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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 271, de 13/09/2011
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2011 IX Legislatura Núm. 271
Sesión plenaria núm. 257
celebrada el martes,
13 de septiembre de 2011


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular:

- Proposición de ley de televisión sin fronteras. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 271-1, de 8 de septiembre de 2010. (Número de expediente 120/000007.) ... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al mantenimiento de la deducción por inversión en vivienda habitual. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 289-1, de 28 de enero de 2011. (Número de expediente 122/000261.) ... (Página14)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al establecimiento de un programa de incentivos para paliar los daños del terremoto de Lorca y reactivar la actividad de la comarca. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 625, de 12 de septiembre de 2011. (Número de expediente 162/000903.) ... (Página20)


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- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a aprovechar las modificaciones normativas que se llevarán a cabo por la adhesión de Croacia para conseguir la oficialidad del catalán en las instituciones de la Unión Europea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 593, de 24 de junio de 2011. (Número de expediente 162/000888.) ... (Página23)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas de reconocimiento de la identidad y lengua catalana. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 619, de 3 de agosto de 2011. (Número de expediente 173/000230.) ... (Página28)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para mejorar el sistema de atención a las personas en situación de dependencia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 619, de 3 de agosto de 2011. (Número de expediente 173/000231.) ... (Página34)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Salvador), sobre los planes del Ministerio del Interior en orden a garantizar que los representantes de Bildu, presentes en las instituciones forales de Navarra y País Vasco desde las pasadas elecciones, respeten la legalidad vigente. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 619, de 3 de agosto de 2011. (Número de expediente 173/000232.) ... (Página39)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a poner en marcha el nuevo ministro del Interior para que, de una vez por todas, se cumpla el principio de legalidad en su ministerio. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 619, de 3 de agosto de 2011. (Número de expediente 173/000233.) ... (Página44)

Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación.) ... (Página49)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página49)

Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página50)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página50)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular ... (Página5)

Proposición de ley de televisión sin fronteras ... (Página5)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo y los señores Ríos Rull y Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ridao i Martín y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y los


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señores Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Bono Ara, del Grupo Parlamentario Socialista.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página14)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al mantenimiento de la deducción por inversión en vivienda habitual ... (Página14)

Defiende la toma en consideración la señora Báñez García, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ríos Rull y Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y las señoras Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposiciones no de ley ... (Página20)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al establecimiento de un programa de incentivos para paliar los daños del terremoto de Lorca y reactivar la actividad de la comarca ... (Página20)

Defiende la proposición no de ley la señora Barreiro Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mármol Peñalver, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a aprovechar las modificaciones normativas que se llevarán a cabo por la adhesión de Croacia para conseguir la oficialidad del catalán en las instituciones de la Unión Europea ... (Página23)

Defiende la proposición no de ley el señor Xuclà i Costa, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Ridao i Martín y la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Soravilla Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página28)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas de reconocimiento de la identidad y lengua catalana ... (Página28)

Defiende la moción el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Jorquera Caselas y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Montserrat Montserrat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para mejorar el sistema de atención a las personas en situación de dependencia ... (Página34)

Defiende la moción el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Ríos Rull y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Campuzano i Canadés.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Señor Salvador), sobre los planes del Ministerio del Interior en orden a garantizar que los representantes de Bildu, presentes en las instituciones forales de Navarra y País Vasco desde las pasadas elecciones, respeten la legalidad vigente ... (Página39)

Defiende la moción el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista y Alonso Aranegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a poner en marcha el nuevo ministro del Interior para que, de una vez por todas, se cumpla el principio de legalidad de su ministerio ... (Página44)

Defiende la moción el señor Cosidó Gutiérrez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tramitación directa y en lectura única ... (Página49)

El señor presidente informa de que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, somete a la consideración de la Cámara la tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley de creación del colegio general de economistas, lo que se aprueba por asentimiento.

Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación.) ... (Página49)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular sobre la televisión sin fronteras, se aprueba por 193 votos a favor, tres en contra y 145 abstenciones.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página49)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al mantenimiento de la deducción por inversión en vivienda habitual, se rechaza por 150 votos a favor, 172 en contra y 19 abstenciones.

Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página50)


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Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al establecimiento de un programa de incentivos para paliar los daños del terremoto de Lorca y reactivar la actividad de la comarca, se aprueba por 341 votos a favor.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a aprovechar las modificaciones normativas que se llevarán a cabo por la adhesión de Croacia para conseguir la oficialidad del catalán en las instituciones de la Unión Europea, con la incorporación de la enmienda del señor Jorquera Caselas, se rechaza por 26 votos a favor y 315 en contra.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página50)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas de reconocimiento de la identidad y lengua catalana, con la incorporación de la enmienda de los grupos Socialista, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 192 votos a favor, 148 en contra y una abstención.

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para mejorar el sistema de atención a las personas en situación de dependencia, se rechaza por 27 votos a favor, 311 en contra y una abstención.

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Salvador), sobre los planes del Ministerio del Interior en orden a garantizar que los representantes de Bildu, presentes en las instituciones forales de Navarra y País Vasco desde las pasadas elecciones, respeten la legalidad vigente, con la incorporación de la enmienda conjunta del señor Salvador Armendáriz y los grupos Popular en el Congreso y Socialista, se aprueba por 315 votos a favor, 14 en contra y 12 abstenciones.

Sometido a votación el punto A) 3, de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a poner en marcha el nuevo ministro del Interior para que, de una vez por todas, se cumpla el principio de legalidad en su ministerio, se aprueba por 170 votos a favor, 169 en contra y dos abstenciones.

Sometido a votación el resto de la moción, se rechaza por 150 votos a favor, 190 en contra y una abstención.

Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Señorías, les ruego presten atención al juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. En sustitución de don Francisco Reyes Martínez, pregunto a don Juan José Martínez Galán si jura o promete acatar la Constitución.

El señor MARTÍNEZ GALÁN: Sí, prometo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Acaba de adquirir la condición plena de diputado. (Aplausos.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:

- PROPOSICIÓN DE LEY DE TELEVISIÓN SIN FRONTERAS. (Número de expediente 120/000007.)

El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular. Proposición de ley de televisión sin fronteras. Ningún diputado o diputada ha solicitado el turno a favor. ¿En este momento alguien desea usarlo, o prefieren fijar posición? (Pausa.) Para fijar posición tiene en primer lugar la palabra doña Uxue Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.

Voy a intervenir brevemente y desde el escaño para señalar en primer lugar nuestra posición a favor, más allá de que es tradición en el Grupo Mixto no hacer sino fijar la posición, que es quizá lo que mejor refleja el grueso de la posición de los componentes. Pero, como digo, señalo la posición a favor de Nafarroa Bai a esta iniciativa legislativa popular que quiero empezar por saludar, y saludar igualmente el que haya llegado a la Cámara, aunque sea en este último momento, el proyecto de ley de televisión sin fronteras. Quiero anunciar, por supuesto,


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nuestro voto favorable aludiendo a una posición incuestionable: en un mundo global difícilmente la comunicación puede comprenderse con el constreñimiento de las fronteras. Por tanto, saludamos también el título del proyecto de ley, que expresa y explica claramente cuál debe ser a nuestro entender la posición del conjunto de esta Cámara. Pondré un simple ejemplo. Yo sé que este debate se ha catalanizado de alguna manera, pero no es cierto; es el debate a nuestro entender del sentido común. Pondré un ejemplo. En Navarra en estos momentos cualquier niño pequeño puede ver dibujos animados en cualquier lengua del mundo menos en euskera, porque no tenemos la oportunidad de acceder a Euskal Telebista, dadas las imposiciones estrictamente administrativas y en algunos casos puerilmente partidarias que nos imponen al conjunto de los ciudadanos, a los euskaldunes y a los no euskaldunes. Por lo tanto, manifestamos nuestra posición favorable, en la que nos gustaría ver sumado al conjunto de los grupos de la Cámara.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.

Tiene la palabra el señor Ríos.

El señor RÍOS RULL: También desde el escaño intervengo para manifestar nuestra posición favorable a esta iniciativa legislativa popular tanto por el fondo, en el sentido ya señalado por mi compañera, como por el origen de la misma, que es una iniciativa legislativa popular, y por tanto nuestro grupo se congratula de que los ciudadanos hayan tenido esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, muchas gracias.

Señor Jorquera, tiene la palabra.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, promotores de la iniciativa, en primer lugar quiero expresar la satisfacción del Bloque Nacionalista Galego por el hecho de que hoy estemos discutiendo la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular avalada por la firma de más de medio millón de personas. Son muchos los ciudadanos que reclaman una democracia de más calidad, una democracia más participativa. El BNG comparte plenamente esta reclamación; una reclamación aún de más actualidad estos días, después de que se pretenda sustanciar una reforma constitucional sin someterla a consulta popular. Creemos que una democracia de más calidad pasa, entre otras medidas, por incentivar las consultas públicas y las iniciativas legislativas populares. Creemos que hay que flexibilizar las condiciones para que puedan presentarse y hay que permitir, como en otros parlamentos, que sus impulsores tengan la oportunidad de defenderla ante la Cámara. Pero además en este caso nuestra satisfacción es doble porque compartimos plenamente los contenidos de esta iniciativa legislativa popular; una iniciativa que pretende garantizar el cumplimiento del artículo 11 de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, suscrita por el Estado español. El citado artículo establece que los Estados firmantes deben garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una lengua regional o minoritaria, y a no oponerse a la retransmisión de emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en dicha lengua. La iniciativa televisión sin fronteras pretende además desarrollar en el ámbito interno, y por analogía, el citado precepto estableciendo las disposiciones legales que permitan la recepción en los territorios en los que se habla catalán, euskera o gallego en sus distintas modalidades regionales o locales de las emisiones autonómicas de radio y televisión realizadas en estas lenguas por otras comunidades vecinas.

Compartimos plenamente los fundamentos de derecho que motivan esta iniciativa legislativa popular. Pero al margen de estas consideraciones de derechos, señorías, ¿es lógico que las fronteras políticas y administrativas sigan siendo un obstáculo para el respeto y la promoción de la diversidad lingüística y cultural? Señorías, Galicia tiene una lengua propia. El dominio lingüístico del gallego traspasa los límites administrativos de nuestra comunidad. Distintas modalidades del idioma gallego constituyen también el idioma propio de la comarca del Bierzo, del occidente de Asturias y del valle de Xálima, en el norte de Extremadura. Pero además, señorías, el gallego es la lengua matriz del séptimo sistema lingüístico en número de hablantes del mundo; 250 millones de personas hablan en el mundo distintas variantes del gallego o portugués. En una Europa sin fronteras, ¿es lógico que aún no esté garantizada la recepción en Galicia de las emisiones de la radio y la televisión portuguesas y, a la inversa, la recepción en Portugal de las emisiones de la radio y la televisión gallegas? ¿Es lógico que ocurra lo mismo entre Galicia y nuestras comunidades vecinas donde en parte de su territorio se hablan variantes de nuestro idioma? Señorías, me viene a la memoria una maravillosa estampa de Alfonso Rodríguez de Castelao. Se titula Naveira do Miño. En ella aparecen un niño y un anciano conversando a las orillas del río Miño. (Pronuncia palabras en gallego.), pregunta el niño. Y concluye Castelao: (Pronuncia palabras en gallego.) Señorías, los idiomas, las culturas no tienen fronteras. No hagamos de los límites administrativos fronteras que dificulten la interrelación y el conocimiento mutuo a través de la radio y la televisión de comunidades que comparten la misma lengua y la misma cultura. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) No convirtamos en extranjeros a pueblos hermanos. Por esto solicito el apoyo de toda la Cámara a esta iniciativa legislativa popular.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Ridao.

El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.

(Comienza su intervención en catalán.) Hecho este capítulo protocolario, pero no por ello menos sincero, les anticipo, señorías, señora presidenta, como no puede ser de otra forma, el apoyo de nuestro grupo parlamentario y en particular de Esquerra a esta iniciativa, porque nuestro grupo se ha caracterizado durante esta legislatura y la anterior por su denodado esfuerzo a la hora de desplegar distintas iniciativas para garantizar las emisiones de TV3, la televisión de Cataluña, en el País Valencià y, evidentemente, la reciprocidad de las emisiones de TV3 y de Canal Nou tanto en el Principado de Cataluña como en el País Valencià. De hecho, este es un reconocimiento que hoy quiero personificar en Agustí Cerdà, quien fue a la sazón nuestro portavoz en la anterior legislatura y que hoy nos acompaña en la tribuna de invitados.

Señorías, es bien sabido que esta no es una iniciativa privativa del País Valencià, pero cierto es que todo el mundo sabe que durante veinticinco años la televisión de Cataluña ha podido ser vista en el País Valencià gracias al voluntarismo y sobre todo a la iniciativa, por suscripción popular, de la sociedad civil en Valencia y gracias también al esfuerzo de Acció Cultural del País Valencià. Han sido veinticinco años, por cierto, llenos de dificultades, de penalidades de todo tipo, de una alegalidad y de una situación de acecho permanente por parte de los sucesivos gobiernos de todo signo y color político, tanto aquí en Madrid como en la capital del Turia. De hecho, toda la gente de bien sabe y recuerda perfectamente en el País Valencià los cambios de frecuencia, las súbitas interrupciones de las emisiones y, más recientemente, la asfixia financiera a la que el Gobierno valenciano, con multas y todo tipo de sanciones administrativas millonarias, ha sometido a Acció Cultural para, básicamente, provocar un lento y agónico final a la presencia de TV3 en el País Valencià. Por esto, señorías, de entrada lo que salta a la vista es que este es un problema eminentemente político, no es una cuestión puramente técnica. Ya me dirán cuán paradójico es que en 2011, en plena era de la información y en pleno contexto de la globalización y de la televisión sin fronteras, en Alzira, en Crevillent o en Vinaroz se pueda ver la CNN o Al Yazira y no la TV3 de Cataluña. Política es, por ejemplo, la actitud de un gobierno valenciano del Partido Popular que hasta ahora ha evidenciado un exceso de celo y un afán de persecución sin cuartel contra las emisiones de TV3 en el País Valencià como nunca se había visto. ¿Y por qué? Simplemente, señorías, porque TV3 emite en el País Valencià con la lengua propia de muchos valencianos, que es el catalán que se habla en Valencia; simplemente porque TV3 es sentida como propia por muchos valencianos y va en contra de ese afán de la derecha valenciana, del españolismo más rancio, que intenta básicamente ensanchar la fractura, las diferencias y el desencuentro entre Cataluña y el País Valencià. Aun sin reparar, por cierto, en lo arbitrario y autoritario que supone atentar no solo contra la lengua catalana, en este caso, sino también contra la libertad de expresión y contra la libertad de información, con lo que la oposición a las emisiones de TV3 en el País Valencià es, por un lado, una muestra clara y visceral de anticatalanismo pero, por otro lado, también de un caciquismo contrario al pluralismo político e informativo.

Lo que plantea, por tanto, esta ILP, de acuerdo con la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias y también basándose en la normativa europea sobre libertad de circulación de la producción audiovisual, es proporcionar una herramienta para que sea el Estado el que garantice la libertad de las recepciones de TV3 en el País Valenciano, porque están hechas, insisto, en la misma lengua -por cierto, este es un supuesto de hecho habilitante que prevé la legislación comunitaria-, es decir, que el Estado habilite los múltiplex y el espacio radioeléctrico, el espectro necesario, atendiendo no ya al incumplimiento o la dejación que hace un gobierno autonómico -en este caso el valenciano, que se niega a garantizar esa reciprocidad de las emisiones- sino atendiendo a la realidad de que hay un problema que supera el ámbito de una sola comunidad autónoma y, por tanto, una necesidad de planificar también su propio espacio radioeléctrico. Esta es una solución técnica, señorías, impecable, que además es posible si hay voluntad política y que puede hacerse extensiva a otros territorios que también tienen lenguas distintas al castellano. Si esta no fuera una solución técnica razonable, e incluso impecable técnicamente, si no hubiera, por tanto, título habilitante por parte del Estado, no se hubiera alcanzado en su día por parte del Ministerio de Industria un acuerdo para que se utilizaran diferentes frecuencias por parte del Estado en el marco de la puesta en marcha de la televisión digital terrestre, o que el propio Presidente del Gobierno, señor Zapatero, en abril de 2007 hubiera dicho que ese es el camino razonable y posible para dar solución a este problema. Así pues, señorías, quiero apelar al sentido común de todos los grupos de la Cámara, porque, ¿cómo se explica hoy, señorías, que pueda verse TV3 en el norte y el sur de Francia o en Andorra o en Cerdeña, en Italia, y no en Castelló de la Plana? ¿Cómo pueden ustedes explicar esa anomalía? El Estado, por tanto, por una vez, debe garantizar las emisiones de TV3 y acabar con tanta arbitrariedad y con esa actitud política de los gobiernos de turno en el País Valenciano, es decir, que se convierta por una vez en garante de la reciprocidad de las emisiones. Por tanto, paz por territorio, señoría; TV3 en el País Valencià, Canal Nou también en Cataluña.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.

Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Intervendré brevemente. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya votará favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley de televisión sin fronteras, que llega al Congreso como iniciativa legislativa popular con el impresionante apoyo de 651.650 firmas, así como de las academias de las lenguas gallega, vasca y catalana. Se trata de una iniciativa legislativa que responde a una necesidad y a un objetivo: lograr que lleguen a los territorios en que se habla catalán, euskera o gallego -en su momento también el asturiano-, en sus distintas modalidades, las emisiones autonómicas que se realizan por parte de la radio y la televisión de las comunidades autónomas.

Efectivamente, la vigente Ley General de Comunicación Audiovisual no garantiza que se otorgue por parte del Estado el uso del espacio radioeléctrico para hacerlo posible, y además sigue condicionando la existencia de convenios de reciprocidad entre comunidades autónomas para que sea efectivo este derecho. Sin embargo, la Constitución establece en su artículo 3 el principio de protección del pluralismo lingüístico y el correspondiente mandato dirigido a los poderes públicos para hacer efectivo este principio, máxime cuando el artículo 20 de nuestra Carta Magna requiere el respeto del pluralismo de la sociedad y de las distintas lenguas oficiales de España, atendiendo a la singularidad y singular relevancia de los medios de comunicación social. Esta proposición de ley recoge la normativa europea, que resalta la importancia de la libertad de circulación de los productos audiovisuales, la obligación de los Estados miembros de garantizar la libertad de recepción de las emisiones, no obstaculizar las retransmisiones, así como la necesidad de adoptar medidas específicas para evitar que las fronteras políticas y administrativas sean un obstáculo para la promoción de la diversidad lingüística, tal y como establece la Directiva de Televisión sin Fronteras y la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales sin Fronteras de 2007. La Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, igualmente suscrita por España e incorporada a nuestro derecho interno, impide cualquier restricción a la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas, sin consideraciones de fronteras. Pero sobre todo, señorías, esta iniciativa responde a una demanda social en los distintos territorios autonómicos para potenciar los medios de comunicación realizados en lengua propia, subsanando el déficit de la legislación vigente y garantizando las condiciones jurídicas y tecnológicas necesarias para la recepción y el intercambio de las emisiones. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario respalda plenamente su toma en consideración.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Beloki.

El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, desearía comenzar mi intervención agradeciendo y felicitando a los promotores de esta iniciativa legislativa popular, que hacen que hoy los distintos grupos parlamentarios tengamos que fijar posición sobre los términos en que dicha iniciativa ha venido al Congreso.

Las razones de ser y los fundamentos jurídicos así como los contenidos precisos están meridianamente claros en la propia iniciativa legislativa popular, de forma que prácticamente nada tengo que añadir ni que precisar. Sí quizás insistir en que va siendo hora de que en el marco de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, firmada en Estrasburgo el 5 de noviembre y aprobada y ratificada por España el 2 de febrero de 2001, el Estado, en este caso representado por el Gobierno central, adopte también en el campo de la televisión una actitud más proactiva en la defensa y promoción de esa supuesta España plurilingüe tan proclamada por la Constitución como p oco asumida por sus órganos centrales, incluido, cómo no, el Gobierno central. Numerosos son los ejemplos de estos mismos días de lo que acabo de afirmar, y la iniciativa legislativa popular que hoy se somete a nuestra consideración constituye un ejemplo más que avala esta opinión sobre que la pluralidad, en este caso lingüística, del Estado español constituye una asignatura entre pendiente o simplemente no aprobada y que además desgraciadamente está teniendo un desarrollo no pacífico y consensuado, al contrario de como sería de desear y como vemos que ocurre estos días.

La iniciativa legislativa popular abarca un ejemplo de lo que vengo a afirmar, en este caso en el campo de la televisión y más específicamente en el campo de la televisión digital. ¿Qué cosa hay más razonable -como la que viene a proponer esta iniciativa legislativa- que las posibilidades técnicas que abrió el paso de la televisión analógica a la digital -lo cual habría que extender al conjunto de las nuevas tecnologías- sean aprovechadas también para un cumplimiento más cabal del precepto constitucional de respeto y protección de las distintas lenguas que existen en el Estado español? ¿Qué cosa hay más lógica que quienes eran y son los responsables competentes de forma exclusiva de la regulación técnico-administrativa del régimen general de comunicaciones, específicamente de la regulación del uso del espectro radioeléctrico, esto es el Gobierno central, tuvieran por sí mismos la iniciativa, la voluntad y la atención de atender estos requerimientos de respeto y de protección de todas las lenguas que existen, incluso de forma legalmente reconocida, en el conjunto del Estado, y que posibilitaran que aquellas lenguas que


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existen en diferentes partes del territorio puedan acceder con libertad a aquellas partes en las que las ciudadanas y los ciudadanos las usen y no se vean limitados por sinrazones de ninguna clase a que determinados límites territoriales o administrativos establecidos para otro tipos de servicios sean los que les impidan promover el uso de esa lengua que es oficial también para ellos? ¿Qué inconveniente puede haber en ello para que, en la medida en que las condiciones técnicas lo posibiliten, los catalanohablantes, los vascohablantes o los gallegohablantes de territorios próximos, administrativamente hablando, máxime si tienen reconocida la oficialidad del catalán, del euskera o del gallego en los mismos, puedan seguir las, por otra parte, siempre escasas y desiguales emisiones televisivas que se desarrollan en la comunidad de al lado, sin más limitación que la voluntad y el deseo de los propios ciudadanos, pero no por razones técnicas que se lo impidan? ¿Qué otras razones superiores o anteriores, enmarcadas siempre, si estamos hablando del servicio público y del interés general, pueden anteponerse a estos intereses? A mi grupo no le alcanza que pueda haber otros intereses superiores; nunca los hubo, y hoy, cuando el desarrollo tecnológico ha abierto y sigue abriendo las posibilidades que ha abierto, menos que nunca.

Vivimos en un tiempo en el que van desapareciendo las fronteras, y no solo entre comunidades autónomas, pero pareciera que, al revés del mundo, hay quien quiere que haya unas fronteras superiores entre comunidades autónomas, en este caso en el mundo de la televisión. Cuando la libre circulación de la información parece ser algo que le afecta a todo el mundo en el plano teórico, a la hora de extraer las conclusiones prácticas de estas afirmaciones nos vemos con estos contrasentidos y actuaciones, que siempre, eso sí, van en perjuicio de las lenguas minorizadas, siempre. Demasiado es el riesgo que ya de por sí corren las lenguas minorizadas como para que sigamos poniendo obstáculos, si de verdad nos creemos lo que dice la Constitución del respeto a las lenguas que existen de forma oficial en el conjunto del Estado español. Por cierto, parece que algunos se preguntan a quién toca defender esto; pero la pregunta debería ser al revés: ¿a quién no toca defender esto? Por supuesto, nos toca a los que somos usuarios de esas lenguas, los vascohablantes, los catalanohablantes, los gallegohablantes; toca también, cómo no, a las instituciones propias de las comunidades autónomas con lengua propia además del castellano; pero toca no menos a la Administración central, que disponiendo de competencias, por ejemplo, en la regulación de uso del espacio radioeléctrico, debe ejercerlas teniendo en cuenta el conjunto de los derechos y deseos de los ciudadanos y las ciudadanas y de los derechos y deseos lingüísticos antes que otros muchos derechos y deseos, a juicio de mi grupo, salvo que se llame interés general a cosas que son otro tipo de intereses.

Estamos cerrando la IX Legislatura y es evidente que, se tome o no en consideración esta iniciativa legislativa popular, el tema no va a quedar resuelto, legislativamente hablando. Entiende mi grupo que el Gobierno, incluso sin modificación legal alguna, podría haber resuelto este tema. Nosotros le animamos a que lo haga en el tiempo que todavía le queda de Gobierno, aunque a las Cortes les quede poco tiempo, tan poco que no va a poder aprobar esta iniciativa legislativa popular. En todo caso, si el Gobierno opta por mirar para otro lado, el problema y la reivindicación que recoge la iniciativa popular, por un lado, seguirán vivos y, por otro lado, se sumarán a ese conjunto cada día más complejo y más complicado de problemas mal resueltos o simplemente no resueltos que podemos encuadrar en eso que el Estado llama su Constitución de hace treinta y tres años, cuando habló de nacionalidades y regiones, cuando habló de un patrimonio cultural propio constituido, entre otras cosas, por otras lenguas además del castellano. Cuando los problemas origen de estas afirmaciones y declaraciones constitucionales siguen creciendo treinta y tres años después, es que, lejos de haberlos resuelto, los estamos complicando. Nosotros creemos que este es uno de esos problemas que requieren todo y cualquier cosa menos complicación, como estos días estamos viendo en otros ejemplos. Nada más erróneo y menos justo -con esto termino- y útil para resolver los graves problemas que tenemos, económicos y políticos, que asoman con claridad al final de esta IX Legislatura, pero que con seguridad van a seguir asomando en la décima, que pretender, entre comillas, olvidarse de los mismos mirando para otro lado. Eso es querer poner puertas al campo en un mundo que ya no acepta ponerlas, y menos en el campo de las comunicaciones televisivas y del resto.

Mi grupo termina su intervención volviendo a dar las gracias a quienes han promovido esta iniciativa y deseándoles que este pequeño paso que hoy han dado para hacer llegar el tema a este Congreso y al hemiciclo sea el primero de los pasos que nos lleven a la resolución de un tema demasiado tiempo pendiente porque el Gobierno no ha sabido resolverlo cuando pudo hacerlo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: (Comienza su intervención en catalán.) Decía que acojo con satisfacción la participación en esta toma en consideración porque los motivos que la fundamentan son especialmente importantes: la promoción y protección de las distintas comunidades lingüísticas del Estado español, impulsando una iniciativa legislativa que garantice con carácter general y estable y con condiciones técnicas y de intercambio equiparables el cumplimiento de los objetivos de protección de las lenguas catalana, euskera y gallega ante el desarrollo de la televisión digital. Es importante destacar que todas las comunidades autónomas


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con lengua propia apoyan esta iniciativa y alguna, como es el caso de Cataluña, lo ha hecho explícitamente mediante una declaración del presidente y de la Junta de Portavoces del Parlament de Catalunya de fecha 2 de febrero de 2010. Por lo tanto, y como no puede ser de otra manera, nuestro grupo parlamentario anuncia ya, en este momento, el apoyo a la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular y además pedimos al resto de los grupos de la Cámara que también se sumen favorablemente a la toma en consideración.

Estamos ante una iniciativa que tiene amplísimo apoyo ciudadano y que incide en una cuestión tan sensible y digna de protección y promoción como son las distintas lenguas que conviven en España y que forman parte sustancial de nuestro patrimonio cultural. Es evidente que los medios de comunicación tienen un papel determinante en la protección y fomento de estas lenguas, como también desempeña un papel fundamental en esta labor la escuela, facilitando que los niños dominen perfectamente las lenguas propias de las respectivas comunidades, por lo que situaciones como la que se está viviendo estos días en Cataluña con la polémica del modelo lingüístico deberían haberse superado ya por disponer de un sistema ejemplar que ha supuesto un instrumento importantísimo de cohesión social. La lengua es el alma de un país en palabras de Mercè Rodoreda, y por ello el Gobierno y las distintas administraciones deben respetar, garantizar y fomentar el pluralismo lingüístico y cultural reconocido en la Constitución. La iniciativa que hoy se nos ha presentado para su toma en consideración pretende que lleguen a los territorios en los que se habla catalán, euskera o gallego y sus distintas modalidades las emisiones autonómicas de radio y televisión realizadas en esas lenguas por otras autonomías vecinas o colindantes; es decir, que el uso del espacio radioeléctrico se ordene teniendo en cuenta no solo criterios técnicos sino también de otra índole, como son los de pertenencia a una misma comunidad lingüística y proximidad geográfica. En definitiva, se está hablando de Galicia-El Bierzo, Cataluña-Baleares-Valencia y Euskadi-Navarra. Pero lo que no queremos es poner el ojo en esta cuestión en el tema de Cataluña, como ha mencionado anteriormente la portavoz Uxue Barkos. Esta no es una cuestión simplemente de Cataluña y el País Valencià, escapa de esos ámbitos; este es un tema que abarca a otras comunidades autónomas, es una cuestión que no está resuelta en la Ley General Audiovisual y estamos hablando de una materia que es competencia del Gobierno del Estado por cuanto le corresponde en exclusiva el uso del espacio radioeléctrico. La situación actual genera muchas situaciones conflictivas y la solución que ofrece la presente iniciativa creemos que podría ser una buena opción, que además se fundamenta legalmente en la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, firmada y ratificada por España, por lo que ha pasado a formar parte de nuestro derecho interno. Además, corresponde al Estado impulsar las normas y medidas técnicas necesarias que permitan que los canales digitales de la radio y televisión de titularidad de una comunidad autónoma sean recibidos en el ámbito territorial de otra comunidad autónoma con la que compartan lengua, evitando así situaciones que no tienen sentido alguno y que para nada contribuyen al fomento y protección de la pluralidad lingüística y cultural a la que antes me refería.

