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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 266, de 21/07/2011
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2011 IX Legislatura Núm. 266
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 252 (Sesión extraordinaria)
celebrada el jueves,
21 de julio de 2011


ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley de adaptación normativa a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 103-1, de 17 de diciembre de 2010. (Corrección de error en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 103-2, de 4 de enero de 2011) (Número de expediente 121/000103.) ... (Página4)

- Proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 111-1, de 25 de febrero de 2011. (Número de expediente 121/000111.) ... (Página9)

- Proyecto de ley de depósito legal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 118-1, de 1 de abril de 2011. (Número de expediente 121/000118.) ... (Página11)


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- Proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 120-1, de 1 de abril de 2011. (Número de expediente 121/000120.) ... (Página14)

- Proyecto de ley de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 121-1, de 15 de abril de 2011. (Número de expediente 121/000121.) ... (Página26)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 128-1, de 10 de junio de 2011. (Número de expediente 121/000128.) ... (Página30)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 124-1, de 27 de mayo de 2011. (Número de expediente 121/000124.) ... (Página36)

Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:

- De los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Convergència i Unió (CiU), Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifican los artículos 79 y 82. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 327-1, de 15 de julio de 2011. (Número de expediente 410/000013.) ... (Página48)

Enmiendas del Senado (Votación.) ... (Página48)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Votación.) ... (Página51)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Votación.) ... (Página51)

Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados (Votación.) ... (Página51)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Enmiendas del Senado. ... (Página4)

Proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad . .... (Página4)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; Tardà i Coma y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Vañó Ferrer, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Medina Teva, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas ... (Página9)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán


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(Convergència i Unió); Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y De la Rocha Rubí, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proyecto de ley de depósito legal ... (Página11)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Muñoz Salvà, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social ... (Página14)

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.

Interviene el señor ministro de Trabajo e Inmigración (Gómez Sánchez).

Intervienen de nuevo los señores Llamazares Trigo, Olabarría Muñoz, Campuzano i Canadés y Burgos Gallego, y la señora López i Chamosa.

Cierra el debate el señor ministro de Trabajo e Inmigración.

Proyecto de ley de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y la seguridad ... (Página26)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Villagrasa Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página30)

Proyecto de ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. ... (Página30)

La señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (Aguilar Rivero), expone las razones que han llevado al Gobierno a elaborar este proyecto de ley.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y las señoras Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Estrada Ibars, del Grupo Parlamentario Socialista.

Interviene la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Interviene de nuevo la señora Quintanilla Barba.

Cierra el debate la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página36)

Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones ... (Página36)

Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón).

Defiende la enmienda a la totalidad de devolución la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra interviene la señora Muñoz Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En turno de réplica interviene la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Cortés Martín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página48)

De los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Convergència i Unió (CiU), Vasco (EAJ-PNV), Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifican los artículos 79 y 82 ... (Página48)

El señor presidente señala que al haber manifestado todos los grupos parlamentarios su deseo de no intervenir en esta iniciativa, pasaba directamente a votación.

Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página48)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de depósito legal.

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.

Votación de conjunto ... (Página50)

Sometida a votación de conjunto por haber aprobado una enmienda que modificaba leyes orgánicas, se aprueba por 312 votos a favor, 22 en contra y cuatro abstenciones.

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página51)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, así como el texto del dictamen.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página51)

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución se rechaza por dos votos a favor y 337 en contra.

Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación.) ... (Página51)

Sometida a votación la tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 79 y 82, se aprueba por 337 votos a favor.

Se levanta la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Señorías, les anuncio que por estar incluida en el orden del día una iniciativa de carácter orgánico, concretamente una enmienda del Senado que introduce materia orgánica en el proyecto de ley de contratos del sector público en lo que afecta a defensa y a seguridad, esa votación no se producirá antes de las doce treinta horas de esta mañana.

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 121/000103.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar las enmiendas del Senado. En primer lugar, al proyecto de


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ley de adaptación de la normativa de la Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad.

Doña Rosa Díez tiene la palabra.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Intervengo para mostrar mi satisfacción por las modificaciones positivas que se han introducido a lo largo de la tramitación de esta norma. Quiero recordar que tuvimos la ocasión de acercarnos a ella en una enmienda a la totalidad que defendió en nombre del Grupo Popular el señor Vañó. Ya dijimos en aquel momento que aunque era una norma necesaria, aunque era una norma generalmente positiva, tal y como había sido remitida por el Gobierno, tenía demasiados huecos; a nuestro juicio dejaba demasiadas cosas pendientes, hasta el extremo de que se podría calificar más por lo que omitía que por lo que recogía. Pusimos de manifiesto algunas modificaciones que a nuestro juicio eran importantes, tratándose como se trata de una ley de carácter transversal; echamos en falta que en la normativa se hiciera referencia a temas que tienen que ver con la educación inclusiva, que es importantísima para el objeto que persigue esta norma, y tampoco aparecía ninguna referencia a la Ley de promoción de la autonomía personal. En fin, por no repetir lo que fue aquel debate de totalidad y aquellas deficiencias que encontrábamos en el texto original, y que como digo tuvimos la oportunidad de debatir en esa enmienda a la totalidad defendida por el señor Vañó, lo que quiero decir es que tengo que mostrar la satisfacción porque, aunque como ocurre siempre, no todo es totalmente satisfactorio, la verdad es que en el trámite posterior a ese día del debate de totalidad se han modificado muchas de esas deficiencias, y hoy podemos decir que tenemos un texto que supone un avance en esta tarea y en este compromiso; un avance que, como todas las cuestiones que tienen que ver con las personas con discapacidad, aunque parezca pequeño, es siempre un avance, aunque sea entre comillas, pelín revolucionario.

Gracias, señorías; gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

¿El señor Tardà desea hacer uso de la palabra? (Asentimiento.) La tiene. ¿Después hará uso el señor Llamazares? (Asentimiento.) Muchas gracias.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente, señorías, para hacer referencia a una enmienda que se ha incorporado en el Senado, muy interesante, a través de la cual se modifica la ley que se aprobó en esta Cámara en la pasada legislatura que tiene como objeto regular el uso de las lenguas de signos españolas. Creemos que en todo aquello que compete a garantizar los derechos a la accesibilidad no podía dejarse la ley tal como estaba, puesto que los hechos demostraron que no era suficientemente garantista respecto a su uso y a la obligación de los poderes públicos de utilizarla a fin y efecto -repito- de garantizar la accesibilidad, por lo que entendemos que ha sido importante este avance en el Senado.

Por otro lado, manifestamos nuestra oposición a una enmienda que se ha incorporado en el Senado que pondera aquello que quedó fijado en esta Cámara como un gran avance: que la contratación pública exigiera de las empresas la garantía de que cumplían con la ley, es decir, que reservaban aquellos porcentajes de ocupación para destinarlos a las personas con discapacidad. Entendemos que el texto que salió de esta Cámara es mucho más progresista que aquel que finalmente ha sido pactado en el Senado. Creemos que debe rechazarse el uso del término podrán, puesto que en definitiva a lo que tiende la utilización de este vocablo es a rebajar las ambiciones con las que en esta Cámara se debatió este punto.

Finalmente debo decirles que vamos a apoyar todas aquellas enmiendas que se han pactado en el Senado, y concretamente me refiero a una muy interesante que es la de disponer de líneas de crédito para que las comunidades autónomas puedan atender económicamente a aquellos cambios que se han introducido en la Ley de Propiedad Horizontal, que tiene como objetivo facilitar la accesibilidad de los ciudadanos a una vida más feliz.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Don Gaspar Llamazares tiene la palabra.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Muchas gracias, señor presidente.

También quería intervenir brevemente para expresar la satisfacción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con respecto al final de este proceso de la convención internacional y su adaptación en la legislación interna española. Ya inicialmente el proyecto de ley era ambicioso e iba más allá incluso de la trasposición de la Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad, y su protocolo facultativo, y a lo largo del trámite parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, el resultado es más ambicioso, si cabe. En primer lugar, este proyecto de ley cambia el paradigma para abordar la discapacidad: de un paradigma médico asistencial a un paradigma de derechos ciudadanos y de inclusión social. Creemos que eso es lo más importante de esta convención que se refleja en la ley que se va a aprobar en el día de hoy, que incluye aspectos muy importantes, desde el punto de vista de las políticas positivas, para este amplio colectivo, que a nivel internacional significa aproximadamente el 10 por ciento de la población. En todo caso, señorías, nosotros, además de lo expresado por el señor Tardá, no vamos a votar favorablemente el número 1 del artículo 10. Nos parece que no se puede introducir confusión en algo que es muy delicado, como es la discapacidad intelectual, que tiene un cupo del 2 por ciento, e introducir la discapacidad


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sensorial no hace más que dificultar la integración de aquellos que tienen más difícil su integración laboral, que son los discapacitados intelectuales. Además se hace con los que tienen más fácil la integración, que son los sensoriales. Creemos que es una equivocación, y por tanto no vamos a votar esta enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Tiene la palabra don Joseba Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente desde el escaño porque la parte sustancial de lo que entendía mi grupo sobre este proyecto de ley ya se explicó cuando salió del Congreso, aunque después ha tenido aportaciones en el Senado. En primer lugar, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a las personas que en representación del colectivo de los discapacitados están hoy aquí, en el Congreso, porque de alguna manera es una ley que va a facilitar que los verdaderos problemas que esta gente tiene de por sí para acceder a ciertos bienes y servicios sean un poco más fáciles gracias a esta ley. (La señora vicepresidenta, Cunillera y Mestres, ocupa la Presidencia.) Quiero mostrar por ello la satisfacción de mi grupo sobre todo porque las modificaciones que se hicieron desde el Congreso al proyecto de ley inicial fueron muy beneficiosas, e igualmente coadyuvaron a que la mayoría de los grupos atendiéramos a la demanda del colectivo de personas con discapacidad, coincidiendo incluso con la mayoría de las enmiendas presentadas, porque veíamos que eran aquellas cuestiones las que impedían que toda la accesibilidad que es necesaria hasta ahora no pudiera llevarse a cabo.

En nombre de mi grupo quiero decir que algunas de las aportaciones que se han hecho desde el Senado son muy positivas. Veremos en la votación cuáles quedan aceptadas y cuáles rechazadas, pero sobre todo quiero hacer hincapié en que el proyecto salió del Congreso mucho más enriquecido de lo que llegó en su momento, y las aportaciones fueron fundamentales y necesarias. También ha sido importante el añadido que algunos grupos tenemos que hacer siempre de la salvaguarda de los competencias autonómicas, que hay que tener en cuenta no en esta, sino en cualquiera de las leyes que se aprueban aquí. Es una pena tener que recordarlo vía enmienda porque en el proyecto original nunca aparece. Por último tengo que decir que los temas de accesibilidad de vivienda, trabajo, etcétera, son los que van a facilitar que estas personas con discapacidad puedan tener, a partir de la publicación de la ley, más derechos, más posibilidades, más accesibilidad, y más fácil toda su vida.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, quiero empezar saludando, en nombre de nuestro grupo parlamentario, a los representantes de las asociaciones que agrupan a las personas con discapacidad, al Cermi, que están aquí presentes. Quiero aprovechar también para agradecerles no solo su presencia hoy, sino todo el trabajo que hacen siempre en defensa de las personas con alguna discapacidad, la gran ayuda que nos prestan, y el apoyo y el asesoramiento que hemos tenido a lo largo de la tramitación de esta ley. Muchas gracias.

La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad fue aprobada el 13 de diciembre de 2006. España ratificó esta convención y su protocolo facultativo el 21 de abril de 2008, entrando en vigor el 3 de mayo de ese mismo año. Desde entonces estaba pendiente la incorporación de la convención a nuestro ordenamiento jurídico, que hacía necesaria la adaptación y modificación de diversas normas para hacer efectivos los derechos que la misma reconoce. En nuestro grupo -tengo que decirlo-, Convergència i Unió, nos mostramos satisfechos del texto, del resultado de esta ley tan importante y necesaria, y digo que nos encontramos satisfechos por la incorporación de las enmiendas introducidas, como las relacionadas con la accesibilidad como elemento clave e indispensable para la plena efectividad de los derechos de las personas con discapacidad, donde quiero destacar la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal gracias a una enmienda en principio de nuestro grupo parlamentario. Hemos llegado a un acuerdo entre todos para elevar el tope que hay en la ley actual de tres a doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Hay otras enmiendas de las que también quiero hacer mención por su importancia. Algunas de estas enmiendas son compartidas con otros grupos, como la enmienda que propone modificar la Ley de Contratos del Sector Público, para incluir que los empresarios que vayan a un concurso público tengan que cumplir con el 2 por ciento de reserva de trabajadores o las medidas alternativas correspondientes. Es una medida, señorías, que ya viene en la Lismi, aunque cuesta que se cumpla con esta obligación que tienen las empresas de dar empleo a este 2 por ciento de personas con discapacidad o las medidas alternativas. Si nuestras leyes estatales tienen la obligación de que las empresas cumplan, ¿por qué no podemos también obligar a que lo hagan a las que van a concurso público?

En otra enmienda, incorporada en el Senado por nuestro grupo parlamentario, que solicitamos a sus señorías que apoyen, pedimos a la Administración General del Estado que disponga de ayudas para las comunidades


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de propietarios que tengan que cumplir con la Ley de Propiedad Horizontal, y que así puedan contar con la ayuda del Estado. Ya sé que en estos momentos las competencias las tienen las comunidades autónomas -me lo van a decir- y los ayuntamientos, pero en estos momentos, tal como están las ayudas y tal como están las finanzas de esas comunidades autónomas y de estos ayuntamientos, que son muy irregulares, creemos que si a través de esta ley del Estado modificamos esas otras leyes, también desde el Estado se les podría ayudar económicamente.

No quiero terminar sin agradecer el clima de diálogo que ha existido con todos los ponentes de la ley. Si algo ha caracterizado el trabajo desarrollado por la ponencia ha sido sin duda el alto grado de compromiso demostrado por todos los grupos, pero de manera especial por la señora Medina en su trabajo a la hora de negociar. Hemos mantenido muchos contactos, también discusiones, pero hemos llegado a muchas transacciones con ellos, y por eso quiero agradecerle su voluntad, su disposición y su talante abierto al diálogo. Espero, señorías, que esta ley que hoy termina su trámite parlamentario y que es tan importante, a la vez que esperada por todo el sector de la discapacidad, sea realmente el instrumento de inclusión en la sociedad, en esa sociedad abierta e inclusiva, como dice la exposición de motivos de esta ley, pero que ha de modificar el entorno solidariamente para acoger a las personas con discapacidad como elementos enriquecedores que ensanchan la humanidad y le agregan valor, y debe hacerlo también tomando en consideración la propia intervención de las personas con discapacidades diferenciadas. La convención se constituye como el primer tratado internacional que regula la importancia de la participación de la sociedad civil. Permitamos a todos que esto sea posible. En palabras de una amiga, a la que quiero hacer hoy un homenaje, firme defensora de los derechos de las personas con discapacidad, que presidía la Federación ECOM, fallecida recientemente, María José Vázquez, y que siempre decía: las leyes nos dan derechos, pero lo que necesitamos es que podamos ejercerlos. Estoy convencida de que María José estaría hoy contenta con la aprobación de esta ley.

Señorías, para terminar, quiero mostrar mi solidaridad con el diputado Vañó, que hoy no puede subir a esta tribuna a defender su ley en igualdad de condiciones, como el resto de oradores. Creo que en este hemiciclo, en este Congreso también tendríamos que tomar nota de lo que decimos en este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Tarruella.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Vañó.

El señor VAÑÓ FERRE: Gracias, señora presidenta.

Gracias, señora Tarruella, no en nombre propio, sino en nombre de la discapacidad, que se tiene que considerar y tomar en cuenta. Muchísimas gracias.

En cuanto al tema de hoy, después de muchos avatares de adaptación de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, por fin hoy llegamos, no ya al punto final de esta tramitación, pero sí a un principio, porque todavía queda mucho por hacer en España. Desde que se ratificó en abril de 2008, entrando en vigor en mayo de ese mismo año, la convención forma ya parte de nuestro ordenamiento jurídico; había que adaptar una serie de leyes que todos nosotros de común acuerdo consideramos imprescindible llevar a cabo. Nuestra Constitución -artículo 49- estaba inspirada en el modelo médico-rehabilitador. A través de la convención hemos superado este modelo, y pasamos a considerar la discapacidad como un conjunto de condiciones agravadas por el entorno; la culpa de la discapacidad ya no es de la persona con discapacidad, sino que muchas veces es del entorno, y creo que superar este concepto, lo mismo que pasar de los servicios sociales a los derechos sociales, es otro de los puntos de inflexión que a través de la convención que adaptamos hoy aquí se pone de manifiesto.

El Grupo Parlamentario Popular fue el primero en plantear la adecuación de nuestra normativa. A finales de 2008 presentamos una proposición de ley en la que pretendíamos garantizar toda la adecuación de nuestra normativa a través de una garantía de los derechos de las personas con discapacidad, que desgraciadamente estuvo paralizada durante dos años en el trámite de enmiendas. Finalmente vino el proyecto de ley que si en un principio nos parecía poco ambicioso o un poquito corto -se modificaban once leyes y nosotros considerábamos que como mínimo había que incidir en veintidós-, sí que era un primer paso; incluso el propio Consejo Económico y Social denunciaba que era un poco corto en cuanto a que dejaba sin abordar una serie de temas importantes como la educación, la reforma del Código Civil y del Código Penal, pero en cualquier caso era un punto de partida en el que todos nos pusimos a trabajar, y yo creo que con una vocación de acuerdo, como siempre ha habido en todos los grupos en este campo, respeto mutuo y ganas de seguir avanzando a favor de las personas con discapacidad, y creo que se mejoró la situación.

En su paso por el Senado a través del acuerdo -transaccionando algunas enmiendas, pactando otras y retirando otras muchas- mejoró la situación bastante. Allí ha habido algunos retoques importantes, pero yo quiero hacer hincapié en dos cosas, que es lo que le preocupa a nuestro grupo. En primer lugar, la inclusión laboral de las personas con discapacidad sigue siendo el gran reto de futuro. A través de la integración laboral es como se consigue la inclusión social de las personas con discapacidad. Otro gran reto, que también está contemplado en alguno de los puntos, es la accesibilidad a entornos, productos, medios, servicios, donde también deben no solo aprobarse leyes, sino que estas sean eficaces, que se apliquen, que haya una conciencia social, y que esa


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sociedad no ponga trabas, aunque sea de forma involuntaria, a las personas con discapacidad.

En cuanto al empleo, seguimos sin datos actualizados a pesar de que ha sido una constante de nuestro grupo a través de diversas iniciativas, porque lo que no se puede cuantificar no se puede tratar bien, y nosotros consideramos que se debe incidir en ello. Hay algunos aspectos sobre los que quiero insistir -y voy terminando-. Las mejoras del ámbito laboral como incorporar el 7 por ciento de personas con discapacidad al empleo público nos parece muy interesante, muy útil y muy necesario. No estamos de acuerdo -y en esto coincidimos con otros grupos, como con el del señor Llamazares- en que de ese 7 por ciento un 2 por ciento sea, además de para discapacitados intelectuales, para discapacitados sensoriales. Creemos que no es el mismo caso, que esa discriminación positiva hacia los intelectuales es más necesaria, por lo tanto no estamos de acuerdo con esa enmienda del Senado. Mi grupo sí considera exigible a las empresas que en los contratos con la Administración acrediten el cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por ciento de personas con discapacidad en el empleo. En cuanto a la estrategia global y la inclusión de las personas con inteligencia límite en el ámbito laboral creemos que, tal y como quedó en el trámite del Congreso, fue mucho más útil, mucho más descriptiva y más inteligible que como ha quedado en el trámite del Senado, donde es más ambigua. Por lo tanto también vamos a estar en contra.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Vañó, tiene que ir terminando.

El señor VAÑÓ FERRE: Termino, presidenta.

Insistiremos en nuestra enmienda de que el 5 por ciento de los contratos del Estado puedan o deban ser adjudicados a centros especiales de empleo, e igualmente vamos a estar de acuerdo en el resto de enmiendas: la del 4 por ciento de las viviendas en la Ley de Propiedad Horizontal; la del cumplimiento del artículo 12 de la convención, etcétera.

Termino insistiendo en algo que se ha dicho: que ha habido una voluntad, una vocación de seguir avanzando; todo el mundo ha renunciado a algo en aras de esa mejora, y por tanto lo tomamos como punto de partida para continuar por ese camino.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Vañó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Medina Teva.

La señora MEDINA TEVA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Socialista también queremos saludar al presidente del Cermi, al movimiento de la discapacidad. Bienvenidos a esta Cámara.

Finalizamos hoy la tramitación de un proyecto de ley fundamental, un proyecto de ley que constituye un gran paso adelante en el ejercicio de la igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad. Efectivamente el pasado 3 de diciembre, y coincidiendo con el Día internacional de las personas con discapacidad, se aprobó en reunión del Consejo de Ministros el proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad; un proyecto de ley que venía avalado por el informe que presentó el grupo de trabajo interministerial que se creó el 10 de julio de 2009, mediante Consejo de Ministros, y cuya labor fundamental era estudiar desde la órbita de cada uno de los ministerios cuáles eran los aspectos fundamentales que se tenían que regular para adaptar nuestra legislación a la convención. El informe de ese grupo de trabajo fue aprobado y presentado en marzo del año pasado, analizando la situación y haciendo propuestas concretas de cambios legislativos que tendríamos que desarrollar, modificaciones de leyes en materia de sanidad, discapacidad, empleo, igualdad de oportunidades, protección civil, cooperación internacional o seguros. Quiero resaltar que todas estas modificaciones fueron respaldadas por el Consejo Nacional de la Discapacidad, que representa como saben a las organizaciones de personas con discapacidad y a sus familias. Por ello quiero poner de manifiesto que el Gobierno ha demostrado su claro compromiso con el objetivo de la mejora efectiva de las condiciones de vida y la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. Ya lo hizo durante la pasada legislatura y también lo ha hecho en la actual.

Si algo ha caracterizado, señorías -y lo han dicho varios de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra-, el trabajo que hemos desarrollo ha sido sin duda el alto grado de compromiso demostrado por todos los grupos parlamentarios, su interés por mejorar la ley, y la voluntad inequívoca de alcanzar acuerdos. Todo esto se ha materializado en la incorporación de una serie de enmiendas que sin duda han mejorado la ley; unas modificaciones recogidas por esas enmiendas que afectan a diversas materias, algunas de las cuales -las más relevantes- yo quiero resaltar. Se aumenta a un mínimo del 7 por ciento las plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público; se refuerzan los derechos de las personas con discapacidad para garantizar la no discriminación y la plena integración en la sociedad; al menos el 2 por ciento de las plazas en los procesos públicos de empleo serán para personas con discapacidad intelectual; además se asegurará el cumplimiento de la reserva del 2 por ciento de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de cincuenta trabajadores; o las infraestructuras del transporte promovidas por la Administración General del Estado, que deberán incorporar una memoria de accesibilidad. Asimismo hay algo que desde


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nuestro grupo consideramos fundamental: se actualiza la definición legal de persona con discapacidad y se actualiza la contenida en la convención, considerándose que son personas con discapacidad aquellas que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, y que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Sin duda ninguna la convención -en palabras de la propia ministra el primer tratado de derechos humanos- supone un cambio en el concepto de discapacidad, ya que pasa a considerarla como una cuestión efectivamente de derechos humanos en lugar de una mera preocupación de bienestar social.

Termino, señorías, agradeciendo el trabajo que se ha llevado a cabo, su disposición y su interés. Quiero agradecer también el esfuerzo de los compañeros de ponencia de mi grupo parlamentario, el señor Muñoz y la señora Corral, muchas gracias también por el trabajo realizado durante la tramitación de la ley. Y, por supuesto, quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo de los colectivos y de las asociaciones que trabajan por el impulso de las políticas para integrar a las personas con discapacidad, porque sin duda son un acicate para que juntos podamos avanzar en ese camino que iniciamos y que nos hace una sociedad más justa, más democrática y más inclusiva.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Medina.

- PROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL Y DE INCORPORACIÓN DE LA DIRECTIVA 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 11 DE JULIO, SOBRE EL EJERCICIO DE DETERMINADOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS DE SOCIEDADES COTIZADAS. (Número de expediente 121/000111.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos, a continuación, al debate de las enmiendas al proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy vamos a aprobar de manera definitiva una ley que tiene dos frentes. En primer lugar, es una ley que es reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y, por otro lado, es una ley de las que llamamos de incorporación, porque lo que realiza también, además de modificaciones a las que ahora me referiré, es adaptar nuestro ordenamiento jurídico a la Directiva 2007/36, de 11 julio. El proyecto de ley y la ley finalmente aprobada reduce costes de organización y funcionamiento de las sociedades de capital, moderniza y adapta a la práctica el derecho de esta clase de sociedades y suprime diferencias entre el régimen de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Por tanto, hacemos una valoración positiva, y valoración positiva también hoy en este trámite de las enmiendas que ha aprobado el Senado. Convergència i Unió va a dar apoyo a todas ellas y algunas de ellas tienen la autoría de Convergència i Unió, algunas de calado. Me refiero, por ejemplo, a lo que va a suponer que se suprima la redacción inicial del proyecto en el artículo 212 bis. Con ello nos aproximamos a lo que el Consejo de Estado en su dictamen de 5 de noviembre de 2010 nos pedía. Nos pedía que de alguna manera la responsabilidad del representante persona física podía trasladarse al plano contractual, pero el planteamiento inicial del proyecto de ley, que hacía a esa persona natural representante de una persona jurídica y le sometía a los mismos derechos y deberes y a la misma responsabilidad que si ejerciera el cargo en su propio nombre, ignora y se aparta de lo que es en la práctica la actuación de esas personas naturales -incluso en determinadas sociedades públicas son funcionarios- que no están cobrando ni recibiendo retribuciones por esa representación y que no están actuando como si lo hicieran -para entendernos- como personas físicas en el ámbito privado. Por tanto, era una extensión de responsabilidad que no nos parecía adecuada. Se ha corregido, se ha suprimido ese apartado 2 y nosotros nos congratulamos de ello.

Hay dos enmiendas más, que también tenían esa autoría de Convergència i Unió y que nosotros entendemos positivas. Cuando hablamos de la sede electrónica -el artículo 11 bis-, si cuando se constituye la sede electrónica debe inscribirse en el Registro Mercantil o bien ser notificada a todos los socios, lo lógico es que en el caso de que se suprima o traslade esa página web de la sociedad también deba inscribirse en el Registro Mercantil o bien ser notificado a todos los socios. Por tanto, parecía obvio que se diera el mismo régimen aquí y así se ha realizado también en el texto que finalmente nos viene del Senado.

Para terminar, señora presidenta, hay una última enmienda del Senado que ha sido transaccionada con varios grupos, de la cual hacemos una valoración positiva si la comparamos con el texto inicial que venía del Congreso. Me refiero al artículo 524, que viene a regular las relaciones entre el intermediario financiero y sus clientes a los efectos del ejercicio del voto. Es un tema importante que tiene trascendencia, y quizá la redacción inicial del proyecto, tal y como fue aprobada por el Congreso de los Diputados podía encorsetar determinadas decisiones cuando se establecía un plazo dentro de los siete días anteriores a la fecha prevista. En la práctica hay delegaciones de voto que permiten al intermediario


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financiero un ejercicio del derecho de voto de sus clientes que es más ágil y que se ajusta mejor a la práctica y a la realidad. Por tanto, también vamos a dar apoyo a ese texto transaccional que ha aprobado el Senado en este artículo 524.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Albendea.

