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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 219, de 26/01/2011
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2011 IX Legislatura Núm. 219
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 207 (Sesión extraordinaria)
celebrada el miércoles, 26 de enero de 2011


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página 6)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el futuro modelo de gestión aeroportuaria que ha proyectado el Gobierno. (Número de expediente 172/000223.) ... (Página 25)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los planes del Gobierno de España de regular la denominada "Muerte Digna" y la forma en que prevé coordinar la normativa existente en esta materia. (Número de expediente 172/000226.) ... (Página 30)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la necesidad de revisar el Convenio de cooperación para la defensa entre España y los Estados Unidos. (Número de expediente 172/000227.) ... (Página 36)

Página 2


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar el fuerte aumento del coste de la vida para todos los españoles. (Número de expediente 172/000228.) ... (Página 41)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. (B.O.E. núm. 312, de 24 de diciembre de 2010). (Número de expediente 130/000037.) ... (Página 46)

Enmiendas del Senado:

- Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 283-1, de 22 de octubre de 2010. (Número de expediente 122/000255.) ... (Página 59)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (anteriormente denominado proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 61-1, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000061.) ... (Página 62)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 65)

Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 65)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 65)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Preguntas ... (Página 6)

Del diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Piensa el Gobierno reconocer en algún momento las presiones del Gobierno norteamericano, desveladas por Wikileaks en relación a procesos políticos y judiciales que le afectan? (Número de expediente 180/001305.) ... (Página 6)

Del diputado don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué decisión va adoptar el Gobierno en relación con el asilo solicitado por los saharauis que arribaron a Fuerteventura el 5 de enero del 2011? (Número de expediente 180/001306.) ... (Página 7)

Del diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo valora el presidente del Gobierno la situación del empleo juvenil en España? (Número de expediente 180/001308.) ... (Página 8)

Página 3


De la diputada doña M.ª Soraya Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior: ¿Por qué el Gobierno hace recaer la mayor parte del peso de la crisis sobre las clases medias? (Número de expediente 180/001309.) ... (Página 9)

Del diputado don Ricardo Tarno Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior: ¿Cómo vicepresidente primero del Gobierno, cómo valora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el caso Matsa, que afecta directamente a un miembro del Consejo de Ministros? (Número de expediente 180/001310.) ... (Página 11)

Del diputado don Alberto Garre López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior: ¿Respalda la labor del delegado del Gobierno en la Región de Murcia? (Número de expediente 180/001311.) ... (Página 12)

Del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior: ¿Qué actuaciones va a emprender el Ministerio del Interior en el "caso Faisán", una vez que se ha recibido el informe elaborado por la autoridad judicial francesa? (Número de expediente 180/001312.) ... (Página 13)

Del diputado don Rafael Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial: ¿Mantiene el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial sus declaraciones, miércoles tras miércoles, en este Parlamento sobre el caso Matsa? (Número de expediente 180/001314.) ... (Página 14)

Del diputado don Esteban González Pons, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Justicia: ¿A la luz de determinados asuntos (casos Cornide, Malaya, Faisán, Rollán, Caja Castilla La Mancha, ...) considera el Gobierno imparcial la actuación de la Fiscalía? (Número de expediente 180/001316.) ... (Página 15)

De la diputada doña M.ª José Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación: ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de la reciente puesta en marcha del portal TODO FP para el impulso de sus políticas en este ámbito? (Número de expediente 180/001318.) ... (Página 17)

De la diputada doña Montserrat Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: ¿Cómo valora el Gobierno el proceso de deslinde iniciado en la costa gerundense? (Número de expediente 180/001289.) ... (Página 18)

Del diputado don José Luis Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: ¿Garantiza el Gobierno las ayudas a las desaladoras canarias para equilibrar el precio del agua entre Canarias y otras comunidades autónomas? (Número de expediente 180/001304.) ... (Página 19)

Del diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Cultura: ¿Qué fondos se están incorporando al Centro Documental

Página 4


de la Memoria Histórica de Salamanca por parte del Ministerio de Cultura? (Número de expediente 180/001321.) ... (Página 20)

Del diputado don Andrés José Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Considera el ministro de Fomento que la "cortesía" es criterio determinante en las adjudicaciones de contratos que hace su departamento? (Número de expediente 180/001315.) ... (Página 21)

De la diputada doña M.ª Sandra Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad: ¿Puede aclarar en qué va a consistir el "firme compromiso" de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad en la lucha contra la violencia de género? (Número de expediente 180/001317.) ... (Página 22)

De la diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad: ¿Cuáles son los objetivos principales del anteproyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación? (Número de expediente 180/001322.) ... (Página 23)

Del diputado don Ramón Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda: ¿Considera el Gobierno que la dificultad con la que el crédito llega a las familias y empresas españolas es un obstáculo para la recuperación económica? (Número de expediente 180/001313.) ... (Página 24)

Interpelaciones urgentes ... (Página 25)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el futuro modelo de gestión aeroportuaria que ha proyectado el Gobierno ... (Página 25)

Formula la interpelación el señor Ridao i Martin, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Contesta el señor ministro de Fomento (Blanco López), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Ridao i Martín y duplica el señor ministro de Fomento.


Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los planes del Gobierno de España de regular la denominada "muerte digna" y la forma en que prevé coordinar la normativa existente en esta materia ... (Página 30)

Formula la interpelación el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.


Contesta la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad (Pajín Iraola), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Salvador Armendáriz y duplica la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la necesidad de revisar el Convenio de cooperación para la defensa entre España y los Estados Unidos ... (Página 36)

Formula la interpelación el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Contesta la señora ministra de Defensa (Chacón Piqueras), en nombre del Gobierno.


Página 5


Replica el señor Llamazares Trigo y duplica la señora ministra de Defensa.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar el fuerte aumento del coste de la vida para todos los españoles ... (Página 41)

Formula la interpelación la señora Martínez Saiz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Contesta la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), en nombre del Gobierno.


Replica la señora Martínez Saiz y duplica la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 46)

Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico ... (Página 46)

El señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón) expone las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo; el señor Salvador Armendáriz; las señoras Díez González; Oramas González-Moro y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Buenaventura Puig y el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Alique López, del Grupo Parlamentario Socialista.


Enmiendas del Senado ... (Página 59)

Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.... (Página 59)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 62)

Proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (anteriormente denominado proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) ... (Página 62)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Martínez López, del Grupo Parlamentario Socialista.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 65)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, se aprueba por 175 votos a favor, 12 en contra y 157 abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 160 votos a favor, 175 en contra y nueve abstenciones.


Página 6


Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 65)

Sometidas a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se aprueban por 321 votos a favor, 14 en contra y nueve abstenciones.


Votación de conjunto ... (Página 65)

Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 321 votos a favor, 14 en contra y nueve abstenciones.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 65)

Sometido a votación el Proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (anteriormente denominado proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial), se aprueba por 186 votos a favor, 156 en contra y una abstención.


Votación de conjunto ... (Página 66)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 188 votos a favor y 156 en contra.


Se levanta a la sesión a las tres de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de iniciar la sesión de control debo anunciarles, según el mandato del Reglamento, que las votaciones con carácter orgánico que se producirán previsiblemente en la mañana de hoy no serán antes de las trece horas.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUYNA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO RECONOCER EN ALGÚN MOMENTO LAS PRESIONES DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO, DESVELADAS POR WIKILEAKS EN RELACIÓN A PROCESOS POLÍTICOS Y JUDICIALES QUE LE AFECTAN? (Número de expediente 180/001305.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar las preguntas al señor presidente del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, le pregunto sobre un escándalo. El informe de la Embajada norteamericana filtrado por Wikileaks demuestra que hubo indicaciones, presiones y posible complicidad del Gobierno español en relación con los casos que afectan a los intereses norteamericanos en España como Couso, Guantánamo o los vuelos de la CIA. ¿Ha realizado el Gobierno algún tipo de investigación? ¿Ha sacado alguna conclusión? ¿Pretende exigir responsabilidades?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchísimas gracias, señor Llamazares. Permítame que le haga alguna consideración de carácter general. Sobre las informaciones aparecidas en Wikileaks le debo recordar dos cosas al menos. Primero, que no son como tal informaciones sino valoraciones de parte, valoraciones de quien redacta sus argumentos y sus posiciones con una finalidad, dar cuenta a sus superiores de su desempeño y de la eficacia en su trabajo, y por tanto deberíamos analizarlo con ese tamiz. Segundo, debe ser conocido por su señoría que todos los gobiernos realizan gestiones y defienden intereses de sus países en otros países, mucho más siendo aliados. Esas son las dos premisas que quiero aclararle.
Y como reflexión de carácter general le diré que el Gobierno, a las gestiones o a los intereses del Gobierno de los Estados Unidos -y hay muchos elementos de gran trascendencia política que hemos vivido en esta Cámara y en este país-, ha sido siempre respetuoso con lo que decía, pero siempre más respetuoso con sus principios y con el respeto a la ley y en todo caso al ordenamiento de nuestro país. Eso es lo que le puedo decir como conclusión general.


Muchas gracias, señor Llamazares. (Aplausos.)

Página 7


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, no me convence su respuesta.
Si son valoraciones de parte, son valoraciones que acusan al Gobierno de delitos, acusan al Gobierno español -el propio embajador- de revelación de datos de sumarios en ese momento secretos, acusan al Gobierno de asesoramiento ilegal, de encubrimiento, de vulneración de derechos de las víctimas. Eso es lo que hay en las declaraciones del embajador y por tanto el Gobierno debería haber planteado una queja al Gobierno norteamericano por haber sido acusado de delitos. Pero aparte de la acusación, señor presidente, es que la relación causa-efecto es evidente en estos casos. Año 2005, comunicación del Gobierno español al Gobierno norteamericano: el Gobierno español trabaja para posponer las órdenes de detención. Inmediatamente después, de manera mecánica, suspensión de las órdenes de detención. Año 2007: el Gobierno español ayuda a la fiscalía para que apele la decisión del juez. Inmediatamente después, apelación de la decisión del juez. Año 2007, comunicación: el Ministerio de Justicia trabaja con los fiscales para lograr el archivo del caso. Inmediatamente después, archivo del caso.


Señor presidente, no es la opinión de un embajador, son relaciones causa-efecto que necesitan ser investigadas por parte del Gobierno y que en nuestra opinión requieren una explicación porque no solamente remiten a que el Gobierno mire para otro lado -que ya lo sabíamos-, sino que remiten a la sumisión y a la complicidad del Gobierno con el Gobierno norteamericano frente a las víctimas españolas, es decir, frente a sus propios compatriotas, vulnerando principios fundamentales como la independencia del Poder Judicial.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor Llamazares, debo decirle que ni sumisión ni vulneración de ningún precepto legal ni intromisión en la actuación de la justicia.


