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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 260, de 12/07/2011
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2011 IX Legislatura Núm. 260
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 247
(Sesión extraordinaria)
celebrada el martes,
12 de julio de 2011


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- De los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), sobre la creación del Consejo General de Economistas (unificación de las organizaciones colegiales de economistas y de titulares mercantiles). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 321-1, de 27 de junio de 2011. (Número de expediente 122/000286.) ... (Página6)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el régimen de incompatibilidades de los expresidentes del Gobierno, del Congreso de los Diputados y del Senado. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 298-1, de 4 de febrero de 2011. (Número de expediente 122/000269.) ... (Página10)


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Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 589, de 17 de junio de 2011. (Número de expediente 162/000879.) ... (Página17)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre rectificación del Diccionario Biográfico Español publicado por la Real Academia de la Historia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 589, de 17 de junio de 2011. (Número de expediente 162/000884.) ... (Página17)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la supresión del canon digital. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 563, de 29 de abril de 2011. (Número de expediente 162/000860.) ... (Página23)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la respuesta del Gobierno a las propuestas planteadas por el movimiento social del 15-M. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 598, de 1 de julio de 2011. (Número de expediente 173/000225.) ... (Página28)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política económica que va a adoptar el Gobierno para reducir los efectos de la morosidad que soportan las pymes y autónomos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 598, de 1 de julio de 2011. (Número de expediente 173/000226.) ... (Página34)

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las ayudas estatales a la pesca y la acuicultura. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 598, de 1 de julio de 2011. (Número de expediente 173/000227.) ... (Página38)

Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria:

- Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2012-2014, y el límite de gasto no financiero del Estado para 2012. (Número de expediente 430/000005.) ... (Página41)

Exclusión del orden del día ... (Página56)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página57)

Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página57)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página57)

Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación.) ... (Página58)

Avocación de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 128-1, de 10 de junio de 2011. (Número de expediente 121/000128.) ... (Página58)


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SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página6)

De los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), sobre la creación del Consejo General de Economistas (unificación de las organizaciones colegiales de economistas y de titulares mercantiles) ... (Página6)

Defienden la toma en consideración de la proposición de ley la señora Batet Lamaña, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y los señores Lanzuela Marina, del Grupo Parlamentario Popular y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el régimen de incompatibilidades de los expresidentes del Gobierno, del Congreso de los Diputados y del Senado ... (Página10)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); García-Tizón López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Quijano González, del Grupo Parlamentario Socialista.

Intervienen de nuevo los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya-Verds.

Proposiciones no de Ley ... (Página17)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia ... (Página17)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre rectificación del Diccionario Biográfico Español publicado por la Real Academia de la Historia ... (Página17)

Defienden conjuntamente la toma en consideración de las proposiciones no de ley los señores Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Cuesta Martínez.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la supresión del canon digital ... (Página23)

Defiende la toma en consideración de la proposición no de ley el señor Lassalle Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Ríos Rull y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario


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Catalán (Convergència i Unió) y el señor Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Lassalle Ruiz.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página28)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la respuesta del Gobierno a las propuestas planteadas por el movimiento social del 15-M ... (Página28)

Defiende la moción el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ríos Rull y Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Llamazares Trigo.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política económica que va a adoptar el Gobierno para reducir los efectos de la morosidad que soportan las pymes y autónomos ... (Página34)

Defiende la moción la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene la señora Madrazo Díaz.

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las ayudas estatales a la pesca y la acuicultura ... (Página38)

Defiende la moción el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ríos Rull, del Grupo Parlamentario Mixto; Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Agirretxea Urresti.

Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria ... (Página41)

Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2012-2014, y el límite de gasto no financiero del Estado para 2012 ... (Página41)

La señora vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez) presenta a la Cámara el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2012-2014 y el límite de gasto no financiero del Estado para el año 2012.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Montoro Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Buenaventura Puig y el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Ríos Rull, Salvador Armendáriz y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.

Exclusión del orden del día ... (Página56)

El señor presidente solicita de la Cámara el asentimiento para excluir del orden del día de la sesión del miércoles 13 de julio la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, señor Salvador Armendáriz, sobre los planes del Ministerio del Interior en orden a garantizar que los representantes de Bildu, presentes en las instituciones forales de Navarra y País Vasco desde las pasadas elecciones, respeten la legalidad vigente, interpelación que se incluirá en el orden del día del próximo Pleno, lo que se aprueba.

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página57)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), sobre la creación del Consejo General de Economistas, es aprobada por unanimidad.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el régimen de incompatibilidades de los expresidentes del Gobierno, del Congreso de los Diputados y del Senado, se rechaza por 16 votos a favor, 307 en contra y diez abstenciones.

Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página57)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia con las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, es aprobada por 194 votos a favor, 133 en contra y una abstención.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la supresión del canon digital, es aprobada por 331 votos a favor y dos abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página57)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la respuesta del Gobierno a las propuestas planteadas por el movimiento social del 15-M, es aprobada por 185 votos a favor, uno en contra y 147 abstenciones.

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política económica que va a adoptar el Gobierno para reducir los efectos de la morosidad que soportan las pymes y autónomos, es rechazada por 152 votos a favor y 181 en contra.

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las ayudas estatales a la pesca y la acuicultura, es aprobada por unanimidad.

Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación.) ... (Página58)

Sometido a votación el acuerdo del Gobierno por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2012-2014, y el límite de gasto no financiero del Estado para 2012, es aprobado por 170 votos a favor, 145 en contra y 18 abstenciones.

Avocación de iniciativas legislativas ... (Página58)

Proyecto de ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias ... (Página58)

El señor presidente solicita la avocación del proyecto de ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, lo que se aprueba por asentimiento.

Se suspende la sesión a las diez de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS (UNIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COLEGIALES DE ECONOMISTAS Y DE TITULARES MERCANTILES). (Número de expediente 122/000286.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

Toma en consideración de proposiciones de ley: la primera, de los Grupos Socialista, Popular, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (PNV), sobre la creación del Consejo General de Economistas (unificación de las organizaciones colegiales de economistas y de titulares mercantiles). En nombre de los proponentes, en primer lugar, por el Grupo Socialista tiene la palabra la doña Meritxell Batet.

Disculpe, señor Sánchez i Llibre, porque le di una información equivocada. (El señor Sánchez i Llibre: No correcta, no correcta.)

Muchas gracias.

Adelante.

La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señor presidente.

Muchas veces pensamos en la política y automáticamente pensamos en grandes cambios, en grandes instrumentos, en grandes leyes o en grandes impactos mediáticos, cuando en realidad la mayor parte del tiempo....

El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Batet, que la interrumpa.

Como son varios los grupos proponentes, ¿han decidido entre ellos la división de los tiempos? (Denegaciones.) No han hablado de ello, ¿no? (Denegaciones.)

Lo administraremos entonces con la natural prudencia, en torno a unos cinco minutos cada grupo. ¿Les parece? (Pausa.) Siete.

Adelante.

La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidente.

Como decía, cuando pensamos en la política parece que siempre pensamos en grandes cambios cuando en realidad la mayor parte del tiempo, de los esfuerzos y de las normas que aprobamos se refieren en apariencia a pequeñas cosas, pero que, por el contrario, tienen grandes efectos sobre colectivos o sectores concretos. Esta proposición de ley responde precisamente a eso. Presentamos una regulación que mejorará el funcionamiento y la organización de un sector, como el de los colegios de economistas y de titulares mercantiles, que repercutirá positivamente para los profesionales de ese sector, así como para la ciudadanía en su conjunto. La política también o precisamente es esto, mejorar pedacitos de realidad. Esta proposición de ley además nace del propio colectivo; no responde ni a un programa electoral ni a un proyecto político partidista ni a una ocurrencia de un grupo parlamentario, sino que responde a una demanda sensata y tenaz por parte de los presidentes de los dos consejos generales, don Valentí Pich y don Lorenzo Lara. A ellos principalmente debemos este paso adelante en la racionalización y simplificación que va a suponer esta norma en este ámbito. Así lo quiero reconocer en esta tribuna al tiempo que también les quiero dar la bienvenida a esta Cámara.

La iniciativa propone crear un consejo general de colegios nuevo, que agrupe a los actuales colegios de economistas y titulares mercantiles y que esté adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. Para ello se propone la creación de una comisión gestora que elabore unos estatutos provisionales, hasta que se constituya formalmente el nuevo consejo general. Tras esta constitución formal, se produciría la disolución de los actuales consejos generales. Asimismo se incentiva y apoya el inicio y desarrollo de los procesos de unificación territorial de estos colegios, para que toda la estructura territorial se adecue a esto sin entrar a regularlo específicamente, respetando así la competencia de las comunidades autónomas. Por otra parte, en cuanto al contenido de la iniciativa, me parece importante destacar hoy desde la tribuna que en el preámbulo se señala que, en todo caso, la creación de este nuevo consejo general y los procesos de unificación de las corporaciones colegiales que puedan llevarse a cabo en nada afectarán a las funciones profesionales que en su caso tuvieran reconocidas estos titulados. En materia de colegios profesionales corresponde al Estado la facultad de establecer las bases, al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución, que le atribuye la competencia para fijar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, en la medida en que aquellas corporaciones, según ha declarado reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, participan de la naturaleza de estas. Concretamente, la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983 en su fundamento jurídico 26 hace referencia a ello. Por su parte, las comunidades autónomas poseen competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la normativa básica estatal, competencias expresamente asumidas en los correspondientes estatutos de autonomía en ejercicio de las cuales les corresponde la creación, regulación y tutela de los colegios profesionales incluidos dentro de sus respectivos territorios. La proposición de ley que se presenta respeta, por tanto, de manera estricta la distribución de competencias que se establece en el bloque de constitucionalidad entre Estado y comunidades autónomas.

Con esta iniciativa legislativa se pretenden básicamente tres objetivos. En primer lugar, una mejor representación y defensa de los intereses de sus miembros, es


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decir, de los colegiados; en segundo lugar, una única interlocución de las profesiones económicas ante las administraciones públicas y también en el ámbito internacional y, finalmente, la adecuación profesional al espacio europeo de Educación Superior. La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la que conocemos todos como ley paraguas, así como la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, conocida como ley ómnibus, recogían la necesidad y la oportunidad de repensar el mundo colegial, buscando su simplificación, modernización, eficiencia, eficacia y calidad en sus servicios. En el preámbulo de la primera ley, la llamada ley paraguas, se dice que su finalidad es impulsar la mejora de la regulación del sector servicios, proporcionando un entorno más favorable y transparente a los agentes económicos que genere ganancias en eficiencia, productividad y empleo en las actividades de servicios, así como una reducción de costes. Pues bien, el contenido de esta proposición de ley concuerda también con estos objetivos y finalidades de eficiencia y reducción de costes. Podríamos afirmar de hecho que esta proposición de ley es avanzada a su tiempo o, para ser más precisos, propia del momento en que vivimos, porque rompe con la concepción lineal del tiempo que nos ha acompañado durante todo el siglo XX, un espacio temporal donde el mundo se movía desde el paradigma de la modernidad movido por los principios de crecimiento, expansión y tecnicidad. Eso, señorías, ha cambiado. Estamos inmersos en un nuevo paradigma de gestión de la complejidad, para lo que la política tiene las respuestas frente a los fracasos de la técnica, donde los principios que deben movernos son la eficiencia en la escasez, la unión ante la incertidumbre, el debate, el diálogo, la cohesión y la capacidad de acuerdo. Señorías, esa es la lección de esos colectivos de economistas y de titulares mercantiles. Está muy bien que aquellos que se ocupan precisamente de la ciencia sobre la gestión de los recursos escasos lleven a la práctica una buena gestión de los mismos, máxime en estos tiempos, y se unan para afrontar los cambios y los desafíos venideros. Los colegios profesionales deben responder a las necesidades de sus colegiados, ofreciéndoles servicios y apoyo en su desarrollo personal, al mismo tiempo que deben representar también la garantía adicional para la ciudadanía, que recibe los servicios correspondientes. Trabajar en esa dirección es, precisamente, trabajar para y a favor de los colegios profesionales. Está muy bien también que, a pesar de que unos responden a una profesión con una titulación relativamente joven y otros a una tradición centenaria, hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en beneficio de las generaciones futuras. Está muy bien, en definitiva, que la capacidad de diálogo entre los protagonistas de hoy, que han sabido estar a la altura, dejen un panorama menos incierto para los profesionales que vendrán. Señorías, como ya he dicho, ellos han trabajado mucho. Por ello quería agradecer al sector en su totalidad, y en especial a los presidentes de los dos consejos generales, su impulso y su tenacidad para que esta ley viera la luz. También quería dirigir unas palabras a todo el equipo de la Secretaría General de Política Económica y Economía Internacional, del Ministerio de Economía y Hacienda, por el trabajo realizado para resolver las cuestiones y dificultades técnicas que se planteaban.

Por último, quería reconocer la visión política que han tenido los grupos parlamentarios y la posibilidad de alcanzar un acuerdo todos. Gracias, por tanto, al esfuerzo conjunto, que permite hoy aprobar en lectura única una proposición de ley demandada por el sector, que permitirá afrontar en mejores condiciones el futuro y que responde a una voluntad de modernización. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Batet.

Tiene la palabra don Santiago Lanzuela.

El señor LANZUELA MARINA: Señor presidente, sean mis primeras palabras de saludo, en nombre del Grupo Popular, a los máximos representantes de los colegios tanto de economistas como de titulares mercantiles y empresariales por acompañarnos esta tarde en una sesión que se inicia con un punto importante, no solo para ustedes y para sus colegiados, sino para el conjunto de la economía española y para, en definitiva, nuestra sociedad. He tenido la suerte, señor presidente, de que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho la señora Batet, sin que sirva o que sirva de precedente -da lo mismo- y, por lo tanto, me ahorra usted dos o tres folios, aunque ya nos había limitado el tiempo el señor presidente.

Quiero dar dos o tres pinceladas a lo que tal vez está fuera del texto legislativo de la proposición que hoy presentamos en esta Cámara. Quiero hacer un recordatorio a los dos consejos. En primer lugar, el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España fue creado, si no tengo mal el recuerdo, en 1942. Reúne a 45 colegios oficiales de titulares mercantiles y empresariales y a más de 28.000 colegiados. Hay peritos mercantiles, profesores mercantiles, intendentes, actuarios, etcétera. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia.) Quiero recordar aquí que las escuelas de comercio fueron creadas por un real decreto, nada menos que en 1850. Desde entonces aquí han hecho mucha labor, particularmente como expertos en microeconomía. Han sido grandes conocedores de la empresa española y han dado enormes resultados a la misma. En relación con la organización colegial de los economistas en España, está constituida por 33 colegios coordinados por el Consejo General de Colegios de Economistas. Existen 33 colegios con más de 50.000 colegiados. El consejo fue creado en 1971, por lo que este año están conmemorando su 40º aniversario, y desde luego han dado enormes resultados. Esta mañana, sin ir más lejos -ahora que veo al presidente de los economistas-, ambos estábamos en la presentación de un libro sobre la economía actual española, muy importante, en el que han participado más de treinta


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expertos, la mayoría economistas, y que sin duda nos presentan, a quienes representamos a su vez a los españoles, muchas iniciativas.

Situemos algunos datos históricos. Como he comentado, las escuelas de comercio se crearon en 1850 y la primera Facultad de Económicas, la que entonces se llamó Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, en 1943. Parece una tardía implantación de los estudios de economía en nuestro país, pero esto no quiere decir que previamente no existieran antecedentes de relevancia. Quiero recordar -aprovecho la oportunidad- que ese mismo año, 1943, en que se creaba la primera facultad, el insigne profesor don Ramón Carande publicaba su monumental obra Carlos V y sus banqueros, nada más y nada menos. También me permitirán que aproveche esta tarde para hacer un recuerdo al paisano de quien les habla, el aragonés Lorenzo Normante, que creó en Zaragoza en 1784 la primera cátedra de Economía, concretamente la cátedra de Economía Civil y del Comercio. Desde luego antecedentes hay muchos. Si ya nos desplazáramos al siglo XVI, veríamos una magnífica Escuela de Salamanca, pero desgraciadamente en el siglo siguiente ya hubo menos españoles dedicados a la economía y muchos de ellos, los llamados arbitristas, realmente hicieron aportaciones que mejor no recordar. La ley que hoy debatimos -lo ha dicho muy bien la señora Batet- es muy importante para ustedes pero es muy importante para el conjunto de la sociedad. Sin duda va a redundar en una más eficaz representación y defensa de los legítimos intereses de los colegiados y nuestro deseo, el deseo del Partido Popular, es que sirva además para un mayor y mejor servicio a la economía española y por tanto a los intereses generales de los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Lanzuela.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, como han manifestado los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, hoy es un día de gran satisfacción para todos los grupos parlamentarios que hemos apoyado esta iniciativa, que va en la dirección de la creación de un consejo general de economistas. De lo que se trata es de la unificación de las organizaciones colegiales de economistas y titulares mercantiles, porque en este caso el Congreso de los Diputados y las formaciones políticas hemos recogido el fruto y el esfuerzo de la sociedad civil, concretamente de dos consejos generales profesionales como son el Consejo General de Economistas y el Consejo Superior de Titulares Mercantiles -aprovecho la ocasión para saludar a los dos presidentes de estos dos prestigiosos consejos, a don Valentí Pich Rosell y don Lorenzo Lara y Lara- en el sentido de, a través de este esfuerzo que han hecho estas dos formaciones confederadas a través de estos consejos generales, transmitir a la sociedad finalmente a través de esta ley que hoy estamos tramitando una posibilidad de mostrar ante la sociedad española que somos capaces de ponernos de acuerdo ante situaciones que previamente ha trabajado la sociedad civil, en este caso que han trabajado con mucho esfuerzo el Consejo General de Economistas y el Consejo Superior de Titulares Mercantiles. Quizás aquí habría que lamentar -en esta situación hemos sido capaces de ponernos de acuerdo-, que no hayamos sabido ponernos de acuerdo todas las formaciones políticas para hacer un frente común para luchar contra la crisis. De todas maneras, hoy es un día de satisfacción, repito, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió está muy satisfecho por este acuerdo alcanzado, acuerdo en el que hay que reconocer que nosotros hemos colaborado con los dos consejos generales para buscar este consenso, pero hay que reconocer -también me gusta hacerlo públicamente- que esta tramitación parlamentaria ha estado liderada yo diría que brillantemente por la diputada socialista Meritxell Batet, a la que nosotros queremos felicitar porque a través del Grupo Parlamentario Socialista y a través de un esfuerzo importante del Ministerio de Hacienda han sido capaces de lograr este acuerdo con los colegios, y al mismo tiempo han sido capaces de buscar una complicidad de todas las formaciones políticas para que finalmente este esfuerzo sea una realidad rápidamente. A través de esta ley -lo han explicado perfectamente los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, también don Santiago Lanzuela- se permitirá la creación del consejo general de economistas aunando los actuales consejos generales de economistas y titulares mercantiles. Repito, como he dicho al inicio de mi intervención, que con este trabajo culmina un largo proceso liderado por ambos colectivos que, desde el consenso, han optado por instituirse en una sola corporación profesional, un único colectivo profesional para mejorar la regulación de su desarrollo en la actividad y la defensa de los intereses que representan. Desde este consenso las fuerzas políticas nos sumamos para hacer posible su unificación con plenos efectos jurídicos. Todo ello considerando que existe una normativa autonómica en materia de colegios profesionales que deberá respetarse en el proceso de unificación de los consejos autonómicos de colegios de economistas y titulares mercantiles, así como los procesos de unificación de los colegios de economistas y de los colegios oficiales de titulares mercantiles.

Por todo ello, señorías -lo he dicho al principio de mi intervención-, nos congratulamos por la solución adoptada por estos colectivos profesionales. Consideramos que sumar los esfuerzos de dos colectivos profesionales -a partir de ahora serán uno- da mayores oportunidades a los profesionales y al servicio que prestan al conjunto de la sociedad. Solo podemos dar nuestra respuesta positiva a la iniciativa, así como desear


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-como no podía ser de otra forma- éxito al nuevo consejo, como sus precedentes han obtenido.

Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Para fijar posición, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Mixto, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Ridao.

El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.

En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en primer lugar, muy brevemente -desde el mismo escaño, si me lo permite-, quiero decir que nuestro grupo parlamentario es promotor de esta iniciativa que suscribió en su día pero que, a efectos de cupo, finalmente no situó esta cuestión en el orden del día, por lo cual hace uso de este turno de posicionamiento. En segundo lugar, a pesar de la aparente modestia de esta iniciativa, sin duda, estamos ante una proposición de ley de trascendencia histórica, pues se unifica -como se ha dicho repetidamente- dentro de una misma organización profesional y de prestigio tanto las titulaciones profesionales de economistas como las de titulados mercantiles, de modo que se aúna bajo un mismo paraguas, bajo una misma corporación de derecho público, la trayectoria científica, académica e incluso empresarial de todas estas titulaciones, lo cual va a conllevar para todas ellas una gran proyección de futuro, sobre todo en orden a prestar un mayor servicio al desarrollo no solo de la economía en general, sino también de la empresa en particular, así como al conjunto de consumidores y de usuarios. Se quiere facilitar además para el conjunto del tráfico mercantil y de la economía en general una mayor confianza, porque al convocar dentro de una misma asociación o corporación los intereses de los profesionales de la economía y los intereses generales de la sociedad, evidentemente, va a ser un gran beneficio. Debo subrayar que esta iniciativa se ha hecho con un escrupuloso respeto al sistema de distribución competencial y a la normativa vigente, no solo a nivel estatal sino a nivel autonómico.

Con este texto normativo se supera una situación primitiva anómala, una auténtica reminiscencia de la etapa predemocrática, porque de hecho fue a partir de la trayectoria del ministro Gual Villalbí, a la sazón ministro de Educación, cuando se separaron los economistas de los cuerpos mercantiles, y se segregó el antiguo Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles y Empresariales de España, por un lado, con los censores jurados de cuentas, y por otro con las escuelas de comercio y los economistas. Esta iniciativa y su aprobación definitiva, después de su toma en consideración, va a permitir que exista como una sola titulación, que dará acceso al colegio a distintos ámbitos profesionales que trabajan y que inciden en cuestiones fundamentales como son el asesoramiento fiscal, la auditoría y parcialmente también en la actividad concursal, de forma que exista una sola profesión, la de economista con mayúsculas, que aglutinará a todos los profesionales hasta la fecha divididos en ambos colegios profesionales.

Quisiera terminar, señora presidenta, señorías, diciendo que esta tarea de unificación que culmina con el texto de esta proposición de ley que estamos sustanciando ha sido fruto de un trabajo ingente, no solo por parte del Consejo General de Colegios Economistas de España y también del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles, sino también por parte de los distintos grupos políticos, además dando la muestra de un ejercicio de generosidad por todas las partes que es tan deseable, por cierto, hoy en día y que debería trasladarse a otros ámbitos de la vida política, económica y social. Precisamente en este capítulo protocolario, pero no por ello menos sincero, en lo que sería el laudatio académico, si me permite, señora presidenta, señorías, quisiera dirigirme a dos personas -en primera persona, valga la redundancia-, que han hecho posible esta iniciativa y este acuerdo, esta fusión, que hoy nos acompañan y que son don Valentí Pich y don Lorenzo Lara que encarnan a ambas corporaciones, que hoy han hecho posible su fusión, su unión y que han sido los auténticos promotores y el alma de esta iniciativa, a los cuales agradezco su esfuerzo, su interés, así como al resto de grupos parlamentarios también por el hecho de haberse sumado al mismo.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Ridao.

Tiene la palabra también en el turno de fijación de posición por el Grupo Mixto la señora Díez. (Pausa.) No va a hacer uso de la palabra.

Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Esteban. (Pausa.) Tampoco.

Por el Grupo de Convergència i Unió el señor Xuclà. (Pausa.) Tampoco.

El señor ESTEBAN BRAVO: Señora presidenta, ¿estamos hablando del primer punto o del segundo?

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Estamos hablando del primer punto del orden del día.

El señor ESTEBAN BRAVO: Pero ya ha intervenido Convergència i Unió, por ejemplo.

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Sí, sí.

El señor ESTEBAN BRAVO: Por eso, ya no hay turnos.


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La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Segundo turno. Fijación de posición. Señor Ridao.

El señor RIDAO I MARTÍN: Señora presidenta, ya me he posicionado en nombre de mi grupo y el resto de grupos que han hecho uso de la palabra anteriormente lo han hecho en tanto que grupos que suscriben la iniciativa y, por tanto, lo han hecho en primer lugar.

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): De acuerdo, por tanto, con el artículo 129 la proposición de ley puede continuar su tramitación.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS EX PRESIDENTES DEL GOBIERNO, DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO. (Número de expediente 122/000269.)

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el régimen de incompatibilidades de los ex presidentes del Gobierno, del Congreso de los Diputados y del Senado.

Tiene la palabra el señor Ridao.

El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, la denominada desafección hacia los políticos, hacia la política, en conjunto hacia la vida pública en general, ya era un tema de preocupación, podría decirse que de comentario habitual en esta Cámara mucho antes del fenómeno del 15-M. Quiero decir que nuestro Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sin ningún tipo de complejo y tampoco sin ningún sonrojo no solo comparte buena parte de las aspiraciones de este movimiento sino que en esta misma Cámara ha defendido buen número de iniciativas del mismo signo. Sea como fuere, el desinterés o la desatención de nuestros gobernantes y particularmente de los partidos mayoritarios en esta Cámara se ha trocado en muy poco tiempo en un interés sobrevenido, esperamos que sincero, en el momento en que las pancartas se han plantado prácticamente ante las puertas de este Parlamento y donde antes había un auténtico desierto, o si ustedes lo prefieren un oasis de aguas estancadas, hoy hay un interés creciente con relación al debate sobre la mejora de la democracia y también de la participación política. Esta es una iniciativa que incide modestamente en esta cuestión, en la pérdida de credibilidad de la política, de los partidos, de los militantes, de las urnas, incluso de los votantes y hasta de los votos, señorías, puesto que se ha llegado a cuestionar abiertamente en fechas recientes la democracia representativa, que ciertamente es algo perfectible. Este cuestionamiento obedece a distintas razones, no siempre justas, por cierto, y difíciles de objetivar. Por ejemplo, existe este síndrome de la clase preferente -por decirlo de alguna forma-; esta insoportable sensación para mucha gente -insisto, que no siempre se ajusta a la realidad- de que los políticos son receptores de todo tipo de privilegios que no se corresponden con los servicios que prestan a la comunidad. Evidentemente, esta es una apreciación injusta, pero circunstancias o hechos vividos recientemente, como la utilización privativa de algunos establecimientos públicos por parte de algún ministro, contribuye a esa sensación. O la medianocracia, que es la evidencia de que no siempre los méritos o la capacidad de las personas determinan el acceso a distintas responsabilidades o puestos públicos. O la apropiación de lo que es público, la instrumentalización partidista de las instituciones, porque lo que es público, señorías, muchas veces desaparece en favor de lo que es político, que es distinto. En definitiva, como explica muy bien Alejandro Nieto en El desgobierno de lo público, hay un paso, aunque sea muy leve, de ese aprovechamiento privativo o partidista de las instituciones hacia lo que podemos definir como la auténtica corrupción política, que muchos políticos ya han franqueado de forma clara. En este contexto de descrédito hace falta la política; hace falta más política, hace falta política con mayúsculas y, por tanto, hacen falta también los políticos, entre otras cosas, porque a la gente normal que no tiene otros recursos y otros medios no les queda absolutamente nada más que la política. Al fin y al cabo, señorías, la democracia es mucho mejor que la teocracia o que las soluciones autoritarias. Otra cosa distinta es que cuando hace falta política hacen falta también buenos políticos, sin patente de corso. Eso es lo que, en definitiva, demandan muchas de las personas acampadas y lo que comparte también una mayoría silenciosa de nuestra sociedad que coincide con esa sensación de agravio que expresa el movimiento del 15-M y que apuesta por algunas reformas posibles y necesarias de nuestra democracia, por humanizar el sistema y también por profundizar también en la calidad democrática.

Esta proposición de ley que hoy sometemos a consideración de la Cámara constituye, si ustedes quieren, una iniciativa modesta, que incide en un aspecto muy puntual, pero indiscutiblemente de un alcance simbólico, ético, incluso, ejemplificador. Además, déjenme decir que, desde el sentido común, es difícilmente discutible y reprochable. Me refiero al estatuto y a las prerrogativas de los expresidentes del Gobierno, que es a lo que fundamentalmente se refiere esta iniciativa legislativa, cuyo origen, por cierto, se remonta en España a una regulación predemocrática, a un decreto del año 1966 y a la Ley 4/1974, que luego fue desarrollada en los mismos términos por la Ley de Presupuestos de 1979 y 1980. Ambas leyes establecían, entre otras cosas, el goce de una pensión vitalicia del 80 por ciento del salario en el


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momento del cese. Pero lo más relevante de esta iniciativa es el hecho de que es compatible este tipo de pensión, esta percepción, con todo tipo de remuneración pública o privada. A partir de 1986, 1992 y 1996, con distintas leyes, lejos de matizar esta compatibilidad más que dudosa, lejos de reducir este privilegio exorbitante, lo que hizo el legislador fue ampliar el espectro, incluso de posibles beneficiarios, al fiscal general del Estado, al Defensor del Pueblo, al presidente del Tribunal Constitucional, al del Consejo General del Poder Judicial y también al jefe de la Casa Real.

Con relación a esta cuestión ya tuvimos oportunidad de debatir en Comisión sendas proposiciones no de ley -una presentada por nuestro grupo y otra por el Grupo Mixto en nombre de UPyD, de la señora Díez-, concretamente el 28 de marzo pasado, y lo digo a los solos efectos de remarcar lo que allí dije en atención a lo que algún portavoz significó durante el debate de la Comisión. Esto es, no se trata de cuestionar en ningún caso, señorías, que un exjefe de Gobierno goce de un tratamiento protocolario como expresidente o del apoyo a su actividad diplomática o exterior en muchos casos, de una oficina o de un personal, amén de lo necesario para su seguridad personal, sino que de lo que se trata es de cuestionar abiertamente lo que es la compatibilidad de una indemnización con cargo al erario público con el hecho de poder percibir otro tipo de remuneraciones de orden público o privado.

No estamos haciendo con esta iniciativa ninguna concesión a la demagogia, ninguna, señorías, porque no solo no cuestionamos la procedencia de este tipo de prerrogativas o de derechos que existen en todo nuestro entorno político, no solo europeo, sino también americano, sino que además estamos totalmente de acuerdo en que hay que aprovechar la experiencia acumulada por los expresidentes del Gobierno, que justifica su aprovechamiento por parte de las instituciones, y recíprocamente la puesta a disposición de ellos de algunos medios materiales y personales. Aquí de lo que se trata, en definitiva, es de poner algún límite, porque no nos parece nada razonable -creo que a ninguno de ustedes tampoco- que algunos expresidentes, se llame Felipe González o se llame José María Aznar, puedan percibir una remuneración o una pensión pública al mismo tiempo que cobren por su actividad privada. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Repito, no se cuestiona el derecho de estos expresidentes a percibir una pensión, ni tan siquiera la cuantía, porque los presupuestos de este año consignan una cantidad globalmente, que luego hay que prorratear, de aproximadamente 240.000 euros -por tanto, se trataría de una cantidad razonable y asumible-, sino que de lo que estamos hablando -repito una vez más- es de no permitir que se haga compatible el hecho de recibir una pensión con el hecho de ser consejero de News Corporation del señor Murdoch o cobrar a través de una colaboración como miembro del consejo de administración de Endesa más de 100.000 euros al año, en el caso conocido perfectamente de don José María Aznar. Pero el caso de Felipe González como consejero recientemente nombrado de Gas Natural Fenosa, cobrando 126.500 euros al año, tampoco nos parece nada razonable, porque o se ejerce de expresidente o se ejerce de lobista, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Se trata normalmente de empresas que en su mayoría ejercen una gran influencia sobre el poder político, donde es difícil buscar el distanciamiento entre lo público y lo privado. Por tanto, estos expresidentes, como la mujer del César, no solo deben ser honestos, sino además parecerlo. Esta iniciativa incide puntualmente en esta cuestión, que además en este contexto de creciente alejamiento de la gente de la vida pública constituiría un auténtico ejemplo higiénico y alentador que merece su consideración y su apoyo. Por todo lo cual, señora presidenta, señorías, les pido su voto favorable.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.

