DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 262, de 14/07/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 262
Sesión plenaria núm. 249 (Sesión extraordinaria)
celebrada el jueves,
14 de julio de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los
deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de
deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de
fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de
simplificación administrativa ("BOE" núm. 161, de 7 de julio de 2011).
(Número de expediente 130/000045.) ... (Página5)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las
Fuerzas Armadas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 82-1,
de 23 de julio de 2010. (Número de expediente 121/000082.) ... (Página19)
- Proyecto de ley del Registro Civil. "BOCG. Congreso de los Diputados",
serie A, número 90-1, de 8 de septiembre de 2010. (Número de expediente
121/000090.) ... (Página26)
- Proyecto de ley de dinero electrónico. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie A, número 105-1, de 28 de enero de 2011. (Número de
expediente 121/000105.) ... (Página32)
- Proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. "BOCG. Congreso de
los Diputados", serie A, número 114-1, de 11 de marzo de 2011. (Número de
expediente 121/000114.) ... (Página33)
- Proyecto de ley orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59
bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie B, número 257-1, de 11 de junio de
2010. (Número de expediente 122/000232.) ... (Página37)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A,
número 107-1, de 4 de febrero de 2011. (Número de expediente 121/000107.)
... (Página40)
- Proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las
víctimas del terrorismo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B,
número 265-1, de 23 de julio de 2010. (Número de expediente 122/000239.)
... (Página47)
En su caso, rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria:
- Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el
artículo 8 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de
diciembre, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para el
período 2012-2014, y el límite de gasto no financiero del Estado para
2012. (Número de expediente 430/000005.) ... (Página56)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ... (Página56)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página59)
En su caso, rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria.
(Votación.) ... (Página60)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página5)
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con
empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de
la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de
simplificación administrativa .... (Página5)
La señora vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y ministra de
Economía y Hacienda (Salgado Méndez) expone a la Cámara las razones que
han impulsado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González,
Oramas González-Moro y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto;
Buenaventura Puig y el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los
señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias
i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Nadal
Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Gastón
Menal, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las
Fuerzas Armadas ... (Página19)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Llamazares Trigo,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Díez González, del Grupo
Parlamentario Mixto; los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Cuadrado Bausela, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Interviene la señora ministra de Defensa (Chacón Piqueras).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y la señora Juanes Barciela, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Interviene el señor ministro de Justicia (Caamaño Domínguez).
Proyecto de ley de dinero electrónico ... (Página32)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Albendea Pabón,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández Iruela, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley de residuos y suelos contaminados ... (Página33)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura
Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras De Lara Carbó,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Pérez Herraiz, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Proposición de ley orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59
bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social .... (Página37)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares
Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Guerra Guerra,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Elías Cordón, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página40)
Proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía ... (Página40)
Interviene el señor ministro del Interior (Camacho Vizcaíno).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Díez
González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Surroca i Comas, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Cosidó Gutiérrez,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor González Serna, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas
del terrorismo ... (Página47)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Díez
González y Guinduláin Guerendiáin, del Grupo Parlamentario Mixto; los
señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Tardà i Coma,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Surroca i Comas, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alonso
Aranegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Hernando Vera,
del Grupo Parlamentario Socialista.
Interviene el señor ministro del Interior (Camacho Vizcaíno).
En su caso, rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria
... (Página56)
Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo
8 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija
el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2012-2014, y el
límite de gasto no financiero del Estado para 2012 ... (Página56)
El señor presidente informa a la Cámara de la solicitud de los distintos
portavoces de que la iniciativa se pase directamente a votación, lo que
se aprueba por asentimiento.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ... (Página56)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de
julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del
gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, se
aprueba por 178 votos a favor y 162 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se rechaza por 160 votos a favor y 180 en
contra.
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 341 votos a favor.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
Registro Civil.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
dinero electrónico.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
residuos y suelos contaminados.
Se someten a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley
orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.
Sometido a votación el acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo
establecido en el artículo 8 del texto refundido de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007,
de 28 de diciembre, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria
para el período 2012-2014, y el límite de gasto no financiero del Estado
para 2012, se aprueba por 168 votos a favor, 154 en contra y 19
abstenciones.
Se levanta la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 8/2011, DE 1 DE JULIO, DE MEDIDAS DE APOYO A LOS
DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE
DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN Y DE
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. (Número de expediente 130/000045.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Vamos a examinar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley
8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios,
de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación
administrativa. La señora vicepresidenta del Gobierno tiene la palabra
para explicar las razones que han llevado al Gobierno a publicar el
presente real decreto-ley.
Mientras la señora vicepresidenta toma la palabra, anuncio a sus señorías
que en el día de hoy tenemos dos votaciones de contenido orgánico, las
cuales no se producirán en ningún caso antes de las trece horas de esta
mañana.
Señora vicepresidenta, tenga la bondad, cuando lo desee, de tomar la
palabra.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el desarrollo de la crisis financiera internacional y sus
consecuencias en España, consecuencias derivadas -como saben- muy
especialmente de nuestro sistema económico, de nuestro sistema
productivo, de nuestro modelo económico, han llevado al Gobierno en los
últimos meses a adoptar diversas medidas para reforzar la capacidad de
respuesta de la economía española, para intensificar los apoyos a quienes
se encuentran en situaciones más difíciles en razón de la crisis y para
dar el máximo impulso posible a las iniciativas vinculadas con el
desarrollo de nuevas formas de actividad económica y de generación de
empleo. Además, las recientes y reiteradas turbulencias en los mercados
financieros han mostrado la necesidad de adoptar nuevas medidas que
refuercen adicionalmente la confianza internacional en la economía
española. Las medidas las conocen ustedes bien: seguir insistiendo en ese
proceso de consolidación fiscal y, por otra parte, seguir profundizando
también en las reformas que necesita nuestra economía. Pero, además, el
Gobierno tiene -como he dicho- una preocupación fundamental, la ha tenido
a lo largo de toda la crisis económica, que es contrarrestar, en lo
posible, los efectos de la crisis para los ciudadanos y muy especialmente
para aquellos que se encuentran en una situación de especial
vulnerabilidad. En este sentido, la situación particular del mercado
hipotecario en nuestro país caracterizada por un elevado endeudamiento,
que ha motivado que muchos deudores hipotecarios, que contrajeron sus
préstamos en momentos de una mayor valoración de los inmuebles debida a
la burbuja inmobiliaria, muchos de esos deudores hipotecarios, aquellos
con más dificultades, se encuentren ahora en la imposibilidad de
satisfacer las obligaciones de pago de la vivienda que habitan.
Conscientes de los problemas sociales que dichas circunstancias pueden
producir a muchos ciudadanos y determinados a combatir la exclusión
social, el Gobierno ha decidido introducir en el modelo hipotecario
medidas adicionales de protección de las familias con menos ingresos, a
la vez que ha incluido las medidas necesarias para garantizar que las
ejecuciones hipotecarias se realicen sin dar lugar a situaciones abusivas
o de malbaratamiento de la vivienda. Cabe añadir que todo ello se ha
hecho preservando el imperativo de la seguridad jurídica y la estabilidad
y solvencia de nuestro sistema financiero; una estabilidad y solvencia de
nuestro sistema financiero que hoy, si cabe, es todavía más importante
que ayer.
En síntesis, el Gobierno ha acordado incluir en el real decreto-ley que
hoy tengo el honor de presentar ante esta Cámara para su convalidación,
un conjunto de medidas vinculadas a la protección de los deudores
hipotecarios, el control del gasto público y la garantía de pago de las
obligaciones contraídas por las administraciones públicas, el impulso de
la actividad empresarial, el desarrollo de actividades de rehabilitación,
el incremento de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y la
eliminación de obstáculos injustificados derivados de la actividad
administrativa. De esta manera, da además cumplimiento inmediato a
diversas resoluciones adoptadas por esta Cámara, en la mayoría de los
casos con
un elevado grado de consenso, con motivo del reciente debate de política
general celebrado los pasados días 28, 29 y 30 de junio. (La señora
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Paso ahora a detallarles, señorías, las medidas específicas en todos los
ámbitos mencionados que se contienen en el real decreto-ley. Por cuanto
hace a las medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, el real
decreto-ley persigue una protección más amplia de los segmentos sociales
más vulnerables a la crisis económica. Esta inquietud fue objeto, como
saben, de una resolución aprobada el 30 de junio por esta Cámara con
motivo del debate de política general. Incluye, en primer lugar, medidas
sobre inembargabilidad de rentas de deudores que han perdido su vivienda
habitual en una ejecución hipotecaria. A través de la oportuna reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Civil se ha aumentado el umbral de
inembargabilidad en los casos en los que el precio obtenido por la venta
de vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito
garantizado. Los elementos fundamentales que se recogen en esta medida
son, en primer lugar, el incremento del límite de inembargabilidad desde
el actual 110 por ciento del salario mínimo interprofesional hasta el 150
por ciento, quedando por tanto ese límite mínimo de inembargabilidad
situado en los 961 euros efectivos. Como saben, se hizo ya una elevación
en el decreto-ley que se trajo como consecuencia de lo que vino a
denominarse acuerdos o conversaciones de Zurbano. Pues bien, ahora damos
un paso más elevando este límite de inembargabilidad hasta el 150 por
ciento del salario mínimo interprofesional. Además, se incrementa ese
porcentaje adicional de inembargabilidad hasta el 30 por ciento por
persona dependiente del núcleo familiar y no perceptora de ingresos. Se
extiende el porcentaje adicional de inembargabilidad del 30 por ciento
por persona dependiente del núcleo familiar que no disponga de ingresos
también a aquellas personas cuyos ingresos anuales no alcancen el cómputo
anual de este salario mínimo interprofesional. Por tanto, estarían
incluidas aquí muchas de las pensiones no contributivas o las personas
con otros ingresos reducidos. Se trata, en definitiva, de un conjunto de
medidas que vienen a asegurar una renta mínima vital a aquellas familias
que han comprometido sus salarios en la hipoteca de su vivienda habitual
y que han visto cómo el banco ejecutaba la hipoteca, perdían su casa y
también los avales que habían puesto como garantía. Entendemos -y así lo
ha entendido la mayoría de la Cámara- que hay un mínimo que no puede ni
debe afectarse al pago de la deuda, contribuyendo así a evitar la
exclusión social de las personas que se encuentran en esas
circunstancias.
En segundo lugar, el real decreto-ley eleva del 50 al 60 por ciento del
valor de tasación el límite mínimo para la adjudicación de la vivienda en
los casos en los que el acreedor solicite adjudicarlo por un importe
inferior a su valor, en aplicación de su facultad discrecional. Además,
en los supuestos de subastas sin postor, se impide a partir de ahora
cualquier adjudicación de la vivienda inferior al 60 por ciento del valor
de tasación independientemente de la cuantía de la deuda total. Se evitan
así devaluaciones excesivas del valor de la vivienda en el ámbito de la
subasta hipotecaria.
Y finalmente, se ha mejorado un aspecto que tiene una importancia muy
particular para proteger los intereses tanto del acreedor como del deudor
hipotecario en el proceso de ejecución hipotecaria de una vivienda. Se
trata de la correcta ejecución de la subasta del bien inmueble sobre el
que recae la garantía de los préstamos hipotecarios. Hay que destacar que
la Ley de Enjuiciamiento Civil exigía hasta ahora para participar en la
subasta que los postores efectuaran un depósito por importe del 30 por
ciento del valor del bien ejecutado. Si nos atenemos a la realidad del
mercado de la vivienda en estos momentos, la fijación de unos umbrales
tan altos podría estar constituyendo una barrera de acceso que podría
frenar la concurrencia de postores genuinamente interesados en
adjudicarse la vivienda subastada. Por tanto, en pos de la eficiencia del
sistema, se baja hasta el 20 por ciento el porcentaje exigido a los
postores para participar en la subasta. De este modo, se facilita la
presencia de los postores y la mejor adjudicación de las viviendas
hipotecadas. No cabe ninguna duda de que existían aspectos regulatorios
que podían y debían mejorarse en el ámbito hipotecario, y que en algunos
casos los deudores hipotecarios podían situarse en una posición de
extrema debilidad en el proceso de ejecución hipotecaria de sus
viviendas. El Gobierno ha querido dar respuesta a la preocupación social
que existe en este campo.
El Real Decreto-ley 8/2011 contiene también medidas de calado en el apoyo
a las empresas generadoras de empleo. Por una parte, trata de salir al
paso de la elevada morosidad que existe en este momento en muchos
ayuntamientos debido a la complicada coyuntura económica y que está
comprometiendo la viabilidad de algunas pequeñas y medianas empresas, así
como el trabajo de algunos trabajadores autónomos que contratan con
administraciones locales. El Gobierno ya había tomado medidas en este
ámbito en el año 2009 a través de un instrumento que quiero recordar
aquí, unos avales del ICO, que permitían el descuento de las facturas por
parte de estas pequeñas y medianas empresas. Esta línea, como saben, no
fue utilizada todo aquello para lo que se había diseñado y, por tanto, el
Gobierno ha entendido que convenía poner en marcha un nuevo instrumento
pero perfeccionado para que esta vez sí pueda dar los resultados que
deseamos. Hemos decidido, por tanto, simplificar y dinamizar el sistema
para hacerlo más eficaz. Conviene aquí también recordar que la
Administración Central del Estado ha reducido su morosidad de manera
extraordinaria y que en este momento desde la Administración General del
Estado no hay morosidad que supere en cuantía apreciable, calculábamos,
si recuerdan de una interpelación que tuve el honor de contestar, 78
millones de euros a finales de año y de ellos solo 2 millones quedaban
sin pagar a 31 de marzo. No es esa la situación de
las administraciones locales y, por tanto, es pertinente traer hoy aquí
este nuevo instrumento.
El real decreto-ley faculta a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos
para que encargue al Instituto de Crédito Oficial la puesta en marcha de
una línea de préstamos a las entidades locales en el marco de la línea
ICO-liquidez 2011 para el pago de las facturas pendientes con empresas y
autónomos a 30 de abril para facilitar la liquidez a las empresas y
autónomos que tengan créditos pendientes de cobro con las entidades
locales. Señorías, el Gobierno ha dado muestras de una diligencia
absoluta. En este sentido tengo que decirles que el pasado día 7 la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos procedió a
realizar dicho encargo al ICO, dando muestras de nuestra voluntad de
poner en marcha estas medidas cuanto antes. El ICO, a su vez, está
realizando todos los ajustes informáticos necesarios para que los
ayuntamientos puedan hacer uso de esta facilidad en los próximos días.
Las garantías de las líneas de crédito no podrán superar el 25 por ciento
del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la
entidad local en tributos del Estado 2011. Por tanto, si como
consecuencia de esta línea de crédito una entidad local contrajera una
deuda firme con el ICO impagada en el periodo voluntario fijado, que el
ICO ha establecido en tres años, el Ministerio de Economía y Hacienda
efectuará a su favor las retenciones que procedan con cargo a las órdenes
de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos
del Estado. Por tanto, el real decreto-ley ha introducido aquello que es
necesario que tenga rango legal, la habilitación para que la línea
financiera pueda contar con la garantía de la participación de las
entidades locales en los tributos del Estado y para que las entidades
locales puedan endeudarse con carácter excepcional para realizar
actuaciones que requieren crédito a largo plazo y que no estén destinadas
a financiar inversión, como es lo habitual.
Por otra parte, el Gobierno, como mencioné anteriormente, ha decidido
anticipar las medidas contenidas en el Pacto por el Euro Plus para seguir
avanzando con paso firme por la senda del control del gasto público,
reiterando de esta manera el compromiso irrenunciable e innegociable de
las instituciones de gobierno en pos de la sostenibilidad de nuestras
finanzas públicas y la disciplina fiscal. Se trata de una cuestión
urgente e importante dada la inestabilidad persistente de los mercados de
deuda, y en particular el de la zona euro. Como saben, el Gobierno, por
boca de su presidente, cuando se comprometió con este Pacto por el Euro
Plus, dijo que en el plazo de seis meses desde que se aprobara la
gobernanza económica el Gobierno introduciría una regla de gasto para la
Administración Central del Estado y las entidades locales en régimen de
cesión de tributos. No se ha aprobado todavía el paquete de gobernanza
económica de la Unión Europea. Como saben, previsiblemente se hará
inmediatamente después del verano, pero el Gobierno ha considerado -y así
lo ha incluido en el decreto-ley- que es oportuno introducir ya en este
momento esa regla de gasto. Para ello, el real decreto-ley implica una
modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para introducir esa
regla de gasto y reforzar así la vertiente preventiva de la política
fiscal de estabilidad, evitando especialmente los comportamientos
procíclico. La aplicación de las dos reglas fiscales, equilibrio a lo
largo del ciclo económico y límite al crecimiento del gasto público, nos
va a ayudar, sin duda, a moderar los posibles desequilibrios generados en
los procesos de expansión excesiva de la actividad económica y va a
permitir crear los márgenes necesarios para amortiguar las fases de
recesión sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. En
concreto, los objetivos de estabilidad presupuestaria de las distintas
administraciones se fijarán teniendo en cuenta que el crecimiento de su
gasto computable no podrá superar la tasa de crecimiento medio del
producto interior bruto expresado en términos nominales durante nueve
años. Y cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos
permanentes de la recaudación, la tasa de crecimiento podrá aumentar en
cuantía equivalente. Simétricamente, cuando se aprueben cambios
normativos que supongan disminuciones permanentes de recaudación, la tasa
de crecimiento del gasto deberá disminuirse en la cuantía equivalente, y
en caso de incumplimiento, la Administración pública responsable deberá
adoptar medidas extraordinarias de aplicación inmediata que garanticen el
retorno a la senda de gasto conforme a la regla establecida. La regla de
gasto se va a aplicar directamente a la Administración General del Estado
y sus organismos y a las entidades locales que participan de la cesión de
impuestos estatales; a las restantes entidades locales les seguirá siendo
de aplicación, como hasta ahora, la regla de equilibrio o superávit
prevista en la normativa de estabilidad presupuestaria.
Como saben, estas medidas no afectan a las comunidades autónomas, puesto
que estas gozan de la autonomía fiscal y financiera que les confiere la
Constitución. Sin embargo, el Gobierno desearía, y así lo ha expresado,
que esta regla de gasto también se aplique en ellas, porque sería
positivo para afianzar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la
disciplina fiscal. Por ello, el mismo día que el Consejo de Ministros
aprobó este decreto-ley ha mandatado a la Vicepresidencia para Asuntos
Económicos para que en los órganos de coordinación con las comunidades
autónomas proponga esta regla de gasto para intentar un acuerdo del
conjunto de las comunidades autónomas en este sentido. Vamos, por tanto,
a tratar de que se adopte un acuerdo político con todas las comunidades
autónomas para que cada una de ellas, en el ejercicio de sus
competencias, introduzca una regla de gasto similar que es, en
definitiva, un criterio de austeridad en el gasto público para que ese
criterio de austeridad pueda estar presente en todas las
administraciones, tanto aquellas del Estado como las que dependen de las
comunidades autónomas.
Un tercer bloque de medidas contenidas en este real decreto-ley está
destinado a fomentar la actividad empresarial,
que prima como vertiente importante del nuevo modelo económico la
innovación empresarial, la tarea, la actuación, el impulso de los
emprendedores. El Gobierno viene ya apoyando a los emprendedores que
quieran desarrollar una idea de negocio al considerar que tienen una
función económica y social de la mayor relevancia. Así, como saben,
además de la cuenta ahorro vivienda existe ya en nuestro país una cuenta
ahorro empresa. Son muchas las medidas que se han adoptado en este
sentido por los gobiernos socialistas desde el año 2004, tanto a través
de las leyes de Presupuestos Generales del Estado adoptadas desde
entonces como mediante instrumentos específicos. Entre los más recientes
cabe destacar el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para
el impulso de la recuperación económica y el empleo; el Real Decreto
897/2010, de 9 de julio, por el que se modifica el reglamento del
impuesto sobre sociedades aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30
de julio, en materia de obligación de documentación de las operaciones
vinculadas, o el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de
actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar
la inversión y la creación de empleo. Además, se han habilitado varias
líneas de financiación para pymes y numerosos planes de apoyo y programas
para emprendedores.
Para alcanzar los objetivos que en este campo mantiene el Gobierno deben
incentivarse los estímulos a la inversión que, en el actual contexto
restrictivo, deben ser especialmente intensos y garantizar su
mantenimiento por un tiempo suficiente para la viabilidad de los
proyectos citados. Con esta finalidad y para estimular las inversiones de
terceros en proyectos impulsados por emprendedores que creen pequeñas o
medianas empresas, se establecerá un tratamiento fiscal ventajoso en el
IRPF para las plusvalías obtenidas como consecuencia de tales
inversiones. De esta manera, se declaran exentas las plusvalías obtenidas
en la trasmisión de las acciones o participaciones en dichas entidades,
siempre que la inversión se efectúe mediante la suscripción de acciones o
participaciones en entidades de nueva o reciente creación que desarrollen
una actividad económica. En concreto, la exención -total, insisto- se
aplicará a las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de
las acciones o participaciones cuyo valor de adquisición no exceda de
25.000 euros anuales ni de 75.000 por entidad durante los tres años
posteriores a su constitución y cuando el tiempo de permanencia de los
valores en el patrimonio del contribuyente sea superior a tres años e
inferior a diez. El real decreto-ley también profundiza en la agilización
de los trámites para la creación de empresas, ampliando las medidas que
el Gobierno ya había puesto en marcha con anterioridad en este mismo
ámbito. Para ello se ha extendido el uso de los medios electrónicos y
telemáticos para reducir plazos, para abaratar costes a los
emprendedores. A partir de ahora la certificación negativa de
denominación social podrá solicitarse por vía telemática por parte de
cualquier emprendedor.
Otro ámbito donde el real decreto-ley que hoy les presento incide es en el
de las medidas destinadas a impulsar las actuaciones de rehabilitación.
Son medidas que complementan y refuerzan los contenidos que sobre esta
materia se recogieron ya en la Ley de Economía Sostenible, concretando y
clarificando su contenido en un sector y un mercado que son básicos para
el desarrollo del nuevo modelo productivo más equilibrado, más
sostenible. Ahora queda mejor definido el concepto global de
rehabilitación, incluyendo las actuaciones de conservación, de mejora y
de regeneración urbana; y además, en el marco de las políticas dirigidas
a la consecución de un medio urbano más sostenible, el real decreto-ley
generaliza la inspección técnica de edificios, estableciendo su
obligatoriedad y requisitos esenciales, pero siendo al tiempo
absolutamente respetuoso con las competencias de comunidades autónomas en
esta materia.
Por último, me referiré brevemente al conjunto de medidas de carácter
administrativo que recoge el real decreto-ley. Se introducen
modificaciones en cuanto al sentido del silencio administrativo,
profundizándose en las medidas que en este sentido había introducido la
Ley de Economía Sostenible. Es evidente, señorías -y siempre es una buena
ocasión para recordarlo-, que el proceso de agilización administrativa
que hemos llevado a cabo en nuestro país en los últimos años es un
proceso que, como saben, ha recibido incluso las felicitaciones de la
Comisión Europea. La trasposición que hemos hecho de la Directiva de
Servicios, una trasposición en la que por supuesto han colaborado también
las administraciones territoriales, ha permitido reducir
extraordinariamente las cargas administrativas sobre empresas, sobre los
autónomos y también sobre los ciudadanos. Pues bien, en el real
decreto-ley que hoy les presento se han identificado 124 procedimientos
en los que imperaba el silencio desestimatorio. Mediante este real
decreto-ley pasan a silencio positivo, evitando así retrasos y trabas que
impiden desarrollar nuevas actividades empresariales. Con ello fomentamos
la eficiencia de las empresas, la competencia y el desarrollo de la
innovación. El real decreto-ley promueve también el intercambio
electrónico de la información entre las distintas administraciones
públicas y entre estas y los ciudadanos. Y, finalmente, se suprimen las
exigencias de licencias municipales contenidas en normas estatales. Y en
cumplimiento de la Ley de Economía Sostenible, se promoverá la aplicación
de medios de intervención más favorables al ejercicio de la actividad
económica.
Como pueden observar, señorías, se trata de un real decreto-ley que
contiene medidas de amplio calado en diversos sectores de nuestra
economía que requieren actuaciones inmediatas para fortalecer su
capacidad de respuesta ante los retos que tiene planteados. Por una
parte, contiene numerosas medidas sociales para proteger a aquellas
personas y a aquellas familias que peor
lo están pasando como consecuencia de la crisis, en concreto a aquellas
personas y familias que han perdido su vivienda hipotecada. Esta es y va
a seguir siendo una prioridad absoluta para este Gobierno. Por otra
parte, para apoyar a los emprendedores, elemento fundamental del nuevo
modelo económico, se eliminan trabas administrativas y se plantean
bonificaciones fiscales de calado para quienes apoyan financieramente a
los emprendedores. Además, adoptamos medidas para poner coto a la elevada
morosidad de las administraciones locales que pymes y autónomos padecen
de una forma especialmente intensa. Finalmente, nuevas medidas de
disciplina fiscal y de control del gasto, en pos de la sostenibilidad de
nuestras cuentas públicas, a través de la introducción de una regla de
gasto que impone un criterio de austeridad sobre las administraciones.
Por último, quisiera destacar que, dado el contexto de elevada
incertidumbre en los mercados financieros internacionales, muy
especialmente en la zona euro, y el riesgo de que esta situación termine
lastrando la recuperación económica y la creación de empleo, estas
medidas debían entrar en vigor de manera urgente, lo que justifica la
utilización de la figura del real decreto-ley.
Por todo ello, señorías, les pido que con su voto ratifiquen el texto de
este real decreto-ley porque es de extraordinaria urgencia y necesidad
adoptar medidas en todos los ámbitos que esta norma abarca para
fortalecer nuestra economía y proteger a los más vulnerables.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
vicepresidenta.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar,
tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Señora vicepresidenta primera, señorías, el real decreto que nos ha
explicado la vicepresidenta primera tiene algunas medidas relevantes e
importantes que, a mi juicio, van en la dirección correcta. En este turno
me fijaré brevemente en tres bloques. Un primer bloque de medidas para
mejorar la situación de los deudores hipotecados por su vivienda
habitual. Se trata de medidas, como aquí se ha explicado, que eran
necesarias y urgentes. A nuestro juicio, llegan tardíamente, se ocupan de
una cuestión grave que ha supuesto ya más de 300.000 ejecuciones
hipotecarias. Se puede criticar eso, que no hayamos sido capaces de
enfrentarnos a tiempo con este problema, pero son medidas necesarias,
urgentes e, insisto, correctas en cuanto a la dirección emprendida.
Otro conjunto de medidas importantes, que tienen que ver con la limitación
del crecimiento del gasto público para el Estado y los ayuntamientos,
también van en la línea correcta, más allá de que en este caso se trate
de una decisión del Pacto por el Euro. Se puede objetar que en estas
medidas no se incluya a las comunidades autónomas, incluso se puede
discutir cómo se fija el límite o que no se incluyan entre el gasto a
limitar o el de las partidas grandes los intereses de la deuda o las
prestaciones por desempleo. En fin, de todo eso se puede hablar y supongo
que hay capacidad para irlo modificando si la situación lo requiere, pero
en todo caso creo que es una limitación conveniente, necesaria y, por
tanto, también desde nuestro punto de vista una decisión que conviene
apoyar.
En tercer lugar y en un tercer bloque, todas aquellas medidas destinadas a
paliar la morosidad de las entidades locales por la vía de estos créditos
del ICO que, como la vicepresidenta ha explicado, pagará directamente la
deuda a través de sus entidades colaboradoras o la cobrará del
ayuntamiento o la detraerá de la participación del ayuntamiento en los
ingresos del Estado. Esta también es una medida que se veía urgente, que
se veía necesaria, sobre la que en esta Cámara hemos discutido en
numerosas ocasiones y a propuesta de diversos grupos parlamentarios. Es
verdad, señora vicepresidenta, que no soluciona el problema de fondo, que
para solucionar el problema de fondo habría que reformar la financiación
local, que es también una de las viejas asignaturas pendientes; que
habría que determinar con claridad -también una asignatura siempre
pendiente-, dentro de la ley municipal, las competencias que son de los
ayuntamientos y darles una financiación adecuada para cumplir y cubrir
esas competencias. Pero alivia el problema, aunque pueda parecer un
parche, aunque haya quien lo pueda calificar como tal, lo alivia
-insisto- en la dirección correcta.
Por todas esas cuestiones y por otras muchas de tenor menor, que también
van en este decreto y que no tengo tiempo para abordar, anuncio nuestro
voto positivo en este real decreto que hoy nos trae a debate.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Díez.
Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, el decreto que hoy debatimos a mí me recuerda a
aquellas leyes de acompañamiento que teníamos todos los parlamentos donde
se metía de todo, más bien eran escobas. Como estamos acabando la
legislatura, yo diría que es un decreto escoba que va barriendo todas las
cosas que quedaban pendientes. ¿Por qué lo digo? Porque creo que este
decreto no debía haber sido un decreto. Hay determinadas materias que nos
parecen urgentes y que requieren un decreto urgente que además no se
tramite como proyecto de ley, como pueden ser la parte -y estoy
totalmente de acuerdo- de inembargabilidad -sobre todo para los sectores
más vulnerables-, la regla de gasto de las administraciones públicas,
también la línea ICO de los ayuntamientos y el concepto de
rehabilitación, porque es una medida urgente. Después hay cosas
inexplicables, como lo del cine y alguna otra materia; y hay cosas que se
tendrían
que tramitar como proyecto de ley sobre las que todos tendríamos que
hablar, como son procedimientos, el tema del silencio negativo o positivo
y algunas cuestiones también de registro y, desde luego, los artículos
6.º y 7.º
Yo creo que deberíamos hacer un proceso de reflexión. Quizás el Gobierno
debería haber hecho tres decretos y unos tramitarlos como proyecto de
ley, porque son temas que requieren meditación, poner comas, puntos,
analizar posturas distintas; y otros sencillamente haberlos aprobado, no
ahora, sino hace seis meses, porque muchas gente se ha quedado por el
camino, sobre todo gente con salarios mínimos, con situación de
vulnerabilidad social. Además, esa decisión que se debería haber tomado
hace seis meses y que la vamos a tomar hoy, y que por eso no puede
esperar a una tramitación como proyecto de ley, quizá debería llevar a la
reflexión del tema general de hipotecas, como hemos planteado todas las
fuerzas políticas de este país.
Termino diciendo que ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el
nuevo marco autonómico y con esta regla, parece urgente porque en este
momento las mayores desconfianzas que a nivel internacional son sobre la
situación del déficit, del límite de gasto del sistema autonómico
español. Todos reconocemos que es una competencia constitucional, pero se
tiene que reunir ese Consejo de Política Fiscal y Financiera ya. Señora
vicepresidenta, vamos a apoyar el decreto y su convalidación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Oramas.
Finalmente, por el mismo grupo tiene la palabra la señora Fernández
Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora vicepresidenta primera, el Bloque Nacionalista Galego
anuncia ya la abstención en la convalidación de este real decreto porque
aun teniendo muchas medidas que nos parecen positivas, otras son
insuficientes desde nuestro punto de vista y algunas entendemos que están
mal encaminadas.
Quisiera hacer una referencia especial por su relevancia al capítulo 1,
sobre la situación de los deudores hipotecarios. Valoramos como un avance
las distintas medidas, en particular que se eleve el umbral de la
inembargabilidad cuando el precio obtenido por la venta de la vivienda
habitual hipotecada en un procedimiento de ejecución hipotecaria sea
insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Aun siendo también
positivo que se eleve hasta el 60 por ciento del valor de tasación la
adjudicación al acreedor en subasta de un inmueble hipotecado, o las
medidas para mejorar la eficacia de las mismas, sigue sin embargo sin
abordarse la cuestión fundamental: una reforma en profundidad de la
legislación en materia hipotecaria que contemple la admisión de la dación
en pago en determinadas circunstancias, y otras alternativas como una
moratoria en el pago de los plazos pactados, la transformación de la
hipoteca en un contrato de arrendamiento con opción a compra o la
condonación parcial de la deuda. En otro orden de cosas, valoramos
también positivamente la línea de crédito para la cancelación de deudas
de las entidades locales con empresas y autónomos, o las medidas para el
fomento de la rehabilitación, para proporcionar una mayor seguridad
jurídica en materia inmobiliaria o para una mayor simplificación
administrativa.
Sin embargo, nos ofrecen serias dudas algunas de las medidas de impulso a
la actividad empresarial, por mucho que estemos de acuerdo en la
necesidad de impulsar un cambio del modelo productivo. El recurso como
medida de estímulo a exenciones fiscales se ha revelado en muchísimos
casos ineficaz -y lo hemos discutido también en otras ocasiones- para
garantizar un crecimiento económico sostenido. Existen numerosos casos de
políticas de crecimiento económico basadas en beneficios fiscales que a
largo plazo se han mostrado perjudiciales, como muestra el caso irlandés.
Pero, señorías, señora vicepresidenta, nuestra mayor discrepancia la
constituye la sección primera del capítulo 2, por el que se modifica el
texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Las
medidas aquí contenidas responden a una estrategia fiscal que
consideramos contraproducente para favorecer la recuperación económica,
como hemos manifestado también en múltiples ocasiones y sin ir más lejos
el pasado martes en el debate sobre el techo de gasto. Por eso, señorías,
como hemos anunciado al inicio de esta intervención, nos vamos a abstener
en la votación de convalidación de este real decreto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Fernández.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra en primer lugar la
señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora vicepresidenta de asuntos económicos, nosotros, en primer
lugar, nos alegramos de algunas de las medidas que propone el real
decreto, por ejemplo el incremento de los ingresos mínimos inembargables.
Compartimos al cien por cien esta medida, lamentamos que haya llegado
tarde, que haya familias que en estos momentos ya están en la calle. Hace
dos años, mi compañero Joan Herrera les planteó en el debate sobre el
estado de la Nación del año 2009 la modificación de la legislación civil
e hipotecaria para elevar el listón de ingresos inembargables a un 50 por
ciento del salario mínimo interprofesional para cada miembro del núcleo
familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni
pensión; y lo grave es que
ustedes nos aprobaron la ampliación de los criterios de inembargabilidad
mediante una enmienda en la resolución sobre vivienda que ustedes
plantearon. Pero ahí quedó el asunto, no lo aplicaron. Señorías,
celebramos que por fin abran los ojos y, ya puestos, les lanzo otra
propuesta con el ánimo de que la valoren y la apliquen con celeridad. Se
trataría de aplicar el incremento en los porcentajes de inembargabilidad
a todos los casos de embargos judiciales para todo tipo de deudas. La
actual propuesta del Gobierno se refiere solo a los embargos posteriores
a la ejecución hipotecaria y aquí entramos ya en otro tema, el del
incremento hasta el 60 por ciento del valor de tasación en la subasta de
pisos y la disminución hasta el 20 por ciento en el depósito para
participar en ella. Aquí la pregunta, como en el caso anterior, es la
misma: ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Y por qué no contemplan otras
medidas como el alquiler social que, a diferencia de los principales
Estados europeos, en España supone solo un 2 por ciento del total de las
viviendas? Está muy bien que hagan estos gestos aunque sea, seguramente,
por calendario preelectoral; bienvenidos sean. Pero, señorías, se acerca
el final de la legislatura. Tomen medidas para hacer efectivo realmente
el derecho a la vivienda. A nosotros particularmente nos gustaría
acabarla con la noticia de que la dación en pago en nuestro país es
posible.