Vamos a los hechos. Ya se ha referido usted básicamente al caso Couso. En relación con la muerte del ciudadano español José Couso, debemos distinguir los procesos judiciales de la actuación que la ley otorga al Gobierno. En lo que respecta al Gobierno, su posición ha sido de apoyo inequívoco a la investigación y al esclarecimiento de lo sucedido. Desde el primer momento y hasta hoy el Gobierno ha colaborado permanentemente con la justicia española. Ha tramitado tres comisiones rogatorias a Estados Unidos y una a Irak. En cuanto a la instrucción penal, debo recordarle, primero, que el proceso penal sigue abierto. Segundo, sobre la posición de la fiscalía española debo recordarle que, sin valorar por parte del Gobierno, ha mantenido la misma posición en estos casos de forma invariable desde 2003 en todos los casos, en el del señor Couso y en todos los que se han podido presentar en la Audiencia Nacional. Por tanto, no ha habido ni un trato singular ni una posición fruto de presiones, sino un criterio jurídico de la fiscalía y una actitud del Gobierno de colaborar en todo lo que nos ha pedido la justicia, y esperemos a que se cierre el proceso penal. Sus acusaciones, por tanto, son inadmisibles. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ DECISIÓN VA A ADOPTAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL ASILO SOLICITADO POR LOS SAHARAUIS QUE ARRIBARON A FUERTEVENTURA EL 5 DE ENERO DEL 2011? (Número de expediente 180/001306.)

El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta. Para formularla tiene la palabra don Josu Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, el pasado 5 de enero una patera tripulada por 32 personas arribó a las costas de Fuerteventura. Inmediatamente después de tomar tierra algunos de ellos se identificaron como saharauis que huían de la represión marroquí y solicitaron asilo en España, alegando que en caso de que fueran devueltos a las autoridades marroquíes sufrirían persecución y maltrato por el mero hecho de ser activistas saharauis comprometidos con el derecho de su pueblo a la autodeterminación. Sus testimonios sobre la represión padecida en Marruecos son estremecedores. A mi mujer -dice uno de ellos- le pegaron con una porra para que dijera dónde estaba yo. Recibió tantos golpes que perdió el hijo que esperaba. Y sus vaticinios sobre lo que les espera en caso de ser devueltos no son menos esclarecedores: Si regresamos, nos espera la cárcel y la tortura.


Señor presidente del Gobierno, corresponde al Gobierno que usted preside la decisión sobre la concesión o la denegación del asilo que solicitan.
Todavía está a tiempo de rectificar. Por eso le formulo la pregunta que figura en el orden del día.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erkoreka.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchísimas gracias, señor presidente.


Señor Erkoreka, como bien sabe, el Gobierno lo que hace es aplicar la Ley de Asilo que aprobó esta Cámara,

Página 8


por cierto con un amplio consenso. Se trata de una ley que ha mejorado las garantías y el procedimiento, y que acorta además los plazos de concesión de asilo. Por lo tanto, a lo largo de todo el procedimiento, en sus fases tanto administrativas como judiciales, los afectados están contando con todas las garantías del Estado de derecho y con toda la asistencia necesaria.


A día de hoy se han admitido a trámite cinco de las solicitudes presentadas y se han denegado otras diecisiete por entender la Oficina de Asilo que no concurrían lo requisitos para obtener esa condición. Las cinco solicitudes admitidas a trámite continúan el procedimiento ordinario, y en el resto de los casos los solicitantes han hecho uso de su derecho al recurso frente a la decisión administrativa y la resolución final corresponderá a los jueces, como corresponde en un Estado de derecho.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, los activistas saharauis que han solicitado asilo huyen de un territorio en el que se ha constatado objetivamente la existencia de represión política y vulneración de derechos fundamentales.
Sus relatos y sus temores con respecto a lo que les puede ocurrir en el caso de ser expulsados son, por tanto, cuando menos verosímiles, porque aportan indicios de credibilidad suficientes como para no ser descartados como meras patrañas. El Gobierno no puede desentenderse de ellos como si fueran meros sacos de patatas; no puede lavarse las manos, saliendo por peteneras con una resolución de inadmisión basada exclusivamente en razones de carácter formal. Tiene que extremar las garantías y las cautelas; tiene que analizar individualmente sus solicitudes, caso por caso, con todas las garantías, con toda profundidad y rigor para que no se vean desamparados y no se encuentren en una situación que sería tan injusta en lo personal como vulneradora del derecho internacional.


Permítame dos sugerencias. Primera, retrase la expulsión de aquellos a los que se les ha inadmitido su solicitud hasta en tanto no haya resolución judicial firme. Y segundo, no dé tan evidentemente la razón a quienes le acusan de estar queriendo complacer a Marruecos, dando a entender que no vulneran derechos fundamentales en su territorio; primero, derechos y, segundo, intereses, sean políticos, económicos o comerciales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erkoreka.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Debo recordarle que la oficina de asilo actúa con respeto a lo que marca la ley. También debo recordarle que ser saharaui es una condición sobre la que, por cierto, hay problemas a la hora de demostrarlo fehacientemente por parte de algunos de los que han solicitado el asilo.
No es condición suficiente para ser calificado como asilado político. El análisis de las solicitudes, como usted bien decía, se hace de manera individual y no colectiva. Por eso se han admitido a trámite una parte de ellas y otras no. En estos diecisiete casos la oficina estima que en algunos de ellos no se ha acreditado la existencia de una persecución de carácter individual sobre los afectados, que es el elemento que, de acuerdo con el derecho internacional y la ley que aprobamos en esta Cámara, da sentido al Estatuto del asilado. Por supuesto, siempre escucho con atención sus sugerencias y sus propuestas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LA SITUACIÓN DEL EMPLEO JUVENIL EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001308.)

El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el señor presidente. Para formularla tiene la palabra don Mariano Rajoy.


El señor RAJOY BREY : Muchas gracias.


Hace un momento un portavoz decía que le iba a preguntar por un escándalo, señor presidente. Yo le voy a preguntar por otro. Los últimos datos de Eurostat que conocemos y que corresponden a noviembre pasado dicen que la tasa de paro de los jóvenes españoles de menos de veinticinco años es del 43,60 por ciento. Es decir, hay 909.000 españoles menores de veinticinco años que quieren trabajar y no pueden. Estos datos son insoportables en sí mismos, como cualquier persona puede entender, y lo son por lo que significan: un capital humano desperdiciado y, sobre todo, cientos de miles de esperanzas frustradas. Quiero que valore usted esta situación y quiero que valore también la política que ha provocado esta situación.
Esa es mi pregunta.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.


Señor presidente del Gobierno.


Página 9


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchísimas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, en efecto, el dato del paro juvenil que ha alcanzado un porcentaje altísimo, como usted indicaba, como consecuencia de la crisis, es sin duda el principal problema social y económico que tenemos por delante. Además, es un problema que, como usted bien sabe, tiene en nuestro país un carácter estructural. Cada vez que hay una crisis, nuestra tasa de paro se duplica en relación con la media europea y, además, dentro de esa tasa de paro que se duplica en relación con la media europea, la tasa de paro juvenil, a su vez, duplica la tasa de paro de nuestro país. Por ello, el Gobierno ha puesto en marcha una reforma laboral que tiene por objetivo ante todo fomentar el empleo en el ámbito de las personas más jóvenes, singularmente cuando comencemos a tener una recuperación económica más consolidada. Además, en esa reforma laboral ha modificado programas, incentivos y bonificaciones destinados directamente al empleo juvenil y a la formación. Entendemos que este es y va a ser durante un tiempo el principal problema de nuestro país. No va a ser fácil reducir el paro. Tenemos que saber que de esta crisis podemos salir con la convicción de que ese drama estructural de la economía española que nos lleva siempre a duplicar la tasa de paro en relación con Europa, especialmente la tasa de paro juvenil, seremos capaces de superarlo de cara al futuro. En ese objetivo trabaja el Gobierno y espero contar también con su colaboración.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Señor presidente, sus palabras son palabras de resignación, lo cual es muy preocupante. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor RAJOY BREY: Cuando usted llegó al Gobierno la tasa de desempleo juvenil era del 24 por ciento; hoy es del 43, 19 puntos más. En la Unión Europea era del 18,4; hoy es del 21. Es decir, subió el 2,6 frente al 19 español. En Alemania cuando usted llegó al Gobierno era del 10,7 y hoy es del 8,6. Ha bajado. Casi el 25 por ciento de los jóvenes europeos que están en paro son españoles. Señor presidente, en los siete años de su Gobierno -son datos objetivos- el retroceso ha sido tan brutal que nos condenará en un futuro inmediato a hacer enormes esfuerzos para que esa gente pueda incorporarse al mundo del trabajo. Y ahora viene la señora Merkel y anuncia que está dispuesta a que jóvenes españoles - y hay que agradecérselo, como es natural- vayan a trabajar a Alemania. Esta es la situación, señor presidente. Usted dijo en su día en esta Cámara que el mejor termómetro para medir la eficacia de las medidas era la creación de empleo, lo cual demuestra, siguiendo su propio criterio, que sus políticas han fracasado. Queda poco ya para el final de esta legislatura.
Yo tengo que decirle que haga algo usted. Nosotros hemos presentado aquí una moción y una proposición no de ley con un plan de empleo juvenil completo, y usted y su grupo han votado en contra. Si usted no tiene ideas, al menos acepte las ideas que le planteamos los demás, porque lo que es inaceptable es que usted se resigne y nos lleve a una situación en la que el 43,6 de los jóvenes españoles de menos de 25 años no pueden trabajar por la incompetencia de un Gobierno que no está a la altura de las circunstancias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, le pido que haga un análisis un poco más riguroso y con perspectiva. La tasa de paro juvenil en los ocho años de su Gobierno fue en España del 30 por ciento y la tasa de paro juvenil en la etapa del Gobierno que presido ha sido una tasa de paro media del 25 por ciento.
(Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Con ello quiero decir, señor Rajoy, que independientemente de las circunstancias de crisis que elevan de una manera clara la tasa de paro -la hemos tenido por ejemplo en el 18 por ciento en el año 2007 con este Gobierno; la más baja de la historia del país-, hay un problema estructural que viene desde la transición democrática, que ha afectado y que han sufrido todos los gobiernos y que en esta ocasión tenemos que arreglar definitivamente.
Ese es un debate... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿POR QUÉ EL GOBIERNO HACE RECAER LA MAYOR PARTE DEL PESO DE LA CRISIS SOBRE LAS CLASES MEDIAS? (Número de expediente 180/001309.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor vicepresidente primero del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra doña Soraya Sáenz de Santamaría.