Ningún grupo ha pedido utilizar el turno en contra de la toma en consideración. Por tanto, pasamos a fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Nos encontramos ante una iniciativa que no es la primera vez que se debate en esta Cámara. Como ya ha dicho el señor Ridao, él y yo misma coincidimos, si no recuerdo mal, un día de marzo de este mismo año en la Comisión Constitucional defendiendo ambos dos iniciativas similares a esta, con el mismo objetivo, y no sé si ocurrirá hoy lo mismo, pero allí nos encontramos los grupos minoritarios apoyando esta iniciativa con el pacto de Estado entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista para que no cambiara nada, es decir, para que la situación actual de los expresidentes se mantuviera tal cual es.

Creo que merece la pena hacer un repaso a cómo hemos llegado a esta situación, siquiera brevemente, porque es curioso constatar que a veces en nuestro país en lugar de avanzar en algunas cuestiones retrocedemos. El estatuto de los expresidentes de Gobierno tuvo su origen en una regulación aprobada por un decreto del año 1966 y una ley del año 1974, ambas en pleno periodo franquista. En esas normativas se establecía a favor de los exministros y altas autoridades del Estado el derecho a una pensión vitalicia del 80 por ciento del salario del cargo desde el día siguiente de su cese, simplemente por haber jurado; pensión que además era compatible con todo tipo de remuneraciones públicas o privadas. ¿Les suena? Al inicio de la democracia se consideró razonablemente que estos beneficios eran excesivos y en las dos leyes de presupuestos de los años 1979 y 1980 se procedió a recortarlos. Una vez pasado ese esperanzador comienzo regenerador -les recuerdo que estoy hablando de las leyes de 1979 y 1980 que alumbraron esta situación y que la corrigieron-, en lugar de ir reduciéndose


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los privilegios, se fueron extendiendo desde mediados de los ochenta del siglo pasado por distintas normas, la Ley 21 de 1986, la Ley 39 de 1992, la Ley 13 de 1996, extendiéndose a las nuevas altas autoridades del Estado, fiscal general del Estado, Defensor del Pueblo, presidente del Tribunal Constitucional, presidente del Consejo General del Poder Judicial, jefe de la Casa de su Majestad el Rey, así como a los secretarios de Estado y asimilados. Naturalmente, situaciones similares se fueron reproduciendo en las comunidades autónomas, cuestión por la cual, además de esa defensa en Comisión de esa proposición no de ley que compartíamos, dos proposiciones similares con Esquerra Republicana en la fecha que les he citado, este partido, Unión, Progreso y Democracia, en el debate del voto particular de enero de 2011 precisamente sobre el Pacto de Toledo presentó también una iniciativa que, además de corregir esta situación de privilegios y de compatibilidades de los expresidentes, hacía extensible esta situación a otros que no forman parte de la Administración General del Estado en este caso gobiernos autonómicos, naturalmente instando a las autoridades competentes para que actuaran, algo que la Cámara no podía hacer más allá que desde la perspectiva de la instancia.

Volviendo al tema que nos ocupa, nos llama la atención, y por eso proponemos esta revisión, el hecho de que estas prestaciones, estos recursos públicos que se destinan a los expresidentes de Gobierno se compatibilicen -como muy bien ha dicho el señor Ridao- con remuneraciones que proceden de su actividad privada que en su libertad a la hora de elegir pueden desarrollar, pero esta compatibilidad de retribuciones resulta completamente insostenible y, a nuestro juicio, merece una revisión; una revisión que no tiene por qué presumir que a los expresidentes no se les mantenga una situación de respeto y de legitimidad, que nadie pervierta el sentido de lo que estoy diciendo. En modo alguno puede verse alterada su capacidad para vivir en una situación de plena dignidad, completamente compatible con el cargo y el servicio que han prestado a todos los ciudadanos españoles y con el trabajo que han desarrollado. Pero eso no tiene que ser compatible con una situación de compatibilización de su retribución pública con retribuciones privadas. Creo que de esta reflexión no se puede escapar nadie, tampoco los expresidentes del Gobierno. Hace falta que hagamos las cosas sensatamente, a veces nos lo recuerdan desde fuera, pero quiero recordar que sin necesidad de que nadie desde fuera nos los recordara, desde dentro de esta Cámara y ostentando la representación que tenemos de los ciudadanos hemos traído a debate estas cuestiones. Bienvenido sea que ahora otros además lo planteen en la calle, pero creo que tenemos derecho a reivindicar la labor de los parlamentarios, la labor política que desarrollamos y la reivindicación que en esta Cámara hemos hecho al respecto. Creo, señorías, que no hay ninguna justificación para que no aceptemos la necesidad de plantear esta revisión, que debiera hacerse extensiva a otros ex altos cargos, tanto de la Administración General del Estado como de las administraciones autonómicas.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Pero no hay justificación alguna -insisto- para que rechacemos esta iniciativa que hoy plantea Esquerra Republicana y que contará naturalmente con nuestro apoyo.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.

Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, intervengo para expresar el apoyo del BNG a la toma en consideración de esta proposición de ley, una proposición de ley que, además, es parcialmente coincidente con iniciativas similares presentadas por el propio BNG.

La existencia de conflictos de intereses entre el ejercicio de una responsabilidad pública y una actividad privada no se circunscribe solamente al periodo en que dicha responsabilidad pública se ha ejercido. Por ello, el régimen sobre incompatibilidades se ha ido reforzando con el paso del tiempo. Sin embargo, las nuevas exigencias que se han incorporado aún permiten que se produzcan situaciones cuya ética es discutible, pues pueden hacer pensar razonablemente que se adoptan decisiones en el ámbito privado fruto de una influencia indebida derivada de haber ocupado altas responsabilidades públicas y de las decisiones tomadas en el ejercicio de las mismas.

Señorías, ¿es presentable que expresidentes puedan poner su agenda de contactos y sus influencias adquiridas en el ejercicio de las responsabilidades públicas al servicio de los intereses de determinadas empresas? ¿Son presentables situaciones como la que voy a describir? El 11 de enero de este año trascendió que Endesa había contratado como asesor externo a don José María Aznar, a cambio de una retribución de 200.000 euros anuales. Se trata de una empresa, Endesa, que fue privatizada, precisamente, siendo don José María Aznar presidente del Gobierno. ¿No cabe pensar que estamos simplemente ante un caso de pago de los servicios prestados? Para evitar estas situaciones somos partidarios de que se amplíen las situaciones en las que existe incompatibilidad o conflicto de intereses a la participación en empresas privadas cuya actividad esté íntimamente relacionada con decisiones adoptadas cuando se ostentaban altas responsabilidades públicas. Al margen de esta consideración, el propio señor Aznar declaró en 2010 unos ingresos de 171.000 euros por su condición de consejero de News Corporation, el imperio del señor Murdoch, de actualidad estos días por unos hechos total


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y absolutamente lamentables. Don Felipe González, como consejero independiente de Gas Natural, cobrará 126.000 euros al año. ¿Es tolerable que estos expresidentes compatibilicen el cobro de estas retribuciones con el disfrute de algunas de las prerrogativas de las que gozan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado?

El BNG no discute que los expresidentes merezcan un trato y unas prerrogativas acordes con las altas responsabilidades que ostentaron. No nos apuntamos a la moda del desprestigio de la política, al contrario, estamos a favor de su dignificación, pero la dignificación de la política exige dotarla de una mayor transparencia y exige una separación mucho más estricta del ámbito público y privado para preservar el servicio al interés general de la influencia de los grandes grupos de presión. Por eso creemos que el régimen de incompatibilidades debe ser ampliado, no solo para evitar conflictos de intereses reales o potenciales entre la actividad pública y el interés privado. El régimen de incompatibilidades debe ser ampliado para elevar las exigencias éticas en el ejercicio de la actividad política, antes, durante y después de cuando se ostentan responsabilidades públicas para, con ello, reforzar la calidad democrática del sistema político.

Por las razones expuestas, señorías, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.

Nuestro grupo en cuanto al tema que nos plantea Esquerra Republicana hoy ya se manifestó en su momento y lo hizo meridianamente a favor de que tendríamos que regular de una manera diferente este asunto, marcando claramente la compatibilidad entre las percepciones públicas y las privadas. Por tanto, entendemos que esta propuesta es adecuada y viene bien en el día de hoy a esta Cámara. Hay que guardar una cierta estética, hay que tener una cierta transparencia, pero lo que no puede ser es que, si se fijan unas asignaciones con un objetivo específico, después este objetivo, por mor de la obtención de unas cantidades mucho mayores por vía privada, pierda absolutamente su sentido. Y como suele decirse en un chiste que se cuenta por Bilbao, o a setas o a Rolex. O estamos buscando setas o buscamos Rolex. Lo que no se puede hacer son las dos cosas a un tiempo.

Dicho esto, me gustaría entrar en los puntos concretos del articulado que propone Esquerra, puesto que discrepamos en algunos de ellos. Es hora de que los grupos vayamos fijando, se apruebe o no, probablemente no, esta toma en consideración de la propuesta, pero creo que es hora de que nos vayamos posicionando sobre esta problemática. Mi grupo cree que sí debe existir una asignación mínima que dote de una dignidad institucional a personas que hayan ostentado cargos importantes de representación en el Estado y una mínima dignidad pública, porque estas personas pueden tener una vocación de servicio público. Antes, el señor Ridao justificaba que algunos de estos expresidentes pudieran desarrollar un papel concreto en la política del Estado y de apoyo al gobierno correspondiente, una figura institucional. Por lo tanto, hay que facilitar esa vocación pública. Pero también sería por estética institucional, y no es fácil, después de haber ocupado una alta instancia en el Estado, que la primera preocupación de esa persona sea buscar un hueco aquí o allá. Me dirán que no tiene que ser tan difícil para una persona que ha tenido tantos contactos y tan importantes con tantas empresas. Precisamente por eso, por la estética, porque si se exige un mínimo de dos años a los ministros cuando acaban su labor en el gobierno antes de volver a trabajar en el campo sobre el que han tenido poder decisión, con más razón y con más amplitud hay que pedírsela a un presidente del Gobierno. En este sentido, estética. No se trataría de un acceso directo, rápido e inmediato a una vía privada, porque podría dar lugar a interpretaciones de qué es lo que se estaba haciendo antes. Por tanto, sería para facilitar la vocación pública y el servicio de algunas personas, pero también por estética institucional.

Lo que no vemos es el objetivo que plantea Esquerra de que tiene que ser algo limitado a cuatro años, con un objetivo de inserción en el mercado laboral. Puede que eso sea lo que ocurra definitivamente, pero no necesariamente. No debe ser ni es un salario de transición. En absoluto. Por eso, no entendemos esa distinción que hace entre asignación y pensión. Sería una asignación del 80 por ciento del sueldo de un presidente hasta que esa persona cumpla los 65 años, y después se pasa a un 60 por ciento en concepto de pensión. ¿Por qué si el estatus institucional no ha variado? No se trata de una pensión. En cuanto al estatus institucional, es tan expresidente con 65 años, o con la edad de jubilación equis que haya en ese momento, como cuando haya cumplido los 66. No tiene ningún sentido el establecimiento de dos regímenes diferentes o de dos porcentajes diferentes. Si la única percepción que asume esta persona, porque lo asume como servicio público y él cree que puede tener un rol institucional, es que solo va a tener como ingreso ese dinero institucional, ese dinero público, entonces que sea vitalicio. ¿Por qué no va a ser vitalicio? La condición de expresidente va a acompañar a esas personas toda la vida.

En cuanto a las incompatibilidades, estamos de acuerdo tal y como se fijan: compatible con cualquier mandato parlamentario, con la condición de miembro del Gobierno, de alto cargo, de cualquier cargo público de libre designación remunerado, esto es, con otro cargo político y, sobre todo -y esto es importante dada la casuística que saltó a la luz pública recientemente-, debe ser incompatible absolutamente con la percepción de ingresos procedentes del sector privado; y estamos de


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acuerdo también con que sea la persona implicada quien ejerza ese derecho de opción. Por tanto, si la actividad pospresidencial es pública, no procede que se compatibilice con otro ingreso público y de contenido político, tal y como está señalado en el artículo tercero, correctamente a nuestro entender; y si la actividad pospresidencial es privada, desde luego no es estético, en absoluto es estético, recibir un sobresueldo público, sabiendo además que esas actividades privadas evidentemente son aceptadas cuando las cantidades que se perciben son superiores, muy superiores a las que se reciben del erario público.

Señora presidenta, resumiendo, aunque no estamos de acuerdo con todo el articulado, sí que lo estamos con el espíritu de la proposición presentada y, por tanto, votaremos a favor de la toma en consideración. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No nos parece estético el caso del consejo de Gas Natural, de los grupos pertenecientes a Murdoch y de los expresidentes españoles. Como he dicho antes, a setas o a Rolex.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Señor Xuclà, tiene la palabra.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, el diputado Joan Ridao nos plantea básicamente a través de esta proposición de ley tres aspectos que me parecen relevantes a la hora de reflexionar y de expresar la posición del grupo parlamentario. Una primera aproximación es aquella referida a la incompatibilidad entre la percepción de un sueldo del sector privado y la acumulación de este sueldo del sector privado con la asignación institucional de carácter público. Si esto es lo que se nos plantea, lo expresamos en la Comisión Constitucional hace un año y lo reiteramos hoy, si lo que se nos plantea para ir a la casuística concreta de lo que se ha vivido en los últimos años, sueldos de 200.000 euros o de 175.000 euros que se acumulan a la asignación institucional, nuestra respuesta es que creemos que es incompatible y que los expresidentes del Gobierno, del Congreso y del Senado deberían optar entre una u otra remuneración. Este es un extremo relevante de lo que nos plantea el grupo proponente.

Pero, señorías, nosotros, en contra de lo que propone el grupo proponente, no pensamos que un expresidente del Gobierno, un expresidente del Congreso o un expresidente del Senado tenga que tener limitada a cuatro años la asignación institucional. En la exposición de motivos y en el artículo primero se plantea esta asignación institucional -y leo literalmente- como un tránsito al sector privado. Nosotros invitamos a la Cámara y al conjunto de la política deberíamos convocar a reflexionar sobre el rol institucional que pueden y deben desempeñar los expresidentes del Gobierno en una democracia, y a mí personalmente me gustaría que lo desarrollaran en intensidad. Creo que otras democracias lo tienen mejor resuelto: desde Estados Unidos, con encargos concretos del presidente en ejercicio, hasta Italia, donde no el presidente del Consejo de Ministros, sino el presidente de la República tiene un cargo de senador vitalicio, hasta otros sistemas democráticos donde hay claramente una función y un rol de los expresidentes en el sector público. Y este, señorías, es el sentido de esta asignación institucional. Nosotros en este segundo aspecto no coincidimos con el grupo proponente, porque pensamos que no se debe limitar a cuatro años, sino que puede y debe ser una asignación vitalicia llamada a convocar, llamada a invitar al expresidente del Gobierno, del Congreso o del Senado a ejercer una función institucional, un papel institucional, un papel político y cívico de consenso y de encargo de algunas gestiones de buenos oficios en el ámbito público. Es por esto por lo que nosotros decimos claramente sí a las incompatibilidades entre ingresos del sector privado y asignación institucional. Decimos claramente no a la limitación a cuatro años de esta asignación -en el texto de la proposición de ley se habla no de asignación sino de pensión y limitada a cuatro años- y creemos que sí tiene sentido que los expresidentes del Gobierno, del Congreso y del Senado continúen ejerciendo una función en el ámbito público, en el ámbito institucional y en el ámbito cívico.

El tercer y último comentario por parte de mi grupo respecto a esta proposición de ley es para invitar y convocar a la coherencia del grupo autor de la iniciativa entre lo que propone hoy en el Congreso de los Diputados y aquello que, en coherencia con esta proposición de ley, debe plantear también en el Parlament de Catalunya. Esquerra Republicana de Catalunya es un partido que ha dado presidentes de la Generalitat y presidentes del Parlament. En coherencia con esta proposición de ley, supongo que el grupo proponente también plantea que el expresidente del Parlament de Catalunya, el expresidente Benach, limite a cuatro años la percepción de su asignación como cargo público cesante, con lo cual convoco al grupo proponente a un acto de coherencia entre lo que plantea aquí y lo que supongo que también debería plantear en el ámbito de la política catalana.

Señor presidente, no debo agotar mis minutos asignados, porque he expresado el conjunto de los planteamientos de mi grupo parlamentario: sí a las incompatibilidades, sí al derecho de opción entre los ingresos públicos y privados, no a la limitación de cuatro años. La confluencia de estos dos criterios nos lleva a una abstención, pero también nos lleva a tener un planteamiento abierto para futuras regulaciones, en las cuales claramente enviemos un mensaje de que los expresidentes pueden y deben tener -porque lo tienen y por esto modificamos la Ley del Consejo de Estado- un perfil institucional al día siguiente de que dejen de ejercer la función de presidentes.

Muchas gracias, señor presidente, en este caso, del Congreso.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Don Arturo García-Tizón, tiene la palabra.

El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Señor presidente, señorías, en relación con el debate de esta proposición de ley que nos presenta el Grupo de Esquerra Republicana y a la luz de las intervenciones que se vienen produciendo, a veces uno tiene la sensación de que temas que deberían ser fáciles de entender o de comprender los presentamos como si de ellos dependiera la bondad del sistema que nos hemos dado, de nuestro sistema democrático, y creo que se llega a unos excesos que nada tienen que ver con la realidad de lo que estamos hablando.

Señorías, la situación actual por la que se rigen los expresidentes del Gobierno, expresidentes del Congreso, expresidentes del Senado o cargos similares nos da tres conceptos muy sencillos, en primer lugar, una asignación temporal equivalente al 80 por ciento de la retribución que recibirían por el mismo puesto de trabajo, por un plazo igual al que hubiesen desarrollado y en todo caso con un máximo de veinticuatro mensualidades, es decir, dos años. Eso es lo que se puede entender como esa indemnización de reintroducción a la vida no pública. Primer concepto. El segundo es una pensión de jubilación, como la tienen la mayoría de los funcionarios y servidores públicos al alcanzar la edad jubilación, igual al 80 por ciento del haber regulador, constituido por el sueldo asignado por la Ley de Presupuestos en dicho momento. Por supuesto, esta pensión de jubilación es incompatible con la asignación anterior a la que he hecho referencia. En tercer lugar, la puesta a disposición de unos medios consistentes, señorías, en lo siguiente: dos asistentes en nivel 18 y nivel 30, un automóvil de representación con su correspondiente conductor, un servicio de seguridad y una dotación económica para -lo subrayo porque es importante conocerlo- gastos de oficina y atenciones de carácter social, en su caso alquileres. Los Presupuestos Generales del Estado cifran esta cuantía, esta dotación -que ya digo que tiene un sentido absolutamente finalista y que está dirigida a los gastos de oficina y a las atenciones de carácter social- para cada uno de ellos en unos 80.000 euros, 79.337 euros anuales, lo que determina 6.600 euros mensuales. No es por tanto ni un sueldo ni una indemnización ni una pensión. Se trata simplemente de una dotación para atención de gastos sociales, para atención de gastos de oficina, unos gastos muy sencillos.

Señorías, la proposición de ley que hoy discutimos pretende que la asignación mensual tenga como máximo una legislatura, que la pensión vitalicia baje de ese 80 por ciento al 60 por ciento y que esa dotación para gastos de oficina, para gastos de asistencia de carácter social sea incompatible con cualquier otra percepción de carácter público o privado. Yo, señorías, les digo lo que en su día manifesté en la Comisión Constitucional. De aquí que no quepa extraer que la supresión de estos gastos, de estas dotaciones impida -ya que parece ser que es la gran preocupación de muchas de sus señorías- el carácter lobista de los expresidentes del Gobierno o de otros expresidentes, porque, señorías, si ustedes creen que se está haciendo lobby en estas condiciones, comprenderán que unas dotaciones de carácter de asistencia, de carácter social, no van a impedir esa situación. Por tanto, estamos excediéndonos con mucho en lo que esta regulación tiene respecto de los expresidentes del Gobierno.

Permítanme que vaya más allá. Afortunadamente, vivimos en un régimen de plenas garantías, en un sistema de plenas libertades, y los expresidentes del Gobierno, los expresidentes del Congreso y los expresidentes del Senado nos representan a todos. Representan a una gran nación, representan a todas y cada una de sus señorías y a los españoles, que los han votado para que legítimamente ejerzan los cargos que tienen. Por tanto, señorías, creo que también es de justicia que esa nación, que ese Estado, a sus máximos dirigentes, es decir, a los expresidentes del Gobierno, a los expresidentes del Senado, a los expresidentes del Congreso y demás cargos análogos, les mantengan la dignidad que requiere esta situación que han tenido anteriormente. Sinceramente, no creo que 6.000 euros sea una cantidad como para rasgarse las vestiduras y para decir que esta asignación es incompatible con la dignidad institucional que puedan ostentar por el hecho de tener actividades privadas en un momento posterior.

Señorías, a veces, con actuaciones como la que se pretende, el ejercicio de la política no es que se dignifique, es que se denigra, y muchas veces, con iniciativas sobre nuestros políticos como la que estamos hoy discutiendo, hacemos un flaco servicio a nuestro sistema democrático. Debemos ser responsables y respetuosos con nuestros cargos representativos. Creo que unas modestísimas asignaciones como las que tienen en estos momentos -una pensión, una indemnización durante escasamente una legislatura, con lo que ello representa, y por lo tanto unas dotaciones para atenciones de marcado carácter social- no son determinantes en modo alguno, ni ética ni legal ni estéticamente, con la función de los expresidentes y de los altos cargos de este país.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Tizón.

Don Jesús Quijano tiene la palabra.

El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Nos trae aquí de nuevo una cuestión ya reiterada y además recientemente debatida. Si mal no recuerdo, tanto en Pleno como hace algunos meses en la Comisión Constitucional, tuvimos ocasión de debatir exactamente el mismo tema. Obviamente, ni mi grupo ni yo personalmente hemos cambiado de opinión en este tiempo y por tanto no puedo hacer otra cosa más que reiterar


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prácticamente lo que en su momento tuve la ocasión de manifestar, anticipando que mi grupo no es favorable a la toma en consideración de esta iniciativa por las razones que señalaré.

Aquel día manifesté el riesgo que puede suponer aprovechar el contexto de la crisis y el calor del clima social en ciertos sectores. Yo creo que la reproducción de la iniciativa tiene algo que ver con el clima social en ciertos sectores -digámoslo claramente- tras el 15-M -y lo digo porque efectivamente creo que es así-, haciendo apetecibles algunas iniciativas que corren el riesgo de incurrir en el oportunismo o quizá en la demagogia. Algo de esto hay, lo digo sinceramente, y trataré de argumentarlo.

Señoría, creo también que frente al uso de la desafección tenemos la obligación de ser rigurosos y serios, porque si no corremos también el riesgo de alentar esa desafección, y nuestra obligación es, con argumentos, intentar hacer lo contrario. Se alientan por ejemplo estas tendencias -lo digo porque me parece que usted lo ha mencionado en la tribuna- cuando se alega el uso privativo de instalaciones públicas a las que tienen acceso todos los funcionarios y por tanto se ejerce el mismo derecho que ellos. Cuando se usan este tipo de argumentos para ilustrar iniciativas de estas características el riesgo es incurrir en la frivolidad, que casi siempre termina alentando la desafección. Por eso conviene aclarar algún concepto. Me parece que el señor García-Tizón lo ha hecho con toda corrección y yo simplemente lo reitero.

Se confunden -yo supongo que no deliberadamente sino en el contexto de la iniciativa y del debate- conceptos tan distintos como la indemnización de los dos años tras el cese, que está compensando en buena lógica una incompatibilidad estricta de desarrollar, accediendo al sector privado, cualquier otra actividad. Se confunde en segundo lugar la pensión vitalicia, que no es algo distinto de lo que es la pensión vitalicia de cualquier otro ser humano cuando llega la edad de jubilación y ha cotizado, incluso con la precaución de un tope del 80 por ciento de la base reguladora del grupo A, y por tanto sometida a las mismas incompatibilidades y a las mismas reglas de concurrencia con cualquier otra pensión para que no supere el techo máximo, que me parece que para este año está fijado en 2.497,91 euros. Se confunde en tercer lugar con algo que bajo ningún concepto tiene la finalidad de retribución personal sino de asignación o dotación presupuestaria para el sostenimiento -con los conceptos que ha señalado el señor García-Tizón- de gastos de oficina, alquileres, atenciones sociales, etcétera, de lo que podríamos llamar la oficina del expresidente, algo que si miramos además la cuantía asignada, estoy por asegurar que no tiene parangón con ningún otro país de la Unión Europea, a la baja, y digo más: esta asignación no está prevista ni para el presidente del Congreso ni para el presidente del Senado. Lo aclaro porque en la iniciativa y en el debate se ha mezclado todo, insisto, supongo que no de manera intencionada, pero quizá sí por inadvertencia o simplemente por falta de un conocimiento explícito.

A partir de ahí, fijemos una regla: la actividad privada es compatible con esa asignación. Eso es legal, lícito, legítimo y si cada uno quiere valorar si además también es estético, es libre de hacerlo. Yo dije en la Comisión y me reitero que a mí en particular no me hace especialmente feliz que los expresidentes del Gobierno hagan esa tarea, pero es mi opinión y es su decisión; por tanto, la actividad privada en ese sentido es perfectamente legal, lícita y legítima. Es como si un expresidente del Gobierno da conferencias, escribe libros, hace asesoramiento y es bien cotizado: eso es legal, lícito y legítimo. Por tanto, aclaremos bien las cosas. A partir de ahí, insisto, es una decisión personal de realizar una actividad que no está prohibida por la ley.

Termino como terminé en aquella otra ocasión. Yo desde luego preferiría que los expresidentes del Gobierno tuvieran el tratamiento y el reconocimiento que merecen; dicho más sinceramente, que no tuviéramos que esperar a que enfermen o fallezcan para que ese reconocimiento sea efectivo, y lo digo porque casos comparativos en ambos sentidos tenemos y además todavía recientes o presentes. Dije aquel día y lo mantengo que los expresidentes del Gobierno, con sus aciertos y sus errores, con las filias y las fobias que son libres para todo ser humano, son nuestros expresidentes y como tales debiéramos reconocerlos y como tales debiéramos rentabilizarlos, porque ocurre -y también lo dije aquel día- que, por algún cainismo genético o histórico que todavía no hemos sabido superar, nos parece estupendo que nos los rentabilicen otros, en Europa, en América o en el resto del mundo, cuando pudiéramos hacerlo nosotros si algún día llegáramos a este símbolo de cultura política que es asignarles tareas institucionales respetadas y alentadas en interés general del país. Seguramente el día que lleguemos a este punto, el resto del debate quizá sea innecesario porque ni siquiera se nos plantee.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quijano. (El señor Xuclà i Costa pide la palabra.)

¿Sí, señor Xuclà?

El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, desearía muy brevemente hacer uso de la palabra para hacerme una corrección respecto a mi intervención.

El señor PRESIDENTE: ¿Para hacérsela a su propia señoría?

El señor XUCLÀ I COSTA: Sí, a mi propia intervención.

El señor PRESIDENTE: Adelante.

El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, es respecto a este debate en el cual hemos confundido


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asignaciones distintas, la de un expresidente del Gobierno y la de los expresidentes del Congreso y del Senado, los cuales, por cierto, no tienen oficina de expresidentes. He hecho una referencia al régimen de los expresidentes del Parlamento de Cataluña hablando del carácter vitalicio y, exactamente, el régimen consiste en percibir la mitad de la asignación que tuviera, durante los años que ha ejercido. Concretamente he hecho referencia al expresidente Benach, el cual tendrá derecho a percibir la mitad de su asignación durante tres años y medio y no con carácter vitalicio. Me gustaría dejar constancia de aquello que ha sido inexacto y presentar disculpas por la inexactitud.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, así constará en el "Diario de Sesiones". (El señor Ridao i Martín pide la palabra.)

Señor Ridao.

El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, si me lo permite, quisiera hacer también brevemente uso de un turno simplemente a efectos aclaratorios de un extremo que suscitaba ahora el señor Quijano muy bien, y es que, efectivamente, se ha mezclado durante el debate lo que concierne a los derechos protocolarios materiales y económicos de los expresidentes del Gobierno con lo concerniente a los expresidentes del Congreso y del Senado. Una cosa son los derechos económicos en forma de pensión -cuando la hubiere- de los expresidentes del Congreso y del Senado y otra cosa muy distinta son los derechos protocolarios inherentes a los expresidentes del Gobierno, que en ningún caso son para los expresidentes del Congreso y del Senado, que no tienen ni oficina ni otras prerrogativas del mismo signo. Quisiera precisar ese extremo, porque tanto yo mismo como otros portavoces no lo hemos clarificado durante el debate.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, así constará en el "Diario de Sesiones".

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL DICCIONARIO BIOGRÁFICO ESPAÑOL DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. (Número de expediente 162/000879.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE RECTIFICACIÓN DEL DICCIONARIO BIOGRÁFICO ESPAÑOL PUBLICADO POR LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. (Número de expediente 162/000884.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar de modo conjunto dos proposiciones no de ley, del Grupo Socialista y del Grupo de Esquerra Republicana, sobre el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Al tratarse de manera conjunta, les ruego se atengan a las indicaciones en los tiempos. En primer lugar lo hará el señor Cuesta y después el señor Llamazares. ¿Es así? (Asentimiento.) ¿Les parece cinco minutos cada uno? (Asentimiento.) Muchas gracias.

El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, como ustedes conocen, el pasado 26 de mayo la Real Academia de la Historia presentó el Diccionario Biográfico Español. Mis primeras palabras quieren reconocer de una forma general la importancia de esta obra y el gran trabajo que subyace en ella, en la que han trabajado más de cinco mil investigadores a lo largo de doce años. No es discutible la riqueza de esta obra, con gran cantidad de datos sobre miles y miles de personajes de los más variados ámbitos. Es una fuente de información nunca antes lograda y una obra que abarca veinticinco siglos. Este trabajo, en la mayoría de los casos, es y ha sido elaborado con seriedad y ha sido muy riguroso. El Diccionario Biográfico Español es fruto, como saben ustedes, de un convenio entre la Real Academia de la Historia y el Ministerio de Educación suscrito en 1999 e incluye en sus cincuenta volúmenes, de los que se han publicado veinticinco, más de cuarenta mil biografías. En el convenio suscrito en su día se señala que cada voz o artículo del diccionario deberá contener lo esencial de la vida y de la obra del personaje de que se trate y dar una versión ecuánime de sus acciones y de los elogios y críticas que pudiera haber suscitado.

Dicho esto, el conocimiento por la opinión pública del contenido de algunos perfiles biográficos, entradas y biografías referidos a nuestra historia más reciente ha causado un gran escándalo y un profundo disgusto en sectores de la ciudadanía y en algunos ámbitos científicos, históricos, intelectuales y políticos, así como entre distintos colectivos como las víctimas de la represión franquista, las asociaciones de familiares y descendientes del exilio y las asociaciones de la memoria democrática, representantes de algunas de las cuales -y los saludo desde aquí- nos acompañan en esta sesión.

Muchas de las biografías han sido encomendadas a personas o fundaciones próximas a la vida y obra del personaje de que se trate, pero no parece lo más prudente que el dictador Franco haya sido glosado por un historiador que es patrón de la Fundación Francisco Franco, que tiene como objetivo glorificar la vida y obra del caudillo dictador. No parece que esto sea lo más adecuado, pues es difícil distinguir dónde acaba el planteamiento historiográfico y dónde empieza la glosa fanática, no solo de la glorificación de su vida y obra, sino también de la dictadura implacable que dicha figura significó para nuestro país.

Mi grupo considera por lo tanto que es fundamental respetar el rigor histórico y la objetividad de procedimientos en el análisis y elaboración de los textos, pero parece indudable que siendo como es una obra importante,


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y no me cansaré de repetirlo, en el Diccionario Biográfico Español existen ciertas entradas que se han apartado del necesario rigor y objetividad y de la versión ecuánime. Mi grupo considera que el Ministerio de Educación ha hecho los deberes. Desde el primer momento ha requerido respetuosamente a la Real Academia de la Historia para que adopte las medidas oportunas para revisar y en su caso corregir inmediatamente, por los medios que sean necesarios, aquellas entradas que no respondan al rigor histórico de los trabajos académicos. También quiero valorar positivamente el comunicado de 3 de junio del órgano de gobierno de la academia aceptando críticas, admitiendo la existencia de otros planteamientos historiográficos y, sobre todo, creando una comisión permanente para fijar los procedimientos de mejora y revisión de la obra. Dicha comisión, integrada por dos académicos y un historiador externo, ha sido constituida el pasado 17 de junio -ya había sido presentada esta proposición no de ley- y su cometido será revisar y mejorar, según proceda, las entradas del Diccionario Biográfico Español.

