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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 238, de 12/04/2011
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2011 IX Legislatura Núm. 238
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 226
celebrada el martes, 12 de abril de 2011


ORDEN DEL DÍA:

Exclusión en el orden del día ... (Página 5)

Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía:

- De Les Corts Valencianes, de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 311-1, de 1 de abril de 2011. (Número de expediente 127/000003.) ... (Página 5)

Modificación del orden del día ... (Página 5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la inclusión de la disolución de matrimonios con el régimen de separación de bienes en la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie B, número 276-1, de 18 de octubre de 2010. (Número de expediente 122/000248.) ... (Página 5)

Página 2


Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la seguridad de las centrales nucleares españolas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 552, de 1 de abril de 2011. (Número de expediente 162/000828.) ...
(Página 10)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la puesta en marcha de una estrategia de austeridad del conjunto de las administraciones públicas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 539, de 11 de marzo de 2011. (Número de expediente 162/000813.) ... (Página 15)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la complejidad administrativa que conlleva el registro de productos fitosanitarios destinados a la agricultura. (Número de expediente 173/000204.) ... (Página 21)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para paliar la pérdida de bienestar de las familias españolas por los efectos de la crisis económica y el elevado nivel del desempleo. (Número de expediente 173/000205.) ... (Página 26)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para hacer frente al incremento del desempleo de larga duración en España. (Número de expediente 173/000206.) ... (Página 30)

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los planes del Gobierno en torno al corredor ferroviario atlántico. (Número de expediente 173/000207.) ... (Página 35)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 101-1, de 19 de noviembre de 2010. (Número de expediente 121/000101.) ... (Página 41)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 44)

Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 44)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 45)

Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 47)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Exclusión del orden del día ... (Página 5)

El señor presidente informa a la Cámara que ha decaído el punto I del orden del día correspondiente a debates de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía de Les Corts Valencianes, de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.


Modificación del orden del día ... (Página 5)

El señor presidente somete a la consideración de la Cámara que el punto 33 del orden del día del Pleno del jueves pase a debatirse en el día de hoy.
Los puntos 34, 35 y 36, previstos igualmente para el jueves, propone que se debatan mañana miércoles, al final del debate de las interpelaciones, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)

Página 3


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la inclusión de la disolución de matrimonios con el régimen de separación de bienes en la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales ... (Página 5)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Montserrat Montserrat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Fernández Iruela, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley ... (Página 10)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la seguridad de las centrales nucleares españolas ... (Página 10)

Defiende la proposición no de ley el señor Morán Fernández, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Buenaventura Puig y el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Díez González y los señores Perestelo Rodríguez y Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Morán Fernández.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la puesta en marcha de una estrategia de austeridad del conjunto de las administraciones públicas ... (Página 15)

Defiende la proposición no de ley el señor Barrachina Ros, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y las señoras Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Tortosa Urrea, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Barrachina Ros.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 21)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Con-vergència i Unió), sobre la complejidad administrativa que conlleva el registro de productos fitosanitarios destinados a la agricultura ... (Página 21)

Defiende la moción la señora Tarruella Tomàs, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Perestelo Rodríguez, y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


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A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Tarruella Tomàs.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para paliar la pérdida de bienestar de las familias españolas por los efectos de la crisis económica y el elevado nivel del desempleo ... (Página 26)

Defiende la moción la señora Méndez Monasterio, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Méndez Monasterio.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para hacer frente al incremento del desempleo de larga duración en España ... (Página 30)

Defiende la moción el señor Echániz Salgado, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Perestelo Rodríguez y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Echániz Salgado.


Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los planes del Gobierno en torno al corredor ferroviario atlántico ... (Página 35)

Defiende la moción el señor Beloki Guerra, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Salvador Armendáriz y Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y la señora Rodríguez Barahona, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el señor Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Beloki Guerra.


Enmiendas del Senado ... (Página 41)

Proyecto de ley por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas ... (Página 41)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y los señores Márquez de la Rubia, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Bar Cendón, del Grupo Parlamentario Socialista.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 44)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular

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en el Congreso, relativa a la inclusión de la disolución de matrimonios con el régimen de separación de bienes en la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, se rechaza por 155 votos a favor, 178 en contra y cinco abstenciones.


Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 44)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la seguridad de las centrales nucleares españolas, se aprueba por 183 votos a favor y 155 abstenciones.


Sometidos a votación separada los cuatro puntos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la puesta en marcha de una estrategia de austeridad del conjunto de las administraciones públicas, son rechazados todos ellos.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 45)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la complejidad administrativa que conlleva el registro de productos fitosanitarios destinados a la agricultura, se aprueba por 337 votos a favor y uno en contra.


Sometidos a votación separada los seis puntos de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para paliar la pérdida de bienestar de las familias españolas por los efectos de la crisis económica y el elevado nivel del desempleo, se rechazan los puntos 1, 2, 3 y 4 y se aprueban los puntos 5 y 6.


Sometidos a votación separada los nueve puntos de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para hacer frente al incremento del desempleo de larga duración en España, son rechazados todos ellos.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los planes del Gobierno en torno al corredor ferroviario atlántico, con las enmiendas de los grupos Popular y Socialista, se aprueba por 336 votos a favor y dos abstenciones.


Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 47)

Sometida a votación la enmienda del Senado al proyecto de ley por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, se aprueba por 334 votos a favor y tres abstenciones.


Se suspende la sesión a las ocho y veinte minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA:

- DE LES CORTS VALENCIANES, DE REFORMA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 127/000003.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Señorías, les anuncio que ha decaído el primer punto del orden del día, la propuesta de la Comunidad Valenciana de reforma de su estatuto porque así lo ha solicitado la propia comunidad autónoma, posponiéndose, por tanto, este tipo de iniciativas.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


El señor PRESIDENTE: Como asuntos previos, les informo que, si la Cámara lo ratifica, no tendríamos sesión plenaria el próximo jueves y pasarían a examinarse esta tarde, en el último punto del orden del día de esta sesión, las enmiendas del Senado al proyecto de ley y en el día de mañana, después del control, de las preguntas e interpelaciones, se examinarían los otros tres asuntos que estaban previstos para la sesión del jueves. ¿Da la Cámara su conformidad? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Así se aprueba.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA INCLUSIÓN DE LA DISOLUCIÓN DE MATRIMONIOS CON EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES EN LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. (Número de expediente 122/000248.)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la inclusión de

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la disolución de matrimonios con el régimen de separación de bienes en la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales.


Para su defensa tiene la palabra doña Dolors Montserrat.


La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Muchas gracias, presidente.


Señorías, esta tarde calurosa de primavera es una muy buena tarde para debatir esta proposición de ley ya que está provocando desde julio de 2010 muchos estragos en las familias que se separan o divorcian bajo el régimen de separación de bienes al afectar gravemente a la situación económica de muchas familias y muy especialmente a las catalanas. Como saben, en materia de familia, y concretamente en la adopción del régimen económico matrimonial que va a regir las relaciones del matrimonio, Cataluña y otras comunidades como Valencia y Baleares tenemos un hecho diferencial con respecto al resto de comunidades autónomas y es que por defecto es aplicable el régimen de separación de bienes. Este hecho, que no debería tener mayor trascendencia que el ser una opción -en la mayoría de casos es una opción por defecto y en otros por elección de la pareja-, les va a afectar y diferenciar del resto de las parejas de otras comunidades que han optado por el régimen de gananciales -también por defecto o por elección de la pareja- ya que estas últimas, las de régimen de gananciales, en el momento de disolución del matrimonio gozan de la exención del impuesto de transmisión patrimonial a diferencia de las parejas que están bajo el régimen de separación de bienes que van a tener que pagar dicho impuesto. La proposición de ley tiene por objeto romper esta desigualdad que injustamente castiga, sobre todo, a las parejas catalanas y a todas aquellas parejas que tengan el régimen de separación de bienes, como pueden ser parejas de Baleares y de Valencia.


El artículo 45.1.b).3 de la ley que regula el impuesto sobre transmisiones patrimoniales establece que estarán exentos del pago del impuesto tres supuestos. El primero, las aportaciones de los cónyuges a la sociedad conyugal; el segundo, las adjudicaciones de bienes a los cónyuges en caso de disolución del vínculo matrimonial y, el tercero, las transmisiones de bienes a cada cónyuge en pago de su haber en los bienes gananciales. Nada dice en la literalidad de este artículo de que esté exento del impuesto exclusivamente el régimen de gananciales. Así lo ha refrendado la continuada doctrina y jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con sentencias tan emblemáticas como la de abril de 2002 y la de abril de 2007. Por ello, hasta julio de 2010 todas las liquidaciones de separaciones y divorcios en régimen de separación de bienes estaban exentas del impuesto ya que se aplicaba dicha doctrina sentada del Tribunal Superior de Justicia, aplicándose analógicamente el artículo 45 al régimen de separación de bienes.


La Generalitat de Catalunya gobernada por el tripartido presentó recurso ante el Tribunal Supremo en el año 2007 para modificar la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por considerar la exención del impuesto una doctrina errónea y gravemente dañosa para el interés general, cuando lo único que les preocupaba eran las sedientas arcas de la Generalitat, como nos han demostrado hoy. Es obvio que la preocupación por el ciudadano del tripartido fue nula; su único fin fue el desmedido afán recaudatorio, aunque ello empobreciera aún más al ciudadano. A raíz de este recurso, el Tribunal Supremo dictó sentencia en abril de 2010, donde estimó las pretensiones de la Generalitat y, por ello, desde la firmeza de dicha sentencia, la Generalitat de Catalunya está recaudando el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que está gravado en un 8 por ciento, a los matrimonios que se separan o divorcian bajo el régimen de separación de bienes. Vistos los problemas de interpretación, consideramos que es obligación del legislador corregirlos y, de ahí, la imperiosa necesidad de la proposición de ley que hoy nos ocupa.


El Grupo Parlamentario Popular entiende que, del mismo modo que el derecho civil protege a la familia sin distinción por su vecindad civil, el derecho fiscal debería prolongar esa protección a las relaciones económicas que generen las situaciones de crisis -separación, nulidad o divorcio- y, por tanto, aplicar dicha exención también a la ruptura del vínculo que se origine en otros regímenes distintos al de gananciales. De lo contrario se estaría -y estamos- vulnerando el sentido y alcance de la norma, además de ofrecer dudas de constitucionalidad por infracción del principio de igualdad constitucional. Si bien la opción por un régimen matrimonial u otro de la pareja es voluntaria, no es menos cierto que, por defecto, el régimen aplicable en Cataluña, Valencia y Baleares es el de separación de bienes, lo que provoca que la práctica totalidad de matrimonios se rija por dicho régimen económico matrimonial. Es obvio que el arraigo que tiene en cada comunidad su régimen económico matrimonial concreto es lo que lleva a que sea el régimen mayoritariamente aplicado por las parejas. Si en el momento de la disolución del matrimonio se produjeran desigualdades en el tratamiento fiscal, nos encontraríamos con una discriminación por razón de vecindad civil que nos habría de llevar a plantear una cuestión de constitucionalidad del precepto generador de la desigualdad, circunstancia que se pretende evitar a través de esta proposición de ley.


El Grupo Parlamentario Popular defiende que el matrimonio es una de las instituciones básicas del derecho de familia y, por ello, debe estar asegurado de protección social, económica y jurídica, en cumplimiento del mandato que prevé el artículo 39 de nuestra Carta Magna. Aunque la liquidación derivada de una disolución de régimen de separación de bienes sea más restringida que la liquidación derivada del régimen de gananciales, ello no implica que en ambos casos estemos ante una verdadera liquidación, ya que se procede al reparto y adjudicación de bienes sobre los que se poseen por ambos cónyuges participaciones indivisas, disolviéndose comunidades ordinarias de bienes y compensándose las

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diferencias mediante indemnizaciones en metálico. Con esta proposición de ley tenemos en nuestras manos la oportunidad histórica de eliminar de una vez por todas un agravio comparativo fiscal entre regímenes económicos matrimoniales cuando no existe ninguna justificación objetiva para mantenerlo. Estamos ante el reto de conseguir que los derechos de nuestros ciudadanos no dependan de su domicilio de residencia. No podemos llenarnos la boca de igualdad constitucional cuando nos encontramos ante este desequilibrio tributario que empobrece injustamente a unos ciudadanos respecto a otros. No podemos olvidar hoy que este debate no se circunscribe únicamente al ámbito tributario, sino que en él subyace el equilibrio interterritorial, puesto que todos los españoles deberían estar en un plano de estricta igualdad tanto en derechos como en deberes.
Por ello, presentamos esta proposición de ley que busca la verdadera igualdad en la familia y corrige la discriminación fiscal de la familia por razón de la vecindad civil, del territorio al que se pertenece y del régimen económico matrimonial que ha sido escogido.


Deseo sinceramente que esta proposición de ley sea aprobada unánimemente esta tarde, porque realmente está provocando estragos en las familias catalanas y en todas aquellas familias que tienen el régimen de separación de bienes por defecto o por elección.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montserrat.


Para fijar posición, en primer lugar, el señor Jorquera tiene la palabra.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero recordar que en el territorio del Estado español no es homogéneo el régimen económico de los matrimonios, sino que conviven, en función de la normativa civil propia, distintos regímenes. En el caso de Galicia, por ejemplo, al ser el régimen de gananciales el régimen económico preferente en las uniones conyugales, el régimen de separación de bienes es la opción secundaria que mayoritariamente escogen aquellas uniones matrimoniales con más recursos económicos y, por tanto, con mayor masa patrimonial. Por ello, podemos entender que la actual doctrina legal contribuye a una aplicación progresiva de este impuesto. No ignoramos, sin embargo, que en otros territorios la realidad es distinta, pues el régimen de separación de bienes es el preferente, por lo que se ven privados de dicha exención fiscal tanto las uniones conyugales con más recursos económicos como las que tienen unos ingresos menores. Pero, señorías, debe tenerse en cuenta que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales está transferido, esta transferencia está acompañada de amplias capacidades normativas a las comunidades autónomas; por lo tanto, ello permite adaptar el tratamiento fiscal de determinadas situaciones a las peculiaridades de cada territorio, por lo que debería ser en ese ámbito donde se buscase una solución normativa. Por eso entendemos que esta habilitación normativa permite establecer bonificaciones y deducciones en dicho impuesto a las comunidades autónomas. Es en la legislación tributaria autonómica, por lo tanto, donde se debe afrontar una respuesta a esta situación. Por estas razones, señorías, el BNG votará en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Doña Nuria Buenaventura tiene la palabra.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.


Nuestro voto será también en contra en el mismo sentido que ha expuesto el portavoz del BNG, entendiendo que es un tema no competencial a nivel de Estado y, por tanto, como decía, nuestro voto será en contra.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.


Tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.


La exención afecta a la modalidad de las transmisiones patrimoniales onerosas y en menor medida a la modalidad de actos jurídicos documentados en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Como saben sus señorías, el artículo 30 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco establece que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados tendrá el carácter de tributo concertado de normativa autónoma, salvo las operaciones societarias, letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen función de giro, que se regirán por la normativa común.
Por lo tanto, la modificación no sería de aplicación a los territorios forales. Cuando esto ocurre, y como es habitual en estos casos, nuestro grupo se va a abstener a la hora de votar esta iniciativa.


Si me permiten, por lo que se refiere al fondo, quisiera comentar brevemente que recientemente la Dirección General de Tributos se ha posicionado sobre esta cuestión al establecer en su consulta de 27 de enero de 2010 que la exención solo puede aplicarse a las sociedades conyugales que establecen bienes en común, sin que pueda extenderse a otros regímenes económicos matrimoniales. Posteriormente, el Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de abril de 2010 dictada en recurso de casación en interés de la ley, ha señalado que la exención de tributos únicamente es aplicable a las disoluciones en que haya efectiva comunidad de bienes, sociedad conyugal,

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y que, por lo tanto, esta exención no es aplicable a los supuestos en que rija un régimen económico matrimonial de separación de bienes, régimen aplicable por defecto en determinadas comunidades autónomas como Cataluña. La extensión y la exención a este régimen matrimonial resulta, por tanto, muy cuestionable, ya que cuando se opta por un régimen matrimonial se deben conocer los derechos y obligaciones, ventajas y desventajas de cada régimen. En el caso del régimen de separación se caracteriza por que no existe una efectiva comunidad de bienes, sí en el régimen de gananciales; en resumen, cada uno lo suyo, y este principio no se puede quebrar en el momento de la disolución. Por último, y desde el punto de vista jurídico, en la proposición de ley la exención se limita a las adjudicaciones que se hicieran en pago de gastos comunes y contribuciones atrasadas o mediante transmisión de bienes pro indiviso, supuestos en el régimen matrimonial de separación de bienes que son bastante residuales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Doña Mercè Pigem tiene la palabra.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Sin mayor preámbulo, señorías, paso a anunciar el voto de Convergència i Unió a favor de la iniciativa que hoy nos trae a debate el Grupo Popular sobre un tema que preocupa tremendamente en Cataluña a todas aquellas parejas, matrimonios que están en crisis matrimonial, porque derivado de esta crisis se producen adjudicaciones y recientemente estas adjudicaciones, a diferencia de lo que ocurre con el resto de regímenes económicos, se ven obligadas a tributar. Por esto no puede dejar de extrañarme el posicionamiento de grupos como Esquerra Republicana o Iniciativa per Catalunya porque estoy segura de que sus votantes, y precisamente sus votantes, están igualmente afectados por este tema.


Nosotros vamos a votar a favor por coherencia con lo que es un objetivo primordial en toda nuestra acción política, que es la protección de las familias, de todas ellas, también de las familias en crisis, que es donde enmarcamos la iniciativa que estamos viendo, pero también vamos a votar por coherencia con las iniciativas, con las propuestas legislativas que nada más conocerse la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, con fecha 30 de abril del pasado 2010, nuestro grupo parlamentario introdujo rápidamente en esta Cámara. Efectivamente, Convergència i Unió para paliar los efectos discriminatorios que, a nuestro juicio, producía la mencionada sentencia, presentó sendas enmiendas a leyes ya en tramitación con el objetivo de que la exención del Itpajd, impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, fuera cuanto antes una realidad. En este sentido presentó una enmienda a la Ley de Economía Sostenible, aunque he de decir que sin ningún éxito. Lamentamos que entonces el Grupo Parlamentario Popular no tuviera la sensibilidad que manifiesta tener ahora porque allí no la apoyó, porque, si lo hubiera hecho, probablemente no tendríamos que hablar, como hacemos hoy, de una toma en consideración con una larga tramitación por delante en el mejor de los casos, sino que, para bien de todas las familias afectadas por estos impuestos, la exención sería ya una realidad. Pero, en fin, como está bien lo que bien acaba y ya que hoy públicamente muestran sensibilidad al respecto, tienen todavía la oportunidad de votar a favor de la enmienda que con el mismo contenido tenemos presentada en la Ley del Registro Civil que se va a votar próximamente. Si así se hace -y, señora Montserrat, apelo a la coherencia con lo que hoy se nos trae a votación-, el objetivo que perseguimos será -insisto- una realidad sin tener que esperar la larga tramitación parlamentaria. La coherencia de Convergència i Unió a nuestro apoyo a las familias sería la primera de las razones, pero vamos a apoyarlo también por una razón de justicia social.


Es cierto, como se dice en la sentencia del Tribunal Supremo, jurídicamente hablando, que el régimen económico se puede pactar, es cierto, pero, desde el punto de vista sociológico, la realidad es completamente distinta, la realidad es que poquísimos matrimonios pactan un régimen económico matrimonial. Lo habitual es no decir nada, no hablar de estos temas antes de casarse, no pactar nada, con lo cual quedas casado con el régimen económico matrimonial previsto en el ordenamiento de manera supletoria y en Cataluña -y también en otros territorios que usted ha señalado- el régimen económico matrimonial supletorio es el de separación de bienes. Ello quiere decir que, si no hay pacto específico adoptando otro régimen matrimonial -y no suele haberlo en la generalidad de los casos-, los matrimonios catalanes tienen separación de bienes, un régimen económico en el que, aunque legalmente no hay una apuesta en común de bienes o comunidad ordinaria, nunca ha habido una total separación como si de dos extraños se tratara, ni históricamente en que venía mitigado por el sistema dotal ni mucho menos en la actualidad en que la realidad social, con la necesidad de dos sueldos para sostener a la familia junto con las obligaciones legales de sostenimiento de cargas comunes, alimentos de los hijos y otras obligaciones por parte de cada uno de los cónyuges, hace que no pueda hablarse propiamente de un régimen absoluto de separación de bienes.


No les descubro nada nuevo si les digo que hoy en Cataluña en la inmensa mayoría de los matrimonios las cuentas corrientes están a nombre de los dos, cuentas en donde se abonan las nóminas y en donde se cargan los gastos ordinarios, los extraordinarios y las tarjetas de crédito. Los préstamos, incluidos los hipotecarios, se avalan con los ingresos de ambos y lo usual es que, si se adquieren bienes, se adquieran en común y pro indiviso; es lógico, cuando se entremezclan las relaciones personales

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y económicas del matrimonio. Por ello, existe cada vez más una comunicación entre derechos y cargas, llegando incluso a la confusión de titularidades, hasta el punto que el derecho civil catalán se ve obligado a establecer presunciones iuris tantum para poder determinar la titularidad de los bienes adquiridos constante matrimonio. Es evidente que existiendo, como existe, una comunicación de cargas y derechos, es necesario que, con ocasión de la separación, nulidad o divorcio, su liquidación, una liquidación impropia si se quiere, pero liquidación y adjudicación al fin y al cabo a cada uno de los cónyuges, tenga el mejor tratamiento fiscal, un tratamiento fiscal equiparable no solo al de los otros territorios, sino equiparable al de cualquier otro impuesto, porque aquí hay que decir que el resto de impuestos, todos, incluidos los incrementos en renta, tienen el mismo tratamiento fiscal, todos excepto estos dos, desde el pasado mes de abril del año 2010.


Por estas razones que apunto venía siendo doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que no se podía asimilar la relación matrimonial y sus relaciones económicas, asentadas siempre sobre las relaciones personales, a una comunidad de bienes ordinaria. Por tanto, ¿qué hacía? Primaba claramente el concepto de familia por encima del concepto sociedad como, a nuestro juicio, es lógico y de justicia hacer. Por lo tanto, las resoluciones del Alto Tribunal, usted lo ha señalado, prolongaban al derecho fiscal de las adjudicaciones que generan las situaciones de crisis matrimoniales la protección social, económica y jurídica de la familia que impone el artículo 39 de la Constitución española y, en este sentido, estimaban que cabía la exención de los impuestos que estamos tratando. Lo hacía también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque entendía que lo contrario no tenía razón de ser, ya que, por una parte, no había -lo ha señalado usted también- prohibición alguna para aplicar la exención a todas las situaciones de crisis matrimonial con independencia de su régimen económico y, por otra, entendía que, si se excluían del beneficio, se podían conculcar los artículos 14 y 31 de la Constitución española.


Puesto que el Tribunal Supremo ha vedado en derecho esta interpretación, para actuar en justicia, debemos proceder a modificar la redacción actual del precepto, que es el objetivo al que atienden las enmiendas presentadas por Convergència i Unió a la Ley de Economía Sostenible y a la Ley del Registro Civil, para las que pido su voto, y también la iniciativa que estamos viendo. Reitero, por ello, nuestro voto a favor, en el bien entendido de que es un sí a la tramitación y no a la literalidad de la propuesta, puesto que del examen de la misma vemos que pueden quedar fuera del ámbito de aplicación alguna de las figuras legales de atribución de bienes reguladas en el Código Civil de Cataluña, y ello podemos corregirlo durante la tramitación.


Acabo diciendo que hablo de exención y no de bonificación, exención de un impuesto que, al ser estatal, corresponde su aprobación o modificación a esta Cámara. Exención era lo que venía aplicándose por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hasta que el Gobierno tripartito lo recurrió ante el Supremo y exención es lo que desde CiU proponemos que vuelva a ser y no otra cosa distinta, porque, siendo cierto que las comunidades autónomas tienen capacidad normativa en este ámbito, lo tienen únicamente para decidir beneficios y a sus expensas, y no lo tienen para decidir exenciones. Pretendemos superar una discriminación y tener el mismo trato, no un trato diferente, que en este caso sería -y será si no prospera- únicamente gravoso para las arcas de Cataluña y, en definitiva, para los y las catalanas. Quizá es lo que algunos pretenden.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


Don Juli Fernández Iruela tiene la palabra.