El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, solamente cuatro enmiendas a este proyecto de Ley de Sociedades de Capital nos llegan del Senado, dos presentadas por Convergència i Unió, que fueron objeto de transacción, y dos del Grupo Popular. Una de las enmiendas transaccionales modifica el artículo 11 bis, relativo a la sede electrónica, en el sentido de que la supresión o traslado de dicha sede deberá inscribirse en el Registro Mercantil o ser notificado a todos los socios. La otra enmienda transaccional suprime el apartado 2 del artículo 212 bis por ser innecesaria la aclaración de que la persona natural representante de la persona jurídica administradora estará sometida a los mismos deberes, a la misma responsabilidad que si ejerciera el cargo en su propio nombre. Lógicamente, el apartado 3 pasa a ser el 2 y se introduce la aclaración de que el nombramiento de un sustituto por revocación de su representante por la persona jurídica administradora deberá inscribirse en el Registro Mercantil.

En la enmienda del Grupo Popular al artículo 515 simplemente se introduce una mejora técnica enumerando los dos párrafos que integran este artículo, adaptándose así más a la directiva europea.

Una enmienda transaccional modifica el artículo 524 en el que se regulan las relaciones entre el intermediario financiero y sus clientes con la finalidad del ejercicio del derecho de voto.

En la otra enmienda del Grupo Popular se modifica el artículo 526 mediante una transacción en la que se contempla la posibilidad de votar en los supuestos de conflicto de intereses siempre que el administrador hubiese recibido del representado instrucciones de voto precisas para cada uno de dichos puntos. Mi grupo va a votar favorablemente estas enmiendas del Senado, que, sin duda alguna, mejoran la ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Albendea.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor De la Rocha.

El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Señora presidenta, señorías, debatimos en esta votación final el proyecto de ley de reforma de la Ley de Sociedades de Capital y también la regulación de determinados aspectos de las sociedades cotizadas, un proyecto que quisiera, en primer lugar, situar y enmarcar en el amplio conjunto de reformas que el Gobierno y el Ministerio de Justicia vienen desarrollando no solo en el ámbito de la Administración de Justicia, reformas procesales y de otro tipo, sino específicamente en el ámbito del derecho de sociedades español, en la línea de, por una parte, mejorar la competitividad disminuyendo costes, armonizando el derecho español con el derecho europeo, pero también en la línea de incrementar la transparencia, la seguridad jurídica y las garantías para los socios, para los acreedores y para los trabajadores.

Tres son las piezas fundamentales que en este ámbito se han desarrollado en esta legislatura. En primer lugar, la Ley de Sociedades de Capital, que, por primera vez, unifica en un cuerpo legislativo todo el conjunto de normas que regulan las sociedades de capital, limitadas, anónimas y comanditarias, no solo unificándolas, sino también en esa perspectiva muy europea de ir superando las diferencias entre las sociedades anónimas y las limitadas para marcar la verdadera diferencia entre las sociedades cotizadas y las no cotizadas. En segundo lugar, la Ley de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, que también unifica y regula de forma única las alteraciones societarias que afectan al patrimonio o que afectan a la estructura personal o patrimonial de las sociedades. Y ahora este proyecto de ley, un proyecto que afecta a las sociedades de capital y a las cotizadas y que, como se ha señalado, cubre fundamentalmente dos objetivos.

El primero es la reducción de trabas administrativas, reducción de costes de organización de funcionamiento e introducción de normas de modernización de las sociedades de capital. Aquí quiero señalar un ejemplo que plasma con una buena imagen lo que es uno de los avances de modernización de este proyecto. Se suprimen muchos requisitos de publicidad en periódicos privados o en diarios oficiales para sustituirlo con la primera regulación legislativa de fondo por lo que ya algún portavoz ha denominado la llamada sede electrónica, la página web corporativa como vía para notificar a los socios las convocatorias, la documentación y los acuerdos de los órganos societarios, aprovechando todas las posibilidades que ofrece Internet. El segundo objetivo es la trasposición de la Directiva Europea 2007/36, de 11 de julio, que busca facilitar el ejercicio del derecho de voto a nivel trasnacional en Europa a través también de técnicas electrónicas, a través de mejoras de trasparencia, a través de clarificación de las incompatibilidades entre los representantes y el voto o las materias sobre las que ejercen el voto. Se suprimen -quiero señalarlo porque simboliza también algunos elementos de este proyecto de ley- los obstáculos que dificultan el voto de los accionistas a distancia en juntas generales de grandes sociedades para que lo puedan hacer a través de una participación electrónica con plenas garantías.


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Señorías, mi grupo parlamentario va a votar favorablemente todas las enmiendas que se han aprobado en el Senado, cuya explicación han hecho otros portavoces, en su mayoría de carácter técnico en una ley fundamentalmente técnica, pero también política.

Termino manifestando el agradecimiento a otros grupos parlamentarios y la satisfacción por el alto acuerdo alcanzado, un proyecto que fue votado por unanimidad en la Comisión de Justicia del Congreso, un proyecto que ha sido votado por unanimidad en el Senado, un proyecto que ha recogido ese esfuerzo de los grupos parlamentarios, ese trabajo no bien conocido que hacemos en las Cámaras de búsqueda de encuentros, de aportación de criterios, de escucha de los portavoces de otros grupos para, a través del intercambio de ideas, mejorar los proyectos de ley. Este es un proyecto sensiblemente mejorado. Mi grupo se satisface por ello, y va a votar a favor.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor De la Rocha.

- PROYECTO DE LEY DE DEPÓSITO LEGAL. (Número de expediente 121/000118.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos, a continuación, al proyecto de ley de depósito legal.

En primer lugar, por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, al final del recorrido de esta ley que se trabajó con buena voluntad y con ahínco en la Comisión de Cultura, debo decirles que mostramos nuestra satisfacción, puesto que ya salió de esta Cámara bien provista de un espíritu y una voluntad de modernización del depósito legal que estaba regulado por una ley preconstitucional, una ley del año 1957, que luego tuvo una posterior modificación a través de una orden del año 1971. De hecho, existen unas recomendaciones fundamentales de la Unesco que tienen que ver con la necesidad de proteger y preservar el patrimonio digital en el mundo actual, donde las cosas son absolutamente distintas a las de hace tan solo unos años.

Presentamos pocas enmiendas en el trámite del Congreso, las nuestras fueron aceptadas, así como otras de otros grupos parlamentarios que tuvimos interés en transaccionar. Debo decirles que seguimos manteniendo una crítica al papel fuera de la historia que se reserva todavía hoy a la Biblioteca Nacional de España. Ustedes conocen la filosofía con la que nació este tipo de instituciones en la Europa de los siglos XVIII y XIX, que hoy día no se compadece con el mundo actual, ni con el Estado complejo en el que vivimos. Dotar a la Biblioteca Nacional de esta capacidad de alta inspección de algo tan normalizado y tan en red como es el depósito legal es algo muy pero que muy arcaico. Aun así -supongo que por la inercia de la historia-, el proyecto de ley adolece de esta falta de modernidad. Creemos que esta tutela es innecesaria, superflua, redundante y antieconómica -yo diría que incluso muy antieconómica-, pero tampoco entendemos que esto sea motivo para hacer desmerecer esta ley, que -repito- era una imperiosa necesidad con el fin de adecuar el depósito legal a la nueva realidad del mundo en que vivimos.

Finalmente, quiero decirles que vamos a votar las enmiendas que nos llegan del Senado, y una vez más reclamamos que las bibliotecas públicas del Estado sean transferidas a las comunidades autónomas. Había razones para aprovechar esta ley, al menos para introducir una adicional que hiciera camino, que hiciera surco en esta necesidad. No tiene ningún sentido que dotemos a las bibliotecas públicas de las comunidades autónomas de la capacidad de articularse -repito- en red en todo aquello que compete al depósito legal y que, en cambio, todavía hoy día estemos atrincherados, o al menos desde la Administración General del Estado se esté atrincherado, en la incapacidad para transferir las bibliotecas públicas del Estado a las comunidades autónomas. La ecuación es evidente. Todas las administraciones conforman la Administración del Estado complejo, ergo estas reservas tienen que ver con la inercia que antes aducía en el argumento del Gobierno de dotar a la Biblioteca Nacional de esta capacidad de alta inspección. Todo ello cierra el círculo, y lo último sirve para explicar lo primero. Así, pues, votaremos a favor de esta ley, que entendemos que es un paso hacia delante, a pesar de los déficits que he expresado.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tardà.

¿Señor Olabarría, va a intervenir usted en nombre de su grupo? (Denegaciones.)

Pasamos entonces al Grupo Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.

Como ya dijimos en su momento en la Comisión de Cultura, este proyecto de ley sobre el depósito legal que hoy viene del Senado supone un instrumento más para preservar nuestro patrimonio cultural, bibliográfico, sonoro, audiovisual y digital, y por ello desde Convergència i Unió vemos necesaria la adecuación de la norma. Entendemos que con la nueva ley mejoramos sustancialmente respecto al marco legislativo anterior, que había quedado absolutamente obsoleto. De ahí nuestro apoyo desde el primer momento al proyecto, pero evidentemente con propuestas para mejorarlo.

En este último trámite parlamentario queremos poner también en valor la voluntad de consenso que ha presidido


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en todo momento los trabajos de la Comisión. También queremos agradecer la predisposición al diálogo -lo vamos a singularizar en la diputada y ponente socialista, doña Gracia Muñoz-, así como la siempre atenta y experta colaboración de la letrada doña Lidia García Fernández. Hemos abordado un proyecto de carácter eminentemente técnico y ya hemos dicho que nuestro grupo parlamentario ha presentado un conjunto de enmiendas que en general tenían por objeto clarificar competencias, pero también conceptos que, en algunos casos, podían inducir a confusiones.

Así, en el texto proveniente del Senado nuestra enmienda número 12 ha sido incorporada al servir también de base para introducir una transaccional, aceptada por unanimidad, y que pretende distinguir entre los centros y las bibliotecas públicas, por cuanto de este último concepto se podrían excluir las bibliotecas nacionales, como por ejemplo la Biblioteca de Cataluña u otros centros que pudieran decidir las comunidades autónomas. No obstante, lamentamos que hayan sido rechazadas el resto de enmiendas de nuestro grupo, porque creemos que habrían aportado mejoras destacables en el texto. Concretamente, nuestra enmienda número 10 al artículo 1, que pretendía retomar la terminología del proyecto inicial para evitar así más confusiones conceptuales. Pero principalmente lamentamos la no incorporación de la enmienda 11, que introducía un nuevo apartado al artículo número 9, con el fin de que las comunidades autónomas pudieran designar centros de recepción diferenciados de los centros de conservación; todo ello con el objetivo de dar margen a las comunidades autónomas con el fin de que pudieran designar distintos centros para que estas administraciones con competencias, en este caso la Generalitat, pudieran decidir según el caso qué se debería conservar en los centros. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) A pesar de lo razonable de la propuesta, que no afecta solo a Cataluña, sino también a otras comunidades que reciben un volumen importante de documentos por depósito legal, el Grupo Socialista no la ha aceptado. Lo que esta enmienda pretendía era agilizar la gestión del depósito legal y evitar la conservación de documentos o evitar la recepción de otros que a priori se sabe que no se van a conservar; en definitiva, evitar cargas burocráticas y económicas que son del todo prescindibles.

En el mismo sentido y en coherencia con lo expuesto, se presentó también la enmienda número 14, que tampoco ha sido aceptada por el Grupo Socialista y que pretendía solucionar el problema de algunas bibliotecas públicas para procesar todo el material que les entra. Pensamos que sería más eficiente y menos costoso para la administración evitar la entrada de determinados documentos a la biblioteca, siempre que no comportara menoscabo para las colecciones locales, evidentemente, puesto que las administraciones gestoras tienen siempre como prioridad y obligación conservar por depósito legal todo aquello que sea trascendente o de interés para nuestro patrimonio cultural. Igualmente, presentamos la enmienda número 13, que tampoco ha sido aceptada y que pretendía dar mayor papel a las comunidades autónomas con competencias en el posterior desarrollo reglamentario de la ley.

Por último, queremos poner de manifiesto nuestra sorpresa por la incorporación en el Senado de dos enmiendas del Grupo Socialista al artículo 14 del proyecto, que afectan a la enumeración del depósito legal en diarios y revistas. No nos agrada esta modificación del precepto porque a menudo se trata de publicaciones distintas que no tienen el mismo formato y contenido y no es lógico que estos productos tengan el mismo número de depósito legal. Por ello hemos pedido al Grupo Socialista que revise esa inclusión y devuelva la redacción original al precepto para evitar así posibles confusiones.

En definitiva, cuatro de las enmiendas que hemos presentado no han sido incorporadas. A pesar de ello, reconocemos que en el actual texto del proyecto se han introducido bastantes mejoras conceptuales y otras de mayor calado en las que nuestro grupo parlamentario también ha participado. Asimismo, compartimos la necesidad de la nueva regulación del depósito legal, celebrando el amplio consenso alcanzado a lo largo de su tramitación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.

Tiene la palabra don Vicente Ferrer Roselló.

El señor FERRER ROSELLÓ: Gracias, señor presidente.

Quiero previamente despejar toda duda y confirmar nuestro apoyo a la ley y a la totalidad de las enmiendas introducidas por el Senado.

Señorías, hay leyes cuyo título resulta de por sí poco atractivo o, si lo prefieren, poco estimulante. Debo confesarles que cuando mi grupo tuvo la amabilidad de confiarme esta y leí a vuelapluma ley de depósito legal no me sentí entusiasmado, no me sentí presa de un cúmulo de emociones electrizantes, hasta que me di cuenta de que era una ley sobre libros. Yo tengo una deuda de gratitud con los libros. Se han esforzado cuanto han podido por remediar mi ignorancia, han sido refugio de soledades, feroces enemigos del hastío, compañeros incansables de largas veladas de diálogos interminables o simples conversadores amenos. Y también me han abierto al mundo. Confieso haber leído y ser quien soy en buena medida por lo que he leído. En cualquier caso, coincido con el profesor Tierno Galván cuando decía aquello de más libros, más libres. Por ese camino llegué a la conclusión de que una ley, no solo de libros, sino en la que la aparición de otras publicaciones o registros sonoros y audiovisuales no empañaba el papel estelar de los libros, tenía que ser necesariamente una ley importante.

La ley de depósito legal atiende a un aspecto fundamental, si me permiten el símil legal, a la guarda y


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custodia; la guarda y custodia de la historia, el pensamiento, la creatividad y la memoria de un pueblo. La nuestra era una legislación antigua y el paso del tiempo había puesto sobre la mesa algunas cuestiones que debíamos tomar en consideración y resolver. Los modos de producción de la industria actual, en el marco de la deslocalización y la globalización, provocan que parte de esa producción editorial no ingrese, dado que actualmente la obligación depende de la sede del impresor y no del editor y cada vez, es un hecho, se imprime más fuera de España; la realidad autonómica, que no se encuentra reconocida en la legislación de ámbito nacional y que tiene su consecuencia en los centros depositarios, dado que muchas bibliotecas públicas del Estado se encuentran también transferidas a las comunidades autónomas; la necesidad de establecer un régimen sancionador que contemple las posibles acciones en caso de incumplimiento de la obligación del depósito y, finalmente, el marco tecnológico actual. No podemos seguir ignorando que parte de la producción literaria y científica hoy tiene lugar en soporte electrónico e incluso directamente en la red. De hecho, la falta de regulación del depósito en estas publicaciones ha originado la pérdida de facto de lo que podríamos llamar la prehistoria digital. Este puede ser el único pero que debamos ponerle a la ley, por cuanto nos ha quedado pendiente la no fácil tarea de regular el procedimiento de constitución del depósito de las publicaciones electrónicas, tarea que debemos acometer en el plazo de un año. A tal efecto, habrá que seguir los criterios europeos, garantizando la intimidad de las empresas editoriales y de sus sistemas informáticos, siempre bajo el respeto riguroso a los principios contenidos en la Ley de Propiedad Intelectual, sin olvidar la resolución de la espinosa cuestión planteada por el apartado e) del artículo 19, que tanta preocupación ha levantado entre los editores.

En definitiva, señorías, es una ley necesaria y razonable, debatida con sentido de Estado y voluntad de acuerdo, como no podía ser de otra manera en una sociedad que ama sus libros, y, como decía el poeta Heine, donde se quiere a los libros también se quiere a los hombres.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ferrer.

Tiene la palabra la señora Muñoz Salvà.

La señora MUÑOZ SALVÀ: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy aprobamos definitivamente la ley de depósito legal. La función del depósito legal, su razón de ser, es garantizar la conservación del patrimonio bibliográfico español a través del depósito y conservación de las obras en las administraciones públicas competentes. Es una ley que tiene por objeto adaptar la regulación del depósito legal tanto a la realidad del Estado autonómico como a los cambios producidos en el mundo de la edición, me refiero a la aparición de nuevos soportes y a los documentos digitales en red. El proyecto establece que son objeto de depósito legal todas las obras bibliográficas, sonoras, audiovisuales y digitales producidas o editadas en España por cualquier procedimiento de producción, edición o difusión y distribuidas en cualquier soporte, tangible o intangible. Además, la obligación del depósito de las publicaciones electrónicas recaerá en su editor o productor. Esta nueva regulación era necesaria para adaptar la actual norma a la constitucionalidad en referencia a la distribución de competencias autonómicas, a la nueva realidad editorial y a las tendencias internacionales auspiciadas por la Unesco y la Unión Europea. Esta ley asume la función de protección y conservación del patrimonio bibliográfico de todas las culturas de España; se circunscribe a esta protección y conservación, independientemente y sin interferir en las posibles legislaciones autonómicas: deja espacio legislativo suficiente para que las diferentes comunidades autónomas puedan legislar en esta materia y preserva a nivel del Estado la protección y conservación del patrimonio bibliográfico. Aunque es una norma muy técnica, su importancia reside en la configuración que ha adoptado el depósito legal en los Estados democráticos. Esta configuración se expresa mediante el servicio público gratuito al sector editorial para poder suministrar obras originales en dominio público. Ello se traduce en una garantía de valores fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información de los ciudadanos, repercutiendo decisivamente en la sociedad del conocimiento y, en consecuencia, en el desarrollo social y económico de un país.

Las instituciones de la Unión Europea han advertido sobre los desafíos que plantea el depósito del patrimonio bibliográfico sonoro, visual, audiovisual y digital en el entorno digital, y han propuesto soluciones cuyo objetivo es la exploración de nuevas técnicas de recogida de material, en línea con fines de difusión y conservación. Esto es lo que hemos recogido en nuestro proyecto de ley. Desde que el proyecto entró en la Cámara todos los grupos parlamentarios hemos trabajado de manera comprometida y con convicción de la necesidad de este. Todos los ponentes, tanto del Congreso como del Senado, hemos trabajado para mejorar el texto y seguir dándole valor al patrimonio bibliográfico desde los nuevos planteamientos editoriales, instrumentales y de conservación. Quiero resaltar dos de las incorporaciones al texto que me parecen de gran relevancia. Una es la que hace referencia al órgano consultivo en materia de depósito legal. Los nuevos medios de comunicación y conocimiento proponen nuevos retos y planteamientos que hay que abordar, adaptarlos a los objetivos que nos hemos fijado, y la aportación concreta se refiere a la composición de este importante órgano, ya que supone la coordinación entre las comunidades autónomas y los sectores afectados en materia de depósito legal y de preservación y conservación del patrimonio bibliográfico. La otra se refiere a las obras editadas en lenguas distintas a las


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cooficiales y oficiales de España: Serán objeto de depósito legal mientras estén editadas en nuestro país, en nuestro territorio; aunque estén en distinto idioma, también aportan patrimonio cultural, bibliográfico a las culturas de España, lo que pone de manifiesto la diversidad cultural y la asunción de esta por parte de la sociedad española.

Las enmiendas presentadas fueron veintiséis en el Congreso y veintidós en el Senado, casi dos tercios de todas ellas están incorporadas o transadas en el texto. Por ello quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios sus aportaciones para la mejora tanto técnica como conceptual del texto. Con el trabajo realizado entre todos hemos conseguido dar mayor valor a la cultura, potencial de desarrollo y cohesión de nuestro país y conseguimos también una imagen de España como país cultural que nos enorgullece.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

- PROYECTO DE LEY SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000120.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar las enmiendas al proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

En primer lugar tiene la palabra doña Rosa Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señor ministro, señorías, como dijimos cuando se produjo el debate de totalidad de esta ley, esta sigue siendo una ley injusta y, sobre todo y lo más grave, una ley, junto con lo injusta, inútil. Lo es en la forma, porque nace de la ruptura del consenso básico que sobre esta cuestión ha existido siempre en el Pacto de Toledo, y lo es también desde el punto de vista del fondo; en la forma y en el fondo. La precipitación, la falta de reflexión llevó al Gobierno a equivocarse en el qué de la ley, en lo que se regula, y también en el cómo se regula. Es una ley alicorta que no tiene otro objetivo que tranquilizar a los mercados, que no afronta a las reformas estructurales que ustedes mismos -quienes la defienden- proclamaron como necesarios, que no clarifica la separación de fuentes, que no resuelve el acceso a la jubilación que se regula de forma poco flexible fijando una edad legal máxima y rígida sin incentivar adecuadamente la vida laboral más allá de esa edad. No hay una sola medida concreta que garantice la sostenibilidad del sistema, señor ministro. No se abordan las reformas tan urgentes y necesarias como la de la muerte y supervivencia. No hay ni una sola medida concreta; hay teoría, literatura, pero no hay propuestas para resolver los problemas. En suma, es meramente un placebo para tranquilizar a los mercados que, a lo mejor, es lo único que ustedes a estas alturas son capaces de hacer. En definitiva, una oportunidad perdida; la reforma de la Seguridad Social se viene haciendo de forma permanente, pero esta es una oportunidad perdida para una necesidad que ninguno discutimos.

Brevemente insistiré en aquello que no se resuelve, en aquellas ausencias. Yo creo que todas estas propuestas de reformas necesarias para la sostenibilidad del sistema, para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, para garantizar las prestaciones a las que han contribuido a lo largo de toda su vida, las han convertido ustedes, al pasar por sus manos, en un fraude para aquello que dicen perseguir. No refuerzan la contributividad del sistema, ni establecen un régimen flexible en el acceso a las pensiones de jubilación, ni penalizan las prejubilaciones, ni adoptan ninguna medida desde el punto de vista de los ingresos; en definitiva, dejan para el futuro reformas de otras prestaciones distintas a la jubilación, como el hijo a cargo, la discapacidad, la incapacidad permanente, y otras que son completamente necesarias. Lamentablemente, después de su paso por el Senado lo que se puede decir es que el conjunto de las enmiendas que allí se han aprobado -sin perjuicio de algunas que son positivas, ocho en concreto y a las que votaremos positivamente- desnaturaliza la reforma, son producto de la negociación, fundamentalmente con los nacionalistas catalanes, y sobre todo hay mucho de lobby y muy poco de reforma global, como nosotros, el conjunto de los representantes de los ciudadanos queríamos y la sociedad demandaba. Un conjunto de parches, a veces hasta contradictorios. En definitiva, una ley que es injusta y que es inútil, algo que la sociedad española no se puede permitir.

Gracias presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Tiene la palabra doña Olaia Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Es verdad, señorías, que hoy lo que tratamos en esta sesión es la posición en relación con las enmiendas que vienen del Senado, pero nuestro Grupo, el Bloque Nacionalista Galego, no quiere que se pueda confundir la votación que hoy hacemos con nuestra posición, que es total y absolutamente contraria a esta reforma de la Seguridad Social por las cuestiones que ya en distintos debates hemos mencionado y, además, aportado muchísimos datos que, desde nuestro punto de vista, demuestran la innecesariedad de la reforma en relación con la ampliación de la edad de jubilación, la ampliación de los años de cotización para acceder a ella o los años para el cálculo de la misma. Por tanto, señorías, vamos a seguir manteniendo una posición negativa, aun reconociendo en las enmiendas del Senado algunas cuestiones positivas como, por ejemplo, esa tímida mejora de las pensiones de viudedad o lo que significa en esta reforma de la ley la incorporación del trabajo doméstico al régimen


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general, independientemente de que, como hemos comentado en otras ocasiones, no se hace en las condiciones que a nosotros nos parecerían oportunas.

Pero, señorías, estamos ante la aprobación definitiva, aunque sea en base a las enmiendas del Senado, de una ley que lo que representa realmente son recortes sociales, una ley que el Gobierno español se afanó en hacer después de los miedos que le entran cada vez que el mercado ruge amenazando en relación con la economía y las dificultades para la creación del empleo, el grave problema que tenemos en el Estado español y en la Unión Europea. Sin embargo, desde que el Gobierno presentó toda la batería de reformas, que son recortes sociales, ese rugido felino del mercado no ha parado y todas las semanas nos sigue amenazando. Todas las semanas nos despertamos algún día con que sube la prima de riesgo y, por lo tanto, suben los intereses que tiene que pagar el Estado. La pregunta es a quién tiene que pagar el Estado esos intereses. Al Mercado. Por tanto, no entendemos por qué ni la Unión Europea ni el Gobierno español, mientras se afanan en hacer estas reformas de recortes sociales, no se han afanado en hacer también las reformas necesarias que regulen las empresas de evaluación, que están haciendo tanto daño; que regulen aquellas cuestiones necesarias para frenar lo que ya podríamos denominar el imperio de la especulación financiera. Señor ministro de Trabajo, que es el miembro del Gobierno que nos acompaña esta mañana, es necesario hacer estas políticas porque la especulación financiera está haciendo daño a la economía, está haciendo daño al empleo y está haciendo daño a la democracia. Si no reaccionamos, el futuro no parece que sea para verlo con mucho optimismo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.

Don Gaspar Llamazares tiene la palabra.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, escribimos hoy otra negra página de esta desgraciada legislatura, donde a la crisis económica se suma una gravísima crisis política porque los ciudadanos y sus representantes están condicionados en buena parte por los mercados, por la especulación financiera. Señorías, esta reforma de la Seguridad Social no es tal reforma ni es la denominada reforma paramétrica de la Seguridad Social. Se trata de un retroceso histórico en una conquista de los trabajadores y de los ciudadanos como es jubilarse a los 65 años, jubilarse todavía sin discapacidad. Estamos no solo ante un retroceso histórico, estamos ante un fraude programático. Ningún partido de esta Cámara ha presentado en su programa electoral el alargamiento, la prolongación de la edad de jubilación. Por tanto, se trata de un fraude político a los ciudadanos ante el golpe de mercado. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Por otra parte, señorías, es una medida inútil porque los mercados, los especuladores financieros, se han demostrado como especuladores insaciables: no les va a ser suficiente esta medida; no bastará con el sacrificio de los 65 años de jubilación; no bastará tampoco con las medidas de ajuste y los recortes sociales, ni siquiera con las privatizaciones salvajes, como la que se está produciendo en estos momentos en AENA sin ningún control parlamentario, como denunció en su momento el Partido Socialista, cuando era fuerza de oposición. Señorías, no serán suficientes estos recortes y continuará el ataque de los mercados. No podemos hacer aquello de todo por la deuda, porque en estos momentos la deuda no solamente amenaza la estabilidad económica, sino que amenaza también nuestra representación política. Porque, señorías, terminamos muy mal esta legislatura, estamos al final de la legislatura y esta es una nueva mancha en nuestro expediente, en el expediente parlamentario. Por eso yo les pido, señorías, que paralicen esta medida, que no voten este retroceso histórico. Yo les pido que recuperen la dignidad del Parlamento frente a la imposición de los llamados mercados; nosotros no somos intermediarios de los mercados, somos los representantes de la ciudadanía y, por tanto, nos debemos a ella. Y les pido, señorías, sensibilidad social, porque este retroceso histórico, este recorte drástico de nuestro sistema público de pensiones, no solamente no es necesario porque tenemos un sistema de pensiones viable, sino que es profundamente injusto: el mensaje es que unos pocos provocan la crisis y se van de rositas, y la gran mayoría sufren la crisis y pierden derechos. Señorías, piénseselo bien. Nosotros votaremos en contra.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Llamazares.

Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el Partido Socialista Obrero Español y el Gobierno de Rodríguez Zapatero pasarán a la historia en clave de progreso por haber garantizado el matrimonio en aquellas personas de un mismo sexo, pero también pasarán a la historia por haber atentado contra una de las mayores conquistas de la clase obrera, de la clase trabajadora, que no es otra que el sistema público de pensiones. Es el jaque mate o una jugada de jaque mate al Estado del bienestar. Por eso nos manifestamos en contra y además hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que esta derrota hoy aquí, en el Parlamento, la convierta con movilizaciones en la calle en una victoria, es decir, en la defensa del Estado del bienestar, la joya de la corona de la clase obrera. El sistema público de pensiones hoy está amenazado, porque los 65 años no son una cifra sino el logro de una conquista popular, una conquista de los trabajadores. Y el panorama, el escenario que se abre no es otro que el de la precarización,


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el de la dualización de la sociedad, y todo ello porque el Gobierno español, ciertamente al dictado de los mercados, ha obviado otras variables y se ha sujetado solo al ítem demográfico, obviando -digo- otras variables. Mi grupo parlamentario nunca ha negado la necesidad de introducir modificaciones en el sistema público de pensiones, pero estas modificaciones no tenían por qué suponer -repito- un debilitamiento del sistema público. Se ha obviado el compromiso rotundo y categórico reclamado por nuestro grupo parlamentario de la separación de fuentes, del incremento de las cotizaciones y otras variables y se han sujetado solamente a la ecuación del imperativo demográfico, todo ello en favor de los sistemas complementarios de pensiones, de la privatización, lo que nos llevará a mayor descohesión social y más pobreza.

Nosotros presentamos en su momento una enmienda a la totalidad y hemos sido parte activa en los trabajos tanto de la Comisión del Pacto de Toledo como en la tramitación parlamentaria. Hemos presentado un gran número de enmiendas, todas ellas con la voluntad de llegar a acuerdos, de dialogar con el Gobierno y con los otros grupos parlamentarios a fin y efecto de impedir la magnitud de esta tragedia. En cambio, hemos sido ignorados, puesto que el guión ya estaba escrito de antemano. Por eso, repito, hacemos un llamamiento a la ciudadanía, a las movilizaciones, que sin duda se llevarán a cabo ahora y en los próximos meses, a fin y efecto, repito, de convertir esta derrota parlamentaria en una victoria en la calle de manera que, tarde o temprano, el Gobierno -este o el que venga- tenga que rectificar.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo tiene que empezar realizando de alguna manera un reproche en términos reflexivos. Este es un debate importante, una reforma estructural de calado, en contra otras opiniones divergentes que me han precedido en el uso de la palabra, y que ha sido debatido en términos poco decorosos en este ámbito: sin avocación a Pleno, debate en Comisión cuasi clandestina, seguimiento mediático escaso, cuando estamos hablando de un proyecto de ley que afecta a la totalidad, a la universalidad, una de las características del sistema de pensiones, tal como figura en el artículo 41 de la Constitución. Ninguno de los que estamos aquí, ningún ciudadano del Estado español va a dejar de estar afectado antes o después por alguna de las contingencias protegidas mejor o peor, con mayor o menor intensidad, porque esta ley provee de soluciones imaginativas y correctas en la resolución de algunos problemas, pero también de auténticas aberraciones y disparates que vamos a glosar de forma breve, señora presidenta, en este trámite de defensa de las enmiendas del Senado.

Hay que partir del presupuesto de que estamos en la reforma de un sistema de la cual los miembros del Gobierno, usted, señor ministro de Trabajo, es un mero gestor; usted no tiene la propiedad dominical de los recursos económicos, que pertenecen a los cotizantes, tanto a los trabajadores como a los empresarios. Y como es un sistema público, a los legisladores nos corresponde además definir las características y los mecanismos del sistema público atendiendo a los requerimientos constitucionales de protección de ese sistema público, sistema ya incorporado al artículo 41 de la Constitución usando las invocaciones de los requerimientos del Estado del bienestar previstos ya en la Constitución de Weimar, que eran dos -el primero no voy a glosarlo, señor ministro, porque resultaría patético en esta coyuntura-: unas políticas económicas orientadas el pleno empleo y el segundo una protección universal suficiente que atienda cualquier situación de necesidad. Esto es lo que estamos haciendo en este momento, mal en algunos casos y bien en otros, es decir, pitos y aplausos, utilizando la terminología taurina. Mal en el ámbito de la edad, de la prolongación de la edad de jubilación. Ha dicho una gran verdad el señor Llamazares: aquí hay una especie de fraude parlamentario, de fraude político porque en ninguno de los programas de los partidos, ni en el de ustedes tampoco, figuraba la prolongación de la edad de jubilación hasta los 67 años. Y, lo que es peor -siendo malo ya esto-, se incrementan los periodos de cotización obligatorios para causar derecho al cien por cien de la pensión: para poder jubilarse con 65 años, treinta y ocho años y seis meses de cotización -superando en tres años y medio los treinta y cinco anteriores- y para poder jubilarse con 67 años, treinta y siete años -superando en dos años los treinta y cinco anteriores-. Aquí se ha cometido un error de prospectiva, un error paramétrico, utilizando el nomenclátor que se ha puesto tan de moda y que nadie sabe muy bien qué significa, que es el siguiente: no se han indagado otras posibilidades, como el incremento de la tasa de actividad, como la potenciación de las políticas de empleabilidad, el incremento de la tasa de productividad y otras cuestiones que quizá hubieran podido evitar esta prolongación tan abrupta de los periodos de carencia para causar derecho a las pensiones y de la edad legal de jubilación hasta los 67 años.

Pero además se incumple la jurisprudencia constitucional. Mire, ya no sé cuántas veces hemos debatido usted y yo, señor ministro, sobre el contenido de la sentencia de 1987, en la que se establecen dos cosas. En primer lugar que las reformas de los sistemas de pensiones no pueden ser regresivas nunca. Es decir, cuando se reforma el tema de pensiones la cuantía de la protección solo puede tener dos características: es suficiente o es insuficiente. Si es insuficiente hay que incrementarla; si es suficiente por lo menos hay que mantenerla. Lo que no se puede es retroceder, hacer una reformatio in peius, que es lo que estamos acometiendo -lo que estamos


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perpetrando, sería en este momento la expresión- prolongando la edad legal de jubilación e incrementando los periodos de cotización y de carencia. Pero además se dice otra cosa en esta importante sentencia de 1987 del Tribunal Constitucional, se dice que el derecho a una cuantía predeterminada de pensión -que es la establecida por la contingencia, por la positivización jurídica de esta contingencia- constituye una específica manifestación del derecho de propiedad privada, que está consagrado por otro precepto de la Constitución, el artículo 33. El artículo 33 establece o consagra el derecho de propiedad privada. Y en su seno, dentro de su contenido esencial, una de sus manifestaciones es el derecho a una cuantía predeterminada por la ley que no puede ser objeto de limitación más que en las siguientes causas: mediante la invocación de una necesidad o de un interés público específico, que nosotros no percibimos en esta ley en ningún sitio; mediante un expediente de expropiación, y ustedes tampoco preconizan un expediente de expropiación a aquellos que van a ver empeoradas sus posibilidades, es decir a todos nosotros, a todos los ciudadanos, que vamos a ver endurecidas las condiciones de acceso a la pensión de jubilación; y a través de la correspondiente indemnización, y ya me dirá de qué indemnización podemos estar hablando, señor ministro, si en definitiva lo que hacemos es reducir la cuantía de las pensiones.

Por lo tanto, se está incumpliendo la jurisprudencia constitucional en este ámbito y también en otro que a nosotros nos preocupa particularmente, señor ministro -lástima que hay poco tiempo-, que es la estructura orgánica que se crea, esa agencia que integra a todas las entidades gestoras y donde no se incorpora a aquellas administraciones autonómicas -y me gustaría que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha tenido también un protagonismo muy importante en la elaboración de esta ley, escuche estas explicaciones- cuando existen títulos competenciales en varios estatutos de autonomía, en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña muy caracterizados y en el de Euskadi también, uno de carácter o raíz foral previsto en la disposición transitoria quinta que atribuye al Gobierno vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Pues no se prevé esto. Hay una mención de carácter más retórico que real a un respeto genérico -de esos que luego siempre se incumplen sistemáticamente- a los títulos competenciales autonómicos, pero solo eso, señor ministro. En la agencia -y la Ley de Agencias española tiene superestructuras donde podríamos tener presencia las comunidades autónomas con competencias en la materia- se nos ignora palmariamente.

Ya veo que los segundos van pasando más rápidos de lo previsto, señora presidenta, no sé si aquí se acelera el reloj cuando algunos intervenimos; no quiero pensar en esto. (Risas.)

Para finalizar esta intervención, señor ministro, solo comentarle que se ha mejorado la ley en el Senado y vamos a votar que sí a todas las enmiendas, sobre todo en dos temas que yo le agradezco personalmente y que hacen referencia a los sistemas cooperativos -como el del grupo Mondragón, que tiene sistemas de previsión social complementarios y a los que ustedes le confieren la posibilidad de convenir con las entidades gestoras de la Seguridad Social la protección de las contingencias- y a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, que se han convertido en una especie de objetivo de caza por parte de algunos miembros de su ministerio, cacería que afortunadamente se está diluyendo...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya pudimos evitar su publificación en el debate de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y ahora se consagra ya su identidad privada y la protección de las contingencias que prevé el ordenamiento jurídico, y se mejora todavía en las enmiendas del Senado. Esto es lo mejor que podemos decir.

En todo caso, no nos podemos pronunciar más que sobre las enmiendas del Senado, señor ministro, y estas nos parecen correctas. La ley no nos parece correcta. Esta no es la reforma estructural que yo esperaba de usted, un hombre de inequívoca voluntad progresista.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, no pasan los segundos, pasan los minutos.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Por lo tanto, no pudiendo decir nada en relación a la ley, señora presidenta, pues acabo ya.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Ha hecho usted con su tiempo lo que ha querido, señor Olabarría, y lo ha pasado con exceso. Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, finalizamos con este trámite lo que, sin lugar a dudas, es la reforma más importante de nuestro sistema de pensiones desde 1985. Es una reforma paramétrica, es una reforma que no cuestiona las bases de nuestro sistema público de pensiones, que lo refuerza y le da perspectivas de futuro, y cualquier debate mínimamente honesto en relación con este tema no podría obviar estas cuestiones. La propuesta que hemos tramitado ha respondido a los acuerdos del Pacto de Toledo, acuerdos que fueron aprobados por una amplia mayoría de esta Cámara demostrando que el instrumento del Pacto de Toledo es útil para ser capaces de abordar reformas orientadas a medio y a largo plazo.


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Convergència i Unió quiere aprovechar esta intervención para reafirmar la validez de la metodología del Pacto de Toledo y defender que en la próximas legislaturas la Comisión no permanente del Pacto de Toledo debe de continuar ejerciendo sus funciones.

Este es un proyecto de ley que es fruto del diálogo social. Me ha sorprendido, en las intervenciones de algunos grupos de la Cámara que se reivindican progresistas, que olviden que esta reforma es el resultado del ejercicio de responsabilidad de los agentes sociales y singularmente de los sindicatos. Convergència i Unió, en la medida en que responde al contenido de las recomendaciones del Pacto de Toledo y en la medida en que responde a ese acuerdo social y por respeto a ese sentido de la responsabilidad de los sindicatos, no hemos querido dejar solo al diálogo social. Hemos querido comprometernos con el diálogo social en una reforma que no es en ningún caso fácil, pero que es estrictamente necesaria, lo es en términos de la evolución de nuestra demografía. Insisto, lo hemos repetido en la Comisión y en el Pleno: España, como el resto de las sociedades avanzadas de nuestro entorno, tiene un reto demográfico vinculado al envejecimiento de nuestra sociedad y quienes defienden el Estado del bienestar, hoy deben comprometerse en esta reforma. Tan solo desde la frivolidad alguien puede negar la necesidad de reformas paramétricas como las que hemos estado impulsando. Nos hubiese gustado que en este proceso de reformas el principal grupo de la oposición también nos hubiese acompañado. No entendemos esa irresponsabilidad de quien quizás en los próximos años va a ejercer las máximas responsabilidades en el Estado español de no apoyar una reforma que seguramente tampoco ese partido va a modificar cuando gobierne y que ellos mismos reconocen -si leyésemos a sus fuentes más respetadas en esta materia- que esta reforma era imprescindible.

Por tanto, señorías, sabiendo -insisto- que esta es una decisión complicada y difícil, Convergència i Unió ha optado por la responsabilidad y la defensa del modelo público de pensiones, convencidos como estamos de que el sistema público de pensiones es aquel que garantiza, efectivamente, la reducción del riesgo de la pobreza entre las personas mayores. Lo hemos hecho por sentido de Estado, por responsabilidad, por convicción y por acompañar a los agentes sociales en este proceso. Pero además, señorías, en el trámite parlamentario Convergència i Unió ha estado de común acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista. Y quiero aprovechar para agradecer el buen trabajo que los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista han hecho, singularmente la señora López i Chamosa, y la buena actitud de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y del propio Ministerio de Trabajo -veo que nos acompaña el señor Granado y su equipo-. Como digo, mi grupo quiere agradecerles ese esfuerzo. El trámite parlamentario ha mejorado sustancialmente el proyecto de ley. De hecho, el proyecto de ley que llegó a esta Cámara en las cuestiones más polémicas, cuales eran la modificación de la edad legal de jubilación, ya optó por un modelo basado en el carácter flexible y gradual para permitir a los ciudadanos adaptarse a ese nuevo escenario de manera paulatina en el tiempo, culminando esta modificación en el año 2027 -en el año 2021 en el caso de la modificación del periodo de cálculo-, y con la suficiente flexibilidad para adaptarse a distintas situaciones laborales. En ese sentido, el proyecto de ley en esos términos, aquello pactado por los sindicatos, a nuestro entender era suficientemente razonable y además respondía a ese mandato aprobado en el Pacto de Toledo, fruto también de un voto particular defendido por Convergència i Unió desde esta tribuna.

Además, señorías, les decía que el trámite parlamentario ha mejorado sustancialmente el proyecto de ley. En primer lugar, con un incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad, pasando del 52 al 60 por ciento en un periodo determinado de años, con una mejora del tratamiento fiscal de las pensiones de viudedad de aquellas personas que compatibilizan su pensión de viudedad con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena; con una mejora de la pensión de orfandad, incrementando hasta 25 años la posibilidad de percibir esa pensión; mandatando al Gobierno a elaborar un proyecto de ley que reconozca los periodos de servicio militar obligatorio a efectos de las pensiones, e introduciendo dos mejoras sustanciales para los trabajadores autónomos como es permitir la modificación de la base de cotización con independencia de su edad hasta el 220 por ciento de la base mínima, con la introducción del trabajo autónomo a tiempo parcial. En materia de discapacidad, recogiendo todas las aportaciones que el Cermi no realizó y de manera singular la introducción de la edad mínima de jubilación para las personas con discapacidad a los 56 años, rebajándola respecto a los actuales 58, y en la reducción de los años necesarios para aprovechar la jubilación parcial; con un incremento sustancial del cómputo del periodo cotizado por cuidado de hijos o menores, pasando de 112 días por cada hijo menor adoptado a 270 días; con la solución a los problemas del patrimonio de la Seguridad Social; con la posibilidad de compatibilizar el trabajo por cuenta propia con la pensión; con el mantenimiento de la posibilidad de que los profesionales liberales puedan continuar compatibilizando su pensión con el trabajo profesional.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Campuzano, por favor.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.

Con elementos de transparencia en el funcionamiento de nuestro sistema de protección social, con más información para los pensionistas y los trabajadores; con la incorporación del trabajo nocturno por turnos y la consideración de ritmos de producción como elementos a valorar en la jubilación anticipada; con un compromiso de mejora de la protección social del tiempo parcial; con


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la solución de los problemas vinculados a los becarios; con una reducción de las cotizaciones sociales por la contratación de empleadas del hogar; con límites a las cuestiones competenciales y respetando los estatutos de autonomía en esta materia, y con la incorporación por primera vez en nuestra legislación del principio de cumplir o explicar en materia de inversión socialmente responsable.

Señorías -termino, señora presidenta-, esta Cámara ha mejorado la propuesta del Gobierno, la propuesta del diálogo social y ha reforzado el carácter equitativo y de justicia de nuestro sistema de protección social. Convergència i Unió se siente satisfecha del trabajo hecho durante esta tramitación.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Burgos.

El señor BURGOS GALLEGO: Señora presidenta, señorías, el Grupo Popular no ha apoyado este proyecto de ley por razones que han quedado aún más acreditadas al paso del tiempo. Se ha dicho que se hacía para trasladar estabilidad y solvencia a los mercados, no parece que haya tenido ningún éxito; se ha dicho que se hacía para generar un ahorro significativo en el gasto de pensiones, y si al presentar el proyecto la memoria económica no se sostenía, ahora ni siquiera existe una valoración aproximada tras acumular en el trámite notorias medidas de gasto y simplemente no se sabe cuál será tal ahorro. Hoy los ciudadanos no saben a qué atenerse, trabajarán dos años más -eso sí, los que puedan-, pero con derechos mucho más recortados, pensiones más bajas y mayores discriminaciones entre unos y otros. La ruptura de los consensos en Seguridad Social, la reforma unilateral del sistema y los escasos apoyos políticos conseguidos -pagados, por cierto, a precio de oro el kilo de disposición adicional-, configuran una reforma hecha contra los ciudadanos, contra sus derechos, contra las amplias mayorías y contra el deseable acuerdo al menos de los dos grandes partidos. Los trabajadores españoles lo harán dos años más no porque tengan más esperanza de vida, sino porque con este Gobierno se han perdido 2 millones de cotizantes ocupados al sistema y casi 3 millones cotizan desde el desempleo; sus cotizaciones tienen fecha de caducidad y si no se crea pronto empleo para ellos, perderán esos derechos. Esta no es una buena reforma, es un mal arreglo, es un parche de circunstancias con importantes sacrificios para los ciudadanos, que serán inútiles por la falta de congruencia entre las medidas tomadas; con una notable confusión sobre sus objetivos, que ha llevado más desorientación e incertidumbre a los ciudadanos. Esta reforma deteriora las expectativas de pensión digna para muchos, incrementa las exigencias de aportaciones al sistema con menores expectativas y perjudica a sectores vulnerables de la sociedad, especialmente los jóvenes y las mujeres.

Esta reforma no aborda suficiencia económica al sistema, ni la separación de fuentes financieras, ni las posibles medidas en el ámbito de los ingresos. El Gobierno comenzó la legislatura diciendo que en esta materia no habría ninguna reforma o ley que no fuera pactada con el Partido Popular y la finaliza con la ruptura del consenso en Seguridad Social. Esta reforma no consolida el sistema, sino que consagra al menos tres grandes disensos que van a marcar la evolución del mismo. Uno, en el modelo de jubilación. Todo el esfuerzo recae sobre el ciudadano, menos pensiones, más bajas y durante menos tiempo. Aquí se obliga a trabajar más a quien no lo desea o a quien le va a resultar imposible para conseguir el mismo derecho, mientras se obliga a dejar la actividad a quien quiere y desea seguir en activo porque se mantiene en este país la jubilación forzosa en contra de la voluntad del interesado. Segundo disenso, en el modelo institucional, porque pretende la reforma del modelo institucional y su conversión en agencia sin acuerdo con el Partido Popular, y esta actuación es una irresponsabilidad que pone en riesgo serio de inestabilidad el modelo de Seguridad Social española. Y tercer disenso, en el modelo de financiación, porque aquí no se atiende a lo fundamental, cómo se financia el sistema, qué está ocurriendo con los recursos económicos desde las cotizaciones al Fondo de reserva, desde sus fuentes financieras hasta la previsión social complementaria, cómo lo vamos a hacer en el futuro y cómo van a llegar nuevos recursos a la previsión social de los españoles. Señorías, este proyecto de ley, que dice garantizar la sostenibilidad y el equilibrio del sistema de Seguridad Social, acaba precisamente con el desmantelamiento y la pérdida del patrimonio acumulado durante décadas por las cotizaciones de millones de trabajadores y empresarios. No se ha querido y no se ha buscado un amplio consenso, lo que se ha visto es la entrega total, eso sí, del Gobierno a un único objetivo que es conseguir una mayoría exigua a golpe de disposición adicional. Esta manera impropia de legislar incorporando elementos nuevos con transaccionales de última hora sin posibilidad de un debate serio y riguroso, sin avocación a Pleno ni en el Congreso ni en el Senado, es profundamente negativa en una materia tan sensible como esta y por eso el proyecto de ley ha pasado de tener nueve artículos y catorce disposiciones adicionales a tener cincuenta y dos. Ese es el peaje que ha tenido que pagar este Gobierno para sacar adelante esta reforma. Nosotros vamos a votar favorablemente aquellas enmiendas que no dañan más el sistema, aunque resulten insatisfactorias en su plasmación concreta.

Quiero hacer dos consideraciones concretas sobre cuestiones que responden a planteamientos del Grupo Popular, aunque no se hayan aceptado nuestras pretensiones. En relación con los beneficios por hijos, que nosotros planteamos en su día en el Pacto de Toledo como eje de cualquier reforma, se pierde una gran oportunidad. Es verdad que se pasa del reconocimiento inicial de un tiempo cotizado por hijo solo a efectos del acceso


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a la jubilación anticipada a reconocerlo a todos los efectos, salvo el periodo mínimo exigido para el acceso a la pensión, precisamente lo más importante; pero se condiciona ese reconocimiento a haber abandonado el mercado laboral al tener hijos, y esto es un grave error que desvirtúa la medida, discrimina a las mujeres que siguen trabajando tras tener un hijo porque quieren o porque lo necesitan y a quienes no se encontraban en activo cuando dieron a luz. Esta medida, señorías, genera discriminaciones, está desenfocada y solo contribuye a reforzar la idea de que, al tener un hijo, la mujer tiene que abandonar el mercado de trabajo. No es una medida que favorezca la conciliación, la libertad de organización de las familias y que atienda al objetivo primordial de que la maternidad no resulte un obstáculo a la actividad laboral de las mujeres.

En relación con la viudedad, toda mejora es bienvenida, pero los requisitos que se establecen, muy exigentes, solo permitirán mejorar un número limitado de esas pensiones, la mayoría con complementos a mínimos. Lo que variará -y eso no lo han dicho los portavoces que defienden la medida- es la proporción de la cuantía que percibe la viuda, lo que representa la pensión y lo que representa el complemento a mínimos, pero no el total de la cuantía misma, es decir, con la decisión tomada la Seguridad Social pagará más y el Estado menos, pero la afectada recibirá lo mismo en la inmensa mayoría de los casos. Su efecto sobre lo que van a recibir las afectadas será nimio y además se aplicará a lo largo ni más ni menos que de ocho años. Para quien el árbol no le deje ver el bosque, sobre todo si el árbol se agita mucho, quiero decir que con esta decisión la pensión de viudedad se hace mucho más pensión asistencial y menos pensión contributiva; que incluso la base reguladora aplicada no sea la misma en función de muchas variables, supone un paso definitivo en esa dirección y ello traerá consecuencias. Hacer esto, al margen de una reformulación integral de las pensiones de muerte y supervivencia, no nos ayuda a tener un sistema mejor, sino un sistema más sujeto a las veleidades del momento. Y desde luego, la solución dada por la enmienda a la pensión de viudedad en supuestos de separación judicial o divorcio anteriores al 1 de enero de 2008, constituye un claro ejemplo de la obcecación de este Gobierno por no reconocer el grave error cometido en la Ley 40/2007, que dejó sin pensión de viudedad a miles de mujeres separadas y divorciadas de forma manifiestamente injusta. Tampoco la enmienda planteada resuelve esta cuestión.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Burgos, por favor.

El señor BURGOS GALLEGO: Celebramos los avances parciales en materias como mutualidades o información al ciudadano y también en mutuas. Nos vamos a abstener en aquellas que implican mandatos a futuro, porque esta fórmula de mandatar a un gobierno a que haga cosas en el futuro en lugar de hacerlas hoy, en el presente, no es la más adecuada.

Señorías, las enmiendas incorporadas son un edulcorante repartido a grandes dosis sobre el texto, pero no consiguen ni de lejos disimular el mal sabor de boca que va a dejar este proyecto de ley en el contexto general de las políticas de Seguridad Social en España.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Burgos, por favor.

El señor BURGOS GALLEGO: Acabo ya.

En todo caso, ya tienen su reforma, señorías del Grupo Socialista. Es la última que van a sacar adelante, no hay tiempo para más. No hay motivos para prolongar más este tiempo de penumbra político. Confirman hoy un gran recorte social que agota la agenda política y la legislatura. Pongan fin a esta situación y den el voto y la voz a los ciudadanos.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Burgos, por favor.

El señor BURGOS GALLEGO: Esta es la mejor disposición final para un texto como este y la única que a estas alturas desean y piden los ciudadanos.

Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Burgos.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora López i Chamosa.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, para que no se me olvide, quiero mostrar mi agradecimiento al personal que ha trabajado en esta ley a lo largo de todo el tiempo que ha durado, porque hay que falsear la realidad para subir aquí a la tribuna y decir que esta es una ley que va con prisas o que ha ido rápida. Señorías, llevamos discutiendo esta ley desde el año 2010, durante todo 2010 y la parte que llevamos de 2011, tiempo más que suficiente para su debate. Desde aquí quiero dar las gracias a todos mis compañeros de la Comisión del Pacto de Toledo que han trabajado en ella, a los ponentes, a nuestra asesora Encarna y especialmente a Fidel Ferreras, José Antonio Panizo y Octavio Granado, que son los que nos han dado seguridad en la ley.

Hoy tiene lugar el trámite final de esta ley y he oído aquí varias cosas que no tienen nada que ver con la misma. La ley es fiel reflejo del acuerdo del Pacto de Toledo que todos aprobamos aquí y también refleja el acuerdo alcanzado con los agentes sociales. Por tanto, todos los que critican aquí la ley se sienten más representativos ante los trabajadores que los dos sindicatos, UGT y Comisiones, que cada cuatro años en elección empresa por empresa representan al 84 por ciento de los trabajadores de este país. Por lo tanto, señores diputados,


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plantéense cuál es realmente su representación. Esta ley encaja con la reforma hecha en el año 1985, una reforma que en aquella época muchos rechazaron, pero hoy todo el mundo admite que si no hubiera sido por aquella reforma no tendríamos el sistema como lo tenemos. Además, continúa en la misma línea de la reforma de 1997, que casualmente la hizo el Partido Popular, evidentemente con el respaldo de los agentes sociales, igual que esta; eso sí, con el respaldo del Partido Socialista que, aunque estábamos en la oposición, sabemos ser responsables y pensar en el Estado y no en el propio partido o en los propios intereses del partido. (Aplausos.) Por lo tanto, señoría, estamos ante una reforma que sigue la misma dirección.