Con esta proposición no de ley queremos animar, por supuesto, ese trabajo y no podemos aceptar -no lo puedo aceptar y me parece intolerable- que alguien, desde algunos medios de comunicación, desde incluso la propia actividad política, pueda calificar esta iniciativa y la lógica preocupación de esta Cámara como una actividad de corte inquisitorial. Señorías, con esta proposición no de ley mi grupo considera que no es misión del Parlamento ni del Ministerio de Educación censurar o revisar la producción de la Real Academia de la Historia. No es esta una proposición inquisitorial ni pretende menoscabar el ejercicio de la libertad de expresión. Por ello se insta a que la academia promueva una solución de mejora, animando a que los procedimientos de investigación sean acordes con la objetividad de los hechos.

El propio Senado aprobó el 27 de junio una moción de tenor similar y a través de esta proposición no de ley mi grupo pretende que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a reiterar el requerimiento realizado por el Ministerio de Educación a la Real Academia de la Historia para que adopte las medidas oportunas para revisar y, en su caso, corregir, no más tarde del mes de octubre de 2011, como también lo solicita una enmienda de Izquierda Unida, aquellas entradas que se han apartado del necesario rigor y objetividad en el Diccionario Biográfico Español y para que impulse los trabajos en serio de la comisión permanente que a tales efectos ha sido recientemente creada y constituida por la Real Academia de la Historia y que está compuesta por historiadores miembros de la academia y ajenos también a la citada institución. Insta a exigir en segundo lugar a través de esta proposición la interrupción de la difusión, en España y en el extranjero, hasta que exista un pronunciamiento de la citada comisión científica y se proceda a esa revisión, y a condicionar las subvenciones públicas específicas a una mejora en el tratamiento de este diccionario, que como obra general -decía- valoramos en términos generales de manera positiva. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Quería hacer unas reflexiones finales. Señorías, el próximo lunes se cumplirá el 75º aniversario del 18 de julio de 1936. No fue aquella una de las mejores páginas de nuestra historia. Por mucho que algunos insistan y por muy crítico que sea el juicio que se pueda formular a la II República española, lo ocurrido el 18 de julio de 1936 no fue un glorioso alzamiento o una guerra de liberación impulsada por un militar valeroso: fue un golpe de Estado cruento contra la legitimidad democrática de la II República española. Señorías, nuestra democracia tiene treinta y tres años de vigencia constitucional. Es el periodo democrático más largo de nuestra historia. En ningún caso es una democracia otorgada desde la generosidad de la dictadura, como gusta decir a una minoría, sino que es fruto de la lucha de muchas generaciones de demócratas, del acuerdo, del diálogo y de la convivencia de los ciudadanos españoles y, por tanto, es fruto de la voluntad mayoritaria del pueblo español.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Cuesta, por favor.

El señor CUESTA MARTÍNEZ: Sí, señoría, ya finalizo.

Mis últimas palabras quieren denunciar también un fenómeno y un riesgo que padecen las democracias de nuestro tiempo: la falsificación de la historia con ánimo excluyente. Algunos políticos y creadores de opinión se dedican a reescribir y falsificar la historia con ese ánimo excluyente. Se ha dicho que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Si los políticos nos negamos a aprender de la historia reciente, podemos estar condenando a todos a repetirla.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Cuesta.

Para defender su proposición no de ley tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señores invitados, queremos valorar, en primer lugar, el esfuerzo que ha supuesto y que está suponiendo la edición del Diccionario Biográfico de la historia de España. Pero no hablamos de eso, hablamos del problema que nos trae aquí, que ha provocado un escándalo público en la memoria de los demócratas y también en los medios de comunicación. El escándalo es el enfoque apologético de la dictadura, falto de cualquier rigor académico en alguna de las entradas de este diccionario. El problema es que ciertos trabajos, ciertas entradas abundan en interpretaciones personales, valoraciones o juicios que no solamente se identifican con los protagonistas del golpe de Estado y de la dictadura,


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sino que se prestan abiertamente a una exaltación, a un ejercicio de propaganda. Obrando así no solo vulneran los valores académicos y el rigor científico exigible en una institución de 273 años de existencia, sino que hacen un flaco favor a su prestigio. No se trata, por tanto, de ningún demérito de la Real Academia de la Historia, sino, al contrario, de preocuparse por ese mérito contrastado. Se trata de la voluntad y de la intención deliberada de algún autor de propagar la tesis de la dictadura franquista en lo que podríamos calificar de una verdadera operación de revisionismo, de propaganda. Una memoria que no es la memoria de los ciudadanos españoles, sino la memoria de la extrema derecha, que no está representada en esta Cámara.

En la ficha biográfica de Francisco Franco Bahamonde se ensalza al caudillo y se oculta la represión de su régimen con eufemismos y afirmaciones contrarias a la verdad. Entre otras perlas: Montó un régimen autoritario, pero no totalitario. La Ley de Principios del Movimiento dibujó un nuevo orden constitucional. Entre otras lindezas, en estas entradas del diccionario se sostiene que Franco no fue un dictador y sí lo fue Negrín. El golpe de Estado y la guerra se definen como cruzada y como glorioso alzamiento nacional. Señorías, no es aceptable en democracia. Las valoraciones sobre la guerra civil y la dictadura configuran la historia de los vencedores de 1939, el triunfo obsceno del revisionismo histórico y no la historia y la historiografía contemporánea. La historia, interpretada por los hispanistas en primer lugar y por los historiadores españoles contemporáneos, dice que Franco fue un dictador y su forma de ejercicio del poder una dictadura nacida de un golpe de Estado que, al no lograr la toma del poder, desencadenó una cruenta guerra civil con el apoyo de las potencias, en ese momento fascistas, de Hitler, Mussolini y Salazar. Esa es la historia. Si contemplamos exclusivamente estas y otras entradas, la Real Academia de la Historia -tan solo por estas entradas y en estas entradas- no ha respetado el convenio firmado con el ministerio, de 21 de julio de 1999, para este diccionario y su compromiso -dice explícitamente- de dar una visión ecuánime de los personajes históricos. Estas manchas que salpican algún tomo del diccionario incumplen también los estatutos fundacionales de la Real Academia y su objetivo de aclarar la importante verdad de los sucesos, desterrando fábulas introducidas por la ignorancia o por la malicia. Estamos, por tanto, ante un hecho grave, ante un escándalo, ante un libelo contra la democracia y contra la república, que además ha sido financiado con fondos públicos. No es justo que con dinero público se hayan pagado estas mentiras -aunque el conjunto del diccionario sea loable-, que son un insulto a la inteligencia y a la verdad, una burla a la memoria democrática y un fraude académico.

Señorías, algún autor ha manchado el buen nombre de la academia y ha empañado la brillantez de los miles de textos y decenas de otros autores que han participado en la redacción del diccionario. Por mucho que la academia sea una corporación de derecho público y el Gobierno solo mantenga con ella una relación administrativa, se debe honrar el compromiso con el Gobierno y responder de sus actos por una obra publicada en papel y una página web y una edición on line financiadas con unos 6 millones de euros del erario público.

Cabe plantearse, pues, qué medidas pueden subsanar esta situación. En primer lugar, la propia academia ha propuesto que una comisión científica integrada por académicos y con participación de historiadores externos supervise los textos referidos a los personajes más polémicos, muy particularmente en el campo de la historia contemporánea. Nosotros lo saludamos. En segundo lugar, también pareciera conveniente que la Real Academia fuera especialmente prudente y cuidadosa en la selección de los autores a quienes se confía una referencia biográfica, de tal modo que sean especialistas de la época y se tenga una mínima garantía de objetividad y de respeto a la historiografía. En tercer lugar, creemos que no se trata de añadir una fe de erratas o de enriquecer los textos erróneos con otros que los rectifiquen. Esa técnica nos llevaría a un aumento de la confusión. Pedimos que se corrijan los tomos controvertidos de la primera edición, aquellas entradas que son en este caso inaceptables, que se supriman las mencionadas falsas o apologéticas del golpe de Estado, de la dictadura y de sus dirigentes y que se condicione la subvención futura prevista en los presupuestos a la efectiva revisión y mejora del mismo en los términos previstos por el convenio anterior y por esta proposición no de ley. Lo que queremos es que se repongan la memoria y la historia, que en general en el Diccionario Biográfico aparece dignamente tratada, pero que en estas entradas es únicamente propaganda y además una afrenta a la memoria de los demócratas de este país.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.

Se han presentado enmiendas por parte de dos grupos. Para defender las del Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda a las dos proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en relación con el Diccionario Biográfico Español. En opinión de mi grupo es lo que hoy nos convoca aquí, no un debate sobre la democracia o un debate constitucional, en el que sin duda básicamente estaríamos de acuerdo. Pero nos trae aquí en particular el Diccionario Biográfico Español.

Yo me alegro de que tanto don Álvaro Cuesta como el propio señor Llamazares hayan hecho una loa del Diccionario Biográfico Español como obra en conjunto.


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Conviene no olvidar que este diccionario es fruto de un trabajo de doce años, como se ha dicho anteriormente, que ha reunido en su totalidad las biografías de más de 40.000 personajes relevantes de la historia de España y que para su elaboración han trabajado más de 5.500 investigadores españoles y extranjeros pertenecientes a más de 500 instituciones a lo largo y ancho del mundo, tanto públicas como privadas. A modo de ejemplo sobre la importancia de esta obra y su repercusión internacional podíamos referirnos a muchos especialistas de cuya independencia y cualificación científica seguro que el conjunto de la Cámara no duda, y no españoles además, como sir John Elliott, Joseph Pérez o Stanley Payne. Citaré brevemente lo que en la presentación de los veinticinco primeros tomos dijo este último historiador, Stanley Payne: Es una de las dos obras máximas de esta clase en el mundo, igualada solamente por el Diccionario Británico Oxford, y que ha marcado un paso que eleva todo el nivel de la historiografía de España. Creo importante en el preámbulo de mi intervención, necesariamente breve, remarcar este dato para poner de manifiesto que no podemos cuestionar y olvidar lo que significa esta obra, que alguien ha dicho que es la mayor aportación cultural en España en los ciento cincuenta últimos años, alguien muy relevante también, por cierto.

A estos efectos lo que hace nuestra enmienda en su primer punto es recordar algo que pertenece a la esencia de nuestra Constitución y, por tanto, de nuestra democracia, y es que el progreso científico e intelectual solo es posible dentro de un entorno institucional que salvaguarde la libertad, la independencia y el rigor de los investigadores, de acuerdo con los principios democráticos y derechos fundamentales que constitucionalmente lo hacen posible. ¿Cuáles son fundamentalmente, que no exclusivamente? Artículo 20 de la Constitución, se lo voy a leer. "Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. A la libertad de cátedra." Apartado 2 del artículo 20 de la Constitución, escuchen, señorías: "El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo -ningún tipo- de censura previa". Eso dice la Constitución. Cuando se ha alegado aquí que al estar financiada con fondos públicos eso da derecho, al parecer, a algún tipo de censura, aunque sea ex post, tengo que decir que la lógica de ese discurso nos llevaría al absurdo, por ejemplo, de cuestionar la libertad de cátedra en las universidades públicas que se financian con fondos públicos o, por ejemplo, que en las subvenciones al cine los autores tuvieran que pasar la censura de los guiones de sus películas. Por lo tanto, mucho cuidado con las lógicas de determinados discursos que nos llevan a fines que sin duda no están en el ánimo de los que promueven estas iniciativas.

En segundo lugar, nuestra enmienda dice que respalda la decisión adoptada por la Real Academia de la Historia en la línea de crear una comisión permanente integrada por historiadores de reconocido prestigio pertenecientes a la academia o no, como es el caso del historiador Fusi, del que además nadie duda de su no cercanía a determinados planteamientos ideológicos; entre otras cosas, fue director de la Biblioteca Nacional durante la época de los gobiernos de Felipe González, y me parece muy bien, pero digo esto para dar idea de la independencia y objetividad que se pretende de la comisión permanente que la propia Real Academia de la Historia ha constituido con la finalidad de revisar aquellas entradas que entienda que deban ser revisadas. Creo que el respeto de esta Cámara hacia la Real Academia de la Historia y las iniciativas que ya ha adoptado nos deben eximir de cualquier tipo de tentación de censura previa.

Por último, en relación con la retirada de la difusión de la edición de los veinticinco primeros tomos, edición muy limitada, 1.000 ejemplares nada más, tengo que decirles que o hay una resolución judicial firme o eso no es posible. A mí me preocupa mucho que el Congreso de los Diputados apruebe iniciativas que son constitucionalmente imposibles o, si quiere, son inconstitucionales. Solo el Poder Judicial puede limitar la distribución de una edición, no estamos con la Ley de Prensa e Imprenta. Por tanto, señorías, respetemos todos la Constitución, respetemos la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de creación literaria aunque algunas veces, es verdad, algunas cosas no nos gusten.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández.

Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.

La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, sin negar desde luego el valor global que pueda tener esta obra y sin ninguna pretensión de censura ni de supervisión de los contenidos de los trabajos académicos, desde Convergència i Unió entendemos que las ayudas que entre 1999 y la actualidad se han ido dando a la Real Academia de Historia, por un importe de 6,5 millones de euros, más de 1.000 millones de las antiguas pesetas de dinero público, de dinero de toda la ciudadanía, requieren la intervención del Gobierno para exigir que la Real Academia de la Historia proceda a revisar y rectificar no todas sino aquellas reseñas del Diccionario Biográfico Español que no solo pueden carecer de objetividad científica, como se ha dicho, sino que han herido la sensibilidad y las convicciones de muchos ciudadanos y han creado polémicas y enfrentamientos inconvenientes e innecesarios. Por ello, compartimos la preocupación y los objetivos de las iniciativas que estamos viendo. Hay que decir también, para hacer honor a la verdad, que la propia Real Academia de la Historia, seguramente a instancias del Gobierno y también de las


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resoluciones aprobadas ya en el Senado en fechas recientes, ha procedido a constituir una comisión que tiene como objetivo revisar y mejorar, según proceda, las entradas del diccionario. Se dice también en el comunicado del acta de creación que esta comisión emitirá un primer informe en el mes de octubre. Nos alegramos de que los grupos proponentes hayan llegado a un acuerdo basándose en sus respectivas autocorrecciones y enmiendas, un acuerdo cuyo contenido se ha glosado ya por los proponentes. Y nosotros estamos dispuestos a apoyar este acuerdo de síntesis.

Convergència i Unió había planteado una enmienda que ya se nos ha explicado que no se puede aceptar porque se entendía que excedía del propósito de esta proposición no de ley. Estamos de acuerdo en que puede ser así, aunque me gustaría comentar lo que planteábamos en la enmienda a modo de reflexiones. Una primera reflexión es que creemos que de manera ordinaria y sistemática deberíamos proceder a evaluar las políticas públicas y aquellas políticas que se dotan con fondos públicos. La evaluación ha de ser un instrumento que nos permita hacer un seguimiento sobre la adecuación de la aplicación de fondos públicos a los fines convenidos, al tiempo que se dota de mayor transparencia y se da seguimiento y monitorización a las políticas públicas. Por eso habíamos presentado una enmienda, porque entendíamos que en el convenio de 1999 la Real Academia de la Historia se comprometía a dar una visión ecuánime de los personajes históricos en este diccionario y, como vemos, no en todas las entradas ha sido así. Una política de evaluación seguida por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios podría en este caso -y quizás en otros, aunque este sea un debate más amplio que no es el momento de hacer ahora- ayudar a valorar y evaluar estas políticas y a dotar de transparencia la acción política y la aplicación de fondos públicos a las políticas que se hacen.

Además, las críticas al diccionario han focalizado la institución y se han ido extendiendo a la propia academia, a sus métodos de cooptación restringida, a la existencia de cargos vitalicios, a la rotunda hegemonía masculina -tres mujeres de treinta y seis miembros-, a la hegemonía centralista y a algunas funciones anacrónicas que hay en su dirección, como la de censor, porque la Real Academia de la Historia tiene la figura del censor. Me permito al efecto recomendarles el magnífico artículo de Joan B. Culla que sintetiza estas críticas, publicado en El País el pasado 3 de junio, donde define a la Real Academia de la Historia como un búnker de postín, son sus palabras. Dice en dicho artículo que la institución ha permanecido casi impermeable a los cambios políticos y sociales acaecidos desde 1977 y absolutamente refractaria a la realidad jurídica del Estado autonómico y a su carácter pluriidentitario. Se han publicado obras con el aval de la Real Academia de la Historia en las que se llega a decir que en las comunidades autónomas se estimula en las aulas el racismo y la xenofobia, la tergiversación y el enfrentamiento. En otra obra se arremete contra quienes sueñan con la construcción de estadículos ibéricos independientes, amparando o arraigando tan anacrónicos proyectos en la ignorancia, la insolidaridad, etcétera. Señorías, la impermeabilidad de la institución...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Pigem, por favor.

La señora PIGEM I PALMÉS: Acabo, señora presidenta.

La impermeabilidad de la institución no es ajena a sus normas de funcionamiento, especialmente porque todavía hay vigentes cargos vitalicios y la cooptación. Con estas reglas es evidente que tal y como señala Joan B. Culla, historiadores del prestigio y de la obra de Santos Juliá, Josep Fontana, Ángel Viñas y Borja de Riquer nunca alcanzarán un sillón en esta academia. Proponíamos la revisión de estos estatutos, que se hizo en el año 2009, pero creemos que se les debe dar una mayor permeabilidad para superar todas estas anacrónicas posiciones.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pigem.

Para fijar la posición del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, intervengo brevemente para manifestar que el BNG está total y absolutamente de acuerdo con los grupos proponentes en que algunos de los contenidos biográficos del diccionario revelan una visión sectaria y acientífica que ofende a la inteligencia, ofende a las propias convicciones democráticas y ofende a la memoria de las víctimas de la represión ejercida por la dictadura franquista. El señor Fernández Díaz apela a la libertad de opinión, a la libertad de investigación, a la libertad de pensamiento, a la libertad de cátedra, al respeto y a la independencia de los historiadores. Señor Fernández Díaz, yo soy licenciado en Historia. Siempre he me preocupado muy mucho de aclarar que una cosa es ser licenciado en Historia y otra ser historiador. Soy licenciado en Historia, pero no soy historiador. En cualquier caso, sé que aunque haya quien defina la historia como una ciencia social, no existe un relato histórico único. La historia es interpretable. Existen distintas corrientes historiográficas. La interpretación de los hechos históricos está siempre condicionada por el punto de vista y los intereses del historiador. Sin ir más lejos, yo soy gallego, pertenezco a un país donde incluso se niega que este país tenga una historia propia, donde hay pasajes fundamentales de nuestra historia no simplemente para comprender la historia de Galicia, sino para comprender la historia del conjunto de los reinos peninsulares que simplemente no existen en la historiografía oficial, en la


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historiografía dominante. Pero no es una cuestión de respeto a la libertad de opinión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de investigación. Le pongo un ejemplo. Si este Diccionario Biográfico fuese elaborado y publicado por la Fundación Francisco Franco y costeado con cargo a sus propios recursos, estoy seguro de que no tendríamos este debate en esta Cámara. Pero lo cierto es que su elaboración y edición fue sufragado en gran parte con recursos públicos. Lo cierto es que la Real Academia de la Historia es una corporación de derecho público receptora de subvenciones públicas, ya sea a través del Instituto de España para hacer frente a sus gastos de funcionamiento, ya sea a través de convenios con distintos ministerios para poder desarrollar distintos proyectos y actividades. Esto es lo que motiva estas proposiciones no de ley que aquí se están debatiendo. Por eso creemos que no solo es necesario exigir a la Real Academia de la Historia la corrección de las entradas objeto de esta polémica, sino que también es necesario adoptar medidas más severas para impedir que con recursos públicos se contribuya a la divulgación de esta obra, mientras no se corrijan estas entradas que ofenden -insisto- a las convicciones democráticas y ofenden a la memoria de las víctimas del franquismo. Abogamos también, como propone Izquierda Unida, por promover un estatuto marco regulador de las reales academias que aseguren un auténtico funcionamiento democrático de estas instituciones y su inserción real en la sociedad. En cualquier caso, manifiesto el apoyo del BNG, sin ningún tipo de dudas, a estas proposiciones no de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora vicepresidenta.

Ya mencioné a Jardiel Poncela, hablando de este tema, con aquella frase de que la historia es la mentira encuadernada. Pues en algunas de las hojas de esta magna obra se hace realidad esta frase. Pero conviene hacer una reflexión, porque de aquellos polvos, estos lodos. Recordemos cuándo se inicia esta magna obra. A inicios de la mayoría absoluta del Partido Popular, en un contexto de apabullante eclosión de actividades académicas financiadas con dinero público sobre el ser de España, la esencia, el proyecto nacional, tertulias, publicaciones, cursos, etcétera. Y claro, entre otras, también estaba ahí la Real Academia de la Historia en junio de 2000, cuando se descolgó con aquel grotesco informe sobre la enseñanza de la historia en el sistema educativo, que criticaba la tergiversación que en algunas comunidades autónomas se hacía del pasado, la manipulación y el adoctrinamiento que presiden la enseñanza de la historia en algunas comunidades autónomas. Es en los tiempos en que comienza este diccionario, en el año 2000, cuando el director de la Real Academia publicó en la prensa un artículo -ABC, 28 de junio, año 2000- en el que, entre otras, decía cosas tan ecuánimes como: Esperanza Aguirre, cuando fue nombrada ministra de Educación y Cultura, quiso hacer una reforma de los planes vigentes. Parecía que iba a contar con el apoyo de los diputados de Partido Socialista; no fue así. La derrota parlamentaria le provocó lágrimas, quizás las únicas que derramó esta mujer fuerte y animosa en toda su vida política. Hoy las cosas han cambiado. Confiamos en que se ponga remedio a las situaciones de ignorancia y tendenciosidad. Ni escrito por la oficina de prensa del Partido Popular. De aquellos polvos, estos lodos.

Nos encontramos con que el problema no son ya algunas entradas del Diccionario Biográfico sino la propia Academia, porque es una institución fosilizada e ideologizada, que podría hacer una gran labor, y lo dice un nacionalista vasco. Creo que una real academia de la historia puede ser una institución muy importante y muy interesante, que tiene unos fondos también muy importantes, pero no puede ser una institución basada en la cooptación, donde historiadores de prestigio ven vetada su entrada, eso no es admisible; ni puede ser que después de poner más de 6 millones de fondos públicos la publicación se ponga a la venta por una cantidad que es de difícil aportación: 3.500 euros, si uno quiere obtener la obra. Por cierto, señora vicepresidenta, yo no sé si quizás podría dirigirse a la Academia, porque uno al final tiene que recurrir a amigos para ver el Diccionario Biográfico. Resulta que aquí no lo tenemos, y no lo tenemos porque después de aprobar que se pongan más de 6 millones, resulta que la Real Academia no se ha dignado a entregarnos un ejemplar de la obra, al menos de la mitad de la obra, que es lo que tienen publicado. Nos gustaría tenerlo también aquí. Las entradas, las actuales, para luego verlas también con las corregidas, porque todo es interesante, toda obra en su contexto es interesante, claro que sí. 3.500 euros de venta al público después de tanto dinero público y edición on line, o sea, algo elitista cuando lo que se ha querido hacer, teóricamente si se pone dinero público, es algo accesible al público.

Yo le he oído por dos veces al señor Fernández en su argumentación. Hoy a la mañana también en la Comisión de Educación. Y él menciona una y otra vez el artículo 20, la libertad de pensamiento, la creación técnica, científica y artística. Sí, sí, pero aquí hay dinero público y, por lo tanto, se debe exigir lo que en los estatutos de la propia Academia se dice: Independencia frente a intereses económicos y políticos; y esto no se da, señor Fernández. Para eso, si lo que quieren es hacer un escrito de parte, desequilibrado, pues que se lo publiquen ellos mismos. Pero, claro, una institución como la Real Academia de la Historia se supone que tiene que mostrar una ecuanimidad; se supone que no puede ser un coto cerrado, que todas las partes deben ver reflejadas sus opiniones y hacer las entradas de una manera objetiva y con aportaciones de diferentes profesionales. Dice el señor Fernández Díaz que sus propios estatutos prohíben


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la censura y que cada autor es dueño de lo que ha escrito. Sí, claro, ¿quién los elige? ¿Quién elige las entradas? ¿Por qué los elige? ¿No es censura que haya prestigiosos catedráticos que no forman parte ni formarán nunca parte de la Real Academia de la Historia, porque se sigue el sistema de cooptación? ¿Eso no es censura?

El Ministerio de Educación tiene que hacer una reflexión, pero también el Ministerio de Industria, que financia el Centro Digital de Estudios Biográficos de la Academia, sí el Centro de Estudios Biográficos, el alma máter de este proyecto; y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que financia la página web de la Real Academia de la Historia. Tienen que ponerse manos a la obra para que lo que se ha hecho ya en otras reales academias pueda ser una realidad, una institución adaptada al siglo XXI que pueda dar un servicio interesante, que debe estar abierta a todos y que debe abandonar formas, maneras y modelos del pasado.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.

Tomamos nota de su petición sin que pueda albergar ninguna esperanza.

Señores Cuesta y Llamazares, si lo he entendido bien, la votación se formulará en base a la proposición no de ley del Grupo Socialista, aceptando las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que a su vez retira su proposición no de ley. En estos términos se producirá la votación.

El señor CUESTA MARTÍNEZ: Sí, en esos términos. Muy acertadamente la presidenta ha descrito la aceptación de las enmiendas.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Cuesta.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA SUPRESIÓN DEL CANON DIGITAL. (Número de expediente 162/000860.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a la supresión del canon digital. Para defenderla tiene la palabra en nombre de su grupo el señor Lassalle.

EL señor LASSALLE RUIZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el pasado 6 de junio expiró el plazo legal que estaba previsto en la Ley de Economía Sostenible para que el Gobierno cumpliese el compromiso -y cito literalmente- de que en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la citada ley, mediante real decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, modificase la regulación de la compensación equitativa por copia privada. Si no me equivoco, hoy es 12 de julio y la ley no se cumple. Ya sé que esto comienza a ser algo frecuente dentro de la dinámica del Gobierno del señor Zapatero, pero por eso mismo el pasado 29 de abril mi grupo presentó una proposición no de ley, que es la que hoy debatimos en esta Cámara. Pero es que el pasado 15 de junio pregunté a la señora ministra de Cultura por este asunto en la sesión de control y la respuesta que entonces me dio, y perdonen la expresión, no puede por menos que ser calificada como antológica. La señora ministra, la señora González-Sinde, contestó a este modesto diputado que las leyes, como las casas, se apoyan unas en otras, y eso es lo que ha pasado una vez más en esta ocasión, que el piso cuarto no puede rematarse sin que estén sólidamente asentados los otros pisos que lo sostienen. Para cumplir bien la ley, a veces hay que retrasar los plazos establecidos en ella misma. En este caso -continuaba- ocurre por responsabilidad -decía la señora ministra-; es mejor una buena ley retrasada que una mala ley puntual. Pues bien, señorías, a día de hoy, insisto, 12 de julio, ni hay una buena ley, ni tampoco una ley puntual. Se retrasa y se retrasa, a la espera de salir al paso, probablemente por agotamiento del tiempo y de la paciencia. Pero, señorías del Grupo Socialista, el tiempo transcurre. El pasado 27 de octubre de 2010, también en el Pleno del Congreso de los Diputados -hace diez meses-, se le planteó a la señora ministra por mi parte esta misma cuestión y la respuesta fue la misma.

Señorías, el modelo del canon digital está agotado porque, por un lado, las circunstancias que todos estamos viviendo en estos momentos, y que por desgracia se han puesto de manifiesto recientemente hace unas semanas, ponen en evidencia que el modelo de compensación equitativa de los derechos de autor a través del canon digital es un modelo superado por los acontecimientos. Lo que España necesita en estos momentos -y este es el segundo elemento decisorio del debate que hoy tenemos aquí- es una nueva Ley de Propiedad Intelectual. En ese caso estamos absolutamente de acuerdo con lo que plantea Esquerra Republicana en sus enmiendas, aunque no las podemos asumir, porque queremos que el Gobierno se retrate en este caso -y que el Grupo Socialista lo haga a través de la intervención que hoy se plantea- en cuanto al reconocimiento de lo que la propia Ley de Economía Sostenible dispone, y es que hace falta modificar el régimen actual del canon digital. Hay dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que así lo acreditan: por un lado, la sentencia en el caso Padawan y, por otro, la cuestión prejudicial que se planteó relacionada con esta misma resolución judicial. En ambas se reconoce el carácter abusivo e ilegal del canon tal y como está construido en estos momentos en nuestro país.

El canon no es necesario, señorías, porque en estos momentos lo que hace falta es una ley de propiedad intelectual que establezca un correcto equilibrio entre la innovación y la compensación por los derechos de autor,


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cosa que el canon tal y como está planteado, insisto, no prevé. En la actualidad, los contenidos se consumen de un modo que nada tiene que ver con las prácticas habituales de los años sesenta, setenta, ochenta e incluso noventa, prácticas de compensación que encontraron en el canon una justificación, pero que hoy, con el desarrollo de las nuevas tecnologías y particularmente con el desarrollo de Internet, son absolutamente innecesarios. Si un autor quiere obtener ingresos en la red, lo que tiene que hacer es procurar que su obra esté accesible en cuantos lugares sea posible y a un precio lo más razonable y competitivo posible. Si las obras están accesibles en plataformas donde los usuarios las puedan obtener mediante tarifas y micropagos atractivos en términos competitivos y eficientes, no hará falta un canon, ya que los nuevos modelos de negocio permitirán que, evidentemente, se compense a los autores por su trabajo y por su creación. Hace falta innovar, y el actual modelo que nos planteamos es un modelo innecesario, es un modelo -insisto- superado por los acontecimientos y un modelo que exige que tengamos los pies en la tierra, pero en la tierra digital, señorías, porque ya no podemos seguir proyectando una reflexión analógica para interpretar los derechos de propiedad intelectual. Hace falta encontrar un nuevo equilibrio, pero ese equilibrio pasa por fórmulas que no están en estos momentos reguladas a través de la compensación, a través del modelo de canon.

Señorías, las leyes del Grupo Socialista están para cumplirlas. El 6 de junio ustedes tenían que haber cumplido lo que las sentencias judiciales y la propia Ley de Economía Sostenible prevén. Me consta y sé -son muchos los que en esta Cámara lo saben- que el Gobierno tiene un real decreto sobre este asunto que a día de hoy todavía no conocemos. ¿A qué están esperando? ¿Están esperando a manejar un tactismo político con el que tratar de paliar los efectos de crisis generadas en torno a entidades de gestión, como las que hemos vivido en días pasados? Tengan el valor de reconocer que hace falta compensar a los autores por su trabajo a través de módulos que sean innovadores, que atiendan evidentemente a los usos tecnológicos de nuestro tiempo y no atrapados por una reflexión analógica que en los días actuales resulta bastante superada por los acontecimientos. Tengan valor y retrátense hoy.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Lasalle.

A esta proposición no de ley se han presentado varias enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Ríos.

El señor RÍOS RULL: Gracias, señora presidenta.

Señorías, Coalición Canaria está de acuerdo y va a apoyar esta proposición no de ley básicamente porque -hay una sentencia reciente sobre el tema- es obvio que el canon digital no responde a las exigencias actuales y es desproporcionado que se grave a determinados usuarios por copia privada. La enmienda que ha presentado Coalición Canaria tiene un doble sentido. Por un lado, propiciar el consenso si esta Cámara considera que no es necesaria su supresión, sino únicamente la modificación del canon. Y por otro, que por lo menos la modificación de la normativa exima de este canon a aquellos sujetos que no realicen copias privadas, en concreto a las administraciones públicas, a las organizaciones sin ánimo de lucro y a otros sujetos, como pueden ser profesionales que en el ejercicio de su profesión así lo realicen. En todo caso, esta enmienda de Coalición Canaria está en congruencia con una moción aprobada hace un año por el Senado a propuesta del senador nacionalista Narvaez Quintero, que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, excepto el Grupo Socialista. Por tanto, la enmienda que proponemos intenta consensuar una modificación del canon o por lo menos una modificación de la compensación a los autores por propiedad intelectual y que vaya en sintonía con las actuales sentencias españolas y europeas. En todo caso, Coalición Canaria tampoco se va a negar a que entre todos los grupos busquen una redacción a esta proposición no de ley que pueda ser apoyada, como digo, y por tanto pueda propiciar una modificación de la normativa vigente.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ríos.

Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, sinceramente le doy la bienvenida al señor Lassalle al grupo, al grupo que solicita la supresión del canon, al grupo que solicita la revisión... (Rumores.) Con todo respeto, señor Lassalle, usted ha venido a la tribuna y nos ha explicado, entre otras cosas, que de lo que se trata es de cambiar, de hacer una nueva Ley de Propiedad Intelectual, cosa con la que naturalmente no podemos estar más de acuerdo; como que fue el argumento que argüimos precisamente para no apoyar la Ley Sinde, que ustedes apoyaron, que venía dentro de esa Ley de Economía Sostenible. Pero no quiero discutir sobre esa cuestión, sobre todo cuando estamos, aparentemente, de acuerdo con el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es terminar con un canon que nunca debió de imponerse, con un canon que se ha demostrado perjudicial para aquellos objetivos que se decía perseguir, con una disposición por parte de unas agencias de cobrar una tasas, calificando previamente a los consumidores como supuestos delincuentes -permítaseme la expresión- y sin requerir lo que desde muchas instancias hemos venido planteando, esto es, la necesidad de una regulación dentro de una nueva Ley de Propiedad Intelectual que equilibre, como usted muy bien ha dicho aquí, la compensación al creador, al autor -cosa que nunca hemos discutido que ha de hacerse- con el libre acceso de los ciudadanos a la creación y a la cultura. Este


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es el mundo del siglo XXI y ese equilibrio no se ha conseguido ni con ese canon digital que aquí se aprobó en la legislatura pasada ni con una iniciativa, esta llamada Ley Sinde, dentro de la Ley de Economía Sostenible, que tampoco ha ido al fondo de la cuestión y que ha santificado, por así decir, una iniciativa negativa, desde nuestro punto de vista, que ha estado en el origen de algunos escándalos que ahora mismo estamos conociendo.

En el ánimo de ser constructivos, dentro del objetivo que ustedes proponen en esta iniciativa que hoy se somete a consideración, hemos planteado un par de enmiendas. Una primera es de modificación al artículo único que se plantea en esa proposición no de ley. En esta enmienda se solicita que se inste al Gobierno a que, en un plazo de tres meses, se dé una nueva redacción a este artículo, porque en el momento actual es imposible cuantificar las pérdidas que sufren creadores y empresas por la copia privada. La compensación de copia privada se ha hecho vía tasa, como decíamos, con el canon digital, y es injusto por indiscriminado, además de haber despertado considerable resistencia popular en el conjunto de los ciudadanos, con razón desde mi punto de vista. Las peticiones por parte de la industria de que sea el Estado el que compense monetariamente la copia privada son iguales de injustas, también desde nuestro punto de vista, y además con el método de recaudación vía tasas, se conculca la presunción de inocencia, como venía diciendo.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Hay una segunda enmienda -termino, presidenta- en la que se trata de resolver un problema que yo creo que está sobre la mesa. La sentencia que aquí se ha citado de 22 de marzo de 2011 no se ha ejecutado y creo que es necesario un informe de aclaración de esta sentencia y de otras anteriores para dar un destino legal a las cuantías depositadas en espera de resolución judicial para devolver a quienes tengan derecho...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez por favor.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ...esas cantidades que en este momento están depositadas sin que se haga ningún tipo de utilización de las mismas.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.

Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Efectivamente, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de la iniciativa del Grupo Popular puesto que lo argumenta a partir de la aprobación de la Ley de Economía Sostenible y la sentencia judicial última, de manera que para nosotros solucionada su petición, vamos a votar favorablemente, pero me sabe mal, desde el punto de vista político, que no hayan tenido el valor de aprobar nuestra iniciativa parlamentaria de hoy, la enmienda, porque sería la garantía de que no juegan con dos barajas, porque me pregunto si ustedes se acuerdan de aquella noche en la Comisión de Industria en la que todos los grupos parlamentarios, ustedes, Convergència i Unió, Grupo Socialista, todos decían que era importante y fundamental hacer una crítica, también lo decían los socialistas, decían que era un imperativo incluso de la situación internacional, la presión de Estados Unidos era evidente, la amenaza que había de situar al Estado español en la categoría de sociedad no garantista respecto a los productos culturales, y en cambio todos dijeron amén a la Ley de Economía Sostenible y a aquella operación que de alguna manera ponía una guinda en un pastel de fraudes, que es el fraude que ya consolidó el Partido Socialista en la pasada legislatura, que se ha vuelto a consolidar en esta, de no querer encarar la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Y el diputado -siento decirlo con tanta claridad porque es una persona a la cual respeto muchísimo- Torres Mora dijo concretamente en la Comisión en la que se aprobaron las conclusiones de la subcomisión que, por supuesto, él asumía en nombre del Grupo Socialista los requerimientos un tanto llenos de desconfianza de este diputado -y casi ponía su palabra como prenda- y que en esta legislatura se haría la presentación del proyecto de ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, que, por cierto, fue el único acuerdo que contienen las conclusiones, porque el resto son recomendaciones -sabias recomendaciones, pero solo son recomendaciones-; el único acuerdo que se tomó fue este, que, por cierto, tuvimos mucho interés en ponerlo al final, es el broche de oro de las recomendaciones que acaban con el acuerdo de instar al Gobierno a presentar en esta legislatura la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, y no como se hizo en la pasada legislatura y también en esta de ir legislando a golpe de trasposición de directivas europeas, incluso a veces teniendo que pagar multas o incluso haciendo leyes ad hoc. ¿Recuerdan aquella ley que hicimos para conservar y tener garantías de las obras de arte, aquellas que son susceptibles de ser vendidas en el mercado para que no significaran un perjuicio para los artistas? Modificando el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual había suficiente como para resolver este problema. Pues bien, el Partido Socialista, el Gobierno, no quiso en ningún momento encarar el verdadero problema que es la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual a fin y efecto de adecuar los textos legislativos a la nueva realidad, a una sociedad


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que tiene el gran reto de adecuar la socialización de la cultura con las nuevas tecnologías. Todos sabemos cuál ha sido la presión política y económica de algunos lobies y, como siempre, el Partido Socialista ahora tiene que sufrir que todo les explota en la cara y, además, al final de la legislatura. Por ello, sería bueno que ustedes aceptaran nuestra enmienda y que el Partido Socialista tuviera que decidir sí o no a lo que se comprometió el diputado Torres Mora y que hoy, una vez más, ha resultado ser fool, fool y fool.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.

En general, el debate sobre todo lo que hace referencia a la propiedad intelectual, al margen de tratarse de cuestiones que afectan al tejido cultural y económico del país, levanta también muchas pasiones, y toda propuesta o modificación que afecte a la compensación equitativa por copia privada suele ser también polémica. A pesar de ello, en esta Cámara y en el seno de la subcomisión de estudio de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, a la que los portavoces precedentes también han hecho mención, conseguimos elaborar unas conclusiones ampliamente consensuadas por todos los grupos parlamentarios, en las que también abordamos la compensación por copia privada de forma serena, seria y apoyándonos además en informaciones y opiniones contrastadas de personalidades y expertos profundamente conocedores de la materia. Precisamente, la iniciativa del Grupo Popular recoge algunas de las conclusiones de la subcomisión, no tanto en su parte dispositiva pero sí en su fundamentación. En este sentido, es necesario que el Gobierno impulse lo peticionado por la subcomisión y trabaje en la dirección que allí se marcó. Además, es necesario ajustar el llamado canon digital a las últimas sentencias recaídas recientemente, en concreto la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y la de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Asimismo, es preciso que el Gobierno cumpla con lo dispuesto en la Ley de Economía Sostenible aprobada y publicada recientemente. En consecuencia, tenemos una serie de imperativos que afectan al llamado canon digital y que deben abordarse de una forma inmediata. Pero a pesar del tiempo transcurrido, el Gobierno no ha conseguido proponer una fórmula que recoja esas necesidades imperiosas de adecuación. Desde el punto de vista jurídico, la problemática de la actual regulación del canon se recoge en la sentencia mencionada anteriormente de la Unión Europea. No podemos obviar que dicha sentencia avala el sistema español de cobro del canon digital. Ahora bien, lo que sí cuestiona es el cobro indiscriminado de la compensación, con independencia de si habrá o no uso efectivo por la copia. Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre la dirección de la reforma del canon. Quizá mañana la ministra en la Comisión de Cultura se pronuncie al respecto.

Por otra parte, la propuesta que hoy presenta el Grupo Popular tampoco resuelve la situación en la que nos encontramos. Desde distintos sectores implicados se han puesto sobre la mesa muchas propuestas, pero en la iniciativa no se apuesta por ninguna de ellas. Creemos que hábilmente se hace un juego de palabras en la parte dispositiva. Por una parte, se habla de supresión del canon digital y, por la otra, se habla de sustitución por otros modelos más equitativos. En definitiva, la propuesta del Grupo Popular es una reforma, una modificación del modelo actual, no una supresión. Por otra parte, tenemos que recordar también que en el marco europeo hay una directiva que nos vincula y, por lo tanto, debería también ser tomada en cuenta. A pesar de todo ello, insistimos en que es imprescindible que el Gobierno no demore más la resolución de la situación creada en torno al llamado canon digital, sobre todo después del compromiso adquirido en la Ley de Economía Sostenible y de la situación creada por las distintas sentencias.

Desde Convergència i Unió hemos presentado una enmienda que tiene como finalidad exhortar al Gobierno a cumplir de forma inmediata con sus compromisos y, al mismo tiempo, a elaborar un informe que evalúe determinadas cuestiones que entendemos tienen mucha relevancia en el actual modelo y en posibles fórmulas de futuro. Por lo tanto, de todo lo expuesto hasta el momento tenemos que concluir que el canon no puede continuar con la regulación actual de aplicación indiscriminada, al igual que han mencionado otros portavoces que me han precedido. Pero de alguna manera la reforma debería garantizar la compensación equitativa por copia privada a la que tienen derecho los autores. Y es en este punto que el Gobierno debe dar una respuesta inmediata a la compleja situación creada.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Surroca.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Torres Mora.

El señor TORRES MORA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hace unos meses el señor Rajoy anunció en una entrevista en un medio de comunicación que si ganaba las elecciones suprimiría el canon digital. Al poco tiempo de las declaraciones del señor Rajoy el Partido Popular registró una proposición no de ley que se dice relativa a la supresión del canon digital. Y casualmente, esta semana ha presentado dicha proposición no de ley a la consideración de la Cámara, que vamos a ver esta tarde. Registraron su proposición no de ley allá por


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el comienzo de la primavera, pero resulta que es con los calores de esta semana cuando la han traído al Pleno para que la discutamos. Qué momento mejor iban a encontrar que esta semana, no para legislar desde luego. Todos sabemos que no se debe legislar en caliente. Todos pediríamos que los ánimos estuvieran serenos, si alguien tuviera que tomar decisiones que nos afectaran. No hay que alarmarse, los señores del Grupo Popular no están pensando en legislar esta semana, solo buscan lo de siempre, un titular de prensa. Buscan que mañana aparezca en letras bien grandes: El Congreso de los Diputados suprime, vota la supresión del canon digital. Que sea verdad o no les parece un asunto menos importante. Por eso, porque para ellos la verdad es menos importante que el titular, los señores del PP dicen en el título de la proposición no de ley "suprimir", pero en la parte dispositiva además de "suprimir" ponen "sustituir"; se suprime para sustituir. La verdad es que los señores del Grupo Popular no pretenden suprimir el canon, sino sustituir el actual por otro, cuya redacción esté acorde con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es lo que de verdad dice la proposición no de ley, y nosotros vamos a votar a favor porque esa sustitución es razonable, es justa.

Ustedes saben bien que si un ciudadano británico compra un CD de música y se hace una copia para su uso privado, para llevar en el coche, por ejemplo, está cometiendo un delito. Por el contrario, si lo hace un ciudadano español, o un francés, o un alemán, no lo es. No lo es porque en nuestro país, como en la mayor parte de los países europeos, el derecho de propiedad intelectual tiene un límite, y ese límite es el derecho de la copia privada. Pero ese derecho genera un perjuicio objetivo al creador del CD de música, y hay que compensar equitativamente ese perjuicio que se le crea, por lo que un CD virgen cuesta 17 céntimos más de euro. Esa es la compensación. Así que si alguno de ustedes compra un CD de música que le cuesta 17 euros, puede tener una copia legal para su uso privado pagando una compensación cien veces más pequeña de lo que le costaría comprar otro CD igual. Ese es el mecanismo legal que establece la Unión Europea. Si se suprime la compensación por copia, se tiene que prohibir la copia; esa es la verdad. Por eso, el Grupo Popular no presenta en su PNL la supresión de nada; solo proponen una sustitución que tanto el Gobierno como mi grupo entendemos necesaria y por eso vamos a votar a favor. Eso es lo que de verdad proponen y eso es lo que de verdad votamos. Si mañana la prensa titula que hemos votado la supresión del canon digital, ustedes habrán conseguido su objetivo, que no es quitar el canon sino confundir a la gente. Además de confundir a la gente, le crearán expectativas infundadas y terminarán defraudándola. Esto no tiene una solución sencilla, sin duda los medios tecnológicos están cambiando, pero estoy seguro de que si fuera sencilla habríamos tenido aquí por parte del Partido Popular una propuesta para resolver el problema. Señorías, los pájaros usan las corrientes de aire caliente para elevar su vuelo; estas corrientes se llaman termales. Esta semana las termales están en la propiedad intelectual, así que es fácil encontrar ahí a las gaviotas tratando de elevar su vuelo. Tengan cuidado porque es posible que cuando venga el aire frío y quieran darle a las alas, descubran que, de no ejercitarlas, sus músculos ya no les bastan para mantener el vuelo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Torres.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: La verdad es que este asunto del canon digital ha llegado a su término. Toda la discusión que haya podido haber durante todos estos años, todos los debates en Comisión y Pleno ya no dan más de sí. Y ya no dan más de sí porque el Gobierno evidentemente está en una situación de incumplimiento de sentencias, de incumplimiento de jurisprudencia -ya se ha señalado antes- tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal de Justicia Europeo. Pero es que además está incumpliendo los plazos de la propia legislación de este Parlamento. Por tanto, el Gobierno era muy consciente, cuando el grupo que apoya al Gobierno votó favorablemente ese artículo en la Ley de Economía Sostenible, de que tenía efectivamente que cumplimentar el mandato modificando el canon digital para el día 6 de junio de 2011, y ello no ha sucedido. Por lo tanto, es muy difícil decir que no a una propuesta que habla de cumplimentar esta legislación y también la jurisprudencia. A esto se une no solo que haya acabado el tiempo de hablar del canon digital, sino que las crisis de la entidad de gestión por excelencia, de la SGAE, nos obliga a todos a repensar todo el modelo, queramos o no. Es algo que muchos grupos políticos en esta Cámara veníamos solicitando una y otra vez a través de la subcomisión, pero también anteriormente y a posteriori. Decíamos y seguiremos diciendo que es necesaria una nueva Ley de Propiedad Intelectual y un nuevo sistema de recaudación y de gestión de derechos. Ante esa necesidad imperiosa, para nuestro grupo es sorprendente la parálisis incomprensible que ha demostrado el Ministerio de Cultura y que no significo en ningún ministro concreto porque durante estas dos legislaturas -más al final de la anterior y durante la actual- la parálisis en este tema o la falta de voluntad ha sido total. Muchas veces incluso se nos ha llegado a decir que no hay medios para prepararlo. El señor Torres Mora decía, y tenía razón, que también hay que proponer otro sistema. Cierto que no es nada fácil cohonestar estos intereses porque legislando en esta cuestión a todo el mundo se le va a pisar el pie, y casi es mejor pisar a todo el mundo un poco porque si no va a haber agraviados y beneficiados y eso sería malo. No es fácil, evidentemente, pero no se puede pedir a los grupos políticos en


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un sistema de semejante complejidad técnica que aporten la solución cuando existe un Gobierno con unas responsabilidades concretas en esta materia y con todos los medios del mundo. Si creen que es importante y que es necesario, claro que pueden hacer propuestas. ¿Y se pueden encontrar mayorías? Claro que se pueden encontrar mayorías, porque nadie -o al menos desde mi grupo- ha hablado ni hablará de que no existan una serie de derechos que tienen que ser gestionados, pero el modelo ha de ser completamente diferente y adecuado a la realidad y a la dinámica del comercio y del mundo actual. A eso es a lo que nos enfrentamos; al tema puntual del canon digital, pero también a la renovación de todo el sistema en su conjunto, y digo renovación. Y yo también quería subrayar lo de que se sustituye, porque efectivamente aquí hay dos palabras: se "suprima" y se "sustituya". Suprimir es obligado a corto plazo, pero a lo que nos obliga a todos, insisto, es a repensar el sistema completo, y repensar el sistema completo es ver cómo vehiculamos todo el tema de gestión de derechos. Ahí entrarán algunas fórmulas de compensación, que pueden ser equis y recaer aquí o allá, pero es algo a lo que todos estamos emplazados.

Es más, yo diría que el Gobierno debía haberse puesto ya a la tarea y debe ponerse a la tarea, pero debería hacer más porque es una solución que incluso se escapa a los límites geográficos del Estado español; debería liderar esta cuestión en el ámbito europeo y promover una legislación que vaya más allá de una mera directiva en el ámbito europeo para que, eso sí, al menos en ese marco inicialmente, podamos caminar unidos -porque si no esto va a seguir siendo un pequeño galimatías entre unas legislaciones y otras- todos los países europeos. Por eso, se ha acabado el tiempo...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Esteban, a usted también.

El señor ESTEBAN BRAVO: Sí, señora vicepresidenta, acabo.

El Gobierno tiene que presentar un nuevo sistema de propiedad intelectual y además debería liderar en Europa este movimiento.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.

Señor Lassalle, su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley.

El señor LASSALLE RUIZ: No acepto ninguna.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No acepta ninguna de las enmiendas, por lo que se votará la proposición no de ley en los propios términos en que ha sido presentada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO A LAS PROPUESTAS PLANTEADAS POR EL MOVIMIENTO SOCIAL DEL 15-M. (Número de expediente 173/000225.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto III, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la respuesta del Gobierno a las propuestas planteadas por el movimiento social del 15-M.

Para defender la moción, en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, esta moción es consecuencia de la interpelación en torno a la movilización del 15-M, a la movilización y a las demandas de los indignados. Yo hoy no estoy indignado, yo estoy furioso. Creo que comparto la furia con buena parte de los ciudadanos frente a lo que podemos denominar un golpe de la economía especulativa contra los Estados, contra la economía y contra la ciudadanía. Creo que es insoportable. Han empezado por Grecia, continúan por Portugal, por Irlanda y nunca tienen suficiente. Ahora, a por Italia. Además esta andanada, esta peste de la economía financiera, de la especulación financiera, no se detiene ante nada. Esta peste provocó una gravísima crisis económica que se ha traducido luego en una situación social -por ejemplo, en nuestro país, con cinco millones de parados y una situación más grave aún con relación a los jóvenes- y parece que no tienen suficiente, porque recetaron, con el acuerdo de los gobiernos y la pasividad -si no la complacencia- de la Unión Europea, una cura homeopática, que ahora podremos denominar una cura de cirugía de hierro, que pretendía que los cirujanos del déficit iban a conseguir finalmente parar la crisis. No, señorías, no solamente no paran la crisis, no solamente el cumplimiento de los objetivos del déficit recortando gasto público y debilitando el Estado del bienestar no para el ataque de la especulación financiera, sino que parece que la alienta, parece que alentase una mayor especulación, un mayor ataque a los Estados, al Estado social y a la democracia política.

¿Y quién está en el medio? En el medio están los representantes políticos de los ciudadanos, y nos quieren convertir, en vez de en mediadores de los ciudadanos ante las instituciones, en intermediarios de los mercados. Señorías, también nosotros tenemos que indignarnos, tenemos que rebelarnos porque nosotros no estamos del


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lado de este timonel loco que pretendiendo ajustes para salir de la crisis nos lleva a mayor crisis; nosotros deberíamos estar del lado de los amotinados, de los amotinados que defienden sus derechos, que defienden los derechos largamente conquistados y que defienden una democracia política de calidad. De eso se trata en esta iniciativa parlamentaria. Tan solo de eso, señorías. Se trata de recupera la cordura; se trata de no seguir con la cirugía del déficit que nos hace más débiles y no nos saca de la crisis; se trata de aportar impulso público, saneamiento y recuperación del empleo y de la economía. Se trata también de no responder a los cantos de sirena del debilitamiento del Estado del bienestar porque en ello nos va en buena parte la democracia social europea y, por tanto, de defender con uñas y dientes ese Estado del bienestar que no solamente garantiza a muchos ciudadanos una vida digna sino que nos garantiza también una democracia de calidad. Y se trata asimismo de regenerar la vida política democrática porque no se puede soportar ni la pasividad ni la complicidad; no se pueden soportar la pasividad y la complicidad de las instituciones europeas, que se ven arrastradas por esta vorágine que parece un vídeo juego diabólico contra las instituciones europeas, ni tampoco la pasividad de los gobiernos europeos que aceptan sin más las medidas de recorte ante la crisis. Se necesitan, en nuestra opinión, iniciativas que mejoren también la calidad democrática, que mejoren la transparencia, que desbloqueen la situación de nuestras instituciones porque está quebrando su legitimidad ante los ciudadanos, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo. Tenemos urgentemente que adoptar medidas firmes y claras para lanzar un mensaje a los ciudadanos de que la política no se arrodilla ante los mercados, de que la política representa a los ciudadanos y no es el intermediario de los mercados.

Señorías, todas estas propuestas forman parte de nuestra iniciativa parlamentaria, muchas de ellas han sido debatidas en otras ocasiones en esta Cámara, pero nosotros creemos que sería un buen mensaje -y hemos llegado a un nivel alto de acuerdo- de esta Cámara, aunque estemos en la agonía de la legislatura, demostrar que no es la agonía de la política ni la agonía de la democracia representativa, que ante esta situación, ante el ataque de los mercados, ante el ataque de la economía especulativa, defendemos la economía, defendemos nuestro modelo social y defendemos también la democracia política que tanto nos ha costado conquistar.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.

Para defender las enmiendas del Grupo Mixto tiene en primer lugar la palabra el señor Ríos.

El señor RÍOS RULL: Gracias, señora presidenta.

Coalición Canaria quiere intervenir en el debate de esta moción para mostrar en primer lugar su respeto al movimiento 15-M porque supone un movimiento social, una revolución social en alguna medida que no tiene precedentes en la historia constitucional española. Entendemos que este movimiento social responde a la confluencia de tres factores: un factor coyuntural, como es la profunda crisis económica; un factor entre coyuntural y estructural, como es la corrupción política y los privilegios de la clase política, y una cuestión estructural, que es el modelo de democracia representativa que acogió la Constitución española de 1978 y que entendemos que está suficientemente ejercida, usada y utilizada como para promover distintas reformas que permitan a los ciudadanos participar directamente en la toma de decisiones. Por tanto, nos congratulamos de que Izquierda Unida haya traído a esta Cámara esta moción y nos permitimos participar de ella para compartir con la izquierda radical -izquierda radical no en sentido extremista, sino en el sentido de raíz, de pureza- nuestra solidaridad con este movimiento social. Creemos que ese movimiento no es patrimonio de la izquierda, sino que ha de ser compartido por todas las formaciones políticas, representadas o no en este Parlamento. Por eso hemos presentado una serie de enmiendas que tienen como finalidad contribuir modestamente, en la medida en que somos un partido político pequeño -dos escaños-, a mejorar las propuestas que se contienen en la moción del grupo parlamentario proponente. La primera de ellas tiene como finalidad mejorar en cierta medida una de las cuestiones propuestas, la posibilidad de dar en pago la vivienda en la deuda hipotecaria. La segunda enmienda persigue mejorar el mandato representativo contenido en la Constitución española porque, como digo, creemos que está suficientemente manido como para mejorarse y, por último, la tercera quiere mejorar los mecanismos de democracia participativa...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ríos, por favor.

El señor RÍOS RULL: ... que requieren -acabo, señora presidenta- profundas mejoras y reformas, incluso constitucionales, como pueden ser referéndum abrogativo, elaboración de presupuestos participativos o iniciativas legislativas verdaderamente populares.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ríos.

Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.

Intervengo desde el escaño para manifestar nuestra coincidencia con el grupo proponente en que no basta con manifestar respeto y comprensión con las protestas ciudadanas. Es función también de los responsables políticos intentar dar respuesta a sus demandas y establecer cauces de diálogo para ello.


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Hay aspectos de la moción que nos parecen matizables pero en cualquier caso coincidimos con sus líneas básicas: la necesidad de mejorar la transparencia en la vida pública, luchar de manera más efectiva contra la corrupción, mejorar la proporcionalidad del sistema electoral, defender una democracia más participativa, una reorientación más justa de las políticas fiscales, la necesidad de defender los derechos sociales y laborales frente a los continuos recortes que se están practicando en este terreno o permitir, como hemos propuesto en esta Cámara, la dación en pago cuando se trate de la vivienda familiar o habitual y el deudor haya actuado de buena fe. Por tanto, aunque haya aspectos que nos parezcan matizables, expreso el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta moción.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Floriano.

El señor FLORIANO CORRALES: Muchas gracias, señora presidenta.

El 15-M, señorías, no se explicaría sin la crisis económica, no se explicaría sin el Gobierno que la negó, sin un Gobierno que 24 horas antes de hacer el mayor recorte social de la democracia prometía una salida social a la crisis; el 15-M no se explicaría sin un Gobierno que faltó a la verdad y sin 4,5 millones de parados. No se explicaría sin una crisis económica y sin el peor Gobierno para gestionar esta gran crisis. Todos los españoles participamos en el debate por el que atraviesa España, que debe cambiar para afrontar el futuro y una mayoría de españoles quieren ser partícipes de ese cambio.

Señorías, el mundo está cambiando y el 15-M no se puede explicar sin Internet. Si en el fundamento de Internet está compartir, en el 15-M la reflexión de unos pocos se convirtió en una reflexión de masas. El 15-M es la naturaleza misma de Internet, que es compartir. En ocasiones, señorías, se construyen ecuaciones que no nos gustan. Primero se dice que todos los políticos son vagos y corruptos; después, que la democracia no es real y, finalmente, que el voto de los ciudadanos depositado en las urnas no vale porque no es representativo. Y eso se dice sin proponer exactamente qué es lo que se quiere. En mi grupo estamos muy alejados de esos planteamientos. La inmensa mayoría de los ciudadanos que ejercen algún cargo representativo son honrados, representan a los ciudadanos y se ocupan de los problemas, aplazando los suyos propios. Por eso no podemos estar de acuerdo con quienes satanizan a los que tenemos algún cargo público, con quienes cuestionan nuestra legitimidad o la de los diputados autonómicos y concejales que fueron elegidos con más de 23 millones de votos. Pero estar en esto significa estar también a favor de la transparencia y de la publicación de los bienes y rentas, como hemos aprobado en las últimas reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. El mundo cambia y las nuevas tecnologías son un instrumento para mejorar la democracia representativa, para mejorar la participación. El mundo tiene que ser más transparente, más participativo y menos manipulable. El derecho a saber de los ciudadanos sobre lo que hace el Gobierno, sobre todo en un momento en que su mala gestión ha sumido en la pobreza a muchos de ellos, es una cuestión muy importante. Facilitar información de todos los documentos, proyectos, informaciones y, en general, de todos los recursos generados con dinero público debe estar en el dominio de todos. Es urgente una ley de transparencia como la que ha traído mi grupo a esta Cámara, como es urgente aplicar medidas de austeridad y racionalizar el gasto público de las administraciones. Son necesarios más políticos caminando por la calle y menos subidos en los coches oficiales. Los ciudadanos se indignan frente a quienes instrumentalizan sus demandas y sus quejas. Por eso, señorías, en nombre del 15-M se trae a esta Cámara la tasa Tobin y el 15-M nunca ha tratado la tasa Tobin. Esta misma mañana me decían a través de un mensaje que la tasa Tobin no ha sido propuesta desde Acampada Sol y ni siquiera se ha llevado para su apoyo explícito a la asamblea general de Sol. Sin embargo, se trae a esta Cámara en nombre del 15-M, haciendo caso omiso de lo que allí se había dicho. Resulta cuando menos sorprendente ver al candidato socialista proponer el impuesto sobre patrimonio cuando ha sido el propio candidato socialista el que con su voto facilitó que se quitase el impuesto sobre el patrimonio. Resulta curioso ver al candidato del Partido Socialista proponer en algún momento quitar el impuesto de patrimonio y hace un mes votar en contra en esta misma Cámara. Resulta cuando menos sorprendente ver al candidato socialista decir que quiere imponer un impuesto a los bancos, cuando después de siete años en el Gobierno no ha hecho nada. Resulta cuando menos chocante ver al señor Llamazares hablar aquí de no querer vulnerar la voluntad popular y, señor Llamazares, querer vulnerar las asambleas de Izquierda Unida -que en mi tierra extremeña decían que se abstuviesen en la votación del candidato a la presidencia del Partido Popular- en favor de un criterio suyo.

Señorías, no daremos respuesta a la indignación de los ciudadanos por esa vía. Si se falta a la verdad y se promete algo en función de intereses electorales, se indigna a los ciudadanos; se indigna a los ciudadanos si no se les dice la verdad.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Floriano, por favor.

El señor FLORIANO CORRALES: Termino en quince segundos.


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Los ciudadanos eligen a los políticos para que solucionemos problemas, y el Gobierno se los crea. ¡Cómo no se van a indignar! Por eso vamos a votar que sí a la transparencia, a la austeridad, a la eficacia, a la igualdad de oportunidades. Votamos que sí a nuestra enmienda de sustitución porque es un voto al cambio, es un voto a la libertad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Floriano.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Monteserín.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Le agradezco al señor Llamazares la oportunidad que nos da en esta moción de traer al Parlamento una vez más parte de la actualidad política que ocurre en las calles a raíz de las movilizaciones ciudadanas protagonizadas por el movimiento 15-M. Señorías, en primer lugar quiero dejar claro algo que me parece importante. No pretendo con esta intervención ni usar, ni instrumentalizar, ni utilizar el movimiento 15-M, ni interpretarlo a favor de mi grupo o de mi partido por el respeto que siento por miles de ciudadanos movilizados desde mayo y aun así muchos de los enunciados que plantean hace tiempo -quiero dejarlo claro- que forman parte del debate político y de la visión de la izquierda y de las personas comprometidas que militan en partidos u organizaciones no gubernamentales. Es cierto que en estas movilizaciones hay síntomas positivos. Miles de jóvenes nos demuestran que no están ni quieren estar al margen de los acontecimientos, que les importa la política, que quieren que la política asuma el papel que le corresponde frente a otros poderes como los mercados y que están dispuestos a no solo emitir enunciados, como se hizo en un principio, sino a elaborar y plantear propuestas. Esto es un síntoma de esperanza. Tener una parte de la ciudadanía en alerta, dispuesta a movilizarse, removiendo ideas y propuestas y haciéndolo además pacíficamente y trabajando de forma horizontal supone, señorías, un síntoma de salud democrática extraordinario.

Hay, sin duda por su corto recorrido, ciertos elementos de confusión y también, por qué no decirlo, ellos y nosotros padecemos muchos elementos de intoxicación informativa que hacen que aparezca el foco dirigido hacia los políticos y la política representativa al grito de No nos representan; pero no solo son críticos con la política, también gritan: Lo llaman periodismo y no lo es. Y esto es cierto cuando vemos cómo se trafica con fotos de políticos, con mentiras, o cómo se obtiene información de manera ilegal, saltándose todas las barreras de la ética informativa, como hemos visto el pasado fin de semana con imperios de la comunicación muy conocidos. Sus opiniones también alcanzan a los poderes opacos y no democráticos que tanta responsabilidad y culpabilidad tienen en la crisis que nos atenaza.

Vamos a hablar ahora de objetivos comunes, porque también hay objetivos comunes; de abordar cuestiones en las que podemos tener un acuerdo importante. Hay un bloque de propuestas a impulsar claramente en el ámbito internacional y en el seno de la Unión Europea. Se trata de erradicar los paraísos fiscales, lugares que dan cobijo a negocios ilícitos que se producen en el mundo y que atenazan a la humanidad, como el tráfico de personas, de armas, de órganos, de estupefacientes, sistemas de delincuencia internacional organizada que son posibles gracias a jurisdicciones no cooperativas que operan de forma opaca. Este compromiso internacional se completa con la puesta en marcha de la tasa sobre las transacciones financieras. Y sí, señor Floriano, es una reivindicación de hace mucho tiempo de la izquierda y también de este movimiento, que contribuirá a hacer más trasparente el sistema y a reducir la volatilidad, y a crear incentivos para que el sector financiero invierta a largo plazo en proyectos que generen valor añadido para la economía real. En este mismo sentido debemos impulsar la ruptura con el oligopolio de las agencias de rating en el marco de la Unión Europea después de analizar las responsabilidades que por sus propios fallos han tenido como elementos autorreguladores del sistema financiero, contribuyendo a desencadenar de forma decisiva la crisis sin precedentes que estamos viviendo. No podemos seguir estando sometidos de manera impasible a sus dictados. Europa debe contar con mecanismos de regulación propios. Esto es muy importante en estos momentos y más después de un día como el que hemos vivido ayer.

