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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 262, de 14/07/2011
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2011 IX Legislatura Núm. 262
Sesión plenaria núm. 249 (Sesión extraordinaria)
celebrada el jueves,
14 de julio de 2011


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa ("BOE" núm. 161, de 7 de julio de 2011). (Número de expediente 130/000045.) ... (Página5)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 82-1, de 23 de julio de 2010. (Número de expediente 121/000082.) ... (Página19)

- Proyecto de ley del Registro Civil. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 90-1, de 8 de septiembre de 2010. (Número de expediente 121/000090.) ... (Página26)


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- Proyecto de ley de dinero electrónico. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 105-1, de 28 de enero de 2011. (Número de expediente 121/000105.) ... (Página32)

- Proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 114-1, de 11 de marzo de 2011. (Número de expediente 121/000114.) ... (Página33)

- Proyecto de ley orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 257-1, de 11 de junio de 2010. (Número de expediente 122/000232.) ... (Página37)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 107-1, de 4 de febrero de 2011. (Número de expediente 121/000107.) ... (Página40)

- Proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 265-1, de 23 de julio de 2010. (Número de expediente 122/000239.) ... (Página47)

En su caso, rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria:

- Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2012-2014, y el límite de gasto no financiero del Estado para 2012. (Número de expediente 430/000005.) ... (Página56)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ... (Página56)

Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página57)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página59)

En su caso, rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación.) ... (Página60)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página5)

Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa .... (Página5)

La señora vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez) expone a la Cámara las razones que han impulsado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González, Oramas González-Moro y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Buenaventura Puig y el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Gastón Menal, del Grupo Parlamentario Socialista.

Enmiendas del Senado ... (Página19)


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Proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas ... (Página19)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista.

Interviene la señora ministra de Defensa (Chacón Piqueras).

Proyecto de ley del Registro Civil ... (Página26)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Juanes Barciela, del Grupo Parlamentario Socialista.

Interviene el señor ministro de Justicia (Caamaño Domínguez).

Proyecto de ley de dinero electrónico ... (Página32)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández Iruela, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proyecto de ley de residuos y suelos contaminados ... (Página33)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Pérez Herraiz, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición de ley orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social .... (Página37)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Guerra Guerra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Elías Cordón, del Grupo Parlamentario Socialista.

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página40)

Proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía ... (Página40)

Interviene el señor ministro del Interior (Camacho Vizcaíno).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor González Serna, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo ... (Página47)


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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Díez González y Guinduláin Guerendiáin, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alonso Aranegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.

Interviene el señor ministro del Interior (Camacho Vizcaíno).

En su caso, rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria ... (Página56)

Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2012-2014, y el límite de gasto no financiero del Estado para 2012 ... (Página56)

El señor presidente informa a la Cámara de la solicitud de los distintos portavoces de que la iniciativa se pase directamente a votación, lo que se aprueba por asentimiento.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ... (Página56)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, se aprueba por 178 votos a favor y 162 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 160 votos a favor y 180 en contra.

Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página57)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Votación de conjunto ... (Página57)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 341 votos a favor.

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Registro Civil.

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de dinero electrónico.

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.

Se someten a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Votación de conjunto ... (Página59)

Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 340 votos a favor y uno en contra.

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página59)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

Votación de conjunto ... (Página59)

Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 339 votos a favor y una abstención.

Se someten a votación las enmiendas a la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

En su caso, rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación.) ... (Página60)


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Sometido a votación el acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2012-2014, y el límite de gasto no financiero del Estado para 2012, se aprueba por 168 votos a favor, 154 en contra y 19 abstenciones.

Se levanta la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.

- REAL DECRETO-LEY 8/2011, DE 1 DE JULIO, DE MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. (Número de expediente 130/000045.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Vamos a examinar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. La señora vicepresidenta del Gobierno tiene la palabra para explicar las razones que han llevado al Gobierno a publicar el presente real decreto-ley.

Mientras la señora vicepresidenta toma la palabra, anuncio a sus señorías que en el día de hoy tenemos dos votaciones de contenido orgánico, las cuales no se producirán en ningún caso antes de las trece horas de esta mañana.

Señora vicepresidenta, tenga la bondad, cuando lo desee, de tomar la palabra.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el desarrollo de la crisis financiera internacional y sus consecuencias en España, consecuencias derivadas -como saben- muy especialmente de nuestro sistema económico, de nuestro sistema productivo, de nuestro modelo económico, han llevado al Gobierno en los últimos meses a adoptar diversas medidas para reforzar la capacidad de respuesta de la economía española, para intensificar los apoyos a quienes se encuentran en situaciones más difíciles en razón de la crisis y para dar el máximo impulso posible a las iniciativas vinculadas con el desarrollo de nuevas formas de actividad económica y de generación de empleo. Además, las recientes y reiteradas turbulencias en los mercados financieros han mostrado la necesidad de adoptar nuevas medidas que refuercen adicionalmente la confianza internacional en la economía española. Las medidas las conocen ustedes bien: seguir insistiendo en ese proceso de consolidación fiscal y, por otra parte, seguir profundizando también en las reformas que necesita nuestra economía. Pero, además, el Gobierno tiene -como he dicho- una preocupación fundamental, la ha tenido a lo largo de toda la crisis económica, que es contrarrestar, en lo posible, los efectos de la crisis para los ciudadanos y muy especialmente para aquellos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. En este sentido, la situación particular del mercado hipotecario en nuestro país caracterizada por un elevado endeudamiento, que ha motivado que muchos deudores hipotecarios, que contrajeron sus préstamos en momentos de una mayor valoración de los inmuebles debida a la burbuja inmobiliaria, muchos de esos deudores hipotecarios, aquellos con más dificultades, se encuentren ahora en la imposibilidad de satisfacer las obligaciones de pago de la vivienda que habitan. Conscientes de los problemas sociales que dichas circunstancias pueden producir a muchos ciudadanos y determinados a combatir la exclusión social, el Gobierno ha decidido introducir en el modelo hipotecario medidas adicionales de protección de las familias con menos ingresos, a la vez que ha incluido las medidas necesarias para garantizar que las ejecuciones hipotecarias se realicen sin dar lugar a situaciones abusivas o de malbaratamiento de la vivienda. Cabe añadir que todo ello se ha hecho preservando el imperativo de la seguridad jurídica y la estabilidad y solvencia de nuestro sistema financiero; una estabilidad y solvencia de nuestro sistema financiero que hoy, si cabe, es todavía más importante que ayer.

En síntesis, el Gobierno ha acordado incluir en el real decreto-ley que hoy tengo el honor de presentar ante esta Cámara para su convalidación, un conjunto de medidas vinculadas a la protección de los deudores hipotecarios, el control del gasto público y la garantía de pago de las obligaciones contraídas por las administraciones públicas, el impulso de la actividad empresarial, el desarrollo de actividades de rehabilitación, el incremento de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y la eliminación de obstáculos injustificados derivados de la actividad administrativa. De esta manera, da además cumplimiento inmediato a diversas resoluciones adoptadas por esta Cámara, en la mayoría de los casos con


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un elevado grado de consenso, con motivo del reciente debate de política general celebrado los pasados días 28, 29 y 30 de junio. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Paso ahora a detallarles, señorías, las medidas específicas en todos los ámbitos mencionados que se contienen en el real decreto-ley. Por cuanto hace a las medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, el real decreto-ley persigue una protección más amplia de los segmentos sociales más vulnerables a la crisis económica. Esta inquietud fue objeto, como saben, de una resolución aprobada el 30 de junio por esta Cámara con motivo del debate de política general. Incluye, en primer lugar, medidas sobre inembargabilidad de rentas de deudores que han perdido su vivienda habitual en una ejecución hipotecaria. A través de la oportuna reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil se ha aumentado el umbral de inembargabilidad en los casos en los que el precio obtenido por la venta de vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Los elementos fundamentales que se recogen en esta medida son, en primer lugar, el incremento del límite de inembargabilidad desde el actual 110 por ciento del salario mínimo interprofesional hasta el 150 por ciento, quedando por tanto ese límite mínimo de inembargabilidad situado en los 961 euros efectivos. Como saben, se hizo ya una elevación en el decreto-ley que se trajo como consecuencia de lo que vino a denominarse acuerdos o conversaciones de Zurbano. Pues bien, ahora damos un paso más elevando este límite de inembargabilidad hasta el 150 por ciento del salario mínimo interprofesional. Además, se incrementa ese porcentaje adicional de inembargabilidad hasta el 30 por ciento por persona dependiente del núcleo familiar y no perceptora de ingresos. Se extiende el porcentaje adicional de inembargabilidad del 30 por ciento por persona dependiente del núcleo familiar que no disponga de ingresos también a aquellas personas cuyos ingresos anuales no alcancen el cómputo anual de este salario mínimo interprofesional. Por tanto, estarían incluidas aquí muchas de las pensiones no contributivas o las personas con otros ingresos reducidos. Se trata, en definitiva, de un conjunto de medidas que vienen a asegurar una renta mínima vital a aquellas familias que han comprometido sus salarios en la hipoteca de su vivienda habitual y que han visto cómo el banco ejecutaba la hipoteca, perdían su casa y también los avales que habían puesto como garantía. Entendemos -y así lo ha entendido la mayoría de la Cámara- que hay un mínimo que no puede ni debe afectarse al pago de la deuda, contribuyendo así a evitar la exclusión social de las personas que se encuentran en esas circunstancias.

En segundo lugar, el real decreto-ley eleva del 50 al 60 por ciento del valor de tasación el límite mínimo para la adjudicación de la vivienda en los casos en los que el acreedor solicite adjudicarlo por un importe inferior a su valor, en aplicación de su facultad discrecional. Además, en los supuestos de subastas sin postor, se impide a partir de ahora cualquier adjudicación de la vivienda inferior al 60 por ciento del valor de tasación independientemente de la cuantía de la deuda total. Se evitan así devaluaciones excesivas del valor de la vivienda en el ámbito de la subasta hipotecaria.

Y finalmente, se ha mejorado un aspecto que tiene una importancia muy particular para proteger los intereses tanto del acreedor como del deudor hipotecario en el proceso de ejecución hipotecaria de una vivienda. Se trata de la correcta ejecución de la subasta del bien inmueble sobre el que recae la garantía de los préstamos hipotecarios. Hay que destacar que la Ley de Enjuiciamiento Civil exigía hasta ahora para participar en la subasta que los postores efectuaran un depósito por importe del 30 por ciento del valor del bien ejecutado. Si nos atenemos a la realidad del mercado de la vivienda en estos momentos, la fijación de unos umbrales tan altos podría estar constituyendo una barrera de acceso que podría frenar la concurrencia de postores genuinamente interesados en adjudicarse la vivienda subastada. Por tanto, en pos de la eficiencia del sistema, se baja hasta el 20 por ciento el porcentaje exigido a los postores para participar en la subasta. De este modo, se facilita la presencia de los postores y la mejor adjudicación de las viviendas hipotecadas. No cabe ninguna duda de que existían aspectos regulatorios que podían y debían mejorarse en el ámbito hipotecario, y que en algunos casos los deudores hipotecarios podían situarse en una posición de extrema debilidad en el proceso de ejecución hipotecaria de sus viviendas. El Gobierno ha querido dar respuesta a la preocupación social que existe en este campo.

El Real Decreto-ley 8/2011 contiene también medidas de calado en el apoyo a las empresas generadoras de empleo. Por una parte, trata de salir al paso de la elevada morosidad que existe en este momento en muchos ayuntamientos debido a la complicada coyuntura económica y que está comprometiendo la viabilidad de algunas pequeñas y medianas empresas, así como el trabajo de algunos trabajadores autónomos que contratan con administraciones locales. El Gobierno ya había tomado medidas en este ámbito en el año 2009 a través de un instrumento que quiero recordar aquí, unos avales del ICO, que permitían el descuento de las facturas por parte de estas pequeñas y medianas empresas. Esta línea, como saben, no fue utilizada todo aquello para lo que se había diseñado y, por tanto, el Gobierno ha entendido que convenía poner en marcha un nuevo instrumento pero perfeccionado para que esta vez sí pueda dar los resultados que deseamos. Hemos decidido, por tanto, simplificar y dinamizar el sistema para hacerlo más eficaz. Conviene aquí también recordar que la Administración Central del Estado ha reducido su morosidad de manera extraordinaria y que en este momento desde la Administración General del Estado no hay morosidad que supere en cuantía apreciable, calculábamos, si recuerdan de una interpelación que tuve el honor de contestar, 78 millones de euros a finales de año y de ellos solo 2 millones quedaban sin pagar a 31 de marzo. No es esa la situación de


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las administraciones locales y, por tanto, es pertinente traer hoy aquí este nuevo instrumento.

El real decreto-ley faculta a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para que encargue al Instituto de Crédito Oficial la puesta en marcha de una línea de préstamos a las entidades locales en el marco de la línea ICO-liquidez 2011 para el pago de las facturas pendientes con empresas y autónomos a 30 de abril para facilitar la liquidez a las empresas y autónomos que tengan créditos pendientes de cobro con las entidades locales. Señorías, el Gobierno ha dado muestras de una diligencia absoluta. En este sentido tengo que decirles que el pasado día 7 la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos procedió a realizar dicho encargo al ICO, dando muestras de nuestra voluntad de poner en marcha estas medidas cuanto antes. El ICO, a su vez, está realizando todos los ajustes informáticos necesarios para que los ayuntamientos puedan hacer uso de esta facilidad en los próximos días. Las garantías de las líneas de crédito no podrán superar el 25 por ciento del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado 2011. Por tanto, si como consecuencia de esta línea de crédito una entidad local contrajera una deuda firme con el ICO impagada en el periodo voluntario fijado, que el ICO ha establecido en tres años, el Ministerio de Economía y Hacienda efectuará a su favor las retenciones que procedan con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado. Por tanto, el real decreto-ley ha introducido aquello que es necesario que tenga rango legal, la habilitación para que la línea financiera pueda contar con la garantía de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado y para que las entidades locales puedan endeudarse con carácter excepcional para realizar actuaciones que requieren crédito a largo plazo y que no estén destinadas a financiar inversión, como es lo habitual.

Por otra parte, el Gobierno, como mencioné anteriormente, ha decidido anticipar las medidas contenidas en el Pacto por el Euro Plus para seguir avanzando con paso firme por la senda del control del gasto público, reiterando de esta manera el compromiso irrenunciable e innegociable de las instituciones de gobierno en pos de la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y la disciplina fiscal. Se trata de una cuestión urgente e importante dada la inestabilidad persistente de los mercados de deuda, y en particular el de la zona euro. Como saben, el Gobierno, por boca de su presidente, cuando se comprometió con este Pacto por el Euro Plus, dijo que en el plazo de seis meses desde que se aprobara la gobernanza económica el Gobierno introduciría una regla de gasto para la Administración Central del Estado y las entidades locales en régimen de cesión de tributos. No se ha aprobado todavía el paquete de gobernanza económica de la Unión Europea. Como saben, previsiblemente se hará inmediatamente después del verano, pero el Gobierno ha considerado -y así lo ha incluido en el decreto-ley- que es oportuno introducir ya en este momento esa regla de gasto. Para ello, el real decreto-ley implica una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para introducir esa regla de gasto y reforzar así la vertiente preventiva de la política fiscal de estabilidad, evitando especialmente los comportamientos procíclico. La aplicación de las dos reglas fiscales, equilibrio a lo largo del ciclo económico y límite al crecimiento del gasto público, nos va a ayudar, sin duda, a moderar los posibles desequilibrios generados en los procesos de expansión excesiva de la actividad económica y va a permitir crear los márgenes necesarios para amortiguar las fases de recesión sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. En concreto, los objetivos de estabilidad presupuestaria de las distintas administraciones se fijarán teniendo en cuenta que el crecimiento de su gasto computable no podrá superar la tasa de crecimiento medio del producto interior bruto expresado en términos nominales durante nueve años. Y cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, la tasa de crecimiento podrá aumentar en cuantía equivalente. Simétricamente, cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones permanentes de recaudación, la tasa de crecimiento del gasto deberá disminuirse en la cuantía equivalente, y en caso de incumplimiento, la Administración pública responsable deberá adoptar medidas extraordinarias de aplicación inmediata que garanticen el retorno a la senda de gasto conforme a la regla establecida. La regla de gasto se va a aplicar directamente a la Administración General del Estado y sus organismos y a las entidades locales que participan de la cesión de impuestos estatales; a las restantes entidades locales les seguirá siendo de aplicación, como hasta ahora, la regla de equilibrio o superávit prevista en la normativa de estabilidad presupuestaria.

Como saben, estas medidas no afectan a las comunidades autónomas, puesto que estas gozan de la autonomía fiscal y financiera que les confiere la Constitución. Sin embargo, el Gobierno desearía, y así lo ha expresado, que esta regla de gasto también se aplique en ellas, porque sería positivo para afianzar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la disciplina fiscal. Por ello, el mismo día que el Consejo de Ministros aprobó este decreto-ley ha mandatado a la Vicepresidencia para Asuntos Económicos para que en los órganos de coordinación con las comunidades autónomas proponga esta regla de gasto para intentar un acuerdo del conjunto de las comunidades autónomas en este sentido. Vamos, por tanto, a tratar de que se adopte un acuerdo político con todas las comunidades autónomas para que cada una de ellas, en el ejercicio de sus competencias, introduzca una regla de gasto similar que es, en definitiva, un criterio de austeridad en el gasto público para que ese criterio de austeridad pueda estar presente en todas las administraciones, tanto aquellas del Estado como las que dependen de las comunidades autónomas.

Un tercer bloque de medidas contenidas en este real decreto-ley está destinado a fomentar la actividad empresarial,


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que prima como vertiente importante del nuevo modelo económico la innovación empresarial, la tarea, la actuación, el impulso de los emprendedores. El Gobierno viene ya apoyando a los emprendedores que quieran desarrollar una idea de negocio al considerar que tienen una función económica y social de la mayor relevancia. Así, como saben, además de la cuenta ahorro vivienda existe ya en nuestro país una cuenta ahorro empresa. Son muchas las medidas que se han adoptado en este sentido por los gobiernos socialistas desde el año 2004, tanto a través de las leyes de Presupuestos Generales del Estado adoptadas desde entonces como mediante instrumentos específicos. Entre los más recientes cabe destacar el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo; el Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, por el que se modifica el reglamento del impuesto sobre sociedades aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, en materia de obligación de documentación de las operaciones vinculadas, o el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. Además, se han habilitado varias líneas de financiación para pymes y numerosos planes de apoyo y programas para emprendedores.

Para alcanzar los objetivos que en este campo mantiene el Gobierno deben incentivarse los estímulos a la inversión que, en el actual contexto restrictivo, deben ser especialmente intensos y garantizar su mantenimiento por un tiempo suficiente para la viabilidad de los proyectos citados. Con esta finalidad y para estimular las inversiones de terceros en proyectos impulsados por emprendedores que creen pequeñas o medianas empresas, se establecerá un tratamiento fiscal ventajoso en el IRPF para las plusvalías obtenidas como consecuencia de tales inversiones. De esta manera, se declaran exentas las plusvalías obtenidas en la trasmisión de las acciones o participaciones en dichas entidades, siempre que la inversión se efectúe mediante la suscripción de acciones o participaciones en entidades de nueva o reciente creación que desarrollen una actividad económica. En concreto, la exención -total, insisto- se aplicará a las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de las acciones o participaciones cuyo valor de adquisición no exceda de 25.000 euros anuales ni de 75.000 por entidad durante los tres años posteriores a su constitución y cuando el tiempo de permanencia de los valores en el patrimonio del contribuyente sea superior a tres años e inferior a diez. El real decreto-ley también profundiza en la agilización de los trámites para la creación de empresas, ampliando las medidas que el Gobierno ya había puesto en marcha con anterioridad en este mismo ámbito. Para ello se ha extendido el uso de los medios electrónicos y telemáticos para reducir plazos, para abaratar costes a los emprendedores. A partir de ahora la certificación negativa de denominación social podrá solicitarse por vía telemática por parte de cualquier emprendedor.

Otro ámbito donde el real decreto-ley que hoy les presento incide es en el de las medidas destinadas a impulsar las actuaciones de rehabilitación. Son medidas que complementan y refuerzan los contenidos que sobre esta materia se recogieron ya en la Ley de Economía Sostenible, concretando y clarificando su contenido en un sector y un mercado que son básicos para el desarrollo del nuevo modelo productivo más equilibrado, más sostenible. Ahora queda mejor definido el concepto global de rehabilitación, incluyendo las actuaciones de conservación, de mejora y de regeneración urbana; y además, en el marco de las políticas dirigidas a la consecución de un medio urbano más sostenible, el real decreto-ley generaliza la inspección técnica de edificios, estableciendo su obligatoriedad y requisitos esenciales, pero siendo al tiempo absolutamente respetuoso con las competencias de comunidades autónomas en esta materia.

Por último, me referiré brevemente al conjunto de medidas de carácter administrativo que recoge el real decreto-ley. Se introducen modificaciones en cuanto al sentido del silencio administrativo, profundizándose en las medidas que en este sentido había introducido la Ley de Economía Sostenible. Es evidente, señorías -y siempre es una buena ocasión para recordarlo-, que el proceso de agilización administrativa que hemos llevado a cabo en nuestro país en los últimos años es un proceso que, como saben, ha recibido incluso las felicitaciones de la Comisión Europea. La trasposición que hemos hecho de la Directiva de Servicios, una trasposición en la que por supuesto han colaborado también las administraciones territoriales, ha permitido reducir extraordinariamente las cargas administrativas sobre empresas, sobre los autónomos y también sobre los ciudadanos. Pues bien, en el real decreto-ley que hoy les presento se han identificado 124 procedimientos en los que imperaba el silencio desestimatorio. Mediante este real decreto-ley pasan a silencio positivo, evitando así retrasos y trabas que impiden desarrollar nuevas actividades empresariales. Con ello fomentamos la eficiencia de las empresas, la competencia y el desarrollo de la innovación. El real decreto-ley promueve también el intercambio electrónico de la información entre las distintas administraciones públicas y entre estas y los ciudadanos. Y, finalmente, se suprimen las exigencias de licencias municipales contenidas en normas estatales. Y en cumplimiento de la Ley de Economía Sostenible, se promoverá la aplicación de medios de intervención más favorables al ejercicio de la actividad económica.

Como pueden observar, señorías, se trata de un real decreto-ley que contiene medidas de amplio calado en diversos sectores de nuestra economía que requieren actuaciones inmediatas para fortalecer su capacidad de respuesta ante los retos que tiene planteados. Por una parte, contiene numerosas medidas sociales para proteger a aquellas personas y a aquellas familias que peor


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lo están pasando como consecuencia de la crisis, en concreto a aquellas personas y familias que han perdido su vivienda hipotecada. Esta es y va a seguir siendo una prioridad absoluta para este Gobierno. Por otra parte, para apoyar a los emprendedores, elemento fundamental del nuevo modelo económico, se eliminan trabas administrativas y se plantean bonificaciones fiscales de calado para quienes apoyan financieramente a los emprendedores. Además, adoptamos medidas para poner coto a la elevada morosidad de las administraciones locales que pymes y autónomos padecen de una forma especialmente intensa. Finalmente, nuevas medidas de disciplina fiscal y de control del gasto, en pos de la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, a través de la introducción de una regla de gasto que impone un criterio de austeridad sobre las administraciones. Por último, quisiera destacar que, dado el contexto de elevada incertidumbre en los mercados financieros internacionales, muy especialmente en la zona euro, y el riesgo de que esta situación termine lastrando la recuperación económica y la creación de empleo, estas medidas debían entrar en vigor de manera urgente, lo que justifica la utilización de la figura del real decreto-ley.

Por todo ello, señorías, les pido que con su voto ratifiquen el texto de este real decreto-ley porque es de extraordinaria urgencia y necesidad adoptar medidas en todos los ámbitos que esta norma abarca para fortalecer nuestra economía y proteger a los más vulnerables.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Señora vicepresidenta primera, señorías, el real decreto que nos ha explicado la vicepresidenta primera tiene algunas medidas relevantes e importantes que, a mi juicio, van en la dirección correcta. En este turno me fijaré brevemente en tres bloques. Un primer bloque de medidas para mejorar la situación de los deudores hipotecados por su vivienda habitual. Se trata de medidas, como aquí se ha explicado, que eran necesarias y urgentes. A nuestro juicio, llegan tardíamente, se ocupan de una cuestión grave que ha supuesto ya más de 300.000 ejecuciones hipotecarias. Se puede criticar eso, que no hayamos sido capaces de enfrentarnos a tiempo con este problema, pero son medidas necesarias, urgentes e, insisto, correctas en cuanto a la dirección emprendida.

Otro conjunto de medidas importantes, que tienen que ver con la limitación del crecimiento del gasto público para el Estado y los ayuntamientos, también van en la línea correcta, más allá de que en este caso se trate de una decisión del Pacto por el Euro. Se puede objetar que en estas medidas no se incluya a las comunidades autónomas, incluso se puede discutir cómo se fija el límite o que no se incluyan entre el gasto a limitar o el de las partidas grandes los intereses de la deuda o las prestaciones por desempleo. En fin, de todo eso se puede hablar y supongo que hay capacidad para irlo modificando si la situación lo requiere, pero en todo caso creo que es una limitación conveniente, necesaria y, por tanto, también desde nuestro punto de vista una decisión que conviene apoyar.

En tercer lugar y en un tercer bloque, todas aquellas medidas destinadas a paliar la morosidad de las entidades locales por la vía de estos créditos del ICO que, como la vicepresidenta ha explicado, pagará directamente la deuda a través de sus entidades colaboradoras o la cobrará del ayuntamiento o la detraerá de la participación del ayuntamiento en los ingresos del Estado. Esta también es una medida que se veía urgente, que se veía necesaria, sobre la que en esta Cámara hemos discutido en numerosas ocasiones y a propuesta de diversos grupos parlamentarios. Es verdad, señora vicepresidenta, que no soluciona el problema de fondo, que para solucionar el problema de fondo habría que reformar la financiación local, que es también una de las viejas asignaturas pendientes; que habría que determinar con claridad -también una asignatura siempre pendiente-, dentro de la ley municipal, las competencias que son de los ayuntamientos y darles una financiación adecuada para cumplir y cubrir esas competencias. Pero alivia el problema, aunque pueda parecer un parche, aunque haya quien lo pueda calificar como tal, lo alivia -insisto- en la dirección correcta.

Por todas esas cuestiones y por otras muchas de tenor menor, que también van en este decreto y que no tengo tiempo para abordar, anuncio nuestro voto positivo en este real decreto que hoy nos trae a debate.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.

Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señora vicepresidenta, el decreto que hoy debatimos a mí me recuerda a aquellas leyes de acompañamiento que teníamos todos los parlamentos donde se metía de todo, más bien eran escobas. Como estamos acabando la legislatura, yo diría que es un decreto escoba que va barriendo todas las cosas que quedaban pendientes. ¿Por qué lo digo? Porque creo que este decreto no debía haber sido un decreto. Hay determinadas materias que nos parecen urgentes y que requieren un decreto urgente que además no se tramite como proyecto de ley, como pueden ser la parte -y estoy totalmente de acuerdo- de inembargabilidad -sobre todo para los sectores más vulnerables-, la regla de gasto de las administraciones públicas, también la línea ICO de los ayuntamientos y el concepto de rehabilitación, porque es una medida urgente. Después hay cosas inexplicables, como lo del cine y alguna otra materia; y hay cosas que se tendrían


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que tramitar como proyecto de ley sobre las que todos tendríamos que hablar, como son procedimientos, el tema del silencio negativo o positivo y algunas cuestiones también de registro y, desde luego, los artículos 6.º y 7.º

Yo creo que deberíamos hacer un proceso de reflexión. Quizás el Gobierno debería haber hecho tres decretos y unos tramitarlos como proyecto de ley, porque son temas que requieren meditación, poner comas, puntos, analizar posturas distintas; y otros sencillamente haberlos aprobado, no ahora, sino hace seis meses, porque muchas gente se ha quedado por el camino, sobre todo gente con salarios mínimos, con situación de vulnerabilidad social. Además, esa decisión que se debería haber tomado hace seis meses y que la vamos a tomar hoy, y que por eso no puede esperar a una tramitación como proyecto de ley, quizá debería llevar a la reflexión del tema general de hipotecas, como hemos planteado todas las fuerzas políticas de este país.

Termino diciendo que ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el nuevo marco autonómico y con esta regla, parece urgente porque en este momento las mayores desconfianzas que a nivel internacional son sobre la situación del déficit, del límite de gasto del sistema autonómico español. Todos reconocemos que es una competencia constitucional, pero se tiene que reunir ese Consejo de Política Fiscal y Financiera ya. Señora vicepresidenta, vamos a apoyar el decreto y su convalidación.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.

Finalmente, por el mismo grupo tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora vicepresidenta primera, el Bloque Nacionalista Galego anuncia ya la abstención en la convalidación de este real decreto porque aun teniendo muchas medidas que nos parecen positivas, otras son insuficientes desde nuestro punto de vista y algunas entendemos que están mal encaminadas.

Quisiera hacer una referencia especial por su relevancia al capítulo 1, sobre la situación de los deudores hipotecarios. Valoramos como un avance las distintas medidas, en particular que se eleve el umbral de la inembargabilidad cuando el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada en un procedimiento de ejecución hipotecaria sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Aun siendo también positivo que se eleve hasta el 60 por ciento del valor de tasación la adjudicación al acreedor en subasta de un inmueble hipotecado, o las medidas para mejorar la eficacia de las mismas, sigue sin embargo sin abordarse la cuestión fundamental: una reforma en profundidad de la legislación en materia hipotecaria que contemple la admisión de la dación en pago en determinadas circunstancias, y otras alternativas como una moratoria en el pago de los plazos pactados, la transformación de la hipoteca en un contrato de arrendamiento con opción a compra o la condonación parcial de la deuda. En otro orden de cosas, valoramos también positivamente la línea de crédito para la cancelación de deudas de las entidades locales con empresas y autónomos, o las medidas para el fomento de la rehabilitación, para proporcionar una mayor seguridad jurídica en materia inmobiliaria o para una mayor simplificación administrativa.

Sin embargo, nos ofrecen serias dudas algunas de las medidas de impulso a la actividad empresarial, por mucho que estemos de acuerdo en la necesidad de impulsar un cambio del modelo productivo. El recurso como medida de estímulo a exenciones fiscales se ha revelado en muchísimos casos ineficaz -y lo hemos discutido también en otras ocasiones- para garantizar un crecimiento económico sostenido. Existen numerosos casos de políticas de crecimiento económico basadas en beneficios fiscales que a largo plazo se han mostrado perjudiciales, como muestra el caso irlandés. Pero, señorías, señora vicepresidenta, nuestra mayor discrepancia la constituye la sección primera del capítulo 2, por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Las medidas aquí contenidas responden a una estrategia fiscal que consideramos contraproducente para favorecer la recuperación económica, como hemos manifestado también en múltiples ocasiones y sin ir más lejos el pasado martes en el debate sobre el techo de gasto. Por eso, señorías, como hemos anunciado al inicio de esta intervención, nos vamos a abstener en la votación de convalidación de este real decreto.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra en primer lugar la señora Buenaventura.

La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora vicepresidenta de asuntos económicos, nosotros, en primer lugar, nos alegramos de algunas de las medidas que propone el real decreto, por ejemplo el incremento de los ingresos mínimos inembargables. Compartimos al cien por cien esta medida, lamentamos que haya llegado tarde, que haya familias que en estos momentos ya están en la calle. Hace dos años, mi compañero Joan Herrera les planteó en el debate sobre el estado de la Nación del año 2009 la modificación de la legislación civil e hipotecaria para elevar el listón de ingresos inembargables a un 50 por ciento del salario mínimo interprofesional para cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensión; y lo grave es que


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ustedes nos aprobaron la ampliación de los criterios de inembargabilidad mediante una enmienda en la resolución sobre vivienda que ustedes plantearon. Pero ahí quedó el asunto, no lo aplicaron. Señorías, celebramos que por fin abran los ojos y, ya puestos, les lanzo otra propuesta con el ánimo de que la valoren y la apliquen con celeridad. Se trataría de aplicar el incremento en los porcentajes de inembargabilidad a todos los casos de embargos judiciales para todo tipo de deudas. La actual propuesta del Gobierno se refiere solo a los embargos posteriores a la ejecución hipotecaria y aquí entramos ya en otro tema, el del incremento hasta el 60 por ciento del valor de tasación en la subasta de pisos y la disminución hasta el 20 por ciento en el depósito para participar en ella. Aquí la pregunta, como en el caso anterior, es la misma: ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Y por qué no contemplan otras medidas como el alquiler social que, a diferencia de los principales Estados europeos, en España supone solo un 2 por ciento del total de las viviendas? Está muy bien que hagan estos gestos aunque sea, seguramente, por calendario preelectoral; bienvenidos sean. Pero, señorías, se acerca el final de la legislatura. Tomen medidas para hacer efectivo realmente el derecho a la vivienda. A nosotros particularmente nos gustaría acabarla con la noticia de que la dación en pago en nuestro país es posible.

