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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 235, de 29/03/2011
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2011 IX Legislatura Núm. 235
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 223
celebrada el martes, 29 de marzo de 2011


ORDEN DEL DÍA:

Exclusión en el orden del día ... (Página 4)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo), sobre el desarrollo del sistema aeroportuario en el marco ultraperiférico de Canarias. (Número de expediente 172/000243.) ... (Página 4)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de los profesionales sanitarios, para regular un procedimiento excepcional de acceso al título de médico especialista y de farmacéutico especialista. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 275-1, de 1 de octubre de 2010. (Número de expediente 122/000247.) ... (Página 5)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control de comercio exterior de material de defensa y doble uso. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 92-1, de 25 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000078.) ...
(Página 10)

Página 2


Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de medidas de fomento y apoyo que promuevan la diplomacia económica. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 543, de 18 de marzo de 2011. (Número de expediente 162/000816.) ...
(Página 17)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cumplimiento de la sentencia que obliga al ministro del Interior a cumplir la legalidad en los nombramientos del Cuerpo Nacional de Policía. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 539, de 11 de marzo de 2011. (Número de expediente 162/000805.) ... (Página 22)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los criterios de actuación del Gobierno respecto a la situación financiera que presentan las comunidades autónomas en relación con la suficiencia y transparencia del actual modelo de financiación autonómico. (Número de expediente 173/000202.) ... (Página 26)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez), sobre los cambios a adoptar en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes. (Número de expediente 173/000203.) ... (Página 31)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 36)

Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 37)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 37)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Exclusión del orden del día ... (Página 4)

El señor presidente somete a la Cámara la exclusión del orden del día del punto 27, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo), sobre el desarrollo del sistema aeroportuario en el marco ultraperiférico de Canarias, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)

De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV) de modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de los profesionales sanitarios, para regular un procedimiento excepcional de acceso al título de médico especialista y de farmacéutico especialista ... (Página 5)

Defienden conjuntamente la toma en consideración de la proposición de ley el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Sanz Carrillo, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control de comercio exterior de material de defensa y doble uso ... (Página 10)

Página 3


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Suárez González, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de Ley ... (Página 17)

Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de medidas de fomento y apoyo que promuevan la diplomacia económica ... (Página 17)

Defiende la proposición no de ley el señor Larrosa Piqué, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Díez González y el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Larrosa Piqué.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cumplimiento de la sentencia que obliga al ministro del Interior a cumplir la legalidad en los nombramientos del Cuerpo Nacional de Policía ... (Página 22)

Defiende la proposición no de ley el señor Cosidó Gutiérrez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Cosidó Gutiérrez.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 26)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los criterios de actuación del Gobierno respecto a la situación financiera que presentan las comunidades autónomas en relación con la suficiencia y transparencia del actual modelo de financiación autonómico ... (Página 26)

Defiende la moción el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y Tomé Muguruza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Ridao i Martín.


Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez), sobre los cambios a adoptar en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes ...
(Página 31)

Página 4


Defiende la moción la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Díez González.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 36)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV) de modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de los profesionales sanitarios, para regular un procedimiento excepcional de acceso al título de médico especialista y de farmacéutico especialista, se aprueba por 334 votos a favor y uno en contra.


Sometida a votación la toma en consideración del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control de comercio exterior de material de defensa y doble uso, se rechaza por 12 votos a favor y 323 en contra.


Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 37)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de medidas de fomento y apoyo que promuevan la diplomacia económica, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 321 votos a favor, tres en contra y 11 abstenciones.


Sometidos a votación separada los dos puntos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cumplimiento de la sentencia que obliga al ministro del Interior a cumplir la legalidad en los nombramientos del Cuerpo Nacional de Policía, se aprueba el punto 1 y se rechaza el punto 2.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 37)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los criterios de actuación del Gobierno respecto a la situación financiera que presentan las comunidades autónomas en relación con la suficiencia y transparencia del actual modelo de financiación autonómico, se aprueba por 193 votos a favor, uno en contra y 141 abstenciones.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto, Sra. Díez, sobre los cambios a adoptar en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes, se rechaza por un voto a favor, 188 en contra y 145 abstenciones.


Se suspende la sesión a las siete y cuarenta minutos de la tarde.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PERESTELO), SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA AEROPORTUARIO EN EL MARCO ULTRAPERIFÉRICO DE CANARIAS. (Número de expediente 172/000243.)

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, deseo someter a la consideración de la Cámara la exclusión del punto número 27 correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Perestelo, sobre desarrollo del sistema aeroportuario en el marco ultraperiférico de Canarias. ¿Es así, señor Perestelo? (Asentimiento.) ¿Acuerda la Cámara su exclusión? (Asentimiento.) Queda aprobada la exclusión.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS, PARA REGULAR UN PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE ACCESO AL TÍTULO DE MÉDICO ESPECIALISTA Y DE FARMACÉUTICO ESPECIALISTA. (Número de expediente 122/000247.)

El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día. Proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco, de modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de los profesionales sanitarios, para regular un procedimiento excepcional de acceso al título de médico especialista y de farmacéutico especialista. Para su defensa tiene la palabra don Mario Mingo.


El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, presidente.


Señorías, subo a la tribuna en representación del Grupo Parlamentario Popular para defender una proposición de ley que hemos firmado conjuntamente todos los grupos de la Cámara, con la excepción del grupo que defiende al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista, al que desde ahora mismo y antes de empezar el debate le pido que se sume a este empeño que tenemos todos los grupos parlamentarios, y que no viene de ahora, sino que viene desde hace ya dos o tres años. Nos trae aquí el empeño de dar solución de una vez por todas al problema de los médicos especialistas sin titulación oficial, los denominados mestos, así como a los festos, farmacéuticos especialistas sin titulación oficial.


Señorías, entre 1980 y 2005 la diferencia entre el número de licenciados en medicina que salían cada año de las facultades y el número de las plazas MIR que se convocaban generó una bolsa de algo más de 50.000 médicos, que se quedaron sin poder acceder a la única vía de formación médica especializada que contemplaba nuestro ordenamiento jurídico.
Cuando durante la década de los ochenta el Estado fue transfiriendo las competencias sanitarias a autonomías como Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias o la Comunidad Valenciana, estas comunidades autónomas se encontraron con que la restrictiva oferta que hacía el Estado en materia MIR no les proporcionaba suficientes facultativos para cubrir las necesidades estructurales sanitarias del país. Por eso los servicios autonómicos de salud optaron por formar y por utilizar a otros profesionales fuera del sistema MIR, dando lugar a los mestos. Fue algo que también ocurrió con los farmacéuticos hospitalarios a muchos de los cuales se les formó fuera del modelo FIR, y a los que se denominó festos.
Son médicos y farmacéuticos que han ejercido durante años como especialistas, y que han cobrado como especialistas, pero que no cuentan con la titulación oficial. Algo similar ha ocurrido en la última década con los psicólogos clínicos, a los que se ha denominado pestos y que desde luego a lo largo de la tramitación parlamentaria de la ley deberemos dar cobertura.


Visto desde fuera, señorías, pueden pensar que si estos profesionales pueden trabajar y cobrar como especialistas, qué más da que tengan un título. Lo cierto es que sí es importante, y no solo por una razón de seguridad jurídica, sino porque -por citar solo un par de ejemplos- no tener el título impide su movilidad como especialista en todo el ámbito nacional, su acceso al ejercicio de dicha especialidad en otra comunidad autónoma, o acreditar dicha especialidad cuando tienen que publicar un trabajo en una revista científica. Conscientes de esa problemática, tanto el Gobierno socialista como el Gobierno popular articularon en los años 1994 y 1999 sendos procesos excepcionales que venían a solucionar el problema de la inmensa mayoría de estos profesionales. Sin embargo no todos pudieron solucionar esos problemas. Un alto número de médicos se quedaron fuera del proceso por no poder cumplir todos los requisitos, unos porque no tenían la experiencia suficiente, y otros por no haber podido completar un ejercicio profesional equivalente al 170 por ciento del periodo de formación MIR. La asociación de mestos los cuantifica en 2.000. El Gobierno, en sendas respuestas a la diputada portavoz de Sanidad de Convergència i Unió, la señora Tarruella, y a mí mismo, los cuantifica en 1.000, teniendo en cuenta que no tiene datos de siete comunidades autónomas. Sean 1.000 o sean 2.000 hay que darles solución.
Lo creemos ahora y lo creíamos en 2008 cuando la Comisión de Sanidad aprobó por unanimidad una proposición no de ley instando al Gobierno a cuantificar el número de festos y de mestos existentes en un plazo de seis meses y a regularizar la situación.


Señorías, el Gobierno y el Ministerio de Sanidad no han sabido o no han podido arreglar esta situación y esgrimen distintos argumentos. Uno de ellos es la posibilidad de sanción por parte de la Unión Europea. Este argumento cae por su propio peso porque no hay ninguna directiva europea que impida la repetición de una prueba para que estos médicos puedan acreditar su experiencia y conocimiento de la especialidad, y poner fin de una vez por todas a una situación de irregularidad. Cada país tiene potestad para tomar esta decisión, y la única obligación que tenemos con la Unión Europea es la de informarles. Les recuerdo que en nuestro país vecino, Francia, hay 70.000 médicos generales, de los cuales se han homologado 40.000, y el proceso sigue abierto hasta finalizar este año 2011 sin que la Unión Europea ponga objeción alguna.


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Señorías, la reiterada negativa del Gobierno ha hecho que todos los grupos parlamentarios hayamos querido acordar una proposición de ley que venga a solucionar el problema de una vez. Hemos buscado asesoramiento legal para no hacer ninguna intervención que pudiera traer dificultades desde un punto de vista legal, y he de decir que los informes legales, los informes de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en su sentencia del 17 de junio de 2003, y la regulación de las distintas directivas europeas nos permiten de una manera clara y diáfana poder solucionar el problema.


Señorías, voy concluyendo. Urge dar cobertura legal a la situación de estos médicos, farmacéuticos y psicólogos clínicos. La mayor parte de los grupos de esta Cámara está de acuerdo. La intervención del secretario general de Sanidad esta mañana en la Comisión de Sanidad iba por ese mismo camino. Lo está reclamando la práctica totalidad de las organizaciones médicas. Estamos hablando de profesionales que tienen una amplia experiencia profesional, que están ejerciendo su especialidad con los enfermos de todo el país, que están dando un resultado estupendo al Sistema Nacional de Salud, y que ven cómo día a día los medios de comunicación y los responsables y gerentes de las distintas comunidades autónomas nos dicen que tenemos problemas de médicos. Se muestran atónitos, como la mayor parte de los miembros de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, al ver que el 45 por ciento de las personas y profesionales que se acercan a hacer la prueba MIR son extracomunitarios. Ese es un doble rasero difícil de comprender. Por tanto, señorías, estarán conmigo en que tenemos ante nosotros una reivindicación que es lícita, y que además es posible desde el punto de vista legal. Por eso nos hemos puesto de acuerdo y por eso invitamos al Grupo Parlamentario Socialista a que se incorpore a la aprobación de esta proposición de ley. Lo que debatimos hoy, señorías, es si existe o no voluntad política para dar solución de una forma definitiva a este problema que afecta a más de 2.000 profesionales de la sanidad en este país, invitándoles a que compartamos en conjunto este modelo, y así podamos dar vía libre a que esta proposición de ley vea la luz en los próximos meses para solucionar definitivamente este problema.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mingo.


Tiene la palabra doña Concepcio Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, tras la intervención del portavoz del Grupo Popular, que ha hecho una magnífica defensa de esta proposición de ley firmada por la mayoría de los grupos parlamentarios, mi grupo quiere añadir y explicar un poco más la necesidad de regular a esta cantidad de médicos y especialistas sin titulación reconocida que están ejerciendo de una manera magnífica en nuestro Sistema Nacional de Salud como especialistas.
No voy a volver a recordar la historia que consta en la exposición de motivos de esta proposición de ley, ya que lo ha hecho el portavoz del Grupo Popular. Lo venimos arrastrando desde principios de los años ochenta y creemos que actualmente la cantidad de médicos sin titulación reconocida viene a ser de 2.000 aproximadamente. El número exacto lo sabremos cuando se abra una convocatoria y se presenten a la misma todos estos especialistas que están pendientes y con ganas de regular su situación.


Desde que el Grupo Parlamentario Catalán (Con-vergència i Unió) me encargara hacer de portavoz en la Comisión de Sanidad esa fue una de las primeras propuestas que presentamos en Comisión. Sé que en otras legislaturas se ha ido trabajando y que este tema ha salido continuamente en este Congreso, en comisiones o en Pleno, pero en 2008 -repito- nuestro grupo ya presentó una proposición no de ley, que después, con una enmienda transaccional del Partido Socialista, se aprobó por unanimidad, donde se instaba al Gobierno a hacer un estudio sobre a quiénes afectaba y qué primeros pasos podíamos dar para regularizar a todos estos especialistas, médicos especialistas -repito- sin titulación profesional, así como a los farmacéuticos especialistas de formación hospitalaria no reconocidos. A estas dos profesiones hoy en día tendremos que añadir también la de psicólogo especialista, antes de que saliera su especialidad clínica, su especialidad sanitaria, a quienes también se les debe reconocer su título.


Pero vamos a centrarnos en esta proposición de ley. Esta proposición de ley viene motivada, como hemos dicho, a raíz de la primera proposición no de ley de 2008, de preguntas parlamentarias en 2009, de preguntas parlamentarias escritas y orales en Comisión en 2010, y del compromiso del secretario general de Sanidad en Comisión de ver si era posible esta regularización. Nos encontramos ahora aquí con esta proposición de ley conjunta de varios grupos para ver si por fin podemos llegar al final de esta regulación, que es de justicia para todos estos buenos profesionales que están ejerciendo en nuestro país. Hoy en la Comisión de Sanidad el secretario general ha dicho que no es importante lo que cueste y lo que se tarde en conseguir una solución, siempre que se vea este final. Creo que hoy estamos ya en el principio de ese final. Con esta proposición de ley que someteremos a votación y que esperamos del Partido Socialista que se sume a ella, porque creemos que es importante y necesaria, esperamos encontrar la recta final.


El real decreto del año 1999 afirmaba que el acceso al título de médico especialista era excepcional y por una sola vez, pero esto no constituye ningún obstáculo a la regulación de un nuevo proceso excepcional de acceso. Diferentes informes jurídicos pedidos por estos profesionales, por estos mestos, así lo avalan. Excepcional significa simplemente que no es un proceso ordinario y

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alternativo al de la residencia para acceder a la especialidad. La nueva regulación no pretende establecer este carácter ordinario y alternativo, lo único que pretende es resolver un concreto problema histórico. Por otro lado la Unión Europea solo da las pautas generales, las directivas o las directrices de armonización de títulos para los Estados miembros, siendo estos soberanos en el procedimiento -diferente en cada país- y en la decisión del otorgamiento de los mismos. Los mestos, los festos, y los psicólogos especialistas sin titulación reconocida solo piden demostrar que su formación y su ejercicio profesional cumple con dichas directivas, y están dispuestos, como se hace con los extracomunitarios, si hace falta a una formación complementaria, porque ellos quieren cumplir con todos los requisitos, y así no cabe desde nuestro punto de vista sanción alguna de Europa.


Señorías, realmente es importante y es de justicia reconocer por una vez esta disposición transitoria que pedimos que se haga para poder reconocer a estos médicos especialistas. Es un artículo único lo que ponemos. Esta disposición transitoria es para regular un procedimiento excepcional de acceso al título de médico especialista y farmacéutico especialista, al que ya anunciamos que añadiremos el de psicólogo especialista, para que sea posible cumplir, aprovechar y hacer justicia con toda esta gran cantidad de buenos profesionales que hoy en día están trabajando en nuestro sistema sanitario, que han estado ayudando y formando a los actuales especialistas, y que creemos que se les debe esta consideración desde hace ya muchos años. Señorías, esperamos contar también con el apoyo del Partido Socialista. Nos gustaría que esta proposición de ley fuera aprobada por unanimidad, motivo por el que hemos firmado también esta proposición de ley conjunta con el resto de los otros grupos.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.


Presentamos esta proposición de ley en conjunto casi todos los grupos de la Cámara con el único y exclusivo objetivo de dar solución a un problema existente; o dicho de otra manera, para proponer a esta Cámara un cambio legislativo que permita dar fin a un problema de un colectivo profesional médico generado a partir de una situación concreta. No hace falta repetir los argumentos que los grupos que me han precedido han esgrimido en esta tribuna, porque ni hay nada oculto ni hay nada confuso. Por lo tanto, como dice la frase latina esto brevis et placebis, sé breve y agradarás; bueno, o no, pero por lo menos yo mantengo la parte objetiva de sé breve, esto brevis. La proposición de ley dice lo que dice y no pretende dejar puertas abiertas a subterfugios ni a reinterpretaciones. Hay un colectivo de médicos que está viviendo una situación anómala debido a que en su día no se supo dar respuesta a todas las necesidades sanitarias, y en consecuencia tenemos la realidad que tenemos: un colectivo de médicos que han ejercido la especialidad sin tener el título correspondiente para ello, pero por motivos ajenos a su voluntad. Mi grupo, no ahora, siempre, ha defendido que esta era una cuestión que el Gobierno central debía solucionar. La verdad es que no ha sabido hincarle el diente aduciendo diferentes razones, pero el problema ha persistido. Como ha dicho el compañero Mario Mingo, ha habido varios intentos, pero todavía ha quedado una bolsa remanente o gente que ha quedado fuera de esos intentos.


Podemos discrepar sobre el origen de la problemática, sobre si se tenía que haber llegado a esta situación y cómo ha sido posible que se haya hecho la vista gorda a esta situación que complicaba las cosas. Hay informes que acreditan que la proposición de ley que hoy traemos a esta Cámara es posible, es factible, tal y como se ha dicho, que acredita esa posibilidad. Como vasco debo decir que estoy muy orgulloso de la capacidad que nuestras instituciones han tenido de crear un sistema sanitario propio, que ha sido pionero y vanguardista, tanto a nivel europeo como estatal en muchas áreas y en muchos aspectos. Pero eso ha sido posible porque hemos tenido que adecuar los recursos existentes a las necesidades que teníamos, incluidos los recursos humanos. Creo que la revisión de esta situación ha de venir desde el origen. La situación de ausencia de médicos es patente, y en algunas especialidades todavía lo es más. Estamos creando cribas excesivas en la universidad pública para el acceso, y después estamos importando licenciados, que en algunos casos es difícil acreditarles y que además pueden estar descapitalizando a su vez los sistemas sanitarios de sus países de origen, que a veces están más necesitados que el nuestro mismo. No solo se ha de solucionar la punta del iceberg que sobresale, miremos también a lo que está debajo del agua y que muchas veces origina la mayoría de los problemas.


Quizá no deberíamos haber llegado a este punto, pero estamos en él y hay que darle una solución. Esta no es la mejor, pero es la que hemos consensuado la mayoría de los grupos; todos con el mismo objetivo e interés: el de solucionar la problemática de los mestos, festos, y también pestos. Parece ser que el mayor escollo puede estar en si se salva lo que dicta la Directiva 2005/36/CE, pero tal y como refleja la exposición de motivos de esta proposición de ley la sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de junio de 2003, parece que no ofrece contradicción abierta.


