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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 269, de 30/08/2011
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2011 IX Legislatura Núm. 269
Sesión plenaria núm. 255 (Sesión extraordinaria)
celebrada el martes,
30 de agosto de 2011


ORDEN DEL DÍA:

- Toma en consideración de la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución española, presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Popular en el Congreso. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 329-1, de 26 de agosto de 2011. (Número de expediente 100/000001.) ... (Página2)

- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la citada proposición de reforma constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Número de expediente 100/000001.) ... (Página2)


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SUMARIO

Se abre la sesión a las diez de la mañana.

Toma en consideración de la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución española, presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Popular en el Congreso ... (Página2)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la citada proposición de reforma constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página2)

En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley intervienen el señor Alonso Suárez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Sáenz de Santamaría Antón, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno en contra intervienen los señores Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió), Ridao i Martín y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

En turno de réplica intervienen el señor Alonso Suárez, la señora Sáenz de Santamaría Antón y los señores Duran i Lleida, Ridao i Martín y Llamazares Trigo.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jorquera Caselas, Ríos Rull y Salvador Armendáriz y las señoras Díez González y Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución española, presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Popular en el Congreso, se aprueba por 318 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones.

Sometido a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la citada proposición de reforma constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se aprueba por 319 votos a favor y 17 en contra.

Se levanta la sesión a las doce y cuarenta minutos del mediodía.

Se abre la sesión a las diez de la mañana.

- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 100/000001.)

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA CITADA PROPOSICIÓN DE REFORMA CONSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 150 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 100/000001.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Señorías, vamos a examinar el único punto del orden del día de esta sesión plenaria extraordinaria consistente en la toma en consideración de la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución española presentada por los grupos Socialista y Popular. En primer lugar y para la defensa de la proposición tiene la palabra don José Antonio Alonso. (Rumores.) Les ruego que tomen asiento y que guarden silencio, si son tan amables. (Rumores.) A ver si acaban los saludos y ya puede empezar el señor Alonso. (Pausa.) Adelante, señor Alonso.

El señor ALONSO SUÁREZ: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, toda Constitución democrática establece un marco jurídico y político de convivencia entre los ciudadanos a través de reglas que por la propia exigencia lógica que nace del profundo significado de la Constitución deben ser especialmente claras, entendibles y eficaces para la consecución del fin que pretenden. El fin debe acomodarse naturalmente al bien común, al interés colectivo y, por tanto, a la justicia social, algo en lo que estamos interesados los socialistas de modo especial. Como es perfectamente conocido por todos ustedes, en los últimos años hemos asistido a una intensa globalización en las relaciones sociales, políticas y económicas del mundo en el que vivimos. Esto que les digo no es en modo alguno retórica. La fuerza de los hechos nos obliga a considerar, a tener siempre presente la extrema interdependencia de todos los países del mundo y el hecho de que cualquier acontecimiento relevante que se produce en una parte del mismo tiene trascendencia, literalmente, en cualquiera de las demás y, por añadidura, en tiempo real. La economía es de algún modo el paradigma de todo ello. Señorías, España ha conquistado logros extraordinarios en las últimas décadas de su historia con la democracia, uno de los principales es la incorporación a Europa con todo lo que significa. Europa es, entre otras cosas, un espacio político e institucional clave para la comprensión, el equilibrio


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y la solidaridad en el mundo; es un espacio al que España ha aportado mucho y del que ha recibido también mucho.

Antes, señorías, hablaba de la necesidad de que las normas constitucionales sean eficaces. La eficacia tiene que ser obviamente referida a un contexto preciso y proyectada en el tiempo, de ahí que la norma constitucional tenga que ofrecer a la vez estabilidad y poder de previsión para adaptarse al momento en el que empieza su vigencia y al desarrollo histórico de los acontecimientos que ocurrirán en el futuro. Es la única manera de que sirva a los ciudadanos, y esa es su razón de ser; el Estado democrático y su Constitución, creaciones al fin del racionalismo democrático, surgen justo para eso: para servir con utilidad a los ciudadanos que forman la sociedad de modo que puedan ejercer en la seguridad del derecho sus libertades y cumplir con sus obligaciones.

Señoras y señores diputados, globalización, interdependencia, Europa son pues las claves de la situación ¿Qué es lo que ha pasado en ese orden de cosas? O en otras palabras: ¿por qué es necesaria la reforma constitucional para incluir el principio de estabilidad presupuestaria? Llevamos -como saben también perfectamente, lo hemos discutido mucho en esta Cámara- más de tres años de una crisis mundial durísima, desconocida en los últimos ochenta años de la historia del mundo. Comenzó con una crisis financiera en Estados Unidos que se tradujo posteriormente en una recesión de la economía real de todo el mundo y ahora ha provocado una crisis de deuda soberana y en conjunto de los mercados financieros. La disminución del crecimiento de las principales economías desarrolladas en el segundo trimestre del año ha supuesto una incertidumbre añadida al escenario económico internacional. Esta crisis, señorías, ha demostrado que ninguna -ninguna- economía está a salvo, como se ha podido comprobar con el incipiente contagio a Francia y los problemas fiscales de Estados Unidos en las últimas semanas. Señoras y señores diputados, en los últimos meses la situación económica y financiera internacional se ha caracterizado por fortísimas tensiones en los mercados financieros. Esas tensiones tienen un impacto directo sobre el coste de financiación de la deuda soberana. La prima de riesgo ha llegado a superar los 400 puntos básicos -un récord histórico- en el mes de agosto y en otoño la situación puede agravarse. Se trata de una situación insostenible si se prolonga en el tiempo, porque sin duda alguna pondría en serio riesgo las políticas sociales en nuestro Estado del bienestar. Estamos hablando de un coste de miles de millones de euros si se mantuvieran diferenciales del nivel del aludido; por eso, señorías, tenemos que tratar de acabar ya mismo, sin dilación, con este problema. Nosotros patrocinamos en su día la vigente Ley de Estabilidad, la votamos y la hemos cumplido; ahora, en este contexto, es necesario tomar una decisión coherente y contundente que refuerce la solvencia de nuestro país y el compromiso con la necesaria reducción del déficit público. La decisión es la de llevar el principio de estabilidad a nuestra norma suprema, a la Constitución.

Señorías, señor presidente, un país solvente como España está pagando unos tipos de interés impropios si nos fijamos en los fundamentos de su economía. No hay mejor manera de despejar incertidumbres que elevando a mandato constitucional el principio de estabilidad presupuestaria para consolidar en relación con todo el mundo una realidad clara. Somos un país cumplidor en el pago de nuestras deudas y no debe haber ninguna duda al respecto. Señoras y señores diputados, nuestra pertenencia a la zona euro, a la unión monetaria y económica repercute positivamente sobre nuestro modelo económico y sobre nuestro modelo social e implica derechos y compromisos análogos a los de nuestros socios comunitarios. Varios Estados miembros como Italia y Francia ya han anunciado la inclusión de nuevas reglas fiscales en sus constituciones similares a las que hoy proponemos aquí a nuestro Parlamento. Alemania ya la ha introducido en su propia Constitución. La integración económica y fiscal de la eurozona exige compartir con nuestros socios los criterios de déficit estructural y deuda para ganar en conjunto solvencia europea, es decir, una solidaridad europea para garantizar la estabilidad de la zona euro y el Estado del bienestar. Al igual que nosotros, en el futuro -ya lo están preparando- Francia e Italia irán a reformas constitucionales similares. La solidaridad europea para garantizar la estabilidad de la zona euro y el Estado del bienestar redunda en beneficio de los ciudadanos, porque lo contrario, señorías, pondría en riesgo las políticas del Estado del bienestar, y poner en riesgo esas políticas para nosotros, para los socialistas, no es de recibo. Es cierto que, como ha reiterado Alfredo Pérez Rubalcaba (Rumores.), lo que caracteriza a las políticas progresistas a estos efectos es que la izquierda gasta el dinero, los recursos a su disposición en profundizar la igualdad, en profundizar la igualdad; esa es nuestra marca distintiva. (Aplausos.) Por decírselo utilizando un esquema de Norberto Bobbio, la pregunta a estos efectos es: si y quién invierte en políticas sociales que reduzcan la desigualdad entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre países pobres y países ricos. Nosotros históricamente lo hemos hecho como nadie, muchísimo más que nadie y lo vamos a seguir haciendo (Aplausos.), pero de recursos tiene que disponer el poder público; si debemos en exceso, tendremos que pagar intereses crecientes y estaríamos literalmente incapacitados para hacer cualquier política.

Señorías, el objetivo de la introducción de unas reglas fiscales como las propuestas en la Constitución es la sostenibilidad de los ingresos y gastos públicos a lo largo del tiempo. Las reglas fiscales permiten un crecimiento de la economía más equilibrado, refuerzan la confianza y credibilidad de un Estado y contribuyen al acceso de financiación exterior, tanto del sector público como del sector privado. Quiero ahora, señorías, dejar dos cosas claras y quiero hacerlo, porque se están diciendo cosas


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en el debate público que no son verdad: primera, establecer una regla fiscal en la Constitución demuestra el compromiso de España con la responsabilidad y no supone ineludiblemente, en absoluto, para nada, recortes del gasto social; segundo, si se recorta o no el gasto social dependerá de la evolución de la economía y de las decisiones del que gobierne en cada momento. Nosotros hemos construido el Estado social, hemos mantenido los niveles sociales durante la crisis y lo seguiremos haciendo en el futuro. Insisto en que esa es nuestra marca distintiva y ese es nuestro compromiso político.

Señoras y señores diputados, la regla o principio de estabilidad presupuestaria en relación con el PIB, corregida por el efecto de ciclo, es un instrumento de política fiscal para estabilizar la economía y garantizar la solidaridad intergeneracional. La confianza que genera la estabilidad presupuestaria es imprescindible, repito, para seguir financiando el gasto social. El principio de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo debe combinar la necesaria sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo con la flexibilidad de la política fiscal ajustada al ciclo económico de que se trate. Por ello, señorías, la referencia incluida en la reforma de la Constitución que proponemos es el déficit estructural en relación con el PIB, déficit estructural corregido por el efecto del ciclo; lo que no se propone, no es la referencia, es el déficit corriente año a año. Porque si la referencia fuera esta, el déficit corriente, ello sí que nos obligaría a reducir el gasto o a otras medidas en medio de una recesión, lo que agravaría la situación actual. Señorías, hemos sido especialmente cuidadosos en esto.

El problema de nuestro país, señoras y señores diputados, es el gran endeudamiento privado derivado de la burbuja inmobiliaria. La deuda pública se mantiene más de 20 puntos por debajo de la media de la zona euro -este es un dato bien conocido-, pero los inversores y las instituciones consideran el conjunto, y la prima de riesgo es una variable fundamental del contagio para la financiación de la economía real, como antes he dicho. Por ello, señorías, es necesario estabilizar el sistema financiero para que vuelva a fluir el crédito a familias y empresas y con ello la inversión y el consumo privado. Las razones expuestas son -estamos seguros de ello- ineludibles e irrefutables y justifican la necesidad de la reforma. ¿En qué consiste? La reforma que hoy tomamos en consideración tiene un objetivo clave que quiero reiterar: llevar el principio de estabilidad a la Constitución para fortalecer la confianza en la economía española y, consecuentemente, crear mayores condiciones objetivas para el crecimiento futuro. A tal fin, el Estado y las comunidades autónomas se ajustarán en sus actuaciones económicas y financieras a los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados miembros. Debido a ello, el déficit estructural -esto es, el que se deriva de considerar el nivel potencial de producción y no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones de los ciclos económicos- en que puedan incurrir no deberá superar un determinado porcentaje que se fijará en una ley orgánica. Por su parte, las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario y, por otra parte, el endeudamiento público del conjunto de las administraciones no podrá superar la cuantía de lo establecido en el tratado de funcionamiento de la Unión Europea, en el Tratado de Lisboa y en sus antecedentes. Estos límites, señoras y señores diputados, los referidos al déficit estructural y a la deuda, no son inamovibles, es decir, podrán elevarse por acuerdo de la mayoría absoluta de este Congreso en los casos en que se hayan producido catástrofes naturales o una recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la sostenibilidad económica y social del mismo. Esta es una cláusula de garantía para todos los ciudadanos que debe ser tomada en cuenta especialmente. Por consiguiente, señorías, lo que se propone en la reforma es introducir en la Constitución principios financieros importantes generalmente admitidos en el contexto de la Unión Europea; principios dotados de una alta voluntad de permanencia y que encuentran en la Carta Magna la ubicación necesaria. Es lo que ya ha hecho en su día Alemania y lo que harán Francia e Italia, países decisivos -como lo es el nuestro- en el devenir de la Europa que lucha contra la crisis.

Señor presidente, señorías, en la voluntad de los socialistas a la hora de abordar esta reforma, por tanto en la negociación y en la redacción de la misma, ha estado presente la necesidad de mantener la estabilidad financiera de nuestro país, justamente para preservar de modo inquebrantable algo esencial para nosotros: el nivel de conquistas sociales por el que tanto hemos luchado a lo largo de la historia, al que tanto hemos contribuido, el que hemos mantenido a lo largo de esta durísima crisis y el que seguiremos manteniendo en el futuro. No nos podemos permitir deber en exceso por la sencilla razón de que, si ello ocurre, tendremos que trabajar para pagar los intereses de lo que debemos y no tendremos recursos para hacer lo que es propio de los socialistas: mejoras progresivas y solidarias en la educación pública, en la sanidad pública, en las pensiones y en el conjunto de los servicios sociales que son esenciales para todas las personas y especialmente para las más desfavorecidas. Por eso, señorías, el principio de estabilidad con sus límites de déficit estructural y deuda, por eso que este principio vaya acompañado de la posibilidad de exceder esos límites en casos de recesión económica o emergencia extraordinaria cuando quedase perjudicada la sostenibilidad económica o -como decía antes- social del Estado.

Señoras y señores diputados, señor presidente, decía al principio que la constitución del Estado social, democrático y de derecho debe servir, debe ser útil a los ciudadanos. Creemos sinceramente que hemos propuesto una reforma constitucional -esta que tomamos en consideración hoy- que lo consigue para la situación


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actual y para las generaciones futuras. Por ello pedimos el apoyo de la Cámara a su toma en consideración.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.