En cuanto a las medidas financieras, también vemos dos novedades: la regla del gasto y la nueva línea ICO. Respecto a la nueva regla del gasto, es cierto que ha habido ayuntamientos que en estos años han hecho un gasto excesivo; en algunos casos podemos ver excesos inexplicables en los que los ingresos provenientes de operaciones urbanísticas se gastaban con escaso criterio y el endeudamiento crecía y crecía. Esta ha sido una de las causas de la burbuja inmobiliaria y también de la corrupción, que van muy ligadas, la excesiva dependencia de los ayuntamientos en los ingresos del sector inmobiliario. Pero, evidentemente, no todos los ayuntamientos han actuado igual. Por eso proponemos que se debe revertir de manera profunda el sistema de financiación local y su participación en los tributos del Estado. Medidas como las que ustedes proponen, como la regla de gasto, no hacen más que profundizar en la lógica de reducir el gasto por reducir sin tener en cuenta si realmente es posible para poder mantener un mínimo Estado del bienestar, cuando además los ayuntamientos en muchos casos realizan estas actividades supletorias de lo que otras administraciones no están haciendo.

Y en segundo lugar, por fin parece que se conseguirá crear la línea ICO, que desde todas las fuerzas políticas, desde todos los grupos parlamentarios hemos venido pidiendo. Como digo, pocas propuestas económicas en esta Cámara han tenido tanta unanimidad como la creación de esta línea ICO. Todos los grupos políticos, los expertos económicos, los agentes sociales, los colectivos de empresarios y hasta la Federación Española de Municipios y Provincias, todos hemos solicitado al Gobierno en reiteradas ocasiones, durante este año que se ha incumplido la ley, que se ejecutara con urgencia esta medida, que debe ser además crucial para reducir la morosidad y contribuir a la salida de la crisis y al mantenimiento de puestos de empleo. Creemos, además, que es fundamental reforzar el papel del ICO como banca pública y eliminar las trabas y el exceso de garantías solicitadas a través del facilitador financiero para garantizar que se inyecte a la economía productiva el cien por cien de los fondos de la línea ICO-directo. Consideramos que se podría haber incidido en esta cuestión mucho antes y nos quedaremos además con la sensación de que su Gobierno nunca ha creído mucho en el ICO y es una pena, una lástima porque en momentos de cerrojazo del crédito -a menudo injustificado-, quizás hubiera sido más útil reforzar el ICO que no destinar tanto dinero público a la reestructuración bancaria.

Por último, el impulso de la actividad empresarial. Cuando leímos el título del capítulo pensábamos que realmente había propuestas de un nuevo modelo productivo, y ¿qué nos encontramos? Incentivo fiscal. Le podría decir en este punto lo mismo...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Buenaventura, por favor.

La señora BUENAVENTURA PUIG: Voy terminando.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Vaya terminando, por favor.

La señora BUENAVENTURA PUIG: Le podría decir en este punto lo mismo que le decimos desde nuestro grupo cuando semana sí semana también el Grupo Popular nos trae su paquete estándar que, bajo grandilocuentes títulos, acaba siempre diciendo: para mejorar la economía, rebaja fiscal. Igualmente es lo que proponen ustedes. Para nosotros sería muy importante poder estar discutiendo y debatiendo una reforma fiscal hacia una fiscalidad justa y equitativa.

Por todo ello, nosotros nos abstendremos.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Buenaventura.

Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao.

El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora vicepresidenta, señorías, como de costumbre, el Gobierno nos trae aquí una nueva demostración de cómo su política económica se ejecuta a golpe de decreto-ley. Quiero recordar que este decreto-ley hace el número 42 a lo largo de esta legislatura. En este caso, quiero decir, de entrada, que la realidad actual de la crisis y su afectación sobre los ciudadanos y el sistema productivo no nos permite dar la espalda en su conjunto a las medidas que dentro de su modestia van a permitir, creemos, aliviar los efectos de la misma y que responden


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en buena parte a algunas novedades prometidas por el presidente del Gobierno a lo largo del debate de política general o bien algunos compromisos adquiridos por el Gobierno ante la Unión Europea. Eso sí, se trata de medidas no todas ellas urgentes, se trata de medidas de muy distinto calado, algunas largamente reclamadas por nuestro grupo parlamentario y a las que el Gobierno en su día se opuso y que aquí devienen un poco de todo, devienen positivas en algún caso y en otro caso insuficientes, también inocuas y en la mayoría de los casos tardías, lo cual refuerza una vez más la imagen de un gobierno con falta de rumbo y unos movimientos espasmódicos a la hora de gobernar.

Entrando en el detalle de los cinco grandes grupos de propuestas que se incluyen en este real decreto-ley, en primer lugar, quiero referirme por su importancia a uno de los compromisos estelares asumidos por el presidente del Gobierno en el pasado debate sobre el estado de la Nación, como es la situación de los deudores hipotecarios. La medida de elevar el umbral del salario mínimo interprofesional inembargable es una medida que ya propuso Esquerra y que puede suponer en el mejor de los casos, en la propuesta que hace el Gobierno, que una pareja con un hijo y en la que solo trabaje uno de sus miembros el mínimo se eleve a una cantidad de 1.346 euros. Se trata de una cantidad ciertamente modesta para atender a las necesidades mensuales de una unidad familiar de tres miembros, incluida la vivienda que ya ha sido ejecutada por la entidad de crédito. La cuestión, señorías, es que subsiste el principal problema de nuestra legislación, cuyo cambio constituye una reivindicación social ampliamente sentida, como es la dación en pago, porque las garantías a favor de las entidades financieras no deben convertirse en ningún caso en una condena de por vida para aquella persona que contrató una hipoteca, evidentemente porque quien alimentó y se lucró con el crecimiento de la burbuja hipotecaria debe asumir su parte alícuota del riesgo y de la responsabilidad en las operaciones sin beneficiarse de garantías extraordinarias. Además, esta medida simplemente va a alargar el periodo de pago, pero no va a afectar a la cuantía o volumen de la deuda principal y va a incrementar también los intereses. No aborda, insisto, la demanda social más sentida, como es la posibilidad de devolver las llaves a la entidad de crédito.

En segundo lugar, el real decreto-ley incorpora una regla de gasto que afecta a los municipios y provincias, algo que nos parece discutible porque se sustenta en una idea que ha ido cuajando poco a poco sobre que el mayor responsable del déficit público del Estado son las administraciones territoriales. Eso no es cierto, en primer lugar, porque todo el mundo sabe que no se ha abordado en la actual legislatura el problema de la financiación local, y en segundo lugar, porque con los datos en la mano del propio Banco de España del primer trimestre de este año, ha sido el Estado el que ha incrementado en 1,5 puntos el endeudamiento respecto al PIB, mientras que las comunidades autónomas lo han hecho en 0,5 puntos y las corporaciones locales en 0,2 puntos, elevándose en este caso el nivel de endeudamiento de la Administración General del Estado hasta un 74 por ciento, frente a un 5,5 de las corporaciones locales. Se trata, por tanto, de una medida más efectista que efectiva, puesto que las condiciones generales de limitación del gasto de la Hacienda local ya están perfectamente previstas en su regulación y porque las situaciones más graves que todos conocemos, por ejemplo, el caso de Madrid, tienen más que ver con la permisividad del Gobierno autonómico y, por extensión, también del propio Gobierno del Estado.

En tercer lugar, aunque muy tardía, juzgamos como muy positiva la reintroducción de la línea de crédito ICO para las entidades locales, que deberá permitir cancelar deudas contraídas con pymes y autónomos y a su vez, que las corporaciones locales cumplan con los plazos de pago, aunque quiero recordar que esa medida ya fue incluida en la Ley de Morosidad y que finalmente cayó a través de la Ley de Presupuestos de 2011.

En cuarto lugar, largamente reclamadas también en el contexto de la actual crisis han sido algunas actuaciones que incluye este real decreto-ley y que compartimos, tendentes a dar impulso a la actividad empresarial. Sin duda, el futuro inmediato de nuestra industria pasa por la innovación y la internacionalización.

Finalmente, señorías, señora presidenta, las medidas de apoyo a los emprendedores...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor.

El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta, diciendo que celebramos la inclusión de algunas de estas medidas de incentivo y de desgravación fiscal, aunque los límites cuantitativos que se imponen nos parecen muy restrictivos y poco ajustados a la realidad.

Por todo ello, por ser un cajón de sastre, con medidas positivas, algunas inocuas y seguramente todas ellas tardías, nuestro grupo parlamentario va a abstenerse en la votación.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, asistimos hoy en esta Cámara a una sesión típica, a algo que viene siendo práctica habitual, a la convalidación de un real decreto-ley. La excepcionalidad reclamada en otros tiempos de la fórmula del real decreto-ley ha desaparecido y no siempre se justifica en base a una urgencia ineludible sobrevenida por un motivo imprevisible. Ni siquiera se hace referencia en el preámbulo a la necesidad de aprobación inmediata de las medidas contempladas,


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simplemente es una manera de legislar; una manera flexible, ágil y rápida, sí, pero que impide en la mayoría de los casos el necesario debate parlamentario, el acuerdo y la negociación, elementos que configuran el quehacer de esta casa. Es cierto que esta legislatura es la de la crisis económica y que su evolución y consecuencias, muchas veces difíciles de prever, han podido explicar y justificar esta manera de proceder, pero no siempre. La IX Legislatura, que está concluyendo, se va a conocer por las famosas medidas incorporadas en textos legislativos, que no tienen nada que ver, pero que han condicionado el debate y la naturaleza de las propias leyes, y no menos para los muchos reales decretos-ley aprobados, con contenidos heterogéneos, con medidas de todo tipo, introducidas muchas veces con calzador y cuyo fin era dar cabida y solución a problemas que los ministerios guardaban en sus cajones sin saber cómo darles salida. Además, este real decreto-ley, señora vicepresidenta, nos ha pillado un tanto por sorpresa, prácticamente nos enteramos por la prensa el mismo día de su aprobación en el Consejo de Ministros y no conocimos hasta el pasado jueves, en que se publicó en el boletín, su contenido real. Ello no quiere decir que nuestro grupo haya sido ajeno a esta cuestión ni que haya estado al margen porque hemos tenido la ocasión de hablar de sus contenidos básicos e incluso de incorporar algunas salvedades competenciales para evitar intromisiones que en otro caso se hubieran producido. Por tanto, nuestro grupo ha tenido la opción de estar al tanto y de hablar de estas cuestiones.

En todo caso, el real decreto-ley que hoy nos trae a esta Cámara para su convalidación es el característico de la IX Legislatura. Tan solo con leer el título observamos la pluralidad de asuntos que incluye, de esos que se encontraban en los cajones de los ministerios. Tras esta disquisición que me he permitido y antes de entrar a comentar con brevedad algunas de las medidas que a nuestro juicio merecen mayor atención, quisiera adelantarles ya, vicepresidenta, que nuestro grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley. A pesar de su heterogeneidad, creemos que es necesario que los contenidos se aprueben en la situación económica en que nos encontramos. Aprobar una regla de gasto que refuerce las leyes de estabilidad en el ámbito de la Administración Central del Estado y de las administraciones locales de régimen común respetando el equilibrio a lo largo del ciclo, será bien recibido por los mercados y en el ámbito de la Unión Europea y servirá a las administraciones para clarificar la manera de proceder en materia de gasto público; forma parte de los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno en el marco del Pacto por el Euro y tiene su consistencia. Este control adicional que se autoimponen las administraciones afectadas pondrá de manifiesto lo que les comentaba anteayer en el debate sobre el techo de gasto, la urgente necesidad de revisar y replantear el conjunto de las políticas públicas que desarrollan las administraciones.

No menos importante en estos momentos de falta de liquidez es la activación por parte del ICO de una línea de financiación que posibilite el pago a pymes y autónomos de las facturas antiguas que se encuentran en el fondo de los cajones de muchos ayuntamientos. Esta línea de financiación reducirá la morosidad y permitirá salir de la angustia financiera a muchos pequeños proveedores de obras y servicios de los ayuntamientos que, por motivos de la crisis económica, no podían cobrar por sus trabajos o servicios realizados. El montante es un tanto limitado -hasta el 25 por ciento de lo que normalmente reciben del Estado por la participación en los tributos- como también lo es su tiempo de duración, sólo tres años. Quizá en un futuro se puedan ampliar dichos límites, pero la medida, a nuestro juicio, es apropiada. Por cierto, señora vicepresidenta, es una medida que se venía reclamando insistentemente en esta Cámara desde hace mucho tiempo y ha habido que esperar hasta ahora no sabemos muy bien por qué.

En este apartado -y a instancias de nuestro grupo parlamentario- acordamos incluir una disposición adicional, la segunda, en la que se respetan los sistemas de concierto económico y convenio. Como saben sus señorías, en el caso de los territorios históricos de la Comunidad Autónoma vasca y en el caso de Navarra la tutela financiera de los ayuntamientos está en manos de las diputaciones forales y del Gobierno navarro, respectivamente. Con la salvedad introducida, las diputaciones forales y el Gobierno de Navarra pueden negociar con el ICO una medida idéntica a la establecida por la Administración General del Estado para las corporaciones locales de régimen común.

Aplaudimos también -como no puede ser de otra manera- la protección de los más necesitados cuando el precio de la venta de la vivienda habitual hipotecada es insuficiente para cubrir el crédito garantizado. No llega a lo que significaría la dación de pago, pero eleva en un 50 por ciento el nivel de inembargabilidad hasta un 150 por ciento del salario mínimo interprofesional, y un 30 por ciento adicional para cada miembro de la unidad familiar sin ingresos o inferiores a dicho salario. Es un mínimo exigible a nuestro juicio a la decencia y a la dignidad. La crisis no puede afectar tan cruelmente a los más necesitados después de ser desprovistos incluso de su propia vivienda habitual. Estos son los elementos centrales -y a mi juicio relevantes- de este real decreto-ley.

Incorpora también el real decreto-ley otros elementos de naturaleza menor, como decía, esos que estaban en los cajones de los ministerios, pero que nuestro grupo los ve también favorablemente: las medidas de estímulo a la inversión de aquellos proyectos empresariales innovadores de jóvenes emprendedores, las actuaciones de rehabilitación de edificios, medidas registrales, cambios puntuales en el silencio positivo, y la protección muy importante de aquellos propietarios que con buena fe han adquirido una propiedad fuera de ordenación y que


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pueden verse desprovistos de sus bienes, etcétera, cierran un conjunto de medidas que conforman este real decreto.

Para no extenderme y para finalizar tan solo quisiera señalar que a nuestro juicio las cláusulas incorporadas a propuesta de nuestro grupo al artículo 21, relativas a la obligatoriedad de la inspección técnica de edificios, preservan las competencias y respetan las legislaciones autonómicas en la materia, como no puede ser de otra manera. Como ya les he avanzado, a pesar del método legislativo empleado, el real decreto-ley y la heterogeneidad de las materias a las que afecta, nuestro grupo parlamentario considera positivo que sea convalidado, y como tal va a votar favorablemente.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, señora vicepresidenta, el real decreto que hoy se nos presenta a ratificación podríamos calificarlo de real decreto ómnibus, un real decreto que recoge medidas de modificación de muchísimos textos legales, con cierto parecido por cierto -incluso con algunos términos coincidentes- con una propuesta de ley ómnibus que está siendo debatida en estos momentos en el Parlament de Catalunya. En el caso del debate de esta ley en el Parlament de Catalunya algunos grupos -concretamente su grupo- han planteado, y el Gobierno de la Generalitat ha aceptado, la división de la ley en varios paquetes para poder tratar legislativamente y encontrar las mejores soluciones para cada uno de estos aspectos. Nuestra posición en este caso coincide conceptual y exactamente con la misma cuestión. En este real decreto se mezclan cosas tan distintas como medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, control del gasto público, cancelación de deudas con empresas y autónomos por parte de las entidades locales, fomento de la actividad empresarial, impulso a la rehabilitación, simplificación administrativa, reformas tendentes a garantizar la confianza y la seguridad en el mercado inmobiliario. Todo ello es una especie de miscelánea de difícil encaje desde cualquier punto de vista.

A la hora de fijar la posición de nuestro grupo queremos precisarla muy bien en cada una de las cuestiones, algunas de las cuales coinciden con planteamientos formulados hace pocos días por nuestro presidente de grupo y recogidas por el propio presidente del Gobierno, algunas de ellas pactadas con el Grupo Socialista y con otros grupos, como el Grupo Popular, y por cierto votadas por la totalidad de los miembros de la Cámara, con relación a algunos aspectos muy notables. El primero -también el primero por orden de su real decreto-ley- se refiere a las medidas de apoyo a los deudores hipotecarios. Como la señora vicepresidenta conoce perfectamente nuestro grupo lleva trabajando ya hace bastantes meses, diría más de un año como mínimo, en el tema de la protección a los deudores hipotecarios. Nuestro trabajo parlamentario ha conllevado que en estos momentos se esté sustanciando una subcomisión de estudio que debe ofrecer a la Cámara antes de diciembre una propuesta de reforma global del mercado hipotecario. Que en cualquier caso, mientras tanto y para cuestiones urgentes como se ha venido diciendo por parte de la totalidad de intervinientes, se tomen ya algunas de las medidas que todos compartimos, al menos en su concepto -algunas no en su cantidad-, nos parece inteligente y razonable e incluso nos parece propio de la urgencia que requiere un real decreto-ley. Por tanto en este aspecto la posición de nuestro grupo no puede ser más positiva, y se felicita igualmente de que algunas de las conclusiones y recomendaciones aprobadas en la propuesta de resolución pactada, a que hacía referencia, incluso están siendo oídas por parte del sector bancario. Ayer mismo una importante entidad anunció también la aparición de una figura hipotecaria que alimentaba las garantías al bien hipotecado, lo cual es objetivamente una buena noticia.

Otra cuestión que también merece la urgencia es la del control del gasto público. Aquí nosotros solo deseamos que en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera haya también un acuerdo para que se pueda ver reconocido el esfuerzo que algunas comunidades autónomas -y Cataluña de forma muy especial, como usted sabe muy bien- están realizando y que estas medidas contribuyan, no a poner en cuestión la eficacísima labor que en estos momentos está haciendo el conseller Mas-Colell, del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, sino al contrario, a poner en valor este esfuerzo y ponerlo incluso como ejemplo para todas las administraciones, incluso para la Administración General del Estado.

Otro aspecto que como usted sabe ha sido ampliamente reclamado -mi compañero Sánchez i Llibre se lo ha reclamado reiteradamente como inspirador y padre-padrino de la Ley de Morosidad- es el referente a la medida para que el ICO preste o avance dinero y así se puedan pagar las deudas contraídas por parte de los ayuntamientos con pequeñas y medianas empresas. Esta es una medida que conceptualmente compartimos aunque nos parece, señora vicepresidenta -y aquí empiezan las objeciones que nosotros planteamos-, que aquí nos hemos quedado cortos. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.

El señor MACIAS I ARAU: Le voy a poner un ejemplo. Usted pone una limitación a esta línea que es que el capital más los intereses sea el 25 por ciento de los avances a cuenta, es decir, la parte de financiación por parte de los Presupuestos Generales del Estado. Esto podíamos aproximarlo en un 10 ó 12 por ciento de los


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ingresos de un ayuntamiento. Ayer mismo aparecían tres ayuntamientos -solo tres- cuyo volumen de facturas en el cajón no eran de un 10 ó 12 por ciento, sino del 85 por ciento, es decir, que les solucionamos una ínfima parte de su problema. Por tanto está bien la línea, a algunos les va a ayudar, pero debemos ser conscientes de que no resuelve el problema, no ya el problema de la financiación de los entes locales, sino que tampoco resuelve siquiera el problema de algunos ayuntamientos que en estos momentos se encuentran en situación más angustiosa.

Hay otro apartado que nosotros compartimos también -aunque en este caso no nos parece necesaria su inclusión en un real decreto-ley y por tanto su urgencia-, que son todas las medidas de agilización que contienen aspectos positivos, muchas de ellas vinculadas a temas de administración ambiental, pero nos hubiera gustado poder intervenir, como de hecho hemos intervenido, a través del capítulo dedicado a la rehabilitación, donde hemos pactado con la Secretaría de Estado de Vivienda algunas soluciones que a nuestro entender mejoran sustancialmente el texto del real decreto-ley.

Y finalmente, señora vicepresidenta, hay una cuestión que quiero explicarle y es que, a pesar de compartir el principio y la necesidad de efectuar una serie de reformas tendentes a garantizar la confianza y la seguridad en el mercado inmobiliario, nos parece que aquí sí se nota una cierta precipitación. La verdad es que hasta el día en que apareció en el BOE nosotros no tuvimos ninguna notificación ni ninguna idea de lo que ustedes pensaban aprobar. Nos parece que, compartiendo el objetivo -la seguridad jurídica-, se incurre en errores de concepto muy básicos, por ejemplo la reinstauración de una demanda del silencio negativo para la licencia de primera ocupación, que es un elemento que genera gran inseguridad jurídica. Como usted sabe perfectamente es en este paso en el que muchos ayuntamientos -algunos con buena fe- han demandado a los particulares más allá de lo que la ley permite, pero algunos incluso con mala fe o con ánimo corrupto han aprovechado para extorsionar a los ciudadanos. Por lo tanto esta es una mala solución que la precipitación de un real decreto-ley no nos va a permitir corregir, repito que estando de acuerdo con el concepto y estando de acuerdo con la necesidad de su perfección. Por ejemplo nos parece un mecanismo especialmente adecuado la inscripción en el Registro de la Propiedad de toda una serie de circunstancias tendentes a dar mayor seguridad jurídica.

Por todo ello, señora vicepresidenta, nuestro grupo no podrá votar afirmativamente la convalidación, a menos que se tramite como proyecto de ley para poder subsanar estas cuestiones que nos parece que podrían perfeccionar el conjunto, habiendo recalcado de forma muy importante -quisiera acabar con este aspecto- que varias de estas disposiciones están inspiradas por nuestro grupo, y otra de ellas -quiero hacer referencia para acabar- es el apoyo a la creación de empresas, aunque queda lejos del business angels que usted sabe que reiteradamente hemos solicitado, y respecto de lo cual su propuesta no llega ni tan siquiera a emular la legislación francesa. En cualquier caso si ustedes se comprometen a tramitarlo como proyecto de ley nuestra posición podría ser de apoyo global, si no, por motivos de coherencia, vamos a abstenernos en la votación.

Muchas gracias, señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Macias.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nadal.

El señor NADAL BELDA: Gracias, señora presidenta.

De este decreto-ley lo primero que sorprende es su fecha de aprobación, 1 de julio, y su fecha de publicación, 7 de julio. Para ser un decreto, como dice el último párrafo de la exposición de motivos, de extraordinaria y urgente necesidad mucho tiempo ha tardado el Gobierno en publicarlo, y esto es porque, una de dos, o llegó al Consejo de Ministros sin los deberes hechos -lo cual no extrañaría nada de un gobierno que nos tiene acostumbrados a cosas bastante inverosímiles- o bien se han producido modificaciones o negociaciones posteriores a ser teóricamente aprobado por el Consejo de Ministros el viernes día 1. Es inaudito que un decreto-ley tarde tanto tiempo en publicarse cuando lo habitual es hacerlo al sábado siguiente o como mucho al lunes siguiente, con alguna pequeña corrección técnica.

Pero, temas de forma aparte -aunque son importantes, porque estamos degenerando mucho las formas en este sistema democrático y en esta legislatura últimamente-, vamos a la cuestión importante del contenido. Es un contenido variopinto, como suele acostumbrarnos el Gobierno, al fin y al cabo no quiere enfrentarse a esta Cámara para aprobar norma a norma, sino que mete todo un paquete para que los distintos grupos parlamentarios se tengan que definir en su conjunto sobre las mismas, con lo cual si pudiésemos ir de una en una la definición sería mucho más clara, pero como tiene que ir en su conjunto hay que ir valorando medida a medida: deudores hipotecarios, inembargabilidad y garantías para las ejecuciones. Está muy bien, pero nosotros habíamos propuesto al consenso de la Cámara en las propuestas de resolución que actuásemos sobre la transparencia en las transacciones financieras y mediación. De esto el Gobierno no dice nada, y si pudiésemos tramitar este decreto-ley lo introduciríamos como enmienda por parte de mi grupo. Lo que sorprende es que este Gobierno haya incluido una sensibilidad que es necesaria -aunque cuantitativamente el Gobierno sabe perfectamente que el impacto es muy limitado- en cuanto a la inembargabilidad, pero no haya querido aceptar las enmiendas del Grupo Popular en la Ley de Seguridad Social cuando nos encontrábamos en casos similares.

Probablemente una de las principales medidas es la de la línea ICO para los proveedores de los municipios. Ayer tuve ocasión de discutir este tema con la vicepresidenta


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y parece que al Gobierno por fin le ha gustado esta medida, pese a que la había vetado con anterioridad. Lo que es muy relevante es que el Gobierno no ha aplicado un plan financiero para los ayuntamientos que se sometan a la misma, algo que nosotros proponíamos. Es muy importante que las administraciones tengan una viabilidad financiera y no solo dotarles de liquidez. El Gobierno solo se ha cubierto con la posibilidad de cobrar de vuelta, pero no con la necesidad de que esta entidad financiera tenga viabilidad. Lo que está haciendo aquí el Gobierno es un ejercicio de realismo, porque hay facturas en el cajón, como decía el portavoz que me ha precedido en esta tribuna, y esas facturas en el cajón hay que sacarlas porque son deuda real. Esta línea de financiación va a incentivar que se saquen estas facturas del cajón, y yo no creo que deba preocuparse la señora vicepresidenta por ello, porque es déficit que existe, aunque no se haya reconocido, y es deuda que existe, aunque no se haya reconocido, y esto es muy importante. En España deberíamos empezar a conocer con mayor realidad y profundidad la situación de nuestras finanzas públicas. Esta línea ICO, aparte de proveer de liquidez a esas empresas que no han podido cobrar, tiene la virtualidad de que se les reconozcan las deudas, porque en muchos casos no habían sido reconocidas.

Luego hay una serie de medidas de incentivo a la actividad empresarial que podemos calificar de menor interés, pero ya que van en la dirección correcta, es verdad, como el tema de la rehabilitación, la simplificación administrativa o el régimen fiscal para inversores, podrían asumir esta línea de actuación de manera mucho más ambiciosa si el Grupo Socialista aceptase la tramitación de la ley de emprendedores que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, en la que vienen medidas de tanto calado como el cambio de régimen de IVA de devengo a caja -que por cierto ya está contemplado en las directivas europeas-, la cuenta de compensación dentro de las administraciones públicas o la normativa sobre unidad de mercado. Sería muy interesante que este tipo de normas se introdujesen, porque iban a tener un impacto bastante más sustancial sobre la capacidad y la actuación de nuestras empresas.

Vamos con el punto en el que somos críticos. Hasta ahora no lo hemos sido, señora vicepresidenta. Eran una serie de medidas de mayor o menor importancia que consideramos adecuadas, pero vamos al punto en el que somos profundamente críticos, que es la regla de gastos que ustedes han propuesto para el conjunto de las administraciones públicas. Ustedes la llaman de control del gasto público, pero no lo es, y la llaman de austeridad, pero tampoco lo es. Es una regla de cara a la galería, un auténtico brindis al sol y, si me lo permiten, auténtico papel mojado. ¿Por qué? En primer lugar, tiene un exceso de holgura, y usted lo sabe. Si crece el gasto nominal lo mismo que el PIB nominal el porcentaje de gasto público sobre PIB se mantiene constante, y si tenemos ahora mismo un 45 por ciento de gasto público sobre PIB y un 36 por ciento de ingresos -el año pasado 9 por ciento de déficit, este año ya veremos cómo cerramos las administraciones públicas-, con esta regla no se cierra, mantenemos ese 45 por ciento siempre. ¿Cómo quiere cerrar usted el déficit, señora vicepresidenta? Con esta regla no puede. Tendrá que hacerlo aplicando el resto de las normas de estabilidad presupuestaria, por lo cual la regla no sirve para nada. En la situación en que nos encontramos, en el momento presente, esta regla es sencillamente decir a todo el mundo que lo quiera observar que ponemos una regla por encima del nivel de exigencia que ahora mismo estamos poniendo. Como dijo su secretario de Estado de Economía, es una regla solo para una situación de equilibrio y una situación alcista del ciclo, sí, pero no estamos en situación de equilibrio ni en momento alcista del ciclo, por lo cual no era el momento de sacar esta regla. Tampoco va a dar credibilidad a nada ni va a permitir que los mercados, que siguen arreciando en sus dudas sobre la estabilidad financiera y el crecimiento de la economía española, tengan una mínima seguridad de que en España vamos a hacer las cosas mejor. De hecho esta regla, de hacer algo, resta credibilidad por esta razón.

En segundo lugar, es una regla manipulable, puesto que se basa en una estimación del PIB nominal de nueve años, pero tres son de avance, tres son de previsión, por lo cual un tercio de la regla, un tercio de la cifra es la que el Gobierno quiera, y con un tercio se puede hacer mucha manipulación. Si hacemos una previsión tremendamente exagerada de los próximos tres años al final gastamos lo que queramos; una regla de disciplina no puede tener ese grado de manipulación; ahí hay un fallo de diseño clarísimo.

En tercer lugar, no entendemos por qué ustedes piensan que una parte de las normas de estabilidad presupuestaria no son aplicables a las comunidades autónomas cuando el conjunto de las normas de estabilidad presupuestaria sí lo son. La normativa de estabilidad presupuestaria que se aplica a las comunidades autónomas se aprueba por un procedimiento especial porque tiene carácter orgánico. Esto pasó con la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria; pasó con la aplicación de los objetivos de estabilidad presupuestaria; ha pasado con la normativa que determina y limita la financiación de las comunidades autónomas y su endeudamiento por parte del Estado cuando incumplen determinados requisitos, como las obligaciones de hacer planes de reequilibrio por parte de las comunidades autónomas. Todo eso está recogido con carácter orgánico en nuestra normativa de estabilidad presupuestaria y ahora resulta que esto, que es una parte adicional de esa estabilidad, no se puede poner. No estamos de acuerdo con el Gobierno en esta interpretación.

En cuarto lugar, solo se aplica a municipios de más de 75.000 habitantes. Señora vicepresidenta, los mayores problemas de pelotazo inmobiliario e ingresos que han tenido los municipios han sido los relativamente pequeños, los municipios grandes tienen una financiación mucho más estable, y resulta que excluimos a los


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municipios de mayor riesgo de la regla. Se sigue sin entender.

En quinto lugar -y esto sí que es de aurora boreal-, se excluyen de la regla las dos principales partidas de los Presupuestos Generales del Estado de gasto: gastos de desempleo e intereses de la deuda. Entonces, ¿para qué aplicamos la regla? El gasto entero es gasto entero porque aquí lo que estamos buscando es que el volumen total de gasto sea controlado, no excluyendo las dos principales partidas que entre las dos suponen del orden del 60.000 millones de euros. Francamente, si excluimos de mi regla de gasto más de un tercio del gasto total de los Presupuestos Generales del Estado, para eso no hacemos nada, dejamos totalmente libre el funcionamiento del gasto público, que es lo que precisamente esta norma pretende controlar.

En sexto lugar, es una norma que no ha entendido que determinadas reformas fiscales pueden producir impacto y crecimiento de la actividad económica, y por tanto pueden estimular la recaudación. Esto ha ocurrido en determinados momentos cuando las reformas fiscales se hacen bien, pero no, aquí se establece una norma rígida que respecto a una previsión de base fija -y evidentemente los impuestos no dejan fija la base- cuando se reducen impuestos se castiga a la Administración que los reduce, y cuando se suben se permite a esa Administración gastar más, precisamente lo contrario de lo que necesita una economía como la que ahora mismo tenemos; perjudicar a los que bajan impuestos para estimular la actividad económica no es precisamente la mejor política económica, aunque ya sabemos que ustedes creen en lo que creen.

Por último, se dice que hay que aplicar medidas de corrección inmediata cuando se incumple. Si atendemos a lo que ha hecho el Estado con sus obligaciones en reiteradas ocasiones de venir a esta Cámara el Gobierno con un plan de reequilibrio para el Estado, cuando ha incumplido sus obligaciones de estabilidad presupuestaria, francamente esto se queda en nada. En definitiva es una regla de papel mojado, una regla que no sirve para nada, una regla que no crea confianza, y en todo caso se ha notado muchísimo que se ha ido a cubrir el expediente de una promesa en un consejo europeo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Nadal.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Gastón.

La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señora presidenta.