En cuanto a las medidas financieras, también vemos dos novedades: la regla
del gasto y la nueva línea ICO. Respecto a la nueva regla del gasto, es
cierto que ha habido ayuntamientos que en estos años han hecho un gasto
excesivo; en algunos casos podemos ver excesos inexplicables en los que
los ingresos provenientes de operaciones urbanísticas se gastaban con
escaso criterio y el endeudamiento crecía y crecía. Esta ha sido una de
las causas de la burbuja inmobiliaria y también de la corrupción, que van
muy ligadas, la excesiva dependencia de los ayuntamientos en los ingresos
del sector inmobiliario. Pero, evidentemente, no todos los ayuntamientos
han actuado igual. Por eso proponemos que se debe revertir de manera
profunda el sistema de financiación local y su participación en los
tributos del Estado. Medidas como las que ustedes proponen, como la regla
de gasto, no hacen más que profundizar en la lógica de reducir el gasto
por reducir sin tener en cuenta si realmente es posible para poder
mantener un mínimo Estado del bienestar, cuando además los ayuntamientos
en muchos casos realizan estas actividades supletorias de lo que otras
administraciones no están haciendo.
Y en segundo lugar, por fin parece que se conseguirá crear la línea ICO,
que desde todas las fuerzas políticas, desde todos los grupos
parlamentarios hemos venido pidiendo. Como digo, pocas propuestas
económicas en esta Cámara han tenido tanta unanimidad como la creación de
esta línea ICO. Todos los grupos políticos, los expertos económicos, los
agentes sociales, los colectivos de empresarios y hasta la Federación
Española de Municipios y Provincias, todos hemos solicitado al Gobierno
en reiteradas ocasiones, durante este año que se ha incumplido la ley,
que se ejecutara con urgencia esta medida, que debe ser además crucial
para reducir la morosidad y contribuir a la salida de la crisis y al
mantenimiento de puestos de empleo. Creemos, además, que es fundamental
reforzar el papel del ICO como banca pública y eliminar las trabas y el
exceso de garantías solicitadas a través del facilitador financiero para
garantizar que se inyecte a la economía productiva el cien por cien de
los fondos de la línea ICO-directo. Consideramos que se podría haber
incidido en esta cuestión mucho antes y nos quedaremos además con la
sensación de que su Gobierno nunca ha creído mucho en el ICO y es una
pena, una lástima porque en momentos de cerrojazo del crédito -a menudo
injustificado-, quizás hubiera sido más útil reforzar el ICO que no
destinar tanto dinero público a la reestructuración bancaria.
Por último, el impulso de la actividad empresarial. Cuando leímos el
título del capítulo pensábamos que realmente había propuestas de un nuevo
modelo productivo, y ¿qué nos encontramos? Incentivo fiscal. Le podría
decir en este punto lo mismo...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Buenaventura, por
favor.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Voy terminando.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Vaya terminando, por
favor.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Le podría decir en este punto lo mismo que le
decimos desde nuestro grupo cuando semana sí semana también el Grupo
Popular nos trae su paquete estándar que, bajo grandilocuentes títulos,
acaba siempre diciendo: para mejorar la economía, rebaja fiscal.
Igualmente es lo que proponen ustedes. Para nosotros sería muy importante
poder estar discutiendo y debatiendo una reforma fiscal hacia una
fiscalidad justa y equitativa.
Por todo ello, nosotros nos abstendremos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora
Buenaventura.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, señorías, como de costumbre, el Gobierno nos trae
aquí una nueva demostración de cómo su política económica se ejecuta a
golpe de decreto-ley. Quiero recordar que este decreto-ley hace el número
42 a lo largo de esta legislatura. En este caso, quiero decir, de
entrada, que la realidad actual de la crisis y su afectación sobre los
ciudadanos y el sistema productivo no nos permite dar la espalda en su
conjunto a las medidas que dentro de su modestia van a permitir, creemos,
aliviar los efectos de la misma y que responden
en buena parte a algunas novedades prometidas por el presidente del
Gobierno a lo largo del debate de política general o bien algunos
compromisos adquiridos por el Gobierno ante la Unión Europea. Eso sí, se
trata de medidas no todas ellas urgentes, se trata de medidas de muy
distinto calado, algunas largamente reclamadas por nuestro grupo
parlamentario y a las que el Gobierno en su día se opuso y que aquí
devienen un poco de todo, devienen positivas en algún caso y en otro caso
insuficientes, también inocuas y en la mayoría de los casos tardías, lo
cual refuerza una vez más la imagen de un gobierno con falta de rumbo y
unos movimientos espasmódicos a la hora de gobernar.
Entrando en el detalle de los cinco grandes grupos de propuestas que se
incluyen en este real decreto-ley, en primer lugar, quiero referirme por
su importancia a uno de los compromisos estelares asumidos por el
presidente del Gobierno en el pasado debate sobre el estado de la Nación,
como es la situación de los deudores hipotecarios. La medida de elevar el
umbral del salario mínimo interprofesional inembargable es una medida que
ya propuso Esquerra y que puede suponer en el mejor de los casos, en la
propuesta que hace el Gobierno, que una pareja con un hijo y en la que
solo trabaje uno de sus miembros el mínimo se eleve a una cantidad de
1.346 euros. Se trata de una cantidad ciertamente modesta para atender a
las necesidades mensuales de una unidad familiar de tres miembros,
incluida la vivienda que ya ha sido ejecutada por la entidad de crédito.
La cuestión, señorías, es que subsiste el principal problema de nuestra
legislación, cuyo cambio constituye una reivindicación social ampliamente
sentida, como es la dación en pago, porque las garantías a favor de las
entidades financieras no deben convertirse en ningún caso en una condena
de por vida para aquella persona que contrató una hipoteca, evidentemente
porque quien alimentó y se lucró con el crecimiento de la burbuja
hipotecaria debe asumir su parte alícuota del riesgo y de la
responsabilidad en las operaciones sin beneficiarse de garantías
extraordinarias. Además, esta medida simplemente va a alargar el periodo
de pago, pero no va a afectar a la cuantía o volumen de la deuda
principal y va a incrementar también los intereses. No aborda, insisto,
la demanda social más sentida, como es la posibilidad de devolver las
llaves a la entidad de crédito.
En segundo lugar, el real decreto-ley incorpora una regla de gasto que
afecta a los municipios y provincias, algo que nos parece discutible
porque se sustenta en una idea que ha ido cuajando poco a poco sobre que
el mayor responsable del déficit público del Estado son las
administraciones territoriales. Eso no es cierto, en primer lugar, porque
todo el mundo sabe que no se ha abordado en la actual legislatura el
problema de la financiación local, y en segundo lugar, porque con los
datos en la mano del propio Banco de España del primer trimestre de este
año, ha sido el Estado el que ha incrementado en 1,5 puntos el
endeudamiento respecto al PIB, mientras que las comunidades autónomas lo
han hecho en 0,5 puntos y las corporaciones locales en 0,2 puntos,
elevándose en este caso el nivel de endeudamiento de la Administración
General del Estado hasta un 74 por ciento, frente a un 5,5 de las
corporaciones locales. Se trata, por tanto, de una medida más efectista
que efectiva, puesto que las condiciones generales de limitación del
gasto de la Hacienda local ya están perfectamente previstas en su
regulación y porque las situaciones más graves que todos conocemos, por
ejemplo, el caso de Madrid, tienen más que ver con la permisividad del
Gobierno autonómico y, por extensión, también del propio Gobierno del
Estado.
En tercer lugar, aunque muy tardía, juzgamos como muy positiva la
reintroducción de la línea de crédito ICO para las entidades locales, que
deberá permitir cancelar deudas contraídas con pymes y autónomos y a su
vez, que las corporaciones locales cumplan con los plazos de pago, aunque
quiero recordar que esa medida ya fue incluida en la Ley de Morosidad y
que finalmente cayó a través de la Ley de Presupuestos de 2011.
En cuarto lugar, largamente reclamadas también en el contexto de la actual
crisis han sido algunas actuaciones que incluye este real decreto-ley y
que compartimos, tendentes a dar impulso a la actividad empresarial. Sin
duda, el futuro inmediato de nuestra industria pasa por la innovación y
la internacionalización.
Finalmente, señorías, señora presidenta, las medidas de apoyo a los
emprendedores...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor.
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta, diciendo que celebramos
la inclusión de algunas de estas medidas de incentivo y de desgravación
fiscal, aunque los límites cuantitativos que se imponen nos parecen muy
restrictivos y poco ajustados a la realidad.
Por todo ello, por ser un cajón de sastre, con medidas positivas, algunas
inocuas y seguramente todas ellas tardías, nuestro grupo parlamentario va
a abstenerse en la votación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores
diputados, señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y
Hacienda, asistimos hoy en esta Cámara a una sesión típica, a algo que
viene siendo práctica habitual, a la convalidación de un real
decreto-ley. La excepcionalidad reclamada en otros tiempos de la fórmula
del real decreto-ley ha desaparecido y no siempre se justifica en base a
una urgencia ineludible sobrevenida por un motivo imprevisible. Ni
siquiera se hace referencia en el preámbulo a la necesidad de aprobación
inmediata de las medidas contempladas,
simplemente es una manera de legislar; una manera flexible, ágil y rápida,
sí, pero que impide en la mayoría de los casos el necesario debate
parlamentario, el acuerdo y la negociación, elementos que configuran el
quehacer de esta casa. Es cierto que esta legislatura es la de la crisis
económica y que su evolución y consecuencias, muchas veces difíciles de
prever, han podido explicar y justificar esta manera de proceder, pero no
siempre. La IX Legislatura, que está concluyendo, se va a conocer por las
famosas medidas incorporadas en textos legislativos, que no tienen nada
que ver, pero que han condicionado el debate y la naturaleza de las
propias leyes, y no menos para los muchos reales decretos-ley aprobados,
con contenidos heterogéneos, con medidas de todo tipo, introducidas
muchas veces con calzador y cuyo fin era dar cabida y solución a
problemas que los ministerios guardaban en sus cajones sin saber cómo
darles salida. Además, este real decreto-ley, señora vicepresidenta, nos
ha pillado un tanto por sorpresa, prácticamente nos enteramos por la
prensa el mismo día de su aprobación en el Consejo de Ministros y no
conocimos hasta el pasado jueves, en que se publicó en el boletín, su
contenido real. Ello no quiere decir que nuestro grupo haya sido ajeno a
esta cuestión ni que haya estado al margen porque hemos tenido la ocasión
de hablar de sus contenidos básicos e incluso de incorporar algunas
salvedades competenciales para evitar intromisiones que en otro caso se
hubieran producido. Por tanto, nuestro grupo ha tenido la opción de estar
al tanto y de hablar de estas cuestiones.
En todo caso, el real decreto-ley que hoy nos trae a esta Cámara para su
convalidación es el característico de la IX Legislatura. Tan solo con
leer el título observamos la pluralidad de asuntos que incluye, de esos
que se encontraban en los cajones de los ministerios. Tras esta
disquisición que me he permitido y antes de entrar a comentar con
brevedad algunas de las medidas que a nuestro juicio merecen mayor
atención, quisiera adelantarles ya, vicepresidenta, que nuestro grupo va
a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley. A pesar
de su heterogeneidad, creemos que es necesario que los contenidos se
aprueben en la situación económica en que nos encontramos. Aprobar una
regla de gasto que refuerce las leyes de estabilidad en el ámbito de la
Administración Central del Estado y de las administraciones locales de
régimen común respetando el equilibrio a lo largo del ciclo, será bien
recibido por los mercados y en el ámbito de la Unión Europea y servirá a
las administraciones para clarificar la manera de proceder en materia de
gasto público; forma parte de los compromisos adquiridos por el
presidente del Gobierno en el marco del Pacto por el Euro y tiene su
consistencia. Este control adicional que se autoimponen las
administraciones afectadas pondrá de manifiesto lo que les comentaba
anteayer en el debate sobre el techo de gasto, la urgente necesidad de
revisar y replantear el conjunto de las políticas públicas que
desarrollan las administraciones.
No menos importante en estos momentos de falta de liquidez es la
activación por parte del ICO de una línea de financiación que posibilite
el pago a pymes y autónomos de las facturas antiguas que se encuentran en
el fondo de los cajones de muchos ayuntamientos. Esta línea de
financiación reducirá la morosidad y permitirá salir de la angustia
financiera a muchos pequeños proveedores de obras y servicios de los
ayuntamientos que, por motivos de la crisis económica, no podían cobrar
por sus trabajos o servicios realizados. El montante es un tanto limitado
-hasta el 25 por ciento de lo que normalmente reciben del Estado por la
participación en los tributos- como también lo es su tiempo de duración,
sólo tres años. Quizá en un futuro se puedan ampliar dichos límites, pero
la medida, a nuestro juicio, es apropiada. Por cierto, señora
vicepresidenta, es una medida que se venía reclamando insistentemente en
esta Cámara desde hace mucho tiempo y ha habido que esperar hasta ahora
no sabemos muy bien por qué.
En este apartado -y a instancias de nuestro grupo parlamentario- acordamos
incluir una disposición adicional, la segunda, en la que se respetan los
sistemas de concierto económico y convenio. Como saben sus señorías, en
el caso de los territorios históricos de la Comunidad Autónoma vasca y en
el caso de Navarra la tutela financiera de los ayuntamientos está en
manos de las diputaciones forales y del Gobierno navarro,
respectivamente. Con la salvedad introducida, las diputaciones forales y
el Gobierno de Navarra pueden negociar con el ICO una medida idéntica a
la establecida por la Administración General del Estado para las
corporaciones locales de régimen común.
Aplaudimos también -como no puede ser de otra manera- la protección de los
más necesitados cuando el precio de la venta de la vivienda habitual
hipotecada es insuficiente para cubrir el crédito garantizado. No llega a
lo que significaría la dación de pago, pero eleva en un 50 por ciento el
nivel de inembargabilidad hasta un 150 por ciento del salario mínimo
interprofesional, y un 30 por ciento adicional para cada miembro de la
unidad familiar sin ingresos o inferiores a dicho salario. Es un mínimo
exigible a nuestro juicio a la decencia y a la dignidad. La crisis no
puede afectar tan cruelmente a los más necesitados después de ser
desprovistos incluso de su propia vivienda habitual. Estos son los
elementos centrales -y a mi juicio relevantes- de este real decreto-ley.
Incorpora también el real decreto-ley otros elementos de naturaleza menor,
como decía, esos que estaban en los cajones de los ministerios, pero que
nuestro grupo los ve también favorablemente: las medidas de estímulo a la
inversión de aquellos proyectos empresariales innovadores de jóvenes
emprendedores, las actuaciones de rehabilitación de edificios, medidas
registrales, cambios puntuales en el silencio positivo, y la protección
muy importante de aquellos propietarios que con buena fe han adquirido
una propiedad fuera de ordenación y que
pueden verse desprovistos de sus bienes, etcétera, cierran un conjunto de
medidas que conforman este real decreto.
Para no extenderme y para finalizar tan solo quisiera señalar que a
nuestro juicio las cláusulas incorporadas a propuesta de nuestro grupo al
artículo 21, relativas a la obligatoriedad de la inspección técnica de
edificios, preservan las competencias y respetan las legislaciones
autonómicas en la materia, como no puede ser de otra manera. Como ya les
he avanzado, a pesar del método legislativo empleado, el real decreto-ley
y la heterogeneidad de las materias a las que afecta, nuestro grupo
parlamentario considera positivo que sea convalidado, y como tal va a
votar favorablemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Azpiazu.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor
Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señora vicepresidenta, el real decreto que
hoy se nos presenta a ratificación podríamos calificarlo de real decreto
ómnibus, un real decreto que recoge medidas de modificación de muchísimos
textos legales, con cierto parecido por cierto -incluso con algunos
términos coincidentes- con una propuesta de ley ómnibus que está siendo
debatida en estos momentos en el Parlament de Catalunya. En el caso del
debate de esta ley en el Parlament de Catalunya algunos grupos
-concretamente su grupo- han planteado, y el Gobierno de la Generalitat
ha aceptado, la división de la ley en varios paquetes para poder tratar
legislativamente y encontrar las mejores soluciones para cada uno de
estos aspectos. Nuestra posición en este caso coincide conceptual y
exactamente con la misma cuestión. En este real decreto se mezclan cosas
tan distintas como medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, control
del gasto público, cancelación de deudas con empresas y autónomos por
parte de las entidades locales, fomento de la actividad empresarial,
impulso a la rehabilitación, simplificación administrativa, reformas
tendentes a garantizar la confianza y la seguridad en el mercado
inmobiliario. Todo ello es una especie de miscelánea de difícil encaje
desde cualquier punto de vista.
A la hora de fijar la posición de nuestro grupo queremos precisarla muy
bien en cada una de las cuestiones, algunas de las cuales coinciden con
planteamientos formulados hace pocos días por nuestro presidente de grupo
y recogidas por el propio presidente del Gobierno, algunas de ellas
pactadas con el Grupo Socialista y con otros grupos, como el Grupo
Popular, y por cierto votadas por la totalidad de los miembros de la
Cámara, con relación a algunos aspectos muy notables. El primero -también
el primero por orden de su real decreto-ley- se refiere a las medidas de
apoyo a los deudores hipotecarios. Como la señora vicepresidenta conoce
perfectamente nuestro grupo lleva trabajando ya hace bastantes meses,
diría más de un año como mínimo, en el tema de la protección a los
deudores hipotecarios. Nuestro trabajo parlamentario ha conllevado que en
estos momentos se esté sustanciando una subcomisión de estudio que debe
ofrecer a la Cámara antes de diciembre una propuesta de reforma global
del mercado hipotecario. Que en cualquier caso, mientras tanto y para
cuestiones urgentes como se ha venido diciendo por parte de la totalidad
de intervinientes, se tomen ya algunas de las medidas que todos
compartimos, al menos en su concepto -algunas no en su cantidad-, nos
parece inteligente y razonable e incluso nos parece propio de la urgencia
que requiere un real decreto-ley. Por tanto en este aspecto la posición
de nuestro grupo no puede ser más positiva, y se felicita igualmente de
que algunas de las conclusiones y recomendaciones aprobadas en la
propuesta de resolución pactada, a que hacía referencia, incluso están
siendo oídas por parte del sector bancario. Ayer mismo una importante
entidad anunció también la aparición de una figura hipotecaria que
alimentaba las garantías al bien hipotecado, lo cual es objetivamente una
buena noticia.
Otra cuestión que también merece la urgencia es la del control del gasto
público. Aquí nosotros solo deseamos que en el marco del Consejo de
Política Fiscal y Financiera haya también un acuerdo para que se pueda
ver reconocido el esfuerzo que algunas comunidades autónomas -y Cataluña
de forma muy especial, como usted sabe muy bien- están realizando y que
estas medidas contribuyan, no a poner en cuestión la eficacísima labor
que en estos momentos está haciendo el conseller Mas-Colell, del Gobierno
de la Generalitat de Catalunya, sino al contrario, a poner en valor este
esfuerzo y ponerlo incluso como ejemplo para todas las administraciones,
incluso para la Administración General del Estado.
Otro aspecto que como usted sabe ha sido ampliamente reclamado -mi
compañero Sánchez i Llibre se lo ha reclamado reiteradamente como
inspirador y padre-padrino de la Ley de Morosidad- es el referente a la
medida para que el ICO preste o avance dinero y así se puedan pagar las
deudas contraídas por parte de los ayuntamientos con pequeñas y medianas
empresas. Esta es una medida que conceptualmente compartimos aunque nos
parece, señora vicepresidenta -y aquí empiezan las objeciones que
nosotros planteamos-, que aquí nos hemos quedado cortos. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.
El señor MACIAS I ARAU: Le voy a poner un ejemplo. Usted pone una
limitación a esta línea que es que el capital más los intereses sea el 25
por ciento de los avances a cuenta, es decir, la parte de financiación
por parte de los Presupuestos Generales del Estado. Esto podíamos
aproximarlo en un 10 ó 12 por ciento de los
ingresos de un ayuntamiento. Ayer mismo aparecían tres ayuntamientos -solo
tres- cuyo volumen de facturas en el cajón no eran de un 10 ó 12 por
ciento, sino del 85 por ciento, es decir, que les solucionamos una ínfima
parte de su problema. Por tanto está bien la línea, a algunos les va a
ayudar, pero debemos ser conscientes de que no resuelve el problema, no
ya el problema de la financiación de los entes locales, sino que tampoco
resuelve siquiera el problema de algunos ayuntamientos que en estos
momentos se encuentran en situación más angustiosa.
Hay otro apartado que nosotros compartimos también -aunque en este caso no
nos parece necesaria su inclusión en un real decreto-ley y por tanto su
urgencia-, que son todas las medidas de agilización que contienen
aspectos positivos, muchas de ellas vinculadas a temas de administración
ambiental, pero nos hubiera gustado poder intervenir, como de hecho hemos
intervenido, a través del capítulo dedicado a la rehabilitación, donde
hemos pactado con la Secretaría de Estado de Vivienda algunas soluciones
que a nuestro entender mejoran sustancialmente el texto del real
decreto-ley.
Y finalmente, señora vicepresidenta, hay una cuestión que quiero
explicarle y es que, a pesar de compartir el principio y la necesidad de
efectuar una serie de reformas tendentes a garantizar la confianza y la
seguridad en el mercado inmobiliario, nos parece que aquí sí se nota una
cierta precipitación. La verdad es que hasta el día en que apareció en el
BOE nosotros no tuvimos ninguna notificación ni ninguna idea de lo que
ustedes pensaban aprobar. Nos parece que, compartiendo el objetivo -la
seguridad jurídica-, se incurre en errores de concepto muy básicos, por
ejemplo la reinstauración de una demanda del silencio negativo para la
licencia de primera ocupación, que es un elemento que genera gran
inseguridad jurídica. Como usted sabe perfectamente es en este paso en el
que muchos ayuntamientos -algunos con buena fe- han demandado a los
particulares más allá de lo que la ley permite, pero algunos incluso con
mala fe o con ánimo corrupto han aprovechado para extorsionar a los
ciudadanos. Por lo tanto esta es una mala solución que la precipitación
de un real decreto-ley no nos va a permitir corregir, repito que estando
de acuerdo con el concepto y estando de acuerdo con la necesidad de su
perfección. Por ejemplo nos parece un mecanismo especialmente adecuado la
inscripción en el Registro de la Propiedad de toda una serie de
circunstancias tendentes a dar mayor seguridad jurídica.
Por todo ello, señora vicepresidenta, nuestro grupo no podrá votar
afirmativamente la convalidación, a menos que se tramite como proyecto de
ley para poder subsanar estas cuestiones que nos parece que podrían
perfeccionar el conjunto, habiendo recalcado de forma muy importante
-quisiera acabar con este aspecto- que varias de estas disposiciones
están inspiradas por nuestro grupo, y otra de ellas -quiero hacer
referencia para acabar- es el apoyo a la creación de empresas, aunque
queda lejos del business angels que usted sabe que reiteradamente hemos
solicitado, y respecto de lo cual su propuesta no llega ni tan siquiera a
emular la legislación francesa. En cualquier caso si ustedes se
comprometen a tramitarlo como proyecto de ley nuestra posición podría ser
de apoyo global, si no, por motivos de coherencia, vamos a abstenernos en
la votación.
Muchas gracias, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Macias.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nadal.
El señor NADAL BELDA: Gracias, señora presidenta.
De este decreto-ley lo primero que sorprende es su fecha de aprobación, 1
de julio, y su fecha de publicación, 7 de julio. Para ser un decreto,
como dice el último párrafo de la exposición de motivos, de
extraordinaria y urgente necesidad mucho tiempo ha tardado el Gobierno en
publicarlo, y esto es porque, una de dos, o llegó al Consejo de Ministros
sin los deberes hechos -lo cual no extrañaría nada de un gobierno que nos
tiene acostumbrados a cosas bastante inverosímiles- o bien se han
producido modificaciones o negociaciones posteriores a ser teóricamente
aprobado por el Consejo de Ministros el viernes día 1. Es inaudito que un
decreto-ley tarde tanto tiempo en publicarse cuando lo habitual es
hacerlo al sábado siguiente o como mucho al lunes siguiente, con alguna
pequeña corrección técnica.
Pero, temas de forma aparte -aunque son importantes, porque estamos
degenerando mucho las formas en este sistema democrático y en esta
legislatura últimamente-, vamos a la cuestión importante del contenido.
Es un contenido variopinto, como suele acostumbrarnos el Gobierno, al fin
y al cabo no quiere enfrentarse a esta Cámara para aprobar norma a norma,
sino que mete todo un paquete para que los distintos grupos
parlamentarios se tengan que definir en su conjunto sobre las mismas, con
lo cual si pudiésemos ir de una en una la definición sería mucho más
clara, pero como tiene que ir en su conjunto hay que ir valorando medida
a medida: deudores hipotecarios, inembargabilidad y garantías para las
ejecuciones. Está muy bien, pero nosotros habíamos propuesto al consenso
de la Cámara en las propuestas de resolución que actuásemos sobre la
transparencia en las transacciones financieras y mediación. De esto el
Gobierno no dice nada, y si pudiésemos tramitar este decreto-ley lo
introduciríamos como enmienda por parte de mi grupo. Lo que sorprende es
que este Gobierno haya incluido una sensibilidad que es necesaria -aunque
cuantitativamente el Gobierno sabe perfectamente que el impacto es muy
limitado- en cuanto a la inembargabilidad, pero no haya querido aceptar
las enmiendas del Grupo Popular en la Ley de Seguridad Social cuando nos
encontrábamos en casos similares.
Probablemente una de las principales medidas es la de la línea ICO para
los proveedores de los municipios. Ayer tuve ocasión de discutir este
tema con la vicepresidenta
y parece que al Gobierno por fin le ha gustado esta medida, pese a que la
había vetado con anterioridad. Lo que es muy relevante es que el Gobierno
no ha aplicado un plan financiero para los ayuntamientos que se sometan a
la misma, algo que nosotros proponíamos. Es muy importante que las
administraciones tengan una viabilidad financiera y no solo dotarles de
liquidez. El Gobierno solo se ha cubierto con la posibilidad de cobrar de
vuelta, pero no con la necesidad de que esta entidad financiera tenga
viabilidad. Lo que está haciendo aquí el Gobierno es un ejercicio de
realismo, porque hay facturas en el cajón, como decía el portavoz que me
ha precedido en esta tribuna, y esas facturas en el cajón hay que
sacarlas porque son deuda real. Esta línea de financiación va a
incentivar que se saquen estas facturas del cajón, y yo no creo que deba
preocuparse la señora vicepresidenta por ello, porque es déficit que
existe, aunque no se haya reconocido, y es deuda que existe, aunque no se
haya reconocido, y esto es muy importante. En España deberíamos empezar a
conocer con mayor realidad y profundidad la situación de nuestras
finanzas públicas. Esta línea ICO, aparte de proveer de liquidez a esas
empresas que no han podido cobrar, tiene la virtualidad de que se les
reconozcan las deudas, porque en muchos casos no habían sido reconocidas.
Luego hay una serie de medidas de incentivo a la actividad empresarial que
podemos calificar de menor interés, pero ya que van en la dirección
correcta, es verdad, como el tema de la rehabilitación, la simplificación
administrativa o el régimen fiscal para inversores, podrían asumir esta
línea de actuación de manera mucho más ambiciosa si el Grupo Socialista
aceptase la tramitación de la ley de emprendedores que ha presentado el
Grupo Parlamentario Popular, en la que vienen medidas de tanto calado
como el cambio de régimen de IVA de devengo a caja -que por cierto ya
está contemplado en las directivas europeas-, la cuenta de compensación
dentro de las administraciones públicas o la normativa sobre unidad de
mercado. Sería muy interesante que este tipo de normas se introdujesen,
porque iban a tener un impacto bastante más sustancial sobre la capacidad
y la actuación de nuestras empresas.
Vamos con el punto en el que somos críticos. Hasta ahora no lo hemos sido,
señora vicepresidenta. Eran una serie de medidas de mayor o menor
importancia que consideramos adecuadas, pero vamos al punto en el que
somos profundamente críticos, que es la regla de gastos que ustedes han
propuesto para el conjunto de las administraciones públicas. Ustedes la
llaman de control del gasto público, pero no lo es, y la llaman de
austeridad, pero tampoco lo es. Es una regla de cara a la galería, un
auténtico brindis al sol y, si me lo permiten, auténtico papel mojado.
¿Por qué? En primer lugar, tiene un exceso de holgura, y usted lo sabe.
Si crece el gasto nominal lo mismo que el PIB nominal el porcentaje de
gasto público sobre PIB se mantiene constante, y si tenemos ahora mismo
un 45 por ciento de gasto público sobre PIB y un 36 por ciento de
ingresos -el año pasado 9 por ciento de déficit, este año ya veremos cómo
cerramos las administraciones públicas-, con esta regla no se cierra,
mantenemos ese 45 por ciento siempre. ¿Cómo quiere cerrar usted el
déficit, señora vicepresidenta? Con esta regla no puede. Tendrá que
hacerlo aplicando el resto de las normas de estabilidad presupuestaria,
por lo cual la regla no sirve para nada. En la situación en que nos
encontramos, en el momento presente, esta regla es sencillamente decir a
todo el mundo que lo quiera observar que ponemos una regla por encima del
nivel de exigencia que ahora mismo estamos poniendo. Como dijo su
secretario de Estado de Economía, es una regla solo para una situación de
equilibrio y una situación alcista del ciclo, sí, pero no estamos en
situación de equilibrio ni en momento alcista del ciclo, por lo cual no
era el momento de sacar esta regla. Tampoco va a dar credibilidad a nada
ni va a permitir que los mercados, que siguen arreciando en sus dudas
sobre la estabilidad financiera y el crecimiento de la economía española,
tengan una mínima seguridad de que en España vamos a hacer las cosas
mejor. De hecho esta regla, de hacer algo, resta credibilidad por esta
razón.
En segundo lugar, es una regla manipulable, puesto que se basa en una
estimación del PIB nominal de nueve años, pero tres son de avance, tres
son de previsión, por lo cual un tercio de la regla, un tercio de la
cifra es la que el Gobierno quiera, y con un tercio se puede hacer mucha
manipulación. Si hacemos una previsión tremendamente exagerada de los
próximos tres años al final gastamos lo que queramos; una regla de
disciplina no puede tener ese grado de manipulación; ahí hay un fallo de
diseño clarísimo.
En tercer lugar, no entendemos por qué ustedes piensan que una parte de
las normas de estabilidad presupuestaria no son aplicables a las
comunidades autónomas cuando el conjunto de las normas de estabilidad
presupuestaria sí lo son. La normativa de estabilidad presupuestaria que
se aplica a las comunidades autónomas se aprueba por un procedimiento
especial porque tiene carácter orgánico. Esto pasó con la aprobación de
la Ley de Estabilidad Presupuestaria; pasó con la aplicación de los
objetivos de estabilidad presupuestaria; ha pasado con la normativa que
determina y limita la financiación de las comunidades autónomas y su
endeudamiento por parte del Estado cuando incumplen determinados
requisitos, como las obligaciones de hacer planes de reequilibrio por
parte de las comunidades autónomas. Todo eso está recogido con carácter
orgánico en nuestra normativa de estabilidad presupuestaria y ahora
resulta que esto, que es una parte adicional de esa estabilidad, no se
puede poner. No estamos de acuerdo con el Gobierno en esta
interpretación.
En cuarto lugar, solo se aplica a municipios de más de 75.000 habitantes.
Señora vicepresidenta, los mayores problemas de pelotazo inmobiliario e
ingresos que han tenido los municipios han sido los relativamente
pequeños, los municipios grandes tienen una financiación mucho más
estable, y resulta que excluimos a los
municipios de mayor riesgo de la regla. Se sigue sin entender.
En quinto lugar -y esto sí que es de aurora boreal-, se excluyen de la
regla las dos principales partidas de los Presupuestos Generales del
Estado de gasto: gastos de desempleo e intereses de la deuda. Entonces,
¿para qué aplicamos la regla? El gasto entero es gasto entero porque aquí
lo que estamos buscando es que el volumen total de gasto sea controlado,
no excluyendo las dos principales partidas que entre las dos suponen del
orden del 60.000 millones de euros. Francamente, si excluimos de mi regla
de gasto más de un tercio del gasto total de los Presupuestos Generales
del Estado, para eso no hacemos nada, dejamos totalmente libre el
funcionamiento del gasto público, que es lo que precisamente esta norma
pretende controlar.
En sexto lugar, es una norma que no ha entendido que determinadas reformas
fiscales pueden producir impacto y crecimiento de la actividad económica,
y por tanto pueden estimular la recaudación. Esto ha ocurrido en
determinados momentos cuando las reformas fiscales se hacen bien, pero
no, aquí se establece una norma rígida que respecto a una previsión de
base fija -y evidentemente los impuestos no dejan fija la base- cuando se
reducen impuestos se castiga a la Administración que los reduce, y cuando
se suben se permite a esa Administración gastar más, precisamente lo
contrario de lo que necesita una economía como la que ahora mismo
tenemos; perjudicar a los que bajan impuestos para estimular la actividad
económica no es precisamente la mejor política económica, aunque ya
sabemos que ustedes creen en lo que creen.
