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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 229, de 10/03/2011
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2011 IX Legislatura Núm. 229
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 217
celebrada el jueves, 10 de marzo de 2011


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero. (B.O.E. núm. 43, de 19 de febrero de 2011).
(Corrección de errores en B.O.E. núm. 49, de 26 de febrero de 2011).
(Número de expediente 130/000040.) ... (Página 7)

- Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo. (B.O.E. núm. 43, de 19 de febrero de 2011). (Número de expediente 130/000039.) ... (Página 20)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (antes denominado proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). "BOCG.


Página 2


Congreso de los Diputados", serie A, número 61-1, de 9 de abril de 2010.
(Número de expediente 121/000061.) ... (Página 32)

- Proyecto de ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 86-1, de 8 de septiembre de 2010. (Número de expediente 121/000086.) ... (Página 37)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:

- Convenio número 185 de la OIT sobre los documentos de identidad de la gente del mar (revisado), 2003, hecho en Ginebra el 19 de julio de 2003 y Declaración de España. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 370, de 3 de diciembre de 2010. (Número de expediente 110/000229.) ...
(Página 41)

- Acuerdo marco global de asociación y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros por una parte, y la República de Indonesia, por otra, hecho en Yakarta el 9 de noviembre de 2009. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 371, de 3 de diciembre de 2010. (Número de expediente 110/000230.) ... (Página 41)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Marruecos al Convenio de La Haya sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 375, de 14 de diciembre de 2010. (Número de expediente 110/000232.) ... (Página 41)

- Memorando de entendimiento entre el Departamento de Defensa de Australia, el Ministerio de Defensa de Finlandia, el Ministro de Defensa de la República Francesa, el Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania, el Ministerio de Defensa de la República Italiana, el Ministerio de Defensa del Reino de España, las Fuerzas Armadas Suecas, el Secretario de Estado para la Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, relativo a la forma de onda de banda ancha para la conexión en red en coalición (Coalwnw). "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 376, de 14 de diciembre de 2010. (Número de expediente 110/000233.) ... (Página 41)

- Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de España y la República de San Marino, hecho en Roma el 6 de septiembre de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 378, de 17 de diciembre de 2010. (Número de expediente 110/000234.) ...
(Página 41)

- Convenio entre el Reino de España y Rumania sobre el funcionamiento del centro español del Instituto Cervantes en Bucarest y del Instituto Cultural Rumano en Madrid, hecho en Madrid el 19 de octubre de 2010.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 379, de 17 de diciembre de 2010. (Número de expediente 110/000235.) ... (Página 41)

- Convenio entre el Reino de España y la República de Georgia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de junio de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 381, de 28 de diciembre de 2010. (Número de expediente 110/000236.) ... (Página 42)

- Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de España y la Commonwealth de las Bahamas y Memorándum de entendimiento entre las Autoridades competentes del Reino de España y la Commonwealth de las Bahamas en relación con la interpretación o la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y la Commonwealth de las Bahamas sobre el intercambio de información en materia tributaria y el reconocimiento de otros compromisos pactados entre las Autoridades competentes, hecho en Nassau el 11 de marzo de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 382, de 28 de diciembre de 2010.
(Número de expediente 110/000237.) ... (Página 42)

Página 3


- Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal, hecho en Madrid el 7 de octubre de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 383, de 28 de diciembre de 2010. (Número de expediente 110/000238.) ... (Página 42)

- Actas, resoluciones y recomendaciones del 21.º Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, adoptadas en Santiago de Chile el 21 de agosto de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 387, de 28 de enero de 2011. (Número de expediente 110/000239.) ... (Página 42)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Serbia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 388, de 28 de enero de 2011. (Número de expediente 110/000240.) ... (Página 42)

- Intercambio de cartas de fechas 12 y 13 de abril de 2010, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Secretaría de la Convención marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (Cmnucc) para organizar el taller que tuvo lugar en Madrid del 20 al 22 de abril de 2010. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 389, de 28 de enero de 2011.
(Número de expediente 110/000241.) ... (Página 42)

- Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Tailandia sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 7 de octubre de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 390, de 28 de enero de 2011. (Número de expediente 110/000242.) ... (Página 42)

- Acuerdo de cooperación en el ámbito de la defensa entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil, hecho en Madrid el 3 de diciembre de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 391, de 28 de enero de 2011. (Número de expediente 110/000243.) ... (Página 42)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Albania al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 392, de 4 de febrero de 2011. (Número de expediente 110/000244.) ... (Página 42)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley orgánica complementaria a la ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 87-1, de 8 de septiembre de 2010. (Número de expediente 121/000087.) ... (Página 43)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de registro 164449.) ... (Página 48)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 48)

Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 48)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.).... (Página 50)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 51)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación.) ...
(Página 51)

Página 4


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 7)

Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero ... (Página 7)

La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), expone a la Cámara las razones que han obligado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz; las señoras Díez González, Oramas González-Moro y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Buenaventura Puig y el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Montoro Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Gastón Menal, del Grupo Parlamentario Socialista.


Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo ... (Página 20)

El señor ministro de la Presidencia (Jáuregui Atondo), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.


Enmiendas del Senado ... (Página 32)

Proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (antes denominado proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) ... (Página 32)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, Perestelo Rodríguez y Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Buenaventura Puig y el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Martínez López, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proyecto de ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía ... (Página 37)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Gallego Barrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Juanes Barciela, del Grupo Parlamentario Socialista.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 41)

Página 5


Convenio número 185 de la OIT sobre los documentos de identidad de la gente del mar (revisado), 2003, hecho en Ginebra el 19 de julio de 2003 y Declaración de España ... (Página 41)

Acuerdo marco global de asociación y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros por una parte, y la República de Indonesia, por otra, hecho en Yakarta el 9 de noviembre de 2009 ...
(Página 41)

Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Marruecos al Convenio de La Haya sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de 19718 ...
(Página 41)

Memorando de entendimiento entre el Departamento de Defensa de Australia, el Ministerio de Defensa de Finlandia, el ministro de Defensa de la República Francesa, el Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania, el Ministerio de Defensa de la República Italiana, el Ministerio de Defensa del Reino de España, las Fuerzas Armadas Suecas, el secretario de Estado para la Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, relativo a la forma de onda de banda ancha para la conexión en red en coalición (COALWNW) ... (Página 41)

Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de España y la República de San Marino, hecho en Roma el 6 de septiembre de 2010 ... (Página 41)

Convenio entre el Reino de España y Rumania sobre el funcionamiento del centro español del Instituto Cervantes en Bucarest y del Instituto Cultural Rumano en Madrid, hecho en Madrid el 19 de octubre de 2010 ...
(Página 41)

Convenio entre el Reino de España y la República de Georgia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de junio de 2010 ... (Página 42)

Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de España y la Commonwealth de las Bahamas y memorándum de entendimiento entre las autoridades competentes del Reino de España y la Commonwealth de las Bahamas en relación con la interpretación o la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y la Commonwealth de las Bahamas sobre el intercambio de información en materia tributaria y el reconocimiento de otros compromisos pactados entre las autoridades competentes, hecho en Nassau el 11 de marzo de 2010 ... (Página 42)

Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal, hecho en Madrid el 7 de octubre de 2010 ... (Página 42)

Actas, resoluciones y recomendaciones del 21.º Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, adoptadas en Santiago de Chile el 21 de agosto de 2009 ... (Página 42)

Declaración de aceptación por España de la Adhesión de la República de Serbia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ...
(Página 42)

Página 6


Intercambio de cartas de fechas 12 y 13 de abril de 2010, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) para organizar el taller que tuvo lugar en Madrid del 20 al 22 de abril de 2010 ... (Página 42)

Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Tailandia sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 7 de octubre de 2010 ... (Página 42)

Acuerdo de cooperación en el ámbito de la Defensa entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil, hecho en Madrid el 3 de diciembre de 2010 ... (Página 42)

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Albania al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ...
(Página 42)

El señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esque rra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, hace uso de la palabra para llamar la atención sobre varios de los convenios que serán ratificados.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 43)

Proyecto de ley Orgánica complementaria a la Ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página 43)

Interviene el señor ministro de Justicia (Caamaño Domínguez), en nombre del Gobierno.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página 48)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados ... (Página 48)

Dado que ningún miembro de la Cámara desea hacer uso de la palabra en este punto, se da por examinado el dictamen.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 48)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, se aprueba por 177 votos a favor, ocho en contra y 157 abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 163 votos a favor, 176 en contra y tres abstenciones.


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, se aprueba por 179 votos a favor, tres en contra y 160 abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 341 votos a favor y una abstención.


Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 48)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones

Página 7


y de la formación profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (antes denominado proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación)

Votación de conjunto ... (Página 49)

Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 181 votos a favor, 152 en contra y nueve abstenciones.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.) ... (Página 50)

Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales que figuran en el orden del día, se aprueban por asentimiento.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 51)

Sometido a votación el dictamen del proyecto de ley orgánica complementaria a la Ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se aprueba por 341 votos a favor y una abstención.


Votación de conjunto ... (Página 51)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 340 votos a favor y dos en contra.


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación.) ...
(Página 51)

Se someten a votación separada los seis puntos de que consta el dictamen, siendo todos ellos aprobados.


Se levanta la sesión a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Anuncio a sus señorías que, por mandato reglamentario, en la sesión de hoy está prevista la votación y debate del dictamen relativo a la Ley Orgánica complementaria a la ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que requiere votación final de conjunto. Igualmente en esta sesión está previsto el debate y aprobación del dictamen de enmiendas del Senado respecto del proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En consecuencia, y por tratarse de leyes orgánicas que exigen votación de conjunto, les anuncio que las mismas votaciones no se producirán antes de las doce horas del día de hoy.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.


- REAL DECRETO-LEY 2/2011, DE 18 DE FEBRERO, PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO. (Número de expediente 130/000040.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero. Un miembro del Gobierno ha de explicar las razones que han obligado a su promulgación así como la urgencia del mismo. La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía tiene la palabra.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


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Señorías, desde el comienzo de la crisis nuestro sistema financiero se reveló como uno de los más solventes, tanto porque nuestro régimen de regulación y de supervisión es más exigente y prudente que el de otros países, como porque nuestras entidades financieras a lo largo de esta crisis no habrían participado en los productos crediticios estructurados más complejos que se denominaron tóxicos. Consecuencia de ello es que nuestro sistema financiero resistió razonablemente la primera oleada de esta crisis financiera. Para apoyar al sector y para mantener esa posición, desde el año 2008 el Gobierno ha venido adoptando las medidas adecuadas a las circunstancias que se presentaban en cada momento, y siempre con el objetivo de preservar la confianza en el sector financiero español y con ello posibilitar que el crédito fluya hacia la economía real, a las familias y a las empresas, contribuyendo así a reactivar el crecimiento y el empleo. Así, cuando en el inicio de la crisis los ciudadanos tenían dudas sobre la seguridad de sus depósitos, se elevó la garantía de los mismos multiplicando por cinco el límite de cobertura en vigor hasta entonces de manera coordinada con el resto de la Unión Europea. Posteriormente, cuando se presentaron dificultades de liquidez en el sistema financiero, se articularon medidas de apoyo a las entidades de crédito mediante la compra de activos financieros de alta calidad a través del Fondo de adquisición de activos financieros y la prestación de garantías públicas a las emisiones de deuda a través de un programa específico de avales. Más tarde, para impulsar la integración de entidades y favorecer así la reordenación del sistema, el Gobierno creó el Fondo de reestructuración ordenada bancaria, el FROB, fortaleciendo en paralelo los procedimientos de intervención, de disciplina y de solución de entidades inviables, para favorecer una rápida y eficaz actuación ante crisis que pudieran amenazar con generar un potencial riesgo sistémico.
Posteriormente, el Gobierno acometió la modificación del régimen legal de las cajas de ahorros, de modo tal que, además de la posibilidad de mantener su actividad como la habían venido desarrollando, pudieran incorporarse a nuevas fórmulas de ejercicio de la actividad de crédito; todo ello siempre con el objetivo de facilitar su acceso a recursos propios de la máxima calidad, profesionalizar su gestión y, al mismo tiempo, mantener aquellos aspectos del marco tradicional de las cajas más valorados por los ciudadanos como su obra social. En paralelo, y siempre con el objetivo de mantener la confianza en el sistema financiero español, se ha exigido al sector un esfuerzo adicional de transparencia, como el que supuso el endurecimiento de los estándares contables para el reconocimiento y provisión de los préstamos dudosos, los stress test, o la publicación de la exposición al riesgo inmobiliario. En definitiva, las medidas impulsadas por el Gobierno, que ahora se contemplan con el Real Decreto-ley para el reforzamiento del sistema financiero que les presento, han estado dirigidas a facilitar el acceso a la financiación de las entidades de crédito, a salvaguardar la estabilidad del sistema, a fomentar su reestructuración y eficiencia, especialmente en el sector de las cajas de ahorros, y a velar por la adecuada canalización del crédito hacia la economía real.


Este conjunto de medidas ha contribuido sin duda a minimizar el impacto de la crisis global sobre el sistema financiero español, y especialmente sobre el erario público. Quisiera recordar en este momento que, a diferencia de otros países, las acciones desarrolladas en España en apoyo de nuestro sistema financiero han generado ingresos para el Estado. Este es el punto de partida del real decreto-ley que hoy les presento: confianza en la solidez de nuestro sistema financiero y culminación del proceso de reformas en el sector iniciado al comienzo de la crisis. Sin embargo, y a pesar de estos avances, en los últimos meses se han venido produciendo tensiones financieras en el entorno de la zona euro, tensiones agravadas con las circunstancias que ha atravesado Irlanda y que han hecho que haya tenido que solicitar una ayuda financiera en el entorno europeo. Como saben, la confianza es el pilar fundamental de un sistema financiero, por lo que se considera indispensable seguir andando en la línea de las reformas estructurales iniciadas con el fin de eliminar cualquier incertidumbre que pueda existir de los mercados sobre nuestro sistema financiero, y por extensión sobre el conjunto de nuestra economía. Disipar elementos de incertidumbre afianzará la confianza en el sistema bancario español, y eso facilitará el acceso a la financiación a todas las entidades. De esta manera podrán cumplir su función esencial: canalizar el ahorro a las necesidades de gasto de las familias españolas y sobre todo a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, elemento esencial de nuestro tejido empresarial.


Se hace, por tanto, imprescindible garantizar que cada una de las entidades que componen nuestro sistema financiero, sea cual sea su forma jurídica, presente unos niveles de capital de máxima calidad, suficientes para eliminar cualquier duda, no solo sobre su solvencia actual sino también sobre su resistencia frente a todo tipo de escenarios adversos, aunque su materialización efectiva sea verdaderamente hipotética. Por ello, y a través del real decreto-ley que hoy les presento, planteamos un compromiso de máxima transparencia y establecemos unos requisitos de solvencia muy exigentes para preservar la confianza de los mercados en la solidez de nuestro sistema financiero y con ello que nuestras entidades puedan operar con normalidad en los mercados internacionales.


Centrándome ya en el contenido concreto de este real decreto-ley, se articula en dos grandes bloques: por una parte, el reforzamiento de las exigencias de capital de las entidades y, por otra, la adaptación del FROB como instrumento público para facilitar la nueva capitalización exigida. En cuanto al reforzamiento de la solvencia, sigue básicamente la definición contemplada por los nuevos estándares internacionales de capital conocidos como Basilea III. Se adelanta así el plazo para el cumplimiento

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de esta nueva definición de capital que comenzará a aplicarse en todo el mundo a partir del año 2013. Así, se procede al establecimiento inmediato de un mínimo de capital principal con relación a los activos ponderados por riesgo. Este nivel mínimo de la ratio de capital principal se sitúa en el 8 por ciento y asciende hasta el 10 por ciento para aquellas entidades, independientemente de que sean bancos o cajas -quiero insistir en ello-, que no hayan colocado títulos representativos de su capital a terceros por al menos un 20 por ciento, y que además presenten una ratio de financiación mayorista superior al 20 por ciento. Los elementos que formarán parte del capital principal serán, en primer lugar, el capital social de las sociedades anónimas, los fondos fundacionales y las cuotas participativas de las cajas y las aportaciones de capital social de las cooperativas de crédito. Estarán incluidos también las reservas, las primas de emisión y los intereses minoritarios, junto con los instrumentos suscritos por el FROB, y todo ello minorado por los resultados negativos y los activos inmateriales. Además se realizarán los correspondientes ajustes por valoración de activos.


El Banco de España determinará la situación de capitalización de acuerdo con la nueva normativa a partir de los estados financieros de las entidades a final de 2010. De este modo, las entidades que no alcancen esa ratio de capital tendrán que aumentar sus recursos propios, pues no será posible cumplir este requerimiento mediante la reducción del crédito. No obstante, sí se podrán tener en consideración las operaciones extraordinarias como la venta de redes de sucursales, de activos reales o de participaciones estratégicas. El Banco de España evaluará de manera inmediata, concretamente hoy día 10, el cumplimiento de estos nuevos criterios y, en su caso, cuáles son las necesidades de capital adicional de las entidades financieras que no alcancen el nuevo nivel de exigencia.
Asimismo, si el Banco de España en el ejercicio de su actividad supervisora o como resultado de las pruebas de resistencia que se realicen coordinadamente a nivel europeo y cuyos resultados previsiblemente se conocerán antes del verano, detectara necesidades adicionales de capital deberán ser cubiertas también. Por tanto, las entidades que a 10 de marzo de 2011 no alcancen el nivel de capital principal que el Banco de España estima exigible, deberán comunicar al banco, en el plazo de quince días hábiles, un plan de cumplimiento de los requerimientos de capital. Este plan contendrá las medidas que la entidad pretende adoptar para captar los recursos necesarios para cumplir estos requisitos antes del 30 de septiembre de este año. El plan deberá ser aprobado por el Banco de España que podrá exigir modificaciones o medidas adicionales. No obstante, teniendo en cuenta que podrían surgir algunas cuestiones procedimentales que pudieran retrasar el cumplimiento, el Banco de España podrá autorizar un aplazamiento de hasta un máximo de tres meses sobre la fecha anterior y, con carácter excepcional, en casos de salidas a Bolsa, siempre y cuando se hayan cumplido un conjunto de hitos que generen certeza sobre la decisión y la cuantía de la emisión, se podrá prorrogar la ejecución hasta el primer trimestre del año 2012.


El objetivo, señorías, es que las entidades de crédito que lo precisen obtengan capital adicional prioritariamente en el mercado. En el caso de las cajas de ahorros, podrán desarrollar su plan de capitalización a partir de cualquiera de las formas societarias y estructuras previstas en su régimen jurídico. Ahora bien, siendo conscientes de las dificultades presentes en los mercados de capital, el segundo bloque del real decreto-ley modifica el régimen jurídico del FROB para que pueda suscribir de forma temporal acciones de entidades financieras en condiciones de mercado, y siempre de acuerdo con la legislación europea en materia de ayudas de Estado y con la máxima protección de los recursos públicos. La vocación temporal de apoyo del FROB, ya que el plazo máximo de tenencia es de cinco años, determina que la inversión se realice mediante la adquisición de acciones ordinarias con el fin de que, llegado el momento, el FROB pueda desinvertir fácilmente en condiciones de mercado y con procedimientos que aseguren la competencia. Por eso, para solicitar la actuación del FROB, las cajas de ahorros en particular tendrán un plazo de tres meses para traspasar la totalidad de su actividad financiera, bien a un banco a través del cual pasen a ejercer indirectamente su actividad financiera manteniendo la forma jurídica de caja o transformándose en fundación, bien al banco que actúe como entidad central del sistema institucional de protección del que en su caso formen parte. El FROB se incorporará al órgano de administración de la entidad desde el momento de la suscripción de acciones en proporción estricta al porcentaje de participación en cada entidad. La aportación de capital por parte del FROB está condicionada a la elaboración por la entidad solicitante de un plan de recapitalización en el que, además de presentar un plan de negocio, deberá asumir ciertos compromisos relacionados, por ejemplo, con la reducción de sus costes estructurales, la mejora de su gobierno corporativo o la evolución positiva de su actividad de crédito.


Por último, me gustaría destacar otros dos aspectos: por un lado, que el real decreto-ley contempla una serie de medidas de carácter fiscal dirigidas a asegurar la neutralidad en los procesos de reestructuración del sistema financiero y, por otro lado, que no se va a modificar el estatus jurídico establecido en la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de ahorros. En ningún caso se cambia la esencia de la ley y, por tanto, se mantienen las distintas alternativas institucionales previstas en la misma y el marco competencial. En definitiva, el objetivo del real decreto-ley es facilitar la recapitalización de las entidades y garantizar que todas ellas cumplen los requisitos ahora exigidos y el FROB está disponible para ello. Si con la creación del FROB y la reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorros se articularon la estructura y los instrumentos necesarios para la reestructuración

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de nuestro sistema financiero, este real decreto-ley impulsa la utilización inmediata de tales estructuras e instrumentos para concluir la fase final de este proceso de reestructuración. Con la adopción y aplicación de este real decreto-ley se completará este ambicioso proceso de reordenación del sector y de fortalecimiento de su solvencia, asegurando que las entidades están en disposición, no solo de absorber el impacto de la crisis, sino también de contribuir activamente a financiar una recuperación económica sostenida. Por fin, quisiera destacar que, dado el contexto de elevada incertidumbre en los mercados financieros y el riesgo de que esta situación termine dificultando la recuperación económica y la creación de empleo, estas medidas debían entrar en vigor de manera urgente, lo que justifica la utilización de la figura del real decreto-ley.


Por todo ello, señorías, es por lo que les pido que, con su voto, ratifiquen el texto de este real decreto-ley porque es de extraordinaria urgencia y necesidad garantizar el flujo del crédito a la economía real, a las familias, también a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas en particular, de manera que se fomenten al máximo las posibilidades de crecimiento económico y de creación de empleo.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Tiene la palabra don Carlos Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora vicepresidenta, voy a exponer cuatro ideas en tres minutos muy brevemente. Primera, que la recuperación de la normalidad del mercado de crédito en España sigue siendo un factor absolutamente clave para salir o no de esta crisis. Segunda, que el hecho de haber caminado juntos Gobierno y oposición discretamente en la gestión de los aspectos financieros de esta crisis supone, a nuestro juicio, un ejercicio de altura de miras importante. Es fundamental preservar el consenso con la oposición porque más allá de coyunturas electorales jugar con este tema sería irresponsable y peligroso para todos. Tercera, creemos que no debemos buscar artificialmente ahora excusas para no mantener el consenso si estamos de acuerdo en lo fundamental, como es la necesidad de reforzar la capitalización de las entidades de crédito, de buscar y racionalizar sus estructuras y de integrar instituciones. Cuarta, señora vicepresidenta, que sin perjuicio de que pidamos consenso ello no nos impide criticar lo que creemos no queda bien resuelto en el real decreto-ley, como es, a nuestro juicio, el sistema elegido para la entrada del FROB en las entidades que no cumplan los niveles de recursos propios exigidos. Tal y como se regula la elección de los expertos independientes este asunto puede dar lugar a muchos problemas. ¿Quién garantiza la independencia del experto independiente elegido? ¿Quién controla el FROB en su selección? ¿Qué método objetivo se utilizará para llevar a cabo la elección? ¿De qué dependerá el procedimiento elegido por el FROB para el cálculo del valor económico de la entidad? ¿Quién fiscalizará al FROB en la elección del procedimiento de cálculo? ¿Será este procedimiento el único o cada entidad exigirá uno u otro? Convendría, señora vicepresidenta, aclarar y matizar mucho más este punto porque puede ser clave para que terminemos haciendo las cosas bien, mal o muy mal. No en vano la posterior entrada de capital privado en las entidades de crédito parcialmente nacionalizadas, una vez transcurrido el plazo previsto en el real decreto-ley, vendrá condicionada por el precio así fijado. Es un dato clave para evitar problemas tanto desde el punto de vista de la política europea sobre ayudas de Estado, como desde la perspectiva de la competencia y la objetividad. Lo cierto es que en España los procesos de privatización, algunas veces, no han sido todo lo ejemplares que debieron ser.


En todo caso, entendiendo que deberíamos despejar estas y alguna otra duda que, a nuestro juicio, genera el real decreto sí creemos oportuno que debiera ser tramitado este real decreto-ley como proyecto de ley, con el ánimo de contribuir con ello a recuperar la confianza hasta ahora perdida o puesta en tela de juicio por nuestro sistema financiero.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Doña Rosa Díez tiene la palabra.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, ojalá a la tercera fuera la vencida porque es la tercera vez que traemos a debate -no a debate exactamente porque lo de hoy es un real decreto-ley, es decir lo contrario de un debate- esta cuestión del sistema financiero de las cajas de ahorros en concreto. La trajimos en el año 2009 con una iniciativa de esta parlamentaria, de Unión, Progreso y Democracia. Ustedes me dijeron que no hacía falta. Usted misma me dijo que no hacía falta. Lo trajeron ustedes en julio de 2010, entonces era un real decreto urgente que habían pactado con el Partido Popular y nos dijeron que ya se había resuelto todo. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Y hoy nos traen ustedes una reforma sobre la reforma. Le diré lo que me parece mal de este real decreto. Me parece mal la forma, me parece que ya está bien de que se salten a la torera el Parlamento, me parece que ya está bien de que pacten en los despachos lo que nos corresponde debatir al conjunto de los diputados que representamos la soberanía nacional. Ya está bien de enjuagues, en este caso retoque nacionalista catalán, al margen de este Parlamento. ¿Así entienden ustedes la democracia, la transparencia y la regeneración democrática? ¿Así entienden la función del Parlamento, esa a la que el presidente del Gobierno le iba a dar el máximo protagonismo

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en esta legislatura? Y me parece mal el fondo. Esta forma de actuar, señora vicepresidenta, de reforma sobre reforma genera inestabilidad, lo contrario de lo que necesita el sistema para recuperar la confianza. En segundo lugar, el aplazamiento a septiembre de las inversiones públicas nos parece un error porque mantendrá o incrementará la inestabilidad. Eso unido al ajuste fiscal de este año -que será más duro que el anterior- condena a la economía española a otro año de estancamiento. En tercer lugar, los directivos causantes de los problemas siguen pilotando el proceso sin que nadie les haya exigido responsabilidad y sin que se haya producido la mínima despolitización, algo de lo que ustedes alardearon en el último decreto que les he citado. Y en cuarto lugar, las comunidades autónomas que han contribuido a llevar a las cajas -sus dirigentes en algunos casos porque las comunidades como tal no son nada, son los que gobiernan- a esta situación y han obstaculizado las soluciones siguen influyendo, incluso -como le dije antes y en relación con este real decreto- el señor Duran y la señora Salgado -usted misma- han reconocido que se ha legislado a medida de las cajas catalanas.