Ante conflictos surgidos en este ámbito es necesaria la implicación del Gobierno, cosa que no ha sucedido hasta el momento. No se ha ejercido ese papel activo y se ha permitido el enquistamiento de determinadas situaciones. Es inaceptable el silencio del ministerio ante esta situación. Solo mencionaré, a título de ejemplo, que el portavoz y secretario general de Presidencia del Govern de la Generalitat remitió el pasado mes de febrero una carta al secretario de Estado de Comunicaciones y para la Sociedad de la Información, solicitando que se trabajara para aportar lo antes posible una solución técnica que facilitara el acuerdo de reciprocidad entre Cataluña y el País Valencià a raíz de la interrupción de las emisiones de TV3 e, incomprensiblemente, hasta el momento ni siquiera se ha recibido respuesta ni tan solo de cortesía, a pesar de los meses transcurridos. Situaciones como esta ejemplifican la pasividad del Gobierno ante determinados conflictos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Hemos dicho que desde Cataluña se ha trabajado para encontrar una vía de solución a la situación actual, pero también nos consta la sensibilidad de otras partes del territorio. Así, el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, del que era alcalde, por cierto, el actual president Fabra, aprobó el pasado 24 de febrero un acuerdo para instar al Gobierno central a prestar conformidad inmediata a la tramitación de la presente iniciativa legislativa popular. Hay un amplio consenso respecto a su necesidad y objeto. Por tanto, reclamamos una mayor implicación del Gobierno para que asegure la planificación del espacio radioeléctrico, facilitando así la comunicación efectiva entre comunidades lingüísticas próximas. En Convergència i Unió desde el primer momento hemos estado al lado de esta iniciativa legislativa. Hemos participado activamente hasta su presentación en esta Cámara y hemos sido determinantes a la hora de evitar posibles vetos amparados en razones económicas que no tenían otra razón de ser que impedir su tramitación, quizá por la incomodidad de algunos. En pleno siglo XXI no tiene ningún sentido mantener barreras en las comunicaciones, barreras que algunos portavoces han calificado de políticas más que de otra índole técnica y efectivamente creemos que es así. Es absurdo no tener en cuenta afinidades lingüísticas a la hora de ordenar el espacio radioeléctrico y creemos que es oportuna, acertada y rigurosamente fundamentada la tramitación de la presente iniciativa. Por todo ello, Convergència i Unió solicita que los demás grupos parlamentarios también se sumen a la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.

Tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Popular quiere, a través de quien les habla, manifestar su respeto más absoluto por esta iniciativa legislativa popular y por sus promotores. Somos conscientes de lo que significa la iniciativa legislativa, del trabajo que exige una iniciativa legislativa para conseguir que pueda ser, como estamos haciendo ahora, debatido si se admite o no a trámite -esta en particular ha recibido el apoyo de 671.000 personas, además del de muchas instituciones de todo tipo en el conjunto de España- y somos conscientes además de que en este momento procesal hay una especial sensibilidad en el conjunto de la sociedad española hacia este tipo de iniciativas políticas; por lo tanto, desde el comienzo, nuestro pleno respeto político y, en consecuencia, nuestro pleno respeto parlamentario.

Como saben, señorías, el debate de admisión a trámite de una proposición de ley es el equivalente al debate de totalidad en un proyecto de ley cuando la iniciativa legislativa procede del Gobierno. Comienzo por decir que nuestro grupo parlamentario no se va a oponer a que esta iniciativa pueda ser tramitada parlamentariamente, y digo que no se va a oponer siendo conscientes de que con nuestra abstención, en la medida en que esta iniciativa, por su naturaleza, no va a decaer al acabar la legislatura, esta Cámara tendrá ocasión de tramitarla, de debatirla y de votarla en la legislatura que se iniciará con ocasión de las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. Quiero decir también que nuestro grupo, al afirmar su abstención, quiere expresar de manera muy sensible que esa abstención no debe ser interpretada como neutralidad ni, mucho menos, como indiferencia; todo lo contrario, esta abstención responde a la convicción de que esta iniciativa legislativa popular merece ser tratada con la consideración que merece una iniciativa legislativa popular en general y esta que estamos debatiendo en particular, pero al mismo tiempo afirmando la convicción por parte de mi grupo parlamentario de una especial reserva sobre algunos aspectos que conforman el contenido material de la iniciativa y que, en consecuencia, serán objeto de la correspondiente enmienda, como procede en toda iniciativa legislativa una vez que ha pasado el trámite de totalidad o el trámite que en estos momentos estamos sustanciando.

Decía pues, señorías, que estamos ante una iniciativa, la de televisión sin fronteras, de un gran calado político, pero para que pueda tener la adecuada solución política requiere, y en este caso de manera muy particular, como ya han señalado algunos intervinientes con anterioridad, una previa solución técnica. En términos matemáticos se suele hablar de condición necesaria y condición suficiente. En este caso la condición necesaria es el tercer múltiplex para la Comunidad Valenciana y la condición suficiente es el acuerdo político. Por declaraciones de altos representantes de los gobiernos autonómicos catalán y valenciano, a las que ahora me referiré, es evidente que ese acuerdo político deseable es posible. Por algunas de las intervenciones que aquí se han producido evidentemente ese acuerdo político no sería posible, pero precisamente por eso los grupos políticos a los que pertenecen determinados oradores son irrelevantes en determinadas comunidades autónomas y van a ser irrelevantes a la hora de las decisiones y los acuerdos políticos, y quizá deberían reflexionar acerca de ello. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) A estos efectos me refiero de manera particular a las declaraciones del portavoz del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, en las que, literalmente, aludía al tema que nos ocupa de la siguiente forma: La Comunidad Valencia debería tener un tercer múltiplex de TDT, igual que Cataluña, ya que cuenta con dos lenguas oficiales. Y el mismo alto cargo decía: Sin un acuerdo técnico antes, no habrá acuerdo político. Estamos hablando de declaraciones de hace escasos meses, de este mismo año. En paralelo, el vicepresidente primero y conseller de Industria del Gobierno de la Generalitat Valenciana en las mismas fechas decía: TV3 será la primera televisión en poderse ver en la Comunidad Valenciana en cuanto haya la posibilidad desde el punto de vista técnico. No son ociosas todas estas declaraciones. Conviene tener memoria: Montilla, Carod Rovira y TV3 apagan Canal Nou y humillan a Valencia. Las sensibilidades las tenemos todos y las tienen todos. Por tanto, la solución técnica -que, como se ha dicho muy bien aquí antes, ya se podía haber resuelto, la del tercer múltiplex para la Comunidad Valenciana- está en manos del Gobierno, el cual, por cierto, vetó hace once meses, exactamente el 14 de octubre del pasado año, que se pudiera tramitar esta iniciativa legislativa popular, iniciativa que hoy previsiblemente será admitida a trámite -y lo celebramos- y será debatida en consecuencia en la próxima legislatura, pero que si no la hubiera vetado el Gobierno hace once meses, hubiera sido debatida y votada en esta legislatura. (Aplausos.) Por tanto, que cada palo aguante su vela o, dicho de otra manera, que cada cual asuma sus responsabilidades. En este caso hablo del Gobierno de la nación y de los que pactaron de manera muy particular y apoyaron a ese Gobierno, y por ejemplo de la Ley de Comunicación Audiovisual, aprobada, como saben, después de la presentación de la iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados y que en su artículo 40.3 regula una solución política del contencioso que aquí estamos debatiendo, que fue apoyada por la inmensa mayoría de los que en estos momentos se han pronunciado con anterioridad. La iniciativa legislativa popular contradice el artículo 40.3 de la Ley de Comunicación Audiovisual en la medida en que dicha ley establece que, resueltas las premisas técnicas, mediante convenio bilateral y garantizando la reciprocidad no hay ningún problema para que haya lo que


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venimos en llamar una televisión sin fronteras. Sin embargo, como saben, la iniciativa legislativa popular no acepta -y es un tema que tendremos que debatir, evidentemente- que se someta a la suscripción de un convenio bilateral entre las comunidades autónomas afectadas. Por otra parte, hemos de tener presente, como también se ha señalado aquí, que no es solo un caso que afecte a Cataluña y a la Comunidad Valenciana, sino que también afecta a otras comunidades. Aquí se ha citado el caso del euskera, y podemos hablar de Telebista y de la Comunidad Foral de Navarra, donde estos mismos contenciosos se han planteado con anterioridad y han sido objeto de debate en esta Cámara y en el Senado.

Se ha aludido a que uno de los fundamentos jurídicos de la iniciativa legislativa popular -y es cierto- es la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. Quiero recordar, señorías, que esa carta fue ratificada por el Estado español por medio de estas Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados el día 23 de noviembre de 2000 y en el Senado el 20 de diciembre de 2000, en un momento -¡oh, casualidad!- en el que en el Congreso y en el Senado el Grupo Popular tenía mayoría absoluta. Por tanto, se ratificó la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias por unanimidad, es verdad, pero con el apoyo, evidentemente, del Grupo Popular, que tenía mayoría absoluta. Por tanto, apoyamos esa carta europea en su espíritu y en su letra no por obligación, sino por convicción.

Como sabemos -ya me he referido a ello-, la Ley General de Comunicación Audiovisual dio una respuesta -no tiene por qué ser la única, pero es la respuesta legal que hay- a este contencioso en el artículo 40.3, artículo que apoyaron todos ustedes, señorías. Y la ley, además, fue aprobada y apoyada por la práctica totalidad de la Cámara, salvo por el Grupo Popular, que fue marginado. Pero resulta que hay que ser coherentes y no ser contrarios a los propios actos, y no se puede apoyar simultáneamente, por lo menos en este punto, una iniciativa y la contraria. Dice el artículo 40.3 de la Ley de Comunicación Audiovisual que la emisión del servicio público de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una comunidad o ciudad autónoma en otra limítrofe y con afinidades lingüísticas y culturales podrá ser efectuada siempre que así lo acuerden mediante convenio y exista reciprocidad. No pone más condiciones y eso lo apoyaron todos ustedes. Nosotros tenemos que decir que apoyamos esta solución sin negar otras. Apoyamos que, previa la solución técnica, que en este caso -insisto- pasa por el tercer múltiplex a la Comunidad Valenciana, se llegue en todo caso a la solución definitiva política mediante un convenio bilateral con la reciprocidad correspondiente, convenio donde se contengan los derechos y obligaciones de ambas partes.

Para acabar, señor presidente, el Grupo Popular es favorable a la reciprocidad y entiende que es posible apostar y que se debe apostar por la televisión sin fronteras. Entre otras cosas, ¿saben por qué? Porque el Grupo Popular no quiere televisiones que se dediquen a crear fronteras donde ni las hay ni las debe haber, dicho de pasada. (Aplausos.) Y digo que la reciprocidad de las emisiones entre comunidades limítrofes -insisto en que será tema de debate en la tramitación legislativa en la legislatura que viene- no esté vinculada solo a lo lingüístico, que por supuesto, sino también por razones de afinidad cultural, social o económica. En el caso de la Comunidad Valenciana no tiene por qué negársele la posibilidad, dotando de los medios técnicos correspondientes, de que comunidades vecinas, como Murcia o Castilla-La Mancha, por ejemplo, puedan establecer, si así lo acuerdan sus respectivos gobiernos, los correspondientes convenios bilaterales de reciprocidad. En particular -ya que hemos hablado de respeto en varias ocasiones y en particular cuando hablamos de la lengua, y me parece muy bien, porque debe ser así- conviene que respetemos lo que dicen la Constitución y los estatutos, y el Estatuto de la Comunidad Valenciana habla de la Comunidad Valenciana y del valenciano como lengua oficial de la Comunidad Valenciana. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Fernández, por favor.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Termino, señora presidenta.

Como antes insistí en que la condición necesaria es el acuerdo técnico -tercer múltiplex- y la condición suficiente es el acuerdo político, digo esto porque para que haya acuerdo político tiene que haber buena voluntad, buena fe y respeto por ambas partes. Y el respeto implica respetar las señas de identidad cultural, histórica y por supuesto estatutaria y constitucional de las diferentes comunidades autónomas. Y, por último, como he dicho, la reciprocidad debe estar vinculada en todo caso a la suscripción de un convenio entre las comunidades afectadas.

Con este espíritu, insisto, nosotros no nos oponemos a que se tramite. Estamos a favor de que se tramite y tendremos ocasión -Dios mediante- en la próxima legislatura de debatir en profundidad sobre esta cuestión, porque nos parece necesario y conveniente para todos que se resuelva a satisfacción del conjunto de la sociedad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bono Ara.

El señor BONO ARA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, voy a reiterar el reconocimiento a los promotores de esta iniciativa. No es muy habitual tratar en esta Cámara una iniciativa legislativa popular. Es necesario reunir medio millón de firmas que se han de


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someter a una rigurosa acreditación por parte de la Junta Electoral Central. La proposición de ley que abordamos hoy recoge más de 650.000 firmas de personas que en su inmensa mayoría viven en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. La iniciativa tiene un último objetivo encomiable: la protección y difusión de las lenguas minoritarias de España. A nadie se le escapa que hoy en día dicho objetivo pasa por asegurar la presencia de esas lenguas en las televisiones públicas, no en vano las televisiones de las comunidades autónomas tenían su principal razón de ser en la promoción de la lengua propia, un patrimonio lingüístico que excede las fronteras administrativas y es compartido con frecuencia por hablantes de diferentes territorios. El Grupo Parlamentario Socialista es sensible a esa demanda ciudadana y, en consecuencia, votaremos a favor de la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular. Somos no solo respetuosos como el Grupo Parlamentario Popular, sino que votaremos a favor y no nos vamos a abstener. Tiempo habrá en esta Cámara para discutir los propuestas concretas que contempla la iniciativa, corregir aspectos técnicos y dilucidar las consideraciones económicas que han dificultado su tramitación parlamentaria. A nuestro entender este no es el debate de hoy; a nuestro entender muchas de las propuestas de la iniciativa ya obtienen respuesta en la Ley General de Comunicación Audiovisual promovida por el Gobierno y aprobada en 2010 por el Congreso.

Pero antes de entrar en algunos de estos aspectos, quisiera hacer un poco de memoria. Es importante contextualizar y centrar el objeto del debate. ¿Cuál es el origen de la proposición? ¿Por qué más de medio millón de personas se han movilizado? La respuesta es sencilla: porque la televisión catalana ha dejado de verse en abierto en las tierras valencianas y porque desde 2007 el Gobierno valenciano, presidido por don Francisco Camps, ha perseguido el cierre de los repetidores de la entidad Acció Cultural que posibilitaban desde los años ochenta la emisión de TV3 en la Comunidad Valenciana. Es una diligencia que contrasta con la inacción de ese mismo Gobierno del Partido Popular con las decenas de cadenas y emisoras alegales o ilegales que siguen funcionando en la Comunidad Valenciana. (Aplausos.) Tampoco se ha actuado contra las televisiones digitales, que son concesiones de la propia Generalitat y que incumplen sistemáticamente la ley autonómica al no emitir una parte de su programación en valenciano. Como es fácil de comprobar en la hemeroteca, el Gobierno de Camps adoptó las medidas más contundentes contra los emisores de la cadena catalana en coincidencia con precampañas electorales o para desviar la atención sobre problemas internos que todos conocemos. Desde la virulencia lingüística de la transición persisten en Valencia bolsas de votantes anticatalanistas próximos a la ultraderecha, aunque cada vez son más residuales.

Como decía, la Ley Audiovisual ya permite el intercambio de señales de televisión entre dos comunidades autónomas. Este es el asunto mollar de la iniciativa: que los ciudadanos de diferentes autonomías puedan ver otras televisiones que se expresan en su lengua propia. En su artículo 40 la ley señala: La emisión del servicio público de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una comunidad o ciudad autónoma en otra limítrofe o con afinidades lingüísticas y culturales podrá ser efectuada siempre que así lo acuerden mediante convenio y exista reciprocidad. Varios gobiernos ya han firmado dichos convenios; el Gobierno valenciano, sin embargo, condiciona la emisión de TV3 a la designación de un tercer múltiplex. El múltiplex es un dispositivo radioeléctrico que hoy permite albergar hasta seis canales digitales. La Generalitat Valenciana tiene asignados por el Gobierno dos múltiplex autonómicos, y en uno de ellos tiene espacio de sobra para emitir más canales, como TV3 o cualquier otro; si no lo hace, es sencillamente porque no quiere. (Aplausos.) De hecho, la Generalitat duplica las señales de sus cadenas autonómicas para ocupar ese espacio. En cualquier caso, cabe recordar que el múltiplex adicional que tiene Cataluña -el único de toda España- fue concedido por el Gobierno de Aznar en el año 2003.

Tampoco vivimos un momento económico propicio para introducir cambios y medidas que puedan acarrear gastos adicionales al Estado. El Ministerio de Industria además ha reiterado la necesidad marcada por la Unión Europea de no ceder más espacios radioeléctricos a las televisiones hasta que se termine el nuevo ajuste digital en el año 2015, que incorporará las nuevas tecnologías, como la televisión por móvil. En definitiva, la demanda de un tercer múltiplex es en realidad una trinchera más de la política comunicativa y audiovisual del Gobierno valenciano, que se ha caracterizado por mandar el pluralismo informativo al exilio; una política que tiene su máximo exponente en Canal Nou, una de las televisiones autonómicas, por cierto, con menos audiencia y con más deuda, ya que supera los 1.200 millones de euros. El nuevo Gobierno de Alberto Fabra tiene ahora la oportunidad de actuar de otro modo. Al fin y al cabo la diputación de Castellón y el ayuntamiento de Castellón, como ha recordado mi compañera de Convergència i Unió -siendo además alcalde el propio Alberto Fabra-, han pedido restablecer las emisiones de TV3 en sendas declaraciones, y también otras instituciones.

Así pues, señorías, atendamos a la ciudadanía, que quiere ver cuantas más televisiones se pueda en su propia lengua, y la iniciativa legislativa popular que hoy sometemos a su toma en consideración se enmarca en esa voluntad de proteger y difundir el pluralismo lingüístico de España, un patrimonio de todos que merece toda nuestra consideración y reconocimiento.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Bono.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LA DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL. (Número de expediente 122/000261.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto siguiente del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley, y en concreto la del Grupo Parlamentario Popular relativa al mantenimiento de la deducción por inversión en vivienda habitual.

Para defender la toma en consideración tiene la palabra la señora Báñez.

La señora BÁÑEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, las arcas públicas españolas atraviesan la mayor crisis de su historia reciente como consecuencia de la grave gestión económica que ha hecho el Gobierno socialista y además sus consecuencias las están pagando hoy los españoles. El mantenimiento de unos presupuestos marcadamente expansivos aun cuando caía fuertemente la actividad económica y se desplomaban los ingresos ha impulsado el déficit del conjunto de las administraciones públicas a más del 11 por ciento en 2009 y del 9 por ciento en 2010, cuando hace pocos años, en el año 2007, teníamos un superávit del 1,91 por ciento. Este descontrol de las cuentas públicas ha provocado en lo que va de legislatura que la deuda pública se incremente en más de 30 puntos del PIB. Es decir, señorías, hemos pasado de 385.600 millones de euros, el 35,8 por ciento, a 679.000 millones de euros, más del 63 por ciento del PIB. Por eso esta tarde podemos afirmar que desde que comenzó la legislatura las administraciones públicas se han endeudado en más de 7.000 euros por español. Pero la pregunta es: ¿Qué efectos tiene este endeudamiento en la economía nacional? Este rápido crecimiento de la deuda pública ha provocado, primero, tensiones en los mercados; después, ha impulsado hasta niveles que no conocíamos en la historia reciente económica de España nuestra prima de riesgo, que en muchos momentos ha estado por encima de los 400 puntos básicos en el mes de agosto y, lo que es peor, ha incrementado sustancialmente los costes de financiación tanto pública como privada.

Señorías, en esta situación grave de la economía española el Gobierno pudo tomar dos caminos. El primero, el de acometer las reformas estructurales, empezando por la austeridad de las cuentas públicas, siguiendo por la reforma de las administraciones públicas y la puesta a punto del modelo de Estado, para así dinamizar nuestra economía y contener de verdad el gasto y el crecimiento de la deuda. Sin embargo, el Gobierno socialista optó por el camino más corto, por el camino más rápido, el de los recortes sociales, eso sí, haciendo caer sobre los ciudadanos los costes de su penosa gestión económica. Por eso, tras prometer que no se subirían los impuestos a los españoles -algunos llegaron incluso a presumir en esta Cámara de que bajar impuestos era de izquierdas-, el Gobierno socialista del señor Zapatero ha llevado a cabo la mayor subida de impuestos de la democracia. Sí, señorías, el Ejecutivo socialista en menos de tres años ha subido cuatro veces el impuesto sobre la renta de las personas físicas y ha subido además en diversas ocasiones los impuestos indirectos. Primero, eliminó la deducción de los 400 euros a los perceptores de rentas del trabajo, incluidos los pensionistas, pese a haber prometido aquí que no subiría los impuestos a los trabajadores. Luego, incrementó los tipos impositivos al ahorro, tratando igual a las rentas altas y a las bajas, y a las cartillas de ahorro como a los más sofisticados productos de inversión. Después, eliminó la deducción de 2.500 euros por nacimiento o adopción a todas las familias, independientemente de su nivel de renta y de su capacidad económica. Y finalmente, eliminó la deducción estatal por compra de vivienda habitual a los contribuyentes con base imponible superior a 24.000 euros, que eso, unido a la deducción autonómica correspondiente, supone nada más y nada menos que un incremento en el pago del IRPF de algo más de 1.300 euros a una familia media española que compre una casa a partir de 2011. Sí, señorías, la sola eliminación de la deducción por inversión en vivienda habitual obligará a las familias españolas a dedicar un 6,3 por ciento de su salario para pagar la hipoteca. El dato es del Banco de España en un informe reciente.

Señorías, aquí no acaban los errores de la política fiscal del Gobierno socialista. A estas subidas de impuestos se unen sin duda la subida de los tipos del IVA y las sucesivas subidas de los impuestos especiales: el del tabaco y el de los hidrocarburos. Señoras y señores diputados, todas estas subidas de forma acumulada pueden llegar a suponer un incremento de impuestos de más de 2.770 euros al año a una familia media española. Esta es la política fiscal del Gobierno socialista. Señorías, algunos hablaban en esta Cámara, y se les llenaba la boca, de la salida social a la crisis, esa salida social que prometía el Gobierno socialista. Ya sabemos cuál es la salida social a la crisis del Gobierno socialista: los mayores recortes sociales de la democracia y las mayores subidas de impuestos que hemos conocido en los últimos años. Esa es la salida social a la crisis, aunque, señores diputados, la pregunta es: ¿A alguien le ha bajado este Gobierno los impuestos? (Una señora diputada: A ti.) Pues se los han bajado, se los han bajado a aquellos a los que hoy critican, porque la única bajada de impuestos que ha hecho el Gobierno es la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, y lo hacían porque era obsoleto y antieconómico. ¡Qué bonito, señores socialistas! Sí, ese es el legado que hoy deja la izquierda después de casi ocho años de Gobierno: 5 millones de parados, más de 2.770 euros en impuestos a una familia media española y los


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mayores recortes sociales de la democracia. Ahí está el balance de un Gobierno socialista. En definitiva, señorías, una política económica errática que unida a una subida de impuestos y a la incapacidad de un Gobierno para hacer frente a esta situación de crisis con reformas estructurales nos sume en una paralización de la actividad económica y nos lleva al estancamiento económico.

Señorías, lo podemos decir más veces, lo podemos decir más alto, pero no lo podemos decir más claro desde el Grupo Parlamentario Popular: no es posible salir de la crisis subiendo los impuestos a los españoles. (Aplausos.) Dicho de otra manera, la subida de impuestos retrasará la recuperación. Una subida del tipo nominal de un impuesto como por ejemplo el del IVA, que han subido el año pasado del 16 al 18 por ciento y del 7 al 8 por ciento, lo que ha hecho es reducir el consumo y perjudicar la inversión. Es más, en un escenario como el de hoy de estancamiento económico, con una subida de impuestos lo único que se consigue es agravar la situación económica y, lo que es peor, reducir la recaudación. Por tanto, ni siquiera solucionamos el problema grave de crisis fiscal que está sufriendo hoy nuestro país. Y la subida del IRPF aprobada en los presupuestos de 2011, que suponía la eliminación de la deducción por vivienda habitual, no contribuye nada más que a subir los impuestos a las rentas medias, a perjudicar a los jóvenes. Sí, señoría, a los jóvenes que hoy quieren comprarse una vivienda y por supuesto también desincentivar la inversión en nuestra economía. Por eso mi partido desde el primer momento se opuso a la eliminación por deducción en inversión de vivienda habitual. Lo dijo muchas veces mi compañero Pablo Matos desde esta tribuna: Eso es antieconómico y, lo que es peor, será injusto y será antisocial. Y no es justo porque penaliza a las familias que han conseguido ahorrar y que quieren invertir el dinero que tanto les ha costado ganar en aquello que cubre sus necesidades más básicas: la vivienda. No es lógico gravar a aquellos que han conseguido ahorrar y que con su decisión de invertir en una vivienda habitual contribuyen a dinamizar la actividad económica y más aún, señores del Partido Socialista, no es coherente ni social subir el impuesto sobre la renta a las familias, en su mayoría jóvenes de renta media y con sueldos muy modestos, que quieren comprarse una vivienda habitual para bajar a la mitad el tipo de IVA a la vivienda nueva a todos los españoles, independientemente de su capacidad adquisitiva. Así es como se hace justicia social desde el Partido Socialista. Decían ustedes que la bajada de los tipos en el IVA facilitaría la recuperación del sector inmobiliario. Los resultados que sabemos hoy es que con la eliminación de la deducción por inversión en vivienda habitual, en el mes de julio ha vuelto a caer la compra de viviendas un 35 por ciento, cuando tristemente es el quinto descenso consecutivo que sufre este sector y las previsiones para los próximos meses y para el próximo año no son muy positivas.

Señorías del Grupo Socialista, qué desfachatez que este Gobierno que se llama de izquierdas sea el que suba 1.300 euros a los españoles en el IRPF, entre ellos a muchos jóvenes que quieren comprarse su vivienda habitual, porque aunque ahora baja a la mitad el tipo impositivo del IVA de la vivienda nueva con la excusa de intentar impulsar el mercado inmobiliario, lo que sí hacen es reducir los costes para el sistema financiero en esta crisis inmobiliaria. Es decir, señorías, estamos bajando el IVA al que compre la primera, la segunda, la tercera o la quinta vivienda independientemente de que valga 150.000 euros, un millón de euros o cinco millones de euros. Así se hace justicia social y equidad por parte de los gobiernos socialistas. ¡Vaya desfachatez de este Gobierno! ¿De verdad, señorías, creen que bajando el IVA cuatro meses se recupera el sector inmobiliario? Parece que no y el sector lo ha dicho ya en varias ocasiones. Lo que tienen que hacer, señorías, es dejar de dar bandazos y hacer una política fiscal creíble porque ya no tienen a nadie que les crea. Miren, señores del Partido Socialista, los españoles ya saben que cuando el Partido Socialista dice que van a pagar más impuestos los que más tienen, tiemblan todos los ciudadanos, especialmente los parados, los pensionistas y las clases medias de este país. Lo que necesita España es, señorías, confianza, una política fiscal creíble y estable, centrada en la contención de los impuestos; una política que estimule la actividad económica, que amplíe las bases tributarias para que, con ello, se amplíe la recaudación.