Por último, se dice que hay que aplicar medidas de corrección inmediata
cuando se incumple. Si atendemos a lo que ha hecho el Estado con sus
obligaciones en reiteradas ocasiones de venir a esta Cámara el Gobierno
con un plan de reequilibrio para el Estado, cuando ha incumplido sus
obligaciones de estabilidad presupuestaria, francamente esto se queda en
nada. En definitiva es una regla de papel mojado, una regla que no sirve
para nada, una regla que no crea confianza, y en todo caso se ha notado
muchísimo que se ha ido a cubrir el expediente de una promesa en un
consejo europeo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Nadal.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, debatimos un conjunto de medidas con una nítida voluntad
política, una voluntad que corresponde a los tres ámbitos prioritarios en
los que el Gobierno está trabajando, tres ámbitos en los que además los
socialistas plasmamos toda nuestra energía y toda nuestra convicción. En
primer lugar, la reactivación económica generadora de empleo; en segundo
lugar, el apoyo activo a quienes más están sufriendo las consecuencias de
esta crisis, y en tercer lugar, el refuerzo a la confianza internacional
en nuestra economía y la convergencia hacia un verdadero andamiaje
político europeo. Dentro de este último ámbito, dentro del refuerzo de la
confianza económica, compartiremos que es una finalidad que desde luego
gana relevancia en un contexto internacional como en el que nos vemos
inmersos en estos últimos días, con una Unión Europea sometida a intensas
tensiones financieras. Nosotros insistimos en defender una salida a la
crisis a través de más Europa, por responsabilidad y también por
solidaridad. Si algo debiera quedar patente en estas últimas tensiones
financieras, señorías, es que no hablamos de un problema estrictamente
local, sino que hablamos de problemas colectivos. Por ello entendemos que
las respuestas deben visualizarse conjuntas, convergiendo de verdad hacia
una unión política europea.
Este real decreto-ley que debatimos contiene la regla de gasto, con cuya
aprobación sin duda avanzamos en esta línea de convergencia y también en
nuestro compromiso de retorno al equilibrio presupuestario. Consiste en
limitar la evolución del gasto presupuestado por las administraciones
públicas; y sí, tal como ha dicho el señor Nadal, excluye el gasto
derivado de las prestaciones por desempleo y el gasto financiero, pero
comprenderá que son gastos que deben ser atendidos. A nuestro modo de ver
debe ser atendida tanto la devolución de la deuda como a las personas
desempleadas. La regla de gasto busca presupuestos públicos, vinculando
esta evolución a la de la economía española, y estos presupuestos
públicos que busca permitirán la generación de colchones si es que se dan
ingresos fiscales inesperados, y estos colchones a su vez permitirán
amortiguar la situación en caso de que el crecimiento sea inferior al
previsto. Prevención. Entendemos que esa es la clave de esta medida,
medida que como se ha dicho se refiere a la Administración General del
Estado, a las entidades locales y a todos sus organismos dependientes.
Pero nosotros sí creemos en el diálogo, en el pacto, y en el acuerdo a
través del Consejo de Política Fiscal y Financiera para el caso de las
comunidades autónomas. Es por ello que el impulso para estas
administraciones se va a dar en ese seno. La implicación más relevante de
estas medidas es su carácter anticíclico porque evitarán transformar lo
que son ingresos extraordinarios coyunturales en gastos estructurales.
También tendré que recordarle, señor Nadal, que la regla de gasto es
perfectísimamente compatible con el objetivo de déficit, y en caso de no
cumplirlo es perfectísimamente compatible con la presentación de planes
de reequilibrio. Podrá gustarles la medida o no, pero si queremos
respuestas conjuntas europeas, si queremos más Europa, lo que desde luego
debemos tener en cuenta es que en unos meses Europa nos va a evaluar a
todos por una regla conceptualmente muy similar a esta. Por lo tanto anda
bastante lejos de su mensaje, señor Nadal, de restar credibilidad la
aplicación de esta medida.
El segundo de los ámbitos, sin duda el prioritario para el Gobierno, es la
reactivación económica generadora de empleo, y dentro de este ámbito este
real decreto-ley incluye medidas como el fomento a la inversión
empresarial. Son estímulos de impulso que nos acercarán al concepto que
tiene el señor Macias de los business angels, pero desde luego creemos
que da un empujón relevante hacia ese concepto; concepto y elemento
dinamizador para proyectos empresariales innovadores, incentivos que
incluyen exenciones en el IRPF para las plusvalías derivadas de la
inversión en estos proyectos hasta 25.000 euros anuales, y con una
permanencia de entre tres y diez años. No es que solamente le demos
importancia el Grupo Parlamentario Socialista, es que esta medida ha
tenido una buena acogida e interés, en especial por el marco en el que
nos encontramos, donde el crédito es realmente difícil para los
emprendedores que cuentan con este tipo de proyectos.
Se incluye también en el real decreto-ley el fomento a la rehabilitación a
través de nuevas medidas que profundizan y desarrollan el marco general
ya contenido y aprobado en la Ley de Economía Sostenible, y lo
consideramos igualmente relevante si es que tenemos en cuenta la
finalidad de impulsar la rehabilitación como elemento dinamizador para la
actividad en el sector de la construcción en nuestro contexto económico
actual. Se incluyen también mayores facilidades para la creación de
empresas. También desarrolla lo contenido en la Ley de Economía
Sostenible, facilitando la actuación para los ciudadanos. Simplificación
administrativa, la cual, además de mejorar el intercambio entre las
distintas administraciones, lo que hace también es reducir cargas y
costes para el ciudadano. Incluye la eliminación de la exigencia de la
licencia municipal de actividad en el ordenamiento estatal, para que sea
sustituida simplemente por controles o bien a priori o bien a posteriori,
y también recoge un catálogo de 124 procedimientos administrativos en los
que ahora el silencio se va a transformar en sentido positivo. Esto es
relevante, puesto que evitará retrasos, dilaciones e impedimentos para el
desarrollo de nuevas actividades. Incluye también -y nosotros sí le damos
importancia- una prórroga para el ejercicio 2012 de las desgravaciones
fiscales a la producción cinematográfica, contenida ya en la Ley del Cine
del año 2007, pero es que lo creemos importante puesto que supone la
continuidad de un aliciente a esta importante industria cultural y
generadora, tanto de riqueza como de empleo.
En el tercero de los ámbitos que sustenta la línea de trabajo del Gobierno
está la preocupación por quienes más están sufriendo las consecuencias de
esta crisis. Dentro de este ámbito incluiría la línea ICO para que los
ayuntamientos paguen a sus proveedores, dadas las dificultades de
liquidez y de crédito para pymes y autónomos. A nuestro modo de ver es
una herramienta para que los ayuntamientos solventen sus tensiones de
tesorería, en ningún caso está pensada como herramienta para corregir las
malas gestiones municipales realizadas. Por tanto, creemos que es
importante para los ayuntamientos, sí, pero sobre todo supone un
paliativo para pymes y autónomos, insisto, ante el problema de crédito y
liquidez que tienen, con facturas pendientes de cobro por parte de las
entidades locales. A través de esta línea las entidades financieras
colaboradoras pagarán directamente a los proveedores, lo que permitirá
cancelar deudas acumuladas y previas al 30 de abril de 2011 que
ayuntamientos y órganos dependientes tengan pendientes con empresas y
autónomos. Tendrá un plazo de cancelación de tres años para el
ayuntamiento. Y, sí, tiene un límite, el importe total no debe exceder el
25 por ciento del global anual de entregas a cuenta en los tributos del
Estado para este ejercicio 2011, puesto que tampoco se pretende asfixiar
a futuro a los ayuntamientos, sino ayudarles con sus tensiones de
tesorería. Tiene un elemento importante: una garantía de cara a no
generar déficit dentro de nuestro ineludible marco de consolidación
fiscal, ya que el importe que un ayuntamiento no pagara al ICO supondría
un aumento del déficit estatal. Comprenderán que si el ICO tiene
pérdidas, esto pasa directamente a déficit del Estado. Entonces, ese
importe del ayuntamiento que no pagara, lo que va a ocurrir es que se
verá retenido de su participación en los tributos del Estado. Lo que
conseguimos de esta forma es un equilibrio en el déficit. Esta es la
diferencia entre esta medida recogida en el real decreto-ley con la que
otros grupos parlamentarios nos han venido pidiendo. Insisto, si el ICO
no cobra al no pagarle un ayuntamiento, el déficit estatal en vena sería
directo. Esta es la fórmula óptima para los ayuntamientos, para las pymes
y autónomos pendientes de cobro de estas facturas y también para el
respeto a la consolidación fiscal.
Por último, me referiré a las medidas vinculadas a la protección de los
deudores hipotecarios. Es importantísimo atender a estas necesidades lo
que, por un lado, supone aumentar el umbral de inembargabilidad en un
procedimiento de ejecución hipotecaria, decimos que del 110 al 150 por
ciento del salario mínimo interprofesional y añadimos adicionalmente un
30 por ciento por cada miembro de la unidad familiar que no tenga
ingresos o estos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Pero
es que hablando en euros supone pasar de 705 a 961 euros los ingresos
garantizados que no podrán ser embargados en estas circunstancias. Son
garantías añadidas a las de no malbaratar el precio de la vivienda
habitual subastada en caso de que los ciudadanos se encuentren ante la
triste circunstancia de la ejecución hipotecaria, aumentando del 50 al 60
por ciento del valor de tasación de esta vivienda el límite.
Adicionalmente -se ha recordado también-, pretendemos mejorar la eficacia
de las subastas permitiendo mayor concurrencia de postores y de pujas
reduciendo hasta el 20 por ciento el depósito que se exija a los
postores. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Concluyendo, señorías, consideramos que este elenco de medidas que recoge
el real decreto-ley son justas para la protección de las personas con
menores recursos y
posibilidades en esta crisis; son proactivas y relevantes para impulsar la
actividad económica y así apoyar la creación de empleo, y son
responsables, además de solidarias, con la gobernanza europea. Estas son,
señorías, respuestas tangibles que requieren, como se ha dicho de
antemano, rapidez en su aplicación en un marco claro, fiable y certero.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista agradece de antemano a los
grupos que lo han manifestado su apoyo a la convalidación de este real
decreto-ley y pide al resto de la Cámara que le dé este apoyo, de igual
modo que pedimos...
El señor PRESIDENTE: Señora Gastón, debe acabar.
La señora GASTÓN MENAL: Termino ya, señor presidente. Muchas gracias.
Insisto, pedimos que sea tramitado como tal, con este formato de real
decreto-ley, por la prisa, por la necesidad de agilización, y no como
proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gastón.
ENMIENDAS DEL SENADO.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LAS
FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/000082.)
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas. Tiene la palabra la señora Díez.
(Pausa.)
La señora Díez no está. ¿Desea hacer uso de la palabra algún otro miembro
de su grupo, el Mixto? (Denegaciones.) Se entiende renunciada la
solicitud de palabra que ha hecho.
Señor Llamazares, tiene la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero expresar en esta intervención la honda satisfacción de mi
grupo porque esta ley, la ley orgánica de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas, pueda ser definitivamente aprobada en
esta Cámara y además lo sea en un tiempo muy significativo. Hace setenta
y cinco años hubo en este país un golpe cívico, también militar, que
terminó en una guerra civil. En ese sentido para mí es significativo que
esta iniciativa profundice en la modernización de nuestras Fuerzas
Armadas y signifique que aquel problema de España del que hablaba don
Manuel Azaña -uno de ellos era el problema militar- en mi opinión esté
definitivamente solucionado y sea en estos momentos en las Fuerzas
Armadas donde se ha producido una verdadera modernización, una verdadera
inclusión de las Fuerzas Armadas y subordinación en el conjunto de la
transformación democrática de este país y, por tanto, quiero en estos
momentos hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas en el marco de
esta ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas.
Quiero además recordar en esta ley, porque fue motivo también de nuestra
propuesta de Observatorio de la vida militar y de la ley de derechos y
deberes, a la Unión Militar Democrática, un embrión democrático en
nuestras Fuerzas Armadas en un periodo muy difícil y a la que le hemos
reconocido su aportación pero yo creo que nunca le reconoceremos, en
definitiva, su sacrificio por el bien tanto de las Fuerzas Armadas como
de la evolución democrática de nuestro país.
En tercer lugar, señorías, quiero también reconocer en esta ley un
compromiso, el compromiso que adquirimos la fuerza política que yo
represento con el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en
torno a la Ley de Defensa Nacional, que vino luego acompañada de la Ley
de la Profesión Militar y que planteaba en una de sus disposiciones
finales la necesidad de desarrollo de la ley orgánica de derechos y
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y también del Observatorio
de la vida militar. Por tanto, para nosotros esta es una ley muy nuestra
porque, en definitiva, hemos impulsado la aprobación de esta ley y
estamos satisfechos.
Quiero decir también, señorías, que el curso parlamentario de esta ley la
ha mejorado sustancialmente. No había motivo para la presentación de la
enmienda de totalidad, como hizo una parte del Grupo Mixto, UPyD; en
nuestra opinión se equivocaba con aquella enmienda de totalidad. Nosotros
creíamos que el proyecto tenía deficiencias pero que podían ser
subsanadas en el trámite parlamentario y que era mejor tener una ley de
derechos y deberes de las Fuerzas Armadas que no tenerla. En estos
momentos, cuando estamos al final del trámite, tengo que reconocer que el
trámite parlamentario ha mejorado sustancialmente la ley; la ha mejorado
en relación a los derechos de los militares, con alguna sombra. Creemos
que se ha avanzado mucho en los derechos fundamentales, que aparecían
demasiado coartados, condicionados en el proyecto de ley: el derecho a la
libertad de expresión, a la libertad religiosa, el derecho a la intimidad
de los profesionales de las Fuerzas Armadas. En todo eso hemos mejorado
sustancialmente. Sin embargo decía que teníamos una sombra y quiero hacer
referencia a esa sombra, que viene en esta ley y que viene en otra ley de
manera absolutamente subrepticia: no entendemos cómo reconocemos derechos
y libertades a las Fuerzas Armadas y en otra ley le negamos a la Guardia
Civil algunos derechos fundamentales. Nos parece que no es aceptable y
que la sombra que aparece en este texto sobre el derecho de reunión de
los profesionales de las Fuerzas Armadas aparece en mucha mayor medida,
en un texto que no tiene nada que ver, sobre la Guardia Civil. Esa es una
de las sombras de este texto.
Otra de las insuficiencias de este texto, que también avanza de forma muy
importante en lo que podríamos denominar el asociacionismo militar, tiene
que ver con algo que yo decía en algún debate sobre el prejuicio de la
politización. Hay dos prejuicios que planean sobre nuestras Fuerzas
Armadas y que de alguna manera aparecen en conceptos jurídicos y
determinados dentro de la propia ley. Hay un prejuicio sobre la
indisciplina, como si los derechos y libertades en su exceso pudieran
provocar el libertinaje y la indisciplina en las Fuerzas Armadas, cosa
que no ocurre y que no contempla en absoluto la ley. Y, por otra parte,
hay otro prejuicio que es la politización de las Fuerzas Armadas, y para
ello se utiliza un mantra, el mantra de la neutralidad, neutralidad que
en nuestra opinión está todavía por definir. En todo caso, a pesar de
esos déficit se han producido avances muy importantes en relación al
asociacionismo profesional en las Fuerzas Armadas, en primer lugar porque
el Consejo de personal de las Fuerzas Armadas es un órgano con capacidad
de informe preceptivo -que a nosotros nos parece muy importante- sobre
cualquier ley que afecte a la profesión, a la situación económica, a la
situación social de las Fuerzas Armadas. Este es un hecho muy importante
en nuestro país y creemos que va a ser un instrumento muy útil para que
lo que ocurre hoy con la carrera profesional pueda subsanarse mediante la
negociación y mediante el acuerdo y no mediante tensiones y disputas,
incluso dentro de esta propia ley cuando esta ley no tiene nada que ver
con la profesión militar porque, aunque en sus últimos párrafos aborda el
tema de la profesión militar, lo deja de una forma, en nuestra opinión,
inconcreta. Veremos, en el marco del Consejo, cómo se soluciona.
Por otra parte también se avanza en relación al observatorio, de tal
manera que en nuestra opinión este es, mediante una composición mejor, un
observatorio más fuerte, que incluso puede responder a inquietudes en
materia de investigación por parte de miembros de las Fuerzas Armadas sin
quitar nada de lo que son las competencias de los mandos y sin quitar
nada de lo que es la jurisdicción militar.
En definitiva, señorías, nosotros estamos satisfechos de esta ley, la
saludamos a pesar de sus insuficiencias y esperamos que el propio curso
de los acontecimientos, la práctica de esta ley, la mejore
sustancialmente en su aplicación e incluso la mejore en el futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
La señora Díez ha dado a la Presidencia una explicación bastante de su
ausencia y tiene la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, señora ministra, efectivamente estamos ante el último trámite de
una ley muy importante, ni más ni menos que la ley de derechos y deberes
de los miembros de las Fuerzas Armadas, una ley importante para ellos,
para los miembros de las Fuerzas Armadas, e importante para nuestro país.
Como dijimos en la presentación de la enmienda de totalidad -a la que ha
hecho referencia el señor Llamazares y que fue presentada y defendida por
Unión, Progreso y Democracia por esta misma diputada- esta debe ser una
ley para el siglo XXI, para el ejército del siglo XXI. Y es verdad que
con el trabajo conjunto que se ha venido haciendo desde que se inició el
proceso de debate de esta ley, tanto en ponencia como en Comisión, he de
decir que hoy tenemos ante nosotros un texto muchísimo mejor que el texto
que inicialmente vino al Congreso, lo cual tampoco tiene que ser ninguna
novedad ni una crítica para nadie, es el trabajo parlamentario y es lo
que tenemos que hacer. Ciertamente yo no hubiera hecho ninguna referencia
a la presentación de la enmienda de totalidad en relación con la mejoría
del texto, pero ya que se ha hecho en negativo entenderán que me sienta
casi obligada a hacerlo, justamente en el sentido contrario al que lo ha
hecho el señor Llamazares: yo creo que el hecho de que tuviéramos un
debate de totalidad ayudó a que todos nos comprometiéramos más si cabe a
perfeccionar la ley, creo que aquel trámite fue muy útil para el
resultado final y que algunas de las cosas que allí se dijeron en aquel
momento sobre la imprecisión del texto, sobre la necesidad de mejorar
muchos de los aspectos que venían en el texto que había salido del
Gobierno se han ido resolviendo y hoy el texto ha ganado en eficacia y en
claridad. Pero, si me permiten, sigue teniendo el tufillo -pongámoslo
entre comillas y desde luego en minúsculas- de un texto elaborado
inicialmente con demasiados prejuicios, impregnado de un cierto
inmovilismo de ciertos sectores de presión e influencia que no parecen
estar dispuestos o no parecían estar dispuestos a que las cosas cambien
de verdad dentro del ejército.
No reseñaré todas aquellas cosas positivas que hay en la ley porque seguro
que en el debate se van a poner todas de manifiesto y ya he apuntado
alguna de ellas, por tanto voy a utilizar mi turno para hablar de
aquellas cuestiones que hacen que esté razonablemente insatisfecha, para
decirlo con claridad, respecto del texto final. Hay dos cuestiones
sustantivas, sustanciales que no se han resuelto a mi juicio de manera
correcta. Una de ellas -la más importante desde mi punto de vista- es que
en la ley, en el artículo 7, se establezca que los militares no tienen
derecho a afiliarse a un partido político. Los militares lo son porque
son ciudadanos españoles; es decir, que precisamente por el hecho de ser
ciudadanos y tener todos los derechos que como ciudadanos tenemos pueden
ser militares del Ejército español y la ley puede y debe regular el
ejercicio de esos derechos. Pero ninguna ley orgánica puede limitar un
derecho que tenemos constitucionalmente como ciudadanos en el sentido de
eliminarlo, y mucho menos eliminar el ejercicio de ese derecho -no
regularlo, insisto- cuando no lo hace la Constitución. La Constitución
española cuando habla de los militares, o de las Fuerzas Armadas, o de la
Policía, o de
la Guardia Civil en esta materia, en la regulación de sus derechos
sindicales o políticos, de afiliarse a un partido político, no prohíbe la
afiliación sino que dice que habrá de regularse por ley, e incluso que
habrá de excepcionarse su uso. Es decir, habla de regular el ejercicio de
ese derecho, pero en modo alguno establece que haya de renunciarse a ese
derecho, que ningún ciudadano por el hecho de ser militar en este caso
tenga que renunciar a ese derecho. La Constitución ya dice, por ejemplo
en relación con la justicia, con los magistrados, con los jueces y con
los fiscales, porque lo quiere decir en un artículo, que, en activo, ni
jueces, ni magistrados ni fiscales podrán estar afiliados a un partido
político. Cuando la Constitución quiere ir así de lejos va, pero en el
caso de los militares no va así de lejos, sino que sencillamente expresa
que habrá de regularse cómo se ejerce ese derecho. Entonces, nosotros en
la enmienda que hemos presentado a ese artículo 7 no pretendemos que la
ley diga que tendrán derecho a afiliarse a los partidos políticos, lo que
pretendemos es que no diga que no tendrán derecho. Que no les prohíba una
ley orgánica lo que la Constitución no prohíbe. Así de sencillo. Que no
prohíba la ley orgánica un derecho fundamental que la Constitución no
prohíbe, ni la Constitución ni ninguna sentencia del Constitucional,
señora ministra; ninguna de las dos. Insisto, la Constitución ya excluye
del ejercicio de ese derecho a magistrados, jueces y fiscales en activo,
pero no lo hace para los militares. Entonces, ¿por qué lo tenemos que
poner en esta ley orgánica? ¿Qué miedo tenemos? ¿Tenemos miedo al
ejército del siglo XXI, a nuestros militares? ¿Miedo a que tengan un
comportamiento inconstitucional o anticonstitucional? ¿Tenemos que ir más
lejos de lo que va la Constitución en una cuestión que es un derecho
fundamental que, insisto, lo tienen los militares y el conjunto de los
ciudadanos españoles de forma ilimitada, en su ejercicio regulado de
forma específica, sí, pero no renunciar a ese derecho que es hasta donde
llega la ley. Creo que esta es una cuestión verdaderamente importante,
sustancial desde mi punto de vista y además no entiendo por qué no hemos
querido resolverla, no entiendo por qué este empecinamiento en ponerlo
expresamente en la ley, en obligarles a que renuncien a un derecho. Me
parece un prejuicio negativo sobre lo que es el ejército del siglo XXI en
España que no está avalado por el espíritu de los constituyentes y desde
luego mucho menos por el comportamiento de nuestro ejército y de la
moderna sociedad española del siglo XXI.
También tengo una discrepancia sobre cómo se elige el consejo. Pudiera
parecer un tema menor el que los miembros del consejo que representan a
los Ejércitos se elijan por designación, es decir, por elección directa
en vez de por libre elección, pero esta es una de esas cosas que van
quedando de ese tufillo del que hablaba al principio. Estas son dos
cuestiones importantes que lamento profundamente que no se hayan resuelto
en el trámite de Comisión, a pesar de los grandes avances que se han
conseguido. Uno muy importante es, por ejemplo, el relativo a la
incorporación y la ampliación de protección especial en lo que tiene que
ver con las viviendas de los militares, que incorporamos en la última
sesión de la Comisión y que humildemente he de reivindicar que es gracias
a una enmienda que habíamos presentado por lo que se permite que los
militares puedan mantener la vivienda si llegan a la situación de retiro
por enfermedad sobrevenida en el ejercicio de su actividad o por acción
terrorista. Es decir, la ley tiene otras muchas cosas muy importantes,
pero realmente no entiendo cómo se ha podido mantener esta denegación de
un derecho fundamental. Me parece que es producto de un miedo y de un
recelo impropio e injustificado hacia el Ejército español, hacia los
militares que componen el Ejército español, desde el último hasta el
primero, desde los que están hoy sentados en la tribuna hasta el último
que se acaba de incorporar. Considero que no lo hemos resuelto bien y por
eso digo, señora ministra, que la ley me deja razonablemente
insatisfecha.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Don José Ramón Beloki tiene la palabra.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la ley a cuya aprobación definitiva vamos a proceder en la
sesión de hoy va de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas, eso dice su denominación. Va hasta donde va, que no es en
absoluto -como por lo demás no suele ser habitual en ninguno de los casos
en los que se habla, en esta ocasión se legisla, de derechos y deberes de
ningún colectivo y tampoco del conjunto de los ciudadanos- hasta el final
del camino. Eso nunca ocurre tratándose de derechos y deberes, entre
otras cosas porque no hay tal final de camino, sino que, tratándose de lo
se trata, de derechos y deberes, estamos hablando más bien de un
horizonte hacia el que hay que caminar todos los días con notables
esfuerzos, un horizonte hacia el que se camina y, según se camina, va
perfilándose con nuevos rasgos. De eso se trata cuando se habla de
derechos y deberes. Por tanto, si se camina en la buena dirección
progresivamente se van actualizando, se van mejorando y se van
consolidando los derechos y se van precisando los deberes, y si se va en
la mala dirección se produce un deterioro de los derechos. Eso ocurre en
todos los ámbitos y también en el de las Fuerzas Armadas. En este caso y
a nuestro parecer, por lo que al texto se refiere, estamos en una
dirección correcta y esa es la razón de nuestro apoyo. Pero, dejémoslo
claro, no regulamos hoy y mucho menos garantizamos hoy el conjunto de los
deberes y de los derechos de los ciudadanos en uniforme, que es a nuestro
juicio lo que son los miembros de las Fuerzas Armadas. No perfilamos, no
regulamos, no garantizamos, como digo, el conjunto de los derechos y
deberes. Tenemos incluso una cierta percepción de que regulamos con más
precisión y con menos cautela los deberes que los derechos. Pero en todo
caso avanzamos, y lo hacemos sobre todo en lo que a nuestro juicio es una
especie de derecho transversal: el derecho a ejercer el derecho de
asociación profesional, herramienta o instrumento que debe ser básico
para ese camino que hay que seguir haciendo en la reivindicación del
ejercicio de los derechos y de los deberes. La Fuerzas Armadas van a
tener que seguir avanzando y van a tener que seguir rompiendo los cauces,
que en muchos casos han sido muy estrechos; van a tener que seguir
prescindiendo de cautelas y de temores con los que se han ejercido hasta
ahora los derechos en el pasado y se siguen ejerciendo en el presente. Y
para eso hará falta gente que, valiéndose de este instrumento del
ejercicio del derecho de asociación, siga luchando, siga haciendo que los
derechos sean reales, con un contenido progresivamente mayor, y que los
deberes se cumplan también en los límites que deben cumplir las Fuerzas
Armadas.
El paso por el Senado ha mejorado el texto de la ley, sobre todo en un
sentido: ha avanzado sobre lo que ya había avanzado el Congreso respecto
al texto original, de forma que ahora figuran menos conceptos nebulosos,
menos conceptos poco precisos. Ya sabe qué pasa con lo nebuloso, que
cuando se trata de derechos lo nebuloso va con algo que intenta ser más
bien restrictivo y cuando se trata de deberes lo nebuloso tiene una vis
expansiva clara. Nosotros creemos que había que precisar, que
efectivamente había que limitar, que establecer conceptos más claros, y
en esa clarificación se avanzó aquí, en el Congreso, y entendemos que se
ha avanzado también en el Senado. Por esta razón vamos a votar a favor
del conjunto de las enmiendas introducidas en el Senado. Pero, insisto,
no todas las penumbras han sido definitivamente iluminadas.
Y quiero hacer un comentario final. Repito, no estamos en el final de
ningún camino. Es un camino que en el pasado ha sido difícil, ha
conllevado sufrimientos de mucha gente en las Fuerzas Armadas que ha
tenido que luchar para que los derechos fueran tales y que en el futuro,
no nos engañemos, va a ser también un camino difícil. No va a ser un
camino evidente, porque en ninguno de los campos, y tampoco en las
Fuerzas Armadas, los derechos avanzan por sí mismos sin que haya gente
que los reivindique y que haga que esos derechos sean de aplicación en el
día a día. Mucho menos, evidentemente, hemos resuelto todos los problemas
de las Fuerzas Armadas, quedan muchos problemas y muy complicados. En el
entorno de esta ley se han manifestado algunos de los problemas que
tienen que ver con la puesta en vigor y aplicación de la Ley de la
Carrera Militar. Hasta donde se ha avanzado ha sido hasta la disposición
final duodécima, que establece determinadas obligaciones, también en este
campo, para el Observatorio militar. Solo cabe hacer votos para que esta
vía que se establece se oriente hacia una mejor solución de ese problema
difícil de la aplicación de la Ley de la Carrera Militar. Hacemos votos
y, por cierto, por lo que respecta a mi grupo, el Partido Nacionalista
Vasco, también mostramos la disposición a ser exigentes en que estas
cosas se cumplan en tiempo, en plazo y en forma. Finalmente, volvemos a
hacer votos para que sean los propios militares, valiéndose de forma
destacada, repito, de la regulación que la ley hace sobre el ejercicio
del derecho de asociación profesional, los que hagan de su vida una vida
profesional digna, a la altura de una sociedad avanzada, con unos
derechos que se vayan incorporando y ejecutando cada vez con mayor
plenitud y con un cumplimiento de los deberes, que también van a ser muy
difíciles todavía también y siempre en el siglo XXI.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Don Jordi Xuclà tiene la palabra.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en la votación final en primera lectura por parte del Congreso
de los Diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió hizo una
abstención condicionada a la mejora de este texto en su tramitación en el
Senado. Creo que el Senado ha hecho una muy buena labor de incorporación
de algunos aspectos, concretamente tres, a los cuales haré referencia
dentro de un momento, y que ahora nos permite afirmar y sostener que
tenemos una ley que refuerza nuestro sistema democrático porque da
cobertura de derechos y deberes a los militares, pero que también
aprovecha esta ley para, una vez más, convocar a los militares, a los
ciudadanos militares, a someterse al conjunto de las leyes democráticas,
a la Constitución y a esta afortunada asignatura pendiente que hoy
superamos -que tenía pendiente la democracia, los parlamentos en sus
distintas legislaturas y los gobiernos en sus distintos colores
políticos- y que hoy nos tenemos que congratular por su aprobación.
Quiero recordar algunas de las mejoras importantes y relevantes que se han
producido en el Senado en una línea más garantista, y que hoy vamos a
avalar con nuestro voto favorable a cada una de las enmiendas
incorporadas en el Senado, como, por ejemplo, el derecho de reunión y
manifestación, que en el ámbito militar tiene que ser autorizado por el
jefe de unidad y solo se puede oponer a este derecho de forma motivada,
como manifestación de garantismo; o la aplicación con carácter general de
los criterios de protección de los derechos y deberes, también en el
ámbito de las misiones internacionales, como norma general y solo la
excepción por circunstancias de los escenarios donde se desarrollan las
misiones del Ejército en el exterior. Señorías, hemos mejorado también
los artículos 8 y 9 referidos al derecho a la intimidad, a lo que de
forma general se habla en la ley como la dignidad personal y en el
trabajo de los militares, pero con medidas garantistas muy concretas y
muy importantes, como, por ejemplo, el registro de las taquillas. También
en el ámbito de las asociaciones profesionales
se les ha otorgado un nuevo derecho, el derecho de las asociaciones
profesionales más representativas a emitir informes.
Hasta aquí los puntos incorporados en el Senado, con los cuales nosotros
coincidimos y celebramos. Pero también terminamos esta tramitación con
discrepancias, en coherencia con las enmiendas que hemos planteado en
ambas Cámaras. Continuamos defendiendo que, dentro del marco de la
Constitución española, es posible desarrollar en esta ley el derecho de
afiliación de los militares a partidos políticos. Lo es de acuerdo con
los límites de la Constitución española, lo es en el marco de nuestro
entorno geopolítico donde otras democracias avanzadas europeas, empezando
por Alemania y continuando por tantos otros países, permiten
compatibilizar la obligación de neutralidad con el derecho de afiliación
a los partidos políticos.
Les hablaba de tres aspectos que Convergència i Unió consideró básicos
para poder transitar de la abstención al sí. Fruto de una negociación en
el Senado y fruto de una buena negociación, en la cual quiero subrayar el
papel que ha tenido el subsecretario del Ministerio de Defensa, estos
tres temas pendientes, claves por parte de mi grupo, se han resuelto
satisfactoriamente en el trámite del Senado. Primer punto, elección de
los miembros del observatorio de la vida familiar, en la que se requería
una mayoría reforzada para su elección. Planteamos dos tercios, tres
quintos, y hemos terminado cambiando la mayoría simple por la mayoría
absoluta y el acuerdo de tres grupos parlamentarios de cada una de las
Cámaras. Este es un reforzamiento que permitirá que la configuración de
este observatorio en ningún caso sea conformada con una línea de
coincidencia con el color de la mayoría, con el color del Gobierno.
Segundo punto, configuración del consejo de personal de las Fuerzas
Armadas. Después de las enmiendas introducidas en el Senado este consejo
de personal de las Fuerzas Armadas queda constituido en igual número por
los representantes de ambas partes, por los representantes de las
asociaciones profesionales y por los representantes del Ministerio de
Defensa. Muchas veces en derecho administrativo se habla de los poderes
exorbitantes de la Administración. Pues bien, señorías, en el punto de
encuentro entre las asociaciones profesionales y los representantes del
Ministerio de Defensa es bueno definir un perímetro de simetría, un
perímetro de igualdad entre las dos partes que están convocadas al
diálogo y a la negociación.
Y finalmente, pero no por ello menos importante, sino muy importante,
hemos conseguido, porque somos un poquito tozudos y porque ponemos
empeño, aquello que se nos negó inicialmente en la tramitación del
Congreso, esto es, la disposición final duodécima referida a la reforma
del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar. Señorías,
debemos empezar haciendo autocrítica de aquellos partidos que en la
anterior legislatura -y uno de ellos es mi grupo parlamentario- votamos
favorablemente la Ley de la Carrera Militar, dejando mal resuelto algunos
extremos de los regímenes transitorios. A pesar de alguna información
confusa que se ha producido al respecto, el mandato de la disposición
final duodécima es muy claro. A partir de la entrada en vigor de esta
ley, en un plazo de seis meses, el Gobierno debe remitir a las Cortes un
nuevo proyecto que se especifica claramente en la disposición final en
qué extremos se debe mejorar, elementos del periodo transitorio de la
ley, y en particular los referidos a la promoción y cambio de escala,
régimen de ascenso, antigüedad y pase a la situación de reserva y
reconocimientos académicos de las formaciones adquiridas, así como al
retiro del personal discapacitado, considerando en su caso los
correspondientes efectos económicos. Señorías, si este proyecto se tiene
que presentar en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor,
también se habla de que previamente la Comisión de Defensa deberá
trabajar para dar audiencia a los distintos colectivos y para que esta
reforma se plantee en estas Cortes Generales con el criterio formulado
por parte de la Comisión de Defensa. En consecuencia, a partir del 1 de
septiembre la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados tiene
mucho trabajo, tiene el trabajo de elaborar un informe dando audiencia a
todos los colectivos que de forma reiterada, señorías, nos han expresado
algunos aspectos no bien resueltos de la Ley de la Carrera Militar.