¿Cuáles son las conclusiones de esta gestión desastrosa? Que no se ha recuperado el crédito, que no se han despolitizado las cajas ni puesto fin a las interferencias, que no se ha saneado el sistema financiero -el 51 por ciento nada menos del sistema financiero español-, que las cajas buenas obligadas a vender tendrán que hacerlo a plazo de saldo, que no se garantiza la obra social -como dice el decreto si hay problemas habrá reducción-. ¿Era todo esto inevitable? Porque eso es lo que ustedes nos quieren decir cada vez que hay malas noticias ¿Era inevitable? No. Esto es consecuencia de su mala cabeza. Al iniciarse la crisis nuestras cuentas públicas estaban saneadas, teníamos superávit y la deuda era pequeña. Además, otros países estaban interviniendo sus sistemas financieros, era por tanto el momento idóneo para intervenir.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Pero ustedes prefirieron negar la evidencia y aquí estamos con urgencias y con un agujero que nadie se atreve a calcular. A nadie le extrañará pues mi voto negativo después de este breve repaso de los hechos. Lástima de prisas a destiempo.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Lástima de esa agonía del Gobierno que nos tiene agonizando a todo el país.


Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.


Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta, independientemente de por qué hemos llegado aquí, independientemente de cuáles han sido las causas y la velocidad de reacción, quiero anunciar que Coalición Canaria va a apoyar este decreto porque en este momento es absolutamente imprescindible. En este momento hay que recuperar la confianza en el 50 por ciento de nuestro sistema financiero. Aunque en teoría esta operación no va a costar dinero, estos préstamos y avales del FROB, no hay esa percepción en la sociedad. Creo que igual que vamos a hacer un ejercicio de transparencia absoluta con las entidades financieras, creo que por parte del Gobierno hay que hacer dos esfuerzos importantes no solo de transparencia en este asunto sino de explicar claramente a los ciudadanos -que usted lo hizo un poco en su intervención- de cuáles son los costes o no de este esfuerzo importante que se está haciendo en el sector de cajas de ahorros. Señora vicepresidenta, creo que el Gobierno también tiene que hacer un esfuerzo explicando la liquidez y el acceso al crédito. Algunos periodistas especializados en materia financiera y económica, y estoy seguro que algún portavoz de los que hablen después, van a plantear que esto sirve para reforzar el sistema financiero pero no para dar liquidez al sistema y que fluya el crédito, cuando una de las razones importantes de esta operación no es solo la consolidación, sino que esta confianza permite una capitalización y una captación de fondos que permite, otra vez, que corra el crédito. Creo que el Gobierno no está haciendo la tarea de explicar, no a los diputados, que también lo ha hecho en su primera intervención, sino a la sociedad, cuáles son las consecuencias, no solo de reforzamiento del sistema financiero, sino para la pequeña y mediana empresa, para el ciudadano que quiere pedir una hipoteca y no entiende que aunque tenga un empleo fijo el banco no le dé la hipoteca. A su vez, eso crea una crisis en el sistema inmobiliario y otra vez nos vuelve a crear un problema en las entidades financieras. Al final, todo esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si hacemos la tarea en la parte jurídica como estamos haciendo el real decreto, también tenemos que hacer la tarea en la parte de comunicación, transparencia y para dar confianza al ciudadano en el sistema porque eso permite la reactivación de la economía.


Termino para decir que Coalición Canaria va apoyar este decreto, que hay que acabar con el sentimentalismo con las cajas de ahorro y que lo que tenemos que ser en este país es pragmáticos. Y si la parte pública que quedará de las cajas de ahorros genera beneficios, tendremos que hacer la presión social para que eso se dedique a cosas necesarias para la sociedad, ya que, a fin de cuentas, fueron los accionistas, en su momento, es decir, la sociedad, quienes hicieron las cajas de ahorros.


Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señora vicepresidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Señora vicepresidenta, señorías, es necesario recordar que la crisis en el sector financiero tuvo su origen en la falta de tutela pública, en su excesiva concentración, en su orientación hacia las actividades especulativas. Y ustedes, señores del Gobierno, en vez de atacar las causas que han provocado la crisis en el sector, creando, por ejemplo, una banca pública o reforzando la naturaleza social de las cajas de ahorros, lo que nos proponen es todo lo contrario: favorecer un proceso de recentralización y concentración en el sector financiero a costa de acabar con su parte social y territorial. Para ello, endurecen y anticipan en ocho años las exigencias de Basilea III, unas exigencias que en toda Europa cumplen hoy tan solo cuatro bancos, unas exigencias que informes técnicos que acompañaron las decisiones del comité de supervisores bancarios de Basilea consideraban inoportuno anticipar, primero, para evitar un impacto negativo en el crecimiento del PIB; segundo, para evitar una venta de activos bajo presión que haga que se vendan a precio de saldo y, tercero, para evitar que el cumplimiento a corto plazo de los nuevos requisitos de solvencia provoque que se restrinja aún más el crédito, el principal problema que estrangula aún la economía productiva.


Señorías, este decreto, dejémonos de eufemismos, no pretende otra cosa que forzar la bancarización y privatización de las cajas de ahorros. ¿Cómo puede entenderse que sean más duras las exigencias de capital básico para las cajas que no tengan un 20 por ciento de capital de terceros? ¿Cómo puede entenderse que se deje un amplio margen de discrecionalidad al Banco de España para llevar a cabo la reestructuración? ¿Cómo puede entenderse que la solicitud de ayuda al llamado FROB 2 obligue a las cajas a convertirse obligatoriamente en bancos para privatizarlos en un plazo de cinco años? Este decreto deja la puerta abierta, y así hay que decirlo, a practicar una política de nacionalizaciones a lo franquista, estilo INI, es decir, usar los recursos públicos para hacerlas atractivas a los inversores privados y venderlas a precios de saldo.


Señorías, las cajas de ahorros son instrumentos fundamentales para el desarrollo de los territorios en los que están asentadas. En Galicia, como en otras comunidades autónomas, el crédito concedido por las cajas es sensiblemente superior a su peso relativo en el sector financiero. Son la principal fuente de acceso a crédito de nuestras pequeñas y medianas empresas y de nuestros autónomos, son la garantía de que los habitantes de los municipios rurales y los segmentos sociales con menos recursos no sean excluidos de la prestación de servicios financieros básicos. Su obra social es un complemento indispensable a las políticas sociales, pero, sobre todo, señorías, las cajas son la mayor garantía de que el ahorro de los gallegos no se expropie, no se drene al exterior en vez de contribuir al desarrollo de nuestro país.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Jorquera, por favor, termine.


El señor JORQUERA CASELAS: Ya concluyo.


Goldman Sachs acaba de hacer público un informe en el que advierte que esta reestructuración va a tener como consecuencia una predominancia aun mayor del capital privado en el sector financiero y que los grandes beneficiados van a ser los grandes bancos que incrementarán su cuota de mercado. Por estas razones el BNG votará en contra de la convalidación de este decreto y, de ser convalidado, exigirá su tramitación como proyecto de ley para poder enmendarlo porque discrepamos con él profundamente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene, en primer lugar, la palabra la señora Buenaventura.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.


Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, mi grupo define este texto que hoy votamos como el nuevo episodio en el proceso de bancalización de las cajas de ahorros. Una reforma, la del sistema financiero, que, a nuestro entender, debería ser profunda e introducir todos los elementos para evitar que se repitieran los excesos que las entidades cometieron en los años del ciclo expansivo. Recordemos que esta fue una de las principales causas de la crisis actual, pero nos encontramos ahora con una reforma que solo va a acabar con la fusión de las cajas, convirtiéndolas en bancos y poco más.


¿Por qué no nos gusta este real decreto al cual vamos a votar que no? Por este proceso de bancalización, porque avanzamos hacia un oligopolio bancario que, a este paso, supondrá el cien por cien del mercado financiero español, cuando las cajas de ahorros han promovido el ahorro popular, han fomentado las dinámicas empresariales, han desarrollado nuevas herramientas financieras y han mantenido una obra social que ha contribuido al bienestar, evitando en muchos casos la exclusión social de determinados colectivos. Nuestro grupo cree, junto a una larga lista de ONG, entidades sociales, sindicales, vecinales, asistenciales, culturales y de todo tipo están defendiendo mediante plataformas y manifiestos unitarios, que hay que garantizar la función económica, financiera y social de las cajas de ahorro. Conviene garantizar una participación mayoritaria en la estructura de las cajas que no sea de capital privado, reforzando el papel y la responsabilidad de los consejos de administración de las entidades. Señorías, señora ministra, eso con su real decreto no se garantiza. Un segundo motivo es que hay que mantener la vinculación de las cajas con el territorio. Estas entidades han jugado un importante papel en el desarrollo regional y esta es

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la línea que se debe seguir potenciando y con su real decreto no se garantiza. En tercer lugar, hay que evitar la exclusión financiera de las personas con menos recursos. No podemos repetir modelos antisociales como el de Italia, en especial tras la desaparición de las cajas de ahorros, donde un 20 por ciento de la población ha quedado sin acceso a los circuitos del dinero, mientras que hoy en Cataluña este porcentaje es solo del 3 por ciento. Además, estamos hablando de posibles vulneraciones de competencias muy graves de las comunidades autónomas que ahora tienen sobre la regulación de las cajas de ahorro y que se quedarán sin poder ejercer si se culmina su plan para hacerlas desaparecer.


Quiero referirme también a los centenares de miles de trabajadores y trabajadoras del sector financiero; seguramente los grandes perjudicados de todo este proceso de reestructuración, ya que según diferentes informaciones ya en estos momentos 13.400 empleados de las cajas han perdido su empleo desde que se inició la ola de fusiones y parece que con la nueva oleada de bancalización las cosas van a ir a peor. No compartimos de ningún modo esta propuesta de este real decreto.


¿Cuál es nuestra alternativa? Siempre hemos defendido la necesidad de una reforma financiera, pero nos oponemos a las propuestas que en estos momentos está llevando a cabo el Gobierno. Nuestras propuestas van dirigidas prioritariamente a que el sistema financiero cumpla su función en la economía, facilitando con eficiencia y a costes competitivos las necesidades de crédito de las empresas y las familias y contribuyendo a la creación de empleo. Además debería ir dirigida a limitar el sobreendeudamiento familiar, reducir los salarios de los directivos y eliminar los incentivos vinculados a las operaciones de riesgo. Se deberían atrever a plantar cara como mínimo un poco a las entidades financieras. Podrían atreverse a modificar el mercado hipotecario para que solo se responda de los créditos con el bien hipotecado, lo que conocemos como la dación en pago, que hoy reclama una mayoría social a la que su Gobierno da la espalda. Deberíamos limitar y controlar las inversiones en actividades especulativas, especialmente en el sector inmobiliario y las operativas bancarias hacia y desde paraísos fiscales y a eliminar comisiones injustificadas y cláusulas abusivas.


También creemos que se debe intervenir y participar en la recapitalización del sistema financiero, pero intentado que suponga un elemento de mejora para el segundo principal problema después del paro: el acceso a la vivienda. Planteamos que hay que emprender un proceso de adquisición de activos inmobiliarios en manos de cajas y bancos, directa o indirectamente, que difícilmente se podrán colocar en el mercado.
Proponemos que el FROB pueda actuar mayoritariamente en la adquisición o en el alquiler con opción a compra de suelo y de vivienda, para que el Estado pueda disponer de un importante stock de suelo y un parque de vivienda pública destinada al alquiler social.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Buenaventura, por favor.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Enseguida termino.


¿Y por qué no hablar de una tasa de las entidades bancarias, como han hecho en otros países? ¿Por qué no se atreven a hacer las cosas que ya ha hecho la derecha en otros países? Pero no, su reforma, que convalidarán hoy aquí, lo que hará es darle un mayor trozo de pastel del sector financiero a las entidades privadas y al gran capital. Por eso vamos a votar en contra. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta del Gobierno, para Esquerra no solo es posible sino incluso deseable un modelo de cajas con una intervención limitada del poder político en su gestión, con una importante función social, ya sea sociedad anónima o una fundación y que además al mismo tiempo sea un modelo viable y con futuro en el mercado financiero, si así lo desean sus gestores.


A partir de ahí, de esta premisa, quisiera hacer alguna consideración inicial desde un cierto realismo porque no nos vamos a quedar en una defensa numantina del modelo de cajas actual, a pesar de que quiero subrayar también que este actual modelo de cajas para Cataluña ha sido un modelo de éxito, de arraigo territorial y con una importante función social e incluso financiera social. No lo haremos so pena de incurrir en un debate extemporáneo, incluso diría obsoleto, porque este modelo ya lo extinguieron ustedes por decreto, y nunca mejor dicho lo hicieron con el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, que permitía ya la conversión de las cajas en bancos y la privatización de sus recursos. Desde el realismo también porque somos conscientes de que nuestro sistema financiero precisa reformas, debe reforzarse no solo para adecuarse a los requerimientos internacionales de mayor solvencia y capitalización sino para hacer frente a esta crisis, una crisis del sector después de años de una exposición excesiva a un riesgo temerario, por ejemplo en el sector inmobiliario, para favorecer además la canalización del crédito hacia familias y empresas y porque somos conscientes también de que la configuración jurídica de las cajas dificulta su capacidad para captar recursos privados y capitalizarse saliendo a Bolsa. Aunque no es de recibo, señora vicepresidenta, utilizar las cajas como chivos expiatorios de los problemas que aquejan a nuestro sistema financiero para enviar un nuevo mensaje sacrificial y de determinación y firmeza ante los mercados con el propósito de recuperar credibilidad a marchas forzadas.


Dicho esto, señora vicepresidenta, no nos vamos a resignar a que esto se vaya a convertir solo en un proceso

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de bancalización de todo el sistema financiero, a un proceso más que evidente de recentralización y de hiperconcentración del sistema financiero con la configuración de un auténtico oligopolio bancario.
Porque este oligopolio bancario va no solo a poner en cuestión la dimensión social sino también territorial del actual sistema financiero y en particular de las cajas.


No basta decir, señora vicepresidenta, que se van a respetar las competencias autonómicas, como el otro día se expresaba en una moción aprobada en esta Cámara, si lo que queda después de este decreto-ley, de esta reestructuración es para las comunidades autónomas un auténtico erial financiero, un campo yermo, porque es evidente que no solo se atribuyen a partir de ahora al Ministerio de Economía y Hacienda y al Banco de España todas las atribuciones en tutela y supervisión de estas entidades, sino que ni tan siquiera se admite una propuesta que nosotros hemos hecho para garantizar la presencia en los órganos rectores de estas entidades a representantes designados de mutuo acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas. A la manera de lo que sucede en puertos del Estado o en las autopistas, no se permite en este caso ni un simple mecanismo de cooperación interadministrativa entre Estado y comunidades autónomas.


En otro orden de cosas, señora vicepresidenta, todo parece llevarnos a una privatización y a una bancarización sin más e irremisible del sistema. El otro día, con motivo de este debate de la moción a la que acabo de aludir, se explicitaba que no debería haber requisitos distintos para bancos y cajas, y eso es así formalmente, pero a continuación es evidente que en el real decreto-ley, como la portavoz de su grupo parlamentario se encargó de recordar desde esta tribuna, se establecen además requisitos adicionales para aquellas entidades que dependen para su financiación de un 20 por ciento del mercado mayorista y que no tengan más de un 20 por ciento de su capital en manos de terceras personas. Si esto no se corrige, evidentemente afecta, y mucho, sobre todo a las cajas de ahorros.


Finalmente, todo el mundo se llena la boca estos días con la necesidad de mantener la obra social de las cajas, pero siendo ello así es evidente que va a depender de que se preserve la naturaleza fundacional de las mismas, de que se evite su total privatización y bancarización, y este decreto-ley prevé que cualquier ayuda pública se va a condicionar a la conversión de la caja en banco. El otro día el subgobernador del Banco de España decía que no era necesario y expresaba la posibilidad de recibir todo tipo de ayudas sin que se nacionalizaran las cajas, cosa que este decreto-ley no va a permitir.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor.


El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta.


Por tanto, si se convalida este decreto-ley y no se permite introducir algunos cambios y algunas enmiendas, se va a confirmar que el modelo financiero español será exclusivamente bancario y se va a poner punto final, a través de este suicidio asistido, a un modelo de cajas y a su importante función financiero-social.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Y para las comunidades autónomas se va a perder una sábana más, una sábana más en un lavado que es un centrifugado que va a recentralizar las competencias financieras a favor del Estado y reducir la participación de la sociedad civil del territorio y de los trabajadores en las cajas. Por tanto, si no hay cambios, nuestro grupo no puede dar apoyo a este decreto-ley.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, señora vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, en menos de dos años este es el tercer real decreto-ley que el Gobierno trae a esta Cámara para su convalidación con el fin de reordenar el sistema financiero y, más en concreto, sanear, reforzar y poner en términos competitivos el sistema de cajas de ahorros.


Primero fue el saneamiento y reforzamiento de los recursos con la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio; posteriormente, un año más tarde, el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro, que pretendía de un lado despolitizar la gestión de las cajas y, de otro, crear los sistemas institucionales de protección con el fin de facilitar las integraciones de entidades, sobre todo las interterritoriales.


El balance de todo ello y de forma muy resumida podría ser el de que aún los procesos de integración, saneamiento y reestructuración de las cajas no han sido todo lo satisfactorios que deberían haber sido, ni tampoco se han realizado en el tiempo que habría sido deseable. Muy al contrario, los procesos se han demorado en exceso y los mercado están llamando la atención sobre la cuestión. Así, el Gobierno se ha visto obligado a impulsar las integraciones, fijar plazos y fechas que signifiquen compromisos de las partes y en definitiva a emitir un mensaje a los susodichos mercados y a la Unión Europea, especialmente a la señora Merkel, de que la reforma de las entidades financieras va en serio. No es esa la percepción de los mercados pero sin duda alguna esa es la intención del real decreto-ley. Queriendo ser los primeros de clase, como si así engañáramos a alguien, las exigencias de core capital del 8 y

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el 10 por ciento, según las circunstancias, van más allá de las exigencias de lo que pide Basilea III, con el fin de demostrar que se está poniendo a las entidades financieras en forma para servir de impulso al crecimiento económico.


Para conseguir recursos y recapitalizar las entidades, las cajas de ahorros tienen dos posibilidades que conducen al mismo sitio, o bien adquieren un banco y pasan a esta su actividad financiera o se constituyen en un SIP y depositan en él el cien por cien de los activos, lo cual en la práctica viene a ser lo mismo. El Gobierno a través de este real decreto-ley exige, en definitiva, a las cajas de ahorros que se conviertan en bancos para poder acudir al FROB, condición que también deberán cumplir de hecho si desean lograr capital en los mercados. Esto es lo que se viene a denominar la bancarización del sistema de cajas de ahorro.


¿Qué puede significar ello a medio y largo plazo? Pues ni más ni menos que la pérdida de la naturaleza y esencia de las cajas, de su imagen positiva ante los ciudadanos -de cercanía, de pequeña financiación a familias, comercios, pymes, etcétera-, de su compromiso con el desarrollo económico del entorno, impulsando actividades y carteras industriales vinculadas al territorio, y sobre todo de su obra social al servicio de los ciudadanos derivada de la naturaleza pública de estas entidades, sin olvidar que los gobiernos autónomos perderán la capacidad de inspección y actuación sobre las mismas que se derivan del actual marco competencial. ¿Es ello bueno o malo? Evidentemente depende de lo que se quiera. A juicio del Grupo Vasco en el Congreso sería deseable mantener en lo posible la actividad y la naturaleza de las cajas. ¿Es posible hacerlo? Si se va a la bancarización total no será posible pero si las cajas son capaces de mantener un porcentaje elevado en el banco, con vocación de nutrir su cartera de participaciones y su obra social, será posible salvar lo esencial de las mismas. Comprendemos que el Gobierno exija a las cajas que se conviertan en bancos o que deriven su actividad a una entidad bancaria para recibir recursos del FROB; de esta manera es posible establecer un precio de entrada y de salida sin beneficiar a unas entidades en perjuicio de otras, pero una vez reforzadas y recapitalizadas se debería abrir la posibilidad de recuperar la naturaleza de las cajas o al menos de mantener sus actividades básicas, evidentemente si ellas así lo desean.
En este sentido echamos de menos un discurso firme del Gobierno en defensa de la naturaleza y de las actividades propias de las cajas, poniendo en valor lo positivo de estas, al menos en defensa de aquellas como las vascas -BBK, Kutxa y Vital- que, afortunadamente y gracias a una gestión profesional y prudente de sus gestores, cumplen sobradamente con los requisitos en términos de core capital que exige el real decreto-ley.


Oía decir al Gobierno que no solo un modelo de banca es posible -lo hemos oído esta mañana pero, señora vicepresidenta, nos ha parecido un tanto tímida su defensa-, que las cajas que lo deseen y puedan lo sigan siendo.
Ello sería una buena señal para las mismas cajas, así como para los mercados que desconfían de su naturaleza. La propiedad, sea del capital o de las entidades fundadoras, no debe prejuzgar ni la eficiencia ni el rigor en la gestión. De hecho, la gran banca, la banca de inversiones, la desregulada según las exigencias supuestamente que el mercado imponía, ha sido la causante de la actual crisis económica. Es sorprendente por lo tanto que nos obsesionemos en poner en valor excesivo algo que de alguna manera fracasó. No digo que la banca no sea importante y que no se deba defender, lo que quiero decir es que también las cajas pueden desarrollar adecuadamente su labor de financiación de la economía.


Caben también modelos combinados que pueden sin duda funcionar de manera idónea, y ahí está por ejemplo el modelo de la Caixa. A pesar de lo anterior, debo señalar, que en la solvencia y la competitividad de las entidades el tamaño sí importa. El volumen de activos suficiente, un número de trabajadores y oficinas ajustado, aprovechando las economías de escala, es un esfuerzo que tendrá, evidentemente, incluso costes en términos de empleo pero que habrá que gestionar porque entendemos que es inevitable. El mercado también tiene sus exigencias y así lo reconocemos.
De 45 entidades se ha pasado a 17 cajas o grupos y a buen seguro este número se seguirá reduciendo. No era lógica la expansión que se produjo al calor de la burbuja inmobiliaria, una burbuja que esperemos no vuelva.
El ajuste, por lo tanto, es necesario, pero hay que hacerlo con criterios y no solo, o no estrictamente, con criterios de eficiencia o de mercado.


No quisiera, sin embargo, concluir sin referirme a una cuestión que a juicio del Grupo Vasco habrá que conseguir ante la imposibilidad de hacerlo en este real decreto-ley o en otra norma que lo permita: el tema de la fiscalidad de los SIP, que no es aplicable a la operación de compra de activos de CajaSur por parte de BBK, lo que supone una discriminación y una falta de equidad evidentes. Sin entrar en detalles técnicos que no vienen al caso en este momento, cabe señalar que ante una misma operación de reestructuración de una o varias cajas de ahorros, dependiendo del método de reestructuración elegido -SIP o cesión global de activos o pasivos- nos encontramos con que no son fiscalmente neutras al gozar los SIP de un régimen transitorio con retroactividad no compartido con otras figuras de reestructuración, situación, como decía, que es preciso a nuestro juicio corregir.


Señora vicepresidenta, como puede observar, entendemos la naturaleza del real decreto-ley. Creemos que es preciso impulsar y acelerar un proceso de recapitalización de las cajas de ahorros para que, amén de disipar las dudas de los mercados y de la Unión Europea, sean competitivas, superen las pruebas de stress test y se pongan cuanto antes al servicio de la financiación de la actividad económica. Siendo ello cierto, reclamamos del Gobierno un mayor compromiso con el modelo de cajas, que no ha de ser abandonado sin más en aras de una

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bancarización acrítica que se considere buena per se. Tenemos también nuestros reparos competenciales, que es preciso tener en cuenta, ya que las comunidades autónomas no pueden ser ajenas merced a las competencias que tienen al respecto -han de tener un papel activo en el proceso de recapitalización-, y por último por razones de justicia y equidad en el trato fiscal a la BBK, al que me he referido.


Por todo ello mi grupo se va a abstener en la convalidación de este real decreto-ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta del Gobierno, señoras y señores diputados, el modelo planteado por el real decreto que hoy estamos debatiendo sobre el reforzamiento del sistema financiero, a pesar de tener aspectos positivos a los que más adelante me referiré, no es el modelo que le hubiera gustado precisamente a Convergència i Unió. Desde nuestra formación política valoramos positivamente el objetivo que persigue este real decreto, que es el de reforzar la solvencia de las entidades de crédito, especialmente de las cajas, y al mismo tiempo también valoramos positivamente que a través de este real decreto se pueda asegurar y garantizar la permanencia del modelo de las cajas de ahorros a lo largo del siglo XXI, aunque quizás con diferentes fórmulas jurídicas. Nosotros estamos convencidos de que, a pesar de algunas informaciones que se han escuchado esta mañana en este hemiciclo, la supervivencia y el modelo de las cajas de ahorros va a seguir siendo importantísimo en la economía y en el sistema financiero español también a lo largo del siglo XXI.


Desde Convergència i Unió tenemos algunas consideraciones o planteamientos que nos preocupan, porque es evidente que el papel lo aguanta absolutamente todo, pero una cosa es lo publicado en un real decreto-ley y otra cosa es también estar al lado de la problemática de la economía real. ¿Cuál es el aspecto más relevante que le preocupa a Convergència i Unió a lo largo de este debate, de esta negociación, y de lo que va a suceder en los próximos meses en la economía española a lo largo de este periodo de sesiones? En primer lugar, la financiación de las pequeñas y medianas empresas, la financiación de los empresarios autónomos, y la financiación de las familias. Nosotros vamos a estar muy atentos y vamos a ser muy escrupulosos para que se cumpla alguno de los aspectos relevantes que figuran en este real decreto. Concretamente el artículo 12 c) dice lo siguiente: Las entidades solicitantes asumirán el compromiso de incrementar -repito, incrementar- la financiación a las pequeñas y medianas empresas -no dice de las familias- en términos compatibles con los objetivos establecidos en su plan de negocio. Este es el aspecto sobre el que realmente desde Convergència y Unió repito que vamos a ser muy escrupulosos, vamos a estar muy atentos, y vamos a instar continuamente al Gobierno para que efectivamente las entidades que se acojan a este nuevo real decreto, a esta nueva configuración del FROB puedan incrementar la financiación y el flujo de recursos a las pequeñas y medianas empresas y a los empresarios autónomos, porque sin flujo crediticio es imposible la reactivación de la economía española, y sin liquidez es totalmente imposible asegurar una economía productiva competitiva. Por tanto, señora vicepresidenta, este quizá es el aspecto más relevante y que también preocupa muchísimo a nuestra formación política, en el sentido de que vamos a votar este real decreto positivamente, pero vamos a tener muy en cuenta que la financiación ha de ser uno de los aspectos y de los resultados más importantes de este real decreto.


También para que se cumpla que este flujo de financiación y de recursos a las pequeñas y medianas empresas vaya acompañado de éxitos nosotros no vamos a poner piedras en el camino, si hay que plantear una restricción de los pagos de los dividendos a favor de más flujo económico vamos a estar de acuerdo. También vamos a estar de acuerdo en que exista más transparencia absoluta e información periódica de las evoluciones de los negocios de las compañías o de las entidades que acudan al FROB, y lógicamente también estaremos de acuerdo con que en base a estas entidades que acudan al FROB también puedan producirse, para que exista más liquidez, restricciones en las remuneraciones del los ejecutivos.