En definitiva, y para finalizar, creo que otros diputados han esgrimido argumentos de peso para solucionar este problema, que no voy a volver a reiterar porque dichos quedan y en el "Diario de Sesiones" así constarán.
No se puede mantener una situación irregular. Por tanto

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démosle una solución a esta situación irregular ¿Que hay otros colectivos con otros problemas? Por supuesto. ¿Que incluso pueden ser mayores o más importantes? Puede que también, pero eso no es óbice para que le demos solución a este en concreto. Por tanto mi grupo como proponente que es apoyará e intentará que con esta solución que proponemos a esta Cámara se solucione, de una vez por todas, la situación de este colectivo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Tiene la palabra don José Luis Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Señorías, intervendré brevemente para explicar en primer lugar que el Grupo Mixto ha retirado la firma a esta iniciativa exclusivamente por razones de técnica parlamentaria. En función del no cumplimiento de cupos o acumulación de cupos el Grupo Mixto es plural y necesita más espacio para poder desarrollar esta actividad, y unir esta firma indudablemente hacía perder turno al resto de partidos, pero no presupone en absoluto la posición de cada partido del Grupo Mixto en relación con la iniciativa.
Concretamente Coalición Canaria va a apoyarla, nos parece necesaria, y compartimos ese criterio que ha planteado en la última intervención el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. El problema que se plantea con los mestos no es diferente al problema del acceso a la carrera de medicina; son los problemas que seguimos planteando hoy a un estudiante que quiere hacer medicina, que tiene vocación de médico, y sin embargo mantenemos planteamientos arcaicos como la nota en exclusiva y el númerus clausus como fórmula de acceso a las plazas que existen de medicina.
Después cuando desarrollamos los servicios públicos, cuando las competencias de sanidad han sido transferidas a las comunidades autónomas, cuando se incrementa la prestación de servicios, nos encontramos con que en las comunidades autónomas no existen profesionales y hay que traerlos de otros lugares, como bien decía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, muchas veces descapitalizando esos territorios de profesionales que quizá necesitan tanto como nosotros. Es un tema que hay que estudiar en profundidad, es un tema puntual el que se trae hoy en esta proposición de ley; creemos que hay que resolverlo, pero quizá haya que entrar en profundidad en el acceso a la carrera de medicina para posibilitar su entrada a muchos jóvenes que tienen vocación, pero que por cualquier circunstancia que le puede pasar a cualquier chico en esa etapa previa a su entrada a la universidad o cualquier otro problema no tiene esa nota suficiente para poder acceder a esas escasas plazas que se ofertan, y luego nos encontramos, como digo, con que no tenemos médicos ni profesionales para contratar en nuestros servicios sanitarios. En definitiva, Coalición Canaria va a apoyar esta iniciativa, creemos que es coherente, y mantenemos ese voto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Tiene la palabra don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, nuestro Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds somos también firmantes de esta iniciativa, que no pretende otra cosa que regularizar la situación en cuanto a reconocimiento de titulación de médicos, farmacéuticos y psicólogos que hoy están ejerciendo una especialidad, pero que no la tienen reconocida como tal. Por tanto, en relación con esta materia no estamos hablando de unos profesionales que van a desempeñar una especialidad gracias a esta titulación, sino de unos profesionales que ya desempeñan esta especialidad, y de lo que se trata es de reconocerles su trabajo y su formación; esa es la cuestión que hoy traemos aquí.


En relación con esta materia estamos totalmente de acuerdo, por eso en un principio promovimos la iniciativa y ahora solamente nos falta la firma porque, como ha dicho antes el señor Perestelo, a los grupos minoritarios presentar una proposición de ley nos cuesta, y no están las proposiciones de ley como para andar regalándolas. En todo caso nos sentimos firmantes en espíritu -que no en la letra-, firmantes en definitiva de la iniciativa parlamentaria que se trae hoy aquí, relativa a superar una situación de hipocresía profesional -hay que decirlo así-, porque en realidad se está desempeñando una tarea como especialista -médico, farmacéutico o psicólogo- que sin embargo el sistema no reconoce. Nos parece que es obligado llevar a cabo esta cuestión para que nuestro sistema funcione mejor de lo que lo hace en estos momentos.


Reconocemos sobre todo que esta materia -lo planteará el Grupo Parlamentario Socialista- no es tanto un problema en relación con las directivas comunitarias, sino que hemos de reconocer que es y ha sido también un problema profesional en nuestro propio país, porque en determinado momento, cuando este volumen de médicos era muy importante, se interpretaba que no solamente se buscaba regularizar la situación de estos médicos, sino buscar también una vía alternativa de especialización, y de alguna manera se produjo una confrontación entre los especialistas que habían nacido como producto de la formación y de la experiencia en las residencias sanitarias, dentro del ámbito hospitalario, y los especialistas con otro tipo de formación, fundamentalmente práctica.


Entonces se podía producir esa discrepancia, porque también entonces podía existir la duda respecto a dos modelos debido a la cantidad de médicos que estaban en discusión; eran más de 50.000 los médicos que carecían

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de ese reconocimiento de la especialidad. Creemos que en estos momentos ya no existe esa duda, sino que hay una consolidación clara de que nuestro sistema de especialidad está muy acreditado; la formación en la especialidad es uno de los pilares del sistema nacional de salud, tanto en médicos como en psicólogos o farmacéuticos, por tanto no hay ninguna inseguridad y no se pone en duda. Se trata únicamente de solucionar un problema minoritario en estos momentos; afecta a 2.000 profesionales médicos y a colectivos minoritarios, tanto entre farmacéuticos como entre psicólogos, por lo que deberíamos ser capaces de solucionarlo sin confrontación ni división, y sobre todo sin que se cuestionase nuestro sistema de formación, que es un gran sistema de formación de especialistas.


De hecho los antecedentes son los que se han mencionado en esta Cámara; son antecedentes de vías excepcionales y no alternativas a la formación de especialistas, y el más cercano es el antecedente de la proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió, donde se planteaban dos cosas.
Primero, un estudio sobre la importancia real de esta situación, y segundo, unas medidas encaminadas a la regularización. Desgraciadamente no ha sido así; no hemos tenido acceso a ese estudio ni a las medidas de regularización, y por eso viene esta proposición de ley a la Cámara, en la convicción de que no tenemos barreras adicionales.


Termino diciendo que en mi opinión y en la de mi grupo no hay barreras en el derecho comunitario. La misma barrera en el derecho comunitario que hay hoy existía entonces, la superamos -la superaron los gobiernos españoles-, y esa barrera ya no existe; por otra parte, hay también una sentencia de los tribunales de justicia españoles que consideran las medidas excepcionales compatibles con el marco comunitario. Por tanto ya no existe el problema de la confrontación interna entre distintos especialistas, y en mi opinión tampoco existe el problema de la interpretación sobre el ámbito comunitario, sino que prácticamente el ámbito comunitario es el mismo que entonces, y en consecuencia se trata únicamente de voluntad política por parte del Gobierno y de superar aquellas barreras que se puedan producir, que en todo caso serán barreras menores.


Señorías, queda pendiente una cuestión muy importante que se ha planteado aquí por parte de distintos grupos parlamentarios, la planificación de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud. Eso queda pendiente y desde luego hay estudios que nos demuestran las deficiencias que tenemos en cuanto al volumen de recursos humanos, también las deficiencias en su distribución entre especialidades, y esperamos que el Gobierno dé respuesta en esta materia cuanto antes porque, como he dicho, la formación de los profesionales, al igual que la cultura de servicio público de esos mismos profesionales, es uno de los pilares del Sistema Nacional de Salud.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Doña Concepción Sanz Carrillo tiene la palabra.


La señora SANZ CARRILLO: Señor presidente, señorías, subo hoy a esta tribuna con la convicción plena de que muchos de los presentes en el hemiciclo y todos aquellos profesionales sanitarios y ciudadanos que creen firmemente en un sistema de salud de calidad entenderán nuestra firme posición en la defensa de las leyes, así como en la magnífica formación de médicos y farmacéuticos, situando a nuestro Sistema Nacional de Salud entre los mejores del mundo. En este sentido quiero que mis primeras palabras sean para dejar bien claro a todos los ciudadanos y en su representación a esta Cámara que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y el Grupo Parlamentario Socialista reiteran hoy, aquí y ahora su posición y compromiso sobre este tema, posición que no es otra que nuestra firme voluntad de poder llevar adelante dicho proceso, pero como es comprensible y no puede ser de otra forma, siempre que no sea contrario al derecho comunitario. Es evidente que no lo debemos hacer y es evidente o debería de serlo que el resto de grupos parlamentarios así lo entenderán. Como decía nuestro escritor Baltasar Gracián, hemos de proceder de tal manera que no nos sonrojemos ante nosotros mismos.


Señorías, para entender esta proposición de ley es necesario repasar nuestra historia más reciente para situarnos en el momento actual.
Circunstancias de índole histórica y de carácter interno determinaron que en nuestro país existiera un amplio colectivo de facultativos sin título de especialista, la ya denominada bolsa histórica, resultante del desequilibrio existente durante años entre el número de licenciados en Medicina y Cirugía que acabábamos y el número restrictivo en las convocatorias de plazas de especialistas en formación, con un porcentaje elevado de licenciados sin acceso a la única vía de formación especializada. Para solucionar esa situación se llevaron a cabo varios procedimientos excepcionales de acceso al título de especialista. El último de ellos se concretó en 1999, en el conocido como Decreto mesto, que permitía el acceso a todos los títulos de especialista excepto medicina familiar y comunitaria. Su aprobación, como también ustedes deberían saber, requirió un laborioso proceso negociador con la Unión Europea, ya que no se ajustaba al derecho comunitario, solucionándolo con la incorporación de esta situación excepcional una única vez en el artículo 27.2 de la directiva europea. Así se otorgaron 7.594 títulos.


Respecto a las líneas argumentales para justificar un nuevo proceso extraordinario, nuestro grupo parlamentario quiere matizar algunos hechos. Sobre la reiterada falta de médicos especialistas, quiero recordar como el Gobierno ha impulsado la puesta en marcha de los registros de profesionales sanitarios y está trabajando en medidas que permitan el autoabastecimiento de profesionales. Se han incrementado tanto el numerus clausus

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de las facultades de Medicina como el número de plazas de formación especializada y se han establecido medidas de fidelización de los profesionales.


Otra teoría hace referencia a que el Gobierno intenta solucionar los problemas de los médicos extracomunitarios y no el de los nacionales.
Esto es mezclar churras con merinas. Señorías, a instancia de las comunidades autónomas, se ha aprobado un real decreto que regula el reconocimiento de los títulos de especialistas obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, como prevé la LOPS, y mediante un procedimiento riguroso y garantista. Lógicamente no incluye previsiones sobre los mestos y los festos, ya que sus pretensiones se inscriben en un marco totalmente distinto, como es el de la obtención ex novo de títulos al margen de los procedimientos ordinarios. Para concluir esta parte de mi exposición quiero confirmar que aproximadamente existen unos 1.844 profesionales sin título de especialista; de ellos, 934 ni siquiera podemos calificarlos como mestos, ya que son médicos que trabajan en urgencias, cuidados paliativos o sin título de medicina familiar o comunitaria.


Señorías, existen otros argumentos que hacen más complicada la defensa de esta proposición de ley y que tienen su base en la Directiva europea 2005/36, de tal forma que con toda probabilidad su aprobación determinará la apertura por la Comisión Europea de un procedimiento contra nuestro país. Además, una vulneración de la normativa podría cuestionar nuestros títulos de especialista en la Unión Europea. Pero, repito, como nuestra voluntad es solucionar este conflicto, desde el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad se ha emitido una consulta a la Comisión Europea, estando pendientes a día de hoy de su resolución. Todos los diputados y diputadas de esta Cámara compartirán con nuestro grupo que la situación de 1999 no es trasladable a marzo de 2011. Señorías, no nos engañemos. El problema no es baladí y reivindicar una regularización en contra de la Unión Europea no es la solución. El no y el sí son breves de decir, pero piden pensar mucho, decía Gracián. El Gobierno debe buscar fórmulas y procedimientos que lo permitan, pero siempre que no pongan en tela de juicio nuestra credibilidad ni la calidad y el prestigio de nuestros profesionales.


Por todo ello y para concluir, aunque estoy segura de que sus señorías comparten conmigo que no es fácil aplicar medios excepcionales a situaciones que han dejado de serlo, en aras del consenso que siempre impera en nuestra Comisión y para que en este hemiciclo perviva la misma sintonía, con el objetivo de mantener la unanimidad con la que se votó la proposición no de ley que dio pie a esta iniciativa, quiero expresar que nuestra posición va a ser la de apoyar dicho trámite, pero velando siempre y por lo tanto estando muy vigilantes de que el proceso legislativo que ahora se inicia sea compatible con las normas europeas, a la vez que sea ecuánime y justo para todos los profesionales. Y, como decía nuestro Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal: "Razonar y convencer, qué difícil, largo y trabajoso; sugestionar, qué fácil, rápido y barato".
No nos dejemos sugestionar y trabajemos todos juntos para ver la luz a la salida del túnel, pero manteniendo siempre la calidad del sistema. Los ciudadanos nos lo agradecerán y nosotros habremos realizado un magnífico trabajo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 53/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE EL CONTROL DE COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA Y DOBLE USO. (Número de expediente 122/000078.)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control de comercio exterior de material de defensa y doble uso. Tiene la palabra don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, si resulta que la izquierda española pretende contribuir al fortalecimiento del discurso teórico de la conquista de escenarios de fraternidad de los pueblos mediante la Alianza de Civilizaciones, pero se constata al mismo tiempo que el sector del armamento en España no solamente no está en crisis, sino que en el año 2009 ha sido el mejor en la historia de las exportaciones de armas, con un incremento de más del 200 por ciento respecto a 2004; si resulta que el 85 por ciento de los muertos en conflictos armados son civiles, muy alejados del 5 por ciento de muertos civiles en la Primera Guerra Mundial; si estos parámetros y otros son ciertos, estarán de acuerdo conmigo en que tenemos un problema.
Estamos sometidos al imperativo del todo por la pasta, todo por el negocio de las armas. De hecho, España ha vendido armas a Gadafi en los últimos años: lanzagranadas, material militar para aeronaves; incluso, según un informe de la Embajada de Estados Unidos hecho público por Wikileaks, Libia y España acordaron la venta de armas por valor de 1.500 millones tras la visita de Gadafi. En cualquier caso, el armamento de Libia es procedente de la Unión Europea. Pero no solo le vendemos armas a Libia; también las vendemos a regímenes que reprimen a sus pueblos: Yemen, Bahréin, Siria o Arabia Saudí. Es más, ayer mismo el periódico El Economista publicaba que Defensa va a vender tanques a Arabia Saudí por valor de 3.000 millones. Además de la inoportunidad de esta venta a Arabia Saudí, el cuestionamiento de la venta a los países de Oriente Medio va más allá de la coyuntura actual, ya que son destinos peligrosos desde hace tiempo.


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En realidad ya eran peligrosos cuando entró en vigor la actual Ley del comercio de armas. A ello hay que sumar otros países dudosos desde el punto de vista de la ley, por la violación sistemática de los derechos humanos, como son Colombia, Tailandia o Guinea Ecuatorial.


Especialmente conflictivos son los casos de Marruecos e Israel. Marruecos es el segundo destino de las armas españolas fuera de la Unión Europea, viola los derechos humanos y las resoluciones de Naciones Unidas respecto al Sáhara; sin embargo, en los últimos diez años España le ha vendido armas por más de 200 millones de euros, incluso bajo la categoría de bombas, torpedos, cohetes y misiles. Es más, el Gobierno de Zapatero ha regalado a Marruecos torpedos ligeros y lanzadoras de bombas de aviación.
Esta actitud le ha valido al Gobierno actual una demanda, admitida a trámite por la Audiencia Nacional, de las asociaciones prosaharauis, al entender que viola la actual ley. Por no hablar de Israel, que no respeta las resoluciones de Naciones Unidas, que cometió crímenes de guerra en la operación Plomo Fundido y que en los últimos tiempos ha estrechado su colaboración militar con el Estado español.


Por otro lado, nos preocupa la transferencia de armas a otros países que no son a los que se destinan oficialmente y la falta de control y de garantías que existe al respecto. Por ejemplo, el mismo Gobierno que sacó las tropas de Irak podría estar vendiendo armas que sirven para matar a iraquíes. Como ustedes saben, vendemos armas a Estados Unidos, armas que luego puede transferir a empresas privadas de seguridad que actúan en Irak o Afganistán como auténticos mercenarios. Por no hablarles de la preocupación por la venta de armas cortas a Ghana, tanto por la moratoria decretada hace más de una década en toda la región como por el riesgo de tráfico de las mismas a países del entorno. En otras palabras, los niños soldado van armados con armas españolas.


Finalmente, España también exporta o ha exportado en la última década armas a lugares donde no las deberían recibir, a países de los más pobres del mundo, desde Burkina Faso a Haití; a países que Occidente señala como peligrosos como Irán o Pakistán; a países que requieren invertir en reconstrucción posbélica, como Angola; a países muy militarizados que dedican más a defensa que a educación o sanidad, como Turquía. Todas estas exportaciones son ilegales o inmorales y se están realizando en vigencia de una ley que en la teoría pretendía evitar lo mismo. Como dijo Gervasio Sánchez, el reconocido periodista gráfico autor de Vidas minadas, en declaraciones a Periodismo Humano -cito textualmente-: "España vendió armas a veintidós países a los que no podía vender armas según nuestra propia ley de control. Lo decente es denunciarlo y lo indecente es lo que hacen los gobernantes". (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Entonces, ¿el Gobierno español incumple la ley o la ley es insuficiente? Desde nuestro punto de vista, las dos cosas, es decir, el Gobierno español incumple la ley, especialmente su artículo 8. Además, la ley se demuestra insuficiente en tanto que a pesar de su mejora en el trámite parlamentario, que no negamos, sigue siendo un colador, como acabo de demostrar y denuncian incesantemente el Centre Dèlas d'Estudis per la Pau o la coalición Armas Bajo Control, de la que forman parte Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y la Fundació per la Pau. Por cierto, lo que decimos nosotros es fruto de los estudios hechos por estas instituciones, que espero que nadie se atreva a decir aquí que no tienen categoría para decirlo.


Si el Gobierno cumpliera escrupulosamente la ley y en particular se hiciera una estricta interpretación del artículo 8, no haría falta modificarla, porque ya les digo a ustedes que el artículo 8 es un buen artículo, pero el problema es que no se cumple. En este artículo 8 se fijan los supuestos de autorización, suspensión y revocación de la venta de armas. Es bueno, está muy bien, pero no se cumple. Por ejemplo, según este artículo, no se pueden vender armas o material de doble uso que tengan fines de represión interna o a destinos que violen los derechos humanos. Es más, para determinar si un país cumple o no estos requisitos se debe atender a los informes de los organismos como Naciones Unidas u organizaciones como Amnistía Internacional. Pregunto, ¿en qué informes se basan para autorizar la venta de armas a países como Arabia Saudí o Indonesia? La experiencia nos ha demostrado en estos años desde que se aprobó la ley que no podemos confiar en la voluntad política del gobierno de turno, sino que debemos mejorar la ley estableciendo mayores controles y transparencia. Por eso presentamos esta proposición de ley, algunos de cuyos puntos clave son: Uno. El Gobierno debe dar una descripción del producto -no una categoría descriptiva del producto, como dice la actual ley; queremos saber qué armas se venden, no qué conceptos-. Dos. La información detallada debe comprender no solo el material militar y de doble uso, sino también el material policial de seguridad y antidisturbios. Tres. Hay que incorporar información sobre los países de tránsito y el usuario final, cláusulas de no reexportación para todas las operaciones y certificados de último destino y uso final. Cuatro. Todas las operaciones deben presentar un informe previo y los documentos de control -no puede haber excepciones, como prevé la ley-. Cinco. El Gobierno debe informar sobre las denegaciones efectuadas y las licencias autorizadas aunque no realizadas, incluyendo el país de destino. Seis.
Reclamamos también que el Estado español rechace totalmente el uranio empobrecido y las bombas de racimo y que en consecuencia no participe en operaciones militares donde se usen. Por último y muy importante, deseamos la creación de un consejo para el seguimiento y control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, con participación de las organizaciones sociales como la mencionada coalición Armas Bajo Control. Este consejo además debería otorgar autorización previa -digo previa- de ventas de aquellos

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tipos de armamento o de aquellos países que estime oportunos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Desde el PSOE se nos puede decir que algunas de las cosas que reclamamos no tienen en cuenta que las actas de la junta interministerial, que es la que decide la venta de armas, son secretas, pero lo son por algo. ¿Saben por qué lo son? Porque un Gobierno socialista presidido por Felipe González decidió que fueran secretas, luego aquí podemos cambiarlo. Si mantienen el secretismo y la opacidad en la venta de armamento, es porque -se lo voy a decir a la cara- les avergüenza que se sepa los países que reciben estas armas, porque saben que existiría una censura y quedarían en evidencia delante de la ciudadanía y sobre todo delante de sus electores. Se les caería la cara de vergüenza si se supiera quiénes son, cuáles son los sátrapas que reciben el armamento español, y como esto les avergonzaría, ustedes lo que hacen es esconderlo.