Tiene la palabra la señora Sáenz de Santamaría.

La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señor presidente, señorías, me corresponde el honor de intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Popular y en representación del acuerdo alcanzado por los dos partidos mayoritarios de esta Cámara para solicitar la toma en consideración de una propuesta de reforma constitucional, para dar una nueva redacción al artículo 135 de la Constitución española. Nuestra norma fundamental nació como un nuevo texto vivo con capacidad de respuesta y de adaptación a las exigencias y retos propios de cada tiempo. Reformar la Constitución es aplicar la Constitución misma, es ponerla en valor, y en un momento de incertidumbre económica generalizada la Constitución nos ofrece un marco sobre el que reconstruir la confianza para dar el máximo nivel a un compromiso político que estamos dispuestos a compartir con vocación de futuro y con un carácter de permanencia que solo desde la Constitución puede garantizarse. De nuevo la Constitución se nos ofrece como un espacio para, desde el consenso obligado en toda reforma, sentar unas bases que permitan seguir construyendo el progreso económico y social, que fue uno de los principales objetivos que dieron lugar a su aprobación en 1978.

Esta reforma es el resultado de un pacto de un valor trascendental, no solo económico sino también político, entre los dos grandes partidos con vocación de gobierno. Somos plenamente conscientes de la importancia de esta decisión, como importante es cualquier modificación de nuestro texto constitucional, por eso explicamos hoy en esta sede parlamentaria al conjunto de los españoles las razones que llevan a esta propuesta y las oportunidades que brinda su aprobación. No hace falta explicarles las circunstancias económicas que todos estamos viviendo, las conocen y las sufren en primera persona y reclaman a sus gobernantes un ejercicio de responsabilidad política y de madurez institucional en un momento tan difícil. Con esta iniciativa se empieza por fin a dar esa respuesta. Pensábamos hace un año y lo pensamos ahora que esta reforma es necesaria, oportuna y responsable. Sí, señorías, es necesaria porque la experiencia de los últimos tres años y la convulsión de las últimas semanas han puesto de manifiesto que los desequilibrios presupuestarios son riesgos inasumibles para el bienestar social. Ambos partidos nos hemos puesto de acuerdo en erradicar uno de los grandes males de la economía española con una premisa muy clara: no se puede gastar más de lo que se ingresa. A partir de ahora la estabilidad presupuestaria ya no es una opción, es un deber público, es una obligación constitucional, porque es condición indispensable para el crecimiento, la creación de empleo y la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar. Lo hacemos en la Constitución porque el compromiso de unas cuentas públicas equilibradas no puede ser coyuntural, sino que ha de ser permanente; no puede depender de la situación económica ni de las circunstancias políticas. Sean tiempos de bonanza o de crisis, gobiernen unos o gobernemos otros, al final nadie podrá gastar más de lo que tiene. Es una reforma oportuna, y lo es en este momento histórico porque traslada que somos un país que confía en sí mismo y en el que los demás pueden confiar. Nos devuelve un papel de liderazgo en una gobernanza económica seria y exigente; es sin duda una contribución de primer orden a la estabilidad de la unión económica y monetaria.

Señorías, en tiempos de grandes debates España responde con un gran acuerdo, un acuerdo que ha sido, por cierto, muy bien recibido por la opinión pública internacional. Como decía, este pacto es un ejercicio de responsabilidad, porque los dos grandes partidos que representan a una amplia mayoría de españoles aparcan sus diferencias para presentar juntos una misma convicción, que la estabilidad presupuestaria forma parte del interés general por encima de otras consideraciones, y da cuenta de la madurez del entramado institucional español, porque implica al conjunto de las administraciones en un objetivo compartido en el que nos vamos a comprometer.

Señorías, afrontamos por tanto una reforma de extraordinaria trascendencia económica, social y política. Cierto es que no es la única reforma necesaria para volver a poner en pie nuestra economía y devolver la confianza a nuestra sociedad, pero es la primera de ellas, la que sienta las bases de todas las demás, porque es una reforma de principios. Desde el punto de vista económico constitucionalizamos la estabilidad presupuestaria como guía para la gestión de las cuentas públicas; desde una perspectiva institucional reforzamos nuestro modelo de Estado sobre la base de los principios de responsabilidad, lealtad y coordinación entre administraciones, y por último recuperamos el valor del consenso para responder con altura de miras la incertidumbre del tiempo en que vivimos.

La experiencia reciente ha demostrado los efectos negativos que para el bienestar de todos acarrea una crisis fiscal, una situación en que la deuda y el déficit público acumulados son tan altos que se ahoga la actividad económica, se ciegan los canales de financiación y se destruye el empleo. Cuando las administraciones se endeudan en exceso y viven por encima de sus posibilidades generan una cascada de desequilibrios sobre el conjunto de la economía. Primero, absorben para sí los recursos que deberían dedicarse al impulso del crecimiento y a la creación de empleo; segundo, tienen que destinar al pago de intereses cada vez mayores hasta agotar cualquier poder de decisión. Esta y no otra es la mayor restricción a su autonomía presupuestaria, porque sin capacidad presupuestaria no hay margen para la política. Y en tercer lugar, el exceso de endeudamiento


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acaba creando dudas sobre la capacidad futura para hacer frente a sus compromisos, y esa incertidumbre afecta al conjunto de la economía y la pagamos todos los españoles. Si queremos ser un país con un crédito sólido, con reputación de deudor fiable, pagar unos intereses razonables por lo que debemos y con ellos reestablecer el flujo de la financiación, de la inversión y la creación de empleo solo hay un camino, la estabilidad presupuestaria. Desde esa certeza el Partido Popular ha aportado a la reforma el resultado de una profunda reflexión y el trabajo que venimos desarrollando desde hace más de un año, desde que por primera vez Mariano Rajoy propuso hacer de la estabilidad presupuestaria una exigencia constitucional. (Aplausos.)

Pues bien, con esta reforma, ese principio de buen gobierno adquiere el rango de principio constitucional, y para hacerlo efectivo la Constitución establecerá dos límites: uno, al déficit estructural anual y, otro, general, el segundo, al volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones. Año a año los presupuestos tendrán que elaborarse, aprobarse, pero también ejecutarse respetando ese déficit máximo, para que cuando llegue el año 2020 la deuda pública española no supere ni vuelva a superar en nuestra historia el 60 por ciento del producto interior bruto. Los límites que establece nuestra Constitución no son aleatorios, nos recuerdan que nuestra economía está vinculada a la Europa del euro y nos ligan definitivamente a las normas de estabilidad europea. Los márgenes marcados por la Unión Europea se constituyen así en un límite absoluto que el conjunto de las administraciones públicas no podrá rebasar. Podremos, sí, ser más exigentes con nosotros mismos que lo que nos pidan, pero garantizamos constitucionalmente que nunca lo seremos menos. Ese compromiso de estabilidad afecta a todos los niveles de la Administración: a los entes locales mediante la obligación de equilibrio presupuestario, al Estado y a las comunidades autónomas mediante los límites precisos de déficit estructural que autorizará una ley orgánica. Esa ley orgánica, que nace ya consensuada, será una de las primeras tareas para la próxima legislatura y contemplará además los mecanismos para hacer efectivos estos límites y establecer la responsabilidad por su cumplimiento a todas las administraciones, a todas por igual.

Lo que hoy proponemos, en definitiva, es hacer de la austeridad una obligación política de todos los poderes públicos, de la estabilidad la base del crecimiento económico y del equilibrio presupuestario la certidumbre sobre la que se asiente la recuperación económica de nuestro país y la garantía del bienestar social. Porque nada pone más en riesgo el Estado del bienestar, nada amenaza tanto las conquistas sociales, nada perjudica tanto a los ciudadanos como unas cuentas públicas insostenibles. No hay política social si no se aseguran los recursos para mantenerla; el resto serán promesas vacías de un día, pero recortes injustos del día siguiente. (Aplausos.)

No es la primera vez ni probablemente la última que se reformará la Constitución. Si la primera fue para ampliar los derechos políticos de los ciudadanos, esta segunda lo es para garantizar sus derechos sociales, y se hace precisamente imponiendo obligaciones a los poderes públicos. Porque, señorías, esta reforma es un primer paso para devolver la confianza a la economía española, pero también es un paso decisivo para reforzar la confianza en nuestras instituciones. Durante treinta años la Constitución ha amparado la creación, el desarrollo y la consolidación del Estado de las autonomías; ahora tiene que articular también su sostenibilidad. Esta reforma nos vincula a todos, al Estado -a la Administración del Estado- el primero, pero también a las comunidades autónomas y a los entes locales, que son responsables de más de la mitad del gasto público en España y van a seguir siéndolo, porque lo que planteamos no es menos autonomía sino más responsabilidad. No se trata de rebajar el poder de los gobiernos autonómicos sino de ampliar el compromiso de todos los gobernantes en su ejercicio; no se exige a las comunidades autónomas más que al Estado del que forman parte sino exactamente lo mismo; no se les impone la forma de conseguirlo sino que se contempla un amplio margen normativo de cada una para dotarlo de efectividad; no se perjudica con ello la autonomía sino que se avanza en la senda de su consideración.

Esto significa que la reforma sirve para reforzar también el principio de lealtad como base de nuestro modelo de Estado, lealtad entre todas las administraciones que forman parte de él, lealtad de las mismas con el conjunto de los ciudadanos que lo mantienen con sus impuestos y lealtad con las generaciones futuras para que no tengan que heredar el coste de unas cuentas públicas insostenibles. Con esta reforma aseguramos un ejercicio de la autonomía con mayor responsabilidad y lealtad y garantizamos ambos principios a través de una coordinación amplia y rigurosa. Creemos que el mejor control del cumplimiento de los límites presupuestarios es aquel que se ejerce de forma compartida, desde la colaboración política y la cooperación institucional, y así lo hemos plasmado en este acuerdo.

Señor presidente, señorías, la gran virtud política de esta reforma es que nace de un gran acuerdo entre los dos partidos nacionales mayoritarios, un compromiso de futuro, desde dos visiones ideológicas diferentes pero con el horizonte compartido de que sin estabilidad presupuestaria no volveremos a crecer ni a crear empleo; un compromiso de concordia en el que se siente reflejado el Partido Popular, que responde a nuestra forma de entender la política, desde el diálogo y la moderación, y del que queremos que se sienta partícipe el conjunto de la sociedad española. Por eso queremos abrir este pacto al resto de los grupos políticos, desde la voluntad incluyente que ha hecho posible este acuerdo. Pedimos el apoyo para esta reforma y para lo que significa y pedimos su apoyo a todos aquellos que creen que no es bueno gastar más de lo que se ingresa, a los que quieren preservar


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los derechos sociales, a los que piensan que no podemos hipotecar el futuro de los jóvenes españoles, a aquellos a los que no les gusta ver cómo los presupuestos de su país, de su comunidad autónoma o de su ayuntamiento destinan más recursos a pagar los intereses de la deuda que a invertir en educación o en sanidad. Eso es lo que se recoge en este artículo, estos son los valores que orientan esta reforma, de eso es de lo que estamos hablando hoy y lo que vamos a votar esta mañana.

Señorías, señores diputados, los grupos proponentes ostentamos una presencia parlamentaria muy por encima de lo que exige nuestra propia Constitución para la aprobación de reformas ordinarias, pero es intención de mi grupo, como entiendo lo es también del Grupo Socialista, hacer los esfuerzos que correspondan, no escatimar ninguno de ellos para sumar voluntades a este consenso. El pacto que hemos alcanzado los grupos que representamos a una mayoría muy amplia de los ciudadanos de este país, que expresamos su sentir, marca un camino respecto a la reforma constitucional, esta y las que más adelante pudieran producirse. Se ha escrito que la tradición de reformas constitucionales en España es la de un doble fracaso: reformas sin consenso y, en defecto de consenso, cambios sin reformas. Aquí traemos una reforma con consenso, con sentido, con una base sólida y de una constatada necesidad. Pedimos para su toma en consideración, con total humildad pero también con total convicción, el asentimiento de la Cámara.

Muchas gracias, señorías. (Prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.

¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) Lo solicitan el Grupo Catalán de Convergència i Unió y el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida. En tal caso, corresponde la palabra al señor Duran, si es el que lo va a defender, por tener mayor número de diputados que el otro grupo que lo solicita.

El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, seguramente hay otros grupos parlamentarios, como acaban de evocar, que tienen argumentos incluso distintos para estar en contra de la propuesta de reforma de la Constitución que propone el Grupo Popular y el Grupo Socialista o el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Pero creo que Convergència i Unió junto a Izquierda Unida, en la medida en que también representa al Partido Comunista de España, estamos más legitimados que otros, sin que a nadie por supuesto le falte legitimación, para ejercer este turno en contra. Al fin y al cabo, participamos en el proceso constituyente, nos implicamos en él, defendimos la Constitución, intervinimos en el diálogo, formamos parte del consenso que desgraciadamente hoy no existe.

Ustedes, señorías, de las dos bancadas mayoritarias proceden hoy a la reforma de la Constitución sin contar para nada con nosotros. Quiero dejar claro en sede parlamentaria que esta actitud de los dos grandes partidos que ustedes llaman nacionales significa para nosotros una ruptura del proceso constituyente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor

El señor DURAN I LLEIDA: Lo reitero: significa para nosotros -y estoy expresando mi opinión y la del grupo parlamentario- una ruptura del proceso constituyente. La Constitución no fue solo objeto del PP y del PSOE, la Constitución es y existe gracias a todos. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Catalán.) Y especialmente, si fuese por algunos diputados de alguna bancada, ni tan siquiera existiría.

La sentencia reciente del Tribunal Constitucional, tanto o más que la letra, todo el proceso que la rodeó y el espíritu de humillación de una mayoría de magistrados hacia los sentimientos, historia y derechos de nuestro país, supuso ya una ruptura. Lean, señorías, el libro reciente de diálogos entre Felipe González y Miquel Roca, donde ambos coinciden en que algo se ha roto. Y efectivamente, si algo se ha roto, ustedes con esta proposición de ley lo fracturan todavía más. Es una ruptura por las formas y los contenidos, y es una agresión también por las formas y los contenidos. No sé si son conscientes, señorías, de que de no corregir la dirección que se está adoptando va a producirse finalmente un choque de trenes, un choque cuyas consecuencias políticas ni ustedes ni nosotros conocemos, pero sí sé que ni a ustedes ni a nosotros nos interesan y que ni para ustedes ni para nosotros serían positivas. Por tanto, les advierto que de continuar profundizando por la vía de la ruptura que sigue esta reforma constitucional nos llevaría a esas consecuencias. (Rumores.) Nos produce escalofríos -a pesar de algunas interrupciones- pensar que pueda dar igual a algunas fuerzas políticas que Convergència i Unió, que intervino en la Constitución, pueda sentirse no identificada con la misma.

