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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 251, de 14/06/2011
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2011 IX Legislatura Núm. 251
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 239
celebrada el martes, 14 de junio de 2011


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica para modificar la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), para la profesionalización de la función directiva, fortalecer la dirección escolar y su liderazgo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 258-1, de 11 de junio de 2010. (Número de expediente 122/000233.) ... (Página 5)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se reforma la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en materia de ejecución hipotecaria.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 306-1, de 11 de marzo de 2011. (Número de expediente 122/000274.) ... (Página 14)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la generación de energía distribuida. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 571, de 13 de mayo de 2011. (Número de expediente 162/000868.) ... (Página 20)

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- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para el impulso de la internacionalización de la economía. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 512, de 28 de enero de 2011. (Número de expediente 162/000761.) ... (Página 24)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera), sobre medidas a adoptar por el Gobierno para asegurar carga de trabajo en los astilleros públicos de Navantia de la ría de Ferrol (A Coruña). (Número de expediente 173/000218.) ... (Página 28)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas necesarias para poner la economía al servicio de las personas. (Número de expediente 173/000219.) ... (Página 33)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el bajo cumplimiento del Plan de cercanías de Barcelona. (Número de expediente 173/000220.) ... (Página 38)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el cumplimiento de los horarios de despegue y aterrizaje de los vuelos con origen o destino en aeropuertos españoles y, con carácter general, se minimicen las actuales demoras.
(Número de expediente 173/000221.) ... (Página 43)

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 47)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 47)

Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 48)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 48)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 5)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica para modificar la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), para la profesionalización de la función directiva, fortalecer la dirección escolar y su liderazgo ... (Página 5)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Gómez Trinidad, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Martínez López, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se reforma la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en materia de ejecución hipotecaria ... (Página 14)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura Puig y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista.


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Proposiciones no de Ley ... (Página 20)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la generación de energía distribuida ... (Página 20)

Defiende la proposición no de ley el señor Alique López, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Alique López.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para el impulso de la internacionalización de la economía ... (Página 24)

Defiende la proposición no de ley el señor García-Legaz Ponce, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Guinduláin Guerendiáin, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Larrosa Piqué, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 28)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera), sobre medidas a adoptar por el Gobierno para asegurar carga de trabajo en los astilleros públicos de Navantia de la ría de Ferrol (A Coruña) ... (Página 28)

Defiende la moción el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Carro Garrote, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Jorquera Caselas.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas necesarias para poner la economía al servicio de las personas ... (Página 33)

Defiende la moción la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Gastón Menal, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el bajo cumplimiento del Plan de cercanías de Barcelona ... (Página 38)

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Defiende la moción el señor Macias i Arau, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura Puig y el señor Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Macias i Arau.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el cumplimiento de los horarios de despegue y aterrizaje de los vuelos con origen o destino en aeropuertos españoles y, con carácter general, se minimicen las actuales demoras ...
(Página 43)

Defiende la moción el señor Ayala Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Ayala Sánchez.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 47)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 47)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica para modificar la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) para la profesionalización de la función directiva, fortalecer la dirección escolar y su liderazgo, se rechaza por 148 votos a favor, 174 en contra y 10 abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se reforma la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en materia de ejecución hipotecaria, se rechaza por nueve votos a favor, 161 en contra y 163 abstenciones.


Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 48)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la generación de energía distribuida, se aprueba por 333 votos a favor.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para el impulso de la internacionalización de la economía, se aprueba por 327 votos a favor, cinco en contra y una abstención.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 48)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto, Sr. Jorquera, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para asegurar carga de trabajo en los astilleros públicos de Navantia de la ría de Ferrol (A Coruña), con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 331 votos a favor y dos abstenciones.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas necesarias para poner la economía al servicio de las personas, se rechaza por nueve votos a favor y 324 en contra.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el bajo cumplimiento del Plan de cercanías de Barcelona, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario

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Socialista, se aprueba por 332 votos a favor y uno en contra.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el cumplimiento de los horarios de despegue y aterrizaje de los vuelos con origen o destino en aeropuertos españoles y, con carácter general, se minimicen las actuales demoras, se aprueba por 331 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA PARA MODIFICAR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOE) PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA, FORTALECER LA DIRECCIÓN ESCOLAR Y SU LIDERAZGO. (Número de expediente 122/000233.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, la proposición del Grupo Parlamentario Popular, orgánica, para modificar la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación para la profesionalización de la función directiva, fortalecer la dirección escolar y su liderazgo. Para su defensa tiene la palabra don Juan Antonio Gómez Trinidad.


El señor GÓMEZ TRINIDAD: Gracias, señor presidente.


Señorías, todos estamos inmersos -además, de una forma acuciante- en mejorar la enseñanza. Estoy seguro de que todas las señorías de los distintos grupos parlamentarios hoy aquí presentes están de acuerdo, no me cabe la menor duda, y desde luego la sociedad juzgará a aquellos que se parapetan tras un sistema legislativo supuestamente blindado por unos principios pedagógicos inamovibles que no son más que axiomas convertidos en dogmas sin más justificación que la identificación de esos axiomas con una ideología política. Esto no sería mayor problema si no fuera por la consecuencia nefasta que está teniendo en un tercio de nuestros jóvenes.
Lo he dicho muchas veces y lo reitero hoy: en los últimos veinte años no ha habido cambios legislativos significativos en materia de educación, excepto el ligerísimo y breve paréntesis que supuso la aplicación de la LOCE, abortada en condiciones que sus señorías conocen pero sin ninguna justificación que no fuera el espíritu de la piqueta que animó al señor Zapatero al comienzo de su legislatura. Que la actual LOE sigue el mismo rastro que la Logse ya nadie lo duda, como tampoco que antes de su impartición -este año se cumplen cinco años-, antes de que termine de implantarse, ha sido necesario cambiarla. No lo digo yo, es el propio ministerio el que lo ha dicho y lo ha hecho, como acabamos de ver a través de la Ley de Economía Sostenible, que ha modificado aspectos tan serios y profundos como, por ejemplo, eso que se denomina ahora la atención a la diversidad grupal y que en román paladino se llamaba itinerario. Pero, por lo visto, aquella palabra escocía y hacer los itinerarios con atención grupal generalizada, no. Otro ejemplo es la flexibilidad de la formación profesional y el inicio de los PCPI a los 15 años. Bienvenidos sean los cambios, de verdad, aunque sean insuficientes y estén en la buena dirección. Esto demuestra que el ministerio ya por fin acepta la realidad y está dispuesto a enderezar el rumbo. Yo espero que el Grupo Parlamentario Socialista despierte de su largo sueño dogmático educativo y siga la estela que ha abierto el ministerio al empezar a corregir la LOE.


Lo que hoy me trae aquí no es más que el deseo de que tomemos en consideración una propuesta para modificar la LOE en aspectos concretos con el fin de profesionalizar la función directiva, fortalecer la dirección escolar y su liderazgo, y presumo que la mayoría de sus señorías comparten conmigo ese objetivo. Desde luego me consta que el propio ministerio estaba por la labor; la propuesta número 88 del Gobierno en el Pacto político y social por la educación apenas hace un año decía: Modificaremos los sistemas de selección e incrementaremos la formación previa que deben tener los equipos directivos de los centros públicos para garantizar una mayor profesionalización y asegurar el liderazgo educativo en desarrollo de las funciones que tienen asignadas, así como otorgarles una mayor capacidad de decisión en los asuntos relativos a la autonomía curricular, economía y organización de los centros.


He leído literalmente la propuesta número 88 del ministerio. Era una de las propuestas en la que estábamos bastante de acuerdo. El hecho de que no fuera posible un pacto en su globalidad no significa que no hubiera muchos acuerdos en muchos de los puntos concretos, y este era uno de ellos. Por lo tanto, señorías, se trata de adaptarse a los tiempos actuales; disponemos de un sistema educativo que hace agua por muchos sitios y hoy toca poner remedio a la función directiva.


Por otro lado, recientemente debatimos en la Comisión de Educación una proposición presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para modificar la LOE con el fin de reforzar la figura del director en la resolución de conflictos. Acertadamente, la señora

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Pigem decía que el objetivo de esa PNL no era otro que dar un nuevo impulso para reforzar la figura del director y, en este caso, reforzarle en la resolución de conflictos. Además se hacía eco del informe PISA y de la correlación existente entre clima escolar y rendimiento académico.
Finalmente, Convergència i Unió concluía reclamando fortalecer la figura del director como requisito ineludible, si queremos tener una educación de calidad. De esto mismo vengo hoy a hablar, de lo que decía el ministerio y de lo que ha dicho recientemente Convergència i Unió, pero no circunscrito al aspecto disciplinar o punitivo que puedan tener algunas medidas de la dirección. Lástima que esa medida se descafeinara mediante una transacción con el Grupo Socialista y acabara derivándose a la aceptación de un estudio previo en el seno del Observatorio estatal de la convivencia. Aquí ya se sabe que cuando no se quiere arreglar algo se nombra una comisión o se organiza un estudio. Tenemos un Observatorio estatal de la convivencia, por si usted no lo sabe, y ahora le pedimos que nos hagan, después de la que está cayendo, un estudio previo. Una vez más, y como acertadamente puso de manifiesto mi compañera, la señora Fabra, el propósito inicial quedaba descafeinado y prevaleció el inmovilismo del Grupo Socialista. Fue, a mi entender, señorías, una manifestación más del inmovilismo que viene caracterizando al Grupo Socialista cuando de reformar la LOE se trata. Creo, y esto es más grave, que es un desconocimiento y un alejamiento de la realidad y que es muy peligroso que los legisladores no conozcan la realidad; muy peligroso. Me ciño a la educativa: si no conocemos la realidad educativa de primera mano, créanme que lo mejor que podemos hacer es desregularizar, potenciar la autonomía real de los centros, la responsabilidad de los profesores, darles los recursos adecuados y estorbar lo menos posible. Pero si conocemos la realidad, como es nuestro deber, tenemos la obligación de poner el sistema legislativo adecuado para que esa realidad mejore. Y desde aquí quiero agradecer, antes de entrar en materia, las aportaciones y sugerencias que me han realizado para preparar esta intervención los directores de centros a título personal, también a través de asociaciones, como Fedadi, la Federación de directores de institutos de España, los inspectores, directores generales, pedagogos y técnicos, a los que no voy a mencionar, por razones obvias. Tengo que señalar que sus posturas no son necesariamente coincidentes con las mías, pero quiero hacer explícito mi agradecimiento hacia ellos.


La calidad de la educación -se ha dicho muchas veces- depende directamente de la calidad del profesorado, y otro tanto podría decirse de los directores y de sus equipos directivos. El director de hoy debe ser un gestor de recursos, cada vez más numerosos y complejos, pero a la vez debe ser un administrador económico y tener liderazgo pedagógico, clave para la calidad de los centros. Quiero en este momento reconocer también desde la tribuna la tarea magnífica que desempeñan cada día, a veces con más ilusión, con más voluntad y con más esfuerzo que con los instrumentos precisos y necesarios para desempeñar su tarea, los miles de profesores que tenemos especialmente en los centros públicos. En palabras de un experto educativo, tras analizar detenidamente los resultados de los distintos informes, entre ellos PISA, el modelo de centro que necesitamos no tiene unas características especiales de gestión de titularidad de alumnos o de padres, el centro realmente bueno es aquel que decide serlo, aquel en el que su equipo humano, el director y los profesores, deciden que hay que subir el nivel, independientemente de los alumnos que tengan.
La característica principal del director es que consiga un grupo humano comprometido con la escuela y con su enseñanza. En esta misma dirección, el director de PISA y de las pruebas de 2009 para España señalaba algunas de las características principales de los mejores directivos, entre las cuales se destacan mejorar profesionalmente a los docentes. En definitiva, pone el acento en el liderazgo educativo, en impulsar proyectos, en seguir y supervisar la tarea educativa y dejar de ser el administrador y el burócrata en el que muchas veces se ha convertido.
Existen cantidad de informes y estudios, tanto nacionales como internacionales, que demuestran esta tendencia, tanto que hubiera sido más interesante crear una subcomisión dentro del seno de la Comisión de Educación para analizar cuál es el modelo efectivo de dirección de centros que necesitamos. Por cierto, aprovecho la ocasión para decir que también hubiera sido interesante crear una subcomisión para analizar cuál debe ser el nuevo modelo de acceso a la Función pública docente y que no nos enteremos los últimos, como suele ocurrir, a través de alguna filtración de algún agente social. Lo cierto es que es una tendencia cada vez más universal que exista una estrecha relación entre calidad educativa y autonomía de los centros, pero no puede haber autonomía de los centros si no tenemos a unos directores bien preparados.


El tiempo, como siempre, corre más de lo que yo quisiera y voy a sintetizar. Me tengo que remitir a los distintos informes, por cuestiones elementales. El informe McKinsey llega a la conclusión de que para producir líderes educativos eficientes los sistemas deben, en primer lugar, seleccionar a la gente correcta para ocupar su lugar y, a partir de ahí, de la selección correcta, explotar, en el buen sentido, lo mejor que tienen. El informe Talis ponía, entre otras cosas, de manifiesto el clima escolar, etcétera. Frente a todas estas exigencias es claro que se requiere un alto grado de competencia y, por tanto, rigor en la selección, así como una gran generosidad en su incentivación, y en estos momentos carecemos de ambas cosas.


Sin embargo, las circunstancias actuales en las que se desarrolla la labor de la dirección escolar en España contrastan con la situación que se da en países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Reino Unido, Francia o Italia el acceso al puesto directivo es tremendamente exigente y las dificultades son las mismas que aquí, sin embargo, es un cargo apetecible; siempre hay más aspirantes a

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desempeñar esa función que puestos libres. Por el contrario, nos encontramos con una realidad muy distinta una vez más en España. Solo el 60 por ciento de las plazas que se sacan para directivos son ocupadas de forma voluntaria. El resto tienen que ser ocupados por designación directa de la Administración educativa. Según el sistema que en estos momentos tenemos de acceso a la función directiva a través de -como decimos- la participación y la concurrencia, al final un proceso democrático se convierte, lamentablemente, en el procedimiento que más designación directa de la Administración está propiciando. No es baladí y habría que pensar por qué en los dos años en que tuvo efecto la LOCE, en la que tenía una mayor presencia la Administración, aumentó el número de solicitudes de directores.


Algo grave está ocurriendo en España y es que, aparte del desprestigio social e incluso del desprestigio que a veces existe dentro de los propios centros, los actuales directores tienen un escaso margen de maniobra para resolver los problemas diarios de la escuela. Es cierto que esta carencia es suplida, por un lado, con la generosidad, con la voluntad, con la creatividad de los propios directores y -tengo también que decirlo- con la creatividad de las comunidades autónomas, que han ido más allá del desarrollo básico. Pero ¿por qué el desarrollo básico y la legislación no se acomodan a la realidad, en lugar de estar en una situación de cierta alegalidad? Acomodémoslo.


En definitiva, señorías, la función directiva en España sufre -como otras funciones- una asimetría entre sus responsabilidades y cometidos y los instrumentos necesarios para responder a esos retos. Nuestra propuesta, señorías, pretende ser el punto de partida -no de llegada- de una revisión a fondo de la actual normativa sobre la dirección contemplada en la LOE. Evidentemente, el texto aportado en esta proposición coincide básicamente con las enmiendas que presentamos en su momento a la LOE, no solo la enmienda a la totalidad con texto alternativo sino las particulares al articulado, en concreto aquellas que se refieren a la dirección. Por lo tanto, lo único que demostramos es que tenemos una coherencia y que el tiempo nos ha ido dando la razón. Hoy propongo el inicio de esta reflexión y el debate, que tiene su origen en el afán común de mejorar la enseñanza y que hace un año ya quedó de manifiesto.
Es necesario actualizar la función directiva, fortalecer la dirección escolar y su liderazgo. Es necesario -a nuestro entender- revisar urgentemente la selección, la formación, las competencias y la evaluación de los directores. Y, en justa correspondencia, es necesario un reconocimiento laboral, social y económico.


Termino, señorías. Espero que no ocurra lo que dijo un ilustre político: en mi vida parlamentaria tres o cuatro veces la oposición me ha convencido de sus argumentos; hacerme cambiar el sentido del voto, ninguna. Espero que, además de convencerles, cambien también el sentido de este voto y apoyen esta iniciativa, que no es más que abrir un periodo de reflexión sobre un aspecto fundamental en la educación.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Trinidad.


Tiene la palabra para fijar posición doña Rosa Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, estamos ante una toma en consideración de una proposición de ley que va a tener el apoyo de Unión Progreso y Democracia. Nos parece que el tema que aquí se plantea es un debate apropiado. Yo diría que, más que apropiado, necesario, si bien a nuestro juicio -pero estamos ante una toma en consideración y, por lo tanto, si sale adelante tendrá posibilidades de irse mejorando en el trámite de enmiendas- y para el objetivo que se pretende, que es garantizar la profesionalización de la función directiva, se queda un poquito corto, quizá demasiado, sometido todavía al control político en el sentido partidario del término. Esa será una tarea que nos corresponderá mejorar en el trámite de enmiendas. No se fijan con claridad los criterios de evaluación para la renovación de los directores, lo que puede dar lugar al establecimiento de unos criterios pseudopolíticos o pseudopedagógicos, cualquiera de las dos cosas, o las dos juntas, a veces ocurren esas cosas. Por tanto, habría que insistir en poner criterios objetivos de la evaluación de la excelencia y de la excelencia académica.


Yo creo que mejorar la función directiva es una necesidad de nuestro sistema educativo. Este es un debate que debiera de ser capaz de sobrevolar el reproche o debate ideológico. En todo lo que tiene que ver con la educación en su conjunto, y desde luego con la función directiva de la educación, debiéramos de esforzarnos todos en hacer un diagnóstico riguroso -insisto- que orille lo máximo -que yo creo que lo máximo puede ser la totalidad- el reproche o el debate ideológico. Porque uno de los males de nuestro sistema educativo -no el único, pero desde luego uno de ellos- es precisamente la excesiva ideologización y en esto realmente nadie puede tirar la primera piedra.


En el trámite de enmienda habría que insistir -así lo haremos si tenemos la oportunidad- en la necesidad de hablar de un cuerpo nacional, dejando claro que estamos hablando de un cuerpo nacional, evitando la ambigüedad de esta frase que aparece en el texto de que surtirá efectos de reconocimiento personal y profesional en el ámbito de todas las administraciones educativas. Si estamos hablando de un cuerpo nacional, pues es un cuerpo nacional; llamemos a las cosas por su nombre. Habría que insistir en el principio de responsabilidad continuada en el tiempo y mejorar el punto 136.3 de la proposición de ley, garantizando que la renovación del nombramiento de director por periodos de cuatro años se haga según criterios de excelencia, incluyendo necesariamente dentro de ella la excelencia académica de los alumnos. Hay que evaluar la excelencia no solo del director sino

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también la excelencia de los alumnos, porque es una manera de evaluar precisamente la tarea de los órganos de dirección. Creemos que todo director, previamente al nombramiento como director o a su renovación como tal, deberá de elaborar un proyecto de dirección que contemple necesariamente alcanzar unos determinados objetivos en los que debe aparecer -insisto- el objetivo de excelencia académica para la dirección y también para los alumnos. Yo creo que uno de los males de nuestro país es que aquí se evalúan poco las decisiones que tomamos. Se toman las decisiones, se trata de decidir de la mejor manera posible, pero luego la evaluación de aquello que hemos decidido no se hace casi nunca. Por tanto, uno toma decisiones después sin saber exactamente hasta qué punto ha sido positivo o si se ha quedado a mitad de camino la decisión previa que tomamos al respecto. Ese es un empeño en el que hemos de insistir en todos los ámbitos de nuestra vida política, de nuestra vida profesional, pero que requiere una importancia mayor, si se quiere, en materia educativa.


Pensamos también que todo director o directora deberá ejercer su cargo, cada vez que se le nombre o se prorrogue su dirección, con responsabilidad, y para eso también hay que hacer una evaluación. Quien no consiga esa evaluación positiva en el ejercicio de su cargo, con los criterios que se hayan señalado lo más objetivos posibles, no ha de ser renovado. Ese es otro de los problemas que tenemos, que como no se valúa realmente da igual ser bueno que malo, porque al final al que es malo tampoco se le evalúa y desde luego al que es malo, en términos de no haber sido suficientemente competente, tampoco se le penaliza, con lo cual ahí te quedas para siempre y la mediocridad se termina instalando en los sitios en los que más necesario es precisamente la excelencia.


Por último, se debería de implantar un concurso nacional de traslado para los directores que hayan obtenido una o más evaluaciones positivas. Yo creo que sí es preciso incentivar -como ha dicho el ponente- en los directores el deseo de dirigir los centros considerados de mayor prestigio. Eso es muy bueno para el sistema, es bueno para los profesionales, es muy bueno y repercute de forma muy positiva en el alumnado. Por tanto, debemos de establecer un sistema que haga interesante presentarse a un concurso de estas características que sea verdaderamente nacional, que los criterios estén muy objetivados, es decir, lo menos sometidos a la subjetividad, y que por tanto se profesionalice, se evalúe y se mejore la calidad del sistema en su conjunto, mejorando la calidad de los directivos y mejorando en consecuencia la calidad y la excelencia de los educandos.


En definitiva, desde Unión Progreso y Democracia consideramos que es una proposición de ley positiva, apropiada, necesaria, que contará con nuestro voto positivo y que en el trámite de enmiendas -si así se nos posibilita porque sale adelante- trataremos de mejorarla en el sentido de mi exposición.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego tenemos que decir que no vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley porque desde nuestro punto de vista, y analizada debidamente la propuesta, en el fondo esta proposición de ley que acaba de defender el señor Gómez Trinidad lo único que representa es un paso atrás, un retroceso democrático de una gran profundidad y, sobre todo, una recentralización de competencias que en este momento están transferidas a las comunidades autónomas y relacionadas con todo el sistema educativo.


Podemos compartir con el señor Gómez Trinidad algunas de las cuestiones que ha planteado aquí, como la necesidad de reforzar la función directiva o mejorar el prestigio social que en este momento tienen los directores o directoras de los centros educativos, pero eso no pasa por una propuesta como la que estamos debatiendo sino por que la Administración, los gobiernos correspondientes, asuman debidamente el papel que corresponde para reforzar esas figuras directivas. Es decir, no hacer de la función directiva de un centro un cargo poco menos que administrativo y muchísimo menos dejar a los directores o directoras solos ante diferentes problemas y conflictos que resolver, incluso ser los primeros en desacreditarlos o desautorizarlos cuando estos cargos directivos toman decisiones serias y responsables en sus centros. Es la propia Administración la que en muchísimas ocasiones los desautoriza y además lo hace por una razón política, incluso podríamos decir que de interés electoral.


Por tanto, en la medida en que en esta proposición de ley no se busca mejorar el papel de la Administración educativa sino crear un cuerpo especial de directores -por cierto, señor Gómez Trinidad, las mujeres pueden llegar a ser buenas directoras independientemente de su forma de selección-, hay una cuestión que nos indica que la razón de la propuesta que nos hace es otra. Señor Gómez Trinidad, yo también he hablado con la comunidad educativa, profesorado, directores, directoras, ampas, etcétera, e incluso trasladaría aquí una definición que me hizo una persona, y es que realmente lo que parece con esta propuesta del Partido Popular es que la Administración quiere resolver el conflicto que en este momento existe poniendo gobernadores civiles en los centros educativos.
Es decir -lo dice además la propia exposición de motivos de la propuesta-, lo que se pretende no es que el director sea representante del centro educativo ante la Administración sino que sea el representante de la Administración en el centro educativo. Por tanto, señorías, no podemos apoyar esta propuesta.


Otra razón de peso que avala la definición que hacemos de un paso atrás en el proceso democrático de elección

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de directores de los centros educativos es que se reduce la participación.
No podemos entender que, por un lado, el señor Gómez Trinidad nos diga que la propuesta se hace a requerimiento o por solicitud de la comunidad educativa y, por otro, se reduzca la participación de la comunidad educativa en la elección de esta persona que vaya a ejercer la dirección.
Desde nuestro punto de vista esto está enmarcado en esa cuestión política e ideológica que, como decíamos antes, podemos definir como la presencia de un gobernador civil en el centro, lo cual supone que el mandato de estas figuras directivas incluso se considera de cuatro años que podrán prorrogarse. En este caso, en la renovación de esa función directiva ya no participaría en absoluto ningún otro aspecto de la comunidad educativa, pues se podría prorrogar durante el tiempo que la comisión de la Administración así lo indicara.


Por lo tanto, no vamos a votar a favor; sí votaríamos a favor de cualquier iniciativa que pretendiera reforzar la figura de la función directiva, amparando a los directores, garantizándoles por supuesto ese respaldo de la Administración que en este momento no tienen y que en muchos casos desacredita la función que están haciendo. Esta, en todo caso -volvemos a decir-, es un retroceso democrático y sobre todo un retroceso de las competencias que tienen en este momento las comunidades autónomas y de la participación de la comunidad educativa.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Señor Tardà, tiene la palabra.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, debo decir que las iniciativas del Partido Popular relacionadas con la educación, las que nos han ido planteando en los últimos tiempos, al menos nos han permitido conocer de forma clara lo que nos va a caer encima si por desgracia ustedes ganan las próximas elecciones. Ustedes nos proponen un viaje a la regresión, cambiar, en definitiva, la orientación y el sentido de las agujas del reloj del progreso, regreso al clasismo de la LOCE, musculación de las competencias del Estado en detrimento de las autonómicas y ataque a las lenguas catalana, vasca y gallega, tal y como se ha llevado a cabo en el País Valencià, les Illes -se verá prontamente-, Galicia e incluso Navarra. Ciertamente existen otras responsabilidades que afectan al Gobierno pero no es el momento de analizarlas. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Yendo a las cosas concretas, señor Gómez Trinidad, compañero Gómez Trinidad, me sorprende que siga instalado en el reduccionismo. Usted está abonado a una fórmula absolutamente simplista, una fórmula patrón que igual vale para un roto que para un descosido. Sirve para encarar la problemática de la inmigración, también la problemática de la reforma judicial o el tema que nos atañe hoy. Es una fórmula patrón, que se concreta en reducir la complejidad de todas las problemáticas -máxime en una coyuntura de crisis económica como la actual y, por ende, de agudización de los conflictos sociales y de estrés del sistema público- a un discurso fácil, que intenta asociar perversamente la eficacia e inmediatez de las soluciones a un mayor intervencionismo de la Administración. ¡Vaya paradoja en ustedes, que son los que predican la libertad! ¿A qué viene esta aversión a la libertad en forma de aversión a la autonomía de los centros escolares? ¿No son ustedes los abanderados de las libertades? ¿Qué miedo tienen ustedes a la autonomía de los centros escolares? Por eso hoy nos traen a debate una proposición de ley que pretende modificar cuatro artículos de la Ley Orgánica de Educación, por cierto, los cuatro artículos que también son considerados de competencia básica a fin y efecto de profesionalizar la función directiva, fortalecer la dirección escolar y su liderazgo. Digo que todos tienen el carácter de competencia básica, al amparo de las competencias que corresponden al Estado, y ello no ha impedido que, por ejemplo, en Cataluña hayamos podido legislar, sin entrar en contradicción con la ley orgánica española, la LOE, la Ley de Educació de Catalunya y todo lo que se ha desprendido de su desarrollo.