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La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, el domingo presidía usted en Guadalajara un foro sobre economía y empleo. Me imagino que aprovecharía para explicar a sus compañeros la política económica socialista, que consiste básicamente en hacer recaer todo el peso de la crisis sobre las clases medias. Supongo que les explicaría que un Gobierno socialista sube los impuestos -el IVA dos puntos- y que por eso los precios se han disparado y la inflación está al 3 por ciento. Me imagino que les explicaría que el Gobierno socialista ha subido la luz un 10 por ciento -no ha habido una subida tan alta en veintiocho años-, que también ha subido el gas un 4 por ciento y que nunca fue tan caro llenar el depósito de gasolina. Les debió explicar usted todas esas cosas y alguna más, porque la conclusión -y esa sí que se la oímos todos- fue decir al auditorio: No os arruguéis. Pero cómo no se van a arrugar, señor Rubalcaba, si todo eso que usted hace en Moncloa son otros, sus compañeros, los que tienen que explicarlo en la calle.
Señoría, ¿hasta cuándo van a machacar a las clases medias? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Como usted comprenderá, una crisis de esta envergadura afecta a todos los sectores sociales. En España, donde la clase media se entiende que va hasta el 80 por ciento de los ciudadanos, afecta también a las clases medias. ¿Qué hace el Gobierno? Pone en marcha una serie de reformas que tratan fundamentalmente de recuperar el crecimiento económico, de crear empleo y por tanto va a afectar al conjunto de la sociedad y también lógicamente a las clases medias.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.


Señora Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señor Rubalcaba, usted habla mucho de reformas pero hacer, hace pocas, siempre tarde y siempre a costa de los mismos. (Rumores.) Ayer el Partido Popular le dio la oportunidad de imponer por ley la austeridad, y ¿qué votaron ustedes? Votaron sencillamente no, porque usted predica la austeridad pero luego, a la hora de practicarla, no la practica mucho, y nunca en gasto propio. La austeridad, según Alfredo Pérez Rubalcaba, es siempre austeridad en bolsillo ajeno, en el bolsillo de los pensionistas, en el bolsillo de las familias, en el bolsillo de las clases medias, de esas clases medias que levantarían la economía del país si no fuera porque el Gobierno no les deja levantar cabeza. No les deja levantar cabeza con paro, con impuestos, con recortes y con pérdida de bienestar.


Señoría, los españoles saben que los principales enemigos del Estado del bienestar son los malos gestores económicos y saben que son ustedes.
Saben que son el Gobierno que más daño ha hecho al Estado del bienestar de toda la democracia española. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Y saben también que de todo eso empieza usted a ser tanto o más responsable que el señor Rodríguez Zapatero. También lo saben, también se dan cuenta.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias.


Le hablaba de las reformas y usted decía que no, que se hacen tarde. Esta misma semana tenemos dos excelentes ejemplos. Antes de ayer la vicepresidenta económica anunció una aceleración del proceso de reforma de nuestro sistema financiero, de las cajas, que trata de dar solvencia a las cajas de ahorro. ¿Solvencia para qué? Para que estas cajas den crédito que afecta a las familias, también a las clases medias, a las medianas y pequeñas empresas, y todo ello para crear empleo. Esta semana estamos discutiendo una gran reforma con los sindicatos y empresarios.
Ayer también empezamos la discusión en el Parlamento de la reforma de las pensiones, ¿que trata de qué? Pues trata de garantizar que quienes hoy tienen 40 o 45 años se jubilen en su momento con la misma tranquilidad con la que se jubilan los que lo están haciendo hoy, sabiendo que tienen garantizadas sus pensiones hasta el último de sus días. Son reformas que también afectan a las clases medias. Eso hace el Gobierno, responsable.
La oposición, irresponsable, se dedica a poner palos en la rueda de reformas que son absolutamente imprescindibles y a no proponer ninguna.


Hablaba usted del domingo y me acordaba del domingo. Usted que se preocupa por las clases medias estará contenta, le voy a dar una buena noticia. Yo noté a las clases medias por la tarde alborozadas, contentas, satisfechas, leían y desgranaban una tras otra las propuestas que ustedes les habían dejado encima de la mesa el fin de semana. (Risas.-Aplausos.) Alborozadas y saciadas de propuestas populares.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


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- DEL DIPUTADO DON RICARDO TARNO BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿COMO VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, CÓMO VALORA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA SOBRE EL CASO MATSA, QUE AFECTA DIRECTAMENTE A UN MIEMBRO DEL CONSEJO DE MINISTROS? (Número de expediente 180/001310.)

El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el señor vicepresidente. Don Ricardo Tarno tiene la palabra para formularla. (Rumores.)

Silencio, por favor.


Señor Tarno.


El señor TARNO BLANCO: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, ¿cómo valora usted, políticamente, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dice que es arbitrario e injustificado e ignora los principios constitucionales consagrados en los artículos 103.1 y 9.3, es decir, servir con objetividad a los intereses generales, el archivo por parte de la Junta de Andalucía de un expediente sancionador contra el vicepresidente Chaves y obliga a su reapertura?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tarno.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


El Gobierno, como todas las sentencias de todos los tribunales también esta del TSJ de Andalucía, acata y valora la sentencia. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor Tarno.


El señor TARNO BLANCO: Usted la acata y otros quieren recurrirla porque no quieren ir al asunto.


La sentencia dice: El tenor literal del artículo 7 de la Ley de Incompatibilidades no exige la intervención directa del familiar en el procedimiento en el que tiene interés la empresa, sino simple y llanamente que sea parte de la dirección, asesoramiento y representación de la empresa para que el alto cargo deba inhibirse, como se afirma en el propio informe de la asesoría jurídica. Por tanto, si desde julio de 2007 la señora Chaves pertenecía a la empresa Matsau, con funciones de asesoramiento judicial -comunicado de la propia empresa-, esa relación laboral era conocida por el alto cargo -coincidieron en la reapertura oficial de la mina el 7 de noviembre de 2007-, la actividad investigadora debe centrarse en esos hechos y no en una mera interpretación jurídica del precepto que pertenece a una fase posterior. Es decir, señor Rubalcaba, según la sentencia, el señor Chaves mintió en esta Cámara, descaradamente y varias veces, mintió a sus compañeros de Consejo de Gobierno no advirtiéndoles del problema y por ello es muy probable que sea inhabilitado por la Ley andaluza de incompatibilidades. ¿Piensan de verdad mantener al señor Chaves, señor Rubalcaba? ¿Creen ustedes que es posible que el señor Chaves sea el responsable de garantizar que se cumpla la Ley de Incompatibilidades de altos cargos del Gobierno de España después de incumplir él la ley andaluza? Piénselo, señor Rubalcaba. Mire, el señor Griñán dictó una resolución arbitraria e injustificada para salvar al señor Chaves. ¿Van a mantenerlo ustedes el Gobierno de manera arbitraria e injusta, pase lo que pase, señor Rubalcaba? (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tarno.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Quiero hacer dos matizaciones previas. Una primera es que la sentencia, como usted sabe, no entra en el fondo del asunto. La sentencia lo que le dice a la junta es que tiene que completar un trámite administrativo. Y una segunda es que la sentencia no es firme. Eso quiere decir que se puede recurrir, y acatar esa no firmeza también es parte del acatamiento de la sentencia. Por tanto, empiece por acatarla, señor Tarno.


En tanto la Junta de Andalucía resuelve, déjeme que le recuerde una cosa que ya sí sabemos: ustedes fueron al Supremo con este asunto, por cierto, del bracete de la extrema derecha (Un señor diputado: ¡Hala!-Un señor diputado: Sí, sí.) Conviene no olvidarlo. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Y el Supremo les dio un revolcón. Lea usted su sentencia. El Supremo lo que dice es que son conjeturas que derivan de que el señor Chaves era entonces presidente de la Junta de Andalucía. En román paladino: insidias contra el presidente de la Junta de Andalucía, un revolcón.(Rumores.) Esa es la realidad y vamos al fondo, señor Tarno.
Vamos al fondo de la cuestión porque el fondo es ese, el fondo son insidias. Y le voy a decir más: insidias y, ¿sabe qué? Muchísimo rencor.
Insidias y rencor, no contra el vicepresidente del Gobierno, que también, sino contra quien fue durante muchos años presidente de la Junta de Andalucía, por cierto, porque así lo quisieron los andaluces.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!)

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- DEL DIPUTADO DON ALBERTO GARRE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿RESPALDA LA LABOR DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA? (Número de expediente 180/001311.)

El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el vicepresidente primero. Tiene la palabra para formularla don Alberto Garre.


El señor GARRE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, con demasiada frecuencia nos acusan ustedes de no hacer propuestas. Esta misma mañana lo hacía. Le voy a hacer una propuesta desde el Grupo Parlamentario Popular para recuperar algo que es fundamental en la vida democrática, para recuperar la seguridad ciudadana en la región de Murcia. La pregunta que le hago es si avala la actuación del delegado del Gobierno, tal y como está transcrita.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor vicepresidente del Gobierno

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Creía que me iba a hacer usted una propuesta, pero al final me ha hecho una pregunta. (Risas.) Supongo que la propuesta viene luego. Me adelanto, sí la avalo y, por tanto, no le vamos a cesar.
Respondo a su nonata pregunta. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.


Señor Garre, tiene la palabra.


El señor GARRE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Era una pregunta y era una propuesta. Usted, efectivamente, ha contestado a la pregunta y ha desechado la propuesta. Por tanto, ustedes van a seguir manteniendo al delegado del Gobierno en la Región de Murcia. Entre el 22 de diciembre y el 15 de enero se han quebrantado en la Región de Murcia diversos principios constitucionales muy importantes: el de seguridad ciudadana, que se prevé en el preámbulo; el artículo 15 de la Constitución, sobre que todos los españoles tienen derecho a la integridad física y moral, y el artículo 16, se ha quebrantado la libertad ideológica de muchos de mis compañeros de partido. Señor ministro, usted conoce como yo que el artículo 104.1 encarga a las Fuerzas de Seguridad del Estado, eso sí, bajo la dirección del Gobierno, mantener la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Conoce también que en el artículo 23.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, se encomienda a los delegados del Gobierno en todas las regiones de España la seguridad ciudadana. Es evidente que no se han protegido esos valores constitucionales. Es evidente también que al menos tenemos que esperar todos lo que estamos aquí que se detenga a los responsables, que no son otros que los autores de esos hechos. Escúcheme, señor ministro, porque esto es muy importante. Señor ministro, la detención de los responsables y que se les juzgue es cuestión de la justicia. La decisión política y las responsabilidades políticas hay que exigirlas a quien nada previó para evitar esta cuestión, al delegado del Gobierno, que no solo no lo previó sino que además argumentó que todo lo que se estaba produciendo en la Región de Murcia era como consecuencia del manirroto Gobierno de la Región de Murcia. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garre. Acabó su tiempo.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Sobre este tema ya tuve ocasión de contestar en el Senado una pregunta de su grupo parlamentario. En aquel momento empecé por hacer algo que quiero reiterar en esta Cámara que es condenar en nombre del Gobierno y del Grupo Socialista, si puedo hablar en su nombre, la agresión que ha sufrido el consejero hace quince días. Tuve ocasión también de explicar que la Delegación del Gobierno se había reunido con el Gobierno murciano para prever un plan de seguridad que garantice el trabajo habitual de los miembros del Gobierno y también en sus actuaciones privadas. (El señor Garre López hace gestos al orador.) No me haga gestos, por favor, que ya le voy a contestar a todo. Finalmente, también tuve ocasión de decir a los responsables del Grupo Popular que yo creía que en este asunto nadie ganaba nada, que no trataran ustedes de pescar en río revuelto, que no trataran ustedes de sacar rédito político del ejercicio de la violencia contra uno de nosotros, que de eso no gana nadie nada, que era mejor que nos juntáramos. Firmemente condenamos ese tipo de agresiones para siempre.