El señor FERNÁNDEZ IRUELA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Socialista en relación con la propuesta del Grupo Parlamentario Popular relativa a la inclusión de la disolución de matrimonios con el régimen de separación de bienes en la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
Quiero anunciar de entrada nuestro voto en contra a la toma en consideración e intentaré justificar los motivos.


Señorías, antes de entrar en la proposición de ley en concreto, me gustaría hacer una breve introducción en relación con el régimen económico matrimonial. El matrimonio no solo genera efectos personales, sino también patrimoniales, dado que la comunidad de vida establecida entre los cónyuges genera también una comunidad de intereses de carácter patrimonial que se puede regular de forma muy distinta, dependiendo sobre todo de las características particulares de los cónyuges y de sus respectivas familias de origen. El legislador, siendo consciente de la importancia de la materia y en ocasiones por la propia dejadez o preocupación de los cónyuges inicialmente, ha procurado siempre estimular la voluntad de los cónyuges para decidir las reglas patrimoniales que deben regir el matrimonio, al tiempo que de forma supletoria ha establecido normativa con carácter general en relación con uno y otro régimen matrimonial. Dejando aparte la capacidad de los cónyuges para instituir su propio régimen económico matrimonial, el derecho positivo de los distintos territorios de España conoce una multiplicidad de tipos o sistemas de régimen económico matrimonial, que se suele clasificar atendiendo a dos fórmulas. Una es la separación de bienes entre los cónyuges y dos, la idea de la comunidad. A su vez, dentro de estos dos esquemas, debemos diferenciar entre la separación o comunidad absoluta o, por el contrario, sistemas en los que la separación o comunidad de bienes está limitada.


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Entrando en el contenido de la proposición de ley, quiero manifestar que el Grupo Parlamentario Socialista sustenta su voto en contra en dos premisas importantísimas. La primera se refiere al carácter de tributo, totalmente cedido a las comunidades autónomas, que tiene el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y la segunda es relativa a aspectos más sustantivos y de fondo de la propia proposición de ley, que después intentaré detallar. La primera, como decía antes, se refiere al tema competencial. Señora Pigem, coherencia también es que cada administración asuma sus propias competencias y sus propias responsabilidades. Deben ser ustedes conscientes de que se trata de un impuesto íntegramente transferido y, por tanto, la Generalitat desde ese momento también puede, si quiere, habilitar mecanismos para conseguir el objetivo final, que es el beneficio fiscal. Después existe el principio de corresponsabilidad fiscal. Como decía antes, las comunidades autónomas, si quieren, pueden adoptar medidas para conseguir estos beneficios fiscales. A la vez hay que tener en cuenta el principio de lealtad institucional a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 8/1980, según el cual la actividad financiera de las comunidades autónomas se ejercerá en coordinación con la Hacienda del Estado. Se debería tener en cuenta, conforme al referido principio, que, si realmente se tomase en consideración esta propuesta, el Estado debería compensar a las comunidades autónomas, pues, si no, tendrían realmente falta de ingresos.


En cuanto al aspecto sustantivo, quiero destacar que los principales motivos de la proposición de ley objeto de análisis contienen algunas afirmaciones que no son del todo ciertas. Se refiere a un trato fiscal discriminatorio. Pues bien, entendemos que no se discrimina, puesto que es voluntario por parte de los cónyuges optar por el régimen matrimonial en cada momento. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Además, lo pueden hacer de forma inicial y durante la vigencia del matrimonio, por lo que no entendemos cómo se puede hablar de discriminación en este aspecto.


Para ir acabando -el presidente me ha pedido antes que emplee cinco minutos-, quiero decir que hay tres elementos en los que mi grupo sustenta el voto en contra de la toma en consideración. En primer lugar, como decía antes, el aspecto competencial. Es un impuesto totalmente cedido y corresponde a las comunidades autónomas desarrollar los beneficios fiscales. En segundo lugar, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, la aprobación por el Estado de beneficios fiscales que reduzca el nivel de ingresos de las comunidades autónomas puede obligar al propio Estado a compensar económicamente dicha reducción de ingresos. Y, por último, no debe olvidarse que los matrimonios que optan por el régimen de separación de bienes lo hacen precisamente porque no quieren formar una sociedad conyugal patrimonial. Por tanto, carece de sentido otorgar los beneficios fiscales de las sociedades conyugales a quienes optan de manera voluntaria y libre por formar una sociedad de carácter no conyugal y, por tanto, separación de bienes.


Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS. (Número de expediente 162/000828.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista sobre la seguridad de las centrales nucleares españolas. Por parte de su grupo tiene la palabra el señor Morán.


El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


En la situación que está viviendo ahora mismo el pueblo japonés parece que no vamos a ser capaces de encontrar un punto y final a un proceso que comienza a tornarse ciertamente preocupante. En cualquier situación de catástrofe de tipo natural las personas tienden a encontrar un momento de olvido de la situación que se ha producido, y establecer un reinicio de sus vidas llamado punto cero. En cualquier catástrofe hay un punto cero: culmina la catástrofe, se analizan los daños producidos, y cualquier persona intenta reiniciar su vida. En el caso de una catástrofe nuclear el problema que surge es que no existe el punto cero. No hay capacidad para que ninguna persona pueda reiniciar su vida a partir del momento en el que el accidente tiene su punto y final, porque sus consecuencias se prolongan durante decenios e incluso siglos o milenios. Es verdad que lo acontecido en Japón nos obliga a todos, y en este caso al Parlamento español, a tomar algunas decisiones que trasladen seguridad y certeza a los ciudadanos. Esa es la razón por la que el Grupo Parlamentario Socialista, trascurrido un plazo razonable desde el momento en que tuvo lugar el terremoto, trae a la consideración del hemiciclo la proposición no de ley que debatimos.


Con la normativa actualmente existente en materia de seguridad de centrales nucleares y todo lo que la acompaña, incluidas las regulaciones sobre residuos y demás, sería razonable pensar que un niño que naciese este año 2011 podría cumplir su mayoría de edad en un país libre de centrales nucleares, ateniéndonos al propio proceso de vida útil que afecta a los reactores en estos momentos en nuestro país. Y ese es el punto de partida sobre el cual tenemos que tomar decisiones, y las decisiones van en el sentido de cómo administramos el

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proceso que va desde el momento actual, con la composición de mix energético que tenemos en nuestro país, con la presencia de generación nuclear, hasta el momento en el que se produciría el cierre de la última de las centrales nucleares. Eso tenemos que incorporarlo a algunas otras cuestiones que ya considerábamos, como es el avance de las tecnologías, la posibilidad de que eso afectase a la mayor capacidad de penetración de las energías renovables, y el camino hacia un modelo energético limpio, libre de residuos y de emisiones, seguro -que es lo que en estos momentos más nos preocupa-, y económicamente viable. Bien, en ese proceso centramos ahora mismo nuestra mayor preocupación en cuanto a seguridad.


Lo sucedido en Japón nos obliga a revisar todos los protocolos de seguridad con los que hasta ahora nos regíamos, no solo en nuestro país, sino también en todos aquellos países que disponen de tecnología nuclear aplicada a la generación eléctrica. Por lo tanto debe producirse en el marco de un acuerdo internacional, y en ese acuerdo se fijarán los mínimos de las condiciones que han de cumplir las centrales nucleares que ya están en funcionamiento, y también las que en el futuro se creen en aquellos países que tuviesen la voluntad de incorporar nuevos reactores nucleares a su parque. Hay una condición irrenunciable que el Gobierno ya ha anunciado: aquellas centrales nucleares que no superen las pruebas de estrés a las que van a ser sometidas, en función de ese acuerdo internacional de definición del marco de seguridad de las centrales nucleares, deberán ser cerradas con carácter inmediato. Por ello lo que tiene que trasladar la Cámara al Gobierno es el escenario en el cual entenderíamos que sería razonable que se produjese ese estudio, y además se deberían tener en cuenta las consecuencias que se derivarían de la aplicación de ese nuevo marco de definición de seguridad de las centrales nucleares.


Prácticamente todos los grupos parlamentarios han trasladado su preocupación sobre la situación que se vive en estos momentos a nivel mundial, y han incorporado una serie de propuestas de enmiendas que en su caso mejorarían el texto propuesto inicialmente por el Grupo Parlamentario Socialista. Entendemos que en ese marco de preocupación compartida deberíamos ser capaces de incluir la mayoría de las aportaciones que se producen por parte de los distintos grupos presentes en la Cámara. En esa dirección va a ir dirigida nuestra voluntad.
Trasladamos a cada uno de los grupos parlamentarios el propósito de aceptar en la medida de lo posible, y sin que ello suponga distorsiones de ningún tipo, buena parte de las sugerencias que se nos hacen teniendo en cuenta fundamentalmente dos cuestiones, ya que gestionamos dos escenarios de realidad existente: uno, que hay un acuerdo de Consejo de Ministros respecto a una central nuclear que ya ha alcanzado su umbral de vida útil, los cuarenta años, y que por lo tanto requiere un tratamiento específico, y dos, que al resto de centrales nucleares que tienen un calendario de cumplimiento de vida útil situado entre los años 2021 y 2028 habrá que incorporarles esas exigencias en el futuro. En ese sentido solamente hay tres enmiendas que propondrían sustituir el tratamiento de lo recogido en el punto 5, específicamente destinado a Garoña, que son especialmente del Grupo Parlamentario Popular que hace una incorporación respecto al texto en su momento aprobado en la Ley de Economía Sostenible...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Morán, por favor.


El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Si el Grupo Popular así lo considera, creemos que esto se podría incorporar perfectamente como enmienda de adición al texto recogido.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Morán.


A esta iniciativa se han presentado enmiendas por parte de varios grupos.
En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar celebramos que el Grupo Parlamentario Socialista haya traído a discusión de esta Cámara una proposición no de ley que habla de nucleares, y en concreto de la seguridad en las centrales nucleares. Recogemos un texto de la ex ministra de Medio Ambiente, doña Cristina Narbona, publicado justamente el día 5 de abril, que decía -y leo textualmente-: Resulta intolerable el esfuerzo por minimizar las consecuencias de Fukushima; intolerable ante todo desde el punto de vista democrático. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuáles son los riesgos reales, y cómo se gestionan por parte de empresas y gobiernos, así como quién asume responsabilidades y quién sufraga los costes en el caso de accidentes en las centrales nucleares. Por tanto, como decía al principio, celebramos que podamos discutir este tema en la Cámara.


Quiero decirles también que para nosotros la proposición no de ley que plantea el Grupo Parlamentario Socialista es insuficiente, no errónea, pero del todo insuficiente. Decía que a pesar de los intentos de la industria nuclear de minimizar el accidente múltiple en la central nuclear de Fukushima, actuando con opacidad y tergiversando los hechos, ha quedado de nuevo claramente manifiesta la extrema peligrosidad de este tipo de energía, y ante esta situación el Gobierno y el Parlamento deben actuar con responsabilidad y adoptar medidas concretas para que nuestro sistema energético sea eficiente, inteligente y cien por cien renovable.


Un análisis correcto de lo ocurrido en Japón muestra que la causa real del accidente nuclear no ha sido ni el terremoto ni el tsunami. Lo que estos causaron fue exclusivamente

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la pérdida del suministro eléctrico a la central, y esta pérdida de suministro eléctrico a una central puede pasar no solo con terremotos y con tsunamis, sino con cualquier otro accidente. También hubiera podido ocasionar una pérdida prolongada de suministro eléctrico cualquier cosa exterior; la evolución de los acontecimientos hubiera sido con toda probabilidad la misma. Esta misma falta de capacidad de respuesta en Fukushima también podemos tenerla en Santa María de Garoña, puesto que su reactor nuclear es idéntico a la unidad de Fukushima I. Y también hay que decir que la central nuclear de Cofrentes es similar a la del resto de unidades de la planta japonesa. El Gobierno español a nuestro entender debería cerrar estos reactores inmediatamente, ya que su falta de seguridad ha quedado palpablemente demostrada por su grave incapacidad de refrigeración del combustible nuclear en situación de emergencia. Esta es una de las primeras cuestiones que planteamos, no solo el cierre de Garoña de inmediato, sino también por seguridad el de Cofrentes.


Quisiera decirles también que a partir de Fukushima el fin de la era nuclear ha llegado. Hemos de acelerar el abandono generalizado de esta energía tan peligrosa, que ya estaba en franca retirada antes del accidente japonés. En nuestro país la viabilidad técnica y económica de un sistema de generación eléctrica basado al cien por cien en energías renovables quedó demostrada en distintos informes. Solo enumero uno. El documento Un nuevo modelo energético para España, recomendaciones para un futuro sostenible, publicado en 2009 por la Fundación Ideas para el Progreso, del Partido Socialista Obrero Español, muestra claramente cómo la energía nuclear se podría sustituir de forma acelerada en el año 2016.
Lo único que falta es voluntad. ¿Qué sentido tiene asumir el riesgo de que suframos un accidente nuclear cuando afortunadamente, gracias a las energías renovables, podemos cerrar rápidamente todas las centrales nucleares? Por esto nosotros planteamos siete enmiendas y esperamos que el Partido Socialista Obrero Español acepte la mayoría de ellas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura. Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao por el resto del tiempo que ha quedado a su disposición.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.


Son malos tiempos para los apologetas de la energía nuclear, para ese revisionismo creciente de estos últimos tiempos sobre los eventuales beneficios de la energía nuclear, entre otras cosas porque se demuestra que, en primer lugar, no es limpia, lleva un problema aparejado para la gestión de los residuos todavía no resuelto; tampoco es una energía barata, porque el uranio no lo es, ni construir una central y desmontarla; porque no es ilimitada, porque el uranio se agota, como otros recursos naturales; y sobre todo porque no es segura, y eso lo hemos visto recientemente en Japón. A raíz del episodio de Japón hemos podido rememorar lo que sucedió hace unos años en Chernóbil. En Chernóbil hubo 200.000 muertos. En Chernóbil todavía arrastramos algunos problemas...


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Mixto en primer lugar tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Lo ocurrido en Fukushima va a hacer que aprendamos todos mucho. Todo el mundo va a aprender mucho de las medidas de seguridad necesarias, va a obtener conclusiones, y eso ayudará a que vivamos en un mundo más seguro donde se utilice la energía nuclear que se considere necesaria, imprescindible para el desarrollo de los países, y de una manera equilibrada, de una manera sostenible, e insisto en que de una manera segura. Por tanto, con todas la apelaciones y las apreciaciones que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista cuando ha presentado su proposición no de ley y lo contenido en el texto de la proposición no de ley, con todo lo que tiene que ver con la seguridad, con todo lo que tiene que ver con las pruebas de estrés, con todo lo que tiene que ver con el máximo de controles no podemos estar más que de acuerdo.
Seguridad, toda. Pruebas, las que se han hecho y las que haya que hacer.
Todas las conclusiones que obtengamos aplicarlas no solo en las centrales españolas, sino en las de todo el mundo. Es decir, aprender del ejemplo, aprender de la tragedia y utilizar todo ese conocimiento. A la vez nos parece muy razonable todo lo que se ha planteado en relación con la necesidad de obtener los mejores informes, de dar cuenta de los informes, de que exista transparencia de todo ello, y que además se haga en tiempo y forma.


Como conclusión diré que esto nos lleva a considerar que hemos de tener muy en cuenta todo lo que diga el Consejo de Seguridad Nuclear. Todo lo que diga siempre, no solamente cuando esté en relación con nuestro criterio político, partidario o ideológico previo, sino siempre. Porque si solo le hacemos caso cuando coincide con lo que dice, más vale que lo disolvamos, y que no tengamos en cuenta que existe y que nos ahorremos una serie de dinero en su disolución, cosa que no creo que haya que hacer, sino justo lo contrario; hay que atender a sus requerimientos y hay que cumplir con ellos, siempre estrictamente. Por eso la enmienda que planteamos va sobre el punto 5, porque de mantenerse -acabo, señora presidenta- llegaría a la conclusión de que el único objetivo del Grupo Socialista es que sancionemos en un Pleno una decisión que tomó el Consejo de Ministros, y francamente no nos corresponde hacerlo.


Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.


Brevemente. Desde Coalición Canaria apostamos por el desarrollo de las energías limpias, más cuando estamos en un territorio como Canarias en el que abundan las zonas de viento y de sol. Somos conscientes de que aún han de pasar algunos años para que las energías renovables puedan sustituir totalmente a la energía nuclear, por su carestía que con el tiempo esperamos que disminuya, pero también porque es un recurso discontinuo e irregular. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con las centrales nucleares? Sabemos que siempre puede existir el riesgo -aunque mínimo- de un fenómeno natural o de un error humano que produzca una tragedia; Chernóbil o Fukushima son dos terribles ejemplos. Por eso mientras decidimos cuál será el futuro de la energía nuclear en nuestro país el Gobierno está obligado a garantizar la máxima seguridad y solidez de las centrales, y con ello la protección de los ciudadanos y del medio ambiente ante cualquier imprevisto.


Como dice el punto 2 de esta iniciativa, el Gobierno debe modificar las normas que regulan el funcionamiento de las centrales en España, adecuándolo a las recomendaciones de la Unión Europea, y nosotros también creemos que es necesario que la comunidad internacional obligue a todos los Estados a cumplir las normas de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Señorías, mientras sigan funcionando en España centrales nucleares, lo mínimo que puede pedirse al Gobierno es el máximo celo en la prevención de riesgos, la revisión de todas las instalaciones y de los sistemas de seguridad.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Joquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.


Aun estando de acuerdo con la necesidad de reforzar las medidas de seguridad de las centrales nucleares, creemos que la proposición se queda corta. Es necesario extraer lecciones de lo ocurrido en Fukushima y descartar la energía nuclear en el mix energético español del futuro.
Frente a los que nos presentan la energía nuclear como una energía segura, limpia y barata, habría que recordarles, primero, que tienen razón cuando dicen que ninguna tecnología de generación es segura al cien por cien, pero precisamente por eso debe descartarse una energía que, en caso de accidente, representa una amenaza incomparablemente mayor a cualquier otra fuente de generación; segundo, que si a la hora de valorar los costes económicos de la energía nuclear le imputamos los costes de tratamiento y almacenaje de residuos durante generaciones y generaciones, la energía nuclear es una de las más caras; y no hablemos ya si le imputamos los costes en caso de accidente.


El Estado español exporta más electricidad de la que importa; tiene una capacidad de generación muy superior a la demanda interna, y tiene un extraordinario potencial de desarrollo en el campo de las energías renovables. Por lo tanto creemos que es perfectamente asumible la sustitución progresiva de la aportación de la energía nuclear al mix energético impulsando las energías renovables, y ese es el sentido de nuestra enmienda.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


Para defender las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL BELDA: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a apoyar los cuatro primeros puntos de la proposición no de ley porque evidentemente necesitamos más seguridad, revisar la seguridad de las centrales nucleares, habida cuenta de que hay que aprender de lo que ha pasado en Japón en estos últimos meses, y sobre todo en función de lo que sea la normativa europea revisar el funcionamiento de nuestras centrales nucleares. Todo lo que sea el estudio y el análisis para fin de año de nuestras centrales, de acuerdo; que se aplique la nueva normativa europea que vaya a surgir, totalmente de acuerdo; que haya transparencia y por lo tanto se apliquen los resultados.


Nosotros hemos tenido siempre una postura a favor de que hagamos caso a los técnicos; hagamos caso de lo que dice el Consejo de Seguridad Nuclear porque es el encargado de velar por la seguridad de la energía nuclear en nuestro país. Porque una de dos, o son válidos y fiables los informes del Consejo de Seguridad Nuclear, o no lo son; y si lo son, tendremos que hacerles caso porque es evidente que son los que tienen mayor criterio para definir la seguridad de nuestras centrales nucleares, y esto en cada uno de los ocho emplazamientos que tenemos de producción nuclear en nuestro país. Si son seguros -el ministro de Industria dijo que nuestros emplazamientos nucleares eran seguros a raíz del accidente que ocurrió en Fukushima, y entiendo que el ministro tenía conocimiento de causa para decir eso- tendrán que seguir funcionando en función de esa normativa, en función de esa revisión de los criterios de seguridad, y seguir produciendo. ¿Y por qué deben seguir produciendo? Porque sabemos que es imposible a día de hoy sustituir la energía nuclear con otra energía que pueda producir de forma continua -que no tenga parones inesperados-, cosa que no pueden proveer las renovables, y que al mismo tiempo no emita CO2.
Es la única energía que puede proveer esto y nadie lo discute. Por tanto el criterio de si se debe o no producir energía nuclear debe surgir del criterio de valoración técnica de

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si son seguras o no, y de lo que diga el Consejo de Seguridad Nuclear, y que lo diga para todos los casos: si debemos cerrar una central es porque no es segura, y si no es segura nunca debe en su caso operar; y si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que puede operar, entonces no hay razón para cerrarla, como ha ocurrido en el caso de Santa María de Garoña, en el que tenemos una decisión del Consejo de Ministros contraria a la unanimidad del Consejo de Seguridad Nuclear, y si se hace es o por arbitrariedad o por capricho o por demagogia, y sobre todo cuando estamos en una precampaña electoral. Lo digo porque la demagogia energética nos ha costado muy cara en este país. Somos el cuarto país más caro en electricidad de toda la Unión Europea, cuando en 2004 estábamos por debajo de la media. Este mes no ha bajado un 5 por ciento la electricidad porque el término de energía en la subasta bajó un 10 por ciento, lo cual supone una caída final de un 5 por ciento porque se ha utilizado ese 5 por ciento para cubrir el enorme déficit tarifario que llevamos acumulado precisamente por esa demagogia. Por esa demagogia tenemos una inseguridad jurídica en nuestro sistema energético que es revisada y declarada en todos los rincones del planeta, porque no sabemos cuál es el marco jurídico en el que se desenvuelve nuestro sector eléctrico, y hay dudas sobre el mismo. Por esa demagogia tenemos un déficit tarifario de 22.000 millones de euros acumulado, cuando en el año 2004 solo había 1.500 millones; es decir, el 90 por ciento del déficit tarifario de este país se ha generado en los años de Gobierno socialista, precisamente por esa demagogia. (La señora Arnaiz García: No, no.-Varios señores diputados: No.) Sí, sí, revísense las cifras de la Comisión Nacional de la Energía.
Y por esa misma demagogia tenemos uno de los costes energéticos más caros de la Unión Europea para la producción de nuestros sectores industriales, y eso ha costado competitividad y puestos de trabajo, que ahora mismo tenemos 4.700.000 parados

Si no utilizásemos las precampañas electorales para hacer demagogia cuando estamos hablando de cuestiones energéticos, nos dedicáramos solamente a valorar los criterios técnicos que vienen del Consejo de Seguridad Nuclear, y lo aplicáramos en todos los casos, incluido en el de Santa María de Garoña, no estaríamos como estamos. Por eso nosotros no podemos apoyar el punto 5, porque tiene el mismo grado de arbitrariedad que aplicó el Consejo de Ministros. El Consejo de Seguridad Nuclear dice una cosa y el Grupo Socialista dice otra. Si acepta nuestra enmienda que es literal de lo que fue la Ley de Economía Sostenible, donde una gran mayoría de diputados de esta Cámara apoyó lo que debía ser la planificación energética, nosotros estaríamos encantados de apoyar ese punto 5, que es el que nosotros enmendado con una enmienda de modificación.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Nadal.


Para defender las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy llega al Pleno de la Cámara una proposición no de ley oportuna; oportuna porque el debate está en la calle, en la opinión pública, y la sensación global de la ciudadanía y de los propios técnicos cuando se analiza lo que está ocurriendo en Fukushima, en Japón, tras el terremoto y el consiguiente tsunami, lo que ha provocado en términos de seguridad nuclear la central de Fukushima y otros reactores de Japón, causa preocupación y la necesidad de que a nivel internacional se tome nota de lo ocurrido, se incorporen nuevas pautas de seguridad, y se realicen, como propone el propio Grupo Socialista y como estamos proponiendo todos en el ámbito de la seguridad nuclear, esas nuevas pruebas de resistencia, esos parámetros que, sacando lecciones de lo ocurrido en Japón, incrementen nuestra seguridad en el presente y el futuro. Por tanto compartimos la necesidad de debatir sobre los aspectos que hoy nos trae el Grupo Socialista con esta proposición no de ley.