Permítanme, señorías, explicar las razones de forma y de contenidos de la ruptura. Quiero dejar sentadas no obstante, previamente y sin matiz alguno, un par de precisiones. Quede claro, señorías, ante ustedes y ante quien sea necesario, que Convergència i Unió comparte el principio de estabilidad presupuestaria, lo demuestra día a día con su tarea al frente del Gobierno de la Generalitat que, por cierto, algunos critican aunque el próximo viernes van a votar esta reforma presupuestaria. Convergència i Unió es consciente además de la coyuntura en que se produce la reforma; una reforma de la Constitución profundamente estructural por las razones que después explicaré. Si fuese solo pensando en las fuerzas políticas que lo presentan, en la España que configuran a través de la reforma, les enviaríamos con todo el respeto -que lo es, lo tengo y lo tenemos- a paseo. Pero sin duda la situación económica, la financiera propia de Cataluña gracias a la herencia recibida, los posicionamientos de las instituciones europeas, la


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necesidad de credibilidad frente a las instituciones y los mercados a los que habrá que seguir acudiendo deberán tenerse en cuenta a la hora definitiva de tomar la decisión sobre esta proposición de ley.

Decía que era ruptura del proyecto constituyente por razones de forma y por razones también de fondo. Por razones de forma apunto dos. Modificar la Constitución requiere sosiego y consenso y es impresentable e inadmisible que se haga una reforma exprés de la Constitución en cuatro días. Y esto, señorías, por mucho que les duela, lo interiorizan todos y cada uno de ustedes; saben que no es de recibo proceder a una reforma constitucional exprés en cuatro días. Si además eso se hace sin el consenso del resto de las fuerzas políticas, de aquellas que especialmente también intervenimos en la Constitución, se agrava esta falta de sosiego y de consenso. Un consenso, se decía antes, que existe porque existe entre el PSOE y el PP; los demás, al parecer, no contamos. Esa es la España que ustedes defienden, la que empieza y acaba en el Partido Socialista y en el Partido Popular.

Segunda razón por la que, por motivos formales, nos oponemos a esta reforma de la Constitución. Modificar la Constitución requiere seriedad. Claro que se debe limitar el déficit estructural, pero para ello hay que plantearse si es o no necesario una sustitución o un cambio constitucional. Para nosotros lo que se requiere es una actuación legislativa y ejecutiva ordinaria adecuada a los ingresos. Durante estos tiempos pasados hemos echado la casa por la ventana -que es lo que se ha hecho durante los últimos años- y ahora se ven obligados a sobreactuar ante los mercados para impedir a corto plazo nuevas crisis financieras. Hoy lo decía el propio presidente González en un artículo en el diario El País, aunque no lo comparto en toda su lectura, pero venía a decir que lo que hoy se hace es sinónimo de fracaso. Y significa también una ruptura por razones de fondo que voy a intentar explicar. Limitar la autonomía financiera de las comunidades autónomas al incrementar el rango legal del principio de estabilidad presupuestaria va en contra del actual reconocimiento de autonomía financiera de la Constitución española. En el artículo 135.1 lo que se pretende es aquello que pretendía, por otra parte, el Partido Popular coherentemente y que es recentralizar el Estado y con lo que el Partido Socialista -no me lo pueden negar- estaba en contra hasta la semana pasada. Si analizamos el artículo 135.2, el límite máximo de déficit estructural -a diferencia de lo que se establece en el artículo 135.3 respecto a la deuda máxima- se fija a través de dos parámetros: primero el europeo y segundo el que instituya una futura ley orgánica. Estamos en contra de que se fije por ley orgánica, creemos que sería suficiente el referente europeo y que, tal como dije antes y como defendían hasta hace bien poco el propio Grupo Parlamentario Socialista, el propio Gobierno y la propia vicepresidenta económica, sean los parlamentos autonómicos los que establezcan ese límite de déficit. Cataluña va a hacerlo muy próximamente. Cuando el Gobierno así lo estime oportuno, así lo va a confirmar. Además, en la misma norma en que se fija el déficit estructural máximo, ¿por qué no introducir también el déficit estructural territorial máximo entre comunidades autónomas y Estado? ¿No dicen seguir ustedes el modelo alemán? ¿Ignoran ustedes que existe una sentencia del Tribunal Constitucional alemán donde queda claro que hay un máximo de déficit territorial estructural entre los Länder y el Estado o la federación? Por cierto, hablando del modelo alemán, en el artículo 135.2 de la reforma que ustedes proponen se atribuye en exclusiva al Estado la facultad para fijar el déficit. Si bien es cierto que la actual Ley General de Estabilidad Presupuestaria del Estado ya fija los objetivos de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas, esta lo hace a través de un mecanismo de participación bilateral y multilateral y dejando un margen de concreción a las comunidades autónomas. Con la reforma que ustedes proponen se diluye la intervención autonómica como si se tratase de un Estado unitario -que no lo es- el que prefigura la Constitución que hoy ustedes pretenden modificar. Sobre la reforma alemana conviene que ustedes lean y relean el artículo 109 de la Constitución alemana y sin duda se sonrojarán. Además, en el caso alemán, los Länder tuvieron protagonismo en la reforma constitucional que dicen inspira la que ustedes presentan; por ejemplo, la comisión que redactó los proyectos de reforma estaba integrada paritariamente por representantes de la federación, es decir del Gobierno del Estado, y del Bundesrat, es decir de los gobiernos de los diversos Länder. En nuestro caso su equivalencia serían los gobiernos de las comunidades autónomas. Es más, a lo largo de la tramitación se incorporaron diversos representantes de los parlamentos de los Länder para llegar a configurar el resultado final de la reforma de la Constitución alemana, cosa que, por supuesto, aquí no ha existido sino todo lo contrario. No se excusen en Alemania, tengan la dignidad de reconocer que lo que hacen es pura y simplemente, aparte de romper, como dije antes, el consenso constitucional, laminar la capacidad financiera de las comunidades autónomas y la autonomía financiera. Y sin autonomía financiera no hay autonomía política y sin autonomía política no puede hablarse del Estado de las autonomías.

El artículo 135.3 establece que el Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Intuyo, por afirmaciones respectivas del Partido Socialista y Partido Popular, que la reserva de ley que se incluye, al no afirmar expresamente que se trata de una ley estatal, hace referencia tanto a la ley estatal como a la ley de los parlamentos autonómicos. Finalmente, quiero hacer referencia también al artículo 135.3 en cuanto que establece el máximo de deuda pública. Ignoro que exista otra Constitución en Europa, incluida la alemana -y si ustedes me corrigen, con mucho gusto aceptaré humildemente la corrección- que incluya también la deuda, aparte del déficit, cosa que hace a través del procedimiento ya explicitado la Constitución alemana. Polonia,


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me dice el señor presidente. Pues si es así, yo le admito la excepción, cosa que ignoro y así reconozco. El artículo 135.3 contradice, como ya señalé antes, al 135.2 al no remitir a ninguna ley orgánica el establecimiento de ese tope de futuro. Me atrevo a decir, por otra parte, que la disposición adicional quizás más bien debiera ser -pero no es algo importante para nosotros- una transitoria.

No puedo pasar por alto algo que sin duda está también en el espíritu y en la letra de esta proposición de ley y es el acuerdo político entre ambas formaciones políticas. Un acuerdo político donde ustedes reparten, de cara a lo que va a ser el contenido ya pactado y acordado por ambas partes de la futura ley orgánica, un déficit estructural del 0,26 por ciento del producto interior bruto nacional para el Estado y un 0,14 por ciento del producto interior bruto para las comunidades autónomas. No estamos de acuerdo. En primer lugar, porque ignora a las entidades locales, a las corporaciones locales, y en segundo lugar, porque estimamos más justo igualar la exigencia de déficit estructural a las comunidades autónomas que al Estado. Es cierto que esto hoy está calculado en base a unas cifras de gasto donde hay grandes partidas -dos particularmente como son las prestaciones de desempleo más los intereses de la deuda-, pero también es cierto que hay que suponer que para 2013-2014 España no tendrá, espero, las cifras de paro que tiene y no tendrá que pagar el importe que paga por el interés de la deuda. Consecuentemente, nos parece que el reparto es adecuado a la actual realidad pero nos parece que es injusto de acuerdo con la perspectiva de futuro, todo insistiendo además en lo que representa marginar a las corporaciones locales para las que también nosotros proponemos un déficit estructural del 0,4 por ciento.

Acabo, señorías, como empecé porque se acaba mi tiempo. No es necesario a nuestro juicio establecer el principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución aun estando de acuerdo con ello, y menos necesario es todavía que ese principio de estabilidad presupuestaria se fije en una ley orgánica. Es a nuestro juicio esperpéntico que con nocturnidad y alevosía, al margen de grupos parlamentarios que intervinimos en la redacción, defensa y aprobación de la Constitución, rompan y hagan añicos el consenso constitucional. Creo sinceramente que con esta reforma se limita además la capacidad de las comunidades autónomas y creo sinceramente, con todos mis respetos, que les ha faltado ética política en la propuesta de esta reforma.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.-El señor Ridao i Martín pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Duran.

¿Sí, señor Ridao?

El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, en nombre de nuestro grupo parlamentario y atendiendo a la flexibilidad en la ordenación que el señor presidente ha anunciado en la Junta de Portavoces que iba a tener durante todo el debate, nuestro grupo parlamentario había solicitado también el uso de este turno en contra y atendiendo, insisto, a esa flexibilidad, nos gustaría que la Presidencia estimara esa posibilidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Pausa.)

Señor Ridao, el Reglamento no tiene una previsión exacta, cuando se produce un turno en contra solicitado por dos grupos, de cuál de ellos es el que debe intervenir. La costumbre es que utilice ese turno el grupo que tenga mayor importancia numérica en lo que a la composición de diputados se refiere. A la Presidencia, en esa laxitud de la que hablaba su señoría y habida cuenta de la importancia del debate, no le parece que resulte contrario al espíritu del Reglamento que si su señoría desea manifestar su posición contraria a la proposición en este momento pueda hacerlo si no hubiera dificultad por parte del grupo que acaba de efectuar la intervención. Si el grupo que acaba de efectuar la intervención desea que quede, como ha sido costumbre, aislada esta posición y que las réplicas se puedan producir ahora por parte de los proponentes al Grupo Catalán, estará en su perfecto derecho. Y en estas circunstancias es en las que procede preguntar si el Grupo Catalán desea que se manifieste ahora el Grupo de Esquerra Republicana o que lo haga, como ha sido tradicional, en fijación de posición.

El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.

A pesar de que en la anterior legislatura existen antecedentes en sentido contario, no tenemos inconveniente alguno en que Esquerra Republicana pueda hacer uso de la palabra.

El señor PRESIDENTE: Yo le agradezco mucho al señor Duran su posición porque de este modo lo que hace es facilitar lo que en aplicación de precedentes no le correspondería al Grupo de Esquerra Republicana. Le manifiesto mi agradecimiento por su generosidad.

Señor Ridao, tiene la palabra.

El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente, también al señor Duran i Lleida por su deferencia hacia nuestro grupo parlamentario.

Señorías -ya se ha dicho por otros intervinientes-, la primera cuestión que llama poderosamente la atención de esta reforma es la forma en que se plantea. En democracia las formas son también parte del contenido, fíjense si no: se nos dice que este es un acuerdo urgente, imprescindible, necesario, tanto que ha debido ser cocinado por PP y PSOE durante el mes de agosto, pero cuya efectividad plena -oh, maravilla de las maravillas- se difiere para 2020. Menuda urgencia, señorías. En cualquier caso, lo relevante es que con tanta prisa ambos grupos se han olvidado no solo de los grupos parlamentarios


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de esta Cámara sino de lo ciudadanos, a los que han hurtado el necesario debate a través de una consulta ciudadana, de un referéndum, lo cual, por cierto, evidencia que en el actual contexto de desafección, de descrédito de la política, con 15-M o sin él, hay quien no se enmienda, hay quien no quiere modificar este obsoleto sistema político que presenta, por lo visto, una absoluta falta de modernidad, de transparencia, que presenta un debate más bien lacerante. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Resulta que PP y PSOE, que en apariencia, como hemos visto a lo largo de esta legislatura, no están de acuerdo absolutamente en nada, a excepción evidentemente del modelo de Estado, se despachan en una sola semana y con sordina toda una reforma constitucional y, por cierto, ambos grupos lo hacen descerrajándose un tiro en el pie, porque escuchando algunos discursos esta misma mañana ahora resulta que lo que era sagrado, inviolable e intocable so pena de poner en cuestión, de amenazar la concordia, incluso la paz social, se puede cambiar por un simple procedimiento más propio de una insolación veraniega. Señorías -lo digo con el debido respeto-, la próxima vez que se nos diga en esta Cámara que se puede reformar la Constitución y hacerlo además de esta forma, perdónenme, pero al menos nuestro Grupo se va a dar un panzón de reír.