Eso ya lo hicimos en nuestro país desde 1996 hasta el 2004 y funcionó. Señorías, el Partido Popular, cuando los españoles le den su confianza, no subirá los impuestos. Tendrá como prioridad en su política fiscal incentivar a los emprendedores, que son los que nos tienen que sacar de la crisis, porque son los que tienen que invertir para crear empleo y así dinamizar la economía. Se trata, por tanto, señorías, de favorecer a los que promueven el crecimiento económico a través de la creación de empleo, la inversión, la innovación o el ahorro. Además, el Partido Popular pondrá en marcha una reforma -eso sí- de la gestión de los impuestos que haga el sistema más justo y más eficaz y que garantice, por supuesto, una contribución adecuada de todos los contribuyentes a la salida de la crisis. Con ese cambio de la gestión de los impuestos facilitaremos la financiación de las empresas, empezando por que no paguen a Hacienda el IVA de aquellas facturas que todavía no han cobrado, y ello por tres cosas, señorías: por justicia, porque tendrán más alivio y tendrán financiación en un escenario de crisis de liquidez y, sobre todo, por respeto a esta Cámara, porque esa iniciativa presentada por el Partido Popular fue aprobada por mayoría de todos los grupos de esta Cámara y el Gobierno sigue sin ponerla en marcha. Señorías, gestionar los impuestos mejor no es imponer nuevas cargas a quienes ya contribuyen adecuadamente, sino asegurarse de que nadie contribuya menos de lo que le corresponde. Por eso impulsaremos con determinación la lucha contra el fraude fiscal.


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Por eso -concluyo ya, señora presidenta-, los españoles pronto van a poder elegir entre dos modelos de política económica, el del Partido Popular, que es el modelo de las reformas para un crecimiento económico generador de empleo, que no va a subir los impuestos a los españoles, sino que los va a bajar selectivamente a los emprendedores para que nos saquen de la crisis y creen empleo, que es nuestra prioridad, y el otro modelo, el del Partido Socialista, el de los recortes sociales y el de la subida indiscriminada de impuestos a las familias, a los jóvenes y a las rentas más bajas. Eso es lo que ha hecho el Partido Socialista y ahí está su balance: 5 millones de parados, más de 2.770 euros por familia española y el mayor recorte social que nunca ha habido en nuestra democracia. El 20 de noviembre, señorías, los ciudadanos podrán elegir entre uno y otro modelo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Báñez.

Ningún grupo ha manifestado su intención de utilizar el turno en contra. Por tanto, pasamos a la fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Ríos.

El señor RÍOS RULL: Gracias, señora presidenta.

Intervengo desde el escaño para fijar posición sobre esta iniciativa del Grupo Popular que compartimos en cuanto al argumento de fondo e incluso muchos de los reproches que le hace al Partido Socialista, pero dudamos de que el Partido Popular lo haga mejor o incluso distinto. En todo caso, Coalición Canaria quiere manifestar su apoyo a esta iniciativa, con los mismos argumentos que llevaron al Gobierno a bajar el IVA y, por tanto, Coalición Canaria apoyará la toma en consideración. Si alguna incidencia pudiera tener esta deducción, que sabemos que se frustrará por la eminente disolución de las Cámaras, o alguna merma de ingresos tuviese esta iniciativa, siempre se podría compensar con un nuevo impuesto a las grandes fortunas.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ríos.

Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el BNG va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley por dos razones que expondré muy sintéticamente. La primera es que no estamos a favor de incentivar la inversión en vivienda a través de deducciones fiscales de carácter universal, que no tengan en cuenta, por tanto, la renta de contribuyente. Por esa razón, nos pareció en su momento acertado que se eliminase la deducción por inversión en vivienda habitual para contribuyentes con base imponible superior a los 24.000 euros y por esa misma razón nos opusimos también el pasado mes de agosto a la reducción del IVA al 4 por ciento por compra de vivienda; medida que contradice la línea seguida hasta ahora por el Gobierno, apostando por el fomento de alquiler y la rehabilitación antes que por la compra de vivienda nueva y una medida que además no discrimina por criterios de renta pues puede beneficiarse de la misma cualquier comprador, ya sea para la adquisición de la primera vivienda o de la tercera, ya sea para adquisición de un pequeño apartamento o de una mansión. En cualquier caso, por mucho que el Gobierno haya evidenciado su contradicción con estas dos medidas consideramos que nunca se pueden adoptar deducciones fiscales de carácter universal que no tengan en cuenta los criterios de renta.

Hay una segunda razón y no menos importante: discrepamos profunda y rotundamente de los criterios en materia fiscal del grupo proponente. Por un lado, el grupo proponente aboga por el déficit cero y, por otro, defiende continuas rebajas impositivas o la generalización de las bonificaciones fiscales, como ocurre con esta proposición. Señorías, no nos engañemos; todo esto solo conduce a desamortizar patrimonio público, a precarizar y privatizar servicios, a retroceder en políticas sociales como, por cierto, ya se está poniendo en evidencia de manera indiscutible en las comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan.

Por las razones expuestas, el BNG votará en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.

La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.

Señorías, en coherencia con la posición que ha mantenido nuestro grupo a lo largo de la legislatura, votaremos en contra de la toma en consideración de esta iniciativa. Hemos debatido muchísimas veces sobre este asunto -y seguro que lo volveremos hacer- y mi grupo considera que las deducciones generalizadas a la compra de vivienda en el IRPF contradicen en si mismas el derecho a una vivienda, pues acaban convirtiéndose en un trasvase de fondos públicos hacia los promotores inmobiliarios y los propietarios de suelo a través del incremento de precios que provocan estas ayudas.

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya considera que las ingentes cantidades invertidas por el Estado y las comunidades autónomas -porque también en parte han estado sufragando estos incentivos- han llegado a superar los 5.000 millones de euros anuales en el momento más álgido de la burbuja inmobiliaria cuando, según nuestro entender, esto está infinitamente mejor invertido en promoción de vivienda social y ayuda al alquiler. Deberíamos tener en cuenta, según expone


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la OCDE, que las desgravaciones son una de las razones que inflaron los precios de la vivienda en España, creando una burbuja que ahora se desinfla y atrayendo capital que ha acabado en algunos casos alimentando la corrupción urbanística. En cuanto a la política de vivienda en España, también afirma la OCDE que principalmente deberíamos reorientar las políticas de vivienda, incrementando sus recursos y garantizando que el 70 por ciento se destine a políticas activas de vivienda y no a desgravaciones que, como ustedes saben, son una transferencia de capital del Estado al promotor, lo que ha provocado efectos sobre la burbuja inmobiliaria y sobre la burbuja de precios que hemos vivido en España los últimos años. Señorías, si realmente pretenden hacer efectivo el derecho a la vivienda -que considero que debería ser nuestro objetivo-, valoren otras propuestas pero no se centren en las desgravaciones.

Para nuestro grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en primer lugar debería priorizarse el incremento de la financiación para hacer efectivo este derecho hasta llegar al 2 por ciento de nuestro producto interior bruto. También consideramos que las políticas de vivienda y su financiación deben ser traspasadas a las comunidades autónomas; todos los estatutos reconocen a las comunidades autónomas como plenamente competentes en materia de vivienda. Este problema debe ser tratado desde el principio de subsidiariedad y debe encontrar soluciones diferentes en cada comunidad. Esto es compatible con un consejo sectorial que reúna a los consejeros competentes con el Gobierno español y que además de coordinar actuaciones pueda trabajar conjuntamente en determinados temas -acuerdos con entidades financieras, normativas técnicas, etcétera-, pero los planes de vivienda deben ser autonómicos y por tanto deben marcar sus propias figuras de vivienda protegida: las condiciones, los precios y las zonas. También entendemos que debería disolverse la Sociedad Pública de Alquiler, que se ha mostrado tan absurda en su planteamiento como ineficaz en su actuación, y que deben traspasarse los recursos correspondientes a las comunidades autónomas, como he dicho y defendido anteriormente.

La fiscalidad debería dejar de priorizar el apoyo a la venta en beneficio del alquiler y de la ayuda selectiva a los sectores más desfavorecidos en el acceso a la vivienda. La subvención indiscriminada en el IRPF a la compra-venta solo consigue, como decía antes, subir los precios y perjudicar el alquiler y además supone un derroche de recursos, ya que el objetivo al que se destinaba no ha servido. Por tanto, es necesario reorientar toda la fiscalidad y especialmente el IRPF en beneficio del alquiler, de la emancipación de los jóvenes y del apoyo a las familias monoparentales así como a otros sectores que sufren discriminación. En consecuencia, también es necesario favorecer fiscalmente la rehabilitación y el alquiler y penalizar la vivienda permanentemente vacía y mal conservada. Los patrimonios públicos de suelo y de vivienda deben destinarse preferentemente a promover el derecho a la vivienda. Los fuertes stocks de suelo de los ministerios de Defensa, Economía, Interior, Fomento y otros, que a menudo se encuentran en el centro de las ciudades, no pueden seguir siendo destinados a financiar otras actuaciones sino a hacer frente al que seguro es el segundo problema del Estado español: el acceso a la vivienda. Es necesario por tanto desarrollar medidas preventivas contra la especulación y la corrupción contempladas ya en la Ley del Suelo.

Asimismo la política monetaria y la tutela del sector financiero deben mantener las pautas de rigor. Urge reformar la Ley del Mercado Hipotecario incorporando medidas ya propuestas por nuestro grupo dirigidas a evitar el sobreendeudamiento familiar. Por último -lo hemos propuesto reiteradamente-, solicitamos ante esta Cámara que es de justicia regular la dación en pago en nuestro país. Señorías, para nosotros, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, todas estas medidas que hemos propuesto son muchísimo más necesarias que la propuesta que hace el Grupo Popular de deducción por la compra de vivienda que, insisto, eleva el precio en sí misma, fomenta la inversión de la vivienda a los sectores más poderosos y no satisface la necesidad de proporcionar una vivienda digna a la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.

Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señorías, plantear a estas alturas de la legislatura la toma en consideración de una proposición de ley solo puede entenderse desde una perspectiva electoralista, e incluso diría que de campaña electoral. Todos sabemos que su tramitación es imposible, y por tanto también su aprobación, aunque contara con el beneplácito y el voto favorable de esta Cámara. Señores del Grupo Popular, permítanme señalarles que es un mero brindis al sol y por ello, sin adentrarme en mayores detalles, nuestro grupo parlamentario, el Grupo Vasco, se va a abstener a la hora de votar.

Plantear deducciones fiscales casi siempre tiene una buena acogida por parte de la ciudadanía y además en este momento de profunda crisis económica y con un sector de la construcción sumido en una honda depresión puede incluso ser una medida que anime la actividad productiva. Otra cosa es -también hay que decirlo-, que el equilibrio y la estabilidad presupuestarias obliguen a reducir paralelamente otro tipo de gastos en función de las prioridades políticas de cada grupo parlamentario; pero, insisto, ese es otro debate que sería relevante en el caso de que la iniciativa fuera efectivamente aprobada y entrara en vigor, cosa que, como digo, no se va a producir. De hecho, en los territorios forales la deducción existe, si bien hay un límite, un crédito fiscal de 180.000 euros sobre los que un ciudadano puede aplicar su deducción para vivienda a lo largo de


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toda su vida, y siempre, evidentemente, para la vivienda habitual. Es decir, que uno no puede, cambiando de vivienda habitual, deducirse sin límite, que es lo que parece sugerir la proposición de ley que hoy se presenta. Por tanto, si tenemos en el futuro la oportunidad de debatir en serio sobre la cuestión, pondremos estos y otros temas sobre la mesa. Hoy, como la iniciativa no tiene más valor que el electoral y no puede prosperar en ningún caso, nos vamos a abstener, tal y como ya he comentado.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, respecto a la toma en consideración de la proposición de ley propuesta por el Grupo Popular en relación con el mantenimiento de la deducción por inversión en vivienda, anticipo que la posición de nuestro grupo va a ser la de abstenerse, basándose en argumentos políticos y económicos. En relación con los primeros, entendemos, señorías, que presentar una proposición de ley a escasos días de la finalización de la legislatura y sin ningún margen para que la misma pueda ser debatida y votada en este Parlamento no tiene sentido y, en cambio, sí puede parecer oportunista y electoralista. Cualquier proposición de ley, y en especial esta que presenta hoy el Grupo Popular, por su alcance, por su impacto en la economía y en los ciudadanos, debe ser sometida a un debate parlamentario en un marco más estable, de mayor recorrido político, no de finalización; debe responder a las necesidades marcadas por la actual coyuntura económica y situarse en el marco de una política económica global, coherente, que dé estabilidad y seguridad al sistema, a la economía y a los ciudadanos, y que sea un instrumento efectivo de recuperación de actividad económica y, sobre todo, de empleo. Desde esta perspectiva política, nuestro portavoz afirmaba en el debate del pasado mes de agosto, con ocasión de la convalidación del Real Decreto 9/2011, de 19 de agosto, para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, de contribución a la consolidación fiscal y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011, que para la próxima legislatura -leo textualmente- nuestro voto va a estar al lado de quienes propongan retomar la desgravación por adquisición de vivienda con carácter temporal -y subrayo la temporalidad-.

Desde la perspectiva de los contenidos, es decir, desde la perspectiva económica y fiscal, quiero subrayar dos aspectos. En primer lugar, y en relación con esta medida específica, la temporalidad, a la que se referían las palabras de nuestro portavoz a las que he hecho referencia y a la que vinculamos la desgravación, teniendo en cuenta que factores como la actual coyuntura económica, la aún muy precaria situación del sector de la construcción o las dificultades de muchas familias en el acceso a la financiación y a los préstamos son los que más obligan a retomar con carácter temporal la desgravación por adquisición de vivienda como una medida que permita reactivar la economía, reactivar el sector y, sobre todo, reactivar la ocupación. En segundo lugar, déjenme señalar, señorías, la necesidad de políticas estables, eficaces y coherentes en materia económica y fiscal en las políticas de vivienda. No podemos dejar de poner de manifiesto la política fiscal en materia de vivienda en esta legislatura. Hemos vivido una legislatura con una enorme volatilidad, con medidas que se han tomado en materia de vivienda y que no han sido eficaces y otras que han dejado de tomarse y que, si se hubiesen tomado, hubiesen sido positivas. En relación con las primeras, me puedo referir, por ejemplo, a la eliminación de la deducción por inversión en vivienda habitual para los contribuyentes con base imponible superior a los 24.107 euros, aprobada en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011. Fue una medida a la que nuestro grupo parlamentario se opuso, y fue una medida que se ha evidenciado del todo ineficaz por los límites que imponía, que impidieron que la deducción pudiese ser aprovechada por una más amplia base de ciudadanos y familias. De hecho esta medida permite la plena aplicación de la deducción únicamente por debajo de los 17.707 euros, límite claramente excluyente de una amplia base de ciudadanos. Otro ejemplo de la poca efectividad de algunas medidas es la línea de crédito ICO para la morosidad de hipotecas de 6.000 millones, utilizada únicamente en un uno por ciento.

En relación con el segundo aspecto de medidas que no se han tomado, señorías, en el marco de las políticas de vivienda me referiré a una propuesta en varias ocasiones por nuestro grupo parlamentario y sobre la que hemos insistido mucho en los últimos años, como es la aplicación de un IVA reducido para la rehabilitación. En primer lugar, era una medida de reactivación y de soporte al sector y actividades económicas de pequeñas y medianas empresas y autónomos que viven de este sector, y era también una medida de apoyo ante las dificultades de acceso a la financiación para la compra. En segundo lugar, señorías, hemos de aplicar la coherencia, y no es coherente tener hoy un IVA reducido para la compra de vivienda y un IVA al 18 por ciento para la rehabilitación si no se cumplen unas condiciones sumamente rígidas para la misma, condiciones que hacen imposible casi acceder a la aplicación del tipo reducido del IVA en rehabilitación. Por ejemplo, condiciones como que el coste de las obras exceda del 25 por ciento del precio de la vivienda para poderla considerar rehabilitación, o que el coste de los materiales aportados por la persona que realice las obras de rehabilitación no sea superior al 33 por ciento, o que la rehabilitación no pueda aplicarse a viviendas destinadas al alquiler.

Esta ha sido la política fiscal en materia de vivienda en esta legislatura que entendemos desde nuestro grupo parlamentario que no ha sido eficaz, que no ha respondido


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a la coyuntura económica ni a la situación del sector, que reclamaba medidas rápidas y efectivas. La crítica situación económica y sobre todo de empleo nos obliga a adoptar medidas y políticas económicas y fiscales en tiempo, eficaces, coherentes, justas, que den seguridad y confianza al sector y a los ciudadanos, y que apoyen de manera decidida una reactivación del sector y una recuperación del empleo que para nuestro grupo hoy es la prioridad absoluta.

Señorías, acabo insistiendo en dos aspectos que marcan nuestra abstención respecto a la toma en consideración: fundamentalmente el del tiempo o momento en que se presenta esta proposición, a escasos días de finalizar la legislatura, que entendemos con margen cero de viabilidad; y el segundo insistir en el apoyo futuro a una desgravación con carácter temporal que responda a la coyuntura y a la imperiosa necesidad de reactivación del sector y sobre todo de su empleo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Riera.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Fuentes Pacheco.

La señora FUENTES PACHECO: Muchas gracias, señora presidenta.

Votaremos en contra de esta toma en consideración por diversos motivos, el primero es que hoy estamos asistiendo una vez más al hecho de que al Partido Popular fundamentalmente le preocupa hacer campaña electoral, sin tener en cuenta cómo estamos afectando al sector económico, y además porque estaríamos actuando en contra de lo que dicen todos los sectores, tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional como las políticas que se están recomendando desde Europa. Por tanto entendemos que aprobar esta toma en consideración de una proposición que además no se va a ver, que no va a tener tiempo para ejecutarse en esta Cámara, es crear falsas esperanzas. Por ello entendemos que estamos haciendo una política seria, y además porque hasta ahora hemos apostado, y lo hemos hecho de forma decidida, por que en España, como ocurre en otros países del entorno europeo, haya más viviendas que ocupemos en régimen de alquiler. De hecho se han tomado medidas desde el inicio de la legislatura, medidas que han dado resultado. Hemos pasado de tener menos del 11 por ciento de viviendas ocupadas en régimen de alquiler a tener más del 13 por ciento. En segundo lugar, porque cuando estamos aumentando y estamos modificando la fiscalidad de las viviendas lo hacemos solamente para los sectores de las capas más altas. Cuando en 2009 se toma esta medida se hace sola y exclusivamente para aquellas personas que perciben más de 24.000 euros, que además si son dos personas en la familia serían 48.000 euros. Por tanto es falso que se haya eliminado la deducción por vivienda.

Al mismo tiempo era importantísimo que se equiparase la compra de vivienda con el alquiler de la misma, y entendíamos que estábamos favoreciendo la burbuja inmobiliaria al favorecer permanentemente las desgravaciones fiscales a la venta. Además se tomaban medidas en paralelo como beneficiar a aquellas personas que tenían una vivienda y la ponían en alquiler, beneficiándose así hasta el cien por cien si eran menores de treinta años. Estamos hablando de una forma de entender la política de vivienda, de una apuesta firme y decidida por el alquiler frente a la compraventa, y además porque no se puede entender que en una situación, en un entorno como en el que estamos viviendo actualmente, un entorno de crisis, hablemos de beneficiar solo a unos pocos. De hecho menos de 24.000 euros percibe en este país el 75 por ciento de los trabajadores. Estamos hablando de un número reducido de personas que además pertenecen precisamente a las rentas más altas. Demuestra dos formas de entender la política y demuestra lo que el Partido Popular hará cuando llegue al poder: seguirá beneficiando a las rentas más altas. Sería incongruente que en estos días, en los que incluso estamos hablando de que se cree un impuesto sobre los patrimonios más altos, volviésemos a la desgravación por vivienda para todos por igual sin tener en cuenta qué rentas son las que perciben. Fundamentalmente hemos perseguido normalizar el sector inmobiliario. No estamos hablando de acabar con el sector inmobiliario o de dejar de producir en este país. En este país se necesita la creación de entre 300.000 y 400.000 viviendas al año, y hemos estado produciendo en los últimos años hasta 600.000 ó 700.000 por año. Por tanto es normal que tengamos una burbuja inmobiliaria que está haciendo que en España la crisis del sector inmobiliario sea más aguda que en el resto de los países del entorno, y que además genere un desempleo más acuciante. Sería absurdo no entender que cuando estamos apostando por el sector del alquiler también estamos acabando con esta forma de entender el sector inmobiliario, y estamos haciendo que muchas personas que actualmente viven un drama porque tienen una vivienda y no pueden hacer frente a la misma puedan alquilarla. Se han creado las medidas para hacer que los alquileres sean beneficiosos, tanto para el arrendador como para el arrendatario, y el señor Matos que ha debatido esto en muchísimas ocasiones en la Cámara con nosotros también podrá poner de manifiesto que se han buscado, porque así lo hemos hecho, creando leyes para los mismos y para que sean seguros estos alquileres. Por ello seguimos y seguiremos apostando por el alquiler frente a la compraventa, y apostar por ello es equiparar las desgravaciones que una persona pueda tener cuando compra una vivienda con aquellas que puedan tener cuando alquila la misma. Son dos formas de entender la política y por supuesto no podemos entrar en este juego donde fundamentalmente estaríamos beneficiando a unos pocos frente a la totalidad de los ciudadanos, y además en una situación de crisis no solo en España, sino en el resto del mundo.

Muchas gracias. (Aplausos.)


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fuentes.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA PALIAR LOS DAÑOS DEL TERREMOTO DE LORCA Y REACTIVAR LA ACTIVIDAD DE LA COMARCA. (Número de expediente 162/000903.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, a continuación pasamos al debate de las proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular, relativa al establecimiento de un programa de incentivos para paliar los daños del terremoto de Lorca y reactivar la actividad de la comarca.

Para defender la proposición no de ley en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Barreiro.

La señora BARREIRO ÁLVAREZ: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, quisiera mandar un saludo desde aquí y un buen recibimiento a los representantes de Lorca de todos los sectores sociales y económicos, así como al alcalde, como representante de todo un pueblo, (Aplausos.) de todo un pueblo que ha sufrido, que sigue sufriendo y que padecerá por muchos años una terrible catástrofe. No voy a venir a esta tribuna a contar las 2.500 viviendas que se han derribado, las viviendas que están todavía sin hacer, los negocios que han tenido que cerrar, las familias que se han quedado en la calle, la desolación más absoluta de una sociedad que no ve el futuro en los próximos tiempos. No vengo a contar todos esos detalles porque, señorías, ustedes los conocen. La última vez que me subí a esta tribuna fue para decir que todas las fuerzas políticas teníamos que unirnos para salvar a Lorca, en la medida de las posibilidad que se plantean, en estar con los lorquinos, en decirles a los lorquinos que aquí no se viene a discutir, a debatir o a la confrontación, que aquí venimos todos los grupos políticos a trabajar y a luchar por un pueblo que sufre. Y aquí no hay colores políticos, aquí solo hay trabajo, tesón, entrega, solidaridad por Lorca y para Lorca. (Aplausos.) Por eso desde mi grupo hemos presentado esta iniciativa, esta proposición no de ley en unos momentos complicados, en los que termina una legislatura, en donde todo está ciertamente confuso y a lo mejor las posiciones pueden no ser claras, pero aun así, tengo que decir que hemos llegado a un acuerdo. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular y además el Grupo de Izquierda Unida estamos de acuerdo en que hay que trabajar por Lorca, que hay que elaborar un plan para Lorca, que ese plan tiene que ser elaborado por el Gobierno central, por la comunidad autónoma y por el Ayuntamiento de Lorca, que hay que evaluar las medidas tomadas hasta ahora, como la aportación del señor Mármol, como representante del Grupo Socialista. A eso -lo admitimos- nos sumamos, nos ponemos y además lo adherimos a nuestra iniciativa.

Lo que quiero demostrar aquí es que la unión hace que los políticos en un momento dado demos la talla de dónde estamos y para qué servimos. Señores, aquí estamos para ayudar a Lorca y para sacar a Lorca adelante. (Aplausos.) Por eso no me voy a referir a datos, a números, ni a situaciones; solo me voy a referir a que, con el acuerdo que tenemos en esta Cámara, se va a hacer un informe de evaluación de todos los daños y de todas las medidas necesarias en el plazo de quince días, y además en otro plazo de quince de días se convocará a las administraciones para que se sienten a elaborar ese plan, porque han de estar todos, han de estar la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Lorca, porque son los que tienen que decir qué es lo que les falta, qué es lo que necesitan y cómo Lorca tiene que salir de esta situación tan dura. No estamos aprobando medidas para rehabilitar, no estamos aprobando medidas para recuperar los negocios, no estamos aprobando medidas para que se pueda seguir como el día 11 de mayo. Estamos aprobando medidas para que Lorca vuelva a ser lo que era, cabeza económica de una gran comarca. (Aplausos.) Para eso estamos aprobando medidas. Y además todos juntos le decimos a Lorca que el Gobierno, que la oposición, que los políticos venimos aquí a trabajar para ellos y por ellos. Por tanto que quede la tranquilidad y la seguridad de que, sea quien sea el que tenga que ejecutar y llevar a cabo estas medidas, las llevará a cabo con toda su contundencia, porque Lorca lo necesita, porque Lorca se lo merece, y porque es justo que sea así para Lorca.

Admitimos la enmienda que presenta el Grupo Socialista y también hemos elaborado una transaccional para marcar los plazos en los que se tienen que sentar las administraciones a trabajar en este asunto, asunto que no es nada más y nada menos que Lorca. Asimismo decimos que se pongan plazos y que se elabore el plan de vivienda, y esperamos del Gobierno de la nación generosidad, porque la comunidad autónoma está como todas ni más ni menos y tiene grandes deudas, y en este momento la catástrofe es una catástrofe nacional. Es un hecho sobrevenido que supera los presupuestos de una comunidad autónoma y de un ayuntamiento. Por eso sabemos que el Gobierno central no va a ser cicatero a la hora de establecer la financiación con muchísima generosidad, porque en una situación de crisis donde todos lo estamos pasando mal ellos lo están pasando muchísimo peor, y no pueden acudir a las arcas de la comunidad autónoma ni por supuesto del ayuntamiento de Lorca. Por eso estoy segura, convencida de que esta unión que hemos materializado en mayo y que ahora mismo hacemos nuevamente va a conseguir la generosidad del Gobierno central, la generosidad de los Presupuestos Generales del Estado para un pueblo que sufre y que necesita esa solidaridad. Que la solidaridad no se quede exclusivamente en palabras en esta tribuna, que


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la solidaridad vaya hasta las partidas presupuestarias que se necesiten. Y, como digo, no solo hay que rehabilitar, no solo hay que devolver a Lorca a ese día, como si no hubiera vivido estos días tan terribles, sino que hay que hacer de Lorca la ciudad y la zona de gran empuje económico que era y que volverá a ser, algo que creo deseamos todos los grupos políticos. Ahí nos tendrán a todos trabajando.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Barreiro.

A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de dos grupos. En primer lugar, para defender las del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora proponente del Grupo Parlamentario Popular, nosotros hemos presentado una enmienda a esta iniciativa que pretende un plan adicional para Lorca. Hemos presentado una enmienda por razones de forma y de fondo, razones que hemos expresado en el Parlamento de la Región de Murcia y también en el debate parlamentario del decreto puesto en vigor para afrontar la catástrofe consecuencia del terremoto. Como digo, hemos presentado una enmienda y al final podríamos decir aquello de que todo está bien si bien acaba, porque en principio la iniciativa a nosotros no nos ha gustado, he de decirlo así. No nos gusta la iniciativa porque estábamos quejosos de que un decreto que transformamos en un trámite de proyecto de ley estuviera paralizado en el Congreso de los Diputados. Y dirán ustedes, señores del Grupo Parlamentario Popular, que por eso han presentado la iniciativa. Bien, pero es que esa iniciativa debería haber contado con los grupos parlamentarios, con los grupos municipales, al menos de Lorca y de la Región de Murcia y no presentarla como si fuera una iniciativa personal, política, de alguna manera unilateral, del Partido Popular. Creo que todos estamos perdiendo la cabeza en esta precampaña electoral, donde hay candidatos que se creen miembros del Gobierno y otros que ya se creen Gobierno sin haberse sometido a las elecciones. Creo que era un mal inicio adoptar una iniciativa de estas características, unas características que deberían ser unitarias, como una enmienda o una iniciativa de carácter unilateral, pero, como digo, bien está si bien acaba tanto el bloqueo del decreto-ley como trámite parlamentario como la iniciativa del grupo parlamentario.

Hemos llegado a un acuerdo -bienvenido sea- y en ese acuerdo hay tres aspectos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la necesidad más urgente, la de las viviendas, el realojo de los afectados por el terremoto. Parece mentira que en estos momentos sea más importante el mercado que las necesidades sociales. En ese sentido va esta primera enmienda de que en siete días esté encima de la mesa un plan de vivienda. En segundo lugar, ya que el real decreto no se tramita como proyecto de ley, debe evaluarse para ver qué cosas han sido insuficientes y qué cuestiones han quedado obsoletas. En ese sentido también recogemos otra de las enmiendas de los grupos parlamentarios. Por último, un plan de actuaciones complementarias que, como he dicho, hemos discutido en el debate de investidura en el Parlamento murciano, pero que el Partido Popular ha tomado la decisión unilateral de trasladarlo a esta Cámara. Como digo las formas son mejorables. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Pero también es mejorable el fondo, señorías. Nosotros dijimos en el debate del real decreto que las cuantías de indemnizaciones eran insuficientes -aunque estén condicionadas por la ley-, que los créditos urgentes a damnificados deberían liberarse ya para las personas que no tengan medios, que la comisión mixta debería haberse puesto en marcha en relación con el patrimonio histórico, y que debería ponerse en marcha igualmente una actualización del mapa de riesgo sísmico en nuestro país. Esas fueron enmiendas que presentamos al decreto y que no fue posible discutir ni incorporar porque el decreto ha quedado prácticamente paralizado. Esperemos que esta iniciativa de la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara logre dinamizar un plan adicional para Lorca.