Hay otro aspecto que también -aunque no es motivo del debate de hoy- puede afectar y en estos momentos afecta negativamente a las cuentas de explotación de las entidades crediticias de las cajas que han acudido al FROB 1 o que pueden acudir al FROB 2. Nosotros entendemos que no es normal, señora vicepresidenta, que el FROB se beneficie de un acceso al endeudamiento a un tipo de interés muy por debajo del que actualmente están prestando, ya que con ellos el FROB acude con el paraguas del Tesoro y tiene una prima de riesgos menor que cualquier entidad financiera. Y a los tipos de interés que están prestando, al 8,1 por ciento en el FROB 1 o al 10 por ciento en el FROB 2 estamos viendo que el FROB contribuye a la reconversión con una cierta especulación de los beneficios, a costa de la viabilidad de las cuentas de explotaciones de las entidades financieras que lo han solicitado. Por lo tanto sería lógico y normal acudir a un tipo de interés del Euribor más 1, 2, 3 ó 4 puntos, pero lo que no es normal es que estén en estos momentos liquidando a un tipo de interés del Euribor más 6 ó 7 puntos. Por eso esta es una cuestión que dejamos encima de la mesa y que creemos que en un futuro tendríamos que poner algunas soluciones a esta problemática actual. Nos hubiera gustado poder incorporar otros aspectos, pero no ha sido posible. No compartimos la idea de que exista un core capital en función

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de la estructura de capital de las diferentes entidades financieras, que es el 8 o el 10 por ciento, y nosotros entendemos que una estructura con un tipo de interés o a lo mejor un porcentaje fijo en función de las diferentes estructuras de capital hubiera sido también lo más justo.


En cuanto a la definición del capital principal también nos hubiera gustado que algunas de las provisiones genéricas que han hecho las diferentes entidades financieras hubieran sido consideradas como fondos propios de las entidades financieras a todos los efectos. No ha sido posible, pero nos hubiera gustado una definición más amplia y más real del capital principal. Pero hay unos periodos mínimos de permanencia del FROB en el capital de las entidades financieras. Nosotros partíamos de unos años de permanencia mínimos, finalmente se ha conseguido una permanencia -ha sido un objetivo importante- de hasta dos años de los recursos del FROB en las entidades financieras, y lo valoramos muy positivamente. Desde esta perspectiva lamentamos la apreciación que ha hecho doña Rosa Díez de que no va a apoyar este real decreto porque ha sido una negociación entre el señor Duran y la vicepresidenta en función de los intereses de las cajas catalanas. Doña Rosa Díez, con toda la simpatía y el aprecio que le tengo como diputada, tiene un grave problema: solamente lee un periódico que es El Mundo, y también quiero decirle que la aportación en este caso, la complicidad que ha habido entre el señor Duran i Lleida y la vicepresidenta del Gobierno ha sido en beneficio de todas las cajas españolas, de todas las cajas españolas, tal como ha reconocido la CECA.


Otro aspecto que planteamos a consideración de la vicepresidenta es el gobierno del FROB. Nos hubiera gustado que en este real decreto se hubiera podido plantear una participación, una presencia más importante del Ministerio de Economía. En cuanto a la independencia del evaluador del valor del mercado de las entidades financieras que acuden al FROB, nosotros entendemos que en este caso tendría que existir algún consenso entre los gestores del FROB, las comunidades autónomas y los representantes de las entidades afectadas. Esta es una cuestión que también ponemos a consideración de la vicepresidenta del Gobierno.
Igualmente nos gustaría que tome en consideración que el papel que las comunidades autónomas puedan tener en todos estos procesos sea relevante para participar en un proceso decisorio, para llevar a cabo las subastas de las aportaciones. Por tanto tendría que existir una complicidad importante entre el FROB, el Gobierno y el Banco de España.


Finalmente quiero plantear algunos de los aspectos positivos expuestos al inicio de mi intervención en el sentido de que las cajas van a tener un gran modelo a través de este real decreto y de permanencia de ese modelo a lo largo del siglo XXI. También quiero decirles, señorías, que hay aspectos relevantes e interesantes que se contemplan en este real decreto como son que se respete y proteja la dimensión social de las cajas de ahorro, y que se establezca un marco de trasparencia de la recapitalización, que facilitará los proyectos de reestructuración, y sobre la base de todos estos aspectos importantes y relevantes que he mencionado, con algunos yo diría temores que tenemos respecto a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, en la que, repito, nosotros vamos a estar muy atentos,...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Sánchez, por favor.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: ...vamos a dar confianza al Gobierno y a votar favorablemente este real decreto.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Señora presidenta, señora vicepresidenta segunda del Gobierno, señorías, el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar el decreto-ley. No lo va a apoyar porque llega tarde, llega mal, y llega peor enfocado. Con estas medidas que el Gobierno pretende adoptar esta mañana habrá restricción del crédito bancario a corto plazo, es decir, no habrá dinero que llegue a quienes nos tienen que sacar de la crisis, que son los emprendedores, la empresa familiar, la pequeña y mediana empresa, los autónomos del país. En segundo lugar, en este decreto-ley se establece discriminación entre entidades. El Gobierno ha vuelto a elegir la salida fácil de volver a definir cuáles son los sectores problemáticos de la economía española, sin llegar a entender que lo son por la situación de la economía general de nuestro país. En tercer lugar, no se respetan las reglas de juego que se habían establecido en el saneamiento del sector bancario y en la promoción de fusiones, para que voluntariamente las entidades que así lo decidieran -me refiero a cajas de ahorro- se fueran convirtiendo cuanto antes, con un calendario rápido, en bancos. No se respetan, insisto, las reglas del juego y no se respetan tampoco a la hora de computar en términos de recursos propios. En cuarto lugar, hay ya una congestión en los mercados en cuanto a emisiones de deuda pública. Es francamente difícil, por no decir imposible, agolpar ahora las entidades bancarias en una pretendida capitalización, y si no apelar al recurso del FROB, que a su vez tiene que acudir al mercado de deuda pública en este momento de los mercados es algo carente de realismo.


Nos preocupa -y este es un aspecto fundamental- el futuro de nuestro sector bancario al obligarle a cumplir unas reglas de solvencia que van más allá de Basilea III. España queda señalada, dentro del mapa de solvencia de los países desarrollados del mundo, como el segundo país -el otro es Suiza, un país completamente diferente en su estructura económica y bancaria- que necesita a

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corto plazo, de inmediato, unas reglas de solvencia superiores a las que planea toda la regulación bancaria del mundo desarrollado. Eso hará que nuestros bancos y cajas compitan en desventaja en el futuro como consecuencia de la aplicación de esa regla en un momento en el que tenemos una presión muy fuerte en términos de competencia mundial. Añado otra causa para despegarnos de esta medida: estamos ante una nacionalización que es en definitiva una socialización de pérdidas, que nos lleva en todo caso a una venta a saldo de activos cuya propiedad haga incorporarse al ámbito público. En definitiva no lo apoyamos porque entendíamos -y así se lo hemos explicado a la sociedad española y al Gobierno de España- que ya había instrumentos legales más que suficientes para llevar adelante un proceso de ordenamiento y saneamiento de nuestro sector bancario. Lo que ha faltado en este decreto-ley ha sido voluntad política para aplicar los instrumentos que teníamos a nuestra disposición, y para llevar adelante una negociación con el Partido Popular. El Partido Popular no ha sido convocado a esa negociación, señora vicepresidenta (Protestas.), lo sabe usted perfectamente. Usted hizo el anuncio en rueda de prensa con las fechas y las cifras concretas antes de sentarse a negociar con el Partido Popular, diciéndonos a su mejor estilo: esto son lentejas; si quieres las tomas, y si no las dejas.
(Aplausos.) Eso es lo que ustedes han traído a la Cámara.


Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en todas las medidas relativas al sector financiero español, a este sector bancario que al comienzo de la crisis era el espejo del mundo, el que nos iba a prevenir de la crisis, cuando nuestro país estaba sufriendo una restricción crediticia que nos estaba llevando al incremento de paro más alto del mundo desarrollado y del mundo emergente, porque no hay país del mundo que haya vivido semejante destrozo de puestos de trabajo por razón financiera; nosotros hemos colaborado con esta Cámara y con el Gobierno de España en todas las medidas de reconversión financiera, las hemos negociado desde octubre de 2008 al FROB, a la Lorca, a los cambios que estábamos proponiendo desde el Partido Popular desde hace dos años y medio. Había que aplicar los recursos públicos al saneamiento de los balances bancarios para que volviera a fluir el crédito. Ese era nuestro discurso y los hechos y los acontecimientos nos han dado la razón, señorías.


El Gobierno no quiso escucharnos, en tiempo y forma, y hoy se ve abocado por los acontecimientos a traer algo que parece una nueva muleta para devolver la confianza de España ante los mercados financieros, y lo hace además en una mañana en la que una nueva agencia de calificación ha reducido el rating de la deuda española, ha reducido la calificación del FROB, en definitiva por una razón fundamental, como explica en su planteamiento: duda de la intensidad de la recuperación de la economía española. Y esa es la clave de todo, señorías, para proceder a cualquier cambio realmente estructural de nuestros sectores estratégicos. Mientras no haya esa política económica general en nuestro país, mientras no se hagan las reformas que hay que hacer, ordenadas y coherentes, que transmitan esa confianza, a base de decretos-leyes, así, a base de golpes de efecto no superaremos la crisis económica en España, y por tanto tenemos que decirlo así de claro, lisa y llanamente, como lo hemos dicho desde el comienzo de la legislatura. Desde el comienzo de la legislatura hemos advertido a la sociedad española, y por eso vuelvo a insistir en esas palabras: hemos sido leales con los españoles y hemos sido leales con el Gobierno de España (Protestas.- Varios señores diputados: ¡No!), y hemos sido leales con los grupos parlamentarios de esta Cámara cuando hemos traído a ella nuestro diagnóstico (Aplausos.), y por tanto pronóstico, que se ha cumplido en términos de crisis económica, y son otros los responsables de haber situado al país donde está, y este mes de marzo va a ser muy importante otra vez para España, señorías, otra vez más. El país siempre en ese borde, España en ese borde, y la responsabilidad de ello la tiene el Gobierno socialista de España, y por tanto dar apoyo al Gobierno socialista de España en estos momentos cruciales es prolongar la agonía de esta crisis económica. Eso es lo que se está haciendo y ese es el planteamiento del trasfondo de este decreto-ley. Por eso nuestra responsabilidad es construir una alternativa política que ofrezca esperanza e ilusión, confianza a los españoles en un momento tan difícil como el que estamos atravesando. Esa es nuestra responsabilidad como alternativa de Gobierno, y no agotar, como se está haciendo, estos minutos basura (Rumores.) de una legislatura que ya no puede incorporar reformas estructurales profundas que son las que necesita España para salir cuanto antes de esta crisis.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Montoro. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Gastón.
(Rumores.)

Señorías, por favor, han tenido su momento aquí. (El señor Ayllón Manso pronuncia palabras que no se perciben.) Señoría, la suerte es que desde aquí se oye lo de un lado y lo de otro. Por favor, tengamos la fiesta en paz. El Grupo Popular ha intervenido y ahora interviene el Grupo Socialista. Muchas gracias por su ayuda, señor Ayllón.


Señora Gastón, cuando quiera.


La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta, señorías, después de unos minutos basura gracias al señor Montoro (Aplausos.), que ha empezado en el escenario en el que hoy tenía que ubicarse, en el sistema financiero, y ha acabado con el discurso recurrente de siempre, tratando de justificar su extraña posición en el ámbito del sector financiero en este real decreto-ley, volveremos a tratar de ubicar el debate.


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Señorías, nuestro sistema financiero, a lo largo de toda su historia, ha tenido que ir enfrentándose a distintos retos, bien por competitividad o bien por su propia supervivencia. Adaptación constante y recurrente, este parece ser el leitmotiv no de este real decreto-ley en exclusiva, sino de la historia vital de nuestro sector financiero, y más en particular, señorías -y ustedes son conocedores de ello-, de nuestras cajas de ahorros, las cuales han demostrado a lo largo de su siglo y medio de historia su continua capacidad de desenvolvimiento y adaptación ante entornos cambiantes. La función esencial del sistema financiero -y aquí se ha dicho esta mañana- es la de canalizar el crédito y esta función se ha visto entorpecida por la actual crisis, y a su vez la disminución en la fluidez del crédito y el incremento de su coste se traslada negativamente al desarrollo de nuestra economía real.


En el actual contexto de crisis las sucesivas tensiones financieras que se han producido han provocado el cierre de los mercados para las entidades, y estas han afrontado severas restricciones en el acceso a la financiación, y también han sufrido el deterioro de sus activos, especialmente los relacionados con el sector inmobiliario. En relación con el acceso al crédito tradicionalmente las cajas -y todos lo sabemos- han sufrido importantes ineficiencias en comparación con los bancos.
Ineficiencias asociadas a su falta de capacidad para acudir a los mercados y así poder obtener capital para reforzar sus recursos propios.
Tradicionalmente han contado, por tanto, con una menor elasticidad de respuesta para hacer frente, bien a aumentos de demanda de crédito, bien a deterioros del riesgo que hubieran asumido, o a circunstancias que pongan en peligro su solvencia, o bien el desarrollo sostenido de su propia actividad.


Señorías, en el marco económico actual es tarea de los gobiernos, de los poderes públicos garantizar un sistema financiero sólido que facilite la función esencial de canalización del crédito. Solo de esta manera podrá desarrollarse nuestra economía, podrá reactivarse la actividad económica, y por ende podrá generarse empleo. Esta obligación de los gobiernos ha estado por supuesto atendida por el nuestro. Se han adoptado medidas con la finalidad de salvaguardar la estabilidad y la solidez de nuestro sistema financiero. Hemos contado, y contamos en este sentido, con medidas aprobadas precisamente en esta misma Cámara. Medidas como el reforzamiento de la garantía de los depósitos bancarios; medidas como la compra de activos de alta calidad, a través del Fondo de adquisición de activos financieros; medidas como la que se creó a través del real decreto-ley 9/2009, por el cual se creó el Fondo de reestructuración ordenada bancaria. Permítanme en este punto decirle al señor Sánchez i Llibre que no entendemos cómo a estas alturas puede cuestionar el tipo de interés de este importante instrumento en el proceso de reestructuración, ya que es bien conocido, en especial también por él que lo oye cada vez que se celebra una subcomisión del FROB, que este tipo de interés se corresponde a las determinaciones y a la competencia europea. Y dentro de estas medidas, en último lugar, también querría poner en valor las contenidas en el Real Decreto-ley 11/2010, por el cual reformamos el régimen jurídico de las cajas de ahorros. Reforma, saben ustedes, necesaria ante los retos de nuestro sistema financiero, y reforma que dio lugar a las distintas opciones posibles para nuestras cajas de ahorros en la gestión de su actividad y en el mantenimiento de su obra social. La elección del futuro de nuestras cajas de ahorros, de su régimen jurídico a través de este Real Decreto-ley 11/2010, estaba en manos de sus gestores, exclusivamente en sus manos. Y eso sí, teniendo en cuenta la función de la gestión que previamente habían realizado, y por tanto sus capacidades.


Todas estas medidas, señorías, han contribuido a minimizar el impacto de la crisis sobre nuestro sector financiero y también han propiciado el proceso de reestructuración más importante de nuestra historia.
Superamos, saben todas sus señorías, con creces las dudas sobre la solvencia de nuestro sector financiero con los stress tests el pasado mes de julio. Pero llega la crisis financiera de Irlanda, que también se ha nombrado esta mañana desde esta tribuna; crisis que contagia a los mercados de deuda pública, y a su vez a las condiciones de financiación de las entidades financieras. Por tanto también a la financiación del resto de la economía. Por ello es necesario en este momento despejar cualquier duda y también reforzar la solvencia de nuestras entidades.
Punto por cierto en el que también está de acuerdo, pese a lo que hayamos oído en boca del señor Montoro, el Partido Popular ya que así lo manifestaba en el Senado, hace apenas dos días en una interpelación a la señora vicepresidenta, un senador de su grupo parlamentario que apuntaba: Nadie puede cuestionar tal necesidad -la que acabo de citar-. Señor senador Barreiro, dixit. Por ello, señorías, por cuanto he citado, es necesario este real decreto-ley; real decreto-ley detallado en su contenido por la señora vicepresidenta, y necesario para garantizar que cada una de nuestras entidades presenta unos niveles de capital de máxima calidad; niveles que sean suficientes para disipar cualquier duda sobre su solvencia y solidez; niveles que recogen y anticipan la definición de capital de Basilea III planteada para 2013.


Señorías, con este real decreto-ley afianzamos por tanto la confianza en nuestro sistema financiero; lo cual a su vez facilitará la fluida canalización del crédito, ya que estas mayores exigencias de capital van a facilitar la obtención de financiación mayorista también y sobre todo para nuestras cajas de ahorros. Nuestras cajas de ahorros que se han visto siempre hasta ahora abocadas a recurrir a las facilidades del Banco Central Europeo, el cual va ya advirtiendo sobre la eliminación gradual de tales posibilidades, no lo olvidemos. Con este real decreto-ley no se modifica -queremos recordarlo e insistir en ello- la Lorca, su esencia, sino que se mantienen las diferentes alternativas institucionales vigentes que aquí en esta Cámara aprobamos el pasado mes de julio. Por tanto el futuro de las cajas de ahorros sigue

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pasando por la decisión de sus órganos rectores en función de la gestión realizada. Con este real decreto-ley se impulsa la utilización inmediata de las estructuras e instrumentos precisamente aprobados en los dos anteriores reales decretos-leyes relativos al sistema financiero, para así concluir la fase final del proceso de reestructuración. Hoy mismo el Banco de España dará a conocer las necesidades de capital de todas y cada una de las entidades que tengan necesidades de recapitalización, las cuales a su vez tendrán dos semanas para establecer una hoja de ruta que les permita conseguirla. Para todas las entidades, ya que este real decreto-ley no es solo para las cajas, ni ese es su título ni va a hacer tampoco desaparecer las cajas de ahorros ni otra tipología de entidad financiera, ni tampoco la obra social de nuestras cajas. Este real decreto-ley no supone la desaparición de las cajas, sino su refundición.
Estas no son palabras del Grupo Parlamentario Socialista ni del Gobierno, estas son palabras que provienen de las propias cajas, de los representantes de la Confederación Española de las Cajas de Ahorros.


La necesidad de aprobación de este real decreto-ley consideramos que es indudable, y también se ha dicho aquí por parte de otros grupos.
Indudable para el conjunto de nuestro sector financiero tal necesidad y para el conjunto de nuestra economía. El apoyo de los grupos sería lógicamente conveniente, pero lo indispensable para una proyección verdaderamente positiva, todavía más positiva que la ya recibida con el solo anuncio de este real decreto-ley por parte de organismos internacionales como la Comisión Europea, como el Banco Central Europeo, la respuesta y proyección más positiva la recibiríamos y la podríamos alcanzar con el respaldo del principal parlamentario de la oposición, con el respaldo del Partido Popular. (Aplausos.) Señoras y señores del Partido Popular esperamos su implicación y su respaldo, como lo han hecho hasta ahora -y lo ha recordado el señor Montoro y nosotros cada vez que procede-. Lo han hecho hasta ahora en las medidas que han tenido que ver con el sistema financiero, único ámbito en el que han estado apoyando al Gobierno en esta crisis. Esperamos su colaboración como la que han mantenido -pese a lo que haya dicho usted, señor Montoro, aquí esta mañana- en la elaboración del contenido de este real decreto-ley, discutiéndolo en el propio ministerio y además iniciando este proceso de discusión con distintos grupos precisamente por ustedes, por la importancia precisamente que su respaldo proyectaría. Señoras y señores del Partido Popular si están por la labor de aportar la confianza que necesita nuestro sistema financiero, por el bien de nuestra economía, respalden el real decreto-ley. No sé qué entiende el señor Montoro por lealtad, pero si siguen entendiendo que el espíritu del respaldo que han ido practicando en el ámbito de nuestro sistema financiero es el que conviene al conjunto de nuestra economía, respalden este real decreto-ley. Si les importa más nuestro país que sus intereses partidistas respalden este real decreto-ley porque no se entendería que -como usted dice- un partido alternativa de gobierno o que pretende llegar al gobierno, una vez más como en la última moción del último Pleno que tenía que ver con el mínimo común denominador, en cuando al contenido de este real decreto-ley, se abstenga, no tenga criterio.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Gastón.


La señora GASTÓN MENAL: Acabo ya, señora presidenta, gracias.


Lo consideramos impropio para un partido que aspira a gobernar, señor Montoro. La eliminación de dudas...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Gastón.


La señora GASTÓN MENAL: Acabo ya. El refuerzo de nuestra solvencia y la fluidez del crédito están en manos de la aprobación de este real decreto-ley. Y el proyectar una mayor confianza por el bien de nuestro país en la suya, señoras y señores del Partido Popular. Por tanto, les pedimos que actúen en consecuencia.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Gastón.


- REAL DECRETO-LEY 3/2011, DE 18 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. (Número de expediente 130/000039.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.


Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra el señor ministro de la Presidencia.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Muchas gracias, señora presidenta.


Comparezco ante ustedes, señorías, para solicitar la convalidación del Real Decreto 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.
Naturalmente, señorías, sustituyo al ministro de Trabajo, enfermo, que les pide disculpas por su obligada ausencia.


El número de personas desempleadas en nuestro país es dolorosamente elevado. Nuestros parados presentan, además, dos rasgos que son bastantes genéricos. De una parte, una clara asociación de nuestro paro con el agotamiento de un modelo productivo basado en un auge inmobiliario excesivo. Siempre lo decimos, probablemente en los últimos dos años el sector inmobiliario ha producido aproximadamente 1.200.000 parados, el 60

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por ciento del paro generado en los últimos dos años. Por otra parte, la segunda característica, una fuerte concentración y persistencia en grupos con baja formación, especialmente visible en el caso del paro juvenil.
Cada día cuenta, señorías, y este me parece el más claro, simple y fuerte argumento a favor de la convalidación del presente real decreto-ley, un instrumento que queremos y que creemos imprescindible para una rápida y profunda reforma de las políticas de empleo. Una reforma, quiero decirlo de antemano, que responde al acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones que el Gobierno y los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos, suscribieron el día 2 de febrero, un acuerdo importantísimo en nuestro país y que está en el fundamento de este decreto-ley. Una reforma que, además, cuenta con un buen grado de consenso territorial sobre los objetivos a alcanzar y las líneas generales a trazar por ello. Un consenso territorial imprescindible para una política en gran parte transferida a las comunidades autónomas, como ustedes saben igual que yo. Una reforma que operará, además, sobre tres nuevas circunstancias que me gustaría recordar, porque forman parte de lo que es el conjunto de reformas que en materia sociolaboral viene haciendo este Gobierno. Contamos ya, en primer lugar, con la Ley 35/2010, que configuró un marco de fomento a la contratación indefinida, que superó las políticas de estímulo generalizado a la contratación indefinida que era muy cara y muy ineficaz. Contamos con un nuevo instrumento de colaboración público-privada en la orientación y en la colocación, en la medida en la que hemos autorizado la intervención en estas materias de las agencias privadas. Y contamos, además, con más medios humanos porque en los últimos meses hemos acordado la incorporación a los servicios de empleo de aproximadamente 1.500 promotores de empleo, que se añaden a los también ya consolidados 1.500 orientadores que introdujimos en el año 2008.


¿Qué queremos con todo ello, señorías? Lo que queremos es asegurar que cada parado tenga un conjunto de servicios vital para su incorporación al empleo. Primero, que se les oriente; segundo, que se les diagnostique su empleabilidad; tercero, que se genere un itinerario de acciones para mejorar su empleabilidad; cuarto, darles una prospectiva de oportunidades de empleo y de emprendimiento en el territorio. Y también, claro, queremos un trabajo que queremos aportar como servicio de intermediación a las empresas. Estos trabajos en gran parte son competencia de las comunidades autónomas, puesto que, como decía antes, los servicios públicos de empleo forman parte ya de la estructura competencial de las comunidades autónomas Por eso hemos planteado su refuerzo con más medios humanos y la colaboración privada que permite la regulación de las agencias de colocación. Son dos elementos nucleares en este proceso de reforma tan importante que estamos abordando en este campo.


De la misma manera, atendemos a tres cuestiones concretas que están también en la base de la reforma. En primer lugar, sustituir los viejos programas de empleo, y digo viejos porque, en líneas generales, los programas de empleo siguen siendo los mismos que hace casi veinticinco años, pensados para un escenario económico y productivo y para unos sectores de actividad que nada tienen que ver con este ambicioso proceso de cambio de modelo productivo y con lo que ha sido la implosión -o desplome, si quieren llamarlo así- del sector de la construcción en nuestro país. En segundo lugar, hay que adecuar nuestras políticas activas de empleo a la nueva estrategia europea a medio plazo, la denominada Unión Europea 2020. ¿Por qué? Porque hay un objetivo fundamental para la Unión Europea, un objetivo de reestructuración, de modernización, de competitividad en la nueva globalización, que impone a Europa una serie de objetivos y reformas que tienen que inspirar las políticas activas de empleo de todos los países europeos. En tercer lugar, dotar a las comunidades autónomas de la suficiente autonomía en el diseño de las acciones concretas. Soy de los que creen -y lo practiqué cuando fui consejero de Trabajo en el Gobierno vasco- que la política de inserción laboral del desempleo nada tiene que ver entre las comunidades autónomas desde una perspectiva homogénea, porque -pongamos por caso- la problemática del paro en Murcia o Cádiz tiene poco que ver con la problemática del paro en Barcelona. Pienso que la descentralización o, mejor dicho, la concepción autonómica de las políticas de empleo es un elemento que produce sinergias muy importantes y que debe de estar en la esencia de este acuerdo, tal y como lo ha concebido el Gobierno a la hora de elaborar la estrategia española de empleo, que fijará los objetivos comunes, coherentes con los compromisos europeos, y que configurarán planes anuales para el conjunto del país. Pero teniendo en cuenta que la estrategia debe elaborarse en el sistema nacional de empleo, sí, aunque en diálogo con los agentes sociales y con las comunidades autónomas.