Hoy vuelve usted aquí a la carga y me trae una propuesta, que no ha formulado al final porque se ha hecho usted un lío, pero que, en fin, todos hemos entendido. Cesar al delegado del Gobierno de Murcia sería tanto así como admitir que tiene algo que ver con la agresión a su consejero y eso... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


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El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): ...y eso es un completo dislate. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Es un completo dislate. Le voy a decir más. Hay una frase del señor Cruz,... (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba):,...una frase que dijo antes de ayer en una radio, me parece, y que le leo. Dijo el señor Cruz: Hay que ser lo más objetivo posible. Dijo: Prever una agresión en una región como Murcia es ciertamente difícil. Pues eso, de eso hablamos hoy aquí. Al final sabe qué le digo, va a resultar que el señor Cruz ha sido, de todos los responsables políticos nacionales que han hablado de este tema, el más sensato.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LÁZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ ACTUACIONES VA A EMPRENDER EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL "CASO FAISÁN", UNA VEZ QUE SE HA RECIBIDO EL INFORME ELABORADO POR LA AUTORIDAD JUDICIAL FRANCESA? (Número de expediente 180/001312.)

El señor PRESIDENTE: Última pregunta para el señor vicepresidente primero.
Para formularla tiene la palabra don Ignacio Gil Lázaro.


El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señor presidente.


¿Qué actuaciones... (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Un momento. ¡Silencio! Un momento, señor Gil Lázaro.
Silencio en ambos lados de la Cámara. (Protestas.) Silencio, sí, sí, en todas partes. (Pausa.)

Señor Gil Lázaro, cuando lo desee.


El señor GIL LÁZARO: Gracias, señor presidente.


¿Qué actuaciones va a emprender tras recibirse el informe de la autoridad judicial francesa relativa al caso Faisán? (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Pues seguiremos las investigaciones que nos encomiende la autoridad judicial.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Gil Lázaro.


El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señor presidente.


De momento podría usted intentar explicar por qué tardaron mes y medio en informar a la jueza francesa de la existencia del chivatazo cuando la jueza francesa dice en su informe que le ha constado a posteriori que la Policía española conocía desde las 14:00 horas del día de autos la existencia de ese hecho. Pero de ese asunto, como de otros, seguiremos hablando en lo sucesivo. (Risas.) Señorías, escuchen con atención ahora que se ríen tanto, a lo mejor después no lo hacen. Hoy, en esta semana, el juez ha decidido rechazar la solicitud de archivo cursada por el fiscal e incoar un sumario por un presunto delito de colaboración con banda armada y por un presunto delito de revelación de secretos por autoridad o funcionario público. El juez ha dicho, señorías de la risa (Risas.), que esos hechos fueron cometidos presuntamente por funcionarios policiales y que el objeto de esos hechos era exactamente impedir la detención de determinadas personas en el día de autos. Eso es lo que he estado diciendo en esta Cámara exactamente desde el 14 de octubre de 2009 semana tras semana y usted lo ha negado.


La decisión del juez le pone a usted en una situación muy difícil, en el ámbito de lo penal, porque se enfrenta usted a un sumario, que es precisamente lo que ha tratado de impedir por todos los medios, porque ya no puede usted así controlar los acontecimientos, y en el ámbito parlamentario, a pesar de estas risas de acompañamiento, porque usted ya no va a poder decir, después de lo que ha dicho el juez, que todo es falso y que es un insulto a la Policía. El juez ha dicho lo que ha dicho, todos los sindicatos policiales, todos, han respaldado la decisión del juez. Y aún más, el Sindicato Unificado de Policía dijo ayer que, de acreditarse finalmente que funcionarios policiales avisaron a terroristas, tuvieron que hacerlo necesariamente siguiendo órdenes superiores, que es por cierto lo que yo también llevo meses diciendo en esta Cámara y que usted ha calificado como una infamia.


En definitiva, señor ministro, ahora la apertura del sumario supone un triunfo del Estado de derecho frente a las maniobras turbias de determinados políticos, como usted, acostumbrados a la prepotencia, a la manipulación y a la mentira y que creen que su poder les hace impunes.


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Ahora, la justicia va a poder llegar hasta el final del asunto y va a decidir. Yo voy a continuar exigiéndole responsabilidades y explicaciones políticas, porque usted, después de lo que ha dicho el juez, ya no puede obviarlas. Lo que ha dicho el juez significa también que usted ha tratado de engañar sistemáticamente a la opinión pública y a esta Cámara. Caso Faisán, caso abierto, para su vergüenza y para su desgracia. (Prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.


Como usted se ha remontado al comienzo de esta historia yo también lo voy a hacer. Efectivamente, usted ha relatado una parte, ha dejado otra sin contar, y es que muy pocas semanas después del incidente al que usted se refiere la Policía actuó, todos los presuntos afectados por esta operación fueron detenidos, todos, todos fueron encarcelados, todos fueron procesados y todos están en este momento a la espera de juicio oral. Lo digo porque esa pequeña historia que usted olvida es muy relevante a los efectos de la lucha antiterrorista. Ahora le diré más, vamos a seguir colaborando con la justicia; usted no es el juez instructor, no lo es. (Rumores.) No voy a mencionar el calificativo que me merece ese hecho, pero usted no lo es, así que, por favor, deje de constituirse en juez de Instrucción en esta Cámara.


Le voy a decir algo que me parece más importante, yo creo que, después de treinta y tantas preguntas sobre este tema, después de un sumario abierto largo, una investigación larga, va siendo hora de que dejemos encima de la mesa, en el "Diario de Sesiones", algo que quiero decir yo ahora y es que la lucha contra ETA va bien, va muy bien; le diré más, va mejor que nunca, y eso es gracias a la Policía, a la Guardia Civil, a los jueces, a los fiscales,... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): ...también a la dirección del ministerio. Va mejor que nunca, señor Gil Lázaro, y seguramente eso explique algunas de las cosas que estamos oyendo en esta Cámara.


Muchas gracias, señor presidente. (Prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente. (Rumores.) Silencio, por favor.


- DEL DIPUTADO DON RAFAEL MERINO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ¿MANTIENE EL VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL SUS DECLARACIONES, MIÉRCOLES TRAS MIÉRCOLES, EN ESTE PARLAMENTO SOBRE EL CASO MATSA? (Número de expediente 180/001314.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor vicepresidente tercero del Gobierno. Para formularla tiene la palabra don Rafael Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, presidente.


Señor Chaves, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la cual ordena al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía abrir expediente contra usted por no haberse inhibido en la decisión de ratificar la subvención de 10 millones de euros a la empresa Matsa, donde trabajaba su hija, y no siendo ya solo cosa del PP, como siempre nos dice y nos dirá, sino ahora también de los magistrados, le pregunto: ¿mantiene usted sus declaraciones hechas miércoles tras miércoles en este Parlamento?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Chaves González): Gracias, señor presidente.


Mantengo esas palabras y también mantengo que usted y su grupo han mentido en esta Cámara, han hecho acusaciones falsas contra mí en esta Cámara en todas y en cada una de las ocasiones en que me han preguntado sobre este tema. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chaves.


Señor Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señor Chaves, lo que dice la sentencia es que usted ha mentido descaradamente en esta Cámara día tras día contestando a las preguntas.
(Rumores.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor MERINO LÓPEZ: Eso dice la sentencia. Y lo que dice la sentencia también sin decirlo es que el PP está diciendo la verdad en este tema.
(Rumores.)

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El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor MERINO LÓPEZ: Señor Chaves, su cómplice en este asunto, el señor Griñán, no quiere abrir expediente porque él y usted saben que la única sanción posible por su ilegalidad cometida es la inhabilitación, es decir, dejar el cargo que usted tiene ahora mismo. Y no es un simple tema administrativo ni técnico, como ustedes dicen, porque la trascendencia de la decisión es la inhabilitación. Si su actuación es tan clara, tan limpia, tan legal y tan transparente, ¿por qué no permiten ustedes una comisión de investigación?

Señor Chaves, lo que usted no puede negar y dice la sentencia es que concedió por ratificación una subvención de 10 millones de euros a la empresa donde trabajaba su hija. Como dice la sentencia -no solo el PP, sino la sentencia-, su hija era apoderada y usted aquí lo negó y mintió descaradamente en reiterados plenos a reiteradas preguntas del Grupo Popular. Lo era por poder de 18 de octubre de 2008 y usted concedió la subvención el 20 de enero de 2009. Que, al ser su hija apoderada, usted debió inhibirse en el acuerdo del 20 de enero de 2009 que daba la subvención. Que incumplió la Ley 3/2005, de Incompatibilidades, al ser su hija apoderada y usted darle usted la subvención. Según la sentencia -y no el PP-, los hechos tienen una gravedad evidente. Dice la sentencia que es arbitrario e injustificado que el señor Griñán no le abra expediente sancionador. Por todo ello, señor Chaves, por haber mentido a los andaluces, por haber mentido a los españoles, por haber mentido a los magistrados en sus respuestas y por haber mentido reiteradamente en esta Cámara, a usted solamente le cabe la dimisión. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Chaves González): Señor presidente, yo nunca he negado en esta Cámara la relación laboral de Paula Chaves con la empresa. Nunca. (Varios señores diputados: ¡Sí!-Protestas.) Nunca.


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Chaves González): Señor Merino, cuando se utiliza la mentira por bandera, como es su caso, es necesario estar fabricando mentiras todos los días y a ese juego sucio usted se ha aplicado hoy en esta Cámara. La diferencia entre ustedes y yo es que hay una resolución del Tribunal Supremo que puso al descubierto sus mentiras, que dijo que la concesión de una subvención a la empresa Matsa fue limpia y transparente y que fueron falsas las acusaciones que ustedes me hicieron en esta Cámara. (Varios señores diputados: ¡No!)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!