Compartimos también los plazos que en ella se incorporan, unos plazos que van a ser vinculantes para el Consejo de Seguridad Nuclear, que va a tener que realizar en nuestras centrales nucleares abiertas esos tests de resistencia y llevar a cabo los nuevos parámetros que a nivel internacional entendamos desde un punto de vista técnico que cada una de las centrales debe superar para poder funcionar. Por tanto estamos de acuerdo con el marco global de la propuesta. Desde Convergència i Unió hemos incorporado alguna propuesta de mejora respecto a la plena publicidad de los trabajos que se realicen en cada central nuclear, en el sentido de preservar que, por seguridad pública o por prevención de un ataque terrorista, dicho documento técnico deba en ocasiones no ser tan público para evitar dar pautas a un terrorista que después quisiera atentar. Debemos poner alguna cautela a esa publicidad, pero transparencia, toda; exigencia, máxima. Esta es la posición de Convergència i Unió ante el reto de seguridad que nos han planteado los accidentes acaecidos en Japón.


Dicho esto, en la proposición no de ley hay un punto que no le corresponde a esta iniciativa. Hay un punto que pretende generar hoy aquí un debate distinto en el que no queremos entrar, porque además es un debate que se quiere introducir desde un punto de vista equivocado. Es cierto que el Consejo de Ministros tomó una decisión política, no técnica -política-, sobre el cierre de la central de Garoña para el año 2013. Políticamente podemos coincidir o no con esa decisión que tomó el Consejo de Ministros; ese hoy no es el debate. Lo cierto es que se trata de una decisión de cierre de una central en el año 2013, cuando en el año 2009 el Consejo de Seguridad Nuclear -que es al que debemos atender- nos aportó un informe en el que se decía que, si se cumplían una serie de condiciones, la vida útil de esa central

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nuclear podía ser prorrogada hasta el año 2019 -diez años desde 2009 hasta 2019-, y esa decisión técnica del Consejo de Seguridad Nuclear no fue avalada después por el Gobierno, que prefirió, dentro de las opciones que tiene un gobierno, adelantar su cierre al año 2013. ¿Qué se pretende hoy, que votemos eso en el Pleno de la Cámara a raíz de lo de Fukushima? (Un señor diputado: ¡Muy bien!) No toca. ¿Por qué? Porque lo que debemos hacer es mirar caso a caso si se cumplen todos los requisitos técnicos de seguridad, incorporando aquello que ha salido Fukushima, y si una central lo cumple y el CSN lo autoriza puede prorrogarse, de acuerdo también con lo que la nueva normativa de la Ley de Economía Sostenible permite, y si no que se cierre. Este es el debate: quien no cumpla, que se cierre; pero a quien cumpla, no le pongamos de entrada el límite de decir que hoy hay que votar que tal central o aquella otra debe cerrar en tal fecha o en esa otra, porque hoy desde Convergència i Unió esperamos que el debate se centre únicamente en aspectos técnicos y de seguridad.


Señora presidenta, señorías, muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.


Para fijar la posición del Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, el Grupo Socialista nos trae para su debate y votación una proposición no de ley políticamente muy correcta, y si me lo permiten de carácter eminentemente electoral, por la que se insta al Gobierno a que adopte a través del Consejo de Seguridad Nuclear las medidas necesarias para garantizar que las instalaciones nucleares funcionen durante su vida útil sin suponer un riesgo para la población o para el medio ambiente, tanto si se producen terremotos, inundaciones, actos terroristas, accidentes, etcétera. Señorías del Grupo Socialista, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con ello? Fukushima nos ha puesto a todos en alerta y nos ha mostrado la cara más negra de la energía nuclear o, mejor dicho, del riesgo de la generación de energía de carácter nuclear. Evidentemente todos queremos que se respete la vida y el medio ambiente. Estamos también de acuerdo en que se respete y se aplique la normativa de la Unión Europea para realizar este análisis y que los resultados sean públicos y disponibles para los ciudadanos. Lo que hace falta en la cuestión nuclear es mucha transparencia y mucha información para evitar los temores de los ciudadanos. En todo ello estamos de acuerdo. Pero es que el Consejo de Seguridad Nuclear tiene ya encomendada esta tarea, el Gobierno ya le ha dicho que hay que acometer este estudio.
¿Qué aporta en este sentido la proposición no de ley? Busca el apoyo a una iniciativa ante la que hay muchísima sensibilidad social y que en esta época eminentemente preelectoral puede calar. Pues bien, también el Grupo Vasco está de acuerdo y vamos a votarla favorablemente. No queremos riesgos de ningún tipo, tampoco riesgo nucleares. Pero para evitar ciertos riesgos, dicho sea de paso, el Gobierno debería impulsar la construcción del ATC, del almacén temporal de residuos, para dar mayor protección y seguridad a unos residuos que, como en el caso de Zorita, están a la intemperie bajo las corazas de hormigón armado. En una visita reciente a Finlandia y Suecia hemos podido comprobar cómo en estos países existe una preocupación por la gestión de los residuos y en ello están trabajando. El Gobierno también debería hacerlo. No digo que no le preocupe o que no trabaje, lo que digo es que ha de tomar decisiones al respecto, decisiones para las que tiene el apoyo mayoritario de esta Cámara.


Por último, nuestro grupo quiere manifestar la voluntad de que la central de Santa María de Garoña se cierre, tal y como acordó el Consejo de Ministros, cuando cumpla el ciclo de vida útil. Así lo manifestó la mayoría del Parlamento vasco, incluido el grupo correspondiente al Partido Nacionalista Vasco. En definitiva, votaremos a favor de esta proposición no de ley puesto que aunque quepa calificarla, como he dicho antes, de electoral coincidimos plenamente en su contenido, aunque nos hubiera gustado que hubiese incluido algún compromiso más, como señalaba, en relación con el almacén temporal centralizado. No obstante, si en lugar de votarse esta iniciativa se votara la transaccional que anda circulando por la Cámara, nuestro grupo también la votaría favorablemente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Señor Morán, su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas o de anuncio de la transaccional.


El señor MORÁN FERNÁNDEZ: En principio intentaremos cerrar la transaccional en la medida de las posibilidades y la voluntad de los grupos que ya han hecho anuncio de la misma.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Morán.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE UNA ESTRATEGIA DE AUSTERIDAD DEL CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 162/000813.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Popular sobre la puesta en marcha de una estrategia de austeridad del conjunto de las administraciones públicas.


Para defender esta iniciativa tiene la palabra el señor Barrachina.


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El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo trae a la Cámara una proposición no de ley en la que se propone un conjunto de medidas que garanticen la austeridad para las administraciones públicas, preocupado porque la situación económica nacional sigue languideciendo y las medidas planteadas por el Gobierno en materia de ahorro han fracasado. Los datos conocidos hoy, tanto de aumento de precios como especialmente de crecimiento de la deuda pública, son alarmantes. El Ejecutivo socialista, que dispone de competencia exclusiva para las bases y coordinación de la planificación de la actividad económica, ha perdido por completo el control del gasto público. Hoy hay 814.000 millones de euros de deuda pública, 300.000 millones de euros más que al comienzo de la actual legislatura. Esto supone, ni más ni menos, que cada español adeuda con cargo a las administraciones 17.320 euros. Puede que esta cifra no diga mucho, pero una familia con dos hijos debería pagar 11.700.000 pesetas para que las administraciones pudiesen saldar sus deudas y, a partir de ahí, seguir tributando para que policías y maestros puedan seguir recibiendo puntualmente su prestación pública. Esto supone una cantidad astronómica nunca antes alcanzada. De esos 814.000 millones de euros de deuda pública, las tres cuartas partes corresponden al Gobierno central y el resto se distribuye entre administraciones autonómicas y locales. Este sobreendeudamiento público es consecuencia directa de la irresponsable desactivación de la ley de estabilidad presupuestaria llevada a cabo por el Gobierno socialista, que ha provocado, primero, un efecto expulsión de la iniciativa privada que ha dejado a los particulares, a las pymes y a los autónomos, sin recursos financieros porque ahora deben ir dirigidos a las administraciones, y, en segundo lugar, ha hecho que se eleven los impuestos a través del IRPF y del IVA para que esos préstamos obtenidos por las administraciones, hasta 814.000 millones de euros en deuda pública, puedan ser devueltos por cada una de las entidades públicas que lo solicitó. La falta de créditos y la subida de impuestos ha reducido a España a la condición de mendigo internacional de crédito y recientemente la propia vicepresidenta Salgado anunció un incremento adicional de la tasa de paro, que pronto alcanzará los 5 millones de parados. Cada una de las medidas anunciadas por el Gobierno se ha manifestado claramente insuficiente y ninguna de ellas ha cumplido alguno de los objetivos propuestos. La reducción del 5 por ciento del sueldo a los empleados públicos pretendía ahorrar 2.400 millones de euros y no ha alcanzado siquiera la mitad del ahorro planeado por el Gobierno; el mismo Gobierno que viene anunciando adelgazamiento de plantillas públicas, que ha impuesto tasas de reposición del 30, del 10 y del 10 por ciento en 2009, 2010 y 2011, resultando que no solo es que no se haya encogido el sector público sino que este ha crecido en esta legislatura en 295.000 empleados públicos adicionales solo en estos tres años, mientras aumentaba en 2,5 millones el número de parados en el sector privado. En comparación con el último presupuesto del Gobierno popular, mientas las inversiones se han reducido en un 24 por ciento, el gasto del capítulo 1 ha crecido en un 38 por ciento en este mismo periodo. Ninguno, ni siquiera cuando se anunció que para diciembre pasado se habrían suprimido cien subdirecciones generales porque, a fecha de hoy, tan solo se ha conseguido un 46 por ciento de ese objetivo anunciado para el año pasado.


Por todo ello, mi grupo quiere colaborar, ayudar, y por eso propone, primero, la restitución de la ley de estabilidad presupuestaria, derogada parcialmente en 2006 por el Gobierno socialista, vinculándola a un indeterminado ciclo económico. Proponemos también que se evite lo que, como recoge la Intervención General del Estado, sucedió en 2009, que por cada 2 euros que se ingresaron el Gobierno gastó 4, mientras que en 2010, el año de los mayores recortes sociales de la historia, por cada 3 euros ingresados se gastaron 5. Proponemos además un auténtico programa de racionalización de las estructuras administrativas, la supresión de parte de los 477 entes dependientes del Estado, la mengua del personal eventual y de los altos cargos, la sustitución de buena parte de los múltiples órganos de contratación por centrales de compra que reduzcan el gasto y la gestión adecuada de nuestro patrimonio inmobiliario. Proponemos, además, que se reduzca el número de coches oficiales, e incluso que el número de teléfonos móviles, que milagrosamente pasó de 15.000 a 56.000 solo en la primera legislatura del Partido Socialista, se vea también reducido. Hay que hacer un esfuerzo adicional de reducción del gasto público. No es presentable, no es razonable que una familia con dos hijos tenga que pagar 11.700.000 pesetas para saldar las deudas de las administraciones públicas. Proponemos un programa de eficiencia de las administraciones simplificando normativamente toda la burocracia, revisando el actual sistema de avales que los particulares han de presentar para que se puedan ver liberados de ellos cuando es la Administración la responsable por inacción de que eso no se vea ejecutado. Proponemos reducir a la mitad los plazos de resolución de las reclamaciones económicas y administrativas y un cuarto bloque de medidas dirigido a un programa que favorezca la unidad de mercado para evitar que la dispersión normativa aleje la inversión en nuestro país. Proponemos en suma transmitir a los ciudadanos un mensaje...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Barrachina, por favor.


El señor BARRACHINA ROS: Concluyo, señora presidenta. Un mensaje de compromiso, de eficiencia y de ahorro. Nunca es tarde y por tanto el Gobierno debe transitar de aquel que decía que el dinero público no era de nadie a uno que tome conciencia de que el dinero público es absolutamente de todos y que hay que comenzar a hacer reformas.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Barrachina.


El señor BARRACHINA ROS: La primera en aquella Administración en la que tiene competencia exclusiva.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Barrachina.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Señor Barrachina, yo estoy completamente de acuerdo en la exposición de motivos, en el título de la proposición no de ley y en el objetivo que dicen ustedes predicar con esta iniciativa legislativa: la austeridad del conjunto de las administraciones públicas. Pero tengo que hacerle una consideración. Ustedes gobiernan en la mitad de España, ¿no? ¿O tengo yo mal los datos? Digo yo que algunas de esas cosas que nos ha contado en esta tribuna las podrían hacer en aquellas instituciones en las que gobiernan, porque no está prohibido por ley. No se lo ha prohibido nadie, es decir, toda esta reducción de gasto público, de contrataciones de personal de confianza, todas estas cosas de las que usted nos ha hablado aquí correctamente y que yo comparto, digo yo que ustedes las podrán hacer, las podrán llevar a cabo, y no las hacen. Le voy a decir más. En el mes de mayo, creo que el día 25, se cumplirá un año desde que debatimos y sometimos a votación una moción que llevaba un título similar a este y que tenía un objetivo similar: la austeridad, la racionalización del gasto público, la eficacia, la eficiencia de las administraciones públicas... Oiga, no solo fueron los del Grupo Socialista los que se opusieron, ustedes se opusieron también. Hombre, un poquito de por favor, que decía el de la tele, para que la gente nos tome en serio cuando planteamos estas cuestiones, que me parece que de fondo tienen toda la razón; un poquito de rigor, un poquito de eso, un poquito de por favor.
Además, ¿por qué solo la Administración del Estado, que por cierto es la que mayor control tiene? De ahí vienen nuestras tres enmiendas; extiéndanse estos controles de los que ustedes hablan al conjunto de las administraciones públicas, reduzcamos en el conjunto de las administraciones públicas.


Por cierto, una cuestión que no tiene que ver con la austeridad y sí con una enmienda que también hemos presentado al punto primero. Impulsar la reforma de las leyes de estabilidad, sí, pero a nuestro juicio retornar al criterio de estabilidad presupuestaria para cada uno de los ejercicios y no a lo largo del ciclo tiene consecuencias negativas, como se ha visto. Esta no es una cuestión ideológica, esta es una cuestión de que las consecuencias para el objetivo que se persigue son negativas. Usted nos ha explicado la deuda, cómo la Administración pública del Estado endeudada, que es de la única de la que ha hablado, supone a cada una de las familias una deuda de equis miles. Oiga, hemos demostrado que simplemente con que las comunidades autónomas utilizaran los criterios Maastricht de mayor eficacia y mayor eficiencia en el conjunto de España nos ahorraríamos al año 25.000 millones de euros, que podríamos utilizar, naturalmente, para prestar mejor los servicios sin modificar las competencias, fuera de las competencias. Ustedes no gobiernan en todas las comunidades autónomas, pero en las que gobiernan utilicen criterios Maastricht y en vez de 25.000 que sean 12.000, 10.000...


El señor PRESIDENTE: Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En fin, señor Barrachina, está muy bien el discurso que usted nos ha planteado aquí, pero, en coherencia, y para que parezca que de verdad va esto en serio y que no tiene nada que ver con una fecha electoral, cuando otro grupo presenta una cosa que tiene el mismo objetivo...


El señor PRESIDENTE: Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Parecería que lo lógico sería apoyarlo y sobre todo practicarlo en aquellos sitios donde tenemos responsabilidades.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo brevemente desde el escaño para fijar la posición de Coalición Canaria en relación con esta proposición no de ley.


No es la primera vez que en esta legislatura debatimos sobre iniciativas que persiguen la austeridad en el gasto público y reformas de las administraciones, y algunos de los planteamientos que la señora Díez hacía en su intervención coinciden con los de Coalición Canaria. Nosotros acogeríamos con más entusiasmo esta nueva iniciativa que el Grupo Popular nos trae hoy si viniera acompañada de ejemplos prácticos, de cómo ustedes aplican en aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos en los que gobiernan planes de austeridad tan completos y ambiciosos como este.
Estamos de acuerdo con la necesidad, como dice la exposición de motivos, de abordar una profunda reforma administrativa asentada en la austeridad y eficiencia mediante una ambiciosa estrategia de austeridad del conjunto de las administraciones públicas; de acuerdo con el fin, pero cuidado con los medios; cuidado con que se persigan otros propósitos. Si cuando se habla de austeridad y recortes del gasto se pretende con ello reducir las administraciones cargándose de paso los servicios públicos, si realmente se pretende continuar con el debate propuesto por el

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Partido Popular de redefinir el Estado autonómico al que se culparía de los problemas presupuestarios, no cuenten con nosotros. Creemos que antes hay que resolver lo principal, lo que está aún pendiente en esta democracia, la definición del marco competencial de todas las administraciones públicas. Sin esa definición del marco competencial no podremos hablar nunca de una financiación equilibrada ni de justicia redistributiva de los recursos que son de los ciudadanos.


En Canarias hemos hecho un esfuerzo -vamos por delante también en esta medida-, hemos eliminado duplicidades, hemos prescindido del 15 por ciento de los altos cargos y asesores, se ha reducido el número de consejerías y se ha adelgazado el sector público empresarial eliminando 6 de las 32 empresas públicas. Por eso, señorías, no vamos a apoyar hoy esta iniciativa que plantea el Grupo Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, esta proposición no de ley del Grupo Popular no contiene ninguna estrategia de austeridad. El Grupo Popular lo que hace es verter en esta propuesta todos sus fantasmas recentralizadores que han rebrotado, han resurgido como consecuencia de la crisis y por las estrecheces por las que atraviesan las distintas administraciones públicas. Esta proposición no de ley es una auténtica Loapa de la austeridad. Podríamos decir que es el misterio del increíble Estado autonómico menguante a raíz de la crisis.


Al parecer, contra la crisis, al Partido Popular solo se le ocurre no solo someter al conjunto de administraciones públicas a una dieta de caballo, sino también a un rabioso programa centralista. Por ejemplo, se propone una modificación de la ley de estabilidad presupuestaria, que es un intento claramente de centralizar la capacidad de gasto y también de endeudamiento autonómico, y lo hace no solo como el Gobierno socialista, homogeneizando los objetivos de déficit para todas las comunidades autónomas, sino, además, imponiendo una auténtica tutela para las comunidades autónomas que vulnera el principio de autonomía y el principio de autonomía financiera. Se propone, igualmente, una política integral -léase central- de gestión del patrimonio de todas las administraciones, de simplificación administrativa, de centrales de compra para todas las administraciones y, finalmente, la sacrosanta unidad de mercado que el PP hace tiempo que intenta meternos a machamartillo.


Señorías, todas las administraciones públicas, todas, son conscientes de la necesidad de hacer un singular esfuerzo de contención del déficit público para reequilibrar sus finanzas. Otra cosa es que deban hacerlo más allá de lo deseable, otra cosa es que algunas no tengan prioridades en lo que se refiere al gasto ni en cuanto a su estructura de ingresos, ni tan siquiera que haya algunas que hayan emprendido a hachazos recortes de su política social, que en el caso de las comunidades autónomas hay que tener en cuenta que es el 80 por ciento de su gasto, que cubre además servicios de prestación básica como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Pero es que además, señorías, no todas las comunidades autónomas son iguales; las hay que padecen una bajada pavorosa de ingresos públicos a consecuencia de la crisis, pero las hay también que padecen el incumplimiento grave de las obligaciones financieras por parte del Estado, e incluso las hay que, como en el caso de Cataluña, el País Valenciano o Islas Baleares padecen además un saldo fiscal negativo galopante del 10 por ciento de su PIB. Por tanto, no se puede homogeneizar el mismo objetivo de déficit para todas ellas.


Hoy precisamente nuestro grupo parlamentario ha presentado una iniciativa para que el Gobierno cumpla con la ley, cumpla con sus obligaciones financieras, para que no pueda hacer un uso arbitrario de las leyes y, por ejemplo, en el caso de Cataluña satisfaga el pago puntualmente del llamado Fondo de competitividad, que son 1.450 millones de euros que el Estado debe a Cataluña y, por tanto, que de forma arbitraria el Gobierno no eluda el pago de este fondo, porque el Gobierno no puede cambiar las reglas del juego a medio partido y no puede repercutir negativamente contra las comunidades autónomas sus particulares problemas de déficit, sus tensiones de tesorería; no puede, en el caso de Cataluña, desplazar a la Generalitat sus particulares problemas por lo que se refiere al déficit público. Debe actuar de forma leal institucionalmente.


Señorías, esa es una problemática que presentan y de la que están aquejadas algunas comunidades autónomas, como Cataluña. Lógicamente, no aceptamos este trato homogéneo, ni ese intento de armonizar las soluciones para todas las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas. En una cosa sí estamos de acuerdo con lo que plantea el Grupo Popular, en que el Estado debe asumir sus propias responsabilidades en un momento en que se recrudece la presión de los mercados sobre España. No es de recibo que se cargue el muerto a las comunidades autónomas, que el precio de la no intervención o del no rescate de España por parte de Europa sea cargar el muerto a las comunidades autónomas, entre otras cosas, porque el Estado presenta cinco veces peores números por lo que se refiere al déficit y también a su deuda.


Finalmente, lo que no aceptamos es esa idea que subyace en esta propuesta de Grupo Parlamentario Popular, que es el hecho de que lo que gastan las comunidades autónomas no es legítimo, es un derroche caprichoso, es algo contingente, superfluo e incluso ocioso. A veces le falta tiempo al Partido Popular, como hizo la señora Cospedal hace algún tiempo para exigir un pacto de racionalización del modelo autonómico o al señor Rajoy para pedir la recentralizacion de competencias como la

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sanidad, la educación, etcétera. Lo que hoy básicamente nos plantea el Grupo Popular -y acabo, señor presidente- es, bajo el pretexto de la austeridad, volver a centralizar, muscular el Estado e incluso ir un poco más allá y desballestar poco a poco el Estado autonómico. Evidentemente, eso no podemos compartirlo y, por ello, señor presidente, señorías, votaremos en contra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular quiere debatir a través de esta proposición no de ley sobre la deseada austeridad de las administraciones públicas, sobre la reducción de la burocracia y, en definitiva, sobre la racionalización del gasto público y de las políticas públicas. Al Grupo Parlamentario Vasco también le gustaría hablar de estos temas. De hecho, nuestro grupo viene defendiendo desde hace más de diez años la necesidad de la reforma del gasto público, la revisión de las políticas públicas y la búsqueda de eficiencia y eficacia de los recursos públicos, del dinero que viene de los impuestos que pagamos el conjunto de los ciudadanos. Tenemos, pues, la responsabilidad y la obligación de conseguir una Administración eficaz y eficiente al servicio de los ciudadanos. Sin embargo, vamos a votar en contra de esta iniciativa. ¿Por qué? Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. El Grupo Popular siempre trae iniciativas de este tipo a la Cámara, que se multiplican a medida que se acercan las elecciones, porque estos temas de racionalización del gasto público planteados en términos de recortes bruscos y de palo y tentetieso tienen buena acogida entre los ciudadanos, sobre todo en momentos de crisis como en el que nos encontramos. La reforma del gasto público es muy seria para plantearla con recortes y de arriba abajo. Mi grupo considera que el Grupo Popular quiere decidir y entrometerse en el ámbito competencial de las comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. Señores del Grupo Popular, la racionalización del sector y del gasto público solo es posible desde la colaboración, la cooperación, la coordenación, la coordinación y el respeto estricto al marco competencial. No se puede imponer el déficit y el nivel de deuda de las comunidades autónomas y ayuntamientos desde las leyes dictadas desde esta Cámara. Las leyes de estabilidad deben ofrecer un margen para la cooperación y coordinación en función de la situación de partida de otras administraciones públicas. ¿Cada Administración debe reducir la burocracia? Sí. ¿Agilizar los trámites administrativos? Sí. Ustedes pueden trabajar en este sentido en multitud de administraciones, comunidades autónomas y ayuntamientos en los que gobiernan sin imponer a los demás y en el marco del respeto institucional.


Mi preocupación se convierte en máxima cuando leo el apartado cuatro de su proposición no de ley. Plantean aprobar una ley de unidad de mercado.
¡Qué fe en el derecho y en la legislación! Y además plantean crear un comité de unidad de mercado. ¿De qué mercado estamos hablando, de aquel que coincide con las fronteras de mercado del Estado español? Es una parca visión económica y, señores del PP, me parece que es una peligrosa visión política la de una y libre y no sé si grande. No me gustan sus propuestas, no me gustan sus intenciones, y mientras no aborden la cuestión desde el respeto al marco legal y desde la colaboración y coordinación tendrán nuestra oposición a este tipo de iniciativas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Doña Inmaculada Riera tiene la palabra.


La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, señorías, no seré larga en mi intervención, pero de nuevo intentaré dejar muy clara nuestra posición frente a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, y les anticipo que no podemos votar a favor de la iniciativa planteada por este grupo parlamentario.