Señorías, debatimos un conjunto de medidas con una nítida voluntad política, una voluntad que corresponde a los tres ámbitos prioritarios en los que el Gobierno está trabajando, tres ámbitos en los que además los socialistas plasmamos toda nuestra energía y toda nuestra convicción. En primer lugar, la reactivación económica generadora de empleo; en segundo lugar, el apoyo activo a quienes más están sufriendo las consecuencias de esta crisis, y en tercer lugar, el refuerzo a la confianza internacional en nuestra economía y la convergencia hacia un verdadero andamiaje político europeo. Dentro de este último ámbito, dentro del refuerzo de la confianza económica, compartiremos que es una finalidad que desde luego gana relevancia en un contexto internacional como en el que nos vemos inmersos en estos últimos días, con una Unión Europea sometida a intensas tensiones financieras. Nosotros insistimos en defender una salida a la crisis a través de más Europa, por responsabilidad y también por solidaridad. Si algo debiera quedar patente en estas últimas tensiones financieras, señorías, es que no hablamos de un problema estrictamente local, sino que hablamos de problemas colectivos. Por ello entendemos que las respuestas deben visualizarse conjuntas, convergiendo de verdad hacia una unión política europea.

Este real decreto-ley que debatimos contiene la regla de gasto, con cuya aprobación sin duda avanzamos en esta línea de convergencia y también en nuestro compromiso de retorno al equilibrio presupuestario. Consiste en limitar la evolución del gasto presupuestado por las administraciones públicas; y sí, tal como ha dicho el señor Nadal, excluye el gasto derivado de las prestaciones por desempleo y el gasto financiero, pero comprenderá que son gastos que deben ser atendidos. A nuestro modo de ver debe ser atendida tanto la devolución de la deuda como a las personas desempleadas. La regla de gasto busca presupuestos públicos, vinculando esta evolución a la de la economía española, y estos presupuestos públicos que busca permitirán la generación de colchones si es que se dan ingresos fiscales inesperados, y estos colchones a su vez permitirán amortiguar la situación en caso de que el crecimiento sea inferior al previsto. Prevención. Entendemos que esa es la clave de esta medida, medida que como se ha dicho se refiere a la Administración General del Estado, a las entidades locales y a todos sus organismos dependientes. Pero nosotros sí creemos en el diálogo, en el pacto, y en el acuerdo a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera para el caso de las comunidades autónomas. Es por ello que el impulso para estas administraciones se va a dar en ese seno. La implicación más relevante de estas medidas es su carácter anticíclico porque evitarán transformar lo que son ingresos extraordinarios coyunturales en gastos estructurales. También tendré que recordarle, señor Nadal, que la regla de gasto es perfectísimamente compatible con el objetivo de déficit, y en caso de no cumplirlo es perfectísimamente compatible con la presentación de planes de reequilibrio. Podrá gustarles la medida o no, pero si queremos respuestas conjuntas europeas, si queremos más Europa, lo que desde luego debemos tener en cuenta es que en unos meses Europa nos va a evaluar a todos por una regla conceptualmente muy similar a esta. Por lo tanto anda bastante lejos de su mensaje, señor Nadal, de restar credibilidad la aplicación de esta medida.


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El segundo de los ámbitos, sin duda el prioritario para el Gobierno, es la reactivación económica generadora de empleo, y dentro de este ámbito este real decreto-ley incluye medidas como el fomento a la inversión empresarial. Son estímulos de impulso que nos acercarán al concepto que tiene el señor Macias de los business angels, pero desde luego creemos que da un empujón relevante hacia ese concepto; concepto y elemento dinamizador para proyectos empresariales innovadores, incentivos que incluyen exenciones en el IRPF para las plusvalías derivadas de la inversión en estos proyectos hasta 25.000 euros anuales, y con una permanencia de entre tres y diez años. No es que solamente le demos importancia el Grupo Parlamentario Socialista, es que esta medida ha tenido una buena acogida e interés, en especial por el marco en el que nos encontramos, donde el crédito es realmente difícil para los emprendedores que cuentan con este tipo de proyectos.

Se incluye también en el real decreto-ley el fomento a la rehabilitación a través de nuevas medidas que profundizan y desarrollan el marco general ya contenido y aprobado en la Ley de Economía Sostenible, y lo consideramos igualmente relevante si es que tenemos en cuenta la finalidad de impulsar la rehabilitación como elemento dinamizador para la actividad en el sector de la construcción en nuestro contexto económico actual. Se incluyen también mayores facilidades para la creación de empresas. También desarrolla lo contenido en la Ley de Economía Sostenible, facilitando la actuación para los ciudadanos. Simplificación administrativa, la cual, además de mejorar el intercambio entre las distintas administraciones, lo que hace también es reducir cargas y costes para el ciudadano. Incluye la eliminación de la exigencia de la licencia municipal de actividad en el ordenamiento estatal, para que sea sustituida simplemente por controles o bien a priori o bien a posteriori, y también recoge un catálogo de 124 procedimientos administrativos en los que ahora el silencio se va a transformar en sentido positivo. Esto es relevante, puesto que evitará retrasos, dilaciones e impedimentos para el desarrollo de nuevas actividades. Incluye también -y nosotros sí le damos importancia- una prórroga para el ejercicio 2012 de las desgravaciones fiscales a la producción cinematográfica, contenida ya en la Ley del Cine del año 2007, pero es que lo creemos importante puesto que supone la continuidad de un aliciente a esta importante industria cultural y generadora, tanto de riqueza como de empleo.

En el tercero de los ámbitos que sustenta la línea de trabajo del Gobierno está la preocupación por quienes más están sufriendo las consecuencias de esta crisis. Dentro de este ámbito incluiría la línea ICO para que los ayuntamientos paguen a sus proveedores, dadas las dificultades de liquidez y de crédito para pymes y autónomos. A nuestro modo de ver es una herramienta para que los ayuntamientos solventen sus tensiones de tesorería, en ningún caso está pensada como herramienta para corregir las malas gestiones municipales realizadas. Por tanto, creemos que es importante para los ayuntamientos, sí, pero sobre todo supone un paliativo para pymes y autónomos, insisto, ante el problema de crédito y liquidez que tienen, con facturas pendientes de cobro por parte de las entidades locales. A través de esta línea las entidades financieras colaboradoras pagarán directamente a los proveedores, lo que permitirá cancelar deudas acumuladas y previas al 30 de abril de 2011 que ayuntamientos y órganos dependientes tengan pendientes con empresas y autónomos. Tendrá un plazo de cancelación de tres años para el ayuntamiento. Y, sí, tiene un límite, el importe total no debe exceder el 25 por ciento del global anual de entregas a cuenta en los tributos del Estado para este ejercicio 2011, puesto que tampoco se pretende asfixiar a futuro a los ayuntamientos, sino ayudarles con sus tensiones de tesorería. Tiene un elemento importante: una garantía de cara a no generar déficit dentro de nuestro ineludible marco de consolidación fiscal, ya que el importe que un ayuntamiento no pagara al ICO supondría un aumento del déficit estatal. Comprenderán que si el ICO tiene pérdidas, esto pasa directamente a déficit del Estado. Entonces, ese importe del ayuntamiento que no pagara, lo que va a ocurrir es que se verá retenido de su participación en los tributos del Estado. Lo que conseguimos de esta forma es un equilibrio en el déficit. Esta es la diferencia entre esta medida recogida en el real decreto-ley con la que otros grupos parlamentarios nos han venido pidiendo. Insisto, si el ICO no cobra al no pagarle un ayuntamiento, el déficit estatal en vena sería directo. Esta es la fórmula óptima para los ayuntamientos, para las pymes y autónomos pendientes de cobro de estas facturas y también para el respeto a la consolidación fiscal.

Por último, me referiré a las medidas vinculadas a la protección de los deudores hipotecarios. Es importantísimo atender a estas necesidades lo que, por un lado, supone aumentar el umbral de inembargabilidad en un procedimiento de ejecución hipotecaria, decimos que del 110 al 150 por ciento del salario mínimo interprofesional y añadimos adicionalmente un 30 por ciento por cada miembro de la unidad familiar que no tenga ingresos o estos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Pero es que hablando en euros supone pasar de 705 a 961 euros los ingresos garantizados que no podrán ser embargados en estas circunstancias. Son garantías añadidas a las de no malbaratar el precio de la vivienda habitual subastada en caso de que los ciudadanos se encuentren ante la triste circunstancia de la ejecución hipotecaria, aumentando del 50 al 60 por ciento del valor de tasación de esta vivienda el límite. Adicionalmente -se ha recordado también-, pretendemos mejorar la eficacia de las subastas permitiendo mayor concurrencia de postores y de pujas reduciendo hasta el 20 por ciento el depósito que se exija a los postores. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Concluyendo, señorías, consideramos que este elenco de medidas que recoge el real decreto-ley son justas para la protección de las personas con menores recursos y


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posibilidades en esta crisis; son proactivas y relevantes para impulsar la actividad económica y así apoyar la creación de empleo, y son responsables, además de solidarias, con la gobernanza europea. Estas son, señorías, respuestas tangibles que requieren, como se ha dicho de antemano, rapidez en su aplicación en un marco claro, fiable y certero. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista agradece de antemano a los grupos que lo han manifestado su apoyo a la convalidación de este real decreto-ley y pide al resto de la Cámara que le dé este apoyo, de igual modo que pedimos...

El señor PRESIDENTE: Señora Gastón, debe acabar.

La señora GASTÓN MENAL: Termino ya, señor presidente. Muchas gracias.

Insisto, pedimos que sea tramitado como tal, con este formato de real decreto-ley, por la prisa, por la necesidad de agilización, y no como proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gastón.

ENMIENDAS DEL SENADO.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/000082.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Tiene la palabra la señora Díez. (Pausa.)

La señora Díez no está. ¿Desea hacer uso de la palabra algún otro miembro de su grupo, el Mixto? (Denegaciones.) Se entiende renunciada la solicitud de palabra que ha hecho.

Señor Llamazares, tiene la palabra.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero expresar en esta intervención la honda satisfacción de mi grupo porque esta ley, la ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, pueda ser definitivamente aprobada en esta Cámara y además lo sea en un tiempo muy significativo. Hace setenta y cinco años hubo en este país un golpe cívico, también militar, que terminó en una guerra civil. En ese sentido para mí es significativo que esta iniciativa profundice en la modernización de nuestras Fuerzas Armadas y signifique que aquel problema de España del que hablaba don Manuel Azaña -uno de ellos era el problema militar- en mi opinión esté definitivamente solucionado y sea en estos momentos en las Fuerzas Armadas donde se ha producido una verdadera modernización, una verdadera inclusión de las Fuerzas Armadas y subordinación en el conjunto de la transformación democrática de este país y, por tanto, quiero en estos momentos hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas en el marco de esta ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Quiero además recordar en esta ley, porque fue motivo también de nuestra propuesta de Observatorio de la vida militar y de la ley de derechos y deberes, a la Unión Militar Democrática, un embrión democrático en nuestras Fuerzas Armadas en un periodo muy difícil y a la que le hemos reconocido su aportación pero yo creo que nunca le reconoceremos, en definitiva, su sacrificio por el bien tanto de las Fuerzas Armadas como de la evolución democrática de nuestro país.

En tercer lugar, señorías, quiero también reconocer en esta ley un compromiso, el compromiso que adquirimos la fuerza política que yo represento con el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en torno a la Ley de Defensa Nacional, que vino luego acompañada de la Ley de la Profesión Militar y que planteaba en una de sus disposiciones finales la necesidad de desarrollo de la ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y también del Observatorio de la vida militar. Por tanto, para nosotros esta es una ley muy nuestra porque, en definitiva, hemos impulsado la aprobación de esta ley y estamos satisfechos.

Quiero decir también, señorías, que el curso parlamentario de esta ley la ha mejorado sustancialmente. No había motivo para la presentación de la enmienda de totalidad, como hizo una parte del Grupo Mixto, UPyD; en nuestra opinión se equivocaba con aquella enmienda de totalidad. Nosotros creíamos que el proyecto tenía deficiencias pero que podían ser subsanadas en el trámite parlamentario y que era mejor tener una ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas que no tenerla. En estos momentos, cuando estamos al final del trámite, tengo que reconocer que el trámite parlamentario ha mejorado sustancialmente la ley; la ha mejorado en relación a los derechos de los militares, con alguna sombra. Creemos que se ha avanzado mucho en los derechos fundamentales, que aparecían demasiado coartados, condicionados en el proyecto de ley: el derecho a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, el derecho a la intimidad de los profesionales de las Fuerzas Armadas. En todo eso hemos mejorado sustancialmente. Sin embargo decía que teníamos una sombra y quiero hacer referencia a esa sombra, que viene en esta ley y que viene en otra ley de manera absolutamente subrepticia: no entendemos cómo reconocemos derechos y libertades a las Fuerzas Armadas y en otra ley le negamos a la Guardia Civil algunos derechos fundamentales. Nos parece que no es aceptable y que la sombra que aparece en este texto sobre el derecho de reunión de los profesionales de las Fuerzas Armadas aparece en mucha mayor medida, en un texto que no tiene nada que ver, sobre la Guardia Civil. Esa es una de las sombras de este texto.


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Otra de las insuficiencias de este texto, que también avanza de forma muy importante en lo que podríamos denominar el asociacionismo militar, tiene que ver con algo que yo decía en algún debate sobre el prejuicio de la politización. Hay dos prejuicios que planean sobre nuestras Fuerzas Armadas y que de alguna manera aparecen en conceptos jurídicos y determinados dentro de la propia ley. Hay un prejuicio sobre la indisciplina, como si los derechos y libertades en su exceso pudieran provocar el libertinaje y la indisciplina en las Fuerzas Armadas, cosa que no ocurre y que no contempla en absoluto la ley. Y, por otra parte, hay otro prejuicio que es la politización de las Fuerzas Armadas, y para ello se utiliza un mantra, el mantra de la neutralidad, neutralidad que en nuestra opinión está todavía por definir. En todo caso, a pesar de esos déficit se han producido avances muy importantes en relación al asociacionismo profesional en las Fuerzas Armadas, en primer lugar porque el Consejo de personal de las Fuerzas Armadas es un órgano con capacidad de informe preceptivo -que a nosotros nos parece muy importante- sobre cualquier ley que afecte a la profesión, a la situación económica, a la situación social de las Fuerzas Armadas. Este es un hecho muy importante en nuestro país y creemos que va a ser un instrumento muy útil para que lo que ocurre hoy con la carrera profesional pueda subsanarse mediante la negociación y mediante el acuerdo y no mediante tensiones y disputas, incluso dentro de esta propia ley cuando esta ley no tiene nada que ver con la profesión militar porque, aunque en sus últimos párrafos aborda el tema de la profesión militar, lo deja de una forma, en nuestra opinión, inconcreta. Veremos, en el marco del Consejo, cómo se soluciona.

Por otra parte también se avanza en relación al observatorio, de tal manera que en nuestra opinión este es, mediante una composición mejor, un observatorio más fuerte, que incluso puede responder a inquietudes en materia de investigación por parte de miembros de las Fuerzas Armadas sin quitar nada de lo que son las competencias de los mandos y sin quitar nada de lo que es la jurisdicción militar.

En definitiva, señorías, nosotros estamos satisfechos de esta ley, la saludamos a pesar de sus insuficiencias y esperamos que el propio curso de los acontecimientos, la práctica de esta ley, la mejore sustancialmente en su aplicación e incluso la mejore en el futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

La señora Díez ha dado a la Presidencia una explicación bastante de su ausencia y tiene la palabra.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señorías, señora ministra, efectivamente estamos ante el último trámite de una ley muy importante, ni más ni menos que la ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, una ley importante para ellos, para los miembros de las Fuerzas Armadas, e importante para nuestro país.

Como dijimos en la presentación de la enmienda de totalidad -a la que ha hecho referencia el señor Llamazares y que fue presentada y defendida por Unión, Progreso y Democracia por esta misma diputada- esta debe ser una ley para el siglo XXI, para el ejército del siglo XXI. Y es verdad que con el trabajo conjunto que se ha venido haciendo desde que se inició el proceso de debate de esta ley, tanto en ponencia como en Comisión, he de decir que hoy tenemos ante nosotros un texto muchísimo mejor que el texto que inicialmente vino al Congreso, lo cual tampoco tiene que ser ninguna novedad ni una crítica para nadie, es el trabajo parlamentario y es lo que tenemos que hacer. Ciertamente yo no hubiera hecho ninguna referencia a la presentación de la enmienda de totalidad en relación con la mejoría del texto, pero ya que se ha hecho en negativo entenderán que me sienta casi obligada a hacerlo, justamente en el sentido contrario al que lo ha hecho el señor Llamazares: yo creo que el hecho de que tuviéramos un debate de totalidad ayudó a que todos nos comprometiéramos más si cabe a perfeccionar la ley, creo que aquel trámite fue muy útil para el resultado final y que algunas de las cosas que allí se dijeron en aquel momento sobre la imprecisión del texto, sobre la necesidad de mejorar muchos de los aspectos que venían en el texto que había salido del Gobierno se han ido resolviendo y hoy el texto ha ganado en eficacia y en claridad. Pero, si me permiten, sigue teniendo el tufillo -pongámoslo entre comillas y desde luego en minúsculas- de un texto elaborado inicialmente con demasiados prejuicios, impregnado de un cierto inmovilismo de ciertos sectores de presión e influencia que no parecen estar dispuestos o no parecían estar dispuestos a que las cosas cambien de verdad dentro del ejército.

No reseñaré todas aquellas cosas positivas que hay en la ley porque seguro que en el debate se van a poner todas de manifiesto y ya he apuntado alguna de ellas, por tanto voy a utilizar mi turno para hablar de aquellas cuestiones que hacen que esté razonablemente insatisfecha, para decirlo con claridad, respecto del texto final. Hay dos cuestiones sustantivas, sustanciales que no se han resuelto a mi juicio de manera correcta. Una de ellas -la más importante desde mi punto de vista- es que en la ley, en el artículo 7, se establezca que los militares no tienen derecho a afiliarse a un partido político. Los militares lo son porque son ciudadanos españoles; es decir, que precisamente por el hecho de ser ciudadanos y tener todos los derechos que como ciudadanos tenemos pueden ser militares del Ejército español y la ley puede y debe regular el ejercicio de esos derechos. Pero ninguna ley orgánica puede limitar un derecho que tenemos constitucionalmente como ciudadanos en el sentido de eliminarlo, y mucho menos eliminar el ejercicio de ese derecho -no regularlo, insisto- cuando no lo hace la Constitución. La Constitución española cuando habla de los militares, o de las Fuerzas Armadas, o de la Policía, o de


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la Guardia Civil en esta materia, en la regulación de sus derechos sindicales o políticos, de afiliarse a un partido político, no prohíbe la afiliación sino que dice que habrá de regularse por ley, e incluso que habrá de excepcionarse su uso. Es decir, habla de regular el ejercicio de ese derecho, pero en modo alguno establece que haya de renunciarse a ese derecho, que ningún ciudadano por el hecho de ser militar en este caso tenga que renunciar a ese derecho. La Constitución ya dice, por ejemplo en relación con la justicia, con los magistrados, con los jueces y con los fiscales, porque lo quiere decir en un artículo, que, en activo, ni jueces, ni magistrados ni fiscales podrán estar afiliados a un partido político. Cuando la Constitución quiere ir así de lejos va, pero en el caso de los militares no va así de lejos, sino que sencillamente expresa que habrá de regularse cómo se ejerce ese derecho. Entonces, nosotros en la enmienda que hemos presentado a ese artículo 7 no pretendemos que la ley diga que tendrán derecho a afiliarse a los partidos políticos, lo que pretendemos es que no diga que no tendrán derecho. Que no les prohíba una ley orgánica lo que la Constitución no prohíbe. Así de sencillo. Que no prohíba la ley orgánica un derecho fundamental que la Constitución no prohíbe, ni la Constitución ni ninguna sentencia del Constitucional, señora ministra; ninguna de las dos. Insisto, la Constitución ya excluye del ejercicio de ese derecho a magistrados, jueces y fiscales en activo, pero no lo hace para los militares. Entonces, ¿por qué lo tenemos que poner en esta ley orgánica? ¿Qué miedo tenemos? ¿Tenemos miedo al ejército del siglo XXI, a nuestros militares? ¿Miedo a que tengan un comportamiento inconstitucional o anticonstitucional? ¿Tenemos que ir más lejos de lo que va la Constitución en una cuestión que es un derecho fundamental que, insisto, lo tienen los militares y el conjunto de los ciudadanos españoles de forma ilimitada, en su ejercicio regulado de forma específica, sí, pero no renunciar a ese derecho que es hasta donde llega la ley. Creo que esta es una cuestión verdaderamente importante, sustancial desde mi punto de vista y además no entiendo por qué no hemos querido resolverla, no entiendo por qué este empecinamiento en ponerlo expresamente en la ley, en obligarles a que renuncien a un derecho. Me parece un prejuicio negativo sobre lo que es el ejército del siglo XXI en España que no está avalado por el espíritu de los constituyentes y desde luego mucho menos por el comportamiento de nuestro ejército y de la moderna sociedad española del siglo XXI.

También tengo una discrepancia sobre cómo se elige el consejo. Pudiera parecer un tema menor el que los miembros del consejo que representan a los Ejércitos se elijan por designación, es decir, por elección directa en vez de por libre elección, pero esta es una de esas cosas que van quedando de ese tufillo del que hablaba al principio. Estas son dos cuestiones importantes que lamento profundamente que no se hayan resuelto en el trámite de Comisión, a pesar de los grandes avances que se han conseguido. Uno muy importante es, por ejemplo, el relativo a la incorporación y la ampliación de protección especial en lo que tiene que ver con las viviendas de los militares, que incorporamos en la última sesión de la Comisión y que humildemente he de reivindicar que es gracias a una enmienda que habíamos presentado por lo que se permite que los militares puedan mantener la vivienda si llegan a la situación de retiro por enfermedad sobrevenida en el ejercicio de su actividad o por acción terrorista. Es decir, la ley tiene otras muchas cosas muy importantes, pero realmente no entiendo cómo se ha podido mantener esta denegación de un derecho fundamental. Me parece que es producto de un miedo y de un recelo impropio e injustificado hacia el Ejército español, hacia los militares que componen el Ejército español, desde el último hasta el primero, desde los que están hoy sentados en la tribuna hasta el último que se acaba de incorporar. Considero que no lo hemos resuelto bien y por eso digo, señora ministra, que la ley me deja razonablemente insatisfecha.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Don José Ramón Beloki tiene la palabra.

El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la ley a cuya aprobación definitiva vamos a proceder en la sesión de hoy va de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, eso dice su denominación. Va hasta donde va, que no es en absoluto -como por lo demás no suele ser habitual en ninguno de los casos en los que se habla, en esta ocasión se legisla, de derechos y deberes de ningún colectivo y tampoco del conjunto de los ciudadanos- hasta el final del camino. Eso nunca ocurre tratándose de derechos y deberes, entre otras cosas porque no hay tal final de camino, sino que, tratándose de lo se trata, de derechos y deberes, estamos hablando más bien de un horizonte hacia el que hay que caminar todos los días con notables esfuerzos, un horizonte hacia el que se camina y, según se camina, va perfilándose con nuevos rasgos. De eso se trata cuando se habla de derechos y deberes. Por tanto, si se camina en la buena dirección progresivamente se van actualizando, se van mejorando y se van consolidando los derechos y se van precisando los deberes, y si se va en la mala dirección se produce un deterioro de los derechos. Eso ocurre en todos los ámbitos y también en el de las Fuerzas Armadas. En este caso y a nuestro parecer, por lo que al texto se refiere, estamos en una dirección correcta y esa es la razón de nuestro apoyo. Pero, dejémoslo claro, no regulamos hoy y mucho menos garantizamos hoy el conjunto de los deberes y de los derechos de los ciudadanos en uniforme, que es a nuestro juicio lo que son los miembros de las Fuerzas Armadas. No perfilamos, no regulamos, no garantizamos, como digo, el conjunto de los derechos y deberes. Tenemos incluso una cierta percepción de que regulamos con más


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precisión y con menos cautela los deberes que los derechos. Pero en todo caso avanzamos, y lo hacemos sobre todo en lo que a nuestro juicio es una especie de derecho transversal: el derecho a ejercer el derecho de asociación profesional, herramienta o instrumento que debe ser básico para ese camino que hay que seguir haciendo en la reivindicación del ejercicio de los derechos y de los deberes. La Fuerzas Armadas van a tener que seguir avanzando y van a tener que seguir rompiendo los cauces, que en muchos casos han sido muy estrechos; van a tener que seguir prescindiendo de cautelas y de temores con los que se han ejercido hasta ahora los derechos en el pasado y se siguen ejerciendo en el presente. Y para eso hará falta gente que, valiéndose de este instrumento del ejercicio del derecho de asociación, siga luchando, siga haciendo que los derechos sean reales, con un contenido progresivamente mayor, y que los deberes se cumplan también en los límites que deben cumplir las Fuerzas Armadas.

El paso por el Senado ha mejorado el texto de la ley, sobre todo en un sentido: ha avanzado sobre lo que ya había avanzado el Congreso respecto al texto original, de forma que ahora figuran menos conceptos nebulosos, menos conceptos poco precisos. Ya sabe qué pasa con lo nebuloso, que cuando se trata de derechos lo nebuloso va con algo que intenta ser más bien restrictivo y cuando se trata de deberes lo nebuloso tiene una vis expansiva clara. Nosotros creemos que había que precisar, que efectivamente había que limitar, que establecer conceptos más claros, y en esa clarificación se avanzó aquí, en el Congreso, y entendemos que se ha avanzado también en el Senado. Por esta razón vamos a votar a favor del conjunto de las enmiendas introducidas en el Senado. Pero, insisto, no todas las penumbras han sido definitivamente iluminadas.

Y quiero hacer un comentario final. Repito, no estamos en el final de ningún camino. Es un camino que en el pasado ha sido difícil, ha conllevado sufrimientos de mucha gente en las Fuerzas Armadas que ha tenido que luchar para que los derechos fueran tales y que en el futuro, no nos engañemos, va a ser también un camino difícil. No va a ser un camino evidente, porque en ninguno de los campos, y tampoco en las Fuerzas Armadas, los derechos avanzan por sí mismos sin que haya gente que los reivindique y que haga que esos derechos sean de aplicación en el día a día. Mucho menos, evidentemente, hemos resuelto todos los problemas de las Fuerzas Armadas, quedan muchos problemas y muy complicados. En el entorno de esta ley se han manifestado algunos de los problemas que tienen que ver con la puesta en vigor y aplicación de la Ley de la Carrera Militar. Hasta donde se ha avanzado ha sido hasta la disposición final duodécima, que establece determinadas obligaciones, también en este campo, para el Observatorio militar. Solo cabe hacer votos para que esta vía que se establece se oriente hacia una mejor solución de ese problema difícil de la aplicación de la Ley de la Carrera Militar. Hacemos votos y, por cierto, por lo que respecta a mi grupo, el Partido Nacionalista Vasco, también mostramos la disposición a ser exigentes en que estas cosas se cumplan en tiempo, en plazo y en forma. Finalmente, volvemos a hacer votos para que sean los propios militares, valiéndose de forma destacada, repito, de la regulación que la ley hace sobre el ejercicio del derecho de asociación profesional, los que hagan de su vida una vida profesional digna, a la altura de una sociedad avanzada, con unos derechos que se vayan incorporando y ejecutando cada vez con mayor plenitud y con un cumplimiento de los deberes, que también van a ser muy difíciles todavía también y siempre en el siglo XXI.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.

Don Jordi Xuclà tiene la palabra.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en la votación final en primera lectura por parte del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió hizo una abstención condicionada a la mejora de este texto en su tramitación en el Senado. Creo que el Senado ha hecho una muy buena labor de incorporación de algunos aspectos, concretamente tres, a los cuales haré referencia dentro de un momento, y que ahora nos permite afirmar y sostener que tenemos una ley que refuerza nuestro sistema democrático porque da cobertura de derechos y deberes a los militares, pero que también aprovecha esta ley para, una vez más, convocar a los militares, a los ciudadanos militares, a someterse al conjunto de las leyes democráticas, a la Constitución y a esta afortunada asignatura pendiente que hoy superamos -que tenía pendiente la democracia, los parlamentos en sus distintas legislaturas y los gobiernos en sus distintos colores políticos- y que hoy nos tenemos que congratular por su aprobación.

Quiero recordar algunas de las mejoras importantes y relevantes que se han producido en el Senado en una línea más garantista, y que hoy vamos a avalar con nuestro voto favorable a cada una de las enmiendas incorporadas en el Senado, como, por ejemplo, el derecho de reunión y manifestación, que en el ámbito militar tiene que ser autorizado por el jefe de unidad y solo se puede oponer a este derecho de forma motivada, como manifestación de garantismo; o la aplicación con carácter general de los criterios de protección de los derechos y deberes, también en el ámbito de las misiones internacionales, como norma general y solo la excepción por circunstancias de los escenarios donde se desarrollan las misiones del Ejército en el exterior. Señorías, hemos mejorado también los artículos 8 y 9 referidos al derecho a la intimidad, a lo que de forma general se habla en la ley como la dignidad personal y en el trabajo de los militares, pero con medidas garantistas muy concretas y muy importantes, como, por ejemplo, el registro de las taquillas. También en el ámbito de las asociaciones profesionales


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se les ha otorgado un nuevo derecho, el derecho de las asociaciones profesionales más representativas a emitir informes.

Hasta aquí los puntos incorporados en el Senado, con los cuales nosotros coincidimos y celebramos. Pero también terminamos esta tramitación con discrepancias, en coherencia con las enmiendas que hemos planteado en ambas Cámaras. Continuamos defendiendo que, dentro del marco de la Constitución española, es posible desarrollar en esta ley el derecho de afiliación de los militares a partidos políticos. Lo es de acuerdo con los límites de la Constitución española, lo es en el marco de nuestro entorno geopolítico donde otras democracias avanzadas europeas, empezando por Alemania y continuando por tantos otros países, permiten compatibilizar la obligación de neutralidad con el derecho de afiliación a los partidos políticos.

Les hablaba de tres aspectos que Convergència i Unió consideró básicos para poder transitar de la abstención al sí. Fruto de una negociación en el Senado y fruto de una buena negociación, en la cual quiero subrayar el papel que ha tenido el subsecretario del Ministerio de Defensa, estos tres temas pendientes, claves por parte de mi grupo, se han resuelto satisfactoriamente en el trámite del Senado. Primer punto, elección de los miembros del observatorio de la vida familiar, en la que se requería una mayoría reforzada para su elección. Planteamos dos tercios, tres quintos, y hemos terminado cambiando la mayoría simple por la mayoría absoluta y el acuerdo de tres grupos parlamentarios de cada una de las Cámaras. Este es un reforzamiento que permitirá que la configuración de este observatorio en ningún caso sea conformada con una línea de coincidencia con el color de la mayoría, con el color del Gobierno.

Segundo punto, configuración del consejo de personal de las Fuerzas Armadas. Después de las enmiendas introducidas en el Senado este consejo de personal de las Fuerzas Armadas queda constituido en igual número por los representantes de ambas partes, por los representantes de las asociaciones profesionales y por los representantes del Ministerio de Defensa. Muchas veces en derecho administrativo se habla de los poderes exorbitantes de la Administración. Pues bien, señorías, en el punto de encuentro entre las asociaciones profesionales y los representantes del Ministerio de Defensa es bueno definir un perímetro de simetría, un perímetro de igualdad entre las dos partes que están convocadas al diálogo y a la negociación.

Y finalmente, pero no por ello menos importante, sino muy importante, hemos conseguido, porque somos un poquito tozudos y porque ponemos empeño, aquello que se nos negó inicialmente en la tramitación del Congreso, esto es, la disposición final duodécima referida a la reforma del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar. Señorías, debemos empezar haciendo autocrítica de aquellos partidos que en la anterior legislatura -y uno de ellos es mi grupo parlamentario- votamos favorablemente la Ley de la Carrera Militar, dejando mal resuelto algunos extremos de los regímenes transitorios. A pesar de alguna información confusa que se ha producido al respecto, el mandato de la disposición final duodécima es muy claro. A partir de la entrada en vigor de esta ley, en un plazo de seis meses, el Gobierno debe remitir a las Cortes un nuevo proyecto que se especifica claramente en la disposición final en qué extremos se debe mejorar, elementos del periodo transitorio de la ley, y en particular los referidos a la promoción y cambio de escala, régimen de ascenso, antigüedad y pase a la situación de reserva y reconocimientos académicos de las formaciones adquiridas, así como al retiro del personal discapacitado, considerando en su caso los correspondientes efectos económicos. Señorías, si este proyecto se tiene que presentar en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, también se habla de que previamente la Comisión de Defensa deberá trabajar para dar audiencia a los distintos colectivos y para que esta reforma se plantee en estas Cortes Generales con el criterio formulado por parte de la Comisión de Defensa. En consecuencia, a partir del 1 de septiembre la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados tiene mucho trabajo, tiene el trabajo de elaborar un informe dando audiencia a todos los colectivos que de forma reiterada, señorías, nos han expresado algunos aspectos no bien resueltos de la Ley de la Carrera Militar.

Termino, señor presidente. Insisto, hoy superamos una gran asignatura pendiente y debemos felicitar al Gobierno y a esta ministra por haber afrontado el complemento, la configuración de una pieza clave de nuestro bloque de constitucionalidad a través de una ley orgánica que dará derechos y deberes a los militares, que convoca a los militares a desarrollarse en un marco democrático, pero que especialmente después de treinta y dos años de democracia da cobertura de derechos fundamentales a favor de los militares. Por esto, es un buen día para terminar mi intervención diciendo que con esta ley podemos decir: ¡Viva la democracia!