¿Cuál es el contenido, señorías, de este real decreto-ley que hoy les presento? Es la reforma de una ley ya vieja, la Ley 56/2003, de Empleo, que resulta excesivamente genérica, muy antigua e insuficiente para afrontar estas profundas reformas de nuestras políticas activas de empleo que, en mi opinión, es uno de los grandes elementos para combatir esta lacerante cifra de paro que sufre nuestro país. Destacaría seis aspectos como objetivos de esta reforma. En primer lugar, implanta la ya citada estrategia española del empleo, que será aprobada por el Gobierno y elaborada con las comunidades autónomas y los agentes sociales, como les decía antes. Incluirá orientaciones y objetivos para el conjunto del Estado y para cada una de las comunidades autónomas con sus correspondientes indicadores. Será financiada por los Presupuestos Generales del Estado con recursos del Fondo social europeo y, en su caso, con otras fuentes, y tendrá carácter plurianual, aunque se valorará cada año. En segundo lugar, se crea el plan anual de política de

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empleo, instrumento en mi opinión fundamental para concretar los objetivos de la estrategia, que será aprobado anualmente por el Consejo de Ministros junto con la formalización de los criterios de distribución de fondos que se determinen para cada ejercicio presupuestario. En tercer lugar, proclama y dota de contenido una nueva serie de derechos y garantías en relación con los servicios públicos de empleo. Es aquí donde se recoge lo que llamaríamos un nuevo capítulo de derechos exigibles para las personas en todo el territorio. Vamos a dotar a los parados de un conjunto de derechos que les van a asegurar una interlocución exigente con los servicios públicos de empleo, entre ellos, atención y diagnóstico individual de sus necesidades, incorporación a medidas y acciones sistematizadas en un itinerario individualizado o la información y el apoyo sobre el mercado y la búsqueda de empleo, incluyendo el emprendimiento y la búsqueda para mejorar su empleabilidad. También hay derechos exigibles para las empresas, como son la gestión eficaz de sus ofertas de empleo. Esta es una cuestión en la que tenemos que mejorar mucho porque desgraciadamente la intermediación de los servicios públicos de empleo es de un nivel muy bajo, desde el punto de vista cuantitativo, sobre las ofertas que reciben de las empresas, incluso con apoyo en los procesos de selección para ciertos casos, o el diagnóstico de necesidades formativas, o el apoyo y la gestión para los procesos formativos de sus trabajadores, o la información y el apoyo para solicitar ayudas, en su caso, especialmente en relación con procesos de innovación y emprendimiento. Todo ello ¿qué configurará? Un catálogo de servicios a la ciudadanía que se despliega en tres modalidades: para desempleados, para ocupados y para empresas. Esta es una de las grandes novedades del proyecto de decreto que les estoy trasladando. En cuatro lugar, el decreto-ley transforma y redefine el sistema de políticas y programas, identifica los diferentes ámbitos de las políticas activas de empleo y define los contenidos comunes para que las comunidades autónomas diseñen y ejecuten las acciones y las medidas que consideren necesarias para esos objetivos. En quinto lugar, trae a la ley el contenido del subsistema de formación profesional para el empleo, de manera que en el nuevo texto se refuerzan los objetivos de mejora del sistema de formación, reconocimiento y acreditación de las competencias y cualificaciones adquiridas por cualquier vía. Esta cultura del aprendizaje a lo largo de la vida tiene que insertarse, tiene que impregnar la cultura laboral de todos nuestros trabajadores; una cultura que aumenta la polivalencia profesional, sea esta cualquiera que origine la cualificación profesional del trabajador; una mejora progresiva, un sistema de formación continua que tiene que instalarse en el conjunto de la población para adaptarse a una polivalencia profesional cada vez más mayor. Por último, este decreto-ley procura el refuerzo de los recursos disponibles para las políticas activas de empleo, con una novedad importante que consiste en la constitución en el seno del Servicio Público de Empleo Estatal de un instrumento financiero denominado fondo de políticas de empleo.


Señorías, termino. Resulta inaplazable mejorar la empleabilidad de las personas y situar a los servicios de empleo entre los mejores instrumentos para la gestión del capital humano en el nuevo modelo productivo. Señorías, dedicamos cada año -conviene recordarlo- una cifra nada desdeñable de recursos a la ejecución de políticas y programas de empleo, por ejemplo, para este año 2011 destinaremos 7.300 millones de euros. Lo que queremos en gran parte es hacer más eficiente este gasto y hemos aprobado una reforma -que esperamos sea aprobada por esta Cámara- para dotar de esa eficiencia, porque, en nuestra opinión, un esfuerzo tan importante para un colectivo tan vital para nuestra vida personal y laboral como es la población en paro debe tener una eficiencia máxima, con un calendario que nos proporciona margen para desplegar este nuevo sistema ya en el próximo ejercicio presupuestario. Ya hemos comenzado los trabajos en el seno del Servicio Nacional de Empleo para la elaboración de la estrategia de los planes anuales de 2012 y por eso les decía, señorías, que cada día cuenta.


Además -y con esto quiero acabar-, no se trata de un salto en el vacío; se trata de algo que hemos construido sobre dos bases fundamentales, y por eso quiero reiterar cuál es la esencia de este decreto-ley: es el acuerdo, es el pacto social que suscribimos con sindicatos y empresarios para llevar a cabo esta actuación con los agentes principales del problema de la formación, de la inserción, de la contratación de nuestros parados, sindicatos y empresarios, y con las comunidades autónomas, autoras imprescindibles de esta política. Por eso, quiero terminar diciendo que resulta absolutamente procedente destacar esta intensa participación de las comunidades autónomas y de los interlocutores sociales en este decreto-ley que está sustancialmente pactado con ellas.
Y es en atención a este esfuerzo de participación, al logro de este gran acuerdo -que no me cansaré de repetir que ha sido básico e importantísimo para la confianza interna y externa de nuestro país-, es sobre la base de ese esfuerzo de consenso, a esta voluntad de colaboración que ha presidido en el ámbito social y en el ámbito territorial la elaboración de la reforma de las políticas activas de empelo que contiene este texto, es sobre la base de todo esto por lo que les solicito el apoyo y la aprobación por esta Cámara de este real decreto-ley.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto tiene en primer lugar la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Señor ministro, cada día cuenta, nos ha dicho usted para presentar este real decreto-ley y para apelar una vez más a esto que viene siendo una norma en su Gobierno,

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que es utilizar el trámite de real decreto-ley para que el Parlamento tenga sencillamente que sancionar o votar en contra. Cada día cuenta ha sido la disculpa de hoy para avalar la urgencia de un real decreto que, como usted mismo ha reconocido, desarrolla o modifica una ley del año 1956. Hay que ver, cincuenta y cuatro años para la urgencia; realmente es una urgencia que ha caminado mucho más lentamente que las medidas de reducción de la velocidad que nos ha impuesto el Gobierno el pasado fin de semana. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Rechazo la forma, señor ministro. No puede ser que lo extraordinario se convierta en norma, y no puede ser que, apelando a que esto es consecuencia de un pacto social entre agentes sociales y el propio Gobierno, con la participación de las comunidades autónomas en el propio pacto, se sustituya a la Cámara, se sustituya al Parlamento, que es quien tiene la responsabilidad constitucional de representar al conjunto de la ciudadanía española. No puede ser, esto es pervertir la democracia; esto es lo contrario de la transparencia, es lo contrario del parlamentarismo.
Aquí no se puede venir solo a que podamos votar sí o no a temas tan importantes como el que nos ocupa, que, insisto, modifica una ley de hace cincuenta y cuatro años. Realmente, señor ministro, no es de recibo; es la forma, pero en democracia las formas son el fondo y convertir en el trámite del real decreto-ley todos los debates importantes -cuarenta creo que llevábamos la semana pasada- es una forma de despreciar la tarea parlamentaria, de despreciar a la representación, insisto, del conjunto de los ciudadanos españoles, que tenemos que aprobar las leyes y hacerlas, no solo sancionarlas, para todos los españoles. Por tanto, una crítica en cuanto a la forma, que es de fondo.


Con respecto al contenido del real decreto, haré algunas consideraciones.
En primer lugar, se sigue insistiendo en un modelo fracasado en el que, a diferencia de Europa, se invierte mucho en subvencionar el empleo y poco en la formación de los parados; usted conoce las cifras mejor que yo. De los 7.322 millones del presupuesto de 2011 solo 2.754 se dedican a actividades formativas, el resto va destinado a incentivar la contratación mediante bonificaciones. Le pondré algunos ejemplos de lo que le digo en relación con otros países. Alemania y Francia triplican los recursos destinados por España a formación -que de eso estamos hablando-; los servicios públicos de empleo en España tienen aproximadamente un funcionario por cada 200 parados -dificultad clara-; los servicios públicos de empleo solo intermedian un 3 por ciento de los nuevos contratos -dificultad-; el presupuesto de políticas activas de empleo para 2011 es un 5,5 menos que el de 2010 y solo un 1 por ciento mayor que el de 2007, en el que presuntamente no había crisis; en todo caso nosotros teníamos unas cifras de paro mucho más bajas que las actuales. ¿Acaso creen que esto se arregla con orientadores de empleo, como esos de los que nos ha hablado? ¿Usted cree que esto se arregla con orientadores de empleo? En ese caso le recomendaría que se pusieran uno ustedes mismos, porque sin recursos para la formación, que eso son las políticas de empleo, eso son las políticas activas, de nada sirven los textos legislativos.


En segundo lugar, me parece peligroso -esta es una consideración sobre la que me gustaría conocer su opinión porque a lo mejor no lo he entendido suficientemente bien-, como hace el decreto, ligar prestaciones y subsidios a un acuerdo personal de empleo que puede ser difícil de gestionar, debido a la precariedad de medios de los que hablaba, y que en definitiva se puede volver en contra del propio desempleado.


En tercer lugar, también existe un problema de falta de coordinación entre las diferentes administraciones que en vez de corregirse se va incrementando con las consiguientes ineficacias y duplicidades, porque aunque el real decreto-ley trata de resolver en algunos aspectos, como la creación de una base de datos común, acto seguido el mismo texto profundiza en la territorialización, lo que a mi juicio resulta completamente contradictorio, por lo menos si no se explica y no se contradice directamente. Se proclama la necesidad de servicios comunes, igualdad para todos los españoles en situación de desempleo, y a la vez se acercan las decisiones al territorio -digo las decisiones, no la gestión-, se reclama un catálogo común y luego se dice que cada comunidad autónoma tendrá otro, el suyo -no del común-; otro, que es lo contrario de lo común. No hay quien se aclare con ustedes.


Creo que el modelo que nos proponen es inconcreto, es contradictorio, dificultará aún más la movilidad en todo el territorio nacional, que ya es excesivamente baja, lo que influye, como usted ha dicho, en que existan importantes diferencias entre comunidades autónomas. Dificultar la movilidad creo que es un problema, en este caso para las personas que más protegidas tenían que estar para poderse mover.


El señor PRESIDENTE: Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Creo que este modelo es negativo para la realización de unas políticas comunes en una materia en la que resulta imprescindible en un mundo cada vez más globalizado; cada vez más globalizado salvo en España, porque España es diferente y en esta materia, como en otras muchas, cada día levantamos nuevas fronteras interiores.


Señor ministro, todo esto hace que este real decreto no pueda tener el apoyo de Unión Progreso y Democracia. Nuestro voto va a ser negativo. El cada día cuenta que usted nos ha dicho debe ser un que cada día cuente para que las cosas vayan mejor, para que ustedes nos hagan propuestas positivas y no para que su agonía nos la trasladen al conjunto de los ciudadanos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.


Señora Fernández Davila.


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La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, subo a esta tribuna para posicionar al Bloque Nacionalista Galego en relación con este real decreto 3/2011, y por lo tanto voy a hacer una pequeña valoración en estos cinco minutos que tenemos.


Señorías, señor ministro, reconocemos que hay algunas cuestiones positivas en este real decreto, concretamente nos parece muy positivo el hecho que se manifiesta en la única disposición derogatoria, en la que se propone derogar todo aquello que queda pendiente de la ley 51/1980 porque es evidente que existe la necesidad de hacer una reforma en los programas de políticas activas. También vemos positiva la disposición declarativa que se hace de los principios y objetivos, tanto de políticas de empleo como en la búsqueda de la empleabilidad o en el propio catálogo de servicios, en relación con lo que existe en este momento, así como cuando se habla de realizar esos itinerarios personalizados. Pero, señor ministro, señorías, resulta que estamos hablando de cuestiones positivas que ya se trataron también en otras ocasiones, como ocurrió con el Plan nacional de reformas o con la legislación que se hizo en el año 2006 de la renta activa de inserción. Y a pesar de que el señor ministro acaba de hablar ahora del incremento de 1.500 orientadores, tenemos que decir que los objetivos marcados en aquel momento aún no se han conseguido. En esa reforma no vemos por ningún lado que se inste al Gobierno a que mantenga el compromiso financiero suficiente con el servicio público de empleo, de manera que se pueda reforzar, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos como los materiales, ese servicio y poder así cumplir los objetivos que se marcan y que nosotros no tenemos ningún problema -porque sería ridículo no hacerlo- en reconocer como positivos. Pero si esto no es así, hay una cuestión que nos preocupa y es el hecho de que en este real decreto se consolida algo que se abrió en la reforma laboral aprobada el verano pasado, la participación o el papel de las agencias privadas de empleo, y entendemos que a través de este real decreto estas agencias privadas son las que van a tener el gran protagonismo en el futuro.


En cuanto a las cuestiones de competencias autonómicas, y a pesar de lo que el ministro dijo en relación con las competencias de empleo que estas tienen, vemos que existe también una centralización de las políticas de empleo y de las políticas activas y de formación que aquí se contemplan.
De esa manera, la estrategia estatal, el Plan anual de empleo o incluso el observatorio estatal van en esa dirección, y en estos organismos no podemos dejar de observar que las comunidades autónomas son meros entes colaboradores necesarios, pero colaboradores necesarios para llevar a cabo las políticas de planificación que son exclusivas de la Administración central. Podríamos decir lo mismo de la Comisión sectorial de empleo o de órganos que desde nuestro punto de vista inciden en esta cuestión. Nosotros queremos recordar hoy las diferentes recomendaciones de la Unión Europea que inciden en la necesidad de actuar de la manera más cercana posible en materia de políticas activas de empleo. Incluso se plantea con claridad que lo que puedan hacer las administraciones más cercanas no lo hagan aquellas más lejanas. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista esto refuerza nuestra posición sobre el hecho de que las competencias en materia de empleo, en materia de formación y, en definitiva, de todas estas políticas activas deben ser de las comunidades autónomas. Nosotros creemos que con este real decreto-ley se pierde incluso la oportunidad de abordar aquellos problemas cuya necesidad de resolver está reconocida en diferentes -y valga la redundancia- resoluciones judiciales, y nos referimos a cuestiones pendientes de formación continua y que evidentemente el Gobierno no está por la labor de resolver.


Desde luego no compartimos que esta reforma se haga a través de un real decreto, independientemente de que luego se vaya a tramitar como proyecto de ley, porque desde luego el real decreto ya está, si se convalida -y evidentemente se va a convalidar-, y esta es una política que el Gobierno está haciendo y que desde nuestro punto de vista no nos parece en absoluto oportuna para el debate político, incluso para el debate social, porque aunque se ampara en unos acuerdos sociales, tenemos que reconocer que ese diálogo excluye a una parte de aquellos sectores representativos...


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Por otro lado, señorías -finalizo, señor presidente-, en cuanto a la justificación que hacen de la urgencia -por eso el real decreto- para adaptar estas medidas en relación con las comunidades autónomas, hay que tener en cuenta que los programas de políticas activas siguen vigentes hasta que se aprueben los próximos en el año 2012. Por lo tanto, no somos partidarios de que exista esa urgencia.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Por esa razón -y finalizo, señor presidente- no vamos a votar favorablemente este real decreto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


El señor Llamazares tiene la palabra.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no va a apoyar esta iniciativa, al igual que tampoco va a obstruirla. Nos vamos a abstener, porque si bien valoramos la importancia de las políticas activas, que además tienen buena prensa por sus propios términos -activo frente a pasivo-, aunque habría que hablar mucho de ellas en este momento, en el momento de

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grave desempleo en nuestro país y de estancamiento económico, sin embargo somos escépticos con respecto al marco en que se desarrollan estas políticas activas. Es decir, valoramos los contenidos acordados en el decreto con los agentes sociales, sin embargo somos muy escépticos con respecto a cómo pueden intervenir, cómo pueden favorecer el empleo en un contexto tan negativo como el que vive nuestro país, sobre todo en el contexto de políticas económicas que en nuestra opinión, con el recorte de la iniciativa pública y con las políticas de privatizaciones, van en contra precisamente de la creación de empleo y de la creación de empleo de calidad. Por lo tanto, una gota de agua en un desierto.


En cuanto a las propuestas que hace el Gobierno en esta iniciativa, valoramos sobre todo que se establezca, como se ha dicho, el derecho a los servicios públicos de empleo, es decir, el derecho de los trabajadores a estas políticas activas, a estas políticas de formación; por otra parte, valoramos la atención personalizada frente a una atención burocrática, y, por otro lado, también tenemos en cuenta que el plan anual es conciliable con las competencias de las comunidades autónomas, es decir, que se convierte en un hecho el principio de cooperación también en esta materia. Por eso no podemos mostrar disconformidad con los acuerdos que han tenido lugar en el marco del acuerdo social y con la propuesta del Gobierno. Sin embargo, tenemos que plantear nuestro escepticismo y nuestra discrepancia con respecto por ejemplo a la denominada colaboración público-privada, que teniendo en cuenta el marco general en el que nos encontramos, nos da la impresión de que es aquello de la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios, es decir, que esa colaboración público-privada puede terminar con un sector público encargado de lo no rentable y con un sector privado, en este caso floreciente en la intermediación laboral, encargado de lo más rentable. No compartimos esa colaboración, que es una colaboración asimétrica y que significa una discriminación de los intereses generales y de lo público. Tampoco compartimos, señorías, la financiación de este programa, porque en los presupuestos para este año ha sido recortado por parte del Gobierno, y además, si nos comparamos -lo ha hecho otro grupo parlamentario- con nuestro marco europeo, buena parte de estos programas van orientados a las bonificaciones y la parte orientada a las políticas personales, a las políticas de formación y de itinerarios es una política financiera minoritaria, débil, y por tanto incapaz de favorecer la recuperación económica y la empleabilidad o el empleo de los trabajadores.


Señorías, decía que soy escéptico. Izquierda Unida e Iniciativa somos escépticos porque este es un mal día para los trabajadores y para los ciudadanos de este país. Todos habremos visto la campaña que se ha iniciado ante el anuncio de los trabajadores de AENA de una posible huelga, la campaña antisindical y contra el derecho de huelga, que se generaliza en nuestro país y que en definitiva es una campaña contra los derechos de los trabajadores. No corren buenos tiempos para los derechos de los trabajadores. Sobre todo es un mal día, señorías, porque se consagrará con la votación del decreto anterior la privatización de las cajas de ahorros. Señorías, la tercera hora de las privatizaciones ha llegado. Primero privatizamos el sector público de la economía, luego el sector servicios y ahora el sector financiero. Señorías, cuando empiezan los prejuicios sobre la política terminan también los prejuicios sobre lo público y se acaban los intereses generales en la economía y también en las finanzas. Desgraciadamente esto lo hace un Gobierno que dice ser de la izquierda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Señor Tardà, tiene la palabra.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señor Jáuregui, le he visto tan entusiasmado en su exposición que me parece que ha pecado de simplista, porque usted ha escondido por ejemplo que este real decreto contiene algunos elementos contaminantes que ya fueron objeto de discusión hace unos días con motivo del anterior Real Decreto, el 1/2011. Por cierto, usted sabe que dejó en la estacada a miles de personas que cobraban los 426 euros del Prodi y ahora los han vuelto a dejar en la estacada puesto que no pueden acceder a los nuevos planes. Dicho esto, el real decreto anterior ya contaminaba este otro que modifica la Ley del Empleo, puesto que usted sabe que los nuevos programas dicen ustedes que tendrán que tener, al menos los excepcionales, una gestión y una planificación centralizada, y además lo dicen incluyendo una perversidad en el discurso propia del Partido Popular, no de ustedes: en nombre y en favor de la eficacia. Es decir, en el año 2011 nos venden que lo centralizado es eficaz; por ende, lo no centralizado, lo periférico -al fin y al cabo hablamos de esto- no es eficiente, no es moderno. Es una perversidad que denunciamos.


Coincidimos básicamente en que lo desconcentrado -luego los hechos no lo demuestran- es más eficiente, que busca la excelencia. Además estamos de acuerdo en esta ecuación de convertir lo pasivo en activo. Estamos de acuerdo, es una revolución -por cierto, no solamente ustedes lo han defendido-, que es buscar la eficiencia de los itinerarios personales y además acercar los planes a la realidad productiva de cada uno de los territorios. Se ha demostrado que las sociedades que ofrecen planes de empleo eficientes han seguido este camino y también han seguido el de bonificar más la formación -y en esto estamos de acuerdo-, que no la contratación. De manera que mimbres para entendernos los hay y creo que algunos lo venimos defendiendo desde hace algunos años desde posiciones minoritarias pero cargadas de sentido común.


Ahora lo que tenemos es un real decreto que, tal como ha dicho el compañero Gaspar Llamazares, nosotros

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tampoco vamos a votar favorablemente, pero como, a diferencia del anterior, sí que se nos ha dicho que será tramitado como proyecto de ley, esperamos que nos tengan en cuenta, y digo que nos tengan en cuenta a fin y efecto de poder introducir algunas mejoras que nos pudieran llevar al sí. Por ejemplo, ¿cómo es que ustedes no han incluido ni nos han dicho que existe la posibilidad de poder incluir aquello que nosotros hemos apoyado y ustedes han contemplado respecto a Euskadi en todo lo que tiene que ver con el traspaso de las bonificaciones a la contratación, que en algunos casos pueden llegar hasta el 60 o el 70 por ciento de todos los emolumentos que significan las políticas activas? De esto ustedes no nos han dicho nada. No sé si están abiertos a poder llegar al final del proceso, a poder recoger para el resto de las comunidades autónomas lo mismo que se ha contemplado felizmente para Euskadi.


Nosotros tenemos las mismas preocupaciones que ha expuesto el compañero Gaspar Llamazares, también la compañera Olaia Fernández Davila, del Bloque Nacionalista Galego, respecto a cuáles son los límites, cuáles son los terraplenes que tenemos para todo aquello que se consagra en la reforma laboral, que pertenece al sector público, y todo aquello que es el escenario futuro de los apetitos de los tiburones, que hacen o pretenden hacer de la modernidad de las políticas activas, que tienen mucho futuro, un escenario que fomente los beneficios privados.


Finalmente -no tengo más tiempo-, debo decirles que nosotros tenemos la voluntad de poder modificar también algunos de los blindajes que no entendemos por qué han puesto, que tienen claramente la voluntad de conseguir una recentralización, en concreto respeto a las competencias de la estrategia española de empleo, que es el ADN de su proyecto y que nosotros entendemos que debería ser más poroso respecto a las competencias de las comunidades autónomas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Don Emilio Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor Jáuregui, honestamente, le tengo que decir que no me sorprende la elocuencia que usted ha demostrado en la defensa de este real decreto-ley. Lo mismo es usted capaz de explicarnos la reforma de la Administración pública que la nueva configuración de las políticas activas, dentro de esta visión enciclopedista de la gobernabilidad que usted siempre ha acreditado. De todas formas, la facundia de su argumentación no ha servido para convencernos. Desafortunadamente, ya le adelanto que el sentido del voto de nuestro grupo será también de abstención.


Señor Jáuregui, ustedes están ahora intentando resolver con buena voluntad -nosotros tenemos una posición proactiva a colaborar con ustedes- el problema más grave que tiene en este momento planteado el Estado español y lo están haciendo con un optimismo resignado -si me permite otra expresión, con un optimismo obligado-. Ustedes se encuentran, tras el anuncio de las encuestas de la EPA o de los servicios públicos de empleo, con un incremento notable, espectacular, lacerante de las cifras de desempleados -4.700.000 desempleados; el mes de febrero es un mes estacionalmente malo: 68.000 desempleados más-, y ustedes hacen invocaciones de un optimismo que no tiene fundamento en los requerimientos en este momento del mercado económico, en la configuración de la suerte, de las variables económicas que inciden en el empleo, en el porcentaje de desempleados.


Este real decreto-ley tiene una orientación filosófica nueva con relación a la configuración de las políticas activas que nosotros compartimos. Nos parece eficaz esta interacción entre planes de carácter general y diagnósticos individualizados que establecen una trazabilidad para la atención individualizada de los desempleados. Nos parece novedosa la configuración, el fondo filosófico del proyecto, pero el problema del desempleo no es este; o sí es este y esto ayuda seguramente a mejorar las ratios o las posibilidades en materia de empleabilidad. El problema del desempleo es un problema fundamentalmente del porcentaje del crecimiento económico con relación al PIB. En este momento, con niveles de crecimiento estimados por su Gobierno del 0,6, es difícil pensar que se pueda a corto plazo crear empleo.


Yo le preguntaría -pero usted no me va a responder nada porque no lo sabe tampoco- cuál es el porcentaje de crecimiento del producto interior bruto del Estado español para empezar a crear empleo o para empezar a crear más empleo del que se destruye simultáneamente, para que el saldo neto en definitiva sea positivo. ¿El 1,6 en términos de coeficiente de incremento del producto interior bruto, como ha ocurrido en algunos países que tienen estructuras económicas mucho más sólidas que las nuestras, que las del Estado? ¿El 2 o el 3 por ciento, como ha ocurrido en otros países? Seguramente es difícil saberlo, pero lo que es metafísicamente imposible saber es cuándo en el Estado español van a concurrir índices de crecimiento con relación al PIB de este volumen, con estos guarismos, con estas variables. No lo sabe usted y seguramente no lo sabe nadie. Esto requiere una configuración de la política de empleo que nos hace desmentir a Schumpeter, que afirmaba que la mejor política de empleo es la que no existe. ¿Por qué? Porque esto acreditaba que las variables que integran la actividad económica con carácter general estaban bien configuradas, que los ítems de la política macroeconómica funcionaban bien. En este momento, con 4.700.000 desempleados, estos ítems, estas variables de la política macroeconómica evidentemente no funcionan bien.


Tampoco funcionan bien las medidas de reconversión o de inducción de las posibilidades, pequeñas, de creación de empleo en determinados colectivos a los que eufemísticamente se califica de difícil empleabilidad:

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menores -concepto que se ha elevado hasta los 30 años; me imagino que serán jóvenes desempleados menores de 30 años a efectos del desempleo, no a efectos sociológicos- y mayores de 45 años, que constituye otro colectivo importante de difícil empleabilidad. Desde esa perspectiva, el aserto de Schumpeter no nos sirve en este momento, como tampoco lo que usted no nos ha explicado, que son las razones de urgencia y perentoria necesidad que la propia Constitución española exige acreditar a efectos de utilizar la fórmula del real decreto-ley. Nos da igual, vamos a prescindir de esta formalidad dadas las lacerantes cifras de desempleados, pero usted sabe que la jurisprudencia constitucional exige dos cosas: que las medidas que se aprueban por real decreto-ley no posean carácter estructural y que no tengan una vigencia duradera en el tiempo, cosa que no concurre en ninguna de las circunstancias en este real decreto-ley. Nos da igual, no vamos a reparar tampoco en esta formalidad, señor Jáuregui.


En todo caso, con relación al real decreto-ley y sus contenidos, seguimos pensando, como han comentado otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que la política de empleo en el Estado español todavía está impregnada de una centralidad y una estatalidad que podrían superarse. Podríamos mejorar incluso las potencialidades y optimizar estas políticas mediante una descentralización mayor de la que se acomete. Aquí estamos hablando todavía de objetivos de la estrategia española de empleo, de una planificación de la política de empleo y de la formación profesional, teniendo en cuenta -sí, usted lo ha dicho- las competencias de las comunidades autónomas pero de ámbito español, de una competencia del Estado para afianzar los órganos de concertación territorial, de una competencia estatal en definitiva para actuar desde una perspectiva manifiestamente centralista en todos los ítems que hacen referencia o configuran con carácter general una política estatal de empleo.