Otro bloque de la moción, de las enmiendas, tiene que ver con medidas que instan al Gobierno a continuar trabajando en la lucha contra el fraude fiscal, pero quiero recordar, señorías, que en los últimos cinco años este Gobierno, a través del Plan de prevención del fraude fiscal, ha recaudado 35.500 millones de euros, siete mil y pico millones de euros de media al año, una cifra que me parece importante resaltar. Hay que señalar además la apuesta decidida en la lucha contra la corrupción, creando y dotando a la Fiscalía Anticorrupción, que ha aflorado muchos de los casos más conocidos que han ocurrido en nuestro país.

Por último, hay una serie de propuestas que tienen que ver con la ampliación de nuestra democracia, con la representación política. En este sentido mi grupo sabe que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Frente a los poderes salvajes, frente a los que quieren acabar con la política, porque sin ella marcan las propias reglas de juego,...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Monteserín, por favor.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: ...mi grupo parlamentario propone más y mejor política. Frente a los que quieren erosionar la democracia, porque sin ella imponen sus propias ideas, mi grupo parlamentario


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propone más y mejor democracia. Frente a los que quieren acabar con Europa y la forma de vida europea, en este ataque a su estabilidad económica, mi grupo parlamentario propone más y mejor Europa. Con todo esto, y para finalizar, de cara al futuro...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Monteserín, por favor, se lo ruego.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Ya acabo, presidenta.

Mi grupo parlamentario y el partido al que pertenezco seguirán defendiendo más política, más democracia, más Europa frente a quienes no quieren esto, y frente a las tendencias que el futuro puede traer de entregarle la cartera de nuestras vidas a los atracadores.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Monteserín.

Para fijar la posición del Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Decía la señora Monteserín que no iba a interpretar el movimiento 15-M, y yo tampoco lo voy a hacer, entre otras cosas, como ha dicho también el señor Floriano, porque quizá no tengamos claro cuáles son exactamente las reivindicaciones de unos y de otros dentro de tal movimiento, y usted ponía el ejemplo de la tasa Tobin. Respecto a la moción y al contenido de la misma sí tengo la sensación de que llega un tanto tarde, entre otras cosas porque en la mayoría de los puntos que se proponen esta institución ya ha tomado medidas y ha dado pasos. Quiero adelantar que en ese sentido estoy de acuerdo. No sé qué sucederá al final, si el señor Llamazares va a aceptar la enmienda socialista, pero parecería lógico que se aceptara de manera que se puedan reflejar en el texto asuntos que ya han sido propuestos, y que se están llevando a cabo o que se van a llevar próximamente por parte de la Cámara.

Por ejemplo, se habla en la moción de adoptar en este mismo periodo de sesiones medidas de transparencia, publicación de bienes, rentas, actividades. Ya se ha tomado esa decisión en esta Cámara. En régimen de incompatibilidades y dedicación plena al cargo también se han tomado medidas para que esto suceda así a partir de la próxima legislatura. En cuanto a tomar medidas de austeridad, de evitar gastos superfluos, entiendo que también se han hecho cosas, entre otras, primero, congelar durante un par de años y después rebajar en un porcentaje elevado el sueldo de sus señorías. Habla de que el Congreso de los Diputados se comprometa a proceder al nombramiento urgente de los cargos vacantes en las instituciones del Estado, y se reitera también en la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Nosotros desde luego estamos a favor de que eso ocurra, pero me pregunto cómo lo vamos a conseguir. Por mucha buena voluntad que podamos mostrar, y sobre todo los grupos minoritarios, si el Partido Popular y el Partido Socialista no dan el paso adelante, esto no hay quien lo mueva. Y sobre todo si un grupo se empeña en bloquearlo, porque espera mayorías diferentes en una próxima legislatura, me temo que no habrá nada que hacer. Pero bueno, como deseo está bien, pero digámosle a la ciudadanía que es casi misión imposible.

Respecto a todo el ámbito europeo nuestro grupo está convencido de que Europa necesita unos mecanismos propios, un sistema de toma de decisiones único, y estamos convencidos también de que el resultado de toda esta crisis va a ser que por fin vamos a ver el comienzo de una Europa política. Sinceramente creemos que es la solución y no vemos una solución fuera de Europa, ni para este país ni para ningún otro. ¿Que se tengan que adoptar determinadas medidas en el ámbito europeo? Por supuesto que sí. ¿Que se tenga que poner pie en pared y decir basta a la especulación que se está llevando a cabo en los mercados? Claro que sí. Pero la única manera de hacer eso será desde una posición unida en el ámbito europeo, y no como está sucediendo hasta ahora, en que cada uno de los Estados está tirando de la manta para un lado y para otro. Por lo tanto un mandato al Gobierno en ese sentido nos parece correcto.

En cuanto al ámbito de la deuda hipotecaria y la dación en pago por la vivienda, ya está. No digo que está en marcha, sino que hay en marcha una subcomisión y que existe un compromiso de estudiar la medida. Por lo que respecta al Plan integral contra la corrupción se supone, al menos a tenor de lo que ya manifestó el Gobierno en otras intervenciones, que está funcionando. Y en relación con la famosa tasa Tobin parece que hay una voluntad mayoritaria en la Cámara, donde se ha manifestado que esto debía salir adelante. En el debate sobre el estado de la Nación se habló, entre otros temas, de esto.

Ya manifesté en otra ocasión que nosotros no seremos quienes pongamos trabas a la celebración de referéndums y a medidas de democracia directa. Creemos que es un tema que se acogió con miedo al inicio de la redacción de la Constitución, que han pasado muchos años, y que habría que repensarlo. De hecho ya lo manifestamos así durante la legislatura pasada, incluso con iniciativas propias de mi grupo.

En cuanto a la reforma electoral, y con esto termino, señora vicepresidenta...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Esteban, por favor.

El señor ESTEBAN BRAVO: Con esto termino; un minuto nada más.

Dos años de subcomisión...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Menos de un minuto, por favor; menos de un minuto.


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El señor ESTEBAN BRAVO: Bueno, tres cuartos de minuto.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Proceda, porque se le está pasando el tiempo.

El señor ESTEBAN BRAVO: Desde luego nosotros no seremos quienes nos opongamos a la proporcionalidad, porque los votos obtenidos por los grupos nacionalistas y los escaños obtenidos en la Cámara son los más directos. La proporcionalidad corresponderá a otros. Si se trata de estudiar proporcionalidades, ningún problema. Ahora, también me temo que por lo que se refiere a alguna propuesta que se ha hecho, como la del sistema alemán, por parte de algún compañero de esta Cámara, habría que tocar la Constitución, entre otros el artículo 68. A veces nos lanzamos a la piscina sin saber exactamente lo que todo esto conlleva.

Y por último... Bueno, lo voy a dejar, señora vicepresidenta, porque se porta usted normalmente bien conmigo y no quiero enfadarla. Votaremos a favor.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pues muchas gracias, porque yo tampoco me quiero enfadar con usted.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, hay una canción de Joaquín Sabina que dice: esta tarde se está quemando el mundo y tú en el cine. Señorías, esta tarde se está tambaleando Europa y nosotros discutiendo con más o menos acierto algunas medidas, en relación con las cuales no dudo de la buena fe, pero parten de una proposición no de ley y en un momento en el cual no podemos trasladar a la opinión pública reformas a medias que al final quien gobierna y quien tiene el compromiso de llevarlas a la práctica tiene una voluntad manifiestamente tímida para ello. Por esto, señor Llamazares, como autor proponente de esta moción, le quiero trasladar mi preocupación y mi percepción de irritación, así como la necesidad de que en el debate parlamentario, en la acción de Gobierno y en la acción legislativa no nos quedemos generando expectativas y trasladando medias verdades que no se puedan convertir en reformas contundentes en aquellos aspectos contundentes.

En el último debate de política general el portavoz de mi grupo parlamentario, el señor Duran i Lleida, expuso en su intervención una batería de medidas de regeneración democrática, de reforma del sistema de funcionamiento de este Parlamento, que creo absolutamente urgente y necesaria. Por eso acogemos con claros y oscuros su propuesta, más que nada porque estamos en un momento muy delicado, en el cual no se pueden trasladar a la opinión pública falsas expectativas sobre estas propuestas de reforma, sobre todo en un momento de crisis, de crisis de los controles previos, de crisis de los órganos reguladores, de crisis de la información veraz en la sociedad del rumor y de la especulación, y de crisis de un gobierno europeo fuerte que se debe reconstruir o construir para hacer frente a la situación actual. Este es nuestro sentimiento ante este planteamiento de reformas que en algunos casos debemos trasladar a la opinión pública, y que no van a cambiar el sistema de participación, a través de la Comisión de Peticiones de esta Cámara o a través del portal del Congreso de los Diputados y de los mecanismos de Internet. Debemos trasladar a esta Cámara que es sorprendente que ahora algunos apoyen una reforma electoral que contemple una mayor proporcionalidad, cuando durante dos años esta Cámara ha estado trabajando sobre una reforma electoral que ha recogido como mínimo el voto favorable del grupo de la mayoría, del primer grupo de la oposición y de algunos otros grupos, también del grupo que ahora propone una modificación del sistema electoral. En estos momentos difíciles se debe trasladar a la opinión pública que esta modificación del sistema electoral requiere de una modificación constitucional, y no se puede vender como algo fácil lo que es difícil. Usted plantea un sistema de referéndums vinculantes, y tenemos que trasladar a la opinión pública que un sistema de referéndums vinculantes, como el de Italia -usted hace referencia al modelo italiano-, también requiere de una modificación de carácter constitucional.

Señorías, mi grupo parlamentario, conjuntamente con otros grupos parlamentarios, ya hemos adoptado medidas para la reforma. Es el caso de la creación de esta subcomisión sobre el régimen hipotecario, que espero que en breve -porque está trabajando a pleno rendimiento durante este mes de julio- llegue a buenas conclusiones y a buenas propuestas. Hay otras medidas. Usted plantea la renovación de los cargos absolutamente caducados del Tribunal Constitucional. Esto es una vergüenza que tiene responsables y autoría concreta.

Señorías, creemos -termino como he empezado esta tarde, citando a Sabina- que se está quemando el mundo y nosotros discutiendo, con mayor o menor acierto, proposiciones de ley. Señor Llamazares, creo que usted me puede entender e interpretar. Vayamos a la raíz de la cuestión, vayamos a la profundidad, no traslademos medias verdades y cumplamos realmente aquello que manifestemos y aquello que votemos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.

Señor Llamazares, su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, acepto la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que es una enmienda pactada, transaccionada.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perfecto. Muchas gracias, señor Llamazares.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR LOS EFECTOS DE LA MOROSIDAD QUE SOPORTAN LAS PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 173/000226.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Popular sobre las medidas de política económica que va a adoptar el Gobierno para reducir los efectos de morosidad que soportan las pymes y autónomos. Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, en la interpelación de mi grupo del pasado 22 de junio a la señora vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda tuvimos ocasión de contrastar dos actitudes bien distintas ante este grave problema de morosidad. Tuvimos ocasión de comprobar la actitud de un gobierno agotado, sin ideas para hacer frente a los graves problemas que atraviesa nuestra economía, y lo que es aún peor, un gobierno que intenta echar balones fuera, responsabilizando de nuestra situación a comunidades autónomas, a ayuntamientos, al Partido Popular, a todos y a todo menos a la errática política económica seguida por el propio Gobierno. No es de extrañar que el Gobierno vaya a la deriva cuando no tienen claro ni ustedes mismos el rumbo que hay que tomar. Se han convertido en una auténtica jaula de grillos, donde cada miembro del Gobierno propone una cosa diferente cada día: un día subir el impuesto sobre matriculación; otro día la euroviñeta; otro día gravar los beneficios de los bancos, en un ejercicio del doctor Jekyll y mister Hyde que es auténticamente incomprensible. Decía que la actitud de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, en aquella interpelación fue totalmente distinta: una actitud conciliadora, una actitud que requiere, en primer lugar, reconocer los problemas, y en segundo lugar, arrimar el hombro para intentar aportar soluciones a los problemas reales. Por ello presentamos hoy esta moción con medidas concretas para hacer frente al grave problema de la morosidad.

Hace ya un año que la modificación de la Ley de lucha contra la morosidad entró en vigor y el análisis de los plazos de pago, especialmente de las administraciones públicas, es realmente descorazonador. España se sitúa a la cabeza de Europa en el tiempo medio de pago de sus facturas, pero si nos centramos en el sector público los plazos medios de pago están en una media de 158 días, cuando en la ley que aprobamos en este Parlamento se establecía un plazo de 50 días para este año 2011. Esos retrasos en el cobro de las facturas unidos a la dificultad de acceso al crédito y a la caída de las ventas de nuestras pequeñas empresas y nuestros autónomos han provocado ya el cierre de más de 300.000 autónomos que se han dado de baja en la Seguridad Social, con las nefastas consecuencias que sobre el empleo tienen estos cierres. Por eso, señorías, no es de recibo que la señora ministra viniera y nos dijera que la Administración central está cumpliendo los plazos, porque todos sabemos que el grave problema se está produciendo fundamentalmente en el pago de facturas de comunidades autónomas y de ayuntamientos. Por ello esperamos hoy su apoyo, el del Grupo Socialista y el de todos los grupos, a nuestra moción, donde aportamos diversas iniciativas para hacer frente a la morosidad de las administraciones públicas.

En primer lugar proponemos que el Gobierno cumpla y haga cumplir las leyes que se aprueban en este Parlamento. Es evidente que los plazos de pago que se establecieron en la Ley de lucha contra la morosidad se están incumpliendo, y especialmente por parte de las administraciones públicas. En segundo lugar pedimos al Gobierno en esta moción que impulse la trasposición de la Directiva comunitaria 2011/7 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad y se establece un plazo de pago por parte de las administraciones públicas de 30 días, teniendo derecho a percibir intereses de demora en caso de incumplimientos. Proponemos también poner en funcionamiento en el plazo de un mes la línea crédito ICO-morosidad para que los entes locales puedan pagar las facturas pendientes de pago a sus proveedores. Señorías, a nuestro juicio resulta absurdo que el Gobierno trate ahora de aprobar por razones de urgencia, a través de un real decreto-ley, prácticamente lo que ya se había aprobado en esa Ley de lucha contra la morosidad hace ya un año, y que luego derogaron a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Es aún más absurdo y más incomprensible que no solo hayan votado en contra de esta medida que el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto en diversas ocasiones, sino que incluso hayan vetado su tramitación argumentando que suponía un incremento de los créditos presupuestarios poniendo en peligro el actual contexto de consolidación fiscal; tras un año desde la aprobación de la línea de crédito ICO y tras vetar la instrumentación de esta línea el Gobierno lo aprueba ahora deprisa y corriendo, como siempre, y contradiciendo sus propios argumentos que han venido aportando a lo largo de este tiempo.

Proponemos también en esta moción que se instrumente un procedimiento de compensación automática similar al de la cuenta corriente tributaria. Es una iniciativa de puro sentido común, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, porque no puede ser que la Administración deba facturas a nuestros pequeños empresarios y autónomos, y mientras tanto tengan que seguir pagando trimestre a trimestre sus impuestos. Asimismo volvemos a incidir en esta moción en la necesidad de hacer coincidir el devengo del IVA con el cobro de la factura, de modo que no tengan que ingresar el IVA hasta que se cobren las facturas. La propia señora ministra de Economía y Hacienda resaltó en su contestación a la interpelación


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de nuestro grupo que se ha producido nada más y nada menos que un incremento del 26,4 por ciento en 2010 respecto a 2009 en las peticiones de aplazamientos de IVA, porque sencillamente los empresarios no pueden hacer frente al pago de sus impuestos, no venden, no obtienen crédito, y para colmo no cobran las facturas de lo que venden.

Por tanto, señorías, son un conjunto de medidas efectivas que pretenden ayudar de manera realista a nuestros pequeños empresarios y a nuestros autónomos porque sin ellos a nuestro juicio será imposible que nuestra economía se recupere y será imposible que podamos crear empleo. Por eso esperamos hoy el apoyo del Grupo Socialista y del resto de grupos al conjunto de medidas que contemplamos en la moción presentada por mi grupo. (Aplausos.)

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Madrazo.

A esta moción se han presentado enmiendas por parte del Grupo Catalán de Convergència i Unió, y para defenderlas tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Señora presidenta, señorías, desde nuestro grupo parlamentario reafirmamos nuestro compromiso por la lucha contra la morosidad. Nuestro grupo parlamentario fue el que impulsó la reforma de la Ley de Morosidad, fundamentalmente para hacer efectivo el cumplimiento de los términos de pago, para dotar de liquidez a las empresas y para evitar que los incumplimientos en los plazos condicionasen la viabilidad de gran parte del tejido productivo, especialmente el de pymes y autónomos. Valoramos favorablemente por ello la iniciativa del Grupo Popular que incide en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en las que aún hoy se siguen incumpliendo los términos de pago, especialmente por parte de las administraciones públicas con el consiguiente perjuicio que representa para el tejido empresarial, especialmente -repito- el representado por pequeñas y medianas empresas y autónomos, los principales perjudicados de la crisis económica. Desde el grupo que represento no hemos dejado nunca de insistir en que es una crisis que ha afectado especialmente a esta parte tan importante de nuestro tejido productivo que ha padecido y continúa padeciendo la falta de crédito y las dificultades de acceso a él, lo que condiciona no solo su crecimiento, sino que en muchos casos y en estos últimos años ha condicionado la viabilidad de muchas actividades económicas, comerciales y productivas, con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo. Es importante insistir en la necesidad de activar mecanismos que permitan dotar de más liquidez a las empresas y a las actividades económicas, y por ello actuar en el frente de la morosidad continúa siendo una prioridad.

A la moción presentada por el Grupo Popular nuestro grupo ha presentado una enmienda que pretende, por una parte, aportar una serie de modificaciones a los puntos 1 y 4 de la moción, y por otra parte, pretende también incorporar dos nuevos apartados. En relación al primer grupo de modificaciones y al punto 1 de la moción nos parece importante evidenciar el papel de las comunidades autónomas, así como resaltar y reconocer sus competencias en esta materia. En segundo lugar, introducimos una modificación al punto 4, y estando de acuerdo con el procedimiento de compensación automática similar al de la cuenta corriente tributaria, entendemos que esta ha de referirse a las deudas reconocidas por la Administración General del Estado, y que son las otras administraciones las que actuarán en el ámbito de sus competencias con tributos del Estado. Sobre este aspecto, señorías, nuestro grupo ha manifestado su posición en diversas ocasiones.

En cuanto a los dos nuevos apartados que presenta e introduce nuestra enmienda, el primero va en línea con la propuesta de resolución que presentamos con ocasión del debate sobre el estado de la Nación, propuesta que finalmente no fue aprobada y que pretende impulsar un pacto entre administraciones públicas en una triple dirección: en primer lugar, evaluar y reconocer a los suministradores de bienes y servicios los compromisos pendientes de pago; en segundo lugar, la de negociar las condiciones; y en tercer lugar, la de cumplir con los términos previstos en la nueva Ley de Morosidad. Por último, nuestra enmienda introduce un nuevo apartado, el séptimo, que reconociendo que la línea ICO directa no ha tenido los resultados esperados, es necesaria una revisión de su funcionamiento. Señorías, recordemos que con respecto a las estimadas entre setenta y cien mil operaciones previstas, finalmente se han aprobado cerca de diez mil. Esto obliga a su revisión. Señorías, nuestra enmienda en este apartado insta a una revisión del funcionamiento a fin de facilitar el acceso a la línea ICO, y que puedan conseguirse así los objetivos estimados y perseguidos.

Señora presidenta, señorías, esperamos que nuestra enmienda sea aceptada por el Grupo Popular que ha presentado la moción, y esperamos que sea apoyada porque insistimos en la necesidad de una plena efectividad de la Ley de Morosidad, y que esta se traduzca en liquidez para el tejido productivo, lo que pasa por un cumplimiento de los plazos de pago, y por lo tanto por un cumplimiento de la misma ley, un cumplimiento efectivo y pleno, y deben ponerse todos los mecanismos y adoptarse todas las medidas para ello.Valoramos -termino, señora presidenta- que el último real decreto recientemente aprobado por el Gobierno abra una línea específica para que las entidades locales puedan cumplir con sus compromisos, recuperando el espíritu de la suprimida disposición adicional de la nueva Ley de Morosidad. Pero ello no es suficiente, es solo una parte.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Riera.


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La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señora presidenta.

Por ello es necesario insistir en el cumplimiento de los plazos de pago e insistir en el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Morosidad. Esperamos que a nuestro grupo se le acepten las enmiendas presentadas y apoyará esta moción.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Riera.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Buenaventura.

La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta una moción que recoge puntos que otras veces hemos discutido aquí en el plenario del Congreso. Por parte de nuestro grupo podríamos coincidir, y coincidimos, en el análisis y diagnóstico que hacen de la situación precaria en que se encuentran muchísimas empresas, muchísimas pymes y autónomos por la problemática que existe de la morosidad en el pago por parte de las administraciones: Administración del Estado, administraciones autonómicas y sobre todo las administraciones locales. En eso coincidimos. También podemos coincidir en alguno de los puntos que plantea la moción. El punto 1 propone cumplir y hacer cumplir la ley, con el cual estamos completamente de acuerdo. Me parece que nadie puede estar en desacuerdo en cumplir y hacer cumplir la ley. Asimismo estamos de acuerdo en poner en funcionamiento ya una ley que se aprobó, no solo a propuesta del Partido Popular, sino a propuesta de los diversos grupos. Por tanto coincidimos con el fondo de esta ley que se refiere a la línea crédito ICO-morosidad para los entes locales. También podríamos estar de acuerdo en la necesidad de la trasposición de la directiva europea, pero ya no podríamos coincidir en el tema de la temporalidad. Ahí se plantean tres meses, pero la directiva europea plantea hasta 2013. Deberíamos estudiar si es necesario hacer en tres meses esta trasposición, o si quizá deberíamos darnos un plazo más amplio para poderlo hacer con detenimiento y además con reflexión.

Hay un punto de su moción, el punto 6, que no acabamos de entender lo que pretende, que plantea establecer en la normativa la obligatoriedad del reconocimiento de la deuda por parte de las administraciones públicas con el contratista en el mismo momento de autorizarse la operación. Parece ser que en el momento en que, por ejemplo, se inicia una obra ya existe el compromiso de pago sin saber si esta obra se realizará o no se realizará. Este punto no lo entendemos. (Rumores.) Por otra parte, los puntos 4 y 5 son puntos que se refieren al IVA de las facturas impagadas y ya han sido presentados por el Partido Popular en otras propuestas, mociones o proposiciones no de ley, y nuestro grupo siempre nos hemos manifestado en contra. Entendemos que el tema de la morosidad -y así lo hemos dicho en otras ocasiones- supone una losa para las empresas y por tanto lo debemos abordar, pero si entramos a compensar el IVA entraríamos en una dinámica peligrosa que entendemos desvirtuaría este impuesto. Deberíamos afinar muy bien el mecanismo que se pueda proponer y además recordando que la aplicación de este tributo se basa en el criterio de devengo y no en el criterio de caja. El IVA se liquida cuando se hacen las facturas, no cuando se cobran o pagan. El criterio de caja, que es el que ustedes proponen, no lo permite la actual ley, ni tampoco el Plan general de contabilidad europeo. Pero además de la cuestión legal, detrás también hay una cuestión fiscal, ya que si aceptamos este cambio estaríamos aceptando que se cargasen a la tesorería del Estado todos los impagados, cosa que evidentemente generaría unas tensiones de tesorería inasumibles para las arcas del Estado, algo que ya habíamos manifestado y ahora lo reiteramos. Si la moción que ustedes presentan se vota en su conjunto, nuestro voto va a ser en contra; si hubiese una votación por puntos separados, podríamos votar favorablemente algunos de ellos.

Evidentemente el tema de la morosidad es uno de los problemas que existen en nuestra economía, pero hay muchísimos más. El planteamiento que debería reflejar esta moción cuando se hable de morosidad, fundamentalmente de una morosidad ocasionada por las entidades locales, es el tema del financiamiento de las entidades locales; la Administración que es la hermana pobre de todas las administraciones y que desde el año 1979, con los ayuntamientos democráticos, siempre ha sido la asignatura pendiente en el tema económico a nivel estatal.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.

Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, señor presidente del Gobierno. El Grupo Popular trae de nuevo a esta Cámara bajo la forma de moción unas medidas e iniciativas que no son novedades porque las ha traído en otras ocasiones bajo diferentes formatos. A esta propuesta, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha presentado una enmienda de sustitución que recoge básicamente los mismos contenidos y que parece ser que va a ser aceptada por el grupo proponente. Nuestro grupo coincide en buena parte con las medidas. Como no puede ser de otra forma, estamos de acuerdo con que se cumplan las leyes, incluidas la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad. Participamos muy activamente en el proceso de elaboración de dicha ley y creemos que hay que cumplirla.


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Sabemos que es difícil en la actual coyuntura, pero no por ello podemos dejar de hacerlo. Tampoco tenemos objeción alguna a que se modifique dicha ley en los términos que plantea el Grupo Popular, así como la transacción del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. El punto 4 de la transaccional también nos parece razonable: dentro de la misma Administración compensar los ingresos con los gastos, lo que las administraciones deben con los impuestos que las empresas y los ciudadanos tienen que pagarles es algo que las administraciones debieran facilitar. Otra cosa diferente es entre diferentes administraciones, tal y como señala la propuesta original del Grupo Popular, con la que no estamos de acuerdo. Insisto, dentro de la misma Administración para evitar el riesgo de que las administraciones eficaces carguen con los costos de las ineficaces. No tenemos ningún reparo con los puntos 6 y 7 de la propuesta de Convergència i Unió en el sentido de que las administraciones reformen las condiciones para cumplir los plazos previstos en la Ley de Morosidad ni en que mejoren las líneas ICO para facilitar la financiación de Pymes y autónomos. Es más, somos firmemente partidarios de ello. Sin embargo, tenemos serios reparos en los apartados 2 y 5 que consideran tanto la propuesta inicial del Grupo Popular como la enmienda transaccional de referencia. En el apartado 2 se solicita que el Gobierno ponga en funcionamiento la línea ICO-morosidad de entidades locales. En nuestra opinión dicha línea ya está aprobada. El real decreto-ley aprobado recientemente por el Gobierno y que se trae a esta Cámara para convalidar pasado mañana, establece un procedimiento para que los ayuntamientos consigan recursos a través del ICO para hacer frente a las facturas pendientes. Es un procedimiento realista con el que estamos de acuerdo, por lo tanto, en este punto no procede lo que plantea el Grupo Popular.

El punto número 5, que vincula el pago del IVA de las Pymes y autónomos al pago real de las facturas, puede suponer que con recursos públicos, que con los impuestos de los ciudadanos se paguen las ineficacias e irresponsabilidades de algunas empresas. No parece justo. Las administraciones públicas cuentan ya con mecanismos de gestión tributaria, de aplazamientos de pagos, de los impuestos, etcétera, que pueden y deben utilizar adecuadamente en periodos como los actuales, de especiales dificultades económicas. Resumiendo, si se vota conjuntamente la moción del Grupo Popular o bien la transaccional de Convergència i Unió, nuestro grupo votará en contra de la iniciativa. Si el voto es por puntos, votaremos en contra de los puntos 2, 4 y 5 y lo haremos de forma favorable al resto de los puntos.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.

La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, señora presidenta.

Señorías, mi grupo se va a oponer a esta moción en su conjunto, entre otras razones porque hemos debatido y votado, rechazándolas una y otra vez mayoritariamente en esta Cámara, propuestas idénticas -subrayo lo de idénticas- o muy parecidas -lo hemos hecho hasta la saciedad-, excepto en una novedad, el último punto, el número 6, que parece nuevo, y a él me voy a referir. Pero debo confesar que esperaba que ustedes presentaran una autoenmienda que permitiera una comprensión clara de lo que proponen. No lo han hecho, tampoco lo ha explicado la portavoz en esta tribuna, y tal como está redactada parece una propuesta muy descabellada y sin sentido. Debo decir que otros portavoces con los que he consultado su comprensión de este punto han mostrado la misma sorpresa que yo. La verdad es que de un partido que ahora mismo es responsable de muchos Gobiernos uno espera que por lo menos su grupo parlamentario en las Cortes sea capaz de presentar propuestas bien redactadas y comprensibles.

Aquí se han terminado las novedades. Vayamos a las propuestas empezando por abajo, la quinta y la cuarta: IVA al cobro de las facturas y compensación de deudas entre administraciones públicas. Esta Cámara mayoritariamente les ha explicado una y otra vez por qué ambas son malas ideas, y la propia ministra les explicó con gran paciencia que este Gobierno ha estado aplicando medidas distintas a estas pero mucho más eficaces. El problema no es de impuestos, para las empresas el problema es de liquidez. La señora ministra les explicó algo que a ustedes parece no importarles: hubo 935.000 aplazamientos por IVA el año pasado, por un importe de cerca de 7.400 millones de euros -no sé si sus señorías captan la importancia de estas cifras-, que suponen el 10 por ciento de las empresas españolas y casi la recaudación durante dos meses del IVA en España. Es una inyección de liquidez brutal y mucho más efectiva que estas medidas que ustedes dicen proponer.

Sigamos. Proponen un punto tercero, la trasposición en tres meses de la directiva europea. Fantástico, curioso por su parte que propongan hacer una ley que obligue a pagar en 30 días cuando -me gustaría recordarles el dato que dio mi compañero Javier Mármol- en Castilla y León están tardando en pagar a los proveedores sanitarios 544 días, en Valencia 550 y en Murcia 652, ¡652 días, señorías! (La señora Madrazo Díaz hace gestos negativos.) ¿Y pretenden que con una ley que haga el Gobierno ustedes van a pagar en 30 días? Pues háganlo directamente, sin necesidad de ninguna ley. Usted ha hablado de una media de pago de 158 días. Para que la media sea de 158 y muchas comunidades estén pagando a 600 días quiere decir que hay una administración que paga casi inmediatamente, y esta es la Administración General del Estado.

La última gran novedad es sobre el establecimiento de la línea ICO. Curioso, porque habrían podido proponer algo más parecido a lo que en el real decreto-ley,


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que espero que convalidemos este jueves, propuso su portavoz a la ministra, reconociéndole que su idea de ligar el préstamo al PIE era una buena idea. Pero a la hora de escribir la moción se han echado hacia atrás, y afirma la portavoz, si es que me escucha, que vamos a aprobar lo mismo. Pues le diré que estoy convencida de que sabe leer, por ello, deduzco que no lo ha leído, porque lo que se propone en el real decreto-ley es algo muy distinto de lo que ustedes proponen hoy. Por tanto -concluyo, presidenta-, una vez más constatamos que no escuchan, que no piensan, que no entienden. En consecuencia, no es de extrañar que sus falsas propuestas, como las de hoy, no sean solamente engañosas, sino por encima de todo perfectamente inútiles.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Colldeforns.

¿Señora Madrazo, acepta usted o rechaza la enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió?

La señora MADRAZO DÍAZ: Vamos a aceptar la enmienda de Convergència i Unió manteniendo los puntos 2, 3 y 5 de nuestra moción.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.

En esos términos se votará la moción.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS AYUDAS ESTATALES A LA PESCA Y LA ACUICULTURA. (Número de expediente 173/000227.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Vasco del PNV sobre las ayudas estatales a la pesca y a la acuicultura.

Para defenderla en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, subo a la tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Vasco para defender la moción que hemos presentado consecuencia de la interpelación que le hicimos a la ministra, sobre las ayudas estatales a aquellas embarcaciones que operan fuera de las aguas territoriales y que se dedican a la pesca de atún principalmente. Como ustedes saben, existe un enorme diferencial de costes de explotación con los que operan los buques atuneros de pabellón español con respecto a los de terceros países. Los costes laborales representan un capítulo muy importante, dado el gran número de marineros comunitarios embarcados en dichos atuneros. Los buques atuneros registrados bajo este pabellón destinan más de la mitad del presupuesto total de sus costes operativos a los costes de tripulación, dígase salarios, primas de pesca, seguros sociales, viajes de la tripulación, etcétera, así como otros costes derivados del trabajo cuando en el caso de un buque asiático, tal y como recordaba en la interpelación a la ministra, esta partida puede suponer en torno al 6 por ciento. El coste laboral, por lo tanto, de un marinero embarcado en un buque asiático puede ser diez veces menor que el de un marinero europeo, lo cual demuestra el gran diferencial de recursos económicos que destinan los armadores, asiáticos en este caso, al pago de costes laborales entre otras partidas o, mejor dicho, la diferencia de lo que tienen que pagar los armadores europeos, en este caso los del Estado español, comparado con otros que son su competencia directa. Al problema estructural de diferencial de costes entre un buque atunero de pabellón europeo y los de terceros países, principalmente los de banderas asiáticas, como decía, se ha unido en los últimos años para los barcos que faenan en el Índico el coste extraordinario que supone la seguridad.