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Doña Beatriz Rodríguez-Salmones tiene la palabra.

La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, en este trámite final de la ley en este último momento quiero, como todos los portavoces anteriores han hecho, hacer un acto de reconocimiento a la señora ministra y a su equipo del Ministerio de Defensa. Hemos hablado especialmente del equipo del señor subsecretario, que ha tenido una actitud muy abierta y hemos trabajado muy bien en una ley orgánica fundamental. A los responsables militares quiero agradecerles además que nos acompañen en este momento, a todos los expertos que nos han ayudado y aconsejado, a los representantes de las asociaciones que llevan luchando con más que perseverancia -por decir un término simple-


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por conseguir una ley de este tipo, y a tantos que han batallado durante tantos años para conseguir esta ley. A todos, quiero mostrarles nuestro reconocimiento porque nos han ayudado como parlamentarios y creo que el texto ha mejorado mucho en este trámite, lo hemos dicho todos.

Sé que hay cuestiones pendientes, por supuesto. Con todos hemos hablado, debatido y discrepado, pero dentro del máximo respeto. Como ha dicho bien el señor Beloki, esto es un proceso, iniciamos un camino que es el adecuado y a lo largo de este proceso conseguiremos finalmente tener la ley que satisfaga a todos. Nosotros somos los legisladores, pero ahora lo que nos toca como responsables políticos es escuchar mucho a los militares. Ellos saben lo que es necesario hacer en el desarrollo de esta ley: escuchar, escuchar y escuchar. Al decir esto creo que es precisamente lo que no se ha hecho en el desarrollo de la Ley de la Carrera Militar, no se ha escuchado suficientemente. Señorías, en esta ley teníamos unas enmiendas muy importantes, y quiero hacer alusión a ellas. El juego de las mayorías parlamentarias es el que es, esas enmiendas no han podido prosperar pero ha prosperado, como ha dicho el señor Xuclà, la disposición final duodécima con la obligación legal de revisar la ley de la carrera, teniendo en cuenta cada uno de los casos que habíamos enumerado en nuestras enmiendas. Por lo tanto, tenemos una obligación, prácticamente en el mes de enero tendría que haber esa revisión -son seis meses- y además nosotros tenemos un compromiso político con todos aquellos colectivos de los que nos habíamos hecho eco en las enmiendas. Tenemos un compromiso, y lo vamos a llevar a término. Y vuelvo a decir que tenemos que escuchar a partir de ahora a los militares para hacer un buen desarrollo de esta ley. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Estamos en el trámite final, hemos descrito muchas veces cuáles eran las cuestiones que nos preocupaban, todos los portavoces lo han expresado bien, yo creo que se han regulado bien los derechos y que el ejercicio lo mejorará, que el observatorio y el consejo de personal se han dotado potentemente como instrumentos de verdad para velar y ser cauce de las cuestiones profesionales. Creo que las condiciones de vida de un colectivo muy singular, sujeto a traslados, a situaciones muy difíciles con las familias -a las que hay que apoyar con viviendas y escolarización-, un colectivo que vive situaciones dramáticas en zonas de operaciones, etcétera, está apuntado todo en la buena dirección. Creo que los límites que se establecen son exclusivamente los que la Constitución reclama; no es que la Constitución lo enumere pero, al encargarles determinadas misiones eso conlleva determinados límites, aunque creo que se ha sido muy estricto en que los límites sean los menores.

Señorías, creo que mejoraremos en el desarrollo de esta ley y que sencillamente tenemos que ser modestos en lo que estamos haciendo y ser poco grandilocuentes. Hemos hecho una ley que no da derechos, sino que regula el ejercicio de unos derechos. Nosotros no hacemos a nadie más o menos ciudadano. Son ciudadanos como yo, como ustedes, como todos los españoles, y nosotros regulamos el ejercicio de esos derechos. Pero no son más o menos ciudadanos por lo que digamos nosotros, en modo alguno, sino porque han nacido en un país democrático, con una Constitución que les ampara y en un Estado de derecho. Ellos han jurado defender a este país y a esta Constitución incluso con su vida. Por eso son ciudadanos. Esa es su grandeza. Por eso nosotros les debemos respeto y reconocimiento.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cuadrado.

El señor CUADRADO BAUSELA: Señora presidenta, señorías, si algo ha cambiado en relación con el texto que salió del Congreso, este proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los militares, es que -se ha dicho ya- ha clarificado algunos aspectos relacionados con derechos concretos. Yo quiero resaltar, en primer lugar, que quizá el cambio más importante es que ha multiplicado el consenso -y ya era importante el que tenía este proyecto de ley-, porque Convergència i Unió ha anunciado que de una abstención pasa a un sí en la ley. Por tanto, es un consenso completo. Creo que eso es lo que conviene poner de relieve, porque estamos haciendo frente a una cuestión que no estaba resuelta y que me parece que es la piedra angular, el núcleo de este proyecto de ley.

Los militares españoles, por mandato constitucional y por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001, no tienen derecho de huelga ni de negociación colectiva ni del ejercicio de medidas relacionadas con la conflictividad colectiva. Eso es así. Pero eso no quiere decir -lo dice la propia sentencia del Tribunal Constitucional- que no tengan derecho a organizarse para defender sus objetivos profesionales y sus derechos laborales. Este era el desafío al que nos enfrentábamos legislativamente hablando y es el que se ha resuelto, como se ve, con un amplísimo consenso. Esa es una buena noticia para el conjunto de las Fuerzas Armadas, pero también para el conjunto de la sociedad. Es decir, aunque no se tenga derecho de huelga, aunque no se tenga derecho a la negociación colectiva, aunque no se tenga derecho al ejercicio de determinadas medidas de conflictividad laboral, sí se tiene derecho -y se debe organizar en esta ley- al ejercicio de la defensa de los derechos profesionales y laborales de los militares.

La segunda cuestión que quiero poner de relieve es que ahora la ley sale a la realidad y, si hubiera que establecer algún criterio de evaluación para la utilidad de este proyecto de ley, es si el consejo que regula esta ley cumple con la función de esos objetivos que he señalado y si las asociaciones profesionales de militares -que son nuevas, son un instrumento nuevo- son unas asociaciones


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fuertes, capaces de representar a esos 134.000 militares que tienen derechos profesionales y laborales. Para mí esta es la ecuación fundamental en la que se basa esta ley. Ese es el elemento que más tenemos que destacar. Por tanto, existe un consenso que hoy se hace amplio.

No he entendido muy bien a la señora Díez, no sé si se va abstener, no la he entendido porque no lo ha anunciado en la tribuna. Ha hecho un esfuerzo por la apariencia de falta de consenso; hay consenso, cuando hay consenso, lo hay. Por lo tanto, creo que hay que destacarlo, hay que ponerlo de relieve. Los ciudadanos quieren que lleguemos a consensos, aquí hemos llegado a un consenso y, perdone, señoría, ha utilizado usted una mercancía caducada, hay un consenso amplísimo en la Cámara sobre una cuestión que tiene que ver con la relación constitucionalmente establecida entre los militares y los partidos políticos. Está resuelta, y además está resuelta sin que tengamos dificultades ni parlamentarias ni políticas para asimilarla. Por lo tanto, una exhibición de falta de consenso cuando la realidad es la que es no me parece que sea lo más razonable. En cualquier caso, me alegro por la existencia de ese consenso.

Señorías, estamos hablando de la regulación en la defensa de los derechos profesionales y laborales de los militares, que producen un bien público que valoran mucho los ciudadanos, que es el de la seguridad. Por lo tanto, tiene una mayor trascendencia, lo estamos tratando de una manera específica porque constitucionalmente tiene un tratamiento específico, pero tiene una gran trascendencia que funcione bien lo que esta ley regula desde el punto de vista del interés público, del interés general. Eso es muy bien valorado por el conjunto de los militares, por toda la estructura militar a la hora de ejercer su actividad para conseguir ese bien público tan valorado, que es el bien público de la seguridad.

Señorías -se ha dicho aquí, y voy terminar con ese dato de la realidad-, nos esperan unos meses de trabajo intenso -lo han dicho ustedes, lo ha dicho el señor Xuclà, lo ha dicho el señor Beloki- porque es verdad que se ha mejorado la parte que tiene que ver con aspiraciones de carrera militar recogidas en esta ley, y es verdad que se le da una función esencial a la Comisión de Defensa. La Comisión de Defensa tiene que ponerse de acuerdo -eso es lo que hemos establecido- sobre aquellos aspectos de la carrera militar que puedan ser mejorados. Tenemos que ponernos de acuerdo nosotros, los grupos parlamentarios, tenemos que hacer ese trabajo para que luego se puedan hacer efectivamente las modificaciones que sean necesarias. Pero hay un trabajo intenso. El proyecto de ley, tal y como ha sido modificado en el Senado dice que en el plazo de un año el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados; se ha modificado en el Senado. Pero, señora ministra -y la felicito por ello-, ya está cumplido ese requisito porque el proyecto de ley de disciplina ya está aquí, está registrado. Por lo tanto, desde ese punto de vista es cierto, tenemos un intenso trabajo los próximos meses, un buen trabajo completa un proceso de reformas muy intenso durante estos años, pero yo me alegro desde luego, en primer lugar, de que lo hayamos hecho con un consenso unánime de todos los grupos parlamentarios.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Cuadrado.

Tiene la palabra la señora ministra de Defensa.

La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Gracias, presidenta.

Seré muy breve, pero por puro deber de gratitud quería subirme en un momento como este a la tribuna. Sin grandilocuencias, y conscientes de que abrimos una fase tan sensible como la que hoy cerramos, creo que es bueno decir las cosas por su nombre. Hoy estamos culminando el marco legal de transformación y de modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Llevamos ya más de un tercio de siglo de democracia, este país en esos más de treinta años ha cambiado mucho, y en la mayoría de casos ha cambiado para bien, pero probablemente si alguna transformación es incontestable, si algún avance es hoy incontestable es el de nuestras Fuerzas Armadas y el camino impecable que ha recorrido en estos más de treinta años de democracia. Y sí, hoy nuestros militares son igual de profesionales que ayer, igual de militares que ayer, pero son más ciudadanos, porque regulando sus derechos y deberes estamos procurando el ejercicio de los mismos que hasta ahora no habíamos vivido. Hoy nuestros militares se han convertido de forma incontestable para toda la sociedad española, además de en igual de militares y más ciudadanos, en una garantía de nuestro progreso, de nuestra libertad y de nuestra seguridad, y creo que es bueno reconocérselo. Hoy este trámite también, en la finalización de esta ley, es una suerte de reconocimiento a todo eso.

Generales, almirante, y en ustedes al resto de nuestras Fuerzas Armadas, hoy la sociedad española está saldando una deuda. Me gustaría que el consenso de hoy y esta ley fueran una manera de decir a todos nuestros militares que cada vez que corren riesgos, que cada vez que se alejan de sus familias, que cada vez que se sacrifican, todos los españoles estamos detrás de ellos. También creo que esta ley es una manera de dar las gracias a ese impecable camino que nuestras Fuerzas Armadas han realizado en democracia.

La última de las gratitudes es para sus señorías, es para esta Cámara. Estamos en un momento en que en este país se piden acuerdos, pactos y consensos, pero también sabemos que no son fáciles. Quiero dar las gracias a todos los parlamentarios, y en particular a los miembros y a los portavoces de la Comisión de Defensa, por este espíritu de consenso que nos ha conducido desde antes de que llegara la ley a esta Cámara y con toda seguridad en su paso por el Congreso y por el Senado. Me gustaría que este esfuerzo de todos -de nuestras Fuerzas Armadas, del equipo del Ministerio de Defensa,


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a quien también hoy quiero darle las gracias, y de nuestros parlamentarios-, este espíritu de consenso sea un granito de arena de un embrión de algo mucho mayor, algo que España lleva mucho tiempo pidiéndonos a los políticos y a los parlamentarios, y es que seamos capaces de hacer el esfuerzo que en esta ley hemos hecho, el de pactar, el de acordar y el de consensuar hasta el punto de una unanimidad, que sin duda merecían los miembros de las Fuerzas Armadas.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.

- PROYECTO DE LEY DEL REGISTRO CIVIL. (Número de expediente 121/000090.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos, en el debate de las enmiendas, al proyecto de ley del Registro Civil. Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.

El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, en la tarea de modernización de la justicia que está acometiendo en la actual legislatura no solo el Gobierno, sino también estas Cortes Generales no podía faltar la modernización de una estructura que ha quedado francamente obsoleta, anticuada, cuya ley reguladora además es de 1967 y que no ha sufrido apenas alteraciones desde entonces. Estamos hablando del Registro Civil.

El presente proyecto, cuya tramitación culmina hoy con el debate y aprobación en el Congreso de los Diputados después de su paso por el Senado, debería servir para que de forma más o menos directa agilice y descargue de trabajo las sedes judiciales, particularmente todas aquellas que tienen encomendadas la gestión del Registro Civil. Sin duda esta es una iniciativa, un proyecto de ley que va a descargar de trabajo la competencia en materia de Registro Civil, aunque efectivamente la solución técnica que adopta el proyecto ha sido criticada, objetada por parte de algunos sectores, en el sentido de que va a pasar directamente a depender de la Dirección General del Registro y del Notariado, además de que la principal novedad que incorpora es que va a pasar a un solo registro electrónico... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.

El señor RIDAO I MARTÍN: ... de modo que para ejemplificar esta modernización del registro podríamos decir que los libros de familia van a pasar a la historia y van a ser sustituidos simplemente por certificaciones registrales. Así, señorías, los ciudadanos y las administraciones podrán tener acceso informático a los datos y se podrán obtener certificaciones directamente a través de la red, lo que va a agilizar de forma muy notable todos los procesos de información y de obtención de datos en el registro. Se trata de una modernización en toda regla, en la línea de lo que debería ser un registro civil moderno, y mucho más después de las mejoras sustanciales que ha experimentado este proyecto a su paso por el Congreso y por el Senado. Particularmente quisiera dejar constancia de ello en el "Diario de Sesiones" por los distintos acuerdos con nuestro grupo parlamentario a partir de algunas transacciones y enmiendas incorporadas.

Son pocas las objeciones que a día de hoy podemos hacer de este proyecto, dentro de poco ya ley. Una de ellas, quizá la más importante, es la forma cómo se ha resuelto el orden de los apellidos en caso de desacuerdo. Creemos que la opción finalmente escogida por la ley de que sea el encargado del Registro Civil quien en interés del menor decida el orden de los apellidos en caso de desacuerdo no es la mejor de las alternativas posibles. En segundo lugar, tampoco se aborda a nuestro entender la inscripción de la transexualidad, lo cual no deja de ser un auténtico anacronismo y una oportunidad perdida. En tercer lugar, como último reproche a este proyecto de ley que sometemos a su aprobación, está la regulación de las distintas lenguas. A pesar de que es verdad que el proyecto hace mención expresa a la lengua de aquellos territorios que disponen de una lengua distinta del castellano a efectos de inscripción, no se incorpora la inscripción automática en la lengua de cada uno de los usuarios del registro, sino que se hará a petición de ellos y no por defecto. Creemos que no se corresponde ni con el bloque de constitucionalidad ni con el derecho de las distintas personas.

Finalmente, constatamos que a su paso por el Senado este proyecto ha experimentado alguna pequeña variación y haré simplemente tres observaciones. En primer lugar, hay algunas correcciones podríamos decir de orden técnico en el articulado. La más sustancial, la que introduce la previsión de que el silencio administrativo en los procedimientos será negativo, no podemos compartirla porque el silencio debería ser siempre positivo en beneficio del ciudadano. Se introducen algunas disposiciones adicionales que regulan la puesta a disposición de datos de identificación personal de nacionales y extranjeros entre los ministerios de Interior y de Justicia y el procedimiento para la inscripción de desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura en el Registro Civil...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor.

El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta.

... lo que supone un muy tímido avance para la inscripción de las personas desaparecidas que no supone además una rectificación sobre las causas de defunción


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de las mismas. Esta fue una petición que hizo nuestro grupo en el Congreso que no fue estimada por el Gobierno ni por el Grupo Socialista, que sí se ha incluido en el Senado, pero parcialmente y de forma muy modesta y con una solución que no compartimos. Vamos a votar globalmente de forma positiva el resto de enmiendas que vienen del Senado y el conjunto del proyecto de ley porque he significado ya a lo largo de mi intervención que nos parece francamente positivo.

Muchas gracias, señora presidenta, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.

Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, estamos ante un buen proyecto de ley. Señor ministro, le felicito por el trabajo realizado por los técnicos que lo han fabricado. Constituye un buen cigoto jurídico que va a nacer en forma de robusto bebé, sin alusiones al género, porque hay que ser políticamente correcto en estas materias, y la percepción de nuestro grupo es que con pretensiones de durabilidad. Hay algunas contradicciones que no se han resuelto bien. Ya se las comentamos en el debate en el Congreso de los Diputados. La primera contradicción es que desjudicializar el Registro Civil es conceptualmente razonable, señor ministro, pero lo que no resulta razonable es utilizar como título de atribución de competencias a las comunidades autónomas precisamente aquella que se les reconoce en sus estatutos de autonomía en relación con los medios personales y materiales de la Administración de Justicia. Estamos hablando de Administración de Justicia pero en el sentido lato del término porque está desjudicializado, luego este título competencial propiamente no sería el directamente aplicable para legitimar la actuación autonómica en este ámbito. Pero se hizo así y como los títulos competenciales o las competencias autonómicas se respetan, no vamos nosotros a levantar particularmente la voz contra este pequeño desafuero.

Luego hay un tema que tampoco se ha podido resolver bien, desafortunadamente, señor ministro, que es el reingreso de los jueces o juezas encargados del Registro Civil a la carrera judicial, sobre todo cuando solo se garantiza la reincorporación a audiencias provinciales, en su condición de magistrados, a los jueces o juezas del Registro Central y no a los demás, que tienen que incorporarse a juzgados de primera instancia, como si fuera una persona que acaba de culminar su formación en la Escuela Judicial, señor ministro, lo cual en nuestra opinión no se corresponde con el decoro y la profesionalidad de jueces o juezas especializados en derecho de familia que pueden realizar funciones importantes en una segunda instancia procesal en las audiencias provinciales, y también por respeto a la antigüedad y a la solvencia demostrada en la aplicación de los requerimientos complejos del derecho de familia.

La ley ha mejorado en su paso por el Senado. El Senado ha mejorado el proyecto de ley y esto hay que ponerlo de relieve, señora presidenta, aunque solo fuera por la circunstancia de que no suele ocurrir así habitualmente. Desde esa perspectiva lo ha mejorado en temas tan importantes como en la determinación de cuándo existe una personalidad que debe ser objeto de inscripción: una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Es un tanto alambicada la definición, pero más comprensible que la que pudimos consensuar en el Congreso de los Diputados.

En relación con los impuestos ya le indico nuestra abstención en relación con la enmienda número 62, relativa a la disposición final quinta bis (nueva), sobre el impuesto sobre trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en tanto en cuanto es un impuesto concertado, está previsto en los requerimientos de la Ley del Concierto Económico y suele ser una posición habitual de mi grupo parlamentario abstenerse en relación con cuestiones que hacen referencia al Concierto Económico y a los impuestos que son objeto de concertación.

Nos parecen sin embargo muy razonables, muy dignas de expresión apologética dos menciones incorporadas en el texto del Senado, aunque negociadas ya en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, previamente: la posibilidad de adquirir la nacionalidad española para los nietos de exiliados tras la guerra civil y también, en el caso de resolución favorable del registro, la posibilidad de inscripción del fallecimiento de los represaliados tras la guerra civil española.

Dicho lo cual, no hay más que glosar un problema que ha focalizado la atención, por lo menos mediática, sobre este proyecto de ley, desafortunadamente, porque yo no voy a decir que sea una cuestión -el orden de los apellidos- anecdótica, pero no es ni mucho menos la más importante de las cuestiones objeto de regulación. En cuanto al caso de divergencia de los progenitores en relación con el orden de los apellidos, el señor Villarrubia y yo tuvimos la ocasión de exponer y de contrastar nuestros conocimientos sobre el título de derechos y obligaciones del Código Civil del año 1989 y creo que ninguno de los dos estuvimos a la altura o demostramos unos conocimientos suficientes para aprobar incluso la asignatura, si tuviéramos ahora que afrontar este reto en cualquier Facultad de Derecho. Pero en todo caso estamos imponiendo al encargado del registro una obligación de naturaleza imperativa, no dispositiva. Nosotros hubiéramos sido más partidarios de instar al encargado del registro a que intente consensuar o buscar fórmulas de aproximación u otros criterios más objetivos que la imposición a un funcionario de una obligación de naturaleza imperativa, que estos funcionarios, porque ya se lo han manifestado así colectivamente, repudian, no quieren asumir.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con estas palabras acabo.

Señor ministro, flaco favor hemos hecho a los encargados nuevos del registro, obligándoles o poniéndoles en la tesitura de realizar una opción tan vidriosa como la que hemos comentado.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, hoy se aprueba en el Congreso de los Diputados ya de manera definitiva -por tanto a partir de la aprobación de hoy será ley- la nueva normativa que regula el Registro Civil. Quería en primer lugar felicitar al ministro de Justicia por haber presentado este proyecto de ley y por haber intentado llegar a puntos de acuerdo con los distintos grupos parlamentarios y que hoy salga de las Cortes Generales un proyecto de ley importante que va a definir un nuevo modelo de Registro Civil, un Registro Civil adaptado a las nuevas tecnologías, que supera lo que había sido hasta ahora el Registro Civil del lugar. Va a ser el Registro Civil de las personas, un Registro Civil moderno, un Registro Civil de nueva concepción. Por tanto felicidades, señor ministro, por haber impulsado esta norma que tiene trascendencia, que no estaba exenta de problemas porque es un cambio radical, pero desde Convergència i Unió queremos reconocer el esfuerzo realizado para en primer lugar respetar el ámbito autonómico, donde estatutos de autonomía como el de Cataluña reconocen claramente que en materia de Registro Civil tienen la competencia ejecutiva y por tanto no pueden legislar, pero deben tener todas las atribuciones de desarrollo de esta ley. Creo sinceramente que hemos introducido a través de enmiendas precisiones que de alguna manera evitan conflictos posteriores, porque cierto es que ya el proyecto reconocía esa competencia ejecutiva también a más comunidades autónomas que la habían asumido en sus estatutos, pero no está de más que, a la hora de ir fijando dónde se ubican los registros, qué atribuciones tienen las comunidades autónomas en las relaciones de puestos de trabajo, en convocar y resolver los concursos, en tantos aspectos ejecutivos, se haya precisado mucho mejor y por tanto quiero agradecérselo al Ministerio de Justicia y a los distintos ponentes y acordarme hoy también de José Luis Rodríguez, que está ya con otras misiones importantes desde una óptica constitucional, pero que tuvo en su momento una capacidad negociadora que ha dado sus frutos con la aprobación de este proyecto de ley que a partir de hoy será ley.

El Senado ha introducido diversas enmiendas y ya avanzo, señora presidenta, señorías, que Convergència i Unió va a dar apoyo a todas ellas y por tanto a una que sé que no es pacífica pero es del todo justa. Nosotros hemos introducido en el Senado la disposición final quinta bis (nueva), que no es otra cosa que eliminar una injusticia que padecen aquellos territorios como Cataluña, en donde el régimen matrimonial aplicable normalmente es el de separación de bienes. Esas parejas, cuando hay una separación, están discriminadas en la aplicación de las exenciones del impuesto sobre transmisiones patrimoniales respecto de las del régimen de gananciales. Desde Cataluña no admitimos esa discriminación y por eso nosotros vamos a apoyar hoy una vez más esta disposición final quinta bis (nueva).

Quiero destacar de la nueva normativa algunos avances no solo en el ámbito competencial que he citado y que eran enmiendas de Convergència i Unió, sino también en la introducción de dos disposiciones adicionales que entendemos de gran importancia y también de la disposición final tercera a la que después me referiré. Concretamente, respecto a la disposición adicional cuarta, se planteó en la pasada legislatura a través de una proposición no de ley de Convergència i Unió lo que veníamos a denominar la reforma Amanda. La reforma Amanda trata de dos padres, Gina, la madre, Joan, el padre, de Sant Cugat del Vallès, que no pudieron poner nombre a esa, para el registro, criatura abortiva, que no había llegado a nacer, pero que está en un registro en un legajo. Finalmente, se ha llegado a una solución y se va a poder ponerle nombre. Ellos querían ponerle Amanda y por eso se llama la reforma Amanda: disposición adicional cuarta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Jané, por favor tiene que acabar.

El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya.

En cuanto a la disposición adicional quinta...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Sí, pero, señor Jané, es que no tiene tiempo.

El señor JANÉ I GUASCH: ... que también introdujo nuestro grupo reconociendo los juzgados de paz, también aquí van a poder tener un protagonismo, tal como nos pedían.

Por último -y termino ya-, en cuanto a la disposición final tercera, hemos conseguido superar un incumplimiento de las normativas internacionales de protección de los derechos del niño. La personalidad -artículo 30 del Código Civil- se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Ni tienen que transcurrir veinticuatro horas, ni tener figura humana, hemos eliminado una legislación que era del todo anacrónica y que nos separaba de la legislación internacional, y con ello la hemos armonizado también con el derecho civil propio de Cataluña, ya que el propio Parlament de Catalunya también había introducido esa misma regulación que ahora recogerá la nueva ley del Registro Civil modificando en este caso el artículo 30 del Código Civil.

Señora presidenta, señorías...


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Jané, por favor.

El señor JANÉ I GUASCH: ..., damos nuestro apoyo a todas las enmiendas que vienen del Senado. Quizás este sea el último debate en el Pleno de una ley en materia de justicia en esta legislatura. Si fuera así, nos han quedado algunas asignaturas pendientes que en otros debates o en otras legislaturas tal vez podremos afrontar.

Señora presidenta, señorías, muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jané.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ferrer Roselló.

El señor FERRER ROSELLÓ: Señora presidenta, señor ministro, señorías, afirmaba mi grupo ante la Cámara con ocasión del reciente debate sobre el proyecto de ley del Registro Civil que era absolutamente desproporcionado y si me apuran innecesario reinventar la institución, recurrir a un giro copernicano en el modelo de registro cuando no existía realmente una demanda social. Decíamos que para introducir las mejoras técnicas, la modernización de medios y procesos no era preciso tomar de nuevo La Bastilla. Con todo y con ello, el Grupo Popular no dudó en mostrarse satisfecho del ambiente de consenso que había reinado en toda la negociación, del esfuerzo realizado por los grupos y también por el ministerio. En cualquier caso, era una ley de la que podíamos sentirnos moderadamente orgullosos.

El proyecto, como no podía ser de otro modo, ha continuado su trámite en el Senado y como consecuencia de la intervención de la Cámara Alta vuelve a esta casa con algunas modificaciones que son el objeto del debate que hoy nos ocupa. Se trata pues, señorías, de centrarnos en definir si estas legítimas y casi siempre atinadísimas aportaciones nos parecen un acierto o si, como la Magdalena de La venganza de don Mendo, somos de la opinión de que terció pero hizo mal tercio. Son varias las enmiendas introducidas que requerirían de nuestra atención y ya les adelanto que votaremos afirmativamente la práctica totalidad de ellas, pero si me lo permiten voy a centrar mi intervención en una por considerarla de especial trascendencia, y ello porque a nuestro juicio viene a reparar una injusticia que carece de razón de ser.

Me refiero a la disposición final quinta bis (nueva), que modifica el texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y más concretamente el número 3 de su artículo 45.I.B), que tiene su origen en una enmienda -como bien apuntaba el señor Jané- de Convergència i Unió, que viene a decir en resumen que debe equipararse el régimen matrimonial de separación de bienes al de gananciales en orden a la exención del impuesto en aquellos tráficos patrimoniales entre cónyuges consecuencia de la disolución del matrimonio. La vamos a apoyar por dos razones, señorías. En primer lugar, por un ejercicio de coherencia elemental. El Grupo Popular presentó en esta misma legislatura una proposición de ley publicada en el boletín de la Cámara de 18 de octubre de 2010, que fue brillantemente defendida -como es su costumbre- por mi compañera Dolors Montserrat, cuyo título era -y cito textualmente- proposición de ley relativa a la inclusión de la disolución de matrimonios con el régimen de la separación de bienes en la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Estamos hablando pues de iniciativas idénticas y ya conocen ustedes que eso que algunas de sus señorías suelen identificar con cierta ligereza -si me permiten la opinión- como actitudes conservadoras se trata más bien de una cierta pasión por la coherencia. Reconozco que el Partido Popular tiene un especial empeño por mantener sus opiniones año tras año.

En segundo lugar, tal y como les apuntaba, es una cuestión de justicia. Del mismo modo que las leyes civiles por imperativo constitucional protegen a las familias, las fiscales prolongan esa protección a las complejas relaciones económicas que se pudieran generar en su seno, y de manera principal a aquellas que tienen su origen en situaciones de crisis, bien sea separación, nulidad o divorcio. Coherentemente con este espíritu, el artículo 45 de la Ley del impuesto prevé la exención de su pago en el tráfico patrimonial entre los cónyuges con ocasión de los procesos de disolución matrimonial. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2010 interpretó la norma en el sentido de limitar el beneficio fiscal a aquellos matrimonios que gozan del régimen de gananciales y excluyendo por la misma razón a los que se rigen por el de separación de bienes; opción que constituye el régimen ordinario y preferente para buena parte de los ciudadanos de esta piel de toro que en algún momento fuimos leales súbditos de la Corona de Aragón. Nos encontramos pues ante un caso evidente de trato fiscal discriminatorio de los contribuyentes en función del régimen económico matrimonial, tanto más significativo cuando hay comunidades autónomas donde la separación constituye el régimen ordinario y preferente. Por tanto, solicitamos a sus señorías se sumen a esta nuestra posición que compartimos con Convergència y otros grupos. Reparamos una injusticia y se ganarán el eterno agradecimiento de 13 millones de catalanes, mallorquines y valencianos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ferrer.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Juanes.

La señora JUANES BARCIELA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro de Justicia, en primer lugar deseo agradecer su presencia en el último trámite de este


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proyecto de ley. A lo largo de esta legislatura hemos trabajado intensamente y hemos impulsado un conjunto extenso de medidas destinadas a la modernización de la justicia porque las circunstancias así lo exigían y prueba de ello es esta ley. Por eso quiero comenzar mi intervención valorando muy positivamente este proyecto de ley, como lo han hecho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.

Es cierto, señor Ferrer, que nos encontramos en una coyuntura compleja, pero este argumento no nos puede servir de excusa para huir de la realidad, porque tras casi sesenta años de vigencia de la actual Ley del Registro Civil de 1957 y de su reglamento de 1958, la modificación integral de la misma se había convertido en una cuestión inaplazable. Estas dos disposiciones básicas ya no se corresponden con las demandas de la sociedad actual, y no solamente porque sean anteriores a los principios y valores de la Constitución española, sino por más cuestiones. Puede que al Grupo Popular esta ley, como usted ha reconocido, no le produzca ningún entusiasmo, pero, señor Ferrer, muchas veces el riesgo que corremos actuando es mucho menor que el de quedarnos inactivos. Decía Pablo Coelho: Cuando atrasamos la cosecha los frutos se pudren, pero cuando atrasamos los problemas no paran de crecer. Por eso, señorías, hemos dado pasos de indudable trascendencia en esta ley.

Hemos desjudicializado el registro, es decir, hemos descargado a los órganos judiciales de tareas que son de naturaleza administrativa, permitiendo a los jueces dedicar más tiempo a su función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Para ello hemos seguido el modelo que rige en la mayoría de los países de nuestro entorno: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos o Suiza. España ya no es una excepción. Hemos dado además un paso esencial, configurando el Registro Civil de las personas. Cada persona ahora pasará a tener un historial individual. Con el nuevo modelo el ciudadano podrá solicitar por medios electrónicos desde su casa la información que obra en el registro, como también podrá proceder a la inscripción telemática, con independencia del lugar donde se produzca el hecho inscribible.

Señorías, la introducción de las nuevas tecnologías va a permitir configurar un Registro Civil único para toda España, con una base de datos única que permita la interconexión entre las distintas administraciones públicas y sobre todo que facilite al ciudadano el acceso y la consulta desde cualquier lugar, eliminando muchas cargas burocráticas. Un ejemplo de este principio fundamental de eliminación de cargas burocráticas lo constituyen las obligaciones que se imponen a la dirección de hospitales, clínicas o establecimientos sanitarios de promover la inscripción del nacimiento o defunción.

Con esta ley además se evitarán situaciones de desigualdad del pasado, y la mejor prueba de lo que digo es que este modelo suprime la regla subsidiaria que confería prevalencia del apellido paterno en caso de desacuerdo entre los progenitores. Pone fin a la diferencia de trato entre hijos matrimoniales y no matrimoniales. Reconoce la personalidad desde el momento del nacimiento con vida y sobre todo también reconoce el derecho de cambio de apellidos a las víctimas de violencia de género y sus descendientes. No voy a abusar de expresiones que se usan con mucha frecuencia, pero este es el registro de la igualdad.