Se ha avanzado mucho en la desestatalización, en la descentralización, yo lo reconozco y se lo tengo que reconocer a la secretaria de Empleo, que en este momento nos acompaña. Algunos diputados de esta Cámara hemos hecho grandes esfuerzos por invertir un real decreto-ley que en su configuración original era todo lo contrario a este. Aquel, el que dimanaba del acuerdo interprofesional del 2 de febrero, que usted mismo ha indicado, sí que era estatalista absolutamente, brutalmente centralizador de las políticas de empleo -ya voy acabando, señor presidente-. ¿Por qué? Porque estos acuerdos interprofesionales sí que incorporan elementos de centralidad o de centralización peligrosos. No estoy en condiciones de afirmar lo que ha dicho la señora Díez, que me parece una reflexión delicada e incluso temeraria, la de que se produce, cuando hay un acuerdo interprofesional preferente, una usurpación de funciones legislativas. No estoy de acuerdo porque son buenos los acuerdos interprofesionales, siempre que dichos acuerdos estén bien configurados. Pero aquí esto no se produce desde esa perspectiva. Aquí se ha cambiado mucho. La participación de las conferencias sectoriales, la participación de las comunidades autónomas, el mero reconocimiento de planes específicos en el ámbito autonómico, el mero reconocimiento también de actividades y de certificaciones y cualificaciones profesionales autonómicas, al margen de las previstas en la Ley orgánica del año 2002, todo esto ha supuesto un esfuerzo compartido con el ministro de Trabajo y con la secretaria de Estado de Empleo que debemos reconocer.


Hay un problema -ya, señor presidente, acabo de verdad; en buena hora he aceptado su recomendación de usar solo siete minutos: siempre se arrepiente uno ex post, cuando es tarde, de estos compromisos- que esperemos que se pueda resolver en la tramitación como proyecto de ley de este real decreto-ley y que hace referencia al fondo estatal que regula la disposición final primera. Para la Comunidad Foral de Navarra y para la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha logrado incorporar los requerimientos del Concierto Económico a efectos de los flujos financieros que dimanan de las medidas aquí reguladas. Lo que pasa es que no está clara la extensión de los requerimientos del Concierto Económico al fondo estatal que se prevé en la disposición final primera, tanto desde la perspectiva de los ingresos, de los remanentes en definitiva, de las comunidades autónomas, no gastados, de los remanentes de la Administración del Estado no gastados en el ejercicio de estas políticas, como desde la de los pretendidos incrementos de las recaudaciones de cuotas por formación profesional -incrementos de cuotas que desconozco que hayan existido alguna vez en algún ejercicio presupuestario-. Al margen de esa circunstancia, nos gustaría que se concretase específicamente que el Concierto Económico afecta también a los ingresos y a los gastos previstos en este fondo estatal. Le puedo asegurar que si esto se puede conseguir, es probable que la posición de mi grupo parlamentario, cuando se vote el proyecto de ley, pueda cambiar. En este momento, nosotros, cautelar o preventivamente, nos vamos a abstener a pesar de la brillantez y de la elocuencia demostrada por usted mismo, señor ministro, digna de mejor causa -el enciclopedismo en el ámbito de la política a veces provoca también problemas que no vamos a glosar-.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Les quiero hacer una consulta para ver si cuento con el apoyo de la Cámara para que en los debates sobre enmiendas del Senado -y poder hacer así un cálculo previsible- podamos contar con tiempos de intervención de cinco minutos de cada grupo. ¿Están de acuerdo sus señorías? (Pausa.) Igualmente se hará para el último punto, el dictamen de Comisión.
(Pausa.) Muchas gracias, así se acuerda.


Adelante, señor Campuzano.


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señor Jáuregui, de entrada le ruego que traslade al ministro Gómez el deseo de toda la Cámara, estoy seguro, de su pronta recuperación.


Abordamos esta intervención con motivo de la convalidación de este Real Decreto de reforma de las políticas activas desde un proceso de diálogo de Convergència i Unió con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Socialista que nos permite, sin lugar a dudas, dar hoy nuestro apoyo a este real decreto. Esta es una reforma sustancial de las políticas activas de empleo, una reforma sustancial de la Ley de Empleo y una reforma sustancial del modelo de traspaso de las políticas activas del año 1997. Desde el punto de vista de la mayor capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas, esta nueva regulación legal va a dar más libertad y más flexibilidad.


En las fórmulas legales de la Ley de 2003 y en el modelo de traspasos del año 1997, el Estado regulaba, la conferencia sectorial repartía los recursos y las comunidades autónomas estaban obligadas a aplicar aquellos programas regulados por el Estado mediante órdenes ministeriales y reglamentos. Esta reforma cambia sustancialmente esa manera de abordar las políticas de empleo. Se elabora una estrategia, se elabora un plan estatal, se consignan unas partidas en los Presupuestos Generales del Estado, se reparten en la conferencia sectorial, y son las comunidades autónomas, sobre la base de directrices y objetivos comunes, quienes desarrollan y establecen sus propias políticas de empleo. Es un cambio sustancial y a las señorías que se han mostrado críticas con el contenido del real decreto-ley les recomiendo, en relación con el catálogo, que se lean el segundo apartado del artículo 19 ter, donde se recoge que cada servicio de empleo podrá establecer su propia carta de servicios, atendiendo a la evolución de su mercado de trabajo, a las necesidades de las personas y empresas y a las prioridades establecidas en sus propios programas. También recomiendo la lectura de aquellos artículos que establecen claramente que el diseño y la fijación de las políticas activas va a corresponder también a los servicios públicos de empleo. Por tanto, desde el punto de vista competencial, esta reforma va más allá de la reforma del año 2003 y del modelo de traspaso del año 1997; por ello, Convergència i Unió avala el sentido de esta orientación desde cualquier tipo de consideración, sabiendo que para algunas comunidades autónomas con menos ambición para su autogobierno este modelo crea incertidumbres, porque van a tener más responsabilidades de las que hasta ahora han tenido.


Vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto y vamos a reclamar también que se tramite como proyecto de ley para mejorar algunas cuestiones desde algunas convicciones: la de que las políticas activas de empleo son necesarias; que creemos que los gobiernos autonómicos tienen la responsabilidad de acompañar a los desempleados en la búsqueda de nuevo empleo, porque, como recordaba algún otro orador, los mejores mercados de trabajo en el resto de Europa son aquellos donde los gobiernos tienen políticas de acompañamiento para los desempleados importantes y sólidas; desde la convicción de que la formación de empleados, de trabajadores ocupados y desempleados es la mejor política de acompañamiento de las personas; convencidos también de que la atención personalizada que se nos viene reclamando desde hace muchos años en la Unión Europea continúa siendo un reto para nuestras políticas de empleo; desde la convicción, y ahí discrepamos de otros oradores, de que lo público no es exclusivamente lo estatal, lo gestionado desde la Administración pública, sino que lo público, en el sentido del interés general, también puede ser gestionado de común acuerdo con la iniciativa privada; desde la convicción -eso sí, señorías- de que esta reforma llega tarde y que hubiera tenido mucho más sentido si se hubiera planteado en el inicio de esta legislatura. Este grupo, desde esta tribuna, ha venido defendiendo en los últimos tres años orientaciones en ese mismo sentido.
La última de ellas fue en una moción de Convergència i Unió, que se aprobó no con el apoyo de todos ustedes pero con un apoyo suficiente, por lo que entendemos que esta reforma responde también a ese mandato de la Cámara.


Evidentemente, existen algunas preocupaciones que nos gustaría resolver durante la tramitación como proyecto de ley de este real decreto, como es aquello que hace referencia a la reserva de crédito que se mantiene para el Servicio Público de Empleo Estatal, que nos llevó en 2003 -cuando la Ley de Empelo fue pactada por el Partido Popular y por el Partido Socialista; creo recordar que el ponente del Grupo Socialista fue el señor Jáuregui- a recurrir la Ley de Empleo, precisamente por esa reserva de crédito, y sería bueno que en el trámite parlamentario encajásemos bien el papel que la reserva de crédito debe tener. En segundo lugar, nos preocupa, precisamente porque el modelo da más libertad a las comunidades autónomas, que el Estado mantenga sus compromisos presupuestarios para financiar las políticas activas de empleo; por tanto, deberíamos blindar el compromiso del Estado para continuar invirtiendo en estas políticas y al mismo tiempo mantener la lealtad institucional. Quizá este nuevo marco establece más obligaciones que deben ser financiadas y debemos evitar que ocurra aquello que ha sucedido por ejemplo con las subvenciones al mantenimiento de empleo para los trabajadores con discapacidad en los centros especiales. En este caso, el incremento de las subvenciones no ha venido acompañado de la transferencia de recursos a las comunidades autónomas.


Finalmente, y termino señor presidente, hemos de avanzar claramente entre la vinculación entre políticas pasivas y activas. Somos partidarios de que las comunidades autónomas gestionen también de manera coordinada las políticas pasivas con las políticas activas, en la línea de facilitar precisamente esa reactivación hacia el mercado de trabajo. Coincido con el señor Olabarría en

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la necesidad de que ese fondo de reserva que se constituye en este real decreto cuente con una mayor participación de las comunidades autónomas, desde la convicción, eso sí, de que las políticas activas acompañan, que las políticas que van a crear empleo son las políticas de crecimiento y también medidas específicas de choque que den más oportunidades a quienes generan empleo, que son las empresas, para que puedan generar estos nuevos puestos de trabajo. En este sentido, queremos aprovechar este real decreto para introducir medidas específicas para trabajadores autónomos y para personas con discapacidad. Espero que sea posible hacerlo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Doña Carmen Álvarez-Arenas tiene la palabra.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señor presidente, señorías, señor ministro, este es el decimocuarto real decreto-ley que nos trae el Gobierno desde que se inició la crisis. Esperamos que si se aprueba por la Cámara -desde luego, nosotros vamos a solicitar que se tramite como proyecto de ley- no duerma el sueño de los justos como pasó con el proyecto de ley del Prodi, que ha fallecido, ha nacido una nueva modalidad, todavía están las enmiendas ahí y no se ha visto ese proyecto de ley.


Señorías, el Gobierno nos tiene acostumbrados a gobernar a golpe de decreto, pero la realidad es que después de estos catorce reales decretos-leyes seguimos teniendo 4.700.000 parados, el incremento del paro registrado está ahí y el de la EPA va a llegar. Este real decreto, señorías, es un galimatías jurídico y legislativo, un cúmulo de despropósitos. Es un real decreto que introduce una enorme inseguridad jurídica, un real decreto que no cumple ni siquiera con la finalidad constitucional del artículo 86, que habla de urgencia y de coyuntura.
Urgencia para mejorar el empleo, y lo dilatan lógicamente hasta la elaboración de la estrategia española para el empleo el 31 de octubre y un plan anual posterior. Para ver que es coyuntural, señorías, no tengo más que leerles su propio reconocimiento que está en el texto. Dice: El hecho de que estas medidas tengan un carácter estructural... Un carácter estructural, luego no es coyuntural, señor ministro, luego no cumple el principio constitucional para utilizar este mecanismo legislativo. Ya está bien de hurtar a este Parlamento -como ha dicho algún otro interviniente- lo que supone la soberanía popular para ser los que legislemos sobre una materia tan importante, y ustedes siguen abusando de este mecanismo.


Pues bien, señorías, este real decreto viene sin consulta, señor ministro, porque el consenso sobre que las políticas activas de empleo hay que mejorarlas lo tiene usted en esta Cámara y probablemente fuera de esta Cámara, evidentemente, y dentro de las comunidades autónomas, pero este real decreto no ha pasado formalmente por la conferencia sectorial, que es el órgano de participación formal de las comunidades autónomas. Se ha visto en reunión de directores, no ha pasado formalmente por las comunidades autónomas, y que venga del acuerdo social, que todos respetamos, no supone que las comunidades autónomas sean unos actores pasivos, cuando además se ven enormemente implicadas en lo que en este real decreto se pone.


Es un real decreto que, además, en sus objetivos habla, por ejemplo, de que hay que incentivar el emprendimiento, cosa en la que todos coincidimos, y después no desarrolla absolutamente nada; real decreto que no ha sido consultado, ya no hablo consensuado, con afectados como son los autónomos, que deben estar aquí y que están afectados por él, y con todo el sector de la discapacidad, que se ven afectados claramente por las disposiciones derogatorias que después diré; real decreto que es reiterativo y continuista en sus objetivos. Hay mucha literatura sobre itinerarios personalizados, oficinas públicas de empleo, pero, señorías, llevamos hablando en esta Cámara cantidad de veces, no desde la ley de empleo de 2003, sino desde 2008, de itinerarios, de acompañar a los parados, de darles formación, y no se ha hecho absolutamente nada. Esto no puede ser una literatura más. La inacción del Gobierno nos lleva a que, una vez más, estemos contemplando cuestiones que no son absolutamente reales. Además, el señor ministro ha hablado aquí como un hecho consolidado de la buena y positiva colaboración de las agencias privadas de colocación. Pero no están reguladas por el Gobierno, señor ministro, no son una realidad a día de hoy. Vuelven a ser un elemento más de la literatura de este real decreto. Este real decreto, además, habla de la transformación de las políticas activas y, sin embargo, no pone encima de la mesa ni una sola modificación, porque de la formación profesional, que es una cosa fundamental en las políticas activas, no se habla nada. Se deroga mucho y siguen sin ponerse de acuerdo dos ministerios esenciales como son el de Educación y Trabajo para ver de qué manera hacemos una reforma global de la formación profesional. Este real decreto deroga artículos de la Ley de Empleo -ya se ha dicho aquí- y hasta veinte normas más. Es un decreto derogatorio, no es un decreto regulatorio. Además, no propone medidas alternativas, lo que está generando una enorme inseguridad en todos los afectados, parados, comunidades autónomas, etcétera.


Señorías, que las políticas activas son un elemento esencial lo hemos dicho todos, y lo compartimos. Este grupo parlamentario ha traído aquí numerosas propuestas desde el año 2008, y lo hemos plasmado en los presupuestos. Sin embargo, el Grupo Socialista y el Gobierno han traído a esta Cámara y han apoyado una reducción del 5,5 en los presupuestos para 2011 en políticas activas. Ahora desmantelan todo, lo ponen todo patas arriba, y la realidad de todo sigue siendo la inacción. Este real decreto no es la figura legislativa adecuada, ya se ha dicho aquí. Esperemos que si se tramita como proyecto de ley no muera como ha pasado con otros.
Declara que

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no hay coste económico. No es cierto, señorías. ¿Qué piensan, que lo pagan las comunidades? Qué desconocimiento o que mala fe hay en esto. Los itinerarios personalizados y todo lo que se habla de las oficinas de empleo tienen unos cuantiosos costes en infraestructuras, en recursos humanos y, por lo menos, en que se termine el famoso sistema Sispe. Hay alguna novedad, efectivamente. Me extraña que nadie lo haya dicho en esta tribuna. Hay dos grandes cambios. Se cambian los nombres. Servicio Público de Empleo Público Estatal por Servicio Estatal de Políticas de Empleo. Un gran logro para los parados. Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales se modifica por Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Esto crea una cantidad de empleo tremendo. Cuando lo oigan y lo conozcan un padre o una madre de familia en paro con dos hijos estarán encantados, y dirán: ¿esto va a resolver mi problema? Yo creo que no les va a ayudar mucho, salvo que les contrate la empresa que vaya a efectuar los cambios que va a suponer esta cantidad de nombres, por ejemplo, que hagan todos los cambios de cartelería que hay que hacer en las oficinas de empleo. Últimamente en España se están generando muchos negocios exprés con este Gobierno: los que cambian las pegatinas en las señales de tráfico, los que van a cambiar los carteles en las oficinas de empleo, los que hagan la nueva papelería para estas cosas. (Aplausos.) Pero esto no crea un empleo, insisto, salvo para que sean contratados en esa empresa.


Ya se lo ha dicho el Tribunal de Cuentas. El presidente del Tribunal de Cuentas dijo el día 2 en esta Cámara que no se puede gobernar a golpe de decreto-ley, que desvirtúa la tramitación parlamentaria y el propio contenido formal y material de los presupuestos. Y el culmen de este real decreto es la creación de un fondo de reserva de políticas activas, que no se sabe cuáles serán sus objetivos, ni cuándo ni por quién podrá ser utilizado. Esto no es el Fondo de reserva de la Seguridad Social, que después de la separación de fuentes que hizo el Partido Popular se nutre de las cotizaciones. Si se crea este fondo, lo van a nutrir los Presupuestos Generales del Estado, es decir, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y la Unión Europea a través de la formación. ¿Ustedes creen que van a permitir que se haga un fondo que no se sabe ni se describe aquí para qué se va a utilizar y cómo se va a repartir? A lo mejor se reparte como los planes de empleo que hacía el Gobierno que, curiosamente, cuando los ciudadanos decidieron que el Gobierno socialista no estuviera en la Xunta, desapareció también el plan de empleo de Galicia. Señorías, son muchas las incógnitas, muchas las incongruencias y muchas las frivolidades contenidas en una norma que nunca debía haber visto la luz por este procedimiento.


Lo que deberían haber hecho es dilatar las políticas activas hasta la estrategia española, traernos la estrategia española, proponer en un proyecto de ley de medidas urgentes el resto de reformas y los itinerarios, lo debatimos democráticamente, después nos traen la estrategia española para el empleo -que ya anuncio que nuestro grupo va a pedir la comparecencia del señor ministro para que nos explique de qué va, aunque lo vaya a aprobar el Gobierno, esta Cámara debe conocer en qué va a consistir esa estrategia española- y después derogar todo lo demás.
¿Cómo pueden derogar toda la política conseguida a través del desarrollo de la Lismi, que ha costado tanto para el mundo de la discapacidad, y dejarlos en el vacío, en la nada, sin saber qué seguridad van a tener después? Es una barbaridad jurídica y de una insensibilidad social inconcebible. Señorías, los parados se merecen un Gobierno con más sensibilidad, un Gobierno que no venda humo, un Gobierno que sea serio, riguroso y competente y que se ocupe de que la economía crezca y el paro baje; un presidente que no nos diga año tras año que en el segundo semestre se va a crear empleo porque, desde luego, si eso es lo que piensa el presidente que se hará con esta norma -como nos dijo ayer- verdaderamente es una nueva falsedad hacia los ciudadanos.


Señorías, este real decreto da bochorno social verlo, leerlo y ponerlo. El Gobierno vuelve a actuar de trilero: quito, pongo, pongo, quito y ¿dónde está el regalito? Aquí no hay ningún regalito, señorías. Aquí no hay más que incapacidad, venta de humo, foto y literatura barata. Por mucho que ustedes quieran, señorías y señor ministro -que le han dejado solo ante este miura-, le garantizo que ni con Vista Alegre ni sin Vista Alegre tiene solución la realidad del paro en España. Los ciudadanos saben que la primera preocupación -con Vista Alegre o sin Vista Alegre lo van a tener en el frontispicio porque lo están padeciendo- es el paro. La segunda, señorías, es que ustedes sigan gobernando.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.


Don Jesús Membrado tiene la palabra. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, quisiera comenzar la intervención sumándome a la petición de algún portavoz de grupo parlamentario para que se le traslade al ministro de Trabajo el deseo de su pronta recuperación. Espero que en estos momentos en los que la señora diputada del Grupo Popular tanto interés tiene en resolver el problema del empleo en nuestro país a base de demagogia entre todos podamos construir un discurso lo más positivo posible.


Señora Álvarez-Arenas, al ver que iba a intervenir esperaba que podría debatir con usted hoy y posteriormente en la tramitación y no escuchar una serie de exabruptos que no me han dicho nada. No sé qué es lo que piensa de las políticas activas, solamente sé que hacen lo mismo que llevan haciendo ustedes a lo largo de estos últimos años, demagogia y populismo. No hacen nada más. (Aplausos.) Señorías, hablar de las

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políticas activas de empleo no puede hacerse en nuestro país al margen del reconocimiento expreso de que en estos momentos tenemos un problema que es claro y manifiesto: los cuatro millones y pico de parados en nuestro país. Hay que hacerlo, pero también hay que hacer una reflexión de por qué tenemos esta situación. Tenemos una crisis económica internacional, seguramente la más grave después de la Segunda Guerra Mundial, y tenemos un mercado de trabajo en nuestro país complejo, fracturado, débil, con escasa capacidad de aguantar los tirones de los ciclos económicos. Por eso hemos pasado en tres años de tener un 8 por ciento de desempleo en nuestro país -se podría decir pleno empleo- a tener un 20 por ciento.
Pero no ha sido por las políticas del Gobierno, sino por la propia realidad de la crisis económica y su afección en un mercado que de pronto se desmorona y destruye un millón y medio de empleos del sector de la construcción. Además, lo destruye en una vorágine impresionante, en la que el primer trimestre de 2009 nos arroja casi 750.000 parados. Esa es la realidad.


Ante esa situación, el Gobierno no ha estado quieto, señorías. El Gobierno ha intentado recuperar mecanismos desde el punto de vista institucional y legislativo para poder hacer frente al problema. Nos habremos equivocado, o habremos acertado; en algunas cosas hemos hecho una opción y en otras, otra. Pero desde luego la voluntad del Gobierno ha sido clara: hacer políticas para frenar el desempleo. La batería de medidas ha sido amplísima. Hemos hecho transferencia de recursos a las instituciones municipales por casi 12.000 millones de euros para que hagan actuaciones en infraestructuras que generen empleo. Hemos dado subvenciones a sectores industriales con alta capacidad de arrastre, ayudas a la innovación empresarial, aportaciones de liquidez al sistema financiero -lo estamos haciendo-. Hemos apostado por mantener e incluso ampliar las prestaciones y subsidios de desempleo para garantizar recursos al mayor número posible de trabajadores sin empleo. Estamos en estos momentos en una cobertura del desempleo del 80 por ciento, señorías, más de veinticinco puntos por encima de los que tenía el Partido Popular en la crisis de los punto.com en el año 2002. Además, estamos haciendo reformas con el objetivo de crear empleo y frenar la destrucción del mismo. Hemos aprobado una reforma laboral que tenemos la confianza de que frene la destrucción del empleo y que combine el mantenimiento de los puestos de trabajo con algún sacrificio en la empresa. Pero al mismo tiempo se han creado 3.000 empleos de orientadores, que tienen como objetivo fundamental reforzar las posiciones de los trabajadores del INEM de cara a fortalecer los itinerarios individuales. Y eso lo hemos hecho en diecinueve meses exclusivamente.


También el Real Decreto-ley de medidas urgentes para promover el tránsito al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas que aprobamos hace quince días ha supuesto un plan de choque, que tiene como objetivo fundamental recuperar el empleo, dar formación a aquellas personas que tienen en estos momentos una situación de desempleo de larga duración con una escasa cualificación personal.
Ahora, señorías, es el momento de reformar las políticas activas de empleo, una actuación necesaria, pues desde hace prácticamente treinta años, desde los años ochenta del siglo pasado, no se ha acometido ninguna reforma en profundidad, y estamos haciéndola, porque, señorías, en la actualidad las políticas activas de empleo constituyen una parte importante de los recursos públicos. Gastamos prácticamente 7.500 millones en ellos, pero consideramos que estos 7.500 millones deben ser aprovechados de una manera más racional, tenemos posibilidades de que calen más en el mercado de trabajo, de que potencien más la contratación.
Actualmente la estructura del gasto en políticas activas de empleo se reparte a tercios entre la formación, las bonificaciones y las políticas activas dedicadas exclusivamente a las instituciones municipales y autonómicas.


El marco general de la reforma de las políticas activas de empleo debe orientarse a reforzar a las personas en situación de desempleo. Las necesidades de las personas desempleadas, señorías, deben ser el centro de gravedad de estas políticas. Todo desempleado debe tener derecho a que el Servicio Público de Empleo le realice un itinerario individual y personalizado para tener un puesto de trabajo. Esa es la base de las políticas activas de empleo y de la reforma que hoy estamos trayendo a esta Cámara. Se trata de mejorar la empleabilidad de los parados y de elevar su nivel de formación. Se trata, señorías, de evitar que el 70 por ciento de los empleos que encuentran nuestros parados venga determinado por las relaciones familiares y los amigos, y no por la prestación del Servicio Público de Empleo correspondiente. De eso se trata, señoría. Por eso todos los recursos públicos o privados deben ponerse al servicio de las personas desempleadas. La reforma supone que el nuevo sistema de bonificaciones a la contratación indefinida debe revisarse. Los actuales programas de empleo destinados a las personas desempleadas deben pasar también por una profunda revisión, la reforma del funcionamiento del sistema de formación. Debe haber una vinculación mayor, como decía el señor Campuzano, entre las políticas activas y las políticas pasivas.


Se crea un fondo de recursos para mantener y desarrollar las políticas activas a través del Fondo de políticas de empleo con el 10 por ciento de los remanentes de crédito. Son, por tanto, medidas que hemos demandado en esta Cámara permanentemente todos los grupos parlamentarios.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Membrado, por favor.


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El señor MEMBRADO GINER: Indudablemente, desde nuestro punto de vista hay un elemento central: las comunidades autónomas deben ser una parte activa en las políticas activas. Y ese diseño con las comunidades autónomas es el eje fundamental de la reforma que hoy planteamos, porque el mercado de trabajo en nuestro país no es uniforme, porque tenemos en el País Vasco y en Navarra un 10 por ciento de desempleo y un 24 por ciento en Murcia, un 28 por ciento en Canarias o un 14 por ciento en Aragón. Por tanto, las comunidades autónomas deben adecuar la estrategia estatal del empleo a la realidad de sus propios territorios y de sus propios sectores productivos, y esa es una demanda permanente, señorías. Por eso, ¿qué significa para nosotros la reforma? Reconocer derechos, reforzar el papel de todas las administraciones, compromiso de todas las instituciones e impulso a la flexiseguridad.


Señorías, este real decreto tiene vocación de una tramitación parlamentaria a través de un proyecto de ley. No entendemos en estos momentos las suspicacias que se plantean por parte de algunos portavoces respecto de hurtar el debate parlamentario en un tema como este. Se va a realizar, pero era necesario traerlo como real decreto. ¿Por qué? Porque queremos que las políticas activas funcionen a partir del ejercicio presupuestario de 2012 y porque queremos que las comunidades autónomas tengan tiempo para realizar sus programas y sus proyectos a lo largo del segundo semestre de este año. Si nosotros no traíamos esto como real decreto, estábamos prolongando un tiempo innecesario y evitando que pudiese desarrollarse de forma inmediata. Esa es la razón, no hay ninguna otra razón espuria que pueda permitir el argumento de que hemos hurtado un debate parlamentario.


Señora presidenta, señorías, termino. Hoy nos encontramos en un debate con el Partido Popular más esquizofrénico que político; llevan meses planteando la reforma de las políticas activas de empleo...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Membrado, ahora sí que está en el límite de tiempo.


El señor MEMBRADO GINER: Lo hemos aprobado con sus votos en la reforma del mercado de trabajo, en diferentes PNL, en mociones, en iniciativas...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Membrado, no me obligue a sacarle de la tribuna. Finalice. (Risas.)

El señor MEMBRADO GINER: ¿Cómo se puede entender esta posición? Desde la más pura posición demagógica y desde la más pura posición populista.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Membrado.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES ORGÁNICAS 5/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, Y 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES ORGÁNICAS 5/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, Y 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN). (Número de expediente 121/000061.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, pasamos el punto VIII del orden del día: Enmiendas del Senado. Quiero recordarles que por acuerdo de la Cámara el turno de intervención de los grupos será de cinco minutos y, por tanto, los grupos que comparten tiempo tendrán tres minutos.