Yo sé que no coincidimos en los criterios, pero es que, además de estar alejados en la concepción misma de los criterios, esta proposición de ley es innecesaria. Repito, sin entrar en contradicción con la LOE, las autonomías que así lo han deseado han desarrollado sus propias leyes de educación. Digo que en Cataluña lo hemos hecho y, en cambio, hoy ustedes nos plantean adicionar un nuevo apartado f) bis al artículo 132 de la LOE, a fin y a efecto de dotar al director de la máxima autoridad en la resolución de los conflictos. Debo decir que uno se pregunta, atendiendo además a la rigurosidad a la que nos tiene acostumbrados, por qué no ha especificado a qué conflicto se refiere. ¿Se refiere a conflictos generados por estudiantes? ¿A conflictos generados por el profesorado? Porque usted además no lo menciona. Y debo decirle que la vigente redacción de este artículo en la LOE nos parece muy correcta por cuanto introduce -¡atención, señor Gómez Trinidad!- un poco más de modernidad, introduce elementos educativos en la resolución de conflictos que van más allá de las simples medidas disciplinarias, como favorecer -¿a que le suena?, ¿a que le suena, señor Gómez Trinidad?- la convivencia y garantizar la mediación. ¿O es que usted no es un pedagogo? ¿Somos pedagogos o somos funcionarios de orden público? Lo mismo sucede con la referencia explícita a las competencias atribuidas al consejo escolar que fija el vigente artículo de la LOE cuando remite al 127 f) de la misma ley: conocer las resoluciones de conflictos, la posibilidad de revisar la decisión adoptada. Creo que este es el principal núcleo del problema y por el cual ustedes optan por la modificación de este artículo, porque aun cuando no se atreven a plantear la supresión de la

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competencia del consejo escolar -no se atreven-, sí que están a favor de limitarla. Esta es la razón oculta: limitar las capacidades del consejo escolar, del parlamento del centro escolar, y especialmente limitar las competencias de los padres y de las madres en la resolución de conflictos. Señor Gómez Trinidad, la Ley del Educación de Cataluña introdujo en el artículo 14.9 la consideración del director como autoridad pública que goza de presunción de veracidad en sus informes -¡atención!-, excepto cuando se provea lo contrario. Fíjese que diferencia entre autoridad pública y lo que he dicho después con su concepto de -entrecomillado- máxima autoridad.


De igual manera, nos plantean la modificación del artículo 135, es decir, el relativo al procedimiento de selección del director. Y yo le pregunto: ¿Cómo podrán hacerlo los centros de titularidad municipal para seleccionar a sus directores con su formula? No deja de sorprenderme que en su propuesta se vete la presencia de los municipios en esta cuestión, máxime cuando se trata de sus propios centros. Yo no creo que el Partido Popular considere a la Administración local como Administración educativa, ya que no lo manifiesta en la proposición de ley. Por cierto, la Ley de Educación de Cataluña sí que lo hace. Sin embargo, lo más problemático es la proporción que se plantea para la comisión que tiene que seleccionar al director. Se pasa -¡atención!- de los tercios actuales de la LOE -Administración, profesores y comunidad educativa, es decir, alumnos, padres y ayuntamiento- a un 70 por ciento de la Administración y a un 30 por ciento de representantes del centro. De este 30 por ciento, nos dicen, al menos un 50 por ciento será del claustro de profesores de dicho centro y el resto de los representantes de los padres de alumnos.
Fíjense, pues, que podría darse el caso de situaciones de marginación absoluta de los padres en esta decisión.


Señorías, a partir de la Ley Orgánica de Educación, y al menos por lo que más conozco, que es el caso catalán, ya he dicho que se legisló la Ley de Educación catalana, y en esta ley catalana quedan muy bien fijadas las responsabilidades y funciones de la dirección: autoridad pública que ejerce la dirección pedagógica y se convierte en el jefe de todo el personal. Luego, gracias a la ley, el anterior Gobierno del tripartito elaboró un decreto de dirección que permite dotar a los directores de mayores capacidades, ciertamente para poder afrontar los retos de los centros en cuanto a ganar en eficacia y funcionalidad. Pero todo ello sin menoscabar la autonomía del centro y sin cuestionar el control democrático a través de la participación de la sociedad mediante el consejo escolar, y por supuesto mediante la evaluación positiva del proyecto y de la función desarrollada por parte de la dirección, porque el aspirante a director es el que tiene que presentar un proyecto de dirección, es decir, la aplicación del proyecto educativo para el periodo de mandato e incorporar el procedimiento de evaluación de su mandato una vez concluido; en definitiva, representantes del centro educativo designados por el consejo escolar y por el claustro, representantes de la Administración educativa y por representantes del ayuntamiento en donde está ubicado el centro escolar.


Se me ocurre un largo listado de problemas de la educación a resolver con urgencia para que hoy aspiren a que les demos apoyo -sería un apoyo suicida- a una proposición de ley que va directa al populismo, que recela de la capacidad y la responsabilidad de la comunidad escolar, que es tanto como decir que recela de la ciudadanía.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta, desde el escaño brevemente.


A nosotros no nos temblaría el pulso si hubiera que modificar algunos apartados de la LOE. De hecho, a iniciativa del propio Gobierno, como bien ha señalado el señor Gómez Trinidad, ya se han modificado. Podría darse el caso de que fuera interesante en algún ámbito debatir de manera que los diferentes grupos pudieran presentar sus enmiendas sobre algún aspecto concreto de la legislación actual. A lo que no estaríamos dispuestos, ya se lo aseguro, es a crear una subcomisión para hablar, por ejemplo, del modelo efectivo de dirección de control. Bastantes subcomisiones tiene esta casa que además tampoco es que hayan dado luego muchos resultados.


De todas maneras, no nos parece que focalizar en este aspecto concreto una modificación de la ley sea verdaderamente necesario. Me ha sorprendido que la mayor parte de su intervención se haya centrado en el artículo 132 y luego apenas haya pasado muy por encima de lo que, a tenor del volumen del texto, es la mayor parte de la proposición de ley. Cada uno cuenta la feria según como le va en ella, y es probable que en algunos centros educativos haya un problema importante de autoridad y del ejercicio de la autoridad por parte de la dirección, pero si tuviéramos que debatir sobre la dirección de los centros educativos creo que habría que poner el acento más en otros aspectos. Usted ha definido muy bien que el director es un auténtico gestor de recursos y se le pide un liderazgo pedagógico, que no es fácil cuando las retribuciones económicas son magras, cuando la dedicación exigida para llevar a cabo estos objetivos es importante en términos de horas y cuando se exige, por tanto, mucha responsabilidad pero con poco margen de maniobra para poder ejecutar esta responsabilidad. Quizá deberíamos debatir, eso sí, sobre el margen de gestión que tienen los directores para llevar adelante los proyectos pedagógicos que se les exigen, sobre la capacidad para gestionar sus plantillas, sobre la capacidad para disponer de la gente adecuada para llevar adelante determinados proyectos.


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Tampoco es que después se modifique enormemente el texto de la LOE en lo que usted está proponiendo. Está la cuestión de la comisión de nombramiento de director, y es evidente que se pretende dar, a tenor de lo que usted ha presentado, más peso en la toma de esas decisiones, incluso mayoría absoluta, a la Administración. Nos parece que podría ser perfectamente discutible o modificable el peso de la Administración, quizás no tanto en el grado que ustedes le quieren dar, pero es un asunto, este de la composición de la comisión, que puede ser objeto, ¿por qué no?, de discusión. Más allá de eso, y a pesar de que ha habido alguna otra intervención en la que se señalaba que aquí luego no se evalúa el trabajo, etcétera, uno lee la ley actual y la propuesta que han hecho y la verdad es que los títulos no se modifican sustancialmente. De hecho, la evaluación se prevé en el artículo 136.3, por ejemplo, y ustedes lo dejan inmaculado, tal y como está el texto de la LOE.


Otra novedad que podría haber es la existencia, aunque tampoco se deja muy claro en el texto, de una nueva categoría de directores dentro del sistema educativo. Yo diría que de facto en algunas comunidades autónomas y en desarrollo de la ley se viene practicando esto, un reconocimiento de un estatus, de mantenimiento de ese estatus para el acceso, para la continuación a otros puestos de dirección. No puedo aceptar que se diga que se incurre en una alegalidad por parte de la legislación básica del Estado si no regulamos más materias que han sido reguladas por las comunidades autónomas. Precisamente quiero señalar lo contrario, lo básico debe atenerse a lo concreto y las capacidades de las comunidades autónomas para desarrollarlo deben quedar intactas. El hecho de que haya un desarrollo particular de cada territorio no significa que se produzca un vacío por parte de la normativa estatal porque esta normativa debe circunscribirse a lo básico. Precisamente en este sentido de lo que le menciono ahora de ese supuesto vacío legal me ha convencido la oposición en su intervención. La señora Díez me acaba de convencer. Yo tenía intenciones de que nuestro grupo se posicionara con una abstención ante su proposición, pero la verdad es que después de oír su discurso y hablar a la señora Díez de enmiendas en las que van a proponer cuerpos nacionales, etcétera y otras medidas de marcado carácter tradicionalista me han convencido de que lo mejor es votar que no a esta iniciativa.
Demos oportunidad -ya sé que hay ocasiones en que los informes se eternizan, espero que en esta ocasión no sea así- además a que la señora Pigem, promotora de que se hiciera un estudio sobre esta problemática de los directores, sobre la autoridad de los directores, pueda precisamente estar encima presionando para que este informe salga a la luz y demos tiempo al tiempo. Veamos qué da de si y si verdaderamente vemos que hay una problemática abordémosla, pero de manera puntual, no abriendo un debate tan amplio.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Gómez Trinidad, desde Convergència i Unió nos acercamos a la proposición de ley que hoy nos trae a debate el Grupo Popular compartiendo el propósito o al menos uno de los propósitos de la misma, que es la necesidad de fortalecer la dirección escolar; concretamente y en lo que a mi grupo parlamentario se refiere, la necesidad de reforzar la figura del director en la resolución de conflictos que puedan surgir en la escuela. Efectivamente, ustedes lo recordarán, tal como tuvimos ocasión de exponer hace escasamente dos semanas en la Comisión de Educación donde debatimos una proposición no de ley, esta de mi grupo parlamentario, en la que impulsábamos la necesidad de reforzar la figura del director en la resolución de conflictos decíamos ya entonces que el buen clima escolar es una de las condiciones esenciales para poder conseguir una educación de calidad que no podemos olvidar que es uno de los principios fundamentales que presiden la Ley Orgánica de Educación.
Es evidente que en la consecución de que la convivencia en las aulas sea la adecuada para poder impartir la docencia en las condiciones necesarias para que los alumnos puedan adquirir conocimientos el director es una figura clave para poder atajar, cuanto más embrionariamente mejor, los conflictos que se puedan ocasionar, lo cual exige una potestad disciplinaria adecuada y suficiente. Por ello, considerábamos necesario, y proponíamos, reforzar su figura en la resolución de conflictos de manera que, a diferencia de lo que sucede ahora, el consejo escolar únicamente pudiera modificar o dejar sin efecto las medidas disciplinarias adoptadas por el director cuando las mismas no se atuvieran a la normativa vigente. Hoy, para que el consejo escolar pueda modificar las medidas adoptadas por el director la ley no exige razón ninguna, basta con que el consejo así lo decida. Y aunque consideramos conveniente la existencia de una segunda instancia, la del consejo escolar, porque los directores evidentemente se pueden equivocar y hasta pueden actuar arbitrariamente, no pueden tampoco sus decisiones estar a expensas de una revisión en materia de disciplina que no deba ajustarse a unas pautas preestablecidas legalmente. Ha de haber unas previsiones legales para poder sancionar y ha de haber unas previsiones legales para poder revisar esta decisión. Esta era nuestra propuesta. Esto es lo que nosotros desde Convergència i Unió solicitábamos y, como ya he dicho, es un propósito que, si bien puede coincidir con la música de lo que hoy estamos debatiendo, no coincide tanto con la letra. Es más, Convergència i Unió tiene presentada una proposición de ley para modificar este aspecto de la LOE y en un primer momento valoramos la posibilidad, incluso, de

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acumularla a la del Grupo Popular que estamos viendo para ser tramitada conjuntamente en el caso de prosperar su toma en consideración, si el calendario que resta de la legislatura así lo permitía. Sin embargo, no lo hemos hecho, y no lo hemos hecho por razones de fondo, por razones de oportunidad y por razones, sobre todo, de coherencia con nuestros propios actos. Razones de fondo que aluden a que, aunque podamos coincidir con algún aspecto concreto, no podemos dejar de señalar que el modelo educativo que defienden el Grupo y el Partido Popular y el de Convergència i Unió son distintos, especial y principalmente, pero no únicamente, porque el Grupo Popular propugna una recuperación de competencias por parte del Gobierno central y una laminación de competencias a las comunidades autónomas a la que, desde Convergència i Unió, no hemos dado y no vamos a dar apoyo.


Votamos ya en contra de la Ley orgánica de calidad de la educación por este motivo, y no podemos olvidar que durante los años de mandato socialista las propuestas del Grupo Popular en lo que a educación se refiere han sido básicamente la reiteración de lo propuesto en la Ley orgánica de calidad de la educación. Así se dice también de la que estamos viendo en cuanto a su exposición de motivos, así lo ha mencionado en su intervención el señor Gómez Trinidad y lo ha completado en la suya doña Rosa Díez cuando ha aludido a la necesidad de los cuerpos nacionales, etcétera. Además, hemos ido viendo en otras iniciativas -la señora Fabra lo recordaba en su intervención en la pasada sesión de la Comisión de Educación- que nuestro modelo educativo y el del Grupo Popular están muy distantes. De esta manera Convergència i Unió no ha podido dar apoyo ni a la iniciativa presentada por el Grupo Popular, relativa a revisar la normativa de los derechos y deberes de los alumnos, ni a la iniciativa de reconocimiento de la autoridad del profesorado, porque en los dos casos se pretendía minimizar la capacidad de autogobierno y de dictar legislación propia por parte de la autonomías, cuando muchas de ellas la han dictado ya, como es el caso de Cataluña, y todo ello en beneficio de una recentralización de competencias. Este es un modelo que desde Convergència i Unió no vamos a apoyar. Nosotros no vamos a estar de acuerdo con un mensaje del Grupo Popular que asocia la necesidad de recuperar competencias por parte del Estado con una pretendida mejora del sistema educativo. No vamos a estar de acuerdo con una visión del Estado que desconfía de la actuación de las comunidades autónomas. ¿Hemos de mejorar? Naturalmente. Hemos de mejorar resultados, pero desde el reparto competencial que nos hemos dado.


Razones he dicho, por otra parte, de oportunidad. El Grupo Popular ha insistido menos, pero nos plantea también una revisión en cuanto a la elección de la dirección y nos propone pasar a una profesionalización.
Nosotros podemos estar de acuerdo en ir, cada vez más, hacia una profesionalización, pero esta propuesta en este momento no nos parece oportuna. Y no nos lo parece porque el Gobierno de Cataluña, en ejecución de lo que dispone la Ley de Educación de Cataluña acaba de promulgar en este momento el decreto de dirección y francamente entendemos que hay que darle un recorrido, ver si es suficiente y adecuada la normativa que tenemos o ver si realmente hay que modificar algo. Nosotros no nos oponemos. Creemos que no es el momento oportuno. Por último, fundamentalmente nosotros no hemos acumulado nuestra iniciativa, ni vamos a poder apoyar la iniciativa del Grupo Popular por una cuestión de coherencia. Hace dos semanas acordamos en Comisión, y así se votó y se aprobó, que previo a la modificación de la Ley Orgánica de Educación, en cuanto a la capacidad disciplinaria de la dirección, se hiciera desde el Observatorio estatal de la convivencia un estudio sobre la situación de disciplina en las aulas basado en los datos suministrados por las comunidades autónomas. En definitiva, saber primero cuál es el mapa real de la situación. Es evidente que en dos semanas este estudio no puede estar hecho, como es evidente también que para Convergència i Unió esto no va a ser un pretexto para aparcar este tema. Vamos a plantear preguntas parlamentarias -creo que esta tarde entramos ya en la primera- y a ejercer nuestro deber de control del Gobierno para conocer si se hace este estudio y en cuanto tiempo se va a tener hecho. En último caso, siempre podremos plantear nuestra propia proposición de ley, pero entendemos que la coherencia pasa por dar un margen de tiempo razonable para tener este mapa de situación y poder abordar en su caso la propuesta de reforma con datos que refuercen y avalen la necesidad de la misma.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):Muchas gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martínez López.


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, no se ha esforzado mucho el Grupo Parlamentario Popular con esta proposición de ley. Forma parte de la serie que ha venido presentando en esta legislatura para restablecer literalmente la LOCE, derogada en 2006 con la promulgación de la LOE. En este caso, la proposición de ley que hoy debatimos supone el restablecimiento del modelo de dirección de centros educativos de aquella ley. Las prescripciones que establece repiten literalmente el texto de la LOCE. Véase, apartado 2: La propuesta de modificación del artículo 135 de la LOE coincide literalmente con el artículo 88 de la LOCE. Apartado 3: La propuesta de modificación del artículo 136.1 coincide literalmente con el artículo 89 de la LOCE. En el apartado 2 se añade una frase que proviene del artículo 92.2 de la LOCE, y en la misma situación, la disposición transitoria única que coincide literalmente con la disposición transitoria tercera de la LOCE. Es decir, el Grupo Parlamentario Popular vuelve

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a mirar atrás en materia educativa. No creo que eso sea, como decía hoy su portavoz, adaptarse a los tiempos. Vuelve a su conocida estrategia de presentar periódicamente partes de la LOCE para tratar de volver a implantarla y siempre con el mismo argumento: la mala situación y el estancamiento del sistema educativo. Por cierto, no tiene en cuenta la evolución habida en el último año de mejora del rendimiento escolar con reducción del fracaso y del abandono, lo que ha llevado hoy al señor Gallardón a decir algo que solemos repetir. En unas jornadas a jóvenes emprendedores les ha dicho: Sois la mejor generación formada de nuestra historia. Entiendo que debería de haber una cierta coherencia con estas apreciaciones. En fin, volviendo al tema que nos ocupa, mientras que los directores de centros educativos y sus organizaciones debaten sobre cómo reforzar la autonomía de los centros, o cómo afrontar con garantías la educativa, o incluso están haciendo un llamamiento a ciertas administraciones educativas donde gobierna el Partido Popular para que les den la información necesaria para una buena gestión, lo que le preocupa hoy al Grupo Parlamentario Popular es volver a traer aquella ley derogada.


Vamos a votar lógicamente en contra de esa proposición de ley, además de por todo ello, por las siguientes razones. Primero, porque la modificación del procedimiento de selección del director que se propone supone la disminución drástica de la participación real de la comunidad educativa al reducirla a un testimonial 30 por ciento sin capacidad alguna de decisión en un tema tan importante para el funcionamiento de un centro educativo. Ese papel irrelevante del consejo escolar y en gran medida del claustro de profesores puede dar lugar a directores muy alejados de la comunidad educativa, a proyectos que no se puedan llevar a cabo y, en definitiva, a aumentar la posibilidad de conflictos internos en los centros. Por tanto, el modelo que plantea el Grupo Popular no garantiza las finalidades que la proposición dice perseguir. El mayor alejamiento de la comunidad educativa del proceso de selección de directores puede dar lugar precisamente a lo contrario, en la medida en que un director que se percibe como impuesto difícilmente logra el reconocimiento que requieren el liderazgo y la autoridad educativos.
Señorías, este grupo no comparte en absoluto que el liderazgo y reconocimiento de la dirección de un centro educativo estén directamente relacionados con la merma de la participación de las familias y de los profesores del centro ni que la eficacia esté reñida con la democracia.


En cuanto a la modificación de la propuesta del artículo sobre nombramiento de los directores podemos decir que llega a ser irrelevante o incluso inapropiada en algunos casos porque el grado de detalle es innecesario y puede invadir competencias de las comunidades autónomas, lo que ya están haciendo ahora mismo; en otros casos porque lo que hace es recoger lo que la propia LOE prevé. Este grupo apoya y defiende la mayor profesionalización de la dirección pero entendemos que los mecanismos actuales contemplados en la Ley Orgánica de Educación ya lo posibilitan.
Quiero recordar que ya la LOE incorporó ciertos aspectos de la LOCE, aquellos que se consideraron aceptables, de tal forma que en este apartado no hubo modificación alguna respecto al conjunto que vino propuesto por el Gobierno.


Quiero hacer referencia a un punto, el apartado 1, que se incorpora a esta proposición de ley, que es nuevo y que está relacionado con la imposición por parte de los directores de medidas disciplinarias de carácter inmediato. Eso sí -creo que lleva razón alguno de los portavoces que han intervenido-, no concreta si esas medidas disciplinarias van dirigidas al conjunto del personal del centro, a los alumnos o a ambos, puesto que únicamente habla de medidas disciplinarias. Sin embargo, como bien ha señalado la señora Pigem, ya tuvimos un amplio debate recientemente en la Comisión de Educación sobre un tema relacionado con este y alcanzamos un acuerdo razonable y sereno que, por cierto, el Grupo Popular no suscribió. Efectivamente entendemos que esa es la línea que hay que seguir.


Señorías, esta propuesta de modificación de la LOE no está motivada en informes o evaluaciones que señalen un mal funcionamiento del sistema actual de la dirección, toda vez que los primeros directores nombrados por este sistema LOE lo fueron en el año 2007 y terminan su primer periodo de nombramiento en el año 2011. No ha habido por tanto ocasión de hacer una valoración suficientemente informada y serena sobre el funcionamiento del sistema, pero tampoco han aparecido signos que hagan pensar en la necesidad de la reforma inmediata. Señorías, el Grupo Socialista, tanto en la LOE como en las leyes autonómicas que hemos desarrollado, bien con el apoyo de otros grupos bien incluso en algunos casos con el apoyo del Grupo Popular como es el caso de Extremadura, hemos apostado por una dirección sólida y reconocida con más competencias y atribuciones para una gestión eficaz. Un modelo en el que el director o directora -las directoras son magníficas, por cierto- representa a la Administración educativa y ostenta la representación del centro, en el que es responsable de la organización y funcionamiento de todos los procesos y además ejerce la jefatura de personal.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Martínez, por favor.


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Sí, voy terminando.


Un modelo que afianza el liderazgo pedagógico y la autoridad educativa y que establece puentes de encuentro con el conjunto de la comunidad educativa fomentando su participación. Ahora bien, señorías, esto es lo que le corresponde hacer a las comunidades autónomas en un desarrollo adecuado de la Ley Orgánica de Educación. Lo que sucede es que, dependiendo de las políticas que se impulsan en las comunidades autónomas, se establecen unos modelos de auténtica autonomía y apoyo a

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la dirección o no. Sería bueno que se revisaran esas políticas para que el apoyo a la dirección y a su profesionalización fuera real y efectivo para ellos y para el conjunto de la comunidad educativa.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Martínez.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE REFORMA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, EN MATERIA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
(Número de expediente 122/000274.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se reforma la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en materia de ejecución hipotecaria. Para defender la proposición de ley tiene la palabra el señor Jorquera.


EL señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la legislación procesal hipotecaria y civil vigente impide que los juzgados adopten medidas intermedias que concilien el derecho de los bancos a que se les pague la deuda hipotecaria contraída con el derecho de los ciudadanos a poder acceder a una vivienda digna. La rigidez del marco procesal no admite siquiera un proceso donde se analicen alternativas diferentes al pago total e inmediato de la deuda vencida.
Esta situación es la que pretendemos corregir. La presente proposición de ley defiende una reforma que permita ponderar adecuadamente los intereses en conflicto en caso de ejecución hipotecaria cuando el deudor ha actuado de buena fe y el inmueble sobre el que se ha producido la garantía hipotecaria constituya su vivienda habitual, de forma que existan causas legales de oposición que puedan ser valoradas por los juzgados y tribunales en función de la situación económica y social del deudor y no solo en relación con la posición de privilegio del acreedor.


Las alternativas legales que se proponen consisten, por un lado, en admitir en determinadas circunstancias la dación en pago como cancelación de la totalidad de la deuda hipotecaria y, por otro, en introducir un proceso de negociación en los procesos ejecutivos hipotecarios que conduzca a cualquiera de las siguientes soluciones: una moratoria en el pago de los plazos pactados acomodándolos a la situación económica del deudor, la transformación de la hipoteca en un contrato de arrendamiento con opción a compra o la condonación parcial de la deuda. Suscitamos, por lo tanto, una cuestión que ya ha sido planteada en distintas ocasiones por otros grupos, contando siempre con el apoyo del BNG, y que incluso ha motivado que se promueva una iniciativa legislativa popular; una cuestión que pretende resolver un problema social de primer orden.


El acceso generalizado a la vivienda durante los años de expansión económica e inmobiliaria tuvo lugar a través de la vivienda en propiedad, y en la inmensa mayoría de los casos la adquisición de la vivienda ha ido pareja a una financiación hipotecaria. Debido al estallido de la crisis económica y al incremento del desempleo, miles de ciudadanos que accedieron a una vivienda en propiedad durante el periodo de bonanza a través de préstamos hipotecarios están atravesando una delicada situación que les impide afrontar el vencimiento de los créditos. En muchos casos estos ciudadanos y sus familias se ven abocados a abandonar su vivienda y, además, en numerosas ocasiones, aun entregando la vivienda como pago a la deuda contraída, no se produce su resarcimiento total, quedando un saldo vivo a favor de la entidad financiera que mantiene la reclamación de pago sobre otros bienes de las personas que han perdido la vivienda o de sus avalistas, situación que por lo tanto arrastra al entorno social y familiar del deudor. Esta situación tiene su origen en el excesivo y artificial valor alcanzado por las viviendas durante el periodo del bum inmobiliario, que se ha traducido en un descenso inmediato tras el estallido de la burbuja.


Según informaciones solventes, los juzgados españoles recibieron en 2007 casi 26.000 ejecuciones hipotecarias y en 2010 esta cifra prácticamente se ha cuadriplicado hasta rondar las 94.000. Se estima que el número de ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis sobrepasa claramente las 300.000. Además, el Consejo General del Poder Judicial, en su informe La justicia dato a dato, señala que en el primer trimestre de este año se ha producido un incremento del número de desahucios del 36,9 por ciento con respecto al mismo trimestre del año anterior. Señorías, en los últimos tres años 250.000 familias han tenido que abandonar su casa por desahucios, datos todos ellos que hablan por sí solos de la magnitud de un problema que aboca a cientos de miles de familias a una situación al borde de la exclusión social, un problema que además puede agravarse con la subida de los tipos de interés.