Señorías, el Senado nos remite un informe con una serie de enmiendas que son objeto de estudio y análisis en este momento. Evidentemente, la postura del Grupo Parlamentario Socialista no puede distar de la que mantuvimos en la sede de la Cámara Alta por razones de coherencia política y parlamentaria. Del conjunto de las enmiendas del Senado les anuncio que solo votaremos en contra de la enmienda 62, de CiU. Entendemos que dado que el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados es un impuesto totalmente cedido a las comunidades autónomas, no es razonable que la Administración Central del Estado interfiera, además teniendo en cuenta además los principios de corresponsabilidad fiscal y de lealtad constitucional. Por otro lado, señor Jané, desde el punto de vista de técnica legislativa y de equidad fiscal, no es coherente ni equitativo otorgar los mismos beneficios fiscales a operaciones entre sociedades conyugales y los cónyuges que las integran que a las operaciones de transmisión de bienes entre cónyuges que no tienen especialidad alguna frente a cualquier otra comunidad de bienes.

Señorías, es indudable que el trabajo y la buena disposición de los portavoces de todos los grupos parlamentarios, sin excepción, han permitido alcanzar un texto de mejor nivel jurídico que permita ofrecer a los ciudadanos un servicio público de calidad y eficaz. Desde aquí tengo que manifestar el magnífico trabajo que ha hecho el portavoz de la Comisión de Justicia, el señor Villarrubia, y por supuesto tengo que acordarme del anterior director de gabinete del ministro de Justicia, José Luís Rodríguez, también por su gestión.

Finalizo. Hemos aunado voluntades y hemos eslabonado esfuerzos para acometer esta tarea con realismo. Por tanto, vamos a votar, como es lógico, a favor de este gran proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Juanes. (Aplausos.- El señor ministro de Justicia, Caamaño Domínguez, pide la palabra.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Gracias, presidenta.

Señorías, el Registro Civil es una institución muy próxima a todos nosotros. Es una especie de registro contable de lo que sucede a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que dejamos de existir. La institución, tal y como hoy la conocemos, deriva de


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nuestra primigenia Ley registral de 17 de junio de 1870. Desde hace ciento cuarenta años los dos rasgos más importantes del Registro Civil han sido, por una parte, su fuerte territorialización, lo que ha supuesto que se vinculase el Registro Civil a municipios y que, por lo tanto, hoy existan algo más de 8.123 oficinas de Registro Civil repartidas por toda la geografía nacional entre registros delegados, principales y exclusivos, y cada una de estas oficinas con su juez, con sus propias competencias y con sus funcionarios. El otro factor característico de ese modelo era haber integrado los registros dentro de la organización judicial, dentro del sistema de juzgados y tribunales de justicia, algo que no es acorde con la naturaleza de la función registral ni mucho menos con lo que es propio de las funciones jurisdiccionales. Además las dos disposiciones -antes se recordaba- que hoy regulan el Registro Civil en nuestro país, la Ley del año 1957 y su reglamento, son anteriores a la Constitución de 1978, y por supuesto desconocen los cambios tecnológicos recientemente incorporados a la gestión de las administraciones públicas. En suma, contábamos con un modelo antiguo e inadecuado para atender a la realidad de nuestro país, para hacer frente a sus necesidades, y por eso su cambio era imprescindible.

La ley que hoy aprobamos se fundamenta en una concepción -lo recordaban los portavoces- bien distinta de esa otra que todavía persiste hoy. En primer lugar, nos encontramos con un Registro Civil desjudicializado; en segundo lugar, con un Registro Civil informatizado, al que los ciudadanos podrán acceder las veinticuatro horas del día los 365 días del año al constituirse como una base única para toda España. Además, cualquier hecho que tenga acceso al registro podrá hacerse indistintamente en cualquier oficina, porque se desterritorializa también el criterio de la localización a los efectos de la inscripción registral. Se generalizan los medios telemáticos, no solo en el acceso sino en la emisión de certificaciones, y el formato electrónico y la firma electrónica validarán todos los actos en el nuevo registro. Pasamos en definitiva de un registro de hechos -nacimiento, matrimonio, fallecimiento- a un registro de personas, donde cada ciudadano tendrá un fichero propio, un registro único, que además tendrá un número que será coincidente con el del documento nacional de identidad.

Por último, como gran perfil de este nuevo modelo, contamos con un registro por primera vez adaptado al modelo territorial de España, a la España de las comunidades autónomas, y no solo en su estructura organizativa, porque gracias a la tarea de todos los grupos parlamentarios se han incluido en la Ley del Registro Civil muchos elementos vinculados también al derecho de familia y al derecho civil contenido en las legislaciones autonómicas. Quisiera subrayar entre otras la inscripción de la tutela automática de los menores en situación de desamparo, la anotación de la guarda administrativa en materia de protección de menores o la inscripción de la autotutela y de los apoderamientos preventivos. Igualmente la inscripción en el Registro Civil del régimen económico matrimonial exigirá ahora que se haga constar, para las personas que están sometidas a régimen civil especial o foral, el régimen económico y de vecindad civil de cada una de las personas, lo que va a dar mayor seguridad jurídica sobre todo a los terceros que se relacionen con la mismas.

El nuevo registro, como bien se subrayó aquí, es sobre todo un Registro Civil pensado para las personas que además ha descartado, con el esfuerzo de todos, con la lectura conjunta que ha hecho esta Cámara, con la inclusión de todas las fuerzas políticas, prácticamente todas las fórmulas de discriminación que existían y que habíamos heredado debido a la naturaleza preconstitucional de esa ley. Me refiero a cuestiones tales como la supresión en todo su articulado a la referencia sobre el origen matrimonial o no matrimonial; me refiero al reconocimiento del interés superior del menor, como en todas las legislaciones de otras democracias avanzadas; a la defensa y protección de las personas con discapacidad en el acceso al registro; a la rectificación del sexo, también contemplada en la nueva ley del Registro Civil; al cambio de apellidos de las víctimas de violencia de género; a la limitación de la publicación en algunos datos personales sensibles; o a la supresión definitiva de la prevalencia histórica del apellido paterno que tanto debate social ha producido. Sin embargo, señorías, muchas de estas novedades -es justo reconocerlo- son incorporaciones producidas en la tramitación parlamentaria de la ley. Una ley que es un buen ejemplo de diálogo abierto y enriquecedor entre los diversos grupos políticos, sustentado básicamente en las comisiones de Justicia del Congreso y del Senado, a las que quiero como ministro de Justicia agradecer muy especialmente el excelente trabajo que han realizado, porque fruto de ese trabajo ha sido el reconocimiento de la personalidad desde el mismo instante del nacimiento, y es algo muy importante frente a un Código Civil que mantenía esquemas del pasado. Fruto de esa colaboración y de esa iniciativa parlamentaria es el hecho de que se haya creado un archivo de fallecimientos ocurridos con posterioridad a los seis meses de gestación, en el que los progenitores pueden otorgar el nombre -esa reforma Amanda de la que hablaba el portavoz de Convergència i Unió-; la realización por el personal sanitario de comprobaciones para garantizar la buena identidad de los que acaban de nacer; la inclusión del derecho al cambio de nombre y apellidos a partir de los 16 años en los supuestos legales, etcétera.

Quisiera apoyar también y poner en valor las importantes reformas introducidas en este proyecto por vía de enmienda en el Senado, especialmente las que afectan a las madres en el exilio, importantísima desde el punto de vista de recuperación de la memoria histórica y de hacer justicia a quienes padecieron ese exilio, y también en relación con las personas desaparecidas como consecuencia de la dictadura, facilitándoles su acceso al registro.


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Concluyo ya, señorías, agradeciendo a todos los grupos parlamentarios, sin excepción, el excelente trabajo político y técnico que han llevado a cabo. El primero, el político, ha permitido consolidar un texto de altísimo grado de acuerdo y consenso, lo cual sin duda es bueno para España; el segundo ha sido también ese trabajo técnico, el de haber concluido una ley con muy buena factura jurídica, dos presupuestos que ya tiene esta ley que hoy se aprueba, que sin duda la convertirán en una de esas leyes, acaso de las pocas, de las que los españoles dirán que son de las que de verdad cambian profundamente las cosas.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.

- PROYECTO DE LEY DE DINERO ELECTRÓNICO. (Número de expediente 121/000105.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al debate de las enmiendas al proyecto de ley de dinero electrónico. Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez Llibre. (Pausa.) No va a intervenir. Por el Grupo Popular, señor Albendea, ¿desea usted intervenir?

El señor ALBENDEA PABÓN: Sí.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Tiene la palabra.

El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

Del Senado nos llegan cuatro enmiendas al proyecto de ley de dinero electrónico, una del Grupo Popular, donde lo que pretendemos es modificar o han pretendido en el Senado modificar la definición de dinero electrónico, porque queda un poco indefinido en el proyecto de ley, y por tanto, la vamos a apoyar. Luego vienen otras tres enmiendas del Grupo Socialista, a las que vamos a votar en contra por dos razones, en un caso porque no tiene relación con el tema del dinero electrónico. Se refiere a la responsabilidad civil del seguro de vehículos a motor. Las otras dos tratan de modificar la Ley de Mercado de Valores, que tampoco tiene nada que ver con el dinero electrónico. Además, se da la circunstancia de que en este momento en la Cámara se está tramitando un proyecto de ley de reforma del mercado de valores y será el momento oportuno de introducirlo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Albendea.

Tiene la palabra el señor Fernández Iruela.

El señor FERNÁNDEZ IRUELA: Muchas gracias, señora presidenta.

Nos encontramos ante un proyecto de ley que acaba su tramitación parlamentaria, el proyecto de ley de dinero electrónico, que busca dar un paso más para crear un marco jurídico claro y armonizado que fortalezca el mercado interior y que a la vez estimule la competitividad del sector de emisión de dinero electrónico. Estos objetivos ya se encuentran recogidos en la actual regulación de las entidades de dinero electrónico en España, fruto de la trasposición de la Directiva 200/46, de 18 de septiembre de 2000. Sin embargo, señorías, en los últimos tiempos se han venido produciendo una serie de desarrollos, tanto en la vertiente reguladora como en la evolución del propio sector, que hacen aconsejable una modificación del marco regulador de las entidades de dinero electrónico después de transcurridos diez años desde su primera regulación.

Señorías, este proyecto de ley -ya en su trámite en Comisión de Economía y Hacienda con competencia legislativa plena- fue modificado con las diferentes enmiendas que presentaron los grupos parlamentarios; un total de dieciocho enmiendas, de las que nueve se incorporaron y cinco fueron transaccionadas, por lo tanto, fue un proyecto con un amplio consenso. Señorías, en su trámite por el Senado se han presentado nueve enmiendas, de las que se han aprobado cuatro y el resto han sido rechazadas. De las enmiendas aprobadas, tres corresponden al Grupo Parlamentario Socialista, son la 7, 8 y 9, y una corresponde al Grupo Parlamentario Popular, que es la número 1. El Grupo Parlamentario Socialista va a mantener las enmiendas que se han incorporado en el Senado, por entender que mantienen y mejoran el texto aprobado en la Comisión de Economía y Hacienda en este Congreso. Si bien, las enmiendas 8 y 9 del Grupo Socialista hacen referencia a la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, su incorporación en este proyecto de ley está motivada y justificada por las nuevas funciones y competencias de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores y por la aparición de nuevos sujetos que operan en el mercado de valores, así como por la complejidad de los asuntos que se someten al comité consultivo. En el mismo sentido, la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario Socialista del Senado, hace referencia a una modificación del texto refundido de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. Se trata de adaptar las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros a las interpretaciones que sobre esta materia está realizando la Comisión Europea y, por lo tanto, también su incorporación se encuentra totalmente justificada.

Acabo, señorías, indicando que con la aprobación del proyecto de ley de dinero electrónico y con las incorporaciones realizadas en su trámite parlamentario salen reforzados los tres grandes objetivos que perseguía la reforma. En primer lugar, aumentar la precisión del


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régimen jurídico aplicable a la emisión de dinero electrónico, clarificando su definición y ámbito de aplicación, de forma que aumentamos la seguridad jurídica de todos los operadores. En segundo lugar, se consigue un régimen jurídico más proporcionado, eliminando determinados requerimientos de las entidades por entender que pudiesen resultar demasiado onerosos. Y, en tercer lugar, se garantiza la consistencia entre el nuevo régimen jurídico de entidades de pago y el aplicable a las entidades de dinero electrónico. Agradezco a todos los ponentes de los diferentes grupos el esfuerzo que se ha hecho para alcanzar el amplio consenso por el cual hoy esta ley saldrá de aquí del Congreso.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández Iruela.

- PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. (Número de expediente 121/000114.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al debate del proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.

La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.

Señorías, aunque reconocemos que durante el trámite parlamentario se han incorporado a la ley elementos interesantes, por ejemplo, un objetivo de reducción del 10 por ciento para el año 2020, la consideración de los sistemas de depósito, devolución y retorno como un sistema de gestión de envases, o además también la posibilidad de un canon a la incineración y vertido, nosotros no acabamos de estar satisfechos. Consideramos que otra vez pierden la oportunidad de avanzar hacia un nuevo paradigma, la economía ecoeficiente. Es preciso fomentar una menor dependencia de los recursos naturales y minimizar los impactos sobre los ecosistemas y el clima, internalizar los costes ambientales y el valor de los servicios de los ecosistemas y de la biodiversidad, aumentar la población ocupada de alto valor añadido que produzca bienes y servicios innovadores más eficientes y de calidad. Nuestro grupo echa en falta mayor ambición en aspectos clave como el impulso a la fiscalidad ambiental; permítanme decirles que la referencia al establecimiento de un posible canon a la incineración y el vertido en la ley para nosotros es un poco -por decirlo de alguna manera- ridículo. Si el objetivo de la Ley de Residuos es potenciar la prevención, la reutilización y el reciclaje de residuos y consideramos que las opciones de final de tubería -incineración y vertido- no deben ser las opciones prioritarias, es necesario un cambio en el marco económico de la gestión de los residuos. Por ello proponíamos la creación de un impuesto sobre el vertido y sobre la incineración de carácter indirecto y ámbito estatal, cuya gestión e ingresos correspondiera a las comunidades autónomas, y el importe de dicho canon sería destinado a implantar la recogida separada y la consecución de los objetivos previstos en los planes de gestión de residuos. Pero la ley que hoy se aprueba tan solo impulsará la posibilidad de establecer un canon. Otro aspecto respecto al que hubiéramos agradecido mayor compromiso es el relativo a los sistemas de depósito, devolución y retorno de envases. Si bien la ley lo contempla, no se ha optado por un apoyo decidido, tal y como recomendaba la memoria que acompañaba el anteproyecto de ley, que de entre las principales consideraciones que realizaba cabe destacar la referente a que la eficacia del sistema integral de gestión es menor que el sistema de depósito y devolución, cuyos índices de recuperación se sitúan en un 84 por ciento en Suecia, en Finlandia o hasta un 98,5 por ciento en Alemania, y lo hace consiguiendo materiales recuperados de alta calidad mediante la transformación del residuo en materia prima de alta valorización.

Por último, la futura ley es también insuficiente en tanto que no apuesta claramente por la recogida selectiva y el compostaje de toda la materia orgánica. En concreto el artículo 24, relativo a biorresiduos, no plantea la obligación de establecer la recogida selectiva de materia orgánica para destinarla al compostaje ni establece porcentajes para su consecución, sistema que en Catalunya el cien por cien de los municipios ya contempla. Recuerdo que durante el semestre de la Presidencia europea por parte del Gobierno de España, en febrero de 2010, se celebró en Barcelona una conferencia sobre el reciclaje de los biorresiduos en Europa, en la que se señalaba que ello contribuía a un aprovechamiento y un uso sostenible de los recursos aún mayor, y que además producía energía renovable y ayudaba a la lucha contra el cambio climático. A su vez la gestión optimizada de los biorresiduos incrementa la prevención en la generación, propicia una mejor calidad en la separación de los materiales, permite establecer con nitidez objetivos de reciclaje, aporta calidad en el compost y abre nuevas oportunidades de actividad económica, además de contribuir a los objetivos con relación a la minorización del vertido de materia orgánica. Pero una vez más tendremos que confiar en la buena voluntad del Gobierno futuro.

Estos son a grandes trazos los motivos por los que hoy no podemos posicionarnos a favor de esta ley y mantendremos la misma postura que en la Comisión, la abstención. Para acabar, lo que verdaderamente me gustaría hoy transmitir es la necesidad de contemplar la renovación ambiental como eje básico de nuestra economía. Ustedes con esta ley dan un paso atrás cuando lo que realmente necesitamos son oportunidades para la innovación.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Muy brevemente, desde el escaño, si me permite, para decir tres pinceladas, porque creo que lo más importante de la posición de nuestro grupo quedó plasmado en la Comisión cuando defendimos nuestra postura. No ha cambiado nada desde entonces. Es una ley muy importante, muy necesaria, y en su momento hablamos de la conveniencia de aprobar esta ley porque teníamos que ponernos a la par que otros países europeos en esta materia. Yo creo que ya andamos un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Hay que mirar sobre todo a los países que llevan ya tiempo, países avanzados, compañeros nuestros en Europa, que llevan tiempo determinando esta serie de cuestiones y que creo que tienen muchas cosas que enseñarnos en muchas cuestiones. De la misma manera, estamos de acuerdo y contentos con ciertas cuestiones que la ley plantea, como es el concepto del compost, algo que siempre hemos definido. Para nosotros es importante decir que, en algunos territorios las comunidades autónomas son las competentes, pero en el caso de Euskadi son las diputaciones forales las que tienen la capacidad y las competentes en toda la materia de reciclaje y de residuos. Al fin y al cabo, lo que nos estamos planteando muchas veces es que producimos y producimos y le damos mucha importancia a la producción, pero todo lo que se produce genera residuos, y creo que es importante que exista un corpus jurídico que de alguna manera determine cuál es. Se han planteado muchas cosas, como el tema de la incineración. No toda incineración es lo mismo. Hay muchas maneras. Hoy en día estamos en lo más avanzado de la incineración. En Euskadi en estos momentos estamos teniendo un debate muy importante en torno a este tema, sobre todo en Gipuzkoa, y hay que apostar, porque hoy en día las incineradoras son de última generación y han demostrado no ser nocivas y ser importantes para la gestión de estos residuos.

Por último, esta ley va a permitir que hoy en día ya haya unas reglas de juego cuando hasta ahora cada uno funcionaba un poco por libre. Mostramos nuestra satisfacción porque creemos que en el Senado se han corregido algunas de las cuestiones que quedaron un poco en el aire, pero el espíritu de la ley sigue siendo el mismo, por tanto, nuestro grupo parlamentario votará a favor.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Finaliza este trámite parlamentario y Convergència i Unió está muy convencida de que tanto en el Congreso como en el Senado hemos mejorado sustancialmente el contenido del proyecto de ley. En este sentido, quiero agradecer muy especialmente al señor Morán, portavoz del Grupo Socialista, la flexibilidad y el esfuerzo que ha hecho para incorporar en este proyecto la mayoría de las enmiendas que Convergència i Unió había planteado en aquellos aspectos más sustanciales. A mi grupo le preocupaba en este proyecto de ley de manera muy específica, de entrada, responder bien al encaje competencial que reconocen los estatutos y la Constitución. Creo que en este sentido el texto da tranquilidad en materia competencial a los gobiernos autonómicos para que puedan continuar desarrollando sus competencias en este ámbito y, al mismo tiempo, se refuerzan de manera razonable los espacios de colaboración y cooperación entre las administraciones públicas. Quisimos incorporar en este proyecto de ley la perspectiva de lucha contra el cambio climático, que era una cuestión que no estaba presente en el proyecto inicial que nos había planteado el Gobierno, y lo hemos hecho de manera suficientemente innovadora, incorporando una disposición adicional décima que mandata al Gobierno a presentar un proyecto de ley que establezca un sistema de compensación e intercambio de cuotas de gases de efecto invernadero asociados al sector residuos entre administraciones. Plantea esta próxima ley un mandato, insisto, innovador, para incorporar en un sector de emisiones difusas como son los residuos, un sector no principal pero un sector importante, que en estos años había visto como crecía en emisiones, un mecanismo de mercado para combatir el cambio climático en este campo. La aportación, desde este punto de vista, del trámite parlamentario es relevante. Hemos estado convencidos durante toda la tramitación de que en esta política, en la política de gestión de residuos, en la política de prevención de residuos, en la política del reciclaje, de la valoración, existe una enorme oportunidad de crear empleo y de crear empresa. Hemos reivindicado la perspectiva de este proyecto de ley en esa lógica. En ese sentido, el conjunto del texto refuerza esas aspiraciones de que el sector ambiental, en concreto el sector de residuos, nos ayude a superar la crisis. Hemos reforzado en el trámite del Senado el principio de quien contamina paga, siendo muy explícitos y respondiendo a la filosofía con la que la Unión Europea viene desarrollando sus políticas en este campo. Hemos reforzado el poder de compra del sector público para facilitar la incorporación del ecodiseño y de comportamientos más responsables por parte de los productores. Apostamos en su momento en el Congreso de los Diputados a mandatar al Gobierno al apoyo a la innovación en esta materia.

El sector empresarial que hoy está en el ámbito de la gestión de los residuos sabe que con inversión en tecnología y con mejor innovación no solo podemos hacer las


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cosas mejor para el medio ambiente, que es de lo que se trata, sino generar un sector productivo competitivo y un sector productivo capaz de estar presente en mercados emergentes de la gestión de los residuos. Hemos incorporado en el trámite del Senado dos menciones específicas a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Presente eso ya en la ley del año 1998, por razones que desconocemos cayó del proyecto de ley del Gobierno, pero establecían que tanto en relación con una cuestión polémica, a la que ahora me referiré, como en los sistemas de depósito de devolución y retorno y su posible implantación se tengan en cuenta las necesidades de las pymes, como un mandato general para que el conjunto del desarrollo de la ley responda a esas necesidades.

Finalmente, hemos introducido más transparencia en el funcionamiento de los sistemas de gestión de residuos. Un buen mercado y un buen sector privado que colabore con el sector público en esta política necesita ser más transparente. Mi grupo, señorías, hubiese deseado mayor ambición, especialmente en materia de biorresiduos, y ahí comparto con la señora Buenaventura el ejemplo de Catalunya, que ojalá fuese seguido por el conjunto del Estado. Nos ha parecido absolutamente fuera de lugar el debate que se ha mantenido por parte de algunos sectores de la opinión pública en relación con los sistemas de depósito, devolución y retorno. Esta ley no va a imponer nada.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Campuzano, por favor.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.

Esta ley describe una realidad y establece las condiciones por las que esa posibilidad puede ponerse en marcha. Algunos sectores han jugado al alarmismo en esta materia. Si los sistemas de depósito y retorno son mejores que los sistemas integrales de gestión, el Gobierno de turno apostará por ello; si no lo son, continuaremos tal y como estamos ahora. Creo, señorías, que esta va a ser una cuestión a debatir en la próxima legislatura.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora De Lara.

La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, lamento esta mañana ser la nota discordante, pero la valoración que hace el Grupo Parlamentario Popular sobre el proyecto de ley de residuos es negativa. Se trata, señorías, de un proyecto de ley con enormes implicaciones medioambientales y económicas, ya que el sector de gestión de residuos afecta de manera horizontal a todos los sectores de actividad, y por ello su tramitación se ha seguido con enorme preocupación, como es lógico, por los sectores afectados. Centraré, señorías, mis comentarios en cuatro aspectos que quiero denunciar. Primero, la norma adolece de importantes defectos de técnica normativa, debidos en parte a la caótica tramitación en ambas Cámaras por el procedimiento de urgencia, que impidió un análisis sosegado y racional de las enmiendas presentadas y que contiene artículos elaborados muchas veces a base de añadidos, de suma de enmiendas, de compromisos políticos sin coordinación alguna. Sirva como ejemplo de lo dicho la anomalía que supone que, como consecuencia de sendas enmiendas aprobadas, determinados apartados de algunos artículos se presenten con dos redacciones distintas entre las que existen diferencias sustanciales; por ejemplo, la disposición adicional tercera. De un lado, es aceptada una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto del Senado, en la que se establecen medidas para financiar el coste adicional que implica la valorización de los residuos generados en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla que no hayan podido valorizarse in situ y que sean transportados por mar a la Península o a otra isla, tal como viene haciéndose en la actualidad y de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 49. De otro lado, también se ha aprobado la enmienda socialista que indica que esa financiación se hará, entrecomillas, dentro de las disposiciones presupuestarias, es decir, se hará o no se hará. Anuncio por ello, señorías, nuestro apoyo a la enmienda del Grupo Mixto y nuestro apoyo a la valorización y a la ayuda para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Segundo, el proyecto de ley refleja un incremento desmedido, excesivo e injustificado de la intervención pública en el sector de los residuos, contrario a todas luces a las medidas liberalizadoras derivadas de la normativa comunitaria sobre el libre acceso a las actividades de servicios. Por ejemplo, recurso excesivo a la aplicación de instrumentos fiscales; posibilidad de implantar medidas como el cierre de instalaciones o la suspensión de actividades, al margen y sin las garantías del procedimiento sancionador; consideración de imposición voluntaria del sistema de devolución, depósito y retorno, a pesar de que pueden conseguirse los mismos objetivos mediante sistemas alternativos actualmente en vigor. Sistema, señorías, que ha sido rechazado por Francia y Reino Unido por su coste excesivo, ya que la inversión inicial que deberían hacer las empresas en estos momentos si se adoptara este sistema sería de 470 millones de euros, momento poco oportuno para nuestras empresas y su maltrecha economía.

Tercero, la regulación que se introduce en los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor no tiene parangón en ningún otro país de la Unión Europea y acarreará graves problemas de funcionamiento a los actuales sistemas integrados de gestión, a los que además se somete a un procedimiento de autorización excesivamente complejo. Cuarto y último, señorías, se aprecia


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en la norma un abuso injustificado de la figura del silencio negativo, que se impone como regla general en los procedimientos de autorización de todas las actividades de tratamiento de residuos así como la autorización de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, sin aportar una mínima motivación que justifique esta exigencia. Pero, señorías, como prueba del disparate permanente en el que se ha instalado el Gobierno, en el real decreto que se ha debatido y se ha presentado esta mañana se sobrepasa con creces el absurdo, ya que en el real decreto de esta mañana se establece que -entrecomillo- el silencio negativo pasa a ser positivo en el procedimiento de autorización para los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor para el resto de comunidades. Esto es lo que dice el real decreto de esta mañana. Es decir, un procedimiento que en el momento de aprobarse el real decreto todavía no existe, señorías. Es decir, antes de que se apruebe el nuevo procedimiento en la nueva Ley de Residuos, el Gobierno ya la ha modificado. Esto, señorías, son chapuzas, las chapuzas habituales a que nos tiene acostumbrados el Gobierno. En este caso, chapuzas en la Ley de Residuos de enorme transcendencia económica y medioambiental para muchísimos sectores de la economía española.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora De Lara.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pérez Herraiz.

La señora PÉREZ HERRAIZ: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, la elaboración de esta ley se hizo con una alta participación de sectores y administraciones públicas afectadas. Se tramitó por vía de urgencia, pero a pesar de ello tuvo una altísima participación de los sectores implicados y, aunque en poco tiempo, diálogo entre los grupos y representantes de los diferentes sectores hasta el último momento. Algunos nos acompañan hoy y les expresamos nuestro agradecimiento por su colaboración.

Esta ley es una trasposición de directiva europea que establece el marco jurídico de la Unión para la gestión de residuos. Proporciona instrumentos para disociar crecimiento económico y producción de residuos y hace hincapié en la prevención. Es una oportunidad para mejorar la gestión de residuos, clarificar competencias y responsabilidades y hacerlo en coherencia con las estrategias de lucha contra el cambio climático. Consideramos, además, que con esta ley los ciudadanos y ciudadanas podrán dejar de considerar que los residuos son desechos para considerarlos materias primas. La ley incorpora el principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos, prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización y, por último, eliminación. Regula planes y programas de gestión y programas de prevención de la generación de residuos, que incluirán los objetivos mínimos a cumplir de prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación. Por ejemplo, objetivos de recogida separada de papel, metales, plástico y vidrio antes de 2015, impulsar la separación de biorresiduos, considerando compost únicamente el elaborado con residuos biodegradables recogidos separadamente, sustitución de las bolsas de un solo uso, estableciendo un calendario para que en 2018 no se utilicen bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable. En la elaboración de los planes y programas de gestión de residuos se valorarán aquellas medidas que incidan de forma significativa en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero Se podrán establecer medidas económicas y fiscales como gravar con un canon el vertido y la incineración de residuos domésticos o promover la utilización de productos reutilizables y materiales fácilmente reciclables. Los traslados de residuos para eliminación o valorización solo podrán limitarse por motivos regulados en la normativa europea o si repercuten negativamente en los objetivos de gestión de residuos de la comunidad de destino, a la vez que la gestión debe regirse por los principios de autosuficiencia y proximidad, para lo que se establecerá una red integrada de instalaciones para la valorización de residuos mezclados. La ley delimita las competencias de las tres administraciones y crea la Comisión de coordinación en materia de residuos como órgano de cooperación técnica y colaboración entre las administraciones. La responsabilidad de la gestión de residuos se podrá asumir de manera individual, previa comunicación, o colectiva, previa autorización. Los sistemas colectivos tendrán que constituirse en asociación u otra entidad con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro.

Quizás la cuestión que suscito más polémica es la posibilidad de adoptar para la gestión de envases el sistema de depósito, devolución y retorno por la existencia de intereses contrapuestos, grupos sociales y políticos partidarios de su implantación y grupos reticentes. Consideramos que llegamos a un buen texto que a la vez que determina la posibilidad de que se establezca dicho método, lo hace con las suficientes cautelas para garantizar que dicha implantación tendría que garantizar que se mejorarían los resultados respecto al sistema vigente, que se tendrán en cuenta las características de las pequeñas y medianas empresas, la viabilidad técnica y económica del nuevo método y garantías de que no se alteraría el correcto funcionamiento del mercado interior. Respecto a la gestión de suelos contaminados, será posible la descontaminación voluntaria sin que sea necesaria la previa declaración de suelo como contaminado. En consonancia con la supresión de determinadas autorizaciones administrativas y su sustitución por una comunicación previa al inicio de las actividades, la ley refuerza las potestades de las administraciones públicas para la inspección, la vigilancia y control de las actividades relacionadas con los


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residuos y los suelos contaminados. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Mediante una disposición adicional la ley obliga al Gobierno a remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre compensación de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de residuos y otra promueve impulsar un centro de investigación sobre la prevención y gestión de residuos. Respecto a algún error que tenemos que corregir en la votación que haremos en este momento, no se preocupe, señora De Lara, porque simplemente se optará por una de las opciones.

El Grupo Socialista agradece profundamente la colaboración y el diálogo de todos los grupos y, como dije, de los sectores que colaboraron con nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Herraiz.

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 31 BIS Y 59 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número de expediente 122/000232.)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Tiene la palabra don Gaspar Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, muy brevemente. Quiero mostrar el apoyo sin ningún tipo de reticencias de mi grupo parlamentario a esta acertada iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que pretende, en el marco de una ley que en nuestra opinión no resuelve equilibradamente los derechos y libertades en la integración con las medidas de extranjería, hacer prevalecer en el caso de las mujeres que sufren violencia de género y en el caso también de aquellos que sufren trata, que prevalezcan los derechos sobre las medidas de expulsión, sobre las medidas de exclusión. En ese sentido, tengo que saludar el importante trabajo parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, que ha establecido un mecanismo, un mecanismo muy regular, con muchas garantías que defiende ante todo la integridad de la mujer, la mujer inmigrante, ante la violencia de género y que además permite que esa mujer también pueda pedir permiso de residencia en nuestro país, pueda tener consigo a sus hijos, en definitiva que prevalezcan sus derechos, que prevalezca su capacidad de denuncia y de esclarecimiento de los hechos sobre medidas de extranjería, medidas administrativas que, en nuestra opinión, son secundarias.

Yo saludo esta iniciativa, saludo en particular esta iniciativa en un periodo en que parece que los derechos humanos se subordinan a las cuestiones administrativas; saludo además que se haga en favor de aquellos que son más débiles, los que sufren la violencia, los que sufren la trata y que en este caso lo hagamos en un periodo de crisis económica, como lo hacemos en el Congreso de los Diputados, demostrando que no todo lo mandan los mercados, que alguna vez mandan los ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Don Emilio Olabarría, tiene la palabra.

Antes de que don Emilio Olabarría tome la palabra, quisiera rogarle a él, de modo genérico, y a todos los oradores que tengan la máxima prudencia en la utilización de los tiempos porque aún hoy hemos de celebrar, después del Pleno, Junta de Portavoces y sobre todo Diputación Permanente para la convocatoria del Pleno de la próxima semana. De modo que, si se autolimitan, no será necesario que la Presidencia les invite de nuevo a ello.