Pasamos, en primer lugar, al proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, antes denominado proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.


Para fijar la posición del Grupo Mixto tiene, en primer lugar, la palabra el señor Salvador. (El señor Salvador Armendáriz hace gestos negativos.) ¿Solo el señor Jorquera? (Pausa.) Ahora sí que ya no sé. Me dice el señor Salvador que no. ¿Quién va a intervenir? (Pausa.) ¿Pero el señor Perestelo va a intervenir también? (Pausa.) ¿En qué quedamos? (Rumores.) Señorías, por favor, esto no puede ser.


El señor JORQUERA CASELAS: Señora presidenta, ha debido de haber un error de comunicación. En cualquier caso, voy a consumir quince segundos.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perfecto.


El señor JORQUERA CASELAS: Intervengo simplemente para manifestar que el Bloque Nacionalista Galego va a votar a favor de la mayoría de las enmiendas introducidas por el Senado, y para hacer mención expresa a la enmienda que introduce una disposición derogatoria nueva en virtud de la cual se pretenden derogar dos

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disposiciones del decreto que establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario. Esta enmienda pretende corregir algunos de los aspectos que motivaron nuestro voto en contra de la convalidación de este decreto, como por ejemplo que se cambien las reglas del juego para la energía fotovoltaica en mitad del partido -una última moda del Gobierno, como se hace por cierto con las cajas de ahorro-, algo que desde nuestro punto de vista introduce inseguridad jurídica en el sector y significa aplicar una norma con efectos retroactivos. Por lo tanto, ratificamos nuestro compromiso de votar a favor del mantenimiento de esta enmienda porque entendemos que hay que corregir esta situación.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


Aunque contamos el tiempo distinto, me refiero a los segundos, ¿ahora sí le toca al señor Salvador? (Pausa.) Señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Intervendré brevemente, pero antes quiero pedir disculpas porque es un error de este diputado el cómputo de tiempo del Grupo Mixto. Vamos a apoyar en su mayor parte la ley y sobre todo quiero recordar que Coalición Canaria recientemente apoyaba en el Congreso una iniciativa del Grupo Socialista en la que instábamos al Gobierno y al Parlamento a tener en cuenta el hecho diferencial de Canarias en los procesos legislativos que se aprueben en esta Cámara, y me refiero concretamente a la tramitación del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. La enmienda que se plantea en el Senado propone una disposición derogatoria precisamente de la disposición adicional primera y de la disposición transitoria segunda, y vamos a votar favorablemente de que se mantenga esa supresión porque entendemos que atendemos precisamente a ese mandato de la propia Cámara.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.


Señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.


En el poco espacio de tiempo que me queda, argumentaré a favor del mantenimiento de la enmienda que modifica el Real Decreto-ley 14/2010.
Insistiré en las razones que en otros debates hemos alegado. En primer lugar, porque desde nuestro punto de vista el real decreto-ley no cumple los mandatos de esta Cámara recogidos en las conclusiones del informe de la subcomisión y en las mociones aprobadas en junio y en las propuestas de resolución de julio del año pasado. En segundo lugar, porque a nuestro juicio el real decreto y el recorte no respetan los derechos adquiridos, generando inseguridad jurídica y desincentivando con ello futuras inversiones en este sector. Valga como un botón de muestra de los problemas que ha ocasionado su aprobación el contenido de la carta que hemos conocido, firmada por dos comisarios europeos y enviada al ministro de Industria, Turismo y Comercio, sobre la retroactividad de la medida y también el anuncio de las demandas millonarias en algún tribunal extranjero -en Londres concretamente-, presentadas por fondos de inversión extranjeros. En tercer lugar, a nuestro juicio, hace imposible en muchos casos una rentabilidad razonable de las inversiones, como aquí se ha aprobado. En cuarto lugar, consideramos la medida radicalmente injusta, injusta por desproporcionada e injusta porque parece culpabilizar de todos los problemas que tiene el mundo de la energía, que no son pocos -déficit tarifario incluido- a un sector como es el fotovoltaico, que hasta hace unos pocos días era sinónimo de innovación tecnológica, de respeto al medio ambiente, de apuesta por la independencia energética y de nuevos puestos de trabajo. En quinto lugar, porque el recorte siquiera va precedido del necesario control del fraude, control a quien entró de forma irregular, por un lado, y sanciones, consecuentemente, que deberían haberse aplicado, por otro. Esta, señorías, debería haber sido la primera actividad de este Gobierno, que, superado por la entidad del descontrol que ha ocasionado su propia política energética, ha optado por hacer pagar a los menos responsables de sus propios errores. Y finalmente, señorías, en sexto lugar, porque el recorte -lo hemos dicho en otras ocasiones- supone un cambio a mitad del partido de las normas establecidas por la propia administración que puede provocar la ruina de miles de pequeños productores de energía fotovoltaica, que desde luego en mi comunidad, en la Comunidad Foral de Navarra, actuaron dentro de la más estricta legalidad, lealtad y confianza en lo pactado.


En todo caso, mi partido, Unión del Pueblo Navarro, ha sido claro y coherente siempre que hemos tenido la oportunidad de votar sobre esta cuestión, cuantas veces nos hemos tenido que posicionar sobre esta medida, y ahora -finalmente en este nuevo debate que se ha reabierto en este proyecto de ley- solo esperamos contar con el apoyo de los grupos suficientes, al menos de los que en el Senado aprobaron esta medida hace unos días, y con ello abrir una vía razonable con la que volver a estudiar una solución justa y respetuosa para quienes hoy ven con honda preocupación y con alarma la posibilidad de que esta norma se apruebe tal y como hoy la conocemos.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Salvador.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene, en primer lugar, la palabra la señora Buenaventura.


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La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.


Señorías, no voy a repetir las intervenciones que hemos realizado en otras ocasiones discutiendo la Ley de Economía Sostenible como la gran ocasión perdida por parte de este Gobierno para que activara políticas para un cambio de modelo productivo y económico hacia un crecimiento sostenible de nuestra sociedad, pero al final esta ley se ha convertido, aparte de ocasión perdida, en un cajón de sastre de treinta mil cosas distintas.


Nuestra posición respecto a la mayoría de las enmiendas que se han recogido en el Senado va a ser positiva, menos dos en concreto que hacen referencia a temas de educación, que a nuestro entender benefician clarísimamente la formación profesional concertada en detrimento de la formación profesional pública. En cuanto al resto de enmiendas, aunque no estemos de acuerdo en ellas, mejoran en sentido positivo y dan garantías jurídicas a temas como, por ejemplo, los que recoge la ley Sinde o la ley audiovisual.


Evidentemente, votaremos a favor de la enmienda que hace referencia a las energías renovables. Nuestro posicionamiento sobre el real decreto ya fue claro. Estuvimos en contra porque iba en detrimento de las energías renovables, de la energía fotovoltaica, y pensamos que con esta enmienda mejora la situación y, por tanto, recoge en parte lo que nosotros planteábamos. Ya decíamos en su momento que la limitación de horas a aplicar a las plantas solares iba a hacer fracasar la energía solar en nuestro país e iba a implicar una merma en el desarrollo tecnológico por la instalación de equipos tecnológicamente obsoletos. En definitiva, después de todo lo que habíamos avanzado en nuestro país en temas de energía, en lo que éramos además referente a nivel mundial, íbamos a quedar a la cola de las renovables. Esto entra en contradicción con lo que justamente ayer discutíamos aquí con el ministro señor Sebastián sobre una apuesta decidida por el uso eficiente de la energía y por las energías renovables. Por lo tanto, nuestro voto evidentemente será a favor de esta enmienda.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, es público y notario que el Gobierno aprobó la semana pasada un plan energético, y bienvenida sea de entrada cualquier medida de eficiencia y de ahorro. Pero nosotros creemos que aquí lo que hace falta es un auténtico modelo energético, medidas, por tanto, estructurales, no solo provisionales, que tengan por objetivo hacer frente a la crisis derivada del incremento del precio del petróleo por los problemas del norte de África; es decir, hay que planificar, no solo improvisar. Hace años que todo el mundo sabe que tenemos una dependencia energética muy importante, y este Gobierno ha pasado de una apuesta clara por las renovables a recortar las primas a las fotovoltaicas; ha pasado de apostar por un horizonte de cierre temporal razonable de las nucleares a alargar su vida útil; ha pasado del coche eléctrico a propugnar el cambio de los neumáticos y a bajar la velocidad a los 110 kilómetros por hora.
Por tanto, hace falta un modelo energético. Hoy ello no es ya un reto, es una auténtica necesidad, y si el Gobierno llega tarde, evidentemente, lo pagaremos muy caro.


Paradójicamente, este plan energético se produce pocos días después de que el propio Gobierno haya anunciado un nuevo golpe, un golpe que va a asestar a la producción fotovoltaica, que constituye una energía de producción propia y limpia; para colmo, en un momento, en un contexto de recesión económica, de paro histórico, que se va a cebar desgraciadamente con un sector generador de empleo y que además castiga especialmente a algunas zonas rurales y particularmente deprimidas, en el caso de Cataluña, por ejemplo, a muchos municipios de la demarcación de Lleida.


Pero los males no acaban ahí. Debemos sumar a esta cuenta el castigo a todas aquellas empresas y familias que en su día invirtieron en la producción fotovoltaica, creyendo en las políticas de incentivación de las energías renovables que el propio Gobierno dijo que iba a impulsar.
Por cierto, prácticamente la mitad de ellas se trata de familias, de pequeñas y medianas empresas cuyo impacto en el ahorro que se pretende por parte del Gobierno va a ser puramente marginal o testimonial. Para más inri van a ser las que más dificultades tengan para renegociar en el futuro más inmediato su eventual refinanciación y salvarse o, en definitiva, buscar un amparo en la justicia. Más allá del perjuicio económico que se va a producir a estas empresas el Gobierno va a penalizar un sector que necesita para cumplir con sus compromisos internacionales. Debo recordar que el Gobierno se comprometió con Bruselas a apostar claramente por esta energía. Y lo peor no es solo esa pérdida de confianza dentro del Estado español sino también a nivel internacional, y la inseguridad jurídica que produce la irretroactividad de estas medidas, además del auténtico vía crucis judicial que puede suponer la cascada de demandas de muchos perjudicados por esta medida.


El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, por favor.


El señor RIDAO I MARTÍN: Por tanto, vamos a votar a favor de esa enmienda introducida en el Senado. La pregunta, señoría -acabo- es quiénes son entonces los eventuales beneficiarios de lo que el Gobierno está haciendo. Quizá la respuesta se encuentre en la factura de la luz y en la cuenta de resultados de alguna de las empresas que nos envía la factura a nuestro domicilio.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.


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Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el dictamen de este proyecto de ley orgánica que nos viene del Senado contiene globalmente propuestas no exhaustivas de reforma de la Ley 5/2002, de las cualificaciones y de la formación profesional y también de la Ley Orgánica de Educación encaminadas a dar una respuesta a los dos retos fundamentales que tiene planteado nuestro sistema educativo: luchar contra el abandono y fracaso escolar propiciando mecanismos legales más efectivos para estimular el mantenimiento de nuestros jóvenes en el sistema educativo y hacerlo con aprovechamiento, y al mismo tiempo transformar la formación profesional en el motor de un sistema económico y productivo ajustando el sistema educativo a las necesidades del mercado laboral. En cuanto a la formación profesional, ha sido y es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo. España está muy alejada de los porcentajes medios europeos en cuanto a número de titulados y uno de los objetivos es avanzar en la dirección de integrar la formación profesional con salidas hacia el mundo universitario. Pero para ello es necesario un sistema más flexible que permita una mayor fluidez en todos los niveles. Por tanto, hay algunos aspectos relevantes de estos enunciados que acabo de plantear que vamos a votar favorablemente y otros en los que, por invasión de competencias, vamos a votar en contra.


Otro aspecto también relevante que nos viene del Senado es una enmienda en la cual se va a en contra de la retroactividad de las energías fotovoltaicas que se planteó en el real decreto-ley que aprobamos hace aproximadamente dos meses. En este aspecto nuestro grupo parlamentario fue muy concreto. Cuando con la abstención de nuestro grupo parlamentario se convalidó dicho real decreto, nosotros planteamos y manifestamos públicamente que estábamos en contra de la retroactividad de las pymes de las energías fotovoltaicas. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo en que a mitad de partido se cambiasen las reglas del juego porque esto dotaba de una inseguridad jurídica al sistema financiero español y a nuestro modelo energético que podría traer consecuencias muy negativas desde la perspectiva internacional. Hay que decir a continuación que también en el Senado nosotros consensuamos con el Gobierno, con el grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno socialista, una serie de enmiendas que iban en la dirección de compensar esta medida retroactiva que se planteaba en este real decreto. Hemos conseguido tres hitos importantes, aunque también es cierto y hay que manifestarlo públicamente, insuficientes, porque hay una serie de explotaciones de pequeñas y medianas empresas, explotaciones de empresarios y autónomos, que con la actual retroactividad ven peligrar la subsistencia de sus instalaciones a medio o largo plazo porque no van a poder contraer las amortizaciones financieras que se han planteado a tal efecto.


Es un tema que preocupa, preocupa muchísimo a nuestro grupo parlamentario, porque afecta entre otras cosas, también es cierto, a muchísimas explotaciones, a muchísimas empresas inversoras del Estado español, pero también particularmente afecta a muchísimas familias de Catalunya, concretamente de Lleida y de Tarragona, con lo cual tenemos un grado superior de sensibilidad del que podíamos haber tenido en la fecha en que se convalidó dicho real decreto. Estamos ante una situación en la que nos gustaría que se pudiera llegar a un acuerdo, a un entendimiento para no acarrear perjuicios negativos a estas familias que sobre la base del Boletín Oficial del Estado hicieron unas inversiones con unas rentabilidades determinadas y a las que ahora a mitad de partido, tal como ya dije en la convalidación de dicho real decreto, les hemos cambiado las reglas del juego. Esto, a pesar de estas mejoras que hemos introducido en el Senado, todavía continúa perjudicando muy negativamente a muchísimas explotaciones, a muchísimas pequeñas y medianas empresas, que pueden verse abocadas a tener un final de sus actividades empresariales, cuestión esta que nosotros no deseamos. Estamos ante una decisión importante, una decisión relevante, una decisión que preocupa muchísimo a nuestro grupo parlamentario y lógicamente, como siempre hemos hecho, vamos a actuar con responsabilidad ante una decisión de esta envergadura.


Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Gracias, señora presidenta.


Señorías, llegamos al trámite final de la Ley Orgánica Complementaria de Economía Sostenible, anunciada, nada más y nada menos, que el 12 de mayo de 2009 por el presidente Zapatero en el debate sobre el estado de la Nación. Nos decía que esto se iba a tramitar por el procedimiento de urgencia porque era importantísimo para fomentar el empleo, para cambiar el modelo productivo. Lo cierto es que hoy, veintidós meses después del anuncio, veintidós meses después, España tiene 4.299.000 parados registrados según el último dato del mes de febrero; por tanto, no hemos recuperado ni mejorado.


Esta ley orgánica complementaria aborda fundamentalmente temas de materia de educación. Se pretendían algunas pequeñas reformas en la Ley orgánica de las cualificaciones y de la formación profesional y en la Ley Orgánica de la Educación, y nuestro balance después de este trámite completo es que no ha sido para nada positivo; hubiera sido exigible una reforma legislativa específica, el Gobierno no ha sido capaz de acometerla, y lo

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cierto y verdad es que lo que hoy traemos aquí en nada soluciona ni suple los incumplimientos del Gobierno socialista en la materia. Hoy la realidad es que tenemos matriculados en formación profesional 538.000 estudiantes de los cuales únicamente 281.000 proceden de la FP de grado medio, y por el contrario la cifra de alumnos universitarios está en torno a 1,6 millones de alumnos. En España solo un 23 por ciento de la población activa tiene esa cualificación frente al 49 por ciento de la media de la Unión Europea. Por tanto, señorías, los problemas de la formación profesional en modo alguno han quedado subsanados ni solucionados por esta pobre reforma que viene hoy después del trámite en el Senado.


Hemos apoyado, eso sí, cuestiones relativas a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a las cuestiones de la Ley General de Comunicación Audiovisual, y se han introducido en el último trámite, en el trámite del Senado, unas cuestiones relacionadas con la energía fotovoltaica. Nuestro grupo parlamentario va a seguir apoyando hoy, como hizo en el Senado, la derogación de la disposición adicional primera y la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 14/2010 de medidas urgentes para corregir el déficit tarifario del sector eléctrico. A nadie le puede coger por sorpresa, ya lo anunciamos aquí el 26 de enero de 2011; lo hizo mi compañero Álvaro Nadal, con ocasión del trámite de convalidación del citado real decreto-ley. Exponíamos entonces al ministro y al Grupo Parlamentario Socialista nuestra posición, que era no apoyar esa convalidación y pedir su tramitación como proyecto de ley para corregir las graves deficiencias en el punto principal en el que estamos en desacuerdo, que era el tratamiento de la energía fotovoltaica. Pues bien, el Grupo Parlamentario Socialista, con prepotencia, no quiso apoyar la tramitación de esta norma como proyecto de ley y acompañarnos no solo en la corrección, sino en la supresión de la parte referida a la energía fotovoltaica, y abordar esto, repito, como una cuestión técnicamente reglamentaria. Ahora se encuentran con que se ha puesto freno en el Senado a sus pretensiones.


Pues bien, el Grupo Parlamentario Popular considera muy necesaria esta derogación y lo que procede es que el Gobierno dicte un reglamento previo consenso con el sector, como lo ha hecho con otros sectores de las energías renovables -me refiero a otras energías como las solares y otras de cogeneración, la termosolar y la eólica-. ¿Por qué no se ha querido hacer aquí y sí se ha hecho con otros sectores? Estamos ante una auténtica arbitrariedad. Se ha escogido una norma de rango equivocado, se ha escogido una fórmula impuesta, sin diálogo. Se ha pegado un golpe muy importante a la energía fotovoltaica, a un sector empresarial que había apostado justamente por estas energías porque desde el Gobierno se le había pedido que invirtiera en estos sectores. Se hicieron inversiones amparados en la seguridad jurídica. Sé que hablar de seguridad jurídica al Grupo Parlamentario Socialista en estos momentos es hablar de algo que no se practica pero que sigue siendo importante para despertar la confianza en nuestro país. Por ello ha habido recursos de inconstitucionalidad planteados por comunidades autónomas, por eso hay cartas de los comisarios europeos y por eso hay anuncios de reclamaciones judiciales que se van a plantear. No podemos dejar en la incertidumbre a los inversores, no podemos dejar en la incertidumbre a los ahorradores.
Tenemos que ocuparnos de su problema y no cargar sobre ellos en exclusiva los problemas de un déficit tarifario.


Yo les pido a todos los grupos parlamentarios que en el Senado apoyaron lo mismo que el Partido Popular que se retraten hoy aquí y hagan exactamente lo que en su momento dijeron: estar en contra de estas normas del sector eléctrico que perjudican claramente a un importante sector, el sector de la energía fotovoltaica.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Delgado.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martínez López.


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, vuelve a esta Cámara, tras el debate en el Senado, el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible. Se han incorporado en ese debate ciertas mejoras en la redacción del texto que refuerzan y mantienen el principal cometido inicial: mejorar la formación del conjunto de la población española como factor básico para sustentar un nuevo modelo de crecimiento económico. Eso es lo importante y lo decisivo de esta ley. Es cierto que han surgido otros debates, el relativo al sector fotovoltaico. Somos conscientes de los problemas de adaptación que están teniendo las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica a los nuevos retos del modelo energético, pero nos consta que el Ministerio de Industria se ha reunido con este sector para encontrar una solución a sus problemas y hay voluntad de acuerdo. Esta es una ley que fundamentalmente habla de educación y de formación profesional, y nos solemos preguntar por qué será que cuando la mayoría de los grupos suelen afirmar que lo más importante hoy es la educación, y específicamente la formación profesional, se hurta este debate en esta Cámara con otros temas. (Aplausos.) ¿Por qué, señorías? Pero puesto que de economía sostenible hablamos, recordaré que la principal política económica en el momento actual, la más importante en términos de rentabilidad y creación de riqueza es sin duda la educación, la formación y la ampliación del conocimiento. Es precisamente de esto de lo que habla esta ley. La sociedad y la economía del conocimiento, propios de nuestro mundo, exigen que un mayor número de personas obtengan niveles elevados de cualificación. Para conseguir ese objetivo es necesario que nuestros sistemas de formación se adapten a las circunstancias y a las exigencias sociales de hoy. Precisamente eso, señorías, es lo que hace esta ley.
Hemos

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elegido un camino para crecer pero, además, con equidad, porque queremos que la gran mayoría de la población alcance una formación y una cualificación profesional elevada. Hemos optado por un modelo en el que el capital humano suponga la máxima riqueza y hemos apostado por promover un cambio cultural para que la educación, la formación permanente y el talento sean los principales valores a potenciar en la población y especialmente entre la población joven. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señorías, todos los análisis coinciden en que la cualificación de nuestro sistema productivo necesita de una población mucho mejor formada, sobre todo, en los niveles medios donde reside el principal déficit de este país. Por eso, la formación profesional es uno de los aspectos fundamentales de esta ley. Señorías, la FP ha cambiado mucho en los últimos años, con una estima social creciente -hay que reconocerlo-, pero es verdad que sigue teniendo un gran potencial de crecimiento y además necesita ajustes para dar respuesta a esas nuevas demandas a las que antes hacía referencia. Por eso esta ley se articula en torno a un conjunto de ejes fundamentales para hacerlo posible: más flexibilidad para que un mayor número de ciudadanos y ciudadanas accedan a la formación profesional, más apoyo a una formación orientada a los sectores económicos emergentes susceptibles de generar empleo, reconocimiento de la experiencia laboral y de la cualificación de los aprendizajes no formales, y apuesta por la vinculación al desarrollo local y territorial, junto con más flexibilidad para pasar de unos estudios a otros o, por ejemplo, la mayor relación entre FP de grado superior y la universidad con reconocimiento mutuo o, por ejemplo, que se pueda ir de bachillerato a FP y entre los distintos niveles educativos. Con todo ello, señorías, pretendemos reducir el abandono escolar temprano, pretendemos facilitar el acceso a la formación profesional y permitir que los hombres y las mujeres puedan hacer compatibles sus obligaciones laborales o familiares con el aprendizaje a lo largo de la vida. Y, sobre todo, algo que he dicho al comienzo de mi intervención,...


El señor PRESIDENTE: Señora Martínez, debe acabar.


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Sí, señor presidente.


...que la formación profesional ha de ser el firme sustento de la economía sostenible.


Señorías, al Grupo Socialista le hubiese gustado que este planteamiento en el que solemos coincidir cuando hablamos de educación fuese suscrito por el conjunto de la Cámara, pero al parecer a algunos grupos, sobre todo al Grupo Popular, le importa más la defensa de sus intereses particulares que la defensa de los intereses generales y fundamentalmente de la educación y de la formación de nuestros jóvenes. Por eso les animo, señorías, a cambiar la posición de su voto, porque lo que hoy se trae aquí es algo que venimos diciendo todos en todas las comisiones y en todos los debates.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA FACILITAR LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LOS PROCESOS EUROPEOS MONITORIO Y DE ESCASA CUANTÍA. (Número de expediente 121/000086.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.


Tiene la palabra don Joan Ridao en primer lugar.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, estamos ante un proyecto de ley de carácter meramente técnico que afecta a los procedimientos llamados monitorios cuya introducción en nuestro ordenamiento jurídico, como es sabido, tuvo lugar a través de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y que ha dado unos resultados en nuestra opinión francamente satisfactorios pues se trata de un procedimiento bastante sencillo, ágil y accesible al conjunto de la ciudadanía. No obstante, el día a día en la aplicación de estos procedimientos ha venido mostrando la necesidad, la exigencia de introducir algunos pequeños retoques para que este procedimiento se revele todavía mucho más eficaz y efectivo. Entre estos, ya se incrementó la cuantía máxima de los 30.000 euros a los 250.000 o la posibilidad, en las reclamaciones derivadas de la propiedad horizontal de notificar la demanda mediante edictos cuando no se localiza al deudor. Estas modificaciones fueron introducidas a partir de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.


Creemos que ese mismo texto normativo y aquel proyecto de ley del que derivaba este texto normativo podría haber ya incluido algunas de las reformas que hoy estamos sustanciando y que han sido introducidas en este proyecto de ley que estamos debatiendo, cuyo objetivo no es otro que introducir en nuestro ordenamiento adjetivo o procesal los procedimientos europeos monitorios y de escasa cuantía creados respectivamente por el Reglamento 1896/2006 y también el Reglamento de la Comunidad Europea 861/2997 del Parlamento y del Consejo. Dos procedimientos que, en su día, ya introdujeron la figura de la reclamación transfronteriza de créditos pecuniarios no impugnados, y en los de escasa cuantía un procedimiento también para imponer cualquier tipo de demanda cuyo valor económico no ascienda

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a 2.000 euros, excluidos intereses, gastos y costas, y que tenga un interés o un efecto transfronterizo.


Como proyecto de ley meramente técnico, como decía al principio de mi intervención, lógicamente ha suscitado un amplísimo consenso entre todos los grupos parlamentarios, al cual nuestro Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds evidentemente se adhiere. Por ello, entiendo que han sido escasas las enmiendas incorporadas en el Senado, concretamente tres. La primera de ellas tiene también un carácter de alcance puramente técnico y aclaratorio y es consecuencia de la aprobación, en su día, de la Ley 13/2009, de reforma procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, y que otorga un papel fundamental al secretario judicial en el impulso del procedimiento. La segunda tiene que ver con la intervención particularmente de Esquerra Republicana, a través del Grupo de Entesa en el Senado y muy en particular a instancias, es justo reconocerlo, del senador Miquel Bofill. Las enmiendas, en concreto, incorporan un requerimiento de tipo lingüístico en las traducciones que deban realizarse en los requerimientos de pago o de las sentencias o resoluciones judiciales que deban ejecutarse en el Estado español y que procedan de terceros países. En ese sentido, lo que introduce la enmienda aprobada en la Cámara Alta es una previsión para que dicha traducción deba realizarse, bien en lengua castellana o también en el resto de lenguas oficiales distintas del castellano. Esto nos parece una buena aportación y vamos a dar nuestro apoyo. -Faltaría más-. En cualquier caso, debo advertir que, visto el contenido de esta enmienda, sería conveniente y oportuno a partir de ahora, y después de la unanimidad que espero vayan a conseguir de esta Cámara estas enmiendas introducidas en el Senado, que sea el propio Gobierno el que a través de los proyectos de ley que traslade a esta Cámara tenga en cuenta este mecanismo de respeto hacia la diversidad y hacia el plurilingüismo, sin necesidad de que sea necesariamente siempre en el trámite legislativo donde se introduzcan este tipo de mejoras.