Señores del Grupo Popular, no pueden pretender conculcar de forma tan profunda y reiterada las competencias que ostentan las diferentes administraciones públicas. Volvemos a manifestar que su modelo no coincide con el nuestro y que las competencias son algo irrenunciable y compatible con los objetivos de austeridad. El papel que ha jugado el modelo del Estado y las comunidades autónomas en los años de crecimiento es evidente y para nosotros ha sido determinante. Ahora es momento de contención y de ajuste y la culpabilidad no puede ir a las comunidades autónomas. La responsabilidad de ajuste es y ha de ser del conjunto de las administraciones, de todos. Configurar la idea de las comunidades autónomas como principales generadoras de déficit no solo no nos parece adecuado, sino que no corresponde a la realidad y es un riesgo, un riesgo de mensaje también hacia Europa, especialmente en un momento de fuerte vigilancia y fuerte sensibilidad.


En este contexto y con esta exposición previa quiero hacer cuatro consideraciones. En primer lugar, cada Administración pública es la que debe hacer los deberes en materia de austeridad desde su autonomía financiera. En este sentido, les recuerdo que Cataluña es la única comunidad autónoma que hasta el momento está tomando cartas en el asunto.
Nuestra línea de actuación es clara y determinada hacia una política y unas medidas de contención de gasto, con un doble objetivo: reconducción clara de un déficit con el que nos hemos encontrado el nuevo Gobierno de la Generalitat y reconducción de nuestras finanzas y de nuestra economía, reposicionándola hacia el crecimiento y la competitividad. Para ello apostamos claramente desde el Gobierno de la Generalitat por unas políticas muy restrictivas de ajuste, pero estrictamente necesarias si queremos volver a la senda de la estabilidad y del crecimiento. Para ello, señorías,

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el Estado también tiene que asumir y cumplir con sus compromisos y sus responsabilidades. Desde esta perspectiva, cabe recordar que el Gobierno está negando que Cataluña perciba los fondos correspondientes al Fondo de competitividad en este periodo presupuestario.


En segundo lugar, señorías, contraer gastos y ganar eficiencia lo tenemos que hacer todos, y la Administración central no tiene más credibilidad que las comunidades autónomas en cuestiones de este tipo. Quiero poner de manifiesto una vez más que la deuda acumulada por el Estado es tres veces más elevada que la conjunta de todas las comunidades autónomas, que además son las responsables de los servicios principales que se prestan a los ciudadanos como son la sanidad, la educación y las políticas sociales. El Estado ha empezado tarde a encaminar sus políticas hacia el ajuste y hacia la reconducción del déficit cuando era imperativo hacerlo antes. En cifras, por ejemplo desde el cuarto trimestre de 2008 hasta el cuatro trimestre de 2010, el endeudamiento de la Administración General del Estado ha aumentado en 155.000 millones de euros para cubrir sus necesidades de financiación consecuencia de su déficit presupuestario; incremento que es más que el endeudamiento acumulado por todas las comunidades autónomas más entes locales, y solo en el tercer trimestre de 2010 la deuda global del Estado representaba el 75 por ciento del total de la de las administraciones públicas.


En tercer lugar y en referencia específica a la proposición no de ley, déjenme, señores del Grupo Popular, hacerles dos preguntas. La primera es si el Partido Popular pretende dictar a las comunidades autónomas y a los entes locales cuál debe ser la gestión de su patrimonio inmobiliario, del número de coches oficiales o del uso de teléfonos móviles, por ejemplo.
La segunda es si creen que debe determinarse su gasto, su endeudamiento, la supresión de organismos, el ajuste de personal, los costes de funcionamiento, etcétera. Repito, señorías, las comunidades autónomas tienen reconocida constitucionalmente la autonomía financiera para decir cuáles son sus gastos y cómo distribuirlos, son sus competencias y su responsabilidad. Por último, como no puede ser de otro modo y así lo hemos manifestado reiteradamente, no estamos de acuerdo con el principio que plantea el Partido Popular de unidad del mercado. No es nuestro modelo y en este sentido tanto el Partido Popular como el Partido Socialista siempre aprovechan momentos de crisis para recentralizar las competencias que ostentan el resto de administraciones públicas.


Señorías, presidente, termino. No vale aprovechar la coyuntura para efectuar procesos de recentralización y, señorías, estén seguros de que probablemente una mayor descentralización del Estado, al menos hacia determinadas comunidades autónomas, sería mucho más eficiente. Ante esta situación nuestro grupo parlamentario no votará a favor de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.


Doña Vicenta Tortosa tiene la palabra.


La señora TORTOSA URREA: Gracias, presidente.


Señor Barrachina, si su preocupación era sincera, antes deberían haber repasado cada una de las medidas que desde hace tiempo se están poniendo en marcha por el Gobierno, un Gobierno responsable que está haciendo un esfuerzo de máxima austeridad desde hace muchos meses y que le recuerdo que en ningún momento ha obtenido su apoyo, porque mientras que ustedes están más preocupados por deteriorar al Gobierno para alcanzar el poder, aunque ello vaya en perjuicio del país y de los ciudadanos, nuestras prioridades se inscriben en una hoja de ruta marcada por los objetivos de austeridad y reformas, eficiencia en la prestación de los servicios públicos y cohesión social. Estas medidas económicas del Gobierno ante la crisis han servido para la reducción del déficit y están ofreciendo resultados que no se pueden negar, aunque ustedes no lo vayan a reconocer nunca, por lo menos en España. Cuando hace más de un mes el Grupo Popular presentó esta iniciativa a los medios de comunicación con el anuncio de que proponían un tijeretazo del 25 por ciento de altos cargos, pidiendo suprimir organismos autónomos, agencias y entidades públicas, entre otros aspectos de su ambiciosa estrategia de austeridad, reconozco que aunque no comparta lo de que la Administración pública sea excesiva, demasiado grande y demasiado cara, por los motivos que más adelante expondré, sinceramente, como valenciana que soy al igual que usted, señor Barrachina, me generó cierta expectación la posibilidad de comprobar cómo se traducían estas buenas intenciones en mi comunidad, la Comunidad Valenciana, en la que en estos momentos hay más de cien empresas públicas o fundaciones que reciben millones y millones de euros de todos los valencianos sin obtener ningún resultado y que además el Partido Popular ha situado a la cabeza de todas las comunidades autónomas con mayor ratio de deuda pública. Pero pronto esta expectación se desinfló, pues hemos repasado con detenimiento las promesas electorales de austeridad de su partido allí, en concreto el programa electoral que presentaron la semana pasada, y les aseguro que aunque las pudieran llevar a cabo, no tienen nada que ver con esta proposición no de ley.


Señorías, prediquen con el ejemplo de las administraciones donde gobiernan. Ustedes quieren que les aprobemos una iniciativa donde incluyen aspectos en los que no tenemos competencia, y allí donde tienen competencia para hacer, no hacen. (Aplausos.) Deberían ser un poco más claros en sus planteamientos, pues desconocemos si tanto pregonar para no cumplir no será una especie de cortina de fino tul con la que quieren cubrirse para seguir sin desvelar cuáles son sus verdaderas intenciones.
No sabemos si cuando dicen que quieren hablar de austeridad con mayúsculas, piensan hacerlo a lo

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Cameron, por ejemplo, suprimiendo 300.000 empleos públicos, y a eso me refería anteriormente.


El Partido Socialista no considera que la Administración sea excesiva.
Creemos en un Estado fuerte y eficaz para garantizar derechos de ciudadanía, mientras ustedes, señoras y señores del Partido Popular, defienden un Estado mínimo y una organización pública más débil. (La señora Villalobos Talero: ¡Claro! ¡Para colocar a los amiguetes!)

El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, haga el favor.


La señora TORTOSA URREA: Nuestro reto es que cada euro de presupuesto sea cada vez más productivo y estamos en el buen camino, le pese lo que le pese al Partido Popular. La ambición, señorías, la hubiesen podido mostrar apoyando una ley como la de la trasposición de la Directiva de Servicios no hace mucho, donde por cierto se abordaba la unidad de mercado. No creo que la petición de creación de una comisión de unidad de mercado en una PNL, como han incluido ustedes en la suya, sea muestra de ambición alguna. Sin embargo, lo que también ha puesto en evidencia su iniciativa -ya se ha dicho en esta Cámara en estas últimas intervenciones y es muy preocupante- es que cuestionan la viabilidad del Estado autonómico.


Señor Barrachina, no entendemos cómo quieren proyectar la imagen de las administraciones de nuestras comunidades autónomas como unas administraciones despilfarradoras e ineficientes. En estos momentos es imprescindible la implicación de nuestras administraciones y orientar eficazmente los instrumentos de que dispone el Estado de las autonomías para demostrar que sus administraciones son capaces de dar respuesta a las necesidades políticas y sociales del país, con la convicción de que se puede hacer, y de hecho ya se está haciendo, sumando esfuerzos y capacidades y mejorando la eficiencia desde el entendimiento, la colaboración y la lealtad institucional. Termino ya, señorías. En definitiva, es la hora de sumar, de poner en valor toda la capacidad de nuestro Estado de las autonomías y de optimizar todo lo que sea mejorable entre todos. Por todo lo expuesto, no apoyaremos su propuesta.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tortosa.


Señor Barrachina, ¿acepta alguna enmienda su señoría? (Denegación.) Se votará por tanto en los términos de la proposición.


El señor BARRACHINA ROS: Separadamente los cuatro puntos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA COMPLEJIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONLLEVA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DESTINADOS A LA AGRICULTURA. (Número de expediente 173/000204.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió sobre la complejidad administrativa que conlleva el registro de productos fitosanitarios destinados a la agricultura. Para su defensa tiene la palabra doña Concepcio Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente.


Señorías, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presenta hoy esta moción tras la interpelación realizada hace unos días a la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. En esa interpelación constatábamos la gran complejidad administrativa que conlleva en España registrar un producto fitosanitario. En nuestro país, para que se pueda comercializar, debe estar inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios que gestiona el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Estos formulados, que se ponen a la venta después, son evaluados por grupos de expertos de cuatro ministerios diferentes, que emiten sus dictámenes, los cuales son trasladados después al ministerio como gestor del mencionado registro, y antes de ser aprobados, todos estos productos también deben de ser ratificados por la Comisión de evaluación de productos fitosanitarios, que actualmente se reúne un máximo de tres veces al año y en la que participan, además de los citados cuatro representantes de esos ministerios, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, los representantes de las diecisiete comunidades autónomas y los sindicatos: como decíamos el otro día, una excesiva burocracia y dispersión.


También quiero recordar que en España estamos en sesenta meses, que son cinco años de promedio, como tiempo necesario para la obtención de este registro de un producto fitosanitario. Este plazo está muy por encima del de otros países de nuestro entorno, donde se manejan periodos mucho más cortos. En Francia se partía hace unos años de demoras similares a las españolas y se logró pasar en dos años de los sesenta meses a los doce o quince meses actuales previstos en la reglamentación europea; Reino Unido está en los doce meses, Holanda en diecisiete meses, y así nombrábamos al resto de los países, competencia para nuestros agricultores españoles, que son sus competidores europeos más directos y disponen de estas nuevas herramientas modernas con mucha anterioridad.


Por esos motivos que explicábamos, presentamos esta moción, que va en la línea de las respuestas y de los

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compromisos que expresó la ministra durante la interpelación. Queremos constatar en ella la importancia que tiene la innovación y la mejora de estos productos fitosanitarios para el desarrollo de una agricultura más productiva y competitiva y por ello instamos al Gobierno a reducir los tiempos para la obtención de este registro de un producto fitosanitario hasta un plazo máximo de doce meses, ampliable a dieciocho en casos excepcionales, en cumplimiento del reglamento de la Comunidad Europea 1107/2009, de 21 de octubre, que entrará en vigor a partir del próximo 14 de junio de 2011.


Señorías, veo que están entre el público representantes de la Federación de Industrias Químicas, a los que quiero dar la bienvenida y agradecer que estén aquí. Sé lo mucho que les afecta este tema de los retrasos en el registro de los productos.


En el primer punto de la moción decimos que para acelerar el proceso, el Gobierno deberá asignar los recursos humanos, técnicos y presupuestarios suficientes a la Subdirección General de Medios de Producción, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para cumplir con la normativa comunitaria en la reducción de estos tiempos de registro; delegar en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA, la competencia para evaluar los formulados fitosanitarios; adecuar las tasas para las solicitudes relativas al registro de estos productos equiparándolas a la media europea, y en otro punto de nuestra moción, muy importante, instamos a impulsar, hasta la entrada en aplicación de este nuevo reglamento, el procedimiento de reconocimiento mutuo a partir de autorizaciones ya concedidas en otros Estados miembros, recogido en el Real Decreto 2163/1994, como trasposición de la Directiva del 15 de julio, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios.


Quiero recordar aquí unas palabras de la señora ministra durante la interpelación relativas a que la normativa que iba a sacar el ministerio de los productos fitosanitarios contemplaría y aceleraría, cumpliendo con lo que dice la propia directiva, el reconocimiento de estas zonas. Decía textualmente que con el nuevo reglamento en Europa ya se crean tres zonas de productos y que en cada zona solo un país evaluará los productos, mientras que en el resto de países los autorizarán sobre la base de esa evaluación que haya hecho el país correspondiente en la zona respectiva.
Sin duda, vamos a avanzar hacia una racionalización en el uso de los recursos humanos y económicos y hacia una armonización de las autorizaciones en toda la Unión Europea.


Señorías, se me está terminando el tiempo y no quiero dejar de referirme a las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios Popular y Socialista. Les quiero agradecer mucho las enmiendas presentadas porque van en la misma línea de nuestra moción, incluso la complementan y mejoran el texto, y por ello vamos a pasar a la Mesa una transacción entre los tres grupos para poderlas incluir. Hay una parte de la enmienda del Grupo Popular que no podemos recoger textualmente -la otra sí, para añadir un punto más-, porque la normativa europea ya deja muy claro lo que pedían, que era el reconocimiento mutuo, y con las mismas palabras que acabo de leer, a las que también se comprometió la ministra, creemos que ya se cumple y que es una realidad.


Señorías, espero que podamos tener el apoyo de todos los grupos parlamentarios, porque realmente -y lo decía al final de mi interpelación- reconocer, acelerar y simplificar el registro de estos productos fitosanitarios va a ayudar a la economía de nuestro país y a mejorar mucho la competitividad de todos nuestros agricultores.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.


Para la defensa de enmiendas, en primer lugar, tiene la palabra don José Ignacio Llorens.


El señor LLORENS TORRES: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, a nuestro grupo le parece oportuna la moción que hoy presenta CiU. Conocíamos el problema. Es cierto que el registro de productos fitosanitarios en nuestro país es de tal complejidad que provoca grandes retrasos, lo que perjudica gravemente los rendimientos de nuestras producciones agrarias, que como es sabido necesitan de herbicidas, fungicidas e insecticidas para garantizar los rendimientos.
También es cierto que el uso de los productos fitosanitarios tiene que ser respetuoso con el medio ambiente y con la salud, pero no creo que en Francia ni Inglaterra, por ejemplo, se releguen cuestiones tan importantes, y mientras en España el plazo medio de registro -como ha señalado la portavoz de Convergència- es de cinco años, en esos países y en otros muchos es cinco veces menor; por lo tanto, la competitividad de nuestros productos se resiente y se resiente también respecto a terceros países no comunitarios del área mediterránea, que son mucho menos restrictivos en la utilización de productos fitosanitarios. Por eso, señorías, para superar el agravio comparativo que supone la pérdida de competitividad a causa del retraso en la obtención del registro de los productos fitosanitarios, nos hemos puesto a trabajar, nos hemos puesto a escuchar al sector y hemos recogido las demandas principales y presentamos dos enmiendas que, a nuestro juicio, enriquecen la moción, objeto hoy de este debate. Una enmienda es modificación para añadir al punto 2 de la moción, en el procedimiento de reconocimiento mutuo, que baste para ello la presentación del certificado de autorización de otro Estado miembro. Es cierto, como ha dicho la portavoz de Convergència, que hay una clasificación por Estados en zonas climatológicas y nosotros, en aras de que la moción prospere, vamos a aceptar esa limitación.


Hay otra enmienda de adición que se refiere a los cultivos menores, para que se analicen y se propongan procedimientos rápidos de concesión de autorizaciones

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para este tipo de cultivos que necesitan de una atención específica porque disponen de un escaso número de productos fitosanitarios autorizados, ya que por su escasa superficie individual la industria no asume los costes que el registro comporta. Se trata de cultivos como la rúcula, la escarola, la espinaca o el apio, que aunque individualmente representan una superficie pequeña, en su conjunto suponen una producción de unas 200.000 toneladas, de las que el 90 por ciento se exportan a la Unión Europea por un importe aproximado de 90 millones de euros. La mayoría de los problemas de los cultivos menores se resolverían con aplicar los usos a otros cultivos de los fitosanitarios ya autorizados en España. Por eso pedimos en nuestra enmienda para este tipo de cultivos una atención específica.


Por último, señorías, déjenme que les manifieste que nuestra forma de hacer política es atender prioritariamente los intereses generales del sector y no practicar el obstruccionismo parlamentario en el que prevalecen otro tipo de intereses, desvirtuando las iniciativas que vengan de la oposición, como ha ocurrido aquí recientemente con dos iniciativas muy importantes, donde el bloque PSOE más CiU ha impedido que prosperara una iniciativa de ayudas al sector ganadero en la que pedíamos la equiparación del IVA de compensación del sector agrícola al sector ganadero, que clama al cielo que no se haya aceptado, y donde pedíamos la homologación de los contratos lácteos con carácter obligatorio que garantizaran un precio mínimo, que finalmente ha surgido en forma de un decreto que llega tarde y mal y que es papel mojado porque no garantiza el cumplimiento, porque no tiene rango sancionador.


Señoras y señores diputados, hemos oído esta tarde aquí otro tipo de razonamientos. Esta es nuestra forma de hacer política; en otro tipo de políticas, a nosotros no nos van a encontrar. Por eso hoy nos podemos dirigir al sector que nos está escuchando -veo señales de asentimiento- y por eso tenemos la satisfacción de decir que nosotros estamos con los agricultores y los ganaderos, de Cataluña y de toda España.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llorens.


Tiene la palabra don Alejandro Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.


La moción que ha presentado CiU tiene un objetivo claro, con el que coincidimos plenamente el Grupo Socialista y también el Gobierno. Es un objetivo que pretende reducir los tiempos que hay en el proceso de registro de los productos fitosanitarios que se emplean en la agricultura para combatir las plagas que ocasionan daños a las producciones agrícolas. A esta moción, con la que coincidimos -vuelvo a repetir-, hemos presentado una enmienda transaccional que pretende no modificar el fondo del asunto, sino perfeccionar, mejorar e incorporar algunos aspectos que creemos que la complementan. En este sentido quiero reconocer la disposición y agradecer que haya sido tenida en cuenta por la ponente, la señora Tarruella. También querría agradecer, como el resto de portavoces, la colaboración, así como la presencia aquí de representantes de la industria química, y especialmente saludar y reconocer la colaboración que hemos mantenido desde el Grupo Socialista con las patronales de este sector, Aepla y Aefisa, interesadas igual que nosotros en mejorar los procedimientos de registro de estos productos.


Estamos tratando un tema de una importancia indudable. Nuestra agricultura necesita productos fitosanitarios para asegurar la rentabilidad y la competitividad de este sector. Es totalmente utópico pensar en una agricultura sin fitosanitarios o sin abonos, pero, siendo necesarios, es preciso asegurar que el uso de los pesticidas, de los fitosanitarios, en España y en Europa, se haga con una absoluta protección de la salud de las personas y con una adecuada protección del medio ambiente.
Precisamente por esto la Unión Europea -también España- ha ido tomando medidas que de alguna manera han ido haciendo desaparecer una gran cantidad de sustancias que anteriormente se utilizaban para el tratamiento de las plagas. Les daré un solo dato: en el año 1993 estaban autorizadas más de 1.100 sustancias y en este momento son escasamente 350 o 380 las que pueden usarse. Por otra parte, la Unión Europea ha ido estableciendo una serie de limitaciones con la normativa de residuos que está haciendo prácticamente imposible utilizar la mayoría de estas sustancias y efectivamente la problemática se hace todavía mucho más evidente en los cultivos menores, donde además del escaso número de sustancias utilizables, hay poco interés por parte de las industrias fabricantes por la reducida dimensión de estos productos.


En España tenemos un complejo sistema de autorización -compete a la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos-, pero hay un entramado administrativo muy potente, muy complejo, que desde mi punto de vista en este momento requiere de una actualización y de una revisión. En este sentido va la moción y en este sentido van el trabajo del Gobierno y el compromiso de la ministra en la interpelación. Puedo decir que en este momento el Gobierno está en disposición de poder presentar y aprobar en un corto plazo un nuevo real decreto que va a recoger el espíritu de esta moción y sobre todo las últimas decisiones contenidas en los reglamentos europeos, por cierto, reglamentos europeos que van a entrar en vigor en junio de este año y que por eso hacen tremendamente necesaria la aprobación de este real decreto.


El real decreto va a suponer mejoras evidentes. Va a reducir los tiempos a un año. Va a establecer un procedimiento de registro y evaluación similar al que hay en Francia, Alemania o Reino Unido. Va a separar la evaluación con la gestión del riesgo. Va a atribuir competencias en materia de evaluación, las va a sacar de esas

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comisiones que hacían eternos los trabajos, atribuyendo la competencia a organismos administrativos competentes en esta materia, el INIA u otros organismos técnicos que sean capaces de realizar esta evaluación. Va a establecer ese enfoque zonal de forma que en el ámbito de la Unión Europea pueda realizarse esta evaluación por zonas agroclimáticas en un país y sirva en el de al lado. Va a establecer un procedimiento abreviado para hacer un reconocimiento mutuo en aquellos productos que puedan registrarse en un país y posteriormente, en un procedimiento abreviado, autorizarse en el nuestro, y va a establecer también un procedimiento abreviado para los cultivos menores que efectivamente tienen una problemática específica todavía más importante. Por último, este real decreto va a hacer una clara delimitación de responsabilidades en todos los intervinientes en la cadena para asegurar que en un año el registro sea una realidad. En este sentido, la iniciativa es positiva; por eso la vamos a votar, por eso hemos tratado de mejorarla y, en cualquier caso, con la moción y con el real decreto, podremos dar a la agricultura y al medio ambiente una nueva normativa mucho más eficaz que la que tenemos en este momento.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.


Señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria en relación con la iniciativa planteada por Convergència i Unió.
Desde Coalición Canaria recordamos ahora la intervención de hace diez días en este Congreso de los Diputados en la Comisión Mixta para la Unión Europea del comisario de Agricultura, señor Ciolos. En ella planteaba la dificultad que tiene para desarrollar políticas y convencer a la Comisión Europea del alto porcentaje de presupuesto que se dedica precisamente al sector agrario y hablaba de un concepto fundamental en esa estrategia, como es la calidad alimentaria, que está fuertemente vinculada a la iniciativa que la diputada Concepcio Tarruella trae hoy a esta Cámara -no necesita expresar desde la tribuna su sensibilidad con el sector agrario porque es permanente-. En este caso plantea un tema fundamental. Bueno es que la Unión Europea tenga un control sobre los productos fitosanitarios, pero bueno es también que ese control sea eficiente y rápido y que no tengamos que esperar mucho tiempo para contar con esas actualizaciones o legalizaciones y que eso nos lleve a una pérdida de competitividad de nuestro sector productor, cuando además hay que tener en cuenta que tenemos competencia muchas veces desleal por parte de terceros países, donde a menudo nuestras propias fronteras no están suficientemente preparadas de cara a los controles fitosanitarios y a los puestos de inspección fronteriza para evitar esa competencia desleal. Todo lo que sea controlar las fronteras, todo lo que sea acelerar el proceso del que habla la diputada de Convergència i Unió hoy aquí en esta Cámara -y además me alegra que tenga el consenso de todas las fuerzas políticas- va a significar un impulso de esta Cámara al sector productor, una mayor puesta en disposición de competitividad con los países terceros que nos afectan y sobre todo iremos en la línea que decía el comisario Ciolos de garantizar a los consumidores europeos esa calidad alimentaria que posibilita disponer de partidas presupuestarias tan importantes para las políticas agrarias comunitarias.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Bloque Nacionalista Galego está conforme con el primer aspecto que trata esta moción presentada por Convergència i Unió y que es la modificación de la estructura orgánica en lo que atañe al procedimiento de reconocimiento de fitosanitarios. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Lo que se pretende es una mayor agilidad en la resolución de los procedimientos, objetivo deseable en cualquier procedimiento que haya de ser resuelto por la Administración. La propuesta, por lo tanto, se concreta en asignar más competencias al INIA que aun siendo un organismo de investigación cuenta con profesionales y medios suficientes para valorar dichas propuestas.
Además, la vía escogida es la delegación, lo que significa que en todo caso la titularidad de la competencia se mantiene en un órgano del ministerio que debe velar por el correcto desempeño de las funciones delegadas, esto es, en cualquier momento puede revisar la actuación de evaluación de los formulados fitosanitarios por parte del INIA y, en su caso, revocar la delegación o corregir la actuación. Mientras esa competencia de evaluación de las fórmulas fitosanitarias se transfiera mediante delegación, lo que implica mantener los controles de su ejecución por parte del ministerio, consideramos que existe un control público y por lo tanto adecuado al procedimiento de evaluación de los fitosanitarios.


