo ... (Página18)
El señor ministro de Trabajo e Inmigración (Gómez Sánchez), informa a la
Cámara de las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del
real-decreto ley de referencia.
En turno en contra interviene el señor Olabarría Muñoz, en nombre del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González; el
señor Ríos Rull y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario
Mixto; los señores Llamazares Trigo y Ridao i Martín, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); la señora Villalobos Talero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Membrado Giner, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 11/2011, de 26 de agosto, por el que se crea la comisión
de regulación económica aeroportuaria, se regula su composición y
funciones, y se modifica el régimen jurídico del personal laboral de Aena
... (Página31)
El señor ministro de Fomento y ministro portavoz del Gobierno (Blanco
López), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la
promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra interviene el señor Ayala Sánchez, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas
González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto y Buenaventura Puig, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds; los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del
Convenio internacional sobre el embargo preventivo de buques y se regulan
competencias autonómicas en materia de policía de dominio público
hidráulico ... (Página38)
La señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (Aguilar
Rivero), expone las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación
del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura
Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo
Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); García-Tizón López, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso y la señora Aburto Baselga, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales ... (Página42)
Enmienda al Acuerdo de servicio de préstamo de 80.000.000.000 de euros
entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de
Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República
Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la
República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de
Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia y la
República de Finlandia y Kfw, actuando en interés público, con sujeción a
las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de
Alemania como prestamistas y la República Helénica como prestatario, el
Banco de Grecia como agente del prestatario, hecho en Bruselas el 14 de
junio de 2011 y en Atenas el 10 de junio de 2010 ... (Página42)
Enmienda al Acuerdo marco de la facilidad Europea de Estabilización
financiera entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania,
Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República
Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la
República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de
Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República
de Eslovaquia, la República de Finlandia, la República Helénica, la
República de Estonia y la facilidad europea de estabilización financiera,
firmada en Madrid el 5 de septiembre de 2011 ... (Página42)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares
Trigo y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Xuclà i
Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Nadal
Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Moscoso del Prado
Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias
... (Página45)
Acuerdo de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas,
sobre el informe aprobado por la ponencia sobre sistemas de tratamiento y
atención en drogodependencia. Claves para el futuro ... (Página45)
El señor presidente informa de la decisión de los portavoces de los grupos
parlamentarios de no intervenir en este punto, por lo que pasará
directamente a votación.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página45)
Proposición de ley sobre la creación del consejo general de economistas
(unificación de las organizaciones colegiales de economistas y de
titulares mercantiles) ... (Página45)
El señor presidente informa de la decisión de los portavoces de los
distintos grupos parlamentarios de no intervenir en el punto de
referencia, por lo que pasará directamente a votación.
Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación.) ... (Página46)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 10/2011, de 26
de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los
jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del
programa de recualificación profesional de las personas que agoten su
protección por desempleo, se aprueba por 166 votos a favor, 15 en contra
y 157 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se aprueba por 168 votos a favor, 167 en
contra y tres abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 11/2011, de 26
de agosto, por el que se crea la comisión de regulación económica
aeroportuaria, se regula su composición y funciones, y se modifica el
régimen jurídico del personal laboral de Aena, se aprueba por 178 votos a
favor, 147 en contra y 13 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se rechaza por 158 votos a favor, 176 en
contra y cuatro abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 12/2011, de 26
de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio internacional sobre
el embargo preventivo de buques y se regulan competencias autonómicas en
materia de policía de dominio público hidráulico, se aprueba por 182
votos a favor, cinco en contra y 150 abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales. (Votación.) ... (Página47)
Sometidas a votación la Enmienda al Acuerdo de servicio de préstamo de
80.000.000.000 euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es
el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República
Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado
de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la
República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia
y la República de Finlandia y Kfw, actuando en interés público, con
sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República
Federal de Alemania, como prestamistas y la República Helénica como
prestatario, el Banco de Grecia como agente del prestatario, hecho en
Bruselas el 14 de junio de 2011 y en Atenas el 10 de junio de 2010, y la
Enmienda al Acuerdo marco de la facilidad europea de estabilización
financiera entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania,
Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República
Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la
República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de
Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República
de Eslovaquia, la República de Finlandia, la República Helénica, la
República de Estonia y la facilidad europea de estabilización financiera,
firmada en Madrid el 5 de septiembre de 2011, se aprueban por 331 votos a
favor, cuatro en contra y tres abstenciones.
Sometidos a votación los acuerdos reseñados a continuación, se aprueban
por asentimiento.
Acuerdo marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Corea, por otra, hecho en Bruselas el 10 de mayo
de 2010.
Acuerdo de asociación económica preliminar entre Costa de Marfil, por una
parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en
Abidyán y Bruselas el 26 de noviembre de 2008.
Convenio entre el Reino de España y la Región Administrativa Especial de
Hong Kong de la República Popular China para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su
protocolo, hecho en Hong Kong el 1 de abril de 2011.
Acuerdo para la constitución de la academia internacional contra la
corrupción como organización internacional, hecho en Viena el 2 de
septiembre de 2010.
Acuerdo de transporte aéreo entre el Reino de España y el Estado de Qatar,
hecho en Madrid el 26 de abril de 2011.
Convenio entre el Reino de España y la República de Singapur para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y su protocolo, hecho en Singapur el 13 de abril de 2011.
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de
Singapur al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República
Gabonesa al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
Convenio básico de cooperación entre el Reino de España y la República de
Sudán, hecho en Madrid el 27 de octubre de 2010.
Enmiendas del Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional
(FMI), adoptadas por la Resolución 66-2, el 10 de noviembre de 2010, por
la Junta de Gobernadores, hecho en Washington el 15 de diciembre de 2010.
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias.
(Votación.) ... (Página48)
Sometido a votación el Acuerdo de la Comisión Mixta para el Estudio del
Problema de las Drogas, sobre el informe aprobado por la ponencia sobre
sistemas de tratamiento y atención en drogodependencia. Claves para el
futuro, se aprueba por 338 votos a favor.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
(Votación.) ... (Página48)
Sometida a votación la tramitación directa y en lectura única de la
Proposición de ley sobre la creación del consejo general de economistas
(unificación de las organizaciones colegiales de economistas y de
titulares mercantiles), se aprueba por 338 votos a favor.
Se levanta la sesión a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA
DURANTE EL AÑO 2010:
- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA
DURANTE EL AÑO 2010. (Número de expediente 260/000004.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Vamos a examinar el VII punto del orden del día, correspondiente al
informe de la señora Defensora del Pueblo referido a la gestión que ha
realizado durante el año 2010 esta institución. Como saben, después de la
exposición por parte de la Defensora del Pueblo en funciones de un
resumen de su informe, dice el Reglamento que, tras su ausencia,
comenzarán las deliberaciones. Los grupos que deseen intervenir tengan la
bondad de hacer llegar a la Presidencia ese deseo y así manifestarlo.
Señora Defensora del Pueblo en funciones, bienvenida. Tiene la palabra.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Cava de Llano y Carrió):
Señor presidente, señorías, en primer lugar les adelanto que entiendo muy
bien la especial acumulación de tareas propia de estos días ante la
anunciada y ya próxima finalización de legislatura. Trataré por ello de
ser lo más concisa posible en la presentación de la memoria anual del año
2010. Digo que lo voy a intentar, porque sus señorías saben que no es
sencillo, dada la amplitud y complejidad de los asuntos que cada año
recogemos en nuestro informe, un contenido marcado por las miles de
quejas que anualmente recibimos y que dan lugar a un gran número de
investigaciones con el conjunto de las administraciones públicas. A pesar
de ello, voy a sintetizar al máximo mi exposición, y ello por dos
motivos: el primero, por respeto a su tiempo; el segundo, porque me
remito a la comparecencia más extensa ante la Comisión mixta y al
posterior debate que tuvo lugar el pasado 21 de junio, cuyo contenido
está a su disposición en el "Diario de Sesiones".
El informe correspondiente al año 2010 fue entregado a los presidentes de
las Cámaras el pasado 6 de abril y publicado en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales el día 18 de ese mismo mes. Con relación al capítulo
presupuestario, que se presenta en memoria aparte, el presupuesto final
de la institución para el año 2010 fue de 15.631.824,34 euros, por tanto,
un 2,11 por ciento inferior al del año precedente. Este dato es el
resultado de aplicar la reducción de las retribuciones aprobadas por el
Defensor del Pueblo para los altos cargos y el personal en línea con lo
establecido en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, de medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público. Por capítulos, el
dedicado a gasto de personal supuso el 78,36 por ciento del presupuesto y
el resto, un 21,63 por ciento, se dedicó a gastos generales en bienes y
servicios. Sus señorías ya conocen el detalle de estas cifras y el
seguimiento que del mismo realizan los servicios de intervención de las
Cámaras.
Me van a permitir un comentario sobre la actual situación de dificultad,
que sus señorías conocen sobradamente. Nos encontramos en un momento de
reducción del gasto público para todas las administraciones como
consecuencia de la crisis económica. A este respecto, señorías, desde la
institución que ahora represento es mi deber reivindicar la necesidad de
hacer cada día más fuerte el compromiso de la sociedad y de todos sus
representantes con el espíritu y la letra de los derechos fundamentales
que recoge el título I de la Constitución. España -creo que lo
compartirán- es un país fuerte en términos generales y, con todas las
dificultades, saldrá de este periodo de crisis volviendo a generar en
algún momento más confianza y riqueza social. Debiéramos entonces,
señorías, echando la vista atrás, poder valorar positivamente los muchos
sacrificios asumidos, como debiéramos poder afirmar que a pesar de todo
no se sacrificó ninguna de las estructuras ni de los principios que son
las señas de identidad de nuestro Estado social y democrático de derecho.
Con esto, paso a desgranar los distintos puntos del informe.
Con relación a los datos generales estadísticos de actividad del año 2010,
dos son los aspectos que destacan más a primera vista: el incremento en
el número de quejas colectivas y la subida también en el número
de investigaciones de oficio. Sobre esto último debo recordar que
precisamente las actuaciones especiales realizadas como mecanismo de
prevención de la tortura se registran como actuaciones de oficio. Por
otro lado, debo señalar que tras descontar esas intervenciones propias
del mecanismo, el número de actuaciones de oficio ordinarias se ha
mantenido en un nivel parecido al de los dos años anteriores. En cuanto
al mayor número de quejas colectivas, hay que señalar que en 2010, como
ocurre cada cierto tiempo, han coincidido varias acciones de los
ciudadanos sobre temas diversos, algunas de ellas sostenidas por miles de
escritos en los que, de forma igual o muy similar, se solicita la
intervención del Defensor para atender a una determinada problemática.
Como ya saben, señorías, la formación de estos colectivos suele ser muy
dispar. A veces se trata de grupos vecinales o de profesionales que
acuerdan acciones conjuntas en defensa de sus intereses o de colectivos
de funcionarios afectados por alguna medida de las administraciones
públicas o, como ha ocurrido en el año 2010, por alguna decisión
legislativa. Con respecto a las quejas individuales recibidas, puedo
recordar que históricamente su cifra rara vez superaba las 15.000, y en
los últimos años ese número se ha superado repetidamente, pero, como
ocurre con toda la información estadística, resulta difícil extraer unas
conclusiones unívocas a esta evolución. El dato implica en todo caso un
incremento en el volumen de los trabajos de estudio e investigación que
viene llevando a cabo el personal de la institución. Además, no podemos
olvidar la directa influencia de las nuevas tecnologías en los trámites
de registro y gestión de las comunicaciones de los ciudadanos. Las
innovaciones introducidas en estos años han propiciado diversificar y
ampliar la interlocución institucional con los ciudadanos. En conjunto,
por medios electrónicos, ya hemos superado el 50 por ciento del total de
comunicaciones que se reciben en la institución, siendo mucho menor la
recepción de cartas por vía postal.
También quiero mencionar los datos referidos a la admisión a trámite de
las quejas. Cada año, los miles de escritos objeto de estudio por los
distintos servicios de la institución y que por una u otra de las causas
previstas en la ley no se tramitan como quejas ante las administraciones
son sin embargo un material precioso que nos permite conocer mejor la
realidad que viven muchos ciudadanos. La mayoría de esas cartas expresan
estados de ánimo de una amplia diversidad, que van desde la
insatisfacción de los ciudadanos con una determinada legislación o con
prácticas administrativas cuya regularidad no resulta a priori
discutible, hasta la desesperación de muchas personas ante la falta de
soluciones a sus problemas más cotidianos de convivencia o la impotencia
que les genera una resolución judicial que consideran injusta. De las
aproximadamente 9.000 quejas que tuvieron que ser inadmitidas en 2010,
más de la mitad, 5.000, lo fueron por los siguientes motivos:
inexistencia de indicios de irregularidad administrativa, ausencia de
actuación administrativa previa o intervención judicial paralela o ya
consumada. Otras quejas fueron admitidas por varios motivos, incluidos
algunos de los que acabo de citar.
De las cuatro clases de resoluciones que dicta el Defensor del Pueblo
(recomendaciones, sugerencias, advertencias y recordatorios de deberes
legales), las que mejor indican la actitud receptiva de los responsables
administrativos son las recomendaciones y las sugerencias. Con datos
actualizados a 8 de septiembre, de las 106 recomendaciones formuladas (a
la Administración central, 51; a las comunidades autónomas, 22; a los
ayuntamientos, 33), 98 de ellas ya han sido contestadas. En los últimos
años, varias de sus señorías manifestaron su interés por que la
institución pudiera ofrecer una evaluación periódica del cumplimiento de
las resoluciones. Durante la presentación del informe correspondiente a
2009, dimos cuenta de la puesta en marcha de un servicio dedicado
específicamente a esta labor para lo que hemos acudido de nuevo a
fórmulas de reorganización interna. De los trabajos que realiza esta
nueva unidad, la primera conclusión que extraemos es que el grado de
cumplimiento efectivo de las resoluciones es mayor cuando se trata de
sugerencias que cuando se trata de recomendaciones, que no deja de ser
algo natural porque es más fácil corregir una irregularidad en un caso
concreto que evitar que la misma se siga produciendo. La mayoría de las
recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales hacen
referencia a la obligación de dictar resolución expresa y de responder a
los escritos por los que los ciudadanos solicitan información. Casi todas
las sugerencias en este sentido fueron aceptadas por las administraciones
públicas y dieron lugar a la rectificación y subsanación en el caso
concreto por parte de las administraciones concernidas, aunque con
posterioridad las mismas administraciones hayan podido reincidir en esa
clase de irregularidad.
En segundo lugar y contrariamente a lo que pudiera parecer, el solo hecho
de que una Administración reciba más quejas que otra y que se le hagan
más recomendaciones que a otra no implica necesariamente un peor
funcionamiento. Una Administración que recibe muchas quejas y
resoluciones, pero que reconoce y rectifica sus disfunciones, puede,
contrariamente a lo que podría parecer, ser un ejemplo incluso de buen
funcionamiento, pero antes de que la institución pueda formular una
resolución indicando a los responsables públicos nuestro mejor criterio
sobre las medidas a adoptar en cada supuesto, necesitamos previamente
haber recibido las informaciones o aclaraciones solicitadas a la
Administración y, como sus señorías han destacado en muchas ocasiones,
resulta básico, insisto, resulta básico que las administraciones cumplan
en tiempo y forma con su deber de colaborar con el Defensor del Pueblo,
un deber por otra parte bien determinado en el ordenamiento jurídico y
referido a una colaboración que explícitamente se adjetiva como
preferente y urgente. A este respecto, con carácter general, esa
colaboración es eficaz y la gran mayoría de las administraciones
responden adecuadamente
a nuestras peticiones. Sin embargo, siguen produciéndose situaciones
difícilmente tolerables de retraso. Me remito en este punto al listado de
administraciones entorpecedoras que aparece en el capítulo
correspondiente del informe y que tuve ocasión de comentar en mi
intervención ante la Comisión mixta.
Desde hace algún tiempo vienen proponiéndose fórmulas para reducir los
casos de falta de colaboración. Varias de sus señorías coincidieron en la
necesidad de articular un procedimiento para materializar esa exigencia
mediante convocatorias dirigidas a los diferentes órganos en la
Administración. Permítanme que les reitere una vez más mi disponibilidad
para estudiar cualquiera de estas fórmulas que desde esta sede
parlamentaria ayuden a fortalecer los llamamientos a la responsabilidad y
por ende a la eficacia de nuestra actividad. Hecha esta mención, continuo
ahora repasando ahora las principales actuaciones de supervisión de las
administraciones públicas siguiendo para ello el esquema habitual de
presentación de las distintas materias.
Una importante novedad en la actividad institucional desplegada durante
2010 es la referida a la puesta en marcha en España del mecanismo
nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes. Siguiendo lo previsto en el protocolo
facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, las
Cámaras aprobaron a finales de 2009 la modificación de la Ley Orgánica
del Defensor del Pueblo, asignando a esta institución esa labor de
mecanismo nacional de prevención. Nos pusimos inmediatamente manos a la
obra y ante la imposibilidad de incrementar la plantilla por razones
obvias articulamos una parcial reorganización de los efectivos con que
cuenta la institución para dar cumplimiento a las nuevas tareas propias
del mecanismo. El pasado 20 de julio hicimos entrega a las Cámaras del
primer informe anual del mecanismo español de prevención de la tortura.
Sus señorías habrán podido consultar el contenido del mismo, que recoge
los protocolos especiales de ese mecanismo, así como el relato y
conclusiones de las más de 230 visitas a centros de detención o
internamiento de personas. Esta actividad de prevención coincide en
muchos aspectos con nuestros métodos habituales de supervisión de la
Administración, si bien se ha hecho necesario adaptarlos parcialmente
para responder debidamente a las pautas de actuación que se siguen en el
ámbito internacional.
En la Administración de Justicia debemos seguir destacando una vez más los
problemas crónicos de funcionamiento en muchos juzgados y tribunales de
todos los órdenes jurisdiccionales. Las dilaciones indebidas en los
procedimientos se plantean reiteradamente y suponen para los ciudadanos
no solo un problema puntual cuando tratan de solucionar sus conflictos
ante la autoridad judicial, sino -lo que me parece más grave- un
sentimiento de creciente desasosiego y alejamiento con relación a las
posibilidades de solución que ofrece nuestro Estado de derecho. A pesar
de las iniciativas y acuerdos en los últimos años, incluida la aprobación
de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de implantación de la nueva oficina
judicial, sus señorías saben que es mucho el trabajo que queda por hacer;
entre otras muchas cuestiones, sigue pendiente la creación de muchos
juzgados en todo el territorio nacional, que de acuerdo con la expresión
del Consejo General del Poder Judicial supone una necesidad perentoria.
En este, como en la mayoría de los asuntos que tratamos en el informe
anual, las reducciones presupuestarias y el difícil sostenimiento de las
inversiones complican aún más la posibilidad de realizar efectivamente
las reformas que nuestro sistema judicial necesita. A pesar de ello,
señorías, creo que es nuestro deber seguir señalando las muchas
disfunciones que se producen, alertando sobre las consecuencias muy
negativas de descuidar la atención debida a servicios tan esenciales para
el Estado de derecho. Como muestra quiero recordarles la grave situación
que vienen denunciando los abogados especializados en la asistencia
jurídica gratuita. Ese servicio de asistencia hace efectivo el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, piedra angular de nuestro
sistema, y la falta de cobertura del mismo supone una deficiencia
inasumible en términos de realización de los demás derechos y libertades.
Por nuestra parte venimos trabajando desde 2009 con los colegios de
abogados afectados y con la Administración responsable en la búsqueda de
una solución al problema de impago de las retribuciones.
En materia de Administración penitenciaria, la sobreocupación de los
centros penitenciarios y la escasez de personal de prisiones son dos de
los principales motivos de preocupación para la institución. Recuerden
que les estoy hablando de 2010, a raíz de lo investigado con motivo de
las diversas quejas. De otro lado, la calidad del estado de salud de los
internos en prisión es también uno de los asuntos que con más frecuencia
es necesario poner de manifiesto. Cada vez que tenemos conocimiento de
fallecimientos o de suicidios o se reciben quejas por la indebida
prestación de servicios sanitarios, las autoridades penitenciarias suelen
ofrecer una adecuada respuesta a las inquietudes que plantean los
internos, pero hemos de continuar llamando la atención sobre las
insuficiencias en materia de cuidado de la salud física y mental de los
presos. En este punto quiero recordar que el interés de nuestra
institución se extiende también a la situación de los presos españoles en
cárceles extranjeras. Cada vez que por motivos institucionales debo
viajar a otros países, encuentro el momento de visitar a los ciudadanos
españoles para conocer directamente sus condiciones de vida, para saber
si reciben la asistencia consular prevista y si desde la institución
podemos agilizar los trámites para que cumplan la pena en España.
Siguiendo con la práctica habitual de supervisión, durante 2010 visitamos
un total de 22 centros penitenciarios.
En materia de ciudadanía y seguridad pública, solemos destacar el hecho de
que por lo general los ciudadanos tienen una valoración favorable con
respecto a los miembros
y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ahora bien,
por la misma naturaleza de sus actuaciones, sigue siendo frecuente la
recepción de quejas que ponen de manifiesto intervenciones abusivas o
fuera de lugar. Cuando se tramitan quejas por supuestos malos tratos o
abusos de autoridad seguimos escrupulosamente un protocolo de
averiguación que casi sin excepción supone comprobar si se han adoptado
todas las medidas que garanticen una investigación imparcial y en su caso
disciplinaria, todo ello sin perjuicio lógicamente de las oportunas
diligencias judiciales.
En este mismo apartado del informe, habrán encontrado sus señorías una
referencia a la investigación seguida con el Ministerio del Interior para
tratar de aclarar muchas denuncias sobre intervenciones policiales, al
parecer indiscriminadas, en la identificación de supuestas personas
extranjeras en nuestro país. Fíjense, señorías, que he dicho supuestas,
porque, según esas mismas denuncias, las actuaciones policiales siguen en
la práctica, como criterio principal a la hora de determinar a qué
persona se le requiere en la vía pública sus documentos de
identificación, aspectos externos y de apariencia como la raza o el color
de la piel. Insisto en que ese es el contenido de las denuncias que sobre
esta cuestión nos dirigen ciudadanos particulares y también
organizaciones sociales que colaboran con extranjeros residentes en
España. Confiamos en que se puedan adoptar las modificaciones pertinentes
de la normativa interna policial -me estoy refiriendo a la circular
1/2010, de 25 de enero- que eviten la repetición de estas situaciones de
conflicto.
En otro orden de asuntos, la tramitación e imposición de sanciones por
vulneración de la normativa de tráfico genera cada año también un volumen
relativamente alto de quejas. Muchas de ellas pueden solucionarse gracias
a la colaboración de las administraciones, destacando en este punto el
trabajo de la Dirección General de Tráfico, que acepta un número muy
importante de sugerencias y modifica puntualmente el resultado de algunos
procedimientos sancionadores. Distinta suele ser por otro lado la
tramitación con algunas administraciones locales.
A continuación me quiero referir a las actuaciones específicas sobre
extranjería e inmigración recogidas en el informe. En esta materia es
probable que nos encontremos ahora ante una coyuntura que exige de la
Administración menos intervenciones de carácter urgente, y en ocasiones
improvisadas, como ocurrió en los años anteriores, de gran afluencia de
extranjeros. Quizá sea un buen momento para planificar mejor la gestión
futura de la inmigración en nuestro país, sin dejar de responder a las
necesidades presentes y a los retos inmediatos que plantea la plena
integración social. Por supuesto, siguen detectándose distorsiones en
muchos de los trámites habituales de gestión de la inmigración, es decir,
la gestión documental, en España y en los consulados en el exterior, en
los controles de frontera, en las condiciones de vida en los centros,
etcétera. También hemos debido continuar con los programas de visitas a
los puestos fronterizos para conocer directamente la situación de los que
son rechazados a su llegada a España, y a los centros de estancia o
internamiento para comprobar las condiciones de vida de las personas allí
ingresadas.
Quiero destacar la especial mención prestada durante el año 2010 a la
situación de los menores extranjeros no acompañados y en particular a las
circunstancias que impiden garantizar todos sus derechos, precisamente
por los problemas que surgen en la determinación de su minoría de edad.
Sobre esta cuestión les haremos entrega en cuanto esté disponible de una
publicación que recoge los trabajos llevados a cabo y de las conclusiones
al efecto adoptadas en las jornadas de debate que organizó la institución
del Defensor del Pueblo a finales del año pasado.
Paso ahora a comentar algunas cuestiones de naturaleza social y económica.
Podrán observar, señorías, como en ellas incide muy especialmente esa
complicadísima situación económica actual que todo lo contamina y a todo
afecta en estos últimos ejercicios. En materia educativa el informe
insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo global que pueda sentar
unas bases permanentes y consensuadas de gestión de la educación en
España. De nuevo se vieron frustradas las últimas iniciativas de pacto,
mientras que los datos de fracaso escolar y de resultados en las pruebas
de aptitudes alcanzan niveles muy preocupantes. Descendiendo al terreno
de lo concreto y dado que son muchas las cuestiones tratadas durante el
año en el nivel de enseñanzas básicas y en el de educación superior
universitaria, mencionaré solo algunos aspectos. Respecto a las carencias
en instalaciones escolares, no hay más remedio que destacar la actuación
de oficio que seguimos con todas las administraciones competentes,
central y autonómicas, para conocer el grado de provisionalidad
existente, que implica la escolarización de alumnos en instalaciones
precarias. Otras cuestiones que nos han planteado son la reducción de
servicios de transporte escolar, las carencias de profesorado de apoyo,
la insuficiente oferta de centros de educación infantil o los muchos
problemas en los procesos de admisión de alumnos en centros públicos y
concertados.
En el nivel universitario, con relación a las becas y ayudas, se ha de
valorar positivamente la puesta a disposición de más recursos como
consecuencia ineludible entre otras cosas de las exigencias generadas por
la implantación del espacio europeo de Educación Superior. Por otro lado,
lamentamos que no se haya seguido una reiterada recomendación de esta
institución a la hora de incluir en el recién aprobado Estatuto del
estudiante universitario, aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 3 de
diciembre, el correspondiente régimen de disciplina académica para las
universidades.
Con relación a las quejas referidas a la Administración sanitaria, en
muchas de ellas está presente la necesidad de profundizar en la actuación
de la ordenación normativa de las prestaciones y de potenciar los
mecanismos de coordinación, especialmente el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud. Es creciente la percepción de los
ciudadanos acerca de que el acceso a las prestaciones sanitarias,
independientemente del lugar de residencia, no se efectúa en condiciones
de igualdad efectiva. Las diferencias en las carteras de servicios se
proyectan entre otros en aspectos como el derecho a la asistencia
sanitaria, el derecho a la prestación farmacéutica, es decir, a la
igualdad en el acceso a todos los medicamentos financiados por el Sistema
Nacional de Salud, y en otros servicios como calendario de vacunación,
diagnóstico genético preimplantado, etcétera.
En el ámbito de la atención primaria, no se han desarrollado los
instrumentos necesarios para lograr sistemas de información que sean
compartidos por todos los servicios de salud autonómicos -me refiero a la
tarjeta sanitaria y a la receta electrónica-. Ello ocasiona restricciones
en la movilidad de los pacientes. La cuestión ha saltado a la actualidad
estos últimos días, en fechas recientes -ustedes lo habrán visto en los
medios de comunicación-, aunque por desgracia nosotros desde el Defensor
del Pueblo venimos anotando en los informes desde hace tiempo estas
disfunciones. A la vista de las últimas informaciones, acabamos de
iniciar una nueva investigación para conocer los detalles sobre la
actuación presente de los distintos servicios y la manera de garantizar
la irrenunciable igualdad en el acceso a las prestaciones, también para
los ciudadanos desplazados puntualmente desde su comunidad autónoma.