En segundo lugar, otra cuestión que quiero traer a colación es la oportunidad y la motivación de la reforma, y no insistiré mucho porque a estas alturas todo el mundo sabe que no se trata de una reforma sobrevenida y urgente con una medida y una receta milagrosa para reactivar nuestra maltrecha economía, no; de lo que se trata es de una simple imposición del Banco Central Europeo, de la señora Merkel, de la derecha europea, es el oneroso peaje que ustedes -ambos- están pagando a cambio del rescate de la deuda pública del mes de julio, a cambio del plácet alemán a la emisión de eurobonos. O sea, aquí el problema realmente no es el déficit público, es el déficit de credibilidad que tiene sobre todo el Gobierno y también el Partido Popular que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas, a las que se les impone no un simple cambio legal, sino toda una reforma constitucional que no es solo innecesaria, porque es una sobreactuación y una auténtica impostura. Ustedes saben perfectamente que con la Ley de Estabilidad y con el Plan europeo de estabilidad sería suficiente. Pero además de innecesaria es una reforma ideológicamente muy peligrosa porque sigue la pauta neocon de la derecha europea, porque además atiende lo que dicen los papeles de FAES y del señor Aznar, que es el auténtico padre de esta reforma y porque ustedes van a petrificar en un texto constitucional un mecanismo rígido, que va a impedir de cara al futuro poder atender con la necesaria flexibilidad cualquier situación de recesión económica y que además incidirá de forma muy negativa en capítulos como la inversión pública o el gasto social. Están ustedes perpetrando, por decirlo de alguna forma, la auténtica aniquilación ideológica de las políticas neokeynesianas. Es el último golpe, señores del PSOE, que ustedes están asestándole a la izquierda en la presente legislatura y a una posible salida social de la crisis.

En tercer lugar, no hay mal que por bien no venga, señorías, y al final algunos se han salido con la suya, porque resulta que, aunque sea bajo el dictado de Frau Merkel, ustedes se van a cargar el último resquicio que tenían las comunidades autónomas y también las corporaciones locales que les molestaba, que era la posibilidad de controlar la disciplina presupuestaria, su auténtica autonomía financiera. Además de que esta reforma impone un comportamiento fiscal homogéneo para todas las comunidades autónomas, señorías, esta reforma prescinde absolutamente del hecho de que hay comunidades autónomas que tienen más competencias que otras, incluso ello ha generado un histórico de deuda distinto. Da igual también en esta reforma si tienen o no superávit o déficit fiscal. Quiero recordar que si Cataluña fuera soberana fiscalmente, tendría un superávit del 6 por ciento del PIB y ahora, contrariamente, tiene un 10 por ciento del PIB de déficit.

En cuarto lugar, tampoco les importa nada aparentemente si la estructura de gasto de las comunidades autónomas es más o menos rígida o indisponible, habiendo de destinar casi un 80 por ciento de su presupuesto a la política social, cosa que no debe hacer el Estado. Por tanto, ustedes le cargan nuevamente el muerto a las comunidades autónomas; y punto. Y encima prevén y están hablando de la posibilidad de mayor déficit para el Estado que para las comunidades autónomas. Claro está que los centralistas, tanto el PSOE como el Partido Popular, no van a reconocer nunca que quien tiene mayor capacidad y margen para reducir el déficit es el Estado. Por cierto, si ustedes quieren ser como los alemanes, séanlo en todo, por ejemplo, reduzcan un 40 por ciento, como han hecho este año el presupuesto del Ministerio de Defensa, eliminen los ministerios que concurren deslealmente con las comunidades autónomas, abandonen, por cierto, esa manía tan costosa y obsesiva de llevar el AVE de Madrid no al cielo sino a cualquier capital de partido judicial.

Señorías, ya me perdonarán, pero el problema del déficit público, en buena parte lo que nos trae también a este debate, es la mala cabeza de este Gobierno en la actual legislatura, ¿o no se acuerdan del gravísimo deterioro para las cuentas públicas que supuso ese auténtico derroche y esa auténtica borrachera propagandística de 140.000 millones de euros en todo tipo de cheques y deducciones fiscales en 2009, que fue, como ustedes saben, el año de mayor desequilibrio fiscal, con un 11,2 por ciento del PIB de déficit? Parte de este déficit se fue evidentemente a pagar el paro como estabilizador automático, pero, señorías, otra parte muy importante se fue como consecuencia de la debacle, de la bajada pavorosa de ingresos públicos a través de los impuestos, porque tenemos una presión fiscal que recae sobre los asalariados y una fiscalidad para las rentas altas que se parece más bien a la de Burkina Faso.


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Acabo, señorías. Nosotros, a diferencia de otros grupos como Convergència i Unió en su día, habiendo participado en el debate constituyente, no votamos la Constitución. Como ustedes saben, nuestra prioridad en absoluto es la reforma. Diría más, si se abre el melón de la reforma constitucional, sería mucho peor que lo que se hizo en 1978, pero, ¿qué quieren que les diga? Como demócratas y como catalanes, que además pagamos impuestos y podemos exigir un trato justo y equitativo, no podemos concebir en ningún caso que la Constitución sea una especie de jaula colectiva, que solo se pueda manosear y reformar cuando ustedes, PP y PSOE, quieran; que cuando nosotros planteemos aspectos como el concierto económico, la autodeterminación o, por qué no incluso, la república, ustedes nos estigmaticen. Por eso, nosotros no les vamos a seguir el juego en absoluto. No vamos a participar en esta farsa. Nosotros no solo vamos a votar en contra sino que no vamos a legitimar de ninguna manera este proceso. No se me ocurre mejor signo de desaprobación. Diría más: es el único acto de dignidad política posible, al que invito también a otros grupos de la Cámara para no normalizar y no legitimar este auténtico desaguisado.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.

Señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, agradezco la generosidad del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de la misma manera que afeo la falta de generosidad de los dos grupos parlamentarios proponentes. Hablo en nombre de un grupo parlamentario y hablo en nombre de una fuerza política dentro de la cual participa uno de los ponentes constitucionales, el Partido Comunista de España, al que ni siquiera se le ha dado el trámite de audiencia. No se nos ha llamado ni se nos ha tenido en cuenta; se nos ha ninguneado. Esa es una cuestión que quizá tiene que ver con la ruptura del consenso constitucional. Es una cuestión muy importante que hoy se ve de manera plástica en esta Cámara. Si la Constitución tenía un determinado volumen de apoyos desde el punto de vista de la pluralidad política y territorial del país, su reforma constitucional rompe desde ese mismo punto de vista el consenso constitucional. ¿Por qué, señorías? Porque se trata de un golpe a la Constitución, porque es un forma moderna del caballo de Pavía. Es una forma moderna de abrir un periodo de restauración y de involución democrática en nuestro país. Este golpe a la Constitución supone algo muy importante y por eso digo que no es una reforma parcial, que es una reforma total de la Constitución. Ustedes sustituyen una querencia del Grupo Parlamentario Popular, que es la soberanía de la Nación española, y otra -con la que podemos estar más de acuerdo-, que es la soberanía de los ciudadanos por la soberanía de los mercados; es decir, el constituyente a partir de esta reforma son los mercados y la especulación financiera. Es toda una degradación de nuestra Constitución, que termina siendo un balance de pérdidas y ganancias que juega en Bolsa. Esa es la realidad cuando se habla de confianza y de las empresas de rating en relación con esta reforma constitucional.

Además, señorías, lo hacen ustedes de una forma inaceptable. Como parlamentario me rebelo ante una iniciativa que me ningunea, ante una iniciativa que prescinde de mi autonomía política y que prescinde además de mi derecho de participación política. Vulneran ustedes también un principio fundamental de la Constitución: el derecho de participación y representación política de los parlamentarios. Una reforma constitucional, señorías, no se puede presentar en agosto con agosticidad y alevosía. Una reforma constitucional no se puede tramitar en cuarenta y ocho horas. Una reforma constitucional no puede hacerse mediante el trámite de lectura única. Si hay algo esencialmente parlamentario es la enmienda, la negociación, el acuerdo, la transacción y, finalmente, la votación. Ustedes nos hurtan buena parte de nuestra libertad y buena parte de nuestra representación parlamentaria. Si no lo veo, no lo creo. Me parece un desvarío -desvarío veraniego pero desvarío- que los que otrora hablaban de la sagrada Constitución, ahora en horas veinticuatro pasen de la Constitución sacralizada a la Constitución balance de pérdidas y ganancias. Señorías, es de todo punto inaceptable.

Además, lo hacen por unas razones que en nuestra opinión no se sostienen. Señorías, hablan ustedes del rigor presupuestario, hablan del equilibrio y de la estabilidad. Da la impresión de que hemos estado en una fiesta y ahora hay que hacer penitencia; podríamos denominarlo el calvinismo constitucional. Pues bien, señorías, la buena parte o la mayoría de la ciudadanía española no ha participado en su fiesta, no la llamen ustedes a la penitencia, porque no es verdad, señorías, que esta reforma constitucional busque el equilibrio, busca el desequilibrio, busca imponer de todas formas la opulencia y el despilfarro privado, que son los dos tercios de la deuda de este país, e imponer la austeridad pública, la restricción a la iniciativa pública. Si aplicáramos el compromiso que ustedes tienen en forma de ley del 0,4 por ciento del déficit, ¿saben ustedes cuántos años cumpliría ese compromiso la OCDE en los veinte últimos años? Ni un solo año, ni uno, señorías. ¿Saben cuántas veces cumpliría ese compromiso la Unión Europea? Ni un solo año cumpliría ese compromiso del 0,4 de déficit estructural. ¿Y saben -digamos- nuestro mandato franco-alemán cuánto cumpliría ese compromiso? Prácticamente nada. En los últimos veinte años Francia no ha cumplido ni un solo año con ese criterio de déficit y Alemania un solo año de veinte. ¿Saben lo que significa eso? Que para hacer políticas públicas, para remontar las crisis económicas es fundamental el margen de maniobra que ustedes hoy le niegan al poder público. Por lo tanto, no se trata de rigor, no es verdad, y tampoco se trata de estabilidad, se trata fundamentalmente de recortes


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sociales, se trata de privatizaciones y se trata de recesión económica. Eso es lo que ustedes están entronizando en el día de hoy, el fracaso del ajuste frente a la crisis, eso es lo que convierten ustedes en principio constitucional. No es verdad pues buena parte de su razonamiento sobre esta reforma constitucional.

Señorías, esta reforma constitucional no es una reforma parcial, afecta al título preliminar, a la soberanía del pueblo español; afecta al Estado democrático y social, afecta también al título I, afecta a los derechos sociales. Por lo tanto, se trata de una reforma dura y, como tal, hay que tratarla: hay que acordarla, hay que disolver la Cámara y hay que convocar referéndum. Es decir, no se trata del artículo 167 que ustedes graciosamente aplican -graciosamente digo- ignorando la participación de la ciudadanía; no, se trata del artículo 168 cuando se modifican aspectos esenciales y nodales de la Constitución española. Por lo tanto, señorías, el referéndum es ineludible. En el espíritu y en la letra de la Constitución el referéndum está fundamentalmente en torno a las reformas globales, pero también en cualquier reforma parcial. Cuando el constituyente estableció el 10 por ciento de diputados y senadores lo que quería decir es que el referéndum es un mecanismo necesario de apelar a la voluntad popular en relación con la reforma constitucional. Señorías, golpe a la Constitución, secuestro de la voluntad popular, negación de la iniciativa parlamentaria y, por qué no decirlo, de la autonomía de la política y de la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

Termino, señorías, planteando que se rebelen. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Señorías, para lo que nos queda en el convento podríamos hacer un acto de dignidad: decir que de esta manera, no; de esta forma, sin participación popular, no; de esta forma, al margen de la participación y la intervención parlamentaria, no; de esta manera también, en que desde fuera y desde los mercados nos imponen una nueva soberanía en la Constitución, tampoco. Señorías, por eso les pido que se rebelen retirando esta iniciativa, convocando elecciones y permitiendo que opine la ciudadanía; es la forma más fácil de permitir el debate público. Si lo mantienen, les pido que sometan esta iniciativa a referéndum porque la naturaleza de la misma obliga, pero también porque la sensibilidad democrática debería conllevar el referéndum. En todo caso, les pido que permitan las enmiendas, el trámite en Comisión, que permitan la actividad de los parlamentarios, que nos reconozcan como dignos parlamentarios y no como un rebaño de ovejas. No lo somos ni lo vamos a tolerar.

Señorías, termino con una referencia a El mercader de Venecia de Shakespeare. El mercader de Venecia se salva finalmente por el amor y por la política, porque la ciudad se pone del lado del amor y de la política. Ustedes se están poniendo del lado de la usura. Señorías, ese no es el papel de la ciudad, ese no es el papel de la democracia.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

¿Desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) En primer lugar tiene la palabra don José Antonio Alonso.

El señor ALONSO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, quisiera responder brevemente a algunas de las cosas que se han dicho desde esta tribuna.

El señor Duran sabe -se lo digo con todos los respetos que sabe que le tengo- que el Grupo Parlamentario Socialista tiene un interés -así se le ha dicho y, si no, se lo digo yo ahora desde esta tribuna públicamente- clarísimo en llegar a un consenso con ustedes y con todos los grupos de la Cámara que sea posible fundamentalmente por dos razones: porque ustedes efectivamente estuvieron en el proceso constituyente y porque ustedes gobiernan Cataluña, así como por una tercera razón que usted ha incorporado en el debate de hoy. Me dice que está de acuerdo con el principio de estabilidad presupuestaria y con el análisis por el cual se debe llegar a ese principio -ahora entraremos en si debe estar o no en la Constitución, como nosotros patrocinamos- y en los objetivos del mismo. Creo que ahí no hay mayor discusión. En consecuencia, señor Duran, desde el punto de vista material, de lo que usted ha llamado el fondo, lleguemos a un acuerdo. Hoy iniciamos el proceso de reforma constitucional, lo concluiremos el día 2 y por tanto tenemos tiempo para ello.

Usted objeta razones de lo que ha llamado forma, y yo le quiero responder que las ha referido fundamentalmente al tiempo en el que se produce la reforma y le digo que lo necesitamos ahora, ya. Las tensiones financieras internacionales son de tal magnitud que lo necesitamos ahora y lo vamos a necesitar en el futuro, por eso la vocación constitucional de meter este principio en la norma suprema y proyectarlo hacia el futuro nace de una exigencia lógica que se produce ya, en estos momentos. Tenga en cuenta usted, que es una persona bien informada, lo que ha pasado en el mes de agosto y tenga en cuenta lo que va a pasar o puede pasar en el futuro. Por tanto, esas tensiones y el coste para el bienestar de todos los españoles justifican objetivamente la introducción de este principio contundente a nivel -de ahí la contundencia formal- constitucional.

Señor Duran, nosotros compartimos objetivos y destino con Europa. Hay un argumento que no me puede negar, y es que esto lo hizo Alemania en su día y lo van a hacer Francia e Italia, al igual que nosotros. Como comprenderá, los grandes países de la eurozona no se ponen de acuerdo en algo tan importante como esto porque sí; se ponen de acuerdo porque está justificado objetivamente, porque es razonable. Y más allá de que sea razonable, que lo es, porque es absolutamente necesario para la estabilidad de toda la zona euro.