El segundo aspecto, señorías, señora Tarruella, al que se refiere la moción es al reconocimiento de autorizaciones ya concedidas en otros Estados miembros. Hemos de reconocer su establecimiento en la normativa comunitaria y su coherencia con la libre circulación de mercancías establecidas en la UE. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta una realidad dispar en cuanto a capacidades de distintos Estados para afrontar la evaluación de los fitosanitarios. No es la primera vez que productos fitosanitarios autorizados en un determinado país europeo son introducidos en el Estado español sin que se haya concedido autorización y después es

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revocada dicha autorización en el país de origen por las dudas en cuanto a los efectos inocuos de su aplicación surgidas en el Estado español. Por lo tanto, para que el reconocimiento mutuo tenga las garantías suficientes también se debe avanzar en metodologías comunes de evaluación, requisitos básicos que deben reunir los laboratorios que realizan las evaluaciones en cada país y un sistema de certificación uniforme a nivel europeo para garantizar que los análisis que se efectúan en cualquier país de la Unión Europea reúnan mínimos estándares de calidad.


Finalizo, señora presidenta. Queremos decir, señora Tarruella, que no debemos olvidar que la autorización de fitosanitarios...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, por favor.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... tiene implicaciones no solo en la producción agraria o en el ámbito medioambiental si no sobre todo en la salud y por ello las garantías de su control deben ser exhaustivas.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, presidenta.


Señorías, brevemente para recordar en nombre de nuestro grupo que la interpelación de Convergència i Unió nos parece absolutamente oportuna.
En el sector existe preocupación por el tema del registro de los productos fitosanitarios, ya que resulta imprescindible para garantizar, como se ha comentado reiteradamente, una producción agraria competitiva, sin discutir que deben ser utilizados de forma adecuada en todo tipo de agricultura -convencional, ecológica e integrada- y teniendo presente además que los cultivos están destinados al consumo animal o humano y que, por tanto, debe garantizarse que los productos fitosanitarios no tengan efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente. Es por ello que actualmente existe consenso entre los productores y la industria sobre la necesidad de gestionar adecuadamente el uso de los fitosanitarios, de profesionalizar su manejo, de luchar contra el fraude, de eliminar residuos como los envases. En este sentido, los productos fitosanitarios exigen una serie de controles y un registro para que puedan ser comercializados, pero los mecanismos no resultan adecuados, sobre todo por la excesiva burocratización y dispersión, que derivan en una lentitud en el Estado español que desespera a los interesados y los coloca en situación de agravio comparativo en relación con los competidores europeos.


Por todo ello, apoyamos el conjunto de la petición del grupo proponente de reducir los tiempos para la obtención del registro de un producto fitosanitario a un plazo de doce meses, para lo cual hace falta tomar medidas que incrementen los recursos humanos, técnicos y también presupuestarios. Asimismo, entendemos el sentido de las enmiendas, especialmente la del Grupo Socialista recordando que el Gobierno ya está empezando a hacer los deberes y tiene a punto un real decreto para paliar los efectos de la situación que ha motivado la moción. Admitimos tener ciertas dudas en el segundo de los puntos propuestos, pero vamos a votar favorablemente la moción en sus términos o, como ya se ha anunciado, en los de la enmienda transaccional en la que están trabajando el grupo proponente y los dos grupos enmendantes.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.


Muy brevemente, en nombre de mi grupo, para fijar la posición. Quiero decir que es oportuna, tal y como han dicho otros grupos, la presentación de esta moción consecuencia de una interpelación. Estamos, al fin y al cabo, ante una moción que pide que se elimine cierta burocracia, nada más y nada menos que eso, porque creo que a nadie le beneficia la burocracia y, en este caso, el afectado es un sector que, como hemos dicho muchas veces todos los portavoces de esta área en este Pleno, está muy perjudicado de por sí.


Brevemente, sin alargarme, anuncio que apoyamos la moción. Además, lo que se pide es cumplir la normativa comunitaria en la reducción de tiempos para el registro de nuevos productos y me parece que es algo que no tiene discusión. Podemos hablar -otros portavoces lo han hecho- de otras cuestiones que no aparecen en la moción, y podemos estar de acuerdo, pero en un principio apoyamos lo que sí aparece en la moción, que nos parece importante y urgente. En nombre de mi grupo, aunque tampoco pasa nada, indicaré que no soy muy partidario del apartado b) porque creemos que las comunidades autónomas quizá deberían tener también más participación y más capacidad en gestionar ciertas cuestiones que aquí se dejan en manos del ministerio, porque hasta ahora así lo hace el ministerio, pero hay quienes creemos que las comunidades autónomas, o por lo menos algunas, deben tener capacidad para ello y deben ser libres para conseguirlo.


En nombre de mi grupo, quiero decir que estamos de acuerdo, que la apoyamos. Apoyaríamos también otra serie de cuestiones que podrían aparecer en esta moción, pero en este momento apoyamos esto que presenta el Grupo de Convergència i Unió para que desaparezca la burocracia beneficiando así al sector porque, al fin y al

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cabo, todas estas ralentizaciones lo único que hacen es perjudicar a un sector muy necesitado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.


Señora Tarruella, es su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Hemos presentado una transaccional firmada por los tres grupos, los dos que habían presentado enmiendas y el nuestro.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Tarruella.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LA PÉRDIDA DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS POR LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA Y EL ELEVADO NIVEL DEL DESEMPLEO. (Número de expediente 173/000205.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Popular sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para paliar la pérdida de bienestar de las familias españolas por los efectos de la crisis económica y el elevado nivel de desempleo. Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Méndez.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señora presidenta.


Hace tan solo diez días fue interpelada por mi grupo la ministra de Política Social acerca de las medidas que pensaba adoptar para paliar las situaciones que se están produciendo como consecuencia de la crisis y el paro en nuestras familias. Lejos de aportar soluciones prácticas y concretas, de reconocer una realidad dramática, la ministra del Gobierno que ha hecho los mayores recortes sociales a las familias afirmó que iban a seguir extendiendo sus derechos sociales. Esa respuesta da pavor porque para este Gobierno extender los derechos sociales ha sido y es generar casi 5 millones de parados y que ya para más del 80 por ciento de los españoles sea su primera preocupación, duplicar la tasa de miseria y aumentar la pobreza, bajar los sueldos y congelar las pensiones y apostar por una ingeniería social que no ha resuelto nada y ha enfrentado a todos. Extender los derechos sociales ha sido y es, además del paro y del estancamiento del crecimiento económico, castigar a las familias subiendo los impuestos indirectos y los especiales, dañando sobre todo a las rentas medias y bajas, esto unido a la subida de los precios da como resultado la caída de la renta disponible y la destrucción del bienestar de las familias.


Durante el Gobierno de Zapatero han experimentado subida todas las tarifas reguladas: el gas un 43 por ciento, la bombona de butano ha subido un total de un 19 por ciento, las tarifas de Renfe un 16 por ciento y la luz casi un 50 por ciento. Se han convertido bienes y servicios básicos en un auténtico lujo para millones de españoles que ya pagan una de las tarifas más altas de Europa. Pese a que el secretario de Estado de Cooperación Territorial aseguraba el pasado mes de diciembre que el Gobierno socialista encontraría una fórmula para que la subida de la luz no dañase la economía familiar, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó una subida del 9,8 por ciento en la tarifa de último recurso para enero. Esta subida en la práctica supone casi unos 5 euros al mes en un recibo medio de luz. Ahora el ministro ha vendido a bombo y platillo que la luz no subirá el próximo trimestre, ocultando que en realidad de no ser por la subida de la parte regulada de la tarifa que establece el propio ministerio, podría haber llegado a reducirse en torno a un 10 por ciento. El descontrol, la falta de criterio, la incapacidad de gestionar la transición hacia un mercado liberalizado está obligando a los consumidores a asumir incrementos constantes y desproporcionados de la tarifa de la luz. El Ejecutivo es incapaz de presentar una regulación razonable que reduzca los costes del sistema sin arremeter contra la seguridad jurídica y crear desconfianza entre los generadores, comercializadores, distribuidores y consumidores de energía. Por ello en esta moción se trata de que el Gobierno posibilite que se reajusten los sistemas de determinación de los costes de la energía eléctrica, se trata de ajustar los costes para evitar las subidas desproporcionadas en las tarifas eléctricas.


Otro de los efectos de la extensión de los derechos sociales de este Gobierno es que está aumentando ininterrumpidamente desde el año 2005 el porcentaje de hogares que tienen retrasos en el pago de la hipoteca y las ejecutadas se han multiplicado por cinco. Más de cien mil familias se han quedado sin vivienda y todos sabemos que esta situación se agravará por la reciente subida de los tipos de interés, que va a crear más dificultades para el pago de los recibos hipotecarios, ya que la mayor parte de ellas se contrata a un interés variable. En la actualidad, en la mayoría de los casos las viviendas cuando se ejecutan y salen a subasta se quedan desiertas y el banco se las queda por el 50 por ciento del valor de la tasación; la familia entonces se queda sin la casa y debiendo el resto a la entidad financiera a lo largo de toda su vida. El Gobierno no ha realizado el informe que en su día le mandató la Comisión de Vivienda de este Congreso para que hiciera un informe sobre la situación del mercado hipotecario, el análisis de las cláusulas-suelo, las tasaciones, las subastas -todo ello para evitar abusos y que además este mercado fuera más transparente-, las posibles reformas de este mercado y además el impacto en el contexto económico-financiero actual. Al no haberlo hecho, por esta razón se solicitó hace muy pocos días en el Congreso, por medio de un escrito registrado

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el pasado día 6, la creación de una subcomisión para que estudiara todos estos temas y que emitiera finalmente un informe sobre los elementos de mejora en el sistema hipotecario español, en particular todas aquellas condiciones que puedan ser abusivas y todo para favorecer la transparencia; el objetivo de esta moción por tanto es solicitar el apoyo del Gobierno y que esta subcomisión pueda constituirse cuanto antes.


En el mismo orden de cosas nos parece importante que se promueva una nueva línea ICO de moratoria hipotecaria destinada a las familias cuyos miembros están en el paro y tienen que hacer frente a los gastos hipotecarios. De la supuesta línea de ayudas ICO para la moratoria del pago de la cuota hipotecaria del pasado año solo se ha utilizado un 1,4 por ciento de los 6.000 millones de euros con los que estaba dotado, por tanto esto lo que nos demuestra es que las condiciones para la solicitud y concesión de estas ayudas de línea ICO no estaban armonizadas en absoluto con la realidad. También en relación con la vivienda solicitamos que se mantenga la deducción en el IRPF para favorecer la compra de la vivienda habitual; no nos parece el momento más adecuado para que esta deducción fiscal desaparezca.


Otro de los puntos de la moción es reiterar nuevamente el mandato de esta Cámara para la aprobación de un plan de lucha contra la pobreza. Es un objetivo de la estrategia 2020. Sabemos que el Gobierno se ha comprometido a realizarlo y creo que en breves fechas se iba a presentar un borrador, pero yo no quiero volver a dar los datos escalofriantes de pobreza en España, aunque sí que debemos poner un rostro humano a esas cifras para justificar la urgencia por la que solicitamos que se apruebe en el plazo de tres meses con medidas valientes y comprometidas que se adapten a la realidad y que no sea el cumplimiento de un mero trámite como lo fue el anterior.


Termino solicitando nuevamente de esta Cámara que se inste a este Gobierno, a este Gobierno que promete seguir extendiendo sus derechos sociales, a que antes de eso restablezca los que ha arrebatado como, por ejemplo, la ayuda por hijo a cargo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Méndez.


A esta moción se han presentado enmiendas por varios grupos. Para defender las del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, permítanme, en primer lugar, dar por defendida la enmienda del Bloque Nacionalista Galego sobre la moción presentada por el Grupo Popular. Permítanme también que fije la posición de Coalición Canaria en relación con esta propuesta.


De entre las medidas que el Grupo Popular plantea, hay varias que, sin duda, merecen el respaldo y el apoyo de cualquiera que tenga una mínima sensibilidad social ante el sufrimiento de tantas miles de familias abocadas a una auténtica situación de emergencia social. Pero, claro, ya lo dice el refranero, no es lo mismo predicar que repartir trigo, sobre todo cuando en un punto de este mismo Pleno dicen que hay que reducir el 10 por ciento del gasto corriente sin explicitar cuál y luego afirman que hay que crear nuevos instrumentos de gasto corriente de carácter social sin precisar tampoco su cuantía.


El Plan de inclusión social para el periodo 2011-2013 se despacha en dos líneas y media. ¿Qué quiere decir en este apunte? Que es una propuesta que es todo y que es nada, que es una sonora percha de la que no cuelga ninguna propuesta concreta, es decir que, de llevarse a cabo, podría despacharse con unos cuantos millones de euros o con los miles de millones de euros precisos para contener cuatro o cinco leyes de dependencia. Muy bonito, pero si hace apenas unos minutos hemos escuchado de boca del Grupo Popular que no hacen falta más leyes sino aplicar mejor las existentes, les invito a que seamos coherentes y a que, en lugar de plantear otra norma, otro plan, insten al Gobierno a reforzar los recursos económicos de los servicios sociales de los ayuntamientos, que son los que realmente afrontan día a día los dramas familiares, un drama que, al paso que vamos, va a requerir no una mayor implicación de las administraciones, sino de todo el país. ¿A qué me refiero con esto? A que, estando las arcas como están, vamos a tener que buscar la implicación efectiva de las empresas y de los ciudadanos, creando a través de mecanismos de la responsabilidad social corporativa auténticos canales de solidaridad con las familias más desfavorecidas.


De los otros puntos señalados en la moción me interesa detenerme en el relativo a la puesta en marcha de una subcomisión sobre el análisis del sistema hipotecario español. Me sorprende que, mientras en el resto de los temas tratados se inste a la adopción de medidas inmediatas, en él se plantee una salida un tanto dilatoria, una medida que mantiene el statu quo hipotecario en este país tremendamente injusto para los ciudadanos.
No es justo que a una persona que ha perdido su casa por un embargo hipotecario se le pueda obligar a seguir pagando la hipoteca. No es justo que las personas tengan un régimen más duro que las empresas a la hora de devolver sus préstamos. Si ustedes quieren un cambio normativo, insten al Gobierno a que lo presente y lo apoyaremos o preséntenlo ustedes directamente, pero no mareen la perdiz con una subcomisión cuando ya el año pasado casi 6.000 familias perdieron su casa y este año puede ocurrir algo similar.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta. Intervendré desde el escaño. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

La señora Méndez nos plantea una moción realmente amplia, que aborda diversos aspectos de actualidad política y social. Es cierto que todos ellos afectan al bienestar de las familias y de las personas, pero también es verdad que todos y cada uno de ellos merecerían por sí mismos una moción o una interpelación específica. Por tanto, se nos hace difícil plantear un debate tan amplio y al mismo tiempo tan genérico.
Aprovechando el planteamiento que formulaba la señora Méndez sobre estas cuestiones, a Convergència i Unió nos ha parecido interesante ampliar el radio de acción, con el mismo defecto de generalidad y superficialidad.
Por ejemplo, si hablamos de bienestar de las personas y de las familias, quizá hay que reclamarle al Gobierno del Estado mayor compromiso financiero con relación a las comunidades autónomas en las principales partidas que gestionan las mismas, como son las partidas en el ámbito de la salud y en el de la educación. De ahí que dos de los puntos que plantea nuestra enmienda sean esa referencia a reforzar la financiación adicional del sistema sanitario. Usted sabe que en Cataluña vivimos en estos días una situación compleja, fruto precisamente de los requerimientos del Estado en esta materia y en un contexto de incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones financieras con Cataluña o, al mismo tiempo, un compromiso en la financiación de la política educativa. Mejor garantía para el bienestar de las familias que una mayor inversión en las políticas de educación no existe.


Al margen de la subcomisión sobre el problema de sobreendeudamiento de las familias, de los problemas vinculados a la actual legislación en materia hipotecaria, que se va a crear en muy pocos días, respondiendo a esa demanda ciudadana existente, sí nos ha parecido necesario reclamarle al Gobierno un proyecto de ley que permita elevar el porcentaje de la valoración del inmueble hipotecado por el que se puede adjudicar este en caso de que una subasta quede desierta, superando los límites existentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil y, al mismo tiempo, establecer incentivos fiscales para hacer frente a los impagos hipotecarios. Estas son medidas concretas que, en todo caso, van a tener que ser resueltas en esa subcomisión.


Finalmente, en materia de energía, y coincidiendo con la filosofía sobre el problema -no sé si tanto en la solución porque en el texto de la moción que nos plantea la señora Méndez el redactado como mínimo es ambiguo-, nos reafirmamos en que el gran instrumento de política energética, que debe afectar a empresas y familias, también por los costes que tiene hoy para las empresas nuestra factura energética, lo que deberíamos hacer, es dar pleno contenido a los trabajos de la subcomisión parlamentaria que en materia energética ha trabajado durante meses, donde en nuestro caso nuestro portavoz en la Comisión de Industria y Energía ha sido el señor Sánchez i Llibre. Ojalá el Grupo Parlamentario Popular hubiese participado en ese consenso alcanzado en la fase final, entre otras cuestiones, porque una materia como la que afecta a la política energética lo que va a necesitar son políticas a medio y largo plazo compartidas por todos, que tengan trascendencia más allá de una legislatura.


Todo ello, señorías, nos llevaba a configurar una moción alternativa al texto del Grupo Parlamentario Popular, que sobre esa cuestión tan amplia y tan genérica como el bienestar de las familias formulase las propuestas alternativas de Convergència i Unió. En el caso de que la señora Méndez no aceptase nuestra moción tal cual, mi grupo optaría por abstenerse ante su texto, aunque compartamos algunas cuestiones porque en otras no estaríamos de acuerdo. Si usted lo somete a votación punto por punto, deberemos valorar punto por punto cuál es nuestra posición.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Don Luis Carlos Sahuquillo tiene la palabra.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Muchas gracias.


Señorías del Grupo Popular, ustedes piden al Gobierno austeridad y contención en el gasto al mismo tiempo que plantean propuestas que derivarían en un impacto presupuestario directo, lo que implicaría un aumento del gasto público. Esto, que está recogido en el "Diario de Sesiones" del pasado 2 de diciembre de 2010 como consecuencia de una moción que ustedes plantearon, se lo podría decir hoy igual porque vuelven a repetir lo mismo. Además, ese día les presentamos una batería, una retahíla de prestaciones económicas para las familias que ha puesto en marcha este Gobierno en los últimos años. Le recomiendo que coja el "Diario de Sesiones", lo lea en la página 28, se lo aprenda y se lo guarde.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de modificación a este programa electoral del Partido Popular que hoy nos plantean, fundamentalmente al punto 1 de la moción de dicho grupo, al mismo tiempo que planteamos suprimir los puntos 2, 3 y 4, pues suponen como mínimo un gasto para el Estado de 4.060 millones de euros y, como ustedes son tan austeros y plantean tanto lo de la contención del gasto, estoy convencido de que se han equivocado, que no querían decir lo que proponen aquí.


Les recordamos que también se han introducido medidas para paliar los efectos de la crisis, como el Plan extraordinario de fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, un acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de febrero de 2010; la inminente aprobación -usted lo sabe- de una nueva agenda social para contribuir a la inclusión y mejora de la eficiencia de las prestaciones sociales del Estado del bienestar; el Real Decreto 1/2011, de medidas urgentes, poniéndose en marcha un plan de choque a corto plazo para reducir el desempleo de jóvenes y para personas en paro de larga

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duración y el incremento del 0,52 por ciento al 0,7 por ciento del IRPF para entidades sin ánimo de lucro que acogen a personas con escasos recursos. Por eso planteamos que en el marco del programa nacional de reformas que se encuentra dentro de la estrategia europea 2020, y con la participación que ustedes obvian del tercer sector, se incluyan nuevos modelos en el ámbito de la inclusión social. Les recuerdo además que la secretaria general del ministerio comparecerá próximamente para hablar de estas cuestiones. Por cierto, donde gobiernan podrían aplicarse un poco más y pedir, por ejemplo, a la señora Aguirre que escuche y atienda a la red de lucha contra la pobreza y la inclusión social, un documento que le presentaron -por cierto, buenísimo- y al que no ha hecho caso alguno el Gobierno de la comunidad autónoma gobernado por su partido. La credibilidad, señorías, se tiene cuando donde se gobierna se aplica lo que se propone, porque si donde se gobierna no se aplica lo que se propone, poca credibilidad se tiene.


Plantean en esta moción cuestiones que hace tres meses ya fueron rechazadas en este Parlamento y por tres veces: en la Comisión de Presupuestos, en la moción similar que le acabo de comentar y durante la votación del presupuesto, así como el restablecimiento de los 500 euros anuales de prestación por hijo a cargo. Les hemos dicho en varias ocasiones que apoyar esta propuesta supondría un gasto de no menos 60 millones de euros al Estado español y que además en los presupuestos generales se contempla que para 2012 tengan con mayor intensidad ese apoyo los beneficiarios con hijos mayores de 18 años con discapacidad.


Hablan ustedes también de restablecer la deducción en el IRPF por la compra de vivienda habitual. La modificación de la deducción por inversiones en vivienda habitual se mantiene para los contribuyentes que adquirieron su vivienda antes del 31 de diciembre de 2010 y desde enero de este año para todos los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.107 euros. Le voy a poner un ejemplo conmigo mismo. Yo cobro 4.000 euros al mes, aporto 600 euros de hipoteca todos los meses, es decir, 7.200 euros, y, como puedo llegar a los 9.040 euros, lo hago y por eso me devuelven aproximadamente doscientas y pico mil pesetas de las de antes. ¿Le parece que yo estoy en caso de pobreza, que es lo que ustedes plantean? Yo creo que no. (Aplausos.) Ustedes, que hablan de contención del gasto y de austeridad, con esta medida del restablecimiento podrían obligar a un gasto para el Estado, como le decía, de no menos de 4.000 millones de euros. Ya está bien de filibusterismo político. Hablan de ICO-moratoria, cuando este Gobierno fue el que en 2008 tomó la medida y a 31 de diciembre de 2010 ha habido 13.665 operaciones, con más de 78 millones de euros destinados a ello.
También se amplió el plazo para la materialización del saldo de la cuenta ahorro vivienda. Ustedes, como el borrico cuando coge la linde, se acaba la linde y ustedes siguen; es decir, siempre con la misma retahíla de cuestiones. (Risas y aplausos.) Deberían hablar de lo que les preocupa a los ciudadanos, donde estoy convencido de que ustedes y nosotros nos vamos a encontrar, en cosas concretas, tangibles y que usted y yo compartimos.


Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sahuquillo.


Don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Intervendré desde el escaño. Mi grupo parlamentario no va a respaldar la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, no por ningún apriorismo, sino porque no compartimos ni el diagnóstico de la crisis ni tampoco las medidas que propone. Son medidas en las que el Grupo Popular parte de un a priori y es que ya ha acabado la legislatura y, por tanto, es el momento de presentar el programa electoral por entregas. Hoy nos han tocado tres entregas: la entrega del ahorro en el gasto público, la entrega de la política social y todavía falta una, que es la entrega de la política de empleo. Pues bien, no estamos de acuerdo con ninguna de las tres. Con la primera de ellas porque niega las otras dos, es decir si el planteamiento del Partido Popular es que en vez de la cura de adelgazamiento, como nos propone el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno, lo que necesitamos es una cura de hambre, con una cura de hambre no hay gasto social que lo aguante ni política de empleo que lo aguante, señoría. Por lo tanto, no estamos de acuerdo.