En materia de Seguridad Social, además de las quejas habituales referidas
al reconocimiento y gestión de las prestaciones y a los problemas en la
recaudación, muchos ciudadanos manifestaron su oposición a las medidas de
ajuste que han supuesto no aplicar, salvo excepciones, las cláusulas de
revalorización de las pensiones para este año 2011, así como por el
debate generado ante la reforma del cálculo de las pensiones de
jubilación y el alargamiento de la edad por encima de los 65 años. Por
otro lado, hemos seguido recibiendo muchas quejas por los problemas en la
gestión de las prestaciones por desempleo, por retrasos en la percepción
y por la saturación de los servicios en las oficinas de empleo. En el año
2010 también se han presentado quejas por los retrasos en los abonos que
ha de efectuar el Fondo de garantía salarial.
Ya conocen sus señorías, por los informes de años anteriores y por las
muchas informaciones que se publican al respecto, que la aplicación
efectiva de la Ley de Dependencia está muy lejos de ser satisfactoria
cinco años después de su aprobación. Al margen de otras consideraciones,
lo cierto es que todas las autoridades responsables debieran adoptar una
actitud diferente que haga realidad lo que la ley ha previsto, ese nuevo
pilar del Estado de bienestar que atienda a cualquier persona cuya
autonomía personal se encuentra limitada y que necesita de un apoyo
adicional público para desarrollar su vida diaria. Me resulta penoso
trasladar a sus señorías el sentimiento que me produce cada vez que
recibimos la carta de un solicitante de ayuda a la dependencia en la que
me comunican que ya no es necesaria nuestra intervención simplemente
porque el familiar para quien se solicitaba la ayuda ha fallecido. Sé que
comprenderán bien ese sentimiento, señorías, porque habrán vivido
circunstancias iguales o muy similares. Pero resulta especialmente
doloroso tener que asumir que esas situaciones personales y familiares,
esa triste situación, es el resultado de dos o tres años de incapacidad
de nuestra organización administrativa para dar una respuesta a la que
está obligada por ley. Entenderán, por tanto, el énfasis que pongo en
esta cuestión, por más que sigamos trabajando queja a queja con la misma
intensidad y sugiriendo o recomendando en cada ocasión lo que desde
nuestra posición creemos más oportuno para lograr un verdadero desarrollo
de la atención a la dependencia.
Por otro lado, en materia de discapacidad hay que destacar que seguimos
también a la espera de que se puedan definir normativamente en el nivel
autonómico los tipos de infracciones y sanciones cuyo marco básico quedó
definido en la Ley 49/2007, de 26 de diciembre. Tan solo la Comunidad
Foral de Navarra había adoptado a finales de 2010 esa norma de desarrollo
imprescindible para mejorar el ámbito de protección de las personas con
discapacidad.
Con relación a las distintas materias que solemos englobar bajo el
epígrafe de ordenación económica, podemos mencionar dos puntos concretos:
uno, el referido a la gestión tributaria, y el otro, el que refleja el
conflicto actual con las prácticas de las entidades financieras. En años
anteriores ya hicimos referencia a una paradójica evolución expresada en
que la deseable generalización de los medios informáticos en la gestión
de liquidación de tributos no puede olvidar las limitaciones de muchos
ciudadanos para hacer uso de esos modernos instrumentos. La brecha
tecnológica sigue ahí. A esto podemos añadir la persistente falta de
consideración de la Administración tributaria hacia los problemas de
comprensión que para el ciudadano común representa la autogestión de sus
obligaciones fiscales. En el caso del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, aunque se ha avanzado mucho en estos años al
proporcionar más instrumentos de ayuda para los contribuyentes, creemos
que es posible clarificar aún más los trámites de autoliquidación y
evitar expedientes posteriores de revisión tributaria que no son
necesarios y que generan siempre gran lentitud.
En cuanto a relación de los ciudadanos con las entidades financieras, la
institución ha venido trabajando ante el Banco de España para conocer las
soluciones o medidas futuras que piensan adoptarse para evitar que se
repitan excesos en la actividad de contratación bancaria con relación a
dos cuestiones, aunque podrían citarse seguramente otras más. Me estoy
refiriendo a la oferta de productos financieros de alta complejidad para
el ciudadano medio y hasta para los aventajados, y por otro lado, la
cuestión más próxima y de más afectación general referida a los préstamos
con garantía hipotecaria. Sobre esto último, creo que debemos profundizar
en el debate sobre la manera de asegurar que al menos en un
futuro no se vuelvan a dar exactamente las mismas condiciones en el
mercado hipotecario, y por ende en el de la vivienda, que marcaron los
años previos a la crisis y que sirvieron de detonante de la dramática
situación en que se encuentran hoy muchas familias. Precisamente con
relación a las quejas referidas a la vivienda, así como al urbanismo y al
medio ambiente, en el informe 2010 hacemos un llamamiento a modificar
ciertas pautas de interpretación de estas materias hoy excesivamente
economicistas. Porque, en efecto, el derecho a un medio ambiente
saludable, la prohibición constitucional de la especulación urbanística y
el derecho a una vivienda digna debieran presidir todas las actividades
administrativas relacionadas.
Con relación a las cuestiones medioambientales, quiero referirme en
concreto a nuestra preocupación por una práctica extendida en tiempos
recientes en el ámbito autonómico. Se han dado varios casos en distintas
comunidades en los que los órganos legislativos aprueban leyes singulares
como modo de sobreponerse a sentencias judiciales previas que habían
limitado o anulado un concreto plan de desarrollo, por ejemplo, en
determinados territorios naturales o protegidos. Creemos que con estos
casos no solo se perjudica el medio ambiente en mayor o menor medida,
sino que además se hace un flaco favor a la credibilidad de la actuación
de los diversos poderes públicos y se inutilizan los procedimientos que
permiten la verdadera participación ciudadana en todo el proceso
ambiental y de desarrollo.
En cuanto a las muchas quejas presentadas por los funcionarios y empleados
públicos durante 2010, un buen número de ellas refleja el fuerte malestar
producido por los recortes en las retribuciones y solicitaban incluso la
interposición por parte de la Defensora del Pueblo de un recurso de
inconstitucionalidad que consideramos no oportuno presentar. También
hemos seguido tramitando el resto de quejas y reclamaciones que más
preocupan a los servidores públicos o a los aspirantes a una plaza en la
Función pública cuando se denuncian irregularidades en los procesos de
concurso y oposición.
Concluido con esto el repaso abreviado de las actuaciones sustantivas
llevadas a cabo en 2010, me queda referirme en los últimos apartados del
informe a las peticiones de interposición del recurso de
inconstitucionalidad. Pueden ustedes comprobar en la memoria, si así lo
desean, y pueden conocer directamente las razones que aconsejaron la toma
de posición ante cada una de las disposiciones legales cuestionadas por
los ciudadanos. No les quiero cansar con la asistencia de la institución
del Defensor del Pueblo a actos institucionales, que son muchos y
disponen ustedes de ellos en la memoria relativa a 2010.
Señorías, no quiero abandonar la tribuna sin llamarles la atención sobre
un tema que escandaliza profundamente, y con razón, a los ciudadanos; un
tema que es un clamor en la calle, y les advierto que no voy a mirar a
nadie, absolutamente a nadie, porque el que esté libre de pecado, que
arroje la primera piedra. No voy a hablar del pasado sino del futuro que
nos compete a todos construir. Se trata del llamado despilfarro del
dinero público, del dinero de todos obtenido por las administraciones
públicas de los impuestos que gravan la renta o el consumo de millones de
personas; deudas y deudas que habrán de pagar quizás las futuras
generaciones; facturas que se cuentan por centenares generadas
alegremente como si el dinero que con tanto esfuerzo cuesta ganar a los
trabajadores o a los empresarios o a los autónomos fuera infinito; gasto
inconmensurable que generalmente no busca el lucro personal de quien lo
decide pero sí su lucro político, si se me permite la expresión. Quiero
hacer desde esta tribuna una reflexión sobre esta cuestión. Me pregunto,
como lo hacen los ciudadanos, si nuestras leyes son adecuadas para
expresar en términos jurídicos el reproche social que estas conductas,
una de las causas determinantes de la gravísima crisis económica que
padecemos, merece y que puede suponer además, señorías, el recorte de
derechos sociales. Nos encontramos ante una doble situación. Por un lado,
la memoria anual de 2010 del Tribunal de Cuentas dice taxativamente que
la responsabilidad contable es patrimonial y no sancionadora, y vinculada
al concepto de menoscabo de los caudales o efectos públicos que, como ven
ustedes, tiene un sentido jurídico muy delimitado por la doctrina. Por
otro lado, nuestro Código Penal exige el ánimo de lucro en los delitos de
malversación, que no concurre en las tareas y en las conductas de la
clase política y no se adecua en absoluto a lo que normalmente se
entiende como despilfarro. Es misión del defensor -en este caso de la
Defensora del Pueblo-, aunque es más cómodo no hacerlo, trasladar a esta
Cámara las inquietudes de los ciudadanos, y por eso mismo quiero
trasladarles que el reproche que merecen las conductas a que me acabo de
referir no tiene en nuestro ordenamiento jurídico una respuesta
proporcional, y esto exige reflexión y exige decisión, siempre mirando al
futuro, de una Función pública que debe ser seria, austera y responsable.
Por eso, señorías, les anuncio que voy a solicitar al Ministerio de
Justicia que se estudie con toda seriedad y rigor la inclusión de estas
conductas y su tipificación como delito en el Código Penal. Se trata,
como digo, de mirar hacia adelante, no hacia atrás; no miro a nadie hacia
atrás, como ustedes saben las leyes penales no tienen carácter
retroactivo. Por lo tanto, no es cuestión de mirar al pasado sino al
futuro para que entre todos dignifiquemos la clase política y demos
respuesta a las demandas sociales sobre este tema, tan justas como claras
y reiteradas en los últimos tiempos. Con esto concluyo, señor presidente.
Señorías, quedo a su disposición. Me gustaría solicitar permiso al
presidente para, a pesar de lo que dice el Reglamento, permanecer en la
tribuna y oír los comentarios que se efectúan sobre este informe anual.
Quedo a su disposición para cualquier comentario o aclaración posterior
que deseen trasladarme y les deseo sinceramente que puedan concluir con
éxito todos los trabajos pendientes en este último periodo de sesiones.
Muchas gracias a todos por su atención. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Defensora del Pueblo, por su
informe y por supuesto que puede quedarse. Aun cuando el Reglamento dice
que "tras su ausencia", lo que no impone es que su ausencia tenga que
serlo del recinto del salón de sesiones. Es -y así lo interpreta la
Presidencia- tras su ausencia de la tribuna de oradores, de modo que
puede permanecer en la tribuna de público. Muy amable.
Tiene la palabra para fijar posición, en primer lugar, don Joan Tardà.
Mientras el señor Tardà llega a la tribuna quiero decirles que el
desarrollo del orden del día -saben que tenemos tres decretos-leyes e
intervenciones solicitadas en la ratificación de los dictámenes de la
Comisión de Exteriores, que en esta ocasión no son de trámite- nos
llevaría a una sesión plenaria por la tarde. Como no ha sido advertida,
llamo a la reflexión de los portavoces y les ruego que se atengan a las
indicaciones de la Presidencia en lo que a tiempos se refiere. Sin
embargo, hay diputados que han preparado sus intervenciones pensando en
los tiempos reglamentarios, y no deseo que en el penúltimo Pleno de la
legislatura ningún orador quede desairado por una cuestión de tiempos, de
modo que tiene que producirse un entendimiento; y los portavoces, a lo
largo de la intervención del señor Tardà, me hagan llegar su criterio
antes de que la Presidencia tome una decisión al respecto, porque lo que
no estoy en disposición de hacer, si no es con la conformidad de la Junta
de Portavoces, es convocar sesión vespertina en el día de hoy. No puede
haber resultas de este jueves para el próximo -que sería el último de la
legislatura- porque el próximo jueves no admite resultas en el orden del
día, tal y como está planteado. Espero su comprensión, especialmente en
la utilización de los tiempos de modo prudente. De modo que, señor Tardà,
si no le parece mal, tiene siete minutos.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente. Intentaremos acortar un
tanto la intervención.
Señorías, debo decir que las últimas encuestas y consultas hechas por
entidades dedicadas a conocer la opinión de la ciudadanía demuestran que
hay dos instituciones que pierden valor en tanto en cuanto los ciudadanos
consideran que su prestigio está en crisis. La misma institución real, el
Rey, ha perdido relevancia con respecto al año 2002 en opinión de la
ciudadanía, estamos en un 5,6, y eso que no conocemos -la ciudadanía no
conoce- los negocios de la Casa Real. ¡Imagínense el día que los
conozcan! Tampoco sale bien parada la institución del Defensor del
Pueblo: no llega al aprobado. Si esta consulta se hiciera en Cataluña, en
los territorios catalanes, la verdad es que el suspenso sería horrible
para la institución democrática. ¿Por qué? Porque es evidente que el
Defensor del Pueblo, la actual Defensora del Pueblo, actúa como brazo
ejecutor de la catalanofobia. Repito, brazo ejecutor de la catalanofobia.
Esto lo hemos dicho aquí repetidas veces. Hoy lo hemos dicho y ya lo
dijimos el pasado año. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres,
ocupa la Presidencia.)
¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos? Por ejemplo, nos
encontramos en un contexto en el que en estos momentos se está
cuestionando el gran pacto no escrito, firmado por las clases populares
catalanas, que es el de garantizar la cohesión social, también la difícil
viabilidad de una lengua minoritaria como la catalana en el contexto
global del siglo XXI, pero sobre todo lo que persigue es, repito, la
cohesión social y la igualdad de oportunidades para todos los hijos de la
nación catalana, máxime desde nuestra visión republicana. En cambio, la
institución del Defensor del Pueblo se ha convertido en el mascarón de
proa, repito, de la catalanofobia al servicio de la derecha nacionalista
española y también a veces al servicio, un tanto indisimulado, del
jacobinismo todavía existente hoy en las filas del Partido Socialista
Obrero Español. Nos quedan como aliados los verdaderos federalistas que
hay todavía -pocos, por desgracia- en el Estado español representados
básicamente por Izquierda Unida. Esto es lo que ocurre y esta es la
verdad. Porque ustedes saben que todas las grandes leyes aprobadas por el
Parlamento de Cataluña -es decir, en donde radica la soberanía del pueblo
catalán, porque aun cuando la Constitución española diga lo que dice, el
sujeto de soberanía es el pueblo catalán-, todas las grandes leyes, las
troncales, como la Ley de Acogida -puesto que Cataluña siempre ha sido
una tierra de cruce, una población de aluvión, con la voluntad de
construir una sociedad cohesionada, y hoy día Cataluña recibe centenares
de miles de personas provenientes de otras culturas, otras etnias del
mundo global-, han sido por supuesto impugnadas y llevadas al Tribunal
Constitucional por parte del Defensor del Pueblo.
¿Le preocupa en algún momento al Defensor del Pueblo, por ejemplo, las
miles y miles y miles de familias valencianas que no tienen acceso, que
han visto recortados sus derechos a recibir la enseñanza, la de sus
hijos, en la lengua propia de una zona, de un territorio del dominio
lingüístico catalán? ¿Dónde están las acciones del Defensor del Pueblo en
defensa, por ejemplo, de la lengua catalana en el País Valencià? No
aparecen por ninguna parte. Sorprende, por ejemplo, que la Defensora del
Pueblo haya tenido tanta voluntad de cuestionar no solamente al Síndic de
Greuges. ¿Cómo es que el Síndic de Greuges pueda tener una presencia o un
protagonismo más allá de aquello que pertenece o se dice que pertenece al
Defensor del Pueblo? ¿Cómo es posible que incluso en el mundo moderno en
el que vivimos se cuestione el código de consumo catalán, cuando hay
cerca de tres centenares de disposiciones que priorizan de forma
exclusiva el etiquetaje en lengua castellana y solamente hay dos que
regulan el etiquetaje en catalán? ¿Cómo es posible que la Defensora del
Pueblo cuestione el código de consumo del etiquetaje en catalán, un
código que persigue que los ciudadanos catalanes podamos vivir con toda
normalidad? No queremos ser distintos a ustedes, queremos ser iguales.
Pues
lo hace la Defensora del Pueblo, repito, mascarón de proa junto a una
buena parte de la judicatura española y una buena parte del poder
político, unidos en un solo esfuerzo: el esfuerzo de convertir las
lenguas catalana, gallega y vasca en lenguas minorizadas. Cuando gracias
al PSOE -ciertamente, porque lo cortés no quita lo valiente- pudimos
aislar al Partido Popular en el apoyo a la inmersión lingüística, decía
el señor Ridao hace dos días que nuestras lenguas son del mundo, para ir
por el mundo y encarar el siglo XXI...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Tardà, por favor.
El señor TARDÀ I COMA: Y no solo lenguas, como quieren ustedes y la
Defensora del Pueblo, para utilizar en casa con el batín y las pantuflas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Esto es lo que quiere y lo que hace la Defensora
del Pueblo, mascarón de proa, repito, de la catalanofobia, al servicio de
una buena parte de la judicatura y de buena parte del poder político.
Esta es nuestra verdad, que no es la verdad absoluta pero se le acerca.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, no he entendido
bien el exordio del señor presidente cuando ha hecho esas invocaciones
iniciales. He intuido que hacía una reflexión atinente a la austeridad en
el uso del tiempo de intervención y lo vamos a intentar.
Señora Defensora del Pueblo, quiero felicitarla primero por su informe.
Señor Tardà, le quiero felicitar también porque haya tirado usted por
elevación al utilizar este trámite, hasta el punto de que ha refutado la
estructura institucional del Estado español en su conjunto al socaire de
un informe del Defensor del Pueblo, que no sé hasta qué punto tiene tanta
dimensión o tanto contenido jurídico-político. Pero, bueno, cada cual
hace las reflexiones como las considera pertinentes y me parecen
respetables. Yo también estoy en condiciones de refutar la estructura
institucional del Estado español, lo que pasa es que no sé si este es
concretamente el trámite más adecuado y el que se debe utilizar para una
operación de tal calado jurídico-político.
Dicho esto, señora Defensora del Pueblo, quiero indicarle que el señor
Tardà tenía razón. Por lo menos usted no ha cometido la frivolidad de su
predecesor en el cargo, usando su legitimación procesal atribuida por la
propia Constitución, de impugnar nada menos que la reforma del Estatut de
Catalunya al Tribunal Constitucional. Es algo que le hemos reprochado y
usted no ha incurrido en excesos en la autoridad del Defensor del Pueblo,
en la auctoritas y en la autoridad, que no la legitimación procesal. Ha
hecho un uso cauteloso por el que mi grupo se felicita.
También se felicita por alguna de las cosas que usted ha dicho. En este
trámite que se duplica, porque ya tuvimos ocasión de articularlo en la
Comisión del Defensor del Pueblo, representa a una institución de
contrapoder del Estado y usted ha metabolizado e interiorizado bien este
carácter de institución de contrapoder. Pero están surgiendo y están
aflorando en las sociedades en las que vivimos en los tiempos modernos
instituciones espontáneas de contrapoder social -movimientos como el 15-M
y otros- donde se superponen las reivindicaciones del contrapoder
estatuido e institucionalizado representado por la figura del Defensor
del Pueblo, por lo que quiero felicitar al señor Tardà porque ha hecho
una reflexión muy importante. También hay un problema territorial con el
Defensor del Pueblo en tanto en cuanto hay una institución de estas
características de ámbito estatal y hay diversas autonómicas cuyos puntos
de conexión o ámbitos de actuación no están bien determinados ni
constitucionalmente ni en la ley orgánica reguladora. Yo sería partidario
de que el Ararteko realice las funciones de defensoría del pueblo en el
ámbito de Euskadi; su homónimo de Cataluña, en el ámbito del país
catalán, en los países catalanes; el Justicia de Aragón, en Aragón,
etcétera. Tendrían una función de ubicación subsidiaria, por decirlo de
alguna manera. Ya lo hemos discutido más de una vez pero, sin perjuicio
de ello, tengo que decir que usted tiene que compaginar sus funciones e
intentar interiorizarlas y metabolizarlas con estos movimientos
espontáneos que afloran en la sociedad, como el 15-M, cuyas propuestas no
siempre están suficientemente depuradas o no son fáciles de interpretar
en ocasiones, pero sí que manifiestan desazón, quejas e insuficiencias,
déficits democráticos que tiene cualquier Estado democrático, que ustedes
y ellos, de forma más o menos coordinada, deben poner en consideración en
esta institución, que al final es la llamada a resolver y a remover los
déficits democráticos a través de un adecuado ejercicio de sus funciones
legislativas.
De entre sus reflexiones me han interesado algunas en concreto, y renuncio
ya a la especulación metafísico-institucional a la que el señor Tardà nos
ha conducido con su intervención casi inconscientemente, porque usted ha
puesto en solfa prácticamente la estructura institucional del Estado
español entero. Ya tendremos tiempo de ir discutiendo poco a poco estas
cosas, no le vamos a poner a la señora Defensora del Pueblo en funciones
en la tesitura de abordar una operación de arquitectura jurídico-política
tan compleja en este momento. Pero ha abordado cuestiones que a nosotros
nos interesan particularmente. En primer lugar, yo no sé que ocurre con
el Instituto del Menor de la Comunidad de Madrid,
pero sí que sigue existiendo -porque no lo han resuelto ni la Ley de
Extranjería ni los reglamentos de desarrollo- esa manifiesta e injusta
mala distribución de los menores no acompañados acogidos o tutelados por
las instituciones tutelares de menores, hasta el punto de que siguen
existiendo en Euskadi 700 menores no acompañados -menores por llamarlos
de alguna manera, porque si se realizan las pruebas que el ministerio
fiscal debería realizar, algunos de estos menores pueden tener más edad
que yo mismo-; pero al margen de esta cuestión, figuran allí tutelados
por la institución foral o por las comunidades autónomas como menores no
acompañados. Hay 700 en Euskadi, 100 en Madrid y 70 en la Comunidad
Valenciana. Yo recurrentemente le he pedido a usted que se interese por
este tema, pero veo que hay una actitud refractaria por parte del
Instituto del Menor de Madrid y de la Comunidad Autónoma de La Rioja
incluso a proporcionar datos. En la Comunidad de La Rioja les da igual,
renuncian al Fondo de contingencia, al Fondo de solidaridad previsto por
la Administración para compensar el quebranto económico que provoca la
atención a estos menores no acompañados e incluso han asumido el riesgo
de las acciones iniciadas por el ministerio fiscal por negarse a acoger a
un solo menor no acompañado. Es una de las cuestiones que me gustaría
indicarle.
En materia de malos tratos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado usted dice que sus actuaciones dimanan de la aplicación de los
protocolos que tiene establecida la institución. Siguen existiendo malos
tratos, usted misma los ha cotejado, y además hay sentencias de los
tribunales ordinarios condenatorias. Siguen existiendo malos tratos y
usted no termina nunca de reconocer esta valoración por la existencia de
una legislación antiterrorista en el Estado español que permite periodos
de incomunicación hasta de cinco días en dependencias policiales. Yo le
pediría una actividad más proactiva a la instalación, por ejemplo, de
cámaras de videovigilancia, como algún juez de instrucción de la
Audiencia Nacional, ahora caído en desgracia, ha solicitado
reiteradamente y como ya existen en todas las comisarias de Euskadi;
videovigilancia para evitar espacios de impunidad donde malos tratos de
esta naturaleza se puedan producir. Lo dijo en la Comisión y lo ha dicho
con menos intensidad hoy: la aplicación cada vez más restrictiva del
Tratado de Schengen, sobre todo en algunos países como Italia, en donde
el Tratado de Schengen no es solo una estructura periférica de control de
la entrada de extranjeros, sino que se está utilizando para controlar los
flujos de emigración dentro de los países de la Unión Europea,
desfigurando y desnaturalizando su propia esencia. Una acción proactiva
con otros defensores del pueblo de otros Estados de la Unión sería muy
pertinente.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por
favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señora presidenta.
En cuanto a la mala actuación de la Administración de Justicia, más leyes
aquí no se pueden aprobar, señora Defensora del Pueblo -agilización
procesal, reformas de leyes procesales...-, pero mientras tengamos la
ratio de juez por habitante más baja de la Unión Europea de los
Veintisiete, cualquier ley de agilización procesal o de mejora y reforma
del Registro Civil o de cualquier otra naturaleza va a resultar estéril.
En todo caso, muchas gracias por su reflexión en esta última
comparecencia en esta legislatura de la institución que usted tan
dignamente representa.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.
Señora Defensora del Pueblo, agradecemos su intervención como siempre.
Queremos felicitarla, y también a su equipo, por el buen trabajo
realizado en la enorme tarea de sintetizar los datos de la actividad
durante 2010. Somos conscientes de que es una labor compleja por la gran
actividad que lleva a cabo, y así queda recogido en el extenso informe
que nos hace llegar año tras año y que ya expuso de forma detallada el
pasado mes de junio ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor
del Pueblo. Entonces, también en nombre de Convergència i Unió, ya
tuvimos ocasión de hacer una primera valoración genérica del informe.
Hicimos referencia a la lamentable situación de interinidad en la que se
encontraba la institución, que aún hoy persiste, y aunque es bien seguro
que ello no merma la actividad de la Defensora entendemos que es una
situación del todo indeseable y que no debiera perdurar tanto en el
tiempo. Hace más de un año que finalizó el mandato del señor Múgica y no
han sido capaces de designar a un Defensor del Pueblo de consenso. Es
curioso que los partidos Socialista y Popular hayan logrado ponerse de
acuerdo para reformar por vía de urgencia una norma intocable, como es la
Constitución española, y en cambio sean incapaces de desbloquear una
institución y otras que también están en el mismo caso, pendientes, y que
son importantes para el Estado.
En el inicio de su informe en la Comisión -y hoy también- hizo una
reflexión de carácter general referida a la institución, pero
específicamente al conjunto de estructuras institucionales que llevaban a
cabo -dijo usted- labores de arquitectura constitucional y estatutaria y
de desarrollo de nuestro Estado democrático de derecho. En esa reflexión
hacía hincapié en la necesidad de mayor compromiso si cabe de la sociedad
española y sus instituciones con los derechos fundamentales que recoge la
Constitución. Estamos de acuerdo con ello, pero también creemos que es
imprescindible que la
composición de las instituciones que forman parte de esa arquitectura
constitucional a la que usted se refería no quede bloqueada
indefinidamente por falta de voluntad política. Ello perjudica
enormemente a esas instituciones y pone en entredicho su necesaria
independencia. En aquella comparecencia -ya insistimos en ello-
criticamos el conformismo con el que la actual titular de la institución
aceptaba esta situación. No queremos insistir tampoco en ello, sabemos
que no depende de usted, pero echamos en falta un llamamiento exigente
que reclame el desbloqueo de la situación de interinidad que le afecta.
De hecho, en la presentación del informe la Defensora dice que la
situación de interinidad no es sinónimo de inactividad -evidentemente,
¡solo faltaría!-, pero echamos en falta cierta dosis de crítica, y,
aunque evidentemente esa situación no la deslegitima, sí merma y
perjudica, como hemos dicho, los principios que deberían definir la
institución.
Por otra parte, también venimos denunciando, al igual que lo ha hecho el
portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, el señor Tardà, que
Cataluña desde hace tiempo está en el punto de mira de la Defensora, al
igual que también ocurrió con el señor Múgica, habiendo empezado con el
recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Estatuto y continuando
por otros recursos con relación al uso del catalán, el último contra la
Ley de Acogida. A pesar de que la Defensora declara continuamente su amor
por el catalán y por Cataluña, creemos que los hechos para nada lo
demuestran, y de hecho desde Convergència i Unió lo que queremos decirle
es que no tantas declaraciones de amor de ese tipo, más bien lo
contrario. Entendemos que la actitud de la Defensora con esa fijación no
demuestra ese amor por Cataluña. Sin entrar nuevamente en el fondo de
esos temas, tendríamos que reflexionar sobre la necesaria independencia
de la institución, característica esencial de la misma y que debería
permanecer intacta fueran cuales fueran las circunstancias. La actividad
de la institución no puede impregnarse de una determinada ideología, como
es el caso, ni puede estar al servicio de un color político concreto, y
hace tiempo que nuestra sensación es más bien la contraria. Desde
Convergència i Unió le diríamos que no haga tantas declaraciones de amor
-insisto- y que, en cambio, dedique esfuerzos a otras cuestiones que
realmente importan a los ciudadanos. Por ejemplo, en Cataluña nos
preocupa la firma del convenio con el Síndic de Greuges que, como bien
sabe, está pendiente desde hace mucho tiempo, y en el que la excusa que
se ofrece desde la institución es que la situación de interinidad no
permite ahora firmar el convenio.