Paso a entrar en temas concretos. Me habla el señor Burgos de la edad de jubilación. Yo les ruego, señorías, que busquen las enmiendas de esta ley y verán que mientras que la ley dice que la gente se podrá seguir jubilando a los 65 años con treinta y ocho años y seis meses de cotización o a los 67 años con treinta y siete de cotización, el Partido Popular planteaba que la edad fuera los 65 años con treinta y siete años de cotización. (El señor Burgos Gallego: ¡Claro!) ¿Qué quiere decir esto, que uno se puede jubilar a los 65 años pero tiene que tener treinta y siete años de cotización para poder cobrar el cien por cien? Pues es más que lo que dice la ley. La ley habla de treinta y ocho años y seis meses de cotización a los 65 años. Por lo tanto, señorías, no se pueden confundir las cosas. Esto es, por ejemplo, como cuando decimos que en Francia se jubilan a los 62 años. No, señoría, en Francia se jubilan a partir de los 62, pero para tener el cien por cien tienen que tener cuarenta y dos años de cotización. A partir de esta ley, en España se podrá jubilar todo el mundo a partir de los 61 o 63 años, pero para tener el cien por cien de la pensión tendrán que tener treinta y ocho años y medio de cotización o 67 años y treinta y siete de cotización. Pero bueno, lo podemos ver como lo podemos ver. Yo simplemente les voy a dar un dato. Si queremos que el sistema de Seguridad Social siga siendo viable en el futuro y que los trabajadores que empiezan hoy a cotizar tengan garantizada su pensión igual que la tengo yo o la tienen los que la están cobrando, hay que hacer reformas en nuestra Ley de Seguridad Social. Solo quiero darles dos datos: en 1980, los españoles de 0 a 29 años representaban el 49 por ciento y en el año 2010 representan el 35,1 por ciento; en 1980, los mayores de 60 años eran el 15,4 por ciento y hoy son el 21,5 por ciento; en 1970, una persona al jubilarse tenía una expectativa de cobro de pensión de siete años y en el año 2010 tienen una expectativa de cobro de pensión de veinte años. Bueno, yo simplemente les digo que analicen esos datos y que vean.

Esta ley mejora una serie de protecciones sociales por las cuales hemos peleado todos en esta Cámara; mejora la pensión de viudedad, mejora la pensión de orfandad, mejora muchísimo la pensión de los discapacitados al rebajarlo al 45 por ciento y, sin embargo, ustedes suben aquí y dicen que no están de acuerdo con la ley porque realmente recorta. Señorías, al señor Tardà y al señor Llamazares -a los cuales respeto y aprecio enormemente- les diré una cosa, dentro de dos años, esté aquí o no esté, les puedo asegurar que les llamaré y les preguntaré: ¿qué opinan ahora de la ley de reforma de la Seguridad Social? Seguro que me dirán: muy buena reforma que garantiza el futuro de las pensiones. (Rumores.-Aplausos.) Señorías, no han sido capaces de entrar en profundidad en la ley. ¿Y el PP? El PP es lo mismo, son la derecha rancia que es incapaz de soportar que el Gobierno esté en manos de la izquierda. (Aplausos.) Pasó con Felipe González y ahora vuelve a pasar con Zapatero, solo saben decir: no estamos de acuerdo, váyase señor González, elecciones anticipadas al señor Zapatero. Respeten las normas, respeten los tiempos; es decir, no tengan prisa porque no van a llegar de ninguna de las maneras. (Aplausos.) No van a llegar.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora López i Chamosa.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Termino, presidenta.

Les digo más, suerte tienen -y los sindicatos y los trabajadores lo saben- que esta reforma la hacemos el Partido Socialista con el apoyo de CiU, que siempre ha sido pionero en las propuestas del Pacto de Toledo, porque si la tuvieran que hacer ustedes sí que hablaríamos de recorte, sí que hablaríamos de desprotección a los trabajadores (El señor Burgos Gallego: No me digas eso.) y sí hablaríamos de una Seguridad Social con pensión mínima y favoreciendo las privadas como complemento a las mínimas de las públicas.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora López i Chamosa.

Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo e Inmigración.

El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, señora presidenta.

Señorías, el trámite de aprobación de este proyecto de ley de reforma de nuestro sistema de Seguridad Social es, sin duda, un acontecimiento de gran trascendencia. Permítanme entonces hacer algún breve comentario y responder a algunas de las manifestaciones que se han hecho aquí. Ante todo el Gobierno quiere manifestar su agradecimiento a todos los grupos parlamentarios de las dos Cámaras por el intenso trabajo realizado, por el espíritu constructivo y por el buen clima que en todo momento ha reinado a lo largo de la tramitación de este trascendental proyecto de ley. Todos, desde las posiciones más afines hasta las posiciones más críticas -como aquí se han manifestado-, han contribuido de una u otra forma a la mejora del texto que finalmente hoy, esperemos, será aprobado. Esto es algo que el Gobierno en todo momento quiere y debe reconocer.


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Señorías, si hubiera que identificar los rasgos fundamentales que caracterizan la reforma de nuestro sistema público de Seguridad Social habría que hacer referencia, en mi opinión, a tres aspectos concretos. En primer lugar, la reforma consolida y refuerza un sistema de pensiones como el nuestro, un sistema basado en el compromiso entre generaciones, un sistema que afronta el enorme desafío que supone el imparable proceso de envejecimiento de la población, un proceso que se agravará en las próximas décadas. No hay ni ha habido ni habrá un sistema de reparto que pueda vivir al margen de la evolución demográfica de la sociedad a la que pretende proteger. En segundo lugar, habría que recordar que la reforma tiene su origen -sí, como aquí se ha dicho- en un doble acuerdo, un acuerdo de naturaleza política y también un acuerdo de naturaleza social y económica, no se olviden de ello. De una parte, está inspirada en las recomendaciones del Pacto de Toledo, un pacto que esta Cámara ha venido ratificando sucesivamente y lo hizo el pasado mes de enero. Por otra parte, responde al contenido previsto en el acuerdo económico y social que suscribieron el Gobierno y los interlocutores sociales muy pocos días después, el 2 de febrero de este año. Sin el acuerdo político probablemente no hubiera habido acuerdo social, y las perspectivas de acuerdo social hicieron posible también el acuerdo político. Suecia en este sentido es un buen ejemplo, y España también. Durante los últimos dieciséis años en ningún país europeo se ha abordado una reforma de su sistema de pensiones con acuerdo del Gobierno y de los interlocutores sociales, salvo en Suecia en 1994 y en España este año, el año 2011. No es una reforma negra, es una reforma que nos une a los países que han preferido hacer reformas con el suficiente grado de consenso político, económico y social.

En tercer lugar, quiero resaltar que estamos ante una reforma amplia, no cosmética, una reforma intensa, pero también y sobre todo una reforma equilibrada, una reforma que responde a cuatro grandes principios: la sostenibilidad del sistema, la adecuación, la flexibilidad y su gradualidad. No es una reforma abrupta, en ninguna medida, es una reforma que poco a poco irá desplegándose hasta alcanzar todos sus efectos en el año 2027, dentro de más de tres lustros. En este sentido, esta reforma -se ha dicho aquí- responde a la mejor línea reformista, a la mejor línea de adecuación sistemática de nuestro modelo de bienestar en materia de pensiones, que se inició en nuestro país en 1985 y que ha tenido continuidad después, en 1997 y, sobre todo, ha tenido el fundamento y la base que implica siempre el Pacto de Toledo en nuestra política de reformas en el Estado del bienestar, en nuestro sistema de pensiones. Por eso, justo por eso, quiero lamentar aquí que algunos traten de confundir a los ciudadanos presentando esta reforma como un recorte social o, como decía el señor Olabarría, como una reforma in peius. No lo es en ninguna medida. No lo es porque el principal objetivo de esta iniciativa es garantizar que nuestro sistema público de pensiones sea capaz en el medio y en largo plazo de pagar un mayor número de pensiones, porque crecerá la esperanza de vida, porque viviremos más y porque nuestra tasa de fecundidad todavía será insuficiente, y con una cuantía en las pensiones no inferior, superior a la actual, porque las pensiones incorporarán las ganancias de productividad generadas por el progreso económico. Las pensiones en 1997, cuando se reformaron, eran más altas que las de 1985, cuando se llevó a cabo la primera reforma. Las pensiones de 2011, ahora que las reformamos, son más altas que en el año 1997 y las pensiones de 2027, cuando acabe el periodo de tránsito de esta reforma, serán más altas que las pensiones del año 2011.

Señorías, como saben, el proyecto de ley que el Gobierno remitió a esta Cámara en el mes de marzo se articulaba en torno a dos ejes fundamentales: por una parte, la configuración del acceso a la jubilación como un derecho, un derecho basado en la gradualidad, un derecho basado en la flexibilidad y, por otra parte, el reforzamiento de eso que llamamos la contributividad del sistema, entendida esta como una mayor proporcionalidad entre aportaciones realizadas y prestaciones recibidas. Pero aun más destacable es el hecho de que el trabajo de esta Cámara y del Senado haya permitido incorporar también a esta reforma, mejorándola, como tercer eje estructural, un fortalecimiento del elemento solidario, del elemento redistributivo que también, junto con el contributivo, es propio de nuestro sistema de Seguridad Social. Lo hace a través de un conjunto de medidas que me gustaría destacar aquí en este momento, medidas que incrementan la acción protectora del sistema; un avance indiscutible que en muchos casos viene acompañado también por un componente de política de género, en cuanto a que esos cambios tienen como principal colectivo destinatario a las mujeres: el reconocimiento como periodo cotizado, que alcanzará a los 270 días por cada hijo, con un máximo de hasta cinco años y el crecimiento de la pensión de viudedad. No entiendo bien, señor Burgos, por qué razón subir la base reguladora de la pensión de viudedad del 48 al 50 o del 50 al 52 es un gran avance y subirla del 52 al 60 es un retroceso.

De la misma forma habría que resaltar las mejoras dirigidas a los jóvenes que incorpora nuestro sistema de pensiones. Un sistema que contempla ahora la mejora de la protección en los periodos de formación y de prácticas por primera vez, y que recoge ese esfuerzo de tránsito entre la formación y el empleo que nuestros jóvenes llevan a cabo cada día, en muchas ocasiones con dificultades. Y no quiero dejar de señalar los avances que suponen las medidas dirigidas, como se ha dicho aquí, a los trabajadores autónomos y la mayor protección de las personas con discapacidad.

Por último, habría que resaltar también la importancia de la introducción de un factor de sostenibilidad en el medio y en el largo plazo, siguiendo en este aspecto la estela de los países más importantes de nuestro entorno. Un mecanismo con el que se pretende anticipar nuestro sistema de Seguridad Social a un escenario que pueda


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suponer en cualquier momento una amenaza al equilibrio financiero de nuestro sistema público de pensiones, previendo para ello que, a partir del año 2027, se efectúe siempre periódicamente una revisión de los parámetros fundamentales del sistema, atendiendo a la principal base y amenaza para cualquier sistema de reparto, que es la evolución de la esperanza de vida.

Señorías, estoy firmemente convencido de que el proyecto de ley que hoy se dispone a aprobar esta Cámara marcará un antes y un después en la historia de nuestro sistema de Seguridad Social. Será así porque su contenido garantiza la sostenibilidad del sistema público de pensiones; porque potencia el compromiso entre nuestras generaciones y porque elimina el riesgo de desequilibrio financiero en el medio y largo plazo, que es el principal enemigo de nuestro sistema de protección social; porque es fruto del Pacto de Toledo y de la concertación social, y ambos elementos otorgan a la reforma la legitimidad necesaria en el ámbito político y en el ámbito social y, por último, porque contribuye a apuntalar la estructura del Estado del bienestar en nuestro país, con todo lo que ello representa en términos de confianza y en términos de tranquilidad para los ciudadanos, pero sobre todo, y con esto termino, por lo que supone en ese largo camino que nuestra sociedad recorre día a día cuando busca la igualdad, cuando busca la igualdad de todos los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Burgos Gallego, pide la palabra.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Entiendo que el señor Burgos me pide la palabra porque ha sido interpelado directamente por el señor ministro. Tiene usted tres minutos, que van a ser tres minutos, señor Burgos. (El señor Llamazares Trigo, pide la palabra.)

Perdón, señor Llamazares, Yo no he observado que el señor ministro le haya interpelado a usted de la misma manera que ha sido interpelado el señor Burgos. No tengo ningún inconveniente, si me pide la palabra, en dársela también a usted. (El señor Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, pero, señor Llamazares, no ha sido usted interpelado como lo ha sido el señor Burgos. Tiene usted, primero, tres minutos. (Varios señores diputados piden la palabra.)

Bueno, de verdad, si todos quieren intervenir, díganlo. Pero, señor Llamazares, a pesar de sus gestos no tendrá usted más razón. ¿Qué portavoces desean intervenir? (Pausa.) Todos. La verdad es que no sé para qué pregunto. (Risas.)

Por el mismo orden, tiene en primer lugar la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta, por su generosidad.

En primer lugar, quería responder al ministro porque ha reabierto el debate. Ha planteado argumentos contra los argumentos de los portavoces y en ese sentido tenemos derecho, en mi opinión, a la intervención. El señor ministro establece que esta iniciativa es una iniciativa legal. No me cabe ninguna duda de que es legal. Dudo, sin embargo, de su legitimidad. Esta propuesta de retraso de la edad de jubilación no ha figurado en ningún programa electoral de ningún partido, y eso es muy importante. Por tanto, una reforma de este calado, en nuestra opinión, requeriría de un debate a fondo, de un debate que estuviese precedido de la incorporación en los programas electorales.

El segundo aspecto que quería comentar en relación a la intervención -en ese sentido me he sentido aludido y se ha referido a Olabarría y a otros- es a que esto no es un recorte social. Señor ministro, lo obvio no es necesario demostrarlo, es un recorte social. Retrasar la edad de jubilación y plantear incremento del período de cómputo significa, en palabras del ministerio y además en documentos de la OCDE, al menos un recorte de 3 puntos del gasto en pensiones en 2027 y, por otra parte, un recorte de la pensión media en torno a un 10 por ciento. ¿Es recorte o no es recorte? Es recorte.

Termino, señorías. No sigan utilizando el dogma demográfico. Hablan de siete, de catorce años. Señorías, por ejemplo, el incremento de un año de esperanza de vida que hemos tenido en los últimos tiempos en España no se debe a que los ciudadanos vivan más, se debe a que han muerto menos jóvenes en la carretera. No utilicen esos argumentos porque, desde el punto de vista demográfico, no se sostienen, aunque es verdad que la cuestión demográfica debe estar en cualquier reforma del sistema de pensiones.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.

Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

No voy a polemizar con usted porque es una batalla perdida de antemano, pero sí he sido aludido nominalmente por el ministro y refutado...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Ha sido citado.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Vamos a dejarlo.

Señora presidenta, cuando el ministro invocaba que no se trata de una reformatio in peius, parafraseando las palabras del señor Llamazares, es fácil demostrar que sí en relación a la edad legal de jubilación. Si se incrementa la edad legal de jubilación, los períodos de carencia y de cotización obligatoria van a provocar que muchas personas que pudieran cubrir los previgentes, no cumplan los nuevos y no causen derecho a la pensión de jubilación, sobre todo cuando el período de carencia es cualificado. Hay que trabajar dos años en los diez inmediatamente anteriores a la jubilación. Pero si además incrementamos los períodos de cotización obligatoria


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para causar derecho al cien por cien de la pensión de jubilación, de 35 a 38,5 o a 37, estamos endureciendo también las condiciones de acceso al cien por cien de la pensión de jubilación. Las perspectivas paramétricas o actuales ya han demostrado que eso supone, en términos promediales y para la universidad del colectivo de jubilados, una disminución de la pensión futura del 10 por ciento. Si esto no es una reformatio in peius, señor ministro, búsqueme usted el calificativo, la expresión, la locución o el aforismo jurídico que usted considere oportuno utilizar en relación a una reforma de estas características.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.

Señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora presidenta, gracias por su flexibilidad, porque permite profundizar durante unos minutos en este debate.

A quienes se oponen a esta reforma les recomendaría el punto de rigor de leerse los papeles de la OCDE. Esta reforma va a implicar en 2050 que España va a gastar más que ahora en pensiones, lo mismo que Alemania, el 12 por ciento de nuestro PIB. Desde esa perspectiva, el esfuerzo colectivo en protección social va a aumentar. Para las pensiones más bajas el nivel de disminución de la tasa de reposición va a ser prácticamente inexistente. Efectivamente, para las pensiones medias y más altas va a existir una tasa de reposición más alta. Ahí sí que es bueno que exijamos también a los ciudadanos que asuman sus responsabilidades en el marco de la negociación colectiva a través de los planes de empresas que los sindicatos defienden y, para quienes quieran, en el marco de la previsión individual, en la línea de todas las reformas que han hecho todos los gobiernos del área europea, gobiernos de centro-izquierda y gobiernos de centro-derecha. Me gustaría una aproximación honesta de los grupos de la izquierda de esta Cámara a esta reforma, desde la defensa del modelo de protección social europeo y no instalados en la oposición fácil que deja solos a los sindicatos en este proceso.

Señor Burgos, apuesto que en la próxima legislatura, si el gobierno del Partido Popular asume sus responsabilidades, no va a modificar ni un ápice las cuestiones fundamentales de esta reforma, ni en materia de la edad legal de jubilación, ni en aumento del periodo de cálculo, ni en la incorporación del factor de sostenibilidad. Ojalá en aquellas cuestiones que ustedes han considerado que nos hemos quedado cortos en nuestras mejoras, sustancialmente en la pensión de viudedad, sean capaces de mejorarlas. Ahí siempre nos van a encontrar. O en materia de apoyo a la familia, o en apoyo a los autónomos, o en apoyo a las personas con discapacidad, o en mayor transparencia en el sistema. Ahí siempre nos van a encontrar. Entre otras cosas, señorías, porque en esta Cámara el único grupo que puede decir desde 1985 que hemos apoyado todas las reformas en defensa de la mejora del sistema público de pensiones ha sido Convergència i Unió. Por sentido de la responsabilidad, por convicción de las virtudes del sistema público de pensiones y por la convicción absoluta de que este sistema necesita reformas para adaptarse al reto demográfico, ahí nos van a encontrar.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.

Señor Burgos.

El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, usted tiene un mérito indudable: ha conseguido destrozar el acuerdo básico que existía en este país desde hace más de quince años en materia de Seguridad Social y emprender el camino de nuevo de las reformas unilaterales de nuestro sistema de protección social. Usted habla de un acuerdo social y político. ¿Ha preguntado usted qué entienden los sindicatos respecto del desmantelamiento del patrimonio de la Seguridad Social? ¿No ha percibido usted que los sindicatos se han manifestado absolutamente en contra de una medida de esas características? Ustedes han tomado decisiones en este proyecto de ley que no tienen nada que ver con el acuerdo social y económico, igual que no tienen nada que ver con el Pacto de Toledo. Porque han tomado un camino que huye del acuerdo básico con el Partido Popular y emprenden un camino de reformas unilaterales, y ustedes tendrán que asumir la responsabilidad.

¿Reforma equilibrada? ¿Una reforma de nueve artículos y cincuenta y dos disposiciones adicionales? No me extraña que el señor Campuzano esté tan satisfecho con esta reforma. Si hubiera trabajado algo más por un acuerdo general y menos por estrujarles a ustedes para conseguir el máximo basándose en su necesidad de un apoyo parlamentario, probablemente estaríamos hablando hoy de otra cosa. ¿Confundir recortes? Señoría, si los ciudadanos van a cobrar pensiones más bajas, van a verse endurecidas todas las condiciones de acceso a las mismas y no hay en este momento en Europa un país que haya puesto el listón más alto en cuanto a las exigencias de cotización y periodos de aportación de los ciudadanos que el que plantean ustedes en el proyecto de ley. Si esto no son recortes, ¿qué son recortes para ustedes?

Señorías, base reguladora de las pensiones de viudedad. Es que el Partido Popular subió la base reguladora de las pensiones de viudedad para todo el mundo, para todas las viudas, para las que habían aportado más y para las que habían aportado menos. Ustedes solo las suben para las que no llegan al mínimo exigido y necesitan un complemento de mínimos, porque saben que eso va a suponer que ustedes no van a aportar nada a la cuantía de la viudedad, que van a reequilibrar y van, por cierto, a perjudicar las cuentas de la Seguridad Social, porque


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el Estado pagará menos en esas pensiones y la Seguridad Social tendrá que pagar más. Esa es su fórmula, es un engaño y es una manipulación obvia y evidente para los que conocemos de qué va esto. Y sí coincido con usted en que ustedes trabajan activamente por la igualdad: consiguen que todos los ciudadanos, todos sin excepción tengan peores derechos, tengan menos derechos sociales, tengan más recortes en prestaciones, tengan unas pensiones más bajas y tengan unas expectativas para conseguir una pensión digna en este país profundamente deterioradas.

Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Burgos.

Señora López i Chamosa.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.

Yo querría decirle al señor Llamazares que el Partido Socialista en el programa electoral en lo referente a pensiones hablaba de mayor contributividad, de respeto a las recomendaciones del Pacto de Toledo y de respeto al consenso con los agentes sociales, que es exactamente lo que contiene esta ley. Por lo tanto, no estaría en su programa, pero sí estaba en el nuestro.

En la ley, cuando hablamos, señor Burgos, de las viudas, sabemos que hablamos de aumento para las mayores de 65 años que no tienen más recurso que su pensión, todas, las que cobran pensión mínima y las que cobran pensión máxima, y sobre eso no debato más porque cada una de ellas se enterará del aumento a primeros de año. Además, cuando hablamos tan a la ligera... El patrimonio de la Seguridad Social. Aquí no se toca el patrimonio de la Seguridad Social, se clarifica el tema de los hospitales, que está pendiente desde la separación de fuentes. Y la primera vez, señorías, que esta diputada tuvo que hablar de este tema fue cuando gobernaba el Partido Popular, que su secretaria de Estado de Economía nos puso encima de la mesa del Pacto de Toledo esta medida que hoy hemos aprobado aquí y que tan elocuentemente rechaza el señor Burgos. Creo que hemos hecho una reforma adecuada, que garantiza el futuro de las pensiones y que garantiza que todos tengamos una protección en nuestra vejez o en nuestra enfermedad. Además, señorías, hemos integrado el régimen de empleadas del hogar en el régimen general de la Seguridad Social. Si alguien me dice que eso no es mejorar la protección social, pues que vengan Dios y Pablo Iglesias y lo vean. (Risas.-Aplausos.)

Termino, señorías, diciendo que al pasar de quince a veinticinco años, es verdad que el cómputo de la pensión minora algo, un 1 o un 1,5 por ciento, pero también es verdad que a todos los trabajadores que pierden el trabajo o son despedidos a los 50 o 55 años les mejora sustancialmente la pensión. Ustedes saben igual que yo que hay un sinfín de colectivos que nos han escrito cartas y correos pidiéndonos considerar toda la vida laboral y nosotros solo hemos hablado de veinticinco años.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora López i Chamosa.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Termino, señora presidenta. El Partido Popular en el año 1997 propuso a esta Cámara y a los grupos parlamentarios considerar toda la vida laboral, y solo el rechazo de los grupos consiguió que únicamente aprobáramos quince años. Y ahora resulta que les parecen mal los veinticinco. Repito, piensen en los ciudadanos...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora López i Chamosa.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: ...piensen en el país y dejen de pensar en ustedes mismos. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora López i Chamosa.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Muchas gracias, presidenta.

Un par de aclaraciones. Yo he suscitado este debate muy especialmente en el ámbito de la discusión respecto de cómo se van a comportar las pensiones en el futuro. He dicho y mantengo que a partir de 1985, donde, por ejemplo, se amplió el periodo de cómputo de los dos a los ocho últimos años, las pensiones siguieron subiendo. Después, en 1997, cuando se amplió a quince años, las pensiones siguieron subiendo y ahora, después de 2011, cuando se amplíe a veinticinco años progresivamente, también seguirán subiendo. En 1985 la cuantía media de la pensión apenas llegaba a los 400 euros; hoy, en las nuevas pensiones, es prácticamente el triple; el triple, señorías, no el doble ni un poco más, el triple. En los años 2040 y 2050 será el triple o más, seguramente más.

Respecto del patrimonio de la Seguridad Social, creo que tenemos que recordar la historia. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Durante mucho tiempo -y esto sirve para responder a las objeciones respecto de la demografía-, con cotizaciones próximas a las que hoy existen, incluso algo más altas, de empresarios y trabajadores, la Seguridad Social era capaz de afrontar sus compromisos en pensiones y al mismo tiempo aportar de forma muy significativa a la financiación de nuestro sistema de sanidad e invertir en la primera generación española de hospitales públicos, después de la que construyeron las diputaciones provinciales en el primer tercio de siglo, que es de la Seguridad Social. Pero de la misma


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forma que ustedes transfirieron a las comunidades autónomas centenares de oficinas públicas de empleo que habían sido financiadas también con cotizaciones de empresarios y trabajadores, a pesar de que el Estado mantenía una prestación en su poder como era la prestación por desempleo, y dijeron, con razón, que era una anomalía que el que gestionaba la política activa no tuviera la propiedad de esas oficinas de empleo, ¿ por qué quien gestiona la Sanidad no debe tener la propiedad de la red hospitalaria? Eso es una anomalía que tenemos que resolver con orden y con rigor, como lo hace esta ley.

Termino. Se ha dicho aquí que esta ley contiene en materia de pensiones más exigencias que ningún otro país europeo. Repásense, por Dios, el funcionamiento de nuestros sistemas comparados de Seguridad Social. Alemania, Francia, Dinamarca, Suecia y Holanda tienen más exigencias de cotización previa que las que exige esta norma que, por cierto, sigue manteniendo que con 65 años, la misma edad de jubilación, se sigan pudiendo jubilar los trabajadores con cotizaciones de treinta y ocho años y medio, incrementadas. Pero vivimos más, percibimos más tiempo la pensión y no hay ningún sistema que sea capaz de abordar, sin que cambie, vivir más tiempo, percibir más tiempo y pagar más pensiones para el doble de pensionistas. Tendremos 18 millones de pensionistas en el año 2050 y el que cierre los ojos a esa realidad lo que quiere verdaderamente es acabar con el sistema de reparto. Eso es lo que ustedes pretenden, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.

- PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EN LOS ÁMBITOS DE LA DEFENSA Y DE LA SEGURIDAD. (Número de expediente 121/000121.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al proyecto de ley de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer lugar la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, aunque esta ley se llame realmente de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, nos encontramos ante una ley que trae escondido en su seno un nuevo recorte de derechos a los ciudadanos, a un colectivo de ciudadanos. En este caso estamos hablando de derechos civiles de todos los ciudadanos españoles que tomaron en su día la decisión de servir al Estado siendo miembros de la Guardia Civil. En esta ley -llamada, insisto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad- el Partido Popular y el Partido Socialista han decidido en el Senado que a estos ciudadanos que son guardias civiles se les restrinja, se les prohíba el derecho a manifestación aplicando directamente un artículo de una ley que aprobamos la semana pasada, que es la Ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas.

Señorías, la Constitución, en el artículo 8.1, establece exactamente por quién están integradas las Fuerzas Armadas: por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. No están integradas por la Guardia Civil. Por tanto, que ustedes, señorías del Partido Socialista y del Partido Popular, hayan decidido esconder un recorte de derechos cívicos, de derechos de ciudadanía a unos ciudadanos españoles que decidieron en su día formar parte de la Guardia Civil, me parece sinceramente un atraco, un atraco a los derechos civiles, me parece una perturbación del orden, me parece una chapuza jurídica y me parece una ofensa política; una ofensa al conjunto de los ciudadanos porque enmascaran esta reforma dentro de una ley que no es una ley orgánica, que no está hecha para esto. No tienen ustedes el valor de traer el debate donde corresponde, o en una ley que afecte a la Guardia Civil o, la semana pasada, dentro de la ley que afectaba a los derechos y deberes de las Fuerzas Armadas. Han actuado con cobardía, han actuado de forma ilegítima desde el punto de vista de lo que representamos, que es al conjunto de los ciudadanos españoles. Y todo, ¿para qué? Para restringir en este caso, insisto, un derecho civil, un derecho de ciudadanía a unos ciudadanos que tienen los mismos derechos, como ciudadanos que son, que el conjunto de los españoles. ¡Es una vergüenza -insisto-, es una falta de respeto y una ofensa al conjunto de la Guardia Civil!