Adelante, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Permítame que le complemente el agradecimiento por la invocación de carácter genérico que ha realizado justo antes de intervenir yo precisamente; quiero pensar que no hay una invocación de naturaleza intuitu personæ, de naturaleza personal. Además, voy a hacer caso de su recomendación, señor presidente.

Yo, lo mismo que el señor Llamazares, quiero en primer lugar felicitar al grupo proponente, al Grupo Popular, cosa no frecuente en materias relativas a los derechos de los extranjeros. En este caso ha demostrado una gran sensibilidad y ha manifestado una propuesta progresista y que defiende a dos colectivos de extranjeros, de mujeres en este caso, particularmente vulnerables: aquellas que denuncian actos de violencia de género contra su persona, a las que se les aplica la Ley integral del año 2004, de medidas de protección en relación a las mujeres objeto de esta aberrante conducta y de estos aberrantes delitos; y a las personas que son objeto también de un delito, el de la trata de personas, mujeres también en este caso, que deciden no colaborar con las autoridades en la denuncia de las organizaciones o estructuras mafiosas que han provisto o realizado esta práctica de trato. Yo creo que el Partido Popular ha identificado muy bien dos problemas y entre todos -en el Congreso de los Diputados y también merece la pena destacar la labor del Senado, que ha mejorado el texto del proyecto enviado a esta Cámara- se ha mejorado de nuevo mediante la aceptación de dos criterios que mi grupo parlamentario solicitó ab initio, desde el primer momento. En primer lugar, que en la presentación, absolución o archivo de la causa o el sobreseimiento de las


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diligencias penales por una mujer extranjera que denunciaba un delito de violencia de género, no se realizara la apertura del expediente de expulsión, y en caso de que resultara absolutoria o se produjera este archivo o sobreseimiento, no se ejecutara o culminara el expediente de expulsión salvo en el caso -que es lo que ha quedado redactado in fine afortunadamente- de que la denuncia haya demostrado ser falsa o fraudulenta. Desde esa perspectiva, primero, hemos mejorado un problema, un buen tratamiento o una buena protección de las mujeres víctimas de violencia de género, pero además hemos evitado el posible fraude de un uso sistemático de la acción penal por parte de las mujeres extranjeras con la pretensión de regularizar masivamente una situación irregular o una presencia irregular en el Estado español.

En cuanto a la otra circunstancia, a las mujeres víctimas de un delito de trata de personas, el Senado ha tenido a bien -y nosotros compartimos esta opinión- presentar una enmienda que se incorpora al texto del proyecto, para que durante el periodo de residencia, un periodo previsto en la proposición de ley, no solo no serán objeto de expulsión las mujeres que denuncien un delito de trata de personas, no se les obligará tampoco a colaborar con las autoridades públicas y con las fuerzas policiales para la demostración de que se ha producido esta situación de trata de personas, sino que también sus hijos menores en el momento de la denuncia o sus hijos discapacitados serán objeto de la autorización de residencia prevista y en su caso, si son mayores de 16 años -caso de las personas discapacitadas y no discapacitadas, hijos menores también- tampoco serán objeto de expulsión.

Yo creo que hemos logrado puntos de convergencia y de equilibrio adecuados en relación con un problema terriblemente vidrioso que hace referencia a colectivos particularmente vulnerables por su doble condición de personas extranjeras en situación irregular, en primer lugar, y de personas que son objeto de unos delitos particularmente repugnantes como son el delito de violencia de género o el delito de trata de personas o de seres humanos. Desde esa perspectiva, señor presidente, y esperando haber cumplido con sus amables invocaciones dentro del uso austero del tiempo disponible, termino mi intervención con estas palabras.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: No sabe cuánto le agradezco, señor Olabarría, lo que tiene de ejemplo su intervención.

Tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente. También con brevedad.

Este texto lo hemos debatido en diversas ocasiones en el Pleno y en Comisión, estamos modificando los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley de Extranjería. Todos hemos remarcado el acierto de la iniciativa del señor Hernando y el Grupo Popular en esta materia y nos hemos felicitado del esfuerzo que hicieron en Comisión los portavoces del Grupo Socialista para mejorar el texto que el señor Hernando nos trajo. Y el trámite del Senado en esta ocasión ha vuelto a mejorar el contenido de esta proposición de ley ampliando la protección a los familiares de las víctimas de trata y ampliando también el contenido de esa protección. En esta proposición de ley damos pleno contenido al artículo 24 de la Constitución, plena garantía judicial de los derechos de las personas y, por tanto, nos podemos sentir satisfechos del esfuerzo que ha hecho el Parlamento. Pero, también es cierto, señorías, que el debate de esta ley nos ha permitido acercarnos un poco más a la realidad de la trata con toda su complejidad, e incluso a la realidad de la trata de los menores con fines sexuales. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Esta misma semana se presentaba aquí en Madrid una campaña promovida por la Asociación Catalana para la Infancia Maltratada en la que se ponía de manifiesto algunas debilidades de nuestras políticas públicas para proteger a menores que son víctimas de trata, y nos planteaban algunas cuestiones. Nos planteaban formación especializada para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que deben hacer frente a estas personas; existencia de servicios especializados para atender a estos menores de edad y, por tanto, también la necesidad de que las comunidades autónomas, que son las competentes en esa materia, tuviesen los recursos para poder desarrollar esos servicios; seguridad también en los supuestos en los que la Administración decide retornar a su país de origen a estas personas víctimas de la trata y, además, nos planteaban una propuesta muy concreta, que los bienes decomisados en las operaciones contra la prostitución permitiesen financiar estas políticas que, en términos del coste por persona a la que debe atenderse, son sustanciales, son servicios especializados, son potentes. Señorías, el debate de esta proposición de ley nos ha servido para visualizar esa realidad. En la ponencia llegamos incluso a plantear la necesidad de que España tuviese una ley integral de lucha contra la trata, esa creo que va a ser una cuestión también que la próxima Cámara deberá de abordar.

En todo caso, mi grupo -insisto y termino- está satisfecho del esfuerzo que el Parlamento ha hecho en esta materia. Hemos querido remarcar que en esta materia ha primado la capacidad del acuerdo que no el acentuar las diferencias que nos separan. Como dije en la intervención que hice en el Pleno, desde el año 1985 va a ser la primera vez que esta Cámara aprueba una reforma de la Ley de Extranjería con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. El reto de volver a recuperar el consenso en política migratoria es imprescindible, porque gobierne quien gobierne en el Estado, gobierne quien gobierne en las comunidades autónomas, las cuestiones de fondo que tenemos planteadas sobre la inmigración son coincidentes y los enfoques que debemos abordar terminan siendo más o menos parecidos. Todos coincidimos en la necesidad de regular los flujos migratorios,


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de apostar por la emigración legal, de entender que son las necesidades del mercado de trabajo quienes permiten la regulación de esos flujos, de entender que el derecho a la reagrupación familiar debe de poder ser ejercido por las personas, que debemos luchar contra la inmigración irregular, que las políticas de integración y acogida son fundamentales y que ello exige dotar de más medios y capacidades a comunidades autónomas y ayuntamientos, que la cooperación con los países emisores de la emigración es fundamental y que nuestras políticas de desarrollo deben de incorporar esta perspectiva. Ese consenso lo compartimos, seamos capaces también de trasladarlo cuando aprobamos leyes en esta Cámara.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Guerra.

La señora GUERRA GUERRA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, quiero agradecer antes que nada que me encuentro en esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Popular, de mi grupo, para defender esta proposición de ley que, como saben, modifica los artículos 31 bis y 59 bis.

Me gustaría llamar la atención de todos ustedes sobre el hecho de que en diciembre de 2009 es cuando se modifica la Ley de Extranjería. Mi grupo considera que en esa Ley de Extranjería deberíamos haber hecho esfuerzos todos, y muy especialmente el grupo mayoritario, para alcanzar mayores acuerdos. Por eso, mi grupo el 11 de junio de 2010 intentó, con esta proposición de ley, extender la tutela judicial efectiva a las víctimas en un caso por violencia de género y en otro por ser utilizadas por las mafias. El 8 de febrero de 2011 el Gobierno presenta el borrador de reglamento; lo hace catorce meses después. La ley establecía claramente que ese reglamento se tenía que haber elaborado en seis meses, pero se hizo catorce meses después, y entonces es cuando puede entrar la toma en consideración de la modificación de los artículos que presenta mi grupo.

Señorías, me gustaría llamar la atención de ustedes sobre todo en un tema. Tengo aquí el "Diario de Sesiones" del Senado, el que se vio para esta modificación de la ley. La senadora del Partido Socialista, presidenta de la Comisión, señora Rubial, decía exactamente estas palabras: No debemos olvidar que el informe de la fiscalía de 2010 nos decía que hay más de 135.000 denuncias por violencia de género, de las cuales el 40 por ciento corresponden a inmigrantes. También en el informe de 2010 sobre las víctimas identificadas como potencialmente de explotación por redes que trafican con seres humanos, hay 1.605, de las cuales el 93 por ciento corresponden a mujeres extranjeras, y de ellas 523 estaban en situación irregular en nuestro país. Además, añadiría yo: En el año 2009 murieron 55 mujeres en este país por violencia de género, de las cuales el 37 por ciento eran extranjeras, y en 2010 murieron 73 mujeres por violencia de género, de las cuales el 35 por ciento eran extranjeras. Llamando la atención sobre esto hay una frase que dice: Estas mujeres son las que queremos proteger más y mejor. Señorías, por eso hemos presentado la reforma de estos artículos, porque entendemos que estas mujeres pierden hoy el miedo de que por ese expediente de denuncia puedan ser expulsadas de este país. Creemos que las mujeres que son explotadas por las mafias que trafican con ellas son las esclavas del siglo XX y XXI. Además, quiero llamar la atención, como lo han hecho los diputados de todos los grupos, de que esta es una modificación que ha llevado al consenso por defender los derechos humanos y sobre todo por defender los derechos de estas mujeres. Hemos tenido unanimidad a la hora de sentar el criterio para esto. También deseo agradecer a las organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas hoy aquí, la Red de Trata, Amnistía Internacional, Cáritas, Médicos del Mundo y Médicos sin Fronteras, que hayan colaborado para mejorar la propuesta a la que se ha llegado en el Senado y en el Congreso.

Por último, mi compañero, el diputado Hernando Fraile, ha sido quien ha llevado en todo momento esta modificación de la ley y quiero agradecerle que me haya dejado intervenir para poner el colofón a todo esto. Hoy muchas de las personas que desde la calle nos están demandando que acerquemos la política a la gente, sentirán que esta mañana hemos hecho un esfuerzo para que ellas se sientan más libres.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Guerra.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Elías Cordón.

La señora ELÍAS CORDÓN: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy aprobamos definitivamente la modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Hemos aprobado un texto que amplía y garantiza la protección de las personas más vulnerables; en este caso, las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género, así como de trata de personas y que, además, tienen otro componente que les da mayor vulnerabilidad, que están en situación irregular. Quiero recordar que la Ley 2/2009, de reforma de la Ley de Extranjería, ya introdujo la nueva legislación contra la violencia de género de nuestro país para mejorar y trasladar las medidas aprobadas en la Ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, a las mujeres extranjeras, así como el Convenio de lucha contra la trata de personas que se aprobó en el Consejo de Europa. Pero la situación de las mujeres víctimas de violencia de


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género o de trata de personas de origen extranjero en situación irregular requería una reglamentación más precisa y más concreta para hacer prevalecer, por encima de los mecanismos administrativos, algo que es fundamental en democracia: los derechos humanos. Ante esta iniciativa, el Grupo Socialista ha estado centrado de manera rotunda y contundente en combatir cualquier fórmula de violación de los derechos humanos. Para ello, hemos trabajado conjuntamente con todos grupos para conseguir que la norma se aprobase por consenso, para lograr el máximo acuerdo en una norma que es garantista, que consigue dar más protección y más seguridad jurídica hacia esas mujeres doblemente desprotegidas por su invisibilidad, el miedo o la explotación a la que están sometidas y por la situación de irregularidad en la que se encuentran.

Con esta modificación de la ley que hoy aprobamos estamos estableciendo unas condiciones legales más propicias para conseguir que desciendan los casos de violencia de género y de trata de personas en un ámbito muy delicado, el de las extranjeras que están en nuestro país en condiciones de irregularidad. Para ello, también hemos ampliado esta protección a sus hijos o personas con discapacidad que estén a cargo de la víctima, porque queremos reforzar la colaboración con la víctima y que pueda denunciar su situación sin ningún tipo de amenazas, sin ninguna condición, sin ningún temor por su situación de irregularidad ni por la situación de sus familiares.

Señorías, en esta norma nuestro debate ha estado en conjugar cómo resolver la colisión que representaba el derecho de extranjería respecto de las víctimas extranjeras en situación irregular, es decir, cómo articulábamos la seguridad jurídica de la Ley de Extranjería con las reticencias que se generan cuando se dictan normas que amparan derechos que pueden producir fraudes. Pues bien, todos los grupos hemos estado de acuerdo en primar la tutela judicial efectiva de las víctimas en determinados delitos de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución, pero amparando también los principios que regulan la lucha contra la inmigración irregular. Señorías, con la modificación de estos dos artículos de la Ley de Extranjería quiero hacer mías las palabras de nuestra portavoz de inmigración, doña Esperanza Esteve, porque reflejan con contundencia el espíritu de esta modificación en la ley. Dice la señora Esteve: Se trata de luchar con todos los medios que nos da el Estado de derecho contra los traficantes, contra los violentos que cercenan voluntades, que amenazan y subordinan a las mujeres solo por eso, por ser mujeres, no solo por ser inmigrantes, sino por ser mujeres. Agradezco, por tanto, a todos los ponentes de los diferentes grupos parlamentarios el buen trabajo hecho y por el compromiso de colaboración entre todos los grupos para conseguir avanzar en la protección de las víctimas, que es lo que importa. También quiero mostrar mi agradecimiento a las organizaciones sociales que trabajan directamente con estas personas por aportarnos su criterio y conocimiento real de las situaciones de vulnerabilidad de las víctimas.

Acabo, señora presidenta, diciendo que hoy aprobamos -fruto del trabajo parlamentario y de la toma de decisión conjunta de unos criterios- un buen texto que va a ampliar la protección y seguridad a las víctimas, que es lo más importante. Pero también hemos dado un buen ejemplo del valor de la actividad política comprometida con los problemas de los ciudadanos al aprobar por unanimidad, tanto en el Congreso como en el Senado, medidas para mejorar la vida y los derechos de las personas más débiles y más indefensas.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Elías.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA (Número de expediente 121/000107.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A continuación, pasamos a debatir los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, el del proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Camacho Vizcaíno): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, antes de entrar en un proyecto que es importante dentro de la política del Ministerio del Interior, me gustaría agradecer el esfuerzo colectivo que ha permitido una mejora significativa de este proyecto de ley. Esa mejora se ha producido, en primer lugar, debido al previo y amplio consenso conseguido entre el Gobierno y los representantes sindicales de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. En segundo lugar, esa mejora se ha producido también debido a la activa colaboración de todos los grupos parlamentarios para mejorar este proyecto. Todo este interés y este esfuerzo compartido han permitido que hoy llegue a este Pleno un texto sustancialmente mejor, respaldado y con la aprobación de todas las fuerzas políticas, lo cual es especialmente importante si estamos hablando de una institución tan esencial en nuestro Estado como es la Policía.

Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, como miembros -que lo son- de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se encuentran en una posición jurídica que difiere de la del resto de servidores públicos. De esta posición singular -derivada, entre otras razones, de la autoridad en la que están investidos- emana la exigencia en el cumplimiento de deberes especiales con


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la Administración y, sobre todo, de deberes especiales con los ciudadanos a los que sirven. La regulación original de estos derechos y deberes se encuentra, como saben sus señorías, en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, que contiene los principios básicos de actuación, las funciones y las disposiciones estatutarias fundamentales aplicables a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, dichas normas estatutarias no regularon en su momento todos los aspectos que deben conformar necesariamente su régimen jurídico. En consecuencia, el desarrollo legislativo previsto en la Ley orgánica de régimen estatutario del Cuerpo Nacional de Policía se ha realizado de forma fragmentaria a través de distintas normas con carácter reglamentario. Pasados veinticinco años desde la aprobación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado era, sin duda, imprescindible un texto legal que, con el rango normativo adecuado, regulara de una manera completa y sistemática, al igual que el anverso y el reverso de una moneda, el conjunto de derechos y de deberes que corresponden y son exigibles a los miembros de la Policía, de acuerdo con su carácter de instituto armado de naturaleza civil. Además de este objetivo esencial que tenía y tiene la norma de regular derechos y deberes de una manera sistemática, me gustaría destacar algunas otras cuestiones que en el Ministerio del Interior consideramos importantes en el contenido de la norma que hoy analizamos. En primer lugar, sin duda, esta ley es el contrapunto imprescindible de la Ley Orgánica 4/2010, de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, ya que viene a establecer de forma clara y cierta cuáles son las conductas que son exigibles a los miembros del cuerpo y dicha previsión normativa es siempre una premisa básica y un requisito esencial para la aplicación de cualquier régimen sancionador. Por otro lado, el proyecto actúa en perfecta simetría con la regulación de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, que se encuentra recogida en la Ley Orgánica 11/2007, respetando sin embargo de manera lógica la distinta naturaleza civil o militar de ambos institutos armados.

También creo que debo destacar que el texto normativo recoge por primera vez un listado exhaustivo de derechos que tendrán los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y en ese catálogo de derechos individuales que recoge la ley se incorporan junto a derechos tradiciones otros de reciente reconocimiento, entre ellos, el respeto a su intimidad personal, a su orientación sexual, a su propia imagen, así como a la dignidad en el trabajo o a la adopción de medidas en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Destaca también como una novedad importante del texto la exigencia a la Administración de proporcionar defensa y protección jurídica en los procedimientos, cualquiera que sea el orden jurisdiccional donde estos procedimientos se encuentren, como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones.

Por otro lado, entre los deberes y obligaciones a que están sujetos, de acuerdo con el texto de la ley, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía destacan especialmente los que afectan a los principios generales del orden constitucional. En primer lugar, el respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, con la obligación de velar en todas y cada una de sus actuaciones por su cumplimiento; en segundo lugar, el ejercicio de las funciones y cargos necesariamente con lealtad e imparcialidad; en tercer lugar, el cumplimiento del régimen de responsabilidades, y por último, la obligación de guardar el secreto profesional. También se incluyen en la norma deberes derivados de su específica relación de servicios, entre ellos, por ejemplo, los de obedecer y ejecutar las órdenes que reciban de sus superiores, observar las normas de uniformidad, y por último, portar y utilizar el arma reglamentaria en los casos y en las formas previstas, de acuerdo con los principios de congruencia, de oportunidad y de proporcionalidad.

Finalmente, entre este conjunto de aspectos más destacados de la norma se inserta y es esencial un código de conducta que cumple, en primer lugar, una función orientadora y supone además un límite a las actividades lícitas. Sus reglas y sus principios no solo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario sino que además creemos que cumplirán una función pedagógica importante. Y no tengo que recordar a sus señorías la importancia que en las sociedades democráticas avanzadas tienen los instrumentos que refuerzan la confianza ciudadana en el que quehacer de los funcionaros policiales.

No me voy a extender más. Como bien conocen sus señorías, realizo la presentación de este proyecto de ley a la Cámara desde mis nuevas responsabilidades al frente del Ministerio del Interior. No es nueva, sin embargo, mi participación en la elaboración y en el seguimiento de este importante proyecto para un conjunto esencial de servidores públicos. Estoy, eso sí, siempre a su disposición para con su colaboración seguir mejorando la vida y las condiciones de trabajo de estas personas, que forman parte de una de las instituciones más esenciales de nuestra democracia, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.

Para defender las enmiendas del Grupo Mixto tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, señor ministro, intervendré muy brevemente para defender únicamente en este trámite las dos enmiendas que mantengo vivas al texto, pero permítanme previamente que agradezca a los funcionarios de la Comisión y particularmente a la letrada, doña Rosa Ripollés, su trabajo, que ha resultado imprescindible para que hoy lleguemos aquí con un texto enriquecido, sin


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duda ninguna, no solo por el trabajo de los ponentes sino también por su estimable apoyo y colaboración. Quiero también agradecer el trabajo de todos los portavoces parlamentarios. El trabajo en el trámite previo de ponencia y también en el trámite de Comisión. Y permítanme que agradezca particularmente el trabajo y la actitud del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido no solamente colaborador sino extremadamente competente y que ha hecho posible que salga una ley con un amplísimo consenso sobre la que hoy debatimos por última vez, espero.

Mantengo vivas, sin embargo, un par de enmiendas que lamentablemente no han podido ser tenidas en cuenta. La primera de ellas al artículo 2, apartado k) en la que planteamos que se incorpore específicamente entre los derechos a la no discriminación la afiliación a una organización sindical, que se diga expresamente que nadie podrá ser discriminado por estar afiliado a una organización sindical. Me dirán sus señorías -ya me lo dijo el portavoz del Grupo Socialista- que no es necesario decirlo expresamente, que ya lo dice la Constitución, pero yo pienso que lo que abunda no daña, y más en materia de derechos, de reconocimiento de derechos; un ámbito en el que a veces hay gente con tentaciones a la desmemoria. Y yo creo que en esta ley, aunque pueda parecer que no es sustancial, no hacía ningún daño que se dijera en este artículo. Creo que no tengo ninguna capacidad para convencerles a estas alturas pero hago una apelación a que se lo piensen porque no desbarata nada, no hace daño a nadie, no perjudica nada absolutamente el trabajo de la ley. Estamos hablando de reconocimiento de derechos, en este caso de la no discriminación, e insisto, lo que abunda en este caso no daña -son los artículos 28.1, el 14 y el 23 de la Constitución- y es mejor decirlo que obviarlo, si se puede hacer.

El contenido de la enmienda 49 es mucho más complejo. En ella se trata de introducir una disposición específica entre los derechos también -estamos en el mismo artículo número 9- a una equiparación salarial y social con otros operadores de seguridad del Estado español; hablamos de los policías. Esta es una cuestión sobre la que hemos debatido muchas veces en esta Cámara y sobre la que probablemente tendremos que seguir debatiendo. No creo que esta sea una cuestión en la que haya interés en no resolver; no creo que quienes se oponen, quienes votaron en contra en Comisión, quienes aquí en otras ocasiones han dado un voto contrario, no tengan intención de resolverlo o les parezca injusta la pretensión o les parezca que se está tratando con justicia a todos los agentes de la seguridad del Estado, sean policías autonómicos, sean mossos d´esquadra, sean policías municipales, guardias civiles o policías nacionales, como es el caso. Creo que hay un derecho principal -eso que se decía con carácter general y que se ha reivindicado tanto desde el movimiento obrero- que postula que a igual trabajo, igual salario, y este derecho principal a tener el mismo reconocimiento social y económico no puede estar supeditado a una apelación que se hace sobre la autonomía política, que es cierta, de las comunidades autónomas y de los municipios. Esa autonomía política no puede servir para tratar con discriminación a ciudadanos españoles que cumplen las mismas funciones, que tienen las mismas responsabilidades: la protección del orden público, la protección de la seguridad de todos los ciudadanos españoles y que, amparados en eso de que hay autonomía política -que la hay-, resulta que tienen un trato discriminatorio. Sé que no es fácil, al contrario, sé que es complicado, pero se puede resolver como se resuelven otras tantas cosas. Si en Europa pueden intentar resolver a través del semestre europeo los presupuestos de todos los Estados miembros, ¿no hemos de ser capaces en España de resolver esta reivindicación tan antigua como justa de estos profesionales?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: La política está para resolver los problemas. Si fuera fácil, no estaríamos hablando de ello, ya lo habríamos hecho. Como me parece que el principio de justicia y de igualdad ha de estar sin duda ninguna por encima de una autonomía política, que tiene otras instancias además del Estado, creo que tenemos que arremangarnos y resolverlo, hacer que la política sirva para resolver los problemas y no para dormirse en ellos.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, mi grupo parlamentario, como hicimos en la Ley orgánica relativa a los derechos y deberes de los profesionales de las Fuerzas Armadas, tiene un sustancial acuerdo con respecto a la ley que ahora discutimos, de derechos y deberes de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Teníamos un acuerdo con la presentación del proyecto de ley, que estaba bastante consensuado desde el punto de vista social cuando llegó a esta Cámara, y también lo tenemos ahora, porque a lo largo del trámite parlamentario hemos ido acercando posiciones y, en nuestra opinión, el texto se corresponde con esas posiciones de consenso.

Es un texto necesario, no solamente porque compile o codifique lo que podríamos denominar el estatuto del Cuerpo Nacional de Policía, sino porque además significa, por una parte, la actualización de ese estatuto de acuerdo con resoluciones del Consejo de Europa y de Naciones Unidas, es decir, la actualización de derechos y de obligaciones, y por otra parte, como se ha dicho


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también, un contrapunto a una ley reciente, que es la Ley del Régimen Disciplinario, y no hay régimen disciplinario si no se codifican los derechos y las obligaciones de un determinado cuerpo, en este caso el Cuerpo Nacional de Policía. Por tanto, consideramos que es una ley necesaria.

Creemos que dentro de la ley, se avanza tanto en derechos individuales como en derechos profesionales y colectivos. Hemos mantenido algunas enmiendas que tienen que ver básicamente con los derechos colectivos, con la representación sindical, con el conflicto colectivo. Esta es una parte de las enmiendas que hemos dejado pendientes, no porque tengamos desacuerdo con respecto a la ley, sino porque hemos planteado enmiendas más ambiciosas. Por otra parte, coincidimos en lo que tiene que ver con los deberes constitucionales, con las incompatibilidades y con el código de conducta, que es un elemento que nos parece muy importante dentro de este estatuto del Cuerpo Nacional de Policía o dentro de esta ley orgánica de derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

Hemos mantenido una enmienda, la famosa enmienda 19, que ha provocado un río de debates en la ponencia y cuya defensa mantengo. Lo consideren ustedes o no, lo reconozcan o no, en la Policía, como en cualquier cuerpo u organización de este país, hay una determinada tasa de enfermedad, de enfermedad física y de enfermedad psíquica, también la psíquica. Es decir, el Cuerpo Nacional de Policía no está vacunado contra la enfermedad psíquica. Cuando se pretende dar una posibilidad de trabajo compatible a aquel que tenga una patología, debe ser la patología física y la patología psíquica. Yo les recordaba una novela reciente de Wallander, en la que prácticamente ustedes echarían al principal investigador de novela negra de la policía sueca. Yo creo que no deberían hacerlo porque sigue siendo un eficaz policía a pesar de que haya tenido un problema psíquico en un momento de su vida. Eso no le inhabilita para que vuelva totalmente a una situación de salud o bien para que tenga que irse de la policía. Es una enmienda que mantenemos y que quería defender.

Termino. Hoy no puedo evitar, señorías, mostrar mi confianza en el Cuerpo Nacional de Policía, mi confianza en la institución y mi confianza en sus profesionales. Al igual que considero increíble que haya una confabulación de médicos para matar, considero increíble que haya una confabulación de policías para colaborar con el terrorismo. (Aplausos.) Me parece injusto y no lo voy a aceptar. Señorías, esas son mis razones.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, aunque parece que soy la única persona que mantiene esta posición, le voy a felicitar por su nombramiento y a desearle suerte en los azarosos compromisos que, no sé si largos en el tiempo, le esperan. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Tengo que comentar que estamos ante una buena ley. Quiero empezar mis palabras además, con carácter preambular, haciendo en sus propios términos mías las últimas pronunciadas por el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Desde luego, estas teorías conspirativas basadas en la existencia de policías confabulados para avalar o proteger a grupos terroristas constituyen una paradoja intelectual rayana en la esquizofrenia o en la paranoia, de los problemas atenientes a su enmienda 19, que inhabilitan a un policía con problemas de discapacidad psíquica para ejercer sus funciones. Deberíamos también, señor Llamazares -me refiero a usted directamente-, considerar hasta qué punto a determinados representantes políticos, determinadas paranoias no les descalificarían o deberían provocar su inhabilitación para el ejercicio de sus funciones políticas de representación pública. Al margen de estas digresiones, ya tabulado cuál es nuestra opinión sobre determinadas reflexiones absolutamente patológicas desde una perspectiva político-jurídica, tengo que indicar que respecto a su enmienda 19, no nos pida colaboración de ningún tipo. En el género literario es posible cualquier cosa, como usted, que es un gran lector, sabe perfectamente, pero en el material normativo, nosotros no podemos permitirnos ciertas licencias si determinados funcionarios afectados por problemas psíquicos portan armas y constituyen colectivamente la forma de ejercer el ius puniendi del Estado. Tenemos que realizar reflexiones adecuadas a la naturaleza de la función ejercida y a los peligros que la posesión de determinados problemas, en este caso discapacidades psíquicas, pueden generar.

Al margen de esto, estamos ante una buena ley, también ante una buena factura técnico-jurídica, señor ministro, fruto de un consenso y de un parlamentarismo bien concebido. Paradójicamente, nos encontramos con que en las postrimerías de esta legislatura se están elaborando las mejores leyes. No sé qué ha pasado en los primeros años de la legislatura, pero estamos de alguna forma aprobando los exámenes y las reválidas que a los políticos nos resultan exigibles cuando más refutación de la clase política hay en las calles, aparente o pretendidamente, y cuando se está acabando la legislatura materialmente. Esta es una buena ley que regula los derechos y los deberes del Cuerpo Nacional de Policía mediante una asimilación o una convergencia no culminada, en nuestra opinión, de forma adecuada o de forma perfecta con el Estatuto del empleado público. Estamos hablando de funcionarios, de funcionarios que portan


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armas y que ejercitan el ius puniendi y el poder coercitivo que al Estado le corresponde en cualquier Estado democrático, pero son funcionarios fundamentales a los que deben corresponderles la práctica totalidad, salvo las excepciones tasadas por la ley, que deben ser escasísimas y muy justificadas, previstas para cualquier funcionario público. Son todos los derechos y deberes que se consignan en el Estatuto del empleado público, fundamentalmente. Esa ha sido la pretensión de mi grupo parlamentario y hemos forzado hasta el límite las posibilidades de asimilar las categorías funcionariales en todos los ámbitos, incluso en las designaciones de las personas de libre designación, y otros con los requerimientos que se prevén en el Estatuto del empleado público. Lo hemos logrado, no del todo desafortunadamente. Está el problema de la afiliación. Ha habido un debate peculiar que yo no termino de entender muy bien, señor ministro, que es el de la posibilidad o legitimidad para afiliarse a lo que se denominan sindicatos de clase. Esta es una expresión, la de sindicatos de clase, ya doctrinalmente periclitada. Solo en sede parlamentaria o en el ámbito político se habla de sindicatos de clase. Habría que preguntar a qué clase de sindicatos nos referimos, si son los sindicatos que están previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y que constituyen o defienden a los representantes que cumplen las funciones de representación y defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. Estamos hablando de muchos sindicatos. Ahí sí se prevé cuáles son los sindicatos que ostentan condiciones o potestades ultrahábiles de actuación y ejercen funciones públicas o cuasi públicas, señor ministro. Pero la afiliación a cualquier sindicato sin ninguna limitación sería una de las pretensiones de mi grupo parlamentario, no articulada de forma suficientemente adecuada en este importante proyecto de ley.

Hay otro problema, que es el relativo a la rehabilitación. Señor ministro, yo he visto rehabilitaciones...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, ha acabado su tiempo.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya.

He visto rehabilitaciones de jueces y magistrados por haber cometido previamente delitos. Si a un juez o a un magistrado se le puede rehabilitar por haber cometido un delito previamente, usted me tiene que explicar por qué no se puede rehabilitar a un funcionario policial que ha cometido un delito previamente si está regenerado y está perfectamente rehabilitado en los términos técnico-jurídicos de la expresión.

Por último, algunas cuestiones...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, ha superado el tiempo. Mire la hora que es.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, señora presidenta.

En todo caso y en atención a las invocaciones de la presidenta, preñadas de sentido común, como casi siempre, voy a acabar ya esta disertación felicitándonos colectivamente porque hemos hecho una buena ley sobre los derechos y libertades de un cuerpo tan importante como el Cuerpo Nacional de Policía.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA COMAS: Gracias, señora presidenta.

La política legislativa del Gobierno, que ha optado por separar en dos normas la regulación del Cuerpo Nacional de Policía, hace que hoy veamos en el Pleno el dictamen de la Comisión de la parte que por la materia objeto de regulación -esto es, derechos y deberes- tiene carácter orgánico, mientras que el resto de las materias referidas al régimen de personal fue ya aprobado en su día en Comisión con competencia legislativa plena. Permítanme aquí unirme a las voces que señalan su preferencia por la otra técnica legislativa, por la que se había optado con anterioridad, que es la técnica de normas parcialmente orgánicas, que hubiera permitido integrar el estatuto del Cuerpo Nacional de Policía en una sola norma parcialmente orgánica, lo cual hubiera propiciado, a nuestro juicio, un sistema más ordenado, más cercano al principio de seguridad jurídica y, por tanto, más garantista.