Finalmente quiero decirle dos cosas más. En primer lugar, que no es cierto que la reforma limite la autonomía


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financiera de las comunidades autónomas, basta leer el artículo 135.6. Le vuelvo a remitir a lo que usted acaba de decir desde esta tribuna, creo que no tiene -y se lo digo con todos los respetos y con todo el cariño- ninguna coherencia decir que el cálculo de déficit estructural lo dejemos en manos de Europa y al tiempo que las comunidades autónomas quieran participar en el cálculo del déficit estructural. El modelo que hacemos aquí es el cálculo a través del Gobierno y se crea una institución de colaboración Gobierno-comunidades autónomas que refuerza la coordinación fiscal. Por consiguiente, señor Duran, nosotros queremos el consenso, yo creo que ustedes deben estar en condiciones objetivas de entrar en ese consenso y estaríamos encantados de que así fuera, insisto, porque estuvieron en el proceso constituyente y porque ustedes gobiernan Cataluña. Lo mismo le podría decir al representante de Esquerra Republicana, por lo tanto, ahí van mis palabras: vengan, si lo desean, al consenso.

En cuanto a Izquierda Unida, señor Llamazares, el que no quiere oír, no quiere oír. Es verdad el refrán de que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Le estoy diciendo -y ese es un dato objetivo- que las tensiones financieras en toda la Unión Europea han llegado a un límite que, de mantenerse en el tiempo, pondría en riesgo la sostenibilidad del Estado del bienestar. Si usted está por el Estado del bienestar tiene que estar con este razonamiento porque este razonamiento se traduce en un coste de financiación de miles de millones de euros de los que no dispondríamos para dedicarlos a políticas progresistas. Esa es la realidad y esa realidad es absolutamente indiscutible desde cualquier análisis imparcial de buena fe y desde cualquier análisis que tenga en cuenta el interés supremo de sus ciudadanos y sobre todo de los ciudadanos que más dependen de esos servicios sociales públicos esenciales. Por lo tanto, creo que no hay ningún motivo para que ustedes no lleguen a un consenso, el consenso que han anticipado las dos grandes fuerzas políticas de la Cámara. (Aplausos.)

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.

Tiene la palabra doña Soraya Sáenz de Santamaría.

La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, presidente.

Señorías, me gustaría poner el acento en algunas cuestiones que se han oído aquí y que creo que merecen respuesta. En primer lugar, quiero poner en valor que aquí traemos los dos grupos parlamentarios una reforma consensuada y no impuesta, una reforma que cuenta con el respaldo de más del 90 por ciento de los representantes en esta Cámara.

A lo largo de esta legislatura hemos oído y mucho hablar de falta de consenso. Desde esta tribuna hemos visto mirar desde esta tribuna a uno y otro lado de la bancada y reclamar que nos pusiéramos de acuerdo. Ahora, algunos grupos parlamentarios critican que lo haya. Hemos oído a muchos de los que han intervenido con anterioridad pedir un pacto hasta de Estado, reclamar un gran consenso. Hoy lo hay y yo les pido que se sumen a este acuerdo. Estamos dispuestos a hacer los esfuerzos para que así sea, para poder incorporar a cuantos más grupos parlamentarios quieran participar de esta voluntad, de este diálogo y de esta moderación en este acuerdo. Señorías, el consenso no es bueno según quien lo proponga sino según lo que disponga, y el contenido de esta reforma es imprescindible, es necesario para devolver la confianza, para garantizar la estabilidad, para proteger los derechos sociales. Se ha hablado de la premura y, sin ánimo de generar controversias, no es responsabilidad del Grupo Parlamentario Popular este asunto. Hace más de un año que se reclamó también en esta Cámara y hemos trabajado mucho en ello y queremos seguir trabajando con el fin de que más grupos puedan sentirse identificados con esta reforma.

Se ha hablado aquí de autonomía. Yo lo he mencionado de salida en mi discurso, no encontrarán ninguna sola competencia, ninguna sola afectación al título VIII de la Constitución, que está plenamente vigente. Señorías, seamos sinceros, hoy no estamos hablando de autonomía, estamos hablando de responsabilidad. Estamos hablando de que ningún gobierno nacional, ningún gobierno autonómico, ningún gobierno local tiene por qué encontrarse con el agujero de lo que le dejen otros; de que cualquier gobernante político tiene que gestionar con responsabilidad y con austeridad los recursos públicos, y de que no se puede imponer el despilfarro para que los recortes y los ajustes los lleven a cabo otros. He oído algunas citas a la reforma alemana y quiero decir que esta no es ni menos federalista ni menos autonomista. Quiero recordar que el límite de la Constitución alemana a la deuda de los Länder es sencillamente de cero. Creo que hemos trabajado para un gran esfuerzo.

El debate, de lo que hablamos hoy, es sobre la estabilidad presupuestaria, y la ley que cumplirá el artículo 135 de la Constitución es una ley orgánica de estabilidad presupuestaria. Hoy el debate es ese y no otro. Hoy se está hablando de cómo garantizamos el equilibrio de las cuentas públicas, hoy se está hablando de cómo devolvemos la confianza a los españoles dentro y fuera de nuestras fronteras, hoy se está hablando de las medidas que tenemos que adoptar para garantizar el Estado del bienestar, para garantizar los derechos sociales, para evitar que los gobernantes de un día al final acaben mermando los derechos sociales de los españoles del mañana. De eso se está hablando hoy. Otros días, en otros momentos, a lo largo de esta legislatura -me imagino que en la siguiente- se hablará de otras leyes y de otras cuestiones, y de la financiación, de la que se ha hablado mucho y se seguirá hablando, no me cabe ninguna duda, pero este no es el debate de hoy. El debate de hoy es el equilibrio de las cuentas públicas, el debate de hoy es el de la estabilidad presupuestaria, el debate


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de hoy es el de la garantía del Estado del bienestar, el debate de hoy es el de los derechos sociales de los españoles, el debate de hoy es no pasar a las generaciones futuras los desmanes de los gobernantes presentes. Ese es el debate de hoy. (Aplausos.)

Señorías, termino ya. Esta es una reforma planteada desde la moderación y todos aquellos que comparten con el Grupo Parlamentario Popular esa idea de moderación creo que pueden sentirse incluidos en este acuerdo. Desde luego, por parte del Grupo Parlamentario Popular y, me consta también, del Grupo Socialista -lo he dicho con anterioridad- haremos todos los esfuerzos para que este acuerdo sea todavía más amplio. Les invito a que se sumen a esa moderación y a ese consenso.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.

Tiene la palabra el señor Duran.

El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.

Por ambos grupos parlamentarios proponentes se evoca la invitación al consenso a Convergència i Unió. Vamos a discutirlo en el proceso de presentación de enmiendas, si eso es posible, pero me deberán admitir que lo que están proponiendo inicialmente es una adhesión. En cualquiera de los casos el movimiento se demuestra andando y, por tanto, vamos a ver si es posible en este sentido algún tipo de acercamiento.

En segundo lugar, se dice que lo necesitamos ahora, cuando yo hice una crítica a las prisas y a la falta de seriedad de la reforma. Lo que España necesita ahora, lo que España necesita desde el inicio de la crisis es una política económica coherente; lo que España necesita desde el inicio de la crisis son reformas estructurales profundas; lo que España necesita ahora es acabar de tramitar -porque cuando hay voluntad política se puede, tal como se demuestra con la reforma de la Constitución- la negociación colectiva; lo que España necesita, porque cuando hay voluntad política se puede, es acabar de reformar el proyecto de políticas activas; lo que España necesita es reactivar el crecimiento económico; lo que España necesita ahora es ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos a crear empleo; lo que España necesita es que se ofrezca una línea de crédito del ICO, como repetidamente he dicho desde esta tribuna, de 32.000 millones con remanentes no gastados, dirigidos pura y simplemente a pequeñas y medianas empresas y a autónomos para lo que son gastos de tesorería, que son los que van a crear empleo y animar el crecimiento económico, que también las instituciones europeas e internacionales critican de España. Eso es lo que necesitamos ahora.

Se dice que lo mismo que hemos hecho nosotros lo ha hecho Alemania. Es cierto, aunque dice que lo ha hecho de manera distinta, señora Sáenz de Santamaría. Insisto, vean y analicen el proceso. Participaron los Länder a través del Bundesrat, que es la Cámara que representa a los gobiernos, digamos, autonómicos. Por tanto, el proceso es radicalmente distinto. Dice que va a hacerse en Francia y en Italia. Bien, si lo hacen igual que lo hemos hecho nosotros estará mal hecho. Espero que lo hagan de manera distinta, con el máximo consenso posible, dialogando entre todos. Se pondrán de acuerdo quienes quieran, pero previamente dialogando entre todos, cosa que no ha existido aquí; el diálogo se ha limitado a dos. Claro que sí, que yo siempre he pedido, señora Sáenz de Santamaría, diálogo entre ustedes y acuerdo. Yo he sido el que, en nombre de Convergència i Unió, he pedido desde el primer día de esta legislatura un pacto de Estado. Claro que sí. Ustedes me dicen: Cuando llegamos a un acuerdo entre PP y PSOE, ustedes que pedían acuerdos nos critican. Lo que sucede es que solo se ponen de acuerdo para ir contra nosotros, y no es la primera vez. Lo han hecho también en la Ley de Puertos para rebajar la capacidad autonómica de todas sus comunidades autónomas (Rumores.), lo han hecho con el aeropuerto de El Prat y en otras ocasiones.

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor DURAN I LLEIDA: Me pide el señor Alonso coherencia en la medida en que digo que si tiene que haber ley orgánica -que no la deseo-, si la tiene que haber, pongamos también el déficit estructural territorial. No es que quiera eso; es que si ustedes apuestan por la ley orgánica y en ella solo quieren poner la limitación de la estabilidad presupuestaria y además con unos porcentajes concretos, tal como configuran en el pacto político, entonces añadamos lo otro. Porque mi opción principal es que no se establezca cantidad o porcentaje alguno en ley orgánica y que sean los parlamentos de las comunidades autónomas quienes lo establezcan. Porque sí hay una limitación de la capacidad financiera que la Constitución reconoce a las comunidades autónomas. No me remita usted, señor Alonso, a la lectura del 135.6 porque este artículo dice: Dentro de los límites de este artículo. Y resulta que los límites del artículo 135, a partir del punto 2, dicen que será una ley orgánica. Por tanto, ya no son las comunidades autónomas, como antes defendían ustedes y defendía la vicepresidenta económica, las que iban a establecer el principio de estabilidad presupuestaria. Por consiguiente, ha habido un cambio de opinión, legítimo, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, pero ustedes han cambiado de opinión y nosotros seguimos en el sitio que estábamos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Duran.

Señor Ridao, tiene la palabra.

El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


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Señorías, señor Alonso, señora Sáenz de Santamaría, ¿cómo puede negarse lo que es obvio? Que ustedes no solo han ninguneado a los grupos políticos de esta Cámara, sino que han prescindido absolutamente de los ciudadanos a la hora de tomar una decisión tan relevante que afectará al día a día y a la cotidianeidad de la gente. Fíjense, en el año 1992 -alguien ha apelado a aquella reforma constitucional del 13.2 para adaptar la Constitución al Tratado de Maastrich- se estaba hablando de incorporar un derecho de participación política, no como están haciendo ahora de adoptar una medida que lo que hace es cargarse lo que históricamente ha sido una de las razones que han justificado precisamente la intervención del Estado en la economía. Y lo hacen además a hurtadillas; y lo hacen a espaldas de la voluntad popular, y solo hay una explicación razonable para ello, que seguramente ustedes la temen. Si no temen la voluntad y el escrutinio de la gente convoquen un referéndum, y al menos así paliarán en lo posible los efectos devastadores de la auténtica falta de credibilidad política que no solo tiene este Gobierno sino el principal grupo de la oposición.

Finalmente, y además, a lo largo de este debate ha quedado claro que tanto PP como PSOE no van a modificar su libro de ruta. No solo eso, sino que treinta años más tarde de la democracia ambos partidos continúan bloqueando cualquier reforma constitucional que no sea de su agrado. Por ello quiero acabar -lo he hecho antes, pero lo haré ahora con más énfasis- llamando a la unidad de todas las fuerzas políticas, no solo catalanistas y especialmente de Convergència i Unió, sino también a la izquierda de la Cámara. Las llamo a no participar de lo que todas ellas creen que es un grave atentado no solo contra la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar, sino a lo que supone una auténtica merma de capacidad de gestión económica de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Las invito y las emplazo a todas ellas para no legitimar este proceso.

Señorías, a estos grupos les digo que no hay mayor y mejor rechazo que evidenciar la soledad que hoy los grupos proponentes han buscado y han deseado. Es, en definitiva, lo que hoy piensa la mayoría de la gente fuera de esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.

Señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, la intervención de los dos grupos parlamentarios es prácticamente un dechado de patología política, porque una intervención que se hace de trámite, como si estuviéramos ante una iniciativa más de esta Cámara, cuando se trata de una reforma constitucional por la vía sumarísima, en mi opinión es inaceptable en términos parlamentarios. Pero es más inaceptable aún que caigamos en esa vieja política de la hipocresía, de la hipocresía que dice, por ejemplo, ante la crítica a la falta de diálogo y de acuerdo, como parte de las fuerzas políticas estamos abiertos al diálogo y al consenso. Señorías, ¡si lo tienen ustedes todo cerrado, ya lo han hablado todo, no están dispuestos a modificar nada sustancial! Yo les daría dos ideas: en primer lugar, cambien el trámite y permitan un debate parlamentario, podríamos llegar a un acuerdo; en segundo lugar, permitan la opinión de los ciudadanos. Esas dos ideas permitirían ese consenso que ustedes proclaman y que no es más que una nueva muestra de hipocresía en una política bipartidista totalmente decadente. Señorías, porque ustedes ignoran en esta iniciativa parlamentaria a buena parte de la ciudadanía, y no basta con decir que tienen ustedes el 90 por ciento de los escaños. No tienen ustedes el 90 por ciento de los votos, no tienen ustedes una parte de los votos que estuvo en la elaboración de la Constitución y que ahora expulsan de esta reforma constitucional, y no están aquí los abstencionistas, los votos nulos, que son también constituyentes y que deben opinar sobre una reforma que va a afectar a sus vidas más allá del año 2020. Por tanto, señorías, no me hablen de consenso.