No vamos a repetir aquí cuál es el problema de seguridad que están padeciendo los buques atuneros en el Índico, y asimismo el alza de los precios de combustible. Por lo tanto, ha habido problemas que han generado más problemas. Al mismo tiempo, y ante una coyuntura tan desfavorable para el desempeño de la profesión, aligerar la carga fiscal de IRPF que recae sobre los tripulantes embarcados en nuestros buques de forma que se haga un poco más atractiva la misma, supondría un importante aliciente para el colectivo marinero, sin duda alguna, más si tenemos en cuenta además las condiciones en las que deben ejercer su trabajo, como he dicho, los que trabajan en el Océano Índico, la seguridad, la piratería somalí existente es un problema añadido a lo que de por sí ya es un problema poder trabajar en esas condiciones. Ante esta situación de desventaja competencial y en aras de paliar esta descompensación, la Unión Europea elaboró unas directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y de la acuicultura. Estas directrices en su apartado 4.5 contemplan desgravaciones fiscales y reducción de los costes laborales para buques de pesca comunitarios que faenen fuera de las aguas de la Comunidad. Esto es más o menos lo que le comentamos a la ministra en su interpelación, es decir, por qué el Gobierno español no aplica estas directrices que Europa contempla como posibles precisamente para estas casuísticas y para este tipo de profesionales. Sin embargo, como he dicho, tras haber pasado más de tres años desde la aprobación de estas directrices no se ha desarrollado en la legislación española la posibilidad de aplicarlas, hecho sorprendente teniendo en cuenta que prácticamente el único destinatario de tal posibilidad de desgravación fiscal en la Unión Europea es la propia flota atunera y palangrera española.

Nosotros en la parte dispositiva de la moción que habíamos presentado pedíamos que en el plazo de seis meses se aplicara ya con bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, con en el impuesto sobre la renta y con el impuesto sobre sociedades; aplicarlo


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para los pescadores que están en la flota atunera y palangrera de superficie, contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, tengan la consideración de renta exenta del 50 por ciento, y en el caso del impuesto sobre sociedades del 90 por ciento. Esto era lo que planteábamos. Se han presentado enmiendas y hemos llegado a una transacción. Como no me queda mucho tiempo, diré que con esta transaccional, con la que hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista y con la aportación del Grupo Popular, principalmente hemos conseguido que el Gobierno asuma en su agenda el compromiso de incorporar en la Ley de Presupuestos este tipo de desgravaciones y bonificaciones, y que en la famosa mesa que se aprobó en el Congreso para tratar y solucionar temas relacionados con la pesca se trate este tema como punto prioritario, en una reunión que se va a celebrar en julio, con el compromiso adquirido del Gobierno, y se decida lo que se decida que se incorpore a la Ley de Presupuestos y que el Gobierno asuma ese compromiso. No sé si con estos números que planteábamos, no sé si tendrán que ser otros de manera escalonada. Para nosotros es muy importante que esto ya entre dentro de la agenda gubernativa y que el Estado español, de una manera u otra, asuma como tal la aplicación de estas directrices que Europa contemplaba para estas posibilidades.

Es importante que la flota atunera y palangrera de superficie que opera en aguas internacionales, fuera de las aguas de los países miembros de la Unión, necesita alicientes para seguir operando no solamente en su actividad profesional, sino para seguir teniendo pabellón del Estado español y no desabanderarse, que es realmente un riesgo que puede ocurrir. Si las condiciones de otros son más baratas que la mitad, seguramente más de uno tenga la tentación de coger la bandera de esos países. También hay que decir que los armadores de este tipo de barcos son gente muy coherente, muy eficaz y muy profesional. Están pidiendo que se apliquen este tipo de ayudas, bonificaciones y desgravaciones porque lo que quieren es seguir teniendo pabellón europeo y seguir operando en las condiciones humanitarias, sociales y laborales, etcétera, que requieren unas buenas condiciones de trabajo para sus marineros.

Por tanto, creo que hemos llegado ...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Agirretxea, por favor.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: ... a un buen acuerdo y solamente me queda decir que espero que este tipo de cuestiones lleguen a buen puerto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.

El Grupo Mixto ha retirado las enmiendas que tenía presentadas a esta moción, por tanto, va a intervenir en el turno de fijación de posición.

Para defender las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra el señor García Díez.

El señor GARCÍA DÍEZ: Señora presidenta, señorías, fue el 25 de mayo cuando tuvimos en esta Cámara una interpelación urgente sobre medidas que debería adoptar, a criterio del Grupo Popular, el Gobierno para remediar la grave crisis que atravesaba y atraviesa el sector pesquero. Consecuencia de aquella interpelación el 7 de junio aprobábamos aquí una moción que contenía un decálogo de medidas, aprobada por amplia mayoría. Les recuerdo, señorías, que de los 335 diputados presentes 330 votaron a favor de nuestra propuesta y 5 se abstuvieron. Aquella moción pedía -me voy a referir no a las diez medidas, sino exclusivamente a la que hoy viene al caso- crear una mesa de trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, con las comunidades autónomas que tengan flota de altura, con las asociaciones del sector pesquero y con los grupos políticos de esta Cámara para analizar el modelo de aplicación de las líneas directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura que había aprobado la Comisión. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Unos días después, el 22 de junio, era -como acaba de decir el señor Agirretxea- el Grupo Vasco quien planteaba una nueva interpelación al Gobierno en materia pesquera y ahí el Grupo Vasco decía, a través de su portavoz, el señor Agirretxea, que estaba totalmente de acuerdo con la creación del grupo de trabajo que había propuesto el Grupo Popular con la mesa, que la apoyarían y que estaban dispuestos a trabajar. Así hemos llegado al debate de esta moción consecuencia de la interpelación urgente a la que acaban de referirse, que proponía inicialmente una serie de medidas, a las que también se acaba de referir el diputado proponente, que consistían en bonificaciones, bien del 90 por ciento en la cotización de la Seguridad Social, del 50 por ciento en el impuesto sobre la renta o del 50 por ciento en el impuesto de sociedades para determinadas flotas. Señorías, creemos en el Grupo Parlamentario Popular, de ahí nuestra enmienda, que no podemos dar saltos en el vacío. Si con esfuerzo y con consenso, recalco estas dos palabras, con esfuerzo porque no ha sido fácil sacar adelante la moción del Grupo Parlamentario Popular en su momento; con consenso, porque fue fruto de interpelación entre varios grupos, acordamos que el Gobierno creara esa mesa de trabajo. Si además de crearse esa mesa de trabajo el Gobierno aceptó su puesta en marcha, lo que urge en este momento es que el Gobierno cumpla ese compromiso que ha emanado de esta Cámara y lo ponga en marcha. Por eso nuestra enmienda se refiere especialmente a esta cuestión, a que urgentemente se aborden las cuestiones a las que se ha referido el señor Agirretxea, y yo en este momento.

Señorías, creemos que es el momento de valorar en conjunto y de analizar de forma muy pormenorizada el cómo y cuándo se deben aplicar estas posibles ventajas para esta flota a la que nos estamos refiriendo. Hay


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muchas cuestiones que deben ser precisadas. Se debe aclarar si ubicamos o no esta flota en el registro especial de Canarias o si creamos un registro especial para ellas. Si este registro debe ser abierto o cerrado. Si se deben establecer otras limitaciones al margen de las que la propia Unión Europea ya establece. Si las compensaciones económicas las debe soportar un ministerio u otro. Si hay que ligar beneficios fiscales a las inversiones, etcétera. Son muchas las cuestiones que esta mesa deberá abordar. Por ello, nos congratulamos y, señor Agirretxea, le agradecemos desde nuestro grupo que haya aceptado nuestra enmienda y que se haya llegado a esa transaccional con la enmienda del Grupo Socialista, por una vez muy coincidentes con las del Grupo Popular, y que entre los tres grupos podamos sacar adelante esta transaccional a la que le deseo la misma suerte que tuvo la moción del Grupo Popular que, como le dije, fue consensuada de forma muy amplia. Solo nos resta esperar a que esa mesa de trabajo cumpla su cometido, que sea sensible a todas las propuestas que tanto el sector, las comunidades autónomas como los grupos políticos que tienen representación en esta Cámara, podamos trasladar a esa mesa, y que dichas medidas allí acordadas vean su reflejo y su constatación en los Presupuestos Generales del Estado, los haga quien los haga, le toque hacerlos a quien le toque hacerlos.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Díez.

Antes de proseguir con el examen del punto del orden del día que estamos tratando, quiero anunciar a sus señorías que se encuentra en la tribuna de honor de la Cámara el excelentísimo señor presidente de la República de Panamá, don Ricardo Martinelli, a quien el Congreso de los Diputados recibe y saluda muy cariñosamente. (Prolongados aplausos.) En los años venideros, señor presidente, se celebran conmemoraciones claves para nuestros países, concretamente en 2012 el bicentenario de la Constitución de Cádiz, en cuya redacción, como ha visto, participaron dos diputados por Panamá. En 2013, tendrá lugar en Panamá el Congreso de la Lengua. En ese mismo año se celebrará el V centenario del Descubrimiento del Océano Pacífico por Núñez de Balboa. En 2014, el centenario del Canal de Panamá, y felizmente se inaugurará su ampliación. Señor presidente, que todas estas fechas, que son claves, lo sean también para afianzar nuestra relación bilateral, basada en una verdadera amistad. De nuevo le damos la bienvenida y le deseamos una feliz estancia en España. Muchas gracias.

Proseguimos con el estudio de la moción. Tiene la palabra don Ceferino Díaz.

El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, con el permiso del señor presidente de Panamá vamos a volver al tema del que estábamos hablando. Señores diputados, la Unión Europea es restrictiva respecto a las ayudas de Estado por entender que estas pueden crear competencia desleal dentro del mercado interior; no obstante -como se dijo aquí-, en 2008 se aprobaron unas directrices comunitarias que establecen una serie de excepciones compatibles con el mercado común, mencionándose entre ellas en el artículo 4.5 la desgravación fiscal y los costes salariales asociados a los buques pesqueros que capturan atún y especies afines y operan en aguas comunitarias. La propuesta del PNV solicita que se incorporen estas directrices al ordenamiento jurídico español. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Tengo que aclarar, señor Agirretxea, que en la Unión Europea no hay ningún otro Estado que las tenga incorporadas; están ahí, pero no están incorporadas en ninguna legislación, y esto se demanda para la que la flota atunera y de palangre de superficie que faena en aguas internacionales se beneficie de estas ayudas. La dimensión y características de esta flota, de la que ya se habló aquí, hacen que el Grupo Socialista y el Gobierno también consideren necesario crear un registro específico para esta flota y que se regulen las ayudas fiscales y de descuentos en la Seguridad Social para la misma. Creemos que estas ayudas son importantes para que esta flota pueda competir con otras con estructuras de costes laborales mucho más bajos, pero también que las ayudas públicas deben vincularse a la existencia de condiciones sociolaborales dignas y al mantenimiento del empleo. Quiero aclarar que las ayudas fiscales y de Seguridad Social a este segmento de la flota, y no a toda la flota u a otros sectores, se justifican por las especiales condiciones de competencia de la misma y, sobre todo, por el efecto multiplicador que sobre el empleo tiene esta flota en el sector transformador.

Para abordar este tema, la Cámara -como decía muy bien el señor García Díez- aprobó el pasado 7 de junio una transaccional, en la que tuvo mucho que ver, señor García -usted lo sabe-, el Grupo Socialista, por la que se creaba una mesa de trabajo de la que ya se habló aquí. Por ello, aunque entendemos que el Grupo Parlamentario del PNV quisiera fijar aquí ya los límites y bonificaciones y desgravaciones, creemos más correcto trasladar la propuesta a la mesa de trabajo que se va a constituir al efecto, además es una mesa de trabajo que se constituye a instancia de este Pleno y se aprueba por unanimidad; en caso contrario, la citada mesa, cuya creación -como decíamos- tuvo apoyo mayoritario carecería de sentido. Adelantamos, por si hubiera alguna duda y se pudiera interpretar que queremos ganar tiempo, que por parte del Gobierno se está de acuerdo en incorporar la mencionada directriz a nuestro ordenamiento; la señora ministra lo dejó claro en la interpelación.

En nuestra enmienda pedimos que la mesa se constituya en este mes de julio para abordar como primer punto la aplicación de las ayudas de Estado a las flotas atunera y palangrera de superficie, y también demandamos que las modificaciones legislativas y presupuestarias que se deban acometer se incorporen a la Ley de Presupuestos


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de 2012. Es el Grupo Socialista el que fija la reunión para este mes y es también el Grupo Socialista el que propone expresamente que la Ley de Presupuestos de 2012 incorpore estas propuestas. Creíamos, cuando hacíamos la propuesta, que éramos respetuosos con los acuerdos de esta Cámara y también respetuosos con la demanda del Partido Nacionalista Vasco. Nos alegramos de que exista una transacción en este sentido y, por ello, pensamos que en la próxima Comisión, en la próxima mesa de trabajo vamos a avanzar de manera positiva en la atención a las demandas de este sector, que tiene muchos puntos claros, aunque a veces también aparezca algún punto oscuro.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Díaz.

Para fijar la posición del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Ríos.

El señor RÍOS RULL: Con la venia de la Presidencia, intervengo para expresar nuestra posición de apoyo a esta moción y para explicar también la retirada de nuestra enmienda, que no tiene otro objeto que propiciar el consenso que parece que ha conseguido el Grupo Parlamentario Vasco con los grupos Socialista y Popular.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ríos.

Para fijar la posición del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.

El señor CANET I COMA: Gracias, presidenta.

La moción del Grupo Parlamentario Vasco aborda el tema de las ayudas a la pesca y a la acuicultura a partir de un tema de fondo, el riesgo de desabanderamiento de los buques de armadores europeos que faenan fuera de las aguas de la comunidad. Plantea las razones que inciden en la problemática, fundamentalmente en el diferencial de costes de explotación, originado especialmente por los mayores costes laborales, pero también se refiere a otros dos factores: el coste extraordinario que supone la seguridad privada y el alza del precio del combustible. Por ello, vemos muy acertado que inste al Gobierno a incorporar las ayudas estatales contempladas en las directrices comunitarias, con bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, exenciones fiscales en la renta y la bonificación del 90 por ciento en la cuota del impuesto sobre sociedades.

Queremos recordar también que en su intervención, durante la interpelación, la señora ministra matizó que nos encontramos ante la existencia de unas directrices, no ante una directiva que requiera su trasposición; unas directrices que admitió que debían concretarse. Además, recordó que el Gobierno ya ha dado pasos, especialmente con la previsión de la inmediata puesta en marcha de una mesa de trabajo del sector y la concesión de ayudas para sufragar parte del coste de la seguridad privada. Puesto que parece evidente la coincidencia en el análisis de la situación entre los diversos grupos de esta Cámara, resulta lógica la propuesta de transacción que se nos ha distribuido y a la que anunciamos nuestro voto favorable.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.

Señorías, Convergència i Unió va a dar apoyo a la moción que hoy plantea el Grupo Vasco. Daremos apoyo a la misma y al texto transaccional finalmente acordado, toda vez que es cierto el diagnóstico. Es cierto el sobrecoste, con precios de seguridad al alza, porque hay ataques en el Índico. Sabemos perfectamente la situación en que se encuentran los buques, sabemos los precios del combustible al alza y sabemos que es necesario acordar alicientes entre todos, y el Gobierno especialmente. En esa búsqueda de alicientes encontramos mesurada la propuesta que hoy nos hace el Grupo Parlamentario Vasco, en el sentido de reducir las cotizaciones de la Seguridad Social, de buscar desgravaciones en el IRPF o en el impuesto sobre sociedades y ello hacerlo con prontitud en esa mesa ya convocada para este mes de julio. Por tanto, esperemos que todo ello redunde a favor del sector de la pesca, a favor de este sector que faena en aguas tan lejanas, pero soportando un sobrecoste y en unas condiciones tan difíciles. Manifiesto, por tanto, el apoyo de Convergència i Unió al texto de esta moción.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.

Señor Agirretxea, entonces pasaremos a votación el texto de la transaccional que ha presentado a la Mesa, salvo que se oponga algún grupo.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Efectivamente, así es.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.

DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2007, DE 28 DE


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DICIEMBRE, SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PERÍODO 2012-2014, Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL ESTADO PARA 2012. (Número de expediente 430/000005.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos, a continuación, al siguiente punto del orden del día: Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2012-2014, y el límite de gasto no financiero del Estado para 2012.

Para la presentación de este acuerdo tiene la palabra la señora vicepresidenta de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, comparezco ante esta Cámara para presentar el objetivo de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no financiero del Estado para el año 2012, que fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 24 de junio. El contexto en el que se enmarcan estas decisiones, como sus señorías conocen, es el de una situación económica muy exigente. Nuestra economía se encuentra en una fase de recuperación todavía lenta, pero que progresa, a pesar de la inestabilidad que afecta especialmente en estos días a los mercados financieros europeos. El principal objetivo del Gobierno es impulsar una recuperación económica sostenida que contribuya a crear empleo de manera duradera. Para ello, la política económica se apoya en dos pilares: la consolidación presupuestaria y las reformas estructurales. Y, como ya me han escuchado sus señorías en otras ocasiones, aunque las necesidades de austeridad alcanzan casi inevitablemente al conjunto del gasto público, se ha mantenido un criterio selectivo preservando el núcleo de protección social.

En el año 2010, iniciamos el proceso de consolidación fiscal de las finanzas públicas españolas, y lo hicimos mediante la aplicación de una rigurosa política de austeridad presupuestaria en el conjunto de las administraciones. Como resultado de las medidas aplicadas, el déficit se redujo del 11,1 por ciento en el año 2009 al 9,2 por ciento del PIB en el año 2010, cumpliéndose, por tanto, y con cierto margen, el objetivo fiscal planteado en términos agregados. Quiero señalar que el ajuste fue el más importante de los grandes países de la zona del euro y, además, el esfuerzo fiscal fue estructural. Como conocen, la reducción en el caso de la Administración central fue de un 9,3 por ciento de déficit en el año 2009 a un 5,7 en el año 2010, mejorando la previsión de nuestra senda de consolidación fiscal en un punto. Para este año, 2011, el objetivo para la Administración General del Estado se va a lograr también a partir de la necesaria restricción del gasto que contienen los presupuestos de este ejercicio y del aumento de ingresos asociado a las medidas adoptadas y a la ligera reactivación económica. Los datos acumulados hasta mayo apuntan al cumplimiento de esta reducción del déficit. El Estado registró hasta el mes de mayo un déficit de 13.767 millones de euros en contabilidad nacional, es decir, un 1,26 por ciento del PIB, perfectamente en línea con el objetivo del conjunto del año, o, si prefieren de otra manera, el desequilibrio de las cuentas públicas es inferior en un 24,7 por ciento al registrado hace un año. Estos datos nos permiten asegurar que vamos a cumplir con el objetivo que planteamos para el año 2012 de situar el déficit en un 3,2 por ciento.

Y, junto a la consolidación presupuestaria, el Gobierno sigue avanzando en su programa de reformas estructurales. Como saben, los efectos beneficiosos de estas actuaciones se materializan plenamente a medio plazo, aumentando el crecimiento potencial y dotando a la economía de una mayor flexibilidad y competitividad. También tienen un efecto positivo más inmediato. Contribuyen a reforzar la confianza, y eso es una condición necesaria para acelerar el crecimiento. En el marco de la estrategia de la economía sostenible, estamos afrontando problemas que existen desde hace mucho tiempo, pero que se han hecho más evidentes con la crisis. El objetivo es mejorar el funcionamiento de los mercados de productos y factores y aumentar así la competitividad de nuestra economía. Entre las reformas acometidas, destacan la del mercado de trabajo y la del sistema financiero.

En el ámbito laboral, se aprobó una reforma para reducir la dualidad del mercado de trabajo, reforzar los mecanismos de flexibilidad interna de las empresas y mejorar las oportunidades de empleo de las personas con mayores dificultades de inserción social. Hemos acometido también una reordenación de las políticas activas de empleo, aprobando un plan de choque para la empleabilidad que concentra el esfuerzo en los jóvenes y en los parados de larga duración, y hemos reforzado el servicio público de empleo para ofrecer una mejor atención a los desempleados. Igualmente, la reforma de la negociación colectiva abre vías de flexibilidad interna empresarial, prioriza los convenios de empresa y agiliza la negociación de los convenios, evitando su bloqueo y promoviendo el uso del arbitraje como un instrumento para resolver las diferencias.

En el ámbito financiero, como saben, el Gobierno ha impulsado una profunda reestructuración, estableciendo instrumentos nuevos para asegurar la solvencia de las entidades de crédito y, en caso necesario, proceder a su saneamiento para que estén en disposición de canalizar con normalidad el crédito a la actividad económica real. La aprobación del Fondo de reestructuración ordenada bancaria en junio de 2009, la reforma del régimen jurídico


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de las cajas de ahorros en julio de 2010 y el plan de reforzamiento del sistema financiero, aprobado en febrero de este año, son los principales elementos de esta estrategia.

La reforma del sistema de pensiones es, por su parte, un elemento esencial para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Con esta reforma se eleva gradualmente la edad legal de jubilación, se refuerza el vínculo entre contribuciones y pensiones y se introduce un factor de sostenibilidad para revisar los parámetros del sistema de manera periódica en el futuro.

Señorías, como conocen, este año el procedimiento presupuestario y, en particular, la aprobación del objetivo de estabilidad y del techo de gasto se enmarcan en el nuevo esquema de gobernanza y de supervisión de las políticas económicas de los Estados miembros de la Unión Europea, lo que se conoce como semestre europeo. Ello ha implicado modificaciones en el calendario habitual del proceso en nuestro país, así como la existencia de un pronunciamiento previo por parte de las instituciones comunitarias. Teniendo en cuenta el nuevo ciclo de supervisión, el Consejo Europeo estableció en marzo los principales retos económicos que afronta la Unión y proporcionó orientaciones estratégicas sobre las políticas correspondientes. Hasta ahora, como saben, el informe sobre la posición cíclica venía haciéndose público a finales del primer semestre. Este año se anticipó al mes de abril para sincronizarlo con el programa de estabilidad y el programa nacional de reformas, remitidos a las instituciones comunitarias antes del 30 de abril. También en abril, y previamente a esa remisión, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local se pronunciaron sobre los objetivos de estabilidad del conjunto de las comunidades autónomas y de las entidades locales. La aprobación del objetivo de estabilidad por parte del Consejo de Ministros y su remisión a las Cortes viene precedido, en este caso, del pronunciamiento de las instituciones comunitarias por las recomendaciones y opiniones de la Comisión, el Consejo y el Consejo Europeo. En concreto, en junio la Comisión Europea valoró nuestro programa, respaldando la senda de objetivos establecida y la estrategia para alcanzarlos, y en la recomendación del Consejo relativa al programa nacional de reformas del año 2011 y al dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad actualizado de España señala que la senda de ajuste planteada es apropiada.

Además, quisiera destacar que, en línea con los compromisos asumidos por el presidente del Gobierno en el Pacto por el Euro Plus y anticipándonos a la reforma del Pacto de Estabilidad, el Gobierno ha aprobado ya a través del Real Decreto-ley 8/2011 una regla de gasto que se aplicará a la Administración General del Estado y sus organismos y a las entidades locales que participan en la cesión de impuestos estatales para reforzar el componente preventivo de nuestro marco institucional. La regla de gasto determina que los objetivos de estabilidad presupuestaria de las administraciones se fijarán teniendo en cuenta que el crecimiento de su gasto computable no podrá superar la tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía española. Definimos esa tasa como el crecimiento medio del PIB expresado en términos nominales durante nueve años; y a efectos de determinar el crecimiento del PIB, a la media aritmética de las tasas de crecimiento reales añadimos una referencia de inflación media equivalente a una tasa anual del 1,75 por ciento. Se dice también que, cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable podrá aumentar en la cuantía equivalente, y también como contrapartida que, cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable deberá disminuirse en la cuantía equivalente. Los ingresos que se obtengan por encima de lo proyectado deberán dedicarse íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. Señorías, como saben, en caso de incumplimiento, la administración pública responsable deberá adoptar medidas extraordinarias de aplicación inmediata que garanticen el retorno a la senda de gasto acorde con la regla establecida. Como conocen, se ha acordado en el Consejo de Ministros que esta regla de gastos se presente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde propondremos un acuerdo para que cada comunidad autónoma apruebe su propia regla de gasto. De esta forma garantizamos que la política fiscal tiene la necesaria orientación contracíclica y crea los colchones necesarios en los tiempos de bonanza para permitir suavizar los ajustes en la parte baja del ciclo. Señorías, este es, por tanto, el planteamiento del Gobierno en el marco de la consolidación fiscal, combinando así el corto, el medio y el largo plazo, y todo ello queda plasmado en el acuerdo del Consejo de Ministros que hoy les presento y en el informe que le sirve de base, el informe de posición cíclica.

Sus señorías conocen, porque se hacen públicos con regularidad, los datos recientes de la evolución económica. La economía española inició en el año 2010 una senda de suave recuperación, cerrando el año con una variación media anual solo ligeramente negativa, de menos 0,1 por ciento; esta evolución fue fruto del menor debilitamiento de la demanda nacional, que detrajo 1,2 puntos porcentuales a la variación anual del PIB, es decir, 5,2 puntos menos que en el año 2009. Por su parte, la demanda externa neta mantuvo un comportamiento favorable al contribuir positivamente al crecimiento del producto por tercer año consecutivo, apoyada en la fortaleza de las exportaciones. La inversión productiva mostró ya signos de mejora en el transcurso de 2010, especialmente la inversión en bienes de equipo, que saldó el año con un incremento interanual próximo al 2 por ciento. Por su parte, la inversión en construcción continuó su contracción, experimentando no obstante un retroceso ocho décimas menor que en el año 2009. Respecto a la inversión residencial, los indicadores que tenemos apuntan a que se habría iniciado ya en el


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año 2010 el proceso de reabsorción del stock de viviendas sin vender, con una reducción en el año cercana a las 25.000 unidades. En el ámbito laboral, el empleo continuó reduciéndose, aunque significativamente menos que en el año anterior; la tasa de paro aumentó en consecuencia hasta el 20,1 por ciento. La inflación medida con el índice de precios al consumo fue del 1,8 por ciento, con un repunte debido a factores transitorios u originada en el entorno internacional. Se mantuvo también en ese año 2010 el proceso de corrección del desequilibrio exterior, situando la necesidad de financiación de la nación en el 3,9 por ciento del PIB. Con ese escenario, con los datos de este año y con las previsiones de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, elaboramos el cuadro macroeconómico que sirve de base para el objetivo de estabilidad que hoy les presento.

Las proyecciones económicas contemplan en su escenario central que la economía española crezca en el año 2011 el 1,3 por ciento de media anual, fortaleciéndose el crecimiento en años posteriores y, como ya ocurrió en el año 2010, prevemos que en el año 2011 la reactivación se basará en una contribución positiva de la demanda externa neta mientras que la demanda interna comenzará a crecer en la segunda parte del año. En los últimos meses han surgido dos nuevos factores que hay que considerar: el aumento de los precios del petróleo y el aumento de los tipos de interés. Estos elementos se harán notar con más intensidad a partir del año 2012. Por ello, al presentar el informe de posición cíclica revisamos ligeramente a la baja nuestra proyección de crecimiento para el próximo ejercicio. A pesar de esta revisión, nuestro escenario contempla una recuperación que gana impulso en este año 2012, alcanzándose un crecimiento del PIB real del 2,3 por ciento frente al 1,3 en el año 2011. El crecimiento en el año 2012 vendrá tanto de la demanda externa como de la interna. Aportarán 1,3 puntos y un punto porcentual, respectivamente. En relación con el consumo privado, creemos que crecerá un 1,4 por ciento en el año 2012, frente al 0,9 en el año 2011, gracias al cambio de tendencia en el mercado de trabajo y a las expectativas positivas que de ello se derivan. La formación bruta de capital fijo estimamos que crecerá un 2,7 por ciento tras años de contracción y destacará la prolongación de la recuperación de la inversión en equipo, favorecida por la menor incertidumbre, las perspectivas de recuperación de la actividad económica, el estímulo que supone la demanda externa y la mayor competencia en los mercados nacionales de bienes y servicios, derivada del conjunto de las reformas estructurales que venimos acometiendo. En cuanto a la inversión en construcción, la absorción progresiva del stock de vivienda va a permitir que esta inicie una lenta recuperación, creciendo un moderado 0,7 por ciento en el año 2012. La demanda exterior neta seguirá teniendo una contribución positiva al crecimiento del PIB, que estimamos en un punto porcentual en el año 2012, un resultado que será posible a pesar del crecimiento de las importaciones en un contexto de crecimiento de la demanda interna.

Permítanme recordar que el buen comportamiento actual y futuro de la demanda externa contrasta con su contribución negativa en los años previos a la recesión, y que este cambio, el más importante de nuestra economía, ha venido propiciado por el reequilibrio paulatino del patrón de crecimiento de la economía española desde el sector de la construcción a otras actividades menos intensivas en consumos intermedios importados o con mayor propensión exportadora. Nuestras exportaciones de bienes y servicios estimamos que crecerán un 7,9 por ciento en el año 2012, gracias a la dinamización de la economía mundial, pero sobre todo gracias a las ganancias de competitividad de nuestra economía y a la creciente internacionalización de nuestras empresas. Merece la pena señalar que los costes laborales unitarios han disminuido en los años 2010 y 2011, fruto de la contención del coste laboral por asalariado y de mejoras en la productividad por empleado. Las mejoras en la productividad, que en los años 2010 y 2011 fueron del 2,3 y del 1,1 por ciento, continuarán entre 2012 y 2014 a razón de un 0,9 por ciento anual. Dicho de otra manera, desde el año 2008 nuestro indicador armonizado de competitividad acumulada ha mejorado ya un 7 por ciento y va a seguir haciéndolo en el futuro. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Se trata, en definitiva, de un primer impacto positivo, muy positivo, derivado de las reformas estructurales que venimos abordando en nuestra economía. La evolución favorable que les he descrito permitirá, además, una reducción adicional de la necesidad de financiación externa de nuestra economía que se situará en el 2,7 por ciento del PIB en el año 2012; un 2,7 por ciento, señorías, que hay que comparar con el 9,2 por ciento del año 2008. De hecho, y de acuerdo con nuestras proyecciones, la corrección de este desequilibrio exterior tendrá continuidad en los próximos años, hasta alcanzar en el año 2014 únicamente un 2 por ciento de necesidad de financiación respecto del PIB. Es decir, vamos a continuar con el desapalancamiento agregado de nuestra economía.

Por lo que respecta al mercado de trabajo, la ligera mejora que esperamos a partir del segundo semestre del año 2011 ganará impulso a partir del año 2012. En 2012 el mayor dinamismo económico y las reformas estructurales permitirán que se consolide el cambio de tendencia actual. El empleo neto crecerá un 1,4 por ciento interanual y la tasa de paro disminuirá hasta el 18,5 por ciento de la población activa, y de ahí hasta el 16 por ciento en el año 2014. Señorías, quiero señalar que, aunque está fuera del ámbito temporal que contemplamos en este objetivo de estabilidad, deberá seguir reduciéndose esa tasa de paro. Este cambio de tendencia tendrá ya consecuencias positivas sobre la demanda interna y las cuentas públicas y, sobre todo, sobre las expectativas, la confianza y el bienestar de los ciudadanos. Quiero señalar que estamos en un contexto en que la incertidumbre todavía es significativa y por eso me


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parece importante hacer notar que las previsiones del Gobierno para los años 2009 y 2010 han demostrado ser más acertadas que las de la gran mayoría, la totalidad, de los organismos y analistas. Por tanto, creemos que existen razones para seguir confiando en las cifras, en las variables, en los parámetros que hoy les presento.