Termino, señor presidente. Insisto, hoy superamos una gran asignatura
pendiente y debemos felicitar al Gobierno y a esta ministra por haber
afrontado el complemento, la configuración de una pieza clave de nuestro
bloque de constitucionalidad a través de una ley orgánica que dará
derechos y deberes a los militares, que convoca a los militares a
desarrollarse en un marco democrático, pero que especialmente después de
treinta y dos años de democracia da cobertura de derechos fundamentales a
favor de los militares. Por esto, es un buen día para terminar mi
intervención diciendo que con esta ley podemos decir: ¡Viva la
democracia!
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones tiene la palabra.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, en este trámite final de la ley en este último momento quiero,
como todos los portavoces anteriores han hecho, hacer un acto de
reconocimiento a la señora ministra y a su equipo del Ministerio de
Defensa. Hemos hablado especialmente del equipo del señor subsecretario,
que ha tenido una actitud muy abierta y hemos trabajado muy bien en una
ley orgánica fundamental. A los responsables militares quiero
agradecerles además que nos acompañen en este momento, a todos los
expertos que nos han ayudado y aconsejado, a los representantes de las
asociaciones que llevan luchando con más que perseverancia -por decir un
término simple-
por conseguir una ley de este tipo, y a tantos que han batallado durante
tantos años para conseguir esta ley. A todos, quiero mostrarles nuestro
reconocimiento porque nos han ayudado como parlamentarios y creo que el
texto ha mejorado mucho en este trámite, lo hemos dicho todos.
Sé que hay cuestiones pendientes, por supuesto. Con todos hemos hablado,
debatido y discrepado, pero dentro del máximo respeto. Como ha dicho bien
el señor Beloki, esto es un proceso, iniciamos un camino que es el
adecuado y a lo largo de este proceso conseguiremos finalmente tener la
ley que satisfaga a todos. Nosotros somos los legisladores, pero ahora lo
que nos toca como responsables políticos es escuchar mucho a los
militares. Ellos saben lo que es necesario hacer en el desarrollo de esta
ley: escuchar, escuchar y escuchar. Al decir esto creo que es
precisamente lo que no se ha hecho en el desarrollo de la Ley de la
Carrera Militar, no se ha escuchado suficientemente. Señorías, en esta
ley teníamos unas enmiendas muy importantes, y quiero hacer alusión a
ellas. El juego de las mayorías parlamentarias es el que es, esas
enmiendas no han podido prosperar pero ha prosperado, como ha dicho el
señor Xuclà, la disposición final duodécima con la obligación legal de
revisar la ley de la carrera, teniendo en cuenta cada uno de los casos
que habíamos enumerado en nuestras enmiendas. Por lo tanto, tenemos una
obligación, prácticamente en el mes de enero tendría que haber esa
revisión -son seis meses- y además nosotros tenemos un compromiso
político con todos aquellos colectivos de los que nos habíamos hecho eco
en las enmiendas. Tenemos un compromiso, y lo vamos a llevar a término. Y
vuelvo a decir que tenemos que escuchar a partir de ahora a los militares
para hacer un buen desarrollo de esta ley. (La señora vicepresidenta,
Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Estamos en el trámite final,
hemos descrito muchas veces cuáles eran las cuestiones que nos
preocupaban, todos los portavoces lo han expresado bien, yo creo que se
han regulado bien los derechos y que el ejercicio lo mejorará, que el
observatorio y el consejo de personal se han dotado potentemente como
instrumentos de verdad para velar y ser cauce de las cuestiones
profesionales. Creo que las condiciones de vida de un colectivo muy
singular, sujeto a traslados, a situaciones muy difíciles con las
familias -a las que hay que apoyar con viviendas y escolarización-, un
colectivo que vive situaciones dramáticas en zonas de operaciones,
etcétera, está apuntado todo en la buena dirección. Creo que los límites
que se establecen son exclusivamente los que la Constitución reclama; no
es que la Constitución lo enumere pero, al encargarles determinadas
misiones eso conlleva determinados límites, aunque creo que se ha sido
muy estricto en que los límites sean los menores.
Señorías, creo que mejoraremos en el desarrollo de esta ley y que
sencillamente tenemos que ser modestos en lo que estamos haciendo y ser
poco grandilocuentes. Hemos hecho una ley que no da derechos, sino que
regula el ejercicio de unos derechos. Nosotros no hacemos a nadie más o
menos ciudadano. Son ciudadanos como yo, como ustedes, como todos los
españoles, y nosotros regulamos el ejercicio de esos derechos. Pero no
son más o menos ciudadanos por lo que digamos nosotros, en modo alguno,
sino porque han nacido en un país democrático, con una Constitución que
les ampara y en un Estado de derecho. Ellos han jurado defender a este
país y a esta Constitución incluso con su vida. Por eso son ciudadanos.
Esa es su grandeza. Por eso nosotros les debemos respeto y
reconocimiento.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Rodríguez-Salmones.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Señora presidenta, señorías, si algo ha
cambiado en relación con el texto que salió del Congreso, este proyecto
de ley orgánica de derechos y deberes de los militares, es que -se ha
dicho ya- ha clarificado algunos aspectos relacionados con derechos
concretos. Yo quiero resaltar, en primer lugar, que quizá el cambio más
importante es que ha multiplicado el consenso -y ya era importante el que
tenía este proyecto de ley-, porque Convergència i Unió ha anunciado que
de una abstención pasa a un sí en la ley. Por tanto, es un consenso
completo. Creo que eso es lo que conviene poner de relieve, porque
estamos haciendo frente a una cuestión que no estaba resuelta y que me
parece que es la piedra angular, el núcleo de este proyecto de ley.
Los militares españoles, por mandato constitucional y por una sentencia
del Tribunal Constitucional del año 2001, no tienen derecho de huelga ni
de negociación colectiva ni del ejercicio de medidas relacionadas con la
conflictividad colectiva. Eso es así. Pero eso no quiere decir -lo dice
la propia sentencia del Tribunal Constitucional- que no tengan derecho a
organizarse para defender sus objetivos profesionales y sus derechos
laborales. Este era el desafío al que nos enfrentábamos legislativamente
hablando y es el que se ha resuelto, como se ve, con un amplísimo
consenso. Esa es una buena noticia para el conjunto de las Fuerzas
Armadas, pero también para el conjunto de la sociedad. Es decir, aunque
no se tenga derecho de huelga, aunque no se tenga derecho a la
negociación colectiva, aunque no se tenga derecho al ejercicio de
determinadas medidas de conflictividad laboral, sí se tiene derecho -y se
debe organizar en esta ley- al ejercicio de la defensa de los derechos
profesionales y laborales de los militares.
La segunda cuestión que quiero poner de relieve es que ahora la ley sale a
la realidad y, si hubiera que establecer algún criterio de evaluación
para la utilidad de este proyecto de ley, es si el consejo que regula
esta ley cumple con la función de esos objetivos que he señalado y si las
asociaciones profesionales de militares -que son nuevas, son un
instrumento nuevo- son unas asociaciones
fuertes, capaces de representar a esos 134.000 militares que tienen
derechos profesionales y laborales. Para mí esta es la ecuación
fundamental en la que se basa esta ley. Ese es el elemento que más
tenemos que destacar. Por tanto, existe un consenso que hoy se hace
amplio.
No he entendido muy bien a la señora Díez, no sé si se va abstener, no la
he entendido porque no lo ha anunciado en la tribuna. Ha hecho un
esfuerzo por la apariencia de falta de consenso; hay consenso, cuando hay
consenso, lo hay. Por lo tanto, creo que hay que destacarlo, hay que
ponerlo de relieve. Los ciudadanos quieren que lleguemos a consensos,
aquí hemos llegado a un consenso y, perdone, señoría, ha utilizado usted
una mercancía caducada, hay un consenso amplísimo en la Cámara sobre una
cuestión que tiene que ver con la relación constitucionalmente
establecida entre los militares y los partidos políticos. Está resuelta,
y además está resuelta sin que tengamos dificultades ni parlamentarias ni
políticas para asimilarla. Por lo tanto, una exhibición de falta de
consenso cuando la realidad es la que es no me parece que sea lo más
razonable. En cualquier caso, me alegro por la existencia de ese
consenso.
Señorías, estamos hablando de la regulación en la defensa de los derechos
profesionales y laborales de los militares, que producen un bien público
que valoran mucho los ciudadanos, que es el de la seguridad. Por lo
tanto, tiene una mayor trascendencia, lo estamos tratando de una manera
específica porque constitucionalmente tiene un tratamiento específico,
pero tiene una gran trascendencia que funcione bien lo que esta ley
regula desde el punto de vista del interés público, del interés general.
Eso es muy bien valorado por el conjunto de los militares, por toda la
estructura militar a la hora de ejercer su actividad para conseguir ese
bien público tan valorado, que es el bien público de la seguridad.
Señorías -se ha dicho aquí, y voy terminar con ese dato de la realidad-,
nos esperan unos meses de trabajo intenso -lo han dicho ustedes, lo ha
dicho el señor Xuclà, lo ha dicho el señor Beloki- porque es verdad que
se ha mejorado la parte que tiene que ver con aspiraciones de carrera
militar recogidas en esta ley, y es verdad que se le da una función
esencial a la Comisión de Defensa. La Comisión de Defensa tiene que
ponerse de acuerdo -eso es lo que hemos establecido- sobre aquellos
aspectos de la carrera militar que puedan ser mejorados. Tenemos que
ponernos de acuerdo nosotros, los grupos parlamentarios, tenemos que
hacer ese trabajo para que luego se puedan hacer efectivamente las
modificaciones que sean necesarias. Pero hay un trabajo intenso. El
proyecto de ley, tal y como ha sido modificado en el Senado dice que en
el plazo de un año el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados; se
ha modificado en el Senado. Pero, señora ministra -y la felicito por
ello-, ya está cumplido ese requisito porque el proyecto de ley de
disciplina ya está aquí, está registrado. Por lo tanto, desde ese punto
de vista es cierto, tenemos un intenso trabajo los próximos meses, un
buen trabajo completa un proceso de reformas muy intenso durante estos
años, pero yo me alegro desde luego, en primer lugar, de que lo hayamos
hecho con un consenso unánime de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Cuadrado.
Tiene la palabra la señora ministra de Defensa.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Gracias, presidenta.
Seré muy breve, pero por puro deber de gratitud quería subirme en un
momento como este a la tribuna. Sin grandilocuencias, y conscientes de
que abrimos una fase tan sensible como la que hoy cerramos, creo que es
bueno decir las cosas por su nombre. Hoy estamos culminando el marco
legal de transformación y de modernización de nuestras Fuerzas Armadas.
Llevamos ya más de un tercio de siglo de democracia, este país en esos
más de treinta años ha cambiado mucho, y en la mayoría de casos ha
cambiado para bien, pero probablemente si alguna transformación es
incontestable, si algún avance es hoy incontestable es el de nuestras
Fuerzas Armadas y el camino impecable que ha recorrido en estos más de
treinta años de democracia. Y sí, hoy nuestros militares son igual de
profesionales que ayer, igual de militares que ayer, pero son más
ciudadanos, porque regulando sus derechos y deberes estamos procurando el
ejercicio de los mismos que hasta ahora no habíamos vivido. Hoy nuestros
militares se han convertido de forma incontestable para toda la sociedad
española, además de en igual de militares y más ciudadanos, en una
garantía de nuestro progreso, de nuestra libertad y de nuestra seguridad,
y creo que es bueno reconocérselo. Hoy este trámite también, en la
finalización de esta ley, es una suerte de reconocimiento a todo eso.
Generales, almirante, y en ustedes al resto de nuestras Fuerzas Armadas,
hoy la sociedad española está saldando una deuda. Me gustaría que el
consenso de hoy y esta ley fueran una manera de decir a todos nuestros
militares que cada vez que corren riesgos, que cada vez que se alejan de
sus familias, que cada vez que se sacrifican, todos los españoles estamos
detrás de ellos. También creo que esta ley es una manera de dar las
gracias a ese impecable camino que nuestras Fuerzas Armadas han realizado
en democracia.
La última de las gratitudes es para sus señorías, es para esta Cámara.
Estamos en un momento en que en este país se piden acuerdos, pactos y
consensos, pero también sabemos que no son fáciles. Quiero dar las
gracias a todos los parlamentarios, y en particular a los miembros y a
los portavoces de la Comisión de Defensa, por este espíritu de consenso
que nos ha conducido desde antes de que llegara la ley a esta Cámara y
con toda seguridad en su paso por el Congreso y por el Senado. Me
gustaría que este esfuerzo de todos -de nuestras Fuerzas Armadas, del
equipo del Ministerio de Defensa,
a quien también hoy quiero darle las gracias, y de nuestros
parlamentarios-, este espíritu de consenso sea un granito de arena de un
embrión de algo mucho mayor, algo que España lleva mucho tiempo
pidiéndonos a los políticos y a los parlamentarios, y es que seamos
capaces de hacer el esfuerzo que en esta ley hemos hecho, el de pactar,
el de acordar y el de consensuar hasta el punto de una unanimidad, que
sin duda merecían los miembros de las Fuerzas Armadas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
ministra.
- PROYECTO DE LEY DEL REGISTRO CIVIL. (Número de expediente 121/000090.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos, en el debate de
las enmiendas, al proyecto de ley del Registro Civil. Por el Grupo de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene
la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en la tarea de modernización de la justicia que está acometiendo
en la actual legislatura no solo el Gobierno, sino también estas Cortes
Generales no podía faltar la modernización de una estructura que ha
quedado francamente obsoleta, anticuada, cuya ley reguladora además es de
1967 y que no ha sufrido apenas alteraciones desde entonces. Estamos
hablando del Registro Civil.
El presente proyecto, cuya tramitación culmina hoy con el debate y
aprobación en el Congreso de los Diputados después de su paso por el
Senado, debería servir para que de forma más o menos directa agilice y
descargue de trabajo las sedes judiciales, particularmente todas aquellas
que tienen encomendadas la gestión del Registro Civil. Sin duda esta es
una iniciativa, un proyecto de ley que va a descargar de trabajo la
competencia en materia de Registro Civil, aunque efectivamente la
solución técnica que adopta el proyecto ha sido criticada, objetada por
parte de algunos sectores, en el sentido de que va a pasar directamente a
depender de la Dirección General del Registro y del Notariado, además de
que la principal novedad que incorpora es que va a pasar a un solo
registro electrónico... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.
El señor RIDAO I MARTÍN: ... de modo que para ejemplificar esta
modernización del registro podríamos decir que los libros de familia van
a pasar a la historia y van a ser sustituidos simplemente por
certificaciones registrales. Así, señorías, los ciudadanos y las
administraciones podrán tener acceso informático a los datos y se podrán
obtener certificaciones directamente a través de la red, lo que va a
agilizar de forma muy notable todos los procesos de información y de
obtención de datos en el registro. Se trata de una modernización en toda
regla, en la línea de lo que debería ser un registro civil moderno, y
mucho más después de las mejoras sustanciales que ha experimentado este
proyecto a su paso por el Congreso y por el Senado. Particularmente
quisiera dejar constancia de ello en el "Diario de Sesiones" por los
distintos acuerdos con nuestro grupo parlamentario a partir de algunas
transacciones y enmiendas incorporadas.
Son pocas las objeciones que a día de hoy podemos hacer de este proyecto,
dentro de poco ya ley. Una de ellas, quizá la más importante, es la forma
cómo se ha resuelto el orden de los apellidos en caso de desacuerdo.
Creemos que la opción finalmente escogida por la ley de que sea el
encargado del Registro Civil quien en interés del menor decida el orden
de los apellidos en caso de desacuerdo no es la mejor de las alternativas
posibles. En segundo lugar, tampoco se aborda a nuestro entender la
inscripción de la transexualidad, lo cual no deja de ser un auténtico
anacronismo y una oportunidad perdida. En tercer lugar, como último
reproche a este proyecto de ley que sometemos a su aprobación, está la
regulación de las distintas lenguas. A pesar de que es verdad que el
proyecto hace mención expresa a la lengua de aquellos territorios que
disponen de una lengua distinta del castellano a efectos de inscripción,
no se incorpora la inscripción automática en la lengua de cada uno de los
usuarios del registro, sino que se hará a petición de ellos y no por
defecto. Creemos que no se corresponde ni con el bloque de
constitucionalidad ni con el derecho de las distintas personas.
Finalmente, constatamos que a su paso por el Senado este proyecto ha
experimentado alguna pequeña variación y haré simplemente tres
observaciones. En primer lugar, hay algunas correcciones podríamos decir
de orden técnico en el articulado. La más sustancial, la que introduce la
previsión de que el silencio administrativo en los procedimientos será
negativo, no podemos compartirla porque el silencio debería ser siempre
positivo en beneficio del ciudadano. Se introducen algunas disposiciones
adicionales que regulan la puesta a disposición de datos de
identificación personal de nacionales y extranjeros entre los ministerios
de Interior y de Justicia y el procedimiento para la inscripción de
desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura en el Registro
Civil...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor.
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta.
... lo que supone un muy tímido avance para la inscripción de las personas
desaparecidas que no supone además una rectificación sobre las causas de
defunción
de las mismas. Esta fue una petición que hizo nuestro grupo en el Congreso
que no fue estimada por el Gobierno ni por el Grupo Socialista, que sí se
ha incluido en el Senado, pero parcialmente y de forma muy modesta y con
una solución que no compartimos. Vamos a votar globalmente de forma
positiva el resto de enmiendas que vienen del Senado y el conjunto del
proyecto de ley porque he significado ya a lo largo de mi intervención
que nos parece francamente positivo.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor
Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, estamos ante un
buen proyecto de ley. Señor ministro, le felicito por el trabajo
realizado por los técnicos que lo han fabricado. Constituye un buen
cigoto jurídico que va a nacer en forma de robusto bebé, sin alusiones al
género, porque hay que ser políticamente correcto en estas materias, y la
percepción de nuestro grupo es que con pretensiones de durabilidad. Hay
algunas contradicciones que no se han resuelto bien. Ya se las comentamos
en el debate en el Congreso de los Diputados. La primera contradicción es
que desjudicializar el Registro Civil es conceptualmente razonable, señor
ministro, pero lo que no resulta razonable es utilizar como título de
atribución de competencias a las comunidades autónomas precisamente
aquella que se les reconoce en sus estatutos de autonomía en relación con
los medios personales y materiales de la Administración de Justicia.
Estamos hablando de Administración de Justicia pero en el sentido lato
del término porque está desjudicializado, luego este título competencial
propiamente no sería el directamente aplicable para legitimar la
actuación autonómica en este ámbito. Pero se hizo así y como los títulos
competenciales o las competencias autonómicas se respetan, no vamos
nosotros a levantar particularmente la voz contra este pequeño desafuero.
Luego hay un tema que tampoco se ha podido resolver bien,
desafortunadamente, señor ministro, que es el reingreso de los jueces o
juezas encargados del Registro Civil a la carrera judicial, sobre todo
cuando solo se garantiza la reincorporación a audiencias provinciales, en
su condición de magistrados, a los jueces o juezas del Registro Central y
no a los demás, que tienen que incorporarse a juzgados de primera
instancia, como si fuera una persona que acaba de culminar su formación
en la Escuela Judicial, señor ministro, lo cual en nuestra opinión no se
corresponde con el decoro y la profesionalidad de jueces o juezas
especializados en derecho de familia que pueden realizar funciones
importantes en una segunda instancia procesal en las audiencias
provinciales, y también por respeto a la antigüedad y a la solvencia
demostrada en la aplicación de los requerimientos complejos del derecho
de familia.
La ley ha mejorado en su paso por el Senado. El Senado ha mejorado el
proyecto de ley y esto hay que ponerlo de relieve, señora presidenta,
aunque solo fuera por la circunstancia de que no suele ocurrir así
habitualmente. Desde esa perspectiva lo ha mejorado en temas tan
importantes como en la determinación de cuándo existe una personalidad
que debe ser objeto de inscripción: una vez producido el entero
desprendimiento del seno materno. Es un tanto alambicada la definición,
pero más comprensible que la que pudimos consensuar en el Congreso de los
Diputados.
En relación con los impuestos ya le indico nuestra abstención en relación
con la enmienda número 62, relativa a la disposición final quinta bis
(nueva), sobre el impuesto sobre trasmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, en tanto en cuanto es un impuesto concertado,
está previsto en los requerimientos de la Ley del Concierto Económico y
suele ser una posición habitual de mi grupo parlamentario abstenerse en
relación con cuestiones que hacen referencia al Concierto Económico y a
los impuestos que son objeto de concertación.
Nos parecen sin embargo muy razonables, muy dignas de expresión
apologética dos menciones incorporadas en el texto del Senado, aunque
negociadas ya en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados,
previamente: la posibilidad de adquirir la nacionalidad española para los
nietos de exiliados tras la guerra civil y también, en el caso de
resolución favorable del registro, la posibilidad de inscripción del
fallecimiento de los represaliados tras la guerra civil española.
Dicho lo cual, no hay más que glosar un problema que ha focalizado la
atención, por lo menos mediática, sobre este proyecto de ley,
desafortunadamente, porque yo no voy a decir que sea una cuestión -el
orden de los apellidos- anecdótica, pero no es ni mucho menos la más
importante de las cuestiones objeto de regulación. En cuanto al caso de
divergencia de los progenitores en relación con el orden de los
apellidos, el señor Villarrubia y yo tuvimos la ocasión de exponer y de
contrastar nuestros conocimientos sobre el título de derechos y
obligaciones del Código Civil del año 1989 y creo que ninguno de los dos
estuvimos a la altura o demostramos unos conocimientos suficientes para
aprobar incluso la asignatura, si tuviéramos ahora que afrontar este reto
en cualquier Facultad de Derecho. Pero en todo caso estamos imponiendo al
encargado del registro una obligación de naturaleza imperativa, no
dispositiva. Nosotros hubiéramos sido más partidarios de instar al
encargado del registro a que intente consensuar o buscar fórmulas de
aproximación u otros criterios más objetivos que la imposición a un
funcionario de una obligación de naturaleza imperativa, que estos
funcionarios, porque ya se lo han manifestado así colectivamente,
repudian, no quieren asumir.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por
favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con estas palabras acabo.
Señor ministro, flaco favor hemos hecho a los encargados nuevos del
registro, obligándoles o poniéndoles en la tesitura de realizar una
opción tan vidriosa como la que hemos comentado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señor ministro, señoras y
señores diputados, hoy se aprueba en el Congreso de los Diputados ya de
manera definitiva -por tanto a partir de la aprobación de hoy será ley-
la nueva normativa que regula el Registro Civil. Quería en primer lugar
felicitar al ministro de Justicia por haber presentado este proyecto de
ley y por haber intentado llegar a puntos de acuerdo con los distintos
grupos parlamentarios y que hoy salga de las Cortes Generales un proyecto
de ley importante que va a definir un nuevo modelo de Registro Civil, un
Registro Civil adaptado a las nuevas tecnologías, que supera lo que había
sido hasta ahora el Registro Civil del lugar. Va a ser el Registro Civil
de las personas, un Registro Civil moderno, un Registro Civil de nueva
concepción. Por tanto felicidades, señor ministro, por haber impulsado
esta norma que tiene trascendencia, que no estaba exenta de problemas
porque es un cambio radical, pero desde Convergència i Unió queremos
reconocer el esfuerzo realizado para en primer lugar respetar el ámbito
autonómico, donde estatutos de autonomía como el de Cataluña reconocen
claramente que en materia de Registro Civil tienen la competencia
ejecutiva y por tanto no pueden legislar, pero deben tener todas las
atribuciones de desarrollo de esta ley. Creo sinceramente que hemos
introducido a través de enmiendas precisiones que de alguna manera evitan
conflictos posteriores, porque cierto es que ya el proyecto reconocía esa
competencia ejecutiva también a más comunidades autónomas que la habían
asumido en sus estatutos, pero no está de más que, a la hora de ir
fijando dónde se ubican los registros, qué atribuciones tienen las
comunidades autónomas en las relaciones de puestos de trabajo, en
convocar y resolver los concursos, en tantos aspectos ejecutivos, se haya
precisado mucho mejor y por tanto quiero agradecérselo al Ministerio de
Justicia y a los distintos ponentes y acordarme hoy también de José Luis
Rodríguez, que está ya con otras misiones importantes desde una óptica
constitucional, pero que tuvo en su momento una capacidad negociadora que
ha dado sus frutos con la aprobación de este proyecto de ley que a partir
de hoy será ley.
El Senado ha introducido diversas enmiendas y ya avanzo, señora
presidenta, señorías, que Convergència i Unió va a dar apoyo a todas
ellas y por tanto a una que sé que no es pacífica pero es del todo justa.
Nosotros hemos introducido en el Senado la disposición final quinta bis
(nueva), que no es otra cosa que eliminar una injusticia que padecen
aquellos territorios como Cataluña, en donde el régimen matrimonial
aplicable normalmente es el de separación de bienes. Esas parejas, cuando
hay una separación, están discriminadas en la aplicación de las
exenciones del impuesto sobre transmisiones patrimoniales respecto de las
del régimen de gananciales. Desde Cataluña no admitimos esa
discriminación y por eso nosotros vamos a apoyar hoy una vez más esta
disposición final quinta bis (nueva).
Quiero destacar de la nueva normativa algunos avances no solo en el ámbito
competencial que he citado y que eran enmiendas de Convergència i Unió,
sino también en la introducción de dos disposiciones adicionales que
entendemos de gran importancia y también de la disposición final tercera
a la que después me referiré. Concretamente, respecto a la disposición
adicional cuarta, se planteó en la pasada legislatura a través de una
proposición no de ley de Convergència i Unió lo que veníamos a denominar
la reforma Amanda. La reforma Amanda trata de dos padres, Gina, la madre,
Joan, el padre, de Sant Cugat del Vallès, que no pudieron poner nombre a
esa, para el registro, criatura abortiva, que no había llegado a nacer,
pero que está en un registro en un legajo. Finalmente, se ha llegado a
una solución y se va a poder ponerle nombre. Ellos querían ponerle Amanda
y por eso se llama la reforma Amanda: disposición adicional cuarta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Jané, por favor
tiene que acabar.
El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya.
En cuanto a la disposición adicional quinta...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Sí, pero, señor Jané, es
que no tiene tiempo.
El señor JANÉ I GUASCH: ... que también introdujo nuestro grupo
reconociendo los juzgados de paz, también aquí van a poder tener un
protagonismo, tal como nos pedían.
Por último -y termino ya-, en cuanto a la disposición final tercera, hemos
conseguido superar un incumplimiento de las normativas internacionales de
protección de los derechos del niño. La personalidad -artículo 30 del
Código Civil- se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez
producido el entero desprendimiento del seno materno. Ni tienen que
transcurrir veinticuatro horas, ni tener figura humana, hemos eliminado
una legislación que era del todo anacrónica y que nos separaba de la
legislación internacional, y con ello la hemos armonizado también con el
derecho civil propio de Cataluña, ya que el propio Parlament de Catalunya
también había introducido esa misma regulación que ahora recogerá la
nueva ley del Registro Civil modificando en este caso el artículo 30 del
Código Civil.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Jané, por favor.
El señor JANÉ I GUASCH: ..., damos nuestro apoyo a todas las enmiendas que
vienen del Senado. Quizás este sea el último debate en el Pleno de una
ley en materia de justicia en esta legislatura. Si fuera así, nos han
quedado algunas asignaturas pendientes que en otros debates o en otras
legislaturas tal vez podremos afrontar.
Señora presidenta, señorías, muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ferrer
Roselló.
El señor FERRER ROSELLÓ: Señora presidenta, señor ministro, señorías,
afirmaba mi grupo ante la Cámara con ocasión del reciente debate sobre el
proyecto de ley del Registro Civil que era absolutamente desproporcionado
y si me apuran innecesario reinventar la institución, recurrir a un giro
copernicano en el modelo de registro cuando no existía realmente una
demanda social. Decíamos que para introducir las mejoras técnicas, la
modernización de medios y procesos no era preciso tomar de nuevo La
Bastilla. Con todo y con ello, el Grupo Popular no dudó en mostrarse
satisfecho del ambiente de consenso que había reinado en toda la
negociación, del esfuerzo realizado por los grupos y también por el
ministerio. En cualquier caso, era una ley de la que podíamos sentirnos
moderadamente orgullosos.
El proyecto, como no podía ser de otro modo, ha continuado su trámite en
el Senado y como consecuencia de la intervención de la Cámara Alta vuelve
a esta casa con algunas modificaciones que son el objeto del debate que
hoy nos ocupa. Se trata pues, señorías, de centrarnos en definir si estas
legítimas y casi siempre atinadísimas aportaciones nos parecen un acierto
o si, como la Magdalena de La venganza de don Mendo, somos de la opinión
de que terció pero hizo mal tercio. Son varias las enmiendas introducidas
que requerirían de nuestra atención y ya les adelanto que votaremos
afirmativamente la práctica totalidad de ellas, pero si me lo permiten
voy a centrar mi intervención en una por considerarla de especial
trascendencia, y ello porque a nuestro juicio viene a reparar una
injusticia que carece de razón de ser.
Me refiero a la disposición final quinta bis (nueva), que modifica el
texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados y más concretamente el número 3 de su
artículo 45.I.B), que tiene su origen en una enmienda -como bien apuntaba
el señor Jané- de Convergència i Unió, que viene a decir en resumen que
debe equipararse el régimen matrimonial de separación de bienes al de
gananciales en orden a la exención del impuesto en aquellos tráficos
patrimoniales entre cónyuges consecuencia de la disolución del
matrimonio. La vamos a apoyar por dos razones, señorías. En primer lugar,
por un ejercicio de coherencia elemental. El Grupo Popular presentó en
esta misma legislatura una proposición de ley publicada en el boletín de
la Cámara de 18 de octubre de 2010, que fue brillantemente defendida
-como es su costumbre- por mi compañera Dolors Montserrat, cuyo título
era -y cito textualmente- proposición de ley relativa a la inclusión de
la disolución de matrimonios con el régimen de la separación de bienes en
la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Estamos
hablando pues de iniciativas idénticas y ya conocen ustedes que eso que
algunas de sus señorías suelen identificar con cierta ligereza -si me
permiten la opinión- como actitudes conservadoras se trata más bien de
una cierta pasión por la coherencia. Reconozco que el Partido Popular
tiene un especial empeño por mantener sus opiniones año tras año.
En segundo lugar, tal y como les apuntaba, es una cuestión de justicia.
Del mismo modo que las leyes civiles por imperativo constitucional
protegen a las familias, las fiscales prolongan esa protección a las
complejas relaciones económicas que se pudieran generar en su seno, y de
manera principal a aquellas que tienen su origen en situaciones de
crisis, bien sea separación, nulidad o divorcio. Coherentemente con este
espíritu, el artículo 45 de la Ley del impuesto prevé la exención de su
pago en el tráfico patrimonial entre los cónyuges con ocasión de los
procesos de disolución matrimonial. Sin embargo, la sentencia del
Tribunal Supremo de 30 de abril de 2010 interpretó la norma en el sentido
de limitar el beneficio fiscal a aquellos matrimonios que gozan del
régimen de gananciales y excluyendo por la misma razón a los que se rigen
por el de separación de bienes; opción que constituye el régimen
ordinario y preferente para buena parte de los ciudadanos de esta piel de
toro que en algún momento fuimos leales súbditos de la Corona de Aragón.
Nos encontramos pues ante un caso evidente de trato fiscal
discriminatorio de los contribuyentes en función del régimen económico
matrimonial, tanto más significativo cuando hay comunidades autónomas
donde la separación constituye el régimen ordinario y preferente. Por
tanto, solicitamos a sus señorías se sumen a esta nuestra posición que
compartimos con Convergència y otros grupos. Reparamos una injusticia y
se ganarán el eterno agradecimiento de 13 millones de catalanes,
mallorquines y valencianos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Ferrer.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Juanes.
La señora JUANES BARCIELA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro de Justicia, en primer lugar deseo agradecer su
presencia en el último trámite de este
proyecto de ley. A lo largo de esta legislatura hemos trabajado
intensamente y hemos impulsado un conjunto extenso de medidas destinadas
a la modernización de la justicia porque las circunstancias así lo
exigían y prueba de ello es esta ley. Por eso quiero comenzar mi
intervención valorando muy positivamente este proyecto de ley, como lo
han hecho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
Es cierto, señor Ferrer, que nos encontramos en una coyuntura compleja,
pero este argumento no nos puede servir de excusa para huir de la
realidad, porque tras casi sesenta años de vigencia de la actual Ley del
Registro Civil de 1957 y de su reglamento de 1958, la modificación
integral de la misma se había convertido en una cuestión inaplazable.
Estas dos disposiciones básicas ya no se corresponden con las demandas de
la sociedad actual, y no solamente porque sean anteriores a los
principios y valores de la Constitución española, sino por más
cuestiones. Puede que al Grupo Popular esta ley, como usted ha
reconocido, no le produzca ningún entusiasmo, pero, señor Ferrer, muchas
veces el riesgo que corremos actuando es mucho menor que el de quedarnos
inactivos. Decía Pablo Coelho: Cuando atrasamos la cosecha los frutos se
pudren, pero cuando atrasamos los problemas no paran de crecer. Por eso,
señorías, hemos dado pasos de indudable trascendencia en esta ley.
Hemos desjudicializado el registro, es decir, hemos descargado a los
órganos judiciales de tareas que son de naturaleza administrativa,
permitiendo a los jueces dedicar más tiempo a su función jurisdiccional
de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Para ello hemos seguido el modelo
que rige en la mayoría de los países de nuestro entorno: Alemania,
Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos o Suiza. España ya no es una
excepción. Hemos dado además un paso esencial, configurando el Registro
Civil de las personas. Cada persona ahora pasará a tener un historial
individual. Con el nuevo modelo el ciudadano podrá solicitar por medios
electrónicos desde su casa la información que obra en el registro, como
también podrá proceder a la inscripción telemática, con independencia del
lugar donde se produzca el hecho inscribible.
Señorías, la introducción de las nuevas tecnologías va a permitir
configurar un Registro Civil único para toda España, con una base de
datos única que permita la interconexión entre las distintas
administraciones públicas y sobre todo que facilite al ciudadano el
acceso y la consulta desde cualquier lugar, eliminando muchas cargas
burocráticas. Un ejemplo de este principio fundamental de eliminación de
cargas burocráticas lo constituyen las obligaciones que se imponen a la
dirección de hospitales, clínicas o establecimientos sanitarios de
promover la inscripción del nacimiento o defunción.
Con esta ley además se evitarán situaciones de desigualdad del pasado, y
la mejor prueba de lo que digo es que este modelo suprime la regla
subsidiaria que confería prevalencia del apellido paterno en caso de
desacuerdo entre los progenitores. Pone fin a la diferencia de trato
entre hijos matrimoniales y no matrimoniales. Reconoce la personalidad
desde el momento del nacimiento con vida y sobre todo también reconoce el
derecho de cambio de apellidos a las víctimas de violencia de género y
sus descendientes. No voy a abusar de expresiones que se usan con mucha
frecuencia, pero este es el registro de la igualdad.