En otro ámbito, también debería plantearse cómo mejorar la eficacia de la
institución. En este punto celebramos enormemente que la institución haya
recogido una sugerencia en la que precisamente esta portavoz en distintas
presentaciones del informe hizo hincapié, como es someter las
recomendaciones a un control más exhaustivo en cuanto a su cumplimiento.
Celebramos enormemente que se haya iniciado un modelo de seguimiento en
la ejecución de las recomendaciones y sugerencias por parte de las
administraciones implicadas en los expedientes, desearíamos que ese
modelo, ese mecanismo que se ha puesto en marcha ahora en la institución,
también fuera recogido expresamente en el informe con todo detalle para
así poder hacer un seguimiento de cómo va evolucionando. También hemos
sugerido en otras ocasiones que el informe incluya los datos de periodos
más amplios, es decir, que en los cuadros numéricos no se recojan
únicamente los datos de los dos últimos años, ello es claramente
insuficiente para poder hacer un análisis comparativo con cierta
perspectiva y rigor.
Por otro lado, también celebramos alguna mejora en la web de la
institución. Hay una nueva página web y es interesante porque es un medio
para acercarse más al ciudadano, para que los ciudadanos tengan más fácil
el acceso, pero echamos en falta que entre las mejoras no se haya
incluido que el contenido de la página web esté en las distintas lenguas
cooficiales del Estado. Este es un tema que entendemos sería muy
interesante.
Por último, también queremos mencionar que estamos asombrados por el
anuncio que ha hecho de perseguir el despilfarro del dinero público.
Evidentemente, ¡solo faltaría! Todos los que estamos aquí estamos en
contra de que haya despilfarro de dinero público, pero entendemos que los
términos que ha utilizado en esta comparecencia son excesivamente
genéricos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Surroca, por favor.
La señora SURROCA I COMAS: Voy terminando.
Es necesaria más prudencia al hacer una afirmación con tanta rotundidad y
con una categoría tan genérica, aportar datos y más rigor en este caso.
Evidentemente, nosotros estamos por un ajuste, pero también debería
hacerse autocrítica al respecto. Sabe usted perfectamente que esta
portavoz ha pedido más transparencia en la institución y que se publiquen
sus presupuestos con todo detalle en el informe.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Surroca, por favor.
La señora SURROCA I COMAS: Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Tarno.
El señor TARNO BLANCO: Gracias, señora presidenta. Intervendré con
brevedad siguiendo las instrucciones de la Presidencia.
Nos encontramos aquí para analizar el informe del Defensor del Pueblo que,
como ya han explicado mis antecesores en el uso de la palabra, es una
doble intervención después de la que ya tuvimos en Comisión.
Además, suele ser reiterada y repetitiva en las intervenciones de algunos
portavoces que vienen a plantear sus fantasmas, que vienen a criticar a
la institución. Su evidente cercanía al ciudadano la pone permanentemente
en duda, no porque no crean en ella sino porque no creen en el modelo,
que no es el que les gustaría a ellos, pero que es el modelo de la
Constitución española.
Gracias, señora Defensora por su informe. Creo que 34.674 quejas, 406
investigaciones de oficio, 17.499 quejas colectivas, dicen mucho del
vigor de la institución y de su cercanía a los ciudadanos. Posiblemente
las peticiones de los ciudadanos, sus informes, sus quejas están más
cerca de los ciudadanos que algunas cosas que se dicen desde esta
tribuna. El informe repite, año tras año, situaciones, actuaciones y
comportamientos de las distintas administraciones públicas, que no por
repetidas dejan de seguir preocupando a los españoles. La administración
de justicia, el funcionamiento de las instituciones penitenciarias, de
las oficinas de extranjería, de la expedición de documentos oficiales
como DNI y pasaportes, la diferencia en la cohesión territorial del
Sistema Nacional de Salud, las listas de espera, etcétera, aparecen año
tras año en los informes, lo que no deja en un buen lugar a las
administraciones que tienen que gestionar estos servicios, porque como se
repiten desde el primer informe dicen poco de los gestores de los mismos.
En este informe, y ya en el anterior, aparecen nuevas quejas de manera
contundente. La situación económica ha disparado quejas referidas a
prácticas de la Administración o de entidades financieras que distan
mucho de ser adecuadas y nos deben hacer reflexionar sobre la indefensión
de los usuarios ante las mismas. El papel del Banco de España y del
Defensor del Pueblo tiene que ser mucho más proactivo en estos asuntos.
Este prolijo informe es una foto de la realidad social española. Bien es
verdad que la colaboración de las administraciones aceptando sugerencias
y recomendaciones es un buen punto de inicio en la mejora de nuestros
servicios públicos. La puesta en funcionamiento del mecanismo nacional de
prevención es también una buena noticia que aparece en este informe,
porque pasar de una actitud pasiva a una actitud activa es importante
para el crédito de la institución del Defensor del Pueblo. El Defensor
tiene la obligación de estar pegado a la realidad española y este es un
buen mecanismo para estar más cerca de los problemas de nuestros
ciudadanos. Es otro informe más que esperamos no caiga en saco roto.
Esperamos que las recomendaciones, las sugerencias, las quejas de este
informe sirvan para mejorar la prestación de servicios públicos por parte
de las administraciones, en definitiva, para mejorar la calidad de vida
de los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Tarno.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señora Defensora, un año más comparece ante el
Congreso de los Diputados para dar cuenta de su gestión correspondiente a
2010. Quiero destacar que el pasado año se tramitaron cerca de 35.000
quejas, lo que supone un incremento del 56 por ciento, un importante
incremento, sin duda, aunque estoy convencido que este año se
incrementarán aún más. Y lo harán como consecuencia del recorte de las
políticas sociales que están llevando a cabo las comunidades gobernadas
por el Partido Popular: recortes en educación, recortes en sanidad,
recortes en pensiones y también en la Ley de Dependencia. Le diré con
toda sinceridad que nos preocupan las señales que emiten las comunidades
autónomas que han pasado a ser gobernadas por el Partido Popular, que no
comparten que nuestro magnífico sistema sanitario o la educación deben no
solo ser mantenidos sino mejorados. Nos preocupa el recorte en los
presupuestos educativos, recorte en el número de profesores como el que
está aplicando doña Esperanza Aguirre, unos recortes que si se aplicasen
en Andalucía, en mi comunidad, quitarían casi 4.600 profesores y en mi
provincia en torno a mil. Recortes en materia de sanidad con las
propuestas de la señora Cospedal. Para que se haga una idea, en la
provincia de Málaga, mi provincia, supondrían 3.500 empleados de sanidad
menos, el cierre de más de medio centenar de centros y la supresión de
más de un millar de camas. Eso por no hablar de la supresión del
complemento de las pensiones de las viudas en Castilla-La Mancha o del
retraso en el pago de la Ley de Dependencia. En lo que se refiere a
justicia, el problema endémico de los retrasos y dilaciones indebidas
está muy presente en la mayoría de las quejas de los ciudadanos. La
litigiosidad se ha agudizado en los conflictos derivados de la crisis
económica. Quiero manifestarle que en este momento se está tramitando una
reforma con profundidad de la Ley de procedimiento laboral, hoy
denominada de la jurisdicción social, ahora en el Senado, que
previsiblemente será aprobada en el último Pleno de esta legislatura. Es
de destacar, por el contrario la deficiente financiación y apoyo a los
servicios de asistencia jurídica gratuita, que es competencia de las
comunidades, cuyo impago en todo 2011, por ejemplo en la Comunidad de
Madrid, ha causado un verdadero problema a los abogados que forman parte
de la asistencia gratuita y desde luego a los ciudadanos y ciudadanas que
hacen uso de este derecho.
En su informe lamenta también, en otro orden de cosas, que la negociación
que a comienzos del año 2010 se estaba llevando a cabo con la finalidad
de lograr un pacto social y político por la educación haya fracasado. Yo
también lo lamento, señora Defensora. En este sentido me llama la
atención la denuncia que aparece en el informe del Defensor de que hay
ayuntamientos, como en el caso de Marbella, gobernado por el Partido
Popular, que se niega a ceder suelo para construir nuevos colegios, y
parece ser que mi provincia no es una excepción, sino que se da en otras
muchas comunidades gobernadas por el Partido Popular; un Partido Popular
para el que parece
que la educación pública y de calidad no constituye una prioridad. Los
recortes que en algunas comunidades practican en un tema como la
educación, donde reside el valor-país, a través de nuestros hombres y
mujeres del futuro, de la innovación y de la investigación, en caso de no
rectificarse, señora Defensora, es algo que requeriría un informe sobre
su incidencia a través de la institución que preside.
En lo que se refiere a salud, un derecho social básico de todos los
ciudadanos, consideramos que debe ser preservado y hacerlo todavía mejor
y más eficiente. Deben además evitarse las disfunciones que se recogen en
su informe como la diversidad existente con relación a las prestaciones
sanitarias que ofrecen los distintos servicios autonómicos de salud. Todo
lo que se haga en ese camino, como se hizo en el gasto farmacéutico, será
bien recibido por la sociedad y permitirá una mejor eficacia. Destacan
también en su informe las quejas sobre las dificultades de gestión de las
prestaciones por desempleo, también en las denegaciones por incapacidad
temporal. La crisis global por la que atravesamos y los altos índices de
desempleo que presentamos sin lugar a duda son un motivo de preocupación.
Nuestro objetivo como socialistas es que nadie quede fuera del nivel de
cobertura de protección y desde luego aumentar la eficacia en la gestión
de las prestaciones. Estamos recortando el tiempo en el que se conceden
esas prestaciones y la cobertura en este momento supera el 70 por ciento.
Quiero recordarle que cuando gobernaba el Partido Popular y no había
crisis esa cobertura por desempleo no alcanzaba ni siquiera el 50 por
ciento.
En cuanto a dependencia, la regulación dispar en cada comunidad de los
procedimientos para la ejecución de esta ley conduce a confusión a las
personas interesadas, por lo que su propia institución reclama mucha más
claridad a la hora de concretar dichos procedimientos y una gestión más
transparente de las partidas destinadas a las ayudas individuales, siendo
necesario también armonizar e informar debidamente sobre las cantidades
que los beneficiarios deben aportar. La situación en materia de
dependencia difiere mucho de unas comunidades a otras. Es verdad que la
Comunidad Autónoma de Andalucía es la que tiene más desarrollada la Ley
de Dependencia. En mi provincia hay más de 27.000 personas que se
benefician ya de esta ley, y esto contrasta con la situación en que se
encuentran comunidades como Valencia, como Madrid o como Murcia.
Contrasta con el hecho de que con la llegada del PP a la Comunidad de
Castilla-La Mancha se haya retrasado en más de dos meses el pago de la
Ley de Dependencia.
Deseo hacer referencia al amplio descontento de la ciudadanía con el trato
recibido por las entidades financieras, como refleja el gran número de
quejas recibidas en 2010; quejas como la insuficiencia de garantía por la
defensa de sus derechos o las prácticas abusivas en relación con la
hipoteca u otros productos. La institución sigue pensando que los
ciudadanos no son informados adecuadamente y no ven protegidos sus
derechos, pese a la opinión contraria del Banco de España. Yo comparto su
crítica con relación al gobernador del Banco de España, yo iría incluso
más allá porque como socialista me gustaría escuchar al gobernador, quien
opina sobre muchas cosas e incluso sobre algunas sobre las que no tiene
competencias, me gustaría escucharle decir que tiene plena confianza en
el esfuerzo y entrega de millones de españoles trabajadores, pequeños y
medianos empresarios y autónomos que necesitan de una vez por todas que
los bancos y cajas abran el grifo. Podría pedir alguna vez a los bancos y
cajas que tienen beneficios todos los años que abran el grifo para ayudar
a las familias y favorecer la creación de empleo.
Por último hay que incidir en que no se puede entender el volumen de
quejas y reclamaciones ante la Defensora sin la crisis que sufrimos pero
mayor va a ser el volumen con los importantes recortes sociales que
algunas comunidades del PP están llevando a cabo con la crisis como
excusa, recortes que en algunas comunidades han alcanzado a los propios
defensores autonómicos. En este contexto la labor de la institución del
Defensor del Pueblo será aún más fundamental si cabe.
Únicamente me resta agradecerle su presencia, el contenido de su informe y
las alarmas que se emiten en él sobre las preocupaciones ciudadanas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Heredia.
Hemos finalizado con este punto, muchas gracias, señora Defensora y a su
equipo.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 10/2011, DE 26 DE AGOSTO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE LOS JÓVENES, EL FOMENTO DE LA ESTABILIDAD EN EL
EMPLEO Y EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE
LAS PERSONAS QUE AGOTEN SU PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. (Número de
expediente 130/000047.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al siguiente punto
del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
El primero de ellos el número 10/2011, de 26 de agosto, de medidas
urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la
estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por
desempleo. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra el señor
ministro de Trabajo e Inmigración.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias,
señora presidenta.
Señorías, me dirijo al Pleno de la Cámara para exponer los contenidos y
explicar las razones que han llevado al Gobierno a aprobar el decreto-ley
10/2011, el 30 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del
empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el
mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas
que agotan su prestación por desempleo. La iniciativa se enmarca en la
política de reformas en el ámbito laboral que viene impulsando el
Gobierno desde el inicio de la crisis y en particular en la política de
reformas que se ha llevado a cabo durante el último año, y también se
basa en la prioridad que tienen las medidas para mejorar el empleo en
unas circunstancias como las actuales y luchar contra el desempleo. En
este sentido el real decreto-ley responde a tres objetivos fundamentales:
estimular la contratación, preferentemente la estable, paliar los efectos
del desempleo y un tercero que ahora se añade con un destacado
protagonismo, la intensificación de los esfuerzos para estimular la
contratación de los jóvenes y mejorar su nivel de cualificación
profesional como una pieza fundamental para reducir su nivel de
desempleo.
Señorías, el contenido del decreto-ley puede ser dividido en tres grandes
bloques de medidas: el primero versaría sobre la promoción del empleo de
los jóvenes a través del nuevo contrato para la formación y el
aprendizaje, así es como lo denomina el decreto-ley. No cabe duda alguna
de la gravedad del problema del desempleo, un problema que afecta a
nuestros jóvenes en un doble sentido: en términos cuantitativos casi una
tercera parte del total de los desempleados, prácticamente 1,6 millones
son jóvenes menores de 30 años, y la tasa de desempleo de los menores de
25 alcanza ya la cifra del 46 por ciento. Pero la gravedad de este
problema también tiene una dimensión cualitativa, hay 700.000
desempleados entre 20 y 30 años que no han completado sus estudios
secundarios, y otros 200.000 lo han hecho pero carecen de cualquier
cualificación profesional. Estas cifras, sin duda escalofriantes, se
explican en buena medida por la acción de la burbuja inmobiliaria que
llevó a muchos jóvenes en la última década a abandonar prematuramente el
sistema educativo, sus posibilidades de formación. Tras su estallido -el
de la burbuja- se encuentran sin empleo y, lo que es más negativo, sin
formación, una carencia que dificulta obviamente su inserción ahora y
sobre todo en el futuro. Ante la envergadura de este problema creemos que
es urgente y necesaria una respuesta contundente por parte de los poderes
públicos. Por un lado hay que desarrollar una acción preventiva, una
acción dirigida a reforzar las políticas educativas y combatir así por
cierto, entre otros males, el del abandono escolar; eso significa que si
de verdad nos preocupan nuestros jóvenes no debemos en modo alguno hacer
recaer los ajustes sobre el potencial de nuestra inversión en formación,
pero al mismo tempo tenemos la responsabilidad de ofrecer una solución a
las enormes dificultades de inserción laboral que encuentran muchos
jóvenes por carecer de cualificación profesional. Para ello nuestro
ordenamiento, al igual que en otros países, fundamentalmente Alemania,
apuesta desde hace años por combinar acciones, actividades formativas,
necesarias para la capacitación profesional, con un desempeño simultáneo
de un puesto de trabajo en una empresa en la que poder aplicar los
conocimientos teóricos que se van adquiriendo en el centro de formación.
La reforma laboral del pasado año ya introdujo importantes mejoras en la
regulación del contrato para la formación; mejoras que han supuesto un
incremento muy significativo del número de contratos celebrados bajo esta
modalidad: está incrementándose en este momento en una tasa de alrededor
del 16 por ciento anual. Sin embargo, el Gobierno entiende que la
magnitud del problema presente y futuro que sufren hoy nuestros jóvenes,
jóvenes desempleados, jóvenes sin formación, exige una respuesta más
ambiciosa y, en consecuencia, ha decidido crear una nueva modalidad
contractual; la hemos denominado contrato para la formación y el
aprendizaje. La regulación de este nuevo contrato, inspirado como digo en
el sistema dual alemán, tiene por objeto mejorar la cualificación y el
empleo de nuestros jóvenes. Porque el sustrato profundo, en nuestra
opinión, de la precariedad laboral, señoras y señores diputados, no es
tanto la modalidad del contrato, sino la disposición o no de
cualificación profesional. Hay una abundantísima evidencia de que la
temporalidad y la falta de estabilidad en el empleo están
indisolublemente relacionadas con ello. Con tal fin el contrato se amplía
además a una jornada mínima dedicada a la formación, que pasa del 15 por
ciento actual hasta el 25 por ciento destinado a formación, y se prevé
además su impartición, la de la formación, a través de centros
reconocidos por el Sistema Nacional de Empleo. Y en paralelo la actividad
laboral debe desarrollarse con dos garantías fundamentales: plenos
derechos laborales -en materia de retribución desde luego- y plenos
derechos de protección social, plena protección social, con derechos,
absolutamente todos en todas y cada una de las contingencias de nuestra
sistema de protección social: en desempleo, en incapacidad temporal, en
cotización a nuestro sistema de pensiones; todos los derechos: en el
Fondo de garantía salarial, en la cotización por formación profesional;
todos los que recoge nuestro sistema de prestación social. Todo ello
configura en mi opinión una mejora ostensible respecto del dibujo del
diseño general de anteriores contratos formativos, desde luego supera
naturalmente la calificación sencilla, fácil y en muchas ocasiones
demagógica de contrato-basura. Este no es un contrato de esas
características. Tiene todo lo que debe tener un contrato laboral,
dirigido a facilitar el tránsito desde la educación o desde la no
cualificación hasta el empleo.
Desde el convencimiento, también desde el interés, que tanto empresarios
como trabajadores tienen que tener en esta figura, en la necesidad de dar
una respuesta a todos los jóvenes sin cualificación que se encuentran en
desempleo, desde esta perspectiva, hemos contemplado el diseño de este
nuevo marco normativo. Hemos complementado además esta medida con dos
nuevas regulaciones. La
primer es la ampliación del ámbito subjetivo de este contrato, es decir,
del colectivo de jóvenes sin cualificación profesional con los que se
puede suscribir este tipo de contratos. Dada la dimensión del problema,
dada la dimensión del volumen de jóvenes sin cualificación laboral, la
ley fija con carácter general en 25 años el límite máximo para poder
tener acceso, para ser posible ser contratado mediante esta figura
contractual y transitoriamente, subrayo transitoriamente, hasta el año
2013, se extiende también la posibilidad de hacerlo a los menores de 30
años que no tengan ningún tipo de cualificación profesional habilitante
para el desempeño de una ocupación. Señorías, no podemos dejar sin
alternativas a decenas de miles de jóvenes que no tienen cualificación y
que están siendo condenados a la precariedad o al desempleo, sin ninguna
respuesta de la política laboral por el hecho, por ejemplo, de haber
cumplido 25 años.
Se crea igualmente un nuevo marco de incentivos para que las empresas
recurran también de forma intensa a esta modalidad contractual. Se prevé
durante toda la vigencia del contrato, toda la vigencia del contrato, una
reducción del cien por cien de las cotizaciones a la Seguridad Social y
del 75 por ciento en empresas de más de 250 trabajadores. Todo ello con
la única condición de que el contrato suponga un incremento de la
plantilla de la empresa, de tal forma que la realización de los contratos
no pueda suponer en ningún momento sustitución de trabajadores antiguos
en una empresa por nuevos trabajadores dotados en este caso de menor
coste en sus cotizaciones sociales. La regulación además favorece el
proceso de transformación posterior de contratos temporales en
indefinidos. Hemos establecido una reducción de 1.500 euros anuales, y de
1.800 en el caso de las mujeres, en las cuotas empresariales a la
Seguridad Social cuando el contrato se convierta en indefinido. Estas son
en este momento, salvo las que existen para los trabajadores
discapacitados, las bonificaciones por transformación más importantes que
existen en nuestra legislación laboral.
Por último, quiero destacar expresamente que la nueva regulación incorpora
todos los avances, todas las ventajas y todas las adaptaciones aplicables
a los anteriores contratos de formación, contratos que a lo largo de dos
años se han ido realizando por empresarios y por sindicatos en el marco
de la negociación colectiva. Creo, señorías, que debemos ser conscientes
de que el diseño no es suficiente; sin duda, cualquier diseño legal no es
suficiente para garantizar el éxito de esta modalidad contractual. Por
eso, quiero hacer un llamamiento a los empresarios para que utilicen este
contrato. En primer lugar, porque el coste social para las empresas es
cero durante la celebración de este contrato, o muy reducido en el caso
de las grandes empresas, las de más de 250 trabajadores, y porque la
adecuación de la cualificación de los trabajadores a las necesidades
empresariales redunda siempre positivamente en términos de mayor
productividad en el conjunto de la economía. Pero también deben
utilizarlo en mi opinión porque el éxito de este tipo de contrato es la
mejor manifestación del compromiso empresarial de contribución al cambio
de modelo productivo y a la formación profesional del segmento peor
cualificado de nuestra mano de obra. Y en tercer lugar, porque también
debe ser la manifestación del compromiso de todos con una generación de
jóvenes que sin haber contribuido en absoluto al principal problema que
les ha llevado al desempleo, que es la influencia, la expansión de la
burbuja inmobiliaria y de la propia crisis financiera, están padeciendo
más que nadie sus consecuencias. Por eso, les pido desde esta tribuna que
pongan sobre la mesa cuantas propuestas tengan que apoyar para el empleo
de los jóvenes, pero que además respalden las oportunidades laborales y
de formación que sin duda ofrece este contrato.
Señorías, el segundo bloque de medidas contenidas en el decreto-ley
persigue el mantenimiento de la protección social de las personas
desempleadas. Como saben, una de las señas de identidad de la política
desplegada por el Gobierno desde el inicio de la crisis ha sido el
refuerzo de la protección por desempleo. Frente a lo que ocurrió en otras
crisis anteriores, no solo se ha mantenido durante esta crisis la acción
protectora ordinaria, sino que además, gracias a un esfuerzo
extraordinario, se ha extendido el nivel de protección a través de dos
tipos de medidas que en distinto grado también se reafirman en este real
decreto-ley. En agosto de 2009 el Gobierno creó una prestación
extraordinaria para dar cobertura a aquellas personas que agotaban su
prestación por desempleo, esto que hemos llamado el Prodi. Esta
prestación fue prorrogada en dos ocasiones y finalmente fue sustituida a
comienzos del presente año por un nuevo instrumento conocido como el Plan
Prepara, que contiene un programa de recualificación profesional basado
en itinerarios personalizados y otras acciones de política activa de
empleo; junto a ello se mantiene la ayuda aproximada de 400 euros
mensuales para los participantes en este programa. La duración prevista
vuelve a ser, como en otras ocasiones, de seis meses; la anterior se
cumplió el 16 de agosto y se prorrogaría a partir de esa fecha. Hay que
decir que en este tiempo más de 150.000 beneficiaros se han acogido a él.
De ellos, prácticamente el 20 por ciento ha causado baja antes de haber
consumido su derecho por haber encontrado un nuevo puesto de trabajo.
Desde luego, el Gobierno valora positivamente este resultado y plantea la
extensión, la prórroga de este programa durante otros seis meses más.
Vivimos una crisis intensa, sí, pero también es una crisis con una
duración que ya está siendo importante y nos adentramos hacia terrenos
desconocidos, no recorridos con anterioridad por la política económica,
social y laboral española, por eso es importante mantener siempre la
vista puesta en la evolución de nuestro sistema de protección por
desempleo, de nuestra cobertura al desempleo.
La otra vía de mejora de la atención ante situaciones de desempleo está
dirigida a los trabajadores autónomos. En su día creamos un nuevo sistema
de protección para estos trabajadores, la protección por cese de
actividad. Es un mecanismo protector que no existía hasta la fecha y
que en breve, como consecuencia de su propia regulación, empezará a dar
lugar al pago de las primeras prestaciones en la historia española a los
autónomos que cesan en su actividad. Pues bien, el decreto-ley que hoy se
somete a la convalidación de esta Cámara incorpora una modificación
pequeña, sí, pero muy significativa, dado que se elimina también el mes
de espera que estaba previsto en la ley para poder acceder a la
prestación desde que el autónomo acaba con su actividad, cesa por razones
económicas o de otro tipo en su actividad profesional.
Señorías, como tercer bloque temático están en este caso un conjunto de
medidas destinadas a favorecer el fomento de la estabilidad en el empleo.
Uno de los principales objetivos de la Ley 35/2010, para la reforma
laboral, del pasado año, fue el de estimular la celebración de los
contratos de fomento de la contratación indefinida, muy en particular
cuando eran el resultado de una conversión de un contrato previamente
celebrado con carácter temporal. Ha tenido muy buenos resultados hasta
diciembre de 2010, pero desde entonces se ha ido produciendo una
ralentización de las conversiones, lo que sin duda se debe al vencimiento
de alguno de los plazos, precisamente el plazo previsto en la ley, para
ese proceso de renovación. Lo que hace el decreto-ley que ahora
planteamos para su convalidación es que de ahora en adelante se considere
también oportuno fijar nuevas referencias temporales. Se prevé que los
contratos temporales celebrados antes del 28 de agosto puedan
transformarse en contratos indefinidos hasta el final de este año 2011 y
que los contratos temporales suscritos después de diciembre de 2011
puedan también convertirse en indefinidos de fomento de la contratación
indefinida con anterioridad al próximo año, es decir, al 31 de diciembre
del año 2012.
La segunda medida trata de combatir también la inestabilidad favoreciendo
la contratación indefinida y haciendo que el Fondo de garantía salarial
-un fondo, como saben todos ustedes, financiado exclusivamente con las
cotizaciones empresariales- pueda asumir el pago de hasta ocho días de
indemnización por despido, pero no por cualquier clase de despido, sino
solo y exclusivamente por los despidos procedentes, por los despidos
objetivos. Esta es también una modificación importante conceptualmente
hablando de lo establecido en la reforma laboral del año 2010. El Fogasa
seguirá financiando despidos, pero solo lo hará cuando el despido sea
objetivo, procedente; al fin y al cabo cuando tenga una causa acreditable
ante nuestra jurisdicción. Ante todo, hay que señalar que se trata de una
respuesta coherente, en mi opinión, y coherente con la decisión también
de posponer hasta el año 2013 la creación del Fondo individual de
capitalización, esto que habitualmente llamamos el modelo austriaco.
Hasta el año 2013 será posible por consiguiente que el Fondo de garantía
salarial mantenga la financiación con cargo a la cotización de los
empresarios de esa parte del coste del despido.