Verdaderamente, señorías, julio es el mes de las rebajas en la calle. En este Congreso de los Diputados, julio del año 2011 ha sido el mes de las rebajas de los derechos sociales y cívicos de los ciudadanos. Una vergüenza, señorías, y desde luego una ofensa y una cobardía. Si quieren ustedes debatir de restricción de derechos, tengan el valor de hacerlo de cara, con luz y con taquígrafos. Hagan el favor de no ofender a estos servidores del Estado de esta manera. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.

Señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, intervengo para manifestar el total rechazo del BNG a la disposición final segunda introducida por el Senado; un rechazo motivado por razones de forma y de fondo. Con esta enmienda se pretende aplicar de forma singular la regulación prevista sobre los derechos de reunión y manifestación para los militares de carrera a los miembros de la Guardia Civil, pese a que estos son excluidos expresamente con carácter general de la aplicación de la recién aprobada Ley orgánica de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas. Con ello, a la limitación


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de organizar manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical vigente para los miembros de la Guardia Civil, se le añade ahora -como a los militares de carrera- la restricción de participar activamente en dichas reuniones y con ello se les reduce drásticamente la posibilidad de ejercer derechos fundamentales como son el derecho de reunión y manifestación.

Señorías, me viene ahora a la memoria una frase del genial humorista catalán El Perich, ya fallecido. La frase rezaba más o menos así: La Guardia Civil, como su propio nombre indica, es un cuerpo de naturaleza militar. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.

El señor JORQUERA CASELAS: El Grupo Socialista y el Grupo Popular, en vez de avanzar en la superación de este anacronismo histórico convirtiendo a la Guardia Civil en un instituto armado civil y homologando plenamente sus derechos a los ya reconocidos a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, pretenden en cambio desandar el poco camino andado y pretenden hacerlo además introduciendo reformas por la puerta falsa, sin respetar siquiera las formas, y les recuerdo, señorías, que en una democracia es básico el respeto a las formas.

En primer lugar, el contenido de esta disposición no tiene nada que ver con el objeto de este proyecto de ley. La introducción de esta enmienda representa desde nuestro punto de vista un abuso de derecho, pues impide un trámite sosegado y concienzudo de la regulación que pretende esta enmienda. En segundo lugar, permítanme que les lea el mensaje motivado remitido por el Senado: "Se introduce esta nueva disposición final, que por una parte aplica a la Guardia Civil la regulación contenida en el artículo 13.1 de la que será Ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y por otra deroga el apartado 1 del artículo 8 de la Ley orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Esta nueva disposición final afecta a preceptos de las dos citadas leyes orgánicas que no tienen carácter de ley ordinaria, pues ni la disposición final decimocuarta de la que será Ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas excluye del carácter orgánico a su artículo 13.1, ni la disposición final primera de la Ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil lo hace en relación con su artículo 8.1". Es decir, pretenden a través de una ley ordinaria modificar leyes orgánicas.

En definitiva, esta enmienda contraviene el principio de jerarquía normativa y es manifiestamente inconstitucional. Pretenden ustedes una contrarreforma y además pretenden hacerlo con nocturnidad y alevosía. Señorías, es lamentable que el Grupo Popular y el Grupo Socialista, las pocas veces que son capaces de ponerse de acuerdo, sea para retroceder en derechos saltándose además el respeto más elemental a las formas. Por eso les pido que recapaciten, que reflexionen, que se desvinculen del acuerdo al que han llegado ustedes en el Senado y que voten en contra de esta disposición final segunda.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.

Señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

La verdad es que terminamos el curso bastante mal. Lo digo porque esta enmienda no solamente -en mi opinión y en opinión también de miembros de la Guardia Civil- es una enmienda que se presenta de tapadillo, sin lugar a dudas, porque si se presentara a las claras movería a la vergüenza, sino que es una enmienda que tiene carácter orgánico y que viene del Senado a una ley que no es orgánica, es decir, con las peores prácticas desde el punto vista parlamentario. Por eso digo que acabamos mal. Pero no solamente es una mala práctica parlamentaria; es una mala práctica institucional, señorías, porque lo que intentan hacer ustedes -Partido Popular y Partido Socialista-, como resulta que los tribunales no les han dado la razón y como resulta que la jurisprudencia es favorable a la Guardia Civil en sus derechos de manifestación y de reunión, es modificar la ley para ver si cambian así la jurisprudencia de los tribunales de justicia y limitan el derecho de reunión y manifestación de la Guardia Civil. Además, lo hacen de manera torticera, porque, sin ser un cuerpo militar, ustedes le aplican la legislación de las Fuerzas Armadas en materia de derechos y deberes. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Voy a la tercera cuestión. Este tema es un tema pactado con nosotros, señorías, es un tema pactado con la izquierda parlamentaria en el año 2007, la Ley de derechos y deberes de la Guardia Civil y también la Ley que tiene que ver con las sanciones a la Guardia Civil. Acordamos entonces como punto de encuentro -nosotros defendíamos la desmilitarización total, ustedes no- que iba a ser una institución civil y solamente tendría carácter militar en la presencia de guardias civiles en el extranjero como parte de contingentes de tropa. Pues bien, ustedes rompen ese acuerdo con la izquierda parlamentaria en el sentido de la desmilitarización de la Guardia Civil y llegan a un acuerdo de tapadillo con la derecha, con el Partido Popular, para restringir los derechos de los guardias civiles.

Señorías, no se puede hacer peor. Alguien decía que cuando uno da un giro, sobre todo en el ámbito político, nunca es parcial, siempre termina siendo un giro total. En estos momentos ustedes dan un giro total a la derecha, no solo en materia social sino también en materia de derechos civiles, como está ocurriendo por ejemplo en esta ley que pactamos -vuelvo a repetir- en el año 2007 con su candidato a las próximas elecciones


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generales. Estamos especialmente dolidos porque fue objeto de acuerdo y de aquel acuerdo prácticamente no ha quedado nada, me imagino que como de la voluntad de acuerdo con la izquierda por parte del Partido Socialista Obrero Español.

Anuncio, señorías, no solamente que vamos a votar en contra de esta iniciativa, sino que la consideramos manifiestamente inconstitucional y vamos a intentar que el Defensor del Pueblo y otras instituciones puedan recurrir esta iniciativa que nos parece totalmente inaceptable porque pretende restringir un derecho constitucional a un cuerpo policial que no tiene restringidos esos derechos ni en la Constitución ni en las leyes.

Por último, señorías, en términos de procedimiento legislativo y de procedimiento parlamentario, no se puede hacer peor, ni se puede hacer, digamos, con peor intención. Hemos discutido hace cuatro días las enmiendas a la Ley de derechos y deberes de los militares. Ahí ustedes han buscado el acuerdo de la izquierda y el acuerdo del conjunto de la Cámara. Se lo hemos dado por responsabilidad. Entonces no presentaron esta enmienda, porque sabían que esta enmienda era casus belli. Lo que han hecho es presentar esta enmienda a una ley de contratos del sector público, que no tiene nada que ver con esta materia y que no tiene carácter orgánico. Es decir, además de giro político, cinismo político. Es inaceptable. Comprenderán que estemos como estamos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Don Emilio Olabarría tiene la palabra.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

En esta enmienda del Senado concurren dos paradojas que han sido ya correctamente identificadas por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, primero, esa incógnita que yo en veinte años de experiencia parlamentaria todavía no he podido despejar. Es la consistente en que se denomine Guardia Civil al único cuerpo policial que tiene naturaleza militar en toda Europa. He intentado despejar la incógnita muchas veces. A todos los ministros del Interior a los que he tenido la oportunidad de inquirirles sobre esta cuestión les he preguntado las razones -razones deletéreas y complejas, rayanas en lo telúrico por lo que se ve- que justifican la existencia de un cuerpo de la Guardia Civil de carácter militar que ejerce funciones de policía judicial, que ejerce funciones de seguridad ciudadana, que ejerce las funciones propias de cualquier cuerpo policial, y todavía no he obtenido satisfacción sobre esta vidriosa cuestión, señor presidente.

En segundo lugar, es manifiestamente incorrecto desde una perspectiva técnico-jurídica que una ley que tiene un objetivo diferente al previsto se utilice para modificar nada menos que uno de los derechos reconocidos en el año 2007 y pactado no solo con grupos parlamentarios que ya se han pronunciado, sino con los sindicatos mayoritarios de la Guardia Civil, en particular con el manifiestamente mayoritario, que es la UGC. Se previó una posibilidad de manifestación, con algunas limitaciones, pero manifestación pacífica sin armas y sin uniforme. Esto está consignado en la ley y esto no puede ser objeto de una contrarreforma tan manifiesta, tan brutal y tan incorrecta técnicamente como la acometida por una ley cuyo objeto, cuya materia, cuyo contenido material no está vinculado a la regulación de los derechos y deberes, sobre todo cuando estamos hablando de derechos y deberes de naturaleza fundamental como este, que debería tener carácter orgánico. Hemos cometido dos errores, señor presidente, que han sido objeto de una transacción paradójicamente entre el PP y el Partido Socialista, que preconizaron en el año 2007 exactamente lo contrario de lo acordado ahora en el Senado, y nos gustaría explicar las razones que han justificado esta modificación.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

El señor Sánchez i Llibre me ha pedido la palabra y la tiene.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

En relación con las modificaciones que se han sustanciado en el Senado respecto al proyecto de ley de contratos del sector público en los ámbitos de defensa y seguridad no queríamos intervenir, ya que las hemos asumido perfectamente y tenemos también decidida cuál va a ser nuestra posición en la votación, pero nos gustaría denunciar, como lo han hecho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, esta chapuza yo diría muy importante que han incorporado a espaldas del resto de los grupos parlamentarios y a espaldas del consenso que precedió cuando se reguló la ley de huelga, concretamente del cuerpo de la Guardia Civil. Entendemos que esta chapuza es impresentable y nosotros en absoluto vamos a estar de acuerdo. Esto supone modificar las reglas del juego al final del partido e incluso me atrevería a decir que es poco democrático. Por tanto, nosotros denunciamos ante este Pleno esta acción impresentable del Partido Popular y del Partido Socialista, que calificamos como chapuza, y lógicamente vamos a votar en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Señora Rodríguez-Salmones.

La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor presidente.

Empiezo, señorías, diciendo que esta es una ley muy importante y me tengo que referir a su contenido y a las industrias de defensa, muy afectadas por ella. No quiero


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eludir naturalmente el debate en el que todos los portavoces han fijado su posición. Efectivamente hay una enmienda relativa a la Guardia Civil. No es el sitio adecuado, no es el mejor lugar desde el punto de vista procesal, es un lugar posible, pero no es el mejor, tienen toda la razón, y lo lamento en cuanto al procedimiento. Respecto al contenido, señorías, ustedes lo han desmenuzado y tengo que decir que nosotros no votamos esa Ley de derechos y deberes de la Guardia Civil. Hemos defendido siempre el carácter militar de la Guardia Civil, siempre. Esta es una equiparación y en ese sentido, en cuanto al contenido, no suscribo lo que aquí se ha dicho.

Sí me importa, señorías, y mucho, no eludir la cuestión que tenemos planteada en esta incorporación de la directiva, que es de la máxima gravedad para el sector de las industrias vinculadas a la defensa, que todos reconocemos que está pasando un momento muy complicado. Señorías, no entiendo que lo estemos eludiendo. Es una ley que sacaba nuestras industrias de la defensa al libre mercado y que lo hacía sin que tuvieran cartas comunes con el resto de los países, es decir, nos lanzábamos al libre mercado en peores circunstancias que los demás países. Estamos hablando de industrias de defensa que son una capacidad de nuestros ejércitos, que son unas industrias punteras, creadoras de empleo, respetadas, de altísima tecnología y dignas de nuestra mayor protección -lo digo así- y que lanzábamos al libre mercado con las cartas marcadas.

Hemos reclamado y hemos exigido -y no nos da tiempo ahora mismo a explicarlo con detenimiento- que el Gobierno elabore una estrategia país que vincule nuestras esenciales capacidades militares con las capacidades industriales de nuestro país. Si no hubiéramos hecho esto, señorías, si no llegamos a introducir esta enmienda, estas industrias, que están pasando un momento muy serio por desidia de este Gobierno -verdadera desidia porque no hay presupuestación adecuada, porque no hay financiación adecuada, porque no hay reprogramación, porque el Gobierno ha contemplado con pasividad cómo les caía esta crisis encima-, se hubieran visto abocadas a un naufragio.

Señorías, me sorprende que nadie esté hablando de esta cuestión. Ahora terminamos nuestra tarea como legisladores -me he expresado ya en cuanto a la disposición ajena a esta ley-, pero sobre el contenido de esta ley, señorías, empieza nuestra tarea como responsables políticos, y quiero asegurar desde aquí nuestro compromiso con estas industrias, que -insisto- son de la máxima importancia. Son una capacidad de nuestro ejército, lo están pasando muy mal, entre otras cosas por la desidia del Gobierno, y creo que merecen -el próximo Gobierno así lo tendrá en cuenta- el máximo apoyo. En esta ocasión hemos batallado y busco a ver si está mi compañero Vicente Ferrer, porque ha batallado duramente para que esta ley salga de manera correcta y no empujemos al vacío a estas industrias.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.

Tiene la palabra doña María Teresa Villagrasa.

La señora VILLAGRASA PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Socialista para abordar el trámite final del debate del proyecto de ley de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, pero antes de entrar en el análisis específico de esta ley quiero decir, por lo manifestado por algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que en la tramitación parlamentaria de la ley se presentó en el Senado una enmienda que añadía una nueva disposición final por la que se pretende extender la aplicación de lo previsto en el artículo 13.1 de la Ley orgánica de deberes y derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas a la Guardia Civil, por tratarse de un instituto armado de naturaleza militar y con el fin de evitar dudas interpretativas y dar seguridad jurídica a sus miembros.

Centrándonos en la ley que hoy aprobamos, tiene por objeto la incorporación al ordenamiento jurídico español de las normas contenidas en la Directiva 2009/1981, del Parlamento Europeo y del Consejo, en las que se trata de coordinar los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obra, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, dotándoles de una regulación específica que reconoce que en los contratos relativos a la defensa y a la seguridad se debe tener en cuenta la seguridad de la información transmitida a los licitadores, la continuidad del suministro y la necesidad de establecer normas que faciliten la flexibilidad en los procedimientos de contratación, garantizando los principios de igualdad, no discriminación, concurrencia y transparencia propios de los procesos de los contratos públicos e impulsando la participación de las pequeñas y medianas empresas. Se hace una especial mención al tema de la subcontratación, señalando la necesidad de que esta se lleve a cabo mediante unas normas mínimas de publicidad y garantizando la mayor objetividad posible en la selección de las empresas, todo ello con la finalidad de abrir el mercado a todas aquellas empresas interesadas en la ejecución de los contratos y que no pueden acudir a la licitación de forma directa por las características de su actividad o por tener un tamaño insuficiente. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

En nuestro país, la trasposición de la directiva no implica un gran cambio en la normativa actual, pero debe tenerse en cuenta el impacto que dicha aplicación conlleva en la función de control ejercida por la Comisión y el compromiso de habernos adherido al régimen intergubernamental de la Agencia Europea de Defensa. Quiero destacar que con esta ley se pretende conseguir un verdadero mercado europeo de los equipos de defensa, coincidiendo los Estados miembros en la necesidad de


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fomentar, desarrollar y mantener una base industrial y tecnológica de la defensa europea, que esté impulsada por la capacidad y sea competente y competitiva, teniendo en cuenta el planteamiento global de la Unión en materia de seguridad, que obedece a su vez a la evolución del entorno estratégico. Países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido tratan de adaptarse a la situación actual mediante una estrategia de país. En este sentido se añadió una nueva disposición por la que el Gobierno, en el plazo de tres meses desde la publicación de la presente ley, determinará las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afecten a los intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional. El pasado 24 de junio el Consejo de Ministros aprobó la estrategia española de seguridad y su posterior remisión a esta Cámara, cumpliendo de esta manera con el compromiso del presidente del Gobierno en su discurso de investidura.

Se ha hecho llegar a la Mesa un acuerdo de corrección técnica avalada por todos los grupos parlamentarios para incorporar literalmente el artículo 13.a) de la directiva al artículo 7.1.b) del proyecto de ley en tramitación.

Diré para terminar que me habría encantado que el consenso que hubo en la tramitación parlamentaria de la ley que hoy nos ocupa hubiera durado hasta el final, porque ese fue el texto al que se llegó, acordado por todos los grupos, habiendo tenido en cuenta prácticamente todas las enmiendas presentadas por el resto de los grupos. Es una pena que el mensaje que ha llegado hoy aquí sea el relativo a la enmienda presentada en el Senado y no lo que en definitiva nos jugamos, que es la ley de contratación del sector público en materia de defensa y seguridad.

Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Villagrasa.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY SOBRE TITULARIDAD COMPARTIDA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. (Número de expediente 121/000128.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al siguiente punto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, comparezco ante esta Cámara para exponer las razones que han llevado al Gobierno a elaborar el actual proyecto de ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de mayo y que llega al Pleno después de recibir el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca el pasado martes 19 de julio; un proyecto de ley que he de manifestarles, señorías, es fruto del consenso, de la participación de las organizaciones de las mujeres rurales, algunas de cuyas representantes se encuentran hoy con nosotros en las tribunas de invitados y a las que quiero dar las gracias por su participación y por su presencia en un momento singular y especial para todas las mujeres del mundo rural. Es un proyecto que ha contado con enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios, que en su mayor parte han sido incorporadas al texto, grupos parlamentarios a los que también quiero agradecer sus aportaciones y su trabajo.

Señorías, el proyecto de ley que viene a la Cámara es un paso más, firme y decidido, en términos de igualdad, seña de identidad de este Gobierno de España y que responde al cumplimiento de los compromisos contraídos, de los compromisos adquiridos con las mujeres en general y con las mujeres rurales en particular, porque son muchas las mujeres que en el ámbito de la explotación familiar agraria comparten con los hombres las tareas agrarias, asumiendo buena parte de las mismas y aportando su trabajo diario, su esfuerzo y sus conocimientos. Sin embargo, en la mayoría de los casos hay que poner de manifiesto que figuran solo los hombres como titulares de esas explotaciones agrarias. La mujer y su trabajo están invisibles y ello dificulta sin lugar a dudas que se valore adecuadamente y en condiciones de igualdad la participación de la mujer en los derechos y las obligaciones derivados de la gestión de las explotaciones agrarias familiares. Señorías, si bien es cierto que en España no hay limitaciones legales para el acceso a la propiedad agrícola por parte las mujeres, no es menos cierto que las mujeres encuentran dificultades prácticas y reales para el acceso al crédito o a otros bienes y derechos inmateriales por estar estos vinculados no a la propiedad de la tierra sino a su rendimiento, es decir, a la titularidad de la explotación.

Con este proyecto queremos que el trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias familiares se reconozca como tal y, con ello, poner punto y final a la situación que venimos viviendo durante todos estos años, en los que el trabajo de la mujer en la explotación agraria se ha considerado como una mera ayuda familiar, aunque se desarrollara de manera diaria y habitual. De hecho, señoras y señores diputados, el 82 por ciento de las mujeres en el ámbito rural trabajan en el campo y muchas de ellas trabajan cada día en las explotaciones agrarias familiares. Con este proyecto de ley queremos dar visibilidad a las mujeres que se afanan a diario en nuestras explotaciones agrarias y favorecer con ello un medio rural con igualdad de oportunidades, en un momento en el que todavía el 71,2 por ciento de los titulares de las mismas son hombres y solo el 28,8 por ciento son mujeres, que son titulares casi siempre de explotaciones


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agrarias familiares con dificultades en términos de rentabilidad. Estamos ante un proyecto de ley que va a adaptar y a poner en consonancia el marco jurídico con la realidad social, para que las mujeres del mundo rural gocen de una igualdad de derechos efectiva y real. Además, hemos querido que el proyecto sea claro y concreto para que su aplicación sea fácil y lo hagamos con determinación. En ese sentido, contempla la figura e instrumentos necesarios para conseguir justamente el objetivo que pretendemos y que perseguimos.

La futura ley abre la puerta a nuestras mujeres rurales contemplando varias posibilidades para conformar lo que viene a denominarse titularidad compartida o cotitularidad. La primera figura jurídica, la titularidad compartida, supone abrir la explotación a que tenga dos titulares en igualdad plena de condiciones y derechos. De este modo se permite que las mujeres puedan gestionar directamente sus explotaciones agrarias. Además, la totalidad de las subvenciones, ayudas directas y ayudas de desarrollo rural corresponderá, por mitades iguales, a cada uno de los cónyuges o miembros de la pareja de hecho, titulares de las explotaciones agrarias. Además, para garantizar plenamente el pago, este se realizará en la cuenta bancaria común asociada a la titularidad compartida y los rendimientos generados se repartirán al 50 por ciento entre ambos titulares.

La segunda de las opciones que planteamos en este proyecto de ley, si no se quieren acoger a la primera, es la de constituir una sociedad de responsabilidad limitada y poderlo hacer de manera rápida, eficaz y sencilla, con un coste máximo de 100 euros. Para ello, el Ministerio de Justicia va a elaborar unos estatutos tipo para que, de forma inmediata a la entrada en vigor de la ley, se pueda hacer realidad.

Hay una tercera opción además, que en el caso de que ninguna de estas fórmulas se considere por parte de la pareja, el proyecto de ley recoge el reconocimiento expreso al trabajo de la mujer en la explotación agraria familiar. El proyecto reconoce los derechos económicos generados por la mujer en forma de indemnización como compensación a la actividad desarrollada en el caso de que se rompa el lazo afectivo que une a la pareja. Estamos ante un proyecto de ley que genera las condiciones para que las mujeres puedan acceder a derechos, proyectos y subvenciones de las administraciones así como a beneficios fiscales. Además, las explotaciones registradas bajo el régimen de titularidad compartida van a tener preferencia en la obtención de ayudas y las mujeres titulares van a gozar de prioridad para acceder a las acciones de formación y asesoramiento para agricultoras y agricultores. Va a ser también una ley que va a favorecer la independencia económica de la mujer porque entre otras cuestiones, señoras y señores diputados, se les facilita el acceso a créditos y permite además la gestión directa de la mujer sobre la explotación sin necesidad, como hasta ahora, de autorización de su cónyuge o pareja, hecho que viene ocurriendo, por raro que parezca, pero que, desgraciadamente, se hacía hasta ahora realidad en el ámbito de la explotación agraria familiar.

Se trata de un proyecto de ley que impulsa oportunidades para la participación y representación de la mujer en las organizaciones agrarias, en los órganos rectores de las cooperativas, así como en otras asociaciones y entidades de ámbito agrario en las que los órganos de gobierno están en la actualidad representados muy mayoritariamente por hombres. Señorías, el medio rural español tiene una vital importancia para el desarrollo de nuestro país, abarca el 90 por ciento del territorio y en él reside un 20 por ciento de la población, cifra que se incrementa hasta el 35 por ciento si incluimos las zonas periurbanas. Una reflexión que podemos y debemos hacer extensible al papel esencial que ejercen las mujeres rurales, que suponen casi el 49 por ciento de la población rural, es que tenemos la obligación de mantener el medio rural vivo y activo, y que no se puede entender el medio rural sin igualdad de derechos, sin igualdad de oportunidades en todos los campos y en todos los ámbitos. Señorías, con este proyecto de ley ponemos de manifiesto que el trabajo de la mujer en el mundo rural en general, y en la explotación agraria en particular, es igual al que realiza el hombre y le ponemos visibilidad con derechos y oportunidades que hasta ahora no estaban reconocidos, además tampoco estaban valorados, y que los llevaba a cabo la mujer a diario.

Por eso, permítanme que concluya mi intervención deseando y confiando que este proyecto de ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, cuente con el respaldo y el apoyo unánime de esta Cámara porque las mujeres del medio rural, de las explotaciones agrarias familiares, lo merecen y porque con él se abre un nuevo tiempo para nuestro mundo rural, el de la igualdad y el de los derechos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.

Para la defensa de las enmiendas de su grupo tiene la palabra el señor Canet. (La señora Fernández Davila pide la palabra.)

Primero son enmiendas, señora Fernández Davila. No me consta que tengan ustedes viva una enmienda. Un momento por favor. (Pausa.) A pesar de que su enmienda no figura como mantenida, mientras se aclara el tema haga usted uso de la palabra, señora Fernández Davila. (Pausa.)

Una vez aclarado el mantenimiento o no de las enmiendas, señor Canet, tiene usted la palabra.

El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, después de saludar a las representantes de las asociaciones de mujeres rurales presentes en la sala, avanzamos ya que la posición de nuestro grupo es abiertamente favorable al contenido del proyecto de ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias.


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Creemos que aborda un problema real y que ofrece soluciones satisfactorias. Estamos hablando de una situación no acorde con los tiempos en que vivimos. La mujer es, en realidad, una clave fundamental para vertebrar el medio rural, para gestionar su capital sociocultural y para garantizar la continuidad de la población y las nuevas generaciones en el territorio. Pero hasta ahora esta realidad cotidiana del papel de la mujer, pese a no haber impedimento legal, no se ha reflejado, como bien ha expresado la señora ministra, a la hora de gozar de oportunidades y de reconocimiento social. Ha tenido dificultades para acceder, mantenerse o ascender en el medio rural. Sabemos que un 71 por ciento de las explotaciones están registradas a nombre del marido o pareja masculina. Sabemos que el 82 por ciento de esas mujeres trabajan como cónyuges o como hijas, pero su trabajo no pasa de la consideración jurídica de ayuda familiar. Por ello era urgente superar la situación legal derivada de un decreto del año 2008, que quedó en agua de borrajas durante su desarrollo por las comunidades autónomas. El proyecto de ley que hoy abordamos ofrece la posibilidad de realizar avances considerables, aunque probablemente no todos los que convendría para un colectivo que puede alcanzar a las 100.000 mujeres que viven y trabajan en el medio rural. Uno de los mecanismos que contempla el proyecto de ley es la consideración de prioritaria para las explotaciones de titularidad compartida en el momento del acceso al crédito y a las subvenciones, por ejemplo, y a la distribución al 50 por ciento de los rendimientos de la explotación. También nos parecen acertadas las posibilidades de concreción jurídica de la titularidad compartida que ha explicado la señora ministra. La sociedad de responsabilidad limitada o la creación de una unidad económica que sería, aun sin personalidad jurídica, inscrita en el registro de titularidad compartida, y para el caso de que ambas resulten imposibles el reconocimiento de los derechos económicos generados por el trabajo como contraprestación por su actividad. Recordemos que no se exige que ambos cotitulares sean agricultores profesionales, pero sí para que la explotación sea considerada prioritaria. En definitiva, el proyecto de ley favorece la igualdad de género en el campo. Sí, pero va mucho más allá. También es una forma de apoyo a la agricultura familiar, instrumento clave para la pervivencia y el progreso del mundo rural.

En este contexto global de valoración favorable nuestro grupo presentó solamente dos enmiendas; ambas en la dirección de concretar, precisar o delimitar el alcance del propósito que compartimos de que las explotaciones de titularidad compartida sean consideradas prioritarias a la hora de acceder a ayudas de cualquier tipo. Pretendemos que el criterio de prioridad no pueda colisionar con el ordenamiento jurídico estatal o europeo. Una de las enmiendas, la número 5, que modificaba el apartado 3 del artículo 12, argumentaba la necesidad de no discriminar, a pesar del criterio de prioridad, a ninguna explotación agraria y al haberse producido una transacción en el trámite de ponencia la hemos retirado. En cambio, la otra enmienda, la número 4, propone la supresión del apartado 2 del mismo artículo 12. Creemos que el texto abre puertas a determinado tipo de discriminación entre explotaciones agrarias, a la vez que el redactado actual puede llegar a permitir que se premien con ayudas públicas explotaciones que hayan defraudado a la Seguridad Social, por ejemplo. Incluso creemos que puede suponer una aplicación torticera del artículo 130.1 de la Constitución española, porque se puede facilitar la concesión de beneficios a explotaciones con rentas netas totales de centenares de miles de euros anuales. Por ello pedimos la supresión de ese apartado 2 del artículo 12 y mantenemos viva nuestra enmienda número 4. Pese a esta discrepancia, reitero nuestro voto favorable por todas las razones antes expuestas al conjunto del proyecto de ley que favorece de manera indudable la igualdad de género en el campo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Canet.

Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Quintanilla.

La señora QUINTANILLA BARBA: Gracias, señora presidenta.

Como el resto de los grupos parlamentarios, quiero dar la bienvenida y darles las gracias a las organizaciones no gubernamentales de mujeres rurales que hoy nos acompañan en las tribunas de este hemiciclo. Quiero empezar por Afammer, por Amfar, por Femur, por Ceres y por Fademur, organizaciones no gubernamentales de mujeres a las que hoy tenemos que darles las gracias por haber liderado, como lo han hecho a lo largo de los años, la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales. Esta mañana tengo que decirles que no solo intervengo en mi calidad de parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular, sino que gracias a mi partido tuve la oportunidad como presidenta nacional de Afammer de tener un escaño en esta Cámara para defender, como no podía ser de otra manera, la igualdad de oportunidades de las mujeres de los pueblos de España. Hoy hablamos de titularidad compartida, reivindicándola desde la historia, desde aquella Directiva comunitaria del año 1986, la Directiva 613. Además, tuve la oportunidad de estar en el Parlamento Europeo cuando se debatía. Esa directiva comunitaria tiene hoy visibilidad a través de la Directiva comunitaria 41/2000, de 7 de julio, una directiva que se hace visible en la trasposición de esta ley de titularidad compartida de las mujeres colaboradoras en las explotaciones agrarias. El Partido Popular, en aras del consenso, del diálogo, como no podía ser de otra manera el debate de esta ley, va a votar a favor del dictamen del proyecto de ley. Pero tengo que decirle que esta derecha, como nos decía hace un momento la señora López i Chamosa, es una derecha abierta al diálogo, es una derecha abierta al debate, es una derecha que ha querido pactar las enmiendas que hemos presentado, y el Grupo


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Parlamentario Socialista, a través de su portavoz, lo ha entendido, y así lo hemos entendido nosotros también, que esta ley era la puesta en valor del trabajo de las mujeres colaboradoras en las explotaciones familiares agrarias. Estamos contentos porque se han admitido nuestras enmiendas. Estamos contentos porque esta ley va a salir con el consenso de toda la Cámara, pero mantengo vivas las enmiendas que no han sido pactadas con el Grupo Parlamentario Socialista que sustenta al Gobierno. Y no han sido pactadas porque no entienden que esta ley de titularidad compartida no va a ser posible en la vida de las mujeres si no somos capaces de abrir la vía de la Seguridad Social. La Ley 19/2007 estableció la trasposición del régimen especial por cuenta propia al régimen especial de trabajadores autónomos. Visibilizó que esas mujeres tuvieran una bonificación a la hora de darse de alta en la Seguridad Social. Hasta los 40 años tenían bonificación.

Nuestra enmienda va en el sentido de que se amplíe la edad hasta los 55 años, porque es bueno para abrir la puerta cotizar a la Seguridad Social, y que la ley de titularidad compartida les dé los derechos de los que hoy estamos hablando. Porque además esta enmienda, junto con la enmienda de la representatividad -usted misma lo ha dicho, que hoy desgraciadamente las mujeres colaboradoras en las explotaciones agrarias, las mujeres rurales, no están presentes en las organizaciones agrarias ni en los consejos agrarios ni en las sociedades agrarias de transformación ni en las cooperativas-, estas enmiendas también van en ese sentido. Cumplamos el artículo 30 de la Ley de Igualdad; establezcamos una representatividad importante en estas empresas de titularidad compartida para las mujeres que van a darse de alta en la titularidad compartida. Me gustaría que los grupos que hoy nos escuchan, los distintos grupos parlamentarios, votaran a favor -así se lo pido- de estas enmiendas, la 31 y la 33, que dan efectivamente el valor a esta ley de titularidad compartida y abren la puerta indiscutiblemente al cumplimiento de esta ley. Además me gustaría decirles a ustedes que la historia de las mujeres rurales está presente en la sociedad española; la historia de las mujeres de los pueblos de España también tuvo su momento estelar en los gobiernos del Partido Popular: se celebró en España el III Congreso mundial de mujeres rurales en Madrid; fuimos capaces de poner en marcha la primera Carta de igualdad de oportunidades de las mujeres rurales; y establecimos estadísticas reales de las mujeres colaboradoras en las explotaciones agrarias.

Por eso, señorías, hoy más que nunca las organizaciones no gubernamentales de mujeres aquí presentes están viviendo un día histórico, una día que hemos hecho posible después de veintinueve años reivindicando nuestro papel en los pueblos de España. Hoy más que nunca nos tenemos que felicitar porque casi 1.200.000 mujeres, esposas, compañeras o cónyuges de esos titulares de explotaciones agrarias, que hoy nos da el censo agrario, van a tener la oportunidad de establecerse y de ser titulares compartidas, van a ser cotitulares de estas explotaciones agrarias. Señorías, por favor, entiéndanlo, las enmiendas 31 y 33 son enmiendas estrellas que abren la puerta a la representatividad de las mujeres en el mundo rural, la representatividad en las cooperativas agrarias, en los consejos agrarios locales, en tantas y tantas instituciones y, al mismo tiempo, modificando la Ley 19/2007, estamos abriendo la puerta a que muchas mujeres se incorporen al sistema de la Seguridad Social.

Señores del grupo mayoritario que sustenta al Gobierno, no me digan que vamos a tener un crac de la Seguridad Social; no me digan que no hay financiación suficiente, como me decían en la Comisión. No es verdad; es mejor que se incorporen, 5.000 y además adquieran los derechos de la titularidad compartida con bonificaciones en las cotizaciones, a que no se incorpore ninguna y no consigamos que la titularidad compartida sea un valor, un valor, una visibilidad y un proyecto de las mujeres del mundo rural, que son las que sostienen la vida en los pueblos de España. Por eso hoy más que nunca les pido su apoyo.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Quintanilla, por favor.

La señora QUINTANILLA BARBA: Señora presidenta, he terminado.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, a usted.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora ministra, permítanme que en primer lugar haga referencia a una figura extraña que se nos incorpora a esta ley, y lo hace a través de la enmienda 35 que posteriormente se incorpora al proyecto de ley como una transacción. Aparte de ser un cuerpo extraño en el Bloque Nacionalista Galego le damos la bienvenida, porque trata de resolver un problema que en Galicia es muy serio: la regulación de las embarcaciones pesqueras, que en este momento por las condiciones establecidas en la ley actual no pueden regularizarse. En este sentido queremos agradecer al Grupo Socialista la presentación de la enmienda y muy particularmente al diputado don Ceferino Díaz, que nos ha permitido en la negociación incorporar a la enmienda inicial, la que fue la posterior transacción, una serie de sugerencias que le hemos presentado y que, desde nuestro punto de vista, mejoran la enmienda inicial. Nos quedan algunas cuestiones que retomaremos en las enmiendas del Senado, esperando que se pueda avanzar en esa situación o en esta cuestión porque incorporaría la posibilidad de que se pudieran regularizar más embarcaciones que las que, de acuerdo con lo que hoy aprobamos, pueden hacerlo.


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Señorías, para el Bloque Nacionalista Galego que hoy estemos aprobando una ley de cotitularidad de explotaciones agrarias o de titularidad compartida es una alegría y un logro que compartimos con todas las mujeres del sector agrario, a las que nosotras también damos las gracias por los esfuerzos que a lo largo de los años han hecho para conseguir este hito histórico, como es ese reconocimiento de cotitularidad. Ha sido un largo camino, no es algo que hayamos conseguido con gran facilidad; de hecho, el recorrido tiene muchísimos años, y no solamente en aquellas cuestiones que ha mencionado la señora Quintanilla, sino en el recorrido que en esta Cámara le hemos dado muchas diputadas. Hablo en femenino porque somos las mujeres las que hemos tomado las riendas de esta reivindicación. Fueron debates que se sucedieron en forma de preguntas, de interpelaciones, de proposiciones no de ley, pero que se plasmaron también en leyes como la Ley orgánica, del año 2007, de igualdad efectiva de mujeres y hombres o la Ley 45/2007, de desarrollo sostenible del medio rural. Todas las incorporaciones a las leyes que menciono fueron consecuencia del importante debate que hemos tenido en esta Cámara. Hoy se resuelven todas aquellas cuestiones que las leyes anteriores no han conseguido y que impedían que muchas mujeres, aun reconociéndoseles diferentes derechos sociales, pudieran acceder a ellos porque no estaba clarificada la cuestión de la titularidad de la explotación. Hay que decir -la ministra lo mencionó en su exposición- que lo curioso es que muchas mujeres no tengan la consideración de titulares porque no pueden ser titulares de explotación, siendo, en cambio, propietarias de la misma. Esto nos ha preocupado durante muchos años, sobre todo a nosotras, en Galicia, donde teníamos una mayor preocupación porque la mayoría de las explotaciones agrarias están siendo trabajadas por mujeres, siendo un importante número de las mismas titulares, no pudiendo, en cambio, ostentar o compartir la titularidad, que es lo que tratamos de conseguir con esta ley. Señorías, por errores debidos a la acumulación legislativa de estas últimas semanas no se mantuvieron las enmiendas 2 y 3, que vamos a recuperar para el Senado porque no conseguimos que se incorporara en ponencia lo que pretendíamos y que está relacionado con esto último: que las mujeres que son propietarias de una explotación para acceder a la titularidad compartida no tengan que ir solidariamente, como se dice, acompañadas de la otra parte para que se les reconozca esa titularidad en el registro.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, por favor.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Que puedan hacerlo individualmente aunque no se produzca el acuerdo entre las partes. -Señora presidenta, finalizo-. Esto lo retomaremos en el Senado.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, por favor.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Queremos finalizar dando las gracias a las mujeres del sector agrario, pero sobre todo, felicitándolas y felicitándonos por que finalmente lleguemos a aprobar esta ley.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández Davila.

Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta, muy brevemente y desde el escaño porque creo que lo fundamental, lo básico, lo importante ya se ha dicho y hoy no es una cuestión de quién lo dice sino de que se diga.

Yo también quiero saludar a las asociaciones de mujeres que están en la tribuna y agradecerles todo el trabajo que hasta ahora han hecho. Porque la ley que hoy aprobamos al fin y al cabo es una ley de principios, es una ley de justicia social, pero a su vez es también una ley de eficacia y eficiencia porque gracias a ella conseguiremos fijar a personas, a habitantes en poblaciones rurales y también impulsaremos la producción agraria que tantos problemas está teniendo hasta ahora. Por lo tanto no es solamente una cuestión de igualdad porque sí, sino de igualdad eficaz porque vale para que las cosas se hagan mejor. Lo más importante está dicho; otros oradores han hablado ya sobre los temas fundamentales y no voy a reiterarlos. En la Comisión se trabajó muy bien, se incluyeron enmiendas fundamentales y básicas y se han aportado cosas que han beneficiado a este proyecto de ley. Es verdad que llega un poco tarde, porque la legislación en esta materia ya tenía que estar tratada, pero por lo menos ha llegado. No es un tema de agricultura, es un tema de igualdad y es fundamental que en la legislación española se incluya. En otras comunidades ya habíamos avanzado en estas materias hace bastante tiempo, es importante que exista en todos los lugares, porque no ha habido problemas para ser propietarios del terreno pero sí titulares de la explotación. Creo que ese es el gran avance que conseguimos con esta ley. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Solo me queda agradecer a las mujeres que están aquí todo lo que han hecho hasta ahora y alegrarnos todos por conseguir que una ley de esta índole esté ya incorporada a la legislación del Estado español.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Doña Conchi Tarruella tiene la palabra.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente.


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Señora ministra, señorías, el proyecto sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que traemos hoy a votación en este Pleno, da respuesta a una antigua reivindicación de las mujeres que participan de manera efectiva en el día a día de la actividad agraria. Queremos desde Convergència i Unió, desde nuestro grupo parlamentario, saludar también a las distintas representaciones de las asociaciones de mujeres que se encuentran hoy aquí. Dichas reivindicaciones ya fueron en su momento recogidas en forma de mandato por la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, así como en la Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural. Pero la aprobación de esta ley no solo supone la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito rural suponiendo un avance en el reconocimiento económico y social del trabajo que desarrollan estas mujeres agricultoras, sino que también, como afirma el Consejo Económico y Social, conlleva implicaciones económicas y demográficas porque es en concreto un incentivo para que las mujeres permanezcan en el medio rural, se profesionalicen, frenando la tendencia a la despoblación, a la masculinización y al envejecimiento de la población rural. Nuestro grupo, Convergència i Unió, ya hace más de un año que a través de una enmienda a una moción del Grupo Socialista, por la que se instaba al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para mejorar la situación de la mujer en el medio rural, introdujo un punto en el que se requería al Gobierno a que a la mayor brevedad posible realizara las modificaciones normativas pertinentes a la Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de titularidad compartida. Ahora podríamos añadir, señora ministra, que más vale tarde que nunca, ya que el Gobierno ha tomado nota de tantas y tantas reivindicaciones, además constantes, de todas las mujeres rurales y se ha decidido a presentar hace unos meses este anteproyecto de ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, del que cabe decir que la redacción de algún artículo no parecía muy respetuosa en un principio con el derecho civil propio del que disponemos algunas comunidades autónomas, en concreto en Catalunya, y que en el texto del proyecto ha sido solventado, de lo cual nos alegramos.

No obstante, desde Convergència i Unió hemos presentado una enmienda en la que demandamos que, transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la ley, se evalúe su aplicación así como su impacto en las comunidades autónomas con derecho civil propio. Estamos satisfechos de la tramitación de este proyecto, puesto que se han introducido además gran número de enmiendas formuladas por nuestro grupo que a nuestro entender mejoran el redactado del proyecto. A modo de ejemplo quiero hacer constar aquí que se suprime la referencia a una previa comparecencia personal de cada uno de los titulares para la inscripción en el registro de titularidad compartida. Se considera además la primera transformación como actividad agraria, siempre que entendamos como primera transformación la que genera el producto final incluido en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, así como que las sociedades civiles laborales u otras mercantiles tengan por objeto principal, y no exclusivo, el ejercicio de la actividad agraria en la explotación de las cuales son titulares.

Por último, conjuntamente con otros grupos parlamentarios también hemos logrado introducir ciertos matices al artículo 12.3, garantizándose así que, reuniendo los mismos requisitos exigidos para explotaciones agrarias en las bases reguladoras, en primer lugar se atenderá a las ayudas de las que tengan la titularidad compartida, sin establecer discriminaciones prohibidas por la Carta Magna y por la normativa reguladora del mercado único de la Unión Europea para la agricultura y la ganadería. No puedo dejar de agradecer -hablando del trámite de esta ley- la buena disposición y el consenso conseguido con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, y en particular del ponente don Alejandro Alonso, al cual quiero agradecer en esta ocasión la forma de trabajar para facilitar los acuerdos conseguidos, ya que de las once enmiendas presentadas por Convergència i Unió cinco han sido aceptadas directamente, y cinco más transadas.

Señorías, para finalizar quiero destacar -vuelvo a repetirlo una vez más- la importancia de esta ley, sobre todo para la consecución de la igualdad efectiva entre los hombres y mujeres en el ámbito rural de las explotaciones agrarias familiares, donde hasta ahora consideramos que han estado muy discriminadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.

Tiene la palabra doña Marta Estrada.

La señora ESTRADA IBARS: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quisiera dar la bienvenida a esta Cámara a las distintas organizaciones de mujeres del sector agrario que hoy nos acompañan; mujeres que han luchado y siguen luchando por hacer de la sociedad rural una sociedad más igualitaria. También quiero transmitir mi alegría de poder compartir con ellas este momento, y agradecer sus aportaciones al desarrollo de esta ley. También quiero agradecer todas las aportaciones realizadas por los portavoces de los distintos grupos, el trabajo realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y cómo no, el trabajo realizado por nuestro portavoz, el portavoz del Grupo Socialista don Alejandro Alonso. Todo ello ha contribuido a conseguir un amplio consenso en esta ley, me atrevería a decir una magnífica ley.

Señorías, las explotaciones agrarias son mayoritariamente de tipo familiar, explotaciones donde la mujer trabaja muchas horas, realiza las labores domésticas, y además comparte con el hombre las tareas agrarias. Un


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trabajo que no es reconocido como tal, sino como una ayuda doméstica, lo cual conlleva a la frustración y a la propia desvalorización. Y si esto no se debe permitir menos todavía que conlleve la ausencia de derechos adquiridos por el trabajo realizado, de la protección de la Seguridad Social y de una remuneración económica. La mujer rural se encuentra en situación de vulnerabilidad con los riesgos que esto supone.

Al objeto de que esta situación se solventara la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres -promovida por un Gobierno socialista y aprobada en esta Cámara con el apoyo de todos los grupos, menos el del Partido Popular- mandata al Gobierno a promover y desarrollar la figura de titularidad compartida, recogiéndose también dicho mandato en la Ley 45/2007, dándose respuesta al mismo en el Real Decreto 297/2009 con el que se establece dicha figura con un carácter meramente administrativo, y se muestra limitado el alcance de su contenido, porque, señorías, ¿qué es lo que se quiere conseguir? Corregir una realidad histórica: la masculinización del mundo rural. Se trata de garantizar los derechos a las mujeres, de hacer visible su trabajo. Señorías, ¿se discrimina a las mujeres en el mundo rural? Sí, rotundamente sí. Como ellas mismas nos han hecho saber, sin papeles no pueden ejercer sus derechos en términos de igualdad.

Es necesario poner en marcha instrumentos jurídicos que cambien esta situación, debemos adoptar medidas de acción positiva encaminadas a impulsar el cambio en la situación sociológica actual en el mundo rural, y esto es justamente lo que se pretende con esta ley, una ley que amplía las actividades a considerar como trabajo profesional agrario, desarrolla la figura vinculada a una mayor protección de la Seguridad Social, y establece que las explotaciones agrarias de titularidad compartida serán prioritarias al cumplir unos determinados requisitos; una ley que promoverá la adopción de mecanismos de igualdad en actividades económicas en régimen familiar; una ley, señorías, que protege económicamente a las personas casadas o unidas por análoga relación de afectividad que, habiendo colaborado de manera regular en la explotación agraria, no hayan recibido ningún pago o contraprestación por ello; una ley que fomenta el desarrollo profesional de las mujeres rurales, su autonomía, y el arraigo femenino en dichas zonas; una ley que tendrá consecuencias positivas no solo para las mujeres del mundo rural, sino también para toda la sociedad rural, es decir, señorías, para toda la sociedad en su conjunto.

Como mujer, como ciudadana que cree en la igualdad de derechos, creo que con esta ley se avanza en el buen camino, pero debemos de tener presente que queda mucho camino por recorrer, queda mucho por hacer, y en ese caminar, en esa lucha nos encontraremos siempre los socialistas: en la lucha por la igualdad de derechos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 32/2003, DE 3 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 121/000124.)

El señor PRESIDENTE: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley por el que se modifica la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. ¿El Gobierno desea hacer uso de la palabra? (Asentimiento por parte del señor ministro de Industria.) Tiene la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.-La señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Aguilar Rivero, pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, ¿quién solicita la palabra? (La señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Aguilar Rivero, pide la palabra.) Señora ministra, me dice la vicepresidenta que había solicitado la palabra antes del examen del proyecto, ¿es así? (Asentimiento.) Pese a ello, ¿desea hacer uso de la palabra? (Asentimiento.) No la había visto; es su derecho. Lo siento, señor ministro. Señor Sebastián, ¿no le importa esperar a que la señora ministra haga uso de la palabra? (Rumores.-Risas.)

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Arigatô, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora ministra.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Gracias, señor presidente. Agradezco también al ministro que viene sin corbata su generosidad. (Rumores.-Risas.-Aplausos.)

Me van a permitir que en esta intervención agradezca a los grupos parlamentarios el trabajo que han realizado; lo he referenciado en mi primera intervención, porque no es menos cierto que las aportaciones y el apoyo que han dado a este proyecto de ley hace que les reitere sinceramente ese agradecimiento. Pero permítanme, señorías, que subraye algo que me parece esencial y fundamental, y es que este proyecto de ley tiene unas protagonistas: las mujeres rurales y sus organizaciones, que han estado participando y trabajando activamente para hacer realidad este momento especialmente importante, esencial y fundamental.


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También deseo plantear alguna cuestión en relación con lo que han referenciado algunos grupos parlamentarios. La portavoz del Grupo Popular ha hecho mención desde esta tribuna solo y exclusivamente a la directiva comunitaria, y de la directiva comunitaria ha dado un salto al día de hoy en el que nos encontramos discutiendo y debatiendo el proyecto de ley de titularidad compartida. Me va a permitir que, con todo respeto, le diga a la portavoz del Grupo Popular, señor presidente, que además de la directiva comunitaria este Gobierno de España, el Gobierno socialista, el 22 de marzo de 2007, hizo una Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y que encomendó en esa ley a distintos ministerios el definitivo desarrollo de la figura de la titularidad compartida, que más tarde la Ley 45/2007, de desarrollo sostenible del medio rural, por cierto referente para toda Europa, también puso como referencia lo que era y significaba la igualdad en el ámbito del medio rural, y que el Real Decreto de 2009 sobre titularidad compartida fue un primer paso para que pudiéramos hoy culminarlo con este proyecto de ley. Es decir, leyes y decretos de un gobierno que tiene una clara seña de identidad en el trabajo que realiza, que es la de la igualdad. En ese contexto y en ese sentido hemos abordado el proyecto de ley respecto al cual hoy esta Cámara se va a pronunciar.

Además de todo aquello que consigue este proyecto de ley en términos de igualdad y de justicia para el medio rural, también celebro que este proyecto de ley haya conseguido que la derecha sea abierta y dialogante y hayamos podido alcanzar un consenso -que espero sea unanimidad en esta Cámara- porque bien lo merecen las mujeres del ámbito rural. Saben perfectamente sus señorías que el medio rural es clave, esencial y fundamental para el desarrollo social, económico y medioambiental de nuestro país, que necesitamos un medio rural vivo y activo con oportunidades, derechos, calidad de vida e igualdad, y en este ámbito hay que señalar y subrayar que el papel de las mujeres es clave, esencial y fundamental, indispensable para el presente del medio rural, y además absolutamente imprescindible para construir futuro en nuestro país, teniendo como referencia lo que es y significa el medio rural, el mundo rural para España. España no se concibe sin el medio rural, sin las mujeres y hombres que desarrollan en él su vida, su cultura y su actividad profesional, y es por ello que una ley de estas características como la que hoy presentamos ante el Pleno, y que va a votar la Cámara, da un paso decisivo en igualdad, visibiliza a las mujeres y el trabajo que desarrollan en las explotaciones agrarias familiares, confiere derechos y oportunidades, pero además es algo más: es una ley factor de cambio real, de cambio efectivo en el medio rural, no solo en las explotaciones agrarias familiares, sino también en todos y cada uno de los espacios de representación donde las mujeres serán cada vez más visibles, y harán realidad desde el trabajo la plena igualdad, la igualdad efectiva. Por tanto estamos también ante una ley de garantías de avances, de cambio y de presencia en los órganos decisorios en el ámbito del mundo rural; una ley en definitiva que siembra futuro, un futuro que podemos construir en pie de igualdad, juntas y juntos, y que hace justicia a las mujeres de las explotaciones agrarias, a las mujeres del mundo rural. Por eso una vez más, gracias y enhorabuena a las organizaciones de mujeres rurales, porque sois solo y exclusivamente vosotras las protagonistas de este trabajo que entre todas y todos hemos realizado.

Muchísimas gracias a todos los grupos parlamentarios. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: ¿Desea hacer uso de la palabra, señora Quintanilla? (Asentimiento.) La tiene.

La señora QUINTANILLA BARBA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, me hubiera gustado que el debate hubiera terminado cuando ha intervenido la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, porque esta derecha, como usted le llama, es un grupo parlamentario serio, que ha querido en todo momento poner en valor con esta ley a los 5 millones de mujeres rurales de los pueblos de España. (Aplausos.) Señora ministra, a mí no me va a dar usted lecciones de igualdad ni tampoco me va a dar lecciones sobre que el Gobierno socialista lleva la bandera de la igualdad. La bandera de la igualdad es patrimonio de los seres humanos. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!

La señora QUINTANILLA BARBA: La bandera de los derechos de las mujeres es patrimonio... (Un señor diputado: ¡Por favor!-Una señora diputada: ¡Venga ya!-Varios señores diputados: ¡Uh!) Sí; sí, señora ministra. Sí, señora ministra. (Aplausos.) Posiblemente algunas de las personas que hoy levantan la bandera de la igualdad no estaban donde yo estaba, recorriendo los pueblos de España. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Por tanto, aquí lecciones ninguna, las lecciones que realmente hemos entendido.

Quiero terminar dándole las gracias. Señora ministra, no he dado un salto en el vacío. Sé lo que es la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, sé lo que es la Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, conozco la legislación, y sé la posición de mi grupo parlamentario y le puedo asegurar que entendemos que la igualdad no es un valor, sino un derecho de las mujeres. Por eso mismo hemos querido elaborar esta ley, en la que usted me ha dado participación como presidenta nacional de Afammer. Lo he dicho y tengo que agradecer al ministerio cómo ha abierto la puerta a una organización que fue discriminada con la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, porque solamente tenían que participar las mujeres rurales integradas en las organizaciones agrarias. Tengo que decirle que efectivamente hemos trabajado codo a codo, y mi grupo parlamentario todavía ha querido enriquecer mucho más esta ley. En este camino nos van a


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encontrar siempre, nos van a encontrar y vamos a trabajar con el Grupo Parlamentario Socialista, pero también nos van a encontrar y vamos a trabajar con el Gobierno de España en estos momentos en una ley que visibiliza a los 5 millones de mujeres rurales de España, a las mujeres de los pueblos de España, las cuales -coincido con usted- son la fuerza motriz. Con ellas hoy más que nunca está pendiente otra signatura que la Ley de Desarrollo Rural no ha puesto todavía en marcha, el desarrollo rural, la posibilidad del empleo de las mujeres rurales. Por tanto, señora ministra, lecciones ninguna. Yo voy a seguir trabajando por aquello por lo que llevo trabajando desde hace treinta años: por la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales.

Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Bravo!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Quintanilla.

Tiene la palabra la señora ministra. (Rumores.)

¡Silencio! ¡Silencio, por favor!

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, espero que en cada momento no hable en calidad de presidenta de una organización, porque además de la suya, hay muchas más organizaciones que también han estado trabajando y siendo protagonistas en este proyecto de ley. Por tanto no aproveche su condición de parlamentaria para situar en un segundo plano a las organizaciones de las mujeres en el mundo rural (Aplausos.), que tienen que estar todas tratadas por igual. (Rumores.) Y no sabe usted lo que me alegro de que de pronto tengamos una derecha abierta, una derecha dialogante... (Protestas.-Aplausos.) En el momento en que se dice algo sale la derecha de la derecha, y es complicado. (Varios señores diputados: ¡Ah!-Rumores.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): No sabe lo que me alegro de que esta ley haya dado la oportunidad de que tengamos una derecha abierta, una derecha que ha querido dialogar (Rumores.), una derecha dispuesta a respaldar un proyecto de ley que sin duda no es solo necesario, sino que es extraordinario. Además hoy estoy absolutamente feliz de que la derecha por fin enarbole también la bandera de la igualdad. (Rumores.) Lo que hace falta es saber con los hechos...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): ... si efectivamente la derecha española se apunta a la igualdad. Bienvenidos a este espacio, que falta hace, porque han estado ustedes votando en contra de todo lo que hacía referencia a la igualdad de mujeres y hombres, y lo que es peor, a la igualdad de los seres humanos, como usted ha mencionado, señora diputada. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. (Rumores.)