Muchas gracias señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Don Emilio Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, se trata de un proceso técnico, lo ha calificado bien el señor Ridao. Es un debate casi para expertos procesalistas y hace referencia a la nueva configuración del proceso monitorio y al proceso de escasa cuantía configurado por dos reglamentos comunitarios, en concreto el Reglamento 1896/2006 y el Reglamento 861/2007 que establece para los pleitos monitorios de carácter transfronterizo la posibilidad de agilizar los trámites procesales -por lo tanto la mayor eficiencia de la Administración de Justicia- de la tutela de estos derechos de los deudores en relación con los acreedores rebajando a 2.000 euros estos procedimientos, incluyendo los gastos y las costas, con la posibilidad de poder actuar en sede jurisdiccional sin la representación de procurador o letrado. Nos parece correcta la apreciación que ha hecho el legislador español observando que estos pleitos o estos reglamentos que regulan este mecanismo -los pleitos de naturaleza transfronteriza- son útiles también incorporados al ordenamiento procesal español, operación que se acomete inicialmente en la Ley 13/2009 de reforma de la oficina judicial, y en este momento de forma más clara mediante el proyecto de ley que estamos debatiendo.


No ha habido grandes modificaciones en el Senado con relación a esta materia. Por lo tanto, nosotros vamos a votar favorablemente a las enmiendas del Senado, no sin manifestar algunas dudas que han sido referenciadas respecto al artículo 1.2 en su nueva configuración tras una enmienda aceptada por el Senado, que atribuye al secretario judicial la competencia para que en aquellos casos en donde no pueda ser posible la localización del condenado se pueda archivar mediante el correspondiente auto judicial el procedimiento, sin perjuicio de algo que parece procesalmente contradictorio -incluso así ha sido glosado por Jaime Guasp en un reciente artículo de opinión en una revista científica-, sin perjuicio de mantener la posibilidad de que la persona perjudicada por este auto de archivo pueda reproducir la demanda a través de la interposición de una nueva demanda. Tenemos dudas respecto a esta cuestión, señor presidente, pero son dudas como ve de naturaleza procesalista fina -utilizando una expresión de carácter casi forense de esa perspectiva-. Las dudas no van a convertirse en una oposición a lo aprobado en el Senado y vamos a votar favorablemente las enmiendas del Senado que en este caso no han provocado ninguna distorsión ni ningún quebranto en el proyecto de ley remitido a la Cámara Alta que requiera una actuación reparadora por parte del Congreso de los Diputados.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Tiene la palabra don Jordi Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, señor ministro de Justicia, estamos en la fase final de la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley. Un proyecto de ley para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorios y de escasa cuantía. Nuestro grupo ha votado a favor de ellos en el Congreso y en el Senado, y hoy nos vamos a pronunciar sobre las enmiendas que vienen del Senado y también sobre algunas no enmiendas que finalmente el Senado no ha aprobado y que nos hubiera gustado que hubieran tenido un planteamiento distinto. En primer lugar, señor presidente, vamos a votar a favor del acierto que ha tenido el Senado -lo decía ahora el señor Ridao-. El senador Bofill tuvo en este caso el acierto de introducir en la

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ejecución en España de un requerimiento europeo de pago, que el demandante lo presente ante el juzgado competente bien en castellano o bien en la lengua que tenga también carácter oficial en esa comunidad autónoma. Nos parece que es una adecuación más del ámbito constitucional que reconoce la pluralidad de lenguas oficiales en los distintos territorios que así las tienen, y por tanto valoramos positivamente estas dos enmiendas que votaremos a favor.


Nos vamos a abstener en la enmienda -hacía referencia a ello también el señor Olabarría- en la que se atribuye al secretario judicial -es lógico que sea así- las gestiones relativas a averiguar el domicilio o residencia a efectos de la competencia o no de ese juzgado. Nosotros entendemos que es el secretario judicial aunque no lo exprese la propia norma legal. De hecho, en el proyecto de ley presentado por el Gobierno y por el ministro de Justicia que hoy nos acompaña en el debate, y se lo agradezco, no venía esa referencia, pero, evidentemente, es el secretario judicial el que está dirigiendo esa averiguación; más aún cuando el secretario judicial, con la nueva reforma de la oficina judicial que hemos aprobado, tiene mucho más protagonismo en todo lo que es el impulso del proceso. Por tanto, lógico es que pueda tener esta competencia, pero lógico es también que no la petrifiquemos cuando se trata de averiguar el domicilio, etcétera. Imaginemos los casos de ejecución de sentencias que nos vendrán en otras normativas. ¿Por qué tiene que ser necesariamente el secretario judicial que ya vendrá muy cargado? A lo mejor son funciones que pueden llegar a tener los procuradores, por ejemplo, el hecho de averiguar dónde está un domicilio o facilitar la ejecución de una sentencia, que no es el caso. El caso es para delimitar la competencia.
Es lógico que en este momento lo haga el secretario judicial, que lo haría igualmente aunque no lo dijera el texto normativo. Por tanto, nos vamos a abstener porque nos gustaría que se empezara a abrir la posibilidad de que en determinadas actuaciones de averiguación de domicilios, para facilitar lo que es una sentencia en ocasiones ya dictada y que debe ejecutarse, pudiéramos abrir la puerta a otros agentes que intervienen en el proceso judicial como son los procuradores. Por tanto, nos vamos a abstener simbólicamente, si me lo permite el señor ministro, para dejar constancia de que hay actuaciones que no siempre debe hacer necesariamente el secretario judicial, aunque es lógico que en estos momentos y con la normativa actual sea así

Por último, señor presidente, señorías, no estamos de acuerdo en cómo ha quedado el artículo 35 de la Ley de acompañamiento que crea esa tasa cuando hasta hoy los procedimientos monitorios estaban exentos. Ahora se da una nueva configuración con los nuevos límites que tienen los procedimientos monitorios que han pasado de 30.000 a 250.000 y se dice: que exista tasa. Si el procedimiento monitorio es de una cuantía menor a 30.000 euros, ¿esa tasa tiene que gravar a esa persona que quiere ir por el procedimiento monitorio? A lo mejor le sale más cara la tasa que la deuda que pretende cobrar. Por tanto, es una tasa que no siempre está justificada. Además, si lo estuviera, sabe que el artículo 35 de la ley que crea la tasa está recurrida ante el Tribunal Constitucional porque entendemos que debería cobrarla aquella Administración que tiene competencias en la administración de justicia, que en muchos ocasiones es la comunidad autónoma. Por tanto, no estamos de acuerdo con la solución final. Quizá pueda venir dada una solución, y sería más justa, con el proyecto de ley que ha presentado su Gobierno, de agilización procesal, en donde de manera clara se dispone una novedad importante: que las tasas pueden formar parte de las costas. En este caso, si finalmente aquel que va por el procedimiento monitorio pagando la tasa gana el proceso, es el deudor el que acaba pagando la tasa. Esta sería una solución que va en el proyecto de ley de agilización procesal. Esperemos que los que seamos ponentes en el mismo podamos encontrar esa solución definitiva.


Señor presidente, señorías, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


Tiene la palabra don Mariano Gallego Barrero.


El señor GALLEGO BARRERO: Gracias, presidente.


Señorías, llegamos al final de la tramitación del proyecto de ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía. La técnica procesal es muy simple. Se introducen dos nuevas disposiciones finales en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la vigesimotercera y la vigesimocuarta, que incorporan respectivamente las normas procesales de competencia y procedimiento necesarias para aplicar en España el proceso monitorio europeo, por un lado, y el proceso europeo de escasa cuantía por otro. Además, con ligeras modificaciones en nuestra propia regulación, relativas fundamentalmente a la elevación de la cuantía de 900 a 2.000 euros, en la que no es necesaria la comparecencia mediante abogado y procurador en los procesos civiles, y en la posibilidad de que el juez pueda plantear al peticionario la posibilidad de aceptar una propuesta de requerimiento de pago inferior al consignado en la petición inicial cuando esta sea incorrecta.


El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso con competencia legislativa plena y, una vez remitido al Senado, se debatieron en dicha institución diecinueve enmiendas, de las que solo tres fueron aprobadas e incorporadas al texto para su devolución al Congreso, a fin de que se pronuncie acerca de las mismas, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución, con carácter previo a la sanción del texto por parte de su majestad el rey, situación en la que nos encontramos actualmente. El presente proyecto ley es razonable y necesario, ya que responde a esa voluntad

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global de todos los grupos y a esa obligación asumida de ir incorporando poco a poco la normativa procesal europea a los diferentes Estados miembros. El texto es eminentemente técnico, ya se ha dicho aquí, por lo que no ha lugar a disquisiciones de carácter político y las aportaciones de los diferentes grupos han constituido, fundamentalmente, correcciones técnicas o puramente aritméticas para subsanar determinados errores materiales que han mejorado sustancialmente el confuso texto inicial.
Quiero indicar, a título puramente informativo, que han surgido determinadas controversias en orden a dos cuestiones de mayor relevancia: el uso de las lenguas oficiales y el orden jurisdiccional. Respecto a la primera cuestión, el uso de las lenguas oficiales, en los supuestos como el presente de trasposición de normativas europeas relativas a temas de justicia, es de celebrar la unanimidad que, por primera vez, ha sido conseguida no solamente en el seno de la Comisión de Justicia del Senado sino también en el Pleno del mismo. Sería generoso por parte del Grupo Catalán reconocer -que no se ha hecho- que también hubo una enmienda del Grupo Popular en el Senado recogida por unanimidad de los grupos en relación con este asunto. En síntesis, la postura de mi grupo siempre ha sido constante en el sentido de considerar que, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, el castellano -no el español, término corregido oportunamente- es la lengua oficial del Estado, pero, al mismo tiempo, nuestro grupo defiende también la vigencia, pujanza e interés de las lenguas españolas distintas al castellano -catalana, gallega, vasca y valenciana- que, tal y como indicó nuestro portavoz en el Senado, conforman con la castellana todo el patrimonio lingüístico de nuestro país.


En materia de jurisdicción y competencia, el proyecto atribuía ambas en la fase inicial de expedición de requerimiento europeo de pago a los juzgados de Primera Instancia. Este criterio no es pacífico, ya que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo de Estado se manifestaron en contra del mismo, considerando preferible que esa primera fase del proceso se llevase a cabo por los órganos que son competentes con carácter general, entendiendo que el proyecto en el plano social afecta a la jurisdicción en la medida en que el proceso monitorio europeo alcanza a las reclamaciones dinerarias derivadas del contrato de trabajo, que entre otras son propias de este orden, concluyendo en estos casos que el conocimiento del proceso monitorio debería corresponder al orden social y no al orden civil. Esa ha sido la postura, a nuestro entender lógica, que ha venido manteniendo el Grupo Popular tanto en tramitación seguida en el Congreso como en las enmiendas presentadas en el Senado.


El señor PRESIDENTE: Señor Gallego, debe acabar.


El señor GALLEGO BARRERO: Acabo enseguida, señor presidente.


No obstante, reconocemos que desde un punto de vista práctico la solución dada puede ser más eficaz, pues tenemos el convencimiento de que la vía adoptada al menos en el inicio va a dar serios problemas de interpretación.


Quiero terminar afirmando la intención de mi grupo de votar favorablemente las enmiendas introducidas en el Senado, así como el texto definitivo, felicitando a cuantos han intervenido en la tramitación de esta ley, práctica y provechosa, que representa la incorporación de los procesos europeos monitorios y de escasa cuantía a nuestro ordenamiento jurídico.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallego.


Tiene la palabra doña Carmen Juanes.


La señora JUANES BARCIELA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, quiero comenzar mi intervención valorando positivamente este proyecto de ley. Es un proyecto de ley necesario, es un proyecto de ley equilibrado y es un proyecto de ley que, sobre todo, mejorará la protección que nuestro ordenamiento jurídico concede habitualmente al crédito. Esto redundará fundamental en el mejor funcionamiento del sistema económico y en una simplificación de los procesos judiciales, en la medida en que abrirá un mayor número de casos a su resolución por cauces más sencillos que los previstos en los procesos declarativos habituales. Además nuestro país, España, tiene contraídas determinadas obligaciones internacionales, y más específicamente en el ámbito de la armonización jurídica europea, que exigían adaptaciones de nuestras normas. Luego la finalidad inmediata de este proyecto era adaptar, como bien han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, los reglamentos comunitarios 1896/2006 y 861/2007. Esta trasposición es al mismo tiempo una oportunidad para establecer un marco normativo que actualice estos procesos, que facilite las tramitaciones simplificadas y sobre todo que agilice la justicia.


Todos somos conscientes de que el contenido esencial de esta legislatura es, por una parte, la lucha contra la crisis y, por otra, las reformas.
Ambas se han hecho inseparables y mutuamente dependientes. Si me permiten, más allá de las reformas generales legislativas como la reforma del mercado de trabajo o la de las pensiones que llenan las páginas de los periódicos, también son muy importantes reformas como esta. La aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía se enmarca dentro del programa legislativo del Ministerio de Justicia para dinamizar la economía frente a la crisis. En este contexto se incluyen también otras iniciativas como la reforma de la jurisdicción social, la reforma de la Ley Concursal, la Ley de Sociedades de Capital o la Ley de Crédito al Consumo. Sin ánimo de exhaustividad porque no tengo tiempo, explicaré grosso modo algunas de las

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cuestiones que han sido objeto de debate en las intervenciones que me han precedido.


Uno de los objetivos en los que se ha puesto especial énfasis, especial hincapié, a la hora de formular este proyecto ha sido en primer lugar agilizar el cobro de las deudas ante los tribunales; es decir, beneficiar las operaciones comerciales sobre todo de pequeños y medianos empresarios removiendo cualquier obstáculo o cualquier restricción. En segundo lugar, esta reforma va a dar cobertura legal a las reclamaciones transfronterizas de créditos pecuniarios no impugnados y a las reclamaciones de cantidad que no rebasen los 2.000 euros, excluyendo intereses, gastos y costas. Como bien han dicho también los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, es una cuestión evidente reducir costes en las reclamaciones de escasa cuantía. Por eso en el juicio verbal se ha elevado la cuantía para la que no se precisa intervención obligatoria de abogado y procurador, que pasa de 900 a 2.000 euros, en consonancia con la cuantía del proceso europeo de escasa cuantía.


Señorías, el Senado nos remite un informe con tres enmiendas de modificación que son objeto de estudio en este momento. Evidentemente la postura del Grupo Parlamentario Socialista no puede distar de la que mantuvimos en la sede de la Cámara Alta por razones de coherencia parlamentaria y política; aceptamos estas enmiendas. En relación con las lenguas lo que hacemos es simplemente respetar el artículo 231, puntos 3 y 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a las partes a utilizar la lengua que sea también oficial en la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales.


Voy terminando. El Ministerio de Justicia, además de impulsar un conjunto de medidas destinadas a modernizar la justicia para fortalecer y ampliar la garantía y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, está contribuyendo desde su ámbito a la dinamización de la economía. Creo que es muy importante tener determinación a la hora de afrontar las reformas, y la estamos teniendo, pero la determinación no es el único elemento decisivo. Por eso agradezco en este caso la responsabilidad y el compromiso de todos los portavoces, cuyo ánimo constructivo ha servido para perfeccionar este texto más allá de que podamos coincidir o no con alguna de las enmiendas introducidas en el Senado. Lo cierto es que hay una buena disposición para sacar adelante este texto de la forma más consensuada posible. Vamos a votar, como es lógico, a favor del mismo porque es un proyecto de ley que no tendrá impacto alguno en el gasto público y porque es un proyecto que va a suponer un paso adelante en nuestra legislación, ya que nos permitirá afrontar con rigor y seguridad jurídica los retos que plantea la protección del crédito, además -repito- de la simplificación de los procesos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Juanes.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- CONVENIO NÚMERO 185 DE LA OIT SOBRE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LA GENTE DEL MAR (REVISADO), 2003, HECHO EN GINEBRA EL 19 DE JULIO DE 2003 Y DECLARACIÓN DE ESPAÑA. (Número de expediente 110/000229.)

- ACUERDO MARCO GLOBAL DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE INDONESIA, POR OTRA, HECHO EN YAKARTA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000230.)

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL REINO DE MARRUECOS AL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LA LEY APLICABLE EN MATERIA DE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN POR CARRETERA, HECHO EN LA HAYA EL 4 DE MAYO DE 1971. (Número de expediente 110/000232.)

- MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE AUSTRALIA, EL MINISTERIO DE DEFENSA DE FINLANDIA, EL MINISTRO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA FRANCESA, EL MINISTERIO FEDERAL DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA ITALIANA, EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL REINO DE ESPAÑA, LAS FUERZAS ARMADAS SUECAS, EL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA DEFENSA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, RELATIVO A LA FORMA DE ONDA DE BANDA ANCHA PARA LA CONEXIÓN EN RED EN COALICIÓN (COALWNW). (Número de expediente 110/000233.)

- ACUERDO SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SAN MARINO, HECHO EN ROMA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000234.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y RUMANIA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ESPAÑOL DEL INSTITUTO CERVANTES EN BUCAREST Y DEL INSTITUTO

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CULTURAL RUMANO EN MADRID, HECHO EN MADRID EL 19 DE OCTUBRE DE 2010.
(Número de expediente 110/000235.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GEORGIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN MADRID EL 7 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente 110/000236.)

- ACUERDO SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS Y MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL REINO DE ESPAÑA Y LA COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS EN RELACIÓN CON LA INTERPRETACIÓN O LA APLICACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS SOBRE EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA Y EL RECONOCIMIENTO DE OTROS COMPROMISOS PACTADOS ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, HECHO EN NASSAU EL 11 DE MARZO DE 2010. (Número de expediente 110/000237.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL, HECHO EN MADRID EL 7 DE OCTUBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000238.)

- ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DEL 21.º CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL, ADOPTADAS EN SANTIAGO DE CHILE EL 21 DE AGOSTO DE 2009. (Número de expediente 10/000239.)

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE SERBIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000240.)

- INTERCAMBIO DE CARTAS DE FECHAS 12 Y 13 DE ABRIL DE 2010, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA SECRETARÍA DE LA CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO (CMNUCC) PARA ORGANIZAR EL TALLER QUE TUVO LUGAR EN MADRID DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2010. (Número de expediente 110/000241.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE TAILANDIA SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 7 DE OCTUBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000242.)

- ACUERDO DE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, HECHO EN MADRID EL 3 DE DICIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000243.)

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE ALBANIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000244.)

El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores. Ha pedido brevemente la palabra para intervenir sobre uno de ellos el señor Llamazares, concretamente sobre el Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá para evitar la doble imposición en materia de impuestos y para prevenir la evasión fiscal. Tiene la palabra.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, quiero llamar su atención sobre varios convenios que serán ratificados en el día de hoy por parte del Congreso de los Diputados y que se refieren a San Marino, Bahamas, Panamá, Georgia, sobre intercambio de información en materia tributaria. En plata, paraísos fiscales, uno de los elementos fundamentales de la lucha contra la crisis económica, la crisis financiera internacional por parte de la OCDE y en diversas reuniones realizadas por el G-20. Señorías, los mecanismos son multilaterales, pero las dos propuestas que se nos hacen en el día de hoy tienen que ver con lo que se denominan paraísos grises y paraísos en negro. Dos modelos, el modelo de acuerdo de intercambio de información en materia tributaria, que es una información que hay que pedir de manera individualizada, y otro modelo más exigente, que es el modelo de convenio que obliga al intercambio de información tributaria sin necesidad de ser requerida individualmente. Señorías, vamos todos al modelo light, al modelo suave, sin ningún tipo de exigencia general, y en el único caso en el que pedimos una

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mayor exigencia sistemática, que es el caso del convenio con Panamá, lo rebajamos mediante un protocolo que no obliga a una información sistemática sino a una información puntual sobre un caso que pueda estar en ese momento en los tribunales.


Termino, para hablar de la dimensión de este tema, dándoles tres datos. En primer lugar, la OCDE calcula que los paraísos fiscales atesoran un patrimonio de 7 billones de dólares, lo que representa el 13 del PIB mundial; en segundo lugar, la Unión Europea pierde cada año 250.000 millones de euros debido a la elusión y al fraude fiscal, y nuestro país ha dejado de ingresar debido a la evasión fiscal 38.500 millones de euros a lo largo del último año. Señorías, una cuestión seria que pasará sin pena ni gloria.


El señor PRESIDENTE: Señorías, ¿algún grupo parlamentario desea hacer uso de la palabra o contradecir al diputado preopinante? (Pausa.)

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA REFORMA DE LA LEY 60/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, DE ARBITRAJE Y DE REGULACIÓN DEL ARBITRAJE INSTITUCIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000087.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el proyecto de ley orgánica complementaria a la Ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.


Señor ministro de Justicia, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Muchas gracias, presidente.


Señoría, intervengo muy brevemente para poner en valor el resultado de un trabajo compartido: la potenciación de nuestro sistema de arbitraje.
Quiero agradecer a esta Cámara y a los grupos parlamentarios su predisposición al diálogo, sus aportaciones, que sin duda han enriquecido el texto inicial, y sobre todo quiero agradecerles el consenso alcanzado.
Una vez más la colaboración y la intensa participación de los representantes de los grupos en la Comisión de Justicia han sido un factor fundamental, permitiendo que la reforma de la Ley de Arbitraje pudiese aprobarse en el trámite de competencia legislativa plena, a excepción de sus aspectos orgánicos, que se han incorporado en la ley complementaria que ahora se somete a votación y que también ha sido altamente consensuada.


En mi primera comparecencia ante la Comisión de Justicia de esta Cámara destaqué nuestra voluntad de potenciar los cauces complementarios de resolución de conflictos que consideramos deben desempeñar un relevante papel dentro del sistema español de justicia. Anuncié la intención de presentar un proyecto de ley de reforma del arbitraje para favorecer un mayor uso de esta institución en sintonía con lo que ocurre en otras sociedades democráticas y, al tiempo, me comprometí también a presentar ante esta Cámara una ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles que brindase a los ciudadanos la posibilidad de resolver sus controversias sin tener que acudir necesariamente a los tribunales de justicia.


Hoy, tras un fructífero trabajo, el Congreso de los Diputados vota la primera de estas dos leyes y espero que pronto pueda hacerlo también con la segunda. Estamos ante un importante paso que va a incidir de forma relevante en nuestra cultura jurídica porque en España, a diferencia de otros países, no existe a día de hoy ni un conocimiento ni una conciencia social arraigada acerca de las ventajas que para los ciudadanos y las empresas pueden tener los institutos del arbitraje y de la mediación. Es cierto que en el caso del arbitraje la Ley 60/2003 ya abrió un interesante camino que permitió consolidar la experiencia e introducir en nuestro país los principales estándares internacionales en materia de arbitraje al trasladar la conocida como ley modelo aprobada por la Uncitral, pero si queríamos potenciar y dinamizar la institución haciéndola más competitiva y sobre todo más atractiva tanto dentro como fuera de España era imprescindible mejorarla y dotarla de una mayor solidez jurídica. Así se ha atribuido ahora a las salas de lo Civil y de lo Penal de los tribunales superiores de Justicia la competencia para conocer de las cuestiones vinculadas con el arbitraje, tanto las funciones de apoyo como de conocimiento de la acción del laudo y el exequátur de laudos extranjeros. También se ha perfeccionado la relación entre la jurisdicción y el arbitraje, estableciendo nuevos plazos de la declinatoria, y se adoptan mejoras para fortalecer los laudos arbitrales y reforzar la naturaleza de esta institución. Por otra parte se aclaran ciertas dudas sobre el arbitraje estatutario en las sociedades de capital, se introduce el arbitraje institucional en el ámbito de la Administración General del Estado y se abordan otras cuestiones igualmente relevantes.


En general, señorías, se refuerza el papel de las instituciones arbitrales y al mismo tiempo se amplían los profesionales que pueden intervenir en esta tarea arbitral, sin perjuicio de que cuando sean arbitrajes en derecho se exija la condición de jurista, salvo que las partes acuerden cosa distinta. En definitiva, cuando se apruebe finalmente esta reforma, nuestros ciudadanos y nuestras empresas contarán con un cauce que les permitirá resolver de forma más ágil, con un mayor grado de

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especialización y de seguridad jurídica, las controversias que puedan suscitarse sin necesidad de tener que acudir a los tribunales. Además, y ello es importante, España verá reforzada su posición como sede de arbitraje internacional al hacer la institución más confiable, más atractiva y más competitiva.


Señorías, concluyo ya agradeciendo de nuevo el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, y muy especialmente a los ponentes de la Comisión de Justicia y también a su presidente el trabajo y el amplio acuerdo alcanzado. Aprobar leyes con un consenso tan significado siempre es una buena noticia y más aún si se trata de reformas que, como esta, permiten avanzar hacia un sistema de justicia mejor.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Tiene la palabra don Joan Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, no digo nada nuevo si afirmo que persiste en el Estado español una altísima litigiosidad. Este es un problema que seguro se va a incrementar exponencialmente como consecuencia de la actual situación de crisis económica que venimos padeciendo, y esta altísima litigiosidad, sumada también a la atávica escasez de medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, evidentemente es una de las causas más eficientes para la actual situación de colapso que viene atravesando la Administración de Justicia y que puede agravarse incluso más si cabe a partir de los recortes presupuestarios en los próximos ejercicios.


En todo caso, nuestra justicia, por este motivo y por muchos otros que no tengo tiempo de señalar, no es una justicia justa, en la medida en que no es suficientemente rápida, es extremada y exasperadamente lenta y, como tal, evidentemente poco fiable y diría también antieconómica. Este colapso evidentemente se puede solucionar o se puede reparar con algunos instrumentos paliativos, lenitivos, como destinar lógicamente muchos más medios humanos, materiales y poniendo en marcha la oficina judicial, pero también modernizando todo nuestro aparato legislativo, un aparato legislativo no solo sustantivo sino básicamente de carácter procesal para disponer de un marco regulatorio adaptado, puesto al día, porque evidentemente, como ustedes saben, llevan en vigor más de cien años distintas leyes de carácter procesal sin apenas modificaciones sustanciales.


Entre estas reformas encontramos aspectos o ámbitos como la jurisdicción voluntaria, también la mediación y lo que estamos hoy discutiendo y debatiendo, que es el arbitraje; un arbitraje que debería servir, como explicaba muy bien el señor ministro, para reconducir a través del acuerdo, fuera del ámbito de la jurisdicción ordinaria, muchos conflictos si además las partes están de acuerdo y lo han conveniado, lo han puesto por escrito, negro sobre blanco, en un contrato, utilizando por tanto el acuerdo explícito de las partes para no someter a la vía jurisdiccional la resolución de muchos conflictos. Esta es una vía necesaria pero evidentemente no suficiente para salvar esta situación de sobresaturación en muchos juzgados de instancia y para contribuir decisivamente a hacer de la justicia algo mucho más eficaz y mucho más justo. (La señora presidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Como ya dijimos en su momento procesal oportuno -nunca mejor dicho-, que fue en la Comisión correspondiente, bienvenida esta reforma de la Ley de Arbitraje. Compartimos la voluntad expresada por el ministro hoy en esta instancia y anteriormente de impulsar esta figura del arbitraje; compartimos además en términos generales el proyecto ya en su día que nos agradó, pero evidentemente intentamos mejorarlo y lo hicimos con varias enmiendas. La primera, que era común con otros grupos, suponía la reintroducción del arbitraje de equidad por su supresión. No tenía en nuestra opinión modestísima ninguna justificación y generaba además un sinsentido el hecho de poder recurrir al arbitraje internacional y no a un arbitraje de tipo doméstico o interno. En segundo lugar, la enmienda relativa al hecho de que el árbitro en el arbitraje de derecho sea un jurista docto en derecho, y no evidentemente cualquier persona. En este tipo de procedimientos se ventila, como es sabido, algún tipo de excepción de marcado contenido y de regulación procesal como la cosa juzgada, el litisconsorcio, la litispendencia, la preclusividad, etcétera, y por tanto se exige la condición de un árbitro conocedor y práctico en la materia.