En tercer lugar, y en paralelo con las dos medidas anteriores, el
decreto-ley suspende por dos años, como medida excepcional ante los
efectos de la crisis, la regla que limita el encadenamiento de contratos
temporales y su conversión automática en contratos indefinidos. Pese a lo
que se ha dicho, ello no significa en ningún caso que se renuncie a la
búsqueda de la estabilidad en el empleo. Este ha sido siempre un
principio rector de la política económica y social del Gobierno durante
la legislatura cuando ha habido tiempos de bonanza y también cuando la
crisis ha golpeado nuestra economía y nuestro mercado de trabajo. Soy
consciente, señorías, de la dificultad en muchas ocasiones de explicar
razonablemente esta medida, pero a veces las disposiciones diseñadas en
un contexto determinado producen efectos muy distintos, incluso efectos
contrarios a los deseados cuando actúan en contextos económicos
diferentes, y por eso es sensato modular su aplicación en este momento.
Por ejemplo, hemos detectado que la regla produce mayor rotación en un
contexto de crisis continuada, en un contexto de pérdida de confianza,
porque el empresario, antes que renovar el contrato temporal, si esa
renovación implica el cumplimiento de la condición futura de conversión
automática a indefinido del contrato, lo que hace es no renovar el
contrato temporal. Esta es una práctica que la tenemos bien aquilatada y
es perfectamente legal, por eso se produce una exclusiva modificación
transitoria de la regla. La regla tiene plena vigencia en nuestro
ordenamiento, pero se suspende su aplicación durante dos años. Hemos
considerado, pues, la necesidad de suspender, no de eliminar. Por ello,
señorías, no puedo sino alegrarme al escuchar algunas críticas a esta
medida, en este caso por el principal partido de la oposición. Una de
nuestras dos fuerzas políticas gobernará el país la próxima legislatura,
nosotros mantendremos por encima de todo el compromiso de derogarla en
cuanto mejore la situación del empleo y, si es posible, sin esperar a los
próximos dos años.
Señorías, antes de concluir permítanme que subraye que la naturaleza y la
finalidad de las medidas expuestas constituyen, a juicio del Gobierno, el
presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad para la
aprobación de un decreto-ley como el que exige el artículo 86 de nuestra
Constitución. Señorías, esta es una de las últimas iniciativas que
impulsa el Gobierno en esta legislatura, una legislatura marcada por la
crisis económica mundial más grave de los últimos ochenta años. Este
decreto-ley da respuestas puntuales a algunos de los problemas más
acuciantes que afectan a nuestro mercado de trabajo: el desempleo
juvenil, la falta de formación de muchos de nuestros jóvenes o el
agotamiento de la prestación por desempleo. Pero más allá de esto, desde
una perspectiva más amplia, este decreto-ley culmina un proceso de
reformas estructurales, reformas dirigidas a apuntalar un marco normativo
laboral que, una vez superada la crisis, debe servir para dejar atrás
definitivamente un modelo de mercado de trabajo marcado por una muy
fuerte inestabilidad y alta rotación laboral.
Señorías, esta es una iniciativa que culmina un año de reformas en el
mercado de trabajo, un año intenso durante el que esta Cámara ha abordado
la reforma
laboral en septiembre del año pasado, la regulación de las agencias
privadas de colocación y de intermediación laboral, la reforma de las
políticas activas de empleo, el plan de choque para el empleo a tiempo
parcial de jóvenes y parados de larga duración, la reforma del reglamento
de los expedientes de regulación de empleo, la reforma de la Seguridad
Social, de nuestro sistema de pensiones, la reforma del régimen especial
agrario de la Seguridad Social, la reforma del régimen de los empleados y
empleadas de hogar, la reforma de la negociación colectiva y las reformas
en el contrato de formación y otras medidas de estímulo que ahora, hoy,
convalidamos. Algunos han calificado este conjunto de reformas de
insuficientes. Durante un año hemos abordado los cambios más intensos en
nuestro mercado de trabajo en el último cuarto de siglo; no sé si serán
suficientes, el tiempo y el ciclo económico lo dirán. Un país no debe
cambiar todos los años su legislación laboral, pero lo que sí sabemos -y
ese ha sido nuestro objetivo- es que se han concebido desde el
equilibrio. Sin equilibrio, el mercado de trabajo deja de ser una
institución social y pasa a convertirse en una jungla. Eso es, señorías,
lo que hemos querido evitar. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
Señorías, ningún grupo ha mostrado su disposición a utilizar el turno en
contra a la convalidación de este real decreto. Por tanto, pasaremos a la
fijación de posiciones... (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.)
¿Perdón? Dígame, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Sí, quiero utilizar el turno en contra.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No lo había usted
solicitado, lo solicita ahora. Perfecto, pues tiene usted la palabra para
utilizar el turno en contra a la convalidación del real decreto en
discusión. ¿Va a utilizar el turno usted solo o lo van a compartir? (El
señor Olabarría Muñoz pide la palabra.) ¿Usted también quiere utilizar un
turno en contra? (Asentimiento.) Por favor, díganme todos los grupos que
quieren utilizar el turno en contra (Pausa.) Me advierten los servicios
de la Cámara que solo puede ser un grupo, por tanto tendría que ser el
Grupo Vasco del PNV el que utilizara el turno en contra y su señoría,
señor Llamazares, debería utilizar el de fijación de posición.
Señor Olabarría, cuando quiera.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, le agradezco sus explicaciones
desde una perspectiva puramente especulativa, intelectual. Señor
ministro, pacta sunt servanda, reza el aforismo romano. Los pactos están
construidos o hechos para ser cumplidos, que es una práctica o un
aforismo que está muy alejado de la praxis política actual
desafortunadamente, y ustedes están incumpliendo un pacto suscrito con
nosotros con la colaboración del Partido Popular. Yo no sé quién ha
tomado la iniciativa, si es usted el que se ha dirigido al Partido
Popular para suavizar una falsa abstención, una abstención ficticia -es
un sí encubierto, que posibilita la aprobación de la norma-, o es el
Partido Popular el que se ha dirigido a usted para que no cumpla un pacto
que nosotros ubicamos en otra ley o en otra reforma estructural más
relevante que esta, porque esta va a servir para bien poco, señor
ministro, por las razones que humildemente le voy a explicar.
Es un pacto que hace referencia a la estructura de la negociación
colectiva laboral y a los elementos de concurrencia y de unidades de
negociación que ya estaban bien descritos en la reforma del año 1994 y
que perfeccionamos a través de dos enmiendas que obran en mi poder y que
están firmadas por el portavoz de mi grupo, el señor Erkoreka, y por el
portavoz de su grupo parlamentario, el señor Alonso. Yo sé que ha creado
reticencias, renuencias, reservas mentales -probablemente en usted,
seguro que en el Partido Popular- lo que nosotros establecimos en materia
de concurrencia de convenios colectivos, la prevalencia de los convenios
autonómicos, en definitiva, sobre los convenios de ámbito estatal y a su
vez la prevalencia de los convenios de ámbito de empresa sobre todos
estos. Esta sí es una reforma estructural que puede servir para acometer
los dolorosos requerimientos de la crisis económica desde la perspectiva
del sector laboral, del ordenamiento jurídico, y ustedes han incumplido
este pacto protocolizado con nosotros. Yo sé que los medios de
comunicación están retorciendo esta argumentación que estoy realizando.
Están hablando de que han pactado ustedes y el Grupo Popular una especie
de medida para de alguna forma rehacer o resistir la presión de los
nacionalistas, sic, entrecomillas -no sé a quiénes se refieren con los
nacionalistas. Sí, sé a quiénes se refieren, se refieren a nosotros-,
pero no la presión de los nacionalistas, no una presión abstracta o
deletérea. No estamos pidiendo la independencia de Euskadi ni nada
parecido, estamos pidiendo el cumplimiento de pactos formalmente
suscritos y protocolizados, firmados, como le digo, por el portavoz de su
grupo parlamentario y por nuestro propio portavoz. Esta era la última
percha, la última posibilidad de ubicar este pacto, puesto que ya nos han
comentado que la ley que regula la estructura de la negociación colectiva
no se va a poder tramitar en esta legislatura. Habría procedimientos,
podríamos utilizar ese procedimiento perentorio y rápido que es el de la
reforma constitucional, pero ustedes han optado por la tramitación
ordinaria de las leyes y no recurrir a los procedimientos
extraordinarios, rápidos que existen -reformas constitucionales o reales
decretos-leyes, otros reales decretos-leyes- y han incumplido el pacto,
lo cual legitima nuestra posición negativa y rotunda a la aprobación de
esta norma.
Además de que ustedes han acometido esta operación, que éticamente
nosotros les reprochamos y también al Partido Popular -porque es fruto de
la colaboración
entre ambos, una colaboración expresa, específica y explicitada-, tengo
que decirle que tampoco la norma, el contenido material de la norma,
merece particular entusiasmo. ¿La norma qué hace? Poco, señor ministro,
lo poco que ustedes saben hacer, y lo que hacen lo hacen mal además. No
solo esta norma no va a provocar los beneficiosos efectos que usted desde
una perspectiva apologética en su defensa, digna de mejor causa, ha
expuesto, sino que va a producir los efectos contrarios a los
pretendidos. En primer lugar, va a precarizar absolutamente la
contratación de los jóvenes. En materia de empleo los jóvenes constituyen
nuestro mayor problema en términos estadísticos cualitativa y
cuantitativamente hablando; 1.600.000 jóvenes no pueden ingresar en el
mercado laboral, de ninguna manera. El 47,5 por ciento de los jóvenes de
menos de 25 años tienen absolutamente cerrada cualquier posibilidad de
ingresar en el mercado laboral. Señor ministro, estamos perdiendo una
generación entera -usted se refiere a las personas carentes de
cualificación académica- de la cual solo el 15 o el 20 por ciento, según
de qué comunidades autónomas estemos hablando, es fruto del fracaso
escolar o del acceso precipitado y prematuro a un empleo en el ámbito de
la construcción antes de acabar sus estudios y culminar su formación.
Estamos hablando del 85 por ciento de los jóvenes que tienen la mejor
cualificación profesional de la historia del Estado español, porque usted
les está ofertando no ya contratos temporales para el acceso al empleo,
sino una subespecie de los contratos temporales, que son los contratos
formativos. Desde los 20 hasta los 30 años contratos formativos. Nuestros
jóvenes no van a tener más opción de ingresar en el mercado de trabajo
que a través de una formación que va a encubrir mediante un fraude de
naturaleza colectiva que usted debería evitar con mecanismos mucho más
beligerantes que los que utilizó para responderme a la pregunta que le
hice en la sesión de control. Debería evitar utilizarlos porque si un
joven formándose desde los 20 hasta los 30 años, cobrando el salario
mínimo interprofesional, va a estar realizando tareas ordinarias de la
actividad de la empresa que le contrata hasta un porcentaje del 75 por
ciento del tiempo de duración de la jornada, ningún empresario, señor
ministro -y esto usted lo sabe igual que yo-, va a optar por una fórmula
contractual diferente a estos contratos formativos. Luego, entronizamos
en relación con los jóvenes la precariedad, pero la subespecie de
precariedad peor de las que prevé el ordenamiento jurídico, esto añadido
a la posibilidad del encadenamiento de los contratos, mediante la
anulación o suspensión -que utiliza usted, como si esto fuera posible
jurídicamente- de los requerimientos del artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores contradiciendo prolija y uniforme jurisprudencia de la Sala
cuarta del Tribunal Supremo. Señor ministro, ¿no sé da cuenta usted de
que la primera sentencia del Tribunal Supremo en relación con esta
suspensión posibilitando el encadenamiento del artículo 15 del Estatuto
de los Trabajadores va a anular esta previsión normativa manifiestamente
antijurídica, contraria no solo al contenido material del artículo 15 del
Estatuto de los Trabajadores? Es que ustedes no están contrariando ya el
contenido material del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores,
ustedes están contrariando y pulverizando ya definitivamente los
principios ontológicos en los que se fundamenta el Estatuto de los
Trabajadores en materia de contratación. Deroguen el Estatuto de los
Trabajadores definitivamente, olvídense de él si es un obstáculo para la
competitividad o para los requerimientos de los mercados, deróguenlo
entero, porque lo van haciendo parcialmente. Hay un principio consagrado
por los artículo 7, 15.1 y 15. 2 del Estatuto de los Trabajadores
consistente en que se presume que los contratos de trabajo se celebrarán
por tiempo indefinido, con la excepción de los contratos temporales, que
deben poseer naturaleza excepcional y deben estar sujetos a un esquema de
rígida causalización. Ya se ha perdido la causalización y se ha perdido
la excepcionalidad. Ahora solo se conciertan contratos temporales y,
además, sin causa alguna. ¿Por qué? Porque las reformas laborales
sucesivas estimulan o incentivan la contratación temporal. Pero si usted
lo ha dicho públicamente. Usted ya ha abdicado, ha tirado la toalla en
cuanto a la contratación estable que se invocó en la reforma del año
2010. Ha dicho que prefiere un trabajador temporal a un trabajador
desempleado. Acabe el silogismo. Usted tiene que decir que prefiere un
trabajador estable a un trabajador temporal y ambos a un trabajador
desempleado, pero su obligación es mantener la estabilidad, porque
todavía está, hasta que deroguen, que de facto lo han hecho ya del todo,
el Estatuto de los Trabajadores, por los principios filosóficos
inspiradores y por el contenido material de la norma del Estatuto de los
Trabajadores. Ya el carácter tuitivo del derecho del trabajo, compensador
de la falta de sinalagma a la hora de concertar un contrato entre el
trabajador y el empresario se ha olvidado por ustedes. Me da pena,
particularmente por usted, porque usted es un hombre progresista, de
convicciones progresistas, o lo era; pero ya se empieza a ver en el
cumplimiento de esta norma y de estos requerimientos la patita del
candidato, del señor Rubalcaba, de cuyo núcleo de poder también forma
parte usted, y que consiste en la recentralización del Estado, en la
uniformización del Estado, en acabar, en materia de concurrencia de
convenios y marcos autónomos de relaciones laborales, con cualquier
esperanza o esbozo de que esto, a través del flujo normal y espontáneo de
la negociación colectiva, se pueda producir, y la precarización como
instrumento de generar un empleo que usted sabe que por este
procedimiento de ninguna manera se va a generar.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, ha
terminado su tiempo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Esto es subempleo, pero ni siquiera el subempleo
se va a generar, porque para eso hace falta crecimiento de la actividad
económica, y para que se produzca este crecimiento de la actividad
económica tienen que concertar con los interlocutores sociales y tienen
que aprobar la ley de estructura de la negociación colectiva. ¿Por qué no
han sido capaces de aprobar esta norma? Esto es lo que nos tendría que
haber explicado, señor ministro.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo
Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor ministro, su intervención y el título mismo
del decreto resulta un tanto orwelliano en el sentido de propaganda o en
el sentido de parodia, porque, permítame que le diga, ¿cómo se puede
venir a presentar un real decreto que precariza, que institucionaliza la
precarización del empleo, diciendo que es un real decreto, que es una
norma que pretende el empleo estable? ¿Cómo se puede decir eso sin
sonrojarse un poquito? ¿Cómo se puede plantear en la misma intervención
que el objetivo de esta norma que nos trae el Gobierno es la creación de
más puestos de trabajo y el fomento de la creación de nuevos puestos de
trabajo cuando se destinan recursos públicos del Fogasa precisamente para
subvencionar los despidos? Es una contradicción tan tremenda, tan
enorme...Usted no nos ha podido convencer, señor ministro, porque quiero
creer que ni siquiera está usted convencido; quiero creerlo, pero tampoco
tengo por qué creer eso. Es orwelliano realmente. No está convencido
porque si fuera una medida tan extraordinariamente positiva para la
generación de empleo y para la estabilidad del empleo, no nos habría
usted anunciado que la suspenderían dentro de un año. Si es tan buena,
por qué la van a suspender dentro de un año, sería una norma permanente,
porque las reformas en materia laboral para dar estabilidad tienen que
tener un viso de permanencia, porque si no, estaremos siempre, también en
esta materia, en la precariedad, en la inestabilidad y en la
incertidumbre, que es malísima. Señor ministro, realmente este es un
episodio más de la historia de un fracaso, del fracaso en materia de
reforma laboral; de la historia de su fracaso, del fracaso de su
Gobierno. Créame si le digo que me encantaría lo contrario, yo no tengo
interés en que ustedes fracasen, porque su fracaso es el nuestro, el de
todos nosotros.
Como usted nos ha brindado la oportunidad de hacerle alguna propuesta,
aunque estemos en un fin de ciclo, como todos sabemos, voy a utilizar el
poco tiempo que todavía me queda para plantearle un par de propuestas,
siquiera para la reflexión. La reforma del mercado de trabajo, la reforma
laboral que ustedes plantearon hace un año y que siguen contrarreformando
ha fracasado porque ha sido incapaz de resolver el principal problema que
tiene la contratación en España, que es la brecha, la dualidad entre
contrato temporal y contrato fijo. Nosotros planteamos ya en su día, y
seguimos planteándolo en esta ocasión, la necesidad de ir a un modelo que
haga del contrato indefinido el único contrato, con una indemnización
progresiva que va creciendo en función de la antigüedad del trabajador en
su relación con la empresa. Contrato indefinido único, los temporales
solo para suplir bajas temporales. Ese es el modelo, y a él tenemos que
ir si de verdad nos importa no solamente la estabilidad del empleo, sino
además añadir valor a la empresa. Es estabilidad para los trabajadores y
valor añadido para las empresas, porque de eso se trata, de esa ecuación,
que es buena para los trabajadores, buena para las empresas y buena por
tanto para la competitividad del país, para el crecimiento y para el
desarrollo de España.
En segundo lugar, alternativamente a esa subvención de 400 euros que
ustedes renuevan cada seis meses nosotros les hemos planteado un modelo
distinto, una renta activa de inserción con un programa permanente, que
elimine la limitación de los 45 años para poder acceder a ella, que sea
un programa permanente, que tenga una duración de once meses y que además
sea una renta activa de inserción estatal, nacional que se complemente
con las rentas mínimas que las comunidades autónomas ya han puesto en
marcha...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... y que debieran a nuestro juicio también tener
un grado de relación entre ellas mismas para no establecer una
desigualdad, como en este momento se está produciendo en el conjunto de
España. Por todo esto, señor ministro, siento anunciar que nuestro voto
será negativo, porque es lo que a nuestro juicio se merece este real
decreto.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.
Señor Ríos.
El señor RÍOS RULL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, la convalidación de este decreto-ley sobre
empleo constituye uno de los últimos parches introducidos en esta
legislatura al amplio cuerpo normativo de carácter sociolaboral existente
en España. La tozudez depresiva de las estadísticas de empleo ha llevado
al Gobierno a la enésima reforma de la regulación de la contratación
laboral, desandando pasos que dio en esta misma legislatura para reducir
los contratos temporales. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Se
acentúa así esa sensación de provisionalidad en la que viven los
socialistas, con un Gobierno que amplía ahora la duración del periodo
máximo de trabajo temporal después de reducirlo, al tiempo que contradice
de alguna manera a su candidato cuando proclama en sus documentos
programáticos que los socialistas plantean un modelo de penalizaciones a
las empresas que abusen del contrato temporal. Desde Moncloa y desde
Ferraz están lanzando mensajes contradictorios a la sociedad, en el
primer caso, con el claro objetivo de que los vencimientos de los
contratos temporales en los últimos cuatro meses del año no deterioren
aún más el triste récord español en paro en Europa y, en el segundo, con
el propósito de hacer ver al mundo del trabajo que la regulación de la
temporalidad se volverá a cambiar en cuanto se pueda. Ahora tratan de
acercarse a los planteamientos más liberales del Partido Popular, pero
con una cierta vergüenza, con la timidez que no tuvieron cuando asumieron
su propuesta de llevar la congelación del déficit público a la
Constitución, con mayor celeridad, urgencia y reflexión que los empleados
en decretos-leyes como este. Instalados en el sálvese quien pueda,
aparcan sus viejos principios para agarrarse a los clavos ardientes que
les permiten alegrar un poco las estadísticas del fin de legislatura,
pero que chamuscan la credibilidad de su partido y de su candidato.
Señorías, señor ministro, avanza en todos los campos la convicción de que
la retribución del trabajo se ha de realizar en el futuro más vinculada a
la productividad y a los beneficios que a la inflación, como ha sido
tradicional. Las difíciles expectativas de España en los mercados
internacionales no tienen su origen tanto en el tamaño de nuestra deuda
como en las altas tasas de paro, que dañan más que ningún otro elemento
la confianza de los inversores sobre la capacidad de las empresas y las
familias para devolver el dinero prestado. Sin embargo, el Gobierno ha
estado atacando la crisis con medidas más de corte financiero que
dirigidas a la economía real. Es cierto que eran las que la Agencia
Internacional imponía, al tiempo que limitaba las medidas tendentes a la
recuperación del empleo al acotar las medidas de estímulo. Los nuevos
contratos de formación vienen a ser un paso adelante, pero llegan en un
momento en que las empresas están más preocupadas por asegurarse en la
estrecha demanda de los mercados que por acometer proyectos de expansión
productiva. Llegamos tarde y con poca convicción a atacar el drama del
paro juvenil, que es el problema crucial dentro del problema central, el
desempleo. Por eso mismo Coalición Canaria no puede aplaudir uno de los
últimos vaivenes de este Gobierno y por eso nos abstendremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Señora Fernández Davila, tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, un año después de aprobarse la reforma laboral caben
algunas preguntas que a nosotros nos gustaría que el Gobierno contestara
porque los datos que nosotros tenemos son contundentes. Una de ellas es
si la reforma laboral aprobada ha servido para crear empleo -según
nuestros datos no-; si ha servido para reducir la contratación temporal
-tampoco ha servido para eso-; o si ha servido para incrementar la
contratación indefinida -tampoco-. En cambio, sí ha servido para abaratar
el despido y, por lo tanto, incrementar el paro. A los datos me remito,
señorías. En los datos a 31 de julio de 2010 y 31 de julio de 2011 hay
una diferencia de parados de 171.000 parados más. Las órdenes de pago por
indemnizaciones el Fogasa las ha multiplicado por tres en relación con
enero del año 2011, duplicado en relación con julio del año 2010. Por lo
tanto, señorías, la reforma laboral que el Partido Socialista, el
Gobierno socialista, nos vendió como necesaria para mejorar el empleo y
las condiciones laborales ha servido absolutamente para todo lo
contrario.
Hoy nos presentan un nuevo real decreto, al que evidentemente el Bloque
Nacionalista Galego va a votar en contra, primero, porque estamos en
contra de que la legislación laboral se resuelva vía decreto y, segundo,
porque estamos en contra de lo que en ella se manifiesta. El señor
Olabarría ya explicó lo que significa la pérdida de derechos que genera
este real decreto en relación con los contratos encadenados o la
ampliación de los años del contrato por formación. Señorías, si tenemos
un problema de cualificación de nuestros jóvenes no es derivado de la
falta de formación sino, en todo caso, de la falta de estabilidad en el
empleo que impide conseguir la experiencia suficiente, que en definitiva
es aquella que mejor cualifica una profesión. Por lo tanto, señorías,
vamos a votar en contra de este real decreto, pero no queremos finalizar
en el poco tiempo que tenemos sin hacer una reflexión, que nos gustaría
que el Grupo Socialista, el Gobierno socialista y el ministro de Trabajo
tuvieran en cuenta. Cuando el Partido Socialista alcanzó el Gobierno en
el año 2004 llegó aquí diciendo que quería una reforma laboral que
superara la reforma laboral de la precariedad del Partido Popular.
Efectivamente, conseguimos cosas en la reforma del año 2007 como la que
se suspende ahora por dos años en relación con la encadenación de los
contratos laborales. ¿Qué tenemos hoy, como decía el ministro, cuando
culminábamos en este último año las grandes reformas en política laboral
del Partido de José Luis Rodríguez Zapatero, del partido del Gobierno
socialista? Señorías, estamos al mismo nivel que lo dejó el Partido
Popular, o peor. El Gobierno del Partido Socialista en esta última
legislatura, en el año de esta última legislatura, hizo las reformas
laborales que consiguieron dejar los derechos de los trabajadores y
trabajadoras al mismo nivel de precariedad que los dejó el Partido
Popular. Es curioso, el Partido Popular hoy le va a dar el apoyo a este
Gobierno socialista para que se pueda aprobar este real decreto, pero
encima con una acusación de que el Gobierno socialista legisla en la
precariedad para los trabajadores. Es curioso que el Grupo Socialista y
este Gobierno socialista no reconozcan cuando menos un mínimo de
vergüenza en relación con la falta de compromiso que tienen con los
trabajadores y trabajadoras de este país.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila, debe acabar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: La crisis no se resuelve con estos problemas
de reformas laborales, la crisis en todo caso se resuelve dando a los
trabajadores y trabajadoras el suficiente poder adquisitivo que les
permita consumir. Nada más porque no tengo más tiempo.
Señor presidente, muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy amable. Muchas gracias.
Señor Llamazares, tiene la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, terminamos la legislatura con un
nuevo golpe. Si antes fue el golpe bipartidista a la Constitución
española para sacralizar la política de ajuste y con ello la depresión
económica y la recesión, ahora es el golpe al Estatuto de los
Trabajadores sin la participación, sin la concertación con los
representantes de los trabajadores. Es un golpe además al Estatuto de los
Trabajadores que supone el contrato becario indefinido -parece una
contradicción pero es así- y también el contrato temporero permanente, de
lo que algo también hay en el decreto. En definitiva, es la muestra del
fracaso y la impotencia del Gobierno en materia laboral. En anteriores
reformas laborales se pretendía por parte del Gobierno que abaratar y
facilitar el despido era la forma de frenar la sangría del desempleo. Al
contrario, la medida del Gobierno que ha supuesto el despido por razones
objetivas se ha incrementado en un 50 por ciento y se ha convertido en un
arma de destrucción masiva de empleo en nuestro país. Por otra parte, el
Gobierno también hacía referencia a la dualización de los contratos en
España, unos contratos fijos y unos contratos temporales. Pues hoy opta
claramente por homologar los contratos: todos temporales, señorías. Todo
el modelo de contratación temporal y precario. En definitiva,
abaratamiento del despido y contrato precario supone, ni más ni menos,
que peor situación para los trabajadores, pérdida de poder político y
adquisitivo para los trabajadores y mejora de las rentas empresariales.