Consideramos que este plan adicional debería cuantificarse en 2.000 millones de euros, aunque desgraciadamente hemos tenido que dejar la cuantificación a reservas de la negociación posterior. Creemos que debería tener dos líneas fundamentales: en primer lugar, la línea de política de vivienda, con vivienda de alquiler para realojar a los ciudadanos afectados como medida de urgencia; y en segundo lugar, las políticas de reactivación económica para que Lorca logre recuperar el dinamismo previo al terremoto. Creemos que esas propuestas se han incorporado a la enmienda transaccional, y por eso vamos a votar favorablemente esta iniciativa por el bien de los ciudadanos, y en menor medida como posición política de parte. En estas materias que tienen que ver con catástrofes bien haríamos si las posiciones políticas fueran de ciudadanía y no de parte.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Señor Mármol, tiene la palabra.

El señor MÁRMOL PEÑALVER: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero saludar desde esta tribuna a los lorquinos y lorquinas que han venido a este Pleno acompañados del consejero de Infraestructuras, de concejales de los distintos grupos y del alcalde de la ciudad de Lorca.

Tal y como dice la exposición de motivos de esta proposición no de ley, a pesar de la pérdida de nueve


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vidas humanas que a todas luces es algo irreparable -y quiero trasladar personalmente y desde el Grupo Parlamentario Socialista nuestras más sinceras condolencias al alcalde de Lorca-, tras el impacto inicial de los seísmos se produjo una oleada de solidaridad, tanto con efectos en el ámbito público como en el ámbito privado. Como miembro del Grupo Parlamentario Socialista y como murciano comparto con la diputada del Grupo Parlamentario Popular, doña Pilar Barreiro, que no solo hay que ayudar a la reconstrucción física de Lorca, sino que hay que ayudar con medidas para que Lorca renazca económica, social y culturalmente. Eso es lo que nos toca a los políticos ahora, seamos del color que seamos.

El día 26 de mayo votamos favorablemente en esta Cámara por unanimidad el Real Decreto 6/2011, por el que en cuarenta y ocho horas el Gobierno de España aprobó medidas para recuperar paulatinamente la normalidad en Lorca. Todos los grupos entendimos en aquel momento que el real decreto era mejorable y todos los grupos votamos a favor de su tramitación como proyecto de ley. Para que nadie pueda engañar a los lorquinos, repito que todos los grupos -incluido el Grupo Parlamentario Popular- votamos a favor de su tramitación como proyecto de ley. Hoy debatimos en este Pleno la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y como socialistas estamos de acuerdo con todo aquello que vaya en la dirección de solventar los problemas de los ciudadanos de Lorca. Por ello pido que sigamos en el hoy iniciado camino del consenso, del sosiego, de la colaboración, y que no se use esta tragedia para el enfrentamiento político.

Quiero agradecer en especial la colaboración de la diputada del Grupo Parlamentario Popular, doña Pilar Barreiro, que en todo momento ha mostrado su voluntad de negociación -también el resto de los grupos de la Cámara, pero ella en especial-, porque así es como entendemos la política y así es como los lorquinos podrán recuperar la normalidad. Creemos que la proposición que inicialmente hizo el Grupo Parlamentario Popular es mejorable, y así lo ha entendido también la diputada Pilar Barreiro. Además, tanto el Grupo de Izquierda Unida como el Grupo Parlamentario Popular como nosotros -creo que los demás grupos también lo van a apoyar- hemos firmado una enmienda transaccional, donde quiero resaltar dos aspectos que se han añadido. En primer lugar, la elaboración de un informe que se va a llevar a cabo en un periodo máximo de quince días, y en el que se va a evaluar cómo ha ido el real decreto y cómo se está aplicando el mismo. El otro punto importante que se ha añadido -a nuestro juicio es lo más importante, es lo que más nos preocupa en estos momentos- es la reubicación de las personas que se han quedado sin su vivienda habitual. Por lo tanto este punto añade que en el plazo de siete días las distintas administraciones, central, autonómica y local, tienen que elaborar un plan de realojamiento y de construcción de viviendas en la ciudad de Lorca.

Asimismo, como hemos resaltado, una vez elaborado este informe y pasados quince días se deben convocar las distintas administraciones para elaborar el plan de ayuda a Lorca; actuaciones complementarias a las previstas en el real decreto inicial y dirigidas, tanto al ámbito de las inversiones en vivienda como a la rehabilitación del patrimonio histórico, la reparación de dotaciones escolares y sanitarias, la reparación de dotaciones públicas, el apoyo decidido por parte de todos al tejido productivo con medidas financieras y fiscales para empresas y comercios, un plan especial de empleo 2012-2013, inversiones complementarias para la rehabilitación del municipio, acciones en materia de infraestructuras, industria, comercio, servicios, cultura, ferias comerciales, urbanismo y Administración pública.

Quiero terminar, señorías, volviendo a hacer un llamamiento a que no nos salgamos de este espíritu de colaboración, y a que no se use este tema como arma arrojadiza. Lo único que nos debe importar es la recuperación social, económica y cultural de Lorca, y por ello trabajamos y seguiremos trabajando en el PSOE, aquí en el grupo del Congreso, en el grupo de la Región de Murcia, y por supuesto en el ayuntamiento, porque no solo Lorca necesita de la Región de Murcia y de la ayuda del Estado, sino que España y Murcia necesitan a Lorca, una ciudad tan importante como Lorca, para la recuperación de todos.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mármol.

Don Pedro Azpiazu tiene la palabra.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente desde el escaño para mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo al pueblo de Lorca con esta iniciativa. Desde nuestro grupo parlamentario, el Grupo Vasco, queremos apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular con el fin de elaborar en la mayor brevedad posible un plan de actuación para paliar los efectos de las catástrofes ocurridas el pasado mes de mayo en Lorca con motivo de los terremotos registrados. Parece ser que ha habido un acuerdo entre diferentes grupos parlamentarios, una transaccional que nuestro grupo también va a apoyar. Creemos que dicho plan ha de contemplar no solo medidas paliativas, sino incentivadoras de la actividad y el empleo de Lorca y de su entorno.

Estamos agotando la legislatura, pero la solidaridad con los ciudadanos de Lorca, por los problemas que les han causado los terremotos, nos obliga a todos a empujar las medidas necesarias lo antes posible, y en especial al Gobierno o a las instituciones que han de ejecutar las actuaciones e implementar las necesarias medidas. Apoyamos pues que el Gobierno nos traiga cuanto antes el plan y cuantas actuaciones deban realizarse, y si para


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entonces las Cámaras están disueltas, algo que parece más que posible, podremos implementarlo y apoyarlo en una diputación permanente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Doña Mercè Pigem tiene la palabra.

La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, desde Convergència i Unió íbamos a apoyar la iniciativa que hoy nos trae a debate el Grupo Popular en su redacción inicial porque entendemos que es la consecuencia lógica de lo que la Cámara acordó por unanimidad el pasado 26 de mayo para dar una respuesta que paliara de la mejor manera posible los daños del terremoto en la ciudad de Lorca, a cuyos representantes -consejero, alcalde, concejales-, que hoy nos acompañan desde la tribuna, queremos saludar también con todo nuestro afecto desde Convergència i Unió.

Efectivamente, como todos ustedes recordarán y se ha dicho hoy aquí, cuando la Cámara el pasado mes de mayo acordó ratificar el real decreto-ley que el Gobierno había aprobado con gran rapidez después del terrible terremoto, todo el arco parlamentario puso en valor la buena coordinación que había existido entre las distintas administraciones implicadas y también la celeridad en la adopción del real decreto-ley, que se aprobó tan solo dos días después de que se produjera el mismo. Por esa razón, precisamente, de gran inmediatez en la adopción del real decreto-ley y viendo que a medida que pasaban los días se iba constatando la ingente tarea que iba a suponer la reconstrucción de Lorca, así como que aparecían nuevas situaciones que no habían podido ser previstas en el momento de la adopción del decreto y también la necesidad de ajustar indemnizaciones en muchas materias, en el trámite de ratificación del real decreto-ley se acordó por unanimidad la tramitación del mismo como proyecto de ley, para que los grupos parlamentarios mediante enmiendas pudieran introducir aportaciones que mejoraran las posibilidades de recuperación de la normalidad en Lorca. Y así se hizo. Pero nos encontramos que hoy, con las enmiendas presentadas y publicadas, la convocatoria de elecciones generales para el 20 de noviembre y la consecuente e inminente disolución de las Cortes van a impedir la normal tramitación de este proyecto de ley, de manera que la misma no va a poder concluirse.

Por ello, desde Convergència i Unió valoramos la diligencia en la presentación de la iniciativa que estamos viendo, y estamos seguros de que en esta diligencia la señora Barreiro tiene mucho que ver en ello, y vemos que las líneas de lo que se mandata al Gobierno para incluir en el llamado Plan Lorca, que es lo que hoy se propone, vienen a reflejar el contenido de parte al menos de las enmiendas que se habían presentado.

Hoy nos traen para la votación una enmienda transaccional entre el grupo proponente y los grupos que han presentado enmiendas, y nosotros desde Convergència i Unió nos congratulamos de esta enmienda transaccional. En primer lugar, por el contenido de la misma; un contenido que, tal como aquí se ha mencionado ya, mandata al Gobierno, primero, a hacer algo muy importante, que es en un corto plazo de tiempo, que son dos semanas, evaluar cómo está la ejecución de las medidas contenidas en el real decreto-ley. En segundo lugar -que no es el orden de la enmienda, pero es el que yo entiendo que es el lógico-, a la vista de este informe de evaluación, se propone que se elabore un plan de actuaciones complementarias a las previstas en este real decreto-ley, que se correspondan con los apartados propuestos por el Grupo Popular en la redacción inicial de esta iniciativa que ahora estamos viendo. Y, en tercer lugar, y teniendo especialmente en cuenta a aquellas familias que se han quedado sin vivienda, que en el plazo de siete días se haga el correspondiente convenio entre las administraciones implicadas para la construcción inmediata de viviendas para estas familias que perdieron en el terremoto las suyas.

Estamos de acuerdo y nos congratulamos de este contenido; pero estamos también de acuerdo y nos congratulamos de que se haya podido llegar a una enmienda que todos los grupos podamos votar para que de esta Cámara salga de nuevo un mensaje unánime a la población de Lorca en el sentido de que se adopten medidas en un plan urgente, todas las medidas necesarias para la mejor recuperación posible, no solo de los daños materiales que Lorca padeció, sino también para intentar volver a que Lorca pueda resituarse tal como estaba antes de que fuera asolada por este terrible terremoto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.

Tenemos una enmienda transaccional que se presentará a la Presidencia, según se ha anunciado. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Pausa.) En los términos de la transaccional, que debe llegar a la Mesa cuanto antes, se producirá la votación.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A APROVECHAR LAS MODIFICACIONES NORMATIVAS QUE SE LLEVARÁN A CABO POR LA ADHESIÓN DE CROACIA PARA CONSEGUIR LA OFICIALIDAD DEL CATALÁN EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 162/000888.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a aprovechar las modificaciones normativas que se llevarán a cabo por la adhesión


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de Croacia para conseguir la oficialidad del catalán en las instituciones de la Unión Europea.

Para su defensa tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en nuestro contexto político más cercano, en nuestra casa que es también la Unión Europea, hay catorce lenguas menos habladas que el catalán o, para decirlo de forma positiva, el catalán es la treceava lengua más hablada de la Unión Europea. Señorías, después de veinticinco años de la entrada de España en la Unión Europea estamos ante una evidente situación de déficit democrático por el no reconocimiento y por la no incorporación del catalán -junto con el euskera y con el gallego- como lenguas oficiales de la Unión Europea. Si la Constitución española habla claramente de la protección y el fomento de las distintas lenguas españolas -y habla de lenguas españolas en plural- es porque esta Constitución se hace como propia y expresa como patrimonio propio de lo español también la lengua catalana, la lengua gallega y también el euskera, las llamadas lenguas cooficiales. El objeto de esta iniciativa parlamentaria, de esta proposición no de ley es instar al Gobierno para afrontar la superación definitiva de este déficit de representación, de este déficit de expresión del carácter plurilingüístico, pluricultural y plurinacional de España.

Señorías, esta es una iniciativa que en su momento, hace escasos meses, ya fue planteada por eurodiputados catalanes de Convergència i Unió, del Partit Socialista de Catalunya, de Esquerra Republicana de Catalunya y de Iniciativa per Catalunya-Verds, este catalanismo transversal que en estos últimos años ha trabajado conjuntamente por objetivos tan importantes como la elaboración y la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña o este catalanismo transversal que ha trabajado conjuntamente para defender la inmersión lingüística en las escuelas como instrumento de cohesión y de convivencia en Cataluña. Pues bien, señorías, en buena medida esta proposición no de ley que hoy tengo el honor de presentar en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no es para nada un patrimonio de este grupo parlamentario. Esta proposición no de ley es la expresión de esta voluntad manifestada por este catalanismo transversal y por los eurodiputados de CiU, del PSC, de Esquerra Republicana y de Iniciativa per Catalunya. Y es también la expresión de un mandato de una ley que hoy es ley orgánica y que es ley que también deben cumplir estas Cortes Generales. Me refiero al Estatuto de Autonomía de Cataluña que en su artículo 6.3 mandata también a la Generalitat y al conjunto del Estado a la promoción de la plena oficialidad del catalán en el ámbito de la Unión Europea y la presencia del catalán y de la lengua catalana en distintas instituciones de carácter cultural.

Señorías, en pocos meses se deberá afrontar la reforma de los artículos 3 y 165 del Tratado de la Unión Europea a la luz de la adhesión de Croacia en la Unión Europea, cuya incorporación se aprobó el pasado mes de mayo para mediados del año 2013. Esto supone, como les decía, la revisión del tratado y, lo que es más importante desde un punto de vista técnico y de viabilidad técnica de esta propuesta de un evidente calado y significación política, la incorporación de Croacia supondrá también la reforma del Reglamento 1/58 del Consejo, sobre el régimen lingüístico de la Unión, primer reglamento de desarrollo de la Comunidad Económica Europea.

Señorías, España tiene no solo una oportunidad, España tiene una responsabilidad. Veinticinco años después de la incorporación de España a la Unión Europea tiene la responsabilidad de trasladar a las instituciones europeas el deseo de que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de todas las instituciones de la Unión Europea. Es cierto que en esta legislatura por parte del Gobierno socialista se ha avanzado en la presencia del catalán y de las otras lenguas cooficiales en algunas instancias de la Unión Europea. No quiero regatear este reconocimiento al grupo de la mayoría, pero estamos hablando de la plena oficialidad, de la expresión del carácter plurilingüístico de España. Les puedo y les debo poner un ejemplo de lo que sucedió con Irlanda. Irlanda se incorporó a la Unión Europea simplemente con el inglés como lengua oficial. Irlanda aprovechó una ampliación de la Unión Europea, concretamente la incorporación de los diez nuevos Estados del Este, ahora ya del corazón de Europa, para modificar el régimen lingüístico de la Unión Europea incorporando el irlandés como lengua oficial de la Unión Europea. Pues bien, señorías, en puro reflejo del reconocimiento del carácter plurilingüístico del Estado español pido a este catalanismo transversal y a estos partidos que a través de sus eurodiputados pidieron la oficialidad del catalán en todas las instituciones de la Unión Europea que también voten favorablemente la iniciativa de Convergència i Unió.

Les quiero avanzar la aceptación de la enmienda presentada por el BNG, por el diputado Jorquera, porque creo que es de pura coherencia que aquello que pedimos para el catalán también lo respetemos cuando se pide para el euskera y el gallego. Les quiero decir también que no se trata, como se expresa en el punto 3 de la enmienda del Grupo Socialista, de seguir promoviendo el mayor reconocimiento posible, sino de presentar ante las instituciones de la Unión Europea una petición formal para reconocer definitivamente -no de boquilla, sino de derecho- esta España plural, que es también una España plural en lo lingüístico.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

El señor Jorquera tiene la palabra.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


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Señorías, intervengo brevemente para expresar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta proposición no de ley.

En distintas ocasiones hemos debatido en esta Cámara sobre la importancia de respetar y promover la diversidad lingüística y cultural existente tanto en el Estado español como en el conjunto de Europa. Lo hemos hecho hoy, sin ir más lejos, al debatir la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular televisión sin fronteras y lo hemos hecho en reiteradas ocasiones al defender que en esta misma Cámara, en el Congreso de los Diputados, los diputados nos podamos expresar en los distintos idiomas existentes en el Estado español. Muchas veces se ha intentado ridiculizar esta propuesta arguyendo razones de ahorro, pero los mismos que utilizan este razonamiento para oponerse se olvidan del ahorro a la hora de defender la existencia de la eñe en los teclados de los ordenadores, a la hora de defender que la Real Academia Española y el Instituto Cervantes tengan recursos suficientes para desarrollar su importante labor y serían los primeros en llevarse las manos a la cabeza si en el Parlamento Europeo los eurodiputados españoles estuviesen obligados a expresarse en inglés. Son plenamente conscientes de la importancia de un idioma, y no solo de su importancia cultural, sino también de su importancia social, económica y política. De ahí la necesidad de su defensa y promoción. Esos argumentos, señorías, son también de aplicación para el gallego, para el catalán y para el euskera.

Europa no se entiende sin la diversidad de pueblos, de culturas y de lenguas que la integran. Reducir Europa a los Estados y a los idiomas que tienen la consideración de lenguas oficiales en el conjunto del ámbito estatal es tanto como negar Europa o, si lo prefieren, esta visión de Europa solo contribuye a alejar aún más a la Unión Europea de los pueblos y ciudadanos que la integran. Por esta razón, expreso el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta proposición, a la que hemos presentado una única enmienda, que tiene por objeto que el reconocimiento de la oficialidad del catalán en las instituciones de la Unión Europea sea extensivo al reconocimiento también de la oficialidad del gallego y del euskera.

Agradezco la intervención del señor Xuclà, que ha expresado su apoyo a esta enmienda, no obstante, le aclaro que el Bloque Nacionalista Galego tenía plena disposición a votar a favor de esta proposición no de ley aunque fuese rechazada nuestra enmienda, por una razón: nosotros vamos a defender siempre que el gallego sea también oficial en el ámbito de las instituciones de la Unión Europea, pero entiendo que si Convergència i Unió traslada aquí esta iniciativa no es única y exclusivamente defendiendo una posición de su grupo parlamentario, sino que lo hace trasladando una demanda de la sociedad catalana, una demanda de las propias instituciones catalanas. Por lo tanto, tendría siempre nuestro respaldo, y solicito el apoyo de todos los grupos a esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.

Don Juan Moscoso, tiene la palabra.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, el orden el día del Pleno de hoy ha querido que debatamos varias cuestiones relacionadas con las lenguas cooficiales en España y, en este caso, en Europa. Hay que tener en cuenta que, como siempre hemos defendido desde nuestro grupo, las lenguas forman parte de nuestra base identitaria; nacemos y vivimos con ellas, las aprendemos, forman parte de nuestro patrimonio, de nuestra cultura y por eso siempre, desde el Grupo Parlamentario Socialista, hemos defendido su diversidad, la diferencia y por supuesto su uso allí donde es posible. Lo digo también como pamplonés, como navarro, como ciudadano de una comunidad autónoma donde el euskera, el vasco, el vascuence es cooficial junto con el castellano y donde existe un amplio grupo de población bilingüe que vive diariamente la realidad de una sociedad bilingüe. Por este motivo es importante que en estos temas alcancemos acuerdos amplios, recuperemos consensos y, desde luego, sigamos presentando, y más aún en este caso, ante las instituciones europeas iniciativas comunes conjuntas.

En los últimos años se ha avanzado mucho en la defensa del uso de las lenguas cooficiales -catalán, gallego, euskera, se llamen como se llamen- en las instituciones europeas y es importante no solo que los ciudadanos las respeten, sino que los poderes públicos las defiendan en virtud de su valor social, literario y también como medios de comunicación oficial. Cuando firmamos el Tratado de Adhesión, se hizo partiendo de que el castellano era la lengua oficial en todo el Estado, y esa es la norma que impera en la Unión Europea. Por eso, las lenguas cooficiales que no lo son en todo el territorio tampoco son lenguas oficiales en la Unión Europea. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el galés, el sardo, el sami o el bretón. Sin embargo, el Gobierno socialista se comprometió claramente en 2004 a reforzar el papel y el uso de estas lenguas en Europa y cuando llegó al poder presentó un memorándum instando a Europa a reforzar esa actuación. Ese memorándum consiguió resultados satisfactorios y desde entonces todos los ciudadanos españoles se pueden dirigir en euskera, en catalán o en gallego a las instituciones comunitarias, pudiendo ser informados en esas lenguas en todo lo que soliciten. Esto se consiguió sin reformar el reglamento lingüístico, al que hacía referencia el señor Xuclà, pero sí logrando acuerdos con cada una de las instituciones, con el Comité Económico y Social, con el Comité de las Regiones, con el Parlamento y con la Comisión.

Sin embargo, no todo está hecho, por eso en nuestra enmienda insistimos en que hay que seguir trabajando en esta línea. Por ejemplo, hay que recordar que en el Parlamento Europeo uno se puede dirigir en cualquiera de las lenguas cooficiales, pero todavía no se puede utilizar ninguna de ellas en los debates entre parlamentarios.


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Ello es así debido a que la Mesa del Parlamento Europeo, cuando la presidía el socialista Josep Borrell, que fue quien presentó esta propuesta, la rechazó por un estrecho margen de un voto, y hay que recordar que votó en contra el miembro de la Mesa del Partido Popular, Alejo Vidal-Quadras.

Quiero recordar que nuestro grupo se ha comprometido a volver a presentar esta cuestión ante la Mesa del Parlamento Europeo. Para ello, proponemos una enmienda de tres puntos. En primer lugar, instar al Gobierno a continuar garantizando los acuerdos alcanzados para que no se den pasos atrás; en segundo lugar, insistir al Parlamento Europeo para que sean también los diputados los que puedan utilizarla, y en tercer lugar, para que se siga promoviendo el uso oficial de estas lenguas en todo aquello que sea posible. Cuando se dice promocionar -también estoy de acuerdo con el señor Jorquera-, si Convergència i Unió acepta nuestra enmienda, por supuesto que estamos de acuerdo en ampliarla a las otras lenguas cooficiales del Estado, pero la redacción que hemos elegido para el punto 3 de nuestra enmienda es literalmente la del artículo 6.3 del Estatut de Catalunya, que dice que la Generalitat y el Estado promocionarán el uso oficial de la lengua catalana en las instituciones comunitarias, de manera que no creo que esta enmienda deba ser rechazada quizás por excesivos tacticismos políticos en un momento en el que estamos muy cerca de las elecciones europeas.

No creo que esto tenga nada que ver con Croacia; no se pueden relacionar ambas cuestiones. Cada vez que se produce una adhesión se reforma el tratado para que la lengua oficial del Estado en cuestión entre como tal y solamente en ese sentido, y creo que hay otras muchas batallas lingüísticas abiertas, como la de las lenguas de trabajo. Como todos sabemos, la patente europea, por ejemplo, ha consagrado como lenguas de trabajo el francés, el alemán y el inglés, algo con lo que ni nuestro Gobierno ni nosotros estamos de acuerdo. Queda mucho por hacer, por supuesto también para conseguir la cooficialidad, pero -insisto- creo que nuestra enmienda está más que ajustada a la realidad vigente.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso.

El señor Ridao y la señora Buenaventura van a compartir el tiempo.

Tiene la palabra el señor Ridao.

El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero recordar que hace muy poco, el pasado mes de mayo, fue la comisaria europea Androulla Vassiliou, a cargo por cierto de la educación y de la cultura, quien dijo algo que no deja de tener sentido común, y que quisiera reproducir textualmente. Dijo en aquella ocasión que la oficialidad de una lengua -se refiere en el seno de la Unión Europea- depende solo de los Estados y que si el catalán no es oficial en la Unión Europea es porque España no lo pide. Punto.

Señorías, con esta cita textual podría casi terminar mi exposición y el presidente incluso me lo agradecería, pero quiero insistir en que, escuchadas las explicaciones del señor Moscoso y del Grupo Socialista, no es ningún secreto que el Gobierno, a pesar de los compromisos adquiridos ya en el primer debate de investidura por el presidente del Gobierno, incluso después de cinco acuerdos suscritos con instituciones europeas, después de un memorándum elevado por el ministro Moratinos ante Europa, después de algunos compromisos políticos en esta Cámara y después de muchas buenas palabras, realmente no ha movido un dedo para instar la oficialidad de la que es la treceava lengua más hablada de la Unión Europea, una lengua hablada por casi trece millones de almas. Esta actitud se pudo ver hace muy poco en el Parlamento Europeo cuando diputados del PSOE y del PP votaron en contra de una iniciativa conjunta de Convergència i Unió, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds. También se pudo ver en el pasado debate de política general al votar conjuntamente también una resolución de los mismos grupos en la misma dirección. Señorías, votaron en contra porque ambos parten de una misma concepción supremacista de la lengua. Es decir, en Europa lo único que vale son las lenguas para ir por el mundo, en este caso el castellano, y, por tanto, el catalán no.

De lo que se trata con esta proposición del Grupo Catalán de Convergència i Unió y con una moción de Esquerra que se debatirá después, donde se incluía inicialmente una propuesta análoga, pero que en beneficio de la que ahora se está debatiendo hemos retirado, es aprovechar este contexto propicio que se ha abierto en la Unión Europea por la eventual adhesión de Croacia, que, como se ha dicho, tiene siete millones de hablantes de esta lengua y que conllevará la reapertura del Reglamento 1/58 del Consejo para incorporar esta lengua, por cierto -insisto- más minoritaria que el propio castellano. Se trata, señorías -con esto acabo-, de que se acabe esta permanente ambigüedad, esta permanente ceremonia de la confusión -sí, pero no; ya lo estamos haciendo; no es oportuno, pero más adelante sí; existen otras vías-. En definitiva, al final de la presente legislatura que cada uno se retrate y vote lo que tenga que votar.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.

Señora Buenaventura, tiene la palabra.

La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.

Como bien ha dicho el señor Xuclà, la proposición no de ley que presenta Convergència i Unió es un texto literal que también se presentó en la Cámara de eurodiputados por parte de cuatro eurodiputados catalanes,


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Raül Romeva, Oriol Junqueras, Maria Badia y Ramon Tremosa, de los respectivos grupos políticos a los que antes hacía referencia el portavoz de Convergència i Unió. Nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, porque estamos completamente de acuerdo. Además, si hacemos balance del uso de la lengua catalana en las instituciones europeas, debemos reconocer que la situación sigue encallada y que, por tanto, hay que seguir reclamando, a pesar de la impotencia que a veces nos pueda entrar, hasta que consigamos que el catalán sea una lengua normalizada en la Unión Europea, como otras lenguas minoritarias del Estado español, que también deben tener el mismo trato como lenguas oficiales que son. Es frustrante que una cosa tan simple, tan obvia, tan fácil de conseguir, tan razonable, tan necesaria y tan beneficiosa para todos, para la democracia y para Europa, tan básica si se quiere ser coherente con la idea que vivimos en una Europa de derechos y deberes, cueste tanto conseguir. Creemos que en parte es por la poca sensibilidad que tienen a veces algunos en defender y entender que España es un Estado plurinacional y plurilingüístico. Las lenguas no son meros instrumentos de comunicación y no es socialmente responsable utilizarlas con criterios exclusivamente funcionales, administrativos o pragmáticos, sino que hay que tener presentes otros criterios, como la construcción de una sociedad inclusiva que asuma claramente la diversidad cultural y lingüística que le es intrínseca como patrimonio a conservar.

Por ello, como decía anteriormente, reconociendo lo que dice la Constitución española en su preámbulo, que proclama la voluntad de proteger las lenguas de todos los españoles y pueblos de España, y en su artículo tercero, que reconoce que serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos de autonomía y establece que serán objeto de especial respeto y protección, pedimos que esta proposición no de ley sea votada por la mayoría de la Cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.