El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Chaves González): Ahora, señor Merino, usted vuelve a mentir, manipulando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Es una sentencia en el ámbito contencioso-administrativo que se limita a ordenar a la Junta de Andalucía que abra un expediente para determinar si me tuve que inhibir o no en una decisión de un órgano colegiado. Simplemente eso, porque el otro tema es ya cosa juzgada.


Señor Merino, por mucho que ustedes repitan una mentira, esta no se va a convertir en una verdad. Eso ya lo hizo alguien hace mucho tiempo y fracasó. Ustedes piden mi dimisión. Señor Merino, yo no he sido condenado, no he sido procesado, no he sido imputado. Si ustedes quieren pedir la dimisión de alguien, señor Merino, por favor, dirija usted su mirada a Valencia, dirija usted su mirada a Castellón, dirija usted su mirada a compañeros suyos que fueron vitoreados en la convención de Sevilla, quizá en aras de esa política ejemplar que ahora está proclamando el señor Rajoy. (Aplausos.-Protestas.) Y si no quieren mirar tan lejos, señor Merino, dirija usted su mirada a algún escaño del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.-Protestas.)

- DEL DIPUTADO DON ESTEBAN GONZÁLEZ PONS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿A LA LUZ DE DETERMINADOS ASUNTOS (CASOS CORNIDE, MALAYA, FAISÁN, ROLLÁN, CAJA CASTILLA LA MANCHA,...) CONSIDERA EL GOBIERNO IMPARCIAL LA ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA? (Número de expediente 180/001316.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro de Justicia.
(Rumores.) Silencio, por favor.


Para formularla tiene la palabra don Esteban González Pons. (Rumores.) Un momento. (Pausa.) Silencio, por favor. (Pausa.) Adelante.


El señor GONZÁLEZ PONS: Señor ministro, en España la fiscalía no es independiente, depende del fiscal general del Estado y el fiscal general del Estado depende de usted. Por eso no resulta tan extraño que cuando se investiga y se lleva a los tribunales un asunto de cualquier fuerza política presente en la Cámara el fiscal impulse la investigación y cuando es un asunto que se refiere a sus compañeros de partido, y sobre todo a sus

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compañeros de Gobierno, el fiscal retenga la investigación. El peor daño que se puede hacer a las instituciones, el peor, es utilizarlas desde el poder en beneficio propio. (Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor GONZÁLEZ PONS: El vicepresidente primero, el vicepresidente tercero, el ministro de Fomento e incluso el fiscal general del Estado se han visto involucrados en asuntos que exigen largas y claras explicaciones y en todos esos casos el fiscal, constantemente, en lugar de impulsar que se esclarezca la verdad siempre ha intentado tapar lo que publicaban los medios de comunicación. Por eso, señor ministro, yo le pregunto: ¿por qué el fiscal persigue, seguramente con razón, a todos aquellos que cree que tiene que perseguir menos a los miembros de su partido y a sus compañeros de Gobierno? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Pons.


Señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Señoría, mal día para formular esta pregunta. Ayer mismo, y por iniciativa del ministerio público, fue detenido un exconsejero de un gobierno de una comunidad autónoma socialista. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Con ello lo que se pone de relieve es que nuestros fiscales son profesionales del derecho que actúan objetivamente de acuerdo con los principios de legalidad y con el principio de independencia. Lo han hecho en muchos casos, algunos que usted ha citado de manera expresa en su pregunta escrita y también en otros muchos, como el caso Gürtel, el caso Camps, el caso Fabra, el caso Matas, entre otros.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor González Pons.


El señor GONZÁLEZ PONS: Pensaba, señor ministro, que iba a aprovechar esta ocasión para defender a sus compañeros de Gobierno políticamente ante esta Cámara. Seguramente no es capaz de defender al señor Rubalcaba en el caso Faisán, al señor Chaves en el caso Matsa,... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.


El señor GONZÁLEZ PONS: ...al señor Blanco en el caso del gerente del PSOE, al fiscal general del Estado en el caso Malaya o en las comidas de Valencia. Señor ministro, necesitamos de usted defensas políticas de sus compañeros y de los fiscales actuaciones en el orden jurídico. El peor juicio es el que comienza con un fiscal que no es neutral, y en este caso, en ninguno de los que le he señalado, que son casos de sus amigos, los que se sientan con usted en el Consejo de Ministros, el fiscal no ha sido neutral.


Le diré solo dos cosas, señor ministro. La primera, que los españoles saben que hoy, con este fiscal general del Estado, no son iguales ante los tribunales. La segunda, que un día los españoles, y será más pronto que tarde, les van a pedir cuentas, no por lo que puede haber sucedido (Rumores.), no lo prejuzgo, por lo que puedan haber intentado tapar.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio.


El señor GONZÁLEZ PONS: Y el día que les pidan cuentas por lo que puedan haber intentado tapar no tendrán ustedes un conde-pumpido dispuesto a mancharse la toga con el polvo del camino. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor González Pons.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Señor Pons, sus palabras son ofensivas para un colectivo de 2.400 juristas altamente calificados que actúan en defensa de la legalidad y del interés general.
En lugar de desacreditarles, deberían ustedes depurar responsabilidades y no ponerse ni delante, ni detrás, ni al lado de corruptos ni de quienes quebrantan la ley. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)

Señoría, el ministerio fiscal no es hoy el que había cuando ustedes gobernaban. En el año 2001 el Grupo Greco, grupo de Estados contra la corrupción, emitió un informe donde señalaba que los fiscales españoles y su régimen legal no les garantizaba la independencia. Poco después el entonces fiscal general del Estado propuso nada menos que la supresión de la Fiscalía Anticorrupción. Conviene no olvidarlo. Pues bien, en el año 2007 nosotros cambiamos el Estatuto orgánico del ministerio fiscal para reforzar su independencia, para reforzar su autonomía de decisión. Y en el informe del año 2009 del Grupo Greco no solo se valora positivamente esta reforma legal, sino que además se elogian los avances que en nuestro país se han dado en la lucha contra la corrupción.


Señoría, los fiscales españoles actúan con sujeción a la ley, actúan contrastando hechos, actúan razonándolo jurídicamente tanto cuando deciden mantener la acusación como cuando deciden instar el sobreseimiento y sus decisiones están siempre sometidas al control de los jueces. Qué distinto de lo que hacen ustedes, que se permiten acusar sin pruebas, formular especulaciones y mantener juicios de intenciones con el solo hecho y el solo propósito de dañar a sus adversarios. Pero no todos somos de la misma condición, señor Pons, aunque algunos lo piensen.
(Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ MORILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DE LA RECIENTE PUESTA EN MARCHA DEL PORTAL TODO FP PARA EL IMPULSO DE SUS POLÍTICAS EN ESTE ÁMBITO? (Número de expediente 180/001318.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida al señor ministro de Educación, que formula la diputada señora Vázquez Morillo.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, hoy, que es más evidente que nunca la función estratégica de la formación profesional para la mejora de la competividad de nuestra economía, los instrumentos de información y orientación a la sociedad en esta materia son fundamentales. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: La formación profesional sabemos que es clave para conseguir los niveles de cualificación que requiere el nuevo sistema económico. (Continúan los rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Vázquez, un momento por favor.


Señorías, quien quiera abandonar el hemiciclo que lo haga rápidamente y permita que sigamos con el control. (Rumores.) Señorías, si no me escuchan no sabrán que les estoy pidiendo por favor que abandonen el hemiciclo en silencio y con una cierta rapidez. (Pausa.) Muchas gracias.


Siga, señora Vázquez.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señora presidenta.


Decía que es clave para el nuevo desarrollo económico que requerimos y de ahí que la formación profesional, por ejemplo, se haya incluido ya en la Ley de Economía Sostenible o en el nuevo Plan integral de política industrial. Así, se le está dando un carácter global de proyecto de gobierno más que de políticas independientes de cada uno de los ministerios. Por otra parte, es muy importante que la formación profesional esté adquiriendo ya los niveles de reconocimiento social que requiere. La balanza FP-universidad alcanza ya los niveles que alcanza en otros países de la Unión Europea. Como decía, esto se está consiguiendo gracias, entre otras cosas, al nivel de información que se ofrece. A este aumento de la información que se requiere creo que contribuirá de forma muy especial una de las medidas que su ministerio ha puesto en marcha recientemente...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.


La señora VÁZQUEZ MORILLO:...y es el portal Todo FP, en el que se puede ver -yo así lo he visto- el impulso que se está dando a las titulaciones referidas a sectores emergentes e innovadores. Esas titulaciones son las que le interesan fundamentalmente al alumnado del sistema educativo.
También he visto la información que tiene sobre la formación profesional on line o sobre el procedimiento de acreditación de competencias que interesa a muchos miles de trabajadores de este país. Que todo esté resumido en un portal facilitará la orientación a la ciudadanía y a los profesionales de la formación. Por eso, me gustaría escuchar la valoración que usted hace de la puesta en marcha de este portal.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Vázquez.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, hacemos de 2011 el Año de la Formación Profesional. Es necesario impulsar un gran acuerdo de FP que consolide reformas de importancia, también para la empleabilidad muy singularmente de nuestros jóvenes. En el marco del sistema integrado de orientación profesional y dentro del objetivo de convertir la formación profesional en un instrumento clave para avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico, una de las líneas de actuación ha sido la puesta en marcha de este portal de información y orientación profesional Todo FP, presentado el 20 de diciembre. Nuestra formación profesional ha de responder a las necesidades de la sociedad, la economía, el mercado laboral, como propone el Plan de acción 2010-2011, y la orientación profesional es un elemento clave en todas las políticas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. En el primer mes el portal tuvo 580.604 visitas. Se veía que era una necesidad, una demanda de los ciudadanos, lo cual obedece también a su contenido porque el portal ofrece de forma abierta la colaboración con las administraciones educativas, una información ordenada, en un lenguaje asequible, la posibilidad de acceder al abanico de opciones de formación, las medidas de flexibilización en el acceso a la formación, las pasarelas y el reconocimiento y convalidación entre estudios, algo determinante -como usted ha señalado- en la Ley de Economía Sostenible. Además, incluye la plataforma de información y orientación para el procedimiento de acreditación de las competencias adquiridas en la experiencia laboral y de la formación complementaria necesaria para obtener un

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título de FP, que refuerza nuestro compromiso con las políticas sociales de manera destacada en el ámbito de la dependencia y de la educación infantil.


Vamos a finalizar la nueva oferta formativa con 625 cualificaciones profesionales, 140 títulos de FP de grado medio y superior, y en el primer trimestre de 2011 haremos la primera convocatoria de proyectos aplicados en FP. También elaboramos un mapa de FP en España, en colaboración con las comunidades autónomas, sobre las necesidades de los próximos cinco años. Este portal, además, abre la posibilidad de completar y ampliar la formación a través de la formación Plataforma on line, que permite detectar posibles lagunas en la formación del usuario.