En relación con las medidas que propone, hay una discrepancia de fondo.
Ustedes utilizan un solo concepto de familia, y es igual para ustedes la familia de Botín que cualquier otra familia de este país. Para nosotros no es igual, por tanto, no nos vale como concepto en materia de política social. Por otra parte, utilizan ustedes en política social un criterio asistencial y es: ustedes dan cheques -también lo comparte el Grupo Parlamentario Socialista; yo no- y que los ciudadanos se las arreglen en el mercado, porque el mercado es el que asigna de manera eficiente. Yo soy partidario del Estado del bienestar y no de la sociedad del bienestar ni de la gran sociedad de Cameron. Soy partidario del Estado del bienestar y eso significa derechos universales y servicios públicos. No soy partidario de los 500 euros anuales; soy partidario de la escuela de 0 a 3 años; no soy partidario de planteamientos que hacen ustedes sobre precios sino que soy partidario de desarrollar, como decía antes, servicios públicos que garanticen derechos universales. Por eso no estoy de acuerdo con sus medidas y porque algunas de ellas son realmente incomprensibles. En cuanto al control de las tarifas eléctricas, señorías, ¡si es suyo! El modelo eléctrico que en este país está produciendo la rara experiencia de que cada vez pagamos más y cada vez les debemos más a las compañías es su

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modelo, no es el modelo de ningún gobierno de los últimos años. Es el modelo de los gobiernos del Partido Popular.


En relación con el tema hipotecario, no cabe mayor hipocresía, señoría.
Hace cuatro días se ha rechazado en esta Cámara la dación en pago y ahora crean ustedes una comisión hipotecaria. Un poco de vergüenza torera. (La señora Méndez Monasterio hace gestos al orador.) No, no, la propuesta era de mi grupo parlamentario y la rechazaron en esta Cámara, y ni creación de subcomisión ni nada, señorías, porque lo que se hace con eso es marear la perdiz y en definitiva no abordar los temas fundamentales. Por tanto, aunque ustedes estén en la fabulación de que estamos ya en campaña electoral, nosotros no; no estamos en campaña electoral. Esta campaña no es la primera vuelta de las elecciones generales y, por tanto, nosotros estamos aquí haciendo política en el Congreso y fuera hacemos campaña electoral municipal y autonómica, que para eso nos han convocado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿desea intervenir? (Denegación.) Muy bien.


Señora Méndez, ¿acepta su señoría alguna enmienda para su votación?

La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señor presidente, en aras de que se pueda votar cada uno de los puntos de nuestra moción, y esperamos que los demás grupos puedan hacerlo: el plan de pobreza, la aportación por hijo a cargo, el tema de la luz...


El señor PRESIDENTE: Es decir, su señoría pide votación separada.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Votación separada, a pesar de que nos gustan muchas de las enmiendas que se han presentado, en concreto la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pero no podemos aceptarla porque eso evitaría que pudiéramos votar...


El señor PRESIDENTE: No, señora Méndez, no es necesario que lo explique.
Sencillamente lo que solicita su señoría es la votación separada de los distintos puntos. Lo que le rogaría, si es tan amable, es que indique luego a la Presidencia si han de votarse todos separadamente o pueden agruparse en votación.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: No, deberán ser todos, porque espero que los demás grupos sean conscientes de lo que están votando y los puedan apoyar.


El señor PRESIDENTE: Así se hará, señora Méndez.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A IMPULSAR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE AL INCREMENTO DEL DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000206.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para hacer frente al incremento del desempleo de larga duración. Para su defensa tiene la palabra don Ignacio Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la diferencia entre lo que ocurría el día en que presentamos nuestra interpelación urgente y hoy, día en que presentamos esta moción, son nada más y nada menos que 34.406 parados más. La diferencia entre entonces, hace unos días, y ahora es que hoy todavía es más urgente la adopción de medidas, si cabe, para taponar esta sangría y resolver el problema de los parados de larga duración, porque tenemos la cifra más alta de paro desde los días del Gobierno socialista de Felipe González y porque el Fondo Monetario Internacional nos acaba de decir hace escasamente unas horas que España crecerá por debajo del 2 por ciento.
Así no se crea empleo, si no se cambian las cosas, hasta 2017, es decir, hasta dentro de seis años. Solo en este último trimestre más de un cuarto de millón de personas ha caído también en el desempleo. Estamos en unas cifras de paro EPA superiores a 4.800.000 parados y, por lo tanto, a poco más de 100.000 parados de los 5 millones; una cifra a la que parece que Zapatero y su Gobierno no renuncian; un paro que ya no se centra solo en la construcción sino que afecta sobre todo a la agricultura, a los servicios, a las mujeres y a los jóvenes. Por ese motivo, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una moción con nueve puntos que abordan la urgencia del paro de larga duración para impulsar la reforma de la negociación colectiva que permita a pymes y autónomos ajustarse a la realidad de la empresa evitando que el despido sea la única opción: poner en marcha programas de transición para el empleo para capacitar a desempleados de larga duración, promover medidas complementarias para generar oportunidades laborales de empleo, destinar una parte importante del presupuesto actual de las políticas activas a la financiación de programas de parados, prestar apoyo financiero a los acuerdos entre centros de formación profesional y universidades, bonificaciones, capitalizaciones para la actividad profesional y para la formación y reformas en los servicios públicos de empleo que mejoren la profesionalización y el tratamiento de las políticas orientadoras o los sistemas de indicadores. En definitiva, señorías, un buen número de medidas relacionadas con el paro de larga duración a las que se suman las aportadas por los grupos parlamentarios que han tenido a bien

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formular enmiendas a esta iniciativa y que son de gran interés. Tengo que poner de manifiesto que son bien recibidas y que las celebramos. Tenemos que lamentar que el grupo del Gobierno, el grupo mayoritario de la Cámara, haya tirado la toalla y ni siquiera haya presentado una sola enmienda en materia de paro de larga duración, a pesar de las cifras que en este momento tenemos encima de la mesa.


Por lo tanto, señorías, los datos de paro registrado de la pasada semana incorporan algunas cifras que a mi grupo le parecen de especial preocupación. El primero es el porcentaje de contratos temporales, que sigue situado en el 9,6 por ciento, lo que significa, señorías, que la reforma laboral no ha reducido la temporalidad ni la dualidad en el mercado laboral. Por su parte, los contratos indefinidos, lejos de crecer, están disminuyendo un 1,76 por ciento respecto al año pasado. Y el segundo de los elementos que nos preocupa es el número de contratos celebrados en el primer trimestre de 2011, que ha caído un 3 por ciento con respecto a los contratos del año 2010. Es decir, que a pesar de la reforma laboral del Gobierno se hacen ahora todavía menos contratos que antes de esa reforma autista, esa reforma solitaria e inútil de este Gobierno, que supone para nuestro país un lastre como un saco de arena para un corredor de fondo. Pero, señorías, el tercero de los elementos o el tercero de los datos es el que a mi grupo le parece más preocupante, y es el referido a la cobertura del número de parados, en la medida en que si bien el Gobierno ha cacareado desde el inicio de esta crisis de empleo el nivel de cobertura, algo que solo tiene que ver con los derechos generados por los trabajadores a través de las cotizaciones y del esfuerzo realizado durante todos estos años, en unos datos que son los peores de la historia de España este mes hemos conocido, señorías, que si hace un año la tasa de cobertura de parados era del 80,6 por ciento, hoy no supera el 73,7 por ciento. Es decir, lo que todos sabíamos ya, menos el Gobierno, que la crisis continúa, que el paro continúa, que más de 1.600.000 personas ya no tienen ayuda y que por agotamiento de esas prestaciones ha caído un 10 por ciento en un año y ese número va a seguir cayendo en el futuro, dejando todavía a más personas desasistidas, porque este Gobierno no ha sido capaz de resolver una situación que muchos llevamos advirtiendo desde hace ya muchos años. Mientras España sufre semana tras semana un expediente de regulación de empleo tras otro, el Partido Socialista ha hecho el suyo propio, y eso está bien; ha hecho un ERE de suspensión en la figura del señor Zapatero con el dinero de los ciudadanos, que de eso saben mucho también el señor Chaves y el señor Griñán, y lo han convertido nada más y nada menos que en un presidente provisional para que antes que después la sociedad española les decrete definitivamente con sus votos a todos un ERE de extinción; un despido procedente, muy procedente, diría yo.


Señorías, después de esta salida progresista de la crisis, de haber firmado los mayores recortes sociales de la historia, de haber vulnerado todas y cada una de sus promesas electorales, de haber improvisado y despilfarrado hasta la náusea, después de haber roto todas las costuras del Estado del bienestar y de haber jugado además a las quinielas con las previsiones laborales, económicas y presupuestarias, de haber arruinado a las clases medias y a las menos pudientes de este país imposibilitando su derecho al trabajo, friéndoles a impuestos y a subidas de la inflación, de haber hecho retroceder a España tres lustros con la política más antisocial de la democracia, de haber hecho de cigarra durante la crisis mientras lo que hacía falta eran hormigas, de haber sido paradigma de la Ley de Murphy, ahora lo que queda por saber, señorías, es cuándo va a indemnizar este Gobierno socialista a las víctimas de esta situación por sus errores, y no solo por ese prototipo de rey desnudo o de principio de Peter, en términos de incompetencia, en que ya se ha convertido el señor Rodríguez Zapatero, sino por todos los que desde los bancos socialistas le han jaleado todos estos años sin ningún reparo, sin ninguna queja, convirtiéndose en auténticos cómplices del resultado de toda esta lamentable coincidencia planetaria.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echániz.


Por el Grupo Vasco don Emilio Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Doy por defendida la enmienda en sus propios términos, indicándole al señor Echániz que sabe que las propuestas de mi grupo son las más actuales y las más eficientes en materia remoción del empleo cronificado y de larga duración. Por esta razón espero que las atienda con la debida delicadeza.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Campuzano tiene la palabra.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


No soy de Euskadi y no puedo empezar mi intervención con la contundencia del señor Olabarría sobre las virtudes de sus iniciativas, aunque también estoy convencido de que la enmienda de Convergència i Unió refleja con mucha precisión las tres cuestiones prioritarias que el Gobierno debe abordar en esta fase final de legislatura en materia de empleo. En primer lugar, es fundamental, señor Echániz, dar salida a un mandato parlamentario contenido en la reforma laboral en materia de negociación colectiva. Ese mandato de seis meses para que los agentes sociales alcanzasen un acuerdo se ha agotado materialmente. Entendemos que

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se debe dar el margen que hoy los agentes sociales reclaman para terminar de cerrar ese acuerdo, pero también es cierto que en esta legislatura, en la clave de las reformas que se deben de hacer para generar no tan solo confianza en relación a los mercados internacionales sino en relación a quienes deben de crear empleo, que son las empresas, esa reforma de la negociación colectiva es imprescindible. De ahí que en su Convergència i Unió haya querido reproducir en sus términos literales aquello que se aprobó en la Ley 35/2010, ese mandato a los agentes sociales a alcanzar un acuerdo y esa acción subsidiaria del Gobierno en el caso de que eso no ocurra para que legisle en este cambio. Nos parece que hoy, si somos realistas, lo más urgente en materia de empleo tiene que ver con la culminación de ese proceso de la reforma del mercado de trabajo, que es la reforma de la negociación colectiva. Mi grupo espera que de la responsabilidad de los agentes sociales en los próximos días se alcance ese acuerdo. Las informaciones que nos llegan de los interlocutores sociales son globalmente positivas. Demos ese margen de actuación, pero recordemos al Gobierno que si finalmente eso no se puede producir, el Gobierno tiene la obligación política y legal de legislar en esta materia.


En segundo lugar, y recogiendo la filosofía del señor Echániz, en materia de empleo de larga duración sería deseable que el Gobierno, junto con quienes son competentes en la materia, que son las comunidades autónomas, y oídos los interlocutores sociales, planteasen un plan de choque específico para parados de larga duración. Convalidamos hace muy pocos días un plan de empleo que afectaba fundamentalmente a trabajadores, a desempleados jóvenes y con medidas también para parados de larga duración. Dimos la aprobación a ese plan que fundamentalmente está potenciando la utilización del contrato a tiempo parcial, pero ya dijimos entonces desde la tribuna que notábamos a faltar más medidas de impacto a corto plazo que pudiesen generar facilidades a quienes están en condiciones de crear empleo. Y sin formular con precisión cuáles deberían de ser esas medidas, porque nos parece que nuestro marco competencial obligaría a pactarlo con las comunidades autónomas, sí que mandatamos en nuestra enmienda a la moción del señor Echániz que el Gobierno, antes del periodo de sesiones vigente, presente un nuevo plan de choque en materia de empleo especialmente orientado a los parados de larga duración.


Finalmente, en el tercer punto de nuestra moción reclamamos el desarrollo del título V del Estatuto del trabajo autónomo. Existe en nuestra legislación una enorme potencialidad en esta materia para facilitar que hoy más personas pongan en marcha su actividad económica. En este sentido reclamamos el desarrollo de ese título V. Espero que el señor Echániz pueda aceptar nuestra enmienda y que pueda obtener -si fuese el caso- un apoyo mayoritario de la Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra don José Luis Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Voy a intervenir brevemente para afianzar la posición de Coalición Canaria. Compartimos con el Partido Popular la orientación general de las medidas que plantea para acometer el desempleo de larga duración, que sin duda es el más dañino para las personas y las familias, ya que no solamente destruye el presupuesto familiar sino también la propia autoestima de los trabajadores y su adaptación a los incesantes cambios que se producen en el mercado laboral. Particularmente importante es el primero de los puntos, el más esencial, el relativo a la reforma de la negociación colectiva. Como ocurrió con la reforma de las pensiones y la extinción de los contratos, el Gobierno delegó en buena medida su responsabilidad en los agentes sociales. Las negociaciones se dilataron y eso ha tenido un coste para la recuperación. Seamos claros, en el capítulo que ahora toca, el de la negociación colectiva, se trata, por primera vez en décadas, de que patronales y sindicatos se olviden de una vez de sus clientes, es decir, de empresarios y trabajadores en activo, y piensen sobre todo en los más de 4,5 millones de parados que no tienen ningún comité que los represente ni ninguna mesa de negociación colectiva a la que acudir. Seamos claro: también la reforma de la negociación colectiva va a suponer en los próximos años una redistribución de la pobreza y no al contrario. Hay que decirlo así al país y no andar inventando eufemismos todos los días para ocultar lo evidente. La negociación colectiva ha sido históricamente un mecanismo para ponerse de acuerdo en la distribución de los aumentos de riqueza de un país. Ahora vienen mal dadas. Cuando ese país se ha empobrecido en decenas de millones de euros por año, los mecanismos de ajuste requieren distribuir esas pérdidas entre todos para volver a poner al país en situación de competir de nuevo. No es fácil, sobre todo en un país con una extraordinaria propensión a la picaresca, es decir, a evadir las obligaciones legales y a generar una enorme economía sumergida. Por eso, consideramos conveniente urgir al Gobierno a que produzca ya las reformas necesarias en este campo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Bloque Nacionalista Galego no va a apoyar esta moción del Grupo Popular, no solamente por lo que se dice en ella sino por lo que no se dice. En esa visita que el presidente y portavoz del Grupo Popular en

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esta Cámara hizo a Alemania, desde nuestro punto de vista, despeja las dudas que pudiéramos tener. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

En relación con las políticas que está llevando a cabo el Gobierno español, el presidente del Partido Popular y portavoz del Partido Popular en esta Cámara llegó a decir que todo muy bien, pero que ellos mucho más.
Por tanto, señorías, dada la posición que el Bloque Nacionalista Galego tiene en relación con las políticas de empleo del Gobierno no podemos dar un cheque en blanco al Partido Popular, sobre todo, cuando el punto número 1 de la moción ya insta al Gobierno a impulsar una reforma de negociación colectiva que a nosotros desde luego nos preocupa porque puede significar el desamparo total y absoluto de los trabajadores y trabajadoras. Si nos fijamos en los puntos 2, 3 y 4 podríamos llegar a pensar, tal y como está la redacción -y ahí es donde digo yo que más que por lo que dice, por lo que no dice- que efectivamente nos queremos aprovechar de la situación de paro que existe en el Estado español para propiciar una mano de obra a las empresas prácticamente gratuita, si tenemos en cuenta lo que aquí se propone. Por eso, señorías, y aunque pudiéramos estar de acuerdo con algunas cuestiones como las que plantean en el punto número 5 o en el punto 9 relacionadas con el Servicio Público de Empleo, no vamos a votar a favor porque aquellas cuestiones en relación con este asunto que nosotros entendemos que se necesitan mejorar las hemos planteado en las enmiendas que hoy hemos presentado al proyecto de ley de políticas activas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Férnandez Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero repetir lo que dije antes: no me siento concernido por esta campaña electoral anticipada ni por que las próximas elecciones sean la primera vuelta del señor Rajoy ni por que el Partido Popular tenga que presentar aquí en retazos su programa electoral. En ese sentido, no voy a entrar en la fabulación de una parte de la Cámara y voy a atenerme a sus propuestas.


Hay una filosofía de fondo que no comparto, la filosofía de fondo de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora todos tenemos que apretarnos el cinturón. Algunos han vivido por encima de las posibilidades y algunos deberían apretarse el cinturón, pero no siempre apretar el cinturón a los mismos, que es de lo que se trata en esta iniciativa de nuevo. Señorías, ustedes saben perfectamente que para abordar el problema del paro de larga duración, el problema de nuestro país no es un problema de modelo laboral; nosotros tenemos un modelo laboral a la carta, tenemos un modelo laboral asiático, señorías, en el sentido de que es un modelo laboral que ya lo quisieran para sí otros empresarios europeos. Nuestro problema no es de modelo laboral, nuestro problema es de modelo económico, de un modelo económico que compite fundamentalmente en bajos salarios, que compite también en una deficiente incorporación de la tecnología y en baja formación; ese es nuestro modelo económico. Además, tenemos un problema añadido en el marco de una crisis y es que estamos adoptando medidas de ajuste que retrasan la recuperación económica. Entonces, modelo económico arcaico y falta de recuperación económica, ergo, desempleo de larga duración. Señorías, ustedes están intentando repartir de manera inequitativa los costes de la crisis, esa es la cuestión que hoy está aquí encima de la mesa, y las propuestas que hace el Grupo Parlamentario Popular van en ese sentido.


En primer lugar, flexibilidad y negociación colectiva. ¿De qué se trata? Se trata de hacer inermes a los trabajadores frente a los empresarios, de reducir la capacidad de contratación de los sindicatos y de los trabajadores frente a los empresarios para reducir asimismo sus salarios y para reducir el peso de las rentas salariales en el país. Por tanto, detrás de la flexibilización o de la reforma de la negociación colectiva lo que hay es menos salario y más beneficios.


En segundo lugar, con relación a otro de los temas es recurrente la rebaja de la imposición, eso que se dice las bonificaciones; vuelve otra vez a la mesa lo que no han conseguido en la negociación colectiva. Lo que no han conseguido en la negociación entre empresarios y trabajadores ahora nos lo propone el Grupo Parlamentario Popular con una rebaja de la cuota patronal con bonificaciones que podrían hacer entrar en quiebra a nuestro sistema de Seguridad Social. Aquí se habla de que nuestro sistema de Seguridad Social es un sistema viable y sostenible, pero al mismo tiempo, cuando se puede, se le da un mordisco; y ahora, de paso, se le da un mordisco al sistema de Seguridad Social rebajando las cotizaciones con la excusa de aumentar el empleo. Pues bien, con la excusa de aumentar el empleo reducimos los derechos de los trabajadores y los salarios que se producen a largo plazo.


Otro aspecto de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular es la ineficiencia de lo público; la colaboración público-privada, se dice ahora, para no decir que lo que se propone es la privatización en materia laboral, la privatización fundamentalmente de los servicios públicos de empleo.


Yo no comparto estas iniciativas que forman parte del programa electoral del Partido Popular, que tiene todo el derecho a defenderlo en campaña.
No sé si tiene tanto derecho a defenderlo continuamente en esta Cámara como si estuviéramos en campaña electoral de elecciones generales, pero en todo caso no lo compartimos y no lo vamos a votar. Nosotros somos partidarios de cambiar

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el modelo productivo; somos partidarios de iniciativa pública para la recuperación económica, no de recortes; somos partidarios también de propuestas como la del Prodi en materia de prestación por desempleo, y no de hacer una campaña peyorativa frente a las prestaciones por desempleo para luego lamentar la cobertura de las prestaciones por desempleo. Para nosotros las políticas pasivas son al mismo tiempo políticas de demanda y son fundamentales para la recuperación económica. Por estas razones, porque no compartimos la filosofía y porque no compartimos el programa electoral del Partido Popular, no vamos a votar esta iniciativa.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, otra vez subo a esta tribuna y tengo que comenzar lamentando y trasladando la tristeza que me produce la intervención del señor Echániz, que sube aquí a defender una moción para hablar de los parados de larga duración y se dedica a hacer demagogia con el tema del desempleo, cuando en estos momentos se necesita menos demagogia y más propuestas. Y digo esto con pesar, porque en estos momentos en la Cámara hay una posición clara de querer debatir sobre los temas de los parados de larga duración; una posición clara que se puede trasladar en estar a favor o en contra de la moción que ustedes han presentado pero que indudablemente diferencia a PNV y CiU, que han hecho una traslación de posturas, que yo creo que hay que debatir en la Ley de reformas de las políticas activas de empleo, y a la moción que el Grupo Popular ha presentado esta tarde, porque hoy, señorías, el 47 por ciento de nuestros parados llevan más de un año en esta situación. ¿Es una novedad consecuencia de la política de este Gobierno, como dice el señor Echániz? Pues no, señor Echániz, como tampoco lo fue en 1998, con el 55 por ciento de parados de larga duración; o en 2000, con el 46; o en 2007, con pleno empleo, con el 27 por ciento. Evitar que los parados permanezcan largo tiempo en el desempleo es la razón por la cual nosotros hemos propuesto una reforma de las políticas activas de empleo, y la hemos propuesto con consenso social y territorial, y la hemos trasladado a esta Cámara, y en estos momentos se encuentra en periodo de enmiendas.


En esta situación, ¿qué medidas propone el Partido Popular? Desde el Grupo Parlamentario Socialista vemos con sorpresa cómo en la exposición de motivos y en su intervención del pasado 31 de marzo califican de continuo fracaso las medidas puestas en marcha por el Gobierno y, a la hora de la verdad, a la hora de poner en papel sus propuestas recogen de forma abrumadora las aprobadas en esta Cámara con su abstención en la mayoría de los casos. Ustedes, señores del Partido Popular, se oponen a la reforma del mercado de trabajo y recurren a ella; se oponen al plan de choque y recurren a él; se oponen a las políticas activas y recurren a ellas. Usted, señor portavoz, trae aquí como novedad la puesta en marcha de los programas de transición para el empleo o los programas de recualificación profesional que en estos momentos no tienen ayudas y pasa de largo de los 400 euros, o 75 por ciento del Iprem, que van a cobrar nuestros parados que están en esa situación. Proponen bonificaciones para la contratación y pasan de largo de las ayudas para la contratación de los menores de treinta años y los mayores de cuarenta y cinco tanto para las bonificaciones por el contrato a tiempo parcial como para las bonificaciones a los parados de larga duración. Plantean también destinar 500 millones de euros para financiar programas de parados de larga duración en prácticas y en talleres de empleo, cuando en los Presupuestos Generales del Estado hay 567 millones consignados.


¿Qué es lo que nos plantean ustedes? ¿Que rebajemos la partida presupuestaria en estos momentos? Yo creo que no, creo que no se han enterado, creo que pasan olímpicamente de las medidas que se toman porque a ustedes les traen al pairo las políticas que se estén desarrollando porque ustedes exclusivamente se dedican a hacer demagogia (Aplausos.); demagogia con el desempleo, demagogia con el paro, demagogia con las necesidades de la población. Eso es lo que están ustedes planteando.
Tenemos en estos momentos un proyecto de políticas activas de empleo en el que ustedes pueden hacer las aportaciones oportunas. No, se dedican exclusivamente a traer en la moción unas puntualizaciones que en estos momentos quieren condicionarnos. Ahora, eso sí, ustedes están en dos puntos bien diferenciados. Por un lado, intentan interferir el proceso bipartito de reforma de la negociación colectiva. ¿Cómo? Distinguiendo la aplicación de convenios a los trabajadores de las empresas grandes de los trabajadores de las empresas pequeñas. Y nos traen además a colación otra propuesta, la capitalización del cien por cien de la prestación por desempleo para la formación y reciclaje de los trabajadores. ¿Qué es esto? ¿Es que nuestros desempleados no tienen derecho a la formación? ¿Es que nuestros desempleados no tienen derecho a una formación gratuita? ¿Por qué en estos momentos plantean la capitalización del desempleo? ¿Será que ustedes están descubriendo una nueva línea de negocio o será que de nuevo desconocen la realidad del sistema?