Señorías, el Senado nos remite un informe con una serie de enmiendas que
son objeto de estudio y análisis en este momento. Evidentemente, la
postura del Grupo Parlamentario Socialista no puede distar de la que
mantuvimos en la sede de la Cámara Alta por razones de coherencia
política y parlamentaria. Del conjunto de las enmiendas del Senado les
anuncio que solo votaremos en contra de la enmienda 62, de CiU.
Entendemos que dado que el impuesto de transmisiones y actos jurídicos
documentados es un impuesto totalmente cedido a las comunidades
autónomas, no es razonable que la Administración Central del Estado
interfiera, además teniendo en cuenta además los principios de
corresponsabilidad fiscal y de lealtad constitucional. Por otro lado,
señor Jané, desde el punto de vista de técnica legislativa y de equidad
fiscal, no es coherente ni equitativo otorgar los mismos beneficios
fiscales a operaciones entre sociedades conyugales y los cónyuges que las
integran que a las operaciones de transmisión de bienes entre cónyuges
que no tienen especialidad alguna frente a cualquier otra comunidad de
bienes.
Señorías, es indudable que el trabajo y la buena disposición de los
portavoces de todos los grupos parlamentarios, sin excepción, han
permitido alcanzar un texto de mejor nivel jurídico que permita ofrecer a
los ciudadanos un servicio público de calidad y eficaz. Desde aquí tengo
que manifestar el magnífico trabajo que ha hecho el portavoz de la
Comisión de Justicia, el señor Villarrubia, y por supuesto tengo que
acordarme del anterior director de gabinete del ministro de Justicia,
José Luís Rodríguez, también por su gestión.
Finalizo. Hemos aunado voluntades y hemos eslabonado esfuerzos para
acometer esta tarea con realismo. Por tanto, vamos a votar, como es
lógico, a favor de este gran proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Juanes.
(Aplausos.- El señor ministro de Justicia, Caamaño Domínguez, pide la
palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Tiene la palabra el señor
ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Gracias, presidenta.
Señorías, el Registro Civil es una institución muy próxima a todos
nosotros. Es una especie de registro contable de lo que sucede a lo largo
de nuestra vida, desde que nacemos hasta que dejamos de existir. La
institución, tal y como hoy la conocemos, deriva de
nuestra primigenia Ley registral de 17 de junio de 1870. Desde hace ciento
cuarenta años los dos rasgos más importantes del Registro Civil han sido,
por una parte, su fuerte territorialización, lo que ha supuesto que se
vinculase el Registro Civil a municipios y que, por lo tanto, hoy existan
algo más de 8.123 oficinas de Registro Civil repartidas por toda la
geografía nacional entre registros delegados, principales y exclusivos, y
cada una de estas oficinas con su juez, con sus propias competencias y
con sus funcionarios. El otro factor característico de ese modelo era
haber integrado los registros dentro de la organización judicial, dentro
del sistema de juzgados y tribunales de justicia, algo que no es acorde
con la naturaleza de la función registral ni mucho menos con lo que es
propio de las funciones jurisdiccionales. Además las dos disposiciones
-antes se recordaba- que hoy regulan el Registro Civil en nuestro país,
la Ley del año 1957 y su reglamento, son anteriores a la Constitución de
1978, y por supuesto desconocen los cambios tecnológicos recientemente
incorporados a la gestión de las administraciones públicas. En suma,
contábamos con un modelo antiguo e inadecuado para atender a la realidad
de nuestro país, para hacer frente a sus necesidades, y por eso su cambio
era imprescindible.
La ley que hoy aprobamos se fundamenta en una concepción -lo recordaban
los portavoces- bien distinta de esa otra que todavía persiste hoy. En
primer lugar, nos encontramos con un Registro Civil desjudicializado; en
segundo lugar, con un Registro Civil informatizado, al que los ciudadanos
podrán acceder las veinticuatro horas del día los 365 días del año al
constituirse como una base única para toda España. Además, cualquier
hecho que tenga acceso al registro podrá hacerse indistintamente en
cualquier oficina, porque se desterritorializa también el criterio de la
localización a los efectos de la inscripción registral. Se generalizan
los medios telemáticos, no solo en el acceso sino en la emisión de
certificaciones, y el formato electrónico y la firma electrónica
validarán todos los actos en el nuevo registro. Pasamos en definitiva de
un registro de hechos -nacimiento, matrimonio, fallecimiento- a un
registro de personas, donde cada ciudadano tendrá un fichero propio, un
registro único, que además tendrá un número que será coincidente con el
del documento nacional de identidad.
Por último, como gran perfil de este nuevo modelo, contamos con un
registro por primera vez adaptado al modelo territorial de España, a la
España de las comunidades autónomas, y no solo en su estructura
organizativa, porque gracias a la tarea de todos los grupos
parlamentarios se han incluido en la Ley del Registro Civil muchos
elementos vinculados también al derecho de familia y al derecho civil
contenido en las legislaciones autonómicas. Quisiera subrayar entre otras
la inscripción de la tutela automática de los menores en situación de
desamparo, la anotación de la guarda administrativa en materia de
protección de menores o la inscripción de la autotutela y de los
apoderamientos preventivos. Igualmente la inscripción en el Registro
Civil del régimen económico matrimonial exigirá ahora que se haga
constar, para las personas que están sometidas a régimen civil especial o
foral, el régimen económico y de vecindad civil de cada una de las
personas, lo que va a dar mayor seguridad jurídica sobre todo a los
terceros que se relacionen con la mismas.
El nuevo registro, como bien se subrayó aquí, es sobre todo un Registro
Civil pensado para las personas que además ha descartado, con el esfuerzo
de todos, con la lectura conjunta que ha hecho esta Cámara, con la
inclusión de todas las fuerzas políticas, prácticamente todas las
fórmulas de discriminación que existían y que habíamos heredado debido a
la naturaleza preconstitucional de esa ley. Me refiero a cuestiones tales
como la supresión en todo su articulado a la referencia sobre el origen
matrimonial o no matrimonial; me refiero al reconocimiento del interés
superior del menor, como en todas las legislaciones de otras democracias
avanzadas; a la defensa y protección de las personas con discapacidad en
el acceso al registro; a la rectificación del sexo, también contemplada
en la nueva ley del Registro Civil; al cambio de apellidos de las
víctimas de violencia de género; a la limitación de la publicación en
algunos datos personales sensibles; o a la supresión definitiva de la
prevalencia histórica del apellido paterno que tanto debate social ha
producido. Sin embargo, señorías, muchas de estas novedades -es justo
reconocerlo- son incorporaciones producidas en la tramitación
parlamentaria de la ley. Una ley que es un buen ejemplo de diálogo
abierto y enriquecedor entre los diversos grupos políticos, sustentado
básicamente en las comisiones de Justicia del Congreso y del Senado, a
las que quiero como ministro de Justicia agradecer muy especialmente el
excelente trabajo que han realizado, porque fruto de ese trabajo ha sido
el reconocimiento de la personalidad desde el mismo instante del
nacimiento, y es algo muy importante frente a un Código Civil que
mantenía esquemas del pasado. Fruto de esa colaboración y de esa
iniciativa parlamentaria es el hecho de que se haya creado un archivo de
fallecimientos ocurridos con posterioridad a los seis meses de gestación,
en el que los progenitores pueden otorgar el nombre -esa reforma Amanda
de la que hablaba el portavoz de Convergència i Unió-; la realización por
el personal sanitario de comprobaciones para garantizar la buena
identidad de los que acaban de nacer; la inclusión del derecho al cambio
de nombre y apellidos a partir de los 16 años en los supuestos legales,
etcétera.
Quisiera apoyar también y poner en valor las importantes reformas
introducidas en este proyecto por vía de enmienda en el Senado,
especialmente las que afectan a las madres en el exilio, importantísima
desde el punto de vista de recuperación de la memoria histórica y de
hacer justicia a quienes padecieron ese exilio, y también en relación con
las personas desaparecidas como consecuencia de la dictadura,
facilitándoles su acceso al registro.
Concluyo ya, señorías, agradeciendo a todos los grupos parlamentarios, sin
excepción, el excelente trabajo político y técnico que han llevado a
cabo. El primero, el político, ha permitido consolidar un texto de
altísimo grado de acuerdo y consenso, lo cual sin duda es bueno para
España; el segundo ha sido también ese trabajo técnico, el de haber
concluido una ley con muy buena factura jurídica, dos presupuestos que ya
tiene esta ley que hoy se aprueba, que sin duda la convertirán en una de
esas leyes, acaso de las pocas, de las que los españoles dirán que son de
las que de verdad cambian profundamente las cosas.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
ministro.
- PROYECTO DE LEY DE DINERO ELECTRÓNICO. (Número de expediente
121/000105.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al
debate de las enmiendas al proyecto de ley de dinero electrónico. Por el
Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez
Llibre. (Pausa.) No va a intervenir. Por el Grupo Popular, señor
Albendea, ¿desea usted intervenir?
El señor ALBENDEA PABÓN: Sí.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Tiene la palabra.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Del Senado nos llegan cuatro enmiendas al proyecto de ley de dinero
electrónico, una del Grupo Popular, donde lo que pretendemos es modificar
o han pretendido en el Senado modificar la definición de dinero
electrónico, porque queda un poco indefinido en el proyecto de ley, y por
tanto, la vamos a apoyar. Luego vienen otras tres enmiendas del Grupo
Socialista, a las que vamos a votar en contra por dos razones, en un caso
porque no tiene relación con el tema del dinero electrónico. Se refiere a
la responsabilidad civil del seguro de vehículos a motor. Las otras dos
tratan de modificar la Ley de Mercado de Valores, que tampoco tiene nada
que ver con el dinero electrónico. Además, se da la circunstancia de que
en este momento en la Cámara se está tramitando un proyecto de ley de
reforma del mercado de valores y será el momento oportuno de
introducirlo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Albendea.
Tiene la palabra el señor Fernández Iruela.
El señor FERNÁNDEZ IRUELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nos encontramos ante un proyecto de ley que acaba su tramitación
parlamentaria, el proyecto de ley de dinero electrónico, que busca dar un
paso más para crear un marco jurídico claro y armonizado que fortalezca
el mercado interior y que a la vez estimule la competitividad del sector
de emisión de dinero electrónico. Estos objetivos ya se encuentran
recogidos en la actual regulación de las entidades de dinero electrónico
en España, fruto de la trasposición de la Directiva 200/46, de 18 de
septiembre de 2000. Sin embargo, señorías, en los últimos tiempos se han
venido produciendo una serie de desarrollos, tanto en la vertiente
reguladora como en la evolución del propio sector, que hacen aconsejable
una modificación del marco regulador de las entidades de dinero
electrónico después de transcurridos diez años desde su primera
regulación.
Señorías, este proyecto de ley -ya en su trámite en Comisión de Economía y
Hacienda con competencia legislativa plena- fue modificado con las
diferentes enmiendas que presentaron los grupos parlamentarios; un total
de dieciocho enmiendas, de las que nueve se incorporaron y cinco fueron
transaccionadas, por lo tanto, fue un proyecto con un amplio consenso.
Señorías, en su trámite por el Senado se han presentado nueve enmiendas,
de las que se han aprobado cuatro y el resto han sido rechazadas. De las
enmiendas aprobadas, tres corresponden al Grupo Parlamentario Socialista,
son la 7, 8 y 9, y una corresponde al Grupo Parlamentario Popular, que es
la número 1. El Grupo Parlamentario Socialista va a mantener las
enmiendas que se han incorporado en el Senado, por entender que mantienen
y mejoran el texto aprobado en la Comisión de Economía y Hacienda en este
Congreso. Si bien, las enmiendas 8 y 9 del Grupo Socialista hacen
referencia a la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, su incorporación en
este proyecto de ley está motivada y justificada por las nuevas funciones
y competencias de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores y
por la aparición de nuevos sujetos que operan en el mercado de valores,
así como por la complejidad de los asuntos que se someten al comité
consultivo. En el mismo sentido, la enmienda número 7, del Grupo
Parlamentario Socialista del Senado, hace referencia a una modificación
del texto refundido de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos a motor, aprobada por el Real Decreto
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. Se trata de adaptar las funciones
del Consorcio de Compensación de Seguros a las interpretaciones que sobre
esta materia está realizando la Comisión Europea y, por lo tanto, también
su incorporación se encuentra totalmente justificada.
Acabo, señorías, indicando que con la aprobación del proyecto de ley de
dinero electrónico y con las incorporaciones realizadas en su trámite
parlamentario salen reforzados los tres grandes objetivos que perseguía
la reforma. En primer lugar, aumentar la precisión del
régimen jurídico aplicable a la emisión de dinero electrónico,
clarificando su definición y ámbito de aplicación, de forma que
aumentamos la seguridad jurídica de todos los operadores. En segundo
lugar, se consigue un régimen jurídico más proporcionado, eliminando
determinados requerimientos de las entidades por entender que pudiesen
resultar demasiado onerosos. Y, en tercer lugar, se garantiza la
consistencia entre el nuevo régimen jurídico de entidades de pago y el
aplicable a las entidades de dinero electrónico. Agradezco a todos los
ponentes de los diferentes grupos el esfuerzo que se ha hecho para
alcanzar el amplio consenso por el cual hoy esta ley saldrá de aquí del
Congreso.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Fernández Iruela.
- PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. (Número de expediente
121/000114.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al debate del
proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.
Señorías, aunque reconocemos que durante el trámite parlamentario se han
incorporado a la ley elementos interesantes, por ejemplo, un objetivo de
reducción del 10 por ciento para el año 2020, la consideración de los
sistemas de depósito, devolución y retorno como un sistema de gestión de
envases, o además también la posibilidad de un canon a la incineración y
vertido, nosotros no acabamos de estar satisfechos. Consideramos que otra
vez pierden la oportunidad de avanzar hacia un nuevo paradigma, la
economía ecoeficiente. Es preciso fomentar una menor dependencia de los
recursos naturales y minimizar los impactos sobre los ecosistemas y el
clima, internalizar los costes ambientales y el valor de los servicios de
los ecosistemas y de la biodiversidad, aumentar la población ocupada de
alto valor añadido que produzca bienes y servicios innovadores más
eficientes y de calidad. Nuestro grupo echa en falta mayor ambición en
aspectos clave como el impulso a la fiscalidad ambiental; permítanme
decirles que la referencia al establecimiento de un posible canon a la
incineración y el vertido en la ley para nosotros es un poco -por decirlo
de alguna manera- ridículo. Si el objetivo de la Ley de Residuos es
potenciar la prevención, la reutilización y el reciclaje de residuos y
consideramos que las opciones de final de tubería -incineración y
vertido- no deben ser las opciones prioritarias, es necesario un cambio
en el marco económico de la gestión de los residuos. Por ello proponíamos
la creación de un impuesto sobre el vertido y sobre la incineración de
carácter indirecto y ámbito estatal, cuya gestión e ingresos
correspondiera a las comunidades autónomas, y el importe de dicho canon
sería destinado a implantar la recogida separada y la consecución de los
objetivos previstos en los planes de gestión de residuos. Pero la ley que
hoy se aprueba tan solo impulsará la posibilidad de establecer un canon.
Otro aspecto respecto al que hubiéramos agradecido mayor compromiso es el
relativo a los sistemas de depósito, devolución y retorno de envases. Si
bien la ley lo contempla, no se ha optado por un apoyo decidido, tal y
como recomendaba la memoria que acompañaba el anteproyecto de ley, que de
entre las principales consideraciones que realizaba cabe destacar la
referente a que la eficacia del sistema integral de gestión es menor que
el sistema de depósito y devolución, cuyos índices de recuperación se
sitúan en un 84 por ciento en Suecia, en Finlandia o hasta un 98,5 por
ciento en Alemania, y lo hace consiguiendo materiales recuperados de alta
calidad mediante la transformación del residuo en materia prima de alta
valorización.
Por último, la futura ley es también insuficiente en tanto que no apuesta
claramente por la recogida selectiva y el compostaje de toda la materia
orgánica. En concreto el artículo 24, relativo a biorresiduos, no plantea
la obligación de establecer la recogida selectiva de materia orgánica
para destinarla al compostaje ni establece porcentajes para su
consecución, sistema que en Catalunya el cien por cien de los municipios
ya contempla. Recuerdo que durante el semestre de la Presidencia europea
por parte del Gobierno de España, en febrero de 2010, se celebró en
Barcelona una conferencia sobre el reciclaje de los biorresiduos en
Europa, en la que se señalaba que ello contribuía a un aprovechamiento y
un uso sostenible de los recursos aún mayor, y que además producía
energía renovable y ayudaba a la lucha contra el cambio climático. A su
vez la gestión optimizada de los biorresiduos incrementa la prevención en
la generación, propicia una mejor calidad en la separación de los
materiales, permite establecer con nitidez objetivos de reciclaje, aporta
calidad en el compost y abre nuevas oportunidades de actividad económica,
además de contribuir a los objetivos con relación a la minorización del
vertido de materia orgánica. Pero una vez más tendremos que confiar en la
buena voluntad del Gobierno futuro.
Estos son a grandes trazos los motivos por los que hoy no podemos
posicionarnos a favor de esta ley y mantendremos la misma postura que en
la Comisión, la abstención. Para acabar, lo que verdaderamente me
gustaría hoy transmitir es la necesidad de contemplar la renovación
ambiental como eje básico de nuestra economía. Ustedes con esta ley dan
un paso atrás cuando lo que realmente necesitamos son oportunidades para
la innovación.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Buenaventura.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor
Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente, desde el escaño, si me permite, para decir tres
pinceladas, porque creo que lo más importante de la posición de nuestro
grupo quedó plasmado en la Comisión cuando defendimos nuestra postura. No
ha cambiado nada desde entonces. Es una ley muy importante, muy
necesaria, y en su momento hablamos de la conveniencia de aprobar esta
ley porque teníamos que ponernos a la par que otros países europeos en
esta materia. Yo creo que ya andamos un poco tarde, pero más vale tarde
que nunca. Hay que mirar sobre todo a los países que llevan ya tiempo,
países avanzados, compañeros nuestros en Europa, que llevan tiempo
determinando esta serie de cuestiones y que creo que tienen muchas cosas
que enseñarnos en muchas cuestiones. De la misma manera, estamos de
acuerdo y contentos con ciertas cuestiones que la ley plantea, como es el
concepto del compost, algo que siempre hemos definido. Para nosotros es
importante decir que, en algunos territorios las comunidades autónomas
son las competentes, pero en el caso de Euskadi son las diputaciones
forales las que tienen la capacidad y las competentes en toda la materia
de reciclaje y de residuos. Al fin y al cabo, lo que nos estamos
planteando muchas veces es que producimos y producimos y le damos mucha
importancia a la producción, pero todo lo que se produce genera residuos,
y creo que es importante que exista un corpus jurídico que de alguna
manera determine cuál es. Se han planteado muchas cosas, como el tema de
la incineración. No toda incineración es lo mismo. Hay muchas maneras.
Hoy en día estamos en lo más avanzado de la incineración. En Euskadi en
estos momentos estamos teniendo un debate muy importante en torno a este
tema, sobre todo en Gipuzkoa, y hay que apostar, porque hoy en día las
incineradoras son de última generación y han demostrado no ser nocivas y
ser importantes para la gestión de estos residuos.
Por último, esta ley va a permitir que hoy en día ya haya unas reglas de
juego cuando hasta ahora cada uno funcionaba un poco por libre. Mostramos
nuestra satisfacción porque creemos que en el Senado se han corregido
algunas de las cuestiones que quedaron un poco en el aire, pero el
espíritu de la ley sigue siendo el mismo, por tanto, nuestro grupo
parlamentario votará a favor.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Finaliza este trámite parlamentario y Convergència i Unió está muy
convencida de que tanto en el Congreso como en el Senado hemos mejorado
sustancialmente el contenido del proyecto de ley. En este sentido, quiero
agradecer muy especialmente al señor Morán, portavoz del Grupo
Socialista, la flexibilidad y el esfuerzo que ha hecho para incorporar en
este proyecto la mayoría de las enmiendas que Convergència i Unió había
planteado en aquellos aspectos más sustanciales. A mi grupo le preocupaba
en este proyecto de ley de manera muy específica, de entrada, responder
bien al encaje competencial que reconocen los estatutos y la
Constitución. Creo que en este sentido el texto da tranquilidad en
materia competencial a los gobiernos autonómicos para que puedan
continuar desarrollando sus competencias en este ámbito y, al mismo
tiempo, se refuerzan de manera razonable los espacios de colaboración y
cooperación entre las administraciones públicas. Quisimos incorporar en
este proyecto de ley la perspectiva de lucha contra el cambio climático,
que era una cuestión que no estaba presente en el proyecto inicial que
nos había planteado el Gobierno, y lo hemos hecho de manera
suficientemente innovadora, incorporando una disposición adicional décima
que mandata al Gobierno a presentar un proyecto de ley que establezca un
sistema de compensación e intercambio de cuotas de gases de efecto
invernadero asociados al sector residuos entre administraciones. Plantea
esta próxima ley un mandato, insisto, innovador, para incorporar en un
sector de emisiones difusas como son los residuos, un sector no principal
pero un sector importante, que en estos años había visto como crecía en
emisiones, un mecanismo de mercado para combatir el cambio climático en
este campo. La aportación, desde este punto de vista, del trámite
parlamentario es relevante. Hemos estado convencidos durante toda la
tramitación de que en esta política, en la política de gestión de
residuos, en la política de prevención de residuos, en la política del
reciclaje, de la valoración, existe una enorme oportunidad de crear
empleo y de crear empresa. Hemos reivindicado la perspectiva de este
proyecto de ley en esa lógica. En ese sentido, el conjunto del texto
refuerza esas aspiraciones de que el sector ambiental, en concreto el
sector de residuos, nos ayude a superar la crisis. Hemos reforzado en el
trámite del Senado el principio de quien contamina paga, siendo muy
explícitos y respondiendo a la filosofía con la que la Unión Europea
viene desarrollando sus políticas en este campo. Hemos reforzado el poder
de compra del sector público para facilitar la incorporación del
ecodiseño y de comportamientos más responsables por parte de los
productores. Apostamos en su momento en el Congreso de los Diputados a
mandatar al Gobierno al apoyo a la innovación en esta materia.
El sector empresarial que hoy está en el ámbito de la gestión de los
residuos sabe que con inversión en tecnología y con mejor innovación no
solo podemos hacer las
cosas mejor para el medio ambiente, que es de lo que se trata, sino
generar un sector productivo competitivo y un sector productivo capaz de
estar presente en mercados emergentes de la gestión de los residuos.
Hemos incorporado en el trámite del Senado dos menciones específicas a
las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Presente eso ya en
la ley del año 1998, por razones que desconocemos cayó del proyecto de
ley del Gobierno, pero establecían que tanto en relación con una cuestión
polémica, a la que ahora me referiré, como en los sistemas de depósito de
devolución y retorno y su posible implantación se tengan en cuenta las
necesidades de las pymes, como un mandato general para que el conjunto
del desarrollo de la ley responda a esas necesidades.
Finalmente, hemos introducido más transparencia en el funcionamiento de
los sistemas de gestión de residuos. Un buen mercado y un buen sector
privado que colabore con el sector público en esta política necesita ser
más transparente. Mi grupo, señorías, hubiese deseado mayor ambición,
especialmente en materia de biorresiduos, y ahí comparto con la señora
Buenaventura el ejemplo de Catalunya, que ojalá fuese seguido por el
conjunto del Estado. Nos ha parecido absolutamente fuera de lugar el
debate que se ha mantenido por parte de algunos sectores de la opinión
pública en relación con los sistemas de depósito, devolución y retorno.
Esta ley no va a imponer nada.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Campuzano, por
favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.
Esta ley describe una realidad y establece las condiciones por las que esa
posibilidad puede ponerse en marcha. Algunos sectores han jugado al
alarmismo en esta materia. Si los sistemas de depósito y retorno son
mejores que los sistemas integrales de gestión, el Gobierno de turno
apostará por ello; si no lo son, continuaremos tal y como estamos ahora.
Creo, señorías, que esta va a ser una cuestión a debatir en la próxima
legislatura.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Campuzano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, lamento esta mañana ser la nota discordante, pero la valoración
que hace el Grupo Parlamentario Popular sobre el proyecto de ley de
residuos es negativa. Se trata, señorías, de un proyecto de ley con
enormes implicaciones medioambientales y económicas, ya que el sector de
gestión de residuos afecta de manera horizontal a todos los sectores de
actividad, y por ello su tramitación se ha seguido con enorme
preocupación, como es lógico, por los sectores afectados. Centraré,
señorías, mis comentarios en cuatro aspectos que quiero denunciar.
Primero, la norma adolece de importantes defectos de técnica normativa,
debidos en parte a la caótica tramitación en ambas Cámaras por el
procedimiento de urgencia, que impidió un análisis sosegado y racional de
las enmiendas presentadas y que contiene artículos elaborados muchas
veces a base de añadidos, de suma de enmiendas, de compromisos políticos
sin coordinación alguna. Sirva como ejemplo de lo dicho la anomalía que
supone que, como consecuencia de sendas enmiendas aprobadas, determinados
apartados de algunos artículos se presenten con dos redacciones distintas
entre las que existen diferencias sustanciales; por ejemplo, la
disposición adicional tercera. De un lado, es aceptada una enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto del Senado, en la que se establecen medidas
para financiar el coste adicional que implica la valorización de los
residuos generados en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla que no hayan
podido valorizarse in situ y que sean transportados por mar a la
Península o a otra isla, tal como viene haciéndose en la actualidad y de
acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su
artículo 49. De otro lado, también se ha aprobado la enmienda socialista
que indica que esa financiación se hará, entrecomillas, dentro de las
disposiciones presupuestarias, es decir, se hará o no se hará. Anuncio
por ello, señorías, nuestro apoyo a la enmienda del Grupo Mixto y nuestro
apoyo a la valorización y a la ayuda para Baleares, Canarias, Ceuta y
Melilla. Segundo, el proyecto de ley refleja un incremento desmedido,
excesivo e injustificado de la intervención pública en el sector de los
residuos, contrario a todas luces a las medidas liberalizadoras derivadas
de la normativa comunitaria sobre el libre acceso a las actividades de
servicios. Por ejemplo, recurso excesivo a la aplicación de instrumentos
fiscales; posibilidad de implantar medidas como el cierre de
instalaciones o la suspensión de actividades, al margen y sin las
garantías del procedimiento sancionador; consideración de imposición
voluntaria del sistema de devolución, depósito y retorno, a pesar de que
pueden conseguirse los mismos objetivos mediante sistemas alternativos
actualmente en vigor. Sistema, señorías, que ha sido rechazado por
Francia y Reino Unido por su coste excesivo, ya que la inversión inicial
que deberían hacer las empresas en estos momentos si se adoptara este
sistema sería de 470 millones de euros, momento poco oportuno para
nuestras empresas y su maltrecha economía.
Tercero, la regulación que se introduce en los sistemas colectivos de
responsabilidad ampliada del productor no tiene parangón en ningún otro
país de la Unión Europea y acarreará graves problemas de funcionamiento a
los actuales sistemas integrados de gestión, a los que además se somete a
un procedimiento de autorización excesivamente complejo. Cuarto y último,
señorías, se aprecia
en la norma un abuso injustificado de la figura del silencio negativo, que
se impone como regla general en los procedimientos de autorización de
todas las actividades de tratamiento de residuos así como la autorización
de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, sin
aportar una mínima motivación que justifique esta exigencia. Pero,
señorías, como prueba del disparate permanente en el que se ha instalado
el Gobierno, en el real decreto que se ha debatido y se ha presentado
esta mañana se sobrepasa con creces el absurdo, ya que en el real decreto
de esta mañana se establece que -entrecomillo- el silencio negativo pasa
a ser positivo en el procedimiento de autorización para los sistemas
colectivos de responsabilidad ampliada del productor para el resto de
comunidades. Esto es lo que dice el real decreto de esta mañana. Es
decir, un procedimiento que en el momento de aprobarse el real decreto
todavía no existe, señorías. Es decir, antes de que se apruebe el nuevo
procedimiento en la nueva Ley de Residuos, el Gobierno ya la ha
modificado. Esto, señorías, son chapuzas, las chapuzas habituales a que
nos tiene acostumbrados el Gobierno. En este caso, chapuzas en la Ley de
Residuos de enorme transcendencia económica y medioambiental para
muchísimos sectores de la economía española.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora De
Lara.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pérez
Herraiz.
La señora PÉREZ HERRAIZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la elaboración de esta ley se hizo con una
alta participación de sectores y administraciones públicas afectadas. Se
tramitó por vía de urgencia, pero a pesar de ello tuvo una altísima
participación de los sectores implicados y, aunque en poco tiempo,
diálogo entre los grupos y representantes de los diferentes sectores
hasta el último momento. Algunos nos acompañan hoy y les expresamos
nuestro agradecimiento por su colaboración.
Esta ley es una trasposición de directiva europea que establece el marco
jurídico de la Unión para la gestión de residuos. Proporciona
instrumentos para disociar crecimiento económico y producción de residuos
y hace hincapié en la prevención. Es una oportunidad para mejorar la
gestión de residuos, clarificar competencias y responsabilidades y
hacerlo en coherencia con las estrategias de lucha contra el cambio
climático. Consideramos, además, que con esta ley los ciudadanos y
ciudadanas podrán dejar de considerar que los residuos son desechos para
considerarlos materias primas. La ley incorpora el principio de jerarquía
en la producción y gestión de residuos, prevención, preparación para la
reutilización, reciclado y otros tipos de valorización y, por último,
eliminación. Regula planes y programas de gestión y programas de
prevención de la generación de residuos, que incluirán los objetivos
mínimos a cumplir de prevención, preparación para la reutilización,
reciclado, valorización y eliminación. Por ejemplo, objetivos de recogida
separada de papel, metales, plástico y vidrio antes de 2015, impulsar la
separación de biorresiduos, considerando compost únicamente el elaborado
con residuos biodegradables recogidos separadamente, sustitución de las
bolsas de un solo uso, estableciendo un calendario para que en 2018 no se
utilicen bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable.
En la elaboración de los planes y programas de gestión de residuos se
valorarán aquellas medidas que incidan de forma significativa en la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero Se podrán
establecer medidas económicas y fiscales como gravar con un canon el
vertido y la incineración de residuos domésticos o promover la
utilización de productos reutilizables y materiales fácilmente
reciclables. Los traslados de residuos para eliminación o valorización
solo podrán limitarse por motivos regulados en la normativa europea o si
repercuten negativamente en los objetivos de gestión de residuos de la
comunidad de destino, a la vez que la gestión debe regirse por los
principios de autosuficiencia y proximidad, para lo que se establecerá
una red integrada de instalaciones para la valorización de residuos
mezclados. La ley delimita las competencias de las tres administraciones
y crea la Comisión de coordinación en materia de residuos como órgano de
cooperación técnica y colaboración entre las administraciones. La
responsabilidad de la gestión de residuos se podrá asumir de manera
individual, previa comunicación, o colectiva, previa autorización. Los
sistemas colectivos tendrán que constituirse en asociación u otra entidad
con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro.
Quizás la cuestión que suscito más polémica es la posibilidad de adoptar
para la gestión de envases el sistema de depósito, devolución y retorno
por la existencia de intereses contrapuestos, grupos sociales y políticos
partidarios de su implantación y grupos reticentes. Consideramos que
llegamos a un buen texto que a la vez que determina la posibilidad de que
se establezca dicho método, lo hace con las suficientes cautelas para
garantizar que dicha implantación tendría que garantizar que se
mejorarían los resultados respecto al sistema vigente, que se tendrán en
cuenta las características de las pequeñas y medianas empresas, la
viabilidad técnica y económica del nuevo método y garantías de que no se
alteraría el correcto funcionamiento del mercado interior. Respecto a la
gestión de suelos contaminados, será posible la descontaminación
voluntaria sin que sea necesaria la previa declaración de suelo como
contaminado. En consonancia con la supresión de determinadas
autorizaciones administrativas y su sustitución por una comunicación
previa al inicio de las actividades, la ley refuerza las potestades de
las administraciones públicas para la inspección, la vigilancia y control
de las actividades relacionadas con los
residuos y los suelos contaminados. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Mediante una disposición adicional la ley obliga al
Gobierno a remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre compensación de
emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de residuos y otra
promueve impulsar un centro de investigación sobre la prevención y
gestión de residuos. Respecto a algún error que tenemos que corregir en
la votación que haremos en este momento, no se preocupe, señora De Lara,
porque simplemente se optará por una de las opciones.
El Grupo Socialista agradece profundamente la colaboración y el diálogo de
todos los grupos y, como dije, de los sectores que colaboraron con
nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Herraiz.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 31 BIS Y 59
BIS DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y
LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número
de expediente 122/000232.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley orgánica de modificación de los
artículos 31 bis y 59 bis de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social. Tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, muy brevemente. Quiero mostrar el apoyo sin ningún tipo de
reticencias de mi grupo parlamentario a esta acertada iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular, que pretende, en el marco de una ley que en
nuestra opinión no resuelve equilibradamente los derechos y libertades en
la integración con las medidas de extranjería, hacer prevalecer en el
caso de las mujeres que sufren violencia de género y en el caso también
de aquellos que sufren trata, que prevalezcan los derechos sobre las
medidas de expulsión, sobre las medidas de exclusión. En ese sentido,
tengo que saludar el importante trabajo parlamentario, tanto en el
Congreso como en el Senado, que ha establecido un mecanismo, un mecanismo
muy regular, con muchas garantías que defiende ante todo la integridad de
la mujer, la mujer inmigrante, ante la violencia de género y que además
permite que esa mujer también pueda pedir permiso de residencia en
nuestro país, pueda tener consigo a sus hijos, en definitiva que
prevalezcan sus derechos, que prevalezca su capacidad de denuncia y de
esclarecimiento de los hechos sobre medidas de extranjería, medidas
administrativas que, en nuestra opinión, son secundarias.
Yo saludo esta iniciativa, saludo en particular esta iniciativa en un
periodo en que parece que los derechos humanos se subordinan a las
cuestiones administrativas; saludo además que se haga en favor de
aquellos que son más débiles, los que sufren la violencia, los que sufren
la trata y que en este caso lo hagamos en un periodo de crisis económica,
como lo hacemos en el Congreso de los Diputados, demostrando que no todo
lo mandan los mercados, que alguna vez mandan los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Don Emilio Olabarría, tiene la palabra.