Finalmente en la cláusula de sumisión a arbitraje en un contrato que continúe considerándose como una excepción de carácter procesal, entendemos que la declinatoria debe de seguir siendo el medio para denunciar la falta de jurisdicción o de competencia, y por tanto el juez, en un conflicto sometido a arbitraje, no tiene jurisdicción porque las partes ya se la han atribuido previamente al árbitro en el convenio arbitral. Ello debería ser totalmente rechazable u objetable a través de declinatoria, tal como finalmente refleja la ley.


Por tanto, señorías, después de la aprobación en Comisión de este proyecto de ley que hoy vamos a someter a aprobación, y en el que ya no hay ninguna enmienda viva, estamos muy satisfechos además del altísimo alcance de consenso conseguido. Y quiero en el capítulo protocolario no solo saludar la actitud dialogante del ministerio, y en particular -y es justo reconocerlo- de José Luis Rodríguez, sino también el buen hacer del Grupo Parlamentario Socialista, del conjunto de grupos de la Cámara, y también del Tribunal Arbitral de Barcelona porque sus sabios consejos, como a todos los que hemos intervenido en este proyecto, han guiado y han iluminado nuestras enmiendas, y también es justo reconocerlo.


Gracias, señora presidenta, señorías.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro, quiero felicitarles a usted y al señor Ridao por haber realizado una intervención tan extensa sobre una ley de tan escueto contenido. Esta no es la Ley de Arbitraje realmente, señor ministro; esta es la ley que incluye las repercusiones que la Ley de Arbitraje -la próxima, la otra, a la que usted se refería- incorpora a la estructura de la Administración de Justicia, operación jurídica que tiene que afrontarse a través de la correspondiente ley orgánica, que es lo que estamos haciendo aquí. La otra es buena; cuando la debatamos estaremos en condiciones de glosar lo que se ha conseguido en un debate parlamentario en donde el consenso ha sido instrumento caracterizador, tanto en la recuperación del arbitraje de equidad -al que ustedes en el proyecto inicial daban una posición marginal o incluso se excluía-, al arbitraje institucional incorporando la doctrina del Tribunal Supremo excluyendo la posibilidad de litigar a la Administración con sus organismos autónomos, pero sí con los entes instrumentales, tal como ha quedado configurado al final el proyecto de ley, las medidas cautelares, la atribución a las salas de lo Civil y Penal del exequátur, el reconocimiento de los laudos arbitrales internacionales, y de la resolución o la ayuda a la ejecución de dichos laudos, etcétera. Hay muchas cuestiones que debatiremos en la ley, pero lo que está siendo objeto de debate aquí son repercusiones o necesidades dimanantes del otro proyecto de ley en relación con la estructura de la Administración de Justicia, particularmente la atribución a las salas de lo Civil y Penal del exequátur y de la competencia de ejecución de los laudos arbitrales extranjeros, es algo que a nosotros nos parece particularmente pertinente. Esto posibilitará que en estas salas se haga algo, decía alguien. Son pretensiones un tanto irónicas que se haga más de lo que se hace en estas salas de lo Civil y de lo Penal, cuyas competencias están limitadas al enjuiciamiento de aforados autonómicos -como sabe el señor ministro- y a la casación del derecho foral, y con dudas dogmáticas que yo no quiero dejar de señalar aquí sobre el derecho autonómico, nos encontramos con órganos judiciales que no solo no están cargados con lo que denomina el señor Ridao atávica saturación de asuntos y una pendencia absolutamente indigeridle, sino que no tienen trabajo que hacer y es bueno por lo tanto proveerles de nuevas competencias, además por la dimensión institucional de dicho órgano dentro de la Administración de Justicia. Y en segundo lugar, la ejecución de resoluciones, de sentencias extranjeras que hagan referencia a problemas mercantiles, nos retrotrae a la buena regulación, que se ha conseguido en la ley del llamado arbitraje societario o arbitraje estatutario, de la competencia de los juzgados de lo mercantil que no estaban previstos en las leyes orgánicas anteriores que regulan la estructura orgánica de la Administración de Justicia.


Yo creo que nos podemos felicitar; nos podemos felicitar porque ha habido parlamentarismo en el debate de esta ley, porque ha habido consenso, y porque estamos en condiciones de pensar que un instrumento, que posibilita la resolución extrajudicial de litigios y de conflictos, puede ayudar a mejorar las prestaciones del servicio público de la justicia a los justiciables o a los ciudadanos, yo sé que la expresión justiciables no es dilecta para el señor ministro, pero vamos a andar también con cuidado, vamos a ser cautelosos, a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Todavía sobre la transversal e intensísima actuación de órganos jurisdiccionales mediante la posibilidad de recurso de los laudos arbitrales, cuando estos vulneren a un concepto que raya en lo metajurídico como el orden público, solo hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que yo he visto que define el concepto de orden público que legitima para recurrir, que es nada menos que lo siguiente: orden público lo constituirían aquellas instituciones básicas y troncales del Estado y aquellas otras garantes de su estabilidad. Si usted puede comprender lo que el Tribunal Constitucional quiere decir con esto, me lo explica por favor o alguien en esta Cámara que me lo explique, porque dado el lenguaje hermético al que es tan proclive el Tribunal Constitucional, es imposible deducir cuál es el elemento de legitimación procesal para impugnar una resolución arbitral. Pero se pueden impugnar, se pueden impugnar las medidas cautelares, se pueden impugnar los laudos que dimanan del extranjero a las salas de lo Civil y Penal. Al final con la garantía de impugnación o de tutela judicial efectiva de las resoluciones arbitrales podemos correr el riesgo, si no afinamos bien, señor ministro, de cargar de más trabajo todavía a los órganos judiciales del que tenían antes de la aprobación de esta ley. Esa es la única advertencia de naturaleza preventiva que se me ocurre, y por lo demás nos felicitamos todos por el trabajo bien hecho.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señorías, cuando el Gobierno presentó los dos proyectos de ley de arbitraje -uno de ellos por tener carácter de orgánico es el que hoy dictamina este Pleno-, la diputada Mercè Pigem que nos acompaña y el diputado que les habla nos reunimos con el Tribunal Arbitral de Barcelona, y todo eran luces rojas sobre el contenido de los proyectos de ley que el Gobierno presentaba; todo eran luces rojas que aventuraban una posición totalmente contraria de Convergència i Unió hacia esa normativa que impulsaba el Gobierno. Íbamos,

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señor ministro, señorías, a presentar enmienda a la totalidad, y así se lo pude trasladar al propio ministro de Justicia e incluso le entregué un borrador de una posible enmienda a la totalidad. El ministro -creo que con buen criterio, visto el resultado- nos interpeló: no lo hagáis, negociemos contenidos porque hay margen para negociar. Y hoy en buena lógica debemos felicitar al señor ministro de Justicia y felicitar a todos los ponentes porque han hecho posible un esfuerzo de consenso para modificar el texto inicial.


El texto inicial no iba a potenciar el arbitraje, quizá su intención así era, pero no iba a potenciar el arbitraje. El texto que sale de la Comisión de Justicia es un texto mejorado, es un texto que supera de manera clara aspectos que eran luces rojas en el proyecto de ley inicial, uno de ellos el de la declinatoria. Si la declinatoria la convertíamos en una excepción procesal, se judicializaba nuevamente, y por tanto el arbitraje dejaba de ser una alternativa jurisdiccional. A toda la regulación de la declinatoria hemos sabido darle nuevamente el contenido que nunca debía haber perdido, y por tanto hemos acertado en la solución.
Hemos acertado también en la solución de mantener el arbitraje de equidad. El arbitraje de equidad tiene gran tradición; en Cataluña la tiene desde hace muchísimos años, el de equidad era siempre el arbitraje supletorio, y por tanto era un arbitraje que, si se suprimía, claramente estábamos atentando hacia lo que el arbitraje es.


Por tanto, releyendo a Cicerón cuando hablaba de la equidad, que ya la ponderaba como una de las divisiones del derecho y resaltaba los efectos benéficos de pulir las aristas de la ley, bueno es que en un proyecto de ley del siglo XXI no nos olvidemos de que la equidad está ahí y que es bueno saber mantener ese arbitraje en equidad. Aquí también hemos acertado.


Igualmente hemos acertado en un aspecto muy polémico. En el arbitraje en derecho, tal y como se configuraba, no tenía que haber jurista ni abogado en ejercicio obligatoriamente. Ahora en un arbitraje en derecho, siempre que sea colegiado, al menos uno de los tres árbitros va a tener que ser obligatoriamente jurista, porque estamos hablando de arbitrajes en derecho. Bien es cierto que en el arbitraje en derecho, cuando es de un único árbitro, en las reglas residuales siempre será jurista, excepto si de común acuerdo se pacta que no lo sea, porque en ocasiones se aplican normativas muy técnicas -son derecho, pero normativas muy técnicas- y hay otros profesionales que pueden ejercer perfectamente ese arbitraje. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) La solución final que hemos encontrado, fruto del consenso, no satisface a nadie al cien por cien, pero creo que puede dar satisfacción a los colegios de abogados que así nos lo reclamaban y a otras profesiones jurídicas, como notarios, registradores o personas que ejercen la procura, que en este caso pueden realizar esa función de arbitraje en derecho, porque también son juristas. Entendemos que al final se ha encontrado una solución de consenso adecuada. También ha sido adecuado que en el arbitraje societario no se exija siempre la unanimidad, que en ocasiones lo que hace es dificultar, y con la regla de los dos tercios creemos que ha quedado bien solucionado.


Termino ya. Estamos ante una buena norma, la hemos cambiado, la hemos mejorado. Felicitemos a todos los que lo han hecho posible, felicitemos al Tribunal Arbitral de Barcelona, a su presidente, Jesús de Alfonso, que nos ha impulsado, junto con todos los miembros del mismo, a que mejoráramos la ley, y felicitemos a aquellos que, como Ramón Mullerat, que ha editado un libro Arbitraje en el mundo y en España. Una visión estadística, nos dicen que el arbitraje es futuro, que en países como Estados Unidos la mayoría de empresas se suman al arbitraje. La ley corría el riesgo de haberlo dificultado. Gracias a las modificaciones que hemos realizado, vamos en la línea de potenciarlo y con esto mejoramos el funcionamiento global de la Administración de Justicia, que falta nos hace.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


Tiene la palabra don Vicente Ferrer Roselló.


El señor FERRER ROSELLÓ: Señor presidente, señor ministro, como consecuencia de que el legislador no disfruta del mismo grado de acierto todos los días -afirmación que seguro a ustedes no les sorprende-, se generan leyes que merecerían ser reformadas incluso antes de su publicación. En otros casos son la práctica de su aplicación o la transformación de la realidad social las que generan la necesidad de proceder a su reforma o adaptación. Ninguno de estos dos casos, a juicio del Partido Popular, resultaba de aplicación a la Ley de Arbitraje que vio la luz en el año 2003. Era esta una ley que supuso en su momento un notable avance para el mundo del arbitraje, técnicamente muy depurada, y prueba de ello es que no requirió de reforma alguna. Puestas así las cosas desde el Partido Popular nos preguntábamos qué podría haber impulsado o justificado la presentación por parte del Gobierno del proyecto de ley de reforma de la Ley de Arbitraje que nos tiene hoy ocupados.


Una mera aproximación al proyecto pone de manifiesto que la principal aportación, la novedad más interesante la constituye indudablemente el denominado arbitraje institucional. Tengo que reconocer que desde el Partido Popular hemos tenido siempre la sospecha de que la introducción de esta nueva figura y la decisión de incluirla en el marco de la Ley de Arbitraje han sido las razones últimas de un proyecto de reforma de la ley de 2003 no justificado plenamente, por nadie reclamado, y en lo tocante a la propuesta original remitida por el Gobierno a la Cámara francamente no muy afortunado.


No voy a negar que el denominado arbitraje institucional tiene aspectos que no dejamos de valorar positivamente,

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pero es evidente que, en primer lugar, no se trata de un arbitraje en puridad, y en segundo lugar, el desarrollo de esta nueva figura en un proyecto de ley autónomo, distinto y distante de la Ley de Arbitraje habría hecho probablemente innecesaria la reforma de la ley de 2003.


En otro orden de cosas es cierto que una de las razones insistentemente aducidas por el Gobierno socialista para justificar la introducción de las reformas contenidas en el proyecto de la ley objeto de nuestro debate era impulsar el arbitraje como un instrumento de alguna manera alternativo a la jurisdicción ordinaria, que contribuyera de forma eficaz a aligerar la tarea de esta última colaborando activamente a paliar el atasco monumental en el que vive inmersa la justicia de nuestro país. No creo equivocarme si afirmo que la reforma actual poco o nada va a contribuir a modificar la situación que se está viviendo en el seno de la justicia. Finalmente el proyecto de ley de reforma original que el Gobierno remitió a la Cámara en una primera instancia adolecía, a nuestro juicio, de notables deficiencias. No voy a aburrirles con una descripción pormenorizada, citaré únicamente algunos ejemplos. Resucitar la protocolización obligatoria de los laudos o exigir la unanimidad de todos los socios para la introducción en los estatutos societarios de una cláusula de remisión a arbitraje constituía a nuestro juicio un notable error. Por otro lado, la desaparición del arbitraje de equidad constituía un profundo misterio cuyas razones debo reconocerles que, a día de hoy y tras largas negociaciones, continúo sin poder penetrar. Por último, no puedo dejar de citarles lo sorprendente que nos resultaba el hecho de que por un lado desapareciera el arbitraje de equidad, y que por otro, manteniendo únicamente el arbitraje en derecho, se excluyera la obligatoriedad de que para los casos que debieran resolverse por árbitro único este no tuviera que acreditar los adecuados conocimientos jurídicos. A juicio del Partido Popular facultar a una persona sin conocimientos jurídicos para actuar como árbitro y resolver en derecho, para nada contribuía a la seguridad jurídica ni a la calidad de los laudos. Llegados a este punto no sería justo no reconocer la actitud dialogante y la buena predisposición, tanto del Grupo Socialista como del propio Ministerio de Justicia, a la hora de alcanzar acuerdos que han permitido obtener el resultado que hoy se somete a la Cámara y que podemos entender como positivo.


Para cerrar mi intervención, no quiero dejar de destacar algún otro aspecto de los comprendidos en las veinte enmiendas que el Grupo Popular presentó al proyecto de ley, y que considero razonablemente resueltos.
Junto con los ya citados relativos al arbitraje de equidad, a la participación de juristas en el arbitraje en derecho, la protocolización del laudo o las condiciones de inclusión de la cláusula de arbitraje en los estatutos, quiero hacer mención expresa a la recuperación de la fórmula de la declinatoria en sustitución de la excepción de arbitraje que introducía el proyecto, y también al tratamiento que se ha dado a la relación de las cláusulas arbitrales con el procedimiento concursal. En conclusión, podemos estar razonablemente satisfechos. Si, como dijo Cánovas, la política es el arte de aplicar en cada época aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible, probablemente no hayamos hecho una obra de arte, pero indudablemente, señorías, hemos hecho política.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ferrer.


Don Álvaro Cuesta tiene la palabra.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, llevamos una buena mañana parlamentaria porque es una mañana de reformas, de reformas de calado, que están además claramente incardinadas en la estrategia para la economía sostenible, y en las últimas iniciativas legislativas que afectan al Ministerio de Justicia básicamente estamos abordando dos conceptos que son básicos, si queremos mejorar la calidad del servicio público de la justicia en España. Se ha manejado, con la aprobación de la reforma y de la adaptación al proceso monitorio europeo, el concepto de agilización procesal, y con la reforma de arbitraje el concepto de desjudicialización, de composición extrajudicial de armonización de los conflictos. Creo que son dos buenos mecanismos de gran utilidad la agilización procesal, la modernización y la desjudicialización para que la justicia tenga como prioridad, como resultante, como destino básico lo que tiene que tener el servicio público de la justicia, que es el ciudadano, y esta ley desarrolla claramente un derecho fundamental que es evitar la denegación de tutela judicial efectiva, garantizando la tutela judicial de los derechos de la ciudadanía.


No voy a entrar ahora en una descripción, porque ha sido brillante la intervención del ministro de Justicia, del contenido de la ley. Lo que hoy aprobamos da cuerpo, es una reforma orgánica que eleva el nivel, la seguridad del arbitraje, readapta funciones de colaboración judicial al arbitraje, y residencia en el Tribunal Superior de Justicia, en las salas de lo Civil y de lo Penal, una serie de funciones importantes para el desarrollo de esta institución, que además se eleva en su calidad jurídica. Cuando una institución como la arbitral se eleva en calidad jurídica se convierte también en referencia nuestra economía y también nuestro país.


Quiero hacer un reconocimiento público de justicia, en primer lugar, al trabajo. Ha habido un consenso y una capacidad de diálogo muy importantes de todos los ponentes y portavoces de los grupos parlamentarios. Esto lo quiero agradecer porque ha llevado a la unanimidad en la aprobación de este proyecto de ley, y del que hemos aprobado con competencia legislativa plena en la Comisión. Ese diálogo fructífero y ese espíritu positivo también hay que reconocérselos y agradecérselos muy especialmente al equipo del Ministerio de Justicia, y al ministro de Justicia en particular, brillante su gestión y brillante en esa línea de transformación que requiere la hora actual de nuestro país. También quiero agradecer el magnífico trabajo de los servicios de la Cámara, de los servicios jurídicos, de las letradas que han

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enriquecido, que han ayudado a este trabajo y a este consenso. Yo les voy hacer, y quiero hacer un público reconocimiento, también una confesión.
Creo que el consenso político a la hora de legislar tiene también mucho que ver no solo con la disposición de diálogo entre los grupos, sino con la disposición de diálogo del Parlamento con la sociedad. De alguna manera este proyecto ha sido enriquecido por la sociedad civil. Ha habido una interlocución directa con el Tribunal Arbitral de Barcelona, pero también lo ha habido con el Tribunal Arbitral Técnico de Cataluña, también con la Corte Arbitral del Consejo Superior de Cámaras de Madrid, con el Consejo General de la Abogacía, con el Colegio de Registradores, con un conjunto de ciudadanos especialistas que, desde el punto de vista técnico, han querido ilustrar y aportar sus ideas. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Cuando la voz de la calle, de la sociedad civil es recogida también con responsabilidad por los portavoces de los grupos parlamentarios, la resultante final es que el servicio público de la justicia camine desde el consenso al ciudadano como epicentro de cualquier reforma.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuesta

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 164449.)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de algunos señores diputados. ¿Algún miembro de la Cámara desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Se da por examinado el dictamen.


Votaremos dentro de dos minutos. (Pausa.)

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)

- REAL DECRETO-LEY 2/2011, DE 18 DE FEBRERO, PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO. (Número de expediente 130/000040.)

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 177; en contra, ocho; abstenciones, 157.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.


¿Desea algún grupo parlamentario su tramitación como proyecto de ley? (Asentimiento.) Varios grupos parlamentarios desean que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. En consecuencia, pasamos a votar si se acepta esta propuesta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 163; en contra, 176; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- REAL DECRETO-LEY 3/2011, DE 18 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. (Número de expediente 130/000039.)

El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 179; en contra, tres; abstenciones, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.


¿Alguien desea que el decreto-ley convalidado se tramite como proyecto de ley? (Asentimiento.) Varios grupos lo solicitan. Por tanto, pasamos a votación la propuesta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 341; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS

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LEYES ORGÁNICAS 5/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, Y 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES ORGÁNICAS 5/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, Y 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN). (Número de expediente 121/000061.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.


En primer lugar, votamos la enmienda al artículo primero, apartado tres.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 323; en contra, 16; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


A continuación votamos las enmiendas al artículo primero, apartado cuatro; al artículo segundo, apartado cinco; a la disposición adicional primera y a la disposición adicional segunda (nueva).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 193; abstenciones, 149.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


A continuación votamos las enmiendas a la disposición final tercera (nueva); y a la disposición final quinta (antes segunda).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 340; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo segundo, apartado cuatro.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 174; en contra, 165; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Al artículo primero, apartado siete.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 334; en contra, dos; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda al artículo tercero (nuevo).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 333; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda a la disposición derogatoria (nueva).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 161; en contra, 181.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 340; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por tratarse de iniciativa de carácter orgánico, hemos de proceder a una votación de conjunto que ha de obtener al menos 176 votos para que la ley pueda aprobarse en los términos en que ha quedado redactada. Con este carácter orgánico, procedemos a la votación de conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 181; en contra, 152; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la ley en los términos antedichos.


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA FACILITAR LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LOS PROCESOS EUROPEOS MONITORIO Y DE ESCASA CUANTÍA. (Número de expediente 121/000086.)

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El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.


En primer lugar, votamos la enmienda al artículo 1, cinco.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 332; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 341; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.)

- CONVENIO NÚMERO 185 DE LA OIT SOBRE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LA GENTE DEL MAR (REVISADO), 2003, HECHO EN GINEBRA EL 19 DE JULIO DE 2003 Y DECLARACIÓN DE ESPAÑA. (Número de expediente 110/000229.)

- ACUERDO MARCO GLOBAL DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE INDONESIA, POR OTRA, HECHO EN YAKARTA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000230.)

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL REINO DE MARRUECOS AL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LA LEY APLICABLE EN MATERIA DE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN POR CARRETERA, HECHO EN LA HAYA EL 4 DE MAYO DE 1971. (Número de expediente 110/000232.)

- MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE AUSTRALIA, EL MINISTERIO DE DEFENSA DE FINLANDIA, EL MINISTRO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA FRANCESA, EL MINISTERIO FEDERAL DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA ITALIANA, EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL REINO DE ESPAÑA, LAS FUERZAS ARMADAS SUECAS, EL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA DEFENSA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, RELATIVO A LA FORMA DE ONDA DE BANDA ANCHA PARA LA CONEXIÓN EN RED EN COALICIÓN (COALWNW). (Número de expediente 110/000233.)

- ACUERDO SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SAN MARINO, HECHO EN ROMA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000234.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y RUMANIA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ESPAÑOL DEL INSTITUTO CERVANTES EN BUCAREST Y DEL INSTITUTO CULTURAL RUMANO EN MADRID, HECHO EN MADRID EL 19 DE OCTUBRE DE 2010.
(Número de expediente 110/000235.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GEORGIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN MADRID EL 7 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente 110/000236.)

- ACUERDO SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS Y MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL REINO DE ESPAÑA Y LA COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS EN RELACIÓN CON LA INTERPRETACIÓN O LA APLICACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS SOBRE EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA Y EL RECONOCIMIENTO DE OTROS COMPROMISOS PACTADOS ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, HECHO EN NASSAU EL 11 DE MARZO DE 2010. (Número de expediente 110/000237.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL, HECHO EN MADRID EL 7 DE OCTUBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000238.)

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- ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DEL 21.º CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL, ADOPTADAS EN SANTIAGO DE CHILE EL 21 DE AGOSTO DE 2009. (Número de expediente 110/000239.)

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE SERBIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000240.)

- INTERCAMBIO DE CARTAS DE FECHAS 12 Y 13 DE ABRIL DE 2010, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA SECRETARÍA DE LA CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO (CMNUCC) PARA ORGANIZAR EL TALLER QUE TUVO LUGAR EN MADRID DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2010. (Número de expediente 110/000241.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE TAILANDIA SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 7 DE OCTUBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000242.)

- ACUERDO DE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, HECHO EN MADRID EL 3 DE DICIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000243.)

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE ALBANIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000244.)

El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores. ¿Se desea alguna votación separada? (Pausa.) ¿Se pueden aprobar por asentimiento de la Cámara? (Asentimiento.)

Quedan aprobados los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA REFORMA DE LA LEY 60/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, DE ARBITRAJE Y REGULACIÓN DEL ARBITRAJE INSTITUCIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000087.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica complementaria a la Ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.


Votamos, en primer lugar, el dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 341; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Por tratarse de iniciativa con carácter orgánico, hemos de proceder a la votación de conjunto, con las advertencias hechas anteriormente.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 340; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la votación de conjunto.


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN.)

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 164449.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos el dictamen del Estatuto del Diputado sobre declaración de actividades de varios señores diputados. En aplicación del artículo 79 del Reglamento de la Cámara, deben abstenerse de votar los diputados afectados por el dictamen. Habida cuenta de que lo hacemos en conjunto, a no ser que alguien solicite votación separada, ruego que no voten los diputados afectados. (Rumores.)

Aprovecho para decirles que la Cámara, como saben, aprobó en este mismo Pleno una declaración institucional de modo unánime apoyando la candidatura de don Miguel Ángel Moratinos como director general de la FAO, al que deseo suerte en esas votaciones que han de producirse.


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(Aplausos.) Como el dictamen establece, el señor Moratinos había pedido permiso a la Comisión del Estatuto del Diputado para proceder a la campaña previa y ha sido tomado en conocimiento por parte de la Comisión.
Afecta también a los señores diputados don Higinio Almagro Castro, don Josep Antoni Duran i Lleida, don Sebastián González Vázquez, don José Ignacio Landaluce Calleja y doña María Antonia Trujillo Rincón.
(Rumores.-El señor Ridao i Martín pide la palabra.)

Silencio, por favor.


Señor Ridao, ¿qué desea?

El señor RIDAO I MARTÍN: Según sus propias indicaciones, señor presidente, nuestro grupo preferiría votar separadamente el dictamen.


El señor PRESIDENTE: ¿Por separado el de cada uno de los señores diputados? (Asentimiento.) Muy bien, está en su perfecto derecho. Con lo cual y de este modo pueden votar, en votación que ya saben que es pública, todos los dictámenes excepto el del propio diputado afectado.
Votamos el dictamen de la Comisión referido a don Higinio Almagro Castro.


Comienza la votación. (Pausa.-Rumores.-Varios señores diputados: No se puede.)

Perdón, les ruego silencio. La votación es pública y nada tiene que ver con las anteriores votaciones secretas, que eran costumbre. Por tanto, cualquier manifestación que desee hacerse puede hacerse, lógicamente respetando que el mandato imperativo lo impide la propia Constitución española.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 294; en contra, seis; abstenciones, 31.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen mencionado.


Dictamen referido a don Josep Antoni Duran i Lleida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 268; en contra, 23; abstenciones, 45.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen referido al señor Duran i Lleida.


Votamos a continuación el dictamen de don Sebastián González Vázquez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 283; en contra, dos; abstenciones, 53.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen referido a don Sebastián González Vázquez.


A continuación votamos el dictamen referido a don José Ignacio Landaluce Calleja.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 279; en contra, ocho; abstenciones, 51.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado respecto del señor Landaluce Calleja.
(Rumores.)

Silencio, por favor.


A continuación votamos el dictamen referido a don Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 299; en contra, once; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen respecto de don Miguel Ángel Moratinos.


A continuación votamos el dictamen referido a doña María Antonia Trujillo Rincón.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 298; en contra, dos; abstenciones, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen referido a doña María Antonia Trujillo Rincón.


Muchas gracias, señorías.


Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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