Tiene la palabra don Aitor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Vasco va a apoyar la propuesta de Convergència i Unió, como no podía ser de otra manera. Estamos de acuerdo con la oficialidad del idioma catalán en Europa. Además, si Europa pretende llegar a los ciudadanos, pretende conseguir una mayor cercanía y desarrollo de sus instituciones y una mayor participación de la población; si va a ser realmente una Europa de los ciudadanos, cuyas decisiones puedan ser conocidas en cada unos de los idiomas que existen, que son propios de la Unión Europea, incluso aunque en algunos países no sean oficiales, eso sería desde luego un gran avance, no porque un idioma sea el decimotercero, el decimoquinto o el octavo en número de hablantes, sino simplemente porque es un idioma europeo y por lo tanto deberíamos trabajar en ese sentido.

Europa puede convertirse por tanto en una instancia normalizadora e igualadora de todos los idiomas. Otra cosa es, a futuro y más que probablemente, la visión que nosotros tenemos de lo que va a pasar con las lenguas de trabajo -estrictamente de trabajo- y ahí no contemplamos ni siquiera el castellano, no lo vemos. Probablemente nos vamos a quedar con uno o dos idiomas que van a ser los de trabajo diario y eso es lo que va a ocurrir, pero en otro plano nos parece absolutamente correcto que a la hora de publicar todas las decisiones, en el Parlamento, que es la expresión popular, puedan desarrollarse las actividades en todos los idiomas de la Unión; por lo tanto esta proposición tiene nuestro apoyo.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Tiene la palabra el señor Soravilla.

El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, mi querido colega, señor Xuclà, permítame que comience diciendo que no va a encontrar en mí una oposición radical a lo esencial de su propuesta, y a la vista de los debates quiero suponer que en esta Cámara todos nos sentimos orgullosos de la diversidad de nuestra cultura y de las lenguas en las que se expresa. Además nos satisfaría mucho que la diversidad europea que hemos defendido siempre desde mi grupo pudiera enriquecerse todavía si cabe más con esta aportación lingüística. Todos los que me han precedido en el uso de la palabra ya hemos hecho referencia a todo lo que se ha avanzado -en la medida de lo posible- dentro de las instituciones europeas. No obstante, la propuesta de su grupo, de CiU, desde nuestro punto de vista ofrece algunas dificultades y además no nos parece que este sea el momento más oportuno para plantearla.

Me voy a ceñir exclusiva y prácticamente a su proposición tal y como está redactada y cuyo inicio obviaré porque me evoca aquellos tiempos de Javier Solana cuando usan treceava por decimotercera. El eje de su propuesta lo hacen pivotar sus señorías sobre la oportunidad de la futura adhesión de Croacia. Me adelanto al acontecimiento que tendrá lugar dentro de muy poco tiempo y aprovecho para dar la bienvenida a Croacia, a este país balcánico. Nos vamos a congratular mucho de que se incorpore al proyecto europeo. Es el segundo país después de Eslovenia que se integra en el proyecto y deseamos que marque además un camino para la integración del resto de los países de aquella región que fuera Yugoslavia.

Es verdad la referencia que hace su grupo al Tratado de Lisboa respecto a los Estados y a los ciudadanos, pero quiero recordarle que la Unión Europea de momento es una unión de Estados, no es otra cosa, y si con humildad


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aceptamos lo que estamos viendo todos los días en los periódicos y lo que está ocurriendo en la Unión Europea, nos daremos cuenta de que, adaptados a la realpolitik, lo que tenemos es la primacía absoluta de los Estados que la integran de una manera determinada y que lo hacen además -como lo va a hacer Croacia- con una lengua oficial que se habla en todo su territorio. Hemos hecho ya alusión a Irlanda, como ha dicho su señoría, pero el gaélico es oficial en todo el territorio. También podríamos citar a Luxemburgo, que ha prescindido de su lengua oficial y acepta el alemán y el francés como lenguas oficiales. Por eso le digo que para nosotros no es oportuno aprovechar -dicho en términos un poco castizos- que el Pisuerga pase por Valladolid, es decir, que no creemos que haya que aprovechar el ingreso de un nuevo país para negociar la inclusión de nuestras lenguas cooficiales españolas, ni parece posible tampoco en este momento de fuertes turbulencias poderlo hacer. Creo que es preferible esperar a si hay en definitiva una revisión de los tratados como parece que la señora Merkel e incluso el señor Gabriel están dispuestos a hacer. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Por otra parte, España ha ido perdiendo en estos últimos años bastante peso en la Unión Europea y creo que la capacidad de negociación es muy relativa. Me voy a referir a un ejemplo que va a entender perfectamente, que es la patente europea. Hemos mantenido el veto durante mucho tiempo, Alemania consiguió pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada y ahora tenemos tres lenguas de trabajo para la patente europea. Aunque en la proposición no de ley figure textualmente acercar la Unión Europea a los ciudadanos catalanes, creo que cualquiera de los muchísimos emprendedores que hay en Cataluña preferirían tener una patente europea que pudieran registrar en español, con menos coste y más velocidad en la forma de tramitarla, que estar ahora pendientes de esa dudosa luz del día de una negociación posible para conseguir que el catalán y el resto de las lenguas cooficiales pudieran ser precisamente reconocidas en la Unión Europea.

Le voy a dar otra prueba más, además del arrinconamiento del castellano. Sin ir más lejos, los letrados de esta Cámara están haciendo un esfuerzo ímprobo y un trabajo muy silencioso para impedir por todos los medios que nos lleguen los documentos en esa fórmula del english only y piden que se redacte en el único idioma oficial que tenemos ahora, que es el castellano. Creo que hay que reconocerles esa labor silenciosa que están haciendo.

En la Unión Europea hay dos cosas que hay que tener, y desde luego este Gobierno, que está en este momento casi en funciones, es evidente que no tiene.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Soravilla, por favor.

El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Acabo en un momento.

Es tener influencia y poder decisorio, por una parte, y, por otra, marcar nuestros intereses y nuestros objetivos para la negociación. No duden en ningún momento de que cuando hablo de nuestros intereses desde esta tribuna me estoy refiriendo a los generales de España, en los cuales Cataluña, por supuesto, y los catalanes están incluidos. Así que no estamos en contra de lo esencial de su propuesta. Lo que nos parece es que ni es oportuna ni las circunstancias son las adecuadas y tampoco parece que estos tiempos borrascosos lo permitan hacer con la seguridad de que vamos a salir adelante.

Muchas gracias y espero que podamos llegar en el futuro a muchos acuerdos. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.

Señor Xuclà, entiendo que acepta su señoría la enmienda del Grupo Mixto, del señor Jorquera. (Asentimiento.)

Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MEDIDAS DE RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y LENGUA CATALANA. (Número de expediente 173/000230.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre las medidas de reconocimiento de la identidad y lengua catalana. Para defender la moción de su grupo tiene la palabra el señor Ridao.

El señor RIDAO I MARTÍN: (Comienza su intervención en catalán.)

Señorías, podría aprovechar este turno para ponderar las bondades suficientemente conocidas del modelo lingüístico en la escuela catalana, un modelo de éxito aplaudido por la Unión Europea y por la Unesco, un modelo convivencial, un modelo que garantiza la plena igualdad de oportunidades, que permite que un hijo de la emigración como yo use habitualmente la lengua catalana; un modelo que garantiza que cualquier niño o niña cuando acaba la etapa educativa obligatoria en Cataluña domina perfectamente las dos lenguas oficiales e incluso una tercera como el inglés. Simplemente quiero recordarles que este es un modelo inspirado en una comunidad bilingüe como Canadá, que lo puso en marcha en los años sesenta con gran éxito; que además se empezó a regular ya en una norma preconstitucional


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del año 1978, que después fue validada con la Ley de Política Lingüística catalana del año 1983 e incluso con la Ley de Política Lingüística catalana del año 1998, una ley que, por cierto, fue aprobada en aquella época del: Pujol, guaperas, habla lo que quieras, pero que, en cualquier caso, fue una ley pacífica, que no fue recurrida y que además ha venido siendo avalada por el Tribunal Constitucional por reiteradas sentencias, la última de todas ellas en 1994. Es un modelo que, como es sabido, utiliza el catalán como lengua vehicular, pero también el castellano en la proporción, en el número de horas que sean necesarias e incluso, en algunos centros, atendiendo a la realidad sociolingüística. Es un modelo que utiliza la inmersión lingüística, que es un recurso, una técnica pedagógica que se utiliza en el ciclo primario, porque es en tan temprana edad donde se produce la socialización de los niños, donde se facilita sobre todo la integración de todo tipo de niño y especialmente los de origen extranjero.

No me voy a extender sobre todo este particular porque ustedes lo conocen perfectamente, porque además este no es un conflicto educativo, no es un problema estrictamente lingüístico; este es un problema básicamente político, no jurídico. Es extraeducativo, porque, señorías, hay quien quiere quebrar el modelo lingüístico en Cataluña, que es un modelo de éxito, de convivencia y de cohesión social. Por lo demás, quiero remitirme a lo que dice el propio Comité de expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias o a las declaraciones muy recientes de Doris Pack, presidenta a la sazón de la Comisión del Parlamento Europeo relativa a la Educación y a la Cultura, donde advierte que separar a los niños por razón de lengua es separar el país. Lo dice ella, que es alemana y, por cierto, conservadora, advirtiendo que en Alemania no hay escuela para turcos y escuela para alemanes, hay una escuela alemana, como la hay en Cataluña, que es una escuela catalana para todos los niños, tengan el origen que tengan.

Señorías, asistimos por tanto a un nuevo conflicto político de primer orden. Aquí no está en juego si el Parlamento de Cataluña puede aprobar una ley para regular el uso de la lengua vehicular, del catalán. Aquí lo que está en juego es una concepción supremacista de la lengua. Aquí lo que está en juego es que para algunos Dios es español y habla castellano, que hay algunas lenguas, como el castellano, que son para ir por todo el mundo, y otras para estar en casa con el albornoz y las pantuflas puestas, que es el catalán. Señorías, aquí lo que hay es un intento innoble de acabar con la convivencia y con la paz social separando y segregando a los niños por razón de lengua en Cataluña.

Después de la sentencia del Estatut, señorías, lo que ha pasado es que hay una sombra de duda, una sombra que proyecta el Tribunal Supremo con cinco sentencias que cambian su doctrina anterior, con cinco sentencias que además, por cierto, interpretan la ley a su antojo, porque usurpan la función de este Parlamento y sobre todo del Parlamento de Cataluña, porque se amparan además en una mayoría política y demográfica existente en España, porque ignoran deliberadamente que todavía hoy el catalán es una lengua minorizada que merece especial protección, porque lleva cinco siglos de persecución y de prohibición. Además el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se aplican como una auténtica apisonadora, provocando un nuevo choque de legitimidades entre lo que ha dicho el Parlamento de Cataluña y lo que quieren la mayoría de los catalanes y lo que dice en este caso un órgano judicial, por tanto, provocando una nueva situación tan injusta, tan cobarde y tan indigna que no es de extrañar que tanto el Gobierno catalán como las escuelas en Cataluña hayan dicho que no les dejan más remedio que ir a la desobediencia civil, a la insumisión y a no acatar esta sentencia judicial por injusta.

Acabo, señorías, diciendo que es triste y doloroso que en pleno siglo XXI, en 2011, haya quien insista -ya sea la derecha judicial, el Partido Popular, sea quien sea- una vez más en esta tradición tan histórica del españolismo de hostilizar permanentemente el catalán y que además se utilice la mentira y la demagogia, ya sea desde esta tribuna o desde una resolución judicial, para transmitir la imagen falsa a la opinión pública española de que en Cataluña hay una lengua que se impone por encima de la otra, que hay una parte de la población que se impone a la otra. Señorías, esto no es noble, esto daña la convivencia en Cataluña, daña una convivencia que se ha forjado a lo largo de muchos siglos, con el sudor de la historia y sobre todo de muchas generaciones.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.

A esta moción se han presentado enmiendas por varios grupos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.

No voy a reiterar los argumentos ya expresados en el debate de la proposición no de ley anterior, de Convergència i Unió, dado que creo que son también válidos para expresar nuestro apoyo a los contenidos iniciales de esta moción. Simplemente quiero hacer un apunte con respecto a estos contenidos. Pese a los compromisos adquiridos por el Gobierno para que los ciudadanos puedan usar los distintos idiomas en su relación con la Administración General del Estado, los incumplimientos en esta materia son total y absolutamente reiterados. A lo largo de esta legislatura, el Bloque Nacionalista Galego ha formulado al Gobierno multitud de preguntas motivadas por quejas de los ciudadanos por cuestiones de diversa índole, desde la falta de servicios de atención telefónica en gallego en organismos oficiales hasta la ausencia de versiones en gallego en páginas web oficiales o por las continuas deturpaciones de nuestra


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toponimia en letreros, webs o publicaciones en organismos públicos. Por lo tanto, nos parece muy pertinente esta moción, que ha sido objeto de una autoenmienda, apoyada también por la firma de otros grupos, la cual quiero aprovechar para expresar nuestro total apoyo al modelo de inmersión lingüística vigente en Cataluña. Es un modelo que cuenta con un amplio respaldo político en Cataluña, con un amplio consenso social, que favorece la integración en Cataluña de los inmigrados y evita la fractura de este territorio en dos comunidades lingüísticas. Además, es un modelo que se ha demostrado total y absolutamente eficaz desde el punto de vista pedagógico. Las propias pruebas oficiales del Estado revelan que el dominio oral y escrito del castellano por parte de los alumnos catalanes, valencianos, mallorquines, vascos y gallegos no es inferior en absoluto al que acreditan los alumnos escolarizados en comunidades unilingües, en comunidades castellanoparlantes.

De manera muy acertada y atinada, el señor Ridao ha expuesto qué se esconde detrás de todos los intentos de desprestigiar este modelo. En Galicia lo sabemos perfectamente, sabemos qué se oculta detrás de la oposición a este modelo, porque el idioma gallego, en virtud de las nuevas líneas que está trazando el Gobierno gallego, corre el riesgo de convertirse en una simple lengua marginal en educación, en tener el mismo tratamiento en su propia tierra que una lengua extranjera. Él lo ha definido muy bien: hablaba de supremacismo, de una ideología de fondo que lo que revela es creer que Dios es español y habla castellano, y me vino a la memoria un letrero que hasta hace muy poco todavía estaba presente en nuestras estaciones de tren: No seas bárbaro, habla castellano. Frente a este supremacismo, manifestamos nuestro total apoyo a esta moción consecuencia de interpelación.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.

Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

El señor Ridao ha hecho una intervención en la que ha destacado dos cuestiones a las que brevemente me referiré. La primera -la parte fundamental de su intervención- ha sido una apelación a no cumplir las sentencias de los tribunales. El señor Ridao nos ha contado aquí, aunque lo ha hecho en catalán al principio, que va a haber una iniciativa precisamente para que no se cumplan las sentencias y él ha explicado por qué no se tienen que cumplir.

Lo primero que quiero decir es que todo el mundo, todos los españoles, todos los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir la ley y también las sentencias que se nos aplican, pero los responsables políticos tenemos una obligación doble: cumplir y hacer cumplir las sentencias. Si de nosotros depende, si de mí depende, reformaremos el Código Penal para que haya una inhabilitación automática de aquellas autoridades que no cumplan las sentencias de los tribunales y que no cumplan la ley, porque ya está bien de impunidad. Ya está bien de que los ciudadanos tengan que cumplir las leyes y los responsables políticos se puedan permitir el lujo no solamente de no cumplirlas, sino de anunciar que no las van a cumplir y de animar a que no se cumplan las sentencias. Esa es la primera consideración. Estamos en un Estado democrático de derecho, la ley hay que cumplirla y las sentencias hay que acatarlas y cumplirlas, las que nos gustan y las que no nos gustan.

Una segunda consideración tiene que ver con la identidad, que forma parte del título de su interpelación y de su moción. Señor Ridao, ni la política ni el Estado están para promover identidades, mucho menos un Estado democrático de derecho -algunas experiencias hay en la historia-. Ni el Estado ni la política, ninguno de los dos están para promover identidades ni para proteger sentimientos. El Estado de derecho y la política están para garantizar derechos a los ciudadanos, que son los que los tienen, o aquellos a los que se les vulneran. Ya está bien de identidades. ¿Qué es eso de la apelación a la identidad? ¡Pero qué viejo, qué antiguo! ¡Qué poco democrático en términos reales de lo que significa la democracia y la ciudadanía, de lo que significa la democracia basada en los derechos de cada uno de los ciudadanos la apelación a la tribu y a la identidad! ¡Qué antiguo! ¡Qué horror! ¿Qué tiene que ver eso con los derechos de los ciudadanos, con los problemas de los ciudadanos? Que estemos aquí en el Parlamento nacional, con la que está cayendo, con las preocupaciones reales que tienen los ciudadanos españoles, el conjunto de los ciudadanos, al margen de la parte de España en la que vivan, de su ideología y de sus sentimientos -que todos son suyos y son muy respetables, pero no estamos en la política para protegerlos-, hablando de la identidad, la identidad.

Escuchándole me ha recordado -y creo que lo he dicho otra vez- a una cantante afroespañola, nacida en Baleares, de padres guineanos.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: que canta jazz y que canta también flamenco, que es negra y que tiene todas esas culturas y esa vida tan rica. Una vez la escuché en una entrevista en la que le preguntaron: ¿Cuál es su identidad? Ella contestó -llena de sentido común desde mi punto de vista-: ¿Identidad? ¿Y eso para qué sirve?

Estamos aquí para defender derechos de los ciudadanos, y las identidades no tienen nada que ver con eso.

Muchas gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Batet.


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La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidenta.

Esta moción de Esquerra Republicana nos permite hablar hoy del modelo educativo en Cataluña, un modelo educativo que fue consensuado y votado por unanimidad por todas las fuerzas políticas -todas las fuerzas políticas que hoy también están aquí representadas en este hemiciclo- y que además fue avalado por el Tribunal Constitucional. Las líneas y los principios que los socialistas defendimos en ese momento son hoy plenamente vigentes. ¿Por qué defendimos este modelo de integración? En primer lugar, porque es un modelo en el que prevalece el conocimiento, donde saber más siempre es mejor que saber menos; en segundo lugar, porque es un modelo de cohesión social y no un modelo de segregación, por tanto, un modelo de unión entre los ciudadanos de Cataluña; en tercer lugar, porque es un modelo que garantiza la igualdad de oportunidades, ya que no queremos ciudadanos que el día de mañana sepan solo un idioma y otros que sepan las dos lenguas cooficiales, pues la igualdad de oportunidades real será conseguir que todos los ciudadanos del futuro sean competentes en las dos lenguas; en cuarto lugar, porque es el modelo que garantiza el bilingüismo real. Señorías, el bilingüismo no es una declaración de voluntad que se pueda plasmar en la legislación. El bilingüismo real se evalúa en los resultados: si los niños y niñas que terminan la educación obligatoria son competentes en las dos lenguas. Ese es el bilingüismo real y eso es lo que ha conseguido este modelo en los años en los que se ha aplicado.

Estos cuatro puntos que he querido destacar son los que garantizan precisamente la libertad. ¿La libertad de quién? La libertad de los estudiantes, de los alumnos, de los futuros ciudadanos de Cataluña que van a tener que desarrollarse personal y profesionalmente en esa comunidad. El Partido Popular cuando habla de estas cuestiones habla de libertad, de la libertad de los padres. Supongo que en 1983 también defendían la libertad de los padres y eso no impidió que entraran en el consenso y votaran este modelo. Pero, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿De la libertad a que los padres decidan si un niño puede estudiar matemáticas o no, o si tres horas de historia a la semana son suficientes, insuficientes o son una exageración? O, llevando la libertad al extremo, ¿que la escolarización no sea obligatoria y que por ejemplo se pueda educar a los niños en casa? Esa sería la libertad absoluta de los padres.

¿Por qué libertad a la hora de elegir una lengua? ¿Por qué no con las matemáticas, con la historia o con la geografía? ¿Por qué no con otros conocimientos? ¿Por qué solo con la lengua? Lo que hay que garantizar precisamente es el conocimiento de los hijos, porque el conocimiento de los hijos es lo que les hará libres, lo que conseguirá que sean libres en su desarrollo personal. Por tanto, cuando hablamos de estas cuestiones, el énfasis, desde nuestro punto de vista, hay que ponerlo en la libertad, en la libertad del alumnado de hoy, que será el ciudadano de mañana. Hay que poner énfasis en lo social, en la igualdad de oportunidades y en la cohesión social que este modelo ha permitido, y hay que poner énfasis en las cuestiones pedagógicas, señorías, en las pedagógicas y no en las ideológicas. ¿Por qué romper ahora la unanimidad de 1983? ¿Por qué ideologizar un tema que no se lo merece? ¿Por qué centrarnos en esta polémica al hablar de educación, cuando la educación en Cataluña, igual que en muchas otras comunidades autónomas, tiene problemas reales y graves, cosa que no es este tema? Hay problemas de abandono escolar, problemas de integración de la nueva inmigración, problemas en conseguir el trilingüismo, por ejemplo, en el caso de Cataluña, o el bilingüismo con el inglés en aquellas comunidades autónomas que son monolingües. No tiene sentido que en vez de hablar de los problemas reales estemos debatiendo sobre problemas inexistentes.

Señorías, esta iniciativa tiene por objetivo recuperar ese consenso pasado. Por eso pedimos el voto unánime de esta moción, y se lo pido muy especialmente al Grupo Parlamentario Popular, porque es importante para el futuro de todos los ciudadanos de Cataluña. En segundo lugar, esta iniciativa tiene por objetivo el reconocimiento de un modelo de éxito; de éxito a juzgar por los resultados y por el reconocimiento internacional que ha merecido. Finalmente, esta iniciativa tiene por objetivo trabajar juntos para mejorar los retos del futuro de la educación en nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Batet.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y hoy se vuelve a plantear esta presunta máquina de ganar votos, que es una discusión sobre la normalización lingüística y sobre el catalán como lengua vehicular en la escuela en Cataluña; casualmente o no tan casualmente, con las elecciones a la vuelta de la esquina, con lo que algunos consideran una presunta máquina de ganar votos, se vuelve a plantear. Señorías, conviene hacer una aproximación relativamente histórica a la situación de hoy para ver que este no es un debate pedagógico sino que es un debate ideológico; para ver que este es un prejuicio muy alejado de la realidad del día a día, de la vivencia del día a día en Cataluña, donde no hay conflicto lingüístico y donde se ha optado, por una amplia mayoría del Parlamento de Cataluña, desde los años ochenta, por convertir el catalán en lengua vehicular. Quiero recordar que en el año 1983, cuando se optó por este modelo educativo, no hubo ni un solo voto contrario de los diputados del Parlamento de Cataluña ni de aquellas formaciones políticas que hoy levantan la bandera de un presunto conflicto que no existe de ninguna de las maneras.


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En los años veinte y en los años sesenta del siglo pasado, llegó a Cataluña una cantidad notable de inmigración de otras partes del Estado español. Con la recuperación de la democracia, después de cuarenta años de opresión de la lengua catalana por parte del franquismo, la democracia recuperada en Cataluña tenía dos opciones: la opción de la doble vía de escolarización, es decir, la opción de las dos comunidades lingüísticas, o la opción de la cohesión social y la opción de un solo pueblo, la opción de una escuela que construyera ciudadanos libres, con el derecho a escoger y a vivir con el pleno dominio de las dos lenguas. Y esta última fue la opción del año 1983, por la cual nunca, nunca estaremos suficientemente agradecidos a los diputados y las diputadas de aquel momento en el Parlamento de Cataluña, y especialmente a aquellos partidos que estando en la oposición, como el Partit Socialista de Catalunya y el Partit Socialista Unificat de Catalunya, entendieron perfectamente que aquella era una ley a favor de la cohesión social para la plena capacitación de los niños y las niñas y el pleno dominio de las dos lenguas. La diputada Meritxell Batet, que me ha precedido en el uso de la palabra, y yo somos del mismo año, nacidos en 1973. Espero no provocarles si les comunico que los dos desde el parvulario hemos sido escolarizados únicamente en catalán como lengua vehicular y que esto no nos ha impedido ni nos ha traumatizado para podernos expresar con un castellano correcto en estas Cortes Generales desde hace dos legislaturas. Este es el resultado de un proceso de normalización lingüística en Cataluña, el pleno dominio de las dos lenguas, y este es un mecanismo que si para algo sirve especialmente es para que aquellas personas que tienen familiarmente la lengua castellana como lengua materna tengan también un pleno dominio del catalán para, como les decía, apostar a favor de la cohesión social.

A principios de los años ochenta, con la recuperación de la democracia, nos planteamos en Cataluña si era necesario un proceso de normalización lingüística, entendida esta como la restauración del catalán como la lengua que era en la clandestinidad, como la lengua que era solo dentro de casa, también como la lengua de la calle y como la lengua de las instituciones, y nos debemos plantear a finales del año 2011 si esta normalización lingüística se tiene que dar por finiquitada y se tiene que entrar en una nueva etapa. Les debo recordar que Cataluña es un país que hoy, a diferencia del año 1980, tiene más nacionalidades que nunca presentes en su sociedad, que hoy, a diferencia del año 1980, el castellano es más preeminente en la vida del día a día de la calle y que, por tanto, la normalización lingüística no está finiquitada sino que continúa siendo absolutamente necesaria para la cohesión social del país. En definitiva, señorías, este no es un problema político. Esta es la presunta máquina de ganar votos.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Xuclà, por favor.

El señor XUCLÀ I COSTA: Termino. (Pronuncia palabras en catalán.)

Esta es una presunta máquina de ganar votos. Estoy convencido de que el tiempo y la unidad que expresa esta votación permitirá que aquello que Raimon decía en su canción (Pronuncia palabras en catalán.), aquello que conseguimos a principios de los años ochenta no sea coartado por táctica política.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.

Para fijar la posición del Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.

La verdad es que de tiempo en tiempo alguien se dedica a veces desde el ámbito ejecutivo y en otras ocasiones desde al ámbito judicial a crear problemas donde no los hay, y en algunos ámbitos y en algunas materias hay cierta fijación, y este desde luego es uno de ellos. Pero antes de entrar en lo que constituye una de las enmiendas, que imagino que al final resultará el texto votado en este punto, quería referirme, aunque sea de pasada, a lo que constituía parte del texto original de la propuesta de Esquerra Republicana. Y quería hacerlo así porque recogía en gran medida el resultado de una moción presentada por mi partido, que fue aprobada en esta Cámara y que viene a reflejar de nuevo, no ya solo a través de lo que manifestó el vicepresidente Chaves, sino ahora ya por vía de hecho, que todo aquello que la Cámara se había comprometido a que el Gobierno debiera hacer no se ha cumplido, y ese proyecto de ley sobre el reconocimiento a la ciudadanía del derecho a dirigirse en cualquier lengua cooficial a los poderes del Estado ni ha llegado, ni se ha presentado, ni se presentará en esta Cámara. Pero es que además -más grave aún- el informe sometido al Consejo de lenguas ya en julio de 2010, que se pidió reiteradamente que se presentara ante esta Cámara, tampoco se ha presentado. En cualquier caso nos parece lógico que se haya cambiado el objeto de la moción a un problema crucial y que centra la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación estos días. Decía que es crear un problema donde no los hay, porque si hay un modelo de cohesión e integración -y además aceptado no solo por una inmensa mayoría de las fuerzas políticas de Cataluña sino también por una inmensa mayoría de los ciudadanos catalanes- no se ve por qué tiene que venir un tribunal superior de justicia a crear una polémica donde antes no la había. Las leyes se cumplen, ya lo creo que se cumplen, señora Díez, qué remedio. Además, desde los poderes del Estado ya lo creo que se fuerza a los gobiernos autonómicos a que cumplan las leyes, y se estaban cumpliendo y se están cumpliendo hasta ahora. Lo que no tengo tan claro es que la interpretación que hagan los tribunales no se convierta en muchas ocasiones


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en una tercera cámara. Eso desde luego no es lo correcto, y parece adecuado que esta Cámara deje sentado hoy cuál es la interpretación que de las leyes debe hacerse porque de esa manera se expresa la opinión popular.

Derechos de los ciudadanos, derechos de todos, ya lo creo que sí. Por cierto, se ha acusado en esta tribuna a los autores de esta moción de hacer una defensa tribal, una defensa particular del colectivo, una defensa antigua -se decía-. Yo creo que la defensa antigua es la que seguía la señora Díez; la defensa antigua es precisamente la que ha hecho ella porque es la defensa tribal del castellano. Es la defensa de que una persona, un joven, en lugar de poder ser perfectamente conocedor de dos idiomas, únicamente conozca uno, de que no se integre de esa manera -conociendo solamente un idioma- en la sociedad en la que vive. Yo no entiendo que funcionando el sistema educativo perfectamente bien y pudiendo conocerse más de una lengua, alguien quiera no conocer esa otra lengua. Creo que ese conocimiento es algo enriquecedor, es algo fundamental, y si además se hace con la seriedad, con la efectividad y con la libertad que entiendo que se hace en Cataluña, en una sociedad que ha apostado firmemente por su idioma, por su lengua y también con conocimiento pleno del castellano, no debería haber ningún problema, y espero que en la Cámara se expresa así en esta ocasión también.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.