Como digo, todo esto sin el manido pacto de rentas. Todo esto, como
decimos en Asturias, ahí va, que te preste; todo esto por imposición a
los sindicatos, por imposición a la concertación social. Señorías, en
horas 24 hemos pasado de las musas al teatro, de la musa socialdemócrata
que hablaba del impuesto del patrimonio -no sé si es meso patrimonio o
macro patrimonio, lo veremos, pero era la musa socialdemócrata- al teatro
neoliberal del golpe contra la Constitución, al margen de la ciudadanía,
por parte del Partido Socialista y Partido Popular, y ahora el golpe
también contra el Estatuto de los Trabajadores, contra la concertación
social por parte de los dos partidos mayoritarios, del Partido Socialista
y del Partido Popular. Ese es el resumen de un decreto que tiene otros
contenidos, pero mucho menores. El ministro de Trabajo ha hablado de los
400 euros. Nada que se parezca a lo que pactamos en esta Cámara, señor
ministro, ni desde el punto de vista cuantitativo ni desde el punto de
vista de los ciudadanos acogidos; prácticamente la mitad de la mitad,
señor ministro. Con lo cual, con un mayor nivel de desempleo, con una
mayor pérdida de prestaciones, lo que ustedes ponen en marcha es tan solo
un pequeño bálsamo para lo que en nuestra opinión es muy negativo: la
precarización del empleo y la pérdida de prestaciones al desempleo. En
definitiva, señorías, y termino, decía Plutarco que los dioses ciegan a
quienes quieren perder. En este caso les han cegado con toda seguridad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, fue ayer en esta misma Cámara, no sé si estuvo
usted durante la sesión de control, que parafraseando a Keynes, la
vicepresidenta económica del Gobierno admitía que el Ejecutivo cambiaba
de opinión cuando, según ella, cambiaban los hechos. Toda una declaración
de principios aunque sea no como un frontispicio sino casi como epitafio
de la presente legislatura, porque ahora resulta que el pobre Keynes, a
quien este Gobierno ha abandonado durante cuatro años en las bibliotecas,
se ha convertido en una coartada improvisada para hacer no un cambio
keynesiano sino en este caso un cambio gatopardiano, es decir cambiar
alguna cosilla para que todo siga exactamente igual o peor, porque lo que
está haciendo el Gobierno es volver a las recetas más bien vetustas de la
temporalidad como único y desesperado recurso, como última ratio que
tiene este Gobierno para intentar estimular nuestro comatoso mercado de
trabajo. Cómo tienen que estar las cosas, señor ministro, a pesar de lo
que usted ha dicho, para que admitiera hace unos días que prefiere un
empleo precario que un parado, para que incluso se convalide un
decreto-ley que instaura nuevamente la barra libre de la contratación
temporal, aunque sea de forma parcial. Exactamente es la antítesis de lo
que en 2010 ustedes nos quisieron vender con una reforma laboral que
intentaba hacer compatible tanto la estabilidad laboral como la
flexibilidad empresarial. O sea, el Gobierno está poco a poco desandando
todo aquello que lentamente había ido andando en la anterior y en la
pasada legislatura en el combate y en la lucha contra la lacra de la
precariedad que es en definitiva, como todos sabemos, el auténtico
agujero negro por donde se cuela la imparable destrucción de empleo, o
peor todavía. Qué paradójico, por no decir qué ironía del destino, que lo
que hoy nos plantea el Gobierno y concretamente este ministro de Trabajo,
que a la sazón era secretario general de Empleo, es cargarse o fulminar
el acuerdo de 2006 entre Gobierno y agentes sociales y económicos para
prohibir precisamente el encadenamiento de los contratos. Esto, por
cierto, tuvo, como todo el mundo sabe y el ministro mucho mejor, el
beneficio y sirvió para reducir de forma
ostensible la tasa de precariedad de 10 puntos, bajó del 35 al 25 por
ciento, evidentemente todavía lejos, casi 20 puntos, de la media europea,
pero fue una buena medida. Ahora el Gobierno nos propone no volver a
aquella receta sino ir a las recetas del año 84, del felipismo, cuando en
un contexto -es verdad- con un paro galopante, como el que estamos
teniendo en este momento, se hizo lo mismo, y a fe que a corto plazo
aquella medida tuvo cierto o relativo éxito -es verdad- pero a la larga,
señor ministro, no me negará que es lo que ha contribuido a sedimentar, a
convertir la precariedad en un mal endémico, que es el que nos
estigmatiza y el que se ha ido enquistando. Por tanto, aquellos polvos,
que a corto plazo fueron positivos, nos han traído estos lodos, que es lo
que usted se ha visto incapaz y este Gobierno impotente para solucionar,
porque lo que es innegable es que de los 2 millones de puestos de trabajo
que hemos destruido en la presente crisis casi 1,5 millones eran
contratos temporales.
Lo que se está haciendo, señor ministro, contrariamente a lo que usted
planteaba, es invitar abiertamente de nuevo a los empresarios para que
aprovechen la crisis, sobre todo la incertidumbre económica que crea,
para que opten por la vía fácil, es decir el recurso a la temporalidad y
también -cómo no- para legalizar de facto el fraude de ley existente en
este momento. Este Gobierno no solo torpedea el diálogo social sino que
favorece la temporalidad, el empleo de mala calidad, con menos derechos y
empeorando las relaciones laborales. Evidentemente así no se coadyuva, no
se contribuye para nada ni a la reactivación económica ni a la creación
estable de empleo y de calidad, sino más bien al empecinamiento, a la
insistencia en una receta para salir de la crisis que, como se ha dicho
en alguna otra ocasión, hace recaer todo el sacrificio en los
trabajadores, toda las cargas en los trabajadores. Este es un modelo que
nosotros para nada podemos compartir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, terminaba usted su intervención en un cierto tono de
balance de la acción política y legislativa del Gobierno en materia de
empleo, pero en ese balance lo que usted no ha podido demostrar es que
ese conjunto amplísimo de medidas que el Gobierno ha promovido en esta
legislatura haya sido útil para los objetivos que se pretendían. Si no
recuerdo mal, han sido nueve reales decretos los que desde el inicio de
la legislatura hemos convalidado en esta Cámara, y las cifras del mes de
agosto que se hacían públicas nos hablaban de 136.000 afiliados menos y
de un incremento del desempleo de 50.000 personas, por encima de la media
de los últimos años. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres,
ocupa la Presidencia.) Incluso podríamos haber hecho balance del impacto
del programa para hacer emerger empleo sumergido, pero no conocemos
ningún resultado de ese programa. Sabemos que hoy la economía sumergida
representa más del 20 por ciento del PIB, con pérdidas fiscales de más de
90.000 millones de euros. Incluso hoy el Gobierno no podría hacer balance
de cuál ha sido la incorporación en nuestra legislación de las agencias
privadas de colocación, porque no tengo la información que me permita
afirmar que hoy esté legalizada ninguna de esas agencias.
Yo no niego la vocación del Gobierno, y singularmente de este ministro, de
hacer frente al principal problema que tenemos, pero si el debate de esta
mañana fuese sobre su política mi grupo no podría apoyar en ningún caso
la convalidación de este real decreto, no tan solo porque hayan sido
insuficientes las medidas que el Gobierno ha promovido, sino sobre todo
porque no han sido útiles ante el objetivo que se habían marcado. Además,
hemos leído en los medios de comunicación -vamos a ver si el debate
aclara esas informaciones- que ustedes han alcanzado un acuerdo con el
Grupo Popular para que este hoy facilite la convalidación de este real
decreto. Parece ser que lo han hecho para no cumplir con los acuerdos
alcanzados con el Grupo Nacionalista Vasco y Convergència i Unió en
materia de reforma de la negociación colectiva. En aquella intensa y
compleja mañana en la que esta Cámara finalmente convalidó ese real
decreto, en las negociaciones que el Grupo Vasco y el Grupo Catalán
mantuvimos con su Gobierno, figuraban una serie de compromisos que
deberían haberse tramitado como proyecto de ley con origen en ese real
decreto, entre ellos uno con una importancia política considerable, cual
era el retorno de la regulación del papel del convenio sectorial
autonómico a lo previsto en la legislación del año 1994. Parece ser
-sería bueno que el Grupo Popular y el Grupo Socialista nos lo aclarasen-
que hoy el apoyo por la vía de la abstención del Grupo Popular a este
real decreto tiene como objetivo impedir que esos acuerdos se cumplan.
En términos de respeto a lo pactado, lógicamente Convergéncia i Unió debe
mostrar su absoluto rechazo. Se vuelve a poner en evidencia que cuando
populares y socialistas se ponen de acuerdo en temas de interés general
acostumbra a ser para limitar la libertad de las comunidades autónomas o
la capacidad del autogobierno. De nuevo -creo que lo decía el señor
Olabarría con mucho acierto- dibujan ese escenario de una próxima
legislatura en la que la previsible mayoría absoluta del Partido Popular
imponga su modelo recentralizador del Estado y la debilidad ideológica
del Partido Socialista lo acompañe en ese proceso. Hoy este es el
escenario que se empieza a configurar. Ese incumplimiento también de
aquel pacto en materia de negociación colectiva entre el Grupo Socialista
y Convergència i Unió debería llevarnos a rechazar la convalidación de
este real decreto, y también en términos de algunas de las cuestiones que
incorpora su contenido. El señor Ridao en su
última intervención lo ha descrito de manera muy diáfana. La filosofía que
el Gobierno ha impulsado desde el año 2006 ha fracasado. Esa aspiración
de combatir la temporalidad excesiva y la precariedad con las medidas que
se incorporan en este real decreto queda absolutamente congelada.
Volvemos al modelo clásico español de hacer frente en materia de empleo a
las crisis de empleo, que es la utilización masiva de la contratación
temporal. Yo podría estar de acuerdo con la afirmación de que mejor un
trabajador con un contrato temporal que un trabajador sin ningún empleo.
Podría estar de acuerdo con usted, señor ministro, y más en este
contexto, pero sabemos que, si queremos de verdad tener un mercado de
trabajo más justo para los trabajadores, no tan solo más flexible para
las empresas, esa temporalidad excesiva hace imposible la mejora de la
empleabilidad, del nivel de formación, de la generación de oportunidades,
para nuestros trabajadores. En un modelo en el que tan solo alrededor del
veinte y pico por ciento de los trabajadores ocupados realizan
actividades de formación mantener el modelo basado en la temporalidad
condena a los trabajadores españoles a que cuando pierdan sus empleos,
cuando pretendan mejorar sus expectativas de empleo, no estén en
condiciones de dar respuesta a los requerimientos de un mercado, de una
economía, que deseamos que sea más abierta, más competitiva.
Todo ello, señorías, exigiría que hoy rechazásemos este real decreto, que
votásemos que no; pero nos vamos a abstener. Lo vamos a hacer porque el
real decreto incorpora una medida que Convergència i Unió considera
imprescindible, cual es la prórroga del programa Prepara. En un contexto
en el que este otoño la tasa de cobertura de la prestación por desempleo
va a caer en picado y se nos va a plantear un grave problema de cohesión
social...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Campuzano, por
favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: ... no queremos que nuestra posición
negativa implique un cuestionamiento del mantenimiento de la cobertura de
protección social. Por ello, señorías, Convergència i Unió va a
abstenerse en la convalidación del real decreto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Campuzano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Me toca fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre la
convalidación de este real decreto. Señor ministro, en primer lugar, me
sorprende que en el propio título del real decreto aparezca una frase,
que es el fomento de la estabilidad en el empleo. Yo quiero decirle, en
primer lugar, que este decreto no se corresponde con esa frase concreta,
con el fomento de la estabilidad en el empleo. A todos los decretos
convertidos después en proyectos de ley que se han presentado y visto en
esta Cámara durante esta última legislatura, nosotros hemos presentado
enmiendas muy importantes, a cada uno de ellos; nosotros hemos intentado
por todos los medios negociar y conseguir que las reformas que se han ido
produciendo -como bien decía el señor Campuzano: nueve decretos-leyes más
la reforma de las pensiones- tuviesen un sentido profundo de estabilidad
en el empleo, que es nuestro modelo de relaciones laborales. La excepción
es la temporalidad, lo estable es lo que debe fomentarse profundamente,
lógicamente con una reforma de la formación profesional, que ni usted ni
sus antecesores jamás han traído a esta Cámara. No se puede compaginar
estabilidad en el empleo si no va unida a una movilidad interna, es
decir, a una auténtica reforma de la negociación colectiva y a una
reforma profunda de la formación profesional. Son ejes fundamentales para
conseguir la estabilidad en el empleo. Usted me habla del modelo alemán
de contrato de aprendizaje. Este no es el modelo alemán de contrato de
aprendizaje; ni se aproxima, señor ministro, ni se aproxima. Hace falta
hacer las cosas con menos improvisación; hace falta hacer una reforma
mucho más consensuada con los sindicatos, con la patronal; hace falta y
es necesario un modelo como fue el Estatuto de los Trabajadores. Es
cierto que hay que reformar determinadas formas, pero esta reforma que de
nuevo me trae usted aquí es la reforma sobre la reforma y lo que me
extraña es que algún portavoz, como el señor Campuzano, haga un análisis
radicalmente negativo del mercado laboral durante estos cuatro años
cuando ha contado con su apoyo, cuando las únicas enmiendas que ha
transaccionado el Grupo Socialista y el Gobierno han sido con
Convergència i Unió. Nosotros presentamos a la reforma del mercado
laboral 71 enmiendas y ni una, señor ministro, le era válida al Grupo
Socialista porque tenían ustedes el magnífico apoyo de Convergència i
Unió y del Partido Nacionalista Vasco. Entonces todo era bueno. Cuando
las reformas que desde nuestro punto de vista han sido profundamente
negativas ya que no han influido en la creación de empleo, han destruido
empleo estable y han creado inseguridad en el mercado laboral, y la
confianza y la seguridad son ejes fundamentales de la política económica
y del mercado de trabajo, esos dos grupos parlamentarios han estado
apoyando sistemáticamente lo que ustedes estaban planteando. ¿A cambio de
qué? Ellos sabrán. Desde luego a cambio del beneficio de los ciudadanos,
no, señor ministro; no, señor Campuzano y señor Olabarría. (Aplausos.)
Este decreto que ustedes traen hoy aquí tiene algunas cosas que siento
decirle que son buenas, entre otras muchas cosas porque eran enmiendas
que hemos presentado nosotros ¿verdad, señor Membrado? El contrato de
formación es para personas sin formación previa. Señor Olabarría, usted
sabe mucho de esto, y el contrato
en prácticas es para los que tienen una formación previa; el contrato en
formación es para quienes no la tienen. En este país hay 600.000 jóvenes
entre 25 y 30 años que están en el paro y que no tienen formación
ninguna. ¿Por qué los tenemos que dejar fuera? ¿Por qué? Nosotros
planteamos algo que hoy se recoge en este real decreto y que entonces era
presentado como la derecha siempre quitando derechos a los trabajadores.
Todo lo contrario. Está aquí y estamos de acuerdo. Asimismo estamos de
acuerdo en que se restituya la medida de los 400 euros porque han sido
ustedes incapaces de crear un solo puesto de trabajo. ¡Si es que han
destruido dos millones y medio en esta legislatura! ¿Cómo se puede
mantener esta situación? Esto sí que son recortes sociales, señor
ministro, el incremento cada vez mayor del desempleo. ¿Sabe usted donde
está -usted lo sabrá mejor o igual que yo- la cobertura del desempleo en
este momento? En el 71,1. En los contributivos en el 50,5, señor
ministro. La única política social que recortó el Partido Popular fue la
prestación por desempleo porque había menos parados, y ustedes cada vez
la aumentan más porque cada vez han tenido más parados. Este real decreto
contiene esas dos medidas y otras más, algunas profundamente negativas y
que nosotros no apoyamos. Usted ha hecho una manifestación en su
intervención muy solemne, eso sí. Ha dicho: nosotros, si gobernamos,
quitaremos el encadenamiento el 1 de enero de 2013. Pues nosotros no
esperaremos al 1 de enero de 2013 porque cuando ganemos las elecciones
volveremos a un modelo de estabilidad en el empleo, que es el que
mantenemos y el que consideramos que es necesario en este país, y no el
que ustedes plantean aquí.
Señor Campuzano y señor Olabarría, hay una cuestión que a mí sinceramente
me sorprende, y llevo en esta casa desde 1986 y he visto de todo. Con el
señor Olabarría, en la Comisión de Trabajo, hemos hecho muchas cosas
juntos cuando el Partido Socialista tenía mayoría absoluta y cuando no la
tenía también, y no entiendo -perdóneme que lo califique así- su cabreo
cuando ustedes dos han contribuido como han contribuido a esta
improvisación permanente del Partido Socialista y del Gobierno del
Partido Socialista en materia laboral. Ustedes han apoyado los 67 años
parar cobrar una pensión, pero estoy convencida de que si hubieran traído
alguna medida en este real decreto ahora dirían que era malísima. Ustedes
han apoyado los contratos de formación y todo el tipo de medidas que
solamente se reforman aquí respecto a las leyes de enero de 2011 y de
septiembre de 2010. Sí, señor Campuzano, tenga usted memoria. Lo que pasa
es que su frase es: como saco más... Pues no, señor Campuzano, para
nosotros no se trata de sacar más; se trata de cumplir una obligación. Y
le quiero decir una cosa, hemos estado y estaremos siempre en contra de
cualquier medida que signifique la ruptura del mercado único. No nos
gustan las desigualdades; no nos gustan las comparaciones en contra de la
igualdad de todos los españoles ante la ley y en el mercado laboral, más.
No estoy dispuesta a que Cataluña tenga mejores condiciones que
Andalucía, bajo ningún concepto. Y desde luego estoy en contra de que los
convenios colectivos negociados en las comunidades autónomas estén por
encima de un convenio sectorial, estatal o de un convenio nacional. ¿Por
qué? Porque el mercado es único, es el Estado español. Después ustedes
podrán mejorar más, pero ustedes no pueden imponer medidas, no por
convencimiento sino por un trato entre dos grupos parlamentarios que
suena a algo que se dice en mi tierra pero que no lo quiero decir porque
es bastante ofensivo. Nosotros lo hemos hecho por principios, por
convencimiento, y le voy a decir una cosa, pensábamos abstenernos y vamos
a abstenernos; no apoyamos este conjunto de medidas. Algunas sí, otras
no, pero lo que está claro es que cuando gobernemos pondremos realmente
en marcha un proyecto que sea nuevo para este país y que demuestre que
este país necesita un contrato estable y un contrato temporal. Por
cierto, señor ministro, fue su compañero Almunia, gobernando el señor
González, el que introdujo el contrato temporal para el fomento del
empleo, que le quiero recordar que el señor Aznar eliminó y que ustedes
volvieron a recuperar. Nosotros siempre estaremos a favor de la
contratación fija en contra de la temporal, y les puedo garantizar aquí y
ahora que lo haremos cuando gobernemos porque son nuestros principios y
nuestra forma de entender el mercado laboral. Hoy tomamos la decisión que
hemos tomado por un principio fundamental: la unidad de mercado, que no
estamos dispuestos a romper.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Villalobos.
Señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señora presidenta, señorías, vamos a aprobar a lo
largo de la mañana el Real Decreto-ley 10/2011, que habla
fundamentalmente de los temas de formación de los jóvenes, de algunos
temas del empleo y del desarrollo del Prepara.
Yo, si no conociese a la señora Villalobos, pensaría que en esta tribuna
estaban hablando algunos compañeros míos de la extrema izquierda del año
1975, y si tampoco conociese las enmiendas que presentó a la reforma del
mercado de trabajo también pensaría que aquellas eran agua bendita
respecto del mercado de trabajo, cuando no eran precisamente eso. No es
un mérito que ustedes presentasen 71 enmiendas; es un demérito que no se
las aprobasen los distintos grupos que votamos en contra. Señorías, por
favor, no vuelvan a decir que presentaron 71 enmiendas; en todo caso
digan que no lograron que se aprobase ninguna de las que presentaron. Esa
es una de las cuestiones, y otra, que estamos en precampaña electoral,
como se ha visto claramente aquí. Los que me han precedido en la tribuna
han hecho el discurso en función de lo que querían oír sus propios o
posibles electores, no lo que dice el real decreto. Este es un real
decreto que tiene como objetivo
fundamental hacer frente a un problema que tiene este país, que es el
elevado nivel de desempleo entre los jóvenes. Señorías, en estos momentos
tenemos casi el 46 por ciento de desempleo entre los jóvenes menores de
25 años; tenemos 900.000 jóvenes en el paro. Muchos de ellos son fruto
del abandono escolar; muchos de ellos son fruto de lo que en un momento
determinado fue el castillo de naipes de la construcción, y fue
fundamentalmente en el arco mediterráneo y en las grandes ciudades a
donde decenas y decenas de miles de jóvenes se fueron a ganar dinero
fácil. Esa gente está en estos momentos sin empleo y está también sin
formación; una situación canalla que hemos generado entre todos, ellos
también, pero este Gobierno no puede en estos momentos prescindir de la
obligación de darle una solución. ¿Por dónde? Por la vía de la formación,
que es el único vehículo que tenemos para entrar en el mercado de
trabajo. Decimos: hasta los 25 años hacemos una reforma que tiene como
objetivo central el empleo y la formación; 25 por ciento del tiempo a
formación y 75 por ciento al empleo. Los empresarios nos piden el 10 por
ciento a formación y el 90 por ciento al empleo. Vamos a ser claros, eso
es lo que nos piden los empresarios, una pizquita de formación y un trozo
grande de empleo en las empresas. No, nosotros buscamos un elemento de
equilibrio; los llevamos a los centros de formación, les garantizamos
derechos, evitamos que se supla un contrato de estas características con
el contrato anterior, les garantizamos tutorías en la empresa y obligamos
a que la actividad de la empresa tenga que ver con la formación que
realizan. Y ahora el señor Olabarría me dice que eso es precariedad. ¿Y
lo que ustedes hacen en el País Vasco, qué es? Hacen lo mismo,
exactamente lo mismo. Por cierto, un sistema ejemplar, magnífico, que les
funciona muy bien, pero no me diga que lo que hacemos nosotros es
precario y lo que hacen ustedes es una maravilla, porque entonces están
devaluando lo que han construido, que les ha costado mucho, mucho dinero
y que, por cierto, lo han hecho muy bien. Por tanto, don Emilio, haga el
favor, que en estas cuestiones no se pueden tirar piedras sobre el propio
tejado.
¿Es un sistema de formación de jóvenes? Sí. ¿Tiene elementos positivos?
Sí. ¿Cómo lo sacaremos adelante? Con la concurrencia de los empresarios,
de los trabajadores, del conjunto de la sociedad, los enseñantes, los
profesionales y los sindicatos. Denostando de partida el modelo será otro
efecto fallido, gobiernen o no gobiernen. Hay que hacer algo en estos
momentos con este sector, no podemos mantener estancada a una población
potente, porque nuestro sistema de formación es un mal sistema de
formación ya que tiene un suelo muy bajo, con escasa cualificación, y un
techo muy alto, con una alta cualificación, y la panza del medio,
señorías, no tiene cualificación intermedia, que es lo que se necesita en
las empresas. Esto fomenta fundamentalmente la cualificación intermedia;
no lo denostemos entre todos.
Por otro lado, señorías, estamos haciendo en estos momentos una
modificación de las ayudas del Fogasa, sí. ¿Significa eso que estamos
desregulando? No. Significa que hemos vuelto al planteamiento legítimo, y
es que solamente aquellos despidos procedentes tienen que consumir en
estos momentos recursos del Fogasa. ¿Eso es malo? Yo creo que es
modificar una posición que teníamos anteriormente, que usted, señora
Villalobos, se la patrimonializa porque presentó una enmienda en ese
sentido y que yo, si usted quiere patrimonializársela, se la doy.
Segunda cuestión. ¿Si se amplían los plazos para la conversión de los
contratos temporales en indefinidos hasta el 31 de diciembre de 2011 o
finales de 2012 se amplía la precariedad? Es decir, queremos convertir
temporales en indefinidos siendo ayudados y bonificados hasta el 31 de
diciembre de 2012 ¿y eso es fomentar la precariedad? Yo creo que va en
sentido contrario. Efectivamente, en estos momentos hemos suspendido la
regla del encadenamiento de los contratos, y hay que asumirlo porque el
Grupo Socialista avaló la reforma de 2006 y avaló la reforma de 2010,
donde precisamente pusimos el encadenamiento de los contratos. No me
digan que fueron ustedes los pioneros de la contratación estable. No me
gustaría recordar aquí la Ley 54/2002 del despido exprés, no me gustaría
recordarla porque es una malísima ley que ha sido enormemente perjudicial
para el mercado de trabajo, porque ha puesto a miles de trabajadores con
indemnización en el mercado de trabajo sin necesidad de pasar por
magistratura. No me gustaría recordar eso. Nosotros hemos suprimido
durante dos años el encadenamiento de los contratos. ¿Saben por qué,
señorías? Porque estaba perjudicando en estos momentos a la contratación.
¿Por qué perjudica a la contratación? Porque las empresas, cuando tienen
más de dos años a los trabajadores y los tienen que hacer fijos, los
mandan a la calle en estos momentos que no hay seguridad de contratación;
los mandan a la calle y prescinden de experiencias y de las vivencias
personales. Nosotros queremos que los mantengan en el puesto de trabajo,
aunque sea temporal, y lo sentimos mucho. Y en las administraciones
locales y autonómicas los contrato-programa de muchos contratos que
existen en estos momentos se están resolviendo por la vía de expedientes
o de despidos. Eso está ocurriendo. Vayan al ayuntamiento de Avilés y
pregunten lo que ha pasado, vayan a Vigo y pregunten lo que pasa, vayan a
los ayuntamientos que ustedes están gobernando y verán el problema que
tienen con los programas que tienen en estos momentos que hacerlos fijos,
porque desde el punto de vista de contracción de gasto no lo pueden hacer
y desde el punto de vista de acceso a la Función pública, tampoco. Por
tanto, señorías, creo que son elementos a tener en cuenta, y no me vayan
a decir ustedes que en estos momentos el problema del Prepara es un
problema menor.
Tenemos en estos momentos el 72 por ciento de cobertura de desempleo, pero
al margen de la cobertura de desempleo tenemos más de un millón de
trabajadores y de trabajadoras que desde el día 1 de enero de 2009 hasta
febrero de 2012 van a estar protegidos por los 400
euros, sea en el Prodi o sea en el Prepara. Vamos a tener más de 1.000
millones de euros invertidos en ese tipo de prestaciones. Este Gobierno
no deja a los parados en la calle, este Gobierno intenta darles la
protección que con el esfuerzo presupuestario que podemos hacer lo
estamos haciendo y con la solidaridad de todos los españoles lo estamos
limitando.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Membrado, por favor.
El señor MEMBRADO GINER: Señorías, es una propuesta que, desde nuestro
punto de vista, es señera de la identidad política y social desplegada
por el Gobierno desde el inicio de la crisis. Es una muestra del
reforzamiento de la protección social a los desempleados. Esa es nuestra
seña de identidad y, digan lo que digan, señorías, los datos cantan y los
hechos también. Por eso les pido el apoyo y por eso les planteo trabajar
conjuntamente por el desarrollo de este proyecto de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Membrado, por favor.
El señor MEMBRADO GINER: No hagamos de nuevo de la crítica la batalla
fundamental. Sumemos lo que nos une, porque los desempleados y los
jóvenes esperan una respuesta de los políticos y de la política, y
seguramente el encrespamiento no es la mejor respuesta que se necesita en
estos momentos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Membrado.
- REAL DECRETO-LEY 11/2011, DE 26 DE AGOSTO, POR EL QUE SE CREA LA
COMISIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA AEROPORTUARIA, SE REGULA SU COMPOSICIÓN
Y FUNCIONES, Y SE MODIFICA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL LABORAL DE
AENA. (Número de expediente 130/000048.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a
la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2011, de 26 de
agosto, por el que se crea la comisión de regulación económica
aeroportuaria, se regula su composición y funciones y se modifica el
régimen jurídico del personal laboral de AENA. Para presentar el real
decreto tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO Y MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Blanco
López): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Gobierno trae hoy a esta Cámara para su debate y aprobación
el Real Decreto-ley 11/2011, aprobado, como saben, por el Consejo de
Ministros del pasado 26 de agosto. Es un paso más en el proyecto
reformista que estamos desarrollando en nuestro sector aéreo. El objetivo
de este real decreto es la creación de la comisión de regulación
económica aeroportuaria, regulando su composición y sus funciones, y
modificar el régimen jurídico del personal laboral de AENA.
En relación con el primero de los temas, la regulación contenida en este
real decreto es un paso más del nuevo régimen jurídico establecido para
potenciar la solidez de nuestro sistema de transporte aéreo. Aporta a las
compañías aéreas la certidumbre de que la supervisión de las tarifas
aeroportuarias se va a realizar de forma independiente, además de
garantizar que las decisiones de los gestores aeroportuarios sobre las
tarifas responden de forma eficiente a las necesidades de las aerolíneas.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la competitividad y calidad de
los servicios aeroportuarios y las garantías de objetividad y
transparencia tarifaria que forman parte del nuevo marco regulador, este
paso adelante en el desarrollo del nuevo modelo es sencillamente capital.
Facilitará que las compañías aéreas puedan seguir apostando por el
mercado español y, por ende, por nuestros aeropuertos. Además, aporta
certidumbre a la gestión de Aena Aeropuertos S.A., y tiene especial
relevancia de cara a la futura entrada del capital privado en la
sociedad, así como para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la
red de aeropuertos de interés general y titularidad estatal.