Señorías, las entidades financieras tienen una importante responsabilidad en esta situación. Su irresponsable política inmobiliaria y crediticia en el periodo de bonanza, unido a la falta de un control público eficaz, incentivó la expansión de la concesión de créditos hipotecarios de manera paralela al engorde de la burbuja inmobiliaria. A medida que crecía exponencialmente el precio de la vivienda, también se relajaban las facilidades para la concesión de créditos por parte de las entidades, inmersas además en una competencia total y absolutamente desmedida. En ese contexto llegó a financiarse hasta el 120 por ciento del valor de las nuevas viviendas, con cuotas que en algunos casos incluso podían pagarse a cincuenta años. Así se originó un vertiginoso crecimiento del endeudamiento familiar, que había sido alertado por diversas instituciones, como es el caso del Comité Económico y Social de la Unión Europea en el año 2002, la Asociación de usuarios de bancos, cajas y

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seguros de España en el año 2003 o el propio Fondo Monetario Internacional en 2004, indicando además que el principal factor que causaba dicho aumento era el crédito hipotecario. El grado de esfuerzo neto mensual para sufragar el acceso a la vivienda sobre la renta familiar representó en este periodo nada más y nada menos que el 30 por ciento de la renta familiar. En este periodo una familia media hubiese tardado más de siete años en pagar una vivienda, en el caso de que pudiese destinar a este fin absolutamente todos sus ingresos. La tasa de endeudamiento familiar con relación a la renta bruta disponible alcanzó el 125 por ciento en 2006.


Señorías, los contenidos de esta proposición son razonables, sensatos y equilibrados. Es una propuesta equilibrada porque si las malas prácticas de la banca han contribuido de manera determinante a generar la burbuja inmobiliaria, también es lógico, justo y razonable que la banca asuma parte de sus costes; una banca, por cierto, que está practicando ahora una competencia desleal con los pisos de su propiedad, fruto de la ejecución de embargos por el impago de créditos hipotecarios. Es habitual que los bancos, cuando un cliente acude a una entidad para negociar un crédito hipotecario para adquirir una vivienda, presionen al cliente para que adquiera una vivienda propiedad de la entidad financiera, ofreciendo, de ser así, unas condiciones crediticias mucho más ventajosas. Incluso, en algunos casos, las entidades financieras condicionan totalmente la concesión del crédito a que sea adquirida alguna de las viviendas o locales que son propiedad de la entidad financiera. Son prácticas de competencia total y absolutamente desleal que están acentuando la ya de por sí grave crisis que padecen muchos pequeños promotores y constructores de viviendas. Esa es una de las razones, entre otras, por las que también defendemos en esta proposición elevar hasta el 70 por ciento del valor de tasación el mínimo para que el acreedor del préstamo pueda adjudicarse la vivienda si la subasta queda desierta. Por tanto, nuestra propuesta es equilibrada, pues si, como decíamos, la política de la banca ha contribuido a generar esta situación, también es lógico que asuma parte de sus costes.


Es equilibrada, además, señorías, porque el derecho de las entidades acreedoras a que les sea resarcida su deuda hay que conciliarlo con el derecho de toda persona a una vivienda y a una vida dignas, dos derechos básicos consagrados por la Constitución. Es equilibrada porque la dación en pago se contempla como una de las opciones posibles y en determinadas circunstancias, proponiendo también otras alternativas que ponderen los intereses en conflicto y los derechos a proteger, algunas de las cuales, como por ejemplo la conversión de las hipotecas en contratos de arrendamiento con opción de compra, en muchos casos repararían a las partes en conflicto de manera mucho más satisfactoria que la simple mal subasta, en la mayoría de los casos, de los inmuebles hipotecados.


Señorías, muchos de ustedes se preguntarán por qué el Bloque Nacionalista Galego defiende hoy esta proposición de ley, cuando esta misma Cámara ha acordado en el Pleno de la pasada semana la creación, en el marco de la Comisión de Vivienda, de una subcomisión de análisis y posible reforma del sistema hipotecario español. En primer lugar, señorías, nuestra proposición de ley se registró mucho antes de que se decidiese constituir esta subcomisión, y hasta hoy no dispusimos de cupo para poder defenderla y votarla en este Pleno. Al margen de esta circunstancia, creemos que la toma en consideración de esta proposición es perfectamente compatible con los trabajos de la subcomisión, porque hoy, señorías, lo que se vota es la admisión a trámite de esta proposición, un trámite parlamentario lo suficientemente largo como para que en la misma puedan tener reflejo las conclusiones de la subcomisión si las hubiere. Sobre todo, señorías, lo hemos hecho por responsabilidad política y por pedagogía y lo hacemos también -no lo ocultamos- como advertencia. Por responsabilidad política y pedagogía porque en esta Cámara tienen que tener reflejo las preocupaciones de los ciudadanos. Esta Cámara tiene que actuar ante lo que sin duda se está constituyendo en un auténtico drama social. Existe una demanda social, un problema social de primer orden y es necesario dar pasos concretos y tangibles para intentar resolverlo. Nos parecen muy bien los análisis y los estudios, pero hay que ser propositivos y hay que mojarse a la hora de articular soluciones.


Lo hemos hecho, señorías -como decía-, también como advertencia, porque no nos gustaría que la subcomisión fuese una simple maniobra de distracción para hacer ver que se hace, mientras se elude asumir compromisos concretos para resolver los problemas. Lo ocurrido en el Senado la pasada semana al rechazarse las enmiendas que pretendían acabar con el carácter abusivo de las cláusulas suelo en las hipotecas es un mal precedente en este sentido. Ya conocen ustedes el dicho: si no quieres resolver un problema, crea una comisión. Señorías, no se llamen a equívoco, ni siempre ha sido así ni tiene por qué ser así. En esta misma legislatura ha habido reformas legislativas importantes que han tenido origen en los trabajos y conclusiones de una subcomisión. Esperamos sinceramente que lo mismo ocurra en este caso. Estamos convencidos de que esta es la pretensión del presidente de la Comisión de Vivienda, que ha trabajado intensamente para que se abordase esta reforma. Estamos convencidos también de que esta es la intención de los distintos grupos que han presentado y defendido en esta Cámara múltiples propuestas de reforma en esta misma dirección, como es el caso, por ejemplo, del grupo de Convergència i Unió o del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Pero nos tememos -si examinamos el precedente de esos debates- que esa voluntad de reforma no sea compartida por el partido del Gobierno ni por el principal grupo de la oposición.


Señorías, estas son las razones por las que mantenemos esta proposición.
De ser rechazada bajo el argumento de que ya está constituida una subcomisión,

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daremos traslado inmediato de los contenidos de esta proposición de ley a la subcomisión en forma de propuestas del Bloque Nacionalista Galego, pero advertimos, señorías, de que registraremos también de inmediato otra proposición con los mismos contenidos, y si concluidos los trabajos de la subcomisión no se aborda esta reforma, retomaremos inmediatamente la iniciativa legislativa como grupo parlamentario. Por esta razón, solicito el apoyo a esta proposición.


Muchas gracias (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.


Señorías, nuestro grupo coincide al cien por cien con la propuesta que nos presenta el BNG hoy para su discusión en esta Cámara y con las palabras de su portavoz en la tribuna. En la exposición de motivos de esta proposición de ley se dice que las alternativas legales que se ofrecen consisten en admitir, por un lado, la dación en pago como cancelación de la totalidad de la deuda hipotecaria, en el caso de deudores de buena fe, y, por otro, en introducir un proceso de negociación en los procesos ejecutivos hipotecarios que conduzca a una moratoria en el pago de los plazos pactados acomodándolos a la situación económica del deudor, a la transformación en un contrato de arrendamiento con opción a compra o a la condonación parcial de la deuda. Es el resumen de la proposición de ley que hoy nos presenta el BNG y en eso estamos completamente de acuerdo, al cien por cien. Estamos de acuerdo y además entendemos que es coherente con las propuestas que también nuestro grupo ha ido planteando en esta Cámara en esta legislatura; igualmente, en la legislatura anterior planteamos algunas proposiciones de ley o proposiciones no de ley en este sentido.


Entendemos que la presente iniciativa parte de la constatación de que la vivienda es un derecho que debe protegerse, y mucho más en el contexto de crisis económica como la que estamos viviendo. Como decía anteriormente, coincide totalmente con nuestra posición. Uno de los elementos clave que permitió la creación de la burbuja inmobiliaria fue la concesión de hipotecas en condiciones de alto riesgo, otorgando préstamos superiores al importe de la vivienda a familias que destinaban más del 50 por ciento de sus ingresos para poderlos pagar y además con unos plazos cada vez más largos. Esta práctica ha contribuido a crear uno de los sobreendeudamientos privados más altos del mundo y lo peor es que se trata de una práctica fomentada por las instituciones financieras ante la pasividad del Banco de España y también del Gobierno y en concreto del Ministerio de Economía y Hacienda. Hasta el día de hoy en nuestro país la provisión de vivienda ha sido una cuestión puramente de mercado. La orientación de las políticas públicas de vivienda se ha centrado en el aumento del PIB y en la creación de empleo y de manera muy subsidiaria en favorecer el acceso a una vivienda digna a precios razonables y con especial preferencia a las capas sociales más desfavorecidas. El resultado ha sido la privatización de los beneficios en la etapa del bum del ladrillo y la socialización de las pérdidas cuando estalla la burbuja inmobiliaria.


Señorías, el Gobierno ha jugado con la vivienda como si fuera un caramelo fiscal y no como un derecho; los últimos ejemplos, primero, con la subida del IVA en julio, y a finales de año anunciando a bombo y platillo el fin de las deducciones. Con la finalidad de que este fenómeno no vuelva a repetirse y que la vivienda sea considerada como un derecho subjetivo, nosotros hemos presentado una proposición de ley para tener derecho a una vivienda digna. Nuestra proposición de ley la centrábamos en los límites en la concesión de hipotecas y en la protección de los ciudadanos ante la crisis económica y entre otros aspectos destacábamos la necesidad de que el pago mensual del conjunto de intereses y amortización del capital no supere el 35 por ciento de los ingresos de la persona o familia o, por ejemplo, que el periodo de amortización nunca sea superior a veinticinco años. Pero limitar los criterios de concesión de futuras hipotecas no es suficiente, porque en la actualidad, como bien se ha dicho, hay muchas personas, muchas familias, que a raíz de la crisis no pueden pagar los créditos hipotecarios y que son víctimas del estímulo al sobreendeudamiento de la burbuja inmobiliaria. Por eso, la propuesta que hoy se pone a discusión nos parece coherente...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Buenaventura.


La señora BUENAVENTURA PUIG: ...y esperamos que pueda pasar a trámite; nuestro voto evidentemente será favorable.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, tal y como se ha dicho, la dación en pago es el ejemplo paradigmático de que vivimos un discurso político al servicio de los mercados financieros y no de las personas. Prefieren arruinar y desahuciar a familias enteras antes de que el banco asuma el precio de su error al otorgar la hipoteca. Es insultante que esas familias paguen la crisis, mientras que los bancos y sus directivos, que son los que nos metieron en ella, no solo no la han

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pagado, sino que continúan aumentando vergonzosamente sus beneficios. Esta es la cuestión.


Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de ejecuciones hipotecarias aumentó algo más de un 8 por ciento en los nueve primeros meses de 2010; los casos ejecutados ya están en 71.187, el triple que en el año 2007, la mitad de ellos en el País Valencià, en Cataluña y en Andalucía, todo ello muy preocupante, máxime teniendo en cuenta que se condena a los que se ven inmersos en la ejecución hipotecaria no solo a la pérdida del bien inmueble hipotecado, sino además a seguir debiendo grandes cantidades de dinero a las entidades de crédito, pues en muchos casos se acaban adjudicando, tal como se ha dicho repetidamente, por el 50 por ciento del valor de tasación. En definitiva, es un sistema que arroja dudas sobre su eficiencia, proporcionalidad y equidad. Por esto miles de ciudadanos se han organizado y lo han traducido en la presentación de una iniciativa legislativa popular para permitir la dación en pago de la hipoteca. Izquierda Unida y otros grupos parlamentarios hemos presentado iniciativas sobre la dación en pago y, además, fruto de nuestra insistencia -la de todos los que nos hemos preocupado por el tema-, se ha creado la subcomisión de análisis y posible reforma del sistema hipotecario. Por ello vamos a votar favorablemente la iniciativa y felicitamos a los compañeros nacionalistas gallegos por esta proposición de ley que propone una reforma de la Ley de Enjuiciamiento y que introduce diversas soluciones al contemplar la previsión de que el bien no pueda ser adjudicado por menos del 70 por ciento del valor de su tasación y prever una causa de oposición cuando se trate de vivienda habitual y exista buena fe del deudor. Todo ello debería otorgar al juez la posibilidad de acordar la dación en pago, la suspensión en el pago hasta tanto no mejore la situación económica de la persona objeto de la ejecución hipotecaria, la condonación parcial de la deuda o la transformación en un contrato de alquiler con opción a compra.
Todo ello, es decir, nuestra actitud, nuestra voluntad de superar esta gran injusticia iniciada hace ya unos meses, repito, a través de una serie de iniciativas parlamentarias hasta esta misma feliz iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, nos lleva a ratificarnos en la necesidad de resolver este problema que supone la manifestación clara y dura de que la crisis la pagan los de siempre, es decir, las clases más desfavorecidas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.


Señor Esteban, ¿va a intervenir su señoría? (Denegación.) Entonces pasamos al Grupo Catalán de Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Grupo de Convergència i Unió va a abstenerse en la votación de toma en consideración de esta proposición de ley. Como ya supongo que intuía el portavoz del Grupo Mixto y diputado del Bloque Nacionalista Galego -amigo Jorquera-, como presidente de la Comisión de Vivienda, en el seno de la cual la semana que viene se va a constituir formalmente esta subcomisión para el análisis del sistema hipotecario español y sus posibles modificaciones, uno tiene que analizar esta propuesta con un máximo rigor institucional. Como también señalaba el diputado Jorquera, él es consciente de que cuando la Cámara ha tomado hace pocos días una decisión trascendente -a nuestro entender, la creación de subcomisiones tiene una notable trascendencia, sobre todo en este mandato, cuando el número de subcomisiones simultáneas que pueden ser autorizadas es limitado, por tanto, se les quiere dar un valor importante-, el hecho de que se haya constituido una subcomisión es un motivo suficiente para que todas aquellas propuestas que los grupos pretendan formular en relación con esta cuestión aboquen a la misma. Este es el motivo básico en virtud del cual Convergència i Unió se va a abstener en la votación consiguiente.


De todas maneras, esta cuestión -que iba a decir que es formal, pero creo que es mucho más que formal, es prácticamente constitucional- no quita para que nosotros demos un valor importante y comprendamos perfectamente que el Bloque Nacionalista Galego haya querido traer una vez más a esta Cámara una proposición de ley en este caso para intentar dar respuesta a una problemática real. Hoy mismo -me refiero a los teletipos que nos dan información- ha habido un intento de ejecución hipotecaria creo que en el barrio de Sant Andreu en Barcelona, con los consiguientes problemas y con las consiguientes muestras de solidaridad por parte de muchos ciudadanos hacia los vecinos que iban a ser objeto de esa ejecución hipotecaria.
Este es un problema cotidiano que afecta a muchos ciudadanos y creo que es bueno que en estos tiempos seamos muy sensibles con los problemas que afectan a los ciudadanos. A pesar de lo que he empezado relatando, uno debe prestar la máxima atención a estos problemas y por tanto nosotros comprendemos perfectamente el planteamiento que hace el Bloque Nacionalista Galego.


No querría entrar más que muy someramente en el análisis concreto de esta proposición de ley, porque en cierta manera sería contradictorio con la explicación que acabo de dar, pero sí me van a permitir, señoras y señores diputados, que haga una acotación que acaso pueda ser útil de cara a los trabajos que va a tener que acometer la subcomisión. Esta no es una cuestión sencilla que tenga una resolución fácil u obvia, sobre la que podamos hacer documentos simplistas. Señor Tardà, no puedo entender esta consideración que hace usted de buenos y malos. Me recuerda a mi juventud cuando jugábamos -usted me entenderá- a indios y vaqueros, que unos eran los buenos y otros los malos; la historia los ha cambiado de lugar. No creo en esto. Se trata de un problema muy complejo y desearía que la subcomisión -al menos personalmente vamos a intentarlo- lo analizara en toda

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su complejidad, sin lugar a concesiones demagógicas, pero no aceptando tampoco algunos razonamientos que pueden darse para justificar que nada se puede modificar.


Decía que voy a hacer una breve reflexión en cuanto a algunas de las soluciones que el señor Jorquera propone, algunas de las cuales nos parecen especialmente valiosas. Tenemos dos problemas: el de las ejecuciones que ya se están produciendo y el de las futuras hipotecas. En definitiva, se podría regular la dación en pago con carácter retroactivo o no. Para solucionar los problemas existentes es evidente que si no se hace con carácter retroactivo, no se solucionan las que se están produciendo, pero todos somos conscientes de la audacia legislativa que hace falta para acometer una reforma con carácter retroactivo de este calado y de la afectación que tendría sobre todo el sistema financiero público y privado español. Por tanto, a la vista de la complejidad que supone pensar que hay soluciones fáciles desde el punto de vista de la retroactividad, debemos hallar todas aquellas vías que den solución a ciudadanos como los de Sant Andreu de esta mañana. Aquí es donde hay que trabajar y aquí es donde, a juicio del Grupo de Convergència i Unió, hay posibilidad de encontrar toda una serie de medidas. Usted apunta una, que ha sido señalada también creo que por la señora Buenaventura: la transformación en un contrato de arrendamiento con opción a compra. A lo mejor por aquí pueden venir muchas soluciones y quizá con estas medidas podamos dar solución a buena parte de la problemática planteada.


En definitiva, señor Jorquera, no vamos a poder votar a favor de esta toma en consideración; sin embargo, comprendemos lo que usted plantea, sobre todo comprendemos la problemática de los ciudadanos, pero queremos mandar un mensaje: esto no es sencillo, esto no es algo que podamos levantar y solucionar de un plumazo, porque seguramente perjudicaríamos también a muchos ciudadanos. Por tanto, emplazamos a todos a trabajar con ahínco, con dedicación y con voluntad de dar satisfacción a la problemática de los ciudadanos en la subcomisión.


Muchas gracias, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Macias.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el Matos.


El señor MATOS MASCAREÑO: Señora presidenta, señorías, el martes de la semana pasada defendí en nombre de mi grupo parlamentario una proposición de ley que planteaba medidas fiscales dirigidas a incentivar a los propietarios a arrendar sus viviendas a jóvenes menores de 35 años y, en consecuencia, a hacerlo a un precio mejor, a un precio más bajo. En mi intervención cité las diversas iniciativas que habíamos presentado desde el Grupo Parlamentario Popular en materia de vivienda: la modificación de la línea ICO-moratoria para que las familias que pierdan su empleo no pierdan además la vivienda que constituye su hogar familiar; el mantenimiento de la deducción por adquisición de vivienda habitual, pues era un disparate suprimirla cuando la compraventa de vivienda estaba en caída libre; la adopción de instrumentos económicos y financieros e incentivos fiscales para que buena parte del stock de vivienda nueva sin vender se incorporara al mercado de alquiler, y cité también la modificación del sistema hipotecario español, al considerar que se había evidenciado como un sistema tremendamente desproporcionado e injusto, y eso lo pedimos en la proposición no de ley pactada con Esquerra Republicana-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds el pasado 16 de junio de 2010 y en la subcomisión que con esta misma finalidad aprobamos la semana pasada.


Tengo que confesar que en esa intervención de la semana pasada la contestación por parte del Bloque Nacionalista Galego, del señor Jorquera, me sorprendió. El señor Jorquera terminó su intervención de esta forma: Porque no compartimos esta demagogia instalada en materia fiscal, porque entendemos que son necesarios la seriedad y el rigor en la materia, aunque podamos coincidir en que la propuesta tiene aspectos puntuales positivos, no vamos a dar apoyo a la proposición de ley. Pues bien, una semana después de que este Pleno haya aprobado la creación de una subcomisión para el análisis y, en su caso, modificación del sistema hipotecario, en particular de los procedimientos de ejecución hipotecaria, el Bloque Nacionalista Galego nos presenta esta proposición de ley de reforma del procedimiento de ejecuciones hipotecarias. Hoy ha tratado de justificarlo en que es por responsabilidad política y pedagogía y además como una advertencia, porque el grupo del partido que apoya al Gobierno y el partido de la oposición no lo van a respaldar.


Señor Jorquera, no voy a rehuir la forma de relacionarse que ha elegido mantener con mi Grupo Parlamentario y le devuelvo sus calificativos.
Aunque podamos coincidir en que su propuesta tiene aspectos puntuales positivos, plantear hoy una proposición de ley de modificar el procedimiento de ejecución hipotecaria una semana después de crear una subcomisión que estudie la modificación del procedimiento de ejecuciones hipotecarias, nos parece el más claro ejemplo de demagogia, falta de seriedad y ausencia de rigor y, por lo tanto, no vamos a apoyar la proposición de ley porque preferimos analizar las reformas que propone en el seno de la subcomisión que al efecto hemos creado todos los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Mixto.


Señorías, nuestra opinión sobre el sistema hipotecario español es sobradamente conocida y la hemos manifestado en varias ocasiones en este Pleno. El señor Jorquera nos lo ha negado, pero se la repito. Nosotros consideramos que la crisis financiera global, mucho más profunda en España por la incompetencia del Gobierno, ha puesto en evidencia, sobre todo por el elevado número de familias afectadas, un sistema hipotecario enormemente desproporcionado y a veces injusto, y el debate

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de su modificación sin duda había que traerlo a las Cortes Generales, y así lo hemos hecho con la presentación y con la aprobación de la subcomisión que hemos aprobado la semana pasada. Sabemos que el resultado de estas modificaciones que acuerde la subcomisión tendrá un impacto en el sistema financiero, y debemos conocer perfectamente el alcance de dicho impacto antes de acometer cualquier modificación. Hoy mismo nos hemos levantado con la noticia de que el Gobierno podría nacionalizar cuatro cajas antes de que finalice el verano. Esa es la incertidumbre que sobrevuela sobre -según Zapatero- el mejor sistema financiero del mundo.
Pero esa situación del sistema financiero no debe evitar el debate.
Sabemos que el constante incremento de los plazos de devolución de los préstamos hipotecarios ha tenido consecuencias indeseables en el precio de la vivienda; sabemos que son abusivas las denominadas cláusulas suelo; entendemos también abusivas las cláusulas que permiten el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo en cuanto se incumple con los primeros pagos; creemos abusivo el establecimiento de intereses de demora del 29 por ciento, como llegan en algunos casos, y también consideramos desproporcionado que un banco se pueda quedar, en ausencia de otro comprador, con la vivienda hipotecada por el 50 por ciento del valor de tasación y que el deudor continúe debiendo el resto del préstamo por el resto de su vida, incluso aunque el banco al cabo de los años venda la vivienda por un precio superior.


En este aspecto, señor Jorquera, pueden ser positivas las propuestas que se contienen en la proposición de ley que hoy debatimos. Nos referimos a incrementar al 75 por ciento del valor de tasación el importe por el que el acreedor ejecutante se pueda adjudicar el bien hipotecado en el caso de ausencia de postor en la subasta pública, o también establecer cautelas, incluso como causa de oposición a la ejecución, cuando el bien hipotecado sea la vivienda que constituye el hogar familiar, el deudor haya actuado de buena fe y su situación haya sido provocada por causas ajenas a su voluntad. Pero sinceramente -y termino- estamos convencidos de que todas estas reformas se deben hacer dentro de los trabajos que realice la subcomisión, después de analizar cómo lo regulan los países de nuestro entorno y cuáles consideramos sus mejores propuestas, después de escuchar a magistrados, jueces y secretarios judiciales, a registradores de la propiedad, economistas y abogados, después de escuchar al Banco de España y a los representantes de las entidades financieras, después de escuchar también a las asociaciones de usuarios y, por supuesto, a los afectados y después de conocer perfectamente cuál va a ser...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Matos.


El señor MATOS MASCAREÑO: ...el impacto que las reformas que aprobemos vayan a tener en nuestro sistema financiero. Por todo lo dicho, vamos a abstenernos en esta votación. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Matos.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Fuentes Pacheco.


La señora FUENTES PACHECO: Muchas gracias, señora presidenta.


Hoy el Grupo Mixto trae a esta Cámara una proposición de ley que entiendo que hemos debatido en muchas ocasiones y que demuestra que todos y cada uno de los grupos políticos estamos preocupados por este tema, tan preocupados que lo hemos debatido en Comisión, en Pleno y de forma reiterada en una serie de ponencias que hemos hecho en Comisión para analizar todos y cada uno de estos temas, y lo vamos a debatir en los próximos meses de forma activa. No hemos creado una subcomisión para no tomar medidas, sino precisamente para tomar las medidas adecuadas. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que las circunstancias que estamos viviendo son fruto de la burbuja inmobiliaria que ha vivido este país, pero no entiendo que la solución sea la dación en pago, y sobre todo me preocupa una cosa, que cada vez que hablamos en esta Cámara de dación en pago estamos creando expectativas en unas personas que están viviendo una situación muy difícil, cuando todos y cada uno -y digo todos y cada uno- de los que estamos en esta Cámara sabemos que jurídicamente la dación en pago con efecto retroactivo es imposible, y esos son los ciudadanos a los que tenemos que atender. Por tanto, para ellos generaremos políticas sociales, pero si modificamos la dación en pago lo estaremos haciendo de cara al futuro, con las consecuencias que hemos analizado y que vamos a analizar esta tarde. Crearíamos unas falsas expectativas que a mí me preocupan y que hacen que mi grupo parlamentario sea serio y coherente y mantenga en esta Cámara lo que hemos mantenido en privado cuando nos hemos reunido con los distintos colectivos. Además, somos conscientes de que modificar a mitad del partido las reglas del juego encarecería las hipotecas. Hoy precisamente Estados Unidos, uno de los países que tiene la dación en pago, se replantea, dados los estudios económicos, que esta haya sido una buena acción, y se lo replantea porque mientras el resto de los países estamos teniendo intereses en torno al 3 por ciento, ellos los están teniendo del 5 por ciento. Además, se está paralizando la recuperación económica, recuperación económica que queremos precisamente para que no haya ni un solo ciudadano que se tenga que enfrentar a un embargo. Estamos buscando -lo ha hecho el Gobierno en el día a día- que se produzca esta recuperación económica y no vamos a poner en marcha ni vamos a apoyar ninguna iniciativa que haga que esta recuperación económica sea más lenta. Además, el Gobierno está poniendo en el día a día todos los argumentos, todas las medidas que puede tomar para hacer

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que esta recuperación económica se produzca para transformar -es el problema serio que tenemos- la forma de crecimiento que ha tenido este país, y esto tampoco lo vamos a tener con la dación en pago. Y cómo no, para adoptar las medidas sociales que de verdad solucionen el problema de esos ciudadanos a los que esta mañana estaban embargando. Sabemos que esto tampoco se podrá hacer con la dación en pago. Además, tenemos que hacerlo de una forma justa. Cuando hablamos de embargos no solamente hablamos de embargos a personas que tienen hipotecados sus domicilios, sino también a personas que tienen un crédito personal y como aval han puesto su vivienda. Por lo tanto, tendremos que abordar de verdad la solución del problema hipotecario de una forma seria; esa forma que se merecen los ciudadanos, esa forma que merece día a día el respeto a esos ciudadanos que están sufriendo unas consecuencias muy perjudiciales para su desarrollo vital precisamente por cómo se ha gobernado este país y cómo se ha llegado a la burbuja inmobiliaria.