Señorías, tras la furibunda interpelación del pasado 31 de marzo del señor Echániz cargada de adjetivos, acusaciones, descalificaciones y maledicencias, nos traen aquí una moción que es un refrito de las normas actualmente vigentes.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Membrado, por favor.


El señor MEMBRADO GINER: Voy terminando, señora presidenta.


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Las presentan como ideas y alternativas novedosas para un único fin: instrumentalizar el desempleo, usar al parado como arma arrojadiza.
Señores diputados del Partido Popular, ¿esta es la muestra de su preocupación por el paro? Si la medida fuesen sus aportaciones en esta moción, sería muy escasa a no ser que hagan suya la utilización de la clave S-698, inventada por la Xunta de Galicia, para suspender 56.000 parados de la lista de desempleo dejándolos sin derechos y sin esperanzas. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Membrado, por favor.


El señor MEMBRADO GINER: ¿Estas son sus alternativas reales a los parados de larga duración? A ustedes, señores del Partido Popular, los parados solo les motivan para hacer con ellos populismo y demagogia.
(Aplausos.-El señor Ayala Sánchez: ¿Pero cómo te atreves?)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Membrado.


Señor Echaniz, tiene que expresar su rechazo o aceptación de las enmiendas presentadas.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Quiero reconocer el esfuerzo que han hecho los grupos de Convergència i Unió y PNV...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No, solo tiene que decirme si las acepta o las rechaza.


El señor ECHANIZ DELGADO: ... que complementan muy bien la de mi grupo y, sencillamente, poner de manifiesto que aceptarlas significaría que decaería la del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, voy a pedir que se vote de forma separada en cada uno de sus puntos la moción del Grupo Parlamentario Popular.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Echániz.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LOS PLANES DEL GOBIERNO EN TORNO AL CORREDOR FERROVIARIO ATLÁNTICO. (Número de expediente 173/000207.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre los planes del Gobierno en torno al corredor ferroviario atlántico.


Tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la moción que como consecuencia de la interpelación urgente mantenida con el ministro de Fomento el pasado día 31 de marzo someto hoy a la consideración y a la votación de todas sus señorías es -entiendo- para empezar fácil de comprender, no requiere de mayores explicaciones, y, en segundo lugar, creo que es también fácil de apoyar. Es fácil de entender y de apoyar -insisto-, en primer lugar, porque responde a una concepción sobre las comunicaciones viarias y ferroviarias a desarrollarse entre un lado y otro de los Pirineos que es todo menos novedosa. De siempre -si me permiten esta expresión- las economías y las sociedades que tratan de desarrollarse al norte y al sur de los Pirineos -como intenté razonar en mi interpelación- se han desarrollado, tanto en el plano viario como en el que aquí nos interesa específicamente que es el ferroviario, a través sobre todo de dos corredores, uno a cada lado de esa zona montañosa de más que notables proporciones y por lo mismo de dificultades orográficas evidentes a tales efectos como son los Pirineos.
Así han sido las cosas en la historia pasada y por esa doble vía nos hemos relacionado las personas y hemos intercambiado las mercancías entre lo que se ha entendido como el noroeste y el suroeste de Europa. Por esas vías hemos desarrollado nuestras relaciones humanas y comerciales y a través de ellas hemos ido sintiendo y desarrollando en no poca medida nuestro ser, este frágil ser europeo. Así ha sido en el pasado, así sigue siendo en el presente, como señalé con los datos que aporté en la interpelación, y así de alguna manera entiende mi grupo que debe ser en el futuro.


La moción viene a recoger y plasmar en iniciativas políticas esta forma de pensar nada novedosa -como digo- y ampliamente compartida -espero-, que contiene cuatro puntos, que paso a explicar brevemente. Se trata de iniciativas políticas que -adelanto- pretenden ser ambiciosas en algún sentido pero, al mismo tiempo, plenamente realistas. El primero de los puntos intenta visualizar y plasmar esta visión en un documento, en un plan técnico y de actuación del corredor ferroviario atlántico.
Habiéndose plasmado y recientemente presentado el documento técnico del corredor ferroviario mediterráneo, nos parece no solo lógico, sino necesario y urgente completar la visión que traza el corredor ferroviario mediterráneo para medio Estado español con este otro documento que debe plasmar y recoger la visión para lo que resta, para la otra mitad no solo del Estado español, sino de la península Ibérica en su conjunto. La integración ferroviaria del Estado español en la Europa transpirenaica requiere, a nuestro juicio, de esta doble visión, de un doble plan y de esta perspectiva de conjunto. Porque, señorías, cuando estamos hablando del corredor ferroviario atlántico no estamos hablando del subeje ferroviario atlántico en alta velocidad que se aprobó un día en Essen -el año 1994, creo recordar-, estamos hablando de un plan que recoja el conjunto de las acciones a desarrollar en el ámbito ferroviario en el Estado -y también en Portugal, evidentemente, en el

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conjunto de la península Ibérica- para todos aquellos que quieran acercarse a Europa a través de la puerta de acceso que está en el lado oeste de los Pirineos, en la vertiente atlántica. Lo mismo que el corredor ferroviario mediterráneo lo hace respecto a toda el área a desarrollar en el lado mediterráneo, este lo hace respecto al lado atlántico en su conjunto, y el conjunto es el que es; no se trata en absoluto de que se desarrolle un eje lineal, sino que debe desarrollarse una integración del lado atlántico en su conjunto. Después, es un plan que afecta evidentemente al País Vasco, pero afecta no menos a Cantabria, a Asturias, a Galicia y a todos y cada uno de los puertos que están en la vertiente atlántica, y afecta a Portugal en su conjunto.


Con esta concepción es como ha lanzado recientemente el Gobierno vasco una última iniciativa, cuyo manifiesto queremos que el Gobierno central firme, al igual que lo han firmado otras regiones y otros grupos, empresariales, etcétera. Lo ha firmado el propio Gobierno vasco, el Gobierno de Cantabria, el de Asturias, el de Aquitania en el otro lado, la Junta de Castilla y León, la Xunta de Galicia, etcétera, porque es un plan de todos ellos, es cómo se estructura la vertiente atlántica del Estado para sus relaciones de personas y mercancías con la Europa transpirenaica. Decía antes que se trata de una iniciativa que además es urgente y es especialmente urgente ahora que en Europa se está reflexionando y se está produciendo la revisión de la red transeuropea de transportes. Ahora que se está en esa reflexión en Europa, también esta consideración debe estar presente ahí, y a ello se insta en el punto número 2 de la moción. La priorización de los ejes europeos requiere, por otra parte, de actuaciones prioritarias y a ello se dedica el punto 4.
Hasta ahora daba la impresión de que todo arrancaba y todo terminaba también en Madrid, es la España radial que hemos construido, pero si intentamos conexionarnos en personas y mercancías con Europa es lógico que empecemos en los puntos fronterizos, y ello se contempla en el punto 4.


Quiero agradecer -para terminar esta breve exposición- a todos los grupos parlamentarios que nos han presentado distintas iniciativas. Al Grupo Popular voy a aceptarle la primera de sus enmiendas, la que hace referencia a Portugal como algo que tiene que integrarse en esta visión, estaba ya en nuestra consideración, pero se la vamos a aceptar. No voy a aceptar a los grupos que me presentan otras actuaciones parciales lo mismo en Navarra que en Galicia no porque no estemos de acuerdo con ellos, sino porque son actuaciones parciales que deben integrarse en esta visión de conjunto que reclamamos del Gobierno central, pero espero que estén de acuerdo porque todo está incluido, aunque no vaya a ser citado ex profeso. La cita una a una de todas las actuaciones llevaría a una moción sin límite.


Termino. Mañana en Europa el Gobierno vasco con el Gobierno de Aquitania va a hacer la presentación de este corredor para reivindicar lo que nosotros reivindicamos en el punto 2 de nuestra moción. Hoy la aprobación de esta moción -espero que por unanimidad- será un regalo excelente que podamos hacerle todos al Gobierno vasco para que mañana pueda decir que el Gobierno central se va a sumar a este manifiesto, que este Congreso ha aprobado por unanimidad lo que él considera que debe ser, que es un regalo que le viene de la mano del PNV...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Beloki, por favor.


El señor BELOKI GUERRA: Termino, señora presidenta. Es un regalo que de la mano del PNV se lo hacemos al señor lehendakari del Gobierno vasco. De nada, señor lehendakari.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Beloki.


A esta iniciativa se han presentado enmiendas por varios grupos. En primer lugar, para defender las del Grupo Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, subo a la tribuna en representación del Grupo Parlamentario Popular para defender las enmiendas que ha formulado. Lo primero que quiero manifestar es que se trata de una moción importante, que se trata de una moción que afecta a una importantísima infraestructura o infraestructuras ferroviarias, y por tanto a la comunicación, al transporte, a la riqueza y al progreso, y que agradecemos -vaya por delante- la aceptación por el grupo proponente de la enmienda a la cual aludiré dentro de un momento. Me van a permitir que haga una digresión, pero leyendo el otro día la intervención del señor Beloki en la interpelación él aludía a que los Pirineos tradicionalmente han supuesto una división, una desunión. A mí me viene un poco a la memoria -él hacía cita que en ocasiones había ocurrido lo contrario- el famoso tributo de las tres vacas, que consiste en que todos los 13 de julio los alcaldes de la parte francesa suben al valle del Roncal, a la piedra de San Martín, y entregan tres vacas a los alcaldes del valle del Roncal, de Isaba, desde el año 1375 ni más ni menos, con lo cual constituye en la práctica el tratado más antiguo de Europa, y, si no, que alguien nos enmiende la plana diciendo cuál es. Allí se entregan las vacas en reconocimiento del derecho de pastos que los pastores franceses desarrollan en el ámbito navarro y también en parte del ámbito aragonés.
Además, ello concluye con algo que no deja de ser bonito, que es que al final los alcaldes de un lado y del otro de la frontera, de la muga, dicen: Pax avant, pax avant, pax avant, la paz en adelante, la paz en adelante, la paz en adelante. Esta apelación de varios siglos escasamente interrumpida creo que significa un mensaje de capacidad de cooperación, de superación de obstáculos, de hacer puentes sobre

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la división y las fronteras y de alzarse por encima de las montañas para poder actuar en común y para poder convivir con mutuos intereses, que son capaces de hacerlos de interés de ambas partes.


Pensando en ello, nos parecía que la moción era acertada. Se nos ha dicho que alguna enmienda del Grupo Parlamentario Socialista enriquece el texto y hace mejoras del mismo, pero nos parecía que le faltaba algo a lo que ha aludido el señor Beloki -y yo se lo agradezco-, y además acepta la enmienda que articulamos en este sentido como es que en el punto 2 de la moción se haga una adición del siguiente tenor literal: Para ello se tendrá en cuenta también las actuales propuestas de conexión de alta velocidad entre España y Portugal, y que afecten al corredor atlántico.
Recordando este hecho, el tributo de las tres vacas, nos parecía que había otra frontera. Nos parece que un eje que es atlántico y que tiene una vocación de unión de los Estados periféricos a la Unión Europea precisaba de una cita expresa que cumpliera el eje en toda su dimensión y que además tuviera presente las previsiones y futura ejecución de conexiones entre Galicia y Oporto o las que existen en Extremadura.
Compartimos también desde esa perspectiva la posición del grupo proponente en tanto en cuanto la asunción de esta enmienda deja claro el sentido que tiene para el grupo proponente y para el Grupo Parlamentario Popular la dimensión de este eje y las diversas alternativas que se puedan desarrollar en su momento. Por tanto, nosotros también nos felicitamos por haber llegado a este acuerdo que nos gustaría que fuera apoyado unánimemente por el resto de los grupos parlamentarios, porque, en definitiva, es un impulso necesario, una voluntad política expresada en esta Cámara sobre una obra y sobre una ejecución de gran trascendencia que hay que saber pelear en los foros europeos y que, cuando lo hacemos unidos todos, nuestra voz es más creíble, nuestra fuerza más sólida y nuestra voluntad más determinante.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiroz.


Por el Grupo Mixto tiene, en primer lugar, la palabra el señor Salvador.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en Navarra el transporte de mercancías se realiza mayoritariamente por carretera, transportándose por ferrocarril volúmenes muy bajos y desafortunadamente decrecientes. Por eso, el Gobierno, a partir del Plan estratégico de áreas logísticas e intermodalidad de Navarra, ha centrado su misión en articular una estrategia integral tanto de políticas de infraestructuras de organización del sector y del fomento de la intermodalidad para hacer de la logística y la intermodalidad elementos clave de competitividad de sus sectores productivos.


Nuestros objetivos estratégicos pasan por el impulso de medidas de apoyo al desarrollo de la intermodalidad, la definición de una política de ordenación territorial de infraestructuras nodales logísticas, la definición de políticas y estrategias para promover la coordinación, complementariedad e intermodalidad entre las áreas logísticas existentes y proyectadas, el incremento de las conexiones con Europa y la creación y participación en los proyectos, trayectos y corredores nacionales e internacionales que potencien el transporte ferroviario. En torno a estos objetivos se enmarcan la firma del convenio para el desarrollo del corredor navarro de alta velocidad y el acuerdo de colaboración suscrito con ADIF para la conformación del nodo logístico de la comarca de Pamplona. Este nodo favorecerá el transporte de mercancías en especial hacia y desde Europa, optimizando la utilización de las capacidades del corredor atlántico y permitiendo, en los próximos años, enlazar, a través de Navarra, el corredor europeo del Atlántico con el corredor europeo del Mediterráneo. Por eso nuestra posición ante esta moción es de apoyo a las actuaciones para el desarrollo y potenciación del corredor ferroviario atlántico, que recoge la moción del Grupo Parlamentario Vasco del que entendemos que Navarra es parte integrante, como así se lo hemos hecho saber al Gobierno vasco en las distintas reuniones mantenidas con ellos a propósito de este corredor.


Para ello hemos presentado dos enmiendas: la primera, al punto 3 para que el manifiesto al que se refiere la moción incorpore a Navarra como comunidad integrante del corredor en la red ferroviaria central, y una segunda enmienda al punto 4, porque creemos necesario que el plan de adaptación al ancho de vía europeo se amplíe al tramo Irún-Pamplona, junto al ya previsto Irún-Bilbao-Vitoria.


Sinceramente, esperaba que estas dos enmiendas hubieran tenido acogida por parte del PNV, y me sorprende que quienes a veces nos critican diciendo que vivimos de espaldas a otros vecinos, cuando tienen la oportunidad de demostrar esa empatía, colaboración, cooperación, buena vecindad, etcétera, evidencien que solo se acuerdan de Navarra para justificar su objetivo político de independencia. Es evidente que los navarros tendremos que seguir confiando en nuestras propias fuerzas para seguir creciendo y progresando, como hemos hecho siempre, y que del nacionalismo vasco poco podemos esperar cuando se trata de acometer proyectos de futuro para Navarra. No pasa nada; ustedes a lo suyo, nosotros a lo nuestro.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


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El Bloque Nacionalista Galego ha presentado una enmienda de adición a esta moción, iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco. Proponemos, en concreto, que se añada a la moción un nuevo punto 5 con el siguiente contenido: Impulsar las conexiones ferroviarias de mercancías con Galicia y la cornisa cantábrica, de forma que esté asegurada la integración de sus puertos, áreas industriales y nodos logísticos en las redes prioritarias de transporte de mercancías por ferrocarril. Señorías, si me permiten ustedes la broma, lo lógico es o bien aceptar la incorporación de esta enmienda de adición, o bien cambiarle el nombre al corredor y en vez de denominarlo corredor ferroviario atlántico, llamarlo corredor ferroviario mesetario, dado que nace en Lisboa, para discurrir por el interior de Portugal hasta Extremadura, atravesar esta comunidad, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, -si no me confundo- parte de La Rioja y Euskadi por el interior, para volver a encontrarse con el Atlántico en su conclusión en Irún. Por lo tanto, no estamos hablando stricto sensu de un corredor que resuelva los problemas de conexión con la red ferroviaria de mercancías de los puertos del arco del atlántico peninsular, sino que estamos hablando de un corredor concebido única y exclusivamente para resolver los problemas de conexión ferroviaria por mercancías entre el norte y el sur de Europa, a diferencia, por cierto, de lo que ocurre con el corredor mediterráneo, cuya necesidad en absoluto discutimos, y que discurre por la fachada mediterránea.


Este es el sentido de nuestra enmienda, aunque nos sentimos satisfechos con las palabras del señor Beloki y con lo contenido en el punto número 3 de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, que dice textualmente: Sumarse al manifiesto del corredor ferroviario atlántico de mercancías, promovido por el Gobierno vasco. Como muy bien ha expuesto, este manifiesto ha sido suscrito por todos los gobiernos de las comunidades autónomas afectadas y en él explícitamente se menciona la necesidad de resolver los problemas y las necesidades de conexión con todos los puertos de la fachada atlántica peninsular, en la cual está subsumida también la cornisa cantábrica. Por esa razón, daremos apoyo a esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, doña María Teresa Rodríguez Barahona.


La señora RODRÍGUEZ BARAHONA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Vasco recoge los puntos que ya fueron avanzados en la interpelación que el señor Beloki realizó al Gobierno en el último Pleno, lo que facilitó que el ministro de Fomento expusiese ante la Cámara con detalle el inequívoco compromiso del Gobierno en el desarrollo del corredor ferroviario atlántico. Por tanto, el Grupo Socialista apoya básicamente la moción del Grupo Parlamentario Vasco y ha presentado sendas enmiendas a los puntos 1 y 4 de la misma, fundamentalmente con el objetivo de precisar plazos algo más amplios para facilitar así la labor de los técnicos que ya trabajan en la elaboración de los planes solicitados y, por otra parte también, establecer criterios de rigor presupuestario.


La apuesta por los grandes corredores ferroviarios es una garantía de futuro. Los socialistas lo consideramos fundamental y, por ello, constituyen una prioridad dentro de la política de infraestructuras y transportes del Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero. El eje ferroviario Portugal-España-Francia es fundamental para el Gobierno; no debe existir la más mínima duda, señor Beloki. Este eje forma parte del proyecto número 3 de la red transeuropea de transportes y constituye un corredor de referencia dentro del mapa ferroviario español. Hoy ya nadie discute la importancia de impulsar el ferrocarril como un medio de transporte mixto, tanto de viajeros como de mercancías, que garantice los desplazamientos de forma rápida y segura y que, además, conecte los principales nodos logísticos. Todo ello es capital para el desarrollo económico. Es un medio, un modo, que se revaloriza día a día por su eficiencia y sostenibilidad, además de resultar muy compatible con el nuevo modelo de crecimiento económico que estamos impulsando en España.
Pero, señorías, el transporte ferroviario de mercancías es un gran déficit de nuestro país y nos perjudica económicamente de manera notable.


En su intervención del pasado día 31 el ministro expuso con claridad el análisis, el diagnóstico del Gobierno sobre este problema que afecta a la competitividad y a la productividad española. Por tanto, creo que no es necesario en este momento incidir más en este importante asunto. El Gobierno siempre ha participado activamente en el impulso de la red transeuropea de transportes y de todos sus corredores a su paso por España. Por eso, porque es una necesidad económica, la red transeuropea es un objetivo de primer orden, así como una herramienta esencial para impulsar la actividad económica en España y en la Unión Europea. La revisión de la política común europea -el señor Beloki hacía referencia también a ella-, que se abordará el próximo mes de junio, debe avanzar en este sentido y uno de los objetivos prioritarios, del que participa desde luego España, es precisamente el impulso del transporte ferroviario de mercancías.


En nuestro país, el Gobierno tiene claramente marcados sus objetivos y por ello, tras el extraordinario desarrollo de la alta velocidad y del transporte ferroviario de viajeros producido en los últimos años, ha promovido y acordado con las comunidades autónomas un plan para impulsar el transporte ferroviario de mercancías, que conecta nodos logísticos, que conecta puertos con la red ferroviaria, lo que permitirá, cuando su desarrollo sea ya

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una realidad, que nuestra economía gane en competitividad, en productividad y en la necesaria eficiencia energética que ahora tanto nos preocupa. En este contexto general, la moción que hoy ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco ante esta Cámara resulta especialmente oportuna. Es una muy buena oportunidad para que el Congreso de los Diputados dé un espaldarazo al corredor ferroviario atlántico, corredor que en su tramo de España a finales de 2011 estará licitado en obras o en servicio en más del 80 por ciento de su trazado general en nuestro territorio, desde la frontera portuguesa hasta el País Vasco, hasta la frontera francesa, con una inversión superior a 6.000 millones de euros, un respaldo que además -hacía referencia también el señor Beloki a ello- cuenta entre otros en este momento con un buen aliado, el Gobierno vasco.


El Gobierno vasco desde el primer semestre de 2010, coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea y aprovechando su actuación como coordinador del grupo de transportes del arco regional atlántico, ha venido desarrollando una serie de acciones de impulso del corredor ferroviario y muy especialmente la promoción de un proyecto que contempla el espacio atlántico como un eje en el que desarrollar una red ferroportuaria de transporte de mercancías que constituya una alternativa real a la carretera. Mañana, día 13 de abril, promovido como he dicho por el Gobierno vasco, se va a celebrar en Bruselas la presentación ante el Europarlamento del manifiesto del corredor ferroviario atlántico, acto en el que participarán altos cargos del Ministerio de Fomento, concretamente los directores generales de Infraestructuras Ferroviarias y de Transporte Terrestre. A él -no haré referencia porque hoy ya lo ha hecho el señor Beloki- se han adherido la mayor parte de las regiones atlánticas españolas y otros agentes y operadores del transporte. La moción presentada por el Grupo Parlamentario Vasco recoge todos estos aspectos y por eso...


El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez Barahona, debe acabar.


La señora RODRÍGUEZ BARAHONA: Por eso creemos -repito- que, además de ser oportuna, va a significar un apoyo claro y diáfano del Congreso de los Diputados a este corredor.


Quiero agradecer -con esto acabo, señor presidente- la disposición al diálogo tanto del grupo proponente como de los otros grupos, incluido el Grupo Popular. Señoras y señores diputados, muchas gracias y muchas gracias a usted, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Barahona.


Señora Buenaventura, tiene la palabra.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.


Mi grupo votará a favor de esta moción, ya que es una propuesta coherente con nuestros planteamientos de movilidad sostenible y de apuesta decidida por el transporte ferroviario frente al transporte por carretera. Pero me permitirán que haga algunas observaciones respecto al transporte ferroviario en nuestro país, y no para desmentir pero sí para llamar la atención sobre lo que dijo el señor ministro en la pasada interpelación del Grupo Parlamentario Vasco. Merece la pena recordar que el pasado 22 de marzo se conocían los datos de Eurostat sobre el transporte terrestre de mercancías en el año 2009. Como consecuencia de la crisis se redujo de manera importante la cantidad de toneladas-kilómetro de transporte en carretera y de transporte ferroviario en toda la Unión Europea, pero, atención, esta cifra muestra la debilidad del sistema de transporte de mercancías ferroviario español porque mientras el transporte en carretera caía solo un 12,8 por ciento -por debajo de la media de la Unión Europea-, el transporte de mercancías en tren caía la friolera de un 27, 9 por ciento -casi el doble que el descenso medio de la Unión Europea a Veintisiete, que fue del 17,4 por ciento-, y este descenso pronunciado del transporte por ferrocarril sería negativo en cualquier país y en cualquier caso, pero en el caso de España es aún peor, y sí lo es porque nuestra proporción de transporte de mercancías por ferrocarril es la peor de la Europa continental. Por cada tonelada-kilómetro de mercancía que se movió en el año 2009 en tren se movieron 28 por carretera. En Alemania la proporción es de 1 a 3, en Francia de 1 a 5, y en Italia de 1 a 9, mientras que en España, repito, es de 1 a 28; estamos lejos de nuestro entorno europeo.