¿Dónde estamos, pues? Estamos en el puro negocio -por eso yo les decía que estábamos instalados en el todo por la pasta. Pero es que además es un error. La venta de armas a otros países obliga a España a gastar más dinero en nuevas armas para hacer frente a la potencial amenaza que ella misma ayuda a generar. Es más, luego hay que invertir en I+D+i militar; por cierto, inversión en I+D+i militar que se saca de otros ámbitos que generarían riqueza y que también podrían ser elementos para la exportación de la riqueza del Estado español; es decir, es un cul-de-sac, es un contrasentido. Así pues, señorías, les pedimos que den luz verde a esta proposición de ley. Entiendo que en el trámite parlamentario ustedes, la Cámara, pretendan ponderar nuestras peticiones, pero teniendo en cuenta la que nos está cayendo y que queremos ir por el mundo dando lecciones de modernidad y de la Alianza de Civilizaciones como el catalizador de las fraternidades futuras en este mundo tan complejo y tan violento, creo que desde esta democracia habría que dar un paso hacia adelante y aceptar esta proposición de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Para fijar la posición, en primer lugar, don José Luis Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Paso a fijar brevemente la posición de Coalición Canaria en relación con la toma en consideración de esta proposición de ley. En estos días está de moda otra vez el proceso de guerra en Libia y podíamos observar en alguna viñeta de algún periódico a dos personas que eran atacadas y preguntaban si eran aliados o libaneses, y decían: no lo sé porque las armas se las hemos vendido nosotros mismos.
Es un tema de actualidad, que genera debate y discursos en la opinión pública y muchas veces no hemos sido capaces de trasladar esos discursos, esos debates de la opinión pública al marco de la soberanía popular, a este Parlamento. Por eso entendemos que es una iniciativa que merece el apoyo y su toma en consideración. Hay aspectos que plantea en el articulado el grupo proponente, Esquerra Republicana, que creemos que se deben tomar en consideración y tendremos espacio suficiente y tiempo para poder matizar algunas cosas que se recogen en esta proposición de ley. El señor Tardà hacía referencia a la junta interministerial; los sistemas de control que propone pueden ser esos o pueden ser a través del Parlamento, donde está la soberanía popular; indudablemente se pueden debatir otros aspectos, pero si queremos ser fiel reflejo de lo que piensa la opinión pública, esta Cámara no debe perder la oportunidad de tratar este asunto en el trámite ordinario de una proposición de ley; por eso Coalición Canaria va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don José Ramón Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, hace poco más de tres años este Congreso aprobó la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control de comercio exterior de material de defensa y doble uso, ley que ahora el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida nos propone modificar. Mi grupo va a votar en contra de la toma en consideración de esta modificación y lo va a hacer básicamente por dos razones. La primera de ellas es que el cumplimiento de la ley, más o menos efectivo, más o menos eficiente, aprobada, insisto, en diciembre del año 2007, no ha dado, que nosotros sepamos, motivos ni razones suficientes para empezar a modificarla; no digo que su cumplimiento haya sido mejor o peor, sino que no hay motivos suficientes para decir que nos equivocamos en la ley que se aprobó aquí hace poco más de tres años. Eso no significa que el cumplimiento de la ley se haya hecho de la forma más exquisita y que no se puedan denunciar incluso incumplimientos.


Nosotros creemos que todas las leyes son modulables a la hora de su cumplimiento y así es como hay que aplicarlas. De hecho, este grupo, tratándose en concreto de algunas de las armas afectadas por esta ley, las armas de deporte y aficiones, ha pedido una aplicación modulable de esta ley. ¿Por qué la hemos pedido? Porque las circunstancias de la pequeña industria que fabrica estas armas, con una aplicación ya estricta y, si se quiere, todavía más estricta, hacen que simplemente dicha industria tienda a su desaparición y nosotros no estamos por ello, lo decimos con toda claridad. Además, se da la circunstancia de que esta ley permite realmente una aplicación modulable y progresiva como pocas veces y en pocas ocasiones, porque cuenta con instrumentos que

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no son nada habituales en el trámite parlamentario. Me refiero al artículo 16 de la ley, sobre información y control parlamentario. Según ese artículo, el Gobierno está obligado a enviar semestralmente al Congreso de los Diputados información sobre las exportaciones de material de defensa y de doble uso. La Comisión de Defensa emite un informe sobre dicha información, y no solo emite un dictamen, sino que además establece recomendaciones de cara al año siguiente, algo que hemos venido haciendo, por cierto, prácticamente en todos los casos por unanimidad, con recomendaciones, insisto, que resultan de ese documento que el Gobierno envía semestralmente, pero que una vez al año es objeto de tal informe. A nuestro juicio, este esquema de funcionamiento y control del Ejecutivo es suficiente. Ojalá en todas leyes hubiera una posibilidad análoga.
Seguramente sería excesiva y nos quejaríamos de lo contrario en este Parlamento. En cualquier caso, insisto, en este tema es un esquema de control no habitual. No hay ningún hecho que nos haga pensar hoy, a los tres años y poco más, que nos equivocamos al establecer aquellos esquemas de seguimiento y que debemos ir hacia otros nuevos como los que propone el grupo autor de la iniciativa para la modificación de la Ley 53/2007.


Hay una segunda razón por la que mi grupo se opone a la tramitación de esta proposición de ley. La voy a dividir en dos subapartados. Hay determinadas modificaciones que mi grupo no entiende. Nos parecen más bien gestos que modificaciones reales de algunas cosas, gestos al calor de los tiempos si se quiere, pero que no compartimos. En segundo lugar, algunas de las modificaciones que se proponen no son las que mi grupo introduciría. ¿Por qué? Porque no van a dar como resultado un beneficio de lo que constituye el objetivo central de la ley, que es el control efectivo, práctico y real del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, pero no en un mundo artificial, sino en ese mundo que ya sabíamos cuando hicimos la ley, y así consta en el preámbulo, que es un mundo cada vez más globalizado, donde los ensamblajes finales de las armas se hacen donde se hacen, donde se produce la deslocalización de la producción final, donde hay países exportadores no tradicionales sujetos a menores controles, donde el comercio de armas llega a países donde no se respetan los derechos humanos...Todo eso ya lo sabíamos porque figura en el preámbulo de la ley, y de acuerdo con ese preámbulo se hizo lo que se hizo. Si haciéndolo estrictamente y dentro del Estado español el tema estuviera resuelto, estoy seguro de que todo el mundo lo haría, pero no es real. Qué más quisiéramos nosotros que los problemas del comercio internacional de armas se resolvieran porque aquí la Comisión de Defensa estuviera todos los días reunida y haciendo no sé qué cosas con la Jimddu. No es real, no vale para eso. Por eso nos parece que las medidas que hay que tomar tienen que ser a nivel internacional y está muy complicado, es verdad, pero no porque nosotros lo simplifiquemos en casa va a dejar de estar complicado. Nos guste o no -y a nosotros nos gusta-, vivimos en un mundo internacional en el que compartimos valores y también problemas e insuficiencias. Ahí, como se puede, intentamos avanzar con una ley que -insisto- a día de hoy no creemos que necesite modificación.
Si necesita mayores controles, digámoslo la próxima vez que emitamos un dictamen en la Comisión de Defensa y hagamos las recomendaciones que tengamos que hacer al Gobierno.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Tiene la palabra don Jordi Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, permítanme que inicie mi intervención recordando que hace escasamente tres semanas en una sesión del mes de marzo este Pleno del Congreso de los Diputados tomó en consideración una modificación de la ley que hoy se somete a discusión en el Pleno a propuesta del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Se planteaba que la Ley 53/2007, sobre el control de comercio exterior de material de defensa y doble uso, se adaptara a los compromisos internacionales de España adquiridos a través de la adopción y de la entrada en vigor de la Convención de Dublín sobre la prohibición de las bombas de racimo, de tal forma que el sistema de garantías, de sanciones y de control que se aplica para las minas antipersona se aplicara también para las bombas de racimo. Tres semanas después el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nos plantea otra modificación de la misma ley y, según nos ha anunciado el diputado Tardà desde esta tribuna, el objeto de esta modificación es la aportación en esta tramitación parlamentaria de siete nuevos puntos que ha detallado en su exposición.


Pues bien, señorías, les tenemos que decir que algunos de estos puntos son coincidentes con el planteamiento del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Como mínimo dos de los puntos planteados por el grupo proponente o bien forman parte del interés del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, o bien están aprobados. En el primer caso está la prohibición absoluta de las bombas de racimo que plantea esta iniciativa y que trae causa en la iniciativa que se tomó en consideración hace tres semanas. En el segundo caso está otro extremo que plantea este grupo parlamentario como es el conocimiento del listado de países a los cuales se les ha denegado la venta de armas, que está ya aprobado en la Comisión de Defensa y que se ha incorporado a los informes anuales que remite el Gobierno y que son objeto de discusión en la Comisión de Defensa. De esta forma, los siete puntos de interés del grupo proponente se quedan reducidos a cinco puntos de interés.


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De esos cinco puntos, tenemos que decir que discrepamos del punto central y nuclear de esta iniciativa. Es bueno empezar por lo central y nuclear que plantea el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds respecto a que la venta de armas en España pase por un control y una votación parlamentaria. Se propone exactamente una nueva disposición transitoria segunda de la ley que insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley de creación y regulación de un consejo para el seguimiento y control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Pero en esta misma disposición transitoria segunda en su segundo párrafo se contempla que hasta que no se cree este consejo sea el Parlamento el que vote con carácter vinculante la autorización o no de la venta de armas en terceros países. Alguien que no hubiera seguido los debates y las votaciones en la Comisión de Defensa durante los últimos años podría pensar que esta es una iniciativa que nace de la inactividad absoluta de este Parlamento y de la Comisión de Defensa. Pero es bueno recordar en este momento que, fruto de la ley que aprobamos en la anterior legislatura con un amplio consenso y con aportaciones vía enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán, anualmente el secretario de Estado de Comercio comparece ante la Comisión de Defensa previamente a la tramitación del informe y se produce un debate muy prolijo y, como consecuencia, se elabora un paquete de recomendaciones que serán votadas caso a caso en una siguiente Comisión. Por tanto, anualmente se abren las tripas -si me permiten la expresión informal- del comercio de armas en España y se somete a escrutinio y debate parlamentario. Además, señor Tardà, se han producido mejoras. Por ejemplo, inicialmente el Gobierno se resistía a hacer pública la lista de los países a los que se les denegaba la venta de armas. Algunos grupos parlamentarios que conformamos mayoría -y las mayorías alternativas también convencen al grupo de la mayoría- hemos conseguido que se conozcan los países a los que no se les autoriza la compra de armas en España. A partir de aquí la siguiente fase es la somatización de elementos de política exterior en la Comisión de Defensa.


Ha citado Colombia e Israel, y quizás esta tarde algunos portavoces -no digo yo- citarán Venezuela y Cuba. Al final, el criterio para la venta de armas es un criterio sometido a elementos internos de política exterior.
En treinta y dos años de vida democrática y parlamentaria hemos avanzado en el sentido crítico y constructivo de la política exterior, pero aún no podemos separar la política de defensa de la política de venta de armas al extranjero en función, muchas veces, de prejuicios ideológicos sobre la aproximación a estos países. Conocemos con todo lujo de detalles la venta de armamento en Colombia, en Israel, en Venezuela y en cualquier parte del mundo y conocemos también los países a los que se les deniega la venta por criterios de vulneración de los principios de la ley. Por tanto, tenemos que transmitir a la opinión pública desde el hemiciclo del Congreso que no partimos de cero, sino que partimos de una ley muy avanzada en el concierto del marco regulatorio de Europa. Usted esta tarde ha citado Siria. Celebro que esta tarde señale con el dedo a Siria cuando hace muy poco el presidente Al-Assad ha aceptado la renuncia en pleno del Gobierno de Siria. Esperemos que esta sea una señal de renovación de algunas cosas en ese país.


Votaremos en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley, pero, señor Tardà, los buenos propósitos que tiene su proposición de ley -y que apreciamos- esperamos que se conviertan en enmiendas en la tramitación de la proposición de ley que se tomó en consideración hace tres semanas, a propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.


Don Tomás Burgos tiene la palabra.


El señor BURGOS GALLEGO: Señor presidente, señorías, esta proposición de ley que debatimos pretende superar, a juicio del proponente, carencias y formulaciones ambiguas, aumentar la transparencia y evitar las posibles opacidades y fraudes en la Ley 53/2007. Esta proposición se presentó tan solo tres meses después de la aprobación de esta ley y, por tanto, no dio demasiado tiempo para evaluar el grado de desarrollo de la misma. Se presenta ahora a debate, tres años después, y no han alterado ni un ápice su contenido. No seré yo quién acuse de oportunismo a los proponentes, pero, en todo caso, aprovechan ustedes la oportunidad. Al hilo de situaciones de actualidad, dramáticas en varios países, creemos que no debe trasladarse la impresión de que España ha actuado con ligereza, opacidad o cinismo en relación con el comercio de armas, porque no es acorde con la realidad.


La disposición del Grupo Popular a colaborar con el Gobierno y otros grupos está completamente fuera de toda duda en esta cuestión. Defendimos en nuestra etapa de gobierno una política activa en materia de prevención de tráfico ilícito y proliferación de armamentos y tecnología sensibles e impulsamos y asumimos compromisos internacionales y regulaciones comunitarias en relación con estas actividades. En la oposición hemos colaborado también en el acuerdo del Pleno del Congreso del 13 de diciembre de 2005, en la aprobación de la Ley 53/2007 y, posteriormente, en la Comisión de Defensa desarrollando un seguimiento y aportando resoluciones que han venido complementando el contenido de la norma. Mi grupo se ha mostrado absolutamente favorable y plenamente comprometido con la consecución de ese necesario tratado internacional de control de armas en el seno de Naciones Unidas. Así lo hemos venido manifestando de forma

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reiterada. Me van a permitir que también cite el Foro parlamentario de control de armas pequeñas y ligeras, en el que el Partido Popular ha venido participando de forma continuada y de cuya creación fue el principal impulsor. En él estas consideraciones han tenido siempre un notorio reflejo.


Creemos que los instrumentos de España para la persecución y la erradicación del tráfico ilícito de armas y el impedimento de la proliferación responden a una visión muy compartida por los grupos parlamentarios, con amplio consenso en la Comisión de Defensa, que es bueno preservar. El control parlamentario ha incrementado el nivel de exigencia de información y los condicionantes para el comercio de armamento y material de doble uso y España está desarrollando estas iniciativas conforme a un ordenamiento muy avanzado, conforme a los criterios de la posición común comunitaria en relación con material de defensa y al resto de nuestros compromisos internacionales, a los que debemos hacer honor en todo momento. Esta Cámara debe preocuparse de que eso se siga desarrollando conforme a la evolución de los acontecimientos, pero controlar no debe suponer entorpecer ni obstaculizar gratuitamente.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Estamos obligados a apoyar nuestra industria militar, que no es un sector, señorías, a estigmatizar. España produce armamento y material militar y nuestra industria lo hace bien y sometiéndose, además, a los controles pertinentes. Hay quien dice que son los mejores controles del mundo. Yo no quiero ser tan pretencioso, pero en todo caso son controles importantes, rigurosos y complejos, y a la industria militar no le ha ido mal con este Gobierno. Es justo reconocerlo y nos felicitamos por ello, porque la industria militar no solo es un sector estratégico, es empleo, tecnología y también investigación.


Su proposición de ley no aporta elementos que permitan asegurar que con su toma en consideración mejoraríamos significativamente el desarrollo de nuestra normativa. Plantean ustedes en la proposición de ley cuestiones que ya están completamente recogidas en otras legislaciones -quizá porque en tres años ha quedado un tanto obsoleto su contenido-, que resultan carentes de entidad, innecesarias o redundantes. El tema de las bombas de racimo es una clara evidencia de esto que estoy diciendo o la represión del contrabando, que va a ser objeto de debate este mismo jueves en el Pleno en relación con el dictamen de la Comisión. Hay otros elementos que son profundamente contradictorios con los consensos existentes, por ejemplo, la supresión total de las exenciones de informe previo y de documentos de control y esa consiguiente obligación de informe previo que usted solicitaba en todo caso. Esto va contra varias resoluciones aprobadas en ese dictamen de la Comisión de Defensa, por ejemplo, en el caso de las piezas y componentes no fundamentales de armas de caza o tiro deportivo, en el caso de licencias a armeros en aspectos de armas destinadas a ser reparadas o incluso en expediciones intracomunitarias de rifles. Señorías, ¿qué sentido tendría eliminar la exención de informe previo o documento de control en operaciones, por ejemplo, derivadas de nuestra participación en programas de cooperación con otros socios y aliados, como sería el programa del Eurofighter, el del carro de combate Leopard o en sistemas de comunicaciones? ¿Qué sentido tendría implicar con su regulación una sobrecarga burocrática adicional a proyectos de estas características? La simplificación de los procedimientos no va en merma de la calidad del control, sino de su correcta aplicación y procedimientos reiterativos o redundantes no aportan mayores dosis de control.


Lo que a mi grupo le suscita más dudas y justifica sobradamente nuestro voto en contra de la toma en consideración es la disposición transitoria segunda de su proposición: la creación, mediante un proyecto de ley, de ese consejo para el seguimiento y control del comercio exterior.
Sinceramente, creemos que el objetivo real de esta proposición es trastocar todo el mecanismo de autorización, de control y de seguimiento del comercio de armamento y de material de doble uso. Desde luego, no juzgamos que ningún consejo de inexpresada composición, como el que ustedes plantean, tenga que realizar esa labor por nosotros, en lugar de este Parlamento. Lo que usted ha expuesto aquí -la participación de no se sabe qué organizaciones no gubernamentales o sociales- no solo no aporta mayores dosis de control, sino que aumentaría el grado de discrecionalidad, de subjetividad, en un aspecto como este que ha de responder a criterios estrictos de control.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Burgos, por favor.


El señor BURGOS GALLEGO: Voy acabando, señora presidenta.


En definitiva, plantean ustedes un modelo confuso de inseguridad jurídica y de solapamiento entre instituciones que creemos que no es el adecuado.
Nosotros no vamos a poner de oficio en entredicho la labor de la Jimddu, de la junta interministerial reguladora de este control. Es responsabilidad del Gobierno cumplir con las disposiciones que nos obligan en esta materia y es responsabilidad de esta Cámara realizar un efectivo y riguroso control de las mismas.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Burgos, por favor.


El señor BURGOS GALLEGO: Tenemos un mecanismo de control y de seguimiento que va mejorando año a año y creemos que, sin desacreditar ni complicar ese mecanismo, entre todos podemos hacer que nuestros estándares de control sean cada día mejores.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Burgos.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Suárez González.


El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Presidenta, señorías, fijo posición en nombre de mi grupo sobre la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Esta proposición de ley recoge buena parte de los planteamientos que estos grupos hicieron en el año 2007 cuando negociamos en este Parlamento la actual Ley sobre control de armas y material de doble uso con la que contamos en nuestro país. La búsqueda de amplios acuerdos ha presidido en los últimos años en este Parlamento y en nuestro país la definición de las políticas que se debían hacer para controlar las armas. Tanto el primer reglamento que se hizo con un Gobierno del Partido Popular como diversas iniciativas que se fueron haciendo a continuación en este Parlamento para desembocar en la ley que aprobamos aquí hace tres años fueron fruto del consenso. Todos los grupos parlamentarios cedimos mucho para llegar a ese acuerdo, y logramos esa ley hace ahora tres años. Es una ley que se soporta, además de en el consenso, en el código de consulta de la Unión Europea -que, por cierto, hoy en día es jurídicamente vinculante para el conjunto de países y para ello ha jugado un papel muy importante nuestro país-, así como las resoluciones y acuerdos de Naciones Unidas sobre control de armas. Eso ha posibilitado que nuestro país tenga no digo la más, pero sí una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de control de armas. Repito, el código de conducta de la Unión Europea hace dos años que es jurídicamente vinculante, gracias, entre otros países, al nuestro.