En realidad, señor Jorquera, sabemos, y usted lo sabe porque lo hemos comentado hoy, que el artículo 140 de la Ley Hipotecaria ya reconoce la libertad de pactos. Por tanto, podemos decidir entre ambas partes que la dación en pago sea suficiente para acabar con la deuda, lo que pasa es que esto haría que los bancos reclamasen que hubiese más avales, que hubiese seguros y no solamente seguros como está ocurriendo en algunos casos ya de vida, sino también incluso seguros para el desempleo, seguros para situaciones en las cuales no se pudiese trabajar. Por lo tanto, estamos haciendo que se encarezca en un 20 por ciento el valor de la hipoteca, estamos haciendo que los ciudadanos tengan que tener una capacidad de ahorro en torno al 40 por ciento de su sueldo para poder adquirir una vivienda. Estoy totalmente de acuerdo con usted, es necesario que seamos reivindicativos con el derecho a la vivienda, pero hagámoslo no solamente con el derecho a la propiedad de la vivienda, también con el derecho de los ciudadanos a tener una vivienda en régimen de alquiler. Eso lo ha hecho de forma activa este Gobierno, de manera que hemos pasado del 11 al 14 por ciento en el número de ciudadanos que tenían una vivienda en régimen de alquiler.


En consecuencia, dado que se ha creado una subcomisión, le ruego que retire esta iniciativa, fundamentalmente que lo haga pensando en aquellas personas a las que esta tarde les vamos a crear una expectativa. Demos seguridad jurídica y además seguridad financiera a este país en una situación en la que es muy necesaria. Le ruego que busquemos entre todos fórmulas reales para solucionar un problema que están demandando los ciudadanos, pero hagámoslo manteniendo la seguridad jurídica y no haciendo que los precios de la vivienda suban, que suban las hipotecas y disminuya el crédito a las familias. Trabajemos todos juntos de una forma seria y rigurosa en esa subcomisión donde escucharemos a expertos y, por supuesto, llegaremos a soluciones, todas las que sean posibles en las situaciones que estamos viendo. Busquemos soluciones reales. Sé de su buena fe, señoría, pero también le puedo garantizar la nuestra, la de todas las personas que llevamos cuatro años trabajando en esta Comisión.
Por tanto, hagámoslo para solucionar la situación económica y social de un país que lo reclama. Si en alguna materia hemos de ser coherentes y solidarios, es precisamente en la situación que están viviendo nuestros ciudadanos y aquellos a los que se desahucia. Por tanto, hoy le ruego una vez más que repiense su postura y no creemos falsas expectativas a los ciudadanos con políticas de fiestas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fuentes.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA DISTRIBUIDA. (Número de expediente 162/000868.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Socialista, sobre la generación de energía distribuida. Para defender la proposición no de ley tiene la palabra el señor Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, como conocen, en los últimos años y con el liderazgo lógicamente del Gobierno, en España se ha llevado a cabo un importante desarrollo de las energías renovables. Esto ha tenido múltiples efectos positivos en el conjunto de la economía española, entre otros la sostenibilidad de sus fuentes, la reducción de las emisiones contaminantes, el cambio tecnológico que inducen, la reducción de la dependencia energética y del déficit de la balanza comercial, así como incremento en el nivel de empleo y desarrollo rural. De esta forma, la instalación de potencia eléctrica renovable ha seguido una senda ascendente de crecimiento en los últimos años, y esto ha provocado que precisamente las fuentes renovables hayan alcanzado una participación muy destacada en nuestra matriz energética, que indudablemente tiene que continuar en los próximos años, porque, como ustedes también saben, tenemos que cumplir los compromisos que como país tenemos en el ámbito de la Unión Europea, que no son otros que en el año 2020 el 20 por ciento del consumo de energía final proceda de fuentes renovables. Sin embargo, hoy en día, la participación del consumidor de energía eléctrica se limita, por un lado, a ajustar la potencia contratada y, por otro, a administrar sus consumos. Por eso, entendemos que es necesario desarrollar las redes inteligentes que son, si me permiten la expresión, el verdadero sistema nervioso central de una auténtica

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revolución tecnológica que se debe producir en el ámbito del sector energético de la electricidad. De esta forma, a través del contador inteligente, el consumidor no solo adquiere protagonismo en sus decisiones de consumo, sino que también le permite ahorrar energía y, al mismo tiempo, convertirse en productor de electricidad. De esta manera, se rompe ese binomio entre consumidor y productor y se abre el camino hacia la generación distribuida, la generación descentralizada, que es un auténtico incentivo para las fuentes renovales en nuestro país.


Estamos, pues, ante una oportunidad histórica, también una oportunidad tecnológica, que no debemos dejar pasar, porque tiene importantes beneficios, en primer lugar, para el consumidor, pero también para el medio ambiente y para la competitividad y el desarrollo industrial.
Precisamente, la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista supone, en primer lugar, un modelo alternativo a la generación actual de la electricidad en nuestro país. Como ustedes saben, hoy la energía eléctrica consumida en una gran parte procede de instalaciones centralizadas en lugares que están muy alejados de los puntos de consumo. Se trata de que a partir de ahora los puntos de producción se acerquen al consumidor, tanto en el entorno urbano, como semiurbano, industrial y agrícola, y que se pueda conectar directamente al consumidor o a la red de distribución. Es lo que se conoce como generación distribuida o generación descentralizada. En segundo lugar, supone una solución innovadora para reforzar la capacidad del sistema eléctrico y da respuesta a la evolución de la demanda en términos sostenibles en los próximos años, dando cabida a conceptos como el autoabastecimiento energético, es decir, el autoconsumo. En tercer lugar, como he comentado anteriormente, se trata de incentivar, de seguir apoyando las energías renovables. Además, el desarrollo de la generación distribuida va a favorecer la reducción de pérdidas en la red y con ello un importante ahorro de energía primaria porque, como ustedes saben, en este momento se produce una pérdida importante en la distribución y el transporte desde donde se produce hasta que se consume la energía; en concreto un 10 por ciento, un 2 por ciento en el transporte y un 8 por ciento en la distribución, y esto va a tener importantes efectos positivos sobre las emisiones. Otro beneficio que supone la generación distribuida es que reduce el coste asociado a las infraestructuras que las soportan, al estar en puntos más cercanos del consumidor. O, dicho de otra manera, se evitarán inversiones en el futuro que serían necesarias en infraestructuras para llevar esa energía desde donde se produce hasta el punto donde se consume. Por último, y no por ello menos importante, la generación distribuida supone una estructura productiva más amplia, que va a contribuir a la diversificación de la energía y a potenciar los recursos autóctonos, favoreciendo con ello el desarrollo de territorios aislados que en este momento no llegan a la red de distribución y de transporte.


Creemos que es una proposición no de ley que aporta muchos beneficios hacia el consumidor, hacia el medio ambiente, hacia el desarrollo industrial y hacia la competividad. En este sentido, quiero agradecer la actitud positiva que han tenido todos los grupos, de manera muy especial tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ya que hemos llegado a una enmienda transaccional en los términos que he pasado al resto de los grupos. Creo que puede salir con un amplio consenso una iniciativa como esta que, como digo, es muy importante para el futuro de nuestro país, para la apuesta por las energías renovables.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alique.


A esta proposición se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. Para defender, en primer lugar, las del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, todos los analistas políticos dicen que estamos en la recta final de la legislatura y en la calle se habla con profusión de elecciones anticipadas, y hoy en el Congreso el grupo parlamentario que apoya y sostiene a un Gobierno absolutamente desgastado y cuestionado nos trae una proposición no de ley sobre una cuestión energética de interés. De interés, sí, pero, sin duda, menor. Los socialistas no nos proponen un debate en serio sobre cuestiones energéticas de primer nivel, como podrían ser, entre otras, el precio de la ley. Interesaría más a los españoles que debatiéramos sobre por qué tenemos una energía cara y sobre por qué nuestras empresas no pueden competir con éxito, lastradas por el coste de la factura de la energía. Recordemos que para consumidores industriales España es el séptimo país más caro dentro del conjunto de la Unión Europea a veintisiete, y que para los domésticos somos los cuartos más caros.
También podríamos estar debatiendo hoy sobre nuestro insostenible déficit tarifario, que no cubre los costes reconocidos del sistema y que estamos pagando todos los españoles a través de más impuestos y de más subidas de la luz. Una deuda acumulada que está en 25.000 millones de euros, de los cuales, 1.500 se generaron hasta el año 2003, y el resto a partir de 2004, es decir, en la etapa del Gobierno socialista. Tampoco han querido traer aquí el debate sobre la independencia de la Comisión Nacional de la Energía y por qué han trasladado directamente a miembros del Gobierno, a las personas que han establecido y elaborado esa política desde el Gobierno a este organismo regulador, lo que no garantiza, en absoluto, su necesaria independencia.


Señorías, tendríamos que estar debatiendo hoy aquí la reforma integral del sector que revise, de arriba abajo, las premisas sobre las cuales se ha hecho la política energética de España. Pero lo cierto es que estamos nuevamente hablando de un tema interesante, eso sí, pero

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menor, como fue también en el inicio de la legislatura el tema de las bombillas de bajo consumo que protagonizó la agenda de la primera parte de esta legislatura. Pues bien, hablemos de la PNL. Reconocemos que la generación distribuida es una buena herramienta para conseguir el objetivo del incremento de la eficiencia y de la disminución de la intensidad energética. Contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues reduce las pérdidas de energía en transporte y distribución y acelera la integración masiva de las energías renovables.
También incrementa la seguridad y la calidad de suministro y la capacidad de transmisión del sistema. Por todo ello, nuestro grupo apoya de manera proactiva -aunque no incondicional- el objetivo básico que persigue esta PNL, que es fomentar el desarrollo de la generación distribuida en España. Y es que una vez más tenemos la certeza de que desde el Gobierno y desde el Grupo Parlamentario Socialista se actúa de una manera compartimentada. Si no, ¿cómo es posible que lo que conocemos del anteproyecto de ley de eficiencia energética y energías renovables pase prácticamente de puntillas por este asunto? Señorías, realmente nos sentimos decepcionados por la tibieza del texto de la PNL que nos presenta el Grupo Socialista. Por ello, para darle más fuerza y contenido, hemos presentado una enmienda que plantea dos cuestiones. La primera, sustituir el punto 3 para establecer incentivos a la eficiencia y a la innovación facilitando el acceso a la financiación para que resulte atractiva la inversión en proyectos de generación eléctrica distribuida. Y, por otra parte, adicionar un nuevo punto 5 que reclama desarrollar reglas y mecanismos transparentes que regulen con seguridad jurídica las inversiones en instalaciones de generación eléctrica distribuida con una rentabilidad razonable a lo largo de un determinado periodo. Es un hecho irrefutable que la regulación y los mecanismos actuales no ofrecen incentivos claros para fomentar la inversión en generación distribuida. Debemos hoy recordar cómo el Gobierno socialista con sus vaivenes reguladores generó por sí solo en lo que respecta, por ejemplo, al sector fotovoltaico, unos problemas cuyas consecuencias excedieron el debate energético, alcanzando al ámbito financiero y económico y, en resumen, incidiendo negativamente sobre la credibilidad de nuestra economía y su competitividad. Por ejemplo, en 2010 España vio caer como destino de inversión renovable del segundo al octavo lugar y además perdió su liderazgo solar.


Señorías, rechazamos la ambigüedad de un Gobierno que utiliza la improvisación como motor de su política energética y una vez más denunciamos su falta de criterio en relación con la manera de fomentar las energías renovables y no quisiéramos, sinceramente, que pasara lo mismo con la energía distribuida. Por eso, le pedimos que acepte nuestra enmienda; ya ha manifestado que la aceptará en parte. Nosotros pensamos que con esa aportación el texto tendrá más contundencia, estará más reforzado y entonces sí recibirá nuestro apoyo.


Señora presidenta, muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Delgado.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y para defender sus enmiendas tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, debatimos la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista sobre la generación de energía distribuida, tema que no es la primera vez que debatimos y sobre el que nuestro grupo parlamentario se ha pronunciado favorablemente ya en otras ocasiones. Desde Convergència i Unió compartimos la necesidad expuesta en esta proposición no de ley de cara a favorecer y estimular la energía eléctrica distribuida, y así lo hemos manifestado en otras ocasiones en los debates en Comisión. Cuando afrontamos la problemática energética defendemos la diversificación y la apuesta decidida por las energías renovables; defendemos y apostamos por la sostenibilidad, por la reducción de las emisiones, por una mayor autonomía del sistema y, no menos importante, apostamos por el ahorro y la eficiencia energética. Y todo ello lo incorpora una apuesta por la implantación de unidades de generación eléctrica de reducida potencia. La energía eléctrica distribuida basada en fuentes de energía renovables y en las tecnologías de alta eficiencia energética supone, señorías, una medida orientada claramente a la sostenibilidad de nuestro modelo energético, pues puede suponer una reducción en el consumo de energía primaria necesaria para la producción de electricidad, comportando también importantes beneficios ambientales en términos de reducciones de las emisiones de gases efecto invernadero y de contaminantes primarios y, por tanto, supone una decisiva diversificación energética y una mejora de la autonomía del sistema energético.


La Comisión de Industria, el 14 de octubre de 2009, a través de una proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario relativa a la simplificación administrativa y fiscal de la producción energética, aprobó unánimemente esta proposición a través de fuentes renovables en el ámbito doméstico y de las pequeñas y medianas empresas. La proposición no de ley instaba al Gobierno a incluir en el futuro proyecto de ley de eficiencia energética y energías renovables medidas destinadas a potenciar la producción de energías renovables en los hogares y en las pymes y en su caso la conexión a la red. En especial, instaba al Gobierno a simplificar los trámites administrativos en el ámbito de sus competencias que deben cumplir las personas y las pymes que deseen vender sus excedentes a la red. Como ven, señorías, hace ya más de un año que nuestro grupo reclamó medidas de simplificación administrativa en materia de generación distribuida. También la Comisión Nacional de Energía, en su informe sobre el proyecto de real decreto por el que se regula la conexión a la red de instalaciones de producción de energía eléctrica de baja potencia, reclama medias concretas en este sentido.


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Todo ello, señorías, explica también nuestra enmienda a la proposición no de ley, que incorpora tres aspectos importantes para nuestro grupo. El primero de ellos es tener en cuenta las competencias de las comunidades autónomas, y específicamente en Cataluña las competencias en materia de instalaciones de producción de energía. Por ello reclamamos un trabajo conjunto Estado-comunidades autónomas, y al referirme al Estatuto de Cataluña me refiero al artículo 133. En segundo lugar, nuestra enmienda incorpora en el segundo punto de la proposición no de ley el hecho de avanzar hacia la simplificación administrativa, aspecto que, como ya he dicho antes, reclamamos en el marco de la proposición no de ley debatida y aprobada en Comisión. Por último, nuestra enmienda incorpora un primer paso para apoyar los proyectos piloto de cierta magnitud, valorando los resultados conjuntamente con la Comisión Nacional de Energía para el impulso sucesivo de la normativa necesaria. Señorías, entendemos que debe ser tenido en cuenta que para un desarrollo masivo de la generación eléctrica distribuida sería conveniente avanzar hacia el concepto de redes eléctricas inteligentes, con conceptos de red eléctrica con múltiples productores y múltiples consumidores que participen y colaboren en la gestión del sistema, tanto desde la vertiente de la oferta como de la demanda, produciéndose así flujos de información en las dos direcciones de forma automatizada.


Por último, también quiero recordar que la Comisión Europea se ha pronunciado al respecto y recientemente dirigió una comunicación al Parlamento Europeo en la que describía las ventajas de contadores inteligentes y de redes inteligentes, afirmando que estas deben desarrollarse y potenciarse para que la Unión Europea pueda cumplir con los objetivos energéticos y de política ambiental. Por todo ello, señorías, creemos necesario avanzar sin olvidar la necesaria coherencia en su desarrollo, los costes asociados, las inversiones necesarias y la misma participación de los consumidores.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Riera, por favor.


La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señora presidenta.


Todos ellos son aspectos que decantan el voto favorable de nuestro grupo parlamentario. Esperamos que también la enmienda presentada sea aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista, como así se nos ha manifestado antes de la intervención.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Riera.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Buenaventura.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, señora presidenta.


Señorías, a nosotros también nos gustaría estar discutiendo hoy la ley de energías renovables, la ley de ahorro y eficiencia energética, promesas del Gobierno sobre las que esperamos poder discutir antes de que termine la legislatura. Nosotros ya ofrecimos al ministro nuestra proposición de ley respecto a estos dos temas; si en el ministerio tienen problemas para poderlo redactar, reitero el ofrecimiento de nuestra propuesta. Dicho esto, nuestro voto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista va a ser favorable y no puede ser de otra manera en coherencia con los planteamientos que nosotros hemos venido haciendo.
Creemos que es necesario instar al Gobierno a que fomente la generación eléctrica distribuida, a que favorezca la implantación de instalaciones de pequeño tamaño en entornos urbanos y periurbanos, a que establezca los mecanismos económicos adecuados para incentivar este tipo de instalaciones y a la vez facilite la incorporación a la red eléctrica de los excedentes puntuales para autoconsumo. Creemos que es una buena manera de incentivar la producción de energía limpia y, además, esta producción distribuida está relacionada habitualmente con energías renovables, que para nosotros son la gran apuesta para preservar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. Por tanto, es necesario y de gran responsabilidad hacerlo así.


Aprovecho para comentar que también se debe instar al Gobierno en relación con los principios que regulen el proyecto de real decreto que se está acabando de elaborar, si es que no está ya elaborado. El proyecto regula la conexión a la red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. A nuestro entender, el real decreto es muy positivo por los objetivos que se marca y además contiene elementos en su propio redactado que nos parecen del todo correctos, como es hacer extensiva a todas las tecnologías de generación de electricidad de pequeña potencia, mediante energías renovables o de cogeneración, la regulación de la conexión a red de instalaciones solares fotovoltaicas, establecer un procedimiento abreviado para la conexión de instalaciones de hasta 10 kilovatios y también prever establecer un procedimiento de facturación y compensación de saldos entre energía producida y consumida, que sería un gran avance para el fomento del autoconsumo, que es uno de los temas a incentivar. No obstante, hay algún tema en el real decreto que merecería la pena variar, fundamentalmente el que considera esta producción eléctrica dentro del cupo de energías renovables y, por tanto, las limitaciones que marca de las energías renovables en general. Entendemos que no debe limitarse con cupos este tipo de producción eléctrica y que tampoco se debe pedir el mismo tipo de avales que a las grandes productoras. Estos dos temas del real decreto merecía la pena que se variasen. No obstante, la proposición no de ley presentada hoy va a tener nuestro voto favorable, también con la incorporación de las enmiendas

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presentadas tanto por el Grupo Popular como por el Grupo Catalán.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


El ahorro energético, evitar pérdidas de energía por el sistema de transporte, la sostenibilidad del propio sistema y la racionalización en el consumo de la energía están en el ánimo y en la esencia de la generación distribuida, amén de llegar a ámbitos geográficos que de otra manera sería muy difícil. La generación distribuida fue analizada en detalle en la subcomisión que se creó para estudiar la problemática y el mix energético para los próximos años y fue objeto de amplio consenso, yo diría que en este punto había incluso unanimidad. Nuestro grupo lo defendió entonces y en coherencia va a votar favorablemente la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista con el fin de fomentar, favorecer e incentivar la generación distribuida. Es una proposición, además, que ha sido enriquecida con las aportaciones de otros grupos de esta Cámara, que nuestro grupo también acepta. Hemos de señalar que en la proposición no se señalan compromisos muy concretos y, en ese sentido, es vaga y genérica. Nos hubiera gustado mayor concreción y compromiso, pero, en todo caso y como decía, estamos a favor del ánimo de la iniciativa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Señor Alique, entiendo que ha anunciado su señoría una transaccional que iban a repartir a todos los grupos.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Sí, ya está repartida.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alique. Pasaremos a votación la proposición no de ley en los términos de esa transaccional.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA EL IMPULSO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA. (Número de expediente 162/000761.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la proposición no de ley del Grupo Popular sobre medidas para el impulso de la internacionalización de la economía. Para defenderla en nombre de su grupo tiene la palabra el señor García-Legaz.


El señor GARCÍA-LEGAZ PONCE: Señora presidenta, señoras y señores diputados, defiendo la posición del Grupo Popular en relación con la proposición para potenciar la internacionalización de la economía española porque los datos siguen registrando un déficit importante en nuestras cuentas exteriores y dificultades de nuestras empresas para compensar el fuerte flujo de importación de la economía española.


A pesar de la intensidad de la recesión, de la destrucción de empleo, de la caída del producto interior bruto, España sigue registrando un déficit en la balanza por cuenta corriente de alrededor de un 3,5 por ciento de su producto interior bruto y sigue perdiendo cuota en el mercado mundial porque sus exportaciones han pasado del 1,79 por ciento del mercado mundial al 1,75 por ciento. España sigue también perdiendo posiciones en materia de indicadores internacionales de competitividad. En el World Economic Forum, de 139 países hemos retrocedido nueve posiciones en 2010, de la 33 a la 42, y diecinueve posiciones desde 2004, estando situados actualmente en el puesto 23. Esto contrasta con lo que ocurre con otros países del entorno europeo: que ganan competitividad mientras España la pierde. Alemania, Holanda, Reino Unido, Francia o Polonia son algunos de los países que han registrado incrementos en su competitividad en el año 2010, mientras que España los perdía. Estamos ya por detrás de Chipre, de la República Checa y de Estonia. Lo mismo indican los informes de Doing Bussines, del Banco Mundial u otros informes como el Índice de Libertad Económica y otros de organismos internacionales. Por otro lado, las noticias sobre la evolución de la exportación en los últimos meses son positivas, un 17,4 por ciento de incremento que no debe malinterpretarse: este incremento de las exportaciones se debe única y exclusivamente a la recuperación económica europea, que es nuestro gran bloque comercial. La recuperación de Francia, la recuperación de Alemania, la recuperación relativa de Reino Unido, de Italia, está siendo el origen de nuestros incrementos en exportaciones. Pero esto no es suficiente. España tiene un déficit de competitividad muy importante que este grupo parlamentario intenta solucionar con una serie de medidas a las que voy a hacer referencia a continuación.


No obstante, antes quiero advertir que todas aquellas medidas de tipo sectorial o de carácter horizontal no surtirán efecto si antes no resolvemos los problemas de fondo. En los últimos días hemos visto de forma dramática las consecuencias que tiene el descrédito de la economía española y el incremento brutal del diferencial de la deuda española para la financiación de las empresas españolas, no solo en España sino en el exterior. Estamos viendo cómo Atento ha tenido que abortar su oferta pública de venta, estamos viendo cómo algunas de las cajas que tenían previsto salir a bolsa en los próximos

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meses se lo están replanteando y, si no resolvemos ese problema de fondo, difícil será seguir resolviendo los demás problemas. Ya advertimos en su día que la alocada carrera de incremento del gasto público, la insostenibilidad de las finanzas públicas iba a acarrear problemas de riesgo soberano, incrementos de coste de capital y problemas de acceso al crédito de la empresa española internacionalizada. Al mismo tiempo, era necesario recuperar la agenda de crecimiento. Si no hacemos las reformas estructurales -y, desde luego, la reforma laboral que ha llevado a cabo el Gobierno es lo último que necesitaba la economía española- no podremos recuperar esa capacidad de exportar y de crecer a través de nuestro sector exterior. Necesitamos también una defensa mucho más firme de los intereses nacionales. El papelón que ha hecho el Gobierno en la crisis del pepino es antológico. La falta de defensa de los intereses nacionales ha sido algo que ha hecho clamar a todos los sectores por una defensa mucho más firme. Y es que si no se defienden los intereses nacionales de poco sirven todos los esfuerzos que se hagan en el ámbito sectorial.
Reclamamos mayor exigencia y mayor firmeza al Gobierno español a la hora de defender compensaciones justas al sector hortofrutícola español, que se ha visto maltratado por otros socios europeos. Ha sido lamentable ver a algunas autoridades españolas mendigar -porque esa es la palabra- algunas ayudas que realmente no han visto materializadas.


La proposición de este grupo viene enmarcada en la necesidad de tomar medidas urgentes para mejorar la internacionalización de la economía española a través de las siguientes iniciativas. En primer lugar, la necesidad de evaluar sistemáticamente todos los instrumentos de apoyo en la internacionalización de la empresa española. Algunos instrumentos funcionan y otros no y, sin embargo, se siguen poniendo en práctica ignorando su falta de eficacia. En segundo lugar, necesitamos y proponemos calcular las tasas de retorno en las operaciones crediticias del Estado con el exterior. Proponemos un seguro de litigio jurídico.
Proponemos fomentar los acuerdos de protección recíproca de inversiones y los convenios de doble imposición. Proponemos una línea de apoyo jurídico para la PYME española en procesos de internacionalización, para conocer mejor el derecho aplicable en otros países y evitar algunas de las barreras que surgen de la normativa extranjera. Proponemos también potenciar el ICEX. En algunas de sus líneas de actividad el ICEX está funcionando francamente bien, pero en otras necesitamos mejorar su apoyo a la empresa española; en particular, proponemos reforzar los planes de empresa del ICEX para las pequeñas y medianas empresas que necesitan dar ese salto de la internacionalización, que están presentes en otros países. Proponemos también potenciar la difusión del Plan estratégico del ICEX 2009-2012; creemos que es algo importante. Proponemos reforzar el acceso de la empresa española a los instrumentos ofrecidos por la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación, así como potenciar el uso de los instrumentos para detectar las barreras a las que se están enfrentando ahora mismo las empresas españolas en los mercados exteriores. Es necesario saber cuáles son esas barreras para poder actuar a través de las autoridades españolas en los foros europeos y multilaterales para desmantelar esas barreras, muchas veces a través de la regulación, que impiden la penetración de la producción española. En definitiva, defendemos mejorar los instrumentos sectoriales de apoyo a la internacionalización de la empresa española como complemento a las medidas de reforma estructural que permitirán mejorar la competitividad a través de una reducción de los costes laborales. Con ese bloque de iniciativas que presenta este grupo creemos que hacemos un buen favor al sector exportador español, a la creación de empleo y a la recuperación económica.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor García-Legaz.


A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de tres grupos. En primer lugar, para defender las del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha propuesto una enmienda de adición a la iniciativa parlamentaria presentada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular don Jaime García-Legaz en el sentido de incorporar algunas cuestiones que creemos sinceramente que complementan y refuerzan todavía más la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular, al margen de que en algunos momentos de esta legislatura también las hayamos planteado, discutido y aprobado en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio. Estamos totalmente de acuerdo en que si hay algún sector que puede catalizar o propiciar un incremento sustancial del PIB español y de la economía española, probablemente todos coincidiríamos en que este incremento de la actividad económica solamente podría venir de la mano del incremento de las exportaciones, de la internacionalización de la economía española. Estos son aspectos compartidos no solamente por los diferentes estamentos de la política económica y social española, sino que están totalmente en la línea de lo que hace pocos días publicó la OCDE.