Termino. No soy corresponsable de esta iniciativa parlamentaria, no soy corresponsable de este golpe a la Constitución española y de este mecanismo fraudulento de debate parlamentario. Si el presidente del Gobierno fuera el capitán Acab -vuelvo otra vez a la literatura-, yo formaría parte claramente de los amotinados. Sé dónde me lleva, señor presidente del Gobierno. Puede usted deteriorar su credibilidad, puede usted despeñar a su partido, pero usted no tiene derecho a matar moscas a cañonazos cargándose de paso la Constitución española y su legitimidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Don Josu Erkoreka tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Vasco, PNV.

El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor presidente del Gobierno, mi grupo parlamentario comparte plenamente el principio de que por regla general no se debe gastar más de lo que se tiene. Se trata de una regla saludable y plausible de buen gobierno económico que vale o debería valer para todo tipo de entidades: para las familias, para las administraciones públicas y también, aunque no se note, para los equipos de fútbol, por tanto, con carácter general no se debe gastar aquello que no se tiene. Ahora bien, todo lo que esta regla que acabo de citar tiene de positiva, prudente y razonable desaparece completamente a partir del momento en que se incorpora con carácter imperativo a la norma más rígida del ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Como pauta básica de la gestión económica es excelente, pero como norma constitucional es


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funesta. Cuando lo que es de sentido común, señorías, se tiene que expresar a través de normas rígidas y coercitivas pierde absolutamente todo lo que tiene de sentido y todo lo que tiene de común y esto es, señorías, lo que sucede con la proposición de ley que hoy debatimos, que rompe la máxima que a nuestro juicio debe guiar el equilibrio presupuestario: preconizarlo sí, pero constitucionalizarlo no. Preconizarlo sí porque el equilibrio presupuestario, prudentemente aplicado, contribuye a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, quién lo puede negar, pero constitucionalizarlo no porque, como toda regla general, la del equilibrio presupuestario también ha de conocer sus excepciones y la rigidez de la Carta Magna es incompatible con la flexibilidad y el buen sentido que ha de presidir la gestión de estas excepciones.

Señorías, por ello mi grupo parlamentario va a rechazar esta toma en consideración. Lo digo con claridad, no quiero hacer fintas engañosas, no quisiera aparentar una cosa y hacer después la contraria. No hemos hecho uso del turno en contra, pero vamos a votar en contra. No lo vamos a hacer porque seamos como grupo parlamentario refractarios al principio del control del déficit y del endeudamiento no, no lo somos en absoluto. Acabo de hacer una profesión de fe a favor del equilibrio presupuestario y, de hecho, uno de los principales reproches que hacemos al Gobierno vasco que sustentan, ¡oh paradoja!, justo las dos formaciones políticas que promueven esta iniciativa, el reproche fundamental que hacemos a ese Gobierno vasco es precisamente el descontrol al que han sometido el déficit y el endeudamiento público en Euskadi. Si vamos a votar en contra, por tanto, no es porque estemos en contra del control del déficit y del endeudamiento, es porque somos radicalmente contrarios a convertir las reglas del bueno gobierno económico en normas rígidas que encorsetan y limitan la capacidad de actuación de los poderes públicos estrechando su margen fiscal y obligándoles a renunciar a determinados instrumentos de política económica a los que no tienen por qué renunciar. Señorías, el déficit público, el endeudamiento, es un instrumento más de política económica que ha de estar al servicio de las administraciones públicas no solo para los supuestos tasados que aparecen recogidos en la propuesta que nos han remitido a la Cámara, no solamente en esos supuestos. ¿Por qué solamente en caso de recesión o en caso de catástrofes?, ¿por qué? ¿Por qué no es posible hacer uso de ese instrumento de política económica también en las fases de crecimiento para impulsar la economía si prudentemente se gestiona el instrumento por parte de las administraciones públicas?

A partir de esta consideración inicial, señorías, desgranaré a continuación las cinco razones que a nuestro juicio justifican el rechazo a esta reforma. Primera razón: supone un atropello en toda regla a los procedimientos democráticos. (Rumores.) Señorías, no es de recibo que se pretenda tramitar una reforma constitucional en peores condiciones de transparencia, publicidad y contraste público que las establecidas con carácter general para las leyes ordinarias. (Rumores.) Los proyectos de ley ordinarios que el Gobierno remite a la Cámara han de ir acompañados, por prescripción legal, de una pléyade de informes y de dictámenes emitidos por todo tipo de órganos consultivos con el fin de evaluar...

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Erkoreka.

Por favor, les rogaría que tuvieran la bondad de guardar el silencio que hasta ahora ha predominado en la sesión por respeto al orador y por la importancia del asunto que estamos tratando.

Adelante, señor Erkoreka.

El señor ERKOREKA GERVASIO: Muchas gracias por su amparo, señor presidente.

Decía que no se puede pretender tramitar una reforma constitucional en peores condiciones de transparencia, publicidad y contraste público que las establecidas con carácter general para las leyes de carácter ordinario. Las leyes de carácter ordinario que el Gobierno remite a la Cámara en fase de proyecto han de ir acompañadas necesariamente de una pléyade de informes y de dictámenes de todo tipo orientados a evaluar su oportunidad, su idoneidad, su impacto económico y su legalidad. Así ocurre -lo hemos comprobado los diputados a lo largo de la legislatura que concluye- con todos los proyectos de ley ordinaria que se tramitan en las Cortes Generales, incluidos los más inocuos e irrelevantes, con todos los proyectos de ley. No son esos informes y dictámenes caprichos del legislador, son trámites extraordinariamente importantes que tienen por objeto someter a contraste el contenido futuro de las leyes con el fin de garantizar su acierto. Pues bien, frente a ello, que viene siendo una práctica inveterada sostenida durante sucesivas legislaturas, los promotores de esta iniciativa nos quieren colar una reforma constitucional de extraordinario calado sin el más mínimo contraste con la vasta constelación de órganos consultivos que el Estado tiene a su disposición. Y uno se pregunta: ¿para qué sirven el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social -por citar tan solo los dos supuestos más lacerantes- si son olímpicamente ignorados a la hora de afrontar la reforma normativa más relevante que se puede llevar a cabo en un Estado democrático, que es la reforma constitucional? Obviarlos, ignorarlos como se ha hecho, no supone tan solo una grave deslealtad institucional, denota además algo mucho peor: un propósito deliberado de no someter la reforma a contraste con el fin de no tener que escuchar opiniones que puedan ser contrarias. Pero esta apuesta -sorprendente apuesta- por la sumariedad, por la nocturnidad y la falta de contraste resulta más grave aún si se atiende al modo en el que se pretende tramitar esta reforma aquí en la Cámara y después en las Cortes Generales.

El escrito de presentación de la iniciativa que ha sido suscrito por los responsables de los dos grupos parlamentarios promotores, solicitaba su aprobación por el


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procedimiento de lectura única, fíjense, procedimiento de lectura única para una reforma constitucional -almas generosas las suyas-, no se conformaban con tramitar el procedimiento a uña de caballo, además querían privarnos de la posibilidad de presentar enmiendas, todo precipitadamente y a hurtadillas. Afortunadamente la decisión de la Mesa y del Presidente del Congreso ha evitado que semejante desaguisado pudiera salir adelante, pero aun así las condiciones en las que la reforma pasará por este Congreso siguen siendo lamentables, señorías, tan solo dispondremos de cuarenta y ocho horas para ejercer el derecho de enmienda cuando en las leyes ordinarias se dispone para ese mismo efecto de un plazo mínimo -que siempre es infinitamente superior- de quince días, siete veces superior al que se nos concede para una reforma constitucional, señorías. Hasta el procedimiento de urgencia con sus ocho días es bastante más generoso con el derecho de enmienda de los diputados que lo que se nos propone ahora para la tramitación de esta reforma constitucional. Se ha optado deliberadamente por una vía tan opaca y tan sumaria que se resienten inevitablemente la apertura y la transparencia que han de presidir los trabajos parlamentarios, máxime cuando estamos hablando de la reforma de la norma que ocupa la cúspide de la jerarquía normativa. Se pretende pasar de tapadillo, señorías, como si nos halláramos ante una reforma meramente técnica; fíjense, señorías, meramente técnica. Pero lo que se nos ha presentado a través de la proposición de ley que hoy debatimos es cualquier cosa menos una reforma meramente técnica; pese a la maraña de cifras y los conceptos técnicos con los que viene rodeada, nos hallamos ante una reforma profundamente ideológica, señorías, una reforma que entraña toda una concepción del papel que corresponde desempeñar a los poderes públicos en la sociedad y sobre todo en la economía. Si me apuran, es la reforma más profundamente ideológica que hoy puede plantearse en el seno de la Unión Europea, la más profundamente ideológica; no estamos ante una propuesta meramente técnica. Y nosotros con estos pelos.

Segunda razón: es irrespetuosa con la estructura compuesta del Estado. Dice la propaganda oficial, señorías, que el Estado español es el más descentralizado de Europa, no es verdad pero es lo que dice. Sin embargo, se pretende promover una reforma constitucional que afecta decisivamente a las competencias fiscales y financieras de las comunidades autónomas y de los entes locales, sin que hayan sido consultados los órganos en los que se encuadran estos dos niveles institucionales; no digo ya que no se haya acordado la reforma con ellos, ni tan siquiera se les ha consultado, como si estuviéramos propiamente en el Estado más jacobino y centralizado del mundo. Se ha despreciado olímpicamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera, a la Federación Española de Municipios y Provincias y en el caso de las comunidades forales -que también existe, aunque la propuesta no hace referencia a ellas- se ha despreciado a la Comisión Mixta del Concierto Económico y a la Comisión Coordinadora del Convenio, que tampoco han sido convocadas para tratar el asunto. Señorías, se habla mucho del precedente alemán, pero esta manera de proceder opaca, sumaria, no tiene nada que ver con lo que se hizo en Alemania cuando se abordó en el año 2009 la reforma de la Constitución financiera. Aquella reforma -tomen nota, señorías- fue fruto del trabajo desarrollado durante dos largos años por una comisión integrada por 39 miembros, que representaban a todos los niveles institucionales implicados en la reforma, a todos. La comisión celebró 19 sesiones de trabajo y manejó más de 170 informes y dictámenes, y trabajó también con más de 120 documentos de trabajo. La diferencia es ostensible, señorías. En Alemania se respetaron unos mínimos procedimentales de trabajo, de transparencia, de participación, que en España están brillando por su ausencia, señorías. Señores del Partido Socialista, yo tampoco lo hubiera hecho así.

El hecho añadido de que este proyecto venga avalado por los dos grandes partidos del Estado constituye, por otra parte, un pésimo augurio. Ya era perceptible en los últimos meses ese impulso recentralizador que pretende utilizar la crisis económica como coartada para reforzar los poderes centrales del Estado y laminar el hecho autonómico. Insisto, ya era perceptible ese impulso en los últimos meses. Pues bien, nos tememos que ese impulso empiece a tomar cuerpo con esta proposición de ley, que embrida estrechamente a las comunidades autónomas y a los entes locales, sin tomarse tan siquiera la molestia de anunciárselo oficialmente en los órganos de encuentro legalmente habilitados para ese fin. Y nos inquieta, no lo oculto, la posibilidad de que ese lamentable episodio no sea más que el inicio de una secuencia de episodios posteriores, que irán erosionando progresivamente la estructura descentralizada del Estado, de la mano conjunta del Partido Socialista y del Partido Popular hasta anular completamente el escalón autonómico. Fíjense, señorías, en la redacción que los promotores de la iniciativa han dado a lo que será, si finalmente se aprueba, el párrafo 6 del artículo 135 de la Constitución, que denota claramente el cinismo con que se proponen ir vaciando de poderes a las comunidades autónomas, mientras se hacen sonoras proclamas de respeto a su ámbito competencial. Usted puede hacer lo que quiera, siempre que coincida con lo que yo le ordeno. Ese es el principio que inspira el párrafo 6 del artículo 135, señorías, una generosa concepción del autogobierno.

Tercera razón: es ineficaz. La reforma pretende satisfacer a todos, pero uno tiene la sensación de que en realidad no satisface a nadie, porque se queda a medio camino. Ni hace todo lo que pedían los mercados, con lo que se seguirán despertando sus desconfianzas y recelos, ni tampoco garantiza a las administraciones públicas que podrán seguir utilizando todas las herramientas fiscales de las que disponían hasta ahora para sus políticas económicas. Si el modelo de referencia era el alemán, la copia española no puede ser peor, porque


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la proposición de ley que estudiamos recoge lo malo del caso alemán, es decir, la rigidez que supone la constitucionalización de la lucha contra el déficit, pero desecha lo bueno, que es la claridad y la seguridad que la fórmula germana proporciona a los inversores. La iniciativa que han sometido a la Cámara encorseta a las administraciones públicas, en la medida en que constriñe su campo de actuación fiscal, pero no lo hace en la medida suficiente como para transmitir el sosiego a los que se quiere tranquilizar, que no se darán por satisfechos hasta que no se produzca una renuncia plena al déficit. Se admita o no, señorías, se quiera asumir o no, la propuesta ata las manos a las administraciones públicas; no las dos, como querían los más exigentes, sino una de las dos, pero las ata. Y eso inevitablemente limita la movilidad de las administraciones públicas, pero no tranquiliza en absoluto a los mercados y a los inversores, que lo que querrían es verlas esposadas. Eso desde la convicción de que una sola mano es por sí misma capaz de cometer todos los desaguisados del mundo. Señorías, o se hacen méritos para ir la cielo o se hacen méritos para ir al infierno, pero es imposible contentar al mismo tiempo a Dios y al diablo; o se está o no se está. Lo que no pueden pretender los promotores de la reforma es convencer a los mercados de que ya se ha dado satisfacción a lo que ellos pedían y, al mismo tiempo, convencer a las izquierdas de que en el fondo todo queda igual que antes. O una cosa o la otra, señorías, pero ambas cosas a la vez no pueden ser. De hecho, ya hemos empezado a escuchar algunas voces críticas del Partido Popular recriminando a los líderes socialistas el esfuerzo que están desarrollando para quitar relevancia a la reforma y explicar a su parroquia que en el fondo no ha cambiado nada, que todo sigue igual que antes. ¿Sigue o no sigue?, ¿cambia o no cambia?, ¿tranquiliza o no tranquiliza a los mercados, señorías? La iniciativa queda a medio camino; no consigue ni una cosa ni la otra y deja descontentos a todos. Si se trataba de tranquilizar a los mercados con un mensaje nítido e inequívoco, que es lo que se nos decía, ¿por qué no se recogen todas las cifras en la Constitución? Si al final todo queda igual, que es lo que ahora se dice, ¿por qué se nos dice que la propuesta tranquilizará a los mercados?