Nuestra ley consolidó un modelo para controlar la venta de armas por las industrias de nuestro país, un modelo, a mi entender, muy respetuoso con nuestra Constitución, muy constitucional, muy democrático y efectivo. Es un modelo que encomienda al Gobierno la autorización o la denegación de la venta de armas a través de un organismo, que se llama la Jimddu, formado por responsables de diversos ministerios y que es un organismo muy profesional. Es importante decirlo aquí. Si uno conoce un poco la Jimddu, llega a la conclusión de que es un organismo muy profesional. La Jimddu es quien autoriza o desautoriza la venta de armas. El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, envía un informe muy amplio al Parlamento. Se nos envía un informe por el mes de mayo amplio y potente, en el que aparecen todos los países a los que se les vende armas, el importe de esa venta, el arma que es y, por ejemplo -hablaba de ello antes el portavoz de Convergència i Unió-, en el último informe ya aparecen los países a los que se les deniega la venta de armas. Esos son avances que se van dando en el seno de la Comisión de Defensa cuando se votan las famosas resoluciones sobre control de armas. Ese informe se debate en la Comisión de Defensa todos los años. Hay dos comisiones de Defensa específicas y monográficas: una, para analizar el documento y, otra, para votar resoluciones. En la Comisión de Defensa se votan luego unas resoluciones y hasta el momento el conjunto de las fuerzas políticas hemos llegado a niveles importantes de acuerdos sobre esas resoluciones y han significado avances con respecto a la propia ley; por ejemplo, en el último informe -reitero- aparecen los países a los que se les ha denegado la venta de armas. Son avances sustanciales que se dan desde la idea central que sustenta la política sobre control de armas en nuestro país, que es el consenso. Después de las resoluciones aprobadas por la Comisión de Defensa, el Gobierno tiene la obligación en la siguiente Comisión de explicar cuál ha sido su posición ante ellas y razonarlas y explicar lo que ha hecho con respecto a ellas. Por lo tanto, quiero que eso quede muy claro, nuestro país en materia de legislación es de lo más avanzado que hay en el mundo.


En cuanto al Foro parlamentario sobre control de armas, al que se hizo referencia antes, en el que hay parlamentarios de muchos países latinoamericanos, africanos, europeos y de Oriente Medio, el balance que se hace de los avances que se han hecho en nuestro país en esta materia es extraordinario. Es uno de los ámbitos donde se pone en valor y como ejemplo lo que se está haciendo en nuestro país en materia de control de armas. Pero no nos quedamos ahí, nuestro país es uno de los impulsores del Tratado mundial para el comercio de armas. Nuestro país ha sido uno de los impulsores en el acuerdo para prohibir las minas antipersona o recientemente uno de los impulsores del acuerdo sobre la prohibición de bombas de racimo, como lo fuimos en el pasado con respecto al Tratado de armas químicas o las armas biológicas.


Desde nuestra experiencia veo poco sentido que ustedes a los tres meses de aprobarse una ley en este Parlamento presenten una proposición de ley para modificar sustancialmente esa iniciativa, porque la Jimddu parlamentaria -se lo digo de verdad- tendría muchas menos garantías que la Jimddu que hay actualmente, que es un organismo muy profesional. Algún compañero mío ya lo dijo en su día, porque esta iniciativa de la Jimddu parlamentaria se ha votado siempre que ha habido que votar algo en materia de control de armas en este Parlamento o en la Comisión de Defensa. La Jimddu parlamentaria puede tener consecuencias nada positivas para avanzar en el control de armas, entre otras, que aquí haya colas de empresas y de empresarios para que se autorice la venta de armas. Yo no creo que esto haya que verlo con esos criterios; esto hay que verlo con los criterios que establece el código de conducta de la Unión Europea, con las listas de países embargados que establece la ONU y con los criterios técnicos que establezca la Jimddu. Esos son los criterios básicos y fundamentales.


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Acabo porque me están diciendo que vaya acabando. Ha introducido una serie de temas al principio que hay que decir algo de ellos, aunque solo sea de pasada. Nuestro país vende en torno a los 1.300 millones de euros en material de defensa. El 65 por ciento de esos 1.300 millones de euros de ventas en material de defensa, según el informe del año 2008...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Suárez, por favor, tiene que acabar.


El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: El 65 por ciento es OTAN y es Unión Europea; es decir, básicamente son el Eurofighter, el Leopard, el helicóptero Tigre, etcétera.


Con respecto a otros países...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Suárez, por favor.


El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Acabado.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Puede acabar de citar los países.


El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Usted ha introducido el tema de Libia como primero del día hoy. En 2008 España le vendió a Libia por importe de 12 millones de euros un radar para uso civil; además, había un acuerdo para vender visores nocturnos por importe de 7 millones, que está paralizado como consecuencia del embargo. Lo que nosotros le hemos vendido a Libia no tiene nada que ver con lo que le han estado vendiendo otros países, por tanto, no nos coloque usted donde no nos corresponde. En esos temas siempre hemos sido un país bastante serio, muy a lo que dijese la ONU y muy a lo que dijese la Unión Europea.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Suárez.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS DE FOMENTO Y APOYO QUE PROMUEVAN LA DIPLOMACIA ECONÓMICA. (Número de expediente 162/000816.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto 3: proposiciones no de ley, en primer lugar la del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de medidas de fomento y apoyo que promuevan la diplomacia económica.


Para defender la posición en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Larrosa Piqué.


El señor LARROSA PIQUÉ: Gracias, señora presidenta.


Está claro que este es un siglo que ya no se parece en nada al que dejamos hace apenas diez años. Durante esta primera década del siglo XXI se han consolidado unas tendencias globales que han modificado las relaciones económicas internacionales y obligan a los países a aprovechar nuevas oportunidades y a la vez paliar perjuicios derivados del nuevo orden mundial. Por un lado, la aceleración de la globalización y el consecuente aumento de los flujos financieros y comerciales han dado lugar a una mayor participación del sector exterior en las economías domésticas. Si bien la cooperación política e internacional y la seguridad continúan siendo los ejes principales de la labor diplomática, la dimensión económica de las relaciones entre Estados ha pasado de ser accesoria a ser una prioridad. Por otro lado, la crisis financiera y económica mundial ha inclinado a los Estados a apoyar la internacionalización de las empresas y la apertura de nuevos mercados. Al mismo tiempo, las compañías están trabajando para ganar nuevas cuotas de mercado a través del sector exterior.


En paralelo, la diplomacia siempre ha estado condicionada por los avances en las comunicaciones, hoy día, protagonizados por el uso masivo de las tecnologías de la comunicación, están acelerando esos cambios y están permitiendo que nuevos actores entren a jugar un papel relevante en las relaciones económicas entre distintos países. Hoy las pequeñas y medianas empresas se hacen un hueco en el mercado global gracias al nuevo entorno.
El año pasado creció la base exportadora, y 2.000 empresas incrementaron esa base. Globalización, sociedad de la información, crisis económica, financiera y también política son elementos que por sí solos requieren la atención de los Estados, pero que, combinadas, requieren decisiones contundentes de la comunidad internacional.


En este contexto se produce una creciente convergencia entre los intereses de Estado y los económicos. La diplomacia económica se debe constituir como un vector añadido a la política exterior tradicional. Los Estados -España- a día de hoy deben considerar la multiplicidad de actores internacionales con influencia en este campo. Así, por un lado, y como consecuencia de los procesos de descentralización en España, las administraciones autonómicas se desenvuelven a nivel internacional promoviendo sus empresas y territorios; hoy cuentan con más de 200 oficinas repartidas por todo el mundo y funcionando. Además, las instituciones intergubernamentales, como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Unión Europea, entre otras, condicionan, vehiculan y son en sí mismas escenarios de acuerdo, consenso y negociación política y económica. Por último, es considerable también el papel de las organizaciones

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no gubernamentales en tanto que gestoras de los fondos al desarrollo y por su capacidad de condicionamiento ético, las buenas prácticas sobre Estados y empresas.


Hoy se trata, pues, de poner en valor las buenas relaciones políticas con el exterior para promover las relaciones económicas y comerciales, para que nuestras empresas puedan crear empleo, para exportar nuestra tecnología y para promover nuestras culturas. Si bien hay que seguir reforzando nuestras relaciones políticas y económicas en áreas tradicionalmente preferentes para nuestra política exterior, como pueda ser el Mediterráneo o Iberoamérica -áreas en las que España se ha situado entre los primeros países inversores-, hay que dedicar una atención preferente a países como China o India, además de a otras economías emergentes de la cuenca del Pacífico, Asia Central y el Golfo Pérsico, con el fin de aprovechar las excelentes oportunidades para la inversión y el comercio. Debemos poner en valor a nuestras empresas, especialmente líderes en la puesta en marcha y gestión de infraestructuras, en empresas del transporte, del turismo, de las telecomunicaciones, en el ámbito de las energías, especialmente de las renovables, del sector financiero, de las industrias culturales, las químicas, o las industrias agroalimentarias, entre otras. Es necesario avanzar en complicidades con las personas y también con las empresas y sus marcas, con el fin de ampliar la notoriedad internacional de nuestro país. Hemos de hacer real aquel refrán -al menos en Lleida lo decimos- que dice: allá donde fueres, de los tuyos hubiere. Debemos promover que ciudadanos y ciudadanas españoles ocupen puestos de relevancia internacional, debemos adelantarnos, señorías, a los acontecimientos, solo de esta forma podremos aprovechar las ocasiones que se nos presentan para hacer a nuestro país más fuerte, más solidario y mejor preparado para responder a las legítimas exigencias de nuestros ciudadanos.


Hay que apoyar y coordinar para ello los esfuerzos individuales y también colectivos de las empresas y asociaciones empresariales con intereses en el exterior e incentivar la cooperación pública y privada y la participación de los sectores empresariales en las plataformas de conocimiento y formación para el desarrollo de la diplomacia económica.
Este es un campo donde las cámaras de comercio tienen un largo recorrido por hacer y también para reinventarse. Si en el seno de la Comisión de Industria se adoptaron ya por unanimidad sendas resoluciones en el ámbito de la competitividad e innovación, en la creación de instrumentos de apoyo a las empresas, en especial las pymes, en relación con las medidas financieras y de carácter fiscal dirigidas al fomento de la internacionalización, sobre la política comercial y atracción de inversiones, entre otras, la crisis está provocando sin duda una nueva concepción del mundo y por tanto no se trata de adaptarnos a los cambios acaecidos en la escena internacional, se trata ahora de potenciar la diplomacia económica para contribuir a la recuperación y al crecimiento económico de nuestro país.


Por ello instamos al Gobierno a que desarrolle el decálogo que hemos recogido en esta proposición no de ley y que hoy he defendido en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara.


Señora presidenta, señorías, muchas gracias por su atención. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Larrosa.


A esta proposición se han presentado enmiendas por parte de varios grupos.
En primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Como hemos escuchado al portavoz del Grupo Socialista y se deriva del texto de su proposición no de ley, se trata de instar al Gobierno socialista a que cumpla con su obligación, con lo cual no podíamos por menos que estar de acuerdo, aunque sea el Grupo Socialista el que le inste. Pero hemos presentado una enmienda que trata de contextualizar desde el punto de vista político lo que no solamente es una obligación de carácter administrativo. En el primer punto -en el que se habla de reforzar los acuerdos de asociación de la Unión Europea en las áreas tradicionalmente preferentes para España, como Iberoamérica o el Mediterráneo, e intensificar paralelamente los esfuerzos en las áreas emergentes- se trataría de añadir un párrafo que dijera que se revisarán los acuerdos con aquellos países que no cumplan la cláusula democrática.
No es una cuestión menor, como seguramente el señor Larrosa comprenderá, porque la cláusula democrática es una exigencia que está en los tratados de la Unión, que siempre forma parte de los debates europeos cuando hablamos de acuerdos con terceros países y que muy pocas veces se utiliza. Aparece en todos los tratados pero, que yo recuerde -igual, sí-, denunciar después de haber firmado un tratado político, que va mucho más allá que el económico, no se ha producido nunca.


Yo creo que la cláusula democrática está ahí para que se utilice, no está simplemente para cumplir un trámite, para aparentar que queremos ser exigentes con los países con los que firmamos acuerdos de carácter político, acuerdos de asociación que les convierten casi en países miembros de la Unión a la hora de las relaciones políticas y económicas entre ambos. Creo que la globalización económica debe ir de la mano de la política y en este sentido habría que vincular los acuerdos económicos con terceros países a las exigencias de avance democrático, concretamente al cumplimiento de la cláusula democrática, entre otras cosas para que no nos vuelva a ocurrir lo que ya nos ha ocurrido, por ejemplo, últimamente, con países del norte de África y que nos tengamos que enfrentar a situaciones como aquellas a las que nos acabamos de enfrentar, a que tengamos que, avergonzadamente,

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hacer autocrítica de aquello que no hicimos en tiempo y forma.


Yo pediría al Grupo Socialista que considerara añadir este párrafo a su proposición no de ley, porque, como digo, se trata de acompasar el devenir económico con el devenir político y de ser exigentes con nosotros mismos, también desde la perspectiva política.


Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.


Intervengo de forma breve porque probablemente seamos la única voz discrepante en cuanto a esta iniciativa. Creo que la iniciativa del Grupo Socialista recoge lo que nosotros entendemos que debe hacer el Gobierno y por eso plantea ampliar, potenciar, continuar en ese decálogo de propuestas. Sin embargo, nosotros nos centraríamos en lo que nos preocupa, que es la primera propuesta. La primera propuesta plantea algo que está ocurriendo en estos momentos en el marco de la Unión Europea, que son los acuerdos de asociación con países latinoamericanos. Nosotros no decimos que estos acuerdos sean malos, creemos que son buenos para la economía de España, pero esos acuerdos también tienen un peaje y tenemos que salvaguardar los derechos de aquellos que pagan el peaje.
Precisamente ese peaje no lo pagan aquellos que se benefician de esos acuerdos de asociación y de ese desarrollo de esas actividades empresariales, por ejemplo, en Iberoamérica. En este caso, en el caso concreto de Canarias, los plataneros pagan el peaje del acuerdo de asociación, porque por ese acuerdo de asociación las bananas latinoamericanas entran sin aranceles en el marco de la Unión Europea.


A nosotros nos gustaría -y espero que usted acepte algunas de las enmiendas planteadas por otros grupos- que se redactara, si fuera posible, una transaccional, para que se pueda recoger precisamente esa cláusula de salvaguarda de los intereses de los ciudadanos españoles en caso de que se produzcan estas situaciones. Como digo, el desarrollo del acuerdo de asociación con esos países, que produce después un libre comercio en ellos, viene aparejado con un problema de dificultad de comercialización en sectores más necesitados de apoyo, más débiles, como es el caso platanero en Canarias. Por eso, nos gustaría que incorporara en el primer punto la cláusula de salvaguarda, ponderando cualquier acuerdo, cualquier desarrollo, a medidas concretas de apoyo a esos sectores más débiles.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.


Para defender las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra el señor Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una proposición no de ley y lo hace después de que prácticamente hayan vencido tres años de la presente legislatura y por lo tanto en su recta final. Y cabe preguntarse: ¿Es necesaria esta iniciativa de impulso? Realmente no. Lo que es necesario es que el Gobierno del señor Zapatero y del señor Sebastián cumpla anteriores resoluciones aprobadas esta misma legislatura por el Congreso y que son mucho más completas y ambiciosas; por ejemplo, la aprobada por unanimidad el 25 de marzo de 2009 por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, como consecuencia del informe sobre internacionalización de la economía española.


Se trata nuevamente de una iniciativa efectista al puro estilo Zapatero, para disimular, eso sí, bajo un rimbombante rótulo, el de la diplomacia económica. Señorías, la mejor diplomacia es aquella que tiene un buen producto que vender, lo que no se puede decir que sea el caso de la economía española, que sigue sin despejar las dudas sobre su capacidad de crecimiento y de generar empleo. Las previsiones sobre nuestra economía son las peores de las grandes economías europeas y de las economías avanzadas, lastradas por una tasa de paro insostenible y por la necesidad de un ajuste fiscal sin precedentes que afectará a la capacidad de crecimiento. Los recelos que genera la situación económica en España son consecuencia de la desastrosa gestión económica del Gobierno socialista, que ha exacerbado los efectos de la crisis y que está siendo un lastre para el sector empresarial. Por todo ello, la diplomacia española, en lugar de dedicar sus esfuerzos y recursos a velar por los intereses de las empresas españolas, se ha tenido que dedicar a salir en defensa de una acción de gobierno indefendible y a dedicar sus esfuerzos a tranquilizar a unos inversores cada vez más suspicaces y preocupados por el devenir de sus intereses en España. El propio Gobierno ha tenido que salir en busca de financiación exterior para solucionar los problemas que él mismo había causado. La desconfianza que genera el Gobierno español y su falta de credibilidad perjudica a la imagen de las empresas españolas en los mercados exteriores.


Pues bien, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda con cuatro apartados. En primer lugar, consideramos que existen varios pilares fundamentales para la mejora de la competividad en España y uno de ellos es la proyección internacional, que se tiene que realizar en los ámbitos políticos, culturales y económicos, y en el contexto actual de crisis el económico resulta crucial. Por ello pedimos al Gobierno que desarrolle una estrategia de política exterior económica que estructure y coordine las políticas existentes en este ámbito y que incluya todas las medidas propuestas en esta PNL así como otras que permitan mejorar el impacto

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de dicha estrategia; además, que incluya a todos los actores que forman parte de la política económica. Continuar con medidas de forma aislada producirá un gasto ineficiente e ineficaz y, si de verdad se pretende promover una diplomacia económica, lo primero que tenemos que hacer es plantear esta diplomacia de una forma estratégica.


Señorías, también se alude en la PNL a las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio, además del plan cameral de promoción de las exportaciones y del plan PIPE, han desarrollado tradicionalmente acciones de diplomacia económica, como los comités bilaterales, las misiones comerciales y la participación y organización de ferias y exposiciones en el exterior. Son la institución no perteneciente a la Administración pública que más recursos dedica a promover las exportaciones y la internacionalización de las empresas, especialmente de las pymes. A día de hoy un tercio de la totalidad de los ingresos de las cámaras se dedica a estos fines y más de 110 millones de euros al año se dedican por ellas a la internacionalización. A pesar de esta eficaz labor, el Gobierno socialista tomó la decisión de aprobar el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, que pone en serio peligro la continuidad de la acción exterior de las cámaras, eliminando el recurso cameral permanente. Es obvio que el Gobierno debe tener un plan B que permita a las cámaras cumplir los objetivos que acabo de mencionar sin hacer recaer los costes directos de estos servicios en las propias pymes. Por ello pedimos que se inste al Gobierno a presentar al Congreso una propuesta de colaboración, vía encomiendas de gestión, convenios u otras fórmulas, que contemplen esta nueva situación derivada del citado real decreto y estos convenios con las cámaras de comercio como instituciones dedicadas a la internacionalización de las empresas españolas, especialmente de la pymes. Aludimos asimismo en nuestra enmienda a la necesidad de mejorar la competitividad y por eso pedimos que se desarrolle una estrategia de competitividad a largo plazo, que incluya la elaboración de planes anuales que fijen los objetivos y las actuaciones en esta materia, así como informes trimestrales, que deberán ser debatidos en el seno de la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos. Además, que en estos planes se garantice un mínimo de recursos para las políticas de internacionalización, porque la competitividad en nuestro país ha empeorado. Al cierre de 2010, el peso de España en el comercio mundial descendió un 11,5 por ciento respecto a 2009.