Les convoco a trabajar juntos en esta línea del nuevo modelo de FP que nuestros jóvenes demandan. Que 2011 sea el año de la FP. Insisto, impulsamos un gran acuerdo de formación profesional.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MONTSERRAT SURROCA I COMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL PROCESO DE DESLINDE INICIADO EN LA COSTA GERUNDENSE? (Número de expediente 180/001289.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. En primer lugar la que formula la diputada señora Surroca i Comas. (Rumores.) Silencio, por favor.


La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, ¿cómo valora el proceso de deslinde llevado a cabo por el ministerio en la costa de Girona, especialmente en Ampuria Brava, Rosas y Blanes?

Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Surroca.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Gracias, señora presidenta.


Señoría, conoce bien que el proceso de deslinde de la costa de Girona está realizado en un 81 por ciento y el resto de expedientes está en tramitación en estos momentos.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


Señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Gracias.


Señora ministra, como también muy bien sabe usted este lunes se publicó en el BOE precisamente el deslinde de Ampuria Brava. No solamente en lo relativo a este caso sino también en los demás que he mencionado están en vilo muchísimas personas propietarias de parcelas y amarres, así como muchos trabajadores y muchos empresarios cuyos negocios dependen directa e indirectamente de estas zonas; como le digo, hay una destacable actividad económica en estos territorios. Pero no solamente esto, el propio informe de la Abogacía del Estado reconoce la singularidad de Ampuria Brava, que también es extrapolable a los demás casos. Nosotros creemos que esta singularidad le otorga una especial relevancia y quizá la actual redacción de la Ley de Costas no se ajusta adecuadamente a las necesidades o a las sensibilidades del territorio. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.


La señora SURROCA I COMAS: Lo que pretende poner encima de la mesa Convergència i Unió es un debate no tanto referente a las servidumbres previstas en la propia Ley de Costas, no estamos discutiendo si la servidumbre de tránsito de 6 metros que afectará a estas propiedades se ajusta o no a la Ley de Costas; nosotros creemos que el debate es otro.
El debate es si el régimen de servidumbres previsto en la Ley de Costas tiene encaje en estas zonas, en estos territorios con singularidades muy características. Estamos hablando de unas zonas en las cuales ya hay una zona urbanística muy consolidada previa a la Ley de Costas y que probablemente precisan unos instrumentos legales mucho más flexibles que los que se recogen en la ya citada Ley de Costas. Nosotros queremos que se abra ese debate para unos supuestos muy concretos. No estamos hablando...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Surroca, ha acabado su tiempo.


La señora SURROCA I COMAS: Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Gracias, señora presidenta. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señora ministra.


Señorías, llevo mucho rato pidiéndoles que guarden silencio; no atienden al requerimiento de silencio y los

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que quieren seguir el control tienen serias dificultades para escuchar tanto las preguntas como las respuestas. Les ruego una vez más silencio.
(Pausa.)

Señora ministra, cuando quiera.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Señoría, he de reconocerle que la estructura de la costa de Girona tiene dificultades añadidas con respecto a otras zonas del litoral y por ello precisamente no le quepa la menor duda que vamos a llevar con toda cautela las actuaciones que se tienen que adoptar y llevar a efecto.
Además, las vamos a hacer a través del diálogo con las instituciones y con los ciudadanos interesados, diálogo en el caso de la urbanización de Santa Margarita de Roses, donde estamos trabajando junto con la alcaldesa para buscar el acople de un deslinde que, como sabe, procede de los años sesenta; diálogo con la Generalitat en el caso de La Marina de Santa Margarita, para buscar una respuesta de consenso ante el requerimiento previo y los recursos planteados, y diálogo también sobre La Marina de Ampuria Brava, en la que, previo informe de la Abogacía del Estado, fue aprobado en diciembre pasado el deslinde al que ha hecho referencia, un deslinde que se limita a incluir la lámina de agua que de hecho ya estaba incluida desde que se otorgó la concesión en 1980.


Les quiero manifestar una cuestión y es que en ningún caso va a suponer el derribo de una sola edificación. Quede esto claro. Por lo tanto, le puedo asegurar que en todos los expedientes nos guía el respeto a los derechos individuales y colectivos, buscando la mejor solución posible dentro del marco legal establecido. En este sentido, les propongo a su señoría y a su grupo parlamentario -lo hemos hecho ya con la Generalitat y con los ayuntamientos- diálogo para que desde el consenso y la lealtad busquemos la respuesta y la solución adecuada a un tema que es importante, que afecta a la ciudadanía y que al Gobierno de España le importa mucho dar una respuesta en positivo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO: ¿GARANTIZA EL GOBIERNO LAS AYUDAS A LAS DESALADORAS CANARIAS PARA EQUILIBRAR EL PRECIO DEL AGUA ENTRE CANARIAS Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS? (Número de expediente 180/001304.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Perestelo Rodríguez.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, mi primera pregunta del año 2011 no va a estar relacionada con el sector platanero, aunque espero compartir con usted alguna preocupación que en este momento tiene este sector en Canarias.
Señora ministra, como usted sabe, la desalación de agua es una materia estratégica en el desarrollo económico del archipiélago canario. La tarifa del agua en Canarias es 0,40 euros por metro cúbico superior a la media de España, la tarifa media del agua en Canarias es una de las más altas de España. Por ello la ayuda estatal tiene una importancia capital para la equiparación de las tarifas del agua en las islas a las de la península. Sin embargo, esta ayuda del Estado ha ido menguando paulatinamente en los últimos años hasta llegar a los Presupuestos Generales del Estado de 2011 que establecen una reducción del 30 por ciento respecto a los presupuestos anteriores en la ayuda del Estado para la desalación de agua en Canarias. Si comparamos esas cifras con las de hace dos años, vemos que en 2008 la subvención era de casi 17 millones de euros, mientras que la cantidad prevista para 2011 ha bajado a 9,7 millones; la diferencia es apreciable. Las empresas de suministro de aguas desaladas de mar están padeciendo importantes dificultades. Tenga en cuenta que en islas como Lanzarote y Fuerteventura el 95 por ciento del agua que consumen las personas, la agricultura, el turismo y el comercio son aguas desaladas. ¿Qué consecuencias trae esto, señora ministra? Las empresas de gestión urbana del agua en Canarias han anunciado que el primero que lo va a padecer será el usuario, el ciudadano, porque va a aumentar a corto plazo el precio final, y además la reducción de la ayuda también va a afectar al medio ambiente de las islas y a su economía. Concretamente tendrá una incidencia negativa en el sector turístico precisamente ahora que se encuentra iniciando un proceso de recuperación. También habrá una mayor demanda de agua superficial y subterránea y una explotación mayor de los acuíferos. Por eso le preguntamos si garantiza su Gobierno las ayudas a las desaladoras canarias para equilibrar el precio del agua entre Canarias y otras comunidades autónomas del Estado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, le he de manifestar que el Gobierno de España va a continuar con las ayudas a las plantas potabilizadoras para la desalinización de agua en Canarias. En este sentido sabe bien que el Gobierno de España viene concediendo importantes ayudas a las empresas desaladoras en Canarias. El pasado ejercicio hemos concedido subvenciones a todas las plantas potabilizadoras que lo solicitaron, es

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decir, que a diecisiete plantas que lo solicitaron les dimos una subvención total de 13,9 millones de euros, y para 2011 hay prevista, como ha referenciado su señoría, una dotación de 9,8 millones de euros.
Como puede comprobarse, el compromiso del Gobierno de España se mantiene firme con Canarias. En este sentido estaremos atentos a todas las solicitudes que tengamos en este ejercicio para resolverlas positivamente.


Por otro lado, sabe bien también que, además de la subvención a las desaladoras, tenemos otras inversiones comprometidas que se están realizando. El convenio que realizó el ministerio con la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Canarias, que comporta una inversión de 306 millones de euros, a día de la fecha entre lo ejecutado y lo comprometido tenemos ya 200 millones de euros, y en este sentido el Gobierno va a seguir colaborando con el Gobierno autónomo de Canarias para responder a las necesidades del pueblo canario. Lo merece y es necesario, y seguiremos impulsando políticas para el desarrollo sostenible social y económico de Canarias y, por lo tanto, para seguir generando oportunidades y crear empleo en la comunidad. Ese es nuestro compromiso. Lo vamos a continuar cumpliendo y haremos realidad las subvenciones que se nos soliciten para las desaladoras en Canarias.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.


Señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.


Intervengo brevemente, señora ministra, para agradecer su respuesta y para manifestar en sede parlamentaria nuestra confianza en el cumplimiento de esos compromisos y sobre todo el de hacer llegar a todas esas desaladoras la ayuda que están esperando para que, en definitiva, el agua llegue mucho más barata a nuestros usuarios.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Perestelo.


Señora ministra. (Pausa.)

- DEL DIPUTADO DON JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿QUÉ FONDOS SE ESTÁN INCORPORANDO AL CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE SALAMANCA POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA? (Número de expediente 180/001321.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la pregunta dirigida a la señora ministra de Cultura, que formula el diputado señor Caldera Sánchez-Capitán.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITAN: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra de Cultura, bienvenida. Me intereso por el Centro Documental de la Memoria de Salamanca, antes conocido como Archivo de la Guerra Civil, que ha sufrido diversos avatares y que hoy se ha convertido en un centro de referencia para ciudadanos, investigadores y expertos acerca de la triste memoria de la guerra civil, con el ánimo de conocer y saber lo que ocurrió para que hechos tan dramáticos y lamentables no vuelvan a repetirse. Pero recordará usted, señoría, las apocalípticas declaraciones que desde las filas conservadoras acompañaron a un derecho legítimo, la restitución de documentos, incluso privados, incautados por las tropas franquistas a ciudadanos e instituciones de Cataluña. La salida de aquellos documentos fue mínima en comparación con la gran cantidad de nueva documentación que está llegando a ese centro, que hoy tiene exposiciones, que hoy favorece el acceso de investigadores al mismo, de los ciudadanos, y que se está convirtiendo en un centro referencial no solo a nivel nacional sino a nivel internacional.