Para fijar la posición del Grupo Popular tiene la palabra la señora Monstserrat.

La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Señora presidenta, señorías, la moción consecuencia de interpelación del Grupo de Esquerra Republicana versaba sobre el etiquetado en catalán, y hoy nos presentan una enmienda que sustituye íntegramente el contenido material de la moción. El artículo 184 del Reglamento de la Cámara establece que la Mesa admitirá la moción si es congruente con la interpelación. La enmienda transaccional que hoy nos presentan es incongruente con la interpelación que el señor Tardà defendió el pasado mes de julio y por tanto es un fraude procesal parlamentario. Por ello anticipo que nos oponemos a la transaccional.

Desde el Partido Popular siempre hemos defendido que el catalán en Cataluña sea lengua vehicular en la educación y queremos que el catalán crezca y se consolide, pero deseamos que sea una lengua expresada en libertad y no por imposiciones administrativas. El catalán como lengua vehicular, sí, pero también el castellano y la introducción del inglés, porque en la educación de nuestros hijos y en su dominio de los idiomas nos jugamos el futuro. La sociedad catalana está preparada para una escuela trilingüe porque es una sociedad plural y abierta, lo demuestra el ejemplo de los principales diarios catalanes, que tienen ediciones en ambas lenguas, y el ejemplo de una ciudadanía que vive el bilingüismo con toda naturalidad, sin ningún conflicto ni complejo, como expresión de la riqueza de sus lenguas. Una educación trilingüe es pues una garantía de libertad, una garantía de los derechos de los padres y de los hijos, una garantía de mayor calidad y excelencia en la educación, una garantía de futuro para Cataluña. La nuestra es una política lingüística en positivo que se basa en potenciar el catalán desde el fomento y la libertad. No podemos caer en el error ni de aquellos que quieren estudiar solo en castellano, como si no vivieran en Cataluña, ni de aquellos que quieren estudiar solo en catalán, negando la realidad de España o ignorando que la riqueza de la sociedad civil catalana radica también en su bilingüismo. Solo así conseguiremos que Cataluña esté más abierta al mundo. Son unos momentos muy difíciles de nuestra historia, las familias catalanas y españolas no llegan a final de mes, tenemos un 45 por ciento de paro juvenil, las empresas se ven forzadas a cerrar, hay 5 millones de parados, estamos al borde de la intervención, tenemos los niveles más altos de fracaso escolar de Europa, y ustedes continúan abriendo debates estériles a destiempo, cortinas de humo, y relegando a un segundo plano las prioridades de España y de Cataluña, que son salir de la crisis cuanto antes. Son momentos para pedir a todas las fuerzas políticas -y hoy lo hago desde aquí- responsabilidad, tranquilidad, sentido común, serenidad y huir de confrontaciones que no existen en la ciudadanía ni son un reclamo de la sociedad. Traigo todas estas consideraciones desde la razón y no desde la pasión. Es cierto que en los años ochenta era preciso un apoyo muy especial a la lengua catalana, y ahí estaba el Partido Popular. Es evidente que entonces el catalán estaba en una posición de clara inferioridad respecto al castellano, pero treinta años después el resultado de esta inmersión en el sistema educativo ha sido que la lengua catalana no solo no corra ningún peligro, sino que goce de muy buena salud y su conocimiento y su uso estén plenamente normalizados. Por ello, para pacificar esta cuestión sería razonable que algunas asignaturas troncales del sistema educativo fueran impartidas en castellano y en inglés, ya que no ponen en peligro la cohesión social de Cataluña ni la vitalidad ni la pujanza del catalán. Esta tarde se habla mucho de las sentencias. Solo voy a pedir una cosa: que se cumpla la propuesta de resolución número 50 del debate sobre el estado de la Nación, aprobada unánimemente por todas las fuerzas de este Parlamento, que dice: El Congreso manifiesta el máximo respeto y acatamiento de todas las resoluciones judiciales, así como la obligación de todos los poderes públicos de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes. El respeto a la ley y a los tribunales de justicia es condición necesaria para una convivencia democrática y civilizada.

Señor Ridao, en un debate parlamentario no se deben hacer referencias personales, pero hay cosas inaceptables. Como diputada del Partido Popular, como concejal de Sant Sadurní d'Anoia, como persona que piensa y siente en catalán, tengo que decirle que son ofensivas


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para mi partido y para mi persona las barbaridades que usted ha dicho de que queremos exterminar el catalán y queremos dividir las aulas. No le quepa la menor duda de que si esto que usted dice fuera cierto no estaría en el Partido Popular, porque no puedo ir contra lo que soy. Si fuera contra Cataluña iría contra mí misma, contra mi persona, contra mi ser. (Pronuncia palabras en catalán.-Aplausos.) Lecciones de catalanidad no las acepto ni de usted ni de nadie. Tenemos una ministra que por la mañana pasa revista a las tropas españolas y por la tarde se declara nacionalista catalana. (Rumores.- Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Montserrat, por favor.

La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Solo pido coherencia en el debate. Simplemente, ustedes y nosotros tenemos una idea diferente de Cataluña, la nuestra es integradora y firmemente comprometida con España y la suya es independentista y excluyente de España.

Muchas gracias. (Aplausos. Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Montserrat.

Señor Ridao, entiendo que el texto que se someterá a votación es el texto de la moción que ha suscrito su grupo conjuntamente con otros grupos. (Asentimiento.) Así será.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE EL GOBIERNO PIENSA LLEVAR A CABO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 173/000231.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Catalán de Convergència i Unió, sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para mejorar el sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Para defender la moción tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, antes de finalizar el pasado periodo de sesiones Convergència i Unió interpeló a la ministra de Sanidad y Política Social sobre el desarrollo, la aplicación de la Ley de Dependencia y las perspectivas de futuro de esta política. Fruto de aquella interpelación hemos planteado esta moción que ahora vamos a discutir, partiendo del hecho de que cuando Convergència i Unió presentó ese texto la perspectiva era de una legislatura que aún iba a tener unos meses de vigencia previsiblemente y, por tanto, que algunos de estos mandatos que hoy pretendemos impulsar deberían adecuarse a lo que ya sabemos, que es la disolución anticipada de las Cámaras. Convergència i Unió pretende fundamentalmente con esta moción comprometer a todos los grupos de la Cámara en la necesidad de repensar a fondo la política de dependencia en la perspectiva de los próximos años, desde la valoración de lo que ha sido el desarrollo de esta ley, desde la asunción de que la crisis económica en la que estamos viviendo varía sustancialmente el cuadro que permitió en su momento la aprobación de una determinada política y también desde la convicción de que aquellas expectativas que esa legislación generó se han visto ampliamente frustradas en materia de mejora de calidad de vida de las personas, en materia de creación de empleo, en definitiva, en la consolidación de uno de los elementos fundamentales de cualquier Estado de bienestar, que es la atención de las necesidades de larga duración. Además, señorías, el desarrollo de la ley ha puesto de manifiesto muy claramente que dos aspectos que ya fueron denunciados por Convergència i Unió, por el Grupo Nacionalista Vasco y por Nafarroa Bai en la discusión correspondiente hace un par de legislaturas se han convertido en dos graves problemas: por un lado, la invasión competencial que esta ley supuso, y por otro y sobre todo el modelo de financiación que la ley consagró, que ha supuesto un ahogo efectivo de la capacidad financiera de las comunidades autónomas. En el debate de la interpelación correspondiente mi grupo insistió en la idea de que el modelo de financiación que consagra la ley ahoga la capacidad financiera de las comunidades autónomas, que dar cumplimiento a aquello que prevé la ley es un grave problema para la sostenibilidad de la aplicación de esta ley en los distintos territorios del Estado. En estas semanas de constitución de algunos nuevos gobiernos autonómicos esas debilidades están apareciendo con toda su crueldad. Todo ello, señorías, obligaría a repensar a fondo la ley, a alcanzar un amplio acuerdo, a dibujar el escenario futuro, a repensar el papel que debe tener la figura del cuidador familiar no profesional, que seguramente no puede ser una alternativa a la existencia de servicios, al propio desarrollo de esos servicios para crear empleo. Y en esa discusión sobre cuál debe ser el modelo que haga posible una efectiva aplicación de una política de atención a la dependencia, los costes reales de los servicios de las prestaciones en las distintas comunidades autónomas son fundamentales a la hora de analizar cuál es la previsible evolución de las necesidades financieras en este ámbito. Sin considerar lo que efectivamente le cuesta a una comunidad autónoma, a un ayuntamiento, a un ciudadano acceder a un servicio es imposible que dibujemos el escenario futuro del desarrollo de esa política. Además, señorías, en esta perspectiva a medio y largo plazo se debe despejar claramente una incertidumbre que hoy existe, que es cómo se va a financiar esta política a partir del año 2015, cuando finalice el mecanismo expreso que la ley contempló para poner en marcha esa política.


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Mi grupo hubiese deseado hoy que esta moción alcanzase un amplio acuerdo. El texto que Convergència i Unió ha presentado es suficientemente amplio para hacerlo posible, y además hemos tenido un claro interés en que tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular pudiesen participar de ese consenso, y de manera sorprendente nos hemos encontrado que tanto uno como el otro nos han manifestado -vamos a escuchar a sus portavoces desde la tribuna dentro de unos minutos- dudas que a mi grupo le preocupan no tanto por el resultado de esta votación, con dos telediarios que nos quedan en esta Cámara, sino por el escenario que se dibuja hacia el futuro. Unos nos dicen que en la moción no puede figurar la referencia a costes reales sobre servicios y prestaciones, lo cual nos sorprende -es imposible discutir o analizar cuál es el horizonte de esta política sin saber lo que cuestan esos servicios-, y otros no quieren que en la moción figuren referencias expresas a las competencias que hoy la Constitución y los estatutos atribuyen en materia de servicios sociales a las comunidades autónomas. Señorías, planteamientos como esos, que vamos a ver si también se mantienen desde la tribuna, nos hacen dudar de que sus señorías quieran de verdad un desarrollo a fondo de una política concertada entre el Estado y las comunidades autónomas para garantizar servicios de calidad a las personas y a las familias y empleo en el ámbito de los servicios.

Señorías, vamos a terminar esta legislatura sin un acuerdo al menos respecto a esta moción de Convergència i Unió con todos los grupos de la Cámara para repensar la política de atención a la dependencia. Creo que es un mal mensaje para la próxima legislatura; creo que los errores que se han cometido en las dos últimas legislaturas quizá se van a consolidar; creo que perdemos la oportunidad de hacer las cosas mejor. Yo apelo a los portavoces del Grupo Popular y del Grupo Socialista para que en lo que nos queda aún de debate recapaciten y seamos capaces de ponernos de acuerdo en esas dos cuestiones.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.

Efectivamente, a esta moción se han presentado enmiendas por parte de dos grupos. Para defender la del Grupo Popular tiene la palabra la señora Méndez. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, esta moción trata de la mejora del Sistema Nacional de Dependencia que nos presenta Convergència i Unió, un gran sistema resultado del esfuerzo conjunto de muchas personas, con muchos aciertos y también con muchos errores. Después de cinco años de aplicación, voy a exponer de una manera general y concreta los objetivos que nuestro grupo considera que se deben abordar.

En primer lugar, se debe garantizar la sostenibilidad y la suficiencia del Sistema Nacional de Dependencia. Este Gobierno, al que no le niego la buena voluntad de sus cuatro ministros, no ha sido capaz de garantizarlas. Es más, incumpliendo la ley, ha impuesto a las otras administraciones un sobreesfuerzo financiero con absoluta deslealtad institucional. No es de recibo la excusa de la señora ministra de que la realidad ha superado las previsiones, trasladando esas disfunciones a las comunidades autónomas. En segundo lugar, hay que mejorar la aplicación de la ley corrigiendo los errores que se han manifestado en su ejecución. En esta legislatura, además del problema de financiación, se han originado problemas de gestión, problemas en cuanto a la homogeneización del sistema para aportar los datos, problemas en el baremo, problemas en las carteras de servicios, problemas en cuanto a las expectativas de creación de empleo y frustración también de las expectativas a las personas beneficiarias del sistema; problemas y un sinfín de desaciertos que no se han corregido. En tercer lugar, y respetando las atribuciones de todas las administraciones, señor Campuzano, hay que garantizar un tratamiento igual a todas las personas dependientes en todo el territorio nacional e impulsar la propia autonomía. No entiendo lo que ha dicho ahora mismo sobre que no habíamos podido llegar a un acuerdo transaccional porque yo impedía que apareciera el respeto a las atribuciones competenciales. Le aconsejo que lea la enmienda que hemos presentado a su texto, donde aparece especialmente considerar el respeto a las atribuciones competenciales de todas las autonomías. Por lo tanto, señor Campuzano, no tratemos de emponzoñar un posible acuerdo. Con este Gobierno lo que se ha conseguido han sido diecisiete modelos diferentes. En cuarto lugar, hay que conseguir la eficiencia del sistema de la dependencia, sabiendo que para ello hay que coordinar las políticas sociosanitarias, además de muchas otras decisiones que tendrán que ver con el aseguramiento privado, con el modelo de financiación y con la colaboración público-privada. Paralelamente, habría que dar cumplimiento a todos los extremos que la ley preveía y que se han despreciado, como son la coordinación de las políticas a las que antes nos referíamos, las políticas sociosanitarias, el plan de 0 a 3 años o el estudio de la cobertura privada, que si se hubieran cumplido se hubiera conseguido alguno de los objetivos que anteriormente describía. Por tanto, para conseguir estos objetivos es imprescindible que el Gobierno finalice el proceso de evaluación de la ley, que además la ley le exigía que hubiera hecho en el plazo de tres años, es decir, a lo largo de todo el año pasado. Pero es que además también ese proceso, ese gran acuerdo de evaluación era obligado por un mandato que le hizo una resolución en el debate del estado de la Nación de este año, donde se decía que debía existir un gran acuerdo de todas las administraciones públicas en el Consejo Territorial de la Dependencia para realizar esta evaluación.


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Por lo anteriormente expuesto, nuestra enmienda va encaminada a exigir que se presenten los resultados a lo largo del mes de octubre con las propuestas de futuro pertinentes, por lo que no consideramos oportuno plantear, señor Campuzano, un nuevo acuerdo sin haberse cumplido o resuelto este mandato anterior. Por esta razón no podemos votar la moción en sus términos. Esa evaluación, además, deberá contener un análisis exhaustivo de todos los aspectos que contempla el sistema, sin constreñir a priori su alcance. No obstante, debo apuntar que la financiación del sistema de la dependencia deberá estar en relación con el número de dependientes y con el importe de los servicios, pero no con un porcentaje del PIB, que será más o menos en función de las personas dependientes que haya en el territorio nacional. A priori, nuestro grupo considera que sería indiferente el signo o el color del Gobierno, cuando de lo que se trata es de garantizar la sostenibilidad del sistema, como bien lo han demostrado las comunidades de diferente signo político. Pero el Gobierno actual, el Gobierno central actual ha incumplido y en este momento es dependiente de sus propias contradicciones. Es dependiente de nuestra crisis económica, además de causante de su gravedad, y es dependiente sobre todo de la señora Merkel. Qué duda cabe que será otro gobierno el que, con los acuerdos pertinentes, deba garantizar la sostenibilidad del sistema. Será otro gobierno que sin duda no va a recibir la herencia que recibió el actual y ni tan siquiera puede saber con lo que se va a encontrar. Será otro gobierno el que supla los incumplimientos de la ley que el actual ha producido. Es obvio que será otro gobierno el que deba mejorar la gestión, asegurar la igualdad con una única cartera de servicios y estudiar incluso modificar el modelo de financiación. Será otro gobierno, señorías, el que deba hacer más eficiente el sistema. Y con toda seguridad será otro gobierno el que garantice un buen funcionamiento de este Sistema Nacional de Dependencia. Por eso, de este Gobierno nosotros ya solo esperamos que sea capaz de presentar los resultados de esa evaluación y que Convergència i Unió acepte nuestra enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Méndez.

Don Luis Carlos Sahuquillo tiene la palabra.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Gracias, señor presidente.

¡Qué importante es esta ley que un Gobierno socialista propuso y aprobó el Parlamento español la pasada legislatura! Aunque parecería que surgió por arte de magia esta normativa estatal, existió un compromiso político, que por cierto CIU no apoyó, y mucho trabajo de muchas personas. En esta legislatura cuánto está dando de sí la Ley de Dependencia: 53 veces se han debatido y discutido en este Pleno distintos tipos de iniciativas; en 78 ocasiones se han visto en comisiones informativas; 1.549 preguntas ha soportado esta ley; 92 solicitudes y peticiones de informes. ¿Verdad que ha dado para mucho? Y es que esta ley supone un paso de gigante en la consecución de un reto importante para cualquier sociedad democrática: consolidar como un derecho subjetivo los apoyos necesarios para aquellas personas que necesitan de otros para vivir dignamente. Esta ley ha significado un gran avance en la consolidación de los derechos fundamentales de ciudadanía y un paso importante en la lucha contra la discriminación de las personas por motivo de la limitación de sus capacidades, intentando no dejar en la cuneta a aquellos ciudadanos que, a pesar de sus graves limitaciones en la actividad diaria, son útiles e igualmente valiosos para sus comunidades cuando estas les ofrecen los apoyos necesarios.

Hoy debatimos una moción de CIU que el Grupo Parlamentario Socialista enmienda con la única finalidad de mejorar el planteamiento inicial y también para ser realistas y consecuentes con lo que aquí se aprueba. Les recuerdo que hace dos meses, durante el debate sobre el estado de la Nación, aprobamos una resolución, la número 47 de política social, que en su apartado 4 decía textualmente: Promover un acuerdo político y social con participación de las distintas administraciones públicas y de los agentes sociales y económicos en torno a la evaluación y resultados de la Ley de Dependencia que permita proponer las modificaciones en la implantación del sistema que aseguren su aplicación y desarrollo progresivo, su sostenibilidad y su suficiencia para atender las situaciones de dependencia. Ustedes, CiU, señor Campuzano, apoyaron esta resolución.

Pero, ¿cuál es el meollo de la cuestión? La Ley de Dependencia establecía financiación suficiente, estable, sostenida en el tiempo y garantizada a cargo de la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y de los propios beneficiarios, que participaban en su coste, conforme a su capacidad económica, con sus rentas y patrimonio. En virtud de este sistema el Gobierno ha transferido recursos a las comunidades autónomas por el nivel mínimo que, como ustedes saben, es un crédito ampliable y conforme se ha necesitado se ha suplementado, y el nivel acordado. Con la aportación de la ley se ha hecho por la Administración General del Estado un esfuerzo presupuestario muy significativo, hasta 6.741 millones de euros se han invertido ya -más de lo previsto en la memoria económica de la ley- en la sostenibilidad del conjunto del sistema. Además, el nuevo modelo de financiación autonómica tiene en cuenta la población dependiente de cada comunidad autónoma: plantea recursos adicionales para reforzar el Estado del bienestar en función del peso relativo de la población potencialmente dependiente y del peso relativo del número de personas reconocidas con derecho a prestación. Dicho esto, señorías, he de decir que al fin y al cabo esto es voluntad y decisión política, también de las comunidades autónomas. Gobernar es priorizar y ejemplos tenemos de que no todos somos iguales. Yo he debatido aquí que comunidades como Madrid, Valencia, Murcia y lamentablemente ahora Castilla-La Mancha no están cumpliendo. Me reafirmo en que no es igual quién gobierne.


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Señor Campuzano, parecería -aunque sé que no lo es- que ustedes pretender ir de adalides de causas, plantear cuestiones de gasto, sin embargo no plantean hablar de ingresos para costear esos gastos y, por ejemplo, se oponen al impuesto sobre el patrimonio o suprimen el de sucesiones. Señorías, no es lo mismo predicar que dar trigo; vienen aquí con unos planteamientos que no aplican donde lo pueden hacer, porque les recuerdo que ustedes gobiernan en Cataluña y hoy mismo aparecía un comunicado de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que decía: CiU se contradice. Solo leeré un párrafo: CiU insiste en el Parlamento español en que hay que repensar la ley cuando desde que dicha formación gobierna en Cataluña el desarrollo del sistema ha sido ralentizado y menospreciado hasta el punto de llegar a decir su presidente -se refiere al señor Mas- que la atención a los dependientes es un lujo que no nos podemos permitir.

Termino con una reflexión, señorías. Deberíamos discutir que el desarrollo de esta ley no puede condicionar la falta de protagonismo real de la persona en situación de dependencia o discapacidad, quien en el mejor de los casos debe adaptarse a lo que se le ofrece y con demasiada frecuencia es el profesional o la familia quienes deciden temas como dónde vivir o con quién vivir. Esta ley no tendrá sentido si la persona no siente que su vida mejora por mucha prestación económica que se le pudiera otorgar. Quizás, desde mi humilde opinión, aquí es donde deberíamos ahondar, así como en el desigual desarrollo que la moción que ustedes presentan alienta en la aplicación de la ley en distintas zonas y distintos territorios. Sí, señorías, hay que reflexionar sobre en qué medida estamos consiguiendo mejorar la calidad de vida de estas personas en situación de dependencia y cómo seguimos dignificando su vida.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sahuquillo.

Para fijar posición tiene la palabra por el Grupo Mixto, en primer lugar, el señor Ríos.

El señor RÍOS RULL: Gracias, señor presidente.

Señorías, es unánime la opinión de que la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, implanta un sistema complejo, no exento de dificultades, por lo menos en Canarias. Su solo anuncio en la pasada legislatura sembró demasiadas expectativas que han sido en muchos casos frustradas. La propaganda con la que fue difundida produjo, incluso antes de su aprobación definitiva, una avalancha en las solicitudes que en muchos casos colapsó los servicios de bienestar de las comunidades autónomas. Desde su aprobación, uno de los aspectos más controvertidos ha sido sin duda el de la financiación del Sistema de atención a la dependencia. Esa controversia viene dada por hacer depender la sostenibilidad del sistema de los presupuestos anuales del Estado, cuyas fórmulas de determinación no aparecen aseguradas y que a todas luces resultan insuficientes para acometer los costes reales de la atención a las personas dependientes, costes que en el caso de Canarias se multiplican debido a la necesidad de construir y mantener servicios en las ocho islas para cumplir con los principios de igualdad entre las personas y de equidad territorial. En esas fórmulas de reparto el archipiélago vuelve a quedar relegado al utilizarse parámetros de adjudicación como la superficie o la dispersión, sin contemplar si quiera las aguas territoriales. Sorprende cómo el indicador de la dispersión no favorece a Canarias cuando para trasladarse de una isla a otra es necesario un transporte por mar o aire, a todas luces mucho más oneroso que el transporte terrestre. A ello hay que añadir las diferencias entre comunidades autónomas, tanto en sus niveles de cobertura de los respectivos servicios sociales anteriores a la Ley 39/2006, como las diversas fórmulas organizativas y de gestión por las que cada territorio ha optado.

Señorías, coincidimos con el grupo proponente en que la Ley de Dependencia invade competencias que la Constitución y los estatutos de autonomía atribuyen a las comunidades autónomas y que ha dado lugar a los distintos servicios sociales por parte de todas ellas. En Canarias, desde 1987 se ha producido un proceso de descentralización hacia los cabildos insulares, instituciones centenarias, que son las administraciones que gestionan los servicios de atención a la dependencia. Sin embargo, la ley lo que hace es volver a centralizar los procedimientos, una circunstancia que ha tenido nefastas consecuencias en el archipiélago. El Gobierno de Canarias no tiene centros ni recursos propios, aunque los financia; financia un sistema propio en colaboración con los cabildos insulares y, por tanto, el Estado no aporta recursos.

El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, debe acabar.

El señor RÍOS RULL: Con estos sistemas Canarias atiende a 40.000 personas, mientras que el sistema del Estado solo reconoce 10.000 personas. Es, a todas luces, una injusticia.

Voy acabando, señor presidente. Por todo ello, Coalición Canaria va a apoyar la moción presentada por Convergència i Unió para solicitar la revisión profunda, seria y sostenible de una ley que se ha llamado el cuarto pilar del Estado del bienestar y que se ha convertido en una carga insostenible para las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.

Tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo para posicionar al Bloque Nacionalista Galego en relación con la moción defendida por el señor Campuzano. Como sus señorías saben, el Bloque Nacionalista


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Galego en la tramitación de la ley a la que hoy hacemos referencia ya manifestó su posición contraria al modelo de financiación que se recoge en el artículo 32.3 de la ley. Decíamos que era un modelo que iba a ser no solamente insuficiente para sacar adelante la ley, sino también insuficiente para poder equilibrar el gasto entre las comunidades autónomas y lo correspondiente al Estado.

Cuatro años después de la entrada en vigor de la ley, el problema de financiación se ha agravado y así se recoge en el informe del Observatorio estatal para la dependencia. El modelo de paridad financiera que se recoge en el artículo mencionado se ha roto y, según este informe, la aportación del Gobierno ha sido en el año 2010 del 32 por ciento, frente al 54 por ciento de las administraciones autonómicas y el 14 por ciento restante correspondiente al copago.

Señorías, para nosotros es evidente que se necesita una modificación del sistema de financiación de la dependencia. Por eso, nosotros fuimos de los grupos que presentamos distintas iniciativas en este sentido, alguna, como la aprobada por mayoría en la Comisión de Sanidad del 4 de marzo, iba en esa dirección de que el Gobierno entablara negociación con las comunidades autónomas, de manera que se pudieran llegar a acuerdos que permitieran solventar las deficiencias de financiación de la Ley de Dependencia. Por esa razón, hoy vamos a votar favorablemente la moción que nos presenta Convergència i Unió, porque, independientemente de que pudiéramos tener, que tenemos, algunas cuestiones de matiz en relación con la resolución de la misma, en el fondo coincidimos en esa necesidad de modificar el sistema de financiación, de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas y en poner todas las medidas de financiación sobre la mesa, garantizando siempre las correspondientes responsabilidades de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales. Podemos tener alguna diferencia de matiz, como el empeño de Convergència i Unión de impulsar la colaboración público-privada. Somos conscientes de que en materia de servicios sociales inevitablemente tiene que ser así por las deficiencias de lo público en relación con los servicios que se necesitan y, al margen de esos matices, vamos a votar a favor porque debe haber un acuerdo, debe haber una decisión política de modificar el sistema de financiación de la Ley de Dependencia para garantizar que los servicios que en la misma se recogen puedan efectivamente desarrollarse.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.

Tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el diputado socialista ha pecado de un esquematismo exagerado, puesto que nosotros sí que dimos apoyo a la ley. De hecho, siempre nos hemos comprometido con esta ley y nuestro partido político, Esquerra Republicana, cuando estaba conjuntamente con Iniciativa per Catalunya Verds y Partido Socialista de Cataluña en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en los dos gobiernos, hizo todo cuanto pudo y un poquito más para que el desarrollo de esta ley fuera eficiente y respondiera a las necesidades. Digo esto porque hoy, en cambio, no encontramos ninguna objeción y, de hecho, no entendemos cómo no se puede apoyar esta iniciativa de Convergència i Unió, máxime cuando todos los grupos parlamentarios, los que votamos a favor, los que votaron en contra y aquellos que se abstuvieron, durante estos años aquí, en esta tribuna y en Comisión, hemos protagonizado múltiples debates con el afán de buscar coincidencias, de alimentar el debate a fin y efecto de ir superando todas las dificultades que nos encontrábamos. Lo que plantea el diputado Campuzano es razonable, porque en la próxima legislatura los diputados y diputadas que ostenten la representación de la ciudadanía seguro que uno de los primeros debates que traerán a colación será el de la Ley de Dependencia. Por tanto, que antes de finalizar esta legislatura tuviéramos una evaluación, con todos los ítems que debe contemplar una evaluación, es un buen servicio a la causa del desarrollo de esta ley y a la superación de aquellas dificultades que nos hemos ido encontrando en estos años; por cierto, también dificultades de aportación económica. Les recuerdo que en el año 2010, en el debate de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2010, Esquerra Republicana calculó que era necesario cubrir un diferencial de 800 millones de euros para un desarrollo óptimo de ley y nos dijeron que no, que no había recursos. Por cierto, en aquel mismo año del Fondo de contingencia se sustrajeron 750 millones para ampliar el presupuesto militar, el presupuesto del Ministerio de Defensa, y en el presupuesto del ejercicio actual todas las enmiendas que planteamos los grupos parlamentarios comprometidos con la ley fueron rechazadas. También es cierto que no ha habido los recursos que se habían planteado y ya ni les hablo de la memoria económica y del libro blanco de la ley.