Finalmente, señorías, nos llama poderosamente la atención que en la proposición no de ley del Grupo Socialista no se aluda al ICEX, un organismo que, por otra parte, año tras año ve reducido su presupuesto.
Por eso pedimos al Gobierno que presente al Congreso una propuesta de reforma del ICEX como organismo público especializado en el apoyo a la internacionalización e incremento de la competitividad de las empresas, especialmente de las pymes, y que incluya un sistema de coordinación con todos los actores que intervienen en la política exterior económica; una auténtica reforma del ICEX que haga a la empresa protagonista, que optimice sus recursos económicos y humanos especializados, que refuerce los planes de empresa, que evolucione sus servicios de información hacia unos servicios de inteligencia económica y competitiva y que realice una evaluación independiente y global, no solo contando actividades sino de verdad los resultados que se consigan. Esperamos, señorías, que estas razonadas enmiendas tengan cabida en el texto del grupo proponente.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Delgado.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, la actual complejidad del contexto político mundial, la necesidad de reforzar el proyecto europeo a través de una acción económica común hacia el exterior, el papel cada vez más relevante de la internacionalización de nuestras economías y clave en términos tanto de crecimiento y de competitividad como de estabilidad, son, entre otros factores, los que determinan la creciente importancia de la diplomacia económica como instrumento a favor del crecimiento, de la competitividad y de la estabilidad internacional. Si llevamos estas consideraciones a nuestro entorno hemos de ser capaces de reforzar los instrumentos de diplomacia económica, los instrumentos de internacionalización de nuestra economía. Nuestra lectura de la proposición no de ley entendemos que recoge este espíritu y estos objetivos.


Nuestra economía ha adolecido en los últimos años, y la misma crisis así lo ha puesto de manifiesto, de una suficiente diversificación en términos de estructura económica, de sectores de crecimiento y también en términos de productos y sobre todo de mercados. La diversificación no es ya una opción sino una necesidad. En estos últimos años el esfuerzo de apertura hacia nuevos mercados, con nuevos productos y servicios que han de incorporar el valor añadido y diferencial de la innovación y, por tanto, de la competitividad, ha sido y es significativo, pero no suficiente.
Hemos de ir más allá e insistir más en estos procesos de innovación y de internacionalización, especialmente teniendo en cuenta que nuestra estructura económica está formada fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas, para quienes los procesos de internacionalización son más complejos, pero al mismo tiempo más necesarios. Los esfuerzos, señoría, las políticas y los instrumentos de internacionalización entendemos que han de ir también dirigidos a esta parte del tejido productivo y económico, especialmente en un contexto económico y político no exento de dificultades, al que se suman y se han sumado las de acceso al crédito, que especialmente han sufrido y han

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afectado a las pequeñas y medianas empresas. Es en este marco también en el que la diplomacia económica adquiere su máximo sentido como instrumento de apoyo a las empresas de apertura de mercados y de impulso a las relaciones comerciales y a la actividad internacional. Conseguir el objetivo de una más y mejor internacionalización pasa, desde nuestro punto de vista, por políticas bien definidas y bien orientadas a este fin, pasa por una máxima coordinación entre las distintas administraciones públicas, por unos instrumentos eficaces y una administración ágil y eficiente y, sobre todo, por una voluntad política de entender que la economía, la internacionalización, forma parte de la política exterior.


Ello requiere de instrumentos financieros eficaces y de otros instrumentos de apoyo tanto de las distintas administraciones públicas como desde otros organismos, entidades o fundaciones, que tienen también un papel clave en el impulso a la internacionalización, sobre todo desde las embajadas, que han de asumir una clara vocación económica. Es justo hacer una mención especial también al papel de las cámaras de comercio y al de las asociaciones como Ameca. Con relación a la función cada día más determinante de las embajadas como promotores, nunca mejor dicho, embajadores de nuestra economía y de nuestro crecimiento, entendemos que estas deben orientar su acción y su trabajo hacia las empresas, hacia la actividad exterior, facilitando los procesos de internacionalización, el intercambio comercial, contando para ello con vocación económica, con recursos, con la máxima coordinación entre la acción diplomática y política y la comercial y con una gestión interna ágil y eficiente.
También entendemos que debe trabajarse para remover definitivamente obstáculos que aún hoy dificultan la internacionalización, la actividad exterior y el intercambio comercial y científico, como son las tramitaciones de los visados.


Señorías, hechas estas consideraciones generales, a la proposición no de ley hemos presentado una enmienda que entiende aportar y resaltar dos aspectos para nuestro grupo muy importantes, adicionales, que deben ser incorporados a la diplomacia económica y que esperamos sean aceptados por el Grupo Socialista. El primero, con relación al papel de las comunidades autónomas y en este sentido quiero resaltar la importancia de la coordinación entre las distintas administraciones públicas y, por tanto, también el reconocimiento y el papel de las comunidades autónomas en su función de apoyo a la actividad exterior. El segundo, intenta resaltar la especificidad y una atención particular, tanto en términos políticos como económicos, hacia los países del Mediterráneo y del proyecto de la Unión para el Mediterráneo, que continuamos insistiendo que es clave en términos de crecimiento y estabilidad de la zona.


Termino, señora presidenta, señorías, entendiendo que en nuestra internacionalización está nuestra competitividad y en nuestra competitividad, nuestro crecimiento.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Riera.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.


Señorías, la proposición no de ley que nos presenta el Partido Socialista pretende introducir directrices para mejorar lo que se denomina diplomacia económica, que bien se podía también denominar internacionalización de la economía. En primer lugar, si lo que se pretende es reforzar la diplomacia económica, se podría empezar por mejorar la diplomacia española en su conjunto. Ahora estamos en época de recortes generalizados, pero, cuando se pudo, se podría haber aprovechado para reforzar la musculatura de la democracia en su conjunto, cosa que ahora nos serviría para tener muchas más facilidades en el comercio exterior. Pero si bien es cierto que la profunda crisis en la que se encuentra el Estado español y las políticas llevadas a cabo han tenido como consecuencia la caída del consumo interno y el pronunciado descenso de la demanda agregada, ante este escenario parece que la única salida es la internacionalización de la economía. Nosotros compartimos que es muy positivo profundizar en esta línea, en la internacionalización, y que debe formar parte de este cambio de modelo productivo del que tanto hablamos y poco concretamos. Hay que aceptar también que la realidad de la globalización es una y hemos de actuar, por supuesto, en consecuencia, pero sin pensar que la internacionalización de la economía es la única solución para la problemática de crisis económica en nuestro país.


Nos parece por eso oportuna la proposición no de ley en algunos de sus puntos. Ahora bien, nos generan dudas algunas de las propuestas que ahí se contemplan, sobre todo, nos inquietan las que faltan, lo que no se propone. En una proposición como esta se invita a que rompamos determinados apriorismos en la política comercial exterior. Se dice: A paliar perjuicios, como dice el propio texto. Y en su punto tercero se insta al Gobierno a construir alianzas estratégicas con Estados que nos permitan mejorar las relaciones con países terceros, debido a sus propios vínculos históricos, económicos y culturales. Nos proponen que no nos sorprendamos si tenemos que ir a promocionar nuestra economía en determinados países. Ahí está nuestro temor. Por interés económico no todo vale, a nuestro entender. Desde nuestro grupo queremos insistir en que la normativa internacional de derechos humanos prevalece sobre cualquier política pública de apoyo a la internacionalización de la economía. La obligación primordial del Estado es respetar, proteger y remediar los abusos que se pueden originar por las operaciones en el exterior. Y dichos compromisos

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están asumidos en el Pacto de Estado contra la pobreza, así como en el Plan nacional de derechos humanos, a pesar de que a menudo quedan en papel mojado, como hemos visto en la reciente aprobación del FIEM, del Fondo de la internacionalización de la empresa.


Para nosotros es imprescindible que las relaciones comerciales estén supeditadas a la garantía del cumplimiento efectivo de convenios internacionales, como el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; el convenio sobre el trabajo forzoso, el convenio sobre la edad mínima, convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, sobre igualdad de remuneración, sobre la discriminación del empleo y la ocupación y los convenios de igualdad entre mujeres y hombres. Los acuerdos de asociación ya incorporan cláusulas democráticas y de respeto a los derechos humanos. Queremos que se garantice su cumplimiento. En caso contrario, que se apliquen estas cláusulas, cosa que en la actualidad rara vez sucede, como antes decía la portavoz señora Diez. Creemos que se debe garantizar que la internacionalización de la economía no suponga una externalización de los costes ambientales y sociales, cosa que generaría un dumpin ambiental y social. En el largo plazo, un modelo que no se sustente en el marco normativo de los derechos humanos impedirá una recuperación sostenible y provocará soluciones en falso, cortoplacistas, que estarán alimentando las bases para futuras crisis. Además, también entendemos que iría en detrimento de los intereses de la internacionalización de las empresas españolas, ya que, si competimos a la baja, desgraciadamente siempre habrá algún país en vías de desarrollo que nos sacará ventaja. Por el bien de nuestra economía y también del desarrollo, para nuestro grupo es esencial que se incorporen estos elementos en la estrategia de la internacionalización de nuestra economía.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.


Señor Larrosa, su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.


El señor LARROSA PIQUÉ: Señora presidenta, vamos a aceptar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y rechazamos las otras.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Larrosa.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE OBLIGA AL MINISTRO DEL INTERIOR A CUMPLIR LA LEGALIDAD EN LOS NOMBRAMIENTOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. (Número de expediente 162/000805.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición no de ley de Grupo Popular sobre el cumplimiento de la sentencia que obliga al ministro del Interior a cumplir la legalidad en los nombramientos del Cuerpo Nacional de Policía.


Para defender la iniciativa en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, una policía independiente, profesional y al servicio de los ciudadanos y no de ningún gobierno es básica para el funcionamiento correcto de un Estado de derecho y para una sociedad democrática. Para tener una policía independiente, profesional y al servicio de los ciudadanos, es esencial que toda la carrera de los policías esté presidida por los principios de mérito, de capacidad, de dedicación, de excelencia en el cumplimiento de sus funciones e, incluso, de sacrificio.
Lamento decirles que la actual política de personal del Ministerio del Interior se caracteriza justo por lo contrario, se caracteriza por la libre designación, por la arbitrariedad, por la confianza política, por el favoritismo e, incluso, por el amiguismo. En el año 2007, el ministro del Interior aprobó un catálogo de puestos de trabajo para el Cuerpo Nacional de Policía que se caracteriza por que la totalidad de los mandos de la policía son de libre designación. De 5.313 puestos de libre designación del catálogo anterior, pasamos a 6.850 puestos, la totalidad de los mandos de la policía nombrados a dedo. El objetivo de este catálogo no era otro que convertir en puestos de confianza política la totalidad de los puestos de responsabilidad dentro del Cuerpo Nacional de Policía.


Ante este claro abuso de poder, la totalidad de los sindicatos profesionales de la policía recurrieron a la justicia. Y la justicia les ha dado la razón, como no podía se de otra manera, de forma reiterada.
Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid instando al Gobierno a restringir y justificar la política de nombramientos a dedo.
Una sentencia de la Audiencia Nacional en el mismo sentido y una sentencia del Tribunal Supremo en casación, ratificando lo dicho por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Todo esto constituye una clara desautorización judicial a la política de personal del Gobierno en relación con la policía. Esta desautorización judicial tiene una enorme gravedad. En primer lugar, porque el Cuerpo Nacional de Policía en estos momentos tiene un catálogo de puestos de trabajo que ha sido declarado ilegal por los tribunales. En segundo lugar, porque se ha creado una situación de enorme incertidumbre jurídica para cientos de policías en este momento. Incluso, hay una situación de parálisis en el nombramiento de puestos de mando en la policía. Puedo leerles un auto de 14 de marzo de este año, del Tribunal

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Superior de Justicia de Madrid, que dice: Asimismo, adviértase a la Dirección General de la Policía que deberán abstenerse de resolver las convocatorias 6/2011 y 17/2011, por las que se anuncia la provisión de puestos de trabajo en distintas plantillas a cubrir por el procedimiento de libre designación entre funcionarios de la escala superior con el nivel inferior al 29, hasta tanto esta sala no se haya pronunciado al respecto, por si pudieran ser contrarias a la sentencia firme 1128. Esta es exactamente a la que se refiere nuestra proposición no de ley.


Quien tiene la especial responsabilidad de hacer que los ciudadanos cumplan la ley, lo mínimo que le es exigible es que él mismo cumpla la ley. Ante esta situación de práctica insumisión ante la sentencia de los tribunales de justicia por parte del director general de la Policía y de la Guardia Civil, el Ministerio del Interior tiene que cumplir las sentencias y es exactamente lo que le pedimos en esta proposición no de ley. Pero hacemos algo más, pedimos también la reprobación del director general de la Policía. Entendemos que la reprobación es sin duda una medida grave, pero lo hacemos con pleno conocimiento de causa. Porque no estamos únicamente ante un caso de desidia, de negligencia o de incompetencia administrativa. Esta cuestión de los nombramientos a dedo en la policía tiene un claro trasfondo político. Es evidente que la resistencia a cumplir la sentencia tiene que ver con la voluntad que el Partido Popular ha denunciado reiteradamente de politización de la policía, de un uso partidista de la policía e incluso de la utilización de la policía en contra de los adversarios políticos. Esto ni son fabulaciones ni son conspiraciones, son hechos reales. Son hechos tan reales como las filtraciones sistemáticas a medios de comunicación de informes policiales y diligencias judiciales, tan reales como operaciones televisadas de detención de personas cuando ocupan cargos públicos o de grandes operaciones y redadas policiales que quedan absolutamente en nada cuando se plantean ante un juez. Por tanto, como consideramos absolutamente inadmisible en un Estado de derecho esta utilización y politización de la policía, como esto es completamente incompatible con una sociedad democrática y como estas prácticas serían imposibles si tuviéramos una policía profesional e independiente como la que resultaría de tener unos criterios claros de mérito y capacidad en la selección de destinos, no solamente pedimos a la Cámara que dé un toque serio de atención al Ministerio del Interior para que cumpla las reiteradas sentencias de los tribunales en esta materia, sino que pedimos también la reprobación del director general de la Policía.


Señorías, quiero anunciarles en los treinta segundos que me quedan que aceptaríamos la enmienda que nos ha planteado el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds siempre y cuando se admita la corrección de errores porque la sentencia a la que se refiere y que yo he mencionado en mi discurso tiene mal citado el año, es de 2009 y no de 2010. En caso de aceptarse esa corrección de errores, admitiríamos la enmienda de Izquierda Unida.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Cosidó.


Efectivamente, se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y para defenderla tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


La proposición no de ley que hoy debatimos se refiere a un recurso interpuesto por el Sindicato Profesional de Policía que ha dado origen a la sentencia 1060 que, por otra parte, todavía no es firme al estar pendiente de la resolución del recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado ante el Tribunal Supremo. Esta sentencia anularía el sistema de libre designación de los puestos con nivel 26 e inferiores y obligaría, en su caso, a que algunos de los puestos de la escala superior, que ahora vienen todos sin diferenciación de categorías, se asignasen bien a comisarios o bien a comisarios principales, como ocurre en el resto de las escalas.


En nuestra opinión es prematuro traer al Parlamento una propuesta utilizando una sentencia que no es firme y que se pretenda hacerlo en clave política cuando los policías y sus sindicatos no precisan, a nuestro entender, de estos juegos florales. Sin embargo, el sindicato mayoritario, el Sindicato Unificado de Policía, es el único que tiene una sentencia firme y está defendiendo este derecho en los tribunales sin que haya parecido oportuno -puesto que el asunto está todavía en sede judicial- hacer aquello que tanto se critica: politizar a la policía.
Pues eso es lo que ocurre usando sentencias no firmes o contando verdades a medias. Si es malo politizar a la policía, aún peor es politizar a los sindicatos policiales.


Sin embargo, la sentencia número 1128, de 11 de diciembre de 2009, de la Sala tercera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya es firme al haber inadmitido el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado, anula el sistema de provisión por el método de libre designación de todos los puestos de trabajo con nivel inferior al 29. A petición del mismo sindicato, el Tribunal Superior de Justicia ha dictado un reciente auto de 2 de marzo de 2011 por el que requiere a la Administración para que lleve a puro y debido efecto la ejecución de la citada sentencia.


En definitiva, la propuesta que trae hoy aquí el Grupo Parlamentario Popular está coja porque la sentencia a la que se refiere no es firme y solo abunda en una parte de la punta del iceberg, pues solo concierne a los comisarios y comisarios principales, cuando, como lo demuestra la sentencia firme dictada a instancias del Sindicato Unificado de Policía, estamos ante una cuestión mucho más

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importante que concierne a un total de 5.059 puestos de trabajo y que afectará en una segunda fase a otros 1.900 puestos de trabajo, es decir, un total de 6.966 puestos de trabajo en ambas fases.


En conclusión, la justicia ha dictado sentencia y la Administración está retrasando la ejecución. Lo que procede ahora es lo que nuestro grupo parlamentario plantea en su enmienda de adición, y es solicitar del Gobierno la ejecución de la sentencia 1128 y la exigencia de que todos estos puestos de trabajo se provean por concurso de méritos, anulándose las decisiones de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que ya habían propuesto a la Cecir que todos los puestos de mando y especial responsabilidad de nivel complemento de destino 28 y otros muchos continuasen siendo provistos por el sistema de libre designación.
En este sentido va nuestra enmienda.


A lo que no votaremos a favor será al segundo punto de la iniciativa. No estamos de acuerdo con politizar los sindicatos policiales, pero tampoco estamos de acuerdo con que esta Cámara repruebe a un mando o a un responsable del Ministerio del Interior; eso de que como el Pisuerga pasa por Valladolid, nos aprovechamos. No estamos de acuerdo ni con esa politización ni con una politización superior que sería una reprobación por parte de esta Cámara, porque nuestra expectativa es que se cumplan las sentencias.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Para fijar posición del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Intervengo brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria con respecto a la iniciativa planteada por el Grupo Popular.


Estará toda la Cámara de acuerdo en que hay que plantear el cumplimiento de la sentencia, que esto no ofrece ninguna duda. Por ello, Coalición Canaria va a apoyar la primera parte de la proposición no de ley planteada por el Grupo Popular. Sin embargo, compartimos lo que planteaba el señor Llamazares en su intervención. No es motivo suficiente -cuando además se trata de recursos y de situaciones administrativas que tienen y deben tener una explicación- exigir hoy, aprovechando el posible retraso en el cumplimiento, responsabilidades políticas a los responsables institucionales. Está claro, señorías, que hay un debate aquí importante, un debate sobre la Ley de la Función Pública, la relación de puestos de trabajo y, sobre todo, la provisión de los puestos de trabajo en las diferentes administraciones. Esto es un problema que se plantea permanentemente, independientemente de quién tenga las responsabilidades de gobierno en cada caso; cuando son unos, son los otros los que plantean discrepancias con ese sistema de provisión de puestos de trabajo y a la inversa.


Por tanto, la sentencia está ahí y si reconocemos el Estado de derecho hay que cumplir las sentencias, pero no nos parece razón suficiente -entendiendo los argumentos que se han puesto encima de la mesa sobre el procedimiento y los recursos del proceso judicial- para establecer responsabilidades políticas en este caso.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.


Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Votaremos afirmativamente al primer punto, no sin reservas mentales severas. Afirmar que se tiene que cumplir una sentencia es una obviedad.
Lo que no consta, primero, es que la sentencia esté incumplida; segundo, que la sentencia sea firme -con lo cual no tiene el componente coercitivo de las combinatorias de las sentencias firmes- y, tercero, tampoco nos parece razonable que desde una instancia legislativa se inste al Poder Judicial a cumplir una sentencia. Señora presidenta, para cumplir las sentencias hay un trámite previsto en la Ley de la jurisdicción Contencioso-administrativa y de procedimiento administrativo común consistente en pedir por los legitimados procesalmente para ello la ejecución de las sentencias. Me parece una intromisión, una presión que debe ser incluso objeto de defensa por parte del Consejo General del Poder Judicial, por la independencia del órgano judicial, el acto que en este momento estamos perfeccionando, entrecomillando la expresión.