Antes de que don Emilio Olabarría tome la palabra, quisiera rogarle a él,
de modo genérico, y a todos los oradores que tengan la máxima prudencia
en la utilización de los tiempos porque aún hoy hemos de celebrar,
después del Pleno, Junta de Portavoces y sobre todo Diputación Permanente
para la convocatoria del Pleno de la próxima semana. De modo que, si se
autolimitan, no será necesario que la Presidencia les invite de nuevo a
ello.
Adelante, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Permítame que le complemente el agradecimiento por la invocación de
carácter genérico que ha realizado justo antes de intervenir yo
precisamente; quiero pensar que no hay una invocación de naturaleza
intuitu personæ, de naturaleza personal. Además, voy a hacer caso de su
recomendación, señor presidente.
Yo, lo mismo que el señor Llamazares, quiero en primer lugar felicitar al
grupo proponente, al Grupo Popular, cosa no frecuente en materias
relativas a los derechos de los extranjeros. En este caso ha demostrado
una gran sensibilidad y ha manifestado una propuesta progresista y que
defiende a dos colectivos de extranjeros, de mujeres en este caso,
particularmente vulnerables: aquellas que denuncian actos de violencia de
género contra su persona, a las que se les aplica la Ley integral del año
2004, de medidas de protección en relación a las mujeres objeto de esta
aberrante conducta y de estos aberrantes delitos; y a las personas que
son objeto también de un delito, el de la trata de personas, mujeres
también en este caso, que deciden no colaborar con las autoridades en la
denuncia de las organizaciones o estructuras mafiosas que han provisto o
realizado esta práctica de trato. Yo creo que el Partido Popular ha
identificado muy bien dos problemas y entre todos -en el Congreso de los
Diputados y también merece la pena destacar la labor del Senado, que ha
mejorado el texto del proyecto enviado a esta Cámara- se ha mejorado de
nuevo mediante la aceptación de dos criterios que mi grupo parlamentario
solicitó ab initio, desde el primer momento. En primer lugar, que en la
presentación, absolución o archivo de la causa o el sobreseimiento de las
diligencias penales por una mujer extranjera que denunciaba un delito de
violencia de género, no se realizara la apertura del expediente de
expulsión, y en caso de que resultara absolutoria o se produjera este
archivo o sobreseimiento, no se ejecutara o culminara el expediente de
expulsión salvo en el caso -que es lo que ha quedado redactado in fine
afortunadamente- de que la denuncia haya demostrado ser falsa o
fraudulenta. Desde esa perspectiva, primero, hemos mejorado un problema,
un buen tratamiento o una buena protección de las mujeres víctimas de
violencia de género, pero además hemos evitado el posible fraude de un
uso sistemático de la acción penal por parte de las mujeres extranjeras
con la pretensión de regularizar masivamente una situación irregular o
una presencia irregular en el Estado español.
En cuanto a la otra circunstancia, a las mujeres víctimas de un delito de
trata de personas, el Senado ha tenido a bien -y nosotros compartimos
esta opinión- presentar una enmienda que se incorpora al texto del
proyecto, para que durante el periodo de residencia, un periodo previsto
en la proposición de ley, no solo no serán objeto de expulsión las
mujeres que denuncien un delito de trata de personas, no se les obligará
tampoco a colaborar con las autoridades públicas y con las fuerzas
policiales para la demostración de que se ha producido esta situación de
trata de personas, sino que también sus hijos menores en el momento de la
denuncia o sus hijos discapacitados serán objeto de la autorización de
residencia prevista y en su caso, si son mayores de 16 años -caso de las
personas discapacitadas y no discapacitadas, hijos menores también-
tampoco serán objeto de expulsión.
Yo creo que hemos logrado puntos de convergencia y de equilibrio adecuados
en relación con un problema terriblemente vidrioso que hace referencia a
colectivos particularmente vulnerables por su doble condición de personas
extranjeras en situación irregular, en primer lugar, y de personas que
son objeto de unos delitos particularmente repugnantes como son el delito
de violencia de género o el delito de trata de personas o de seres
humanos. Desde esa perspectiva, señor presidente, y esperando haber
cumplido con sus amables invocaciones dentro del uso austero del tiempo
disponible, termino mi intervención con estas palabras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: No sabe cuánto le agradezco, señor Olabarría, lo que
tiene de ejemplo su intervención.
Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente. También con
brevedad.
Este texto lo hemos debatido en diversas ocasiones en el Pleno y en
Comisión, estamos modificando los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley de
Extranjería. Todos hemos remarcado el acierto de la iniciativa del señor
Hernando y el Grupo Popular en esta materia y nos hemos felicitado del
esfuerzo que hicieron en Comisión los portavoces del Grupo Socialista
para mejorar el texto que el señor Hernando nos trajo. Y el trámite del
Senado en esta ocasión ha vuelto a mejorar el contenido de esta
proposición de ley ampliando la protección a los familiares de las
víctimas de trata y ampliando también el contenido de esa protección. En
esta proposición de ley damos pleno contenido al artículo 24 de la
Constitución, plena garantía judicial de los derechos de las personas y,
por tanto, nos podemos sentir satisfechos del esfuerzo que ha hecho el
Parlamento. Pero, también es cierto, señorías, que el debate de esta ley
nos ha permitido acercarnos un poco más a la realidad de la trata con
toda su complejidad, e incluso a la realidad de la trata de los menores
con fines sexuales. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa
la Presidencia.)
Esta misma semana se presentaba aquí en Madrid una campaña promovida por
la Asociación Catalana para la Infancia Maltratada en la que se ponía de
manifiesto algunas debilidades de nuestras políticas públicas para
proteger a menores que son víctimas de trata, y nos planteaban algunas
cuestiones. Nos planteaban formación especializada para los miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que deben hacer frente a
estas personas; existencia de servicios especializados para atender a
estos menores de edad y, por tanto, también la necesidad de que las
comunidades autónomas, que son las competentes en esa materia, tuviesen
los recursos para poder desarrollar esos servicios; seguridad también en
los supuestos en los que la Administración decide retornar a su país de
origen a estas personas víctimas de la trata y, además, nos planteaban
una propuesta muy concreta, que los bienes decomisados en las operaciones
contra la prostitución permitiesen financiar estas políticas que, en
términos del coste por persona a la que debe atenderse, son sustanciales,
son servicios especializados, son potentes. Señorías, el debate de esta
proposición de ley nos ha servido para visualizar esa realidad. En la
ponencia llegamos incluso a plantear la necesidad de que España tuviese
una ley integral de lucha contra la trata, esa creo que va a ser una
cuestión también que la próxima Cámara deberá de abordar.
En todo caso, mi grupo -insisto y termino- está satisfecho del esfuerzo
que el Parlamento ha hecho en esta materia. Hemos querido remarcar que en
esta materia ha primado la capacidad del acuerdo que no el acentuar las
diferencias que nos separan. Como dije en la intervención que hice en el
Pleno, desde el año 1985 va a ser la primera vez que esta Cámara aprueba
una reforma de la Ley de Extranjería con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios. El reto de volver a recuperar el consenso en política
migratoria es imprescindible, porque gobierne quien gobierne en el
Estado, gobierne quien gobierne en las comunidades autónomas, las
cuestiones de fondo que tenemos planteadas sobre la inmigración son
coincidentes y los enfoques que debemos abordar terminan siendo más o
menos parecidos. Todos coincidimos en la necesidad de regular los flujos
migratorios,
de apostar por la emigración legal, de entender que son las necesidades
del mercado de trabajo quienes permiten la regulación de esos flujos, de
entender que el derecho a la reagrupación familiar debe de poder ser
ejercido por las personas, que debemos luchar contra la inmigración
irregular, que las políticas de integración y acogida son fundamentales y
que ello exige dotar de más medios y capacidades a comunidades autónomas
y ayuntamientos, que la cooperación con los países emisores de la
emigración es fundamental y que nuestras políticas de desarrollo deben de
incorporar esta perspectiva. Ese consenso lo compartimos, seamos capaces
también de trasladarlo cuando aprobamos leyes en esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Guerra.
La señora GUERRA GUERRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero agradecer antes que nada que me encuentro en esta tribuna
en nombre del Grupo Parlamentario Popular, de mi grupo, para defender
esta proposición de ley que, como saben, modifica los artículos 31 bis y
59 bis.
Me gustaría llamar la atención de todos ustedes sobre el hecho de que en
diciembre de 2009 es cuando se modifica la Ley de Extranjería. Mi grupo
considera que en esa Ley de Extranjería deberíamos haber hecho esfuerzos
todos, y muy especialmente el grupo mayoritario, para alcanzar mayores
acuerdos. Por eso, mi grupo el 11 de junio de 2010 intentó, con esta
proposición de ley, extender la tutela judicial efectiva a las víctimas
en un caso por violencia de género y en otro por ser utilizadas por las
mafias. El 8 de febrero de 2011 el Gobierno presenta el borrador de
reglamento; lo hace catorce meses después. La ley establecía claramente
que ese reglamento se tenía que haber elaborado en seis meses, pero se
hizo catorce meses después, y entonces es cuando puede entrar la toma en
consideración de la modificación de los artículos que presenta mi grupo.
Señorías, me gustaría llamar la atención de ustedes sobre todo en un tema.
Tengo aquí el "Diario de Sesiones" del Senado, el que se vio para esta
modificación de la ley. La senadora del Partido Socialista, presidenta de
la Comisión, señora Rubial, decía exactamente estas palabras: No debemos
olvidar que el informe de la fiscalía de 2010 nos decía que hay más de
135.000 denuncias por violencia de género, de las cuales el 40 por ciento
corresponden a inmigrantes. También en el informe de 2010 sobre las
víctimas identificadas como potencialmente de explotación por redes que
trafican con seres humanos, hay 1.605, de las cuales el 93 por ciento
corresponden a mujeres extranjeras, y de ellas 523 estaban en situación
irregular en nuestro país. Además, añadiría yo: En el año 2009 murieron
55 mujeres en este país por violencia de género, de las cuales el 37 por
ciento eran extranjeras, y en 2010 murieron 73 mujeres por violencia de
género, de las cuales el 35 por ciento eran extranjeras. Llamando la
atención sobre esto hay una frase que dice: Estas mujeres son las que
queremos proteger más y mejor. Señorías, por eso hemos presentado la
reforma de estos artículos, porque entendemos que estas mujeres pierden
hoy el miedo de que por ese expediente de denuncia puedan ser expulsadas
de este país. Creemos que las mujeres que son explotadas por las mafias
que trafican con ellas son las esclavas del siglo XX y XXI. Además,
quiero llamar la atención, como lo han hecho los diputados de todos los
grupos, de que esta es una modificación que ha llevado al consenso por
defender los derechos humanos y sobre todo por defender los derechos de
estas mujeres. Hemos tenido unanimidad a la hora de sentar el criterio
para esto. También deseo agradecer a las organizaciones no
gubernamentales, muchas de ellas hoy aquí, la Red de Trata, Amnistía
Internacional, Cáritas, Médicos del Mundo y Médicos sin Fronteras, que
hayan colaborado para mejorar la propuesta a la que se ha llegado en el
Senado y en el Congreso.
Por último, mi compañero, el diputado Hernando Fraile, ha sido quien ha
llevado en todo momento esta modificación de la ley y quiero agradecerle
que me haya dejado intervenir para poner el colofón a todo esto. Hoy
muchas de las personas que desde la calle nos están demandando que
acerquemos la política a la gente, sentirán que esta mañana hemos hecho
un esfuerzo para que ellas se sientan más libres.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Guerra.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Elías Cordón.
La señora ELÍAS CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy aprobamos definitivamente la modificación de los artículos
31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social. Hemos aprobado un
texto que amplía y garantiza la protección de las personas más
vulnerables; en este caso, las mujeres inmigrantes víctimas de violencia
de género, así como de trata de personas y que, además, tienen otro
componente que les da mayor vulnerabilidad, que están en situación
irregular. Quiero recordar que la Ley 2/2009, de reforma de la Ley de
Extranjería, ya introdujo la nueva legislación contra la violencia de
género de nuestro país para mejorar y trasladar las medidas aprobadas en
la Ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de
género, a las mujeres extranjeras, así como el Convenio de lucha contra
la trata de personas que se aprobó en el Consejo de Europa. Pero la
situación de las mujeres víctimas de violencia de
género o de trata de personas de origen extranjero en situación irregular
requería una reglamentación más precisa y más concreta para hacer
prevalecer, por encima de los mecanismos administrativos, algo que es
fundamental en democracia: los derechos humanos. Ante esta iniciativa, el
Grupo Socialista ha estado centrado de manera rotunda y contundente en
combatir cualquier fórmula de violación de los derechos humanos. Para
ello, hemos trabajado conjuntamente con todos grupos para conseguir que
la norma se aprobase por consenso, para lograr el máximo acuerdo en una
norma que es garantista, que consigue dar más protección y más seguridad
jurídica hacia esas mujeres doblemente desprotegidas por su
invisibilidad, el miedo o la explotación a la que están sometidas y por
la situación de irregularidad en la que se encuentran.
Con esta modificación de la ley que hoy aprobamos estamos estableciendo
unas condiciones legales más propicias para conseguir que desciendan los
casos de violencia de género y de trata de personas en un ámbito muy
delicado, el de las extranjeras que están en nuestro país en condiciones
de irregularidad. Para ello, también hemos ampliado esta protección a sus
hijos o personas con discapacidad que estén a cargo de la víctima, porque
queremos reforzar la colaboración con la víctima y que pueda denunciar su
situación sin ningún tipo de amenazas, sin ninguna condición, sin ningún
temor por su situación de irregularidad ni por la situación de sus
familiares.
Señorías, en esta norma nuestro debate ha estado en conjugar cómo resolver
la colisión que representaba el derecho de extranjería respecto de las
víctimas extranjeras en situación irregular, es decir, cómo articulábamos
la seguridad jurídica de la Ley de Extranjería con las reticencias que se
generan cuando se dictan normas que amparan derechos que pueden producir
fraudes. Pues bien, todos los grupos hemos estado de acuerdo en primar la
tutela judicial efectiva de las víctimas en determinados delitos de
acuerdo con el artículo 24 de la Constitución, pero amparando también los
principios que regulan la lucha contra la inmigración irregular.
Señorías, con la modificación de estos dos artículos de la Ley de
Extranjería quiero hacer mías las palabras de nuestra portavoz de
inmigración, doña Esperanza Esteve, porque reflejan con contundencia el
espíritu de esta modificación en la ley. Dice la señora Esteve: Se trata
de luchar con todos los medios que nos da el Estado de derecho contra los
traficantes, contra los violentos que cercenan voluntades, que amenazan y
subordinan a las mujeres solo por eso, por ser mujeres, no solo por ser
inmigrantes, sino por ser mujeres. Agradezco, por tanto, a todos los
ponentes de los diferentes grupos parlamentarios el buen trabajo hecho y
por el compromiso de colaboración entre todos los grupos para conseguir
avanzar en la protección de las víctimas, que es lo que importa. También
quiero mostrar mi agradecimiento a las organizaciones sociales que
trabajan directamente con estas personas por aportarnos su criterio y
conocimiento real de las situaciones de vulnerabilidad de las víctimas.
Acabo, señora presidenta, diciendo que hoy aprobamos -fruto del trabajo
parlamentario y de la toma de decisión conjunta de unos criterios- un
buen texto que va a ampliar la protección y seguridad a las víctimas, que
es lo más importante. Pero también hemos dado un buen ejemplo del valor
de la actividad política comprometida con los problemas de los ciudadanos
al aprobar por unanimidad, tanto en el Congreso como en el Senado,
medidas para mejorar la vida y los derechos de las personas más débiles y
más indefensas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Elías.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS DEL
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA (Número de expediente 121/000107.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A continuación, pasamos a
debatir los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. En
primer lugar, el del proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de
los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Tiene la palabra el
señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Camacho Vizcaíno): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señorías, antes de entrar en un proyecto que es importante dentro de la
política del Ministerio del Interior, me gustaría agradecer el esfuerzo
colectivo que ha permitido una mejora significativa de este proyecto de
ley. Esa mejora se ha producido, en primer lugar, debido al previo y
amplio consenso conseguido entre el Gobierno y los representantes
sindicales de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. En segundo
lugar, esa mejora se ha producido también debido a la activa colaboración
de todos los grupos parlamentarios para mejorar este proyecto. Todo este
interés y este esfuerzo compartido han permitido que hoy llegue a este
Pleno un texto sustancialmente mejor, respaldado y con la aprobación de
todas las fuerzas políticas, lo cual es especialmente importante si
estamos hablando de una institución tan esencial en nuestro Estado como
es la Policía.
Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, como miembros -que lo
son- de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se encuentran en
una posición jurídica que difiere de la del resto de servidores públicos.
De esta posición singular -derivada, entre otras razones, de la autoridad
en la que están investidos- emana la exigencia en el cumplimiento de
deberes especiales con
la Administración y, sobre todo, de deberes especiales con los ciudadanos
a los que sirven. La regulación original de estos derechos y deberes se
encuentra, como saben sus señorías, en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, que contiene los principios básicos de actuación, las funciones y
las disposiciones estatutarias fundamentales aplicables a todos los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante,
dichas normas estatutarias no regularon en su momento todos los aspectos
que deben conformar necesariamente su régimen jurídico. En consecuencia,
el desarrollo legislativo previsto en la Ley orgánica de régimen
estatutario del Cuerpo Nacional de Policía se ha realizado de forma
fragmentaria a través de distintas normas con carácter reglamentario.
Pasados veinticinco años desde la aprobación de la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado era, sin duda, imprescindible
un texto legal que, con el rango normativo adecuado, regulara de una
manera completa y sistemática, al igual que el anverso y el reverso de
una moneda, el conjunto de derechos y de deberes que corresponden y son
exigibles a los miembros de la Policía, de acuerdo con su carácter de
instituto armado de naturaleza civil. Además de este objetivo esencial
que tenía y tiene la norma de regular derechos y deberes de una manera
sistemática, me gustaría destacar algunas otras cuestiones que en el
Ministerio del Interior consideramos importantes en el contenido de la
norma que hoy analizamos. En primer lugar, sin duda, esta ley es el
contrapunto imprescindible de la Ley Orgánica 4/2010, de régimen
disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, ya que viene a establecer
de forma clara y cierta cuáles son las conductas que son exigibles a los
miembros del cuerpo y dicha previsión normativa es siempre una premisa
básica y un requisito esencial para la aplicación de cualquier régimen
sancionador. Por otro lado, el proyecto actúa en perfecta simetría con la
regulación de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil,
que se encuentra recogida en la Ley Orgánica 11/2007, respetando sin
embargo de manera lógica la distinta naturaleza civil o militar de ambos
institutos armados.
También creo que debo destacar que el texto normativo recoge por primera
vez un listado exhaustivo de derechos que tendrán los miembros del Cuerpo
Nacional de Policía y en ese catálogo de derechos individuales que recoge
la ley se incorporan junto a derechos tradiciones otros de reciente
reconocimiento, entre ellos, el respeto a su intimidad personal, a su
orientación sexual, a su propia imagen, así como a la dignidad en el
trabajo o a la adopción de medidas en el ámbito del Cuerpo Nacional de
Policía que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral. Destaca también como una novedad importante del texto la
exigencia a la Administración de proporcionar defensa y protección
jurídica en los procedimientos, cualquiera que sea el orden
jurisdiccional donde estos procedimientos se encuentren, como
consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones.
Por otro lado, entre los deberes y obligaciones a que están sujetos, de
acuerdo con el texto de la ley, los miembros del Cuerpo Nacional de
Policía destacan especialmente los que afectan a los principios generales
del orden constitucional. En primer lugar, el respeto a la Constitución y
al resto del ordenamiento jurídico, con la obligación de velar en todas y
cada una de sus actuaciones por su cumplimiento; en segundo lugar, el
ejercicio de las funciones y cargos necesariamente con lealtad e
imparcialidad; en tercer lugar, el cumplimiento del régimen de
responsabilidades, y por último, la obligación de guardar el secreto
profesional. También se incluyen en la norma deberes derivados de su
específica relación de servicios, entre ellos, por ejemplo, los de
obedecer y ejecutar las órdenes que reciban de sus superiores, observar
las normas de uniformidad, y por último, portar y utilizar el arma
reglamentaria en los casos y en las formas previstas, de acuerdo con los
principios de congruencia, de oportunidad y de proporcionalidad.
Finalmente, entre este conjunto de aspectos más destacados de la norma se
inserta y es esencial un código de conducta que cumple, en primer lugar,
una función orientadora y supone además un límite a las actividades
lícitas. Sus reglas y sus principios no solo informarán la interpretación
y aplicación del régimen disciplinario sino que además creemos que
cumplirán una función pedagógica importante. Y no tengo que recordar a
sus señorías la importancia que en las sociedades democráticas avanzadas
tienen los instrumentos que refuerzan la confianza ciudadana en el que
quehacer de los funcionaros policiales.
No me voy a extender más. Como bien conocen sus señorías, realizo la
presentación de este proyecto de ley a la Cámara desde mis nuevas
responsabilidades al frente del Ministerio del Interior. No es nueva, sin
embargo, mi participación en la elaboración y en el seguimiento de este
importante proyecto para un conjunto esencial de servidores públicos.
Estoy, eso sí, siempre a su disposición para con su colaboración seguir
mejorando la vida y las condiciones de trabajo de estas personas, que
forman parte de una de las instituciones más esenciales de nuestra
democracia, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
ministro.
Para defender las enmiendas del Grupo Mixto tiene la palabra la señora
Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, señor ministro, intervendré muy brevemente para defender
únicamente en este trámite las dos enmiendas que mantengo vivas al texto,
pero permítanme previamente que agradezca a los funcionarios de la
Comisión y particularmente a la letrada, doña Rosa Ripollés, su trabajo,
que ha resultado imprescindible para que hoy lleguemos aquí con un texto
enriquecido, sin
duda ninguna, no solo por el trabajo de los ponentes sino también por su
estimable apoyo y colaboración. Quiero también agradecer el trabajo de
todos los portavoces parlamentarios. El trabajo en el trámite previo de
ponencia y también en el trámite de Comisión. Y permítanme que agradezca
particularmente el trabajo y la actitud del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, que ha sido no solamente colaborador sino
extremadamente competente y que ha hecho posible que salga una ley con un
amplísimo consenso sobre la que hoy debatimos por última vez, espero.
Mantengo vivas, sin embargo, un par de enmiendas que lamentablemente no
han podido ser tenidas en cuenta. La primera de ellas al artículo 2,
apartado k) en la que planteamos que se incorpore específicamente entre
los derechos a la no discriminación la afiliación a una organización
sindical, que se diga expresamente que nadie podrá ser discriminado por
estar afiliado a una organización sindical. Me dirán sus señorías -ya me
lo dijo el portavoz del Grupo Socialista- que no es necesario decirlo
expresamente, que ya lo dice la Constitución, pero yo pienso que lo que
abunda no daña, y más en materia de derechos, de reconocimiento de
derechos; un ámbito en el que a veces hay gente con tentaciones a la
desmemoria. Y yo creo que en esta ley, aunque pueda parecer que no es
sustancial, no hacía ningún daño que se dijera en este artículo. Creo que
no tengo ninguna capacidad para convencerles a estas alturas pero hago
una apelación a que se lo piensen porque no desbarata nada, no hace daño
a nadie, no perjudica nada absolutamente el trabajo de la ley. Estamos
hablando de reconocimiento de derechos, en este caso de la no
discriminación, e insisto, lo que abunda en este caso no daña -son los
artículos 28.1, el 14 y el 23 de la Constitución- y es mejor decirlo que
obviarlo, si se puede hacer.
El contenido de la enmienda 49 es mucho más complejo. En ella se trata de
introducir una disposición específica entre los derechos también -estamos
en el mismo artículo número 9- a una equiparación salarial y social con
otros operadores de seguridad del Estado español; hablamos de los
policías. Esta es una cuestión sobre la que hemos debatido muchas veces
en esta Cámara y sobre la que probablemente tendremos que seguir
debatiendo. No creo que esta sea una cuestión en la que haya interés en
no resolver; no creo que quienes se oponen, quienes votaron en contra en
Comisión, quienes aquí en otras ocasiones han dado un voto contrario, no
tengan intención de resolverlo o les parezca injusta la pretensión o les
parezca que se está tratando con justicia a todos los agentes de la
seguridad del Estado, sean policías autonómicos, sean mossos d´esquadra,
sean policías municipales, guardias civiles o policías nacionales, como
es el caso. Creo que hay un derecho principal -eso que se decía con
carácter general y que se ha reivindicado tanto desde el movimiento
obrero- que postula que a igual trabajo, igual salario, y este derecho
principal a tener el mismo reconocimiento social y económico no puede
estar supeditado a una apelación que se hace sobre la autonomía política,
que es cierta, de las comunidades autónomas y de los municipios. Esa
autonomía política no puede servir para tratar con discriminación a
ciudadanos españoles que cumplen las mismas funciones, que tienen las
mismas responsabilidades: la protección del orden público, la protección
de la seguridad de todos los ciudadanos españoles y que, amparados en eso
de que hay autonomía política -que la hay-, resulta que tienen un trato
discriminatorio. Sé que no es fácil, al contrario, sé que es complicado,
pero se puede resolver como se resuelven otras tantas cosas. Si en Europa
pueden intentar resolver a través del semestre europeo los presupuestos
de todos los Estados miembros, ¿no hemos de ser capaces en España de
resolver esta reivindicación tan antigua como justa de estos
profesionales?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: La política está para resolver los problemas. Si
fuera fácil, no estaríamos hablando de ello, ya lo habríamos hecho. Como
me parece que el principio de justicia y de igualdad ha de estar sin duda
ninguna por encima de una autonomía política, que tiene otras instancias
además del Estado, creo que tenemos que arremangarnos y resolverlo, hacer
que la política sirva para resolver los problemas y no para dormirse en
ellos.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor
Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario, como hicimos en la Ley orgánica relativa
a los derechos y deberes de los profesionales de las Fuerzas Armadas,
tiene un sustancial acuerdo con respecto a la ley que ahora discutimos,
de derechos y deberes de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Teníamos un acuerdo con la presentación del proyecto de ley, que estaba
bastante consensuado desde el punto de vista social cuando llegó a esta
Cámara, y también lo tenemos ahora, porque a lo largo del trámite
parlamentario hemos ido acercando posiciones y, en nuestra opinión, el
texto se corresponde con esas posiciones de consenso.
Es un texto necesario, no solamente porque compile o codifique lo que
podríamos denominar el estatuto del Cuerpo Nacional de Policía, sino
porque además significa, por una parte, la actualización de ese estatuto
de acuerdo con resoluciones del Consejo de Europa y de Naciones Unidas,
es decir, la actualización de derechos y de obligaciones, y por otra
parte, como se ha dicho
también, un contrapunto a una ley reciente, que es la Ley del Régimen
Disciplinario, y no hay régimen disciplinario si no se codifican los
derechos y las obligaciones de un determinado cuerpo, en este caso el
Cuerpo Nacional de Policía. Por tanto, consideramos que es una ley
necesaria.
Creemos que dentro de la ley, se avanza tanto en derechos individuales
como en derechos profesionales y colectivos. Hemos mantenido algunas
enmiendas que tienen que ver básicamente con los derechos colectivos, con
la representación sindical, con el conflicto colectivo. Esta es una parte
de las enmiendas que hemos dejado pendientes, no porque tengamos
desacuerdo con respecto a la ley, sino porque hemos planteado enmiendas
más ambiciosas. Por otra parte, coincidimos en lo que tiene que ver con
los deberes constitucionales, con las incompatibilidades y con el código
de conducta, que es un elemento que nos parece muy importante dentro de
este estatuto del Cuerpo Nacional de Policía o dentro de esta ley
orgánica de derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía.
Hemos mantenido una enmienda, la famosa enmienda 19, que ha provocado un
río de debates en la ponencia y cuya defensa mantengo. Lo consideren
ustedes o no, lo reconozcan o no, en la Policía, como en cualquier cuerpo
u organización de este país, hay una determinada tasa de enfermedad, de
enfermedad física y de enfermedad psíquica, también la psíquica. Es
decir, el Cuerpo Nacional de Policía no está vacunado contra la
enfermedad psíquica. Cuando se pretende dar una posibilidad de trabajo
compatible a aquel que tenga una patología, debe ser la patología física
y la patología psíquica. Yo les recordaba una novela reciente de
Wallander, en la que prácticamente ustedes echarían al principal
investigador de novela negra de la policía sueca. Yo creo que no deberían
hacerlo porque sigue siendo un eficaz policía a pesar de que haya tenido
un problema psíquico en un momento de su vida. Eso no le inhabilita para
que vuelva totalmente a una situación de salud o bien para que tenga que
irse de la policía. Es una enmienda que mantenemos y que quería defender.
Termino. Hoy no puedo evitar, señorías, mostrar mi confianza en el Cuerpo
Nacional de Policía, mi confianza en la institución y mi confianza en sus
profesionales. Al igual que considero increíble que haya una
confabulación de médicos para matar, considero increíble que haya una
confabulación de policías para colaborar con el terrorismo. (Aplausos.)
Me parece injusto y no lo voy a aceptar. Señorías, esas son mis razones.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Llamazares.
Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, aunque parece que soy la única persona que mantiene esta
posición, le voy a felicitar por su nombramiento y a desearle suerte en
los azarosos compromisos que, no sé si largos en el tiempo, le esperan.
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Tengo que comentar que estamos ante una buena
ley. Quiero empezar mis palabras además, con carácter preambular,
haciendo en sus propios términos mías las últimas pronunciadas por el
portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Desde luego, estas
teorías conspirativas basadas en la existencia de policías confabulados
para avalar o proteger a grupos terroristas constituyen una paradoja
intelectual rayana en la esquizofrenia o en la paranoia, de los problemas
atenientes a su enmienda 19, que inhabilitan a un policía con problemas
de discapacidad psíquica para ejercer sus funciones. Deberíamos también,
señor Llamazares -me refiero a usted directamente-, considerar hasta qué
punto a determinados representantes políticos, determinadas paranoias no
les descalificarían o deberían provocar su inhabilitación para el
ejercicio de sus funciones políticas de representación pública. Al margen
de estas digresiones, ya tabulado cuál es nuestra opinión sobre
determinadas reflexiones absolutamente patológicas desde una perspectiva
político-jurídica, tengo que indicar que respecto a su enmienda 19, no
nos pida colaboración de ningún tipo. En el género literario es posible
cualquier cosa, como usted, que es un gran lector, sabe perfectamente,
pero en el material normativo, nosotros no podemos permitirnos ciertas
licencias si determinados funcionarios afectados por problemas psíquicos
portan armas y constituyen colectivamente la forma de ejercer el ius
puniendi del Estado. Tenemos que realizar reflexiones adecuadas a la
naturaleza de la función ejercida y a los peligros que la posesión de
determinados problemas, en este caso discapacidades psíquicas, pueden
generar.
Al margen de esto, estamos ante una buena ley, también ante una buena
factura técnico-jurídica, señor ministro, fruto de un consenso y de un
parlamentarismo bien concebido. Paradójicamente, nos encontramos con que
en las postrimerías de esta legislatura se están elaborando las mejores
leyes. No sé qué ha pasado en los primeros años de la legislatura, pero
estamos de alguna forma aprobando los exámenes y las reválidas que a los
políticos nos resultan exigibles cuando más refutación de la clase
política hay en las calles, aparente o pretendidamente, y cuando se está
acabando la legislatura materialmente. Esta es una buena ley que regula
los derechos y los deberes del Cuerpo Nacional de Policía mediante una
asimilación o una convergencia no culminada, en nuestra opinión, de forma
adecuada o de forma perfecta con el Estatuto del empleado público.
Estamos hablando de funcionarios, de funcionarios que portan
armas y que ejercitan el ius puniendi y el poder coercitivo que al Estado
le corresponde en cualquier Estado democrático, pero son funcionarios
fundamentales a los que deben corresponderles la práctica totalidad,
salvo las excepciones tasadas por la ley, que deben ser escasísimas y muy
justificadas, previstas para cualquier funcionario público. Son todos los
derechos y deberes que se consignan en el Estatuto del empleado público,
fundamentalmente. Esa ha sido la pretensión de mi grupo parlamentario y
hemos forzado hasta el límite las posibilidades de asimilar las
categorías funcionariales en todos los ámbitos, incluso en las
designaciones de las personas de libre designación, y otros con los
requerimientos que se prevén en el Estatuto del empleado público. Lo
hemos logrado, no del todo desafortunadamente. Está el problema de la
afiliación. Ha habido un debate peculiar que yo no termino de entender
muy bien, señor ministro, que es el de la posibilidad o legitimidad para
afiliarse a lo que se denominan sindicatos de clase. Esta es una
expresión, la de sindicatos de clase, ya doctrinalmente periclitada. Solo
en sede parlamentaria o en el ámbito político se habla de sindicatos de
clase. Habría que preguntar a qué clase de sindicatos nos referimos, si
son los sindicatos que están previstos en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical y que constituyen o defienden a los representantes que cumplen
las funciones de representación y defensa de los derechos e intereses de
los trabajadores. Estamos hablando de muchos sindicatos. Ahí sí se prevé
cuáles son los sindicatos que ostentan condiciones o potestades
ultrahábiles de actuación y ejercen funciones públicas o cuasi públicas,
señor ministro. Pero la afiliación a cualquier sindicato sin ninguna
limitación sería una de las pretensiones de mi grupo parlamentario, no
articulada de forma suficientemente adecuada en este importante proyecto
de ley.
Hay otro problema, que es el relativo a la rehabilitación. Señor ministro,
yo he visto rehabilitaciones...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, ha
acabado su tiempo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya.
He visto rehabilitaciones de jueces y magistrados por haber cometido
previamente delitos. Si a un juez o a un magistrado se le puede
rehabilitar por haber cometido un delito previamente, usted me tiene que
explicar por qué no se puede rehabilitar a un funcionario policial que ha
cometido un delito previamente si está regenerado y está perfectamente
rehabilitado en los términos técnico-jurídicos de la expresión.
Por último, algunas cuestiones...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, ha
superado el tiempo. Mire la hora que es.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, señora presidenta.
En todo caso y en atención a las invocaciones de la presidenta, preñadas
de sentido común, como casi siempre, voy a acabar ya esta disertación
felicitándonos colectivamente porque hemos hecho una buena ley sobre los
derechos y libertades de un cuerpo tan importante como el Cuerpo Nacional
de Policía.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Olabarría.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora
Surroca.
La señora SURROCA COMAS: Gracias, señora presidenta.