De manera que tiene sentido lo que plantea el diputado Campuzano, y yo también tengo algunos reparos respecto de algunas cuestiones que propone. Podría decirles que me inquieta o puede inquietarme el hecho de que plantee el impulso, la colaboración público-privada, puesto que los que aprobamos la ley y estuvimos en su ADN teníamos muy claro que debería existir -y hoy estamos comprometidos en mantenerlo- la preeminencia de lo público por encima de lo privado, lo cual no significa que tengamos que rechazar este debate. Y ya no les cuento la reivindicación de conocer los costes reales. Este ha sido un tema recurrente a lo largo de estos últimos años. Es más, cuando hacíamos la ley ya lo planteamos y entonces resumimos este debate en dos palabras. Cuando hacíamos una relación de variables a contemplar respecto a cómo financiar la ley hablábamos de la población relativa, de la insularidad, de la población


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diseminada y, como se consideró que no se podía atender nuestra demanda -termino, señor presidente- de conocer los costes reales en cada una de las ciudades autónomas, se aceptó como transaccional "y otros", pero todos sabíamos que aquel "y otros" nos emplazaba a un debate inmediato sobre los costes reales. Eso se ha hecho durante estos años y por eso tiene mucho sentido que hoy aquí, cuando estamos al final de la legislatura, se plantee este ítem. Señor Sahuquillo, desde el apoyo a la ley, desde el compromiso con la ley, entendemos que lo planteado por el diputado Campuzano tiene sentido común y espero que se pueda llegar a un acuerdo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Don Joseba Agirretxea, tiene la palabra. Para poder cumplir con los tiempos que nos marcamos en la Junta de Portavoces, rogaría a los portavoces que fuesen lo más respetuosos posibles con el tiempo que señala el contador.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a intervenir muy brevemente. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una moción, consecuencia de una interpelación urgente, sobre un tema que por ser repetido no deja de ser importante. Por tanto, de antemano confirmo la posición favorable de mi grupo en relación con esta moción, como no podía ser de otra manera. Y esto por dos principales motivos, señor Campuzano. Uno, porque estamos de acuerdo con lo que usted suscribe y presenta. Y, dos, porque de alguna manera es la continuación de otra moción que mi grupo presentó en el mes de mayo y que en esta Cámara se aprobó. Y reitero lo de se aprobó porque tiene cola, porque se aprobó pero no se cumplió.

Como bien se ha explicado aquí tanto por parte del proponente como por otros grupos, el señor Campuzano, del Grupo Parlamentario Catalán, presenta una moción basada principalmente en cuatro ideas-fuerza: una financiación de la Ley de Dependencia basada en costes reales, revisar la prestación de los cuidados familiares -que se revise es algo que también nosotros pedíamos-, el respeto a las atribuciones y competencias de las comunidades autónomas y la realización de un balance de lo que se ha hecho hasta ahora con esta ley. Más o menos esa sería la matriz de la moción que usted presenta. Pues bien, no podíamos estar más de acuerdo con lo que usted dice porque precisamente, como he manifestado, mi grupo presentó también una moción en la que se pedía algo parecido.

El Grupo Socialista ha presentado una enmienda y al final, en vez de dirigirme al proponente, tendré que dirigirme a él, porque hay una especie no voy a decir de incoherencia, pero sí de irregularidad en su propuesta. Lo que no se puede hacer es aprobar algo y después discrepar de ello. Esto nos lleva a la conclusión de que aquí es más importante aprobar algo, aunque no se esté a favor, con tal de no perder una votación y después no cumplirlo, porque parece que tiene menos coste no cumplirlo que no aprobarlo. Por tanto, creo que al fin y al cabo esto es también como aquella moción que presentó mi grupo, que se aprobó -vuelvo a reiterar- porque el Grupo Parlamentario Socialista la apoyó y en la que se decían cosas con las que hoy dice que no está de acuerdo. En aquella moción el Grupo Vasco planteaba que la financiación por parte de la Administración del Estado debía ser el 50 por ciento del gasto real realizado y acreditado por las comunidades autónomas o territorios forales en el caso vasco. También decía que en el plazo de dos meses se debía presentar un informe específico que analizara la aplicación de los artículos 18 y 19 -a los que se ha referido el señor Campuzano sobre la atención familiar específicamente- y, tal y como establece la disposición final primera de la ley, se debía presentar la valoración de los resultados en un plazo de tres meses. No hemos adelantado nada. Entiendo que el señor Sahuquillo quiera hacer esfuerzos por explicarnos retrotrayéndonos a las bondades de la iniciativa que fue aquella ley, pero las bondades de la iniciativa se deben plasmar ya en la propia ley y en el cumplimiento de la misma. Se le ha echado en cara a Convergència i Unió que no apoyara la ley. Nosotros tampoco apoyamos la ley, pero seguramente somos los únicos que hemos cumplido a rajatabla una ley que no hemos aprobado, mientras que otros han aprobado la ley y no la han cumplido en las comunidades autónomas en las que han gobernado. Por tanto, parece ser que esto ha sido la crónica de una falta de respeto anunciada, porque no se puede aprobar un texto en el que no se cree para no perder una votación aplicando la máxima de si se aprueba no la cumplo y si no se aprueba tampoco.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Señor Campuzano, ¿acepta su señoría alguna enmienda para su votación?

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: No, señor presidente. No aceptamos ninguna de las dos enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Se votará, por tanto, en sus propios términos la moción que acaba de debatirse.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. SALVADOR), SOBRE LOS PLANES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN ORDEN A GARANTIZAR QUE LOS REPRESENTANTES DE BILDU, PRESENTES EN LAS INSTITUCIONES FORALES DE NAVARRA Y PAÍS VASCO DESDE LAS PASADAS ELECCIONES, RESPETEN LA LEGALIDAD VIGENTE. (Número de expediente 173/000232.)


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El señor PRESIDENTE: Punto número 7. Moción del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Salvador, sobre los planes del Ministerio del Interior en orden a garantizar que los representantes de Bildu, presentes en las instituciones forales de Navarra y País Vasco desde las pasadas elecciones, respeten la legalidad vigente. Tiene la palabra para su defensa don Carlos Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, señorías, cuando en julio Unión del Pueblo Navarro planteó la interpelación que precede a esta moción ya dijimos que era la irrupción de Bildu la que nos interpelaba a nosotros sobre el modelo de sociedad que queremos construir entre todos. Es evidente que Bildu está íntimamente vinculado a quienes han utilizado la violencia para conseguir fines políticos y en pocos días desde esta misma tribuna, y sin que la violencia haya desaparecido o la hayamos derrotado, defenderá los mismos postulados ideológicos y políticos que hasta hoy sigue reivindicando la banda terrorista en sus comunicados: socialismo y ruptura de España. En Unión del Pueblo Navarro no hemos ocultado nunca nuestra oposición a todos aquellos movimientos, organizaciones y políticos que han hecho del chantaje su profesión; que han alimentado el odio y la ruptura; que han enaltecido, justificado e instrumentalizado el uso de la violencia en nuestro país durante años; que han practicado la equidistancia entre víctimas y verdugos; que ponen y han puesto sordina al empobrecimiento moral o que, en definitiva, recogieron los frutos de la exclusión y del miedo. Una vez más, si nadie o nada lo remedia, como ha ocurrido en los ayuntamientos y las diputaciones forales del País Vasco y de Navarra, la voz de todos ellos volverá a esta Casa.

Por tanto, señorías, el objetivo de la moción que les presentamos es claro: no permanecer indiferentes; poner el acento en la necesidad de hacer frente juntos a los profesionales del odio y de la mentira allá donde obtengan representación; poner en marcha una dinámica de colaboración que, frente al reto de los violentos, ponga el acento en lo que nos une a la mayoría de los españoles; dejar claro que no vamos a dejarles que reescriban la historia con sus mentiras y que no vamos a permitir que puedan homenajear impunemente a gentes que utilizaron cobardemente la violencia y el terror para hacernos la vida imposible y, mucho menos, tolerar que los pongan como modelos de conducta en una sociedad hastiada de su terror burócrata y burgués, como ocurrió en el municipio de Leitza el pasado 10 de agosto. Nosotros, señorías, no vamos a colaborar en su proyecto de ruptura de España y de instauración de un régimen totalitario, excluyente en el País Vasco y Navarra, y denunciaremos a quienes se apoyan en ellos -como en los ayuntamientos navarros de Larraga, Leitza, Alsasua y Tafalla- para conseguir objetivos políticos muy particulares o mezquinos y que no entienden que Bildu utiliza el poder solo para sus propios fines de construcción del gulag.

¿Qué pide la moción, señorías? Primero, que no nos engañen y que no nos dejemos engañar por su aparente discurso del desarme, que no se aprovechen de la democracia, que no la manoseen. Los mismos que hasta hace dos días defendían la utilidad de la lucha armada dicen ahora que defienden las vías políticas. Que no nos engañen, señorías. Segundo, que si ya lo han hecho, porque es cierto que consiguieron estar en las elecciones municipales y forales, no lo hagan en las generales. Es decir, pedimos que ETA no esté en las instituciones si está detrás de estas y otras nuevas siglas. Tercero, que no nos callemos cuando conozcamos y constatemos que los proetarras imponen su ley del más fuerte, se saltan las normas e impiden a otros ciudadanos ejercer sus derechos allí donde gobiernan. Y, cuarto, que por salud cívica no nos dejemos intimidar por sus argumentos, que no aceptemos las razones históricas o políticas que -ellos dicen- justifican su violencia cobarde. Por último, se pide algo obligado y debido, y es que nunca debemos olvidar a todos los que defienden la memoria y dignidad de las víctimas. En este sentido, pedíamos en nuestra moción original estudiar cómo cambiar la ley para que los miles de exiliados que han tenido que salir del País Vasco y de Navarra porque se les hacía irrespirable vivir allí puedan votar en su tierra, algo que creemos posible y, desde luego, justo.

Señorías, Bildu o su proyecto de ruptura de España supone un desafío político para nuestro país, lo repito una vez más, pero también una gran oportunidad. Parece saludable que también en este foro nos preguntemos una vez más o de vez en cuando en clave política quiénes somos, qué queremos ser, cómo queremos ser, qué sociedad queremos para nuestros hijos y qué valores les queremos transmitir. En Navarra, señorías, por desgracia, no podemos abstraernos de este debate ni de este desafío permanente, porque lo cierto es que aún padecemos un nacionalismo radical, cada día más radical, que justifica la violencia, la comprende, la tolera y la legitima. Es verdad que no tendrían la fuerza que tienen si no hubiéramos cometido algunos errores, pero siempre que esté en nuestras manos apoyaremos pactos y acuerdos con aquellos que comparten un mismo modelo social de convivencia basado en el respeto a las diferencias, la apertura de miras y las reglas y principios de la democracia y el Estado de derecho aunque no piensen igual que nosotros, y no vemos que haya ninguna contradicción en ello. No es cuestión de derechas o de izquierdas, es cuestión de creer en la libertad del individuo, no asumir los postulados del dogmatismo nacionalista, no aceptar excusas para odiar y asumir con naturalidad que podemos vivir juntos, que por ejemplo los idiomas sirven para comunicarse y entenderse, no para construir identidades y levantar fronteras, y que de esta situación, señorías, solo saldremos arrimando el hombro, apretando los dientes, trabajando más y siendo solidarios con los que peor lo están pasando.

Bildu, señorías, no asume los principios de la democracia, la utiliza para sus fines de exclusión. No cree en


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ella, la reivindica -es verdad- con habilidad y gran trompetería mediática, pero todo es falso. Bildu es como el tabaco, parece embriagar, entra bien, quiere convencer, pero engaña, señorías; y como las cajetillas de cigarrillos en su publicidad electoral debería advertir claramente a los ciudadanos para no engañar a nadie: Bildu puede matar. Hemos planteado este debate porque creíamos que la participación política de los amigos del terror requería que todos los grupos aclararan sus posturas, se mojaran diciendo no solo si les parece un avance, un retroceso, un hecho intrascendente, un reto o una desgracia. En Unión del Pueblo Navarro sabemos que la defensa de la libertad y de la vida, del Estado de derecho y de los valores que cimientan una democracia, la justicia, la igualdad, la solidaridad y el respeto al otro, siempre han tenido en frente a los mismos, los totalitarios, los fanáticos y los que se creen más listos y más fuertes que los demás.

Termino, señorías. Hemos pactado finalmente una enmienda con el Grupo Parlamentario Socialista y con el Grupo Parlamentario Popular que responde al interés inicial de la moción, que no es otro que seguir vigilando esta plataforma y a sus responsables para que cumplan la ley y renovar el compromiso de respeto y admiración con las víctimas del terrorismo. Quiero expresamente agradecer su disposición, la de los dos grupos, en este tema y espero que se mantenga el acuerdo que hoy hemos obtenido.

Muchas gracias, señorías, (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Don Pedro Muñoz tiene la palabra.

El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna para explicar quizá aquella parte que solo de forma somera ha explicado el portavoz de UPN en esta tribuna y es que el Grupo Popular, el grupo proponente de la moción, señor Salvador, y el Grupo Socialista hemos presentado una enmienda de modificación con texto alternativo a la moción consecuencia de interpelación, que en su momento se ha presentado en relación con una interpelación que, como digo, se formuló antes del verano. En esta enmienda nuestro grupo, el Gobierno, los socialistas reafirmamos que es necesario continuar velando para que cualquier conducta contraria a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico por parte de los miembros electos y representantes de la coalición electoral Bildu sea perseguida por las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes y sancionar a sus infractores, y a la vez -y es muy importante, creo que para todos, para el conjunto de los grupos de esta Cámara- reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando activamente a las víctimas del terrorismo, promoviendo en todos los órdenes su reconocimiento social e institucional.

Señorías, como ya expresó -y hoy nos acompaña en este debate- el ministro de la Presidencia, señor Jáuregui, en la interpelación presentada por el señor Salvador y como consecuencia de ella en el debate que hubo, el Gobierno en esta materia ha actuado siempre conforme a los principios que marcan las leyes y los procedimientos establecidos. El Estado de derecho atribuye una división de poderes y es a cada uno de ellos a quien corresponde en el uso de sus atribuciones, que le vienen dadas en virtud de nuestro ordenamiento, decidir en aquello que es competente decidir y que tiene competencia para hacerlo. El control y la legalidad, la legalización de las formaciones políticas en último extremo es una responsabilidad que nuestro ordenamiento jurídico tiene residenciada en el Poder Judicial. Señor Salvador, el Gobierno en su momento impugnó las candidaturas a las que usted ha hecho referencia a través de la Abogacía del Estado; pero fue una sentencia del Tribunal Constitucional, el órgano encargo de velar por nuestro ordenamiento constitucional en última instancia, junto con el resto de los tribunales, el que decidió aquello que entendió que debía decidir y a todos nos corresponde acatarlo. El Gobierno desde entonces, y antes también, trabaja junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la persecución de todas y cada de las actuaciones que puedan revestir, siquiera de forma indiciaria, carácter delictivo. Pero esto no es más que una labor que viene haciéndose de forma continuada por el Gobierno socialista. Y es verdad que con el apoyo mayoritario de esta Cámara, reformas que se han venido haciendo tanto del ordenamiento en la parte que corresponde a los delitos en el Código Penal, como en aquella que tiene que ver con el desarrollo de la Ley de Partidos, la última reforma hecha en la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, que incluye algo que es para nosotros también fundamental como es la incompatibilidad sobrevenida que concurre en relación con los casos en que formaciones, coaliciones o candidaturas que se hayan presentado a las elecciones y hayan sido declaradas conforme al ordenamiento y, por lo tanto, han concurrido, sin embargo exista una causa sobrevenida que haga que puedan ser por virtud de sentencia firme ilegalizadas. En ese caso solamente las personas que están en el ejercicio de los cargos mediante una declaración expresa e indubitada en relación con aquello que ha producido la ilegalización pueden continuar en relación con esa ostentación del cargo.

Por tanto, hay todo un sistema garantizado, y este sistema -ha hecho usted referencia a ello- está funcionando. Los cuerpos de seguridad están vigilantes para descubrir y perseguir los hechos que puedan revestir carácter delictivo y ha puesto usted el ejemplo. Este verano ocurrieron unos hechos en el municipio de Leitza que fueron a través de la delegación del Gobierno puestos en conocimiento, porque podrían entenderse como un delito de enaltecimiento del terrorismo y la persona que presuntamente los comete fue puesta, por tanto, a disposición en cuanto al inicio de un procedimiento penal y


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la semana pasada prestó declaración en uno de los juzgados centrales de instrucción ante la petición que realizó la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la competente para ello.

Señorías, concluyo con dos reflexiones. Bildu, señor Salvador, no puede valer para una cosa y para la contraria; Bildu no puede ser quien en un momento determinado pueda auspiciar acuerdos de gobierno y quien en otro momento pueda auspiciar otro tipo de acuerdos en la Comunidad Foral de Navarra. Nosotros, en un ejercicio de responsabilidad, mantenemos y vamos a mantener siempre una misma política en relación con este tema que es tremendamente importante. Déjenme que concluya, como hizo en su momento el ministro señor Jáuregui en su interpelación, diciendo que estamos en el punto más cercano del final de la violencia. Eso se lo debemos y nos lo debemos todos a una lucha que tiene que hacerse con inteligencia desde la unidad y con el respeto que hay que tener siempre en toda esta actuación hacia aquellos que más han sufrido, incluso en sus propias carnes, el zarpazo del terrorismo. Pero tenemos que actuar con inteligencia en esta parte final de la violencia porque todos queremos que este sea un final definitivo para todos, por todos y que afecte por igual a todos.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz.

Don Alfonso Alonso tiene la palabra.

El señor ALONSO ARANEGUI: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, efectivamente hemos alcanzado un acuerdo con el grupo proponente, con Unión del Pueblo Navarro, y con el Grupo Socialista; un acuerdo en torno a una enmienda que los tres grupos presentamos y que se centra en dos puntos -lo ha comentado el portavoz del Grupo Socialista-. Primero, que el Gobierno ha de velar para garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes y, segundo, de reconocimiento de las víctimas del terrorismo. Son por tanto dos elementos en los que parece fácil ponerse de acuerdo y que espero tengan el respaldo del conjunto de la Cámara. Sin embargo, si a la Cámara se le pide que fije hoy una posición de reafirmación de estos principios que parecen obvios es porque existe un elemento, que es Bildu, que supone un riesgo cierto para la convivencia democrática en el País Vasco y en Navarra, y también para el conjunto de España. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Y por tanto, decimos que Bildu debe estar sometido a vigilancia y que debe ser objeto de un especial seguimiento por parte de las autoridades y del Estado de derecho porque tenemos la convicción de que la coalición Bildu forma parte de una estrategia diseñada por ETA para acceder a las instituciones vascas y navarras a despecho de la ilegalización de Batasuna y que Bildu es el brazo político de ETA-Batasuna. En palabras del Tribunal Supremo, meros testaferros de ETA.

No es momento para analizar por qué se ha permitido a Bildu concurrir a las elecciones, aunque ciertamente el propio Tribunal Constitucional entendió insuficiente el material probatorio aportado por el Gobierno a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, pero la experiencia, unos meses después de que Bildu haya ocupado importantes cuotas de poder en las instituciones vascas, sí nos advierte de la importancia de actuar con la máxima diligencia y de instar al Gobierno a hacerlo. De hecho, si se hubiera sido más diligente antes no estaríamos pidiendo mayor diligencia ahora.

Carlos Salvador ha expuesto la actividad de Bildu en la política vasca estos últimos meses. Sus responsables públicos dedican sus esfuerzos no precisamente a la gestión de la Administración o a luchar contra la crisis sino a la legitimación de cuarenta años de terrorismo de ETA y a la humillación de las víctimas del terrorismo. Estamos más cerca que nunca del final de ETA. Esta frase se repite últimamente con mucha insistencia, en especial cuando se habla de Bildu y el propio portavoz del Grupo Socialista la decía aquí. Naturalmente Bildu sigue negándose en redondo a pedir la disolución de la banda terrorista ETA, a cuyas órdenes actúa, pero se nos quiere vender la idea de que la presencia de Bildu es parte del proceso que nos lleva a la paz. ¿Qué tipo de paz, señorías? Todos estos años centenares de personas en el País Vasco y en toda España se han esforzado y han arriesgado la vida para ganar la libertad, para ellos y para una sociedad que tiene derecho a vivir libre de amenazas y a que se respete la ley. ¿Qué tipo de paz es la que justifica la historia asesina de ETA y atribuye méritos a quienes durante décadas le han servido de soporte y han hecho posible sus crímenes? Estamos más cerca del final de ETA pero es importante que recordemos por qué. Ha sido por la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; por la presión ejercida contra ETA en todos los ámbitos; por la aplicación del Pacto antiterrorista; por la Ley de Partidos; por la ilegalización de Batasuna y sus marcas; por el arrinconamiento social y político de quienes apoyan el terrorismo. Si estamos más cerca es porque y en la medida en que se ha actuado con firmeza y con todos los instrumentos del Estado de derecho. Por eso, no podemos otorgar ni un ápice de confianza a Bildu, sería como otorgárselo a ETA, porque el final del terrorismo depende de nuestra fortaleza y exige que trabajemos juntos con el objetivo de derrotar a ETA. Necesitamos que a los terroristas y a sus apoyos se les arrebate cualquier esperanza de que algún día puedan fructificar sus pretensiones totalitarias, ni matando ni dejando de matar. La irrupción de Bildu en las instituciones, señorías, ha sido un paso atrás en la lucha contra el terror, pero no es irreversible. Por eso les pedimos que extremen la vigilancia y que recaben las pruebas que, de modo irrebatible, confirmen la realidad, que Bildu es una criatura de ETA para darle voz a ETA en las instituciones democráticas. Les pedimos que abran la puerta para la aplicación de la ley con todas sus consecuencias y muy especialmente en este momento.


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Señora presidenta, era obligada y necesaria la referencia a las víctimas del terrorismo, no solo por los ataques de que son objeto por parte de Bildu, sino sobre todo porque hoy afirmamos que las víctimas son la referencia moral y política de la sociedad española en la batalla por la libertad. Con ellas debemos escribir la historia del fin del terrorismo de ETA y ellas habrán de ser el paradigma desde el que las futuras generaciones podrán construir una convivencia en democracia y en libertad en el País Vasco.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alonso.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, vaya por delante que nosotros nos alegramos mucho de que Bildu pueda presentarse a las próximas elecciones españolas y que puedan ocupar en esta Cámara aquellos escaños que el pueblo vasco decida asignarles libremente. De hecho, los demócratas, al menos los demócratas que siempre han sido demócratas, deberían felicitarse de que la izquierda abertzale esté tan comprometida junto al resto de demócratas, de los que siempre han sido demócratas vascos, en el proceso de normalización de la vida política vasca. Consideramos que la izquierda abertzale está contribuyendo a ello y, a la vez, está contribuyendo también a normalizar el independentismo vasco. De hecho, los resultados electorales demuestran la confianza de una buena parte de la ciudadanía vasca en la opción independentista que representa Bildu, lo cual, repito, debería alegrarnos a todos. Es un tanto lamentable que se pretenda otra vez confundir de forma perversa Bildu con ETA, lo cual es, a mi juicio, del todo inaceptable.

Bildu es una coalición que ha podido concurrir a las elecciones pese a estar en vigor la Ley de Partidos, antidemocrática y excluyente y redactada, precisamente, para coartar los derechos civiles de una parte de la sociedad de Euskadi. Al menos el Partido Socialista debería sentir una cierta vergüenza al dar según qué apoyos al Partido Popular y a UPN. No se entiende. No solamente no se entiende, sino que en la transaccional ustedes hablan de víctimas del terrorismo cuando saben perfectamente que hay que hablar de las víctimas de todos los terrorismos. ¿Cómo es que no tienen la valentía? ¡Una vez más! ¿Por qué convierten en acción política la gran vergüenza y la gran hipocresía de seguir considerando que solamente son víctimas del terrorismo aquellas personas que cayeron de forma francamente indignante ante acciones de ETA y, en cambio, se permiten el lujo de pasar olímpicamente de las víctimas del terrorismo de Estado? Esto denota que ustedes andan un tanto a trompicones. Supongo que a veces, cuando se miran al espejo, deben sentir, repito, un tanto de vergüenza por dar coba, por dar apoyo a aquellas fuerzas políticas que están comprometidas en generar la perversión de asociar a ETA con una corriente política, es decir, una acción política que traduce un pensamiento político. Esto es vergonzoso en el año 2011. Nosotros estamos por la convivencia, por la libertad, por la democracia, y celebramos -repito, celebramos- que Bildu pueda concurrir a las elecciones. Hacen un mal favor a la democracia, señores del Partido Socialista Obrero Español -un mal servicio a la democracia-, si ustedes alimentan la perversión representada en esta tribuna hoy por el Partido Popular y por el Partido Unión del Pueblo Navarro, que pretenden sembrar cizaña en la sociedad vasca y no resolver el conflicto que, como ustedes saben, deberá expresarse libremente cuando el pueblo vasco tenga la posibilidad de ejercer su derecho a la autodeterminación, que es el derecho inalienable a todos los pueblos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Decía el representante de UPN que Bildu era como el tabaco, y parece que sí porque el tabaco crea adicción y alguno se ha convertido ya, como su partido, UPN, en bildudependientes. Ya no saben qué hacer sin él o sin sacar a colación a la izquierda abertzale cuando se acercan las elecciones; también el Partido Popular y en cierta medida también el Partido Socialista. Fíjese que ahora, en aquel lugar en el que se había convertido imposible la colocación de la bandera española, como es Lizarza, ahora que manda Bildu, la han puesto ellos. Y ahí sigue, puestecita. Además, fíjese, no les montan ningún follón. Pero sigue puesta, y la han puesto los de Bildu. Como le decía, bildudependencia. Se acerca la campaña electoral y esta moción no es otra cosa que una consecuencia de la campaña electoral y de hacer ruido, sea para bien o sea para mal. Y se hace, si uno lee el texto de la moción, solemnizando auténticas obviedades, porque lo que dice es: Velar para que cualquier conducta contraria a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico sea perseguida por las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes y sancionar a sus infractores. Claro, claro, habrá que velar por la ley y su cumplimiento, pero no ahora, siempre, ¿no? Eso de continuar velando, parece como si algunos estuvieran pensando en haber dejado de velar. ¿Solo a Bildu y a lo que haga Bildu, y con la lupa en Bildu? ¿No deberíamos ver si alguna persona se queda con unos trajes que no le corresponden? (Una señora diputada: ¡Bien!) ¿O si los concejales de urbanismo de la costa mediterránea están cumpliendo la ley o no? Deberíamos también observar si Unión del Pueblo Navarro cumple


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la Ley del euskera en Navarra o no lo hace. Deberíamos ver si se cumple o no, si se financia o no correctamente, tal y como dice la ley, la Ley de Dependencia. Claro, todo, todo. ¿Y por qué hay que centrarlo con Bildu? ¿Por qué hay que solemnizar una auténtica obviedad, que se garantice el cumplimiento efectivo de las leyes y sancionar a los infractores? La declaración en esos términos, tal y como ustedes la han planteado, queda reducida al absoluto absurdo, al absoluto absurdo.

La moción no va a ninguna parte en sus propios términos, pero viene bien electoralmente. A unos -léase UPN, Partido Popular y Partido Socialista-, porque genera de nuevo una sensación en el conjunto del Estado español de que hay algo perseguible, de que hay que estar encima y de nuevo se saca el gancho de ETA y el gancho de la izquierda abertzale para colectar votos sobre la base de la excusa de la situación política en Euskadi; y a otros también les viene genial, y es a Bildu, les viene estupendamente bien porque les coloca en el centro de los medios de comunicación y en el centro del debate, ellos también se benefician. (Rumores.) Sí, sí, se benefician electoralmente de lo generado por ustedes, UPN, Partido Popular y Partido Socialista. Se alimentan ustedes mutuamente, y ya está bien de hacer campaña sin importar si se dice o no algo de contenido en una moción, si lo que se va a decir va a tener efectos positivos o negativos, y lo hacen ustedes sin rubor, en beneficio de UPN, de PP, de PSOE y de Bildu. El Partido Nacionalista Vasco no va a hacerles la campaña, votaremos no a esta moción.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, señor Salvador, creo que es absolutamente innecesario recordar y presentar las credenciales del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de apoyo al Gobierno de turno en la lucha antiterrorista. Es más, quiero recordar que uno de los grandes errores de la legislatura 2000-2004 fue cuando el actual presidente del Gobierno, en aquel momento líder de la oposición, impulsó un pacto antiterrorista, al cual solo se permitió la incorporación del Partido Socialista y del Partido Popular. Lo digo porque incluso usted y su formación política, en estos momentos encuadrada en el sí del Grupo Mixto, no habría podido participar de este acuerdo en el cual evidentemente la frontera no debería estar entre los llamados dos grandes partidos y los nacionalistas sino entre los demócratas y los terroristas.