Desde luego, en relación con el segundo punto, ninguno. No estando claro si la sentencia ha sido cumplida o incumplida, si el sistema de designación o libre designación es razonable, legítimo o no legítimo, puesto que la ley no lo impide, si los comisarios principales van a poder acceder mediante la determinación de los cupos del 25 por ciento a los cargos a los que ellos pretendidamente han conseguido acceder en el ámbito judicial, tiene que ser por este procedimiento o por otro alternativo. No estando claro nada de esto, pedir la reprobación de quien es responsable de gestionar cuestiones deletéreas y no casadas, no sentenciadas de forma definitiva en el ámbito de la Administración de Justicia, nos parece sencillamente una frivolidad. No le voy a decir que nos parece una frivolidad que el grupo mayoritario que apoya al Gobierno en la Cámara apruebe esta proposición; ellos sabrán lo que hacen. En todo caso, no es vocación de mi grupo mantener una posición solitaria en relación con cuestiones tan espinosas como estas y, por mor del consenso y no por mor de los requerimientos del ordenamiento jurídico, vamos a votar que sí -no hay más remedio- al primer punto y vamos a votar que no al

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segundo. Me gustaría que alguien haga una reflexión pertinente sobre en qué consiste en este momento, en esta situación, en esta coyuntura y en este tiempo la independencia del Poder Judicial.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Popular nos trae hoy a debate una iniciativa referida a la provisión de puestos de trabajo en el Cuerpo Nacional de Policía y con cuyo objetivo general no podemos más que estar completamente de acuerdo, porque dicho objetivo no es otro que la obligación de cumplir las resoluciones judiciales por parte del Gobierno y por parte de toda la ciudadanía, porque estamos en un Estado de derecho, aunque es cierto que puedo compartir también las reflexiones que acaba de hacer el señor Olabarría en el sentido de que para instar a cumplir una sentencia el procedimiento judicialmente adecuado es instar por los interesados la ejecución de la misma.


Con respecto al punto primero de la iniciativa que estamos viendo, nuestro grupo va a votar también afirmativamente porque, más allá del sistema jurídico procesal, creemos que esta resolución es buena porque da un mandato general al Gobierno que sea de la manera por la que se deben cubrir los puestos de trabajo. La resolución, que quizá no es firme la que se invoca en el cuerpo de la iniciativa pero creemos que sí lo es la que se ha invocado por el Grupo de Izquierda Unida, recuerda que la provisión de puestos de trabajo prevé como sistema normal el concurso, en el que se tengan en cuenta los méritos exigidos en la convocatoria, que ha de ser tendente a la efectiva realización de los principios de mérito y capacidad y también de igualdad de condiciones en el acceso a la Función pública. Y deja la sentencia meridianamente claro, tal como la sentada jurisprudencia del Tribunal Supremo viene manifestando, que el sistema de libre designación para la provisión de puestos de trabajo tiene un carácter excepcional y es, por tanto, solo ajustada a derecho cuando está debidamente justificada en atención a la naturaleza de las funciones asignadas al puesto de trabajo, lo cual requiere imperativamente que por parte de la Administración se dé una justificación motivada de las causas que determinan en cada caso la elección del libre sistema de designación. Esto no ocurre o la sentencia dice que no ocurre en el acuerdo impugnado, por lo que viene a declarar la nulidad del mismo. En el cuerpo de la iniciativa se nos dice que se han incrementado en más de un 25 por ciento los puestos a cubrir. La verdad es que no tenemos datos para contrastar esta cifra concreta, pero más allá de ello lo significativo es que no se justifican de manera motivada las razones de la libre designación. Por ello y no por los porcentajes es por lo que nos parece que la sentencia estima las pretensiones de los demandantes y declara la nulidad demandada.


Como ha dicho el señor Olabarría, es una obviedad que las resoluciones deben cumplirse. Pero la verdad es que ha transcurrido un tiempo que nos parece suficiente para que el Gobierno lo haya hecho -estamos hablando del catálogo de puestos de trabajo-, y como no tenemos constancia de qué es lo que ha pasado hasta ahora, con respecto a este punto primero vamos a votar afirmativamente.


No les escondo que también nos gustaría saber cuáles son los motivos por los que el Gobierno no lo ha hecho ya, si es que aún no lo ha hecho; quizá el portavoz del Grupo Socialista nos dé alguna explicación en este sentido. Pero no vamos a apoyar el segundo punto porque, además de estas explicaciones, une una reprobación del director general de la Policía y de la Guardia Civil sin separar una y otra petición, que podría permitir votarlas separadamente. Mi grupo parlamentario -como ustedes bien conocen- no es partidario de reprobaciones en abstracto como un mecanismo más de control parlamentario sin tener, además, suficientes datos. Por lo tanto, solicitamos la votación separada de los dos puntos, de los cuales vamos a votar afirmativamente el primero y no vamos a apoyar el segundo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Hernando Vera.


El señor HERNANDO VERA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor Olabarría, conste que nuestro grupo también tiene ciertas reservas mentales hacia el contenido concreto de la proposición no de ley, sobre todo porque es la típica proposición no de ley que es perfectamente prescindible por parte de esta Cámara. Lo que no quiere, en todo caso, el Grupo Parlamentario Socialista es que se entienda que nuestro grupo se opone a que el Gobierno cumpla con una sentencia que, además, se está cumpliendo. Se está cumpliendo en dos fases pero se está cumpliendo. Y sin que esto sea inmiscuirse en lo que es propio del Poder Judicial y de un procedimiento de ejecución de sentencia, queremos declarar que la sentencia se está cumpliendo y se va a cumplir en su segunda fase.


¿Qué es lo que ha pasado? Lo que pasó en su momento es que en el año 2007 la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones estableció un catálogo de puestos de trabajo, dentro del cual, referidos al Cuerpo Nacional de Policía, se establecen una serie de puestos de trabajo que son de libre designación. Esto

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se hace en aplicación de la Ley de reforma de la Función pública que establece dos procedimientos muy distintos: uno es el acceso inicial a la función pública, que está muy claro que es a través de un concurso, de un concurso-oposición o de un concurso-oposición libre, y otro es la promoción interna para personas que ya tienen la categoría de funcionarios públicos. Pues bien, lo que hace el catálogo de 2007 es exactamente lo que hizo el catálogo de 2002, cuando el señor Rajoy era ministro del Interior. No varía prácticamente en nada -en 0,3 décimas- el porcentaje de puestos del catálogo de 2002 al porcentaje de puestos del catálogo de 2007 en cuanto a los puestos de libre designación, señor Cosidó; de 8,3 a 8,5. Cierto es que varía el catálogo de puestos en general porque crecen 8.500 los puestos, pero no los puestos de libre designación. Es decir, ustedes también incluían puestos de libre designación en el catálogo de puestos que aprobó el señor Rajoy en el año 2002. Los sindicatos, no conformes con ello, lo recurren y el Tribunal Superior de Justicia y posteriormente el Tribunal Supremo no dicen que sea ilegal que haya puestos de libre designación, no dicen que sean demasiados los puestos de libre designación; lo único que dicen es que se ha obviado un requisito que es importante -que antes no se pedía porque no se pidió en el catálogo de 2002 y que sí se pide en el catálogo de 2007-, que es incluir en la memoria técnica descriptiva la justificación de por qué esos puestos tienen que ser de libre designación. Por cierto, no todos los puestos de libre designación son de mando, ni mucho menos.
Un porcentaje menor es de mando, pero en lo que respecta al porcentaje mayor estamos hablando de funciones de policía que requieren especial funcionalidad o confidencialidad, como pueden ser las de información, seguridad de las altas instituciones como este Congreso de los Diputados, puestos de trabajo en el extranjero, sistemas especiales, brigada operativa de apoyo o la unidad de asuntos internos. Eso es a lo que se refieren y no solo a los puestos de mando.


Dado el número importante de puestos de libre designación afectados por esta sentencia, el Ministerio del Interior decide ejecutar la sentencia en dos fases. Una primera fase ya está ejecutada -preguntaba por ello la señora Pigem- y se hace por acuerdo de la Comisión Interministerial de Retribuciones, de 17 de diciembre de 2010; no solamente está ejecutada sino que la ejecución está comunicada al tribunal correspondiente. Y en una segunda fase de ejecución, que se está cumpliendo en estos momentos, incluso se reduce el número de puestos de libre designación. Fíjese, señor Cosidó, al final vamos a tener menos puestos de libre designación de los que tenían ustedes porque un porcentaje sigue siendo de puestos de libre designación, pero el otro se va a cubrir a partir del concurso de méritos general o específico. Esta es la situación, esto es lo que se está haciendo. El Gobierno ha cumplido una primera fase de la sentencia y ahora se está cumpliendo en estos momentos una segunda fase de la sentencia. ¿Son menos profesionales los funcionarios de policía elegidos por libre designación? No, en absoluto. Son tan buenos profesionales como los que ustedes elegían por libre designación y no se les puede denigrar, como se pretende hacer en algún caso.


Por último, en cuanto a la reprobación del director general de la Policía y de la Guardia Civil, hoy es mal día, precisamente hoy es mal día para hacerlo, señor Cosidó, porque hoy hemos tenido conocimiento oficial -nos lo ha comunicado el Gobierno y el ministro del Interior- de que este director general de la Policía a quien usted pretende hoy reprobar resulta que es el director general de la Policía que ha conseguido las cifras de criminalidad más bajas de la historia. Resulta que es el director general de la Policía que está consiguiendo con sus 150.000 funcionarios que haya más detenidos: 171 detenidos frente a 110 que había en el año 2003. Recordará quién gobernaba en el año 2003. Por tanto, usted ha pinchado en hueso y se lo han dicho los grupos de la Cámara. No se puede reprobar a un buen profesional que ha conseguido que este país sea mucho más seguro que cuando ustedes lo gobernaban.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Hernando.


Señor Cosidó, es su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas. Me ha parecido entender que tenía usted voluntad de aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Tenía esa voluntad, señora presidenta, pero no puedo aceptarla porque ha habido petición reiterada del resto de grupos parlamentarios de votación separada. Si aceptase la enmienda, me impediría la votación separada. Así que, lamentándolo mucho, no la puedo aceptar.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Entonces, señor Cosidó, vamos a votarla en sus propios términos.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE PRESENTAN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON LA SUFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DEL ACTUAL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICO. (Número de expediente 173/000202.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los criterios de actuación del Gobierno respecto a la situación financiera que presentan las comunidades autónomas en relación con la suficiencia y transparencia del actual modelo de financiación autonómico. Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, ustedes saben que nuestro grupo -y no es ningún secreto- ha sido y es muy crítico, mañana así lo expresaremos, con la política económica de este Gobierno que viene defendiendo desde hace tiempo a ultranza la austeridad y el recorte, en lugar de priorizar la creación de empleo y la reactivación económica para luego atacar más a largo plazo el déficit público. Pero siempre llueve sobre mojado y ya saben que en este contexto de férreo control del déficit público además ha hecho fortuna un argumento falaz, ha ido cuajando ese cliché, yo diría ese estereotipo falso, de que las comunidades autónomas son casi las responsables exclusivas del desequilibrio que presentan las finanzas públicas en este momento y que hay que meterlas en vereda. Parece como si el precio de la no intervención de España por la Unión Europea fuera precisamente el hecho de intervenir y tutelar las comunidades autónomas por parte del Estado. Algo con lo que, por cierto, la derecha está encantada y muy contenta, a pesar de que son los responsables en los últimos años de algunas transferencias sin las correspondientes partidas y sin la adecuada financiación. Por tanto, resulta lastimoso que entre unos y otros, para salir más o menos indemnes de este trance ante los inversores extranjeros, se esté -permítanme la expresión- cargando el muerto a las comunidades autónomas, dañando, por cierto, su crédito y su solvencia internacional, alimentando, repito, una falsa imagen de las comunidades autónomas como un auténtico engorro, como una auténtica sanguijuela insaciable e ineficiente; algo falso, entre otras cosas porque el Estado presenta cinco veces más déficit, cinco veces más deuda que las comunidades autónomas.


Por ello, entre otras cosas nos preocupa que se haya anunciado una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria vinculando el gasto de las comunidades autónomas al PIB nominal, que es tanto como desconocer deliberadamente que la financiación autonómica depende en buena parte de la evolución de los ingresos tributarios, pero además depende de la situación económica, porque las necesidades de gasto en plena crisis se disparan y las competencias autonómicas van ligadas en buena parte a la política social. Por tanto, cuando en un contexto de crisis se disparan estas necesidades, a veces pasa, como ahora, que los ingresos del Estado se mantienen o incluso crecen y los de las comunidades autónomas bajan, descienden, con lo que se provoca un desequilibrio vertical entre el Estado y la comunidad autónoma que hasta este momento ningún modelo de financiación ha podido corregir. Por tanto, es injusto, señorías, culpabilizar y estigmatizar a las comunidades autónomas además de intentar homogeneizar para todas ellas un mismo objetivo de déficit.


En todo caso, la moción que hoy presentamos, que obedece a una transacción que acaba de suscribir el Grupo de Esquerra Republicana con el Grupo Socialista y con el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, es una moción que desde una óptica catalana pretende básicamente sensibilizar al Estado para que asuma sus propias responsabilidades. Señorías, la Generalitat de Catalunya no puede y en definitiva no va a poder cumplir en el futuro con los deberes que se le imponen si el Estado, a su vez, no cumple también con sus compromisos financieros, es decir, los compromisos que dimanan del vigente acuerdo de financiación, agilizando las entregas a cuenta que corresponden en 2011, liquidando lo pendiente de la disposición adicional tercera del Estatuto sobre inversión en infraestructuras, además de dejar muy clara, cuantificada y garantizada la satisfacción del principio de lealtad institucional, es decir, de modo que se compense a la Generalitat por todas aquellas políticas de gasto que el Estado endosa a la comunidad autónoma.


Señorías, en cualquier caso, lo más relevante de esta moción, si me permiten -quiero poner el énfasis en ello porque es un acuerdo histórico el alcanzado por Esquerra, Grupo Socialista y Convergència i Unió-, es la publicidad de las balanzas fiscales. Señorías, la publicidad de las balanzas fiscales no es solo una cuestión que tiene que ver con la suficiencia o no del modelo de financiación; es una cuestión que tiene que ver sobre todo con la debida transparencia. Señorías, ¿quién tiene miedo a saber exactamente cuáles son los programas de gasto que el Estado ejecuta realmente en cada territorio? ¿Quién tiene miedo a saber cuáles son las rentas que se transfieren de un territorio a otro y, consiguientemente, a saber cuál es el saldo fiscal, si es negativo o es positivo? Señorías, la publicidad de las balanzas fiscales es el mejor antídoto contra los supuestos agravios; también contra los falsos y demagógicos discursos sobre privilegios o insolidaridad, y además son la base -cómo no- para corregir en el futuro los posibles desequilibrios que presenta el actual modelo de financiación, básicamente porque la solidaridad debe servir para aproximar el nivel de rentas entre unos y otros territorios, pero en ningún caso, señorías, a través de la acción redistributiva que ejecuta el Estado la solidaridad debe servir para castigar a algunos territorios con mayor potencial económico, con mayor capacidad recaudatoria, perjudicando, como en el caso de Cataluña, su desarrollo económico así como la calidad de sus servicios públicos.


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Por tanto, señorías, es muy importante que hoy se publiquen estas balanzas fiscales, empezando por las de 2009, que es el primer año de vigencia del actual modelo de financiación autonómica. Así, calculamos que cuando el Gobierno haga pública la liquidación y ejecución del presupuesto de 2009, previsiblemente en junio, al cabo de cuatro meses, como estipula la transacción -por tanto, en otoño-, se podrá hacer pública la balanza fiscal correspondiente a 2009. Pero sobre todo es todavía más importante fijar un mecanismo estable, un mecanismo normativo, un mecanismo legal para que, más allá de cada contingencia política, más allá del albur, del deseo político, del compromiso del Gobierno de turno, se publiquen legalmente estas balanzas fiscales y, por tanto, se haga ese ejercicio de transparencia, porque es muy importante que sepamos qué gasta el Estado y qué transfieren unos territorios hacia otros, cumpliendo en ese caso con los mecanismos de cooperación interterritorial previstos en la ley. En consecuencia, quisiera saludar este importante acuerdo, esta importantísima moción, insisto, como histórica, porque pone fin a esta opacidad y a esta falta de transparencia hasta el día de hoy en esta cuestión tan fundamental como son las balanzas fiscales.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds en la que planteaba la publicación de las balanzas fiscales. Hemos conseguido consensuar un acuerdo conjuntamente con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds y el Grupo Parlamentario Socialista para que la publicación de las balanzas fiscales -que fue un compromiso que en su momento arrancó Convergència i Unió al presidente del Gobierno, señor Zapatero, en el sentido de que fuera posible de una vez por todas esta publicación, como así lo ha sido recientemente- no solamente quede en la historia como un granito conseguido por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) sino que también se sume hoy al planteamiento que han hecho el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds y el Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de que esta publicación de las diferentes balanzas fiscales ya pueda plantearse con normalidad a partir del año 2009. A pesar de que nosotros proponíamos que estas balanzas fiscales se publicaran cada año -Esquerra Republicana planteaba cada dos años y a nosotros nos parecía perfecto-, finalmente hemos conseguido un acuerdo para que, como máximo, al cabo de tres años se puedan publicar, con lo que estamos de acuerdo.


También hemos consensuado que se pudieran incorporar algunos aspectos que hacen referencia a la metodología para que esta publicación de las balanzas fiscales se ajustara al ciclo económico que se está analizando, ya que entendemos que en épocas en que los déficits fiscales han sido muy grandes -como es el de los años 2009, 2010 y probablemente 2011- se puede plantear un mecanismo de corrección para que estos déficits abultados no perjudiquen la transparencia de los flujos financieros entre las diferentes comunidades autónomas. Nos congratulamos de este acuerdo que hemos alcanzado con Esquerra Republicana de Catalunya y el Grupo Parlamentario Socialista.


Hay otro aspecto relevante, aunque quizá nos estemos adelantando a cuestiones que vamos a debatir próximamente en esta Cámara. Ustedes saben, señorías, que se ha acordado en la reciente cumbre europea que el Gobierno socialista va a plantear una serie de medidas orientadas a la limitación del techo de gasto en función del crecimiento del PIB para la Administración General del Estado. Esto también va a ser extensivo a las corporaciones locales y en cuanto a las comunidades autónomas quedaba -según declaraciones del presidente del Gobierno- al albur del acuerdo que se pudiera plantear en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Nuestro grupo parlamentario va a incidir en que vamos a estar de acuerdo con el equilibrio presupuestario, con el plan de austeridad, vamos a estar de acuerdo -como ya lo estamos demostrando en estos momentos desde Cataluña- en ajustarnos al máximo el cinturón, pero también vamos a pedir máxima transparencia de todos los flujos fiscales entre las diferentes comunidades autónomas y la Administración del Estado para que podamos plantear con la máxima objetividad que no se van a poder aguantar unos ajustes drásticos del 10 por ciento en los gastos con un déficit fiscal como el que hemos tenido en Cataluña en función de determinados periodos de entre el 6 y el 9 por ciento. Por tanto, no podrá haber complicidad entre un ajuste severo de los presupuestos de las diferentes comunidades autónomas con unas limitaciones del gasto si no hay una transparencia de los flujos fiscales entre las diferentes comunidades autónomas y de quienes son receptoras y quienes son pagadoras, siempre partiendo de la base de que lógicamente estamos de acuerdo con la solidaridad, pero probablemente estos déficits fiscales que tienen algunas comunidades autónomas como Cataluña en un futuro, entre un 6 y un 9 por ciento, no se podrán mantener si no se cambia el sistema de financiación.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Para defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidenta.


Mi grupo también está satisfecho con el acuerdo al que hemos llegado, que se plasma en la enmienda transaccional -que espero que tengan todos los grupos-, porque creemos que es una moción constructiva que plantea acuerdos impositivos y sobre todo porque es coherente con el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas que el Grupo de Esquerra Republicana contribuyó a definir y a aprobar. Modelo de financiación, señorías, que, como ustedes saben, es el mejor que ha habido nunca en España, entre otras cosas porque por primera vez explicita y asume claramente el principio de equidad horizontal en la provisión de los recursos básicos del Estado del bienestar.


Mi grupo ha presentado unas pequeñas enmiendas que han quedado reflejadas en la enmienda transaccional que he mencionado porque compartimos, señorías, la conveniencia de mejorar la transparencia de nuestras cuentas públicas y, por tanto, la transparencia de los flujos de ingreso y gasto entre el Gobierno central y los territorios que conforman España.
Calcular las balanzas fiscales exige disponer de informaciones previas que no se obtienen directamente de procedimientos contables. Es una carga de trabajo importante, por ello consideramos que los plazos que habían presentado originalmente en la moción eran demasiado cortos y hemos propuesto ampliarlos. Además, las balanzas fiscales aportan información no solo de un resultado final sino también de la composición de ambos lados de la balanza, los ingresos y los gastos, y esta composición a muy corto plazo es estable, lo que hace disminuir su interés por un cálculo anual y continuado. Ahora bien, el año 2009, el año en que se pone en marcha el nuevo sistema de financiación, es un buen año para su cálculo, ya que el resultado va a ser seguramente un poco atípico porque es un año en el que la crisis se deja notar; en cualquier caso, esperemos que los profesionales del Instituto de Estudios Fiscales, a quienes les vamos a encargar su realización, lo puedan definir adecuadamente.