Por lo tanto, sobre la base de este planteamiento manifestado por el Grupo Parlamentario Popular nosotros hemos presentado una enmienda de adición con cinco puntos. Se trata de incorporar la posibilidad de incentivar la movilidad geográfica en el desplazamiento de los directivos y de los trabajadores que realicen proyectos de internacionalización de las empresas a través de un mejor trato fiscal, porque no hemos de olvidar que está muy bien que las economías y las empresas se internacionalicen, pero si las empresas no van acompañadas

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de los recursos humanos, que son los que han de llevar a cabo las acciones de internacionalización, difícilmente podremos encontrar personas capacitadas para acometer dichos retos. Por tanto, se trataría de tener los mismos planteamientos fiscales que tienen otros países que van muy por delante en todos estos aspectos relacionados con la internacionalización, como podrían ser Francia, Italia o Inglaterra, que tienen realmente una serie de incentivos que dan lugar a la movilidad geográfica y al desplazamiento de los directivos. Otra cuestión, aprobada ya en Comisión y en Pleno en sesión de 30 de noviembre del año 2010, concretamente a partir de una moción de Convergència i Unió, es que de una vez por todas y antes de que finalice esta legislatura se pueda constituir un grupo de trabajo interministerial en el seno y bajo la presidencia del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y con la participación de todos los departamentos ministeriales para poder plantear y materializar una política económica transversal, tanto desde la óptica de potenciar la economía productiva como desde la óptica de profundizar en la internacionalización, porque sabemos que no todo es competencia del Ministerio de Industria sino que en muchísimas ocasiones se trata de planteamientos transversales en los que es necesaria la cooperación y la participación de dichos entes ministeriales. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Otro aspecto reiterado y manifestado por este grupo muchísimas veces es el de mejorar los procesos de obtención de visados para potenciales inversores y clientes extranjeros, así como para técnicos de empresas españolas internacionalizadas, y al mismo tiempo potenciar las líneas de financiación ICO para financiar el circulante de las empresas españolas en las exportaciones así como para la adquisición de activos fijos de empresas internacionalizadas para su multilocalización. Finalmente, potenciar las inversiones en infraestructuras para mejorar la competitividad de las empresas en su internacionalización y el corredor del Mediterráneo. Son, por tanto, cinco planteamientos con los que este grupo parlamentario pretende complementar y mejorar la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Tiene la palabra doña María Sagrario Guinduláin.


La señora GUINDULÁIN GUERENDIÁIN: Gracias, señor presidente.


Señorías, tal y como recoge la proposición presentada por el Grupo Popular, la internacionalización de la economía española no solamente es una necesidad motivada por la falta de actividad económica en todos los sectores sino que debemos elevarla a la categoría de prioridad. La continuidad de nuestro tejido empresarial, formado fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas familiares con vocación de permanencia generacional, está en peligro como consecuencia de la falta de competitividad y la ausencia de crédito. Necesitamos con urgencia reformas profundas en el ámbito laboral y financiero que nos equiparen al resto de países de nuestro entorno. Entre tanto, la internacionalización es el camino más seguro para acortar el plazo de recuperación de la actividad económica en todos nuestros sectores y, por tanto, una de las pocas oportunidades para la creación de empleo y para devolver a España la confianza que tanto necesitamos en el sector público y en el privado.


Si observamos la contabilidad nacional del año 2010, la estructura del producto interior bruto es la siguiente: agricultura y pesca representa un 2,7 por ciento del PIB; industria y energía, un 15,6 por ciento; construcción, un 10,1 por ciento, y servicios, un 71,6 por ciento. Y la estructura de la población activa es la siguiente: agricultura y pesca representa el 4,4 por ciento de la población activa; industria y energía representa un 14,2; construcción, un 8,5 por ciento, y servicios, un 72,8 por ciento. Es decir, el 81,7 por ciento de nuestro producto interior bruto lo originan el sector servicios y el sector de la construcción, que a su vez emplean al 81,3 por ciento de la población activa. Por tanto, fundamentalmente habrá que proponer medidas específicas en estos ámbitos y en el de las pymes, porque apoyando la internacionalización de estos sectores estaremos apoyando a más del 80 por ciento del tejido económico y de la población activa y obtendremos unos mejores resultados al incidir de una manera más efectiva en la generación de actividad y empleo. En Unión del Pueblo Navarro vemos muy interesantes las medidas propuestas para mejorar las exportaciones españolas de los productos industriales, que representan el 15,6, como hemos dicho antes, y de los productos provenientes de la agricultura y la pesca; sin embargo, no siempre encajan por su problemática particular con el 81,7 por ciento de las empresas que configuran nuestra economía: las que integran el sector de la construcción y el sector servicios. Por ello, con el fin de dar respuesta a uno de los sectores más castigados por la crisis en nuestro país, el sector de la construcción, en su proceso de internalización y ante las restricciones existentes en la actualidad para acceder a la financiación en bancos privados, proponemos: primero, crear un programa de avales específicos para cubrir las necesidades financieras existentes en el sector de la construcción cuando acude a licitaciones internacionales de obra civil o residencial y, segundo, con el fin de apoyar al sector más importante de nuestra economía, el sector servicios -que representa, como hemos dicho antes, el 71,6 por ciento del PIB-, en su proceso de internacionalización y ante la dificultad existente, especialmente en el caso de las pymes, para contar con personal especializado en el complejo mundo de las licitaciones internacionales, proponemos elaborar un programa de acompañamiento a las empresas de servicios para asesorarlas en los procesos de licitaciones internacionales en organismos multilaterales u otras administraciones.


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Señorías, confiamos en que el conjunto de medidas de apoyo y acompañamiento a nuestro tejido empresarial tenga un amplio respaldo de la Cámara y contribuya a mejorar la confianza y competitividad de nuestras empresas en el exterior. Dado el interés de esta iniciativa, puesto de manifiesto a través de las numerosas enmiendas registradas, pedimos un esfuerzo a todos los grupos y en especial al grupo proponente para que se llegue a un acuerdo definitivo, consensuado, que integre y recoja todas las propuestas o el mayor número de ellas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María Sagrario Guinduláin.


Don Félix Larrosa tiene la palabra.


El señor LARROSA PIQUÉ: Antes de empezar el debate tengo que hacer una reflexión sobre cuáles son los objetivos de política comercial que dentro del marco de la Unión Europea se ha fijado este Gobierno, porque creo que esto permitirá a las señoras y a los señores diputados situarse.


En primer lugar, uno de los objetivos que se había fijado el Gobierno español era conseguir un mayor y mejor acceso a los mercados exteriores de nuestras exportaciones de bienes, servicios y capitales a través de las políticas de información, formación, financiación, promoción y apoyo institucional a la internacionalización. En segundo lugar, incrementar el número de empresas españolas con actividad internacional con el objetivo de que cada año sean 2.000 nuevas empresas las que se sumen a la base exportadora. En tercer lugar, el objetivo de la política comercial de España era lograr una mayor diversificación geográfica de nuestras exportaciones, reduciendo su contratación en los países de la Unión Europea. Actualmente ya hemos llegado al objetivo que se había fijado el Gobierno de que un tercio de nuestras empresas estuvieran exportando a países de fuera de la Unión. En cuarto lugar, debíamos incrementar el valor añadido de nuestras exportaciones de bienes y servicios, para lo que se están dedicando más esfuerzos y recursos a la promoción de los sectores y subsectores asociados a nuevos factores de competitividad empresarial, como la innovación, la tecnología, el diseño o la marca.
Otro de los objetivos es mejorar el conocimiento e imagen en el exterior de los bienes y servicios españoles. La muestra de ello -ya hemos hablado varias veces- es el Plan Made in/by Spain, en Estados Unidos, al que ha seguido otro que se ha adaptado debidamente el mercado ruso. Un sexto objetivo ha sido y es mitigar el impacto negativo de las restricciones financieras que tienen en la actividad internacional las empresas españolas, para lo que -aparte de otras medidas- hemos aprobado en esta Cámara con un amplio consenso, y ha sido puesto en marcha por el Gobierno, el Fondo para la internacionalización de la empresa, el FIEM.
Quiero recordar que además en el año 2009 el Gobierno incrementó un 33 por ciento la dotación para los créditos financiados mediante el sistema CARI. Se ha ampliado la dotación del seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado. El señor García-Legaz no me escucha en este momento pero yo recuerdo una conversación que tuvimos hace dos años en la que me manifestaba su preocupación, y el Gobierno decidió para los ejercicios 2010 y 2011 ampliar hasta 9.000 los millones con los que dotaba el Cesce. O se ha ampliado la línea FAD-PYME hasta los 55 millones de euros. Finalmente, el último de los objetivos, de carácter permanente, es atraer mayores flujos de inversión extranjera directa a nuestro país, al que se contribuye mediante el plan integrado de refuerzo en las exportaciones y de las inversiones extranjeras, tal como se ha venido haciendo. De hecho, hace también pocas semanas el Gobierno validó en el Congreso el real decreto-ley para la reforma del ICEX y en este momento tenemos un organismo más ágil, más eficiente y adecuado a las necesidades de nuestras empresas en su proceso de internacionalización.


Hoy debatimos esta propuesta que nos llega de la mano del Grupo Popular.
Tengo que reconocer que no han sido ustedes muy creativos en tanto en cuanto nos presentan la misma iniciativa que hace dos meses estuvimos valorando en la Comisión de Economía, por lo tanto voy a justificar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tal como hice entonces. De los quince puntos que ustedes proponen, ocho son exactos a las propuestas de resolución que debatimos en la Comisión de Industria: cinco son absolutamente parecidas y solo tres puntos plantean alguna novedad respecto a los debates que hemos tenido en esta casa. Pasaré por alto el punto en el que plantean los sistemas indicadores, puesto que tenemos mecanismos e instrumentos que así lo están haciendo, trabajando por objetivos y por lo tanto con indicadores, y me centraré en el plan anual de competitividad que plantean, recordando a los señores diputados del Grupo Popular que la Ley de Economía Sostenible fija precisamente las bases, los ejes por los que este país tiene que alcanzar mejores cuotas de competitividad en este sentido, no solo trasponiendo las normas, las directivas de servicios que se nos piden, sino avanzando en el desarrollo de la sociedad de la información, la internacionalización -que es el debate que hoy nos ocupa-, la complicidad con la I+D+i o la formación del capital humano.


Nosotros hemos presentado una enmienda que va en esa dirección, intentar mejorar la iniciativa que ha planteado el proponente, una enmienda que se centra en los instrumentos de apoyo a las empresas que tienen en el entorno el eje de desarrollo de las relaciones internacionales, los acuerdos bilaterales y los acuerdos multilaterales, focalizando la coordinación institucional y la cooperación público-privada. Estoy convencido de que hay un amplio consenso para un acuerdo. Yo creo que esta tarde podemos alcanzar un buen acuerdo, por lo tanto pido y animo al Grupo Popular que acepte nuestra enmienda, que sin ninguna duda mejora la iniciativa que se ha planteado.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su atención.
(Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, otra iniciativa ómnibus supuestamente bien intencionada, pero desde el punto de vista del Grupo Vasco mal enfocada tanto desde la vertiente económica como desde la vertiente política. No cabe ninguna duda de que el sector exterior es estratégico, y lo ha de ser aún más en el futuro. El modelo económico que se pretende modificar con el fin de ganar en productividad y en competitividad ha de contemplar necesariamente la exportación como una variable clave, como una variable estratégica. La exportación debería formar parte de la cultura del mundo empresarial. Las dificultades de abrirse camino en el exterior para muchas empresas de mediano y pequeño tamaño se compensarán sobradamente con las oportunidades que ofrece una economía cada vez más abierta y más global. Además, la salida al exterior de las empresas no puede ser temporal y transitoria mientras dure la crisis, sino que ha de ser permanente, una nueva manera de ver el negocio. Esta es la forma de actuar que permitirá ser competitivo y mantener y aumentar el empleo local. Facilitar, ayudar e impulsar a las empresas en esta actividad, apoyándolas desde las instituciones públicas, es una política económica o una política industrial, si quieren ustedes, bien enfocada. Sin embargo la pregunta clave es: ¿a quién corresponde ese papel? ¿Quién lo puede hacer de manera más eficaz y más eficiente? Al margen de la competencia de la política industrial, que está en manos de las comunidades autónomas -no es este un argumento menor, el jurídico competencial-, una política industrial en la que incluyo la política de internacionalización, debe estar basada en el conocimiento detallado de las empresas, de sus puntos fuertes y débiles, etcétera. Ello, señores del Grupo Popular, no es posible hacerlo desde la Administración central, primero porque no es competente para ello y segundo porque es imposible desde dicha instancia conocer con el detalle necesario la realidad de las empresas. Su modelo centralista, al igual que el que plantea el Grupo Socialista en su enmienda transaccional, conduce, en nuestra opinión, al fracaso de la política de internacionalización. Si no se quiere despilfarrar recursos públicos -parece que no es el mejor momento de hacerlo-, háganse las cosas con sensatez.


En el punto 11 de la proposición no de ley se plantea -cito entre comillas- potenciar la coordinación entre la Secretaría de Estado de Comercio, comunidades autónomas, cámaras de comercio, etcétera. Está bien la coordinación, es incluso necesaria e imprescindible, pero en este caso hay que hacerlo de abajo arriba, de forma eficaz. Es evidente que las comunidades autónomas, las cámaras de comercio y el ICEX han de funcionar de manera coordinada; es lo deseable para evitar despilfarros, pero el empuje, el impulso de la internacionalización de las pymes, corresponde en primera instancia a las comunidades autónomas y colaborar en la medida que ello suponga sinergias positivas. Por otro lado, medidas para elaborar un plan anual de competitividad y evaluar sistemáticamente el impacto pueden ser medidas adecuadas en el ámbito autonómico -en Euskadi ya hay planes de competitividad desde hace muchos años-, pero en el ámbito supraautonómico pueden convertirse simplemente en un instrumento no operativo y burocrático.


Señores del Grupo Popular, en los cinco minutos de que disponemos para fijar la posición de nuestro grupo respecto a la proposición no de ley que traen a esta Cámara, es imposible pronunciarnos ni tan siquiera esquemáticamente sobre los quince puntos que la conforman. Creemos que las mociones debieran ser más concretas y específicas para fijar la posición de una manera mucho más nítida. Como decía, compartiendo el objetivo general de que la exportación debe ser una de las llaves del nuevo modelo económico, si se pretende que sea exitoso, duradero y no despilfarrador, creemos que la iniciativa está desenfocada desde el punto de vista político y de la instrumentación de las medidas. Por ello vamos a votar en contra de la misma.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


La Presidencia espera el texto de la enmienda transaccional que el señor García-Legaz ha anunciado.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR JORQUERA), SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA ASEGURAR CARGA DE TRABAJO EN LOS ASTILLEROS PÚBLICOS DE NAVANTIA DE LA RÍA DE FERROL (A CORUÑA). (Número de expediente 173/000218.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Jorquera, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para asegurar la carga de trabajo en los astilleros públicos de Navantia de la ría de Ferrol, en A Coruña. Tiene la palabra el señor Jorquera para su defensa.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, como expusimos en el debate de la interpelación, en los astilleros de Navantia, en la ría de Ferrol, tan solo hay carga de trabajo hasta el año 2012. El agotamiento de la cartera de trabajo de los astilleros públicos en el área de Ferrol afecta también a las numerosas empresas auxiliares asentadas en la comarca, que ya han iniciado importantes ajustes de empleo. Esta situación

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ha generado una gran inquietud en la comarca de Ferrolterra dada su gran dependencia económica del sector naval. Piensen que en conjunto los astilleros y empresas auxiliares proporcionan empleo a cerca de 5.000 personas y el impacto de su actividad económica en el conjunto de la comarca puede evaluarse en la generación de 17.000 empleos inducidos.


Ante el agotamiento de la carga de trabajo, son necesarias medidas inmediatas: la elaboración e impulso por parte de la SEPI de un plan para asegurar la cartera de trabajo de los astilleros públicos de la ría de Ferrol, el cumplimiento por parte del Gobierno del compromiso de contratar la construcción en estos astilleros de la sexta fragata F-100 para la Marina española o el impulso de medidas de eficiencia interna en la compañía que permitan un mejor aprovechamiento de sus recursos y capacidades propias. Además, el Gobierno en su agenda exterior para captar inversiones en la economía española debe considerar una prioridad la consecución de contratos para los astilleros de la ría de Ferrol.
Asegurar la viabilidad futura de estos astilleros exige también apostar por diversificar su oferta, por operar en todos los campos de la construcción naval incluyendo la construcción naval civil y el sector de la reparación, mantenimiento y transformación de buques. Los astilleros de la ría de Ferrol están sufriendo ahora las consecuencias de haber sido forzados a operar casi en exclusiva en el campo de la construcción naval militar, dadas las limitaciones impuestas por Bruselas como la prohibición de que el astillero de Fene pueda construir buques o la limitación al conjunto de Navantia de que los contratos en el campo de la construcción naval civil no pueden superar el 20 por ciento del total de la facturación de la empresa. Restringir el campo de operaciones a la construcción naval militar significa depender de la contratación pública, seriamente limitada por los drásticos recortes presupuestarios que están llevando a cabo muchos Estados. Además, es la pescadilla que se muerde la cola, pues si se reduce por este motivo la facturación total de la empresa se reduce también, si hablamos en cifras absolutas, el 20 por ciento de facturación reservado para la construcción civil, que podía constituirse en una alternativa para hacer frente a la actual situación.
El Gobierno, por lo tanto, debe corregir su actitud y debe tener voluntad real de negociar la anticipación de la fecha de vencimiento de estas limitaciones y, en particular, la limitación que pesa sobre el astillero de Fene para que pueda construir buques y operar en el campo offshore, un campo en el que hay un gran crecimiento de la demanda y en el que el astillero de Fene fue puntero hasta que la Unión Europea estableció que las plataformas petrolíferas móviles estaban incluidas en la prohibición de construir buques. Fue una decisión que condenó a este astillero a su situación actual, con sus instalaciones y su saber hacer en el campo de la construcción naval civil total y absolutamente infrautilizado; un astillero puntero en Europa condenado a ser un simple subcontratista del resto de los astilleros públicos.


Señorías, aun en el caso de que hubiese que esperar hasta 2015 para que venzan estas limitaciones es imprescindible dar pasos ya para prepararse para este escenario y estar en condiciones de recuperar la cuota de mercado perdida en la construcción naval civil. Esta diversificación debe pasar también por la potenciación del centro de reparaciones de la ría de Ferrol. Frente a las costas gallegas discurre uno de los corredores marítimos internacionales más importantes. Los astilleros de la ría de Ferrol tienen una posición geográfica para atraer este mercado, pero para eso son necesarias inversiones que les permitan mejorar su competitividad como la construcción de un dique flotante. Hago una aclaración. No estamos hablando de la cubrición del dique ya actualmente existente, como manifestó la vicepresidenta segunda en el debate de la interpelación, sino de un dique flotante apto para la reparación de los grandes buques que discurren frente a nuestras costas, como es el caso de los gaseros de última generación. De esta manera, los astilleros de la ría de Ferrol podrían efectuar una oferta integral a las compañías para la reparación y conservación de todos sus buques, una oferta por lo tanto que no contemple única y exclusivamente los buques de pequeño y mediano tamaño sino también los buques de más de 200.000 toneladas. Además, el astillero de Fene reúne condiciones idóneas para la construcción de dicho dique y este encargo representaría una carga de trabajo añadida.


Por último, señorías, en nuestra moción incluimos un punto que no afecta específicamente a los astilleros de Navantia sino al conjunto de los astilleros que operan en el Estado español. Es necesario que el Gobierno español se oponga a la pretensión de introducir cualquier cambio en la normativa fiscal del sector naval en el Estado español, un punto que tiene su razón de ser en la posible revisión por Bruselas del tax lease que de llevarse a cabo agravaría la crisis que está padeciendo la construcción naval en su conjunto. Señorías, los puntos contenidos en nuestra moción son una demanda compartida por el conjunto de los agentes sociales del sector naval en Ferrolterra y el conjunto de los agentes sociales de la comarca; una comarca que tiene en la construcción naval su principal sustento; una comarca que todavía no se ha recuperado de los efectos demoledores de las sucesivas reconversiones que ha padecido este sector; una comarca que no se puede resignar a que se le dé la puntilla a su sector naval porque eso sería tanto como darle la puntilla a la comarca de Ferrolterra. Por estas razones solicitamos su apoyo a esta moción consecuencia de interpelación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Para la defensa de enmiendas, en primer lugar, tiene la palabra el señor Carro Garrote.


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El señor CARRO GARROTE: Gracias, señor presidente.


El objeto de la moción que presenta el Grupo Mixto es efectivamente impulsar el sector naval y, sobre todo, despejar el futuro del astillero de Navantia Ferrol más allá del año 2012. Este es un objetivo que compartimos porque es justamente lo que ha venido haciendo este Gobierno desde el primer día con eficacia y responsabilidad.


Cuando llegamos al Gobierno en el año 2004 nos encontramos, señoras y señores, con los astilleros en quiebra; un conflicto laboral que duraba más de 18 meses; un plan de empresa, de 2000 a 2005, fracasado, según manifiesta el reciente informe del Tribunal de Cuentas; un plan que nos dejó 2.600 millones de pérdidas entre los que se encontraban 1.249 millones de sanciones de la Unión Europea. Encaramos una negociación con la Unión Europea y los sindicatos con las peores perspectivas; pero fue precisamente la capacidad de este Gobierno, sobre todo de su vicepresidente Pedro Solbes, la que nos permitió alcanzar un buen acuerdo. El informe del Tribunal de Cuentas en su conclusión quinta dice: Los deficientes resultados obtenidos tras cuatro años de aplicación del plan inicial -se refiere al plan del Partido Popular- obligaron a la SEPI a suspender su ejecución y a estudiar otras alternativas, proceso que concluyó con la aprobación en 2004 del segundo plan, el que negociamos con la Unión Europea, compatible con la legislación europea, que garantizaba los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de los compromisos empresariales asumidos. En definitiva, este acuerdo ha permitido que vivamos la mejor etapa de los astilleros públicos en España en los últimos 30 años, con mayor carga de trabajo, que alcanza el 98 por ciento de la ocupación, y con un nivel de contratación muy importante; el más importante el contrato de Australia, pero en estos momentos con 43 acciones comerciales en 21 países y ofertando más de 15 tipos de buques diferentes. También se han alcanzado contratos importantes en relación con el centro de reparaciones, del que hablaba el diputado del BNG.
Concretamente se han firmado contratos de flota con la Shell Oil o la British Petroleum, dos compañías importantes; contratos que ayudarán a potenciar ese centro de reparaciones. Se ha alcanzado en estos años una media de 3.196 trabajadores en la empresa auxiliar, con lo cual no solo hemos garantizado el trabajo a los trabajadores de plantilla, sino que se ha generado un importante empleo en la comarca. Además, todo esto se ha producido en un ámbito de paz social y en una situación en la que los centros de la ría de Ferrol, de Ferrol y Fene, han entrado en beneficios, lo cual es una noticia muy importante para el futuro.


Hemos actuado con responsabilidad porque mantuvimos la reivindicación, la posición de que el astillero de Fene se mantuviera en el sector público.
Lo mantuvimos entonces en el acuerdo; lo solicitaban los sindicatos, los trabajadores, los partidos políticos de la zona, todos. Mantuvimos este criterio también cuando al BNG le entró la fiebre privatizadora desde el Gobierno de la Xunta con aquella iniciativa de Barreras, ya que si hoy se hubiera llevado a cabo Astano estaría cerrado, y lo mantendremos también en el futuro cuando recuperemos la actividad en el sector civil.
Mantenemos también la reivindicación a Bruselas de levantar el veto de Fene, pero no pondremos en peligro a toda la compañía por alcanzar este objetivo.


Hoy queremos buscar un acuerdo de todos los grupos. Sabemos que los puntos de la moción coinciden con las reivindicaciones de los trabajadores y los sindicatos; no solo las compartimos sino que estamos comprometidos con ellas. Simplemente queremos con nuestra enmienda de adición incorporar dos asuntos que ya fueron aprobados en la Comisión de Industria que son: uno relativo a la potenciación de la fábrica de turbinas y otro al mantenimiento del plan de reindustrialización llamado Plan Ferrol, que nos está permitiendo diversificar nuestro tejido productivo y al que se han acogido ya 286 proyectos empresariales generadores de más de mil empleos.


Finalmente, si me permite, señor presidente, quisiera acabar con un mensaje para los trabajadores del astillero, para mis compañeros de Navantia, que además celebran pasado mañana elecciones sindicales. Desde aquí o desde cualquier otro lugar, desde el Gobierno o desde la oposición, este diputado y el Partido Socialista al que represento seguiremos defendiendo los intereses del sector naval por el bien del empleo y de la industria de este país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Carro, si es tan amable. En el texto de la enmienda el Grupo Parlamentario Socialista la califica de sustitución. Por lo que llega a la Presidencia cabe interpretar que sería de adición. Le ruego que nos aclare el sentido exacto de su enmienda.


El señor CARRO GARROTE: Exactamente sería de adición. Sería un punto 10 y un punto 11.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor Jorquera, queda entendido que es adición lo que propone el señor diputado. Muchas gracias.


Para fijar posiciones, en primer tiene la palabra don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la moción que hoy presenta el Bloque Nacionalista Gallego es acertada porque la empresa Navantia se encuentra en una encrucijada que requiere, en nuestra opinión, el mayor apoyo del Estado y la mayor claridad estratégica para que los astilleros españoles puedan jugar un papel determinante en el futuro del sector naval. Navantia es hoy la principal empresa naval del país y una de las más importantes de Europa.
Señores diputados,

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quedan todavía tres años para que termine el plazo acordado con la Unión Europea por las ayudas públicas a Izar, un periodo en que nuestros astilleros están sometidos todavía a graves limitaciones de su capacidad productiva, entre ellas la prohibición de facturar más del 20 por ciento en construcción naval civil. En esta encrucijada Navantia se encuentra en una buena posición de salida, especialmente por el acuerdo celebrado en 2004 entre la SEPI y los sindicatos que ha tenido resultados relevantes en el mantenimiento de la titularidad pública, en el mantenimiento de la actividad civil y militar, en la continuidad de todos los centros de trabajo, en el saneamiento financiero de la compañía y en los mayores niveles de contratación de carga de trabajo a escala internacional. Cabe lamentar, sin embargo, que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista rechazaran en su momento una enmienda de nuestro grupo parlamentario a los Presupuestos Generales del Estado en la que pedíamos 150 millones de euros para la construcción de un dique flotante y para la cubrición de uno de los diques existentes, todo ello con el fin de mejorar la capacidad productiva de este astillero público y poder trabajar con independencia de las condiciones climáticas, atendiendo el segmento de negocio de la reparación de buques que supone una vía importante para mantener la carga de trabajo e incluso para crear nuevos empleos. Prueba de ello es que actualmente Navantia tiene todas sus instalaciones para la reparación de navíos totalmente ocupadas. Sin embargo, en los puntos 4 y 5 de la moción se reclama la plena capacidad de construir buques y operar cuanto antes sin las limitaciones impuestas por la Unión Europea. Estamos de acuerdo, pero queremos dejar bien claro que en modo alguno el levantamiento del veto europeo tiene que entrañar la privatización del astillero radicado en Fene, que en nuestra opinión tiene que mantener su condición de astillero público. Desde un punto de vista estratégico, también sería necesario reforzar el capital y seguir desarrollando fuertes inversiones en investigación y desarrollo, especialmente en turbinas y motores. No olvidemos que el sector naval es, después de la industria aeroespacial, el mayor componente tecnológico que da empleo en nuestro país a un total de 40.000 trabajadores entre empleos directos, indirectos y externalizados.