Con estas dos iniciativas, junto con la Ley 4/2010, de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, se culmina la regulación de la tres materias estatutarias -régimen de personal, derechos y deberes, y régimen disciplinario de los miembros de la Policía Nacional-, al igual que anteriormente se hizo con el cuerpo de la Guardia Civil. Quiero señalar de entrada que, tal como se nos expuso por los representantes de las organizaciones policiales que comparecieron durante la tramitación del proyecto, este y el régimen de personal entraron ya muy trabajados con las propias organizaciones, muy consensuados y considerados por todas ellas como unas normas esperadas y necesarias que regulan de manera sistemática y específica el conjunto de normas dispersas vigentes hasta el momento actual. Desde este punto de partida creemos que, fruto de una ponencia muy debatida y trabajada, el proyecto ha podido mejorar, enriqueciéndose con las aportaciones de todos los grupos.

Quisiera señalar que Convergència i Unió ve reflejadas sus enmiendas en el texto que vamos a votar y que se aprobó en Comisión. Nos reconocemos en muchos de los cambios o mejoras que se han introducido en ambos textos. La previsión de la aplicación supletoria del Estatuto básico del empleado público; el que se recoja expresamente que la asignación de funciones distintas a las correspondientes al puesto de


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trabajo que se desempeñe tenga una limitación, que es que sea en supuestos debidamente motivados y por el tiempo mínimo imprescindible, o la incorporación de la antigüedad como principio de provisión de puestos de trabajos, serían algunos de ellos. La previsión de que la adscripción en comisión de servicio con carácter forzoso no sea ilimitada, sino que tenga un tope de seis meses prorrogables a otros seis, o que prime siempre la retribución más beneficiosa, es decir, la más elevada entre la del puesto de origen o la del puesto que realmente se está desempeñando, o el que se incluya una nueva situación administrativa, que es el servicio en otras administraciones públicas para poder equiparar los derechos de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía al resto de funcionarios de la Administración General del Estado, serían otras de las mejoras recogidas en la Ley de Personal. El derecho a la ocupación de un puesto de trabajo adecuado, no solo a partir de los 58 años, sino también cuando se declare una incapacidad física parcial del funcionario, la mejora de la defensa y asistencia jurídica, la adopción de medidas de conciliación y la obligación por parte del Gobierno de promover la consideración social de la Policía Nacional, atendiendo a la dignidad del servicio policial, serían también algunos de los cambios de la ley de derechos y deberes en los que nos reconocemos.

Hemos retirado casi todas nuestras enmiendas, unas porque han sido recogidas literal o transaccionalmente, y otras porque tras largo debate en ponencia nos hemos convencido de la bondad de otro texto. Mantenemos no obstante dos de ellas, que paso a defender. La primera, la número 11, contempla el derecho a la afiliación a los comúnmente llamados sindicatos de clase. El reconocimiento a este derecho se hace en todos los países de la Unión Europea y también en Cataluña, por lo que mantenemos la enmienda y la sometemos a votación. La segunda es la número 7, que tiene como pretensión una mejora en la conciliación, y es que se extiendan a la pareja de hecho los derechos reconocidos a los cónyuges en cuanto a permisos y licencias parentales. Esta enmienda ha sido objeto de un largo debate, y aunque comprendemos las objeciones que se nos hacen desde el Grupo Parlamentario Socialista que aluden a la dificultad de gestionar una enmienda de esta naturaleza en un cuerpo de más de 70.000 miembros, cuando además no existe una ley estatal de parejas de hecho que permita concretar y acreditar la existencia de las mismas, no la podemos aceptar porque prácticamente toda la legislación estatal que se aprueba recoge la figura de la pareja de hecho, a pesar de la inexistencia de una regulación estatal de la misma. No vemos razón suficiente para excluir a la Policía Nacional de una medida que en este caso mejora la conciliación y facilita el poder tener hijos, si es que se desea tenerlos.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Surroca, por favor.

La señora SURROCA I COMAS: Voy terminando. Así, entre otras, en la Ley 40/2007, de reforma de la ley de la Seguridad Social, y en las muy anteriores 1/1994, de 20 de junio, y 29/1994, de arrendamientos urbanos, y en muchas más, e n todas ellas se extienden los derechos de la pareja de hecho, aun cuando no exista ley estatal.

Por último, en nombre de nuestra portavoz que ha participado en la tramitación parlamentaria de la ley, queremos poner en valor el trabajo de la ponencia que ha sido extenso e intenso.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Surroca, por favor.

La señora SURROCA I COMAS: Y agradecemos singularmente al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor González Serna, y a la letrada, señora Ripollés, su brillante trabajo. Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Surroca.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cosidó.

El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Permítame que dado que es la primera comparecencia que tengo con el nuevo ministro, aproveche para darle la bienvenida y desearle suerte, que con sinceridad, en las circunstancias en las que hereda el ministerio, sin duda la va a necesitar.

He subido muchas veces a esta tribuna a denunciar una política de personal, en particular relacionada con el Cuerpo Nacional de Policía, que ha provocado un descontento y un grado de politización sin precedentes en el Cuerpo Nacional de Policía. Hoy tengo la especial satisfacción de subir a la tribuna para defender el voto positivo de mi grupo a un dictamen de una ley que reconoce los derechos y los deberes de los miembros de esta institución. Vamos a dar un voto positivo por tres motivos. Primero, por un sentido de la responsabilidad. En muchas ocasiones se nos acusa desde el Grupo Parlamentario Socialista de que el Partido Popular se opone a todo, es el partido del no, que no arrimamos el hombro. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Yo creo que con este voto una vez más queda desmentido, y encontramos a un Partido Popular apoyando un proyecto de ley en un tema importante, como es el reconocimiento de los derechos y los deberes de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

En segundo lugar, vamos a votar afirmativamente con la convicción de que los derechos y los deberes de los policías nacionales no pueden estar sometidos al albur de la alternancia partidista. Me parece que una ley orgánica de esta naturaleza nace con una vocación de estabilidad en el tiempo, y por tanto mi grupo la va a apoyar.


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Y en tercer lugar, ni la apoyamos por obligación ni la apoyamos a disgusto, sino que la apoyamos con satisfacción, y si me lo permiten la apoyamos con el legítimo orgullo de haber contribuido, creo que de manera importante, a mejorar la ley, a ampliar los derechos de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, a aquilatar mejor cuáles son sus deberes, y sinceramente creo, en mi corta experiencia legislativa, que es una de las leyes en las que más se ha mejorado -y es consenso generalizado de todos los grupos- el proyecto de ley que inicialmente nos remitía el Gobierno.

No hay tiempo para mencionar todas las mejoras, pero me atrevo a destacar tres que me parecen especialmente sustanciales. Primero, que haya un derecho de compensación de las horas de exceso que trabajan los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, a través de una enmienda derivada a la Ley de Personal. En segundo lugar, que se reconozca el carácter supletorio del Estatuto básico del funcionario público para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, o que se contrate un seguro de responsabilidad civil, que da más garantías patrimoniales y jurídicas a los policías en su actuación. Por tanto quiero reconocer, como han hecho el resto de grupos, el espíritu constructivo y de consenso que hemos encontrado en toda la ponencia, especialmente la receptividad del Grupo Socialista para admitir un buen número de las más de veinte enmiendas que el Grupo Popular había presentado a esta ley; deseo hacer también un reconocimiento de la labor, del papel que han desempeñado los sindicatos profesionales del Cuerpo Nacional de Policía a través de sus comparecencias y aportaciones a esta ley, y decir que una de las satisfacciones más importantes que mi grupo tiene es que se consolide, se consagre un modelo de sindicalismo profesional, en relación con otras posibilidades, que creo sinceramente que ha sido un acierto histórico en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía.

Esta ley llega en los estertores de una legislatura agónica. Yo no sé si el nuevo ministro asumirá el compromiso legislativo que tenía contraído el anterior. Eso significaría que en tres meses tendría que mandar más leyes de las que su antecesor mandó en tres años: tendría que mandar nada menos que una ley de la seguridad privada, una ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, una ley de protección civil, una ley general penitenciaria, una ley de cuerpos penitenciarios, entre otras varias. Pero si algo mi grupo tiene que lamentar y también denunciar es que termine esta legislatura habiendo incumplido el Gobierno el compromiso político que tenía, la obligación legal que tenía de haber remitido una ley de personal para el Cuerpo de la Guardia Civil; el deseo de mi grupo hubiera sido que ambas leyes se hubieran tramitado de forma paralela.

Termino ya diciendo que mantenemos cuatro enmiendas, y le pido al presidente que, dado que se han acortado mucho los tiempos, me deje un minuto para defenderlas. En primer lugar, la enmienda en la que mi grupo solicita unas retribuciones justas y unos criterios homologables en las condiciones profesionales de los policías nacionales y de los guardias civiles respecto a otros cuerpos de seguridad que existen en España. Todos somos conscientes de que existe una injusta situación en la que policías nacionales y guardias civiles son las fuerzas de seguridad peor retribuidas que existen en el Estado. El reconocimiento que todos los grupos hacemos reiteradamente de la labor de los policías y de los guardias civiles no tiene que ser solo un reconocimiento de palabras, tiene que también basarse en hechos, y me parece que el Grupo Socialista ha desperdiciado una buena oportunidad para hacerlo, apoyando esta enmienda que planteaba el Grupo Popular. En segundo lugar, me gustaría destacar las dos enmiendas que defienden los principios de jerarquía y los principios de antigüedad dentro del cuerpo. Me parece que una policía debe ser sobre todo una policía profesional, una policía despolitizada, una policía al servicio de los intereses generales del Estado. Estos principios son básicos para que exista esa policía. Lo que me gustaría es que tuviéramos una policía en la que un caso como el caso Faisán, que está tan de candente actualidad, fuera imposible que sucediera por mucha que fuera la presión política que se ejerciera sobre los funcionarios de policía, porque fuera realmente una policía independiente, una policía profesional y una policía apolítica. Yo espero, señor ministro, que dado que su nombramiento como titular del departamento en buena medida se basa en un criterio de antigüedad, haga recapacitar a su grupo y apoyen estas dos enmiendas que había presentado mi grupo.

Concluyo, señor presidente, reiterándoles que a pesar de estas enmiendas, que para nosotros son importantes, vamos a votar el dictamen de esta Comisión, que lo vamos a hacer con convicción, que lo vamos a hacer con satisfacción, y que lo vamos a hacer con el legítimo orgullo de haber contribuido a una mejor regulación de los derechos y de los deberes de los policías nacionales.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cosidó.

Don Carlos González Serna tiene la palabra.

El señor GONZÁLEZ SERNA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar quiero felicitar al señor ministro por sus nuevas responsabilidades. Señor Camacho, le aseguro que el Grupo Parlamentario Socialista valora su nombramiento como una decisión muy acertada y estamos plenamente convencidos de que la seguridad de los españoles queda con usted en muy buenas manos, y queremos también desearle éxito y acierto, especialmente en materias tan sensibles como la lucha contra el terrorismo y contra la criminalidad organizada, en las que tanto hemos avanzado en los últimos años con usted y con el señor Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior. En segundo lugar, señorías, quiero agradecer la implicación de todos los grupos


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parlamentarios en esa mejora significativa que usted ha citado de la ley. Agradecemos el valioso trabajo de la letrada de la Comisión, señora Ripollés, y agradecemos también las valiosas aportaciones y la actitud constructiva del resto de los ponentes de todos los grupos parlamentarios. Y en tercer lugar, señorías, quiero referirme sin más dilación al proyecto de ley orgánica de derechos y deberes.

Se trata, como se ha dicho, de una norma cuya finalidad principal es dotar de un estatuto jurídico propio a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, y cuya tramitación en esta Cámara ha sido conjunta a la Ley de Régimen de Personal, aprobada días atrás en la Comisión de Interior con un amplio consenso. Ambas conforman una suerte de unidad jurídica en la que quedan regulados, tanto los aspectos de régimen de personal como los derechos y deberes que corresponden y que son exigibles a los más de 70.000 agentes que conforman nuestra policía. Y de ambas cabe decir que son equilibradas porque guardan un meticuloso equilibrio entre derechos y deberes; que son avanzadas porque sitúan el elenco de deberes y derechos en el ámbito y en el contexto social y político actual; que aportan seguridad jurídica a los agentes en el desempeño cotidiano de sus funciones, y que han suscitado un gran consenso sindical, y a tenor de lo que hemos podido escuchar esta mañana en la Cámara, van a suscitar también un amplio consenso parlamentario. Y de ellas cabe decir sobre todo, señorías, que dan satisfacción a importantes aspiraciones, reivindicaciones y necesidades, tanto de la organización como de los propios agentes.

Señorías, con el nuevo marco jurídico quedan resueltas, junto a las cuestiones que usted, señor ministro, ha señalado en esta tribuna, cuestiones de fondo tan importantes como la nueva regulación de la segundad actividad, el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial, el derecho a ocupar un puesto de trabajo adecuado a la edad y a las circunstancias físicas, el derecho a la conciliación e incluso el cambio en la edad máxima de ingreso asumiendo la petición de los colectivos de su ampliación a los 35 años en la escala básica. Y desde la perspectiva política, señorías, quiero resaltar que estas leyes son consecuencia directa del esfuerzo modernizador impulsado desde 2004 por este Gobierno en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un impulso modernizador que ha supuesto considerables incrementos presupuestarios, que ha supuesto potenciar como nunca las plantillas, mejorar las condiciones socioprofesionales, y que ha supuesto también importantes cambios legislativos. Señorías, en definitiva tenemos -y es lo que quiere resaltar el Grupo Parlamentario Socialista- una policía muy profesional y muy capacitada en la que confiamos plenamente, y estamos absolutamente convencidos de que con el nuevo marco jurídico estamos contribuyendo decisivamente a mejorar esa organización policial, y estamos también contribuyendo a posibilitar que el Cuerpo Nacional de Policía pueda seguir avanzando en profesionalidad, en eficacia y en calidad en la prestación de sus servicios. Estamos profundamente orgullosos, señor ministro, señorías, del Cuerpo Nacional de Policía.

Quiero acabar agradeciendo a todos los grupos el apoyo anunciado a esta ley, y quiero también acabar con una referencia a dos intervenciones que se han producido en torno a las enmiendas relativas a la equiparación salarial. Creo que en esta Cámara todos los grupos parlamentarios -así nos hemos pronunciado- somos partidarios de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, somos partidarios de que el Cuerpo Nacional de Policía tenga unas retribuciones justas, pero hay que ser absolutamente conscientes de que las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular sobre equiparación salarial son inviables desde el punto de vista jurídico, y también desde el punto de vista político en un Estado descentralizado como el nuestro. Quiero recordarle, señor Cosidó -con el respeto que sabe que le tengo-, que su partido cuando habla de retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía tiene una credibilidad muy limitada, porque ustedes -y lamento tener que recordárselo- solo se acuerdan de las retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía cuando están sentados en el banco de la oposición, porque cuando están en el Gobierno ya saben que hacen aquello de si te he visto no me acuerdo.

Muchas gracias, señorías, por su apoyo a este proyecto de ley. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

- PROPOSICIÓN DE LEY DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 122/000239.)

El señor PRESIDENTE: Punto 38. Proposición de ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo.

En primer lugar tiene la palabra la señora Díez, doña Rosa.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Presidente del Gobierno, señorías, señor ministro otra vez, llega a su trámite un proyecto de ley integral de víctimas del terrorismo que es verdaderamente importante desde nuestro punto de vista. Tiene un antecedente -si me permiten recordarlo- que es un primer debate en diciembre del año 2008 en relación con una moción en la que se solicitaba por parte de Unión Progreso y Democracia la ampliación del concepto víctima de terrorismo. Quiero recordar que en aquel momento el ministro del Interior, señor Pérez Rubalcaba, habló de presentar esta iniciativa, y que tiene un precedente que fue la propia toma en consideración en el mes de septiembre del año 2010. Cuando se tomó en consideración dije que esta era una ley tributaria del Pacto por las libertades y


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contra el terrorismo, y que eso que a otros les disgustaba -se dijo desde la tribuna- era lo que a mí más me gustaba. Dije que no era una ley para la reconciliación, que era para el reconocimiento y protección de las víctimas, reconocimiento y protección política, no solo social y/o asistencial. Eso es lo que también más me gustaba y me gusta de esta ley.

Ese día de septiembre de 2010 cuando hablábamos de estas cosas creíamos -desde luego la diputada que les habla lo creía- que ETA nunca se volvería a colar en las instituciones democráticas que ha querido liquidar, liquidando a sus miembros y liquidando a sus defensores. Pero hoy desde ese día de septiembre hasta el día de hoy han ocurrido demasiadas cosas y algunas bien negativas. Esta ley llega cuando han ocurrido cosas tan dramáticas como que los testaferros de ETA, según dice la sentencia del Tribunal Constitucional -testaferro dice el diccionario que es persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que es de otra persona-, desde esa fecha de septiembre de 2010, se han colado en las instituciones democráticas. Y no podemos -yo no puedo como diputada representante de la soberanía nacional, en nombre de lo que les hablo, como diputada de Unión Progreso y Democracia, nada más pero nada menos tampoco- obviar esa circunstancia, lo que ha cambiado desde aquel día de septiembre en el que tomamos en consideración esta proposición de ley.

El texto que valía hace diez meses a mi juicio no sirve en el momento actual, tiene carencias. No voy a insistir en ninguna de las cosas buenas que tiene el texto, lo harán el resto de parlamentarios y de antemano digo que me sumo a todas ellas. A todas las cosas que aquí se digan que la ley trae como buenas de antemano digo que me sumo, porque ha sido un trabajo de todos. Voy a insistir en aquello que me lleva a mantener una serie de enmiendas vivas que plantearé en lo que significan nuestras líneas rojas, que son cuatro. Una primera línea roja, que está representada por las enmiendas números 18 y 29, tiene que ver con el compromiso en la ley de no negociar contrapartidas políticas con los terroristas. Yo lo que pido a través de esas enmiendas es que se diga en la ley, y si como se me dice todos estamos de acuerdo, que se diga, que se ponga en la ley, porque han pasado cosas tremendas desde que trajimos aquí el texto inicial. Si estamos de acuerdo por qué no ponerlo, por qué no ponerlo para que los buenos lo tengan claro -todos los buenos, los ciudadanos de bien-, y sobre todo para que lo tengan claro los malos. ¿Por qué no ponerlo en la ley? No encuentro ningún argumento político para no hacerlo.

La segunda línea roja es que en la ley debe quedar claro que excluiremos a los testaferros de ETA de las instituciones, haciendo lo posible para que no entren y haciendo lo necesario para que si están dentro salgan. Se me dirá que ya está en la reforma de la Loreg, se me dirá que ya está en la Ley de Partidos, y yo les digo: está, pero están dentro. ¿A qué esperamos? ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer para sacarles? Por tanto, si estamos aprobando esta ley en este momento político, ¿por qué no decirlo también dentro de la ley? Si a ninguno de los que estamos aquí -confío en ello, lo sé- nos molesta que eso ocurra, que podamos echarles, que podamos impedir que entren, ¿por qué no decirlo en la ley, en el día de hoy cuando verdaderamente están dentro? No me digan que no hace falta decirlo; hay que hacerlo, y cuanto más se diga más fácil será hacerlo.

La tercera línea roja es la necesidad de que explicitemos también en esta ley que el final del terrorismo es un final con vencedores y vencidos, que se diga con claridad, que se vuelva a decir nítidamente; lo que abunda en esta cuestión no daña, no nos hace daño a ninguno de nosotros. ¿Por qué no lo decimos? ¿Por qué no lo escribimos en una ley que estamos aprobando ahora, en el mes de julio de 2011, habiendo ocurrido lo que ha ocurrido y estando produciéndose los acontecimientos que se están produciendo? Y me refiero -que quede claro- a lo que tiene que ver con Bildu y con ETA, que nadie quiera confundir mis palabras o hacer una extensión que no tiene ninguna intención de hacerse.

Por último, me parece muy importante que se exprese en la ley el compromiso de modificar las leyes necesarias, en este caso la Ley Orgánica General Penitenciaria, para impedir la aplicación de medidas excepcionales y flexibilización penitenciaria a los condenados por delitos de terrorismo.

Estas son sobre todo, señorías, señores del Gobierno, señores del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular, las cuestiones que yo quiero incluir y que defiendo en estas enmiendas. Probablemente no tengo ninguna posibilidad de convencerles, pero apelo a que me escuchen sin prejuicios y a que entiendan que realmente lo que estoy reivindicando es una cuestión política, autónoma, basada en mi propia experiencia y en mi propia responsabilidad. Si estamos de acuerdo en la reflexión -que creo que sí, por lo menos en una parte importantísima-, por qué no hacemos lo que tenemos que hacer, y por qué no hacemos que esta ley sea verdaderamente una ley integral de víctimas de terrorismo, porque nada más descorazonador ...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... que hacer como que no ha ocurrido nada. Sería una oportunidad perdida que creo que no tenemos el derecho de perder, como tampoco de no hacer lo que tenemos la obligación de hacer. No hagamos como que no ha pasado nada. Actuemos, hagámoslo en este contexto, y utilicemos este trámite y esta ley para ser absolutamente autoexigentes con nosotros.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No se trata de pensar mal de nadie ni de no tener confianza respecto de nadie, ni de quien está ni de quien puede estar. Seamos autocríticos


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y autoexigentes; yo, la primera. Cumplamos con nuestra responsabilidad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez

Señora Guinduláin.

La señora GUINDULÁIN GUERENDIÁIN: Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, quiero comenzar recordando que hoy, precisamente hoy, se cumplen diez años del asesinato de mi compañero de partido, José Javier Múgica, concejal en Leiza, a manos de la banda terrorista ETA. Fue asesinado por defender unos ideales y por respetar los ideales de los demás. Su asesinato tenía un objetivo muy claro para ETA, como también lo tuvieron otros asesinatos de cargos electos del Partido Popular y del Partido Socialista. En este caso era sembrar el miedo entre los habitantes vascoparlantes del norte de Navarra para atemorizar a la población, y de esta manera asegurarse que nadie se pudiera presentar a las elecciones, salvo quienes la propia banda terrorista consideraba que les representaba. Desde Unión del Pueblo Navarro haremos todo lo que esté en nuestra mano para que, tanto José Javier Múgica como Tomás Caballero, igualmente concejal de UPN asesinado en Pamplona, como el resto de víctimas de ETA permanezcan vivos en nuestra memoria.

Dicho esto, señorías, consideramos que la presente ley debe recoger la mención expresa de la banda terrorista porque, no nos engañemos, sin la existencia de esta banda -debemos recordar que ha provocado 950 muertos, 900 de ellos en democracia- hoy no estaríamos discutiendo esta ley. En segundo lugar, la ley debe recoger la imposibilidad de cualquier negociación con los terroristas que suponga pagar un precio o una contraprestación. Las víctimas deben reconfortarse con la idea de que a los terroristas se les busca, se les persigue, y son combatidos con los instrumentos de la ley y con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Solamente en estos términos esta ley puede ser un instrumento civilizador, de educación en valores, y de erradicación definitiva del uso de la violencia para imponer ideas políticas. En tercer lugar, la ley debe garantizar que toda organización o persona que apoye o financie, ampare, legitime o justifique el terrorismo quede fuera de las instituciones. Estamos asistiendo por desgracia al júbilo de la banda terrorista por los éxitos de Bildu, que se ha conseguido instalar en las instituciones sin que hasta la fecha hayan condenado su violencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Debe acabar, señora Guinduláin.

La señora GUINDULÁIN GUERENDIÁIN: Por último, consideramos que es necesario que esta ley de memoria, dignidad, justicia y verdad recoja con absoluta claridad la existencia de vencedores y vencidos. Estas precisiones en el texto permitirían sacar del debate político a las víctimas, que deben gozar como no puede ser de otra manera del apoyo y afecto de toda la sociedad, y de las que debemos aprender por el ejemplo que siempre han dado y siguen dando a la sociedad española.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Guinduláin.

Tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo muy brevemente para defender las enmiendas presentadas por la diputada Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, que por causas de fuerza mayor no puede estar aquí presente. Además el BNG las suscribe plenamente. Quiero hacer referencia expresa a la enmienda número 4, a la que concedemos especial relevancia. En ella se propone la adición al artículo 3 del siguiente párrafo: Será aplicable también esta ley a todas las víctimas de la violencia utilizada con fines o por impulso o motivación política. Es decir, será aplicable a todas las víctimas de ETA, Grapo, FRAP, GAL, Batallón Vasco Español, otras organizaciones violentas de cualquier índole ideológica, aparatos parapoliciales, guerra sucia y errores o daños originados por exceso de los aparatos del Estado, así como las víctimas que lo fueron durante el régimen franquista por su lucha a favor de la recuperación de las libertades, de forma coherente con lo previsto en la Ley de la Memoria Histórica.

Aprovecho ya para fijar la posición del BNG. Vamos a dar apoyo a este proyecto de ley. Por supuesto, entendemos que las víctimas del terrorismo necesitan el máximo reconocimiento y necesitan de protección integral, pero creemos que también es de justicia y que también es exigible que no solo se admita que hay terrorismo de distinto signo ideológico o de distinta motivación, sino que hay distintas formas de terrorismo. Existió el terrorismo de Estado durante algunas etapas de nuestra historia; existió el uso sistemático de la violencia política por parte de la dictadura franquista para reprimir a los que luchaban por las libertades y la democracia, y estas víctimas también requieren del máximo reconocimiento y de protección integral.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.

Señor Tardà tiene la palabra.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hace pocos días este diputado republicano, conjuntamente con los compañeros Gaspar Llamazares, Nuria Buenaventura, Joan Ridao y Francesc Canet, así como con todos ustedes, rindió homenaje en este Parlamento


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a las víctimas del terrorismo. Creemos que es una obligación del Estado reconocer y reparar a las víctimas de la violencia y nos congratulamos por ello, por eso firmamos la proposición de ley que dio lugar a esta ley, pero creemos que deben ser reconocidas y reparadas todas las víctimas. El día del homenaje, el presidente Bono dijo aquí: Nadie muere mientras no se le olvida, pero la indiferencia es tan dura como el olvido. Pues ustedes hoy tienen en sus manos hacer posible que centenares de ciudadanos víctimas de la violencia del Estado y de grupos fascistas durante los años de la transición no mueran para siempre, reclamando que también sean reconocidos.

Señorías del Partido Popular y señorías del Partido Socialista, ustedes han decidido hoy -salvo que hoy también rectifiquen- consagrar la existencia de dos clases de víctimas y ello es inadmisible y vergonzante. Agustín Rueda Sierra, Martí Marcó Barcella, Gustau Muñoz del Bustillo, Jordi Martínez de Foix, Vicente Antón Ferrero, José Luís Aristizábal, Miguel Arregui, Ignacio Arregui, María Asensio, Francisco Aznar, Juan Acaso, Tomás Alba Irazusta, José Alcazo, Salomé Alonso Varela, Manuel Álvarez Blanco, Francisco Javier Ansa, Joaquín Atismasvere, Liborio Arana, Miguel Arbelaiz, María Paz Armiño, Victoria Arranz, Juan Barandiarán, Alfonso Bárcena, Romualdo Barroso, Jorge Benayas, Ana Barrueta, Javier Benavides, María Bravo, Ángel Calvo, José Luís Cano, José Casabany, Jorge Caballero Sánchez, Vicente Cuervo, Miguel del Caño, Luís Cobo Mier, Gladis del Estal, Teófilo del Valle, Pancho Egea, José Escribano, Luis Elizondo, Jesús Etxeveste Toledo, José España, Emilio Fernández, Jesús Fernández Trujillo, Gustavo Frechen Solana, Manuel Fuentes Mesa, Pacífico Fica Zuloaga, José Fraguas Fernández, Ursino Gallego, José Manuel García, Sebastián García García, Andrés García Fernández, Severiano García, Ricardo García Pellejero, Juan Carlos García, Yolanda González Martín, Carlos González Martínez, Miquel Grau Gómez, Bartolomé García Lorenzo, Rafael Gómez Jáuregui, Valentín González Martínez, Antonio González Ramos, Domingo Gutiérrez Delgado, Serafín Holgado, Manuel Iglesias, Carlos Idígoras, Aniano Jiménez Santos, Emilio Larrea, Gregorio Marichalar Ayestarán, Emilio Martínez, Pedro Martínez Ocio, Valeriano Martínez, José Luís Montañés, Carmelo Montoya, Antonio Mariscal, Manuel Medina Ayala, Norma Menchaca, Martín Merquilanz, José Muñoz, Juan Mañas, Luís Montero, Juan Muñiz, Daniel Niebla, José Nuin, Elvira Parcero, Bienvenido Pereda, Arturo Pajuelo Rubio, Joan Peñalver Sandoval, Valentín Pérez, Juan Pozie, Ignacio Quijela, Amador Rey, Ángel Rodríguez, José Rodríguez, Arturo Ruiz García, Gabriel Rodrigo, Germán Rodríguez, Luis Santamarina, Isidro Suspeguerri Aldako, Felipe Sagarna Ormazabal, Javier Sahuquillo, Salvador Sampedro, Carlos Sandise Corta, Manuel Santacoloma Velasco, Vicente Vadillo, Javier Verdejo, Jesús Zabala, Jesús Zubigaray y muchos más ciudadanos y ciudadanas, todos han sido víctimas de la violencia política de los años de la transición; personas muertas en las calles de Barcelona, de Ferrol, de Vitoria, de Valencia, en tantas y tantas manifestaciones por los derechos y las libertades; muertos en las playas de Almería, muertos en Carabanchel, muertos en las laderas de Montejurra y en tantos lugares que presenciaron la inmolación de hombres y mujeres por nuestras libertades.

Señorías, las víctimas de aquellos años de la transición hoy serán olvidadas, como olvidadas sí, como olvidadas -¡Señor Zapatero, mire, por favor!- fueron otras. Este es el retrato del olvido: Salvador Puig Antich. (El señor Tardà i Coma muestra su fotografía). Hoy no se reconocen las víctimas del terrorismo de Estado, no se reconocen las víctimas de los grupos fascistas durante los años de transición, de igual manera que no han querido reconocer en la Ley de la Memoria otras víctimas de unos años -pocos, muy pocos- anteriores, como Salvador Puig Antich. Y esto es una vergüenza. ¿Se imaginan ustedes que pierdan las elecciones y vuelva la derecha? (Varios señores diputados: ¡Hala!-Grandes protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (Continúan las protestas.)

El señor TARDÀ I COMA: ¿Se imaginan ustedes? (Protestas.-La señora Durán Ramos pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Un momento, señor Tardà.

Señora diputada, el orador tiene el mismo derecho a pronunciarse con libertad que a ser contradicho, pero del modo que establece el Reglamento. Exactamente así. (La señora Durán Ramos pronuncia palabras que no se perciben.) Así es, señora diputada.

Adelante, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Decía: ¿Se imaginan ustedes que pierdan dos elecciones y que el Partido Popular, la derecha, gobierne ocho años? ¿Se lo imaginan? (Rumores.-Un señor diputado: Eso va a pasar.) Es decir, vamos a plantearnos... (Continúan los rumores.-Un señor diputado: ¡Qué cara tiene!)

El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: ¿Vamos a plantearnos la injusticia del olvido en el año 2020? ¿Puede ser esto posible? ¿Es o no es el mismo dolor de las madres y de la misma sociedad? ¿Una persona, un joven, un ciudadano español muerto ejerciendo sus funciones de guardia civil en una acción terrorista es un dolor distinto -no digo solo de las madres o de las familias, sino de la misma sociedad- que el dolor de un joven muerto en las playas de Almería también a manos de un guardia civil? ¿No es el mismo dolor? ¿Cómo puede ser posible eso hoy aquí, cuando afirmamos que por mucho que


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hagan los Estados, por mucho que hagan las democracias en favor de la reparación de las víctimas siempre será poco? Por esto, nosotros estamos al lado de todas las víctimas, de todas las víctimas. Y no comprendemos, presidente Zapatero, no comprendemos que hoy ustedes aquí no sean capaces en el año 2011, en el núcleo del mundo democrático, donde la democracia es no solamente un valor de civilización sino incluso una delicatessen, de entenderlo. ¿Cómo es posible que seamos capaces de consagrar dos tipos de víctimas? En nombre de la fraternidad y el fortalecimiento de los valores democráticos les pedimos, por favor, compañeros de la izquierda, que rectifiquen.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Tiene la palabra don Emilio Olabarría.