Uno de los motivos de que haya decrecido el transporte por ferrocarril mucho más que el transporte por carretera es la decisión del Gobierno socialista de no trasponer la Directiva de la euroviñeta. Hace poco más de medio año, el pasado 15 de octubre, el Consejo de Transportes de la Unión Europea alcanzó un acuerdo para impulsar la tasa de vehículos pesados, conocida como euroviñeta, dirigida a internalizar los costes ambientales y de infraestructuras bajo los principios de que quien usa paga y quien contamina paga. El Estado español es el único miembro de la Unión Europea que no ha traspuesto esta directiva, que ya se aplica en Alemania, Austria, República Checa, Eslovaquia y Francia, dando unos muy buenos resultados que a nosotros nos podrían permitir unos ingresos de varios miles de millones de euros y que podrían destinarse al fomento de infraestructuras mucho más sostenibles y eficientes.


Todo ello hace que recibamos con simpatía el proyecto que nos proponen, el proyecto del corredor atlántico, pero por otro lado no podemos caer de nuevo en el error de querer tener contento a todo el mundo a costa de que las cosas se hagan mal. Hace menos de un mes el Gobierno presentó una apuesta estratégica -con la que nosotros también coincidimos- para el desarrollo de un modelo productivo estable y sólido como es el corredor mediterráneo; una infraestructura con una

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inversión total de más de 51.000 millones de euros, y de la que hasta el momento se han llevado a cabo solo 8.400 millones de euros. Se trata de un proyecto faraónico que con la realidad económica y presupuestaria actual difícilmente se podrá financiar en los próximos años. Por eso nosotros seguimos insistiendo en la importancia de financiar primero las infraestructuras de cercanías -esa es nuestra prioridad-, por más que también consideremos necesarios los grandes corredores ferroviarios.
Hablamos de inversiones de miles de millones de euros, pero del Plan de cercanías por ejemplo de Barcelona, con una inversión muy inferior, solo se ha ejecutado el 5 por ciento.


Hoy está muy de moda hablar de la confianza de los mercados, de la confianza de los inversores. Desde mi punto de vista si no queremos repetir las escandalosas cifras que les decía al principio del marginal transporte de mercancías por tren lo primero que necesitamos es que el sector del transporte recupere la confianza en el ferrocarril, y como dicen los ferroviarios suizos, antes de construir grandes catedrales es necesario que los fieles acudan regularmente a nuestras iglesias cada día, no sea que, como está pasando actualmente en España, nadie quiera entrar en la catedral porque no da un buen servicio para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Nuestro voto será favorable.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.


Don Pere Macias tiene la palabra.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, nuestro grupo va a votar favorablemente esta moción, como no podía ser de otra manera, porque está absolutamente de acuerdo con que se potencie este corredor. Solamente quisiera, señor Beloki, hacerle llegar una consideración: ustedes tienen la suerte de que el corredor atlántico esté incluido ya como uno de los ejes prioritarios europeos, cosa que no sucede con el corredor mediterráneo, lo cual nos lleva a los mediterráneos a tener que trabajar un poquito más. Pero como esta no es la cuestión y el apoyo de mi grupo es total a su iniciativa y al consenso al que ha llegado, me va a permitir que consuma estos cuatro minutos con algo de historia, porque esta a veces es divertida y oportuna.


Usted defiende el ancho de vía internacional. Este es un debate que en esta tribuna ha estado presente, por ejemplo, desde el 14 de marzo de 1842, cuando desde esta tribuna, discutiendo un camino por el valle de Baztán, en Navarra, el general Seoane decía: No ha habido un solo militar que no se haya opuesto a la construcción de este camino, que abre la puerta a la irrupción de un poder colosal con respecto a nosotros, y la abre quitándonos nuestras barreras naturales que la providencia nos ha dado para que nos defendamos. Seguía uno que no era militar, simplemente era diputado, el señor González de Castejón, con una frase hoy en día risible: Por ningún estilo deberían allanarse los Pirineos. Antes por el contrario otros Pirineos son los que conviene poner. Por consiguiente desde ahora para siempre consigno que me opondré como español a allanar en lo más mínimo el Pirineo, y que antes por el contrario estaré siempre por que se aumenten sus alturas y sus crestas. Y terminaba muy satisfecho: he dicho. Esto es lo que se decía en 1842, pero es que hace tan solo treinta años se producían también algunas intervenciones gloriosas. Por ejemplo, en el "Diario de Sesiones" del Congreso del año 1986 aparece en boca de un ministro de Transportes, cuyo nombre no vamos a pronunciar, pero quien quiera que lo busque, exactamente lo siguiente: El ancho de vía en nuestro país es el que es, y no lo vamos a cambiar. Yo creo que es conveniente, porque si iniciáramos una política de cambio de ancho de vías en nuestro país podríamos crear un caos de tal calibre que al final no sabríamos ni dónde están los trenes. Hace treinta años se pronunciaba esto y hace veinte años, amigo Beloki, también se decían cosas parecidas.


Asimismo hace también veinte años, en una iniciativa que defendió aquí el diputado Miquel Roca i Junyent, se decía: El ancho de vía se podrá cambiar siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias. A usted hoy el bueno del señor Simancas le ha dicho lo mismo, pero a mí me gustaría que algún día alguien tuviera en cuenta que esto es una absoluta prioridad, y que por suerte esta prioridad en estos momentos está resuelta en Cataluña. Creo que hoy han salido dos trenes por ancho internacional desde el puerto de Barcelona hasta la frontera, pero espero que puedan hacerlo también ustedes y pueda hacerlo toda España llegando desde Valencia hasta el puerto de Algeciras. Esta es una batalla ciertamente histórica, es una batalla en que estos escaños, este ilustre salón han oído frases que suenan a ridículo, pero a pesar de todo ello, señor Beloki, usted tiene que seguir haciendo intervenciones como la de hoy, que al menos cuentan con el respaldo unánime de todos los diputados.
Mi grupo que desde siempre ha sido un adalid en la defensa del ancho internacional no puede abandonarle en esta cuestión, y por tanto le ofrece nuestro voto, que es un voto por el corredor atlántico, también un voto por el corredor mediterráneo, y sobre todo un voto por el ancho de vía internacional.


Muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Señor Beloki, ¿acepta su señoría alguna enmienda para que sea votada?

El señor BELOKI GUERRA: Sí, señor presidente, acepto la enmienda 1 o la enmienda de los socialistas al punto 1, asimismo acepto la enmienda de los socialistas al punto 4 -son dos enmiendas de modificación-, y acepto también la enmienda de adición al punto 2 del

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Grupo Popular. El punto 3 queda en los mismos términos en que fue presentado.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS. (Número de expediente 121/000101.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se establecen las medidas para la protección de las infraestructuras críticas. Tiene la palabra en primer lugar don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, permítanme que en el día de hoy tenga un recuerdo para aquel 12 de abril de 1931 en el que la ciudadanía decidió enterrar al viejo régimen monárquico y hacer nacer la República. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Deseo pues manifestar públicamente desde esta tribuna nuestro homenaje a los ciudadanos y ciudadanas que protagonizaron aquellos hechos históricos, que siguen permaneciendo y conformando los ideales y los valores más modernos de libertad, democracia y justicia. Y déjenme que termine con un ¡visca la República!

Dicho esto, señorías, vamos a entrar en materia. Les anuncio que nuestro grupo parlamentario lamenta que nuestras dos enmiendas no hayan sido contempladas. Una pretendía la modificación del artículo 7, mediante el cual se reclamaba garantizar la participación de las comunidades autónomas con competencia en materia de seguridad en la elaboración del catálogo de infraestructuras críticas, y otra, una segunda enmienda, estaba concretamente relacionada con el artículo 11, mediante la cual pretendíamos que se estableciera por ley la obligatoriedad de representación de las comunidades autónomas en la Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras. Pero debo decir que es cierto que todo ello ha quedado un tanto mitigado a raíz de la incorporación de otra enmienda pactada por distintos grupos parlamentarios, que añade un punto nuevo al artículo número 4 que otorga a las comunidades autónomas la posibilidad de plantear ante el Ministerio del Interior aquellos argumentos, aquellas razones a través de las cuales deberían ser incorporadas sus peticiones en el catálogo nacional de infraestructuras estratégicas. De hecho es a raíz de esta última transaccional donde encontramos la causa a través de la cual podemos finalmente valorar positivamente aquello del proyecto de ley que no culminaba nuestras aspiraciones, aun cuando debo reconocer que aquellas dos enmiendas que de alguna manera blindaban la articulación de las comunidades autónomas en el proyecto de ley y en todo aquello que otorga a la disposición no han sido aprobadas. Como siempre nos quedamos con un sabor a medias en esta ley en todo aquello que afecta a las comunidades autónomas y a las potencialidades que tienen sus estatutos de autonomía.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Quiero también adherirme a la efeméride proclamada por el señor Tardá, si bien con dos días de antelación, salvo en el municipio de Eibar, que solo se adelante un día. (Rumores.) Desde esa perspectiva, señora presidenta -y aunque no hay ninguna conexión entre esa proclamación que muchos compartimos en esta Cámara y el proyecto de ley o las enmiendas del Senado que estamos comentando-, manifestamos nuestra satisfacción por el trabajo en el Senado, por el trabajo en el Congreso, y por haber consensuado, en relación con un proyecto de ley importante como la relación de las infraestructuras críticas, las determinaciones que desde las perspectivas...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señor Olabarría.


Señorías, el ruido del micrófono no es música de fondo; es para pedirles por favor que respeten el turno del orador, porque no hay manera de entenderle.


Continúe, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Como le decía, quiero manifestar nuestra satisfacción por el buen resultado final, tanto en el debate en el Congreso y la proclividad al consenso, manifestada sin ninguna excepción por todos los grupos parlamentarios, como en el Senado donde solo se ha incorporado una enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió que vamos a aceptar, en tanto en cuanto que en la determinación del catálogo de infraestructuras críticas también han de ser objeto de consideración las propuestas realizadas por las comunidades autónomas competentes en la materia. Esto supone dos cosas -y con esto acabo mi intervención, señora presidenta-, primero, que se respetan los títulos competenciales autonómicos, y segundo, que se anudan a estos títulos competenciales autonómicos -a efectos de la determinación de las infraestructuras críticas- las competencias de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o de policías de carácter integral que no forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de las actuaciones que dimanan de la determinación de una infraestructura crítica. Quiero manifestar nuestra

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plena satisfacción con el contenido final del proyecto de ley, con la enmienda del Senado, que a pesar de la utilización de un tiempo verbal diferente al que se aprobó en el Congreso, no pervierte o no prostituye el contenido del proyecto de ley, y quiero indicar a todos los compañeros de la Cámara que esta es la vía a seguir, la vía del consenso, la vía de la comprensión, la vía de la integración de distintas sensibilidades, aunque sea en una ley de naturaleza tan específica, tan sectorial y tan técnica como la que estamos planteando, lo cual no quiere decir que no sea una ley relevante y terriblemente importante para el funcionamiento del Estado desde la perspectiva de las infraestructuras críticas.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría. (Rumores.)

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem. Señorías, por favor.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Convergència i Unió va a votar favorablemente la única enmienda que llega del Senado al proyecto de ley de infraestructuras críticas, que es una enmienda consistente en la inclusión de un nuevo apartado 2 al artículo 4 del proyecto, que se refiere al catálogo de infraestructuras estratégicas y críticas. Vamos a votarlo con satisfacción ya que el texto finalmente aprobado en el Senado atiende transaccionalmente a una enmienda que presentó mi grupo parlamentario en esta Cámara, aunque hay que decir que aquí tuvo poco éxito. Es una enmienda que tiene una naturaleza compentencial, que posibilita y visualiza que el catálogo nacional de infraestructuras estratégicas y críticas incluya las propuestas que hagan al respecto las comunidades autónomas que tienen competencias estatutariamente reconocidas para la protección de personas y bienes. Es cierto que la literalidad de nuestra enmienda iba en un sentido más rotundo, con una redacción imperativa de que la propuesta de esas comunidades autónomas fuera vinculante, y que debiera en todo caso incluirse en el catálogo, mientras que la redacción transaccionada apunta más bien -tal y como reza en la propia nota en la que se explica el contenido de las modificaciones sufridas por el proyecto en el Senado- a la posibilidad de que se incluyan. En todo caso nos alegramos de que el buen trabajo de mi compañero de grupo parlamentario, el senador Josep Maldonado, haya fructificado con la introducción en el texto de esta enmienda, y consideramos que el que se incorpore en el texto de la ley y de esta manera se visualicen las competencias de las comunidades autónomas, en orden a la clasificación de infraestructuras, es un paso adelante para que la ley articule de manera adecuada al reparto competencial existente entre el Estado y las comunidades autónomas la respuesta en materia de protección de infraestructuras críticas.


Hoy finaliza pues el trámite parlamentario de este proyecto de ley que traspone la Directiva 2008/114/CE del Consejo, y también da respuesta a la ausencia que había hasta ahora en España de una normativa con rango de ley que clarifique responsabilidades y obligaciones de los distintos actores implicados en la protección de infraestructuras críticas.
Convergència i Unió se reconoce en el texto de la ley. Presentamos ocho enmiendas, de las cuales siete -unas de manera literal y otras de manera transaccionada- fueron ya aceptadas en el trámite en esta Cámara, y finalmente la única enmienda que no fue aceptada viene hoy transaccionada desde el Senado. Por tanto, señora presidenta, reitero nuestro voto afirmativo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Márquez de la Rubia.


El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Popular respecto de las enmiendas del Senado en la tramitación de este proyecto de ley.
Quiero comenzar diciendo que la posición del Grupo Popular en esa tramitación ha sido extremadamente responsable en aras del consenso y de lo que esta materia suponía: protección de personas y de bienes, seguridad y orden público. De eso se trata en esencia en este proyecto: dotarnos a todos de un sistema que garantice la adecuada protección de un conjunto de infraestructuras que, por unas u otras razones, son vitales para el correcto desenvolvimiento de la vida ciudadana. Por tanto la ley establece un sistema en el cual los titulares de infraestructuras deben disponer de sus medios de protección. Los titulares se agrupan de manera sectorial en centros públicos que ejercen la labor de coordinación, y sobre todos ellos se contempla un gran centro de coordinación nacional en el más alto nivel de la Administración del Estado, en concreto en el Ministerio del Interior. Este ha sido el modelo elegido, señorías, por todos los países de la Unión Europea, y este es el modelo elegido también por nuestro país. Era y es vital y esencial en la tramitación no perder el enfoque del sistema. Esa ha sido una preocupación permanente del Grupo Popular a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Desde el primer momento creímos que era necesario respetar, incorporar e integrar nuestro modelo competencial y territorial constitucional, era necesario que no se viera distorsionado. Pero de igual forma era necesario que no se interfiera en el esencial enfoque de esta materia desde el punto de vista de la seguridad integral; concepto este que trasciende a límites geográficos, límites físicos o competenciales, y que si queremos realmente contribuir con el nuevo sistema a una reducción de la vulnerabilidad

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frente a actos terroristas o criminales esta contribución tenía que venir garantizada por el refuerzo de la coordinación desde el Ministerio del Interior, sin una replicación automática -que sería poco productiva y de escaso recorrido- de organismos, centros, estructuras o incluso atribuciones. En cualquier caso, señorías, creemos que la transacción de todos los grupos del Senado para poder incorporar la enmienda presentada por Convergència i Unió ha sabido acertar encontrando el equilibrio justo entre atribuciones competenciales territoriales y la necesaria dirección y coordinación centralizada en una materia de seguridad como la que estamos tratando.


Hay que decir que en principio el Grupo Popular se oponía a la posibilidad de que las propuestas de las comunidades autónomas se incluyeran de forma automática en el catálogo nacional de infraestructuras críticas. Esta oposición se basaba en que de ser así, en el automatismo se perdería el criterio último de dirección y de selección en función de criterios integrales, criterios globales, y se estaría por tanto debilitando la fortaleza esencial del sistema. Y ello además porque las comunidades autónomas con competencias en materia de protección de personas y bienes, competencias en materia de mantenimiento del orden público ya participaban... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: ... en el proceso de declaración de una zona como crítica, en la aprobación del plan de apoyo operativo, y en las reuniones del grupo de trabajo interdepartamental. También ellas son miembros de la Comisión Nacional de Protección e Infraestructuras Críticas, tal y como se establece en el artículo décimo de la ley. Decía que todos los grupos en el Senado habían sabido acertar transaccionando la propuesta de Convergència i Unió para hacer que las comunidades autónomas con competencia en protección de personas y bienes puedan proponer la inclusión en el catálogo, permaneciendo la competencia y por tanto la responsabilidad de la decisión de admitirlas o no en manos del Ministerio del Interior. Esta es una postura que el Grupo Popular en esta Cámara ya mantuvo en su trámite en Comisión para modificar la enmienda 32 en términos similares a como se formula en este momento.


Para terminar, como he dicho al comienzo de mi intervención, el Grupo Popular va a votar favorablemente la enmienda transaccionada por todos los grupos en el Senado, y de igual forma que ya hizo en esta Cámara y en aras del mantenimiento del consenso, de la unanimidad en esta tramitación, vamos a votar favorablemente al conjunto de la ley. Es una postura favorable en aras, como he dicho, de garantizar el necesario consenso en una materia tan trascendental como esta, y que aspira en definitiva a garantizar mejor la seguridad de todos.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


El señor Bar Cendón tiene la palabra.


El señor BAR CENDÓN: Gracias, señor presidente.


Señorías, dijo en una ocasión el canciller alemán Konrad Adenauer que la historia es la suma total de todas aquellas cosas que se hubieran podido evitar, y nada mejor que esta cita para explicar en qué consiste y cuáles son las pretensiones de esta ley, porque precisamente de lo que se trata es de ponérselo más difícil, de restar al máximo sus posibilidades a quienes pretenden acceder a las páginas de la historia de la forma más abyecta. Se trata de una ley para intentar evitar que haya más capítulos en la historia de los que quisiéramos algún día relatar. No es un objetivo sencillo; las amenazas que se ciernen hoy en día sobre los Estados y sobre el bienestar ciudadano son cada vez más complejas y diversificadas. Podemos afirmar que el escenario de la seguridad mundial ha cambiado drásticamente en la última década, y sin duda el 11 de septiembre de 2001, así como para nosotros el 11 de marzo de 2004, marcaron dramáticos puntos de inflexión en este nuevo panorama.


Señorías, aunque pueda parecer paradójico, algunos de los elementos que más han contribuido a nuestro bienestar, como son la revolución tecnológica, el aumento exponencial de los medios de transporte, la facilidad de los flujos de la información y la comunicación, y en suma la globalización, vienen a ser también los mismos elementos que pueden hacernos más vulnerables. Esto se debe a que nuestra sociedad, nuestra actividad económica, y nuestras vidas cotidianas han ido generando una enorme dependencia de servicios cuya mera perturbación puede llegar a desencadenar daños de incalculables consecuencias. Pero al mismo tiempo los servicios más esenciales se sustentan en un complejo sistema de infraestructuras casi siempre interconectadas, de modo que si se interrumpen o se destruyen pueden ocasionarse efectos en cadena que multiplican la gravedad de los daños y su extensión en cuanto a la población. Por eso conocer a fondo y catalogar nuestros puntos de vulnerabilidad con una nomenclatura común es un paso imprescindible para la reducción del riesgo. Los pasos siguientes son lógicamente los de establecer los sistemas de protección y los instrumentos para planificar la prevención, y en su caso de asistencia, minimización, y pronto restablecimiento del daño causado. Es esto consiste básicamente la ley que por cierto habrá de tener un rápido desarrollo reglamentario por parte del Gobierno.


Hay que decir que no es algo completamente novedoso, ya que lógicamente la preocupación nos viene de lejos. Así en 2007 se aprobó el primer Plan nacional de protección de infraestructuras críticas y la elaboración de un primer catálogo nacional de infraestructuras estratégicas con el que ya se había dado un gran impulso de cobertura preventiva. Sin embargo de lo que ahora se trata es de trasponer por mandato del Consejo de la

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Unión Europea una directiva aprobada en diciembre de 2008 sobre esta misma materia.


Señorías, precisamente en los días en los que discutíamos esta ley entre los ponentes, antes de llegar a la Comisión que la aprobó por unanimidad, se cumplía el 7º aniversario de los atentados del 11 de marzo, y este recuerdo no ha dejado de presidir implícitamente los debates de esta y de otras materias análogas hasta ganar el consenso con que finalmente se aprobó. Hubo vocación de unanimidad desde el primer día, aunque se trataba de un proyecto que tenía su complejidad técnica y que tocaba ámbitos competenciales y de responsabilidad que afectaban a distintas administraciones e intereses, tanto públicos como privados, así como a distintos cuerpos policiales. Lo obligado entonces era hacer una redacción de amplia cabida que no descendiese a una pormenorización reglamentaria y que, estableciendo con nitidez las competencias del Estado, diese no obstante margen a la participación correspondiente de las administraciones autonómicas, en especial de aquellas que tienen competencias en materia de protección de las personas y bienes y de mantenimiento del orden público. Así pues, tras un buen debate sobre las enmiendas presentadas y con gran flexibilidad y generosidad por parte de todos los grupos, se alcanzó en la Comisión de Interior un voto por unanimidad al dictamen. El mismo voto unánime a la totalidad se alcanzó luego en el Senado, aunque con la incorporación de una sola enmienda también aceptada por unanimidad tras su transacción por nuestro grupo.
Por todo ello, nuestro grupo pide el voto favorable a dicha enmienda incorporada en el Senado y consecuentemente a la totalidad del proyecto de ley. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor BAR CENDÓN: Por último, no podría concluir mi intervención sin expresar mi felicitación y agradecimiento a todos los grupos y ponentes tanto por el acuerdo alcanzado como por el clima de trabajo mantenido.
Trabajo intenso, conjunto, discreto y en consenso es lo que siempre debiera presidir toda política contra el terrorismo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, votaremos dentro de tres minutos. (Pausa.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA INCLUSIÓN DE LA DISOLUCIÓN DE MATRIMONIOS CON EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES EN LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. (Número de expediente 122/000248.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones. Por favor, cierren las puertas. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular relativa a la inclusión de la disolución de matrimonios con el régimen de separación de bienes en la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 155; en contra, 178; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS. (Número de expediente 162/000828.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre la seguridad de las centrales nucleares. Se ha presentado una transaccional.
¿Algún grupo se opone a que se tramite la transacción? (Pausa.) Procedemos a su votación en los términos de la transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 183; abstenciones, 155.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE UNA ESTRATEGIA DE AUSTERIDAD DEL CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 162/000813.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular sobre la puesta en marcha de una estrategia de austeridad del conjunto de las administraciones públicas. Se votan separadamente los cuatro puntos.
Votos al número 1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 143; en contra, 193; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 2.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 143; en contra, 193; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 143; en contra, 193; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 144; en contra, 193; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA COMPLEJIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONLLEVA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DESTINADOS A LA AGRICULTURA. (Número de expediente 173/000204.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la complejidad administrativa que conlleva el registro de productos fitosanitarios destinados a la agricultura. Se ha presentado una transaccional. ¿Se opone algún grupo a su tramitación? (Pausa.) Procedemos a su votación en los términos de la transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 337; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LA PÉRDIDA DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS POR LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA Y EL ELEVADO NIVEL DEL DESEMPLEO. (Número de expediente 173/000205.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para paliar la pérdida de bienestar de las familias españolas por los efectos de la crisis económica y el elevado nivel de desempleo. Ha pedido el grupo proponente votación separada de sus seis puntos.


Punto 1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 155; en contra, 182; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 155; en contra, 183.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 153; en contra, 183; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 159; en contra, 177; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 338.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Punto 6.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 326; abstenciones, 12.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A IMPULSAR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE AL INCREMENTO DEL DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000206.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para hacer frente al incremento del desempleo de larga duración. A petición del grupo proponente se votan separadamente los nueve puntos.


Votamos el punto 1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 148; en contra; 172; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 147; en contra, 175; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 157; en contra, 174; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 145; en contra, 176; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 145; en contra, 175; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 6.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 154; en contra, 177; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 7.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 155; en contra, 177; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 8.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 155; en contra, 177; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 9.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 144; en contra, 177; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LOS PLANES DEL GOBIERNO EN TORNO AL CORREDOR FERROVIARIO ATLÁNTICO. (Número de expediente 173/000207.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Vasco sobre los planes del Gobierno en torno al corredor ferroviario atlántico. Se vota con la enmienda del Grupo Popular al punto 2 y del Grupo Socialista a los puntos 1 y 4, y el resto en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 336; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS. (Número de expediente 121/000101.)

El señor PRESIDENTE: Enmienda del Senado al proyecto de Ley por el que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 334; en contra, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las ocho y veinte minutos de la noche.

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