Señorías, la situación financiera del grupo, sin ser crítica, empieza a ser preocupante. En 2010 tuvo pérdidas de más de 40 millones de euros, con un total de 200 millones de pérdidas acumulados, y el capital social está por debajo de lo que establece la Ley de sociedades que obliga a intervenir frente a estas situaciones en el plazo de un año. A ello se añaden todas las incertidumbres que se ciernen en España y en el conjunto de la Unión Europea sobre la crisis que padece el sector de la construcción naval civil. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Termino, señorías. Por ello apoyamos esta moción para que el Gobierno impulse una estrategia internacional de captación de inversiones y de contratos, para que negocie en la Unión Europea y para que la SEPI diseñe un plan de trabajo que tenga en cuenta todas las posibilidades de modernización de las infraestructuras, el empleo y la carga de trabajo de nuestros astilleros públicos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo entiende y comparte plenamente la preocupación del BNG, del Grupo Mixto, en relación con el riesgo de que Navantia se quede sin cartera de pedidos, sin actividad. El impacto local y territorial que una pérdida de actividad o empleo, el cierre de Navantia, podría tener consecuencias desde luego en ningún caso deseables. El sector naval antes era un sector maduro; hoy en día es cada vez más moderno y capaz de construir buques y plataformas para el transporte de mercancías. Además, es preciso tener en cuenta que el sector del transporte marítimo va a ir a más en el futuro; por ello contar con un astillero moderno y en plena actividad es absolutamente imprescindible. De ahí que en la medida en que el Gobierno, tanto desde el presupuesto público como desde la aplicación de otras medidas, pueda conseguir una carga de trabajo para Navantia creemos que es una demanda más que razonable. Hay que defender en todo caso el sector y hay que defender el empleo, por lo tanto lo vamos a votar favorablemente.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Gracias, presidenta.


Señorías, nuestro grupo parlamentario votará favorablemente la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a instancias del Bloque Nacionalista Gallego consecuencia de la interpelación urgente sobre medidas que va a adoptar el Gobierno para asegurar carga de trabajo en los astilleros públicos de Navantia de la ría de Ferrol. La actividad industrial, fundamental en los años de crecimiento y desarrollo económico, ha ido reduciéndose en estos últimos años, pero la misma crisis y la necesidad de una mayor y más sólida diversificación de nuestra estructura de crecimiento ha evidenciado también, señorías, la importancia de recuperar tejido industrial. Por otra parte, nos referimos a un sector industrial que conlleva y del que dependen un número muy importante de puestos de trabajo, especialmente si mencionamos la actividad de los astilleros públicos de la ría de Ferrol ubicados en la Comunidad Autónoma de Galicia y en una comarca también profundamente afectada por

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la crisis, por la caída de la actividad industrial y por la pérdida consecuente de muchos puestos de trabajo. Es por ello que desde nuestro grupo parlamentario respaldamos esta iniciativa no solo de apoyo al sector y a la actividad de los astilleros, y a los puestos de trabajo que dependen de la misma, sino una iniciativa de impulso a su crecimiento y a su competitividad. Creemos en el papel del tejido industrial, de la industria en nuestro crecimiento; creemos en este sector también como generador de ocupación; creemos en el peso del sector en esta comunidad autónoma y en su potencial de futuro; y creemos también en la importancia y en el valor de la internacionalización y de la innovación del tejido industrial y en el sector naval, en el que el peso de la tecnología es muy determinante. Para ello, y más tratándose de astilleros públicos, el apoyo del Gobierno en términos de reactivación y de competitividad entendemos que es fundamental, clave. Es por todo ello que nuestro grupo parlamentario apoya la moción presentada.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Riera.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la moción que ha presentado el Bloque Nacionalista Gallego porque recoge en gran medida la demanda que viene presentándose por todos los grupos políticos, por todos los sectores sociales en Galicia y por supuesto en Ferrol y su comarca en relación con los astilleros de Navantia Fene-Ferrol. Es realmente importante una de las cuestiones que destacaba el otro día el señor Jorquera, que la carga de trabajo finaliza en el año 2012. Prácticamente hoy en día se ha terminado de cortar el acero existente en la zona, en aquel astillero, y ya no hay prácticamente carga de trabajo nueva. Eran sorprendentes tanto la intervención del otro día de la ministra de Economía y Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, como la intervención del señor Carro hoy refiriéndose a la gran carga de trabajo que se ha venido conteniendo durante estos últimos años, pero se olvidan de decir que con el Gobierno del Partido Socialista, entre el año 2004 y el año 2011, año en el que estamos, ha sido cero, no ha habido ni una sola contratación. Todos aquellos honores a los que se refería el otro día la vicepresidenta del Gobierno sobre la construcción de las cuatro fragatas de la clase F-100, que todavía están sin terminar porque no se han comprometido con la F-106, del LHD Juan Carlos I, de las fragatas noruegas, de los buques australianos exactamente igual que de los buques destructores que se están haciendo ahora, vienen de las épocas de los gobiernos del Partido Popular, entre el año 1996 y el año 2004; no hay nada de carga de trabajo nueva contratada en las épocas de los gobiernos del señor Rodríguez Zapatero. Esta es la realidad, y por eso hay carga de trabajo hasta el año 2012. Lo realmente lamentable y grave es que este Gobierno no ha hecho absolutamente nada por que se contrate ni un solo barco más para dar carga de trabajo a ese personal, a esa aplantilla, a esos miles de trabajadores por los que dicen estar tan preocupados. La realidad, señor Jorquera, es que tiene usted razón en que hay dos limitaciones fundamentales: en primer lugar, la del 20 por ciento en relación con la facturación, que es penalizar de una manera tremenda la construcción naval militar en relación con la construcción naval civil y, en segundo lugar, el veto que existe desde la sexta y séptima directiva comunitaria de los años 1986 y 1990, que son las que impiden entrar a Navantia-Fene-Ferrol, a Navantia, en general, en España en el mercado de construcción naval convencional, que es lo que realmente habría que hacer, quedando penalizados también para el mercado offshore, que era lo que se nos había dicho en el año 1996, cuando se cerró Astano para la construcción naval convencional. Estos son los dos puntos en los que este Gobierno debería haber estado trabajando estos años.


¿Sabe cuál es el resumen? El año pasado, con la Presidencia de turno de la Unión Europea del Partido Socialista, del señor Rodríguez Zapatero, el 24 de junio -es decir, dentro de diez días hará un año- el señor ministro de Industria, el señor Sebastián, tenía que haber presidido en Bruselas una reunión de ministros de Industria de toda la Unión Europea, así como con todos los sindicatos del metal y de construcción naval europeos para hablar del futuro de la construcción naval en España y en Europa. El resultado de aquella reunión fue que el señor ministro de Industria español no se presentó; no hubo conferencia ni hubo propuesta, y lo que es más grave, no envió a ningún representante del Gobierno español para hablar de este tema.


De manera que la moción que presenta hoy el Bloque Nacionalista Galego, que tiene una gran generosidad admitiendo como enmienda de adición las dos cuestiones que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, que son la nada de la nada, porque no han servido para nada durante estos últimos años, no tiene más que un sentido, y es poder sumarse a la iniciativa que hace el Bloque Nacionalista Galego en este momento. El Partido Popular se suma porque ya lo ha hecho en otras ocasiones, porque hemos presentado mociones e iniciativas muy similares en muchas ocasiones y hemos coincidido en ello. Esperemos algo con la suma que hace ahora el Grupo Parlamentario Socialista de sus votos a esta moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego en los pocos meses que le restan de gobierno al señor Rodríguez Zapatero. Repito, casi ocho años para no hacer nada y terminar de enterrar este sector en Galicia, exactamente el mismo avance que ocho años de gobierno del Partido Popular, que lo llenó de cartera de pedidos, de la que todavía se están beneficiando hoy los astilleros gallegos españoles. Por cierto, si hay alguien que ha privatizado los astilleros españoles en España ha sido el Partido

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Socialista, que nada más llegar al poder lo primero que hizo fue privatizar todos los astilleros españoles y dejar al margen a Navantia para la construcción naval militar. Esta es la realidad; ya está claro de dónde han venido los miedos a las privatizaciones durante los últimos años de democracia en España.


Por lo tanto, señor Jorquera, el Grupo Parlamentario Popular apoya la moción del Bloque Nacionalista Galego porque cree en ella, porque ya ha defendido esas mismas propuestas en otras ocasiones. Nos alegramos de que el Grupo Parlamentario Socialista se una y esperamos que en estos siete meses que pueden quedar de legislatura la debacle interna que tengan sirva para que de verdad haya carga de trabajo para los astilleros de Navantia-Fene-Ferrol y esto deje de ser una preocupación para toda una comarca que lleva sumida en la más grave de las crisis desde la reconversión naval del señor Solchaga en el año 1984.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández de Mesa.


Señor Jorquera, entiendo que se votará la moción en sus términos añadiendo la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor JORQUERA CASELAS: Sí, voy a ser generoso, aunque coincido con las valoraciones que acaba de manifestar el señor Fernández de Mesa...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Solamente quiero saber lo que vamos a votar. Muchas gracias, señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Acepto la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista como una enmienda de adición a los puntos ya contenidos en la moción.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No me ha atendido porque sabría qué es lo que le he dicho.


Muchas gracias, señor Jorquera.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS INICIATIVAS NECESARIAS PARA PONER LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS. (Número de expediente 173/000219.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas necesarias para poner la economía al servicio de las personas.


Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Buenaventura.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.


Señorías, la moción que hoy presentamos a debate y votación del Pleno de la Cámara es fruto de la interpelación que presentamos el miércoles de la semana pasada a la vicepresidenta segunda del Gobierno, sobre la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas económicas del Gobierno, un cambio de rumbo a una economía al servicio de las personas. El reparto de los costes de la crisis ha sido muy desigual entre la ciudadanía y el actual Gobierno no tomó las decisiones que garantizaran que la factura económica y social de la crisis la pagaran quienes las habían causado. Al contrario, las principales medidas para afrontar la crisis han consistido en subir impuestos indiscriminadamente, como el IVA, recortar salarios, eliminar ayudas, reducir pensiones, privatizar organismos públicos rentables y reducir los gastos presupuestarios, incluso en aquellas partidas más necesarias. Todo ello ha puesto en peligro muchos derechos sociales y ha supuesto un empeoramiento objetivo de la situación de miles de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, las personas con más recursos no han visto amenazada su posición de privilegio, incluso se han visto reforzadas tras la crisis. Las únicas medidas adoptadas por el Ejecutivo que han afectado a las rentas más altas han quedado en lo meramente estético, como el incremento residual de los tramos más altos del IRPF.


Creemos que la fiscalidad es uno de los principales elementos de redistribución de la riqueza. A pesar de la retórica del Ejecutivo con respecto a la importancia política que otorgan ustedes a la cohesión social, la práctica ha demostrado que en absoluto lo han hecho y que, además, lo que se ha conseguido es un incremento de las desigualdades sociales y de la pobreza en nuestro país. Hasta ahora, la sumisión y el seguidismo a las imposiciones de las instituciones financieras no democráticas han supuesto una carrera continua de decisiones económicas y políticas que perjudican a la mayoría de la población, con la única obsesión de reducir el déficit sin preocuparse lo más mínimo por los devastadores efectos sociales de estas decisiones. Lo decíamos el miércoles pasado: Sí a la reducción del déficit pero no una reducción drástica y no solo con la reducción del gasto social.


Sin embargo, en esta carrera por reducir el déficit no se han rectificado decisiones que nunca deberían haberse tomado si se quería conservar la cohesión social, como la eliminación del impuesto del patrimonio, las rebajas fiscales en el IRPF a las rentas más altas, la universalización de los incentivos en el impuesto de sociedades, incluso para las empresas con beneficios millonarios que despiden trabajadores, y una lucha contra el fraude que, aunque mayor a la de los anteriores gobiernos, lo hemos de reconocer, todavía es claramente insuficiente. Este proceso de recortes presupuestarios fue seguido posteriormente

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por políticas como la reforma laboral y el alargamiento de la edad de jubilación, políticas que, como he dicho, solo han recortado los derechos sociales, que tanto ha costado conseguir en nuestra democracia.


En el ámbito de participación del Gobierno en los organismos de toma de decisiones económicas multilaterales o comunitarios, la defensa de los intereses del conjunto de la ciudadanía española también es cuestionable.
A pesar de los acuerdos adquiridos en esta Cámara en cuestiones como la implantación de un impuesto para las transacciones financieras, el Gobierno no ha mostrado que la reforma del sistema financiero, la lucha contra los paraísos fiscales o un sistema fiscal común sean su prioridad en las participaciones de las reuniones de los consejos de Europa, del Ecofin o del G-20. La mejor forma de hacer frente a los ataques especulativos que han recibido los Estados de la periferia del euro, entre ellos el Estado español, pasa también por el impulso de un sistema fiscal armonizado en la Unión Europea, con presión fiscal sobre la energía y sobre las transacciones especulativas y una lucha decidida contra los paraísos fiscales y el fraude. Hay que cambiar las prioridades de una Unión Europea donde hasta ahora los criterios económicos de los Estados más poderosos han primado por encima de los criterios de la equidad entre la ciudadanía europea y la cohesión social. El Gobierno, escudándose en el origen externo de la crisis por la situación de colapso financiero mundial, no ha tomado medidas para cambiar ninguna de las graves deficiencias propias de nuestro Estado, que se intensifican con la situación del elevado desempleo.


Lo que proponemos en nuestra moción, además de recuperar el impuesto sobre el patrimonio para gravar a las grandes fortunas, es revisar el impuesto de sociedades para aumentar la contribución del capital empresarial a las arcas públicas, estableciendo un tipo del 35 por ciento para las bases imponibles que superen los 100 millones de euros. Proponemos crear un impuesto sobre bienes suntuarios aplicable a los productos y servicios considerados de lujo y reducir los tipos del IVA a determinados bienes y servicios de primera necesidad, además de otras propuestas que hemos ido haciendo a lo largo de la legislatura. También situar como verdadera prioridad política en las participaciones en el Ecofin, el Consejo Europeo y las reuniones del G-20, el impulso de un impuesto internacional a las transacciones financieras, con un calendario concreto y un tipo impositivo que disuada a los inversores financieros a realizar operaciones únicamente especulativas. Debido a lo que explicó la señora Salgado de la gran lucha que se está haciendo contra el fraude fiscal -y aquí me quiero detener-, también hacemos distintas propuestas: introducir un gravamen especial sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales en la normativa del IRPF y del impuesto sobre sociedades; el no reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español; prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios, salvo que suministren a la Administración tributaria española la misma información que sobre las operaciones realizadas en territorio nacional y, en concreto, la obligatoriedad de identificación de los clientes de sucursales de entidades españolas radicados en dichos territorios; actuar con la máxima contundencia en el caso de las 659 grandes fortunas titulares de cuentas bancarias en Suiza sin declarar, iniciando las inspecciones fiscales pertinentes -cuando todavía no se haya hecho- y poniendo en conocimiento de los jueces todos los supuestos de presunto delito fiscal sin excepciones; hacer público el listado de personas a las que se denuncie por el presunto delito contra la Hacienda pública; desarrollar reglamentariamente normas para la reducción de los precios de las comisiones bancarias y adaptar las prácticas bancarias a las normas europeas sobre control de la falta de transparencia, para asegurar el asesoramiento adecuado y la información a los consumidores. En total son diecinueve propuestas...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Buenaventura, por favor.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Termino, enseguida.


Hemos de reconocer que por parte del Partido Socialista Obrero Español ha habido un esfuerzo en presentar una enmienda, una transacción sustitutoria. Agradecemos el esfuerzo, pero no podemos aceptarlo, entendiendo que es un brindis al sol y no se centra en temas concretos, que es lo que nosotros proponemos para cambiar la política económica de este Gobierno para hacer una economía al servicio de las personas.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Buenaventura.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Gastón.


La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señora presidenta.


Señora Buenaventura, nos presenta usted en esta iniciativa, en esta moción consecuencia de interpelación, su programa de máximos, su programa económico, y quería decirle que esto daría para un debate de más de cinco minutos. Las medidas llevadas a cabo por el Gobierno, la mayoría aprobadas en esta Cámara, fueron objeto ya -como usted ha dicho- de la interpelación de la pasada semana. Tengo que recordarles, señorías, que partiendo de un excesivo endeudamiento, en particular endeudamiento privado, y con un excesivo peso del sector inmobiliario en nuestro patrón de crecimiento, la acción y la respuesta del Gobierno -teniendo siempre como preocupación de cabecera el desempleo- ha sido la de tratar de buscar el equilibrio entre la ineludible consolidación fiscal y sus compromisos en materia de

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déficit, puesto que pertenecemos a la zona euro, y la cohesión social, igualmente ineludible para nosotros, para los socialistas. El deber también ha sido poder garantizar la financiación de la actividad, tanto la pública como la privada; y de igual modo -por añadido- trabajar por un cambio en nuestro modelo productivo.


Señorías, por más que se empeñen algunos en lo contrario, el modelo de ajuste no es nuestro paradigma, sino que es la respuesta necesaria -y en ningún caso unilateral, sino una respuesta colectiva-, con deberes particulares en función de nuestros propios desequilibrios y de nuestras potenciales correcciones. Señora Buenaventura, coincidimos en el espíritu de varias de sus propuestas, aunque más allá de su literalidad exacta entendemos que los matices, en este caso, adquieren además suma importancia. Existen puntos de encuentro en alguna de sus propuestas.
Pongamos, por ejemplo, el papel del Estado. ¿Estado? Sí, por supuesto, pero no exactamente protagonizando terrenos que ustedes proponen en esta moción; es ahí donde los matices pueden diferenciarnos, comos es el caso de su propuesta con relación al FROB. Señora Buenaventura, hay propuestas que ya quisiéramos que fuesen posibles, pero impera la realidad económica y debemos -deberíamos- ser conscientes de su imposibilidad en este momento. Aunque su melodía pudiera seducir oídos, ahí se quedaría porque en este momento sería imposible llevarla a la práctica y todos debiéramos ser conocedores de esta realidad. Es el caso de su propuesta sobre el salario mínimo interprofesional. Hoy mismo el Gobierno ha anunciado un incremento para el próximo años entre un 1,5 y un 2,5 por ciento.
Entendemos que la senda de este crecimiento debe ser acorde con la situación económica. Recordemos además que en los últimos años el salario mínimo interprofesional ha experimentado incrementos notables con el Gobierno socialista, a diferencia de su evolución con gobiernos del Partido Popular. Tampoco es posible ahora mismo implantar planes de estímulo, siguiendo las políticas aprobadas de consolidación fiscal.


Señorías, pertenecer a Europa y compartir la moneda única tiene ventajas, pero también implica que haya actuaciones y decisiones que deban someterse a la voluntad colectiva. De forma aislada, solos, con ciertas decisiones no avanzaríamos, podríamos incluso empeorar nuestra situación, y es el caso de decisiones como las que ustedes apuntan. Para nosotros la lucha contra el fraude es prioridad y así se refleja en las actuaciones del Gobierno, pero con respecto a sus propuestas sí debemos decirle que no podemos actuar de forma aislada. Igualmente ocurre con propuestas sobre las agencias de rating. Estamos plenamente a favor de corregir su metodología y de abordar el conflicto de intereses, pero juntos en Europa, tal y como se está trabajando en estos ámbitos.


Con respecto a sus propuestas en materia hipotecaria, señora Buenaventura, acabamos de aprobar la creación de una subcomisión. Creemos que lo correcto es estudiarlas pausadamente en el seno donde debe serlo. También debe haber algún matiz en este caso que se nos escapa a nosotros porque no entendemos su propuesta de desarrollo reglamentario sobre comisiones bancarias. No entendemos cómo a través de un desarrollo reglamentario podemos actuar en este sentido cuando hemos estado siempre defendiendo que lo que impere es lo que defiende también Europa, el principio de libertad de comisiones, precisamente para que dentro de esta competencia sea el usuario de servicios bancarios el que pueda comparar, elegir y así beneficiarse.


Por último, señorías, no podemos desviarnos de los compromisos adquiridos en cuanto a objetivos del déficit también para las comunidades autónomas, vaya siempre por delante el respeto a la autonomía financiera. Nuestro compromiso de cabecera es preservar los servicios públicos esenciales y la defensa del Estado del bienestar. Entiendo que como el Partido Popular ha venido reiterando y calificando de insuficientes nuestros objetivos de déficit y también reiteradamente en público ha defendido que no iba a tocar ningún gasto social, no nos vayamos a poner la venda antes de la herida...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Gastón.


La señora GASTÓN MENAL: Acabo, señora presidenta. Gracias.


Eso sí, estemos vigilantes. Señora Buenaventura, precisamente la enmienda recogía el espíritu de aquellos puntos de encuentro entre sus propuestas económicas y lo que nosotros también proponemos, que los hay; eso sí, con los pies en el suelo y anteponiendo siempre las responsabilidades y las necesidades que la crisis internacional y la pertenencia a la zona euro conllevan.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Gastón.


Para fijar la posición del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, presidenta.


Intervendré muy brevemente para manifestar que concordamos con los puntos contenidos en esta moción consecuencia de interpelación. Creemos que las orientaciones que fija son las necesarias para que realmente la economía esté al servicio de las personas, esté al servicio de las mayorías sociales y corregir por tanto lo que está pasando. Por parte del BNG no habría ningún inconveniente en que se hubiese incluido una referencia expresa a la necesidad de reforzar el sector público empresarial, de corregir procesos de privatización encubiertas en marcha. Pensemos en los aeropuertos y en las loterías, se habla incluso de privatizar las autovías. ¿Por qué digo esto, señorías? Porque me ha causado perplejidad una reciente alusión de un diputado del partido que

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da soporte al Gobierno y que está implementado todas estas políticas de privatización hablando de la fiebre privatizadora del BNG, confundiendo el tocino con la velocidad; confundiendo que unas instalaciones en desuso puedan ser arrendadas a una empresa para que las ponga en servicio y genere empleo con privatizar, confundiendo el tocino con la velocidad.
Por tanto, no tendríamos ningún problema en que esto también se plasmase en la moción, pero en cualquier caso nosotros no estamos aquí para hacerles la prueba del algodón a grupos que tienen planteamientos muy sensatos y razonables que suscribimos, como es el de Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Por tanto, apoyamos la moción en todos sus términos. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras y señores diputados, con este título sugerente y atractivo como es el de poner la economía al servicio de las personas, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nos trae todo un programa de Gobierno en materia económica completamente alternativo, diría que completamente alternativo; da la vuelta al calcetín en muchas de las medidas que o bien por mor de la crisis, por imperativo de la Unión Europea, o por exigencias de lo que se llaman mercados se han ido adoptando a lo largo de los últimos tiempos. Es ciertamente momento de reflexión y de propuestas, y desde el ámbito de la reflexión puedo incluso compartir y comparto algunas de las que plantea el grupo proponente. Dada la diversidad de las medidas y la naturaleza de muchas de ellas, deberían ir encaminadas a que los futuros ministrables del área económica o los consejeros de Economía de las diferentes comunidades autónomas las incorporasen en sus agendas de actuación, sin olvidarnos, dado el carácter tributario de muchas de las medidas, de las diputaciones forales de los territorios históricos de Euskadi.


Simplemente quiero transmitir que la moción es sugerente, sí, pero excesivamente ambiciosa. Poner de vuelta y media toda la política económica, tributaria, etcétera, y todo ello en una única moción ómnibus, es excesivo incluso -si me permiten la broma- para un humilde diputado de Bilbao; cada punto o cada propuesta puede ser objeto no solo de moción sino de una proposición de ley específica. Con un tema tan importante como la crisis económica y sus consecuencias en términos de desempleo no nos podemos aliviar y quedarnos tan tranquilos aprobando tras un debate de cinco minutos una moción de este calado. Si estamos en precampaña electoral, o así lo pretenden algunos, avísennos para obrar en consecuencia, pero sinceramente en unos pocos minutos no soy capaz ni de enunciar las diecinueve medidas que proponen, así que mucho menos de reflexionar sobre ellas y argumentarlas como se merecen dada -como digo- su profundidad e implicaciones.


Si me lo permiten, les sugeriría que trasladasen los elementos de la moción al denominado debate sobre el estado de la Nación proponiendo su política alternativa, que yo sí creo que efectivamente lo es. En un futuro no muy lejano va a ser necesario replantear, repasar y en consecuencia modificar el sistema tributario. Las modificaciones que se han producido a lo largo del tiempo han desfigurado el modelo tributario, si es que alguna vez lo hubo como tal; el impuesto sobre transacciones financieras internacionales de carácter especulativo y de alto riesgo se debería haber aprobado ya a nivel global en el seno del G-20 o al menos en el ámbito de la Unión Europea; las administraciones territoriales tienen que mejorar sus mecanismos de control interno, pero para ello no necesitan coordinarse con nadie, lo pueden hacer en virtud de sus competencias en materia presupuestaria; luchar contra el fraude fiscal ha de ser un objetivo, yo diría que una obsesión permanente; la gestión de los bienes públicos se ha de realizar con seriedad, sobriedad y atendiendo a los principios de equidad y justicia social. Así podría ir de forma superficial, si tuviera tiempo, fijando la posición del Grupo Vasco en relación con los distintos elementos que configuran su moción, pero -como les decía- resultaría un tanto frívolo por mi parte hacerlo y mucho más votar afirmativamente sin profundizar en el debate. Valorando la iniciativa como un auténtico programa económico alternativo, nuestro grupo estaría dispuesto a debatirlo y a fijar la posición clara respecto a cada una de las propuestas o de grupos reducidos de propuestas coherentes. Mientras tanto, nuestro grupo va a votar en contra de esta moción.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Efectivamente, cuando leí el título de la moción que ha defendido la diputada representante del Grupo de Iniciativa per Catalunya, Nuria Buenaventura, que hacía referencia a las medidas urgentes necesarias para poner la economía al servicio de las personas, tal como ha dicho Pedro Azpiazu, pensaba que probablemente podríamos encontrar alguna complicidad para buscar algún consenso, pensé que podríamos compartir algunos de los aspectos que usted ha presentado. Lamentablemente para nuestro grupo esto no ha sido así. Encontramos a faltar cuando se habla de la economía al servicio de las personas, que no se hayan tenido en cuenta cuáles son todos los mecanismos que hay que poner en marcha para evitar que la sociedad española en estos momentos tenga 5 millones de parados, y hay que intentar plantear medidas modernas e innovadoras para que todas estas

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personas que tienen la desgracia de estar en el paro y cobrando del paro -e incluso familias enteras a las que se les está terminando el paro-, puedan incorporarse al mercado de trabajo.