Señorías, como les avanzaba, la contención del déficit público se ha convertido en un objetivo urgente y prioritario para seguir avanzando en el camino de la recuperación. Tomando como base el escenario que les he descrito, se reafirma el compromiso del Gobierno con los objetivos fiscales asumidos en el ámbito comunitario y nacional y que han sido refrendados por las administraciones territoriales, unos objetivos que nos deben llevar a reducir el déficit público hasta el 3 por ciento en el año 2013 y a continuar avanzando a partir de ahí en el camino de la consolidación fiscal hasta alcanzar el objetivo de equilibrio presupuestario. Por eso nos planteamos ya reducir el déficit hasta el 2,1 por ciento del PIB en el año 2014; reducción que se verá favorecida por la gradual mejora de la posición cíclica. El grueso del esfuerzo hasta el año 2014 va a recaer del lado del gasto público, que se verá también favorecido por la reducción del desempleo. No obstante, el aumento de ingresos debe contribuir también a esa consolidación fiscal; una consolidación fiscal que nos va a permitir estabilizar el peso de la deuda pública dentro de este horizonte temporal sin que llegue a superar el 70 por ciento del PIB.

Señorías, el objetivo de estabilidad contempla una situación de déficit para el conjunto de las administraciones públicas del 4,4 por ciento del PIB en el año 2012. Desagregando por secciones, el objetivo de estabilidad para la Administración central es de un 3,2 por ciento, en el año 2013 será de un 2,1 y en el año 2014 de un 1,5 por ciento. Para las comunidades autónomas se establece un objetivo de déficit del 1,3 por ciento en el año 2012 -por cierto, idéntico al objetivo de este año-, de 1,1 por ciento en el año 2013 y del uno por ciento en el año 2014. Son objetivos que quiero señalar -repetir- que cuentan ya con el consenso de las comunidades autónomas y que fueron informados por el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 27 de abril. Las entidades locales deberán tener en el año 2012 un déficit de 0,3 por ciento, 0,2 en 2013 y equilibrio en el año 2014. Y aquí también estos objetivos fueron informados por la Comisión Nacional de Administración Local en su reunión de 28 de abril del año 2011. Finalmente, la Seguridad Social es la única administración que va a presentar superávit en el año 2012, del 0,4 por ciento del PIB, y lo va a mantener en los años 2013 y 2014.

Señorías, como saben, el acuerdo de Consejo de Ministros que fija el objetivo de estabilidad para el trienio 2012-2014 determina también el límite de gasto no financiero del Estado para el ejercicio 2012, una vez realizada la previsión de ingresos para este ejercicio. En los cinco primeros meses del año los ingresos no financieros, incluida la participación de las administraciones territoriales en los ingresos, han experimentado un incremento del 5,9 por ciento respecto del mismo periodo del año 2010. Por figuras impositivas, la recaudación por IRPF ha aumentado un 4,2 por ciento hasta mayo, la de impuesto sobre sociedades es inferior en un 11,4 por ciento que la acumulada hasta mayo de 2010 y la recaudación por IVA ha aumentado un 12,9 por ciento con relación al mismo periodo de 2010. Por su parte, los ingresos por impuestos especiales han disminuido un 3,9 por ciento, aunque se están estabilizando y convergiendo con el presupuesto. Creemos, señorías, que los ingresos totales a final de año estarán ligeramente por encima de lo presupuestado. Esta previsión, que se consolida de cara al siguiente ejercicio, junto con los mayores ingresos derivados del crecimiento económico previsto, la disminución de las solicitudes de aplazamientos, los ingresos adicionales procedentes de una intensificación de la lucha contra el fraude y las mejoras de gestión -en particular en el ámbito de los pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades-, nos permiten afirmar que los ingresos del Estado ascenderán en el año 2012 a 127.852 millones de euros. Por su parte, el objetivo de déficit del Estado es del 3,2 por ciento del PIB. Por tanto, señorías, el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2012, una vez realizados los ajustes para la equivalencia entre las magnitudes en contabilidad nacional y presupuestaria y excluidos los gastos por los sistemas de financiación a comunidades autónomas y entidades locales, asciende a 117.353 millones de euros. Si realizamos el análisis en términos homogéneos, esto significa que el gasto no financiero de 2012 desciende un 3,8 por ciento respecto del año 2011 y así refleja el importante esfuerzo de austeridad a que nos comprometemos en los presupuestos del Estado.

Respecto de las administraciones territoriales, sus señorías saben que en función de los sistemas de financiación reciben desde el Estado ingresos por dos vías: por un lado por su participación en los ingresos, que en el caso de las comunidades autónomas se concreta en el 50 por ciento del IRPF, el 50 por ciento del IVA y el 58 por ciento de impuestos especiales, y por otra parte desde la sección 36 del presupuesto de gastos. Para el año 2012, la aportación desde la sección 36 del presupuesto de gastos va a ascender a 38.282 millones de euros. Es decir, comunidades autónomas y entidades locales van disponer el año próximo de 10.200 millones más en términos netos que la cantidad que se les ha aportado desde el presupuesto de gastos de este año. Es evidente que las cifras deberán ajustarse con ocasión de los presupuestos, pero ya les puedo anticipar que esta aportación estará distribuida en casi 8.000 millones más para las comunidades autónomas y más de 2.000 millones de euros adicionales para las entidades locales. De otro lado, el objetivo de déficit en el año 2012 para las comunidades autónomas sigue siendo el 1,3 y en las entidades locales sigue siendo el 0,3. Dicho de otra manera, van a


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mantener el objetivo de déficit contando con más recursos procedentes del Estado.

Señorías, finalizo ya. El Gobierno presenta un objetivo de estabilidad exigente y realista, en línea con la reducción del déficit público, que debe ser la prioridad orientada a consolidar la recuperación económica y la sostenibilidad presupuestaria en el medio plazo. No se les oculta además, señorías, la importancia de aprobar hoy el techo de gasto, puesto que la inestabilidad que estamos viviendo en los mercados financieros, en particular en los mercados de deuda -motivada sin duda por los problemas de Grecia-, hace más necesario que nunca dar muestras de nuestro firme compromiso con la austeridad del gasto. En este sentido, señorías, quiero señalarles algo que es obvio, pero que en el día de hoy me parece especialmente importante. Hoy sometemos a su aprobación el objetivo de estabilidad presupuestaria. De él se deriva un techo máximo de gasto en el año 2012. Habitualmente, como saben, el presupuesto que se presenta coincide con ese techo máximo de gasto. Pues bien, señorías, quiero decirles que en este momento no descartamos la posibilidad de que en el mes de septiembre, cuando traigamos a este Parlamento el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, esa cuantía de gasto presupuestario sea inferior a este techo máximo de gasto que hoy les anticipo; por tanto, señorías, es un compromiso más con esa política de austeridad, un compromiso más con ese objetivo prioritario de cumplimiento de la senda de consolidación fiscal. Por todo ello, señorías, espero que con su voto aprueben el objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2012-2014 que hoy les he expuesto.

Muchas gracias, señorías, muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Tiene la palabra don Cristóbal Montoro.

El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores del Gobierno, señora vicepresidenta, mi grupo parlamentario y mi partido político lo que quieren es lanzar un mensaje de confianza en este momento a la sociedad española. (Una señora diputada: ¡Muchas gracias! -Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor MONTORO ROMERO: Somos un gran país, señorías, somos un país que cuando se pone en marcha es capaz de liderar a Europa en términos de crecimiento y de creación de empleo. Somos un país que tiene una gran economía, que cuando ha hecho las reformas y ha apostado claramente por la estabilidad económica hemos sido capaces de llevar adelante el proceso de crecimiento económico más creador de empleo de nuestra historia, inigualable para ningún país europeo y para prácticamente ningún país del mundo, señorías. Ese es el punto de partida, ese es el mensaje de confianza que queremos lanzar, que es el mensaje que en definitiva se deriva de nuestra reciente historia.

Acometemos hoy, señorías, el comienzo del debate presupuestario en cumplimiento de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y de la propia Ley General Presupuestaria, que facultan a esta Cámara a que someta a consideración lo que es conocido como un techo de gasto, que es el límite del gasto no financiero que corresponde acometer al Estado en España para el año próximo. Es un trámite importante que introdujimos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2002 y es un trámite que va orientado a dar estabilidad y fijeza a las decisiones de gasto que adopten nuestras administraciones públicas. Por tanto, es un trámite que no se debe devaluar, como acaba de hacer la vicepresidenta del Gobierno de España diciendo que va a traer un presupuesto que va a cambiar la cifra, el techo de gasto. (Rumores.)

Ya sé que siempre es un límite de gasto lo que se establece en los presupuestos, eso es de primero de la hacienda pública, no ya de quienes hayan tenido o sigan teniendo responsabilidades de Gobierno. Eso es de introducción a la hacienda pública, señorías, pero no es de introducción ni siquiera a la técnica parlamentaria más elemental que esta Cámara esté legislando sobre un proyecto de gasto al que el propio Gobierno ha restado toda la credibilidad en su intervención, porque si el Gobierno anuncia que va a reducirlo en septiembre, es porque entiende que lo que está sometiendo a la Cámara no aporta la confianza, la seguridad y la fiabilidad que necesitan nuestro país y nuestra economía en este momento, en el momento que estamos atravesando. (Aplausos.) De eso es de lo que tenemos que hablar esta tarde, de cómo se aporta esa fiabilidad y esa confianza, y para ello hay que traer escenarios económicos realistas, ajustados a lo que es la evolución de nuestro país y de nuestra economía dentro de nuestro contexto, que es la Unión Europea, que es el euro. Eso significa que el primer motivo por el que el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra es precisamente el escenario económico que sustenta este techo de gasto que nos ofrece el Gobierno, no porque nosotros no creamos que la economía española no pueda y deba crecer por encima del 2 por ciento, sino porque estamos convencidos de que para crecer por encima del 2 por ciento y llevar adelante una importante y significativa creación de empleo la economía necesita austeridad presupuestaria y reformas económicas, y esa austeridad no se refleja en las cifras que nos trae hoy el Gobierno, que somete el Gobierno a la consideración de la Cámara, porque lo que hace es, con motivo de una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sacar del techo de gasto del Estado la financiación territorial, a las administraciones territoriales del Estado: mal hecho, señora vicepresidenta, mal hecho, porque está estableciendo términos heterogéneos de comparación. Si lo hiciéramos en términos homogéneos, seguramente el conjunto del Gobierno se enteraría,


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además de los miembros de esta Cámara, de que no hay reducción de gasto público programada, sino subida, subida en 5.000 millones de euros, y por tanto no estamos ante una política de austeridad. Por eso la señora vicepresidenta tiene que anunciar que en septiembre bajará el techo de gasto. Esto es así, las cifras son las que son. No tiene más que compararlo su señoría y verá que de un total de gasto no financiero programado en techo de gasto para este año 2011 en 150.000 millones de euros, pasamos a 155.000 millones de euros, cifras fáciles de retener. No hace falta tener aquí largos discursos leídos, sino que son cifras bastante sencillas de explicar. Hay una subida de gasto cuando realmente hacemos la comparación en términos homogéneos, porque también la aportación a la financiación de nuestras administraciones territoriales -son más de 10.000 millones de euros que se programan para el año que viene- es consecuencia del sistema de financiación anclado en una previsión de ingresos del Estado, en definitiva de la recaudación que vamos a pagar todos los contribuyentes en España, que está bastante elevada, por no decir inflada, pero ya vendrán otros a hacer la liquidación, señora vicepresidenta.

En definitiva, ni el cuadro económico es claro y preciso, ni estamos ante un proyecto de austeridad en el gasto, ni estamos ante la fiabilidad de nuevos ingresos. Por eso la responsabilidad de quienes hoy nos sentamos aquí es efectivamente llevar adelante cuanto antes una política presupuestaria comprometida con la austeridad real y efectiva, que es la que necesitamos para sortear las dificultades que estamos sufriendo en estas horas, que cuando la hicimos, cuando fundamos el euro, dio lugar al crecimiento económico, insisto, más creador de empleo de nuestra historia, donde todos los sectores económicos contribuyeron a esa creación de empleo, empezando por los servicios, señor presidente del Gobierno, siguiendo también por la construcción y por la industria, y en el sector primario también se creó empleo. Eso es lo que realmente demuestra que cuando España se pone en marcha su economía se dinamiza. Somos, como decía, señorías, capaces de estabilizar al euro, de contribuir de esa manera a solventar los problemas que hoy nos aquejan y no solo a pequeños países miembros del euro, sino a otros países de tamaño mediano, frente a los que realmente España tiene que aportar positivamente.

Ha dicho el presidente del Gobierno hoy una frase, ha llamado a la responsabilidad de los grandes países europeos. Pues podemos decir que desde esta Cámara tenemos que llamar a la responsabilidad de España, señor presidente del Gobierno. Es España la que debe contribuir positivamente a la estabilidad del euro y eso lo puede hacer una España con una auténtica política presupuestaria de austeridad, que no es recortar sobre los más débiles; con una auténtica política de reformas tributarias; con una auténtica política de reformas del sector financiero que debe completarse de una vez por todas; con una auténtica política de reforma laboral; con una auténtica política de liberalización económica y de incremento de la competencia acompañada por una política energética, en definitiva, las reformas que en los años noventa dieron lugar a ese crecimiento, cuando por lo demás, cuando el Gobierno del Partido Popular dejó las cuentas de la economía española, teníamos una necesidad de financiación frente al resto del mundo, señora vicepresidenta, igual que la que el Gobierno aspira a alcanzar para el año 2013.

No fue ese modelo de crecimiento el que endeudó a España, señor presidente del Gobierno, sino al revés: fueron sus épocas, sus años los que llevaron a ese endeudamiento que ahora pesa sobre las espaldas de nuestra economía, pero de todas maneras, para hacerle frente, necesitamos crecimiento, necesitamos nuevas rentas, necesitamos empleos y necesitamos sobre todo recuperar la confianza: la confianza de los españoles en su propia capacidad, la confianza del resto de los socios europeos en España, la confianza de los inversores en que somos un país capaz de generar en sí mismo esa capacidad de devolución de nuestras deudas. Para eso, señorías, está claro que el tiempo político se ha acabado y, ciertamente, las dudas que está sembrando el propio Gobierno sobre el mes de septiembre o el mes de octubre llevarían a la consideración de los grupos políticos de que tenemos la responsabilidad de llevar adelante un acto político de suma importancia para recuperar la confianza en España, en este caso diciendo que no al Gobierno e instándole a que antes de presentar un presupuesto, antes de establecer un techo de gasto, lleve adelante, por lo menos, las negociaciones políticas que le den fiabilidad y seguridad para el futuro.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señores vicepresidentes, señor presidente del Gobierno, señorías, estamos ante un debate que hace referencia al acuerdo del Gobierno que fija el techo de gasto para el año 2012, así como el objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2012-2014. Analizado el acuerdo con la máxima objetividad por parte de nuestro grupo parlamentario y teniendo en cuenta la actual coyuntura económica de grandes turbulencias financieras dentro de la Unión Europea y especialmente en Italia y en España, planteamos las siguientes consideraciones y al mismo tiempo las siguientes preguntas al Gobierno o al Grupo Parlamentario Socialista para ver si pueden aclarar algunas dudas que tiene nuestro grupo parlamentario.

En primer lugar, quiero destacar los aspectos positivos que existen dentro de este acuerdo del Gobierno que hoy estamos debatiendo, incorporados dentro del límite del gasto no financiero, como consecuencia de los cuales y de la aplicación del nuevo sistema de financiación va a existir un total de 8.000 millones de euros de más para


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las comunidades autónomas y un montante de aproximadamente 2.000 millones más para las corporaciones locales. Aquí tenemos una primera gran duda, señora vicepresidenta del Gobierno. Queremos saber si estos recursos adicionales y complementarios, que lógicamente van a ser de gran utilidad para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales, van a ser de libre disposición o van a tener una orientación finalista. Esta es una cuestión muy importante. Si van a tener una orientación finalista, nuestro grupo no está en absoluto de acuerdo, porque queremos que estos recursos sean de libre disposición. En algunas ocasiones por parte del principal partido de la oposición y también por parte del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno las comunidades autónomas han sido el pimpampum de todos los males de nuestra economía. Nosotros no estamos dispuestos a pasar por esta orientación. Queremos que dichos recursos sean de libre disposición para las comunidades autónomas y para nuestros ayuntamientos.

Otro aspecto positivo a destacar es que para el año 2012 ustedes plantean una reducción del gasto del 3,8 por ciento, con un ahorro de 4.669 millones de euros. Creemos que es positivo que en tiempos de austeridad se rebaje el gasto, pero ya le adelanto, señora vicepresidenta, que lo consideramos totalmente insuficiente. Creemos sinceramente que hay margen suficiente para rebajar más todavía y ahorrar en aquellos aspectos que hacen referencia al gasto público. Ustedes han desaprovechado una oportunidad histórica en esta ocasión para plantear una reestructuración y un adelgazamiento de la Administración General del Estado y para dar un ejemplo de modernidad y de eficacia a la sociedad civil en general que lo está pasando muy mal. Las primeras que han de dar ejemplo son las administraciones públicas. Hay administraciones públicas en España, por ejemplo la Generalitat Catalunya, que ha hecho un esfuerzo importantísimo para rebajar o ajustar el gasto público en un 10 por ciento, es verdad que obligada por ustedes para cumplir el plan de estabilidad, pero es triste, señora vicepresidenta, que encima de los grandes sacrificios que hacen determinadas administraciones públicas, en este caso algunas comunidades autónomas como la Generalitat de Catalunya, se encuentren como contrapartida que ustedes no tienen la generosidad, no tienen la complicidad, no se ajustan a lo que dice la ley y no hacen efectivo el pago del Fondo de competitividad, incumpliendo la ley. Resalto una vez más que nosotros consideramos totalmente insuficientes estos ajustes que plantean y que he destacado como positivos. Creemos que hay margen suficiente para hacer un ajuste y un ahorro mucho más importante.

Las medidas de ajuste que han puesto en marcha, desgraciadamente, son insuficientes. Señora vicepresidenta, le voy a dar cuatro ejemplos claros que demuestran que están siendo poco rigurosos y poco serios -por ello los mercados desconfían de sus planteamientos, de su hoja de ruta, y por ello nos encontramos en unas circunstancias como las actuales en una situación yo diría crítica pero salvable-. Señora vicepresidenta, ¿por qué el Gobierno no ha habilitado el mes de julio para tramitar el Real Decreto-ley sobre políticas activas y de negociación colectiva? Si todos los mercados nacionales e internacionales están pendientes de la negociación colectiva y de la aplicación de las políticas activas, no entiendo cómo han habilitado el mes de julio para tramitar un sinfín de leyes que son trasposiciones de directivas y no han sido capaces de habilitar dicho mes para tramitar, con enmiendas, una de las reformas más importantes que está esperando el mercado como es la negociación colectiva. ¿Por qué no han puesto en marcha medidas efectivas para la creación de empleo a corto plazo? ¿Por qué no han sido capaces de articular mecanismos de liquidez para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos? ¿Por qué no han sido capaces de adelgazar la Administración General del Estado? Le voy a hacer otra pregunta, señora vicepresidenta. ¿Van a tener el coraje político de desarrollar en tiempo y forma la negociación colectiva? Con los datos que hasta ahora tenemos a mano, creemos que les va bien el real decreto, que ya es de aplicación tal como está ahora, y ustedes no tienen ningún interés en poner en marcha la negociación de las enmiendas que suponen la modernización de nuestro mercado de trabajo.

Si analizáramos con detenimiento, como hemos hecho nosotros, todos los aspectos relacionados con el cuadro macroeconómico, tenemos también muchas dudas. Por ejemplo, hablan ustedes de los déficits de las corporaciones locales en los próximos años para llegar a la conclusión de que van a alcanzar el equilibrio en el año 2014. En primer lugar, han incumplido un pacto de todas las formaciones políticas de esta Cámara para discutir en esta legislatura un sistema de financiación para las corporaciones locales. Han sido incapaces de traerlo a esta Cámara. Por lo tanto, tienen en su debe un aspecto negativo muy importante. Me pregunto y les pregunto si ustedes saben a ciencia cierta cuál es el estado financiero de muchas corporaciones locales. Usted sabe, señora vicepresidenta, que es muy posible que en los próximos dos o tres meses no puedan ni llegar a pagar la nómina. Por tanto, no entendemos cómo ustedes hacen un planteamiento -el papel lo aguanta absolutamente todo- con unos déficits para las corporaciones locales que usted sabe perfectamente que no se van a cumplir.

Si hablamos de todos aquellos aspectos que hacen referencia a los déficits y a los ingresos de la Administración central, también es difícil poder entender que para el año 2012 ustedes hagan unas previsiones de crecimiento del PIB con las que no hay ningún organismo internacional que esté de acuerdo, con lo cual uno podría llegar a la conclusión de que probablemente los ingresos no se cumplirían, y para llegar a este techo de gasto que hoy estamos tramitando en esta Cámara, si no suben los ingresos, tendrían que incrementarse los impuestos, con lo que nosotros no estamos en absoluto


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de acuerdo. Asimismo podría detallarle algunos aspectos que hacen referencia a los datos que inciden sobre la Seguridad Social, sobre las comunidades autónomas, para decir finalmente que hay un planteamiento de buenas intenciones, de reducir el déficit, pero sistemáticamente pueden fallar los mecanismos que dan origen a los ingresos para los próximos años.

En función de estas dudas que he planteado a la señora vicepresidenta y que también lógicamente planteo al Grupo Socialista, nosotros vamos a actuar en consecuencia a la hora de decidir nuestro voto.

Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señoras y señores diputados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Tiene la palabra don Pedro Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señora vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda, el pasado año comenzaba mi intervención citando a Josu Erkoreka, que había preguntado unos pocos días antes, con motivo del debate sobre el estado de la Nación, al presidente Rodríguez Zapatero, ¿quo vadis, Zapatero? para colegir inmediatamente que el Gobierno no va a donde quiere sino a donde le llevan o donde le mandan. En idéntico debate, un año más tarde, hace apenas dos semanas, mi portavoz, entre otras muchas cosas, señalaba literalmente que o seguimos la política de austeridad promovida desde Europa o nos abrazamos al rescate; o hacemos -decía gráficamente- los recortes con tijeras o tendremos que hacerlos con motosierra. El sentido de ambas afirmaciones es el mismo. Lo que ocurre es que los ajustes, las reformas y el control del déficit y del gasto públicos son si cabe ahora más urgentes y necesarios de lo que lo eran hace un año.

Irlanda, Grecia y Portugal están sufriendo los rigores del rescate. Saben lo que son los recortes de gasto, las subidas de impuestos, las ventas de patrimonio público y los sacrificios personales en términos de empleo, renta, etcétera. Además no saben lo que les queda aún por pasar, ni cuánto tiempo van a estar en el fondo del pozo. No saben en definitiva cuánto van a tener que empobrecerse antes de empezar a salir del agujero. Ayer y hoy mismo estamos comprobando que la crisis financiera -porque esta crisis es cada vez más financiera, de las entidades financieras y de las necesidades de financiación- ha comenzado a impactar también con dureza en la economía italiana y en la economía española. Ambas están avanzando arriesgadamente hacia la pole position de la carrera por el rescate financiero. Los mercados empiezan a dudar de Italia, entre otras cosas por su alto endeudamiento público, y la prima de riesgo española ha alcanzado hoy los 370 puntos básicos.

Eso es precisamente lo que tenemos que evitar: el caer en un agujero cuya salida es dura e imprevisible. De ahí que no queden alternativas al esfuerzo y al sacrificio, pero no un esfuerzo y un sacrificio genéricos, sino un esfuerzo y un sacrifico reales, de todos y cada uno de los ciudadanos. La crisis la tenemos que pagar. Su coste en términos de reducción de gasto público, de políticas públicas y de reformas estructurales es elevado. Lo que tenemos que hacer desde lo público, desde la política, es tratar de repartir los costes de la manera más justa y equitativa posible, que no sean siempre los mismos los que la paguen y otros se vayan de rositas. El control de las cuentas públicas para que el déficit del conjunto de las administraciones pueda pasar del 11 por ciento del año 2009, al 9,2 por ciento del año pasado, al 6 por ciento previsto para este año y se sitúe en el 4,4 por ciento en el próximo año, en un contexto de crisis económica de bajísimo crecimiento y con un desempleo que supera el 21 por ciento de la población activa, solo es posible con bruscos recortes de gasto público. Además, aquí mismo, hoy la propia vicepresidenta nos ha anunciado que seguramente habrá recortes adicionales a los que establece el propio techo de gasto. Si el pasado año, al elaborar los presupuestos del año 2011, tuvieron que recortar los ministerios un 16 por ciento de sus dotaciones presupuestarias como media, el próximo año tendrán que recortarlas también en una cuantía importante.

Es evidente que tanto recorte afecta en gran medida a las inversiones, pero también a las prestaciones y a las políticas sociales. Los sucesivos recortes que ya se han venido realizando en las partidas presupuestarias y que se tienen que seguir produciendo en el futuro obligan a que la reforma del gasto público o la de las políticas públicas se deba acometer sin demoras. No vale solo con hablar, hay que actuar. Nuestro grupo parlamentario las viene reclamando desde hace muchos años -yo diría que doce años-, pero ya, insisto, no se pueden retrasar. La situación realmente empieza a chirriar. Oímos al señor ministro de Fomento -hoy también portavoz- hablar de inversiones rentables y necesarias y de otras que no lo son, y además de unas inversiones que se deben realizar y otras que no. En el pasado, señor ministro, también se han realizado inversiones como la del AVE a Cuenca, que pensando que el dinero era europeo las podíamos hacer y son inversiones que nos hemos dado cuenta de que no tienen sentido. Ahora hay que mirar las cosas con una lupa mucho más atinada.

Pues bien, habrá que hacerlo y habrá que hacerlo de una manera ordenada y sistemática y, si es posible, consensuada, pero el debate de lo que se puede y se debe hacer con los recursos públicos y lo que no se puede y no se debe hacer es absolutamente ineludible. Cuanto más tarde seamos conscientes de ello, pagaremos una mayor factura en términos de crecimiento económico y empleo. Crecimientos del 1,3 por ciento del PIB, como los previstos de manera poco optimista para este año, y del entorno del 2 por ciento para el próximo, no permiten alegrías ni generación de empleo de forma satisfactoria. Hemos de tomar conciencia de la situación. Los mercados, los especuladores y los que de verdad mandan en


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la Unión Europea -Alemania y Francia- no van a permitir que nos salgamos de las líneas marcadas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en cuanto al déficit y endeudamiento. De igual manera, la Unión Europea y los mercados están vigilantes sobre la marcha de las reformas estructurales, del déficit de las comunidades autónomas, de las facturas pendientes de pago, de la reforma laboral y de la reforma del sistema financiero, en especial de las cajas de ahorros. Un sistema financiero que cambia muy lentamente. El proceso de bancarización de las cajas es un hecho. Hay dudas sobre el valor de las cajas, sobre las posibilidades de éxito de la salida a Bolsa de algunas de ellas, de los resultados de los stress test, y ello es clave para dar confianza y credibilidad a los mercados. Hay todavía un gran trecho por andar en materia de reformas estructurales para modernizar, agilizar y flexibilizar la economía para situarla en términos competitivos. Pero en ausencia de instrumentos monetarios solo podemos y debemos actuar en materia de política fiscal y de reformas estructurales. Además, no nos queda más remedio, si no queremos, insisto, asomarnos peligrosamente al precipicio, con el riesgo de caernos y tener que ser rescatados.

Señora vicepresidenta, señor presidente, podríamos criticar y mucho las instituciones europeas, al propio Consejo, al Ecofin, al Eurogrupo, por no haber sido capaces de responder con energía y contundencia a la situación. La Europa política está muy débil y la gobernanza europea en materia económica está realmente en entredicho. Ni las reuniones de urgencia convocadas, como la de ayer, por el presidente del Consejo Europeo Van Rompuy, en la que participaron los más altos responsables de las instituciones europeas -Trichet, Juncker, Barroso, etcétera-, han servido para calmar lo que llamamos mercados. Ni los gobiernos ni los ministros de Economía han sido ni son capaces de llegar a mínimos acuerdos suficientes. Se toman tímidas medidas, sí, y más por necesidad que por convicción, cuando Sarkozy y Merkel así lo deciden. La Unión Europea, sus instituciones y los gobiernos que la integran deben reflexionar sobre la imposibilidad de hacer frente a una crisis de estas dimensiones sin emplear los instrumentos adecuados. No es de recibo que una economía como la griega, que, con todos los respetos, supone una parte ínfima del producto interior bruto europeo, ponga en jaque al euro y a la propia Unión. El mismo presidente del Banco Central reclama, con toda la razón política y económica, un ministerio de Economía a nivel de la Unión Europea que disponga de verdad de recursos y de una capacidad de actuación. Pero no nos vamos a despistar en este momento. La Unión Europea, sus instituciones y sus gobernantes han de ser objeto de críticas para avanzar hacia una mejor gobernanza y hacer una Europa más fuerte y cohesionada, imprescindible para salir de la actual situación económica. Sin embargo, al margen de ello, tenemos que seguir cumpliendo el control del gasto público. El techo del gasto para el próximo año se sitúa en 117.353 millones, un 3,7 por ciento inferior al del pasado año en términos nominales, más de un 7 por ciento inferior en términos reales. Eso quiere decir que llueve sobre mojado, que se va a aplicar una reducción sobre una base que ya el año pasado se redujo drásticamente. Quizá ello tenga que ser así para cumplir con el 4,4 por ciento sobre el PIB en materia de déficit el próximo ejercicio -habría que conocer con más detalle las tripas del modelo-, pero de lo que tendremos que hablar en un futuro no muy lejano, si procede, es sobre todo de dónde aplicar las reducciones, qué políticas han de ser prioritarias, qué mantener, qué impulsar, qué recortar; en definitiva, de prioridades y de presupuesto para el próximo ejercicio. Por eso califico cada año este debate como un debate a ciegas, que fija un marco o una restricción general, poco desvela sobre lo que hay debajo y nada avanza sobre lo que en términos de recortes presupuestarios se va a producir. Sin embargo, es un trámite obligatorio en relación con el cual, dadas las circunstancias, Europa, los mercados, las agencias de rating y no sé quién más están pendientes de este debate y de lo que hoy pueda pasar aquí.

Como cada año, señora vicepresidenta, le tengo que recordar que, al traer este acuerdo a la Cámara para su debate y aprobación, no se está cumpliendo estrictamente con lo que establece la ley. He podido observar que en el acuerdo propiamente dicho se adjuntan dos documentos, uno firmado por usted misma y por el secretario del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se recoge el compromiso de las comunidades autónomas en materia de déficit público para el trienio 2012-2014, y otro firmado por el secretario de la Comisión Nacional de Administración Local, en el que se recoge lo mismo, pero para el conjunto de las administraciones locales de régimen común. Lo que echo en falta -usted lo sabe, señora vicepresidenta- es el documento similar de la Comisión mixta del concierto firmado por usted y no sé si por el lehendakari López o por el lehendakari y por los diputados generales, en el que se incluyan además los compromisos de los municipios vascos en lo que a déficit público se refiere. De ello solo cabe deducir que las instituciones públicas vascas -Gobierno, diputaciones y ayuntamientos- no están sujetas al compromiso que se desprende de este acuerdo. Si han alcanzado algún acuerdo en la Comisión mixta del concierto, háganoslo llegar. No sé si a usted o al lehendakari López les da igual o no cumplir con este punto de la legalidad vigente, pero a nosotros nos preocupa y por eso se lo pedimos y, si me lo permite, se lo exigimos. Nos preocupa que el incumplimiento se produzca precisamente en este punto.

Para concluir, teniendo en cuenta lo dicho por mi portavoz hace dos semanas, no nos podemos entretener en averiguar si son galgos o podencos, porque en ello se nos puede ir un precioso tiempo. No nos podemos basar en que si en lugar de Zapatero fuera Rajoy el presidente las cosas serían de otra forma o no. No sabemos si la legislatura va a durar cuatro u ocho meses. Eso está en sus manos, señor presidente. Independientemente de


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ello, hoy tenemos que votar el acuerdo que recoge el límite de gasto no financiero y el déficit de las administraciones públicas para los próximos tres años; un acuerdo que va a significar, como decía, esfuerzos y sacrificios, pero al que, por coherencia con nuestro comportamiento en el pasado y en relación con la situación económica y por responsabilidad frente a la crisis, mi grupo no se va a oponer. Daremos un margen de confianza al Gobierno con nuestra abstención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Señora Buenaventura, tiene la palabra.

La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.