Señoría, las sociedades disponen de diversos capitales: el capital físico, el capital humano, el capital tecnológico, el capital financiero, el capital social; pero hay un capital también vital como es el de la convivencia. Al preguntarla hoy a usted sobre los documentos que están llegando a ese centro, quiero recordar aquellas apocalípticas reacciones que indicaban que cumplir derechos de ciudadanía podía representar rupturas de no sé qué principios, buscando sin ninguna duda crear conflictos y enfrentamientos. Yo espero que cuando echen la vista atrás se avergüencen de su comportamiento, porque hoy este centro documental es un extraordinario exponente de nuestra convivencia y es un centro que avanza notablemente en la consecución y garantía de los derechos de los ciudadanos. Por cierto, ha tenido que abrir una nueva sede que el Gobierno ya ha licitado y que espero sea lo más diligente posible para su construcción. Por eso, además de pedirle también que inste a que ese centro tenga la categoría de sitio de conciencia acreditado, le solicito que me indique qué nuevos documentos han llegado al mismo. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Caldera.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (González-Sinde Reig): Muchas gracias, presidenta.


Señoría, el Ministerio de Cultura ha puesto en marcha un amplio programa de recuperación, de estudio y de conocimiento científico de documentos del periodo comprendido entre 1936 y 1978 para el estudio de la guerra civil, la dictadura franquista, la resistencia guerrillera,

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el exilio, el internamiento de españoles en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y la transición. El primer paso es recopilar todos los documentos existentes en otros archivos, bibliotecas y museos, comenzando por los fondos de ese anteriormente denominado Archivo de la Guerra Civil Española de Salamanca.


Hemos integrado los fondos provenientes de órganos represivos del franquismo, como las 4.500 cajas del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas y del Tribunal de Orden Público, y los documentos de organismos diversos, como las 4.020 cajas de la denominada causa general y los tribunales de la República o las 141 cajas con documentación de campos de concentración y trabajo procedentes del Tribunal de Cuentas. El archivo general de la Administración tiene pendiente remitir unas 37.000 fichas de seguimiento de condenados a la pena capital en causas abiertas por tribunales represivos del franquismo entre 1938 y 1943 recibidas del Ministerio de Justicia. El traslado se realizará bien al centro que conocemos o a ese futuro de la Plaza de los Bandos del que hablaba. Se han incorporado también aproximadamente 30.000 negativos y positivos fotográficos de los archivos de distintos fotógrafos del periodo adquiridos por el Ministerio de Cultura. A todo ello se unen cuantiosas donaciones de particulares, los fondos de procedencia internacional, principalmente de exiliados en Francia, Rusia o México, y los 300.000 documentos digitales de la Cruz Roja Internacional.


Todo este material tiene un valor esencial para el estudio y el conocimiento de nuestra historia reciente y de la represión política ejercida en España durante más de tres décadas, utilizando los propios testimonios documentales de los encausados, del mismo modo que centros de esta naturaleza existen en los países europeos de nuestro entorno. Me gustaría terminar recordando que, por voluntad decidida del ministerio, este centro documental de la memoria histórica como otros archivos está siendo digitalizado para que investigadores y todos los ciudadanos puedan conocer su contenido y acceder a él a través de Internet... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias. Se ha acabado su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS JOSÉ AYALA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE FOMENTO QUE LA "CORTESÍA" ES CRITERIO DETERMINANTE EN LAS ADJUDICACIONES DE CONTRATOS QUE HACE SU DEPARTAMENTO? (Número de expediente 180/001315.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida al señor ministro de Fomento que formula el diputado señor Ayala Sánchez.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, se lo voy a hacer fácil. Póngase en mi lugar. ¿Qué le gustaría a usted que le contestaran ante la relación acreditada del gerente del PSOE, señor Cornide, de su total confianza, y el presidente de una empresa gallega ante el incremento de adjudicaciones en el último año y medio y cuya respuesta es: por un lado, que este país funciona así; por el otro, estaré atento y la empujaré con ayuda asturiana, que suena mejor; y por parte del ministerio, la respuesta es simple cortesía? Pues eso, contésteme usted lo que le satisfaría que se le contestara ante este escándalo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ayala.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, el único criterio determinante a la hora de adjudicar la obra pública en el Ministerio de Fomento es precisamente la oferta técnica y la oferta económica, de acuerdo a la Ley de contratos del Estado con publicidad y transparencia.
Eso es lo que dice la fiscalía precisamente cuando concluye que se adjudica al mejor postor. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor ministro, esa respuesta a usted no le satisfaría porque ha dado una respuesta de libro y no entrando en lo que yo le he preguntado. ¿Cómo le va a satisfacer esa respuesta si la evolución de adjudicaciones de esta empresa con la que ahora su gerente tiene una relación constante y en los últimos quince años es la siguiente? Desde 1996 a 2003, el 8 por ciento del total. De 2004 a abril de 2009, el 38 por ciento del total. De abril de 2009 a diciembre de 2010, el 54 por ciento del total; en solo año y medio, más de la mitad de los últimos quince años, y sin tener en cuenta el recorte de Fomento de los más de 3.000 millones, como usted sabe muy bien.


Señor Blanco, no me manipule los datos cuando no pueda contestarme. Esos son los datos. Esta empresa tiene una evolución milagrosa, incomprensible si no fuera porque los empujones de Cornide lo explican todo, empujones que llegan también a comunidades autónomas en la que está la mano larga, omnipresente y todopoderosa del gerente. Además de Asturias, tenemos Extremadura, en la que -¡oh casualidad!- Extraco en 2010 consigue adjudicaciones por 4 millones de euros en UTE con otra empresa, Arcoex, que ha visto cómo se multiplican por diez sus adjudicaciones desde que un ex director general y el expresidente de la Asamblea y del

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PSOE extremeños se incorporaban a su consejo de administración...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ayala. Ha acabado su tiempo.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, de acuerdo con la Ley de contratos del Estado, no sirve que usted diga que en una época tiene más contratos que en otra. Tendrá más contratos si gana concursos de acuerdo a la oferta técnica y a la oferta económica. Señorías, lo contrario sería una perversión y una vulneración de la Ley de contratos del Estado. Por lo tanto, no le puedo admitir comparaciones cuando se trata de ser escrupulosos. Ha habido una investigación de la fiscalía, por cierto, de forma rápida, contrariamente a lo que ha dicho el señor González Pons, que pidió que actuara la fiscalía y, cuando supo que había actuado, ya cuestiona lo que ha dicho la fiscalía.


Le diré algo más. Si usted compara periodos de tiempo para ser objetivo y sensato, en los últimos veinte meses del Gobierno del Partido Popular en España se le adjudicó desde el Ministerio de Fomento 34 millones de euros a esta empresa. En los veinte meses que yo llevo al frente del Ministerio de Fomento se le adjudicaron 28 millones de euros a esta empresa. Si usted lo contabiliza como UTE, se lo diré de otra forma. Durante los últimos veinte meses de Gobierno del Partido Popular se le adjudicaron 86 millones de euros a esta empresa; en mi mandato de veinte meses, 49 millones de euros; 86 frente a 49. Dígame, señoría, después de su visión retorcida, dónde está el trato de favor. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SANDRA MONEO DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD: ¿PUEDE ACLARAR EN QUÉ VA A CONSISTIR EL "FIRME COMPROMISO" DE LA MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO? (Número de expediente 180/001317.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad. En primer lugar, la que formula la diputada señora Moneo Díez.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, el año 2010 se ha cerrado con una de las peores cifras en relación con la violencia de género. Setenta y una mujeres muertas constituyen un fracaso en toda regla. Usted ha manifestado su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género. Por eso me gustaría que aclarase en esta Cámara en qué consiste ese firme compromiso.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Moneo.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias, señora presidenta.


Señora Moneo, un firme compromiso de un Gobierno es comprometerse a hacer una ley integral y ser la primera ley que envía un Gobierno a la Cámara.
Firme compromiso es todo el desarrollo legislativo posterior. Firme compromiso son los 1.900 efectivos policiales específicos, los más de 106 juzgados específicos para violencia, el teléfono de atención a las víctimas o los 3.000 dispositivos para seguimiento de las medidas de alejamiento. Y firme compromiso de esta ministra y del Gobierno son las medidas que acabamos de adoptar hace algunas semanas, valientes algunas, para la protección de menores, para la mejora de las pensiones, para la mejora de los protocolos sanitarios; o firme compromiso es la reunión con todas las instituciones para seguir mejorando y actuando en esa línea.
Pero le diré más, ¿sabe lo que es para mí firme compromiso? La cooperación institucional, y sobre todo y ante todo dejar fuera de la contienda política y electoral la violencia de género. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


Señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, qué fácil es para usted hacer bonitas declaraciones, apelar al consenso y conformarse -solo conformarse- con haber aprobado la ley integral. Pero esto no sirve para proteger a las mujeres, señora ministra, ni siquiera sirve para darles la seguridad de que el Estado está en condiciones de garantizarles una mayor protección. Usted sabe que las mujeres cada vez denuncian menos y mueren más, un 31 por ciento más.
El año 2010, junto con los años 2006 y 2007 -por cierto, años de vigencia de la ley integral- han sido los peores en la lucha contra la violencia de género. Por lo tanto, no podemos ser optimistas. Seis años después de aprobada la ley no hay ninguna tendencia positiva dirigida a pensar que se puede disminuir esta terrible lacra social. Y por eso la sociedad española merece saber qué piensan hacer ustedes para proteger a las mujeres, porque trece de las mujeres que murieron el pasado año tenían una orden de protección, y algo ha fallado; porque las mujeres, como

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le decía antes, cada vez denuncian menos y tiene que dárseles mayor seguridad para denunciar. Menos del 30 por ciento habían denunciado a sus agresores. Hay que proteger a los menores, señora ministra. La cifra de menores muertos se ha ido incrementando año tras año hasta dispararse el año pasado. En el año 2000 falleció un menor y en el año 2010 han sido veinte los menores que han fallecido, mientras ustedes niegan sistemáticamente que estos puedan ser objeto de la ley. Lo único que sabemos a día de hoy, señora ministra, es que ustedes se han dedicado a dar bandazos a un lado y a otro sin saber cómo justificar su fracaso, desviando la atención y la responsabilidad hacia los medios de comunicación o hacia los jueces, a los que recriminaron que no utilizasen los brazaletes antimaltrato. Pero no hay ni una sola crítica a su gestión, a los juzgados colapsados, a la falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras ustedes despilfarran el dinero en ese llamado teléfono para hombres en el que han gastado más de 800.000 euros.