Dista una gran diferencia entre el planteamiento inicial de la moción y aquello que será sometido a votación esta tarde, fruto de la transaccional. En el planteamiento inicial del señor Salvador se invitaba al Gobierno a través de esta moción a activar las previsiones de la incompatibilidad sobrevenida que se incorporaron en la Ley de Partidos Políticos durante la última reforma de la Ley Electoral, que a su vez modificó también la Ley de Partidos Políticos. En aquel momento nosotros ya manifestamos nuestra discrepancia con la figura de la incompatibilidad sobrevenida. Estamos en un Estado de derecho y es sobre la base del principio de legalidad y de las resoluciones de los tribunales así como de la resolución que se produjo por parte del Tribunal Constitucional por lo que nos debemos regir. En aquel momento nosotros ya expresamos nuestras reservas respecto a la figura de la incompatibilidad sobrevenida si de ella se deriva, primero, una expresión clarísima de inseguridad jurídica y, segundo, no podemos convertir el escaño en un ayuntamiento, el escaño en un parlamento, en un instrumento de lucha antiterrorista por el cual alguien tiene o a alguien se le retira su condición de representación popular según el momento político y el momento político de la lucha antiterrorista. Esto es simplemente lo que yo quería expresarle, motivo por el que nos abstendremos respecto a la enmienda transaccional pactada entre su grupo, el Grupo Socialista y el Grupo Popular.

Qué duda cabe que nosotros apoyamos a las víctimas del terrorismo, que es el reflejo del punto número 2 de esta escueta moción, pero qué duda cabe también de que el punto número 1 está lleno de obviedades cuando insta al Gobierno a ser vigilante respecto al cumplimiento de la legalidad, sirva esto para Bildu y sirva para cualquier formación política. Habríamos votado que no al texto inicial y votaremos que sí a este texto que se presenta y se plantea a las puertas de unas elecciones, en tiempo de descuento de unas elecciones generales. En todo caso, serán nuestro sistema de garantías constitucionales y los tribunales los que tienen que decidir lo que no tiene que decir un Parlamento, que no es un órgano jurisdiccional.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.

Señor Salvador, entiendo que el texto que se pasará a votación es el texto de la enmienda presentada por su grupo y por los grupos Popular y Socialista; no transaccional, sino enmienda. (Asentimiento.) Muchas gracias, así lo haremos.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A PONER EN MARCHA EL NUEVO MINISTRO DEL INTERIOR PARA QUE, DE UNA VEZ POR TODAS, SE CUMPLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU MINISTERIO. (Número de expediente 173/000233.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Popular sobre las medidas que va a poner en marcha el nuevo ministro del Interior para que, de una vez por todas, se cumpla el principio de legalidad en su ministerio. Tiene la palabra el señor Cosidó para su defensa.


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El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, la moción que defiendo en nombre de mi grupo pide tres cosas al Gobierno. En primer lugar, pide respeto al principio de legalidad. En segundo lugar, pide transparencia. Y, en tercer lugar, pide responsabilidad política. Como bien pudieron ver en la interpelación que da lugar a esta moción, esos tres principios brillan por su ausencia hoy en el Ministerio del Interior.

Comienzo por lo último, la responsabilidad política, que quizá sea el principio más importante. Es evidente que no corresponde a esta Cámara dirimir responsabilidades penales de nadie, eso corresponde a los tribunales de justicia y mi grupo mantiene la plena confianza en el funcionamiento de nuestro Estado de derecho para clarificar y depurar cualquier posibilidad de responsabilidad penal. Pero sí es función primaria de esta Cámara exigir responsabilidades políticas al Gobierno. El silencio puede ser un derecho de los acusados ante un tribunal de justicia, pero el silencio no es admisible cuando un ministro comparece ante este Parlamento. Como bien pudieron comprobar, ni este ministro del Interior ni el anterior han respondido jamás a una sola de las cuestiones que reiteradamente le hemos formulado sobre el caso Faisán. Por tanto, pedirle responsabilidades políticas es en este caso no solo una exigencia política, es también una exigencia ética. Hay policías hoy procesados por un delito de colaboración con banda terrorista y por un delito de revelación de secretos oficiales y es precisamente el honor de miles de policías, de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se juegan diariamente la piel en la lucha contra el terrorismo y que, en muchas ocasiones, han perdido la propia vida lo que exige que el Gobierno dé un paso al frente y asuma la responsabilidad política que ineludiblemente le corresponde en este caso. Es importante esta moción para que de una vez por todas esta Cámara dirima y diga con claridad que el chivatazo a ETA fue un chivatazo político, no un chivatazo policial, y que la responsabilidad principal de este chivatazo corresponde a los políticos y no corresponde a los policías. A quienes tengan dudas en apoyar esta moción quiero decirles que la exigencia en el cumplimiento estricto del Estado de derecho nunca debilita la política contra el terrorismo. Si algo hemos aprendido en tres décadas de lucha democrática contra el terrorismo es precisamente que al terrorismo solo se le puede derrotar en el marco estricto del cumplimiento de la ley. Cualquier atajo que nos aleje de la ley no sirve para la derrota del terrorismo, sirve más bien para lo contrario.

En segundo lugar, pedimos transparencia. Es un principio básico de la democracia la transparencia y un derecho no solo de esta Cámara sino derecho de todos los ciudadanos conocer cuál es la situación de la seguridad ciudadana en sus pueblos, en sus ciudades. Ningún miembro de esta Cámara, por lo menos el que les habla, tiene un solo dato sobre la evolución de la delincuencia en el último año, en el año 2011, estando ya en el mes de septiembre. La Comisión de Interior, que ha aprobado no una sino dos proposiciones no de ley, ha exigido reiteradamente al Gobierno transparencia en la difusión de los datos de delincuencia. Es evidente que nos quedan únicamente dos plenos, pero creo que es importante para esta Cámara hacerse respetar... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio.

El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: ... y pedir al Gobierno que cumpla lo que los grupos parlamentarios hemos aprobado, de forma unánime en un caso, de forma mayoritaria en otro caso, pidiendo esa transparencia al Gobierno en la evolución de la delincuencia.

En tercer lugar, esta moción le pide al Gobierno respeto para el principio de legalidad, porque cada vez que subimos a esta tribuna para pedir respeto al principio de legalidad tenemos una nueva sentencia que exige al Gobierno que cumpla las sentencias anteriores. La última, posterior a la interpelación a que da lugar esta moción, es del 26 de julio de 2011, y es una sentencia del Tribunal Supremo que viene a ratificar lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y es una sentencia que reitera la exigencia al Gobierno de que restrinja los puestos de libre designación en el Cuerpo Nacional de Policía, y es una sentencia que vuelve a exigir al Gobierno que respete el principio de jerarquía en el Cuerpo Nacional de Policía. Se acumulan las sentencias incumplidas y nosotros... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, silencio, por favor.

El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: ... no cejaremos en la exigencia hasta el último Pleno de esta legislatura de pedir al Gobierno respeto al principio de legalidad, no solamente porque sea un principio fundamental de nuestro Estado de derecho, de toda la democracia, sino porque si queremos tener una policía profesional, una policía al servicio de todos los ciudadanos, una policía que no esté al servicio de ningún interés político, de ningún interés partidista, es básico que se cumpla este principio de legalidad y que se restrinjan los nombramientos a dedo en el Cuerpo Nacional de Policía.

Respeto por tanto a las sentencias y respeto a las actuaciones judiciales, algo aprobado en el último debate del estado de la Nación en una propuesta del Grupo Socialista a la que ni el ministro de la Presidencia -hoy presente- ni su candidato a la Presidencia de Gobierno -hoy ausente- han hecho caso, con críticas absolutamente inadmisibles en lo que se refiere al último auto emitido por la Audiencia Nacional en relación con el caso Faisán. Por tanto, señorías, les reitero: respeto al principio de legalidad, transparencia y responsabilidad política, tres cosas de las que este Gobierno ha hecho clara dejación en esta legislatura.

Muchas gracias. (Aplausos.)


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Cosidó.

Para fijar la posición del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.

El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.

Ha existido a lo largo de la legislatura una clara intención del grupo proponente de desautorizar sistemáticamente la labor realizada desde el Ministerio del Interior, poniendo en tela de juicio no solo la labor política del ministerio, sino también y por extensión la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hoy vivimos un nuevo capítulo de este serial de descalificaciones que dura toda la legislatura; hoy toca poner en cuestión la política de nombramientos, el cumplimiento de las resoluciones judiciales y, cómo no, el tema estrella: la lucha antiterrorista y en concreto la lucha contra el terrorismo de ETA, reducida en toda su extensión al denominado caso Faisán. Se trata de levantar una cortina de humo, una nebulosa para cuestionar, día sí, día también, la labor de un ministerio que hasta fechas recientes ha sido capitaneado por el que será el próximo candidato a la Presidencia del Gobierno por parte del Partido Socialista, y en gran parte en esa condición de presidenciable enmarcamos la presente moción que poco o nada nos interesa porque poco o nada aporta al reclamado cumplimiento del principio de legalidad.

No es nuestro interés defender la labor del actual Gobierno, pero tampoco es nuestro interés participar en la demagogia del Partido Popular. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No compartimos ni las formas ni el fondo de la moción pues se basan en conjeturas, en interpretaciones sesgadas de resoluciones judiciales, y en la exigencia de asunción de responsabilidades políticas por la existencia de procedimientos judiciales en curso contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, contra los que no existe a día de hoy imputación formal alguna. No afirmamos que no pudieran existir responsabilidades políticas por determinadas actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puede haberlas, en cualquier caso no participaremos en juicios paralelos promovidos por la derecha de este país en los que ya han dictado sentencia sin esperar tan siquiera la terminación de las diligencias de investigación o la existencia de una acusación formal. Muy distinta vara de medir manifiesta el Partido Popular para los asuntos judiciales. Tiene a dos expresidentes autonómicos formalmente acusados y no se ha levantado la voz desde sus filas pidiendo la asunción de responsabilidades; al contrario, más bien parece que se les apoya públicamente.

Respecto a la labor de información del ministerio sobre la evolución de la criminalidad no podemos sostener que el Gobierno no haya comparecido en esta Cámara y no haya facilitado información. Podemos cuestionar si es o no suficiente, cada cual tendrá su vara de medir como decía, pero en cualquier caso el Gobierno comparece y los datos que han sido presentados son positivos en general. La criminalidad desciende, como también la percepción de inseguridad de los ciudadanos, y quizá tenga mucho que ver el actual contexto de crisis económica en que las mayores preocupaciones de los ciudadanos no pasan precisamente por la seguridad. Sí en cambio criticamos que el Gobierno haya actuado de forma consecuente con los índices de criminalidad del Estado español, muy por debajo de la media europea, y haya modificado en esta legislatura el Código Penal para agravar las penas. Es una reforma nada progresista la del Código Penal, de derechas en realidad, y de una concepción del derecho penal como meramente punitivo y no como resocializador. En definitiva, señorías, como ya se supone, no votaremos a favor de la presente moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.

Don Emilio Olabarría tiene la palabra.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señor Cosidó, quiero felicitarle no por el contenido de su proposición, que no me parece aceptable en puridad de principios en ninguno de sus puntos, salvo en alguno que luego matizaré, sino por su esfuerzo, por su dedicación a la causa. Aquí el símil que se me ocurre es el del deporte del boxeo: cuando un boxeador va perdiendo la pelea utiliza el último round para intentar recuperar puntos e intentar no perderla. Es algo parecido a lo que ustedes están haciendo.

Ya decía el señor Xuclà antes que todas estas iniciativas que anteceden a los comicios electorales, a las elecciones, tienen siempre la sombra de sospecha, la relativización que deriva de que su intención puede estar vinculada a obtener réditos electorales fáciles. ¿Y qué es lo que ha hecho usted, señor Cosidó? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad es que le alabo la técnica política utilizada: ha condensado, cual si fuera una píldora farmacológica, todo lo que ustedes han utilizado durante los dos últimos años para erosionar al Gobierno socialista en una proposición no de ley de cuatro puntos nada menos. Esto es verdaderamente meritorio y, señor presidente, pocos precedentes en relación con una cuestión de esta naturaleza conozco. Han utilizado los problemas relativos al caso Faisán en donde no hay ninguna condena todavía que sirva para refutar la presunción de inocencia, que consagra la Constitución en el artículo 9, exigiendo responsabilidades políticas a quien todos sabemos que ustedes se la exigen. Usted me dirá si esto no tiene connotaciones electoralistas en el sentido más bastardo, si me permite la expresión.


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Habla de los catálogos y de las designaciones de cargos de alta confianza por parte del ministerio de Trabajo, refutados algunos o algunos anulados por sentencias de la Sala tercera del Tribunal Supremo. Todos los gobiernos existentes desde el advenimiento de la democracia han sufrido sentencias adversas de los tribunales, lo que es menester es que cumplan el contenido de estas sentencias, y en este momento el Gobierno está iniciando el cumplimiento de estas sentencias. Pero le podría poner un caso casi paradigmático. Cuando ustedes gobernaban, ustedes que son los apologetas de las víctimas del terrorismo, le quiero recordar que la AVT y sus letrados interpusieron contra el Gobierno presidido por el señor Aznar nada menos que 700 recursos contencioso-administrativos por falta de atención a los requerimientos de la legalidad en relación con las víctimas. Introducen otros temas relativos a diversas materias vinculadas al respeto a la legalidad, que si las sintetizamos con la proposición anterior un observador imparcial llegaría a la conclusión inevitable de que estamos conviviendo en un Estado que se parece mucho más a una república bananera que a un Estado democrático, Estado democrático que ustedes reconocen sistemáticamente como tal, pero esta recurrencia en la exigencia del principio de legalidad tiene unas connotaciones electorales que no se nos escapan a algunos. Ustedes están negando la existencia o la vigencia del principio de legalidad en el Estado español ahora de forma condensada, de forma muy densa, como le decía, como si fuera una especie de pildorazo último para obtener réditos electorales en el ámbito de interior que ha estado muy alicaído, muy marginado y muy arrumbado por otros problemas de mayor dimensión como la política económica del Gobierno, la política laboral, etcétera. Desde esa perspectiva le alabo el gusto, señor Cosidó.

Y para que no todo sean palabras críticas o negativas sobre la proposición que usted presenta -por cierto, en materia de exigencia de responsabilidades políticas usted debería contar con alguna sentencia condenatoria, no bastan autos de procesamiento, y no necesito explicarle más porque usted es un experto en estas materias- tengo que decirle que nos parece salvable uno de los puntos de su moción, el número 3: establecer un sistema estadístico que permita integrar los datos de las policías locales, policías autonómicas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero desde una perspectiva absolutamente inversa a la que usted plantea. Quien carece de datos, con relación a la información policial necesaria para que la actuación policial y contra la política criminal sea eficiente, son las policías autonómicas, no son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Luego nosotros lo que reivindicamos es que las policías autonómicas se integren en Eurojust, en Europol y en otros sistemas donde se transmite información para que las policías autonómicas, en condiciones de información absolutamente iguales que las del Estado español, puedan ejercer eficientemente su función.

Mire, ha hecho una cosa bien, las demás son electoralismo puro y duro, señor Cosidó, permítame que se lo diga con la amistad y con el aprecio que sabe que le tengo. Todo lo que vamos a ver a partir de ahora -hay una expresión en el ámbito futbolístico, que se llama fútbol basura- se va a parecer mucho a esta expresión de fútbol basura e intención perversa de obtener réditos electorales de forma particularmente simple, jurídica y políticamente...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Doña Mercè Pigem tiene la palabra.

La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.

En estos últimos plenos de la presente legislatura el Grupo Parlamentario Popular nos ha planteado, a través de su portavoz en materia de interior -lo ha hecho, tanto en la interpelación que sustentó a finales del pasado mes de julio como en la moción que hoy estamos debatiendo y que es consecuencia de la anterior-, una dura crítica a la práctica totalidad de la política llevada a cabo desde el Ministerio del Interior a lo largo de toda la legislatura. Vaya por delante, señor Cosidó, que este planteamiento, lo que podríamos llamar entre comillas una enmienda a la totalidad de la acción política llevada a cabo por el Ministerio del Interior, no es compartido desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Es un planteamiento naturalmente legítimo, pero si me permite una crítica, desde la consideración política y el afecto personal que le tengo, no nos parece que esta crítica esté totalmente desprovista de un cierto interés electoral -por llamarlo de alguna manera-, al menos en la dureza y en el tono de los planteamientos, especialmente en el tono de la interpelación, que no acaba de casar no solo con el buen trabajo que hemos ido teniendo en la propia Comisión de Interior -trabajos en los que el Grupo Popular ha tenido un papel relevante con usted como portavoz-, sino incluso con la escasa valoración de algo que, a nuestro entender, es tan importante como los frecuentes e importantes éxitos policiales en la lucha contra el terrorismo que han tenido lugar esta legislatura, y que nos parece justo poner en valor como actuación del Ministerio del Interior. Por eso y porque, como usted y todas sus señorías saben, mi grupo parlamentario no es partidario, salvo en muy contadas y justificadas ocasiones, de las mociones de censura textuales o encubiertas, le adelanto ya que no vamos a apoyar con nuestros votos la que entendemos que, tanto en la interpelación como en la moción se plantea, aunque ello no quiera tampoco decir que creamos que todo se ha hecho bien -porque no es así-, tal y como hemos tenido ocasión de apuntar en nuestras intervenciones a lo largo de la legislatura.

Los temas a los que alude la moción son por lo demás muy heterogéneos; van desde planteamientos generales a temas muy concretos, en alguno de los cuales, no obs


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tante las consideraciones generales que acabo de exponer, podríamos estar de acuerdo. Me refiero en concreto a la medida solicitada en el apartado 3 de la moción, que solicita textualmente: establecer un sistema estadístico que permita integrar los datos de las policías locales, de las policías autonómicas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para tener un conocimiento global de la evolución de la criminalidad en el conjunto del Estado español. Efectivamente en cuanto a cumplimentar de manera completa y literal la iniciativa que se planteó al principio de la legislatura, a instancia precisamente del Grupo Popular, que se aprobó por unanimidad, sobre cómo dar los datos de criminalidad, coincidimos en que es todavía un tema pendiente. Cierto es que se han producido múltiples comparecencias del ministro del Interior para exponer los datos de criminalidad, con la cadencia de fechas que en la iniciativa se acordó; cierto es también que de esta manera hemos tenido datos secuenciados, comparables entre sí y homologables también con los de la Unión Europea, pero igualmente cierto es que no se han introducido los datos consolidados de todo el Estado ni los datos de las policías locales. Ello conduce a una situación que puede llevar a una percepción sesgada o distorsionada de cuál es la auténtica situación de los datos de criminalidad en el conjunto del Estado. Como portavoz en la Comisión de Interior tuve ocasión de exponérselo así al ministro Rubalcaba en su comparecencia del pasado 29 de marzo. Allí quedó claro que en los datos estadísticos no se deducían en su totalidad la población de Cataluña o del País Vasco, puesto que Policía Nacional y Guardia Civil tienen actuaciones en materias concretas, pero por el contrario no se sumaban los datos de delitos y faltas, por ejemplo de Cataluña, los facilitados por los mossos d'esquadra, donde a su vez están consolidados los de la Policía local. Y la respuesta por parte del ministro fue que el tema no era fácil, pero que estaban en el camino de dar datos consolidados de las comunidades autónomas con policía propia y también los de la Policía local, pero lo cierto es que no está hecho, a pesar de que desde el Departamento de Interior del Gobierno de la Generalitat de Catalunya envían, sistemática y mensualmente a la Secretaría de Estado de Interior, estos datos y lo hacen en el formato estadístico que por parte de la secretaría del ministerio se les solicitó. Por eso, en el supuesto de que se pudiera votar separadamente este punto, el número 3 -así lo solicitaré-, lo votaríamos favorablemente, rechazando y no apoyando el resto de puntos, que obedecen, según nuestra opinión, bien a materias que están sub iudice o a consideraciones políticas que, como he dicho, no compartimos de la manera en que aquí se han planteado.

Por último, puesto que parte de mi intervención se ha referido a datos de criminalidad, no quiero finalizar la misma, que quizá sea la última en esta legislatura en materia de interior, sin poner en valor una vez más desde Convergència i Unió el excelente trabajo de todas y cada una de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las estatales y también las autonómicas y locales. Ellas son parte principal e imprescindible con su trabajo diario en la consecución de uno de los objetivos más demandados por la ciudadanía, que es precisamente la seguridad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.

Tiene la palabra don Antonio Hernando.

El señor HERNANDO VERA: Señor presidente, señorías, esta moción se divide en dos partes: el envoltorio y el contenido. El contenido es el caso Faisán y el envoltorio es lo que justifica por qué se ha traído aquí esta moción. Voy a dedicarle poco tiempo al envoltorio. Tan solo quiero decir que el Ministerio del Interior está cumpliendo con la legalidad, está ejecutando esas sentencias, que no eliminan la libre designación para el nombramiento de determinados cargos en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil, y que la libre designación de hace tres legislaturas a esta legislatura solo ha aumentado un 0,2 por ciento, pero los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han aumentado en 8.500. También quiero manifestar que, con respecto a los datos de criminalidad, este es un clásico moderno de usted y de su grupo durante toda la legislatura. No sé por qué entran con tanto ahínco y con tanto arrojo en este tema cuando lo que nos dicen los datos de criminalidad es que estamos en el mejor momento de la lucha contra la criminalidad y en los índices más bajos, y que los índices más altos de criminalidad se produjeron durante los años 2001 y 2002, precisamente cuando el hoy candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno era ministro del Interior. Y yo estoy seguro, conociendo al señor Rajoy, de que no fue porque lo hizo mal; fue porque no lo hizo. (Aplausos.) Por tanto no sé a qué viene traer constantemente este tema a la Cámara.

Voy a entrar en el meollo de la cuestión, y el meollo de la cuestión es el caso Faisán. Como respecto a la lucha contra el terrorismo ya se han dado aquí todo tipo de datos y de cifras, hoy no he traído ni datos ni cifras. Le voy a leer las declaraciones de uno de los agentes imputados, que reprodujeron los periódicos al día siguiente de su testimonio en la Audiencia Nacional. Decía este agente a su señoría: Con todos los respetos, me indigna que me acusen de colaborar con ETA, a la que he hecho tanto daño. He sacrificado mi vida y la de mi familia por defender a mi patria. He acudido a muchos entierros de compañeros y amigos. He perdido parte de mi salud por estar sometido a una tensión tal que solo quien ha soportado los años más duros de violencia terrorista puede entender. A este agente, señorías del Grupo Parlamentario Popular, y a personas como este agente son a las que ustedes están laminando Pleno tras Pleno con su estrategia política respecto al caso Faisán. (Aplausos.)

Recientemente un periódico publicaba una conversación mantenida entre terroristas en la cárcel; no lo que los terroristas dicen de terceros, sino lo que los terroristas


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se dicen entre ellos. Los terroristas de ETA condenados y en la cárcel se dicen entre ellos: El Estado ha derrotado policialmente a ETA, se ha cargado la lucha armada, y el Estado puede decir que nos han puesto de rodillas. Ahora están todos en la cárcel y los que no están sabemos dónde están. Según ETA, señoría, ETA está de rodillas, porque el Estado la ha derrotado policialmente. Lo que pasa es que ustedes no se enteran o no se quieren enterar.

Finalmente, otro recorte de periódico para que no sean solo cifras. Son las declaraciones del presidente de la patronal de empresarios navarros que dice: Ahora dormimos más tranquilos. ¡Qué contradicción! Los terroristas dicen que están de rodillas, los empresarios dicen que están mejor y duermen más tranquilos, y el Partido Popular, ¿dónde está? ¿Qué es lo que tiene el Partido Popular dentro en su ADN político y en su forma de hacer política para que hasta el último Pleno, hasta el último día y hasta la última moción sigan utilizando el terrorismo? Pregúntenselo, señorías.

Por último dicen ustedes que los responsables y los superiores jerárquicos de las personas imputadas tienen que asumir responsabilidades políticas. ¡Esta sí es buena! ¿Cómo se explican que en sus filas y en sus bancos haya responsables superiores jerárquicos de personas que han sido condenadas a dos y tres años de prisión y a inhabilitación especial para el desempeño de sus funciones, y sin embargo estén entrando todos los días por esa puerta sacando pecho? ¿Cómo se explican que a los demás nos quieran aplicar lo que ustedes no se aplican? ¿Qué ley es esta? ¿La de la asimetría jurídica, la del embudo, o directamente la estrategia de la desfachatez?

Termino ya. En la interpelación que dio lugar a esta moción descontextualizaron una frase del fundador del Partido Socialista, de Pablo Iglesias. Les quiero decir que estamos muy orgullosos de nuestros fundadores, como me imagino que ustedes de los suyos. Los nuestros fueron obreros tipógrafos intelectuales, los suyos ex ministros del régimen anterior. (Aplausos.) Esa es nuestra historia frente a la suya, y este es nuestro orgullo, ¿frente al suyo también, señorías? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor Cosidó, ha solicitado su señoría la votación separada de algún punto de la moción. ¿Me puede indicar concretamente cuál?

El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: El punto 3 del primer apartado, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Dentro de tres minutos iniciaremos las votaciones. (Pausa.)

TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA.

El señor PRESIDENTE: Antes de iniciar las votaciones, en primer lugar, señorías, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, somete a la consideración y votación de la Cámara la tramitación directa y por lectura única en el Pleno de la proposición de ley de creación del Colegio general de economistas. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado. En este caso, y al haberse adoptado el acuerdo por la Cámara, el debate y votación de la ley tendrá lugar el día 15 de septiembre, es decir, el próximo jueves, como último punto del orden del día, y el plazo de enmiendas a solicitud de todos los grupos parlamentarios y en un ejercicio de reducción extrema se fija para las catorce horas del día de mañana. ¿Lo acuerda así también la Cámara? (Asentimiento.) Queda así acordado.

Vamos a iniciar las votaciones. Por favor, cierren las puertas.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR. (VOTACIÓN.)

- PROPOSICIÓN DE LEY DE TELEVISIÓN SIN FRONTERAS. (Número de expediente 120/000007.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular sobre la ley de televisión sin fronteras.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 193; en contra, tres; abstenciones, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LA DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL. (Número de expediente 122/000261.)

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al mantenimiento de la deducción por inversión en vivienda habitual.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 150; en contra, 172; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA PALIAR LOS DAÑOS DEL TERREMOTO DE LORCA Y REACTIVAR LA ACTIVIDAD DE LA COMARCA. (Número de expediente 162/000903.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al establecimiento de un programa de incentivos para paliar los daños del terremoto de Lorca y reactivar la actividad de la comarca. Se vota en los términos de una enmienda transaccional que ha sido admitida a trámite sin oposición de ningún grupo ni diputado.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 341.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE INSTA AL GOBIERNO A APROVECHAR LAS MODIFICACIONES NORMATIVAS QUE SE LLEVARÁN A CABO POR LA ADHESIÓN DE CROACIA PARA CONSEGUIR LA OFICIALIDAD DEL CATALÁN EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 162/000888.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que insta al Gobierno a aprovechar las modificaciones normativas que se llevarán a cabo por la adhesión de Croacia para conseguir la oficialidad del catalán en las instituciones de la Unión Europea. Se vota con la enmienda del señor Jorquera.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 26; en contra, 315.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MEDIDAS DE RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y LENGUA CATALANA. (Número de expediente 173/000230.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas de reconocimiento de la identidad y lengua catalana. Se vota con la enmienda del Grupo Socialista, del grupo proponente y del Grupo Catalán de Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 192; en contra, 148; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE EL GOBIERNO PIENSA LLEVAR A CABO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 173/000231.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para mejorar el sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Se vota en sus propios términos y sin enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 27; en contra, 311; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. SALVADOR), SOBRE LOS PLANES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN ORDEN A GARANTIZAR QUE LOS REPRESENTANTES DE BILDU, PRESENTES EN LAS INSTITUCIONES FORALES DE NAVARRA Y PAÍS VASCO DESDE LAS PASADAS ELECCIONES, RESPETEN LA LEGALIDAD VIGENTE. (Número de expediente 173/000232.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Salvador, sobre los planes del Ministerio del Interior en orden a garantizar que los representantes de Bildu, presentes en las instituciones forales de Navarra y País Vasco desde las pasadas elecciones, respeten la legalidad vigente. Se vota en los términos de una enmienda conjunta del señor Salvador, del Grupo Popular y del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 315; en contra, 14; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A PONER EN MARCHA EL NUEVO MINISTRO DEL INTERIOR PARA QUE, DE UNA VEZ POR TODAS, SE CUMPLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU MINISTERIO. (Número de expediente 173/000233.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas que va a poner en marcha el nuevo ministro del Interior para que, de una vez por todas, se cumpla el principio de legalidad en su ministerio. Se vota separadamente el punto A) 3.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 170; en contra, 170; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se vuelve a repetir la votación de acuerdo con la disposición reglamentaria. Por mandato del Reglamento repetimos de nuevo la votación sobre el punto A) 3 de la moción de la que he dado lectura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 170; en contra, 169; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)

Se vota a continuación el resto de la moción.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 150; en contra, 190; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las nueve y diez minutos de la noche.

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