Señorías, mi grupo no solo es partidario de la transparencia, sino que la practica. No en vano ha sido un Gobierno socialista, y solo un Gobierno socialista, el que ha publicado esos datos. Estamos convencidos y afirmamos que los datos sobre flujos fiscales territoriales son necesarios para permitir un análisis sereno, objetivo de la realidad, y que no debe rechazarse ningún instrumento que nos permita aprehender esta realidad. Mi grupo, señorías, también quiere afirmar con la misma rotundidad que ello no nos debe inducir a caer en el error de creer que solo existe aquello que se puede medir o, peor aún, creer que solo lo que se puede medir o cuantificar es lo que importa. Señorías, mi grupo cree en una España más cohesionada en sí misma, también más cohesionada dentro de la Unión Europea, y ello exige, aún más en tiempos de crisis, promover unos valores -la confianza, la lealtad institucional en su noble y verdadero sentido, no en el limitado que el Partido Popular y Convergència le dieron en la Lofca- que no son medibles, valores que se basan en la voluntad política de construir una sociedad más justa, más igualitaria y mejor. Esta actitud es la que esperamos de todos los grupos para hacer frente a los retos que aún nos quedan por delante. Con esta voluntad vamos a dar apoyo a esta moción.


Muchas gracias (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Colldeforns.


Para fijar la posición del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.


Intervengo brevemente en nombre del Bloque Nacionalista Galego para expresar nuestro apoyo a esta moción. Creemos que es necesario garantizar el cumplimiento de todos los compromisos derivados del actual sistema de financiación autonómica con Cataluña, con Galicia y con el conjunto de las comunidades autónomas de régimen común. No tenemos ningún inconveniente en que se publiquen las balanzas fiscales. Creemos que la transparencia siempre es necesaria. Otra cosa es que las conclusiones que se deriven de esas balanzas fiscales habrá que ponerlas en relación con otros datos para extraer conclusiones definitivas, pero ese es otro debate que habrá que tener en el momento pertinente.


También quiero enfatizar nuestro apoyo a la necesidad de que se cumpla la disposición adicional tercera del Estatut de Catalunya, que prevé que la inversión del Estado en Cataluña durante un periodo de siete años tiene que ser equivalente al peso del producto interior bruto de Cataluña en el conjunto del producto interior bruto del Estado español. Y quiero enfatizar esto con los siguientes matices, señorías. En el proceso de debate de los nuevos Estatutos en la pasada legislatura nosotros manifestamos, aunque dimos apoyo al Estatut de Catalunya y a otras propuestas de Estatuto emanadas de los respectivos parlamentos autonómicos, que considerábamos que era discutible que en los estatutos de autonomía se incorporasen disposiciones que fijaban criterios de inversión del Estado en nuestra comunidad porque la suma de los criterios definidos por el conjunto de los Estatutos podía hacer difícilmente conciliables entre sí las posiciones que los distintos Estatutos contemplaban. En cualquier caso, los Estatutos están para cumplirlos. En el caso del Estatuto de Cataluña además se establece un periodo de tiempo, siete años. Creemos que la voluntad en su momento del legislador

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fue que a través de esta disposición se saldasen los déficits de inversiones del Estado en Cataluña que se pudieron acumular en periodos anteriores. Desde este punto de vista no tenemos nada en contra, pero quiero aprovechar la oportunidad, señorías, para enfatizar que represento a una fuerza política de un país, de un territorio, Galicia, que tiene importantísimos déficits acumulados en las inversiones del Estado, sobre todo si lo ponemos en relación con las inversiones en otros territorios.
En particular, tenemos importantísimos déficits acumulados en materia de infraestructuras y de infraestructuras ferroviarias. Por eso es necesario, frente a mensajes equívocos que se han emitido en los últimos tiempos, que exista una correspondencia y que el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a las demandas contenidas en esta moción y a que se cumplan las previsiones de inversión en Cataluña sea también correspondido por las fuerzas políticas catalanas. Estamos convencidos de que así será y expreso nuestro apoyo a esta moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Tomé.


El señor TOMÉ MUGURUZA: Señora presidenta, señorías, les anticipo que el Grupo Popular no va a apoyar la moción que ahora discutimos, por varios motivos. Se vuelve a traer hoy a la Cámara una discusión sobre el concepto de balanzas fiscales sobre lo que nosotros en principio no tendríamos ninguna objeción. Lo que sí nos parece que no es adecuado es la relación que se establece en la moción entre las balanzas fiscales y el modelo de financiación autonómica porque las balanzas fiscales no forman parte de nuestro modelo de financiación autonómica. No lo forman ni en la Constitución ni en la Lofca ni en la vigente Ley de financiación autonómica. Las balanzas fiscales se han utilizado en España y en muchos países para medir la incidencia territorial de la acción de las administraciones públicas desde el punto de vista de los ingresos, de los gastos, de los efectos distributivos y económicos. Los problemas metodológicos son conocidos, los problemas de imputación de gastos e ingresos al territorio, hasta el punto de que esta Cámara encargó al Instituto de Estudios Fiscales la elaboración de un informe sobre la metodología para la elaboración de balanzas fiscales. Para saber lo que significan las balanzas fiscales, los efectos y la incidencia con la que hay que usarla no hay más que ir al propio informe. El anterior director del Instituto de Estudios Fiscales, cuando en septiembre del año 2006 fijaba el informe sobre la metodología para la elaboración de balanzas fiscales en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado, seguía insistiendo en la naturaleza de origen esencialmente académico de las estimaciones de las balanzas fiscales y las grandes dificultades metodológicas existentes. Reitero -decía-, todo lo que se refiere a la incidencia en el enfoque carga beneficio es muy discutible. Por lo que se refiere al enfoque del flujo monetario también se pone de manifiesto que el saldo del signo es siempre inverso al de comienzo. Entendemos que no hay relación directa entre el saldo de las balanzas fiscales y el modelo de financiación autonómica. Esta es la realidad en la doctrina científica y hacendística. Nuestro modelo de financiación autonómica parte de la solidaridad entre territorios y entre españoles, como establece el artículo 2 y el artículo 183 de la Constitución. En definitiva, el saldo fiscal de un determinado territorio es consecuencia de ese modelo solidario, es consecuencia de un sistema fiscal progresivo que se aplica a ciudadanos con distinta capacidad de pago, es consecuencia de un sistema de bienestar universal que se aplica a todos los españoles con sus necesidades. Esto lleva lógicamente a un sistema que es esencialmente redistributivo porque así lo queremos los españoles en la Constitución, en nuestro Estado y en nuestro sistema de bienestar. Cuando se relaciona, como se quiere hacer hoy, el concepto académico, siempre con dificultades, de las balanzas fiscales con nuestro modelo de financiación autonómica, se quiere hacer -y ha sido explícito el portavoz del grupo proponente, como algún otro portavoz hoy- con la finalidad exclusiva de reducir la contribución a ese esfuerzo de solidaridad que hay que hacer en función de la capacidad de cada uno de los ciudadanos.


Hay otros aspectos en la moción que nos parecen importantes, pero que no vamos a poder votar favorablemente. Sí quiero dejar constancia de la importancia que da el Grupo Popular a que se aplique la disposición adicional segunda de la vigente Ley de Financiación Autonómica, en virtud de la cual en este año 2011 se deberían haber incluido en los Presupuestos Generales del Estado los anticipos correspondientes a los recursos adicionales que se prevén en el modelo de financiación autonómica. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Esta circunstancia, la no inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de estos anticipos de los mecanismos adicionales de financiación, el Fondo de competitividad y el Fondo de convergencia y cooperación, es lo que ha motivado, entre otras cosas, que mi grupo haya presentado un recurso de inconstitucionalidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, ¿la transaccional que se pasaría a votación es aceptada por su señoría y su texto nos lo hará llegar a la Presidencia?

El señor RIDAO I MARTÍN: Si es la que suscriben conjuntamente el Grupo Parlamentario de Esquerra, el Grupo Socialista y el de CiU, efectivamente es esa.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA DÍEZ), SOBRE LOS CAMBIOS A ADOPTAR EN EL SISTEMA DE ELECCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA SEPARACIÓN DE PODERES. (Número de expediente 173/000203.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, señora Díez, sobre los cambios a adoptar en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes.


Para su defensa tiene la palabra doña Rosa Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Señorías, se trata de una moción en la que se pretende modificar el sistema por el que se elige el Consejo General del Poder Judicial para garantizar la independencia de la justicia y la separación de poderes. En esta ocasión, como cuando hemos debatido sobre la despolitización de las cajas de ahorro, sobre la reforma de la Ley Electoral, sobre el despilfarro y las duplicidades en el conjunto de las administraciones públicas, o sobre la reforma del sistema educativo, ocurrirá algo que ha sido común en ese otro tipo de debates, que votarán, ustedes y ustedes, en contra, y luego, ustedes y ustedes, o unos y otros alternativamente, los fines de semana en alguno de los mítines de sus respectivos partidos propondrán reformas similares. No tienen ninguna intención de plantear esta reforma, como ya han demostrado, porque basan su estrategia de alternancia en el reparto del poder, en que nada cambie, Pero, ustedes y ustedes, saben que la mayoría de los ciudadanos consideran imprescindible que estas cosas cambien y por eso hablarán de ello como si fueran a hacerlo, naturalmente fuera del Congreso de los Diputados. No cambian nada para mantener el poder, ni los unos, ni los otros, pero no les queda otro remedio que cambiar el discurso, porque en algún momento, cuando alguien se lo exige precisamente para mantener ese poder o para acceder a ello, tendrán también que cambiar las cosas de fondo de las que yo hoy les quiero hablar.


Naturalmente no voy a decir nada muy distinto de lo que dije la pasada semana al ministro de Justicia en la interpelación, pero sí quiero insistir en algunas de esas cuestiones. Hoy les planteo la necesidad de reformar la Ley orgánica por la que se establece el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Mi propuesta no tiene otro objetivo que garantizar, como dije al principio, la independencia entre poderes; algo tan inseparable y tan insustituible en democracia como lo es el laicismo o el sufragio universal. El sistema actual de elección pervierte el sistema y vulnera la propia exposición de motivos de la ley que pretendo reformar. Burla, además, la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró constitucional esta ley, siempre que las Cámaras, a la hora de proponer los miembros del Consejo, -y abro comillas- no atiendan solo a la división de fuerzas existentes en su seno -en el seno de las cámaras- y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a las fuerzas parlamentarias de estos.
Eso es lo que dijo la sentencia del Tribunal Constitucional; que era constitucional siempre que la Cámara no distribuyera los magistrados con el cupo de los partidos políticos, que es justamente lo que se hace.
Pacto cerrado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, cupo cerrado, y luego unas guindas, una verde y otra roja, para que todo el mundo esté contento más o menos con cómo queda la tarta, pero todos a esperar. Ahora me toca a mí y luego ya te tocará a ti. ¿Que ahora en este cupo no tengo yo mayoría? Pues cuando pasen unos años ya me tocara que el cupo sea diferente y que la mayoría la tengo yo.


Lo que yo les propongo, señorías, no es un reparto diferente, que quede claro, no les propongo un reparto diferente. Les propongo que dejemos de meter la mano en el órgano de Gobierno de los jueces. Les propongo que acabemos con esta situación bochornosa en la que los magistrados, no solo del Consejo, también del Constitucional -y algún día hablaremos de ello- hablan en nombre de la facción que les ha cooptado. Les propongo que cambiemos esto porque es una vergüenza escuchar de forma permanente las referencias a la mayoría progresista o a la mayoría conservadora, sin que a ningún togado se le caiga la cara de vergüenza y salga a reivindicar su independencia. Me dirán ustedes que esto no es nuevo. Es verdad. No es nuevo, pero convengan conmigo en que ahora ya ni disimulan. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos enteramos de quién iba a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial porque lo anunció el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero? Es que acababan ustedes dos de hacer un pacto que le llamaron sobre la reforma de la justicia. Le llamaron un Pacto de Estado sobre la reforma de la Justicia, que fue la tarta esta de la que les hablaba. Nos enteramos de quién iba a ser el presidente una vez que se habían repartido los que les correspondían a cada cual, según su manera de entenderlo, porque el presidente del Gobierno salió y lo dijo. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Paso que los unos y los otros, los del banco azul y los del banco rojo, para hablar de la terminología al uso, se pusieron como locos, digo los magistrados que habían sido cooptados, y salieron a criticar. Y pasó que les llamaron a unos a Ferraz y a los otros a Génova. Y paso que al día siguiente votaron todos a favor de esa designación que el presidente del Gobierno había anunciado. ¿Les parece propio del órgano de gobierno de los jueces? En cualquier país del mundo hubiera sido imposible que eligieran presidente a esa persona designada, al margen de su cualificación, que no vengo a plantear. Esto es lo que ocurre hoy en España, donde ya no se guardan las cuestiones de fondo, ni siquiera se guardan las formas. No es de extrañar que los ciudadanos crean mayoritariamente que

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la justicia es un problema de nuestro país, y que además de otras cosas y de no ser independiente, tampoco es justa, particularmente para las personas más necesitadas de que haya una justicia independiente.


No hay manera de combatir algunas de nuestras lacras, por ejemplo la corrupción política, mientras los políticos coopten a los jueces que les tienen que juzgar. Señores, se trata de que ninguno de los partidos políticos tengamos mayoría en un órgano en el que no tenemos que estar representados los políticos, ni directa, ni indirectamente. Se trata de que ninguno de nosotros elijamos a los doce jueces y magistrados, que deben ser elegidos entre ellos. No se trata, como dijo aquí el ministro de Justicia, de discutir la legitimidad de este órgano. Claro que el Parlamento es un órgano legítimo ¡estaría bueno! pero legítimo, no para todo. No, por ejemplo, para suplantar a otro poder del Estado, que es la Justicia; ni al Gobierno, que es otro poder del Estado. Tenemos la legitimidad que nos corresponde, según nuestro ordenamiento constitucional. Legítimo, sí, pero no para suplantar a otro poder del Estado. Hemos de introducir las reformas legislativas precisas para cumplir con los requerimientos del Tribunal Constitucional y con las recomendaciones contenidas en la Carta Europea del Estatuto de los Jueces. En ningún país de nuestro entorno el órgano de gobierno de los jueces es elegido exclusivamente por el Parlamento. Que no se me diga que en Alemania o en Francia tienen otro sistema. Tienen otro sistema, pero el nuestro es este, y no nos toca meter mano donde no tenemos que mandar representantes. Nosotros representamos a la ciudadanía española. En España y en cualquier democracia del mundo existe la separación de poderes, y tenemos que respetarla y hacerla respetar. Por eso les planteo una modificación de la ley por la que se determinó cómo se elige el Consejo General del Poder Judicial, para que no ocurran estas cosas, para que haya separación de poderes, para que haya independencia de la justicia, insisto, para que no metamos la mano donde no nos corresponde.
Señorías, esta cuestión que les planteo no es ideológica, si me permiten la expresión, es una cuestión prepolítica. Sé que hoy votarán en contra, pero sé que, antes o después, lo haremos, porque es de ley, es de derecho y es de democracia.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra don Federico Trillo.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señor presidente, señorías, como saben los más antiguos en la Cámara, y creo que también los más modernos, esta es quizá la vigésima ocasión en que discutimos la composición e integración del órgano de gobierno de los jueces y magistrados. De entrada, ello indica que esta construcción no es la más acabada del sistema constitucional, quizá es un punto negro de la arquitectura constitucional porque reiteradamente es motivo de debate en comisión o en Pleno.


Señora Díez, a pesar de que compartimos la intención, que no el tono, el lenguaje y la argumentación de hoy, que podría ser un poco más elevado, le vamos a añadir a lo que usted ha dicho alguna reflexión sociológica.
Según la encuesta privada más objetiva, mejor valuada a su vez, y avalada por el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y alguna otra firma privada, los españoles no solo consideran que la justicia funciona mal o muy mal el 71 por ciento, sino, lo que es peor, porque ese dato es estremecedor para una Estado de derecho, el 54 por ciento consideran que no es fiable en su independencia. Pero luego reparten para todos. Por ejemplo, el 65 por ciento -aún superior a la media- considera que no son independientes los jueces cuando se entiende de favorecer o perjudicar a alguno de los miembros de un partido político; el 60 por ciento de los encuestados considera que tampoco son independientes cuando se trata de influir por los intereses y presiones del Gobierno; y también el 52 por ciento considera que no son independientes ante los medios de comunicación.


Efectivamente, señora Díez, la independencia no es solo la de la función jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado a la que se refería el señor ministro de Justicia cuando le contestó a su interpelación; es también la independencia orgánica, la independencia del órgano de gobierno de los jueces, de los nombramientos, de la promoción, de la carrera, de la inspección, de las sanciones, etcétera. Eso es algo que dijo el liberalismo en su día. Lo dijo el famoso Locke, y Montesquieu, más famoso todavía desde alguna defunción aquí dictada. Pero también lo dice el neoconstitucionalismo -y es una reflexión que quiero trasladar hoy a la mayoría-, que es una tendencia progresista, integradora de las normas de las constituciones más recientes de los últimos treinta años, y lo dice Ferrajoli, que es alguien que está de moda en el pensamiento de izquierdas más auténtico para generar las democracias. Pueden sus señorías comprobarlo. ¿Por qué? Porque es la garantía de la libertad e incluso del bienestar de los ciudadanos en una democracia moderna. Pero esa coincidencia entre liberalismo y progresismo legalista o judicial, judicialista o garantista, no es suficiente para explicar por qué en consecuencia no se corrige el sistema. Después de tanto cambio y tanto esfuerzo por parte del grupo al que represento y en nombre del cual les hablo, que ya incluso forzó un consenso para la reforma en el año 2002 desde la mayoría absoluta con la minoría del Partido Socialista, no se explica. Después de leer algunas cosas en los días de ayer y de hoy, creo sinceramente que en el fondo late una enorme desconfianza hacia los jueces y un enorme afán de control para que no vayan a irse por otro camino.


Su señoría utilizó en su intervención y en el texto algunas palabras con las que no puedo estar de acuerdo.


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Por ejemplo, considera que estuvo bien corregido el sistema de 1980 en 1985 porque los jueces entonces eran muy conservadores. Bueno, ¿y qué? ¿Es que por ser conservadores eran peores jueces o tenían menos calidad? ¿Eran menos independientes por ser conservadores? ¿Eran menos profesionales? ¿Eran menos legítimos ética, moral o legalmente? Ahí hay un problema sobre el que deben reflexionar su señoría y otros muchos. No voy a entrar ahora en la etiología de la función, pero no se corrigió porque fueran conservadores; se corrigió porque la mayoría de entonces quería controlar con una visión jacobina el órgano de gobierno de los jueces, aunque luego rectificaron en parte. Yo les pediría que abrieran una reflexión de nuevo, porque no vamos a apoyar la moción de la señora Díez, pero sí la hemos enmendado para volver al sistema de 1980. Señora Díez, se lo digo con el afecto y el respeto que sabe que le tengo, en la propuesta que usted hace es peor el remedio que la enfermedad, porque de los doce miembros de los veinte que componen el consejo y que han de ser elegidos entre jueces y magistrados usted propone que cuatro sean jueces, tres sean secretarios, tres fiscales y dos abogados. Entonces para los ochos restantes que son los juristas de reconocido prestigio, ¿a quién nombramos? ¿A catedráticos? No son precisamente los que están en los tribunales todos los días. No, los ocho juristas de reconocido prestigio son para nutrirlos de los secretarios, de los fiscales, de los abogados y también de los catedráticos, pero los doce de extracción judicial han de ser elegidos de entre y por jueces y magistrados. Esa es sencillamente la fórmula de la Ley Orgánica de 1980, la que se suprimió y la que nosotros proponemos hoy como un avance a la hora de recuperar la credibilidad del sistema judicial. Proponemos además a la mayoría que reflexione sobre ello. Ya le anuncio que votaremos hoy, si acepta nuestra enmienda estaríamos encantados y lo llevaríamos a nuestro programa electoral. En cualquier caso será también parte de nuestro programa de gobierno, que ojalá que pueda ver la luz pronto.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trillo.