Desde esta perspectiva, las medidas adoptadas por el real decreto-ley
permiten a los inversores que van a entrar en las sociedades
concesionarias conocer con precisión quién y bajo qué principios
resolverá los posibles desacuerdos tarifarios entre los gestores y
compañías; por otro lado, constituye un elemento imprescindible para que
los inversores puedan optimizar sus decisiones empresariales, hecho que
va a generar certidumbre acerca de una de las principales fuentes de
ingresos de los aeropuertos, que son las tarifas aeroportuarias.
El real decreto que ahora les presento se ajusta al marco jurídico
establecido por la Ley 1/2011 que modificó la Ley de Seguridad Aérea,
incorporando al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2009/12, sobre
las tarifas aeroportuarias. Dicha ley establece a la autoridad estatal de
supervisión como organismo de control y supervisión de las propuestas de
modificación de las tarifas aeroportuarias, así como el organismo
encargado de proponer la elevación a la ley de esa modificación al
tratarse de prestaciones patrimoniales de carácter público que solo
pueden regularse por ley. En consonancia con ello, el real decreto-ley
atribuye las funciones encomendadas a la autoridad de supervisión
independiente a un organismo regulador, la comisión de regulación
económica aeroportuaria. Esta comisión queda sometida al control
parlamentario previsto en la Ley de Economía Sostenible, dispone además
de las garantías de independencia atribuidas por dicha ley y completa la
regulación de la Ley de Seguridad Aérea, estableciendo los principios
que debe aplicar la comisión en el ejercicio de sus funciones y el alcance
de sus resoluciones. Por otra parte, limita los márgenes de
discrecionalidad del organismo regulador, asegurando la previsibilidad de
sus actuaciones como elementos esenciales de seguridad jurídica. Para que
esto sea así, es preciso asegurar que la comisión de regulación económica
aeroportuaria inicie el ejercicio de sus funciones en el momento en que
se produzca la entrada de capital privado en las sociedades
concesionarias. A partir de ese momento, dichas sociedades podrán definir
su política tarifaria y, en consecuencia, estarán obligadas a realizar
las consultas pertinentes con las compañías aéreas, de acuerdo con lo
establecido por la Ley 1/2011. Por ello, el real decreto-ley prevé que la
comisión inicie el ejercicio de sus actividades antes de finalizar el año
2011.
También el real decreto que hoy votamos modifica el régimen jurídico del
personal laboral de la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, AENA. Lo hace estableciendo que dicho régimen será el
previsto para el personal de Aena Aeropuertos S.A. Las razones para esa
modificación, señorías, son las siguientes. El personal laboral de la
entidad pública empresarial, salvo el personal controlador de tránsito
aéreo, está sometido al quinto convenio colectivo de AENA. Conforme al
real decreto-ley, Aena Aeropuertos S.A. se ha subrogado en los contratos
suscritos por la entidad pública empresarial en relación con el personal
que desempeña funciones aeroportuarias, en total 8.700 trabajadores. Este
personal de Aena Aeropuertos seguirá rigiéndose por los convenios
colectivos vigentes. El resto de la plantilla de los sometidos al quinto
convenio colectivo, en torno a 2.200 trabajadores, queda adscrito a la
entidad pública empresarial AENA.
Tras la negociación mantenida con las organizaciones sindicales
representativas del colectivo de trabajadores de AENA y haber alcanzado
un acuerdo con ellos, se pactó que el quinto convenio colectivo de AENA
se convertirá en el primer convenio colectivo del grupo para AENA, Aena
Aeropuertos S.A. y sus filiales. Por tanto, señorías, teniendo en cuenta
que el modelo actual de gestión aeroportuaria pretende una mayor
autonomía organizativa y también una mayor autonomía de gestión de los
recursos y con el fin de no dificultar dicha gestión y que no exista
tratamiento diferenciado para el personal sujeto a un mismo convenio por
el hecho de pertenecer a distintas entidades de un mismo grupo con marcos
jurídicos diferentes, se ha considerado lógico, en función de esta razón,
que el personal de la entidad pública empresarial AENA disponga del mismo
régimen jurídico que el de la sociedad mercantil estatal Aena Aeropuertos
S.A.
Señorías, el real decreto que hoy vamos a convalidar es una pieza más en
el desarrollo efectivo y sostenible del nuevo modelo de gestión
aeroportuaria del que tanto hemos hablado, que está avanzando según el
ritmo que habíamos previsto y del que tendré oportunidad de hablar en la
comisión dentro de un rato, cuando concluya este Pleno. Supone un paso
adelante para poner en valor el potencial de nuestros aeropuertos y es un
elemento clave para reforzar la seguridad jurídica, la eficiencia
económica de nuestros aeropuertos y el funcionamiento del nuevo modelo de
gestión aeroportuaria en su conjunto, que avanza de forma sustancial y
decidida en la autonomía de gestión, de acuerdo con las pretensiones
muchas veces formuladas en esta Cámara y que ahora lo hace con un paso
firme e irreversible.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
ministro.
Señorías, el Grupo Popular ha solicitado utilizar el turno en contra de la
convalidación de este real decreto y para ello tiene la palabra el señor
Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señores diputados, señor ministro, estamos hoy, en la despedida de la
legislatura, ante el mejor botón de muestra de lo que ha sido la
actuación del Gobierno, no solo en los últimos años, pero
fundamentalmente en los tres últimos. Un uso abusivo y arbitrario de los
mecanismos legales, que con este real decreto que pretenden convalidar
llega a sus más reprobables prácticas. El señor ministro de Fomento en la
mañana de hoy ha sobreactuado, dándole una categoría y una trascendencia
a la creación de esta comisión que sin duda no tiene. El Gobierno hace
uso del mecanismo del real decreto para crear una comisión de regulación
económica aeroportuaria y también para modificar el régimen del personal
laboral de AENA, pero esto último no es más que un remiendo para intentar
maquillar un mayor contenido que el real decreto-ley no tiene. Ni una ni
otra cuestión tienen cabida en el mecanismo elegido. Como digo, estamos
ante un uso abusivo e injustificado. El artículo 86 de la Constitución es
claro para el uso de los reales decretos-leyes: tienen que tener
extraordinaria y urgente necesidad. El Tribunal Constitucional en varias
sentencias ha establecido que es un requisito fundamental que exista
extraordinaria y urgente necesidad y que no sean posibles los cauces
ordinarios para solucionar una situación que requiere una rápida
respuesta. Cuatro condiciones hay que cumplir para acudir a un
decreto-ley. Primero, que la urgencia sea verdadera y necesaria, que sea
una necesidad difícilmente predecible y que sea congruente, es decir, que
haya una respuesta adecuada al hecho que lo motivó. Pero también el
Tribual Constitucional ha dicho que cabe rechazar un decreto-ley en los
supuestos de uso abusivo y arbitrario porque esta autorización solo es
lícita cuando hay circunstancias difíciles o imposibles de prever. Y esto
aquí no se da.
El real decreto-ley crea la comisión de regulación económica aeroportuaria
como la autoridad estatal de supervisión que se estableció en la Ley
1/2001, como acaba de señalar el ministro. Dicha ley -tengo que recordar
que ya hicieron un uso abusivo de los mecanismos
parlamentarios introduciendo en el Senado todo un título, el VI, referido
precisamente a los ingresos de los gestores aeroportuarios y regulando
esto-, en su artículo 96 -que hoy no se ha dicho-, dice: Toda propuesta
de modificación o actualización de las tarifas aeroportuarias deberá ser
supervisada por la autoridad estatal de supervisión que designe el
ministro de Fomento. Y la disposición transitoria segunda dice: Hasta que
se produzca la designación de la autoridad estatal de supervisión, las
funciones atribuidas a dicha autoridad serán ejercidas por la Dirección
General de Aviación Civil, que contará con el soporte de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea. En el plazo de un año -continúa la
disposición transitoria-, desde la entrada en vigor de esta norma, se
llevará a cabo la designación de la autoridad estatal, previo desarrollo
reglamentario de su organización y funcionamiento. Esta es la norma que
existe. El ministro de Fomento es el que tiene que designar a la
autoridad estatal de supervisión a que obliga la directiva por una ley
aprobada hace seis meses, previo reglamento, que no se ha hecho. Pero el
señor Rodríguez Zapatero ha adelantado las elecciones y al Gobierno se le
ocurre que no, que esta regulación no es. Vamos a crear un nuevo órgano,
como la CNMV, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Comisión Nacional de la
Competencia, la Comisión Nacional de la Energía o la de las
Telecomunicaciones y vamos a colocar a tres señores, con un sueldo seguro
y un puesto inamovible para los próximos seis años. Pero todo esto
tenemos que hacerlo antes de las elecciones. ¿Y cómo lo hacemos si no hay
tiempo? Con un real decreto-ley y listo. Por tanto, no hay ni urgencia
verdadera ni necesaria, y el real decreto es incongruente con la propia
norma vigente, que solo hace seis meses se ha aprobado porque no hace
falta ley, solo un decreto del ministro de Fomento. Eso sí, no se pueden
nombrar tres miembros inamovibles por seis años.
Para que no haya dudas de que no es necesario crear la comisión y que no
es verdad lo que hemos oído esta mañana, hay que leer la propia
directiva. Fíjense qué elocuencia. Artículo 11: Los Estados miembros
nombrarán o establecerán una autoridad independiente como autoridad de
supervisión nacional independiente para garantizar la correcta aplicación
de lo dispuesto en la presente directiva. Esta autoridad podrá ser la
entidad a la que el Estado miembro haya confiado la tarea de aplicar
medidas reglamentarias adicionales. Punto 3: los Estados miembros
garantizarán su independencia velando por que sea jurídicamente distinta
y funcionalmente independiente de cualquier entidad gestora del
aeropuerto. Es decir, lo único que dice la directiva es que la autoridad
estatal de supervisión no puede ser AENA, pero sí perfectamente lo que se
había establecido en la Ley 1/2011. Y si todo esto no es suficiente para
que sepamos de qué estamos hablando, vamos a ver qué se ha hecho en
Europa con la trasposición de la directiva.
En Francia, donde todavía no la han traspuesto, tienen un plazo de
dieciocho meses y no tienen aún ni autoridad ni regulación. En Alemania
no han hecho la trasposición. En Reino Unido, el 21 de abril se inició un
proceso de consultas con una propuesta regulatoria que aún no ha sido
aprobada, pero en ese borrador se prevé que la autoridad de supervisión
será el equivalente a la Dirección General de Aviación Civil en España. Y
en Italia existe solo un borrador legislativo, el número 380 -lo pueden
comprobar-, que a fecha de hoy no está tramitado ni aprobado. En dicho
borrador la autoridad de supervisión será la Dirección de Tasas
Aeroportuarias, adscrita al ente nacional de Aviación Civil.
Díganme, señores diputados, si existe justificación de tipo alguno para
haber dictado este real decreto-ley. Sí, es abusivo y arbitrario, supone
un uso indebido y excesivo de la Constitución y además una actuación
injusta y parcial, es decir, lo que señala nuestro Tribunal
Constitucional para que pueda y deba derogarse. Señores del Gobierno,
señores ministros, esta norma no es necesaria para el proceso de
privatización de AENA, no es necesaria. En ese proceso alocado, desmedido
e injustificado, en el que solo se puede llevar el triste honor de
consumar el expolio de AENA, tampoco se necesita esta comisión, porque
esas misiones están previstas en la Ley 1/2011. Están creando un órgano
innecesario, caprichoso, que aumenta el costo y el peso de la
Administración del Estado, dando tres cargos por seis años, en definitiva
haciendo lo que el ministro de Fomento podía hacer dentro de la
Administración existente. Ustedes han estado utilizando la ley, el
Congreso y el Senado a su gusto y según su necesidad particular, eso sí,
en múltiples ocasiones con el impagable apoyo de algunos grupos
parlamentarios. Corrijo, impagable no: apoyo muy bien pagado vía
presupuestos y otras bagatelas. Vamos a ser responsables, señores
diputados, señores de los distintos grupos parlamentarios. Piénsense bien
si se pueden permitir el lujo de prestarse a este capricho que se permite
el Gobierno, por mucho que tengan promesas pendientes.
Se lo quiero advertir. Si los españoles nos dan la confianza el próximo 20
de noviembre, el Partido Popular derogará este real decreto-ley y anulará
la comisión de regulación económica aeroportuaria, porque no tiene
sentido ni justificación y aumenta caprichosamente el gasto. Después de
todo lo visto, tenemos el auténtico retrato de lo que el Gobierno
entiende por rigor, por respeto al ordenamiento, por conciencia de estar
actuando de acuerdo con las necesidades de España, por deseo de tener un
sistema aeroportuario y un modelo rentable y eficiente. Señor ministro,
señores ministros, un Gobierno en fase terminal como es el suyo no puede
tener actuaciones como esta, y menos que sean convalidadas en el
Congreso. Retiren este real decreto-ley y váyanse dignamente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Ayala.
Pasamos a continuación al turno de fijación de posiciones. En primer
lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, Coalición Canaria ha desplegado en esta
legislatura toda una estrategia de acciones para conseguir algo que está
siendo fundamental en la recuperación del empleo en Canarias, y me
refiero a una más intensiva rebaja de las tasas aéreas. Las tasas aéreas
son uno de los factores clave para entender el repunte turístico de
Canarias desde el pasado año y la cierta recuperación del empleo que se
está produciendo por ello en la comunidad con más paro de España. La sola
posibilidad de que se retire esa rebaja diferencial de las tasas
constituye una amenaza para remontar la crisis en Canarias, un camino en
el que tenemos más dificultades que la mayoría. Tanto desde el Gobierno
de Canarias como en el Congreso y en el Senado hemos impulsado constantes
iniciativas de todo tipo para que el Gobierno, el Ministerio de Fomento y
AENA entendieran en este ámbito económico un concepto fundamental, un
concepto que atraviesa los dos últimos siglos de la historia de Canarias
y que ha quedado grabado a fuego tanto en el Estatuto de Autonomía como
en la Ley de Régimen Económico y Fiscal, que para nosotros forman parte
del bloque constitucional de este país.
Ese concepto se resume en pocas palabras: o la insularidad y lejanía
combinadas se tienen en cuenta a la hora de regular la actividad
económica de nuestras islas o no hay actividad económica posible, y
entonces Canarias volvería a verse abocada a la emigración masiva que la
desangró durante décadas. Así de sencillo, pero así de importante. Por
eso, apoyaríamos sin duda este decreto si hubiera introducido la
especificidad canaria, una especificidad que está incrustada en tantas
regulaciones económicas de este país: fiscalidad indirecta, aguas,
energía, puertos, transporte de residentes y mercancías, agricultura,
etcétera, y que no aparece en el nuevo marco que se está construyendo
para los aeropuertos de este país. Si para España son importantes los
aeropuertos, para Canarias son la única puerta rápida de entrada y salida
en una comunidad que vive del turismo y que está fraccionada en ocho
partes, es decir, es una cuestión de ser o no ser, de seguir vinculados
al primer mundo o de ser relegados al sur del sur, al rincón de los
inaccesibles, al rincón de la depresión permanente, como le ocurre a la
mayoría de los vecinos de África. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Apoyaríamos este decreto si se hubiera abierto alguna puerta a la
diferencialidad del Archipiélago, en la medida en que contribuye a una
mayor eficiencia del sistema aeroportuario español, pero como ocurre
tantas veces, especialmente en Canarias, en la ultraperiferia, no cabe
analizar un sistema de transporte solo y exclusivamente desde el punto de
vista de la eficiencia del mismo, sin ponerlo en relación con el conjunto
de los sectores a los que da vida y sostiene. El sistema aeroportuario es
una piedra angular del futuro de las islas. Si se le constriñe a
parámetros de gestión continental, no solo no dará el servicio que
Canarias precisa, sino que será ineficiente en sí mismo porque no atraerá
a suficiente número de visitantes. Adelantamos desde ahora que en la
futura revisión del Régimen Económico y Fiscal habremos de introducir
determinaciones que no se han querido incorporar en este decreto, normas
que aseguren la diferencialidad de los costes de operación en Canarias,
como ya existen en otros sectores económicos.
Señorías, ojalá que en la próxima legislatura el nuevo Gobierno y los
grupos parlamentarios tengan la sensibilidad suficiente para que quede
definitivamente resuelto este tema pendiente en el marco normativo
correspondiente. Creemos que el coste de los aeropuertos canarios no
puede basarse fundamentalmente en elementos económico-financieros. Por
todo ello, Coalición Canaria se va a abstener en la convalidación de este
decreto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Doña Nuria Buenaventura tiene la palabra.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.
Señor ministro, señores ministros, señora ministra, señorías, desde
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no vamos a apoyar la
convalidación de este real decreto. En distintas ocasiones en esta
legislatura hemos tenido ocasión de discutir la propuesta de modelo de
gestión aeroportuaria que nos ha presentado el Gobierno y sobre el que
nosotros, nuestro grupo, siempre nos hemos posicionado en contra: en
contra del modelo de gestión y fundamentalmente en contra de la
privatización de AENA. Nosotros entendemos que las infraestructuras
aeroportuarias son un elemento clave para el desarrollo económico, la
creación de empleo directo e indirecto y también para la cohesión
territorial. La prestación del servicio aeroportuario con criterios
estrictamente mercantiles como es su propuesta entendemos que puede
conducir a que el coste implícito de las privatizaciones recaiga sobre la
calidad de los servicios y las condiciones laborales de los trabajadores,
generando la sustitución del monopolio público, como ha estado hasta
ahora, por un oligopolio privado. La rentabilidad del capital privado
puede pretenderse asegurar con menos inversiones. Además, reduciendo
estas inversiones, evidentemente empeorará la calidad y con toda
seguridad el servicio puede quedar recortado. Frente a la colaboración
público/privada desde un modelo de Estado descentralizado como el que
tenemos y defendemos, existe en nuestra opinión una alternativa que
consiste en la colaboración desde lo público. Esto no supone otra cosa
que una colaboración entre las distintas administraciones, la central y
la autonómica, en la gestión de un modelo aeroportuario que permita,
manteniendo unos estándares
mínimos de calidad y de seguridad homogéneos, acercar la toma de
decisiones a las instituciones más próximas a los ciudadanos. Este es
nuestro modelo y, frente a la privatización, este modelo que nosotros
defendemos garantiza la transparencia y la participación en la toma de
decisiones y la no dependencia de las estrategias del mercado a la hora
de prestar el servicio público, la garantía de seguridad, accesibilidad,
universalidad y la continuidad y estabilidad de la prestación del
servicio en todo el territorio del Estado español.
No entendemos las prisas que tiene el Gobierno en las adjudicaciones y no
compartimos tampoco la propuesta que nos hacen de comisión de regulación
económica aeroportuaria, que la consideramos insuficiente y muy poco
transparente. Por todo ello, como decía al principio, no apoyaremos la
convalidación de este real decreto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.
Don José Ramón Beloki tiene la palabra.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, lo ha recordado el señor Ayala: hoy es el penúltimo Pleno de
esta IX Legislatura, dicho con otras palabras, el día antes de que todos
nos vayamos, diputados y diputadas, y que después vuelvan los que
vuelvan. Y el Gobierno, este penúltimo día, nos trae un real decreto, es
decir, nos trae un sistema de regulación de estos que dicen: yo regulo lo
que regulo, tú lo convalidas, salvo que quieras dejar todo en el aire, y
aquí paz y luego, en este caso, elecciones. Señor ministro, frente a este
real decreto y lo que ello supone, quisiera decirle lo siguiente: hasta
aquí llega el Gobierno socialista en esa famosa propuesta
grandilocuentemente titulada nuevo modelo de gestión aeroportuaria. Hasta
aquí.
Permítame que le recuerde la historia. Hoy hace tres años y cincuenta días
que un Consejo de Ministros, en el que no estaba usted sentado, aprobó
las líneas básicas de eso que llamó nuevo modelo de gestión
aeroportuaria. Tres años y cincuenta días. Cuatro meses más tarde más o
menos de aquella fecha, en concreto el 16 de diciembre de 2008, la
ministra Magdalena Álvarez, que le precedió a usted en el ministerio,
comparecía y nos hacía una intervención que los compañeros de la Comisión
recordarán que duró cincuenta minutos -la cronometré-. De aquellos
cincuenta minutos, dedicó cinco, cronometrados, a hablar de eso que era
supuestamente el nuevo modelo de gestión aeroportuaria que iba a venir.
Se lo dije aquel día a la ministra. Le dije: me he enterado de lo mismo
que conocía antes de que usted viniera: de los cuatro principios básicos.
Desde aquella fecha pasaron dos años y entretanto cambió el titular del
Ministerio de Fomento y el actual ministro señor Blanco volvió a
comparecer, también a petición propia, para volver a informarnos del
famosamente llamado nuevo modelo de gestión aeroportuaria. ¿Qué nos
desveló en aquella ocasión el ministro? Los principios, aquellos que ya
empezaban a hacerse viejos y, por cierto, voy a decirlo de entrada para
que nadie se llame a equivocación, principios contra los que nosotros
nada tenemos, en principio, claro.
Ya en aquella intervención quizás usted recuerde, señor ministro, cuántas
preguntas le hice de cómo se iban a concretar en esta legislatura
aquellos principios, porque en política hay que hablar de lo que uno va a
hacer en el tiempo en que está en el sitio en el que está, más allá de
enunciar una serie de principios. No obtuve respuesta, señor ministro.
Las respuestas han venido posteriormente y han venido como han venido. Me
atrevo a decir que han venido a apretones, diversos apretones: un día
eran los controladores aéreos, otro era el conflicto de San Rafael, y a
cada apretón venía una iniciativa parlamentaria en los términos en que
han venido, y aquí se ha recordado ya cómo han venido: de extranjis, vía
Senado, en fin, en los términos que todos conocemos. El último apretón es
el de este final de legislatura.
Señor Ayala, me ha dado usted que pensar por los términos en los que ha
explicado en qué consiste este apretón de final de legislatura, me ha
dado usted que pensar, se lo digo sinceramente. Uno podría pensar que
esto era absolutamente necesario para que los pasos que se han dado, y
contra los que nosotros no tenemos objeción, tuvieran un grado de
estabilidad y de seguridad jurídica suficientes. El señor Ayala ha
argumentado que no era así. Espero al portavoz del Grupo Socialista, que
supongo que replicará al señor Ayala, para ver si efectivamente hay
razones o no hay razones para que este apretón de final de legislatura
haya venido como ha venido y cuando ha venido. De todas formas, señor
Ayala, usted me ha planteado dudas, pero usted tiene demasiadas pocas
dudas sobre bastantes cosas, como cuando habla de promesas pendientes.
¿De quién y para quién? ¿De quién y para quién respecto a esta comisión
que se crea ahora? Yo le aseguro que para mi grupo no. Ya veremos lo que
ocurre finalmente con esta comisión aeroportuaria y quiénes serán sus
miembros, ya lo iremos viendo. En todo caso usted también debiera dudar
de alguna de las explicaciones que con demasiada facilidad da para
situarse en una posición en la que al parecer todo está justificado.
De forma que hasta aquí ha llegado el nuevo modelo de gestión
aeroportuaria. Lo que les aseguro, señor ministro, señor Ayala, es que
aquí no va a descansar, porque hay quien puede pensar que no es que haya
llegado, sino que aquí yace el nuevo modelo de gestión aeroportuaria tan
enfáticamente anunciado. Yo no sé si va a yacer ni lo que va a pasar en
esa próxima legislatura que empezará dentro de unos meses. Lo que pueden
tener ustedes por seguro uno y otro es que aquí no va a yacer o descansar
en paz, en paz, no. Porque esta legislatura no ha sido solo ni
principalmente la legislatura de las cosas anunciadas y que han llegado
cuando han llegado y en los términos en que han llegado -véase el ejemplo
del nuevo modelo de gestión aeroportuaria-.
Esta legislatura es, antes que todo eso, aquello que ya no funciona,
aquello en que parecía como que funcionaban las cosas, no solo en el
sistema aeroportuario, en otros muchos sistemas relacionados con el
transporte y otros, por cierto -pero hoy estamos en el ámbito del
transporte-, que sencillamente ya no funcionan ni van a funcionar, y
desde luego con este real decreto no se resuelve eso que se ha
evidenciado en la IX Legislatura, de forma que sigue en el aire el viejo
modelo, con las adendas o las novedades parciales que sean. Es un modelo
simplemente insostenible. Eso lo sabemos todos, señor ministro.
Usted y yo, señor ministro, hemos hablado en repetidas ocasiones en la
Comisión de Fomento de que, guste o no, hay que darle la vuelta al
calcetín. Al sistema de transportes hay que darle la vuelta, como al
calcetín, y en eso estará usted, señor Ayala, quien ustedes designen o
quien corresponda, pero eso va a tener que ser así. Habrá que dar una
auténtica vuelta a este calcetín, que, por cierto, han construido entre
ustedes. Ahí sí que el grupo que yo represento no tiene las
responsabilidades que usted con facilidad atribuye porque en esta
legislatura, supuestamente, hemos hecho unos cuantos acuerdos
parlamentarios. El sistema de transportes, el portuario, el viario, el
aeroportuario, está como está no porque el Partido Nacionalista Vasco y
su grupo parlamentario hayan hecho las cosas que han hecho, sino porque
quienes han estado ahí han hecho del Ministerio de Fomento lo que han
hecho y han hecho del sistema de transportes un sistema simplemente
insostenible. Aquel que quiera hacer del sistema insostenible un nuevo
modelo sostenible, esté o no ese señor diputado aquí la próxima
legislatura, podrá contar, si quiere, con la lealtad y con el apoyo
seguro del Grupo Parlamentario Vasco.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Don Pere Macias tiene la palabra.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro, nuestro grupo va a dar apoyo
a la convalidación de este real decreto-ley y lo va a hacer porque supone
una pieza más de avance en la definición de un nuevo modelo
aeroportuario. Nuestro grupo creo que fue de los primeros que
-seguramente de forma conjunta con otros grupos- pidió en esta Cámara la
adopción de un nuevo modelo aeroportuario y queda constancia en todo tipo
de actas. Lo hemos pedido, hemos intentado razonarlo, hemos contado con
el apoyo de destacados miembros de la comunidad universitaria y
científica y finalmente se ha llegado a una serie de consensos que creo
que compartimos con buena parte de los miembros de esta Cámara que
pudieran ser los siguientes.
En primer lugar, es bueno ir hacia una gestión individualizada de los
grandes aeropuertos para que estos puedan competir con los que tienen que
competir, con Heathrow, con Schiphol, con los aeropuertos de París,
etcétera, todos los cuales tienen fórmulas de gestión individualizada. De
hecho, hay un debate no sobre si se busca una gestión individualizada o
no, sino sobre el mayor o menor grado de privatización de la red. Algunos
llegan a vender los aeropuertos, caso de los británicos; otros los
conservan en manos públicas de los Estados, de los Länder, de algunos
ayuntamientos, etcétera, pero en lo que sí hay un gran nivel de consenso
en Europa -y si todos piensan lo mismo creo que no nos equivocamos- es en
esta gestión individualizada. Esto es lo que nosotros hemos pedido.
Lógicamente, ustedes también comprenderán que Convergència i Unió siempre
ha pedido una participación muy decisiva de las comunidades autónomas, de
los ayuntamientos y de la sociedad civil. A nosotros nos gusta un modelo
alemán o un modelo como el del aeropuerto de Amsterdam y creo que todo
eso, a la postre, ha conllevado que se avance -y esto es absolutamente
innegable- hacia este modelo; este modelo que por otros motivos debe
contener también elementos importantes que garanticen lo que el señor
ministro llama cohesión territorial -nosotros lo llamamos equilibrio
territorial- y que es de justicia. Oía antes a la señora Oramas y tiene
razón, la especificidad de las islas requiere que el aeropuerto sea
considerado un elemento esencial y seguramente hay que hacer algo para
dar respuesta a esto. Igualmente habrá que hacer algo para mantener
aquellos aeropuertos que necesitan por razones de interés público ser
mantenidos y no tienen viabilidad económica. Nosotros lo comprendemos,
pero francamente creo que se puede decir que en estos momentos el esquema
del modelo está definido.