Señorías, presidente del Gobierno, vicepresidenta de Asuntos Económicos, desde nuestro grupo, como no podía ser de otra manera, queremos manifestar que creemos que hay que hacer un replanteamiento total de este plan de estabilidad. Como vemos, no nos sirve ni para salir de la crisis ni tampoco para contentar a los mercados ni a los especuladores, en estos momentos está clarísimo y podemos comprobar que son insaciables. Pensamos que hemos de hacer un replanteamiento de este plan de estabilidad fundamentalmente en dos aspectos. En primer lugar, creemos que anteponer el objetivo de reducción del déficit a la recuperación económica solo empeora la situación. No es cierto que la reducción drástica del déficit por la vía de la contracción del gasto haga más rápida la recuperación económica, porque, aunque se dice que genera expectativas positivas en los inversores y estos avanzan sus gastos, los hechos demuestran que esto no es cierto, y además también reconocidos economistas así lo dicen, por ejemplo el Nobel Paul Krugman, que muchísimas veces se ha nombrado aquí.

Estamos convencidos de que lo que realmente mejora las expectativas y pone en marcha un nuevo proceso de recuperación es la mejora de la demanda interna, acompañada de un resurgimiento de las cuentas exteriores, que en el caso español pasan por un plan de choque a corto plazo y una estrategia a largo plazo para reducir nuestra dependencia energética, causante de dos terceras partes de nuestro déficit exterior. Consideramos que una dinámica de crecimiento interno impulsada por inversiones públicas... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio.

La señora BUENAVENTURA PUIG:... y privadas enfocadas al cambio de modelo productivo y la eliminación a medio plazo de nuestra dependencia energética nos llevaría realmente a un nuevo equilibrio mucho mejor que el que nos trae la dinámica actual. Estamos convencidos, por ejemplo, de que si se hubieran continuado los estímulos y no se hubieran implementado las medidas en mayo del año pasado, impuestas por los mercados y acogidas por el Gobierno dogmáticamente, no se habría parado el proceso incipiente de recuperación económica iniciado en el primer trimestre de 2010. Esta recuperación habría llevado a un incremento de los ingresos públicos, muy superior a los ahorros obtenidos con los recortes efectuados y, en consecuencia, el déficit se habría recortado más por la vía del incremento de los ingresos y la reducción de las prestaciones por desempleo y otras ayudas sociales que con las políticas restrictivas. Por tanto, lo que pedimos es que el objetivo de reducir el déficit al 3 por ciento en los tres años consecutivos sea reconsiderado, y hacemos además una propuesta al Gobierno pero también al conjunto de la Cámara. Proponemos condicionar la reducción del déficit en función de la reducción de la tasa de desempleo a niveles más aceptables, mucho más bajos que los actuales.

Nuestro grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, plantea un programa de salida de la crisis alternativo que pasa por una movilización de los recursos públicos y privados hacia el cambio de modelo productivo y fortalecimiento de la sociedad del bienestar, avanzando en la convergencia social y de género con la Europa avanzada, compatible con la reducción del déficit y del paro. Esta propuesta se podría financiar con un incremento normativo de los impuestos equivalente al 0,7 del PIB para las comunidades autónomas, que es mucho más bajo que el diferencial de 10 puntos de presión fiscal existente entre España y Europa, y haría que, aplicada a nivel estatal, las cuentas públicas estatales mejoraran en 2,4 puntos del PIB y se redujese el paro casi a los niveles de antes de la crisis. La actual propuesta neoliberal, en cambio, hace incompatible estas dos metas y prevé una década, como mínimo, de elevado desempleo.

En segundo lugar, también pensamos que se debe replantear el plan de estabilidad porque hay que ajustar el sesgo injusto que conlleva hacia las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades locales, frente al margen que sí otorga a la Administración central. Hay que hacer un nuevo escenario con un calendario más ajustado a la realidad de la coyuntura económica actual y a las cifras actuales de déficit de las diferentes administraciones, de manera que el ajuste presupuestario sea más gradual y comporte una incidencia más asumible. En el contexto de crisis están siendo las comunidades autónomas las que más esfuerzos presupuestarios están haciendo, por la naturaleza social de sus competencias, en áreas como salud, educación o acción social. El Gobierno del Estado no puede abstraerse de esta realidad. Si lo hace por omisión, está poniendo en grave peligro servicios públicos básicos como sanidad o educación, competencias autonómicas y pilares del Estado del bienestar. En este sentido, proponemos cambiar el reparto del límite máximo de déficit entre los diferentes niveles de Administración. Evidentemente también proponemos -y así lo hemos reiterado muchísimas veces- que no solo debemos considerar el planteamiento de la


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estabilidad presupuestaria sobre los gastos sino también en los ingresos, recuperando una fiscalidad justa, solidaria y progresiva, aquella fiscalidad que el Gobierno actual aniquiló bajo el falso lema de que bajar impuestos es de izquierdas, sin ninguna voz crítica por parte del Gobierno ni por parte de nadie de su grupo parlamentario. En esto yo creo que deberíamos cambiar para poder salir realmente de esta crisis.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.

Tiene la palabra don Joan Ridao.

El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta, señorías, Esquerra no puede dar apoyo a este techo de gasto básicamente por tres motivos que voy a exponer sucintamente. El primero y ante todo es porque este no es un ejercicio aislado, en abstracto por parte del Gobierno; esta es la expresión cifrada y contable de su política económica, que nosotros venimos juzgando equivocada. Además augura un escenario presupuestario no solo con un recorte del 3,8 por ciento, 4.700 millones de euros, sino que tampoco sabemos a qué capítulos va a afectar, si a infraestructuras, a política social, a innovación y desarrollo, etcétera, y además con una previsión de ingresos a todas luces claramente hinchada. Fíjense sus señorías lo que acaba de suceder entre ayer y hoy, que nos ha mantenido en vilo, con los efectos de la crisis de la deuda en Italia y aquí por efecto del contagio griego, lo cual demuestra, en nuestra opinión, la postración de la política económica ante los mercados financieros, además de que, como se ha dicho, hay una ausencia clamorosa de una auténtica gobernanza política y económica a nivel europeo. A pesar de la ortodoxia con la que se aplica el Gobierno, a pesar de haber cumplido con todos los deberes que se le imponen, los ataques especulativos no cesan, los ataques por parte de los bancos y por parte de los mercados, que son insaciables, ignoran incluso el esfuerzo descomunal que está haciendo este Gobierno destinando 40.000 millones de euros a pagar puntualmente la deuda, que es la mitad de la recaudación de todo un impuesto tan importante como el de la renta de las personas físicas. Y eso, señorías, esa actitud sumisa y esa política no equitativa a la hora de redistribuir los costes de esta crisis no se puede ocultar bajo la alfombra roja de unos fastos preelectorales del Partido Socialista.

En segundo lugar, señorías, este techo de gasto consiste en un nuevo ejercicio voluntarista, en exceso optimista porque parte una vez más de una previsión de crecimiento económico más que dudosa; ya el primer trimestre de este año, señorías, los ingresos se han reducido en un 2,2 por ciento en relación a lo previsto. El servicio de estudios del BBVA acaba de tumbar el tenue crecimiento económico anunciado hace pocos días por el presidente del Gobierno en el debate de política general. La previsión de ingresos que hace el Gobierno convierte este techo de gasto en un auténtico techo de cristal porque se presupuesta de entrada un incremento de ingresos del 12 por ciento y un crecimiento económico del 2,3 por ciento, es decir, la recaudación debería crecer el triple que la economía, lo cual se nos antoja muy difícil por no decir harto imposible. Quiero recordar que el presupuesto de 2010 ya hubo de ser recortado dos veces, señorías, y además una de ellas con el célebre decreto-ley de recorte del poder adquisitivo de los funcionarios y de la política social, lo cual fue quizá la acción más intensa de reducción del Estado del bienestar practicada por ningún gobierno en décadas.

En tercer lugar y finalmente, señorías, este techo de gasto vulnera -y ello nos preocupa- el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas porque vincula el gasto de las comunidades autónomas a la evolución del PIB nominal pero además porque homogeneiza los objetivos de déficit para todas las comunidades autónomas cuando es obvio que todas ellas tienen un histórico distinto de asunción competencial, por ejemplo, en un ámbito como la sanidad, porque además existen diferencias clamorosas en la percepción de los recursos per cápita en cada territorio y porque cada uno de esos territorios mantiene un saldo fiscal distinto, que en el caso de Cataluña es negativo, del orden de un 10 por ciento del PIB según la última balanza fiscal. Ustedes, señorías del Gobierno, pero también el Partido Popular, están cargando desde hace tiempo el muerto a las comunidades autónomas y lo que es peor, su discurso elude claramente la necesidad de hacer pedagogía porque la estructura de gasto autonómico no solo es rígida sino que va vinculada a la política social, con lo cual se produce un clarísimo desequilibrio vertical porque las comunidades autónomas asumen el 65 por ciento del gasto social en su presupuesto y el Estado solo un 40. Además, en época de crisis los ingresos, particularmente los ingresos tributarios, evolucionan por debajo del PIB nominal.

Por todo ello, señorías, señor presidente, Esquerra Republicana no puede en ningún caso dar apoyo a este techo de gasto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.

Tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta, no sé si el presidente del Gobierno la ha nombrado vicepresidenta primera como premio o reconocimiento a su labor o, simplemente, porque al haber optado por no suplir la vacante de la vicepresidencia primera, la vicepresidencia segunda ha pasado a ser primera y la tercera a segunda. En cualquier caso, quiero transmitirle mi felicitación, porque creo que


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las discrepancias políticas nunca se deben traducir en una falta de reconocimiento en lo personal.

Dicho esto, señora vicepresidenta, el Bloque Nacionalista Galego no va a apoyar este acuerdo; y no lo vamos a hacer porque el límite de gasto y los objetivos de déficit son consecuencia de la política de ingresos y gastos y del ritmo marcado para avanzar en la consolidación fiscal, cuestiones en las que, como usted sabe, discrepamos profundamente con la estrategia marcada por el Gobierno. Desde nuestro punto de vista, existen otras vías de contención del gasto público como, por ejemplo, racionalizar la estructura política y administrativa, dando pasos para suprimir administraciones ineficaces y obsoletas, como son las diputaciones provinciales, o eliminando -también por poner un ejemplo- el gasto que representan las intervenciones militares en el exterior. Existen también vías para mejorar los ingresos cambiando la política impositiva, como hemos desgranado en distintas propuestas a lo largo de esta legislatura. El Partido Socialista incorpora ahora a su discurso de campaña la necesidad de gravar más los beneficios bancarios y los altos patrimonios, pero lo cierto es que el BNG lo viene reclamando desde el inicio de la legislatura con la total oposición del Gobierno.

No compartimos tampoco, señora vicepresidenta, el ritmo establecido para avanzar en la consolidación fiscal. En un contexto de fuerte presión sobre la deuda soberana, somos conscientes de la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y reducir el déficit, pero el ritmo de reducción hay que acomodarlo al objetivo de la recuperación de la economía. Sin embargo, ustedes -y permítame que se lo diga- son en este tema más papistas que el Papa y fijan un objetivo de déficit para el año 2014 casi un punto por debajo del máximo permitido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Señora vicepresidenta, discrepamos de que el déficit sea la única causa de la presión sobre la deuda soberana. También influye la falta de dinamismo de la economía, lastrada por la caída de la inversión productiva y las dificultades de acceso al crédito. También influye la especulación financiera y una respuesta inadecuada por parte de la Unión Europea a esta crisis. Desde el inicio de la legislatura propusimos que se crease una agencia de calificación europea, y ahora, en la fase aguda de la crisis de la deuda soberana, se clama contra el papel de las agencias de calificación. Desde el inicio de la legislatura propusimos que el Banco Central adquiriese deuda y ahora, en la fase aguda de la crisis de la deuda soberana, es cuando el Banco Central adquiere deuda. Este no ha sido el camino elegido desde el inicio de la crisis, y ahora estamos inmersos en un círculo vicioso, responder con más ajustes a la espiral de ataques de los especuladores, en definitiva, ser esclavos de sus chantajes. Además, señorías, este acuerdo tiene elementos que limitan la autonomía financiera de las comunidades autónomas, algo de lo que discrepamos profundamente. Por estas razones expuestas, reitero que nuestro voto será negativo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.

Señor Ríos tiene la palabra.

El señor RÍOS RULL: Gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta, señorías, si ya en los últimos años la decisión sobre el techo de gasto no financiero del año siguiente ha sido más ornamental que efectiva, en el ejercicio en curso lo es todavía más, por la falta de incertidumbre de los gastos financieros del Estado y por la mayor incertidumbre sobre la evolución de la economía y la recaudación impositiva. Aun así, anuncio de entrada que Coalición Canaria se va a abstener en esta decisión y ello por varios motivos. En primer lugar, porque un voto mayoritario negativo de la Cámara tendría efectos muy perversos en todos los órdenes económicos y solo uno positivo, y no precisamente para este país sino para el Partido Popular, que es precipitar la convocatoria anticipada de elecciones. Un voto afirmativo tendría el efecto inverso, dar carta blanca al Gobierno para una política que él mismo desconoce a estas alturas. Por mandato legal se ha visto obligado a traer este acuerdo al Pleno y el principal valor que tiene el acuerdo de hoy es el de no acrecentar las turbulencias con que gratuitamente se está castigando a España en el exterior. Además de Grecia, Irlanda y Portugal, España e Italia están siendo objetivo de los especuladores y no es cuestión de que en esta Cámara demos pie por mero cálculo electoral a que tal circunstancia siga disparando el tipo de interés de la deuda soberana y de esa manera generalizar la sensación de que no hay soluciones ante la crisis, con los efectos perniciosos que tiene para la recuperación económica. Ofrece un buen titular, además, señalar un techo de gasto ahora que la austeridad se ha puesto de moda. Como en tantas ocasiones, se hace de la necesidad virtud porque no tenemos otro remedio. Hay poco dinero en caja y no son fáciles crecientes endeudamientos sin disparar su coste. Ello amenaza la solvencia del conjunto del país, encareciendo la toma de crédito del sistema financiero español y, en un segundo escalón, la de los particulares. La mano invisible de los llamados mercados está imponiendo la agenda económica y política a los gobiernos europeos, forzándolos de alguna manera a detener el avance del Estado del bienestar en unos casos y en otros a reducirlo. Y lo hace paradójicamente como castigo a los Estados europeos por haberse endeudado durante los años 2009 y 2010 para salvar los mercados financieros, y lo hace a la postre para garantizar que esos Estados destinarán prioritariamente sus recursos en los años venideros a la satisfacción de sus deudas antes que a ningún otro fin. Señorías, Europa está en estos momentos abocada a una disyuntiva histórica: o fracasa y retrocede, o acrecienta su integración en materia de política económica


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y fiscal. España está desaparecida en ese debate. Nuestra capacidad de decisión en ese campo ha retrocedido varios enteros en los últimos años.

Por último, esperamos un compromiso firme y concreto del Gobierno sobre los nuevos fondos anunciados para reforzar la financiación en sanidad, prestada por las comunidades autónomas. Esperamos precisiones sobre un punto clave para los territorios a los que, como el nuestro, se les une a la dispersión insular un fuerte incremento poblacional que no se corrige desde el año 2002. En este punto es esencial garantizar la justicia y la equidad del sistema. En definitiva, esta medida debería ir acompañada de un debate serio sobre la financiación de la sanidad, la educación y otros servicios sociales, donde se establezca el alcance de las prestaciones y las garantías de financiación de los mismos, de forma que no se recorte el Estado del bienestar, que en su mayor parte pesa sobre las comunidades autónomas. Señora vicepresidenta, de ello dependerá nuestro apoyo a los presupuestos generales para 2012, si los hubiera.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.

Don Carlos Salvador tiene la palabra.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señor Rodríguez Zapatero, señora vicepresidenta, una vez más, señorías, debemos poner el acento en este momento histórico que vive nuestro país para entender la necesidad de que todos y cada uno de nosotros, desde nuestras legítimas posiciones políticas, y obviamente desde la representación aritmética que ostentamos en la Cámara, hagamos un esfuerzo por no trasladar al exterior la imagen de un país dividido, sin rumbo político y sin recetas para afrontar este tortuoso camino de la salida a la crisis. Como hace un año ya denunciamos desde esta tribuna, seguimos, a nuestro juicio, sin querer ver la gravedad real de la situación y, por tanto, seguimos, señorías, sin acertar en el diagnóstico más adecuado que nos sirva para tomar las decisiones que nos alejen del precipicio. Seguimos, señorías, si me lo permiten, haciéndonos trampas en el solitario. Hoy, por desgracia, con más incertidumbres y nubarrones económicos y financieros sobre nuestras cabezas que hace un año: fuera de España los mercados aprietan buscando nuevas presas que cobrarse; la Unión Europea no consigue fijar instrumentos eficaces de colaboración e integración de las políticas fiscales; la deuda pública se dispara estos días hasta límites de vértigo; y a fecha de hoy, no sabemos si el proyecto de ley de presupuestos para 2012, cuyo largo debate iniciamos esta tarde, verá la luz o no, porque el rumor cada día más sonoro en este estado de permanente provisionalidad es que las elecciones no pueden posponerse más allá de noviembre. En todo caso, señorías, en muy poco puede ayudar ahora, precisamente hoy, a nuestra maltrecha economía, apuntarse al cuanto peor, mejor, experimentando con la noticia de la desaprobación de la autorización del límite de gasto no financiero, que es verdad, supone objetivamente un esfuerzo importante de contención respecto del límite del año pasado. No sería bueno tampoco, señorías, nunca lo ha sido, aprovechar este prólogo del debate presupuestario para intentar sacar beneficios particulares -muy particulares, añadiría yo-, incluso de cualquier otra índole no presupuestaria, en perjuicio del conjunto del país.

Es obvio, señorías, que Unión del Pueblo Navarro no va a solucionar el bloqueo político e institucional en el que estamos instalados, es obvio que no va a poder impedir el antagonismo y enfrentamiento permanente a derecha e izquierda, ni desde luego vamos a evitar la sensación de provisionalidad con la que iniciamos la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado ante un Gobierno que tampoco en este último año ha alcanzado, ni buscado, diría yo, a estas alturas, los grandes acuerdos que la situación requeriría y que abusa en demasía de la geometría variable para ir sorteando cada obstáculo en este maratón sin fin en el que se ha convertido la gestión pública de la economía. Una vez más, señorías -y es verdad que he perdido ya la cuenta de las veces que lo hemos solicitado-, debemos exigir desde esta tribuna un gran pacto político a los partidos nacionales, alejado de electoralismos e intereses cortoplacistas, que devuelva la ilusión a los ciudadanos y que ponga un poco de cordura y sentido común a la Función pública. Estos días atrás escuchaba a los líderes de los dos partidos mayoritarios pedir pactos para afrontar la crisis. Este es un buen momento. Quizá, señorías, el mejor momento. Pero nosotros, en Unión del Pueblo Navarro, no compartimos la política económica de este Gobierno, pero tampoco compartimos la política del cuanto peor, mejor. Por tanto, nuestro voto solo puede ser el de la abstención.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Doña Rosa Díez tiene la palabra.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta, miembros del Gobierno, señorías, realmente hoy estamos viviendo un martes negro; creo que en eso podemos estar todos de acuerdo. Lo ha vivido Europa y lo ha vivido España. Es decir, el hecho de que hayamos terminado el día mejor, como me señala el presidente, no se debe más que, desgraciadamente, a una coyuntura: que el Banco Central Europeo ha comprado bonos de los países periféricos. Me dice que no, luego me lo va a explicar. Alguien ha comprado, desde luego alguien que tenía mucho dinero ha comprado, eso ha aflojado la presión y hemos terminado el día con menos miedo, si me permiten la expresión, pero desde luego, desde mi perspectiva, con la misma incertidumbre. Estamos en una situación


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muy complicada para el conjunto de Europa y desde luego como país también lo estamos.

A mí me llama la atención que en esta situación, cuya descripción estoy segura de que compartimos todos, estemos haciendo este debate como quien debate un trámite. La Ley General Presupuestaria nos obliga a hacer este trámite, a establecer cuál va a ser el techo de gasto, cuál va a ser el techo del déficit también, y lo hacemos para pasar el trámite. Yo creo que hubiera sido el momento de que, antes de que llegaran aquí estos números, el presidente nos hubiera llamado. Lo digo con la humildad de un partido pequeño como es UPyD, porque no se trata de sumar cuántos votos tiene uno u otro, sino de que nos enfrentemos a una situación que es extraordinaria, aunque nos gustaría que no lo fuera, y por mucho que la minimicemos, vicepresidenta, lo es, es grave y extraordinaria, y decirlo no nos convierte en traidores ni decir lo contrario nos convierte en más patriotas -entiéndanme el término-. Yo creo que las dificultades hay que enfrentarlas y estamos en una gravísima dificultad que requiere -le he oído al presidente decirlo- de un ejercicio de responsabilidad colectivo, pero a mi juicio, y con la prudencia y la modestia debida, no es responsable apoyar este decreto-ley que la propia vicepresidenta ha corregido desde la tribuna cuando ha intervenido. No es responsable poner las palabras ni los números al servicio de un ejercicio de política para cuadrar los números. Si hemos de determinar cuál va a ser nuestro techo de gasto y cuál va a ser el déficit, hemos de hacerlo en base a números reales, no a lo que nos gustaría que fuera, sino a lo que es.

No tengo tiempo, me encienden ya la luz roja y no puedo citar muchos de los números que no son reales a día de hoy. Por ejemplo, en el documento que nos adjuntan hablan de la tasa de paro estimada en 2011 en el 19,8, y ya estamos por encima de esa cifra, la EPA ya nos ha dicho que estamos en el 21,9. De la misma manera, se prevé que el PIB del año 2011 va a crecer el 1,3, pese a que a mediados de año los datos no lo sustentan. Prevén un crecimiento del déficit para el año 2012 superior al 2,3, y ningún actor público ni privado económico sustenta estos datos. Yo creo que no se pueden cuadrar los datos para que nos salga lo que queremos que salga. Se trata, en definitiva, señorías, señores miembros del Gobierno sobre todo, de un cuadro macroeconómico obsoleto e irreal y no es responsable apoyarlo, más allá de que si pudiéramos entrar en el debate de cómo distribuimos después los ingresos y dónde ponemos los gastos tendríamos mucho que decir, pero estamos en la previa. Me parece que no es real, que no es responsable, que es un ejercicio de irresponsabilidad lo que ustedes nos piden y que ni podemos ni queremos ser cómplices de este ejercicio de irresponsabilidad. Me gustaría poder decir lo contrario, créanme, se lo digo sinceramente, me gustaría haber llegado a esta tribuna para poder decir lo contrario, pero no me parecería responsable decirlo y por eso no podremos apoyar este real decreto y votaremos en contra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Señor Fernández Marugán, don Francisco, tiene la palabra.

El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señoras y señores diputados, la gran mayoría de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra han fijado su atención en criterios de naturaleza cuantitativa y se han posicionado sobre el hecho de si la altura del edificio es más o menos baja en comparación con el año pasado. Sobre este tema hay todo tipo de discusiones y todo tipo de posicionamientos. Ha habido un grupo que ha mostrado interés en saber un poco más sobre lo suyo, que diríamos. La verdad es que la respuesta es bien sencilla, nosotros tenemos un sistema de financiación autonómica cuyos recursos y cuyas transferencias son, en la inmensa mayoría de los casos, transferencias de libre disposición. Por lo tanto, la duda que algunos podían tener creo que mi grupo puede subsanarla con relativa facilidad. Pero de alguna forma este debate también debería ser posible realizarlo en términos cualitativos. Mi grupo querría poder decir algunas cosas. Nosotros formamos parte de la Unión Europea y hace un año, cuando hacíamos un debate parecido a este, teníamos que reconocer que la crisis cogió a la Unión Europea relativamente desprevenida y que, como consecuencia de cogerla relativamente desprevenida, no dio una respuesta adecuada a esa situación. Quienes habían dibujado el andamiaje institucional de la Unión, tan solo habían perfilado una moneda única sin poder centralizado, por cierto, y un sistema financiero poco regulado, con pocos mecanismos de articulación interna. Claro está, cuando se produce el vendaval que se produce a lo largo de los últimos años, ese sistema salta hecho añicos y de alguna manera el Gobierno de España y los gobiernos de la Unión Europea se han dedicado a lo largo del último año a potenciar el gobierno económico de la Unión para elevar la calidad de la coordinación de la política económica que se viene realizando en un espacio tan importante como el de la Unión Europea y con tanta heterogeneidad.

Por lo tanto, lo primero que tendríamos que decir, y mi grupo se va holgando de decirlo, es que a lo largo del último año hemos hecho una tarea inédita en la historia de la Unión Europea para configurar un verdadero gobierno económico de la Unión. Como consecuencia de eso, a pesar de las tensiones del instante, a pesar de las dificultades del momento, podemos decir que hemos establecido un semestre europeo para hablar de presupuestos, que hemos aprobado un instrumento poderoso y permanente de estabilidad financiera, que tenemos un sistema de vigilancia macroeconómica, que establecimos unas nuevas autoridades y que el PEC tiene un poder sancionador que no tenía antes. Por lo tanto, vamos avanzando en la existencia de un conjunto de frenos y contrafrenos que antes no existía y la Unión Europea se configura como una unión de gran duración en la cual todos tenemos que apuntar porque las ganancias futuras


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sean bastante más importantes que las pérdidas que pudieran obtenerse en el momento presente. Por lo tanto, hay una diferencia entre la situación de hace un año y la que hay ahora. Hay una diferencia entre el límite de gasto que aprobábamos para el año 2011 y el que aprobamos para el año 2012. No me voy a extender más en esa cuestión. El próximo jueves convalidaremos un decreto-ley que tiene que ver mucho con el Pacto por el Euro y que a mí me parece que debería encontrar, estoy seguro que va a encontrar, el apoyo de la Cámara.

Hay una cosa sobre la que me gustaría poder hablar y extenderme sobre ella porque tiene alguna importancia. Miren ustedes, señores diputados, hace unos días oí a José Luis Sampedro -José Luis Sampedro es un magnífico escritor y fue catedrático mío en la facultad de Económicas de la Complutense de Madrid- que él creía que tenía una enorme importancia la confianza a la hora de configurar la política y que lamentaba que en muchas ocasiones la confianza se utilizara al servicio de la refriega política. Se refirió explícitamente al señor Rajoy y dijo que el señor Rajoy es de esos políticos que reclaman confianza para la política económica que se desarrolla en un país como España, pero que se dedica todos los días a desacreditar la política económica que se hace en España. (Aplausos.) Ese es el tejer y el destejer del manto de Penélope al que tanta dedicación aplica la derecha española. (Aplausos.) El señor Rajoy, hace un año por estas fechas, tuvo mucho interés en dejar caer al Gobierno, aun a riesgo de meter a España en el pantano de las intervenciones. La Cámara se lo impidió e hizo bien la Cámara en impedírselo. Hace unas semanas volvió a intentar lo mismo y, de nuevo, se encontró con que sus pretensiones no llegaron a buen término. No es el único dirigente popular que se ha dedicado a hacer estas cuestiones. El señor Montoro es de sobra conocido por este tipo de planteamientos, le hemos oído decir no hace mucho tiempo, el día que compareció el gobernador del Banco de España en esta sede, que, de alguna manera, tendríamos que haber impedido que Grecia entrara en la Unión. ¡A buenas horas mangas verdes! Después de un montón de años de Grecia en la Unión Europea, el señor Montoro viene a demostrar una vez más el irrealismo de los planteamientos que frecuentemente tiene. Le hemos oído decir aquí y fuera de aquí que España está al borde del precipicio, que es la gran rémora de la Unión Europea. Sinceramente, si uno se acerca a la realidad institucional, si enciende una televisión, si escucha una radio, de lo que no tiene duda -bueno, no tiene la duda de si el señor Montoro sabe mucho o poco de economía, no voy a entrar en esa cuestión- es de que el señor Montoro no sabe mucha geografía. (Aplausos.) Geografía sabe bastante poca. Si ya no hubiera más elementos que poner de relieve, ha salido hace pocas semanas en defensa de los acreedores de España, ha dicho que los acreedores de España tienen que aprovechar este momento para exigir al Gobierno de España que pague más tipos de interés por la deuda que emite. (Aplausos.) La verdad, creo honestamente que los acreedores de España, los bancos que compran deuda española y que compran y defienden intereses españoles, no necesitan del señor Montoro para hacer este tipo de planteamientos. Por tanto, creo honestamente que algunas cuestiones deberían quedar claras. Soy de los que creen -y con convicción- que la interpretación que hace el señor Montoro de la crisis es una interpretación profundamente infantil, que no está sometida a ningún tipo de planteamiento y que, de alguna manera, ha perdido el tiempo a lo largo de estos tres años. En esta Cámara, donde tanto hemos debatido de política económica, no hemos escuchado nunca ninguna posición del Partido Popular por boca de su portavoz que merezca la pena ser entendida como una opción alternativa de política económica. Hay alguien que dice: es que tienen un programa oculto. Yo no creo que el Partido Popular tenga un programa oculto, lo que creo es que el Partido Popular no tiene programa, y como no tiene programa no lo puede defender en esta Cámara. (Aplausos.)

Señoras y señores diputados, hay cosas que sí quiero poner de relieve, algunas de ellas ya han sido comentadas hoy aquí. En este momento tenemos una situación donde España e Italia están siendo objeto de una especial atención, entre comillas, por los mercados financieros. España e Italia son el 25 por ciento del PIB comunitario e Italia tiene 1,6 billones de euros en deuda pública y España tiene 0,6 billones de euros de deuda pública, es decir, estamos hablando de piezas mayores, de caza mayor. No le falta razón a quien ha dicho que si lo que se encuentra uno es con una remetida de esta entidad contra Italia y contra Francia no es porque vivamos una crisis fiscal, es por otras cosas. Por tanto, señoras y señores -me quedan muy pocos segundos-, coincido con la posición que exponía no hace muchos días en esta tribuna Josu Erkoreka. Creo que a la derecha lo único que le interesa es el poder político, esa es una posición correcta. Lo que a la derecha no le preocupa es el uso que, de alguna manera, ella hace del poder. Por eso, esa apelación sistemática a la confianza que hacen el señor Aznar, el señor Rajoy, el señor Montoro, la señora De Cospedal o don Luis de Guindos no es otra cosa que un truco que tienen los del Partido Popular con una sola motivación: perjudicar e impedir que las cosas avancen en España.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.

Votaremos dentro de cinco minutos. (Rumores.) De tres. (Pausa.)

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones.

En primer lugar, solicito el acuerdo o asentimiento de la Cámara para excluir del orden del día de mañana una


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interpelación con el acuerdo del diputado interpelante, señor Salvador, y con su deseo de que se incluya en el próximo Pleno. ¿Hay acuerdo de la Cámara? (Asentimiento.)

Queda acordado.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS (UNIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COLEGIALES DE ECONOMISTAS Y DE TITULARES MERCANTILES.) (Número de expediente 122/ 000286.)

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco, sobre creación del Consejo General de Economistas (unificación de las organizaciones colegiales de economistas y de titulares mercantiles).

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 333.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la toma en consideración.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS EXPRESIDENTES DEL GOBIERNO, DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO. (Número de expediente 122/000269.)

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el régimen de incompatibilidades de los expresidentes del Gobierno, del Congreso de los Diputados y del Senado.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 16; en contra, 307; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL DICCIONARIO BIOGRÁFICO ESPAÑOL DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. (Número de expediente 162/000879.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, con las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que retira la suya porque se tramitó conjuntamente.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 194; en contra, 133; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA SUPRESIÓN DEL CANON DIGITAL. (Número de expediente 162/000860.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la supresión del canon digital.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 331; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO A LAS PROPUESTAS PLANTEADAS POR EL MOVIMIENTO SOCIAL DEL 15-M. (Número de expediente 173/000225.)

El señor PRESIDENTE: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la respuesta del Gobierno a las propuestas planteadas por el movimiento social del 15-M, con la enmienda del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 185; en contra, uno; abstenciones, 147.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR LOS EFECTOS DE LA MOROSIDAD QUE SOPORTAN LAS PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 173/000226.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las medidas de política económica que va a adoptar el Gobierno para reducir los efectos de la morosidad que soportan las pymes y los autónomos, con la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 152; en contra, 181.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS AYUDAS ESTATALES A LA PESCA Y LA ACUICULTURA. (Número de expediente 173/000227.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre las ayudas estatales a la pesca y la acuicultura. Se vota en los términos de una transaccional. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Denegaciones.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 333.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (VOTACIÓN.)

- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PERÍODO 2012-2014, Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL ESTADO PARA 2012. (Número de expediente 430/000005.)

El señor PRESIDENTE: Acuerdo del Gobierno por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2012-2014 y el límite de gasto no financiero del Estado para el año 2012.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 170; en contra, 145; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el techo de gasto. (Aplausos.)

AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

- PROYECTO DE LEY SOBRE TITULARIDAD COMPARTIDA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. (Número de expediente 121/000128.)

El señor PRESIDENTE: Por último, se ha solicitado la avocación por el Pleno del proyecto de ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. ¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobado.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.

Eran las diez de la noche.

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