Silencio, por favor.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 32/2003, DE 3 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 121/000124.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley por el que se modifica la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Comunicaciones.

Señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, tiene la palabra y le ruego que disculpe la interrupción anteriormente ocurrida.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para presentar el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Este proyecto de ley encuentra su razón de ser fundamentalmente en la ineludible obligación que tenemos de trasponer al derecho nacional el nuevo marco regulador de las comunicaciones electrónicas de la Unión Europea, aprobado en noviembre de 2009. La trasposición de este marco regulador, integrado entre otras normas por la Directiva de los derechos de los ciudadanos, la Directiva de mejor regulación, y el reglamento del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas, Orece, es preceptiva por lo que no cabe considerar si se debe o no llevar a cabo.

Otra cuestión es determinar cómo se debe llevar a cabo, y en este sentido hemos traído a las Cortes, a mi juicio, un proyecto de ley lo más flexible posible en relación con los aspectos que son regulados con rango de ley, con el objetivo de fomentar su permanencia en el tiempo, algo esencial si se tiene en cuenta la importancia de los objetivos que se persiguen. A este respecto conviene recordar que el sector de las telecomunicaciones tiene aproximadamente una facturación equivalente al 3,5 por ciento del producto interior bruto; que invierte unos 4.480 millones de euros al año, y que da empleo


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directo a unos 80.000 trabajadores. Estos órdenes de magnitud nos dan una idea de la importancia creciente de un sector profundamente transversal, y con una gran capacidad para generar ganancias de productividad; un sector al que queremos convertir en uno de los estandartes del cambio de modelo productivo que estamos propugnando no ahora, sino desde 2005, año en el que el Gobierno empezó a apostar por las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, con una importante movilización de recursos que desde entonces suma ya más de 12.000 millones de euros.

Señorías, gracias a este esfuerzo, que no es del Gobierno, sino de todos, entre otros hitos hoy somos más de 27 millones de internautas, es decir, más del doble de lo que éramos en el año 2004. Las líneas de banda ancha fija han sobrepasado los 10,7 millones en febrero de 2011, mientras que la banda ancha móvil alcanza los 10,6 millones de usuarios. La cobertura de telefonía móvil y de la banda ancha se sitúa en torno al 99 por ciento de la población, cobertura que está entre las más altas del mundo. Una vez alcanzada una masa crítica de aceptación de las TIC y una cobertura casi global de servicios TIC, tenemos que seguir trabajando en España y en Europa para dar respuesta a los retos que todavía tenemos por delante. Eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer con la ejecución de la estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2, una estrategia que en el ámbito normativo quiere ayudarnos a dar un salto cualitativo y en línea con Europa. Para ello, partiendo de los logros alcanzados, pretendemos conseguir nuevas metas mejorando el funcionamiento del mercado, reforzando los derechos de los usuarios, y propiciando la generación de un auténtico mercado interior de servicios en el seno de la Unión Europea. El instrumento básico para dar ese salto de calidad es precisamente este proyecto de ley, que es fruto de la trasposición de unas directivas en cuya elaboración -y es muy importante subrayarlo- hemos participado muy intensamente como país.

En su conjunto y a través de este proyecto normativo se persigue mejorar los derechos de los consumidores, garantizar un mejor acceso a Internet, proteger mejor los datos de carácter personal, impulsar la competencia y modernizar la utilización del espacio radioeléctrico. Asimismo se pretende promover la calidad de los servicios y la competencia entre operadores, incentivando la innovación y la inversión, y creando un marco adecuado para el despliegue de redes de nueva generación. Más concretamente las modificaciones incorporadas por este proyecto de ley proporcionan mayor seguridad jurídica y flexibilidad a los operadores, mejoran la protección de los derechos de los usuarios, y refuerzan las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Señorías, en relación con los operadores de telecomunicaciones este proyecto de ley, tal y como acabo de afirmar, crea un marco de mayor seguridad jurídica más adecuado para la realización de inversiones que permitan el despliegue de redes de nueva generación. Es importante recordar que estas redes, tanto fijas como móviles, van a posibilitar ofrecer a los ciudadanos velocidades de acceso a Internet superiores a los 100 megabytes por segundo. Esta circunstancia permitirá a su vez que los ciudadanos disfruten de servicios más innovadores y tecnológicamente más adecuados a sus necesidades. Igualmente mediante este proyecto de ley se promueve un uso más eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico, mediante la generalización de los principios de neutralidad tecnológica, es decir, utilización de cualquier tecnología, y neutralidad de servicios, es decir, prestación de cualquier servicio, así como con la regulación relativa al mercado secundario del espectro. También en relación con los operadores de telecomunicaciones este proyecto de ley incluye una serie de novedades a las que me gustaría hacer una breve referencia. En primer lugar, la inclusión del riesgo inversor de los operadores como criterio a tener en cuenta por la CMT a la hora de imponer obligaciones y condiciones de acceso a las redes. En segundo lugar, el establecimiento del mecanismo de licitación para la designación del operador encargado de la prestación del servicio universal, con independencia del número de operadores interesados. En tercer lugar, la obligación que tienen los operadores que pongan su red al servicio de otras entidades para la realización de emisiones radioeléctricas de comprobar que estas disponen del correspondiente título habilitante del dominio público radioeléctrico.

Señorías, en lo que se refiere a los usuarios este proyecto de ley refuerza sus derechos y su protección. Con carácter general esta modificación normativa establece que los usuarios finales tendrán derecho a recibir mayor información sobre las características y condiciones de provisión de los servicios, y de la calidad con la que se prestan. Además de reforzar la protección de los datos de carácter personal mediante el establecimiento de diversas medidas, esta nueva normativa introduce importantes novedades para los usuarios, de las que me gustaría destacar las siguientes. Primero, el establecimiento del plazo de un día laborable para el cambio de operador manteniendo el mismo número, lo que se conoce como portabilidad. Segundo, la mejora en el acceso a los servicios para personas con discapacidad o con necesidades sociales especiales, que deberá producirse en condiciones equivalentes a las del resto de usuarios, con independencia de cuál sea el operador. Y, tercero, la definición como infracción del incumplimiento por los operadores de las resoluciones que ponen fin al procedimiento de reclamación de los usuarios.

Señorías, en relación con el regulador sectorial, la CMT, este proyecto de ley refuerza claramente sus competencias. En concreto, y en los casos de fallo persistente de la competencia en el mercado, la CMT queda habilitada para imponer al operador con poder significativo en el mercado la obligación de realizar una separación funcional entre su red y sus servicios minoristas. Asimismo, se otorga al regulador sectorial la competencia


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para establecer requisitos mínimos de calidad del servicio a los operadores para evitar la degradación del servicio o la obstaculización o ralentización del tráfico en las redes. Por último, y también en relación con la CMT, este proyecto de ley, por una parte, elimina el periodo de dos años como plazo necesario para proceder a la revisión de los mercados de referencia y, por otra parte, habilita a la CMT para establecer la utilización compartida de los tramos finales de las redes de acceso de los operadores que discurran en torno de los edificios cuando la duplicación de las infraestructuras sea económicamente ineficiente o físicamente insalvable.

Señorías, voy concluyendo. Este proyecto de ley responde a las exigencias del paquete Telecom, aprobado en noviembre de 2009, refuerza nuestro compromiso con la Europa digital y supone un salto de calidad para el sector de las TIC y para nuestros ciudadanos y empresas en el ámbito de las nuevas tecnologías. Por ello, una vez más, apelando a su sentido de la responsabilidad y al compromiso que siempre han demostrado tener con nuestros intereses como país, les solicito que rechacen la enmienda a la totalidad que se ha presentado a este proyecto de ley, animándoles al mismo tiempo, como siempre, a que colaboren y lo enriquezcan en el trámite parlamentario para que, una vez aprobado, la ley que surja sea una ley en la cual puedan todos sentirse reconocidos.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.

A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda de totalidad. Para defenderla tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Señor ministro, ejerciendo mi responsabilidad como diputada nacional presento esta enmienda a la totalidad; ejerciendo una responsabilidad que tengo de enmendar en este caso un proyecto de ley que viene del Gobierno y de solicitar, por responsabilidad, su devolución al Gobierno.

Todos los expertos coinciden en afirmar que estamos en vísperas de un profundo cambio del modelo productivo y que la economía que se avecina es una economía digital. En consecuencia, nuestra competitividad futura en un entorno plenamente globalizado dependerá de que alcancemos hoy una correcta familiaridad y una adecuada competencia en el uso de estas tecnologías que son el soporte del futuro digital que se nos está mostrando. Además, como ha recordado el ministro, estamos obligados a cumplir los compromisos de la agenda digital europea. La pregunta es, señor ministro, señorías, ¿responde este proyecto de ley a estas necesidades que tiene España? A mi juicio, no. La nueva ley es una tímida actualización de su antecesora de 2003, que, por lo demás, se ha visto ampliamente desbordada por los avances y las nuevas exigencias de la sociedad de la información. Este proyecto de ley tiene tres graves deficiencias: en primer lugar, hacer recaer la lucha contra las brechas digitales en un instrumento dudoso como es la separación funcional de redes -me detendré luego en este aspecto-; en segundo lugar, impropiamente este proyecto de ley hace dejación de las competencias estatales en materia de comunicación en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas -también me detendré brevemente- y, por último, esta ley elude regular alguno de los aspectos más polémicos de la red, como la neutralidad, los servicios P2P, el derecho al olvido, etcétera.

Me detendré en uno de los principales problemas que la ley no aborda adecuadamente: la brecha digital. Como sus señorías saben, particularmente el señor ministro, al menos lo utiliza mucho, el término brecha digital se refiere a la diferencia de oportunidades de los ciudadanos para el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación en función de variables geográficas, económicas, culturales, de sexo, etcétera. En definitiva, volvemos a hablar, a lo largo de la mañana de hoy, de igualdad. El conjunto de las brechas determina que el grado de penetración de Internet en los hogares españoles alcanza el 59 por ciento en 2010, lo que nos sitúa por detrás de la media de la Unión Europea, que es el 70 por ciento, y solo por delante de Italia, Chipre, Portugal, Grecia, Rumanía y Bulgaria, según los datos oficiales de Eurostat. Dicho de otra forma, insisto, a mayor brecha digital, menor igualdad. En definitiva, volvemos a hablar de derechos de ciudadanía.

Como se sabe, las brechas digitales tienen dos causas fundamentales: insuficiencia o carencia de infraestructuras físicas para acceder a las redes de telecomunicaciones y, por medio de ellas, a las TIC, de lo que ha hablado el ministro, e insuficiencia o carencia de cualificación para obtener el adecuado rendimiento en el uso de esas redes. El segundo de estos puntos se aborda a través de programas de capacitación y animación al uso de las tecnologías, pero resulta evidente que, para que esto pueda llevarse a cabo, es decir, que formemos a la gente y le animemos a utilizarlas, es imprescindible disponer de acceso físico a las redes de telecomunicaciones. Por tanto, la primera medida para la reducción de las brechas digitales radica en la extensión física de las redes de telecomunicaciones a lo largo de todo el territorio nacional y bajo las garantías de unos mínimos de calidad y velocidad idénticos -repito, idénticos- en todas las áreas geográficas. Igualdad, cohesión. En consecuencia, la reducción de la denominada brecha geográfica es la más urgente a acometer, pues no pueden reducirse otras brechas sin contar con el concurso de las redes físicas de telecomunicaciones. La reducción de la brecha geográfica solo puede proceder de una drástica reducción de la brecha por razones económicas; es decir, de las diferencias procedentes del precio al acceso a la red.

Les daré algunos datos que pueden ilustrar cómo estamos en España en esta materia. Según la OCDE, España se sitúa en las antípodas del escenario óptimo,


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ya que su ADSL está entre los más caros y lentos de la Unión Europea. Según la Unión de Consumidores de España, la banda ancha en España resulta un 30 por ciento más cara que en el resto de Europa y llega a duplicar en algunos servicios los precios de otros países europeos -duplicar, señorías-. Las conexiones entre 2 y 10 megas, que suponen el rango de velocidad utilizado mayoritariamente por los internautas españoles, son casi un 85 por ciento más caras en nuestro país. Según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, contamos con más de 70.000 hogares cuyo acceso a Internet es de 212 kilobytes, y a un precio de 65 euros mensuales. Dicho de otra manera, poca, mala y cara conexión. Poca, mala y cara conexión igual a poca y mala cohesión.

¿Cuál es la situación actual de la brecha geográfica, una vez explicada cuál es la situación de la brecha económica? Como en otros muchos puntos de Europa esta segunda brecha es de grandes dimensiones. Recientemente, el Parlamento Europeo se ha visto forzado a pedir que los Estados complementen las inversiones privadas en banda ancha cuando estas sean difíciles de incentivar, especialmente para conectar áreas remotas. En ese mismo sentido, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones en España ya advertía, a finales del mes de junio, o sea, hace nada, que en términos generales -y es textual- la iniciativa privada no asegura la prestación del servicio universal de banda ancha, que permitiría que los ciudadanos puedan acceder a Internet a la velocidad mínima adecuada, por lo que esta conexión no queda garantizada por el libre mercado; es decir, que el organismo regulador de las telecomunicaciones españolas ya ha reconocido oficialmente la necesaria implicación de los fondos públicos en el desarrollo de los accesos a la red. Por cierto, nada de esto está previsto en esta ley.

En términos estrictamente geográficos, la CMT ha afirmado que la mitad del territorio nacional carece de ofertas competitivas de banda ancha y que el 53,4 por ciento de las líneas de banda ancha se encuentran en zonas no competitivas. En las áreas competitivas, que son las grandes ciudades y las zonas rentables para los operadores, se puede acceder a ofertas de banca ancha ultrarrápida y a diferentes modalidades. Otra vez falta de igualdad, otra vez falta de cohesión. En la España no competitiva, el ADSL indirecto es la única alternativa de los ciudadanos con velocidades más lentas y precios más elevados. No hay igualdad para todos. Según Eurostat, España también se sitúa a la cola de la Unión Europea en acceso a Internet en los hogares -59 por ciento frente al 70 por ciento en la media europea-. Además, se estima aún en medio millón los hogares que solo pueden conectarse en banda estrecha.

Señor ministro, usted se ha comprometido hace ya tiempo a dotar a España de un servicio de banda ancha universal el 1 de enero de 2011. Este proyecto profusamente publicitado se encuentra demorado sine die y, tras ser remitido a principios del mes de marzo al Consejo de Estado, aún no ha logrado superar la primera fase, la meramente propagandística. Este es el estado de las cosas analizado con datos objetivos y no con literatura o con filosofía ad hoc, analizado a partir de los datos objetivos, de lo que tenemos y de lo que otros confirman que tenemos. Todo esto puesto en relación con este proyecto de ley. ¿Responde este proyecto de ley a estas necesidades, me preguntaba al principio? ¿Responde para resolverlas? Lamentablemente, no responde a estas necesidades, y es como si fuera un proyecto de ley hecho con pleno desconocimiento de la situación del sector que pretende regular.

La única novedad verdaderamente significativa del nuevo proyecto de ley radica en su tímida apuesta por la separación funcional de las redes, para ampliar el nivel de competencia en las zonas poco rentables exentas de competencia efectiva. La separación funcional consiste en la obligación de escindir los departamentos dedicados a la comercialización de los servicios y a la gestión técnica en las redes con el objetivo de fomentar la competencia. No existen garantías, por otra parte, de que esta medida redunde en un aumento de la concurrencia en el mercado -sabe, además, señor ministro, que hay otros muchos modelos alternativos-, y puede resultar incluso contraproducente la pérdida de sintonía entre la gestión técnica de las redes y la inteligencia del mercado propia de las áreas comerciales de las empresas de telecomunicaciones que puede derivarse en un distanciamiento entre la tecnología pura y las demandas de los ciudadanos. Por lo demás, no debe olvidarse que los operadores alternativos españoles aplican precios más altos en nuestro país que en el resto de Europa, con una diferencia en torno al diez por ciento.

Señor ministro, hay alternativas a la mera separación funcional de redes, alternativas imaginativas y eficaces para superar esas brechas de las que he hablado y que ustedes prefieren ignorar, alternativas que están en marcha en Estados Unidos, la propia filial de Telefónica en el Reino Unido lo hace, va a profundizar en ese camino y el Gobierno francés prepara un bono social precisamente para eso. Hay alternativas. No estamos en una situación en la que la única cosa que se puede hacer es aquella que ustedes nos plantean.

Finalmente, haré una breve referencia a otro aspecto preocupante, desde el punto de vista de Unión Progreso y Democracia, de este proyecto de ley, que es la quiebra de la unidad de mercado. No me referiré con profusión a esta cuestión, pero lo he anotado al principio como una cuestión que nos preocupa más por lo que queda abierto, por las dudas, por la inseguridad y por la falta de clarificación del proyecto que nos proponen que por lo que queda demostrado. Señor ministro, pensamos que los beneficios de las nuevas tecnologías deben llegar a todos los ciudadanos de manera igualitaria. Por ello, defendemos que la política de telecomunicaciones, esa de la que usted en este momento es responsable, debe seguir siendo una materia exclusiva y prioritaria del Gobierno del Estado, del Gobierno central. Seguimos pensando en esta cuestión, no desde un punto de vista de distribución competencial, de modelo territorial del Estado, sino


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desde un punto de vista de aquellos artículos que la Constitución proclama como básicos y fundamentales, que tienen que ver con la igualdad y con la cohesión. Pensamos que esta es una materia sensible, desde el punto de vista de conseguir la igualdad del conjunto de los ciudadanos, la competitividad de todos los ciudadanos, su acceso, y, por tanto, debe ser una competencia importante y prioritaria del Estado, del Gobierno central. En un primer momento, dado que el Estado, el Gobierno central, en esto ha sido bastante deficitario a la hora de actuar, parecería que el liderazgo de los ayuntamientos y las comunidades autónomas en materia de telecomunicaciones ha resultado, frente a la atonía del Gobierno central, un beneficio para los ciudadanos. Así ha sido, aunque permítanme que les diga que solo de forma parcial y no creo que en el fondo de forma definitiva. El liderazgo de la Administración periférica en esta materia conlleva que el acceso a las TIC quede al arbitrio de la mayor o menor sensibilidad de los ayuntamientos hacia las nuevas tecnologías o de la capacidad económica de las comunidades autónomas para invertir en nuevas redes. Si el Gobierno central no lo hace, las autonomías y los ayuntamientos, aunque no tengan competencia, terminan haciéndolo; pero eso, al final, primero, no garantiza la igualdad, y termina generando un problema también de dimensiones económicas. El panorama que ha resultado de esta cuestión, de esta descentralización a la fuerza o sobrevenida, es una ruptura de la unidad de mercado e, incluso, aún más grave, un nuevo atentado contra la igualdad de derechos de los ciudadanos en función de la localidad en la que viven. Romper la unidad de mercado, establecer diecisiete fronteras interiores me parece que no es el modelo de ninguno de los presentes, quizás de alguien sí, pero no creo que sea el modelo del ministro y del Gobierno. No creo que nos podamos permitir el lujo de romper la propia unidad de mercado. Fomentar la desigualdad en el acceso a un bien público, a un servicio público me parece que es algo que nadie en esta Cámara pudiera plantear. La ley nos plantea también esa incógnita y ese problema.

Desde Unión Progreso y Democracia abogamos por una estrategia nacional que provea un acceso económico, de calidad y en condiciones de escrupulosa igualdad en todo el territorio nacional, recuperando una competencia de forma efectiva, que solo la falta de iniciativa y liderazgo del Gobierno ha permitido que se sitúe en el entorno administrativo que no le es propio y que acabo de definir. Hay razones de sobra, señorías, desde mi punto de vista, razones de sobra, señor ministro, de responsabilidad de esta diputada nacional para pedir la devolución de este proyecto de ley al Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.

El Grupo Parlamentario Socialista ha expresado su voluntad de utilizar el turno en contra de esta enmienda a la totalidad. Para ello tiene la palabra la señora Muñoz Santamaría.

La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: La nueva Ley de Telecomunicaciones establece las reglas del juego en nuestro país sobre las infraestructuras que permiten no solo el acceso a Internet, sino también a las redes que usarán nuestros sectores productivos, nuestras actividades sociales, políticas y culturales; las reglas del juego entre operadores, empresas proveedoras de servicios, administraciones, el regulador -en el caso español, la CMT-, usuarios de servicios de telecomunicaciones y de servicios sobre estas telecomunicaciones, usuarios para las empresas, para este Parlamento, ciudadanos y ciudadanas con derecho. La irrupción masiva del uso de las TIC en todos los ámbitos de la sociedad ha dado paso a la sociedad en red y a la economía del conocimiento, en la que el conocimiento es input y output. Se trata de la nueva base material económica y social, y en este nuevo entorno el acceso al conocimiento marca las diferencias: disponer de él o no, poder acceder a este, poderlo procesar suponen las nuevas barreras o las nuevas oportunidades para las personas. Y en este sentido las reglas de acceso a la red y a la Red de redes determinan las posibilidades reales de acceso a la información; tener o no condiciones para desarrollar una verdadera sociedad del conocimiento; o permitir que Internet siga siendo un espacio de innovación y de oportunidades para el conjunto de la ciudadanía.

Por ello en el momento de tramitar la ley, el Grupo Socialista prioriza los derechos de ciudadanía y el fortalecimiento del ecosistema que es Internet, que permite oportunidades, innovación, en toda la cadena de valor. Modificamos la Ley de Telecomunicaciones, aprobada en 2003, para trasponer las directivas europeas de mejor regulación de derechos de los ciudadanos y el reglamento de organismos reguladores europeos de las comunicaciones, el llamado paquete Telecom, aprobado en noviembre de 2009, con el objetivo de fortalecer los derechos de los consumidores y su privacidad, impulsar inversiones de las infraestructuras de alta capacidad y asegurar estas reglas en toda la Unión Europea.

El Grupo Socialista va a rechazar la enmienda a la totalidad de UPyD. Tras leer esta enmienda, podría decir que me sorprende el grado de demagogia de su contenido, pero -siendo franca- la demagogia, proviniendo de UPyD, no es algo novedoso, ni que me sorprenda. La enmienda, para negar la tramitación de la ley, expone como motivo cuestiones tan diversas como los precios de banda ancha, la brecha digital social, el servicio universal o la net neutrality. La primera cuestión es que UPyD rechaza el debate. Niega el trámite de una ley que precisamente incorpora directivas europeas que marcan más y mejor competencia por lo que, en consecuencia, conseguiremos mejor relación calidad-precio. ¿Qué mejoramos si, como proponen hoy, no tramitamos la ley? Nada. Es lógico que se presenten enmiendas a la totalidad y estamos abiertos a mejorar la ley, pero no es lógico que no tramitemos una ley a la que estamos obligados por Europa. Su enmienda, además, confunde muchos conceptos. Habla de brechas digitales sociales,


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que no son objeto de esta ley -lo dice explícitamente-, sino que corresponden a la Ley de la sociedad de la información. Nosotros no solo trabajamos y no queremos brecha digital, sino que en el año 2005 aprobamos el Plan Avanza para reducirla año a año.

Me resulta también sorprendente encontrar en su enmienda la propuesta de servicio universal de acceso a banda ancha. Seguramente no lo conoce, pero recientemente lo ha aprobado este Parlamento y están en marcha los trámites para que sea efectivo. Ya hemos aprobado el real decreto y seguramente los concursos estarán resueltos a finales de octubre, por lo que cualquier persona podrá solicitar que en el servicio mínimo de telefonía, que actualmente con precio público puesto por el Gobierno de 18 euros incluye la voz y el fax, también incluya el acceso a Internet a una velocidad de un mega de bajada. En definitiva, rechazamos esta enmienda porque es un intento demagógico de mezclar cualquiera de las reclamaciones que existen con el objeto de recoger descontentos y mezcla cuestiones desiguales, algunas correspondientes a esta ley, otras no, y otras incluso aprobadas por este Parlamento.

El Grupo Socialista quiere tramitar la ley porque supone mejoras en el ámbito de las telecomunicaciones que van a proporcionar mayor seguridad jurídica y flexibilidad a los operadores, porque mejoramos la protección de los derechos de la ciudadanía y porque reforzamos las competencias de la CMT. En primer lugar, crea un marco jurídico incentivador de las inversiones. En nuestro país es necesario el despliegue de las redes de alta capacidad que permitirán acceso a más de 100 megas de velocidad, imprescindible para la competitividad de nuestro país. Promueve un uso más eficaz del espectro radioeléctrico, ya que generaliza el principio de neutralidad tecnológica y de servicios. También reforzamos los derechos de los usuarios, con más derechos a la información, una protección más eficaz de los datos personales en la red, por ejemplo, regulando en este aspecto las cookies. Asimismo, reforzamos las atribuciones de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones para promover mayor competencia en nuestro país.

El Grupo Socialista, en la tramitación de esta ley, está por reforzar los derechos de ciudadanía y por eso, de acuerdo con el Gobierno, hemos presentado una serie de enmiendas fundamentales que recogen establecer dos ciberderechos como son el derecho a que Internet siga funcionando con el principio de net neutrality y al secreto en las comunicaciones de datos, reforzar las garantías de ciudadanía respecto de los operadores y reforzar algunos aspectos de la universalidad del acceso a la red. Proponemos establecer dos ciberderechos: el derecho a la net neutrality y al secreto en la comunicación de datos. La comunicación de datos está consagrada en nuestra Constitución y está regulada en otros ámbitos no digitales, también protegidas en las comunicaciones uno a uno a Internet. La novedad sería proteger el secreto en las comunicaciones de transferencias de datos. La privacidad en Internet es una exigencia de la ciudadanía. Apostamos por el principio de net neutrality, que es el statu quo incluido en los acuerdos de funcionamiento de circulación del tráfico en la red. Internet debe seguir siendo lo que es, una plataforma abierta y equitativa. Por eso queremos garantizarlo por ley. Si apostamos por esta enmienda y si la aprobamos -creo que sí, vistas las enmiendas de otros grupos registradas ayer en el Congreso-, apostaremos por que cada persona cuando utilice Internet o las redes de comunicación, sea como usuaria, sea para consultar o publicar contenidos, sea como pyme, por tener una idea innovadora, sea para generar un nuevo operador, lo haga con el principio de equidad. La neutralidad en la red no supone solo un derecho, sino una apuesta por la competencia y la dinamización económica. Una red neutral asegura el concepto de Internet como espacio público, un espacio público que debe ser democrático, al que todas las personas puedan acceder y que nadie pueda limitar a qué contenidos o a qué servicios accedan otras personas.

Intentaré poner un símil con un espacio mucho más conocido por todas las personas, como son las autopistas, las carreteras, los concesionarios y los conductores. Evidentemente, existen carreteras y autovías y también autopistas de pago con concesionarios, pero cada persona en cada trayecto decide libremente por dónde circular y sin restricciones. Las normas de tráfico las ponen los gobiernos, no hay distintas normas de tráfico puestas por cada concesionario en cada una de las autopistas y un concesionario no puede restringir el tráfico a unas marcas determinadas de coches frente a otras, ni puede poner un carril exclusivo para una marca determinada de coches ni para una empresa concreta de caminos. En definitiva, el hecho de tener un Mercedes o un Seiscientos no te puede predeterminar circular o no por una carretera concreta. Todo esto no impide la gestión del tráfico cuando es necesario, y la cuestión es que apliquemos estos mismos principios al tráfico en Internet.