Se ha avanzado mucho en dos piezas de este modelo. Alguien puede criticar
y decir: ¿por qué hemos avanzado en estas dos y no en las demás? El
aeropuerto de Barajas, guste o no guste, tiene el 30 por ciento del
tráfico aéreo del Estado español y el aeropuerto de El Prat el 20 por
ciento, es decir, sumados, el 50 por ciento. Por tanto, no parece una
mala solución empezar por los grandes problemas, parece una cuestión
razonable. Se busca una vía que además no es la vía de vender, de perder
los activos, no; es dar una concesión. Hay muchísimos ayuntamientos
gobernados por la izquierda más izquierda que tienen concesiones de
servicios públicos como lo más normal del mundo, y no es privatizar, ni
la demagogia de privatizar, porque no es verdad. Una concesión es una
fórmula de prestación de un servicio público. Ya basta de demagogias en
el sentido de que estamos privatizando, porque no es verdad. Si además a
esto se le añade que se han salvaguardado los derechos de los
trabajadores, me parece que desde este punto de vista podemos estar
satisfechos. Yo, señor ministro, solo apelaría a que se tuviera en cuenta
una problemática, que creo que no está resuelta, que es la de los
bomberos, pero de esto ya hablaremos más tarde. Anotado esto, creo que se
ha avanzado.
Ahora ¿qué hacemos con este real decreto-ley? Algo muy normal. Tenemos una
relación que ya no es de Estado a ciudadanos o a empresas, sino que es
entre empresas y empresas. Hay que poner un organismo regulador. Esto es
lo más natural del mundo; esto es el abecé de la liberalización, no la
liberalización neocon -la liberalización neocon es otra cosa, es más o
menos el salvaje oeste-, pero en la liberalización normal, en los
procesos de concesión, tiene que haber alguien que regule: pues ahora se
construye. Nos gustará más o menos. ¿Que en lugar de tres tendrían que
ser diecisiete miembros? En estos tiempos de angosturas, mejor tres que
diecisiete. ¿Debería estar acogido a la Ley de Economía Sostenible o no?
Me parece mejor que lo esté, porque lógicamente todos los organismos
reguladores lo están. Me parece bien. Esto es lo que hacemos hoy. Se
dice: es que estamos en tiempo de descuento. En tiempo de descuento hoy
vamos a aprobar algo tan importante -en este caso sin nuestro voto
positivo- como elementos de reforma laboral, que son urgentes, y el
Gobierno, los gobiernos tienen que gobernar hasta el último instante de
su función. Es legítimo que lo hagan. Criticar a un Gobierno porque
gobierna hasta el último instante me parece que no es un argumento muy
sólido. Se le puede criticar porque no lo hace bien, porque lo hace mal,
porque no gobierna, porque hace cosas que no responden a lo que uno
piensa, pero hacerlo porque está gobernando me parece un argumento muy
fácil de destruir.
Por tanto, el voto de Convergència i Unió, coherente con nuestra posición,
va a ser de apoyo. Estamos en un proceso que no es hacia el modelo que
nosotros hubiéramos querido. Es cierto que tiene otras variedades, que no
resuelve algunas cuestiones pendientes. Nosotros tenemos planteadas
cuestiones no solamente con el aeropuerto de El Prat sino con el de
Girona y el de Reus, que de momento no están resueltas, pero en cualquier
caso nos parece que va en la línea en la cual existe un gran consenso de
la comunidad científica, de los profesionales, y creo también,
políticamente, de ir hacia un modelo de gestión individualizada. Damos un
paso más, creo que se da satisfactoriamente bien, y por eso el voto de
Convergència i Unió va a ser positivo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Don Rafael Simancas tiene la palabra.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señor presidente, señorías, a estas alturas
del debate conviene aclarar el contenido de este punto del orden del día.
El Gobierno solicita la convalidación de un decreto-ley por el que se
crea el organismo regulador de las tarifas aeroportuarias y por el que se
hace viable el convenio colectivo acordado con los trabajadores de AENA.
Punto, nada más. Toda la literatura plagada de exageraciones y de
estrambotes sobre proceso alocado o expolios que nos ha regalado el
portavoz del Grupo Popular no tiene nade que ver con lo que hoy toca
tratar aquí. Este decreto tiene como objeto trasponer una directiva
europea de obligado cumplimiento, la Directiva 2009/12, que obliga a
todos los Estados miembros a crear una autoridad independiente para que
las tarifas aeroportuarias respondan fielmente a los servicios que se
prestan a los usuarios: una autoridad independiente, no una autoridad que
pueda ser nombrada por un ministro por la mañana y cesada por ese mismo
ministro por la tarde. Por eso hay que aprobar este órgano mediante un
decreto-ley, una autoridad independiente, por obligado cumplimiento de la
Directiva 2009/12. El Gobierno actúa obligado por esta directiva y
también por una ley aprobada en esta misma Cámara hace seis meses, la Ley
1/2011, cuyo artículo 96 dice efectivamente que toda propuesta de
actualización de tarifas aeroportuarias deberá ser supervisada por una
autoridad independiente, no una autoridad -insisto una vez más- que un
ministro pueda manipular, pueda nombrar o cesar con una orden cotidiana.
Por tanto, el Gobierno acude a este Congreso para cumplir una directiva,
para cumplir una ley y para cumplir con su obligación. ¿Y qué es lo que
propone el Partido Popular? Resulta difícil seguir su argumentación entre
tanto adjetivo descalificativo. ¿Es que propone que el ordenamiento
jurídico español sobre transporte aéreo se sitúe fuera de la normativa
europea? ¿Eso es lo que propone? ¿Propone dejar nuestros aeropuertos y
nuestras empresas del sector fuera de la regulación del cielo único
europeo? Qué es lo que quieren, ¿que en nuestros aeropuertos solo puedan
operar vuelos de Madrid a Alicante y de Alicante a Madrid? ¿Dónde quieren
dejarnos? ¿Proponen que incumplamos incluso nuestras propias leyes? He
repasado el debate en el Parlamento Europeo sobre la directiva que
estamos hoy trasponiendo y resulta que el Partido Popular no solo la
apoyó allí con sus votos, sino que su portavoz dijo estar -y cito
literalmente- "muy satisfecho por el resultado de las negociaciones. Me
complace comprobar que el Parlamento Europeo ha adoptado un planeamiento
de sentido común". Qué es lo que ha ocurrido, ¿que han perdido el sentido
común en el viaje de Estrasburgo a Madrid? (Risas.) No tiene sentido.
¿Por qué apoyan en el Parlamento Europeo lo que no apoyan aquí?
Dicen que no había prisa. Le voy a leer el artículo 13 de la directiva que
hoy trasponemos; usted ha leído el 14. ¿No ha leído usted el 13? Le voy a
leer el 13: Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a la presente directiva a más tardar el 15 de marzo de 2011.
¿Había prisa o no había prisa, señor Ayala? El 15 de marzo de 2011;
llevamos seis meses de retraso. ¿Y dice usted que no hay prisa? ¿Cómo que
no hay prisa? ¿Cómo cuenta usted los días, los meses, los años, señor
Ayala?
El Gobierno cumple con sus obligaciones legales. El Gobierno nos propone
hoy crear un organismo que es necesario, que es útil, que es de puro
sentido común según reconoce el propio portavoz del Partido Popular
europeo,
no español. Y el decreto contribuye a desarrollar el modelo aeroportuario
promovido por el Gobierno para ganar eficiencia y competitividad; un
modelo promovido por el Gobierno a partir del mandato que aprobó este
Pleno por amplia mayoría el pasado 16 de febrero, estructura mercantil,
gestión individualizada, participación privada, participación
determinante de los territorios. Es el mandato del Parlamento que el
Gobierno está cumpliendo, además con resultados visibles porque crecen
los tráficos, porque AENA ganó dinero en el año 2010 por primera vez en
su historia en el área de navegación aérea y el año que viene va a
cuadrar sus cuentas anticipando los números verdes en cuatro años. Este
es el balance del modelo aeroportuario del Gobierno: se incrementan los
tráficos, aeropuertos más modernos, se rebajan las tasas. ¿Sabe dónde
está su balance aeroportuario, señor Ayala? En Castellón, vaya usted a
buscarlo allí porque allí es donde está su balance. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
En la licitación pública de este proceso de concesiones aeroportuarias en
Madrid y Barcelona, que usted denomina como alocado, se han presentado
nada menos que siete ofertas en representación de los consorcios más
importante del mundo aeronáutico. ¿Creen ustedes que estas empresas
hubieran puesto en juego su prestigio, su dinero y su propio futuro si el
modelo aeroportuario español que se les ofrece no fuera solvente? Estas
siete ofertas, señor Ayala, constituyen el mejor aval para el modelo
aeroportuario del Gobierno y a la vez el mejor desmentido para sus
críticas. Lo que no voy a permitirle, señor Ayala, es que ponga en duda
la limpieza del proceso. Ha hablado usted de expolios y de abusos,
primero, porque se está llevando a cabo con total transparencia y con
total limpieza, ajustándose al derecho con todos los controles internos y
externos que corresponden y después porque ustedes no están en
condiciones de dar ninguna lección a este respecto. Yo no sé quién será
el futuro director del aeropuerto concesionado de Barajas, ahora bien, le
aseguro que no será un compañero de pupitre del presidente del Gobierno
de España. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) Aquí no habrá
ni milongas ni Villalongas, señor Ayala. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)
Seamos algo más serios. Los desafíos que tiene por delante nuestro
transporte aéreo requieren planteamientos más ponderados por parte de la
oposición. Están ustedes enfadados por lo que el Gobierno hace en AENA,
pero su enfado, señor Ayala -yo lo sé; usted lo sabe-, no tiene nada que
ver con las urgencias, con los decretos ni con las comisiones
reguladoras. Están ustedes enfadados porque quieren el avioncito, y lo
quieren ya; quieren hacer con el avioncito de AENA lo mismo que hicieron
con las torrecitas de Endesa y con los telefonitos de Telefónica,
privatizarlo y ponerlo en manos de los amigos, y además no lo esconden,
lo sitúan en los titulares (muestra un documento): "Rajoy promete
desmantelar AENA". Señor Ayala: Rajoy promete desmantelar AENA. Pues
bien, el Grupo Socialista le promete a usted y a los españoles que vamos
a hacer todo lo posible para que no se desmantele AENA.
- REAL DECRETO-LEY 12/2011, DE 26 DE AGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY
1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA LA APLICACIÓN DEL
CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE EL EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES Y SE REGULAN
COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN MATERIA DE POLICÍA DE DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO. (Número de expediente 130/000049.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simancas.
Pasamos a estudiar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley
12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio
internacional sobre el embargo preventivo de buques y se regulan
competencias autonómicas en materia de policía de dominio público
hidráulico. Señora ministra, ¿desea intervenir su señoría para explicar
las razones? (Asentimiento.) Adelante, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar
Rivero): Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para solicitar a la Cámara la convalidación del Real
Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en el que se aborda la declaración de interés
general de determinadas obras de infraestructura hidráulica con destino
al riego y en el que se regulan competencias autonómicas en materia de
policía de dominio público hidráulico.
En relación con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
norma cuya convalidación debate esta Cámara, constituye una respuesta
coordinada a una situación técnica muy compleja producida por la
concurrencia de dos efectos jurídicos combinados. Por un lado, los
derivados de la denuncia del antiguo Convenio de 1952 y, por otro, los
efectos de la entrada en vigor del llamado a sustituirlo, el Convenio
internacional sobre el embargo preventivo de buques de Ginebra, de marzo
de 1999.
Con el real decreto-ley anticipamos una respuesta normativa a una posible
laguna que, de no actuar ya, podría generarse por la superposición de
efectos a que acabo de hacer referencia, y ello con el objetivo último de
garantizar el embargo preventivo de los créditos marítimos de los buques
que enarbolen pabellón de un Estado que no sea parte del Convenio de
1999, que sustituyó al de 1952 y que deviene en inaplicable el 28 de
marzo de 2012 como consecuencia de la denuncia que España formalizó. Por
tanto, nuestro objetivo es asegurar
el cobro de créditos marítimos de los buques que enarbolen pabellón de
aquellos Estados que no hayan ratificado el convenio de 1999 y que, sin
esta modificación que presentamos a la Cámara, quedarían sin norma
aplicable que nos permitiera perseguir tal crédito.
En segundo lugar, el real decreto-ley del que le hablo aborda la necesidad
de declaración de interés general de determinadas obras de
infraestructuras hidráulicas con destino a riego, en este caso en la
provincia de Huelva. Saben bien que se aprobó a través de un real decreto
el Plan nacional de regadíos como instrumento básico para la
modernización, ordenación y fomento de los regadíos, y para la
consecución de los objetivos de ese plan nacional se establecía, entre
otras actuaciones, el programa de consolidación y mejora de los regadíos
existentes. En el marco de ese programa de consolidación y mejora se
incluyen dos obras que se incorporan a este real decreto de regadío en la
provincia de Huelva y, como bien saben sus señorías, estas obras están en
el marco de este real decreto porque hemos de declararlas de interés
general para poderlas llevar a cabo y hemos de hacerlo con una norma con
rango de ley. Es precisamente a través de este real decreto-ley como
queremos que queden declaradas de interés general para hacer efectivas
unas obras que, por otra parte, es absolutamente imprescindible y
necesario abordarlas ya.
Por último, en el real decreto al que le hago referencia, en su
disposición final primera, modificamos el texto refundido de la Ley de
Aguas, añadiendo una nueva disposición adicional décimo cuarta sobre
competencias autonómicas en materia de policía de dominio público
hidráulico, dando así respuesta a las comunidades autónomas que tengan
previsión estatutaria al respecto para que puedan asumir competencias en
materia de policía de dominio público hidráulico. Respondemos también con
ello a los pronunciamientos realizados por el Tribunal Constitucional y
cumplimos con estricto respeto con la legislación europea y en concreto
con la Directiva marco del agua, directiva que fue precisamente la que
introdujo el concepto de demarcación hidrográfica, principal unidad a
efectos de la gestión de las cuencas hidrográficas y por cuyo
cumplimiento velan los comités de autoridades competentes.
En la trasposición de esta directiva al derecho español se introdujo este
concepto junto con una definición de cuenca hidrográfica. La Constitución
deja claras las competencias que atribuye al Estado a través del artículo
149.1.22ª y también el texto constitucional deja claras las competencias
que atribuye a las comunidades autónomas mediante el artículo 148.10ª,
competencias relativas -estas de las comunidades autónomas- a proyectos,
construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y
regadíos de interés de la comunidad autónoma, las aguas minerales y
termales. Por su parte, los estatutos de autonomía de las comunidades
autónomas de Andalucía, Aragón y Cataluña incluyen como competencias
ejecutivas a asumir por las mismas las relativas a las de policía de
dominio público hidráulico atribuidas por la legislación estatal. El
Tribunal Constitucional, en su sentencia de 16 de marzo, declaró la
inconstitucionalidad y nulidad del artículo 51 del Estatuto de Autonomía
de Andalucía, pero consideró también que nada impide que la legislación
estatal de aguas confiera a las comunidades autónomas facultades de
policía del dominio público hidráulico en cuencas intercomunitarias o
que, según el artículo 17.d) de la Ley de Aguas, entre las funciones del
Estado en relación con el dominio público hidráulico se encuentre el
otorgamiento de autorizaciones cuya tramitación puede encomendarse a las
comunidades autónomas. Este pronunciamiento del Tribunal Constitucional
lo reafirmó el propio Tribunal Constitucional el 17 de marzo en su
sentencia 32/2011, en relación con la Ley Orgánica Estatuto de Autonomía
de Castilla y León. Habidos los pronunciamientos del Tribunal
Constitucional, hemos planteado, porque esos pronunciamientos lo han
motivado, la modificación del sistema de gestión del agua en nuestro
ordenamiento para dotarlo de mayor seguridad jurídica en lo que se
refiere a las relaciones interadministrativas en materia de agua. De
acuerdo con lo previsto en esta nueva disposición, en las cuencas
hidrográficas intercomunitarias el ejercicio de las funciones descritas
en el apartado 2 del artículo 94 del texto refundido de la Ley de Aguas,
corresponderá, dentro de sus ámbitos territoriales, a las comunidades
autónomas que lo tengan previsto en sus estatutos de autonomía, es decir,
que tengan prevista la competencia ejecutiva sobre las facultades de
policía de dominio público hidráulico, y también va a corresponder a las
comunidades autónomas la tramitación de los procedimientos a que den
lugar dichas actuaciones hasta la propuesta de resolución. Además,
señorías, en el ejercicio de estas funciones la modificación prevé que
será aplicable a los órganos competentes de las comunidades autónomas lo
dispuesto en los artículos 94.3 y 94.4 del texto refundido de la Ley de
Aguas precisamente para garantizar la eficacia y continuidad de sus
actuaciones; es decir, se les reconoce el carácter de autoridad pública y
se les otorga la presunción de certeza a las actas que levanten en el
desempeño de las tareas que ejerzan en materia de policías de agua, como
no podía ser de otra manera.
En definitiva -y con esto concluyo, señor presidente-, a través de esta
nueva disposición adicional se viene a dar cumplimiento a las previsiones
estatutarias en el marco de la reciente doctrina sentada por el Tribunal
Constitucional, contribuyendo con ello a la seguridad jurídica en las
relaciones intracomunitarias en materia de agua y también preservando la
unidad de cuenca a la hora de gestionarlas. Por ello, señorías, quiero
que con sus votos ratifiquen este real decreto-ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Para fijar posiciones de los grupos, en primer lugar tiene la palabra doña
Nuria Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.
Señora ministra, señorías, nos traen para convalidar un real decreto que
contempla tres puntos muy distintos: el
primero, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la
aplicación del Convenio internacional sobre el embargo preventivo de
buques, con el cual evidentemente nosotros estamos de acuerdo. Es un
convenio internacional aprobado en el año 1999 -ya era hora-, por tanto,
estamos completamente de acuerdo. El segundo punto que nos traen es la
declaración de interés general de determinadas obras de infraestructuras
hidráulicas con destino a riego en Huelva. También estamos completamente
de acuerdo con ello, entendiendo además que es para racionalizar el uso
del agua en temas de riego. El tercer punto es sobre la modificación de
la Ley de Aguas para conferir a las comunidades autónomas que lo tengan
previsto en sus estatutos el ejercicio de la competencia ejecutiva, y
sobre ello quiero decirles que en el fondo estamos completamente de
acuerdo; no podía ser de otra manera y así lo defendimos nosotros en
nuestro Estatut de Catalunya. Lo que pasa es que entendemos que las
formas no han seguido los preceptos que se deberían haber seguido, ya que
la política de agua está marcada, como bien ha dicho la señora ministra,
por la Directiva marco del agua, que dice basarse en una transformación
radical tanto de los objetivos como de los métodos empleados para su
gestión. Dicha directiva nos dice además que todas las políticas que
hacen referencia al agua se deben articular alrededor de tres principios
rectores básicos: primero, el de la sostenibilidad ambiental, es decir,
que se establezca la conservación y recuperación del buen estado
ecológico de todas las masas de agua como objetivo principal de
planificación y gestión; segundo, la sostenibilidad económica,
reconociendo la necesidad de recuperar los costes de los servicios
relacionados con el agua, entendiendo que se debe aplicar el principio
básico de que quien contamina, paga; y tercero, coloca como un precepto
rector, básico, la sostenibilidad social. Ahí nos dice que se debe exigir
la participación de las partes interesadas, incluidos los usuarios y el
público en general, en el proceso de toma de decisiones con el fin de
garantizar el éxito de la directiva. En este tercer punto es donde
entendemos que no se ha cumplido con este elemento básico, el de la
participación, puesto que este real decreto que traen a convalidar no se
ha debatido, como así exige preceptivamente la ley, ni en el Consejo
Nacional del Agua ni en el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Entendemos
que en el tema del agua la participación de todos, incluidos los
usuarios, es básica. Por todo ello, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya nos abstendremos en la votación de la convalidación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.
Tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Este debate que estamos afrontando en estos momentos es un debate
sencillo, se trata de una norma prácticamente obligada por requerimientos
de convenios internacionales actualizados en materia de reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Civil del año 1952 a la actualmente vigente del año
1999. La aplicación es obligatoria, si no operaría la primacía del
derecho internacional sobre el derecho español prevista en la propia
Constitución. Por otra parte, relaciona el cumplimiento de la sentencia
del Tribunal Constitucional en el ámbito competencial de cada comunidad
que aquí se regula, el dominio público hidráulico, sentencia 30/2011, de
16 de marzo, que se hace en sus propios términos; cuestión que nos parece
bien. Quiero felicitar a la señora ministra por la gran imaginación que
ha desarrollado para que con cuestiones tan precisas y concretas haya
desarrollado un discurso tan prolongado y profuso en argumentaciones de
diverso tipo. Es una norma obligada y reglada, no hay más remedio que
aprobar lo que aquí se consigna y, por esta misma razón, señor
presidente, nos vamos a abstener.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Señor Macias, tiene la palabra.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señora ministra, nuestro grupo va a dar su
voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley porque, en
primer lugar, la primera parte del mismo se refiere a la trasposición de
disposiciones de ámbito internacional que nos parecen correctas y
necesarias para poder gestionar mejor diversas problemáticas como el
embargo preventivo de buques. La trasposición nos parece especialmente
correcta. La segunda parte hace referencia a las competencias autonómicas
en materia de política de dominio público hidráulico, que por otro
procedimiento ya tiene asumido el Gobierno de la Generalitat. Nos parece
que el hecho de que la propia Ley de Aguas recoja esta competencia de
forma inequívoca refuerza a aquellos que pensamos que debe ejercerse por
las comunidades autónomas. Por tanto, está en línea, lógicamente, con
aquello que nuestro grupo está defendiendo. Finalmente, hay una cuestión
referida estrictamente a la Comunidad Autónoma andaluza de la que no
tenemos nada que decir. Si hay necesidad de declarar de interés público
unos regadíos, nos parece bien que se haga. Desde este punto de vista,
los tres aspectos regulados por el real decreto-ley nos parecen
correctos. Además, el mecanismo del real decreto-ley es perfectamente
justificable en este caso y por estas razones nuestro voto va a ser
afirmativo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Don Arturo García-Tizón tiene la palabra.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré con toda la brevedad a que nos ha urgido el propio presidente
para manifestar la opinión del Grupo Popular con respecto a este real
decreto-ley. Si hay un buen ejemplo de lo que no debe ser un real
decreto-ley, este es el mejor de ellos. Es un real decreto-ley en el que
de forma injustificada -porque no se dan razones para ello- se
regulan tres materias completamente distintas, inconexas las unas de las
otras. Una es el embargo preventivo de buques, con una modificación de la
Ley de Enjuiciamiento Civil como consecuencia de la firma de un convenio
internacional, la segunda es una declaración de interés general para
determinadas obras de riego y la tercera es una modificación de la Ley de
Aguas para determinar una situación competencial en materia del dominio
público hidráulico.
Señorías, la figura del real decreto-ley, admitida por nuestra
Constitución, presenta dos características que deben tenerse en cuenta.
La primera de ellas es que la visibilidad de la figura del real
decreto-ley tiene que tener lugar cuando, según el artículo 86 del propio
texto constitucional, concurran razones de excepcionalidad o de urgencia.
No son términos sinónimos, tienen que ser circunstancias excepcionales y
circunstancias urgentes. Y en este real decreto-ley, señorías, no se
justifica en absoluto ni la excepcionalidad ni la urgencia, al menos en
algunas de las determinaciones que contempla. Si acaso, podríamos aceptar
una cierta declaración de urgencia en lo que se refiere a la modificación
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si acaso, pero desde que se aprobó el
convenio hasta ahora creo, señora ministra, que ha habido tiempo. En
cualquier caso, no estamos en contra de ello y le podemos aceptar que hay
razones de urgencia al respecto, no sé si de excepcionalidad, pero podría
ser así.
En la segunda modificación que nos plantean, el embargo preventivo de
buques, nada tiene que ver, creo yo -y en eso creo que estarán de acuerdo
la señora ministra y sus señorías-, la declaración de interés general de
unas obras de interés hidráulico en Andalucía, sin dejar de reconocer que
estamos absolutamente de acuerdo con esta declaración de interés general,
como así lo ha manifestado nuestro grupo en el Parlamento andaluz. Nos
hubiese gustado, señora ministra, que se justificara la urgencia y la
excepcionalidad. En cualquier caso, estamos de acuerdo con ellas, pero no
hubiese estado de más que en un pequeño ejercicio de responsabilidad
hubieran justificado el porqué de la urgencia y de la excepcionalidad.
Pero también estamos de acuerdo con ello. Otra cosa distinta es que esa
motivación que ustedes dan a estas obras tenga o no tenga la suficiente
cobertura constitucional para llevarlo a un real decreto-ley. Esta es
otra cuestión.
Y la tercera se refiere a una modificación del texto refundido de la Ley
de Aguas para determinar la competencia ejecutiva de aquellas comunidades
autónomas que en sus respetivos estatutos de autonomía hubiesen asumido
las competencias en materia de policía del dominio hidráulico. En cuanto
a este aspecto, creo que no hubiese estado de más el que ustedes hubiesen
dado alguna, aunque fuera mínima, motivación de por qué debe venir esto
por vía de un real decreto-ley y no por una legislación ordinaria. No lo
sé, no lo sabemos, señorías. Una cuestión de la suma importancia que
tiene la transferencia o la delegación -porque al fin y al cabo se trata
de una delegación- por parte del Estado de una competencia ejecutiva en
determinadas comunidades autónomas debería haber tenido una mínima
explicación. Y en segundo lugar, que se hubiese justificado, no le voy a
decir un poquito, pero sí mínimamente, la urgencia y la excepcionalidad
del real decreto-ley, que al fin y al cabo va a tener la importancia de
una legislación ordinaria; una legislación ordinaria en la que, señorías,
tampoco hubiese estado de más que se hubiese intentado buscar un consenso
y que estas modificaciones viniesen con el respaldo suficiente de la
Cámara, por lo menos del respaldo de lo que representa el mayor grupo de
la oposición. Esto ha sido así a lo largo de toda la legislatura. Ustedes
tiran por delante, no quieren contar en los temas estructurales
importantes -estamos hablando de una estructura importante que afecta a
la propia Constitución y a su desarrollo- y ustedes no es que lo traigan
a través de una ley, sino a través de un real decreto-ley, sin justificar
ni la excepcionalidad ni la urgencia de la medida que ustedes toman. Por
tanto, ustedes podrán comprender que a nuestro grupo se le hace muy
difícil convalidar este real decreto-ley.
Por si todo lo anterior no fuese bastante, la propia disposición adicional
tercera dice que este real decreto entrará en vigor el 28 de marzo de
2012. Faltan unos cuantos meses, faltan seis meses para poder llevar esto
a cabo. Si no tenemos justificada la excepcionalidad, si no tenemos
justificada la urgencia y si el real decreto entrará en vigor dentro de
seis meses, díganme ustedes cómo van a justificar constitucionalmente la
utilización de la figura del real decreto-ley. Entenderán, señorías, que
en estas condiciones nuestro grupo no pueda convalidar este real
decreto-ley, sin merma de estar de acuerdo con muchas de las decisiones
que en el mismo se toman, que podrían haberse llevado por vía de una
legislación ordinaria, seguro, y sin dejar de manifestar nuestro apoyo y
nuestra conformidad con las manifestaciones que se han hecho en torno a
incorporar las obras de regadío de la provincia de Huelva. En cualquier
caso, es muy difícil justificar la urgencia, la excepcionalidad y, lo que
es más importante, que esta materia, que viene de forma inconexa,
desordenada, que nada tiene que ver una materia con la otra, figure en un
real decreto-ley. Es muy difícil, señorías, que ustedes puedan llegar a
justificar la constitucionalidad de este real decreto-ley, por lo que
nuestro grupo no dará su aprobación a la convalidación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Tizón.