La política legislativa del Gobierno, que ha optado por separar en dos
normas la regulación del Cuerpo Nacional de Policía, hace que hoy veamos
en el Pleno el dictamen de la Comisión de la parte que por la materia
objeto de regulación -esto es, derechos y deberes- tiene carácter
orgánico, mientras que el resto de las materias referidas al régimen de
personal fue ya aprobado en su día en Comisión con competencia
legislativa plena. Permítanme aquí unirme a las voces que señalan su
preferencia por la otra técnica legislativa, por la que se había optado
con anterioridad, que es la técnica de normas parcialmente orgánicas, que
hubiera permitido integrar el estatuto del Cuerpo Nacional de Policía en
una sola norma parcialmente orgánica, lo cual hubiera propiciado, a
nuestro juicio, un sistema más ordenado, más cercano al principio de
seguridad jurídica y, por tanto, más garantista.
Con estas dos iniciativas, junto con la Ley 4/2010, de régimen
disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, se culmina la regulación de
la tres materias estatutarias -régimen de personal, derechos y deberes, y
régimen disciplinario de los miembros de la Policía Nacional-, al igual
que anteriormente se hizo con el cuerpo de la Guardia Civil. Quiero
señalar de entrada que, tal como se nos expuso por los representantes de
las organizaciones policiales que comparecieron durante la tramitación
del proyecto, este y el régimen de personal entraron ya muy trabajados
con las propias organizaciones, muy consensuados y considerados por todas
ellas como unas normas esperadas y necesarias que regulan de manera
sistemática y específica el conjunto de normas dispersas vigentes hasta
el momento actual. Desde este punto de partida creemos que, fruto de una
ponencia muy debatida y trabajada, el proyecto ha podido mejorar,
enriqueciéndose con las aportaciones de todos los grupos.
Quisiera señalar que Convergència i Unió ve reflejadas sus enmiendas en el
texto que vamos a votar y que se aprobó en Comisión. Nos reconocemos en
muchos de los cambios o mejoras que se han introducido en ambos textos.
La previsión de la aplicación supletoria del Estatuto básico del empleado
público; el que se recoja expresamente que la asignación de funciones
distintas a las correspondientes al puesto de
trabajo que se desempeñe tenga una limitación, que es que sea en supuestos
debidamente motivados y por el tiempo mínimo imprescindible, o la
incorporación de la antigüedad como principio de provisión de puestos de
trabajos, serían algunos de ellos. La previsión de que la adscripción en
comisión de servicio con carácter forzoso no sea ilimitada, sino que
tenga un tope de seis meses prorrogables a otros seis, o que prime
siempre la retribución más beneficiosa, es decir, la más elevada entre la
del puesto de origen o la del puesto que realmente se está desempeñando,
o el que se incluya una nueva situación administrativa, que es el
servicio en otras administraciones públicas para poder equiparar los
derechos de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía al resto de
funcionarios de la Administración General del Estado, serían otras de las
mejoras recogidas en la Ley de Personal. El derecho a la ocupación de un
puesto de trabajo adecuado, no solo a partir de los 58 años, sino también
cuando se declare una incapacidad física parcial del funcionario, la
mejora de la defensa y asistencia jurídica, la adopción de medidas de
conciliación y la obligación por parte del Gobierno de promover la
consideración social de la Policía Nacional, atendiendo a la dignidad del
servicio policial, serían también algunos de los cambios de la ley de
derechos y deberes en los que nos reconocemos.
Hemos retirado casi todas nuestras enmiendas, unas porque han sido
recogidas literal o transaccionalmente, y otras porque tras largo debate
en ponencia nos hemos convencido de la bondad de otro texto. Mantenemos
no obstante dos de ellas, que paso a defender. La primera, la número 11,
contempla el derecho a la afiliación a los comúnmente llamados sindicatos
de clase. El reconocimiento a este derecho se hace en todos los países de
la Unión Europea y también en Cataluña, por lo que mantenemos la enmienda
y la sometemos a votación. La segunda es la número 7, que tiene como
pretensión una mejora en la conciliación, y es que se extiendan a la
pareja de hecho los derechos reconocidos a los cónyuges en cuanto a
permisos y licencias parentales. Esta enmienda ha sido objeto de un largo
debate, y aunque comprendemos las objeciones que se nos hacen desde el
Grupo Parlamentario Socialista que aluden a la dificultad de gestionar
una enmienda de esta naturaleza en un cuerpo de más de 70.000 miembros,
cuando además no existe una ley estatal de parejas de hecho que permita
concretar y acreditar la existencia de las mismas, no la podemos aceptar
porque prácticamente toda la legislación estatal que se aprueba recoge la
figura de la pareja de hecho, a pesar de la inexistencia de una
regulación estatal de la misma. No vemos razón suficiente para excluir a
la Policía Nacional de una medida que en este caso mejora la conciliación
y facilita el poder tener hijos, si es que se desea tenerlos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Surroca, por favor.
La señora SURROCA I COMAS: Voy terminando. Así, entre otras, en la Ley
40/2007, de reforma de la ley de la Seguridad Social, y en las muy
anteriores 1/1994, de 20 de junio, y 29/1994, de arrendamientos urbanos,
y en muchas más, e n todas ellas se extienden los derechos de la pareja
de hecho, aun cuando no exista ley estatal.
Por último, en nombre de nuestra portavoz que ha participado en la
tramitación parlamentaria de la ley, queremos poner en valor el trabajo
de la ponencia que ha sido extenso e intenso.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Surroca, por favor.
La señora SURROCA I COMAS: Y agradecemos singularmente al portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, señor González Serna, y a la letrada,
señora Ripollés, su brillante trabajo. Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Surroca.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Permítame que dado que es la primera comparecencia que tengo con el nuevo
ministro, aproveche para darle la bienvenida y desearle suerte, que con
sinceridad, en las circunstancias en las que hereda el ministerio, sin
duda la va a necesitar.
He subido muchas veces a esta tribuna a denunciar una política de
personal, en particular relacionada con el Cuerpo Nacional de Policía,
que ha provocado un descontento y un grado de politización sin
precedentes en el Cuerpo Nacional de Policía. Hoy tengo la especial
satisfacción de subir a la tribuna para defender el voto positivo de mi
grupo a un dictamen de una ley que reconoce los derechos y los deberes de
los miembros de esta institución. Vamos a dar un voto positivo por tres
motivos. Primero, por un sentido de la responsabilidad. En muchas
ocasiones se nos acusa desde el Grupo Parlamentario Socialista de que el
Partido Popular se opone a todo, es el partido del no, que no arrimamos
el hombro. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Yo creo que con
este voto una vez más queda desmentido, y encontramos a un Partido
Popular apoyando un proyecto de ley en un tema importante, como es el
reconocimiento de los derechos y los deberes de los miembros del Cuerpo
Nacional de Policía.
En segundo lugar, vamos a votar afirmativamente con la convicción de que
los derechos y los deberes de los policías nacionales no pueden estar
sometidos al albur de la alternancia partidista. Me parece que una ley
orgánica de esta naturaleza nace con una vocación de estabilidad en el
tiempo, y por tanto mi grupo la va a apoyar.
Y en tercer lugar, ni la apoyamos por obligación ni la apoyamos a
disgusto, sino que la apoyamos con satisfacción, y si me lo permiten la
apoyamos con el legítimo orgullo de haber contribuido, creo que de manera
importante, a mejorar la ley, a ampliar los derechos de los miembros del
Cuerpo Nacional de Policía, a aquilatar mejor cuáles son sus deberes, y
sinceramente creo, en mi corta experiencia legislativa, que es una de las
leyes en las que más se ha mejorado -y es consenso generalizado de todos
los grupos- el proyecto de ley que inicialmente nos remitía el Gobierno.
No hay tiempo para mencionar todas las mejoras, pero me atrevo a destacar
tres que me parecen especialmente sustanciales. Primero, que haya un
derecho de compensación de las horas de exceso que trabajan los miembros
del Cuerpo Nacional de Policía, a través de una enmienda derivada a la
Ley de Personal. En segundo lugar, que se reconozca el carácter
supletorio del Estatuto básico del funcionario público para los miembros
del Cuerpo Nacional de Policía, o que se contrate un seguro de
responsabilidad civil, que da más garantías patrimoniales y jurídicas a
los policías en su actuación. Por tanto quiero reconocer, como han hecho
el resto de grupos, el espíritu constructivo y de consenso que hemos
encontrado en toda la ponencia, especialmente la receptividad del Grupo
Socialista para admitir un buen número de las más de veinte enmiendas que
el Grupo Popular había presentado a esta ley; deseo hacer también un
reconocimiento de la labor, del papel que han desempeñado los sindicatos
profesionales del Cuerpo Nacional de Policía a través de sus
comparecencias y aportaciones a esta ley, y decir que una de las
satisfacciones más importantes que mi grupo tiene es que se consolide, se
consagre un modelo de sindicalismo profesional, en relación con otras
posibilidades, que creo sinceramente que ha sido un acierto histórico en
el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía.
Esta ley llega en los estertores de una legislatura agónica. Yo no sé si
el nuevo ministro asumirá el compromiso legislativo que tenía contraído
el anterior. Eso significaría que en tres meses tendría que mandar más
leyes de las que su antecesor mandó en tres años: tendría que mandar nada
menos que una ley de la seguridad privada, una ley orgánica de fuerzas y
cuerpos de seguridad, una ley de protección civil, una ley general
penitenciaria, una ley de cuerpos penitenciarios, entre otras varias.
Pero si algo mi grupo tiene que lamentar y también denunciar es que
termine esta legislatura habiendo incumplido el Gobierno el compromiso
político que tenía, la obligación legal que tenía de haber remitido una
ley de personal para el Cuerpo de la Guardia Civil; el deseo de mi grupo
hubiera sido que ambas leyes se hubieran tramitado de forma paralela.
Termino ya diciendo que mantenemos cuatro enmiendas, y le pido al
presidente que, dado que se han acortado mucho los tiempos, me deje un
minuto para defenderlas. En primer lugar, la enmienda en la que mi grupo
solicita unas retribuciones justas y unos criterios homologables en las
condiciones profesionales de los policías nacionales y de los guardias
civiles respecto a otros cuerpos de seguridad que existen en España.
Todos somos conscientes de que existe una injusta situación en la que
policías nacionales y guardias civiles son las fuerzas de seguridad peor
retribuidas que existen en el Estado. El reconocimiento que todos los
grupos hacemos reiteradamente de la labor de los policías y de los
guardias civiles no tiene que ser solo un reconocimiento de palabras,
tiene que también basarse en hechos, y me parece que el Grupo Socialista
ha desperdiciado una buena oportunidad para hacerlo, apoyando esta
enmienda que planteaba el Grupo Popular. En segundo lugar, me gustaría
destacar las dos enmiendas que defienden los principios de jerarquía y
los principios de antigüedad dentro del cuerpo. Me parece que una policía
debe ser sobre todo una policía profesional, una policía despolitizada,
una policía al servicio de los intereses generales del Estado. Estos
principios son básicos para que exista esa policía. Lo que me gustaría es
que tuviéramos una policía en la que un caso como el caso Faisán, que
está tan de candente actualidad, fuera imposible que sucediera por mucha
que fuera la presión política que se ejerciera sobre los funcionarios de
policía, porque fuera realmente una policía independiente, una policía
profesional y una policía apolítica. Yo espero, señor ministro, que dado
que su nombramiento como titular del departamento en buena medida se basa
en un criterio de antigüedad, haga recapacitar a su grupo y apoyen estas
dos enmiendas que había presentado mi grupo.
Concluyo, señor presidente, reiterándoles que a pesar de estas enmiendas,
que para nosotros son importantes, vamos a votar el dictamen de esta
Comisión, que lo vamos a hacer con convicción, que lo vamos a hacer con
satisfacción, y que lo vamos a hacer con el legítimo orgullo de haber
contribuido a una mejor regulación de los derechos y de los deberes de
los policías nacionales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cosidó.
Don Carlos González Serna tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero felicitar al señor ministro por sus
nuevas responsabilidades. Señor Camacho, le aseguro que el Grupo
Parlamentario Socialista valora su nombramiento como una decisión muy
acertada y estamos plenamente convencidos de que la seguridad de los
españoles queda con usted en muy buenas manos, y queremos también
desearle éxito y acierto, especialmente en materias tan sensibles como la
lucha contra el terrorismo y contra la criminalidad organizada, en las
que tanto hemos avanzado en los últimos años con usted y con el señor
Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior. En segundo lugar,
señorías, quiero agradecer la implicación de todos los grupos
parlamentarios en esa mejora significativa que usted ha citado de la ley.
Agradecemos el valioso trabajo de la letrada de la Comisión, señora
Ripollés, y agradecemos también las valiosas aportaciones y la actitud
constructiva del resto de los ponentes de todos los grupos
parlamentarios. Y en tercer lugar, señorías, quiero referirme sin más
dilación al proyecto de ley orgánica de derechos y deberes.
Se trata, como se ha dicho, de una norma cuya finalidad principal es dotar
de un estatuto jurídico propio a los miembros del Cuerpo Nacional de
Policía, y cuya tramitación en esta Cámara ha sido conjunta a la Ley de
Régimen de Personal, aprobada días atrás en la Comisión de Interior con
un amplio consenso. Ambas conforman una suerte de unidad jurídica en la
que quedan regulados, tanto los aspectos de régimen de personal como los
derechos y deberes que corresponden y que son exigibles a los más de
70.000 agentes que conforman nuestra policía. Y de ambas cabe decir que
son equilibradas porque guardan un meticuloso equilibrio entre derechos y
deberes; que son avanzadas porque sitúan el elenco de deberes y derechos
en el ámbito y en el contexto social y político actual; que aportan
seguridad jurídica a los agentes en el desempeño cotidiano de sus
funciones, y que han suscitado un gran consenso sindical, y a tenor de lo
que hemos podido escuchar esta mañana en la Cámara, van a suscitar
también un amplio consenso parlamentario. Y de ellas cabe decir sobre
todo, señorías, que dan satisfacción a importantes aspiraciones,
reivindicaciones y necesidades, tanto de la organización como de los
propios agentes.
Señorías, con el nuevo marco jurídico quedan resueltas, junto a las
cuestiones que usted, señor ministro, ha señalado en esta tribuna,
cuestiones de fondo tan importantes como la nueva regulación de la
segundad actividad, el régimen jurídico de la responsabilidad
patrimonial, el derecho a ocupar un puesto de trabajo adecuado a la edad
y a las circunstancias físicas, el derecho a la conciliación e incluso el
cambio en la edad máxima de ingreso asumiendo la petición de los
colectivos de su ampliación a los 35 años en la escala básica. Y desde la
perspectiva política, señorías, quiero resaltar que estas leyes son
consecuencia directa del esfuerzo modernizador impulsado desde 2004 por
este Gobierno en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Un impulso modernizador que ha supuesto considerables incrementos
presupuestarios, que ha supuesto potenciar como nunca las plantillas,
mejorar las condiciones socioprofesionales, y que ha supuesto también
importantes cambios legislativos. Señorías, en definitiva tenemos -y es
lo que quiere resaltar el Grupo Parlamentario Socialista- una policía muy
profesional y muy capacitada en la que confiamos plenamente, y estamos
absolutamente convencidos de que con el nuevo marco jurídico estamos
contribuyendo decisivamente a mejorar esa organización policial, y
estamos también contribuyendo a posibilitar que el Cuerpo Nacional de
Policía pueda seguir avanzando en profesionalidad, en eficacia y en
calidad en la prestación de sus servicios. Estamos profundamente
orgullosos, señor ministro, señorías, del Cuerpo Nacional de Policía.
Quiero acabar agradeciendo a todos los grupos el apoyo anunciado a esta
ley, y quiero también acabar con una referencia a dos intervenciones que
se han producido en torno a las enmiendas relativas a la equiparación
salarial. Creo que en esta Cámara todos los grupos parlamentarios -así
nos hemos pronunciado- somos partidarios de que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, somos partidarios de que el Cuerpo Nacional de
Policía tenga unas retribuciones justas, pero hay que ser absolutamente
conscientes de que las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular sobre equiparación salarial son inviables desde el punto de vista
jurídico, y también desde el punto de vista político en un Estado
descentralizado como el nuestro. Quiero recordarle, señor Cosidó -con el
respeto que sabe que le tengo-, que su partido cuando habla de
retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía tiene una credibilidad muy
limitada, porque ustedes -y lamento tener que recordárselo- solo se
acuerdan de las retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía cuando están
sentados en el banco de la oposición, porque cuando están en el Gobierno
ya saben que hacen aquello de si te he visto no me acuerdo.
Muchas gracias, señorías, por su apoyo a este proyecto de ley. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- PROPOSICIÓN DE LEY DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 122/000239.)
El señor PRESIDENTE: Punto 38. Proposición de ley de reconocimiento y
protección integral de las víctimas del terrorismo.
En primer lugar tiene la palabra la señora Díez, doña Rosa.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Presidente del Gobierno, señorías, señor ministro otra vez, llega a su
trámite un proyecto de ley integral de víctimas del terrorismo que es
verdaderamente importante desde nuestro punto de vista. Tiene un
antecedente -si me permiten recordarlo- que es un primer debate en
diciembre del año 2008 en relación con una moción en la que se solicitaba
por parte de Unión Progreso y Democracia la ampliación del concepto
víctima de terrorismo. Quiero recordar que en aquel momento el ministro
del Interior, señor Pérez Rubalcaba, habló de presentar esta iniciativa,
y que tiene un precedente que fue la propia toma en consideración en el
mes de septiembre del año 2010. Cuando se tomó en consideración dije que
esta era una ley tributaria del Pacto por las libertades y
contra el terrorismo, y que eso que a otros les disgustaba -se dijo desde
la tribuna- era lo que a mí más me gustaba. Dije que no era una ley para
la reconciliación, que era para el reconocimiento y protección de las
víctimas, reconocimiento y protección política, no solo social y/o
asistencial. Eso es lo que también más me gustaba y me gusta de esta ley.
Ese día de septiembre de 2010 cuando hablábamos de estas cosas creíamos
-desde luego la diputada que les habla lo creía- que ETA nunca se
volvería a colar en las instituciones democráticas que ha querido
liquidar, liquidando a sus miembros y liquidando a sus defensores. Pero
hoy desde ese día de septiembre hasta el día de hoy han ocurrido
demasiadas cosas y algunas bien negativas. Esta ley llega cuando han
ocurrido cosas tan dramáticas como que los testaferros de ETA, según dice
la sentencia del Tribunal Constitucional -testaferro dice el diccionario
que es persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio
que es de otra persona-, desde esa fecha de septiembre de 2010, se han
colado en las instituciones democráticas. Y no podemos -yo no puedo como
diputada representante de la soberanía nacional, en nombre de lo que les
hablo, como diputada de Unión Progreso y Democracia, nada más pero nada
menos tampoco- obviar esa circunstancia, lo que ha cambiado desde aquel
día de septiembre en el que tomamos en consideración esta proposición de
ley.
El texto que valía hace diez meses a mi juicio no sirve en el momento
actual, tiene carencias. No voy a insistir en ninguna de las cosas buenas
que tiene el texto, lo harán el resto de parlamentarios y de antemano
digo que me sumo a todas ellas. A todas las cosas que aquí se digan que
la ley trae como buenas de antemano digo que me sumo, porque ha sido un
trabajo de todos. Voy a insistir en aquello que me lleva a mantener una
serie de enmiendas vivas que plantearé en lo que significan nuestras
líneas rojas, que son cuatro. Una primera línea roja, que está
representada por las enmiendas números 18 y 29, tiene que ver con el
compromiso en la ley de no negociar contrapartidas políticas con los
terroristas. Yo lo que pido a través de esas enmiendas es que se diga en
la ley, y si como se me dice todos estamos de acuerdo, que se diga, que
se ponga en la ley, porque han pasado cosas tremendas desde que trajimos
aquí el texto inicial. Si estamos de acuerdo por qué no ponerlo, por qué
no ponerlo para que los buenos lo tengan claro -todos los buenos, los
ciudadanos de bien-, y sobre todo para que lo tengan claro los malos.
¿Por qué no ponerlo en la ley? No encuentro ningún argumento político
para no hacerlo.
La segunda línea roja es que en la ley debe quedar claro que excluiremos a
los testaferros de ETA de las instituciones, haciendo lo posible para que
no entren y haciendo lo necesario para que si están dentro salgan. Se me
dirá que ya está en la reforma de la Loreg, se me dirá que ya está en la
Ley de Partidos, y yo les digo: está, pero están dentro. ¿A qué
esperamos? ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer para sacarles?
Por tanto, si estamos aprobando esta ley en este momento político, ¿por
qué no decirlo también dentro de la ley? Si a ninguno de los que estamos
aquí -confío en ello, lo sé- nos molesta que eso ocurra, que podamos
echarles, que podamos impedir que entren, ¿por qué no decirlo en la ley,
en el día de hoy cuando verdaderamente están dentro? No me digan que no
hace falta decirlo; hay que hacerlo, y cuanto más se diga más fácil será
hacerlo.
La tercera línea roja es la necesidad de que explicitemos también en esta
ley que el final del terrorismo es un final con vencedores y vencidos,
que se diga con claridad, que se vuelva a decir nítidamente; lo que
abunda en esta cuestión no daña, no nos hace daño a ninguno de nosotros.
¿Por qué no lo decimos? ¿Por qué no lo escribimos en una ley que estamos
aprobando ahora, en el mes de julio de 2011, habiendo ocurrido lo que ha
ocurrido y estando produciéndose los acontecimientos que se están
produciendo? Y me refiero -que quede claro- a lo que tiene que ver con
Bildu y con ETA, que nadie quiera confundir mis palabras o hacer una
extensión que no tiene ninguna intención de hacerse.
Por último, me parece muy importante que se exprese en la ley el
compromiso de modificar las leyes necesarias, en este caso la Ley
Orgánica General Penitenciaria, para impedir la aplicación de medidas
excepcionales y flexibilización penitenciaria a los condenados por
delitos de terrorismo.
Estas son sobre todo, señorías, señores del Gobierno, señores del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular, las
cuestiones que yo quiero incluir y que defiendo en estas enmiendas.
Probablemente no tengo ninguna posibilidad de convencerles, pero apelo a
que me escuchen sin prejuicios y a que entiendan que realmente lo que
estoy reivindicando es una cuestión política, autónoma, basada en mi
propia experiencia y en mi propia responsabilidad. Si estamos de acuerdo
en la reflexión -que creo que sí, por lo menos en una parte
importantísima-, por qué no hacemos lo que tenemos que hacer, y por qué
no hacemos que esta ley sea verdaderamente una ley integral de víctimas
de terrorismo, porque nada más descorazonador ...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... que hacer como que no ha ocurrido nada. Sería
una oportunidad perdida que creo que no tenemos el derecho de perder,
como tampoco de no hacer lo que tenemos la obligación de hacer. No
hagamos como que no ha pasado nada. Actuemos, hagámoslo en este contexto,
y utilicemos este trámite y esta ley para ser absolutamente autoexigentes
con nosotros.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No se trata de pensar mal de nadie ni de no tener
confianza respecto de nadie, ni de quien está ni de quien puede estar.
Seamos autocríticos
y autoexigentes; yo, la primera. Cumplamos con nuestra responsabilidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez
Señora Guinduláin.
La señora GUINDULÁIN GUERENDIÁIN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, quiero comenzar recordando que hoy,
precisamente hoy, se cumplen diez años del asesinato de mi compañero de
partido, José Javier Múgica, concejal en Leiza, a manos de la banda
terrorista ETA. Fue asesinado por defender unos ideales y por respetar
los ideales de los demás. Su asesinato tenía un objetivo muy claro para
ETA, como también lo tuvieron otros asesinatos de cargos electos del
Partido Popular y del Partido Socialista. En este caso era sembrar el
miedo entre los habitantes vascoparlantes del norte de Navarra para
atemorizar a la población, y de esta manera asegurarse que nadie se
pudiera presentar a las elecciones, salvo quienes la propia banda
terrorista consideraba que les representaba. Desde Unión del Pueblo
Navarro haremos todo lo que esté en nuestra mano para que, tanto José
Javier Múgica como Tomás Caballero, igualmente concejal de UPN asesinado
en Pamplona, como el resto de víctimas de ETA permanezcan vivos en
nuestra memoria.
Dicho esto, señorías, consideramos que la presente ley debe recoger la
mención expresa de la banda terrorista porque, no nos engañemos, sin la
existencia de esta banda -debemos recordar que ha provocado 950 muertos,
900 de ellos en democracia- hoy no estaríamos discutiendo esta ley. En
segundo lugar, la ley debe recoger la imposibilidad de cualquier
negociación con los terroristas que suponga pagar un precio o una
contraprestación. Las víctimas deben reconfortarse con la idea de que a
los terroristas se les busca, se les persigue, y son combatidos con los
instrumentos de la ley y con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Solamente en estos términos esta ley puede ser un
instrumento civilizador, de educación en valores, y de erradicación
definitiva del uso de la violencia para imponer ideas políticas. En
tercer lugar, la ley debe garantizar que toda organización o persona que
apoye o financie, ampare, legitime o justifique el terrorismo quede fuera
de las instituciones. Estamos asistiendo por desgracia al júbilo de la
banda terrorista por los éxitos de Bildu, que se ha conseguido instalar
en las instituciones sin que hasta la fecha hayan condenado su violencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Debe acabar, señora Guinduláin.
La señora GUINDULÁIN GUERENDIÁIN: Por último, consideramos que es
necesario que esta ley de memoria, dignidad, justicia y verdad recoja con
absoluta claridad la existencia de vencedores y vencidos. Estas
precisiones en el texto permitirían sacar del debate político a las
víctimas, que deben gozar como no puede ser de otra manera del apoyo y
afecto de toda la sociedad, y de las que debemos aprender por el ejemplo
que siempre han dado y siguen dando a la sociedad española.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Guinduláin.
Tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente para defender las enmiendas
presentadas por la diputada Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, que por causas
de fuerza mayor no puede estar aquí presente. Además el BNG las suscribe
plenamente. Quiero hacer referencia expresa a la enmienda número 4, a la
que concedemos especial relevancia. En ella se propone la adición al
artículo 3 del siguiente párrafo: Será aplicable también esta ley a todas
las víctimas de la violencia utilizada con fines o por impulso o
motivación política. Es decir, será aplicable a todas las víctimas de
ETA, Grapo, FRAP, GAL, Batallón Vasco Español, otras organizaciones
violentas de cualquier índole ideológica, aparatos parapoliciales, guerra
sucia y errores o daños originados por exceso de los aparatos del Estado,
así como las víctimas que lo fueron durante el régimen franquista por su
lucha a favor de la recuperación de las libertades, de forma coherente
con lo previsto en la Ley de la Memoria Histórica.
Aprovecho ya para fijar la posición del BNG. Vamos a dar apoyo a este
proyecto de ley. Por supuesto, entendemos que las víctimas del terrorismo
necesitan el máximo reconocimiento y necesitan de protección integral,
pero creemos que también es de justicia y que también es exigible que no
solo se admita que hay terrorismo de distinto signo ideológico o de
distinta motivación, sino que hay distintas formas de terrorismo. Existió
el terrorismo de Estado durante algunas etapas de nuestra historia;
existió el uso sistemático de la violencia política por parte de la
dictadura franquista para reprimir a los que luchaban por las libertades
y la democracia, y estas víctimas también requieren del máximo
reconocimiento y de protección integral.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Señor Tardà tiene la palabra.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace pocos días este diputado republicano, conjuntamente con los
compañeros Gaspar Llamazares, Nuria Buenaventura, Joan Ridao y Francesc
Canet, así como con todos ustedes, rindió homenaje en este Parlamento
a las víctimas del terrorismo. Creemos que es una obligación del Estado
reconocer y reparar a las víctimas de la violencia y nos congratulamos
por ello, por eso firmamos la proposición de ley que dio lugar a esta
ley, pero creemos que deben ser reconocidas y reparadas todas las
víctimas. El día del homenaje, el presidente Bono dijo aquí: Nadie muere
mientras no se le olvida, pero la indiferencia es tan dura como el
olvido. Pues ustedes hoy tienen en sus manos hacer posible que centenares
de ciudadanos víctimas de la violencia del Estado y de grupos fascistas
durante los años de la transición no mueran para siempre, reclamando que
también sean reconocidos.
Señorías del Partido Popular y señorías del Partido Socialista, ustedes
han decidido hoy -salvo que hoy también rectifiquen- consagrar la
existencia de dos clases de víctimas y ello es inadmisible y vergonzante.
Agustín Rueda Sierra, Martí Marcó Barcella, Gustau Muñoz del Bustillo,
Jordi Martínez de Foix, Vicente Antón Ferrero, José Luís Aristizábal,
Miguel Arregui, Ignacio Arregui, María Asensio, Francisco Aznar, Juan
Acaso, Tomás Alba Irazusta, José Alcazo, Salomé Alonso Varela, Manuel
Álvarez Blanco, Francisco Javier Ansa, Joaquín Atismasvere, Liborio
Arana, Miguel Arbelaiz, María Paz Armiño, Victoria Arranz, Juan
Barandiarán, Alfonso Bárcena, Romualdo Barroso, Jorge Benayas, Ana
Barrueta, Javier Benavides, María Bravo, Ángel Calvo, José Luís Cano,
José Casabany, Jorge Caballero Sánchez, Vicente Cuervo, Miguel del Caño,
Luís Cobo Mier, Gladis del Estal, Teófilo del Valle, Pancho Egea, José
Escribano, Luis Elizondo, Jesús Etxeveste Toledo, José España, Emilio
Fernández, Jesús Fernández Trujillo, Gustavo Frechen Solana, Manuel
Fuentes Mesa, Pacífico Fica Zuloaga, José Fraguas Fernández, Ursino
Gallego, José Manuel García, Sebastián García García, Andrés García
Fernández, Severiano García, Ricardo García Pellejero, Juan Carlos
García, Yolanda González Martín, Carlos González Martínez, Miquel Grau
Gómez, Bartolomé García Lorenzo, Rafael Gómez Jáuregui, Valentín González
Martínez, Antonio González Ramos, Domingo Gutiérrez Delgado, Serafín
Holgado, Manuel Iglesias, Carlos Idígoras, Aniano Jiménez Santos, Emilio
Larrea, Gregorio Marichalar Ayestarán, Emilio Martínez, Pedro Martínez
Ocio, Valeriano Martínez, José Luís Montañés, Carmelo Montoya, Antonio
Mariscal, Manuel Medina Ayala, Norma Menchaca, Martín Merquilanz, José
Muñoz, Juan Mañas, Luís Montero, Juan Muñiz, Daniel Niebla, José Nuin,
Elvira Parcero, Bienvenido Pereda, Arturo Pajuelo Rubio, Joan Peñalver
Sandoval, Valentín Pérez, Juan Pozie, Ignacio Quijela, Amador Rey, Ángel
Rodríguez, José Rodríguez, Arturo Ruiz García, Gabriel Rodrigo, Germán
Rodríguez, Luis Santamarina, Isidro Suspeguerri Aldako, Felipe Sagarna
Ormazabal, Javier Sahuquillo, Salvador Sampedro, Carlos Sandise Corta,
Manuel Santacoloma Velasco, Vicente Vadillo, Javier Verdejo, Jesús
Zabala, Jesús Zubigaray y muchos más ciudadanos y ciudadanas, todos han
sido víctimas de la violencia política de los años de la transición;
personas muertas en las calles de Barcelona, de Ferrol, de Vitoria, de
Valencia, en tantas y tantas manifestaciones por los derechos y las
libertades; muertos en las playas de Almería, muertos en Carabanchel,
muertos en las laderas de Montejurra y en tantos lugares que presenciaron
la inmolación de hombres y mujeres por nuestras libertades.
Señorías, las víctimas de aquellos años de la transición hoy serán
olvidadas, como olvidadas sí, como olvidadas -¡Señor Zapatero, mire, por
favor!- fueron otras. Este es el retrato del olvido: Salvador Puig
Antich. (El señor Tardà i Coma muestra su fotografía). Hoy no se
reconocen las víctimas del terrorismo de Estado, no se reconocen las
víctimas de los grupos fascistas durante los años de transición, de igual
manera que no han querido reconocer en la Ley de la Memoria otras
víctimas de unos años -pocos, muy pocos- anteriores, como Salvador Puig
Antich. Y esto es una vergüenza. ¿Se imaginan ustedes que pierdan las
elecciones y vuelva la derecha? (Varios señores diputados: ¡Hala!-Grandes
protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (Continúan las protestas.)
El señor TARDÀ I COMA: ¿Se imaginan ustedes? (Protestas.-La señora Durán
Ramos pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Un momento, señor Tardà.
Señora diputada, el orador tiene el mismo derecho a pronunciarse con
libertad que a ser contradicho, pero del modo que establece el
Reglamento. Exactamente así. (La señora Durán Ramos pronuncia palabras
que no se perciben.) Así es, señora diputada.
Adelante, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Decía: ¿Se imaginan ustedes que pierdan dos
elecciones y que el Partido Popular, la derecha, gobierne ocho años? ¿Se
lo imaginan? (Rumores.-Un señor diputado: Eso va a pasar.) Es decir,
vamos a plantearnos... (Continúan los rumores.-Un señor diputado: ¡Qué
cara tiene!)
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: ¿Vamos a plantearnos la injusticia del olvido en el
año 2020? ¿Puede ser esto posible? ¿Es o no es el mismo dolor de las
madres y de la misma sociedad? ¿Una persona, un joven, un ciudadano
español muerto ejerciendo sus funciones de guardia civil en una acción
terrorista es un dolor distinto -no digo solo de las madres o de las
familias, sino de la misma sociedad- que el dolor de un joven muerto en
las playas de Almería también a manos de un guardia civil? ¿No es el
mismo dolor? ¿Cómo puede ser posible eso hoy aquí, cuando afirmamos que
por mucho que
hagan los Estados, por mucho que hagan las democracias en favor de la
reparación de las víctimas siempre será poco? Por esto, nosotros estamos
al lado de todas las víctimas, de todas las víctimas. Y no comprendemos,
presidente Zapatero, no comprendemos que hoy ustedes aquí no sean capaces
en el año 2011, en el núcleo del mundo democrático, donde la democracia
es no solamente un valor de civilización sino incluso una delicatessen,
de entenderlo. ¿Cómo es posible que seamos capaces de consagrar dos tipos
de víctimas? En nombre de la fraternidad y el fortalecimiento de los
valores democráticos les pedimos, por favor, compañeros de la izquierda,
que rectifiquen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Tiene la palabra don Emilio Olabarría.