¿Qué implica la neutralidad en red? Que cada persona decida a qué páginas, a qué servicios puede acceder on line y a través de todos los dispositivos y que las pymes puedan crear sus negocios en unas plataformas transparentes y estables. Es decir, un Internet abierto significa que el usuario o usuaria final tiene el control y que mantenemos un espacio competitivo que fuerza la innovación. Lo queremos así para que este espacio continúe siendo un espacio de desarrollo, de innovación y de acceso a la circulación de forma competitiva. Sabemos que la gestión del tráfico en Internet es esencial para su buen funcionamiento. Pero la neutralidad en la red no prohíbe la gestión del tráfico, prohíbe que esta gestión se haga de manera arbitraria en función del servicio, del tipo de contenido o del origen, o sea, en función de acuerdos comerciales. Y no implica que no pueda haber tarifas no solo en función de velocidad, sino que también dependan del volumen. Tampoco lo impide. También proponemos un paquete de enmiendas para reforzar las garantías de la ciudadanía ante las operadoras: se especifica el tipo de información que


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pueden recibir, las operadoras deberán informar en el fallo de calidad, remarcamos las características y la concreción que deben tener las facturas, hemos incluido en el régimen sancionador el incumplimiento de la obligación de la interlocución telemática y además la ciudadanía podrá obtener compensación no solo por falta de servicio, sino por la degradación del servicio, una característica del acceso a la red. Además, proponemos reforzar la universalidad en la red.

Para finalizar, al tramitar esta ley establecemos las reglas del juego en las infraestructuras de telecomunicaciones que permiten las comunicaciones en Internet y debemos priorizar que estas promuevan las inversiones de redes de alta capacidad, garantizar nuevos ciberderechos y mantener el ecosistema de un Internet abierto y más derechos de ciudadanía y de las pymes en los servicios ofrecidos por los operadores. Todo ello implica no solo más derechos, sino una dinamización de la economía y la posibilidad de ser más competitivos.

Gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Bravo!)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Muñoz.

Señora Díez, su turno de réplica.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Señora diputada portavoz del Grupo Socialista, mantengamos las formas. Yo no les he calificado a ustedes ni he calificado al Gobierno ni he calificado la ley más que desde el punto de vista de su contenido. Tómense la molestia de hacer lo mismo, para que nos reconozcamos todos el derecho a presentar las enmiendas a la totalidad o parciales que nos da el Reglamento y que lo hacemos precisamente ejerciendo un derecho. Haga el favor de no adjetivar porque yo no la he adjetivado a usted y muchísimo menos al ministro o al Gobierno de la nación, porque, si no, es difícil que nos podamos entender o que yo pueda creer que ustedes tienen alguna intención de entenderse con aquellos que sencillamente no están de acuerdo con ustedes en un tema tan importante como esta ley que hoy sometemos aquí a debate.

Yo creo que la falta de carácter y ambición del anteproyecto se ha dejado percibir -como ya dije en mi primera intervención- en la omisión de algunos aspectos que a mi juicio, a juicio de Unión Progreso y Democracia, resultan esenciales para el sector, fundamentalmente la escasa concreción de algunos de sus puntos. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señora Díez.

Silencio, por favor.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Esta ley trata de regular el sector de las redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas, quedando excluidos de su regulación los servicios de comunicación audiovisual y los servicios de la sociedad de la información, lo que no parece adecuado, a nuestro juicio, en un mercado con este grado de convergencia tecnológica. Tampoco consideramos adecuado el tratamiento del espectro radioeléctrico, cuya regulación se pospone para un desarrollo reglamentario posterior con amplias concesiones en las comunidades autónomas, como dije en mi intervención anterior. La condición de bien escaso que afecta al espectro justifica una consideración legislativa de mayor rango, así como las alusiones del texto a los principios del uso eficiente y de interés general dan idea de la necesidad de contemplar su gestión con un mayor grado de concreción y con mayores garantías de prestación universal e igualitaria de los servicios que lleva asociados. Es decir, aquello que proclama la ley como un derecho de todos y aquello en cuya definición estamos de acuerdo no lo resuelve la ley a la hora de concretar los instrumentos. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Antes se fue la luz, ahora afortunadamente no se ha ido.

Se dice también en la ley que a la hora de interponer obligaciones y condiciones de acceso a las redes debe tenerse en cuenta el riesgo inversor de los operadores, pero no se tiene en cuenta la posibilidad de compartimiento de las nuevas infraestructuras, que se podría declarar obligatorio en condiciones de igualdad no solo en el tramo final de las redes de acceso, lo que daría una mayor competitividad y ahorro en los costes. Se refuerza el papel de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, pero su estructura y funciones no son abordadas en el anteproyecto y se remiten a leyes de carácter más generalista y de marcada naturaleza -quizá excesiva- ideológica, como la de Economía Sostenible. El texto establece el derecho de los usuarios a recibir información sobre la calidad de los servicios pero no incluye una referencia en la propuesta a los criterios y ratios de medición de la calidad exigible, ni la propuesta de un régimen sancionador o de compensación al usuario en caso de incumplimiento. Se pierde la posibilidad de limitar o eliminar el intrusismo de terceros países, cuestión esta también muy importante, que a través de la Icann se sirven de la gestión de los nombres de los dominios de Internet para interponer su visión particular de la neutralidad en la red y la gobernanza en Internet. Por último, en este breve repaso, el texto del anteproyecto confunde abiertamente los conceptos de redes para las comunicaciones electrónicas y de redes públicas para comunicaciones electrónicas, a las que alude constantemente sin aclarar cuáles pueden ser denominadas como públicas, ya que la inmensa mayoría de las infraestructuras españolas son, como todos ustedes saben, de titularidad privada.


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En suma y como conclusión, necesitamos una ley para regular este sector, una ley importante, pero esta ley no es la que necesitamos. Por eso, porque tengo derecho y cumplo con mi derecho y por tanto con mi obligación, presento esta enmienda de totalidad. Además presentaremos naturalmente enmiendas parciales, pero presento y defiendo esta enmienda a la totalidad. Estamos en julio, hace calor, pero este no es un tema menor y creo que prestamos un servicio a los ciudadanos abordándolo de la manera que lo estamos abordando. Mantenemos una posición contraria a la tramitación en esta forma de este proyecto de Ley General de Telecomunicaciones y nos basamos para mantenerlo en que esta ley supone una simple, pacata, miedosa e ineficaz actualización de un modelo que no responde a las actuales exigencias del mundo digital. En suma, creemos que hay más que razones para que este proyecto de ley sea devuelto al Gobierno.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.

El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.

Nuestro grupo comparte muchas de las numerosas afirmaciones y extensas reflexiones que el texto de la enmienda a la totalidad de la señora Díez contiene, incluso cuando dibuja un panorama ciertamente oscuro para la realidad actual y su futuro inmediato. Las consideraciones sobre la banda ancha, por ejemplo, son difícilmente rebatibles, en especial las referencias a los precios en el Estado español, manifiestamente caros en relación con países del entorno europeo. Seguramente tiene razón cuando afirma que España tiene uno de los ADSL más caros de Europa y más lentos. Las referencias a las brechas digitales, que establecen profundas diferencias en los perfiles de los usuarios de las TIC en función de la edad, sexo, lugar de residencia, etcétera, son también acertadas, especialmente cuando plantea dudas en cuanto a la capacidad de las fuerzas del mercado para reducir esa brecha sin una decidida intervención pública. En definitiva, el argumentario de la enmienda a la totalidad resulta un catálogo de problemas y demandas, especialmente de los usuarios de Internet, que pueden ser compartidos. De todas formas, no puedo obviar en esta intervención determinadas tomas de posición de la enmienda a la totalidad clásicas en la señora Díez, siempre reticente -por no decir otra cosa- a las competencias de las comunidades autónomas. Basten de muestra dos botones. Uno, cuando muestra su disconformidad porque el texto del Gobierno pospone la regulación del tratamiento del espacio radioeléctrico para un desarrollo reglamentario posterior, alude -y cito textualmente- a amplias concesiones a las comunidades autónomas. Y otro, también se manifiesta preocupada porque no se aborda la estructura de funciones de la Comisión del Mercado del Telecomunicaciones y se deja para más adelante. Deja escrito que la consecuencia directa de esta situación es -vuelvo a citar literalmente- la toma del control regulador por los partidos nacionalistas. No sé si cuando se refiere a partidos nacionalistas piensa en el PP, en el PSOE, en el suyo, o solamente en los que cuestionan la estructura centralista del Estado o sencillamente el derecho democrático a la independencia.

Dicho esto, nos debemos plantear dos cuestiones. En primer lugar, si todos los retos expuestos -quiero decir las propuestas de resolución- deben figurar en el proyecto de ley de reforma de la Ley General de Telecomunicaciones de 2003. Nosotros creemos que no, que existen otros marcos legales donde plasmar las vías de resolución a determinadas realidades problemáticas que plantea acertadamente la señora Díez. Y en segundo lugar, nos debemos plantear si las insuficiencias que compartimos del actual proyecto deben ser resueltas de un plumazo con su devolución al Gobierno o bien resulta más positivo permitir su tramitación parlamentaria y tratar de mejorarlo con la discusión de las enmiendas que los grupos podemos presentar. Ese es precisamente nuestro planteamiento, dejar que el proyecto inicie su tramitación parlamentaria e intentar que con las aportaciones de todos los grupos pueda derivar en un texto que permita abordar a fondo los problemas del sector de las telecomunicaciones, siendo conscientes de que no puede ser el único instrumento legal, que existen otros que deben completar lo que finalmente establezca el proyecto que hoy inicia su andadura parlamentaria. Por ello, no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad que ha presentado la señora Díez.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Canet.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar en contra de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de UPyD porque entendemos que este proyecto de ley que se va a someter a su tramitación parlamentaria en las próximas semanas es un proyecto de ley que traspone una serie de directivas europeas que están integradas en el paquete Telecom y, por lo tanto, que va a adaptar nuestro ordenamiento a esas normativas. Entendemos que esto debe realizarse y que probablemente muchísimos de los puntos débiles que puede incorporar este proyecto de ley pueden ser subsanados perfectamente en la tramitación parlamentaria. Este es el motivo fundamental por el que nuestro grupo parlamentario va


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a votar en contra de esta enmienda a la totalidad, y en este sentido también queremos aprovechar su tramitación parlamentaría para poder incorporar todas aquellas enmiendas que ha presentado nuestro grupo parlamentario que van en la dirección de hacer un mercado más competitivo dentro del Estado en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las telecomunicaciones. Es una realidad, señorías, que en nuestro país, en España, no están convergiendo desde una perspectiva, yo diría, de modernidad en la misma dirección o a la misma velocidad que están convergiendo en Europa, estamos a un ritmo quizás excesivamente lento. La conexión a Internet en nuestro país es cara, de poca velocidad y no llega a todo el territorio. Es cara porque según la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones tenemos la banda ancha más cara de toda la Unión Europea, tiene poca velocidad porque la velocidad comercializada máxima es inferior a la de otros Estados miembros de la Unión Europea y la distribución de acceso a la alta velocidad es muy diferente en los grandes núcleos de población, donde existe una fuerte competencia, y en núcleos poco poblados, y además en las zonas rurales no llega a una banda ancha. Por este motivo creemos sinceramente que podemos subsanar estos aspectos, que podríamos calificar de puntos débiles dentro de la implementación de las nuevas tecnologías en España, en la tramitación parlamentaria.

Desde esta perspectiva ya les anunciamos que nuestras enmiendas, que hemos presentado en el día de ayer, van en la dirección, en primer lugar, de mejorar la normativa estatal de acuerdo con las competencias que ostenta la Generalitat de Catalunya en materia de comunicaciones electrónicas. Es un paquete de enmiendas relevantes que van en la dirección de prever la participación de las comunidades autónomas con competencias en materia cultural o lingüística en la administración del domino público radioeléctrico. En segundo lugar, planteamos la incorporación de las competencias en materia inspectora y sancionadora que tienen algunas comunidades autónomas. Y, por último, prevemos la inclusión en el sistema de financiación del servicio universal de las infraestructuras de telecomunicaciones que permitan la prestación de este servicio y que sean o hayan sido financiadas por las comunidades autónomas. Además, dentro de este paquete de enmiendas autonómicas también vamos a plantear que se pueda prever el impulso del dominio.ct, de dos dígitos, para Cataluña. En este sentido también vamos a plantear que en este aspecto pueda existir una sensibilidad con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno para intentar conseguir el máximo consenso en estas cuestiones autonómicas.

En cuanto a otros aspectos más generales, vamos a impulsar que sea posible el abono social en el mercado de las telecomunicaciones y vamos a potenciar que sea posible la extensión a la telefonía móvil y la aplicación de oficio a los beneficiarios actuales para que el abono social también, desde la perspectiva que es posible y es una realidad en el sector energético, sea una realidad en el mercado de las telecomunicaciones. Asimismo, vamos a plantear la ampliación del servicio universal de telecomunicaciones a la banda ancha, regular un mínimo de velocidad de subida y no tan solo de bajada para favorecer los nuevos usos en el consumo de los contenidos. También vamos a plantear una cobertura universal en las redes de telefonía móvil 3G en los núcleos urbanos y en los edificios ubicados en zonas aisladas dedicadas a la actividad económica, un impulso importante en la disminución del precio final del acceso a Internet, a la banda ancha, así como también la disminución de las tarifas de datos de la telefonía móvil para situarlos a precios inferiores a la media europea. Esta es una medida que va a significar, en caso de que sea aprobada por los grupos parlamentarios, una mejora de la competitividad de nuestro tejido tecnológico dentro del mundo de la economía productiva.

Resumiendo, estas son las enmiendas más relevantes que nuestro grupo parlamentario va a plantear en la tramitación parlamentaria y basándome en la objeción fundamental que he planteado al inicio de mi intervención vamos a votar en contra de esta enmienda a la totalidad.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cortés.

El señor CORTÉS MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.

Hace poco la ministra de Cultura sorprendía a la Cámara y a la opinión pública diciendo que era mejor una buena ley retrasada que una mala ley puntual. El señor ministro de Industria ha superado esta pintoresca teoría y, pese a que el tema que nos ocupa es mucho más sencillo que la modificación de la Ley de la Propiedad Intelectual, llega tarde y mal la incorporación al ordenamiento español de las directivas del llamado paquete Telecom, que tenían que haber estado incorporadas a nuestro ordenamiento el 25 de mayo de este año. Por lo menos, para llegar a la fecha tendría que haberse presentado el año anterior, y tiempo ha habido. Pero, claro, el señor ministro ha estado demasiado ocupado cambiando altos cargos de su ministerio, ya para liberarse de los heredados, ya para dejar colocados a amigos futuros cesantes. Con tres secretarios de Estado en tres años no puede ser muy consistente la labor que se ha hecho. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, señorías.

El señor CORTÉS MARTÍN: Su paso por el Gobierno, señor ministro, será recordado por la broma de las bombillas, por el efímero impulso al ahorro energético limitando por un rato la velocidad a 110 kilóme


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tros por hora o por su pelea adolescente con el presidente de la Cámara ante el regocijo de quienes se divierten con semejante espectáculo por el puro afán de notoriedad de sus protagonistas. Pero el asunto que nos ocupa, señora presidenta, es de suma importancia, porque las telecomunicaciones tendrían que ser uno de los motores clave que ayuden a la superación de la crisis. El señor ministro lo ha dicho en la presentación del proyecto y se les llena la boca diciéndolo siempre y hablando de los millones que supone, de la parte del producto interior bruto que representa, sin embargo el Gobierno ha desperdiciado muchas oportunidades legislativas que ha tenido, en muchas de las cuales ha contado con nuestro apoyo cuando no con nuestro impulso. Ya sé que esto destroza otro de los mantras del Gobierno, que la crisis no se debe a su gestión, sino a que la oposición no colabora, pero la realidad es que fue una enmienda del Grupo Popular la que introdujo en la Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información, en diciembre de 2007, algo que ha silenciado la señora Muñoz, el acceso a Internet por banda ancha como parte del servicio universal. Estamos hablando de 2007. Y lo que ha hecho el Gobierno ha sido retrasarlo vez tras vez, lo último ha sido precisamente por el señor ministro de Industria... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone, señor Cortés. Señorías, es imposible que alguien pueda atender al orador que está en el uso de la palabra. Por favor, moderen un poco el tono de sus conversaciones o ténganlas en otro recinto.

Señor Cortés.

El señor CORTÉS MARTÍN: Decía, señora presidenta, que el señor ministro ha sido quien ha marcado el último plazo, el 1 de enero de 2012, para este acceso universal por banda ancha como parte del servicio universal. Pero más de cuatro años de retraso para incluir el acceso a Internet por banda ancha dentro del servicio universal y sobre todo que a fecha de hoy no esté disponible el acceso a Internet en todo el territorio nacional es imperdonable. Quizá el candidato Rubalcaba nos haya dado la clave este fin de semana cuando dijo que quiere un proyecto para socialistas de hace cien años. Es posible que, además de su incompetencia, haya una explicación de fondo para frenar el avance en la modernización de España. Los socialistas se sienten cómodos con lo antiguo -lo hemos visto a lo largo de la legislatura-, recelan de aquello nuevo que no pueden controlar. Cuando la TDT debía haber ampliado la oferta de contenidos y la libertad de elección de los ciudadanos, ustedes, además de propiciar la concentración de medios, se obcecan en crear un consejo audiovisual con una intención claramente censora. Con la excusa de la protección de la propiedad intelectual, pretendían que órganos administrativos pudieran vulnerar derechos fundamentales sin la intervención judicial y solo al final tuvieron que hacer de la necesidad virtud y se aprobó la exigencia de una intervención judicial. Y en esta ley que nos ocupa, señora presidenta, frente a lo que el ministerio había declarado, que iba a ser una simple incorporación, escrupulosa, de las directivas europeas del paquete Telecom, para la que se han tomado todo el tiempo del mundo y algo más, sorprende que el Grupo Socialista -señor ministro, el Grupo Socialista, no el emperador de Japón- haya presentado nada menos que veinticinco enmiendas al proyecto de ley del Gobierno socialista. En un examen somero de todas estas enmiendas vemos, por un lado, que se intenta corregir la chapuza que ha hecho el ministerio, pero también, en la línea esquizofrénica que tienen ahora, presentan como enmiendas a un proyecto que solo un milagro conseguirá que se convierta en ley aspectos de un programa en que el candidato Rubalcaba se desmarca del Gobierno Zapatero. En los últimos días ya hemos visto que incluso están dispuestos en este momento terminal a abrazar propuestas de otros, como la supresión del canon digital, y a negar como San Pedro a sus otrora amigos, buscando a la desesperada arañar unos votos entre los internautas. Lo que ocurre, señor ministro, es que su posición pura y simplemente ya no es creíble.

Por lo que se refiere a este proyecto de ley, no es solo que planteen ahora lo que no han sido capaces de hacer en más de siete años, es que incluso en una ley de armonización con la normativa europea se proponen enmiendas que contradicen sustancialmente lo que ha defendido el Gobierno ante la Unión Europea y la posición oficial comunitaria. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Efectivamente, señor presidente, en julio de 2010, en un documento oficial que es accesible para cualquiera en la red, el Ministerio de Industria presenta la contribución de España a la consulta pública sobre Internet abierto y neutralidad de red en Europa, y allí se dice por parte del ministerio que en España y en Europa no existe actualmente un problema que exija una intervención regulatoria y que simplemente hay que estar vigilantes por si dichas circunstancias cambian. Pero para que la incoherencia y el oportunismo sean completos, en el Senado se aprobó en diciembre de 2010 una moción por unanimidad de todos los grupos, después de una iniciativa del Partido Popular, en la que se instaba al Gobierno a modificar la normativa española para garantizar el principio de neutralidad de la red teniendo en cuenta el marco vigente de la normativa europea sobre comunicaciones electrónicas. Las enmiendas socialistas, que se olvidan de cualquier referencia al marco europeo, contradicen no solo al ministerio sino a sus propios compañeros del Senado; están dirigidas a la galería, y la mejor demostración es que pudiendo haberlo hecho desde el Gobierno solo lo defienden en vísperas electorales en una ley que seguramente ya no verá la luz.

Señor presidente, no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad no tanto porque el proyecto de ley remitido por el Gobierno no sea mejorable, por eso hemos presentado treinta y siete enmiendas al articulado, sino porque creemos que no se debe retrasar aún más la incorporación


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al ordenamiento español de las directivas del llamado paquete Telecom. Los temas que podrán llegar a ser objeto de debate durante la tramitación de este proyecto de ley, si la hay, se agrupan en dos bloques: primero, el conjunto de temas que son incorporación estricta de las directivas europeas antes mencionadas y, segundo, el conjunto de temas que no están en el proyecto de ley ni en las directivas, sino que provienen de las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios, incluido de forma destacada el Grupo Socialista. Esta situación es de su exclusiva responsabilidad. En primer lugar por haber presentado este proyecto de ley con tanto retraso y, en segundo lugar, por haber llegado a este final de legislatura con demasiados frentes abiertos y tareas por hacer, como los malos estudiantes. Por eso no les puede sorprender que en una ley de telecomunicaciones se propongan enmiendas de modificación a otras leyes, especialmente a la Ley General Audiovisual, que ya dijimos que era una mala ley y por eso la votamos en contra.

Conocen bien nuestra posición, que es también la del sector y la de los países más avanzados de nuestro entorno. (Rumores.) Defendemos que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se configure como un órgano regulador convergente en materia de telecomunicaciones y audiovisual y volvemos a plantear ahora la supresión del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Recapaciten, porque todavía estamos a tiempo de evitar un error.

El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Cortés, un momento. Por favor, tengan la bondad de guardar silencio y respeto al orador. Me refiero especialmente quienes no están en su sitio ni guardan un mínimo silencio.

Adelante, señor Cortés.

EL señor CORTÉS MARTÍN: Si recapacitan y en la tramitación de las enmiendas -si la hay- se corrige este error que se cometió en la Ley General Audiovisual, podremos conseguir algo que ofrecimos al principio de la legislatura y a lo que se refería al final de su intervención el señor ministro, que para la seguridad jurídica es bueno que haya un marco estable. Habrá un marco estable si hay una tramitación dialogada. No ha sido dialogada la gestación de este proyecto, no tenemos buenos precedentes en cuanto a la capacidad de diálogo del Gobierno ni del Grupo Parlamentario Socialista, pero a lo mejor al final todavía se puede rectificar y en este punto podrá haber un marco estable. Si no, si se avanza en la línea de los errores, habrá que desandarlos por parte del próximo Gobierno, que ya no será el suyo. (Aplausos.)

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cortés.

TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU), VASCO (EAJ-PNV), DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 79 Y 82. (Número de expediente 410/000013.)

El señor PRESIDENTE: Todos los grupos parlamentarios han manifestado a la Presidencia su deseo de no intervenir en la proposición de reforma del Reglamento del Congreso. ¿Es así? (Asentimiento.)

Dentro de dos minutos comenzaremos las votaciones. (Pausa.)

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY DE ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 121/000103.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento, vamos a iniciar las votaciones.

En primer lugar, votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Enmienda al artículo 1 bis (nuevo).

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 191; en contra, uno; abstenciones, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 10, apartado uno.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, dos; en contra, 336; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas al resto del artículo 10.

Comienza la votación. (Pausa.)


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 148; en contra, 177; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda al artículo 17, apartado uno.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 183; en contra, 155.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 17, apartado dos.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 151; en contra, 184; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda al artículo 19 bis (nuevo).

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 150; en contra, 176; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda a la disposición adicional sexta.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 182; en contra, 155; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 334; en contra, uno; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL Y DE INCORPORACIÓN DE LA DIRECTIVA 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 11 DE JULIO, SOBRE EL EJERCICIO DE DETERMINADOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS DE SOCIEDADES COTIZADAS. (Número de expediente 121/000111.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

Se votan todas las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 339.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

- PROYECTO DE LEY DE DEPÓSITO LEGAL. (Número de expediente 121/000118.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de depósito legal.

Se votan todas en conjunto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 338; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000120.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Enmiendas a los artículo 3 y 6, a las disposiciones adicionales primera y trigésima y a la disposición final octava.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 333; en contra, cuatro; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 4, por la que se modifica el artículo 163.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 177; en contra, 160; abstenciones, dos.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas al artículo 7 y a la disposición quincuagésima primera (nueva).

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 182; en contra, seis; abstenciones, 150.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a las disposiciones adicionales vigésima cuarta y cuadragésima octava (nueva).

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 183; en contra, seis; abstenciones, 150.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a las disposiciones adicionales cuadragésima sexta (nueva) y cuadragésima séptima (nueva).

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 184; en contra, seis; abstenciones, 148.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a los puntos d) y e) de la disposición adicional decimocuarta, a las disposiciones adicionales decimosexta, vigésima tercera, vigésima novena, cuadragésima novena (nueva), quincuagésima (nueva), quincuagésima segunda (nueva) y a las disposiciones finales séptima y duodécima.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 184; en contra, siete; abstenciones, 148.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición adicional vigésima sexta.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 331; en contra, cinco; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 330; en contra, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EN LOS ÁMBITOS DE LA DEFENSA Y DE LA SEGURIDAD. (Número de expediente 121/000121.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.

Enmienda al artículo 7, en los términos de la corrección de error conocida por todos los grupos parlamentarios. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 335; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 61.2 párrafo primero.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, tres; en contra, 184; abstenciones, 152.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda al resto del artículo 61.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 334; en contra, tres; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final segunda (nueva)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 314; en contra, 22; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: La Cámara acaba de aprobar una enmienda del Senado que introduce una nueva disposición final segunda (nueva), con el objeto de modificar las leyes orgánicas de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y la reguladora de los


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derechos y deberes de la Guardia Civil. Debido a la naturaleza orgánica, los preceptos incluidos en esta disposición deben quedar desglosados en un proyecto de ley independiente de carácter orgánico, que requiere una votación final sobre el conjunto del proyecto orgánico. Se someterán, pues, a votación los preceptos contenidos en la citada disposición final, teniendo en cuenta que debe incorporarse a dicho proyecto la cláusula de entrada en vigor que figura en el proyecto de la ley ordinaria originaria. El proyecto de ley orgánica tendrá el siguiente nombre: proyecto de ley orgánica para la aplicación a la Guardia Civil del artículo 13.1 de la ley orgánica -cuyo número corresponda- de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿De acuerdo? (Asentimiento.) En tal caso y sobre el conjunto, con el carácter orgánico que ha quedado dicho y desglosado, comienza la votación.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 312; en contra, 22; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la nueva ley orgánica.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY SOBRE TITULARIDAD COMPARTIDA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. (Número de expediente 121/000128.)

El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

En primer lugar, votamos la enmienda del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, cinco; en contra, 321; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Popular 31 y 33.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 157; en contra, 177; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 146; en contra, 177; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 336; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 32/2003, DE 3 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 121/000124.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

Votamos la enmienda de devolución.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, dos; en contra, 337.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda a la totalidad.

TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN.)

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU), VASCO (EAJ-PNV), DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 79 Y 82. (Número de expediente 410/000013.)

El señor PRESIDENTE: Décimo punto del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso


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de los Diputados por el que se modifican los artículos 79 y 82. Se somete a votación de conjunto el texto de la proposición de reforma del Reglamento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 y disposición adicional final segunda del Reglamento. Para que resulte aprobado, como saben sus señorías, exige la mayoría absoluta de la Cámara, es decir 176 votos. En estos términos comienza la votación.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 337.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la reforma del Reglamento del Congreso que permitirá el voto no presencial en determinadas circunstancias.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y veinte minutos de la tarde.

Edita: Congreso de los Diputados Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid Teléf.: 91 390 60 00. Fax: 91 429 87 07. http://www.congreso.es

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