Sinceramente, nosotros pensábamos que quizás aquí pudiéramos buscar algún hueco y alguna complicidad para plantear medidas efectivas para que las personas y la economía que está al servicio de las personas no estén en una situación tan desgraciada como la que están padeciendo en estos momentos. No ha sido así, ya lo he dicho anteriormente. Ustedes han planteado un programa electoral, naturalmente de izquierda radical, y como siempre ponen encima de la mesa todos aquellos aspectos que hacen referencia a los ricos y a los pobres, y este no es el debate. Aquí el debate no es si unos son ricos y otros son pobres, el debate es cómo implementamos medidas para que todos estos señores que están en el paro pasen a la ocupación y tengan un empleo estable e indefinido. Este es el tema, señora Buenaventura, pero ustedes están siempre obsesionados con este mensaje radical y más que encontrar complicidades siempre intentan que choquen dos trenes frontalmente para que se provoque todavía más el caos económico. Ustedes han planteado un incremento de impuestos, como no podía ser de otra manera. ¿Cómo les vamos a decir a las pequeñas y medianas empresas en estos momentos, que son las únicas que pueden crear empleo, que les vamos a incrementar los impuestos? Quieren equiparar -esto ya es tradicional de ustedes- las tributaciones de las rentas del trabajo y del capital, quieren incorporar otra vez más -esto tampoco es novedoso- el impuesto del patrimonio, un impuesto más sobre los bienes; en definitiva, una carta a los Reyes Magos. No sé si algún día se podrán aplicar en España este tipo de programas, pero creemos que aquí se tendría que hablar de la problemática real de las familias españolas, de la problemática real de las personas que, por desgracia, están en situación de paro y que probablemente, a no ser que cambien muchísimo las cosas, van a continuar en el paro y se van a quedar sin prestación. ¿Cómo vamos a intentar que creen ocupación? Porque parece ser que ustedes quieren que la ocupación la creen las administraciones públicas. Y, señora Buenaventura, los que han de crear empleo son los pequeños y medianos empresarios, los autónomos, las pymes, y a estos señores les hemos de dar mecanismos y confianzas para que puedan generar esta actividad. Con estos programas y con estos planteamientos difícilmente vamos a generar confianza y motivar que futuros emprendedores y personas que tengan la capacidad de implementar su proyecto empresarial tengan la valentía de salir fuera, al exterior, y crear puestos de trabajo. Por estos motivos, independientemente de que hay dos o tres aspectos en que estamos de acuerdo, como son el ICO, las pymes y la lucha contra el fraude fiscal, nosotros vamos a votar radicalmente en contra de esta iniciativa parlamentaria.


Muchísimas gracias, señora presidenta, y señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, defiendo la posición de mi grupo parlamentario con respecto a esta moción presentada por Izquierda Unida y tengo que adelantarles que nuestra posición va a ser contraria a este planteamiento de política económica, que realmente parece todo un programa electoral. Podemos compartir alguno de los puntos, pero en su mayor parte el espíritu que inspira todas estas propuestas está realmente en el polo opuesto de los planteamientos del Grupo Parlamentario Popular, porque, por un lado, nos proponen una mayor subida de impuestos, con lo cual conseguiríamos el efecto contrario al sugerente título que efectivamente han comentado algunos portavoces: poner la economía al servicio de las personas. Si subimos más impuestos, al final vamos a poner a las personas al servicio de la economía, porque no vamos a vivir ni a trabajar para otra cosa que para pagar impuestos y más impuestos. Como hemos tenido ocasión de manifestar muchas veces en este hemiciclo -y quisiera que hoy acabaran de entenderlo-, realmente aumentar impuestos no implica aumentar la recaudación sino más bien todo lo contrario. Porque me gustaría preguntar al Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida si se han leído ustedes los datos de recaudación del primer cuatrimestre de 2011, si han analizado cuál ha sido el resultado del aumento del IVA, del aumento del IRPF, del aumento de los impuestos especiales que nos ha implantado el Gobierno socialista. Me voy a permitir contestarles recordándoles algunos datos de recaudación tributaria que creo que no han valorado convenientemente. En el primer cuatrimestre de 2011 la recaudación del impuesto sobre sociedades ha caído un 14,6 por ciento y los impuestos especiales -tabaco e hidrocarburos- han caído un 4,6 por ciento. Si tenemos en cuenta que la previsión del Gobierno era que el impuesto sobre sociedades creciese un 9,3 y los impuestos especiales creciesen un 2,3, el resultado de las subidas de impuestos del Gobierno socialista ha sido precisamente una caída de la recaudación. Los únicos impuestos que crecen lo hacen tan débilmente que no equilibran las balanzas de nuestras cuentas públicas. Señorías, las subidas de impuestos en el contexto económico actual de crecimiento prácticamente nulo y caída de la demanda finalmente conseguirían el efecto contrario y disminuir la recaudación.
Nuevas subidas de impuestos retraerían aún más el consumo y nuestra demanda interna, generando menor actividad económica y finalmente más paro.


Hay otro punto de la moción que hace referencia a la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, pero, independientemente de que nuestros planteamientos en el enfoque de esta cuestión son diferentes a

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los suyos, sí que estamos de acuerdo en que el Gobierno socialista no ha puesto el suficiente acento en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, empezando por los medios materiales y humanos cada vez menores con que ha contado la Agencia Tributaria y siguiendo por unos planes de lucha contra el fraude cuyos resultados y eficacia son más que dudosos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No nos parece coherente perseguir a los parados mientras se trata con guante blanco a las grandes fortunas, que tienen su dinero depositado en paraísos fiscales. Desde nuestro punto de vista con este tipo de actuaciones del Gobierno socialista se ponen en entredicho cuestiones tan importantes como la equidad y la solidaridad de nuestro sistema fiscal.


El otro gran eje sobre el que giran algunas de sus propuestas, en las que estamos en el polo opuesto, hacen referencia a nuestras cuentas públicas, porque llegan ustedes incluso a proponer en algún punto que se permita un mayor déficit a nuestras comunidades autónomas; incluso llegan a olvidarse de nuestros compromisos de consolidación de cuentas públicas en el marco en el que tenemos que movernos, que es el de la Unión Europea, y de nuestros compromisos internacionales. Mi grupo ha defendido muchas veces dentro y fuera de esta Cámara la necesidad de recuperar la cultura y el compromiso con la estabilidad presupuestaria como elemento económico esencial de credibilidad y de crecimiento económico sostenido. La austeridad en el gasto público racionalizando todo nuestro sector público, reduciendo cargos y coches oficiales y eliminando gasto corriente y superfluo es, además de una demanda de los ciudadanos, uno de los ejes de nuestra política económica.


En el Grupo Popular entendemos que el gran desafío con el que se enfrenta nuestro país es conseguir crear empleo, como decía el portavoz de CiU.
Para ello hemos traído a esta Cámara numerosas iniciativas que no coinciden en absoluto con sus planteamientos de política económica. Ese es el camino para poner realmente la economía al servicio de las personas y no el que nos proponen en su moción. Por eso vamos a votar en contra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL BAJO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CERCANÍAS DE BARCELONA. (Número de expediente 173/000220.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre el bajo cumplimiento del Plan de cercanías de Barcelona.


Tiene la palabra don Pere Macias para su defensa.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, nuestro grupo presenta una moción consecuencia de la interpelación que formulamos la semana pasada con relación al bajo cumplimiento del Plan de cercanías de Barcelona. Como ustedes pueden suponer, nuestra moción persigue un objetivo claro, y es que este plan pueda ser una realidad cuanto antes. Somos plenamente conscientes de las dificultades presupuestarias de todas las administraciones, también de la Administración del Estado, y somos conscientes además de que en este marco es especialmente complejo acometer aquellas inversiones destinadas a los servicios de interés público, que son aquellos que deben resultar más beneficiados por la aportación de recursos públicos. Bajo este prisma hemos querido presentar una moción muy posibilista y en línea, como ustedes también se pueden imaginar, con las negociaciones que en estos momentos el Gobierno de la Generalidad está manteniendo con el Ministerio de Fomento.


Para nosotros lo importante son básicamente tres cuestiones. En primer lugar, hacer posible el cumplimiento estricto del acuerdo de traspaso de los servicios de cercanías al Gobierno de la Generalidad acordado en su momento por el anterior Gobierno de la Generalidad con el Ministerio de Fomento. Para que este traspaso sea plenamente posible debe modificarse la Ley del Sector Ferroviario, permitiendo que cualquier operador pueda circular por las líneas de interés general. Es evidente que esto no supone ninguna idea premeditada con relación a que sea o no la actual operadora, Renfe-Operadora, la que preste estos servicios. Yo quiero recordar lo que dije en mi interpelación, pero también palabras del consejero de Territorio y Sostenibilidad, señor Recoder, quien, haciendo referencia a los problemas de la red de cercanías, ha manifestado que muchos de ellos no son debidos a la propia operadora sino a la red, y que por tanto la posición de la Generalidad no tiene nada que ver con ningún tipo de premeditación contra Renfe, sino todo lo contrario. Renfe tiene muy buenas personas trabajando y tiene una vocación de servicio que yo creo que es encomiable. Por tanto, que reclamemos que se cumpla aquello pactado en su momento con relación al traspaso no permite hacer ninguna valoración en cuanto a que Renfe continúe o no prestando el servicio, pero sí hay que abrir esta posibilidad. Se trata, en definitiva, de una cuestión de lealtad institucional. Nosotros pedimos que se pueda acometer esta reforma legislativa.


En segundo lugar, siendo conscientes de las dificultades presupuestarias, creemos que hay algunas de estas inversiones que deben ser prioritarias.
Ya hablé la semana pasada de una que me parece absolutamente prioritaria y muy rentable, que es la instalación del sistema ERTMS, que es un sistema nuevo de señalización ferroviaria para la gestión de tráfico. Ya se utiliza en las líneas de alta velocidad y en la red de cercanías en Madrid. Por tanto, en una red tan congestionada como la de Barcelona sería de gran utilidad para, con relativamente poco coste, tener

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mucha más capacidad de circulación. Así toda una serie de inversiones, modernización de vía, mejora de catenarias, etcétera, que nosotros recogemos dentro de las prioridades en el Plan de cercanías. De hecho, solo hay una gran actuación, la duplicación de vía entre Montcada i Reixach y Vic que nos parece muy importante. Nosotros proponemos que se acelere la contratación de la duplicación que nos parece que dentro de las grandes actuaciones sería la más prioritaria.


Hay una cuestión muy importante que en nuestra moción se presenta en el punto 2.a) -luego hablaré de una transacción que hemos formulado con el Grupo Socialista- pero que inicialmente aparece en el apartado 2.a). Se trata de un mecanismo, la creación de una oficina técnica de ejecución del plan que tenga su sede en Cataluña y permita la coordinación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña con el propio Gobierno del Estado, que es el que a la postre es responsable de la red y del plan. Este es un elemento que nosotros juzgamos muy positivo y que tiene un precedente que ha sido ampliamente valorado por todo el mundo como muy eficiente. Se trata de la oficina llamada del Plan Barcelona, del Plan de ampliación del aeropuerto de El Prat, que era una oficina dependiente plenamente de AENA, pero que durante todo el periodo de ejecución de las obras, más de diez años, tuvo trabajando, por cierto en el edificio de la vieja torre de control del aeropuerto de El Prat, a unos cien técnicos dependientes de AENA, quienes con una capacidad de autonomía técnica ejecutaron con gran diligencia y con gran eficacia toda la implementación del plan y con un resultado muy positivo, que invito a los señores diputados a contemplar con suma atención, porque tuvo muy pocas desviaciones presupuestarias con relación a aquello que se había programado. Creo que disponer de un instrumento como una oficina técnica bien dotada es algo que hace que las obras se puedan ejecutar con una eficacia muy importante. Esto puede ser asumido y, por tanto, nosotros hemos previsto también en nuestra moción este punto.


Finalmente, tengo que decirle que ha habido dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular que nos pide añadir algunos aspectos que yo considero muy importantes. Uno de ellos es la línea orbital ferroviaria y la nueva línea entre Castelldefels y Cornellà. Sin embargo, dentro de esta necesidad de priorizar nosotros lo que estamos diciendo es que debemos priorizar lo más importante. La segunda de las observaciones del Grupo Popular es que se añada el acceso al puerto de Barcelona, que esta mañana ha sido asumida en una proposición no de ley unánimemente aprobada en la Comisión de Fomento. Por tanto, creo que sobraría reiterarlo ahora.


Por contra, la enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Socialista que ha sido consensuada con nuestro grupo recoge los tres aspectos: la modificación legislativa, la aceleración de los acuerdos con la Generalitat para impulsar las inversiones prioritarias y la creación de esta oficina técnica. Por tanto, ya les anuncio que nuestro grupo va a aceptar esta enmienda que ha sido, repito, consensuada entre el Grupo Socialista y el Grupo de Convergència i Unió y creo que da plena satisfacción a aquello que nosotros habíamos planteado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Para la defensa de enmiendas tiene la palabra don Antonio Gallego Burgos.


El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señor presidente.


España solo saldrá de la crisis si potencia y respalda a aquellos territorios donde se crea riqueza y dinamismo económico. Es obvio que Cataluña es uno de los grandes y más potentes motores de España. Ese motor debe funcionar a pleno rendimiento, debe ser competitivo y no debe colapsarse. Para que el motor funcione hay que renovarlo, hay que actualizarlo, tenemos que reducir sus averías, debemos solucionar aquellos puntos críticos que merman su competitividad. Las infraestructuras contribuyen a atraer inversiones, propician el crecimiento económico, mejoran las posibilidades de competir de nuestras empresas y aumentan nuestra capacidad de crear empleo. Por tanto, debemos invertir en la mejora de la red ferroviaria de Barcelona como gran apuesta de desarrollo y crecimiento económico. Todos sabemos que la red de cercanías de Barcelona, a la que se refiere el texto de la moción que presenta hoy Convergència i Unió, no funciona como a todos nos gustaría.
Tenemos que tomar medidas para hacer frente al incremento de demanda de los servicios ferroviarios. Tenemos que modernizar y renovar la red.
Tenemos que reducir los tiempos origen-destino. Tenemos que aumentar la cobertura poblacional, aumentar la capacidad de la misma, en definitiva, ser más eficientes y ser más capaces de llevar a cabo un buen transporte público de cercanías en la provincia de Barcelona. Para ello hay que invertir, no solamente decir que se va a invertir. Hay que pasar de las palabras a los hechos. Hay que poner encima de la mesa y ejecutar los planes que se aprueban. El Gobierno tiene que impulsar los proyectos con los que se compromete y con los convenios firmados con anterioridad.
Fuentes de la Generalitat de Cataluña afirman que solo se ha ejecutado el 7,1 por ciento de las actuaciones previstas en el Plan de cercanías Barcelona 2008-2015. Las inversiones están en vía muerta. Sonroja escuchar al ministro de Fomento decir que la ejecución de las inversiones avanza a buen ritmo. Y, como antes decía el portavoz de Convergència i Unió, es verdad que la situación económica es la que es. Sabemos que la economía del país, a lo mejor, invita a postergar ciertas inversiones, pero desde nuestro punto de vista este tipo de inversiones que son claramente productivas, generan crecimiento económico y aumentan nuestra capacidad de crear puestos de trabajo han de ser proyectos prioritarios para aumentar el crecimiento y la competitividad de nuestra economía.


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Estamos de acuerdo con que se impulse urgentemente alguno de los proyectos a los que hace referencia la moción de Convergència i Unió, y así lo hemos manifestado en diferentes ocasiones. Estamos de acuerdo con que hay que modificar la Ley del Sector Ferroviario para abrir la puerta a nuevos operadores, que hay que aplicar el sistema ERTMS. Estamos de acuerdo con crear una oficina técnica centralizadora para cercanías, como ya hizo el Gobierno del Partido Popular cuando impulsó la construcción y el desarrollo en el aeropuerto de Barcelona de una oficina de similares características. También déjeme recordarle, como ciudadano de El Prat de Llobregat, una cosa. Es una auténtica vergüenza que dos años y medio después de la puesta en marcha de la T-1 de Barcelona todavía no haya un acceso ferroviario en condiciones; idem para el puerto. Estamos a punto de acabar el puerto de Barcelona y el acceso ferroviario todavía esta mañana lo estamos reclamando y está fuera de plazo. Es escandaloso que lleven años presumiendo de que se soterraran las vías en ciudades como Moncada, San Feliu u Hospitalet de Llobregat, y por eso nosotros hemos presentado enmiendas en ese sentido. Nos parece que para impulsar el transporte público en una comarca tan poblada e industrialmente tan potente como el Baix Llobregat es muy importante priorizar la línea Castelldefels-Cornellà; idem para otro de los proyectos que aparece en el Plan de cercanías Barcelona, el de la línea orbital ferroviaria.


Déjeme que acabe con un proyecto al que he hecho referencia antes. El acceso ferroviario al puerto de Barcelona no forma parte del Plan de cercanías Barcelona, pero todos sabemos que su rápida ejecución también aligeraría el tráfico de cercanías. Es una actuación que debe llevarse a cabo de una manera prioritaria y urgente, como hemos dicho todos esta mañana en la Comisión de Fomento. La semana pasada toda la sociedad civil catalana, la Cámara de Comercio, Fomento del Trabajo, el RACC, todas las instituciones públicas reclamaban que se cerraran y que se actuara rápidamente para asegurar la conexión ferroviaria y viaria con el puerto de Barcelona. Nosotros hoy, ante el texto de la moción y ante la enmienda en la que han llegado a un acuerdo el Grupo de Convergència i Unió y el PSC, votaremos a favor, porque incluye precisamente este ramal de acceso directo al puerto de Barcelona, que es una demanda absolutamente urgente para el Partido Popular. Tenemos muy claro que para salir de la crisis hay que invertir en este tipo de infraestructuras porque, de lo contrario, estaremos mermando el crecimiento económico de nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallego.


Tiene la palabra don Román Ruiz Llamas.


El señor RUIZ LLAMAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, el 7 de mayo de 2011, hace apenas un año, se llegó a un acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno del Estado para el traspaso de los servicios de cercanías a Cataluña. Un acuerdo histórico. Cataluña se convertía en la primera comunidad autónoma con el servicio de cercanías traspasado en cumplimiento del artículo 169 del Estatut. Asimismo, el 25 de febrero de 2009 se aprobaba el Plan de infraestructuras ferroviarias de cercanías de Barcelona 2008-2015, cifrado en una inversión de 4.000 millones de euros. Con estos dos acuerdos históricos se ponía de manifiesto la voluntad firme del Gobierno socialista de impulsar la modernización, la renovación y el incremento de la capacidad del servicio público de cercanías y, por tanto, su compromiso con los ciudadanos de Cataluña, en una red que da servicio a más de 400.000 usuarios diarios.
El Plan de cercanías se dividía en dos cuatrienios, 2008-2011 y 2012-2015, y en dos programas específicos, programas de infraestructuras que hacen mención a la primera parte a la que se refería el señor Macias, modernización de infraestructuras existentes y a las nuevas líneas y duplicaciones, y el programa de estaciones que comprendía una modernización de estaciones, los nuevos intercambiadores y nuevas estaciones. El compromiso del Gobierno es que al finalizar los ocho años se hayan licitado todos los programas del plan. En la interpelación de la semana pasada, el señor Macias insistía en la necesidad de agilizar al máximo el programa de modernización de las infraestructuras existentes.
Este plan dotado con 510 millones de euros, en mayo de 2011 se encuentra licitado en un 54 por ciento. Se han licitado obras por valor de 274 millones. Por tanto, sin llegar al primer cuatrienio, se ha licitado más del 50 por ciento. ¿Se debería acelerar este programa? Es lo que hemos estado pactando.


Señor Macias, el 18 de febrero dijo algo en la Comisión de Fomento con lo que estoy de acuerdo. La obra pública es de larga concreción, de larga ejecución y necesariamente tiene que ser una obra de todos. Si queremos ser justos tendremos que repartir culpas, señor Macias. Muchos de los problemas actuales, y usted los conoce, tienen que ver con el bajo nivel de inversión en la red de cercanías realizada durante los gobiernos del Partido Popular, entre los años 1996 y 2004, en los cuales el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) también apoyó esos presupuestos con mayoría simple del Partido Popular y con mayoría absoluta. Para documentarle le voy a exponer unos datos que no admiten dudas. El mantenimiento de la red de cercanías en el período 1996-2000, fue de 25.400 euros por kilómetro, y en el período 2000-2004, de 28.000 euros por kilómetro. Desde 2004 se ha venido invirtiendo en mantenimiento una media de más de 59.000 euros por kilómetros, casi el doble. Por tanto, reconozcamos algo evidente. Los problemas actuales de la red tienen que ver con el deficiente estado de la red que asumimos y hemos paliado con un ritmo de inversión que se ha duplicado. En los últimos siete años, el Gobierno socialista ha

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invertido una cifra cercana a los mil millones de euros en la red que, como dijo el ministro Blanco, es una inversión sin precedentes. Hemos llegado a un acuerdo transaccional que, como decía el señor Macias, recoge los tres puntos esenciales; tres puntos que tienen que ver con que cuando a nivel europeo se liberalice el transporte ferroviario de viajeros, en aquellos casos de las comunidades autónomas que ostenten en sus estatutos la titularidad de los servicios definidos como obligaciones de servicio público, se lleven a cabo los cambios legislativos necesarios para conseguir el desarrollo pleno de sus competencias. También hemos acordado acelerar los acuerdos con la Generalitat de Cataluña para impulsar estas inversiones del Plan de cercanías. Asimismo, esta mañana, en la Comisión Fomento, los accesos al puerto de Barcelona como actuaciones a ejecutar a corto plazo y la creación de una oficina técnica dependiente del secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras coordinada conjuntamente con el Gobierno de la Generalitat en tanto que titular del servicio. Un acuerdo muy satisfactorio por el cual también tengo que dar las gracias al señor Macias, persona con la que cuando hemos negociado hemos llegado a acuerdos porque los dos tenemos en cuenta una cosa fundamental, que es el sentido común. Él lo ha dicho en la primera parte de su exposición: estamos en un contexto económico determinado; las administraciones públicas disponen de los fondos de los que disponen; los ayuntamientos, la Generalitat de Catalunya y evidentemente el Gobierno del Estado. Sin embargo, pese al reajuste presupuestario estamos firmemente comprometidos con llevar adelante el plan de cercanías previsto, la llegada de la alta velocidad a Gerona y la frontera francesa en 2012, el impulso del corredor mediterráneo de viajeros y mercancías y el desarrollo del acceso ferroviario al puerto de Barcelona.


Desde el Grupo Socialista y el Gobierno estamos seguros de que podemos establecer acuerdos de colaboración con las administraciones y de que llegaremos a acuerdos que lo lleven adelante. Por tanto nos debemos felicitar por este acuerdo que desbloquea el tema.


Señor presidente, señorías, muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz LLamas.


Tiene la palabra doña Nuria Buenaventura.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.


Señorías, nuestro grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, va a dar apoyo a la moción del Grupo Catalán de Convergència i Unió dirigida a mejorar las cercanías de Barcelona en su propuesta inicial y también con las enmiendas incorporadas de otros grupos. Estamos de acuerdo con el primer objetivo en cuanto a que además es un compromiso que se realizó entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat el año pasado cuando se decidieron las transferencias en temas de cercanías, por tanto de Renfe. Además entendemos que en Cataluña tenemos la experiencia de los ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya que es una operadora pública catalana y que funciona. Yo como usuaria, no de Renfe sino de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, les puedo decir que funciona muy bien, no así por lo que respecta a las cercanías de Renfe.


Es cierto que nosotros -y por tanto el segundo punto también lo compartimos- hemos ido reivindicando desde hace tiempo la necesidad de mejorar este servicio. Los usuarios de cercanías en Cataluña sufren diariamente retrasos sistemáticos -cuando no largas averías- que en los últimos meses se han incrementado y además no se está cumpliendo el Plan de cercanías 2014. No puede ser que en pleno siglo XXI haya en Cataluña 265 kilómetros menos de ferrocarril que en el año 1930. Es verdad que se ha priorizado el tren que utiliza una minoría, el AVE, en contra del tren que utiliza la mayoría, cercanías y media distancia. También queremos recordar -según las cifras que nosotros tenemos- que ADIF ha ejecutado solo el 3,3 por ciento, es decir, 133 millones de los 4.400 millones comprometidos para el periodo 2008-2015. Mi grupo en su día ya reclamó una inversión sostenida de 2.500 millones de euros anuales porque es necesaria para poner al día la red de cercanías, mejorando el servicio de la red actual, solucionando los atascos existentes y poniendo más trenes.
Sin embargo, a día de hoy nos encontramos con que para el Ministerio de Fomento la inversión en ferrocarril convencional no ha sido una prioridad, hecho que a nuestro entender demuestra muy poca visión de futuro y una nula apuesta por la movilidad sostenible. Esto no solo afecta a Cataluña sino al resto del Estado. Necesitamos un modelo que dé la vuelta a la tendencia de los últimos veinte años porque el transporte ferroviario convencional está sufriendo una gravísima descapitalización ya que la inversión pública se ha concentrado en la red viaria o en el AVE. Nuestro grupo manifiesta que uno de los elementos para salir de la crisis es apostar por el ferrocarril, pasar a tener el mismo nivel de ferrocarril que Europa tanto en cantidad como en calidad. Permítanme citarles la reciente publicación de un estudio realizado por distintas fundaciones y por el sindicato Comisiones Obreras donde se dice -y está clarísimo- que el transporte colectivo también posibilita empleo en el marco de una movilidad sostenible. La profesora de geografía Carme Miralles-Guasch así lo dice y que además la apuesta decidida por el sistema ferroviario es fuente directa de empleo. Nuestra votación va a ser favorable.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.


Señor Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.


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Intervengo muy brevemente desde el escaño para dejar constancia de la posición de Esquerra Republicana. Vamos a apoyar la moción de Convergència i Unió, tanto el texto inicial previsto como la transacción que se nos ha anunciado. Consideramos que la realidad es muy tozuda. En el año 2010 se produjeron 200 incidencias remarcables en cercanías de Barcelona que provocaron abundantes retrasos. La causa de fondo la compartimos, el incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut que la Cámara de Comercio de Barcelona ha cuantificado en cifras muy notables: 4.616 millones de euros en licitaciones no realizadas y 1.000 millones de euros en retraso en obras licitadas. Evidentemente el contexto económico puede justificar en algunos casos el retraso, pero en el fondo hay prioridades que no se han respetado. Además, recordamos también que se incumple el propio acuerdo de traspaso de cercanías, que prevé un cambio legislativo, y la Generalitat de Cataluña debería poder buscar otro operador, si hace falta, distinto de Renfe a partir del 1 de enero del año 2011. Por tanto, celebramos el acuerdo en la transaccional y repito que consideramos oportuna y necesaria la moción de Convergència i Unió.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Don José Ramón Beloki tiene la palabra.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, para empezar quiero mostrar la disposición favorable del Grupo Vasco, PNV, a apoyar la moción que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió nos presenta a debate y votación como consecuencia de la interpelación urgente que el diputado don Pere Macias realizó en nombre de su propio grupo parlamentario al ministro de Fomento el miércoles de la pasada semana; disposición favorable a la moción originaria y disposición favorable a la moción transaccionada.


Por referirme en primer lugar a la moción originaria debo decir que tenía, como se recordará, dos puntos, por cierto bastante distintos entre sí a juicio de este grupo. Lo que nos propone CiU en el primero de sus puntos es instar al Gobierno a acelerar una reforma legislativa, en concreto de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, el Sector Ferroviario, reforma que si bien no precisa en sus detalles, está claramente orientada en el camino de la liberalización de dicho sector, posibilitando para ello la circulación por las líneas generales de otros operadores diferentes a Renfe.


Si este diputado no está equivocado, la situación actual es la siguiente.
El servicio internacional de viajeros estaría liberalizado, de iure, legalmente hablando, desde el 1 de enero del año 2010. Cualquier operador extranjero -tómese esta palabra entre comillas- podría por lo mismo operar ofreciendo servicios internacionales, si bien cumpliendo para ello los requisitos que la Ley 39/2003, del Sector Ferroviario, establece en el título IV de la misma, artículos 42, 43 y siguientes. No sería este el caso de los servicios internos de viajeros. La liberalización de estos nunca podría ser previa al año 2012 y podría retrasarse cinco, diez y hasta quince años dependiendo de las políticas de cada Estado.