EL señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor presidente del
Gobierno, afrontamos un debate manifiestamente pervertido, un debate
prostituido en relación con las víctimas del terrorismo. Este no es el
debate troncal, este no es el debate originario, el que se ha afrontado,
sino que se ha pervertido por intervenciones anteriores. El debate dimana
de una proposición de ley suscrita por todos los grupos parlamentarios,
algo inédito: recabar y concitar el consenso de todos los grupos
parlamentarios en esta Cámara sobre la problemática de las víctimas y su
amplia y compleja dimensión era algo que yo creo que a las víctimas les
reconcilió con esta institución parlamentaria y también con la política.
Lo que estamos oyendo hoy no tiene nada que ver con el debate originario
y con la proposición de ley pactada entre todos los grupos; no solo no
tiene nada que ver sino que constituye una verdadera prostitución de lo
que se consensuó originariamente. Se han incorporado elementos
colaterales al debate, como la presencia o no de Bildu en las
instituciones. ¿Qué tiene que ver esto con el debate sobre la proposición
de ley suscrita por todos los grupos parlamentarios originariamente? Qué
tiene esto que ver en tanto en cuanto nosotros no tenemos legitimidad ni
legitimación para refutar las decisiones del Tribunal Constitucional y
Bildu es una organización política legal que ha obtenido los votos que
los ciudadanos han querido voluntariamente emitirle. Tiene la legitimidad
que dimana de esos votos. Pero hablar más de terrorismo que de víctimas,
hablar más de cuestiones o de glosas de determinados atentados que de los
problemas de la victimología en su acepción más amplia... Se podría
utilizar una reflexión en relación con esta posición reduccionista, es
una simplificación del problema o, una más concreta, es una prostitución
del consenso obtenido entre todos los grupos parlamentarios. En mi
opinión y en la de mi grupo parlamentario estamos prostituyendo el valor
esencial de este debate, que es el contenido del consenso, consenso que
no solo fue configurado entre los grupos parlamentarios sino que fue
configurado entre los grupos parlamentarios con las asociaciones de
víctimas y, por lo tanto, era un consenso pleno y además inédito desde la
perspectiva de la atención a las víctimas.
Yo no voy a partir de posiciones maniqueas ni voy a hablar de dos tipos de
víctimas -aunque, de facto, del proyecto de ley podríamos interpretar que
algo de esto puede estar ocurriendo-, yo voy a hablar de víctimas y las
víctimas son siempre víctimas. Hay una definición, hay convenciones sobre
la identificación de la condición de víctima, que no solo dimana de la
actuación de organizaciones terroristas o bandas armadas, sino que puede
obtenerla con toda legitimidad y reclamar los derechos correspondientes
de reparación, justicia, memoria, dignidad y no olvido una víctima de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en una época predemocrática del Estado
español que fue objeto de actuaciones ilícitas o ilegítimas de las
Fuerzas Armadas. Estamos hablando del periodo de tiempo comprendido entre
los años 1968 y 1977, es una enmienda presentada por mi grupo
parlamentario y que ustedes no han querido entender. De ahí vienen las
expresiones desgarradas del señor Tardà en relación a que hay otras
víctimas que no son objeto de atención o de ubicación en el seno de esta
importante proposición de ley. Pero ya incorporar los problemas atinentes
a Bildu, exigir la remoción de Bildu, que es una organización tan legal
como todas las que estamos aquí representadas, de las instituciones donde
está legítimamente representada porque los ciudadanos han votado
legítimamente también, por su propia voluntad, a una organización legal,
es una máxima, una extrema prostitución del contenido de los consensos
políticos en los que se sustentó esta importante proposición de ley, que
resultó ilusionante, sugestiva, no solo para los grupos parlamentarios
aquí representados, sino para las asociaciones de víctimas o para la
mayoría de ellas, para aquellas asociaciones de víctimas cuya función no
es erosionar a determinado partido político, sino defender legítimamente
los derechos de las víctimas, no suficientemente protegidos por un
ordenamiento jurídico desordenado, estructurado en forma de accesión y
que no reparaba de forma suficiente, mediante lo que se pueden calificar
silencios ominosos, silencios vergonzosos, la problemática de las
víctimas, que ha sido ignorada por el legislador, ha sido ignorada por
los poderes públicos y ha sido ignorada históricamente por los partidos
políticos.
Desde esta perspectiva nos encontramos con un dilema moral de difícil
solución en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Nos encontramos con un dilema moral. Señor
presidente, usted que tiene conocimientos profundos de Derecho Civil,
cuando se desestabiliza la base del negocio, cuando se priva a una
iniciativa parlamentaria de su contenido legitimador esencial, cual es el
consenso, ¿qué procede hacer? Tenemos dudas importantes sobre qué procede
hacer.
Tiene razón parcial el señor Tardà. De 1968 a 1977 no hay reconocimiento
de los derechos que corresponden a ciertas víctimas y de 1960 en adelante
el reconocimiento a las víctimas está muy vinculado a las víctimas de
determinada organización, y también hay víctimas de otras organizaciones
cuyos derechos no son protegidos. Y tienen razón otras organizaciones
políticas u otros partidos políticos cuando dicen que el elemento de
reparación, de recuperación de la memoria, de dignificación, puede ser
mejorable. Pero nos encontramos en una especie de flashback perverso,
señor presidente, que nos coloca ante este dilema moral en virtud del
cual yo no me atrevo a pronunciarme ahora mismo sobre cuál va a ser el
sentido de nuestro voto. Esta no es la proposición de ley que se debatió
en Comisión, esta no es la proposición de ley que firmaron Josu Erkoreka,
el señor Ridao, el señor Alonso y el portavoz del Partido Popular, los
portavoces de todos los grupos parlamentarios. Este debate es otra cosa,
y cuando el debate se convierte en otra cosa uno no puede recuperar la
literalidad del texto normativo, y cuando no se puede recuperar la
literalidad del texto normativo porque ha sido prostituido y convertido
en otra cosa, a los que somos apologetas del consenso, sobre un problema
que solo ha servido para obtener de forma bastarda réditos parlamentarios
y políticos, se nos plantea el dilema moral que le estoy comentando.
Y, señor presidente, nosotros no sabemos cómo salir. Espero que otros
portavoces que van a intervenir a continuación nos ilustren de forma
suficiente para poder resolver este complejo dilema, pero incorporar a
Bildu a esta proposición de ley es una prostitución. Establecer desde una
perspectiva maniquea la existencia de distintos tipos de víctimas es otra
posición maniquea que prostituye los consensos troncales y originarios.
En estas condiciones no estamos en situación de adoptar una posición
razonablemente equilibrada y consensuada porque hemos fallado a las
víctimas en primer lugar y hemos incumplido nuestros propios compromisos,
nuestros propios actos. Con este debate estamos contradiciendo nuestros
propios actos. Esto sucede muy pocas veces en sede parlamentaria y cuando
sucede no hay ninguna solución de naturaleza reglamentaria que pueda
resolver este problema, las soluciones son de naturaleza política. Acto
fallido en el sentido freudiano de la palabra. Acto fallido, señor
presidente. ¡Qué lastima!
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Doña Montserrat Surroca tiene la palabra.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
Llegamos hoy al trámite final en esta Cámara de una proposición de ley
que, más allá de su contenido concreto, al que luego me referiré, tiene
como uno de sus objetivos fundamentales que la sociedad española, a
través de sus legítimos representantes en esta Cámara y en el Senado,
rindamos homenaje a las víctimas del terrorismo y expresemos nuestro
compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido o lo
puedan sufrir en el futuro. Es un apoyo integral inspirado por los
principios de memoria, dignidad, justicia y verdad. Es evidente que todas
las víctimas de todos los delitos merecen reparación y protección, pero
uno de los delitos en los que se aprecia una mayor cosificación de las
personas es sin duda el terrorismo, que actúa en las sociedades
democráticas causando víctimas con la finalidad de destruir al Estado y
sus instituciones. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa
la Presidencia.) Por ello, y entendiendo tal y como se dice en el
preámbulo que la dignidad de la sociedad se mide también por la dignidad
con la que se ampara y protege a quienes han sido víctimas de las
acciones del terrorismo, hemos querido con esta ley expresar un
reconocimiento social de las víctimas, al tiempo que una reparación
integral y una deslegitimación ética, social y política del terrorismo.
No es admisible desde ningún punto de vista el uso de violencia para
imponer ideas políticas. Esta, señorías, no es una ley del Gobierno o de
un grupo parlamentario, el autor es la sociedad. Simbólicamente, todos
los grupos parlamentarios quisimos sumar nuestros votos para tomar en
consideración esta iniciativa porque en esta ley el único protagonismo
debe ser el de las víctimas. Una ley que nació ya muy consensuada con las
asociaciones de víctimas, a quienes hemos de agradecer su predisposición
al diálogo con los grupos parlamentarios, y que pivota alrededor de un
nuevo concepto, que las víctimas del terrorismo son efectivamente
víctimas de violaciones de derechos humanos.
La ley establece un sistema de ayudas y prestaciones y refuerza el estatus
de las asociaciones, fundaciones y movimientos cívicos, reconociéndolos
como interlocutores legítimos; unifica todas las prestaciones y ayudas
económicas directas, superando la dispersión normativa actual; se
establece un nuevo concepto baremo de indemnizaciones; se consagra el
principio de mínima lesividad en el desarrollo del proceso penal; se
protege a los españoles que sufren atentados terroristas fuera de España
y se incorpora la nueva figura de los amenazados. Estas serían algunas de
las incorporaciones del texto legal que, sin duda, ha ido mejorando a lo
largo del trámite legislativo con las aportaciones de los grupos.
Convergència i Unió ha favorecido todo aquello que pudiera suponer una
mejora y además muchas de nuestras enmiendas se han incorporado al texto
literal o transaccionadamente: las que recogen un reparto competencial
adecuado en un Estado compuesto como el nuestro, la actualización de las
indemnizaciones, la prohibición de exhibición pública en lo que pueda
suponer enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, que la
ayuda psicológica se extienda a los familiares, la obligatoriedad de que
anualmente el Ministerio del Interior elabore y remita a la Cámara un
informe sobre la situación de las víctimas o que el Gobierno se
comprometa a apoyar e impulsar la aprobación de la Carta europea de los
derechos de las
víctimas del terrorismo serían algunas de ellas. Otras enmiendas no se han
admitido y las vamos a someter a votación. La 103, que intenta mejorar la
asistencia jurídica a las víctimas, de manera que todas tengan derecho a
asistencia jurídica gratuita; la 105, que alude a que la normativa sobre
condecoraciones y recompensas se adecue a la Constitución, así como la 86
y la 116, a las que seguidamente me voy a referir y con las que concluiré
mi intervención. También aclaro ya que retiramos la enmienda número 99,
que hemos transaccionado.
Señorías, desde CiU hemos acabado esta tramitación con una sensación
agridulce, la dulce es la constatación del acuerdo que ha habido con
respecto a esta ley por parte de los grupos mayoritarios; han presentado
las enmiendas conjuntamente y han llevado la ponencia de una manera que
podíamos llamar colegiada. La sensación agria o amarga es no haber podido
introducir lo que defendíamos en las enmiendas 86 y 116, unas enmiendas
que quieren ser expresión del reconocimiento y la solidaridad con las
víctimas de acontecimientos ocurridos en la transición democrática,
Ferrol y Granada, año 1972 o Vitoria y Montejurra, año 1976, donde quedó
patente que la lucha por las libertades y la democracia no fue incruenta,
hubo quien murió y hubo quien sufrió padecimientos físicos y/o psíquicos
importantes. Nos parece también imperativo ofrecer a esas víctimas el
tributo que merece su sacrificio. En nuestras enmiendas no proponemos un
reconocimiento automático, proponemos tan solo que en el plazo de seis
meses se elabore un estudio para determinar el número de personas
afectadas entre 1968 y 1977 y, en función del número de afectados y
siempre que no hubieran ejercicio violencia contra la vida e integridad
de otras personas, que se les pudiera reconocer también como
destinatarios de esta ley. No nos parece una petición excesiva, y por
ello, a pesar de la negativa que seguimos recibiendo, continuaremos
defendiendo la obligación de ser generosos con las personas que acaban
quedando fuera de todas las leyes de reconocimiento y que durante una
época crucial lucharon por los derechos que hoy vivimos como si no
hubiera costado nada conseguirlos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Surroca.
Para fijar la posición del Grupo Popular tiene la palabra el señor Alonso
Aranegui.
El señor ALONSO ARANEGUI: Gracias, señora presidenta. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
Señorías, no hay apenas ningún día en el calendario en que no se conmemore
el aniversario de algún atentado terrorista, de algún asesinato. Hoy
recordaba la diputada de Unión del Pueblo Navarro que se cumplen diez
años desde que fue asesinado José Javier Múgica, concejal de Leitza, pero
hoy, que es 14 de julio, se conmemora el asesinato de hasta 18 víctimas
del terrorismo: 17 de ellas fueron asesinadas por ETA y una fue asesinada
-un policía nacional- por el FRAP. Hoy hace veinticinco años ETA puso una
bomba en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Como consecuencia
de aquella acción, fueron asesinados 12 guardias civiles y otras 56
personas resultaron heridas. Por cierto, dos de los asesinos continúan en
paradero desconocido, inexplicablemente huidos de la justicia; huidos -no
lo olvidemos- porque se les dejó huir. Ese fue el brutal atentado que
también se conmemora hoy. Y también se conmemoran otros asesinatos,
porque el mismo día, señor Olabarría, en que asesinaron a José Javier
Múgica, asesinaron también al jefe de la Ertzaintza, Mikel Uribe, ese
mismo día, y hoy también se cumplen diez años de ese asesinato. Eso es de
lo que estamos hablando hoy aquí. Estamos hablando de eso, de esas
víctimas, y es a ellas y por ellas por lo que se espera de nosotros un
esfuerzo de consenso y un esfuerzo de unidad en el que venimos trabajando
durante meses, que ha representado un esfuerzo notable de aproximación de
posturas entre los grupos mayoritarios de la Cámara y con el resto de
fuerzas políticas, y también con las asociaciones y organizaciones de
víctimas. Eso es lo que nosotros deberíamos preservar hoy, el mensaje que
como representantes legítimos de la sociedad española deberíamos hacer en
reconocimiento y en homenaje a las víctimas del terrorismo. Porque las
víctimas del terrorismo constituyen un fundamento ético de la democracia
española y son la fortaleza moral del Estado de derecho en su lucha
contra el terror.
La memoria de cada una de las víctimas es la ignominia para los asesinos.
Rescatar su ejemplo y su palabra es la premisa ineludible para defender
la libertad y la convivencia en paz. Hubo en España un tiempo de olvido y
de incomprensión de las víctimas, y de funerales a los que no acudían los
representantes políticos. Hubo un tiempo sin reconocimiento y sin
visibilidad para las víctimas, y fueron ellas las que decidieron luchar,
más allá del dolor y de la ausencia que sentían; las que asumieron la
responsabilidad pública de promover los valores de la memoria, la
justicia, la dignidad y la verdad. Desde entonces se ha escuchado su voz,
cada día con más fuerza y cada día también con mayor eficacia, porque fue
precisamente en el momento en que se empezó a escuchar a las víctimas del
terrorismo y a comprender el profundo significado moral y político de su
mensaje cuando la sociedad española comenzó de verdad el camino de la
derrota del terrorismo, el de la victoria de la libertad y del derecho
con vencedores y vencidos. (Aplausos.) Cada vez que hemos escuchado y
hemos atendido a las víctimas hemos dado un paso adelante hacia la paz
con libertad que buscamos, y la experiencia ha acreditado por desgracia
que cuando no les hemos hecho caso se ha producido un retroceso. Hoy
damos un paso adelante con la aprobación de esta ley. Esta es sin duda
una buena ley, completa, integral, que por primera vez va a dar respuesta
a víctimas que hasta ahora no habían podido recibir una reparación
efectiva por parte del Estado. Todo ello es muy importante, pero
para las víctimas solo la derrota definitiva y sin contrapartidas del
terrorismo puede llegar a ser su única posible compensación. Así lo dice
la ley. El Estado reitera su compromiso de perseguir la derrota
definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo. Así se
pone. Más claro es difícil ponerlo y no cabe ninguna interpretación de lo
que ello quiere decir. Por eso, esta ley que vamos a votar hoy emplaza a
los poderes públicos a impedir la impunidad de los crímenes terroristas
en cualquiera de sus manifestaciones y a velar para que los terroristas
cumplan íntegramente sus penas. Es otra mención sobre la que caben pocas
interpretaciones. Esta ley que vamos a votar hoy recuerda también que el
desenlace en la lucha contra el terror no puede servir nunca, ni directa
ni indirectamente, como justificación de la acción terrorista. Esta ley
apuesta por un papel activo del Estado en la preservación de la memoria,
en el establecimiento y la difusión de un relato fiel en el que hay
víctimas y hay asesinos.
Señor presidente, quiero hablar del valor del consenso, del que se ha
hablado aquí que algunos dan por roto esta mañana. En el año 1999 se
produjo un hito muy importante, que es precedente de la ley que hoy
estamos debatiendo. Entonces se aprobó la Ley de solidaridad con las
víctimas del terrorismo, y se hizo por unanimidad de todos los grupos
políticos, desde el diálogo, el consenso y el respeto recíproco, como
decía la exposición de motivos de la ley. Así también nació esta
proposición, desde la unanimidad de todos los grupos que la firmamos. Por
tanto, todos somos autores de esta iniciativa y todos somos, en
consecuencia, responsables de su éxito. Hoy nuestra responsabilidad y el
interés general nos exigen a todos un esfuerzo por la unidad en torno a
las víctimas, la misma que fue posible en 1999, que no era ni mucho menos
un tiempo fácil ni de general acuerdo político. Hoy como entonces lo que
importa es ser capaces de brindar a las víctimas un reconocimiento desde
el consenso.
Termino ya, señor presidente. Decía que, cuando se atiende el mensaje de
las víctimas, se avanza en el camino de la libertad; que, cuando se
desoye, se retrocede. Así ha ocurrido, y no podemos pasarlo por alto.
Esta ley advierte también con claridad que la representación política es
incompatible con el apoyo o la justificación del terrorismo. Pero hoy en
Euskadi y en Navarra es verdad que los testaferros de ETA ocupan un
espacio institucional y de poder sin precedentes. Ayer, la propia banda
criminal publicaba una prueba de cargo que viene a zaherir a las víctimas
y a todos los que nos consideramos demócratas. No puede ser, y se ha de
actuar. Si estamos convencidos de que esta ley que vamos a aprobar es un
paso adelante, se ha de actuar, porque ese es el compromiso que esta ley
nos exige y esa es la única reparación efectiva que es posible para las
víctimas. Yo, en nombre de mi grupo, hago ese llamamiento al Gobierno,
que garanticen la aplicación de la ley. Y asumo el compromiso, ahora y
para el futuro, de hacer todo lo posible con todas las herramientas del
Estado de derecho para asegurar la dignidad y la limpieza democrática de
las instituciones vascas. Finalmente, quiero dar las gracias por el
trabajo que hemos hecho estos meses, que espero que culmine de verdad con
un mayor esfuerzo de unidad y de consenso por las víctimas que el que se
ha manifestado en los discursos en esta tribuna, pero dando las gracias a
los portavoces de los grupos y, sobre todo, a las asociaciones de
víctimas, que han trabajado duro y que han hecho que esta ley no solo sea
una ley para las víctimas, sino verdaderamente la ley de las víctimas del
terrorismo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
Tiene la palabra don Antonio Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Señor presidente, señorías, hoy todavía puede ser
un gran día, a pesar de las cosas que hemos escuchado en esta tribuna.
Pensaba, según estaba escuchando a algunos de los que me han precedido en
el uso de la palabra, que estaba siendo tremendo que desvirtuásemos de
esta manera un debate que es muy importante para mucha gente. Mucha gente
está mirándonos hoy, muchas víctimas están mirándonos hoy, y estoy
absolutamente convencido de que alguna de las cosas que se han dicho aquí
no están a la altura de lo que las víctimas y los ciudadanos esperan de
nosotros.
Los verdaderos protagonistas de esta ley, los auténticos protagonistas de
esta ley, son las víctimas del terrorismo; las víctimas del terrorismo,
no otras víctimas a las que también hemos defendido, que también son
nuestras víctimas, pero no es el objeto de esta ley. No podemos
desvirtuar la ley. Yo quiero agradecer fundamentalmente a esas víctimas,
a las víctimas del terrorismo, a sus asociaciones, la paciencia y la
dedicación que han tenido durante todo este tiempo para que esta ley hoy
esté más cerca de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Porque
no nos olvidemos, los grupos parlamentarios hemos partido de un texto en
el que previamente habían trabajado mucho la Dirección General de
Víctimas, el Ministerio del Interior y las propias víctimas, y luego
hemos seguido trabajando, el señor Alonso, la señora Pigem, que hoy no
está aquí, o el señor Olabarría, con ese espíritu de consenso, y el
consenso requiere pequeños sacrificios en aras de un interés superior,
que es el interés de todos y no el interés individual de algún grupo. Y
eso es lo que hemos hecho. Hemos llegado a un buen texto, un texto que da
importancia a las víctimas por su relevancia moral y social, que es la
que tienen; un texto que quiere ser un homenaje a las víctimas.
La primera Ley de Víctimas fue de 1999 -como se ha dicho-, era una buena
ley, una ley que también se hizo con consenso; pero había que
actualizarla, había que traer a esta ley la jurisprudencia, la
experiencia que desgraciadamente tenemos, y habían pasado doce años. Hoy
tenemos una ley de sesenta y tres artículos, una ley
integral, y es integral porque mira a todos aquellos aspectos que pueden
afectar a una persona, una vez que es convertida en víctima del
terrorismo; es integral porque mira al futuro, pero también proyecta una
sombra sobre el pasado; es integral porque atiende a las víctimas de
dentro y también a las que se producen fuera; es integral porque atiende
a las víctimas de todo tipo o género de terrorismo, de todo grupo, banda
o movimiento terrorista. En su trámite en ponencia se han aceptado
indirecta o directamente ochenta y cuatro enmiendas y diez
transaccionales por unanimidad. Este es el espíritu con el que hemos
hecho esta ley: la unanimidad; por cierto, unanimidad que prácticamente
hemos obtenido en esta ley y también en la ley anterior. Quiero felicitar
al Ministerio del Interior por esa unanimidad que se va a obtener en
estas dos leyes que le afectan.
Este es el trabajo que hemos hecho, y nuestro trabajo lo hemos hecho
porque consideramos que era necesaria la Ley de reconocimiento y
protección integral a las víctimas, porque creíamos que era necesario
hacer justicia a las víctimas y lo seguiremos creyendo. Es una ley que es
consecuente con una política, que es la política de que el terrorismo no
puede ser impune. Por eso seguimos desmantelando zulos, por eso seguimos
deteniendo a colaboradores de los terroristas, porque desde hace mucho
tiempo, señorías, los demócratas sabemos que la impunidad y la democracia
son absolutamente incompatibles. Si el terrorismo y el fanatismo ya saben
que han perdido su batalla, hoy se lo vamos a decir una vez más. Después
de treinta y tres años de Constitución y de democracia, este Estado y la
ciudadanía se pueden sentir orgullosos de que los terroristas no hayan
conseguido absolutamente ninguno de sus objetivos. El Estado y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la sociedad y una sólida
democracia han resistido al embate de los terroristas día tras día.
Hoy más que nunca demostramos que podemos y debemos estar unidos.
Señorías, debemos estar unidos en este tema, porque unidos somos más
fuertes y porque unidos también el Estado de derecho es más firme. Con
esta ley estamos asestando un nuevo golpe a los terroristas. Son las
víctimas, y no los perpretadores del terror, los sujetos de nuestra
preocupación, de nuestro debate, de nuestro interés y de la memoria que
estamos teniendo. Pero nos pedían un paso más, y también lo hemos dado
con esta ley; nos pedían otra dimensión de hacer justicia, y esa otra
dimensión de hacer justicia era muy importante para las víctimas -se
acordarán cuando estuvieron aquí en el Congreso de los Diputados y nos lo
dijeron-, que es la reconstrucción de la memoria. Los terroristas deben
saber que la democracia española hará justicia a la verdad y a la memoria
de las víctimas. Con esta ley contribuimos a luchar contra toda
pretensión de banalización de la muerte y del terrorismo. Es precisamente
la memoria de las víctimas y su presencia en el espacio público la mejor
medida para acabar con toda pretensión de los terroristas. No lo
olvidemos, las víctimas tienen un significado letal para los terroristas.
Ellas representan la sociedad que los terroristas no aceptan y a la que
renunciaron a convencer por vías pacíficas y democráticas y que tampoco
pueden vencer a través de la violencia y el terror. Ellas, las víctimas,
y su misma existencia, hacen que los objetivos perseguidos por los
terroristas se vuelvan un imposible. Mientras la memoria de las víctimas
perdure, su relato, y no el de los terroristas, se impondrá. La
auctoritas de las víctimas resulta irreemplazable, ella representa el
fracaso ideológico y político de los terroristas y esa auctoritas es la
que contribuye con mayor eficacia a deslegitimar el terrorismo. El
discurso legitimador del terrorismo es devastador, doblemente devastador:
devastador para las víctimas, pero también para la democracia. Y no lo
podemos permitir, no lo estamos permitiendo porque no son conciliables;
al contrario, toda pretensión de legitimar al terrorismo supone un ataque
directo a la dignidad de la democracia y a las víctimas del terror.
Contra la apatía, contra el hartazgo, contra los perjuicios, la
manipulación, las narrativas interesadas a base de comunicados, es
fundamental que las víctimas estén presentes y participen de la narrativa
del drama vivido, que es el mejor testimonio de lo que no debe volver a
ocurrir en este país. El testimonio de las víctimas contribuye a
deslegitimar la violencia, evita el paternalismo y la apropiación de las
víctimas. Y ejemplos sobrados tenemos de intentos de apropiación de las
víctimas. Durante años muchas víctimas sufrieron el vacío y la
indiferencia. La movilización de la sociedad sacó a las víctimas de su
ostracismo. Las víctimas del terrorismo requieren una atención
individualizada, no todas las víctimas son iguales, y esta ley les
proporciona esa atención individualizada.
Señorías, la lucha contra el terrorismo y la defensa y la promoción de la
democracia en un Estado de derecho pasan por la aprobación de leyes como
esta, que es la máxima expresión de la exigencia democrática de una
sociedad libre y madura. Con esa vocación pactamos esta ley. En su
momento, acertamos. Votemos hoy por unanimidad esta ley y sigamos
acertando.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior. (Rumores.) Silencio, por
favor.
Un momento, señor ministro. (Pausa.) Adelante.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Camacho Vizcaíno): Gracias, señor
presidente.
Señorías, es para mí una satisfacción que una de mis primeras
intervenciones en esta Cámara (Rumores.) tenga relación con un asunto que
creo que es esencial para el mantenimiento de nuestra salud democrática y
es una cuestión en la que, afortunadamente, todos los ciudadanos de este
país coinciden.
La oportunidad de la norma yo creo que es indiscutible si se enmarca
dentro de una lucha de la democracia constante, reiterada, coherente
contra los terroristas y, al
mismo tiempo, una política de respeto y de valoración, de no utilización
de las víctimas del terrorismo. Dos ideas importantes. Esta ley no es una
ley del Gobierno, eso está claro. El Gobierno la ha impulsado y la ha
apoyado. Es una ley de todos los grupos parlamentarios, y eso es
especialmente importante cuando hablamos de víctimas del terrorismo.
Porque, en definitiva, ese consenso que se ha logrado, ese acuerdo de
todos los grupos parlamentarios no deja de ser un homenaje a las víctimas
del terrorismo, no deja de ser un homenaje a las miles de familias que
sufren como consecuencia del terrorismo. Por lo tanto, deseo agradecer a
sus señorías el rigor, el buen trabajo y la consideración que han tenido
a la hora de llegar a un consenso en esta materia. También se ha tenido
en cuenta, y es importante en esta ley, a los destinatarios de la norma,
que han intervenido en la elaboración del proyecto y que han intervenido
también a lo largo de su tramitación. Obviamente, se ha puesto de
manifiesto en el debate que al ser una norma absolutamente consensuada no
se han podido recoger todas las opiniones, pero sí el sentir mayoritario
de las personas que en definitiva son destinatarios de la norma.
Era importante -y creo que sus señorías coincidirán conmigo- que todas las
víctimas del terrorismo de alguna manera se sintieran amparadas en esta
norma. De ahí que extienda sus efectos desde 1960 en la medida en que
históricamente había habido algún problema que había llevado al no
reconocimiento o al no reconocimiento total de determinadas víctimas.
Señorías, es importante también -y creo que coincidiremos en ello- el
aspecto integral de la ley. Es obvio y todos también coincidimos en que
ninguna cantidad económica, sea cual sea su cuantía, puede llegar a
cubrir la pérdida de una vida humana, pero esto no empece para que
podamos dedicar todos los esfuerzos que son posibles en todos los ámbitos
a efectos de garantizar el adecuado tratamiento de las víctimas del
terrorismo en todos los aspectos: sanitario, social, psicosocial,
etcétera.
Quisiera terminar -para no agotar más la agenda de este Pleno- con una
especial referencia a la exposición de motivos. A veces nos olvidamos de
la exposición de motivos, y creo que en la exposición de motivos de esta
ley se recoge y se condensa el sentir de nuestra sociedad respecto a las
víctimas del terrorismo, y en especial creo que entenderán mi referencia
a las víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En las
víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado concurre
desgraciadamente una doble condición, los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado son aquellos que están en la primera
línea de la lucha del Estado contra el terrorismo y además numéricamente
son el mayor número de víctimas. De ahí que esta norma sea también una
muestra de respeto y de solidaridad de la Cámara a las víctimas, y además
que nos permita transmitir que todos sin excepción tenemos la firme
convicción de seguir luchando hasta que esta pesada losa que recae sobre
los ciudadanos desaparezca.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
EN SU CASO, RECHAZO DEL SENADO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 8 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2007, DE 28 DE
DICIEMBRE, SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL
PERÍODO 2012-2014, Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL ESTADO PARA
2012. (Número de expediente 430/000005.)
El señor PRESIDENTE: Punto XI del orden del día. Debate relativo al
rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria. Han
comunicado los distintos portavoces a la Presidencia el deseo de que se
pase directamente a la votación de este punto. ¿Es así? (Asentimiento.)
Dentro de tres minutos iniciamos las votaciones. (Pausa.)
Señorías, les comunico que al acabar la sesión plenaria los portavoces
están convocados a la Junta de Portavoces y los miembros de la Diputación
Permanente a la sesión que también se celebrará en la sala
Constitucional. Respecto de las votaciones, les ruego que sean diligentes
porque hemos reducido el número de segundos, que transcurren, de quince,
a diez segundos.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)
- REAL DECRETO-LEY 8/2011, DE 1 DE JULIO, DE MEDIDAS DE APOYO A LOS
DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE
DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN Y DE
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. (Número de expediente 130/000045.)
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley
8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios,
de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y
autónomos contraídas por entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación
administrativa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 178; abstenciones, 162.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
¿Algún grupo desea su tramitación como proyecto de ley? (Pausa.) Varios
grupos piden su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de
urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 160; en contra, 180.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia denegada.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LAS
FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/000082.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de
ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas.
Enmienda al artículo 13.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 21; en contra, 314; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda al artículo 13.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 21; en contra, 317; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 341.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto por tener la iniciativa carácter
orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 341.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos.)
- PROYECTO DE LEY DEL REGISTRO CIVIL. (Número de expediente 121/000090.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de
ley del Registro Civil.
Enmienda a la disposición adicional octava (nueva).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 191; en contra, 149; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición final quinta bis (nueva).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 159; en contra, 176; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 340; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY DE DINERO ELECTRÓNICO. (Número de expediente
121/000105.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de
ley de dinero electrónico.
Enmienda al párrafo segundo del apartado II del preámbulo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 341.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmiendas a la disposición final segunda, por las que se añaden dos nuevos
apartados que modifican los artículos 22 y 23 de la Ley del Mercado de
Valores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 184; en contra, 156; abstenciones, una.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 192; en contra, 149.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. (Número de expediente
121/000114.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de
ley de residuos y suelos contaminados.
Enmiendas al final de los párrafos segundo, cuarto y quinto del apartado I
del preámbulo, al artículo 7, al artículo 14.4 (nuevo), al artículo 16,
al artículo 21, al artículo 30, a la disposición adicional decimocuarta
(nueva) y al apartado 4 del anexo IV.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 338; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 13, al artículo 14.2, al artículo 29 bis (nuevo), al
artículo 31.3, al artículo 31.5 f), g), h), i) y k), al artículo 31.6, al
artículo 45, a la disposición adicional decimoquinta (nueva), al apartado
24 del anexo IV, al anexo IX y al anexo X.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 185; en contra, 148; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo 14.1 en la redacción consecuencia de la aprobación de
la enmienda 81 del Grupo Parlamentario de CiU en el Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 336; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo 14.1 en la redacción consecuencia de la aprobación de
la enmienda 227 del Grupo Socialista en el Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, dos; en contra, 334; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al artículo 31.5 c) en la redacción consecuencia de la aprobación
de la enmienda 89 del Grupo CiU en el Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; en
contra, 187; abstenciones, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al artículo 31.5 c) en la redacción consecuencia de la aprobación
de la enmienda 233 del Grupo Socialista del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 187; en contra, 147; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición adicional tercera en la redacción consecuencia
de la aprobación de la enmienda 16 del Grupo Mixto del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 334; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición adicional tercera en la redacción consecuencia
de la aprobación de la enmienda 238 del Grupo Socialista en el Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; en
contra, 334; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 188; en contra, dos; abstenciones, 151.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 31 BIS Y 59
BIS DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y
LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número
de expediente 122/000232.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado a la proposición
de ley orgánica de modificación de los artículo 31 bis y 59 bis de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.
Del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, todas sus enmiendas en bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 12; en contra, 321; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Vasco, PNV, todas sus enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 12; en contra, 321; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Catalán de Convergència i Unió, enmiendas 86, 103, 105 y 116.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 14; en contra, 318; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 339; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
EN SU CASO, RECHAZO DEL SENADO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
(VOTACIÓN.)
- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 8 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2007, DE 28 DE
DICIEMBRE, SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL
PERIODO 2012-2014, Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL ESTADO PARA
2012. (Número de expediente 430/000005.)
El señor PRESIDENTE: Votación del acuerdo del Gobierno por el que,
conforme a lo establecido en el artículo 8 del texto refundido de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el objetivo de
estabilidad presupuestaria para el periodo 2012-2014 y el límite de gasto
no financiero del Estado para el año 2012. Debe entenderse que el voto
afirmativo supone la aprobación del acuerdo del Consejo de Ministros y el
voto negativo, su rechazo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 168; en contra, 154; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el techo de gasto presupuestario.
(Aplausos.)
Se levanta la sesión.
Eran las tres y diez minutos de la tarde.
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