Cuarta razón: la reforma es innecesaria. Si de lo que se trata es de acentuar la fuerza vinculante de los tratados y de los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea incorporándolos al texto de la Constitución, la reforma sobra. Podíamos perfectamente haber prescindido de ella. Fíjense, el artículo 96 de la Constitución ya establece que los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento jurídico interno y, por si ello no fuera suficiente, otro precepto de la misma Carta Magna, el artículo 93, añade que corresponde precisamente a las Cortes Generales y al Gobierno garantizar el cumplimiento de los tratados de la Unión Europea y de las resoluciones emanadas de sus órganos. Siendo esto así, no resulta necesario poner la fuerza de obligar de la Constitución al servicio del derecho comunitario porque ya lo está. La Constitución está al servicio de la fuerza de obligación del derecho comunitario. La Constitución ya dice a través de los dos artículos a los que acabo de hacer referencia que el derecho de la Unión Europea obliga en el Estado español, tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos, exactamente igual que si fuera derecho interno. Repetirlo en normas constitucionales no añade nada, solo fárrago y confusión. Es, por tanto, una reforma innecesaria desde ese punto de vista.

Y quinta y última razón: es antieuropea. Sí, aunque parezca lo contrario, la reforma es antieuropea. Aunque la reforma se nos venda como fruto del compromiso de España con la Unión Europea en general y la eurozona en particular, la verdad es justamente la contraria. De hecho, si se lee atentamente el texto de la proposición de ley, se puede constatar que acusa un profundo sentido antieuropeo. El párrafo segundo de la redacción que se propone para este artículo prohíbe incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea para los Estados miembros, y el tercer párrafo de este artículo establece que el volumen de la deuda del sector público no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Aparentemente todo se mueve en el terreno escrupulosamente europeísta. Se trata de garantizar el cumplimiento de los compromisos europeos, tanto a nivel de tratado como a nivel de acuerdos adoptados por los órganos comunitarios. Pero en el fondo, señorías, es todo lo contrario, porque al reiterarse en sede constitucional preceptos que ya están recogidos en las normas comunitarias se viene a reconocer y a asumir como normal que nadie se toma en serio a estas -a las normas comunitarias- a menos que sus provisiones se reproduzcan literalmente en las constituciones de los Estados miembros. Lo que aparentemente es un refuerzo de Europa, acaba siendo un desprecio olímpico, un desprecio en toda regla a las fuentes jurídicas comunitarias. Si para que se reconozca la fuerza vinculante de los tratados europeos y de los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea es necesario que sus preceptos se repitan en las normas constitucionales de los Estados miembros, señorías, flaco favor estamos haciendo a la credibilidad del edificio jurídico comunitario. Por tanto, la quinta razón para votar en contra de la reforma es que es profundamente antieuropea.

Señorías, concluyo. En solo una semana hemos pasado de anatematizar a trivializar la reforma constitucional. Lo que ayer era sencillamente implanteable, hoy se ha convertido en algo más fácil que la aprobación de una simple ley ordinaria. Lo que ayer era tabú, hoy se puede llevar a cabo con las formas y procedimientos establecidos para las cuestiones de menor cuantía. No es buen síntoma, señorías. Cuando las mayorías optan por aplicar el rodillo y atropellar a las minorías pasando la apisonadora por encima de las formas y de los procedimientos, algo empieza a fallar en el sistema democrático. En cualquier caso, señorías, si la reforma constitucional


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-antaño tan grave y difícil- se ha convertido de la noche a la mañana en algo tan nimio y trivial como lo que estamos viendo estos días, anuncio en nombre de mi grupo parlamentario que también nosotros haremos nuestra propia propuesta de reforma constitucional que formularemos vía enmienda en el estrechísimo margen temporal que se nos concede por la Cámara a ese respecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erkoreka.

Tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, durante treinta y tres años el Grupo Popular y el Grupo Socialista han hecho de la Constitución poco menos que un texto sacrosanto e inalterable. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Durante treinta y tres años no solo se han opuesto a abrir el debate sobre aspectos básicos del modelo de Estado, ya sea la vigencia de la monarquía o el reconocimiento de la plurinacionalidad, se han opuesto incluso a cualquier modificación que contribuyese a la modernización del texto constitucional. Fruto de ello, la reforma del Senado sigue estando en la lista de eternas asignaturas pendientes, perviven instituciones totalmente obsoletas, como las diputaciones provinciales, o la circunscripción electoral sigue siendo la provincia. Ni siquiera ha sido posible reformar la Constitución para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la Corona, en la sucesión a la Corona, y ya es paradójico que tengamos que recordarlo nosotros, que somos republicanos. Ha bastado en cambio con que la señora Merkel y el señor Sarkozy llamasen a capítulo, ha bastado con un requerimiento del señor Trichet para que la Constitución se reforme vía exprés.

Señorías, si se toma en consideración esta proposición de ley la soberanía y el autogobierno serán los grandes sacrificados: el autogobierno de las comunidades autónomas, que verán convertida su autonomía financiera y, por lo tanto, su autonomía política, en papel mojado; la soberanía del Estado español, por el sometimiento totalmente acrítico de sus máximos dirigentes a los halcones que dominan la política europea; la soberanía de la política, que en vez de regular a los mercados se somete a sus chantajes; y la soberanía de este propio Parlamento, al que poco menos que se le insta a aprobar una reforma constitucional por decreto, por vía de urgencia y en lectura única, sin posibilidad de análisis y reflexión previa. Señorías, en una democracia el respeto a las formas es fundamental, es definitorio del fondo, y ustedes se están saltando las más elementales formas democráticas. Además lo hacen para elevar a norma constitucional el pensamiento único en lo económico, para constitucionalizar uno de los principios ideológicos más duros del neoliberalismo. No son palabras mías, no son palabras del BNG, son palabras de un diputado del Grupo Socialista. No me sorprende, señorías, la perplejidad de muchos diputados socialistas, pues algunos parecen empeñados en ponerle la alfombra azul al Partido Popular ante las próximas elecciones generales al renunciar a todo discurso y a toda política alternativa. El recurso al déficit, si se usa con prudencia, es una herramienta necesaria para favorecer el crecimiento económico en contextos de crisis y, sobre todo, para asegurar el mantenimiento de las políticas sociales. Esta reforma priva a futuros gobiernos del uso de esta herramienta, aboca en escenarios de crisis y de caída de ingresos a tener que privatizar servicios públicos básicos y a tener que desmantelar prestaciones sociales fundamentales para asegurar el mantenimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Decía que si el recurso al déficit se usa con prudencia es una herramienta necesaria en determinados contextos; una herramienta, por cierto, que Alemania utilizó sistemáticamente para financiar su reunificación; Francia y Alemania -conviene recordarlo- fueron los primeros en incumplir los objetivos de déficit cuando les interesó. Como apuntamos en el debate de la semana pasada, el problema de la deuda no radica en su volumen; la deuda pública en el conjunto de la zona euro es sensiblemente inferior a la de Japón o a la de Estados Unidos, pero además en el Estado español es 21 puntos inferior a la de Francia y 23 puntos inferior a la de Alemania. El problema, por tanto, no radica en su volumen, radica en el importante volumen de deuda privada, no pública, y radica en los ataques especulativos a los que está sometida la emisión de deuda pública. A una crisis que tuvo su origen en la burbuja especulativa generada en el mercado inmobiliario le está sucediendo ahora otra burbuja especulativa vinculada al mercado de la vivienda, y en vez de adoptar medidas para evitar que los especuladores campen a sus anchas, ustedes simplemente elevan sus exigencias a norma constitucional.

Señorías, hoy es un mal día para la democracia y para el autogobierno de los pueblos, por eso votaremos en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley; por eso nos oponemos a su trámite en lectura única; por eso demandamos que se convoque un referéndum y por eso emplazamos a todos los diputados demócratas de esta Cámara a que tengan la valentía de dar ese paso, a que aporten su firma para hacer posible la convocatoria de un referéndum.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.

Señor Ríos.

El señor RÍOS RULL: Gracias, señora presidenta.

Señorías, es de sobra conocido que las constituciones se debaten entre la vocación de permanencia como norma de convivencia ciudadana y su necesaria adaptación a los cambios sociales. La de 1978 ha cumplido de


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sobra las expectativas de los ciudadanos que la votaron, consolidando un Estado social y democrático de derecho que garantiza amplias libertades públicas, cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria y que reconoce amplia autonomía a su territorio. Desde su aprobación las circunstancias han cambiado mucho y ello se ha de reflejar en la norma más importante del Estado. Por eso, la Constitución de 1978, la más longeva de la historia española, tras más de treinta años de vigencia, requiere de una profunda modificación. Además, todas las generaciones han de revalidar su adhesión a la Constitución como expresión de lo que Habermas denominó patriotismo constitucional, esto es, una renovación democrática del constitucionalismo a través de una mayor participación ciudadana que mantenga la legitimidad de la misma. Sin embargo, eso no se ha producido. Los que ahora tenemos menos de 50 años no la votamos hace treinta y tres y no se nos ha permitido esa renovación, pese a que tanto socialistas como populares han coqueteado con el planteamiento de Habermas.

Señorías, el verdadero patriotismo se demuestra propiciando una reforma constitucional para renovar las reglas de convivencia democrática sobre todo entre las nuevas generaciones que, reitero, legitime el sistema. Sin embargo, la reforma que se nos plantea se ciñe a limitar el techo de gasto de las distintas administraciones públicas, que evite el déficit y controle la deuda pública como mecanismo que -se argumenta- calme los mercados. Ello significa que al Estado le ha salido un competidor, un nuevo leviatán, al que se refería Thomas Hobbes, los mercados, el nuevo monstruo que -este sí- tiene tal poder absoluto que fuerza al Gobierno y a los dos principales partidos del arco parlamentario a ofrecer sacrificios que aplaquen su ira y de esta manera evitar que la prima de riesgo de la deuda se desboque nuevamente y pueda volver a superar los 400 puntos básicos. Como en tiempos pretéritos, nos disponemos como sociedad a ofrecer sacrificios, en este caso en forma de reforma constitucional para elevar a dogma universal la necesidad del equilibrio presupuestario de tal manera que no pueda incurrirse en déficit salvo en contadísimas excepciones. Si ese es el objetivo, aplacar al nuevo leviatán, más apropiado hubiese sido modificar los artículos 1, 2, 66 y 97 de la Carta Magna para que no quepa lugar a dudas de que, suplantando al pueblo español, la soberanía nacional reside en los mercados, que las Cortes Generales los representan y que el Gobierno no solo debe actuar de acuerdo con la Constitución sino también con pleno sometimiento a ellos.

Señorías, sin entrar en la idoneidad o no de limitar el techo de gasto, creemos que las formas no han sido las apropiadas ni por los tiempos, ya que será plenamente operativa en 2020, ni por su remisión a una ley orgánica, ni por la falta de interés de que esta reforma se aprobara con el máximo consenso, pues ni el presidente del Gobierno ni el señor Rajoy han recabado nuestro apoyo ni, lo que es peor, nos han dado una explicación cabal sobre las verdaderas razones de esta precipitación. Coalición Canaria lleva años reclamando una reforma constitucional amplia y profunda que afecte tanto al modelo democrático plasmado en el texto constitucional como a cuestiones como la restauración e instauración de nuevos derechos necesitados de nueva protección, la integración europea, la modificación del Senado, la simplificación y transparencia de las administraciones o plasmar adecuadamente las especificidades de determinados territorios como el canario. En definitiva, señorías, creemos necesaria una reforma constitucional pero no la que nos presentan el PP y el PSOE, que ni es necesaria ni es oportuna. Por ello, los nacionalistas canarios nos abstendremos en la toma en consideración de esta proposición de reforma constitucional, pero ya anunciamos que la enmendaremos para poner de manifiesto nuestras propuestas, aun a sabiendas del nulo interés que le van a poner los grupos proponentes, porque prefieren que poco o nada se debata de esta reforma y que cuanto menos se enteren los ciudadanos mejor. Flaco favor se le hace a la democracia.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ríos.

Señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señora presidenta, señorías, señor presidente, comenzamos este periodo de Gobierno socialista aprobando una ley, la 3/2004, para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, y terminamos esta segunda legislatura nada menos que con una reforma constitucional para declarar de manera expresa la necesidad de limitar el déficit público de las administraciones públicas porque podemos tener dificultades para pagar. Es todo un signo de que los tiempos cambian y de que en este camino podríamos decir cómo hemos cambiado, sobre todo algunos. Mucho hemos oído y se ha escrito estos días de esta reforma constitucional: que si es impuesta, que si es obligada, que si es improvisada, que si ha sido inevitable, que es necesaria, que es apropiada, que será útil, que es suficiente, es urgente, es justa, es sensata. Muchos, en definitiva, esperan y se preguntan si será una buena reforma. Lo mejor de la reforma, señorías, sin duda, es el camino de acuerdo y diálogo recorrido por los dos grandes grupos mayoritarios de la Cámara, que algunos venimos demandando desde hace años y que la gravedad del momento histórico demanda, y con él la constatación de que deberemos afrontar el futuro con más consenso, más respeto y más concordia. Solo así, teniendo conciencia clara de la necesidad de colaborar todos juntos, podremos acometer los múltiples y difíciles retos que nos deparará la nueva legislatura. En todo caso, señorías, esta reforma positiviza una disciplina en la gestión de lo público que nos debemos creer y que debemos explicar a la ciudadanía para que la entienda y para que la comparta. Solemnizamos hoy el principio de limitación del déficit: no debemos gastar más de lo que podemos


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financiar para no caer -como en estos momentos- en el sobreendeudamiento. Pero la norma quedaría coja si no contempláramos qué hacer si este compromiso no se cumple o si no se hace cumplir; como sería un error, señorías, aprovechar la concreción vía ley orgánica de esta modificación para devaluar los compromisos y la disciplina que se quiere transmitir, o como sería también un error aprovechar su tramitación para limitar la autonomía y responsabilidad fiscal y financiera de las comunidades autónomas, como mi Partido Unión del Pueblo Navarro defiende. Con esas cautelas, votaremos a favor de la toma en consideración. Pero, señorías, otras muchas reformas quedan pendientes, todas ellas, para que tengan éxito y contribuyan a unir más al país, deberán afrontarse con pactos, que debieran extenderse a no pocos asuntos de urgente acometida: educación, mercado laboral, Estado del bienestar, justicia, dignificación de la política, energía y también política territorial. Por lo que se refiere a este último punto, y llegado el caso de que fuera planteada una reforma constitucional, Unión del Pueblo Navarro defenderá y pedirá el apoyo de los grupos de la Cámara para la supresión de la disposición transitoria cuarta. Navarra, comunidad histórica, ya recorrió su propio camino constitucional y, por tanto, esta previsión, que no tendría otra explicación histórica que la de satisfacer determinadas urgencias políticas, presiones y chantajes de algunos, ya no tiene ninguna virtualidad.

Señorías, una reforma solo se hace en aquello que se desea conservar o mejorar. Hoy, a pocas fechas de que se celebren unas nuevas elecciones, estamos convocados a plantear nuevos retos, a renovar un proyecto ambicioso de país, en el que desde luego mi partido, Unión del Pueblo Navarro, quiere participar, con su personalidad propia, sus ideas y sus propuestas. Del futuro próximo solo tenemos la certeza de que será muy duro y muy complejo y que nos exigirá dar lo mejor de nosotros mismos. Como decía al inicio de mi intervención, los tiempos cambian, aunque lo que muchos esperan de nosotros es que no cambie nuestra ilusión por trabajar por esta tierra, por este país, por su gente y que ese, señorías, sea el único norte de toda nuestra actividad política. Yo así se lo deseo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Salvador.

Señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidenta, señor presidente del Gobierno, señorías, me pregunto si no habrá en esta Cámara 35 ciudadanos dispuestos a votar en conciencia en vez de según la disciplina de su partido. (Rumores.) Me pregunto si no habrá siquiera 50 ciudadanos dispuestos a seguir una doctrina conocida de un hombre, de un leonés que sabía de derecho y de democracia, Gumersindo de Azcárate, que decía que las leyes deben ser ciegamente obedecidas y libremente discutidas. Me pregunto si no habrá suficiente autonomía política, si no habrá una llamada a esa autonomía política que nos convierte a cada uno de nosotros en diputados nacionales, que no nos debemos a otra obediencia que precisamente a la de la soberanía nacional. Porque hay en esta Cámara tantos diputados que están en contra de lo que van a votar que me pregunto eso, qué tiene que ocurrir para que no se levanten siquiera 35 de ellos y voten en conciencia.

Señorías, las reformas han de hacerse desde la autonomía y no desde la imposición; han de hacerse desde la reflexión y no desde la improvisación; han de hacerse desde el respeto al debate público, desde la transparencia. Eso es la democracia. He escuchado estos días plantear a muchas de sus señorías, a dirigentes políticos de las dos bancadas, una apelación a que esta reforma de la norma constitucional no sea sometida no ya a un debate abierto en el Congreso de los Diputados, sino siquiera a un debate público y mucho menos a un referéndum. He escuchado decir que eso sería peligroso. Claro, la democracia es lo que tiene. Las dictaduras son mucho más sencillas y más previsibles. (Rumores.) Solo habla uno y todo el mundo sabe lo que va a ocurrir. La democracia lo que tiene es que si le preguntas a la gente, contesta, y si la dejas votar ya ni te cuento. O sea que es peligroso que la gente vote, que la gente se manifieste; es peligroso que tengamos un debate abierto, no sometido a este trámite, como si fuera una norma cualquiera la que estamos cambiando; es peligroso que nos comportemos con respeto a la norma democrática. Dicen ustedes que es peligroso.

Ha dicho el portavoz del Partido Socialista en su intervención que esto que vamos a hacer, que estamos haciendo, que ustedes nos han planteado, despeja la incertidumbre. Ciertamente, señor Alonso, tiene usted razón. Despeja la incertidumbre: son ustedes y ustedes iguales. Esa es una incertidumbre que está despejada. Y esa otra incertidumbre que parece que tenían, o que tienen, los mercados respecto de España también queda despejada. Los dirigentes españoles, los que gobiernan y los que aspiran a sustituirles siendo alternancia -que no alternativa, señora Rajoy-, son tan iguales que son capaces de cambiar la Constitución en cuarenta y ocho horas en un despacho a las tres de la madrugada. O sea que si la cambian así la pueden cambiar en la dirección contraria de la misma manera y en vez de en cuarenta y ocho horas, como ya habrán cogido carrerilla, a lo mejor en veinticuatro. Ciertamente despeja la incertidumbre y genera muchísima más preocupación.

Ha dicho la señora Sáenz de Santamaría que reformar la Constitución es aplicar la Constitución. Claro, reformar la Constitución es aplicar la Constitución si se reforma (El señor presidente ocupa la Presidencia.) con arreglo a las reglas democráticas no solo formales, señora Sáenz de Santamaría, porque esto que están haciendo es legal pero no es democráticamente legítimo. Esto es una chapuza jurídica, un atropello democrático y es políticamente una chapuza también, desde todo punto de vista. Desde el punto de vista político, jurídico


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y democrático esto que están haciendo ustedes es devaluar la importancia de la Constitución, devaluarla absolutamente, primero, porque, como ya se ha dicho en esta tribuna por otros intervinientes, para resolver los problemas de nuestro déficit, para tener estabilidad presupuestaria no hay que constitucionalizar instrumentos de estabilidad presupuestaria. En nuestras propias normas, en nuestra propia Constitución, en nuestras propias leyes están todos esos instrumentos -lo acaba de sancionar el Tribunal Constitucional en una sentencia del mes de julio-, están en Maastrich, en los tratados, en los pactos de estabilidad, no hace falta esta reforma para ser respetuosos con normas económicas y presupuestarias, para combatir el déficit. Lo que nos falta en España no son normas; lo que nos falta en España es voluntad política. Eso es lo que nos ha faltado y es lo que genera desconfianza, y eso no se sustituye por un debate en un despacho a las tres de la madrugada. Porque quienes son capaces de hacer eso son capaces de hacer justamente lo contrario. No faltan instrumentos, falta voluntad política. La misma voluntad política que les falta a ustedes, que tienen miedo a la democracia y a la transparencia; la misma voluntad política que les falta a los dos -a ustedes y a ustedes- para hacer este debate abierto, como tiene que ser un debate de una constitución. Así que déjenme que les diga: ¿control del déficit y del gasto público y sanción a quien no lo cumpla? Sí, pero así no.

El señor PRESIDENTE: Señora Díez, debe acabar.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, concluyo, presidente.

¿Reformas de la Constitución? Sí, pero estas no, las que necesita España precisamente para controlar nuestro despilfarro, nuestras duplicidades y para conseguir el modelo de país que España necesita para dar un horizonte a los próximos treinta años. Reforma de la Constitución, sí, pero esta no. Y consulta pública también; debate público, también. Señores diputados, señorías, espero que haya 35 ciudadanos que obliguen a que el día 20 de noviembre haya una tercera urna en la que todos los ciudadanos españoles puedan pronunciarse sobre esta reforma de la Constitución.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Doña Uxue Barkos tiene la palabra. (Prolongados aplausos.)

La señora BARKOS BERRUEZO: Muchas gracias, señorías. Les aseguro que emociona y, si me permiten, lo compartiré con otras compañeras y compañeros que en esta Cámara han tenido la misma fuerza, quizá con menos expresión o con menos vistosidad por el hecho de ocupar yo una portavocía en el Grupo Mixto. Quiero compartir con Pilar y, en fin, con tantos compañeros que hace bien poquito tiempo han pasado por lo mismo, este aplauso que agradezco sinceramente y que resulta francamente emocionante. Gracias. (Aplausos.)

En cualquier caso, lo cortés no quita lo valiente, y en este encuentro de compañeros lógicamente también debo expresar la crítica a la reforma que hoy nos proponen; la crítica acerada pretende serlo desde Nafarroa Bai porque es nuestra posición. Señores proponentes, nos convocan ustedes un 30 de agosto, con la disolución de esta Cámara a menos de un mes y con un texto pactado en menos de cuarenta y ocho horas. Francamente, estas son las condiciones en que el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Popular nos presentan un texto que nos trae nada más y nada menos que una reforma constitucional, una reforma, hemos de decirlo -y aquí coincidimos absolutamente con algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra-, de calado, de un enorme calado en el contenido. La primera crítica es a las formas, que estamos absolutamente convencidos de que no gustan a muchos de los diputados de los grupos proponentes, seguramente tampoco a una inmensa mayoría de sus votantes y sin duda tampoco a una inmensa mayoría de la ciudadanía. Pero si esta propuesta es desde el sentido común inadmisible en sus formas, lo es más, a nuestro entender, en su contenido. Inadmisible en el contenido, primero, porque lamina una herramienta de política económica, como es la inversión pública, especialmente necesaria en fases de depresión; segundo, porque es la manera de obviar el verdadero debate de fondo, que no es sino el debate de la fiscalidad y del modelo social del Estado, y tercero, la propuesta que nos traen hoy el PSOE y el Partido Popular nos parece inadmisible porque abre una vía definitiva para la eliminación de facto de la autonomía fiscal en un aspecto fundamental y de los derechos forales de cuatro de las cinco haciendas que hoy conviven en el Estado. En definitiva, si a Nafarroa Bai se le pregunta -y este es su turno-, leída la propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución que nos presentan los dos grupos mayoritarios de esta Cámara, solo podemos responder que no nos gusta ni en el fondo ni en la forma.

Su reforma no nos gusta y es inadmisible porque una reforma de esta naturaleza no se puede hurtar a la libre decisión de los ciudadanos. Por tanto, Nafarroa Bai solicita la celebración de un referéndum para sancionar la reforma que ahora nos proponen; un referéndum que perfectamente, y sin perjuicio de ninguno de los aspectos que pudieran ponerse encima de la mesa, podría celebrarse el próximo 20 de noviembre con las elecciones generales. Su reforma no nos gusta y es inadmisible porque hurta el verdadero debate de la política fiscal para la incorporación de gravámenes superiores a las rentas más altas con el fin de garantizar el catálogo de servicios sociales. Por cierto -y habrá que recordarlo-, muchos de estos están recogidos como derechos en la Constitución, en el mismo texto constitucional. Esto, por supuesto, ha sido eje del discurso de Nafarroa Bai a lo largo de estos años, unido a la lucha efectiva contra el


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fraude fiscal y la economía sumergida, cuya cuantía actual haría sin ninguna duda innecesaria la fijación del límite de déficit que hoy nos proponen. Por lo tanto, Nafarroa Bai solicita la incorporación en la futura ley orgánica que regulará el techo de déficit estructural presupuestario de una reforma en profundidad de la política fiscal, elevando los tipos más altos de gravamen en renta y patrimonio. Y añado que esta reforma es inadmisible porque anula el concepto de autonomía y responsabilidad fiscal, también reconocido en la Constitución.

Señorías, como diputada por Navarra no puedo sino denunciar lo que el texto de la reforma tiene de imposición para las haciendas de los cuatro territorios forales que durante siglos -si acaso con excepciones poco honrosas para la política española- han mantenido sus compromisos con el Estado. Así las cosas, una reforma que afecta a la esencia de los derechos forales, como es su autonomía fiscal, no puede hurtarse a los legítimos representantes de estos derechos, que al menos hasta el día de hoy no están ni exclusiva ni mucho menos mayoritariamente representados en los dos partidos proponentes. Por tanto, Nafarroa Bai solicita la apertura de negociaciones entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Navarra -en este caso nos referimos exclusivamente al Gobierno foral- para analizar el impacto de la reforma constitucional que nos proponen y la consiguiente incorporación de enmiendas que garanticen el ejercicio pleno de derechos forales.

Concluyo, señor presidente. La suma de los dos grupos mayoritarios de la Cámara nos convierten, a las voces discrepantes, en una clara minoría, por eso resulta todavía más difícil de entender las urgencias, los miedos a que la ciudadanía exprese su voluntad y sobre todo, sinceramente, señores del Partido Socialista y del Partido Popular, su sumisa respuesta al tirón de orejas europeo cuando en los últimos ocho años han sido incapaces de alcanzar un mínimo acuerdo sobre aspectos fundamentales de la vida pública. Enmienden su posición o pensaremos todos que lo único que intentan es tapar vergüenzas mutuas. Termino -ahora sí, presidente-haciendo una referencia. Se nos ha anunciado hoy aquí que una reforma de estas características en las formas va a ser utilizada por el partido en el Gobierno foral para solicitar la supresión de la transitoria cuarta. Sinceramente, expresión de debilidad para una reforma de esa envergadura, cara a los representantes de la comunidad foral, nos parece una de las peores expresiones políticas que pudiera haberse tenido para el final de esta legislatura.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.

Procederemos a la votación de toma en consideración dentro de dos minutos. (Pausa.) Señorías, tomen asiento, vamos a proceder a la votación. Votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 318; en contra, 16; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, tomada en consideración la modificación del artículo 135 de la Constitución.

A continuación la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, propone al Pleno de la Cámara que apruebe la tramitación directa de esta modificación constitucional en lectura única por el Pleno de la Cámara.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 319; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada por el Pleno de la Cámara la tramitación directa y en lectura única. De acuerdo con este sistema que ha aprobado el Pleno, les anuncio que el próximo día 2 la Junta de Portavoces ha acordado reunir al Pleno de la Cámara, que ya queda convocado, para el debate y votación de la proposición. Las enmiendas pueden presentarse hasta las catorce horas del próximo jueves día 1 de septiembre.

Se levanta la sesión.

Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.

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