Tiene la palabra doña Fátima Aburto.
La señora ABURTO BASELGA: Señor presidente, señorías, vamos a debatir un
decreto-ley en el que se plantean tres temas diferentes y cuya urgencia
creo que sí se puede justificar. En el primer caso creo que todo el mundo
está ya de acuerdo, porque supone la posibilidad de aplicar un tratado
internacional que de otra forma dejaría en una situación de desventaja a
los acreedores españoles que no creo que nadie queramos para nuestro
país. Todos sabemos lo difícil que es aplicar una ley internacional
cuando las leyes nacionales no las apoyan. Los que estamos en Exteriores
lo conocemos muy bien. Por eso sí se justifica en este caso la necesidad
urgente y extraordinaria.
En segundo lugar, se aprueba una nueva disposición adicional en el texto
refundido de la Ley de Aguas para conferir el ejercicio sobre las
facultades de policía de dominio público hidráulico a las comunidades
autónomas que lo tengan previsto en sus estatutos de autonomía. Señor
García-Tizón, usted sabe que este es el caso de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Se lo puedo decir porque soy andaluza. El día 13 se aprobó por
unanimidad en el Parlamento andaluz la proposición de ley orgánica sobre
delegación de competencias de las aguas de la cuenca del Guadalquivir,
que transcurren íntegramente por el territorio andaluz, a la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Sin esta disposición que se aprueba hoy y que
entrará en vigor, es cierto, unos meses más tarde, no se podría ni
siquiera hablar de esta ley que aprobó por unanimidad, repito, el
Parlamento andaluz. Por tanto, también es de urgente necesidad.
Y lo que más me importa obviamente, porque para eso soy una diputada
elegida por Huelva, es la declaración de interés general de las obras
hidráulicas que precisan las comunidades regantes de El Fresno en el
Condado de Huelva y en El Andévalo y que supone un aporte de la
financiación del Estado para estas obras. Me gustaría muy brevemente
poner en valor una actuación muy esperada y muy trabajada por los propios
agricultores, como también por mis propios compañeros de Huelva, Javier
Barrero y José Oria, y sobre todo quiero dar las gracias a la ministra,
que ha entendido la importancia que tiene esta actuación para impulsar
una agricultura de excelencia que adquiere seguridad jurídica,
sostenibilidad e impulso económico para dos regiones muy pujantes de
Huelva y con un enorme futuro. La ministra ha entendido perfectamente que
el uso que damos al agua en Huelva puede ser igual, pero nunca puede ser
mejor. Se hace un uso donde el gasto es el imprescindible, y con la
máxima producción, de forma que la sostenibilidad es máxima. Esto hace
tan competitiva a la agricultora de Huelva en la producción y exportación
de berries, de naranjas, de uvas. Más del 80 por centro de la fresa
exportada a Europa proviene de Huelva. Estos productos constituyen en
conjunto una marca de calidad y de sostenibilidad difícilmente
comparable, muy competitiva y ejemplo de sostenibilidad. En este sentido,
quiero también rendir homenaje a toda una generación de alcaldes
socialistas de El Condado y de El Andévalo que han sabido luchar de forma
incansable por el desarrollo de su tierra en sus tres componentes de
sostenibilidad: el desarrollo económico, el respeto medioambiental y la
cohesión social.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aburto.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
- ENMIENDA AL ACUERDO DE SERVICIO DE PRÉSTAMOS DE 80.000.000.000 DE EUROS
ENTRE LOS SIGUIENTE ESTADOS MIEMBROS CUYO MONEDA ES EL EURO: EL REINO DE
BÉLGICA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA
ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA
REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE
AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA Y LA
REPÚBLICA DE FINLANDIA Y KFW, ACTUANDO EN INTERÉS PÚBLICO, CON SUJECIÓN A
LAS INSTRUCCIONES Y ACOGIÉNDOSE A LA GARANTÍA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE
ALEMANIA, COMO PRESTAMISTAS, Y LA REPÚBLICA HELÉNICA COMO PRESTATARIO, EL
BANCO DE GRECIA COMO AGENTE DEL PRESTATARIO, HECHO EN BRUSELAS EL 14 DE
JUNIO DE 2011 Y EN ATENAS EL 10 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente
110/000291.)
- ENMIENDA AL ACUERDO MARCO DE LA FACILIDAD EUROPEA DE ESTABILIZACIÓN
FINANCIERA ENTRE EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,
IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA
ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA
REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE
AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA
DE ESLOVAQUIA, LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, LA
REPÚBLICA DE ESTONIA, Y LA FACILIDAD EUROPEA DE ESTABILIZACIÓN
FINANCIERA, FIRMADA EN MADRID EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (Número de
expediente 110/000297.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a estudiar los dictámenes de la Comisión de
Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Sobre este particular
han solicitado la palabra diversos diputados, especialmente referidos a
los puntos 45 y 46. En primer lugar, y para que de modo conjunto
defiendan sus posiciones, tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, se cumplen hoy tres años de la crisis de Lehman Brothers que ha
provocado, en primer lugar, la crisis financiera internacional y ahora un
crisis gravísima de la economía real. Tres años después, estamos a punto
de ver la quiebra del Estado griego y también a punto de una nueva
recesión en el marco de la Unión Europea. ¡Qué más queremos para darnos
cuenta de que las medidas, fundamentalmente los corsés de ajuste que se
han propuesto de los organismos internacionales y la Unión Europea no
solamente no solucionan la crisis sino que la empeoran y aumentan también
el conflicto social! Señorías, hoy se nos proponen fondos para facilitar
de alguna manera la financiación de la deuda griega, digo de alguna
manera porque en realidad estos fondos van a financiar a los bancos
acreedores de Grecia. Pero junto a estos fondos, lo que se nos propone
hoy aquí, que no está en el texto de los convenios, es una nueva vuelta
de tuerca al ajuste en Grecia, es decir, más despidos en la Función
pública, más recortes del gasto público, más privatizaciones, más
conflicto social. Señorías, Grecia no puede pagar, la deuda griega es
impagable, si se sigue por este camino, quiebra griega, crisis del euro.
Nosotros creemos que el camino debe ser muy distinto. Hay que relajar
claramente los plazos de esa deuda, pero sobre todo hay que evitar que
continúe el ataque especulativo a la deuda donde no hemos hecho
prácticamente nada. En segundo lugar, en nuestra opinión hay que
sustituir el ajuste por el relanzamiento de la economía europea y también
de la economía griega. Sin relanzamiento de la economía, Grecia no puede
pagar y, además, sin relanzamiento de la economía griega y sin parar los
pies a los recortes sociales y al ajuste, Grecia se va a sumir en la
pobreza y en el conflicto social. A nadie de Europa le interesa, aunque
no sea solamente por justicia, a nadie le interesa la desestabilización
de Grecia. A eso es a lo que estamos en estos momentos atendiendo.
Señorías, en ese sentido vamos a votar en contra de estas medidas, no
porque no queramos ayudar a Grecia sino porque no queremos que, so capa
de ayudar a los bancos acreedores de Grecia, se condene a Grecia y se
condene a Europa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente, desde el escaño si me
lo permite.
Hace unos meses aprobamos en esta Cámara un préstamo extraordinario a
Grecia del que trae causa este convenio enmendado. Se trataba de dar un
respiro a este país que, como se ha visto, se ha revelado totalmente
insuficiente. Existía en aquel momento un acuerdo amplio en el seno de la
Unión Europea, no solo para que Grecia pudiera satisfacer sus deudas sino
también para ayudarla a salir de la crisis. No obstante, recientes
acontecimientos, que todos ustedes conocen, dejan en el aire la
virtualidad de aquel acuerdo, pues parece que la intervención de Grecia
es inminente y que los que mandan en Europa -Francia y Alemania- ya han
tomado cartas en el asunto, demostrando, una vez más, esa exigencia y esa
actitud insaciable por parte de los mercados.
De hecho, la enmienda que hoy se nos somete a consideración pone de
manifiesto que el acuerdo que adoptamos era totalmente insuficiente y en
ello nos da la razón, lo que demuestra que hacía falta mucha más
determinación, incluso una gobernanza económica a nivel europeo más allá
de la solución puntual del caso griego. Porque, por un lado, es verdad
que Europa enviaba una señal a los mercados de tranquilidad, es decir, de
que Europa iba unida ante el problema, pero, por otro, no se puede
desconocer que para salvar el problema que en este momento tiene Grecia
de forma acuciante no solo se van a exigir mayores sacrificios, como
decía Gaspar Llamazares, a los griegos sino también al conjunto de
europeos y particularmente a los ciudadanos del Estado español. En todo
caso, habrá que ir aceptando que Grecia no va a poder pagar, y así lo
reconocen las propias autoridades griegas. Estamos ante un convenio que,
modificado o no, supone un simple parcheo. Son muchos los analistas que
ante la situación ya sostienen que lo mejor sería que Grecia saliera del
euro y, por tanto, blindar al resto de países de la eurozona y adoptar
algunas medidas que hemos venido defendiendo en esta Cámara como la
emisión de eurobonos para ayudar a otras economías con dificultades como
la nuestra.
Acabo, señorías, diciendo que uno de los principales damnificados de esta
solución, de esta mala política económica, de esta ausencia de gobernanza
a nivel europeo es también el Estado español. Huelga decir que ello va a
revertir en nuevas reticencias de los inversores y de los mercados y eso
va a empeorar las perspectivas no solo fiscales sino económicas del
Estado español, incrementando no solo las posibilidades de incumplir el
pago de la deuda sino también la exigencia de nuevos sacrificios por
parte de cualquier gobierno. Por todo ello, Esquerra Republicana
manifiesta que va abstenerse en este convenio por las razones que acabo
de exponer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) para expresar el voto favorable a esta enmienda al
Acuerdo de Servicio de Préstamo. Consideramos absolutamente necesario
este instrumento, aunque somos conscientes de que no es suficiente, para
afrontar la grave situación económica de las finanzas de Grecia. Y no
votaremos favorablemente con los ojos cerrados ni de forma crítica, pero
sí siendo conscientes de que este instrumento no es el único necesario
para superar la actual crisis del euro centrada en estos momentos en
Grecia. La respuesta debe ser la ampliación de esta enmienda del Servicio
de Préstamo de las instituciones europeas, pero la respuesta también debe
ser que una zona
que ha sido capaz de construir un espacio de moneda única sea capaz de
construir igualmente un espacio de gobierno económico europeo. Esto es
absolutamente urgente, esto es absolutamente indispensable, y este
gobierno económico europeo debe tener un instrumento de trabajo que en
estos momentos no existe como es el eurobono, con lo cual la respuesta a
la actual situación de crisis económica de Europa y del euro es: más
Europa, más instituciones europeas y una respuesta de fortalecimiento y
de solidaridad con los países europeos sabiendo que los países, todos
ellos, empezando por Grecia, deben cumplir estrictamente las normas y los
criterios de Maastricht.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Tiene la palabra el señor Nadal.
El señor NADAL BELDA: Gracias, señor presidente.
El voto de hoy es un voto muy importante, se están celebrando sesiones
similares a esta de forma paralela en todos los países de la zona euro.
En este Parlamento no se puede considerar un mero trámite por mucho que
sea un acuerdo muy amplio el que tiene esta Cámara para favorecer estas
enmiendas tanto al primer paquete griego -esos préstamos bilaterales que
esta Cámara aprobó en su momento y que ahora enmienda para favorecer las
condiciones a la República Helena-, como la enmienda a la facilidad
financiera de estabilidad europea que lo que busca no es solo mejorar las
condiciones para un segundo paquete para Grecia sino también aliviar la
carga que ahora mismo tienen los otros dos países intervenidos, que son
Portugal e Irlanda. Digo que el voto es muy importante aunque tenga un
amplio consenso y no debe considerarse como un mero trámite puesto que no
lo es en otros países de la Unión Europea. Hoy mismo un Parlamento de la
Unión ha afirmado que lo va a dejar para octubre cuando el compromiso del
mes de julio era que se aprobase todo en septiembre para poder empezar a
trabajar ya para prever la liquidez necesaria para los Estados afectados,
lo cual muestra que la tensión dentro del área euro no es solo económica
sino esencialmente política. Afortunadamente España no es un país donde
por la posición de los distintos grupos haya esta tensión pero sí la hay
fuera de nuestras fronteras, y en esto tenemos que lanzar el mensaje
desde el Parlamento español de que este tipo de instrumentos son útiles y
necesarios para salvaguardar el momento presente y superar la crisis en
la que estamos. Lo que estamos haciendo aquí es lisa y llanamente apoyar
financieramente con liquidez en un mecanismo temporal, en un mecanismo
que no puede durar eternamente puesto que es evidente que ningún país
puede vivir de una línea de crédito, pero esa línea de crédito es
necesaria, si no, los países afectados se verían en situación de
iliquidez insostenible. De hecho es tan necesario que ya empezó a
actuarse de esta manera en este mes de agosto por parte del propio Banco
Central Europeo. El Banco Central Europeo ha adelantado estas medidas
proveyendo esa liquidez a través de una intervención en los mercados de
deuda que, por cierto, por primera vez afecta a dos países no
intervenidos como es el caso de España e Italia, y lo que es evidente es
que esta no es la misión del Banco Central Europeo. El Banco Central
Europeo no tiene que estar comprando la deuda de los Estados soberanos, y
por tanto tiene que ser la facilidad para la que está prevista pero para
eso hay que habilitar los instrumentos legales, que es lo que estamos
haciendo en el día de hoy.
Nos engañaríamos también nosotros si pensásemos que los problemas del área
euro y los problemas de financiación de los países de acceso a los
mercados de los países tanto en su sector público como en su sector
privado, se resolviesen únicamente con una línea de crédito, con una
facilidad financiera en la que todos somos solidarios o en la que todos
estamos avalando. El problema de la zona euro es mucho más profundo, el
problema es que hay muchos analistas, inversores, expertos e incluso
gobiernos o formaciones políticas que piensan que el área euro tal y como
está concebida no es sostenible, y no lo es porque países que tienen
muchas rigideces, estructuras económicas y ciclos económicos dispares no
pueden convivir en una misma área monetaria, y eso es lo que está
generando esta tensión. La manera de demostrarles que el proyecto del
euro no solo fue una quimera política sino esencialmente una decisión
económica de primer orden para conseguir una economía europea fuerte, de
baja inflación, competitiva y con crecimiento es demostrarles que esto no
es así, que los países europeos que formamos parte del euro nos
comprometemos a hacer las reformas adecuadas para lograr que nuestras
economías flexibles y adaptables de forma que no recurramos como en el
pasado a las devaluaciones -España tiene una media de una devaluación
para cada cuatro años en democracia hasta que entramos en el euro, por
poner un ejemplo-, y también que estamos comprometidos con la estabilidad
presupuestaria. Si cada uno emite la deuda pública que quiere, la unión
monetaria no puede existir, lisa y llanamente no tendríamos una política
monetaria sino que tendríamos unas emisiones de deuda diferenciadas en
cada uno de los países.
Por esta razón podemos dar todas las facilidades financieras que queramos,
pero necesitamos unas fuertes reformas estructurales y un verdadero
compromiso con la estabilidad presupuestaria; un compromiso que estas
Cortes Generales han establecido en el máximo nivel normativo en nuestra
Constitución con la reforma de la Constitución en la que establecemos el
principio de estabilidad presupuestaria y unas obligaciones en términos
de déficit y sobre todo de deuda para el conjunto del sector público del
Estado español que es totalmente acorde con las exigencias del Consejo
Europeo de marzo, que pidió a todos los países que hiciesen esos cambios
a nivel constitucional o en una normativa marco y que además incluyesen
no solo a la Administración central sino también a las administraciones
subnacionales, que es exactamente lo que se hizo en esa modificación
constitucional. España ha dado sus primeros pasos en la modificación de
su normativa interna para ser uno de esos países que va a ser garante del
euro por la estabilidad que tiene. Quedan muchísimos más por darla, no
cabe duda, y además tenemos que entrar en los mecanismos temporales -no
pueden ser de otra manera-,
momentáneos, de solidaridad y provisión de liquidez para aquellos que se
encuentran en peores circunstancias, que son los que ahora mismo lo van a
recibir, pero también es evidente que España, que ahora mismo los está
recibiendo a través del Banco Central Europeo, tiene que ser uno de los
primeros países en abandonarlo por un cambio en sus políticas económicas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nadal.
Don Juan Moscoso tiene la palabra.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, hay que
recordar primero y con claridad qué es lo que votamos hoy. Hoy votamos
una enmienda a dos importantes acuerdos que se adoptaron el año pasado en
plena crisis financiera, en el momento crítico de la primavera de 2010.
Ambos acuerdos, uno el de concesión de crédito de ayuda de salvamento a
Grecia y el segundo el acuerdo por el cual se crea la facilidad europea
de estabilidad financiera. Son dos acuerdos internacionales, pero son dos
acuerdos europeos, que son la respuesta de Europa, la respuesta que tanto
tiempo hemos esperado para que Europa realmente tome las riendas de la
economía y tome las riendas de la gobernanza económica, del gobierno
económico del euro, ya que solo esta vía, solo por la vía de la
coordinación económica, nos va a permitir salir de la crisis.
Me sorprenden algunas afirmaciones que se han hecho porque creo que
incluso en el discurso del señor Llamazares coincidimos en los fines,
pero quizá no en los medios. Son dos acuerdos de enmienda. La enmienda al
crédito de Grecia lo que hace es reducir el tipo de interés, ampliar los
plazos de pago, ampliar el periodo de carencia. Esto es, suavizar, esto
es facilitar, esto es impedir la quiebra de Grecia y esto es ayudar a los
griegos. Es un acuerdo de solidaridad, no es un acuerdo que endurezca las
condiciones ni es un acuerdo que empuje a Grecia al abismo sino todo lo
contrario. El acuerdo de enmienda de la facilidad lo que hace es
conseguir por fin que esta incluya por ejemplo operaciones de mercado
abierto. Permite que se pueda comprar deuda en los mercados abiertos,
algo que ahora está haciendo el Banco Central Europeo. Permite por fin
que realmente haya una política fiscal, una política monetaria a escala
europea que respalde al euro. Permite el embrión, el primer paso, para
que haya un Tesoro, para que haya eurobonos, para que haya una utilidad
fiscal europea; lo que siempre hemos defendido, por supuesto desde mi
partido y mi grupo, pero también creo -y quiero creerlo- a escala
española, un país profundamente europeo. Quiero recordar también que se
decidió adoptar ambas medidas -y lo ha dicho el señor Nadal- en el mes de
julio de este año y por ello muy importante que mandemos un mensaje claro
a Europa de que España y las Cortes están por la gobernanza económica,
por el gobierno económico coordinado. Y si hubiera que hacer alguna
crítica a ambos acuerdos, a ambas enmiendas, es que no se hayan hecho
antes, que no se hayan alcanzado antes y que no hayan podido ser puestas
en marcha de manera casi automática. Es verdad, como se ha dicho, que hay
países como Austria, que han retrasado su adopción y eso, sin duda, es
preocupante. Así que tenemos medidas solidarias, medidas de gobernanza,
medidas de coordinación y por supuesto medidas que suavizan y facilitan
la salida. Y es verdad -lo han dicho otros portavoces- que para asegurar
la salida de la crisis debemos hacer un esfuerzo colectivo como el que
estamos haciendo en España para reformar la economía, para orientar
nuestra economía hacia sectores productivos capaces de generar renta y
riqueza a medio y largo plazo. Por ello, como se hizo en julio en el
Consejo Europeo, estos acuerdos iban acompañados de una estrategia de
crecimiento para Grecia que incluye inversiones y actuaciones
estructurales del Banco Europeo de Inversiones para conseguir que Grecia
salga del agujero y crezca. Sin embargo, es necesario que esta estrategia
de crecimiento global se aplique a toda Europa; a España, por supuesto,
pero también a países que están detrás de nosotros en cuanto a su
comportamiento económico: a Italia, a Bélgica y a Austria. Es necesario
insistir en las medidas de la estrategia 2020, en las medidas de la Ley
de Economía Sostenible y poner la vista en un modelo distinto, porque lo
que no se puede hacer es pedir volver a un pasado en el que sectores como
la construcción, la burbuja inmobiliaria y las políticas fáciles crearon
unos problemas de los que ahora estamos intentando salir.
En definitiva, son dos acuerdos muy importantes y creo que es
significativo que las Cortes los ratifiquen cuando lo van a hacer, antes
que la mayor parte de Estados del euro y de la Unión Europea.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso.
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:
- ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS,
SOBRE EL INFORME APROBADO POR LA PONENCIA SOBRE SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y
ATENCIÓN EN DROGODEPENDENCIA. CLAVES PARA EL FUTURO. (Número de
expediente 154/000007.)
El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día: Acuerdo de la Comisión
Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, sobre el informe
aprobado por la ponencia sobre sistemas de tratamiento y atención en
drogodependencia. Claves para el futuro. Los señores portavoces han
anunciado que sus grupos no harían uso de la palabra.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
(UNIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COLEGIALES DE ECONOMISTAS Y DE
TITULARES MERCANTILES.) (Número de expediente 122/000286.)
El señor PRESIDENTE: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas. Proposición de ley sobre la creación del Consejo General de
Economistas (unificación de las organizaciones colegiales de economistas
y de titulares mercantiles). ¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra?
(Pausa.) Pasaremos a votación dentro de cinco minutos. Se suspende hasta
entonces la sesión. (Pausa.)
Señorías, tomen asiento por favor, vamos a iniciar las votaciones. Cierren
las puertas, por favor.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)
- REAL DECRETO-LEY 10/2011, DE 26 DE AGOSTO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE LOS JÓVENES, EL FOMENTO DE LA ESTABILIDAD EN EL
EMPLEO Y EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE
LAS PERSONAS QUE AGOTEN SU PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. (Número de
expediente 130/000047.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas
urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la
estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por
desempleo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 166; en contra, 15; abstenciones, 157.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.
Pese al momento en que estamos, ¿algún grupo desea su tramitación como
proyecto de ley? (Pausa.) El Grupo Vasco. En tal caso vamos a proceder a
la votación para ver si se tramita como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, tal como dice el Reglamento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 168; en contra, 167; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: La Presidencia dará la orden a los efectos que
procedan. (Rumores.- Aplausos.)
- REAL DECRETO LEY 11/2011, DE 26 DE AGOSTO, POR EL QUE SE CREA LA
COMISIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA AEROPORTUARIA, SE REGULA SU COMPOSICIÓN
Y FUNCIONES, Y SE MODIFICA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL LABORAL DE
AENA. (Número de expediente 130/000048.)
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley
11/2011, de 26 de agosto, por el que se crea la Comisión de Regulación
Económica Aeroportuaria, se regula su composición y funciones, y se
modifica el régimen jurídico del personal laboral de AENA.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 178; en contra, 147; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
Igualmente pregunto por mandato reglamentario si algún grupo desea su
tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
(Pausa.) El señor Ayala lo solicita, y con él su grupo. ¿No es así?
(Asentimiento.) Pasamos a votar si se tramita como proyecto de ley a los
efectos que procedan.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 158; en contra, 176; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud del señor Ayala.
- REAL DECRETO LEY 12/2011, DE 26 DE AGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY
1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA LA APLICACIÓN DEL
CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE EL EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES Y SE REGULAN
COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN MATERIA DE POLICÍA DE DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO. (Número de expediente 130/000049.)
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley
12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio
internacional sobre el embargo preventivo de buques y se regulan las
competencias autonómicas en materia de policía de dominio público
hidráulico.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, 182; en contra, cinco; abstenciones, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
Con la misma intención de cumplir con la disposición reglamentaria que no
establece excepciones, solicito si algún grupo parlamentario o diputado
desea su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de
urgencia. (Denegaciones.) Nadie lo solicita, en consecuencia no se somete
a votación.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.)
- ENMIENDA AL ACUERDO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE 80.000.000.000 EUROS
ENTRE LOS SIGUIENTES ESTADOS MIEMBROS CUYA MONEDA ES EL EURO: EL REINO DE
BÉLGICA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA
ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA
REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE
AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA Y LA
REPÚBLICA DE FINLANDIA Y KFW, ACTUANDO EN INTERÉS PÚBLICO, CON SUJECIÓN A
LAS INSTRUCCIONES Y ACOGIÉNDOSE A LA GARANTÍA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE
ALEMANIA, COMO PRESTAMISTAS, Y LA REPÚBLICA HELÉNICA COMO PRESTATARIO, EL
BANCO DE GRECIA COMO AGENTE DEL PRESTATARIO, HECHO EN BRUSELAS EL 14 DE
JUNIO DE 2011 Y EN ATENAS EL 10 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente
110/000291.)
- ENMIENDA AL ACUERDO MARCO DE LA FACILIDAD EUROPEA DE ESTABILIZACIÓN
FINANCIERA ENTRE EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,
IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA
ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA
REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE
AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA
DE ESLOVAQUIA, LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, LA
REPÚBLICA DE ESTONIA Y LA FACILIDAD EUROPEA DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA,
FIRMADA EN MADRID EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (Número de expediente
110/000297.)
El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: Dictámenes de la Comisión
de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Se ha solicitado
la votación separada de los expedientes 110/000291 y 110/000297. ¿Se
pueden votar conjuntamente estos dos que acabo de citar y separados del
resto de los dictámenes? (Asentimiento.) Así se hace. Por tanto, votación
separada de los dictámenes 110/000291 y 110/000297.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 331; en contra, cuatro; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los dictámenes.
- ACUERDO MARCO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA
PARTE, Y LA REPÚBLICA DE COREA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 10 DE MAYO
DE 2010. (Número de expediente 110/000270.)
- ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR ENTRE COSTA DE MARFIL, POR
UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO
EN ABIDYÁN Y BRUSELAS EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008. (Número de expediente
110/000271.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU
PROTOCOLO, HECHO EN HONG KONG EL 1 DE ABRIL DE 2011. (Número de
expediente 110/000272.)
- ACUERDO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL CONTRA LA
CORRUPCIÓN COMO ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, HECHO EN VIENA EL 2 DE
SEPTIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000273.)
- ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE
QATAR, HECHO EN MADRID EL 26 DE ABRIL DE 2011. (Número de expediente
110/000274.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR PARA EVITAR
LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHO EN SINGAPUR EL 13 DE ABRIL DE 2011.
(Número de expediente 110/000275.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE
SINGAPUR AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente 110/000276.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA
GABONESA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente 110/000277.)
- CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA
DE SUDÁN, HECHO EN MADRID EL 27 DE OCTUBRE DE 2010. (Número de expediente
110/000278.)
- ENMIENDAS DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
(FMI.), ADOPTADAS POR LA RESOLUCIÓN 66-2, EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010, POR
LA JUNTA DE GOBERNADORES, HECHO EN WASHINGTON EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010.
(Número de expediente 110/000283.)
El señor PRESIDENTE: ¿El resto de dictámenes se pueden aprobar por
asentimiento? (Pausa.) Quedan aprobados por asentimiento de la Cámara.
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS.
(VOTACIÓN.)
- ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS,
SOBRE EL INFORME APROBADO POR LA PONENCIA SOBRE SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y
ATENCIÓN EN DROGODEPENDENCIA. CLAVES PARA EL FUTURO. (Número de
expediente 154/000007.)
El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día: Acuerdo de la Comisión
Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, sobre el informe
aprobado por la ponencia sobre sistemas de tratamiento y atención en
drogodependencia. Claves para el futuro. Sometemos a votación este
informe que acabo de leer.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 338.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el referido informe.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
(VOTACIÓN.)
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
(UNIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COLEGIALES DE ECONOMISTAS Y DE
TITULARES MERCANTILES). (Número de expediente 122/000286.)
El señor PRESIDENTE: Por último, proposición de ley sobre la creación del
Consejo General de Economistas, unificación de las organizaciones
colegiales de economistas y de titulares mercantiles. Pasamos a realizar
la votación de conjunto del texto de la proposición de ley de acuerdo con
lo establecido en el artículo 150.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 338.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
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