La moción de Convergència i Unió, si no estamos equivocados, insisto, pretende -permítanme esta expresión- poner en marcha este tren liberalizador con aplicación en Cataluña, pero entiendo que también en el conjunto del Estado. No se trataría, por tanto, de un punto que solo hace referencia al Plan de cercanías de Barcelona sino en general a todo el sistema ferroviario de cercanías del Estado. Mi grupo coincide con CiU en la necesidad de poner en marcha este tren y en hacerlo además con notable mayor decisión que con la que se ha venido haciendo hasta ahora, con mayor ritmo y mayor convencimiento que con los que se ha operado hasta ahora. Metidos y necesitados como estamos en llevar a cabo reformas de calado en muy diversos campos, el de las infraestructuras y el de la gestión del transporte es uno de esos campos destacados, y la iniciativa de CiU a este respecto es oportuna en el primero de sus puntos.


La moción tiene un segundo punto, insisto, notablemente distinto del primero. Se trata de instar al Gobierno a acelerar unas determinadas inversiones. En concreto, en la moción originaria se hablaba de diez puntos o diez temas sobre los que había que instar al Gobierno; ahora, si no hemos entendido mal, en la moción que han transaccionado se habrían reducido estos diez puntos a tres básicamente sobre los que se insistiría. Mi grupo no tiene un conocimiento suficientemente contrastado, al detalle, de cómo está yendo el Plan de cercanías de Barcelona. Estábamos dispuestos a apoyar el listado que el proponente, CiU, sometía a consideración y debate de esta Cámara, entendiendo que había hecho un análisis serio de este tema. Si al análisis serio del proponente se añade también un acuerdo que ha concluido con el grupo parlamentario que apoya al Gobierno, estaríamos en que, con realismo pero al mismo tiempo con decisión, se estaría avanzando en el objetivo mayor, en el segundo de los puntos de la moción de CiU, que es acelerar las inversiones en el Plan de cercanías de Barcelona.


Todos sabemos que las mociones mociones son y que las proposiciones no de ley proposiciones no de ley son. Los objetivos son muy buenos, pero los medios a veces no logran estos objetivos, no al menos con la diligencia que sería deseable. En todo caso, que no sea por falta de apoyo de este grupo, el Grupo Vasco del PNV, que -insisto- hubiera apoyado la moción originaria y apoya también la moción transada.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Señor Macias, ¿acepta su señoría alguna enmienda para la votación, además de lo dicho en la tribuna?

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El señor MACIAS I ARAU: Sí, señor presidente, la enmienda del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS DE DESPEGUE Y ATERRIZAJE DE LOS VUELOS CON ORIGEN O DESTINO EN AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y, CON CARÁCTER GENERAL, SE MINIMICEN LAS ACTUALES DEMORAS.
(Número de expediente 173/000221.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el cumplimiento de los horarios de despegue y aterrizaje de los vuelos con origen o destino en aeropuertos españoles y para que con carácter general se minimicen las actuales demoras. Tiene la palabra don Andrés Ayala. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el pasado miércoles quedó en evidencia que el funcionamiento de nuestro sistema aeroportuario deja mucho que desear. El señor ministro no pudo contradecir ni uno solo de los datos que ofrecimos. También quedó en evidencia que tenemos el honroso mérito de ser el país que acumula más retrasos en los aeropuertos y, según Eurocontrol, riesgo de que nuestro espacio se vea gravemente afectado en el próximo verano, fundamentalmente por la falta de controladores aéreos y la falta de capacidad en la programación de AENA. Este año llevamos un millón de minutos de retraso, un 66 por ciento más que el año pasado, en el que se logró el récord de 3.300.000 minutos de demora. Cada minuto de retraso genera unas pérdidas contrastadas de 80 euros. Solo el año pasado hubo 264 millones de euros en pérdidas -falta nos habrían hecho para otras cosas, por ejemplo para no haber tenido que rescindir algunos contratos de los que ha hecho el Ministerio de Fomento- y este año ya acumulamos más de 74 millones de euros en pérdidas. Quedó demostrado que AENA, de forma consciente y responsable, informó a Eurocontrol nada más y nada menos que de 108 controladores de más de los que están operativos en nuestros aeropuertos. Con todos mis respetos, esto llega a ser bananero.
Pero es todavía más grave que cuando vemos que AENA engaña de forma consciente a Eurocontrol aparentando un número de controladores que no tenemos, el Gobierno calle, consienta y no investigue. También es gravísimo que un Gobierno no tenga capacidad de reaccionar ante una nueva amenaza sobre uno de los pocos sectores que nos quedan para empezar a salir de la crisis.


AENA tiene los pies de barro, por mucho que le moleste a alguno oírlo; su funcionamiento no es el adecuado y su plan empresarial no resiste la menor crítica. Buena prueba de ello es el requerimiento por escrito de la propia AESA significándole que debían revisar el plan y que, de seguir así, estaríamos en peores condiciones que en 2008. También es claro que no tiene mecanismos operativos ni organizativos para iniciar un cambio sustancial en su funcionamiento. Todas las inversiones hechas por AENA desde el año 2000 -más rentables y justificadas hasta 2004 y más injustificadas y de derroche a partir de entonces hasta hoy: diferencia entre la forma de gobernar del Partido Popular y del Partido Socialista, nada más que eso- estaban encaminadas a mejorar la oferta y a evitar demoras. Ahora, con las condiciones operativas de nuestros aeropuertos, señores del Gobierno, no hay excusa para las demoras y muchísimo menos para tratar de compararnos con el pasado. Con nuestras infraestructuras actuales las demoras no son de recibo. Para eso se han hecho las inversiones desde el año 2000. No vamos a plantear ahora la oportunidad en el método de esa enajenación de AENA, que parece que tiene entretenido a todo el Ministerio de Fomento. Hoy nos vamos a ceñir a las garantías de funcionamiento de AENA. De ahí el texto de nuestra moción, que es muy concreto y encaminado solo a que se adopten las medidas oportunas para que AENA no siga haciendo el ridículo.


Lo que el Grupo Parlamentario Popular pretende es que España tenga una imagen exterior que garantice nuestro acceso turístico a través de nuestros aeropuertos sin reticencias de tipo alguno. Buena prueba de nuestra intención es que el propio Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular, y si vemos la enmienda que nos ha presentado, también muestra su conformidad con que AESA intervenga y pueda garantizar y certificar las capacidades de AENA. Es imprescindible hacerlo para que podamos ofrecer una mejor imagen y se acaben, de una vez por todas, las demoras.


Les agradezco mucho su enmienda porque me permite no tener que empeñarme en la defensa de la moción del Grupo Parlamentario Popular. Se la aceptamos, señor Simancas, porque es el reconocimiento más que evidente no solo de que el Grupo Popular tiene razón, es lo de menos, no nos interesa tener razón, sino que lo que nos interesa es que se reconozca que hay que adoptar medidas urgentes para que nuestros aeropuertos tengan otra oferta que hacer en cuanto a la garantía de su trabajo y en cuanto a la imagen de España en el extranjero y en el sector turístico.


El PNV también ha presentado una enmienda en el mismo sentido que el Grupo Parlamentario Popular y como queríamos aceptar tanto la enmienda del Grupo Socialista como la del Grupo Vasco, hemos hecho una transaccional que hemos ofrecido a los grupos -y que ya hemos presentado a la Mesa-, en la cual incorporamos

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la diferencia que había con nuestra posición y con la posición del Grupo Socialista y del Grupo Vasco, es decir, que también se incorpore que en el plazo de quince días el Congreso de los Diputados tenga información detallada, aeropuerto por aeropuerto, de las demoras y de sus causas.


Por último, voy a hacer una referencia a la información necesaria sobre el cambio de las tasas por precios públicos, que está generando una gran inquietud, sobre todo en un momento en el que en los aeropuertos españoles la caída de los ingresos comerciales hace pensar que el futuro de la oferta comercial de los aeropuertos e incluso de la propia viabilidad de algunas líneas aéreas queda en entredicho. Ese dato es importante para que se mejore y se le dé una información concreta a todo el mundo de cuál es la política de AENA.


En definitiva, de lo que se trata, señoras y señores diputados, es de que cambiemos radicalmente nuestra forma de hacer la oferta turística en los aeropuertos españoles y que no tengamos ningún riesgo de volver a aparecer en el número uno en el ranquin de las mayores demoras, que están generando no solamente unas pérdidas económicas sino la pérdida del prestigio de España como finalidad turística de los turistas que tengan que venir del extranjero.


Agradecemos lo que entendemos que será el apoyo del resto de grupos parlamentarios.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ayala.


Para defender las enmiendas del Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la interpelación realizada por parte del Grupo Popular sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el cumplimiento de los horarios de despegue y aterrizaje de los vuelos con origen o destino en aeropuertos españoles y, con carácter general, se minimicen las actuales demoras -ese fue textualmente el enunciado de la interpelación defendida por el señor Ayala el pasado miércoles día 8- era y es no solo oportuna sino absolutamente necesaria. Esto constituye una obviedad indiscutible, siquiera sea nada más que por eso, por lo que nos está costando y por lo que nos está tocando padecer, un día sí y otro también, de retrasos tan continuos como nada explicados en los últimos meses en la aviación, ayer por última vez por lo que hace referencia a este diputado, y seguro que muchos diputados y diputadas podrían referirse al día de hoy.


Algo evidentemente no funciona, eso está claro, algo que tiene que ver, y mucho, con el Gobierno y en concreto con un ministerio, el Ministerio de Fomento. Por lo mismo era oportuno y necesario que alguien interpelara.
Hasta ahí nada, ni siquiera matiz alguno que objetar a la iniciativa del Grupo Popular. Los matices, de distinto alcance y entidad, vienen a continuación, especialmente ahora que el Grupo Popular ha presentado una moción consecuencia de la citada interpelación. Hay uno primero que, más allá incluso de la entidad que la misma tenga, no me resisto a señalar y a comentar, señor Ayala, y aclaro que por cierto no es la primera vez que ocurre algo parecido con el Grupo Popular. (Rumores.) Me refiero al hecho -no sé si calificarlo de inusual o incluso de un poco anómalo- de que los enunciados de la interpelación y los de la moción sean tan dispares el uno del otro. Acabo de leer cuál era el enunciado de la interpelación.
Pues bien, el enunciado de la moción es el siguiente: moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno para que informe sobre la privatización que quiere llevar a cabo del ente público AENA, los pasos a seguir en dicho proceso y los criterios de valoración de la empresa que han sido utilizados. Y digo yo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es decir, como mínimo existe una diferencia sustancial en los enunciados, como pueden comprobar todos, algo que, como he dicho ya en alguna otra ocasión, resulta difícilmente comprensible y requeriría de alguna explicación. En fin, esto no es lo más importante. Paso de los enunciados a los contenidos.


Existe a nuestro juicio un cierto desajuste también en los contenidos y no voy a referirme aquí a los que puedan observarse en los términos en los que discurrió la interpelación y en los términos en los que viene ahora redactada la moción. Esto sería ir demasiado lejos, pues es evidente que en una interpelación los temas que se abordan son variados, van apareciendo y desapareciendo, y otra cosa es la moción. El desajuste del que hablo es el que me parece que existe también entre el enunciado de la moción que acabo de leer y el texto de la moción, que este sí se refiere, con una orientación clara y precisa, al tema que nosotros creemos que es el objeto de la interpelación en el origen y de la moción en su resultado, que es que se están produciendo demoras y algo hay que hacer frente a esta situación, que hay una enorme necesidad de que el Gobierno aborde este tema.


Más allá de este desajuste, la moción del Grupo Popular no solo afirma esta necesidad, sino que da por sentado un diagnóstico, y aquí es donde viene el sentido de nuestra enmienda. Nosotros creemos que es necesario un diagnóstico preciso, aeropuerto por aeropuerto, de lo que ha pasado en los últimos cinco meses, por situar un horizonte temporal del que usted mismo hablaba. Hecho este diagnóstico preciso, habrá que adoptar todas las medidas que sean necesarias respecto a los controladores o respecto a otros temas, porque constituyen, al menos para este grupo. (Continúan los rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señor Beloki.


Señorías, es imposible que aquel que quiera atender al orador en el uso de la palabra lo pueda hacer. Señorías, por favor, dejen sus conversaciones o ténganlas en otra parte del hemiciclo.


Continúe, señor Beloki.


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El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta

Decía que en todo caso es necesario un diagnóstico preciso para a continuación empezar a establecer las medidas que sean necesarias. En su moción ustedes apuntan medidas contra las que nosotros en teoría no tenemos nada, solo que queremos saber las causas de los problemas que tenemos que diagnosticar para a continuación poner las medidas que respondan a los problemas y a las causas de los mismos. Esa ha sido la razón de ser de nuestra enmienda a su moción. Insisto, no tenemos nada en contra de que se aborde el tema de los controladores u otro tipo de temas.


Finalmente, ustedes, el Grupo Socialista y nosotros hemos llegado a una moción transada que está razonablemente bien. No es exactamente la que nos habría gustado a nosotros, pero seguramente tampoco es la que les habría gustado a ustedes ni al Grupo Socialista. Creemos que se avanza y sobre todo creemos que era necesario poner pie contra pared en este tema, hacer un diagnóstico preciso y de una vez empezar a resolver un problema que no solo está aquejando a los diputados y diputadas, sino a los muchos millones de personas que al coger un avión no saben en qué momento arranca el vuelo y en qué momento termina.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.


Para defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Simancas.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor portavoz del Grupo Popular, no voy a entrar en el debate, peligroso debate que viene usted provocando durante los últimos días a propósito del funcionamiento de nuestros aeropuertos. No voy a responderle a usted como mereciera en otro contexto a esas acusaciones sobre retrasos supuestamente escandalosos en los aeropuertos españoles, sobre el falso caos organizativo en AENA o sobre el desastre inexistente en el funcionamiento de los centros de control de tránsito aéreo: bananero ha sido el adjetivo que ha utilizado usted hoy. Y no voy a entrar en ese debate porque no me parece responsable hacerlo en un contexto de grave crisis económica, con un 10 por ciento de nuestro producto interior bruto dependiendo de la llegada de turistas a través de nuestros aeropuertos precisamente y a las puertas de la temporada turística de verano.


No me parece razonable ni responsable utilizar esta tribuna para amplificar la alarma absolutamente injustificada y contraproducente que ustedes están generando sobre la eficacia, la solvencia, la seguridad y el buen funcionamiento de los aeropuertos españoles. Por tanto, voy pedirle a usted y a su grupo que cesen en esta actitud, que si no quieren ayudar, no ayuden, pero, por favor, no sigan generando ustedes más desprestigio injustificado y más temores infundados sobre nuestros aeropuertos, justamente además a escasos días del inicio de la temporada turística de verano. Créanme, no se lo pedimos para evitarle al Gobierno esas críticas -ya estamos acostumbrados a ellas-, ni si quiera se lo vamos a pedir por patriotismo. Se lo voy a pedir simplemente por responsabilidad en esta ocasión. En función de tal responsabilidad hemos acordado con ustedes -es verdad- una moción que insta al Gobierno a hacer lo que en realidad ya está haciendo: trabajar en las reformas que han de llevar a la mejora del funcionamiento de nuestros aeropuertos y a perfeccionar sus niveles de puntualidad. Merced a estas reformas, la navegación aérea española obtuvo, señor Ayala, beneficios en 2010 por primera vez en su historia -por primera vez-. Merced a estas reformas, hemos podido reducir las tasas de navegación aérea un 7,8 por ciento este año y las vamos reducir en un 7,2 por ciento en el próximo ejercicio.
Merced a estas reformas, el conjunto de AENA va a entrar en beneficios en 2010 adelantándose cuatro años a lo previsto. Desde luego que vamos a continuar con estas reformas, señor portavoz del Grupo Popular, y AESA va a informar las capacidades en su conjunto de AENA, pero no porque lo pida usted ni porque lo escriba yo, sino porque así está establecido en los reglamentos comunitarios.


No obstante, quisiera aclararle algunos aspectos rápidamente. Primero, no es cierto que nuestros aeropuertos hayan aumentado los retrasos respecto a etapas anteriores. En realidad los promedios están mejorando. Durante el periodo de Gobierno socialista, la media de puntualidad aeroportuaria ha mejorado en más de 5 puntos respecto a la media del periodo de Gobierno popular: del 71 por ciento al 76 por ciento de puntualidad. En lo que llevamos de 2011 ya hemos alcanzado el 77,3 por ciento, 6 puntos mejor que los gobiernos del Partido Popular. Esta es la diferencia de la que usted hablaba, señor Ayala.


Segundo, no es cierto en todo caso, y ustedes lo saben, que los retrasos aeroportuarios que se han producido -es cierto que se han producido en buena medida últimamente- deban imputarse a AENA. De hecho Eurocontrol imputó el pasado mes de abril más de la mitad de tales retrasos a las compañías aéreas.


Tercero, no es cierto que falten controladores. Este es un mensaje tan poco tranquilizador como falso con el que le intoxican a usted, señor Ayala, desde determinadas instancias y que usted compra de una manera extraordinariamente alegre. No es verdad que falten controladores. La ratio de operaciones por controlador ha descendido 80 puntos desde el año 2007, y gracias a las reformas emprendidas en este último año, además de acabar con una situación de privilegios de escándalo, la productividad de los controladores españoles ha aumentado en más de un 16 por ciento.


Señorías, las reformas emprendidas sobre nuestro transporte aéreo han convertido a nuestro país en una referencia internacional de seguridad, de eficiencia y de modernidad; por eso en este año se han incrementado

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los tráficos aéreos en un 8,5 por ciento. Esta es una buena noticia.
Alégrense si quieren, señorías del Partido Popular, o no se alegren si no quieren alegrarse, pero, por favor, dejen ustedes de sembrar desprestigios inmerecidos y alarmas injustificadas en torno al funcionamiento de nuestros aeropuertos. Háganlo, se lo repito una vez más, por responsabilidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Simancas.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor Ayala, señor Simancas, mi grupo parlamentario va a respaldar la iniciativa que hoy se presenta ante esta Cámara y que pretende un objetivo por una parte de mejora de la puntualidad y por otra también en relación con la información. En nuestra opinión -siento en este sentido abundar en la irresponsabilidad- ha bastado con que superemos el bache de 2008 y 2009 en actividad aérea para que, en los datos de Eurocontrol, veamos dificultades en la puntualidad y que estas dificultades en la puntualidad apunten por una parte a la imposibilidad de los desdobles y por otra a las dificultades con relación a las horas por controlador. El Gobierno decidió en su momento una cruzada, en la que nosotros no le acompañamos. Era la cruzada contra los privilegios, pero en realidad era una estrategia de recorte y de privatizaciones. Se están viendo en estos momentos, a corto plazo, las insuficiencias de esas medidas.


En opinión de nuestro grupo parlamentario sería necesario para superar estas dificultades... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.


El señor LLAMAZARES TRIGO: ...que no tildamos de catastróficas pero son dificultades, en primer lugar, recuperar el diálogo y la negociación, que creemos que no tiene actores en estos momentos con autoridad y con liderazgo para recuperar ese diálogo y esa negociación -nos parece que esto es así y se ha demostrado en el laudo-, y por otra parte, en nuestra opinión, hay que recuperar también la formación de nuevos controladores en nuestro país (Continúan los rumores.), porque a través del llamamiento a la hora extra no lo van a solucionar, sobre todo si además del llamamiento a la hora extra, hay una situación de falta de diálogo y de comunicación entre la empresa y los trabajadores. (Continúan los rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor LLAMAZARES TRIGO: Estamos ante dificultades. No se trata de irresponsabilidad, sino que ante la posibilidad de repunte de nuevo de nuestra actividad aérea, se trata de estar en las mejores condiciones para abordar esa actividad adicional, y nosotros creemos que con las medidas que ha puesto el señor Lerma encima de la mesa, en estos momentos no podemos superar esa situación, son meros parches y es necesario adoptar medidas que tengan que ver con la negociación y con la formación de nuevos controladores. Nos parece que eso es así y esperamos que el tiempo no nos dé la razón por el bien del sector aéreo español.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Don Pere Macias tiene la palabra.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, nuestro grupo va a votar afirmativamente la moción que ha sido además consensuada entre el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo Parlamentario Vasco, pero permítanme ustedes algunas observaciones que nuestro grupo quiere formular en relación con esta cuestión.


En primer lugar, este es un tema realmente muy importante. Garantizar la fiabilidad del funcionamiento de los aeropuertos es para cualquier país moderno y desarrollado absolutamente una cuestión de principios, pero lo es mucho más para el Estado español en unos momentos en los que el sector económico que más está funcionando es el turismo. Todos ustedes saben perfectamente los efectos negativos que puede tener un mal funcionamiento de la navegación aérea sobre la regularidad de los vuelos y, por tanto, los efectos de la falta de regularidad y fiabilidad de los vuelos en el sector turístico. Esto nos lleva a que efectivamente -y a mí me parece que es bueno que aquí, en la casa de todos, debatamos los temas importantes- se haya efectuado esta interpelación y se haya traído a colación algo que todos ustedes -porque la mayoría de ustedes son usuarios del transporte aéreo- han vivido estos últimos meses. Hay retrasos, hay muchos retrasos y no están funcionando bien las cosas.


Nuestro grupo contempla esto con notable preocupación, en primer lugar porque apostamos desde el primer momento por la reforma de la navegación aérea; en segundo lugar, porque nuestro grupo apostó claramente por dar apoyo al Gobierno para que tuviera los votos necesarios para acometer la reforma de la navegación aérea. Por tanto, desde esta legitimidad que nos da el haber apostado por la reforma del Gobierno creemos que debemos ser exigentes para que las cosas no solamente se vayan haciendo, sino para que se hagan muy bien. En este sentido, es absolutamente imprescindible que todos tengamos, en primer lugar, la información de lo que está pasando y, en segundo lugar, que a partir de esta información

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podamos exigir a AENA que cumpla con sus obligaciones de navegación aérea.


A mí me gustaría simplemente acabar esta intervención con algunas sugerencias. En primer lugar, decía el señor Llamazares que se vuelvan a formar nuevos controladores. Se están formando -por cierto, ya no en el seno de AENA, sino en otros operadores habilitados-, y a nosotros nos consta que han salido ya promociones y, por tanto, tenemos ya a personas que paradójicamente en estos momentos están en el paro que deben ser habilitados para que puedan efectivamente actuar como controladores, pero disponemos de esta fuerza laboral. Pediría a AENA que cuanto antes hiciera lo posible para incorporar estas promociones a puestos de trabajo. En segundo lugar, la habilitación de todas las empresas que están concurriendo para los concursos de control en torre. Yo creo que hay que pedir también a AENA celeridad para que se resuelva cuanto antes, de forma que se puedan incorporar estos nuevos operadores y tengamos también excedentes para poder dedicarlos al control aéreo de la navegación.


Todas estas medidas -y seguramente muchas más- yo creo que pueden ser acometidas. Todas estas medidas deben ser tomadas y ahora.


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor MACIAS I ARAU: Las horas disponibles por parte de los controladores podrían empezar a provocar en algunos sectores problemas a partir, según nuestras informaciones, ya de finales de verano. Por tanto, nosotros creemos que es mejor prevenir en estos momentos, es mejor ejecutar las medidas previstas en la reforma y es mejor una reforma, que a nuestro juicio está bien enfocada, que en estos momentos podamos culminar con todo el éxito. Por todo ello, nuestro grupo se felicita de que se haya llegado a este acuerdo entre los grupos. Creo que es buena la unanimidad en estas cuestiones y, por descontado, Convergència i Unió no va a dejar de colaborar en esta unanimidad, desde la exigencia al Gobierno, desde la exigencia a AENA, pero con la exigencia a todos los diputados y a todas las diputadas en esta cuestión que es fundamental y en la que todos debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Señor Ayala, la enmienda transaccional nos la hacen llegar antes de la votación.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Está firmada y registrada.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Votaremos dentro de tres minutos. (Pausa.)

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la toma de juramento o promesa para dos nuevas diputadas.


En sustitución de don Óscar López Águeda, pregunto a doña Clara Isabel Luquero de Nicolás si jura o promete acatar la Constitución.


La señora LUQUERO DE NICOLÁS: Sí, prometo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En sustitución de don Alberto Garre López, pregunto a doña Dolores Bolarín Sánchez si jura o promete acatar la Constitución.


La señora BOLARÍN SÁNCHEZ: Sí, juro. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


La señora Luquero y la señora Bolarín han adquirido la condición plena de diputadas. Les felicitamos y les deseamos lo mejor en la Cámara.


Cierren las puertas.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA PARA MODIFICAR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOE) PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA, FORTALECER LA DIRECCIÓN ESCOLAR Y SU LIDERAZGO. (Número de expediente 122/000233.)

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular, orgánica para modificar la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación para la profesionalización de la función directiva, fortalecer la dirección escolar y su liderazgo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 148; en contra, 174; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE REFORMA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, EN MATERIA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
(Número de expediente 122/000274.)

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El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Mixto, por la que se reforma la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en materia de ejecución hipotecaria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, nueve; en contra, 161; abstenciones, 163.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA DISTRIBUIDA. (Número de expediente 162/000868.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, les anuncio que se han presentado varias enmiendas transaccionales. ¿Alguna oposición a su tramitación? (Pausa.) ¿A ninguna de ellas? (Pausa.)

En tal caso, pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre la generación de energía distribuida en los términos de la transaccional presentada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 333.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA EL IMPULSO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA. (Número de expediente 162/000761.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular sobre medidas para el impulso de la internacionalización de la economía en los términos de la transaccional que ha sido aceptada a trámite.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 327; en contra, cinco; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. JORQUERA), SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA ASEGURAR CARGA DE TRABAJO EN LOS ASTILLEROS PÚBLICOS DE NAVANTIA DE LA RÍA DE FERROL (A CORUÑA). (Número de expediente 173/000218.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Mixto, señor Jorquera, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para asegurar la carga de trabajo en los astilleros públicos de Navantia en la ría de Ferrol. Se vota con la enmienda del Grupo Socialista. ¿Es así, señor Jorquera? (Asentimiento.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 331; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS INICIATIVAS NECESARIAS PARA PONER LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS. (Número de expediente 173/000219.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre las iniciativas necesarias para poner la economía al servicio de las personas. Se vota en sus términos y sin enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, nueve; en contra, 324.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL BAJO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CERCANÍAS DE BARCELONA. (Número de expediente 173/000220.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán Convergència i Unió sobre el bajo cumplimiento del Plan de cercanías de Barcelona. Se vota con la enmienda socialista. ¿Es así, señor Macias? (Asentimiento.)

Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 332; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS DE DESPEGUE Y ATERRIZAJE DE LOS VUELOS CON ORIGEN O DESTINO EN AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y, CON CARÁCTER GENERAL, SE MINIMICEN LAS ACTUALES DEMORAS.
(Número de expediente 173/000221.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el cumplimiento de horarios de despegue y de aterrizaje de los vuelos con origen o destino en aeropuertos españoles y, con carácter general, se minimicen las actuales demoras. Se vota en los términos de la transaccional que ha sido aceptada a trámite.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor 331; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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