Para fijar posición tiene la palabra don Joan Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar quiero hacer una aclaración de tipo metodológico. Hay muchas ocasiones en que desde algunos sectores mediáticos e incluso sociales se tiene una falsa percepción cuando se confunde indebidamente lo que es el órgano de gobierno del Poder Judicial con lo que es la administración de la Administración de Justicia, y lo que es propiamente el Poder Judicial. Esta confusión lleva en muchos casos, incluso en el plano teórico o dogmático, a afirmar a veces demasiado rotundamente que no hay separación de poderes, y que la justicia no es independiente de cada uno de los poderes del Estado, cuando al menos formalmente desde el Estado liberal quien imparte justicia son los jueces y estos deben actuar independientemente y sin ningún tipo de dependencia jerárquica respecto de sus decisiones.


Dicho esto, que es en definitiva lo que constitucionalmente está plasmado y consagrado en el artículo 117 -que dice que el órgano de gobierno del Poder Judicial está integrado por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, además de otros juristas de reconocido prestigio-, es verdad que no siempre esta independencia está a la luz del día. Es verdad que en realidad estamos asistiendo en muchas ocasiones a algunos episodios en los que se pone en duda esa independencia, incluso algunos episodios de fuerte politización en la cúpula de gobierno del Poder Judicial. Pero ello no se va a solucionar, en nuestra modesta opinión, sustituyendo el sistema de elección de los miembros del consejo ni alterando la actual base electiva, que es parlamentaria, del Consejo General del Poder Judicial ni con que los jueces dejen de proponer, como hasta ahora, a través de sus respectivas asociaciones, a sus representantes que finalmente elige el Parlamento. Debo recordar que después de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial todos los miembros del consejo son nombrados por el Congreso y el Senado, diez por cada Cámara, por una mayoría reforzada de tres quintos. Seguramente este no es el mejor de los modelos posibles, como decía mi amigo y colega, el ilustre y excelentísimo señor Trillo, pero seguramente es el sistema más democrático, pues la elección de los miembros del consejo emana directamente de esta Cámara, del pueblo, de sus legítimos representantes, en ningún caso son elegidos por una élite judicial ni por jueces, a quien nadie ha escogido en las urnas. Por tanto seguramente este sistema es perfectible, pero en este momento ha demostrado su eficacia y es el mejor de los posibles, y no vamos a apoyar la iniciativa de la señora Díez.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Tiene la palabra por el Grupo Vasco don Emilio Olabarría. (Rumores.)

Silencio, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías.


Señora Díez, ha hecho una buena reflexión, un buen símil sobre la composición del Consejo General del Poder Judicial, indicando que se compone de las cuotas pretendidamente negociadas entre los grupos mayoritarios y dos guindas, una roja y una verde. Yo he sido una de esas guindas, no sé si la roja o la verde. He sido durante cinco años vocal del Consejo General del Poder Judicial, no sé cuál de las dos me atribuye usted. Sí le

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puedo hacer alguna reflexión sobre la naturaleza de las competencias allí ejercidas y sobre la naturaleza del órgano. Me permite además fijar la posición de mi grupo sobre la interesante moción por usted presentada.
Discrepamos prácticamente de casi todo su argumentario, se lo digo con honestidad y con el respeto que sabe que le profeso. En primer lugar, porque a usted en relación con la separación de fuentes de poderes se le olvida un matiz que es particularmente relevante en cuanto al órgano de administración de la Administración de Justicia -esta es una locución consagrada por la jurisprudencia constitucional-, que es que la soberanía del Consejo General del Poder Judicial no es una soberanía originaria, sino que es una soberanía diferida. El señor Trillo sabe diferenciar perfectamente lo que es una soberanía originaria de una diferida. La del Consejo General del Poder Judicial dimana de estas Cortes Generales del Estado, porque este es el único órgano que por ser un órgano electivo posee una identidad soberana originaria. Todas las demás son diferidas.
Por tanto no es ilógico ni aberrante pensar que la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que administran la Administración de Justicia sean designados por el único órgano que posee una soberanía de naturalaza originaria, por ser de naturaleza electiva, por ser todos los diputados y senadores objeto de elección en comicios universales, cosa que no ocurre con los miembros, con los vocales del Consejo General del Poder Judicial.


En segundo lugar, usted ha hecho un comentario que me parece desafortunado, que es desproveer de la condición de órgano político al Consejo General del Poder Judicial. Es un órgano político desde la perspectiva de que ejerce competencias gubernativas, administrativas, vinculadas a la política judicial, evidentemente, pero de esta naturaleza. No es un órgano jurisdiccional. Y desde la perspectiva del ejercicio de competencias, como son la inspección, la política de nombramientos, la política disciplinaria, y otras que ya han sido glosadas por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, tengo que decirle que estamos ante un órgano político cuyos vocales pueden ser designados legítimamente por quien posee la única legitimidad de naturaleza originaria, léase Carnelutti, don Federico Trillo, nuestro amigo también, compañero y excelentísimo diputado. Los demás órganos del Estado poseen también, como le decía anteriormente, una soberanía de naturaleza diferida.


¿Qué tiene que ser el Consejo General del Poder Judicial para ejercer correctamente estas competencias que le atribuye la Constitución en el artículo 122, que usted ha interpretado? Tiene que ser un órgano neutral, tiene que ser un órgano despolitizado, tiene que ser un órgano que atienda a los requerimientos de la legalidad, al principio de legalidad fundamentalmente, que son requerimientos respecto a los cuales a veces en esta Cámara -y estoy de acuerdo desde esa perspectiva con sus reflexiones, señora Díez- no hemos dado ejemplos particularmente elocuentes o particularmente adecuados. Que ha habido designación en virtud de negociaciones políticas es sabido por todos, señora Díez, pero la fórmula alternativa a la que usted propone, fórmulas de negociación en sede parlamentaria legitimadas por una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 108/1986, legitima este sistema. La alternativa que usted propone, que es la elección corporativa, la elección dentro del propio cuerpo de jueces y magistrados, añadiendo otros operadores jurídicos diferentes que deben formar parte no de los doce, sino de los ocho juristas de reconocido prestigio, no incorpora elementos de legitimidad adicional. ¿Por qué? Porque también las asociaciones de jueces, señora Díez, se corresponden con las sensibilidades políticas en materia de política judicial que representamos los grupos políticos en esta Cámara, de forma y manera que es muy difícil encontrar disonancias entre la asociación Jueces para la Democracia con el Partido Socialista Obrero Español, su grupo parlamentario...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, debe acabar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...y es muy difícil encontrar disonancias entre la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, con las tesis mantenidas en materia de política judicial también con el Grupo Popular en el Congreso. Desde esa perspectiva hay sistemas híbridos que no han sido enfatizados suficientemente por usted -y con esto acabo, señor presidente-, el sistema cuasi electivo que ya existe en relación a los jueces de procedencia judicial o que pertenecen a la carrera judicial, que obliga a la designación por las asociaciones de tres por cada uno de los que han de ser elegidos, y son objeto de elección dentro del cuerpo judicial o corporativamente dentro de la carrera judicial. Podríamos buscar también elementos de identidad mejores que la independencia y neutralidad política de los juristas de reconocido prestigio. ¿Cuál es el sistema? El sistema de las audiencias previsto en la Comisión de Justicia para los que se presenten como...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, debe acabar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con esto acabo. Señora Díez, todo es perfectible, todo es mejorable, pero sus argumentaciones no son las mejores para la identificación de un órgano de esta naturaleza y para garantizar la neutralidad de un órgano que debe gobernar el Poder Judicial no jurisdiccionalmente, sino desde una perspectiva gubernativa.
Cuando usted quiera hablamos de independencia judicial, que es otra cosa.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Tiene la palabra don Jordi Jané.


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El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, Convergència i Unió votará que no a esta moción que hoy ha defendido la diputada Rosa Díez ante el Pleno de la Cámara, y lo haremos por diversas razones. En primer lugar, por una razón formal importante, y es que estamos ante una moción y ante una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. En ningún caso este Pleno debe aprobar mociones para ver si, a través de instar al Gobierno a presentar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducimos cambios en ese sistema de elección. Este no es el sistema. El sistema es ir a la Ley Orgánica del Poder Judicial. En segundo lugar, el señor Ridao decía en su intervención que el sistema actual es el mejor de los posibles.
Nosotros no sabemos si es el mejor de los posibles. Sí sabemos que el sistema actual es mejorable. Sin ninguna duda es un sistema mejorable, especialmente cuando llega el momento del fin del mandato. Cuando se acerca la finalización de esos cinco años de mandato, esta Cámara, al igual que el Senado, deben conjugar una mayoría especial de tres quintos, y en ese momento sí que entran todas las dificultades. Por este motivo desde Convergència i Unió propondremos, a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la reforma también de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que una vez finalizado el mandato constitucional -en este caso cinco años; cuando es el Constitucional son nueve- los vocales puedan quedar seis meses en funciones, porque a lo mejor ese momento coincide con la renovación de la Cámara, y la Cámara que los debería renovar está disuelta en ese momento. Pero transcurridos seis meses no tiene razón de ser ir prolongando los mandatos. Esta sería una visión que ayudaría muchísimo a que los grupos se pusieran de acuerdo.


Otro aspecto es cómo se eligen. Evidentemente la Constitución nos marca cómo deben elegirse ocho de los veinte. Sobre estos ocho lo tenemos tasado por la Constitución, y por lo tanto si analizamos la moción que hoy se nos plantea es inconstitucional en su último apartado, porque nos dice que los ocho que sí que eligen siempre cuatro el Congreso y cuatro el Senado deben ser de entre juristas con veinte años de ejercicio. La Constitución pone quince, y por lo tanto no podemos exigir más que lo que la propia Constitución regula. En este aspecto la propia enmienda de sustitución del Grupo Popular repetía esos veinte años, pero el señor Trillo, que es un buen jurista, ya me ha reconocido que era un error, porque de hecho no podemos ampliar el requisito de años que fija en este caso la propia Constitución. Sí que podemos -y de hecho hemos tenido ya tres modelos- cambiar la forma en que se eligen los doce que deben tener una procedencia entre jueces y magistrados, pero esos doce de procedencia judicial en este momento son elegidos también seis por el Congreso y seis por el Senado, de entre las propuestas de ternas que las propias asociaciones y la propia carrera judicial nos aporta. Es un sistema posible. Lo era también el inicial, exclusivamente a través de propuestas judiciales y elegidos entre los jueces, y lo es también el que sustituyó al inicial. Todos ellos tienen legitimidad por el propio Tribunal Constitucional, que en sus sentencias los ha dado como válidos y posibles, aunque el tribunal se inclinaba más por un sistema de procedencia judicial y de elección judicial. Pero el sistema actual es plenamente adecuado con la Constitución.


No debemos demonizar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que son gobierno del Poder Judicial. Lo decía muy bien el señor Olabarría, son órgano de gobierno, no dictan sentencias, no son Poder Judicial, son gobierno del Poder Judicial, y por lo tanto una opción posible para su elección es la elección parlamentaria. ¿Es mejorable? Sin duda, pero es una opción posible, y mi grupo lo que no pretende hoy es cambiarla a golpe de moción. Esta no es la fórmula que el Pleno de la Cámara ante un tema tan importante debe resolver. Debemos buscar consensos y sobre todo intentar afrontar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ayude a cumplir más ese mandato de cinco años y en funciones seis, e instar a los grupos a ponerse de acuerdo en esta Cámara y en el Senado a cumplir con nuestra obligación de renovar los mandatos cuando toca, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas que llevamos demora actualmente, y de los propios magistrados del Tribunal Constitucional.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


Tiene la palabra don Julio Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la moción de la señora Díez propone la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en el sentido de modificar el sistema de elección de vocales del consejo con el fin de garantizar la independencia judicial y la separación de poderes. Solicita que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial elegidos entre jueces y magistrados lo sean de forma directa en listas abiertas, eligiendo cuatro por los propios jueces y magistrados, tres por los secretarios judiciales, tres por los fiscales y dos por los abogados.


Señora Díez, con todos los respetos le tengo que decir que su motivación, sin duda bienintencionada, es poco oportuna en el tiempo y desafortunada en el análisis conceptual, tanto político como jurídico. La propuesta no solo resulta contraria a los principios constitucionales de pluralidad y representatividad democrática inspiradores del actual sistema, sino que resulta inoportuna porque reabre un debate ya cerrado en las Cortes por acuerdo de casi todos los grupos parlamentarios. Parece

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que el Partido Popular con su enmienda también quiere reabrirlo.


La independencia judicial que recoge nuestra Constitución es la que tienen todos los jueces en su función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El Consejo General del Poder Judicial que es el órgano de gobierno de los jueces no es Poder Judicial, porque no ejerce funciones jurisdiccionales que están reservadas a jueces y magistrados. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano político y ejecutivo de administración del Poder judicial, y cumple unas funciones constitucionales muy concretas en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, conforme establece el artículo 122 de la Constitución.


Sobre el sistema de elección recogido en la Ley Orgánica 6/1985, ya se pronunció el Tribunal Constitucional en su sentencia 180/1986. La regulación actual es fruto del consenso. La Ley Orgánica 2/2001 nació de una previa proposición de ley del Grupo Socialista, del Partido Popular, de CiU, de PNV, de Coalición Canaria, de prácticamente todos. Además este consejo cuya composición es plural, aunque seguro que mejorable, está colaborando activamente en una cuestión de Estado como es la transformación y mejora del servicio público de la justicia, en la que el actual Gobierno está empeñado.


Aclarado pues que nada tiene que ver independencia del Poder Judicial con independencia del Consejo General del Poder Judicial, el artículo 117 de la Constitución española nos recuerda que la justicia emana del pueblo.
El Parlamento es la institución que da mayor grado de legitimidad democrática a cualquier elección, y también por tanto a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La moción pretende atribuir solo a algunos grupos del ámbito de la justicia, jueces, fiscales, secretarios y abogados, la elección de los doce jueces y magistrados del consejo. ¿Por qué solo a ellos? ¿Por qué solo a una parte de los trabajadores de la Administración de Justicia? ¿Qué pasa con los procuradores y el resto de los funcionarios? Pero, sobre todo, ¿y el resto de los ciudadanos? ¿Y el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado? Estamos ante una propuesta de elección gremial incompleta. La segunda propuesta de la moción, la elección en veinte años, que se ha apuntado por algún otro parlamentario -el señor Jané-, es inconstitucional dado que se recoge que son quince años. La tercera propuesta de que los veinte vocales sean reelegibles por una vez también es inconstitucional; tan solo el presidente, porque es a su vez presidente del Tribunal Supremo, podría ser reelegido por una sola vez.


Señorías, ya tuvimos ocasión de debatir el contenido de esta misma moción a través de una proposición no de ley en la Comisión el pasado 29 de octubre de 2009, y fue rechazada por todos los grupos parlamentarios.
Señorías del Partido Popular, don Federico Trillo, ¿qué decía el Partido Popular, don Arturo García-Tizón, con buen tino?: Lo que no se puede es abrir el proceso de modificación de la elección del Consejo General del Poder Judicial sin un amplio consenso -entrecomillado-. Sigo: Esto es algo que no puede venir si no es con el gran consenso de los grandes partidos mayoritarios que tiene esta Cámara, o todo lo que hagamos será agua de borrajas y no iremos a ningún sitio. Tenía razón. (Rumores.) Estos temas, señor Trillo -no es para tomarlo a broma porque es muy serio lo que están haciendo-, hay que hacerlos con consenso, muy meditadamente.
Los saltos en el vacío lo único que nos pueden traer son más problemas que los que pretenden solucionar.


¿En qué ha quedado todo esto? Hoy el Partido Popular presenta una enmienda que rompe el consenso mencionado de forma unilateral e irresponsable, proponiendo limitar la selección de los doce vocales del consejo solo al colectivo de jueces y magistrados. El Partido Popular demuestra una vez más que no es de fiar, y que carece de todo sentido de Estado. El Partido Popular pretende volver a los viejos tiempos, señor Trillo, y apostar por el corporativismo frente al parlamentarismo. El Grupo Parlamentario Socialista está en contra de la enmienda y del comportamiento desleal del Partido Popular. El Consejo General del Poder Judicial actual tiene legitimidad de origen, porque ha sido votado por las Cámaras, y legitimidad de ejercicio, parafraseando, como dice mi buen amigo y brillante parlamentario don Emilio Olabarría, a Max Weber, porque está funcionando con actitudes muy distintas a las del consejo manejado por el Partido Popular entre los años 2004 y 2008.


Termino, señorías. Hoy estamos trabajando en cosas mucho más importantes para transformar y mejorar el servicio público de la justicia y acercarla a la que se merecen los ciudadanos de nuestro país, que desde luego no se merecen una oposición tan lamentable.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.


Señora Díez, si es tan amable, ¿puede decirme si acepta la enmienda para su votación?

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No la acepto, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Votaremos dentro de cuatro minutos. (Pausa.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS, PARA REGULAR UN PROCEDIMIENTO

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EXCEPCIONAL DE ACCESO AL TÍTULO DE MÉDICO ESPECIALISTA Y DE FARMACÉUTICO ESPECIALISTA. (Número de expediente 122/000247.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones. Cierren las puertas, por favor.


Toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco, de modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de los profesionales sanitarios, para regular un procedimiento excepcional de acceso al título de médico especialista y farmacéutico especialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 334; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia aprobada la toma en consideración.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 53/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE EL CONTROL DE COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA Y DOBLE USO. (Número de expediente 122/000078.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control de comercio exterior de material de defensa y doble uso.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 12; en contra, 323.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS DE FOMENTO Y APOYO QUE PROMUEVAN LA DIPLOMACIA ECONÓMICA. (Número de expediente 162/00816.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de medidas de fomento y apoyo que promuevan la diplomacia económica. Se vota con la enmienda de Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 321; en contra, tres; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE OBLIGA AL MINISTRO DEL INTERIOR A CUMPLIR LA LEGALIDAD EN LOS NOMBRAMIENTOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. (Número de expediente 162/000805.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre el cumplimiento de la sentencia que obliga al ministro del Interior a cumplir la legalidad en los nombramientos del Cuerpo Nacional de Policía. Se vota separadamente, en primer lugar, el punto 1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 335.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Punto 2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 145; en contra, 189; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE PRESENTAN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON LA SUFICIENCIA Y TRANSPARENCIA

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DEL ACTUAL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICO. (Número de expediente 173/000202.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre criterios de actuación del Gobierno respecto a la situación financiera que presentan las comunidades autónomas en relación con la suficiencia y transparencia del modelo actual de financiación autonómico. Se vota en los términos de una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Pausa.) Se votará en esos términos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 193; en contra, uno; abstenciones, 141.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA DÍEZ), SOBRE LOS CAMBIOS A ADOPTAR EN EL SISTEMA DE ELECCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA SEPARACIÓN DE PODERES. (Número de expediente 173/000203.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Mixto (señora Díez) sobre los cambios a adoptar en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes. Se vota en los términos de la moción.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, uno; en contra, 188; abstenciones, 145.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Previsiblemente, mañana no vamos a poder examinar todo el orden del día que figura en el documento que ha sido repartido, con lo cual ya les anuncio que si así fuere, las resultas, particularmente las interpelaciones, pasarían como primer asunto del orden del día, como resultas, del jueves subsiguiente.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.


Corrección de error.-En el "Diario de Sesiones" número 233, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el día 22 de marzo, en la página 14, primera columna, última línea, donde dice: "Y del mismo modo que hay que respetar lo económico ...", debe decir: "Y del mismo modo que hay que respetar lo autonómico ..." En la misma página, segunda columna, línea 51, donde dice: "En lo que al Grupo Popular respecta, no creemos que el Congreso ...", debe decir: "En lo que al Grupo Popular respecta, no queremos que el Congreso ...".

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