EL señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, afrontamos un debate manifiestamente pervertido, un debate prostituido en relación con las víctimas del terrorismo. Este no es el debate troncal, este no es el debate originario, el que se ha afrontado, sino que se ha pervertido por intervenciones anteriores. El debate dimana de una proposición de ley suscrita por todos los grupos parlamentarios, algo inédito: recabar y concitar el consenso de todos los grupos parlamentarios en esta Cámara sobre la problemática de las víctimas y su amplia y compleja dimensión era algo que yo creo que a las víctimas les reconcilió con esta institución parlamentaria y también con la política. Lo que estamos oyendo hoy no tiene nada que ver con el debate originario y con la proposición de ley pactada entre todos los grupos; no solo no tiene nada que ver sino que constituye una verdadera prostitución de lo que se consensuó originariamente. Se han incorporado elementos colaterales al debate, como la presencia o no de Bildu en las instituciones. ¿Qué tiene que ver esto con el debate sobre la proposición de ley suscrita por todos los grupos parlamentarios originariamente? Qué tiene esto que ver en tanto en cuanto nosotros no tenemos legitimidad ni legitimación para refutar las decisiones del Tribunal Constitucional y Bildu es una organización política legal que ha obtenido los votos que los ciudadanos han querido voluntariamente emitirle. Tiene la legitimidad que dimana de esos votos. Pero hablar más de terrorismo que de víctimas, hablar más de cuestiones o de glosas de determinados atentados que de los problemas de la victimología en su acepción más amplia... Se podría utilizar una reflexión en relación con esta posición reduccionista, es una simplificación del problema o, una más concreta, es una prostitución del consenso obtenido entre todos los grupos parlamentarios. En mi opinión y en la de mi grupo parlamentario estamos prostituyendo el valor esencial de este debate, que es el contenido del consenso, consenso que no solo fue configurado entre los grupos parlamentarios sino que fue configurado entre los grupos parlamentarios con las asociaciones de víctimas y, por lo tanto, era un consenso pleno y además inédito desde la perspectiva de la atención a las víctimas.

Yo no voy a partir de posiciones maniqueas ni voy a hablar de dos tipos de víctimas -aunque, de facto, del proyecto de ley podríamos interpretar que algo de esto puede estar ocurriendo-, yo voy a hablar de víctimas y las víctimas son siempre víctimas. Hay una definición, hay convenciones sobre la identificación de la condición de víctima, que no solo dimana de la actuación de organizaciones terroristas o bandas armadas, sino que puede obtenerla con toda legitimidad y reclamar los derechos correspondientes de reparación, justicia, memoria, dignidad y no olvido una víctima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en una época predemocrática del Estado español que fue objeto de actuaciones ilícitas o ilegítimas de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del periodo de tiempo comprendido entre los años 1968 y 1977, es una enmienda presentada por mi grupo parlamentario y que ustedes no han querido entender. De ahí vienen las expresiones desgarradas del señor Tardà en relación a que hay otras víctimas que no son objeto de atención o de ubicación en el seno de esta importante proposición de ley. Pero ya incorporar los problemas atinentes a Bildu, exigir la remoción de Bildu, que es una organización tan legal como todas las que estamos aquí representadas, de las instituciones donde está legítimamente representada porque los ciudadanos han votado legítimamente también, por su propia voluntad, a una organización legal, es una máxima, una extrema prostitución del contenido de los consensos políticos en los que se sustentó esta importante proposición de ley, que resultó ilusionante, sugestiva, no solo para los grupos parlamentarios aquí representados, sino para las asociaciones de víctimas o para la mayoría de ellas, para aquellas asociaciones de víctimas cuya función no es erosionar a determinado partido político, sino defender legítimamente los derechos de las víctimas, no suficientemente protegidos por un ordenamiento jurídico desordenado, estructurado en forma de accesión y que no reparaba de forma suficiente, mediante lo que se pueden calificar silencios ominosos, silencios vergonzosos, la problemática de las víctimas, que ha sido ignorada por el legislador, ha sido ignorada por los poderes públicos y ha sido ignorada históricamente por los partidos políticos.

Desde esta perspectiva nos encontramos con un dilema moral de difícil solución en estos momentos.

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Nos encontramos con un dilema moral. Señor presidente, usted que tiene conocimientos profundos de Derecho Civil, cuando se desestabiliza la base del negocio, cuando se priva a una iniciativa parlamentaria de su contenido legitimador esencial, cual es el consenso, ¿qué procede hacer? Tenemos dudas importantes sobre qué procede hacer.


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Tiene razón parcial el señor Tardà. De 1968 a 1977 no hay reconocimiento de los derechos que corresponden a ciertas víctimas y de 1960 en adelante el reconocimiento a las víctimas está muy vinculado a las víctimas de determinada organización, y también hay víctimas de otras organizaciones cuyos derechos no son protegidos. Y tienen razón otras organizaciones políticas u otros partidos políticos cuando dicen que el elemento de reparación, de recuperación de la memoria, de dignificación, puede ser mejorable. Pero nos encontramos en una especie de flashback perverso, señor presidente, que nos coloca ante este dilema moral en virtud del cual yo no me atrevo a pronunciarme ahora mismo sobre cuál va a ser el sentido de nuestro voto. Esta no es la proposición de ley que se debatió en Comisión, esta no es la proposición de ley que firmaron Josu Erkoreka, el señor Ridao, el señor Alonso y el portavoz del Partido Popular, los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Este debate es otra cosa, y cuando el debate se convierte en otra cosa uno no puede recuperar la literalidad del texto normativo, y cuando no se puede recuperar la literalidad del texto normativo porque ha sido prostituido y convertido en otra cosa, a los que somos apologetas del consenso, sobre un problema que solo ha servido para obtener de forma bastarda réditos parlamentarios y políticos, se nos plantea el dilema moral que le estoy comentando.

Y, señor presidente, nosotros no sabemos cómo salir. Espero que otros portavoces que van a intervenir a continuación nos ilustren de forma suficiente para poder resolver este complejo dilema, pero incorporar a Bildu a esta proposición de ley es una prostitución. Establecer desde una perspectiva maniquea la existencia de distintos tipos de víctimas es otra posición maniquea que prostituye los consensos troncales y originarios. En estas condiciones no estamos en situación de adoptar una posición razonablemente equilibrada y consensuada porque hemos fallado a las víctimas en primer lugar y hemos incumplido nuestros propios compromisos, nuestros propios actos. Con este debate estamos contradiciendo nuestros propios actos. Esto sucede muy pocas veces en sede parlamentaria y cuando sucede no hay ninguna solución de naturaleza reglamentaria que pueda resolver este problema, las soluciones son de naturaleza política. Acto fallido en el sentido freudiano de la palabra. Acto fallido, señor presidente. ¡Qué lastima!

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Doña Montserrat Surroca tiene la palabra.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.

Llegamos hoy al trámite final en esta Cámara de una proposición de ley que, más allá de su contenido concreto, al que luego me referiré, tiene como uno de sus objetivos fundamentales que la sociedad española, a través de sus legítimos representantes en esta Cámara y en el Senado, rindamos homenaje a las víctimas del terrorismo y expresemos nuestro compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido o lo puedan sufrir en el futuro. Es un apoyo integral inspirado por los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad. Es evidente que todas las víctimas de todos los delitos merecen reparación y protección, pero uno de los delitos en los que se aprecia una mayor cosificación de las personas es sin duda el terrorismo, que actúa en las sociedades democráticas causando víctimas con la finalidad de destruir al Estado y sus instituciones. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Por ello, y entendiendo tal y como se dice en el preámbulo que la dignidad de la sociedad se mide también por la dignidad con la que se ampara y protege a quienes han sido víctimas de las acciones del terrorismo, hemos querido con esta ley expresar un reconocimiento social de las víctimas, al tiempo que una reparación integral y una deslegitimación ética, social y política del terrorismo. No es admisible desde ningún punto de vista el uso de violencia para imponer ideas políticas. Esta, señorías, no es una ley del Gobierno o de un grupo parlamentario, el autor es la sociedad. Simbólicamente, todos los grupos parlamentarios quisimos sumar nuestros votos para tomar en consideración esta iniciativa porque en esta ley el único protagonismo debe ser el de las víctimas. Una ley que nació ya muy consensuada con las asociaciones de víctimas, a quienes hemos de agradecer su predisposición al diálogo con los grupos parlamentarios, y que pivota alrededor de un nuevo concepto, que las víctimas del terrorismo son efectivamente víctimas de violaciones de derechos humanos.

La ley establece un sistema de ayudas y prestaciones y refuerza el estatus de las asociaciones, fundaciones y movimientos cívicos, reconociéndolos como interlocutores legítimos; unifica todas las prestaciones y ayudas económicas directas, superando la dispersión normativa actual; se establece un nuevo concepto baremo de indemnizaciones; se consagra el principio de mínima lesividad en el desarrollo del proceso penal; se protege a los españoles que sufren atentados terroristas fuera de España y se incorpora la nueva figura de los amenazados. Estas serían algunas de las incorporaciones del texto legal que, sin duda, ha ido mejorando a lo largo del trámite legislativo con las aportaciones de los grupos. Convergència i Unió ha favorecido todo aquello que pudiera suponer una mejora y además muchas de nuestras enmiendas se han incorporado al texto literal o transaccionadamente: las que recogen un reparto competencial adecuado en un Estado compuesto como el nuestro, la actualización de las indemnizaciones, la prohibición de exhibición pública en lo que pueda suponer enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, que la ayuda psicológica se extienda a los familiares, la obligatoriedad de que anualmente el Ministerio del Interior elabore y remita a la Cámara un informe sobre la situación de las víctimas o que el Gobierno se comprometa a apoyar e impulsar la aprobación de la Carta europea de los derechos de las


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víctimas del terrorismo serían algunas de ellas. Otras enmiendas no se han admitido y las vamos a someter a votación. La 103, que intenta mejorar la asistencia jurídica a las víctimas, de manera que todas tengan derecho a asistencia jurídica gratuita; la 105, que alude a que la normativa sobre condecoraciones y recompensas se adecue a la Constitución, así como la 86 y la 116, a las que seguidamente me voy a referir y con las que concluiré mi intervención. También aclaro ya que retiramos la enmienda número 99, que hemos transaccionado.

Señorías, desde CiU hemos acabado esta tramitación con una sensación agridulce, la dulce es la constatación del acuerdo que ha habido con respecto a esta ley por parte de los grupos mayoritarios; han presentado las enmiendas conjuntamente y han llevado la ponencia de una manera que podíamos llamar colegiada. La sensación agria o amarga es no haber podido introducir lo que defendíamos en las enmiendas 86 y 116, unas enmiendas que quieren ser expresión del reconocimiento y la solidaridad con las víctimas de acontecimientos ocurridos en la transición democrática, Ferrol y Granada, año 1972 o Vitoria y Montejurra, año 1976, donde quedó patente que la lucha por las libertades y la democracia no fue incruenta, hubo quien murió y hubo quien sufrió padecimientos físicos y/o psíquicos importantes. Nos parece también imperativo ofrecer a esas víctimas el tributo que merece su sacrificio. En nuestras enmiendas no proponemos un reconocimiento automático, proponemos tan solo que en el plazo de seis meses se elabore un estudio para determinar el número de personas afectadas entre 1968 y 1977 y, en función del número de afectados y siempre que no hubieran ejercicio violencia contra la vida e integridad de otras personas, que se les pudiera reconocer también como destinatarios de esta ley. No nos parece una petición excesiva, y por ello, a pesar de la negativa que seguimos recibiendo, continuaremos defendiendo la obligación de ser generosos con las personas que acaban quedando fuera de todas las leyes de reconocimiento y que durante una época crucial lucharon por los derechos que hoy vivimos como si no hubiera costado nada conseguirlos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Surroca.

Para fijar la posición del Grupo Popular tiene la palabra el señor Alonso Aranegui.

El señor ALONSO ARANEGUI: Gracias, señora presidenta. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señorías, no hay apenas ningún día en el calendario en que no se conmemore el aniversario de algún atentado terrorista, de algún asesinato. Hoy recordaba la diputada de Unión del Pueblo Navarro que se cumplen diez años desde que fue asesinado José Javier Múgica, concejal de Leitza, pero hoy, que es 14 de julio, se conmemora el asesinato de hasta 18 víctimas del terrorismo: 17 de ellas fueron asesinadas por ETA y una fue asesinada -un policía nacional- por el FRAP. Hoy hace veinticinco años ETA puso una bomba en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Como consecuencia de aquella acción, fueron asesinados 12 guardias civiles y otras 56 personas resultaron heridas. Por cierto, dos de los asesinos continúan en paradero desconocido, inexplicablemente huidos de la justicia; huidos -no lo olvidemos- porque se les dejó huir. Ese fue el brutal atentado que también se conmemora hoy. Y también se conmemoran otros asesinatos, porque el mismo día, señor Olabarría, en que asesinaron a José Javier Múgica, asesinaron también al jefe de la Ertzaintza, Mikel Uribe, ese mismo día, y hoy también se cumplen diez años de ese asesinato. Eso es de lo que estamos hablando hoy aquí. Estamos hablando de eso, de esas víctimas, y es a ellas y por ellas por lo que se espera de nosotros un esfuerzo de consenso y un esfuerzo de unidad en el que venimos trabajando durante meses, que ha representado un esfuerzo notable de aproximación de posturas entre los grupos mayoritarios de la Cámara y con el resto de fuerzas políticas, y también con las asociaciones y organizaciones de víctimas. Eso es lo que nosotros deberíamos preservar hoy, el mensaje que como representantes legítimos de la sociedad española deberíamos hacer en reconocimiento y en homenaje a las víctimas del terrorismo. Porque las víctimas del terrorismo constituyen un fundamento ético de la democracia española y son la fortaleza moral del Estado de derecho en su lucha contra el terror.

La memoria de cada una de las víctimas es la ignominia para los asesinos. Rescatar su ejemplo y su palabra es la premisa ineludible para defender la libertad y la convivencia en paz. Hubo en España un tiempo de olvido y de incomprensión de las víctimas, y de funerales a los que no acudían los representantes políticos. Hubo un tiempo sin reconocimiento y sin visibilidad para las víctimas, y fueron ellas las que decidieron luchar, más allá del dolor y de la ausencia que sentían; las que asumieron la responsabilidad pública de promover los valores de la memoria, la justicia, la dignidad y la verdad. Desde entonces se ha escuchado su voz, cada día con más fuerza y cada día también con mayor eficacia, porque fue precisamente en el momento en que se empezó a escuchar a las víctimas del terrorismo y a comprender el profundo significado moral y político de su mensaje cuando la sociedad española comenzó de verdad el camino de la derrota del terrorismo, el de la victoria de la libertad y del derecho con vencedores y vencidos. (Aplausos.) Cada vez que hemos escuchado y hemos atendido a las víctimas hemos dado un paso adelante hacia la paz con libertad que buscamos, y la experiencia ha acreditado por desgracia que cuando no les hemos hecho caso se ha producido un retroceso. Hoy damos un paso adelante con la aprobación de esta ley. Esta es sin duda una buena ley, completa, integral, que por primera vez va a dar respuesta a víctimas que hasta ahora no habían podido recibir una reparación efectiva por parte del Estado. Todo ello es muy importante, pero


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para las víctimas solo la derrota definitiva y sin contrapartidas del terrorismo puede llegar a ser su única posible compensación. Así lo dice la ley. El Estado reitera su compromiso de perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo. Así se pone. Más claro es difícil ponerlo y no cabe ninguna interpretación de lo que ello quiere decir. Por eso, esta ley que vamos a votar hoy emplaza a los poderes públicos a impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y a velar para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas. Es otra mención sobre la que caben pocas interpretaciones. Esta ley que vamos a votar hoy recuerda también que el desenlace en la lucha contra el terror no puede servir nunca, ni directa ni indirectamente, como justificación de la acción terrorista. Esta ley apuesta por un papel activo del Estado en la preservación de la memoria, en el establecimiento y la difusión de un relato fiel en el que hay víctimas y hay asesinos.

Señor presidente, quiero hablar del valor del consenso, del que se ha hablado aquí que algunos dan por roto esta mañana. En el año 1999 se produjo un hito muy importante, que es precedente de la ley que hoy estamos debatiendo. Entonces se aprobó la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, y se hizo por unanimidad de todos los grupos políticos, desde el diálogo, el consenso y el respeto recíproco, como decía la exposición de motivos de la ley. Así también nació esta proposición, desde la unanimidad de todos los grupos que la firmamos. Por tanto, todos somos autores de esta iniciativa y todos somos, en consecuencia, responsables de su éxito. Hoy nuestra responsabilidad y el interés general nos exigen a todos un esfuerzo por la unidad en torno a las víctimas, la misma que fue posible en 1999, que no era ni mucho menos un tiempo fácil ni de general acuerdo político. Hoy como entonces lo que importa es ser capaces de brindar a las víctimas un reconocimiento desde el consenso.

Termino ya, señor presidente. Decía que, cuando se atiende el mensaje de las víctimas, se avanza en el camino de la libertad; que, cuando se desoye, se retrocede. Así ha ocurrido, y no podemos pasarlo por alto. Esta ley advierte también con claridad que la representación política es incompatible con el apoyo o la justificación del terrorismo. Pero hoy en Euskadi y en Navarra es verdad que los testaferros de ETA ocupan un espacio institucional y de poder sin precedentes. Ayer, la propia banda criminal publicaba una prueba de cargo que viene a zaherir a las víctimas y a todos los que nos consideramos demócratas. No puede ser, y se ha de actuar. Si estamos convencidos de que esta ley que vamos a aprobar es un paso adelante, se ha de actuar, porque ese es el compromiso que esta ley nos exige y esa es la única reparación efectiva que es posible para las víctimas. Yo, en nombre de mi grupo, hago ese llamamiento al Gobierno, que garanticen la aplicación de la ley. Y asumo el compromiso, ahora y para el futuro, de hacer todo lo posible con todas las herramientas del Estado de derecho para asegurar la dignidad y la limpieza democrática de las instituciones vascas. Finalmente, quiero dar las gracias por el trabajo que hemos hecho estos meses, que espero que culmine de verdad con un mayor esfuerzo de unidad y de consenso por las víctimas que el que se ha manifestado en los discursos en esta tribuna, pero dando las gracias a los portavoces de los grupos y, sobre todo, a las asociaciones de víctimas, que han trabajado duro y que han hecho que esta ley no solo sea una ley para las víctimas, sino verdaderamente la ley de las víctimas del terrorismo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.

Tiene la palabra don Antonio Hernando.

El señor HERNANDO VERA: Señor presidente, señorías, hoy todavía puede ser un gran día, a pesar de las cosas que hemos escuchado en esta tribuna. Pensaba, según estaba escuchando a algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra, que estaba siendo tremendo que desvirtuásemos de esta manera un debate que es muy importante para mucha gente. Mucha gente está mirándonos hoy, muchas víctimas están mirándonos hoy, y estoy absolutamente convencido de que alguna de las cosas que se han dicho aquí no están a la altura de lo que las víctimas y los ciudadanos esperan de nosotros.

Los verdaderos protagonistas de esta ley, los auténticos protagonistas de esta ley, son las víctimas del terrorismo; las víctimas del terrorismo, no otras víctimas a las que también hemos defendido, que también son nuestras víctimas, pero no es el objeto de esta ley. No podemos desvirtuar la ley. Yo quiero agradecer fundamentalmente a esas víctimas, a las víctimas del terrorismo, a sus asociaciones, la paciencia y la dedicación que han tenido durante todo este tiempo para que esta ley hoy esté más cerca de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Porque no nos olvidemos, los grupos parlamentarios hemos partido de un texto en el que previamente habían trabajado mucho la Dirección General de Víctimas, el Ministerio del Interior y las propias víctimas, y luego hemos seguido trabajando, el señor Alonso, la señora Pigem, que hoy no está aquí, o el señor Olabarría, con ese espíritu de consenso, y el consenso requiere pequeños sacrificios en aras de un interés superior, que es el interés de todos y no el interés individual de algún grupo. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos llegado a un buen texto, un texto que da importancia a las víctimas por su relevancia moral y social, que es la que tienen; un texto que quiere ser un homenaje a las víctimas.

La primera Ley de Víctimas fue de 1999 -como se ha dicho-, era una buena ley, una ley que también se hizo con consenso; pero había que actualizarla, había que traer a esta ley la jurisprudencia, la experiencia que desgraciadamente tenemos, y habían pasado doce años. Hoy tenemos una ley de sesenta y tres artículos, una ley


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integral, y es integral porque mira a todos aquellos aspectos que pueden afectar a una persona, una vez que es convertida en víctima del terrorismo; es integral porque mira al futuro, pero también proyecta una sombra sobre el pasado; es integral porque atiende a las víctimas de dentro y también a las que se producen fuera; es integral porque atiende a las víctimas de todo tipo o género de terrorismo, de todo grupo, banda o movimiento terrorista. En su trámite en ponencia se han aceptado indirecta o directamente ochenta y cuatro enmiendas y diez transaccionales por unanimidad. Este es el espíritu con el que hemos hecho esta ley: la unanimidad; por cierto, unanimidad que prácticamente hemos obtenido en esta ley y también en la ley anterior. Quiero felicitar al Ministerio del Interior por esa unanimidad que se va a obtener en estas dos leyes que le afectan.

Este es el trabajo que hemos hecho, y nuestro trabajo lo hemos hecho porque consideramos que era necesaria la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas, porque creíamos que era necesario hacer justicia a las víctimas y lo seguiremos creyendo. Es una ley que es consecuente con una política, que es la política de que el terrorismo no puede ser impune. Por eso seguimos desmantelando zulos, por eso seguimos deteniendo a colaboradores de los terroristas, porque desde hace mucho tiempo, señorías, los demócratas sabemos que la impunidad y la democracia son absolutamente incompatibles. Si el terrorismo y el fanatismo ya saben que han perdido su batalla, hoy se lo vamos a decir una vez más. Después de treinta y tres años de Constitución y de democracia, este Estado y la ciudadanía se pueden sentir orgullosos de que los terroristas no hayan conseguido absolutamente ninguno de sus objetivos. El Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la sociedad y una sólida democracia han resistido al embate de los terroristas día tras día.

Hoy más que nunca demostramos que podemos y debemos estar unidos. Señorías, debemos estar unidos en este tema, porque unidos somos más fuertes y porque unidos también el Estado de derecho es más firme. Con esta ley estamos asestando un nuevo golpe a los terroristas. Son las víctimas, y no los perpretadores del terror, los sujetos de nuestra preocupación, de nuestro debate, de nuestro interés y de la memoria que estamos teniendo. Pero nos pedían un paso más, y también lo hemos dado con esta ley; nos pedían otra dimensión de hacer justicia, y esa otra dimensión de hacer justicia era muy importante para las víctimas -se acordarán cuando estuvieron aquí en el Congreso de los Diputados y nos lo dijeron-, que es la reconstrucción de la memoria. Los terroristas deben saber que la democracia española hará justicia a la verdad y a la memoria de las víctimas. Con esta ley contribuimos a luchar contra toda pretensión de banalización de la muerte y del terrorismo. Es precisamente la memoria de las víctimas y su presencia en el espacio público la mejor medida para acabar con toda pretensión de los terroristas. No lo olvidemos, las víctimas tienen un significado letal para los terroristas. Ellas representan la sociedad que los terroristas no aceptan y a la que renunciaron a convencer por vías pacíficas y democráticas y que tampoco pueden vencer a través de la violencia y el terror. Ellas, las víctimas, y su misma existencia, hacen que los objetivos perseguidos por los terroristas se vuelvan un imposible. Mientras la memoria de las víctimas perdure, su relato, y no el de los terroristas, se impondrá. La auctoritas de las víctimas resulta irreemplazable, ella representa el fracaso ideológico y político de los terroristas y esa auctoritas es la que contribuye con mayor eficacia a deslegitimar el terrorismo. El discurso legitimador del terrorismo es devastador, doblemente devastador: devastador para las víctimas, pero también para la democracia. Y no lo podemos permitir, no lo estamos permitiendo porque no son conciliables; al contrario, toda pretensión de legitimar al terrorismo supone un ataque directo a la dignidad de la democracia y a las víctimas del terror.

Contra la apatía, contra el hartazgo, contra los perjuicios, la manipulación, las narrativas interesadas a base de comunicados, es fundamental que las víctimas estén presentes y participen de la narrativa del drama vivido, que es el mejor testimonio de lo que no debe volver a ocurrir en este país. El testimonio de las víctimas contribuye a deslegitimar la violencia, evita el paternalismo y la apropiación de las víctimas. Y ejemplos sobrados tenemos de intentos de apropiación de las víctimas. Durante años muchas víctimas sufrieron el vacío y la indiferencia. La movilización de la sociedad sacó a las víctimas de su ostracismo. Las víctimas del terrorismo requieren una atención individualizada, no todas las víctimas son iguales, y esta ley les proporciona esa atención individualizada.

Señorías, la lucha contra el terrorismo y la defensa y la promoción de la democracia en un Estado de derecho pasan por la aprobación de leyes como esta, que es la máxima expresión de la exigencia democrática de una sociedad libre y madura. Con esa vocación pactamos esta ley. En su momento, acertamos. Votemos hoy por unanimidad esta ley y sigamos acertando.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.

Tiene la palabra el señor ministro del Interior. (Rumores.) Silencio, por favor.

Un momento, señor ministro. (Pausa.) Adelante.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Camacho Vizcaíno): Gracias, señor presidente.

Señorías, es para mí una satisfacción que una de mis primeras intervenciones en esta Cámara (Rumores.) tenga relación con un asunto que creo que es esencial para el mantenimiento de nuestra salud democrática y es una cuestión en la que, afortunadamente, todos los ciudadanos de este país coinciden.

La oportunidad de la norma yo creo que es indiscutible si se enmarca dentro de una lucha de la democracia constante, reiterada, coherente contra los terroristas y, al


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mismo tiempo, una política de respeto y de valoración, de no utilización de las víctimas del terrorismo. Dos ideas importantes. Esta ley no es una ley del Gobierno, eso está claro. El Gobierno la ha impulsado y la ha apoyado. Es una ley de todos los grupos parlamentarios, y eso es especialmente importante cuando hablamos de víctimas del terrorismo. Porque, en definitiva, ese consenso que se ha logrado, ese acuerdo de todos los grupos parlamentarios no deja de ser un homenaje a las víctimas del terrorismo, no deja de ser un homenaje a las miles de familias que sufren como consecuencia del terrorismo. Por lo tanto, deseo agradecer a sus señorías el rigor, el buen trabajo y la consideración que han tenido a la hora de llegar a un consenso en esta materia. También se ha tenido en cuenta, y es importante en esta ley, a los destinatarios de la norma, que han intervenido en la elaboración del proyecto y que han intervenido también a lo largo de su tramitación. Obviamente, se ha puesto de manifiesto en el debate que al ser una norma absolutamente consensuada no se han podido recoger todas las opiniones, pero sí el sentir mayoritario de las personas que en definitiva son destinatarios de la norma.

Era importante -y creo que sus señorías coincidirán conmigo- que todas las víctimas del terrorismo de alguna manera se sintieran amparadas en esta norma. De ahí que extienda sus efectos desde 1960 en la medida en que históricamente había habido algún problema que había llevado al no reconocimiento o al no reconocimiento total de determinadas víctimas. Señorías, es importante también -y creo que coincidiremos en ello- el aspecto integral de la ley. Es obvio y todos también coincidimos en que ninguna cantidad económica, sea cual sea su cuantía, puede llegar a cubrir la pérdida de una vida humana, pero esto no empece para que podamos dedicar todos los esfuerzos que son posibles en todos los ámbitos a efectos de garantizar el adecuado tratamiento de las víctimas del terrorismo en todos los aspectos: sanitario, social, psicosocial, etcétera.

Quisiera terminar -para no agotar más la agenda de este Pleno- con una especial referencia a la exposición de motivos. A veces nos olvidamos de la exposición de motivos, y creo que en la exposición de motivos de esta ley se recoge y se condensa el sentir de nuestra sociedad respecto a las víctimas del terrorismo, y en especial creo que entenderán mi referencia a las víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En las víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado concurre desgraciadamente una doble condición, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son aquellos que están en la primera línea de la lucha del Estado contra el terrorismo y además numéricamente son el mayor número de víctimas. De ahí que esta norma sea también una muestra de respeto y de solidaridad de la Cámara a las víctimas, y además que nos permita transmitir que todos sin excepción tenemos la firme convicción de seguir luchando hasta que esta pesada losa que recae sobre los ciudadanos desaparezca.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

EN SU CASO, RECHAZO DEL SENADO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PERÍODO 2012-2014, Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL ESTADO PARA 2012. (Número de expediente 430/000005.)

El señor PRESIDENTE: Punto XI del orden del día. Debate relativo al rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria. Han comunicado los distintos portavoces a la Presidencia el deseo de que se pase directamente a la votación de este punto. ¿Es así? (Asentimiento.)

Dentro de tres minutos iniciamos las votaciones. (Pausa.)

Señorías, les comunico que al acabar la sesión plenaria los portavoces están convocados a la Junta de Portavoces y los miembros de la Diputación Permanente a la sesión que también se celebrará en la sala Constitucional. Respecto de las votaciones, les ruego que sean diligentes porque hemos reducido el número de segundos, que transcurren, de quince, a diez segundos.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)

- REAL DECRETO-LEY 8/2011, DE 1 DE JULIO, DE MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. (Número de expediente 130/000045.)

El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

Comienza la votación. (Pausa.)


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 178; abstenciones, 162.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.

¿Algún grupo desea su tramitación como proyecto de ley? (Pausa.) Varios grupos piden su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 160; en contra, 180.

El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia denegada.

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/000082.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Enmienda al artículo 13.1.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 21; en contra, 314; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda al artículo 13.2.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 21; en contra, 317; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 341.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

VOTACIÓN DE CONJUNTO.

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 341.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos.)

- PROYECTO DE LEY DEL REGISTRO CIVIL. (Número de expediente 121/000090.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley del Registro Civil.

Enmienda a la disposición adicional octava (nueva).

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 191; en contra, 149; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final quinta bis (nueva).

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 159; en contra, 176; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 340; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY DE DINERO ELECTRÓNICO. (Número de expediente 121/000105.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de dinero electrónico.

Enmienda al párrafo segundo del apartado II del preámbulo.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 341.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Enmiendas a la disposición final segunda, por las que se añaden dos nuevos apartados que modifican los artículos 22 y 23 de la Ley del Mercado de Valores.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 184; en contra, 156; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa.)


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 192; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. (Número de expediente 121/000114.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.

Enmiendas al final de los párrafos segundo, cuarto y quinto del apartado I del preámbulo, al artículo 7, al artículo 14.4 (nuevo), al artículo 16, al artículo 21, al artículo 30, a la disposición adicional decimocuarta (nueva) y al apartado 4 del anexo IV.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 338; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo 13, al artículo 14.2, al artículo 29 bis (nuevo), al artículo 31.3, al artículo 31.5 f), g), h), i) y k), al artículo 31.6, al artículo 45, a la disposición adicional decimoquinta (nueva), al apartado 24 del anexo IV, al anexo IX y al anexo X.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 185; en contra, 148; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 14.1 en la redacción consecuencia de la aprobación de la enmienda 81 del Grupo Parlamentario de CiU en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 336; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 14.1 en la redacción consecuencia de la aprobación de la enmienda 227 del Grupo Socialista en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, dos; en contra, 334; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda al artículo 31.5 c) en la redacción consecuencia de la aprobación de la enmienda 89 del Grupo CiU en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; en contra, 187; abstenciones, 154.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda al artículo 31.5 c) en la redacción consecuencia de la aprobación de la enmienda 233 del Grupo Socialista del Senado.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 187; en contra, 147; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional tercera en la redacción consecuencia de la aprobación de la enmienda 16 del Grupo Mixto del Senado.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 334; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional tercera en la redacción consecuencia de la aprobación de la enmienda 238 del Grupo Socialista en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; en contra, 334; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 188; en contra, dos; abstenciones, 151.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 31 BIS Y 59 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número de expediente 122/000232.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica de modificación de los artículo 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Votación en bloque de las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa.)


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 339; en contra, uno; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

VOTACIÓN DE CONJUNTO.

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 340; en contra, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. (Número de expediente 121/000107.)

El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

En primer lugar, del Grupo Mixto, señora Díez, todas sus enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, dos; en contra, 177; abstenciones, 162.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Esquerra Republicana, todas sus enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 12; en contra, 320; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Catalán de Convergència i Unió, todas sus enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 17; en contra, 171; abstenciones, 153.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Todas las del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 148; en contra, 184; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del dictamen que estamos examinando.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 340.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

VOTACIÓN DE CONJUNTO.

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto por tener carácter orgánico.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 339; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

- PROPOSICIÓN DE LEY DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 122/000239.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

Votamos en bloque las enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Barkos.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 15; en contra, 315; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Mixto, todas las de la señora Díez.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, cuatro; en contra, 333; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Mixto, todas las del señor Salvador Armendáriz.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, tres; en contra, 328; abstenciones, 10.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, todas sus enmiendas en bloque.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 12; en contra, 321; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Vasco, PNV, todas sus enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 12; en contra, 321; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Catalán de Convergència i Unió, enmiendas 86, 103, 105 y 116.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 14; en contra, 318; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 339; en contra, uno; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

EN SU CASO, RECHAZO DEL SENADO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (VOTACIÓN.)

- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PERIODO 2012-2014, Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL ESTADO PARA 2012. (Número de expediente 430/000005.)

El señor PRESIDENTE: Votación del acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2012-2014 y el límite de gasto no financiero del Estado para el año 2012. Debe entenderse que el voto afirmativo supone la aprobación del acuerdo del Consejo de Ministros y el voto negativo, su rechazo.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 168; en contra, 154; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el techo de gasto presupuestario. (Aplausos.)

Se levanta la sesión.

Eran las tres y diez minutos de la tarde.

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