Señora ministra, usted sabe que la lucha contra la violencia de género está fracasando y esto puede deberse a dos motivos: o la ley no funciona y habrá que cambiarla, o los que tendrán que ser cambiados serán ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Moneo.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Es una pena, señora Moneo, que en un tema tan serio como la violencia de género también haya sed de poder. Yo lo lamento porque usted me ha preguntado qué va a hacer el Gobierno. Yo le he contestado todo lo que hemos hecho y todo lo que vamos a seguir haciendo. ¿Sabe lo que vamos a seguir haciendo? Reunirnos con todas las instituciones para ver qué más podemos hacer y qué medidas podemos implementar. ¿Quiere usted proteger a los menores? Apoye las medidas valientes del Gobierno en la reforma del Código Civil. ¿Quiere usted realmente apoyar a las víctimas? Trabaje, como hacen todos los grupos parlamentarios, en consenso con todas las autoridades y con todas las instituciones para seguir avanzando. ¿Por qué no habla, señora Moneo, nunca de las más de 95.000 mujeres que protegemos gracias al sistema que hemos creado entre todos y todas? Porque eso ayuda a que las mujeres denuncien. ¿Por qué no habla nunca de todo lo que hemos desarrollado con las organizaciones de mujeres que da seguridad para que las mujeres puedan denunciar y las podamos proteger? Usted nunca habla de esa realidad porque prefiere hacer interés partidario de este tema. Ahí no me va a encontrar, me encontrará siempre utilizando todos los recursos de este Gobierno en favor de las mujeres y, sobre todo, respetando a las mujeres víctimas de violencia; y respetarlas, señoría, no es arrojarnos la violencia de género los unos contra los otros, sino cooperar para que acabemos con esa lacra de nuestra sociedad. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD: ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ANTEPROYECTO DE LEY INTEGRAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN? (Número de expediente 180/001322.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada señora Montón Giménez.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, en el programa electoral de 2008 el Partido Socialista proponía una ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Posteriormente, el presidente del Gobierno también la comprometió en el debate de investidura y fue incluida en el Plan de derechos humanos para finalmente aprobarse el anteproyecto de ley el pasado 7 de enero en Consejo de Ministros. Esta es una propuesta bienvenida y muy esperada en este Parlamento y también en el resto de la sociedad por los movimientos sociales, colectivos y asociaciones, que atiende a las necesidades de impulsar y complementar el marco legislativo europeo, situando a España entre los Estados de nuestro entorno que cuentan con los mecanismos necesarios para luchar contra la discriminación, y de profundizar en el valor de la igualdad más allá de su reconocimiento legal, dándose así un paso más en la apuesta de este Gobierno por la igualdad.


Señora ministra, por el trabajo realizado en el Grupo Parlamentario Socialista en pro de fomentar la igualdad, favorecer la integración y el respeto de la diversidad y por prevenir y corregir la discriminación, estamos convencidos de que la ley es necesaria. Así lo respaldan los datos, ya que, por ejemplo, según el barómetro del CIS de diciembre de 2008 un 54 por ciento de la población consideraba que la discriminación en base a origen étnico o racial es muy o bastante frecuente y, según el último Eurobarómetro de 2009 sobre la discriminación en la Unión Europea, el 31 por ciento de las personas consultadas estimaba que a la hora de encontrar trabajo ser de otra etnia supone una desventaja. Por ello y felicitando esta importante iniciativa le pregunto cuáles son los objetivos principales del anteproyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.


Gracias. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Montón.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, efectivamente esta es una ley reclamada desde hace mucho tiempo por diferentes organizaciones sociales de nuestro país. Es un compromiso electoral -uno más- del Partido Socialista que va a ver la luz, porque cumplimos con la palabra dada. Lo hacemos, además, basados en una realidad que usted ha descrito muy bien, una realidad que se refleja en todas las encuestas. Hay una mayoría de ciudadanos que creen que hay discriminaciones en nuestro país y una mayoría también que cree que los poderes públicos debemos remediar esta discriminación. Además hay otra realidad, nuestro ordenamiento jurídico y nuestra Constitución hablan de discriminación e instan a los poderes públicos a paliar esa discriminación y a promover una política de integración. Hace algunos años la Unión Europea instó a los Estados miembros a hacer leyes de estas características y prácticamente todos lo han hecho. España, en su día, con un Gobierno del Partido Popular, hizo una mala interpretación y una mala conversión de esa directiva europea que nos lleva a hoy.


Esta es una ley compleja, señoría, pero lo que pretende es tener en nuestro ordenamiento jurídico una ley clara para que en nuestro país nadie pueda humillar impunemente ni sentirse humillado. Es todo un código activo de igualdad que lo que persigue es, precisamente, acabar con situaciones de discriminación como algunos ejemplos concretos que conocemos y que se han producido en nuestra sociedad. Es una ley ambiciosa de derechos sociales que no garantiza nuevos, pero sí garantiza los que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico.


En el último Consejo de Ministros este Gobierno adoptó medidas ambiciosas en lo económico, porque sabe bien que tenemos un firme compromiso y una ambición en las reformas económicas, como también las seguimos teniendo en las reformas sociales y en las de los derechos civiles. Bien es verdad que algunos grupos parlamentarios, uno en concreto, mientras los demás lo aplaudían, ha frivolizado sobre esta ley sin ni siquiera leerse el texto.
Espero y confío en que esa actitud cambie porque esta es una ley de mayorías. Cualquier ciudadano o ciudadana de este país puede en algún momento de su vida ser discriminado y esta ley nos mejora como sociedad.
No es casual que haya ya muchos países que también la estén mirando.
Señorías, mientras algunos frivolizan, nosotros vamos a seguir con nuestros compromisos, cumpliendo la palabra dada y haciendo de este país un país más democrático.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON RAMÓN AGUIRRE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA DIFICULTAD CON LA QUE EL CRÉDITO LLEGA A LAS FAMILIAS Y EMPRESAS ESPAÑOLAS ES UN OBSTÁCULO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA? (Número de expediente 180/001313.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno que formula el diputado señor Aguirre Rodríguez.


El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta, me imagino cuál va a ser su contestación. Me va a decir que sí y que ya estamos en recuperación. (Rumores.) Pero déjeme anticiparle dos cuestiones. Su anuncio del lunes en rueda de prensa viene a confirmar que los dos planes anteriores de reforma del sector financiero han fracasado. Lo que ayer ocurrió en el hundimiento de la cotización de los valores bursátiles de los bancos españoles y la nueva tensión en el mercado de deuda soberana es también un anticipo de que no ha caído muy bien el anuncio que usted ha hecho de la tercera reforma.
Por lo tanto, tengo que decirle que lleva usted tres ocasiones perdidas y nosotros confiamos en que en esta tercera vaya la vencida. Le queremos ayudar, pero ¿usted cree de verdad que con lo que acaba de anunciar va a fluir el crédito a las familias y a las empresas?

Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Aguirre.


Señora vicepresidenta del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, señor Aguirre, quisiera decirle que afortunadamente en las reformas que se han hecho hasta ahora en el sector financiero hemos contado con el apoyo de su grupo parlamentario, que ha participado muy activamente en la redacción de los proyectos de norma y que también ha contribuido a su aprobación. Espero que en esta ocasión también sea así porque vamos a trabajar conjuntamente. Pero cuando usted dice que esas reformas han fracasado, señoría, le pediría que se pensara dos veces esas palabras. En primer lugar, porque hemos concentrado las cajas de ahorro desde cuarenta y cinco hasta diecisiete, y eso en sí mismo, ese efecto de reestructuración de nuestro sector financiero, es sin duda un

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éxito, porque además se ha hecho sin tensiones y con un amplio acuerdo entre todos. Además, señoría, como usted sabe, durante todo este periodo de tiempo hemos realizado todas las actuaciones que estaban en nuestra mano para facilitar la fluidez del crédito hacia familias y empresas, que, como le digo, es nuestro objetivo. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta.


Señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Le insisto, señora vicepresidenta. Sí, ha fracasado, y le voy a decir por qué. En primer lugar, porque los fondos FROP, como usted acaba de reconocer el lunes, van a convertirse en capital. Eso quiere decir que las cajas no pueden devolver las ayudas que han recibido. En segundo lugar, porque su anuncio viene a confirmar que no solo en cajas sino también en bancos hay un agujero de déficit de capital que hay que cubrir. Por lo tanto, hay que decirle al mercado a cuánto asciende ese agujero. Creo que las cifras que se están barajando, el tamaño de las cifras es tan extravagante que no considero que los mercados de capitales vayan a poder ayudarnos. Quizá haya que utilizar otro tipo de rescate. Nosotros vamos a ayudar a redactar ese real decreto si usted nos deja contribuir, porque ideas tenemos para ser con ustedes garantía de que todo saldrá de una manera segura y jurídicamente impecable. Pero tengo la convicción de que si ahora está redactando el rescate nuevo y tercero de las cajas de ahorros, como no afine bien, va a tener usted que plantearse el rescate de los ahorradores, el rescate de los depositantes, el rescate de las pequeñas y medianas empresas y el rescate de los autónomos. Y veo que a eso no le presta muchísima atención. En cualquier caso, nos tendrá a su lado para hacer las cosas bien, no tan regular como las ha hecho hasta ahora.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Aguirre.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, a mí me resulta absolutamente criticable -debo decir que no lo esperaba- que quien ha sido presidente del ICO, y, por tanto, conoce o debiera de conocer nuestro sector financiero, haga afirmaciones como las que usted acaba de hacer, intentando introducir elementos de incertidumbre dirigidos hacia las familias, hacia los ahorradores y hacia las empresas. Señoría, por favor, un poco más de seriedad, porque las afirmaciones que usted acaba de hacer son de una extraordinaria gravedad, y así se lo digo.


Señoría, las actuaciones que estamos llevando a cabo son para reforzar la solvencia y la robustez de nuestro sector financiero, para que los ahorradores sepan que sus ahorros están seguros -el Fondo de garantía de depósitos además así lo garantiza- y para que el crédito fluya hacia las empresas. Y no es, señoría, que haya agujeros. Usted sabe muy bien que en este momento los requisitos mínimos de capital son del 4 por ciento y que si nosotros vamos a exigir un requisito mínimo de capital del 8 por ciento es precisamente para que nuestras entidades no solo sean solventes, sino que además lo sean a ojos de los mercados. No hay ningún agujero, señoría. No hay ningún agujero. Hay unas cuentas... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta. Lo siento, ha acabado su tiempo.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL FUTURO MODELO DE GESTIÓN AEROPORTUARIA QUE HA PROYECTADO EL GOBIERNO. (Número de expediente 172/000223.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Finalizado el turno de preguntas pasamos al punto VII del orden del día: Interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el futuro modelo de gestión aeroportuaria que ha proyectado el Gobierno.
Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Ridao i Martín.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, es sabido que los aeropuertos hoy en día sin ningún tipo de dudas son algo más que una infraestructura de transporte, son un auténtico factor y un elemento de desarrollo económico de primer orden, de dinamización también de un territorio cuyo impacto incluso se llega a estimar entre el 2 y el 3 por ciento del PIB y con la creación de 3.000 puestos de trabajo directos por cada millón de pasajeros, lo cual en el caso de Cataluña vendría a suponer 120.000 puestos de trabajo y un impacto económico equivalente a 4.000 millones de euros al año. De ahí que modernamente los territorios e incluso diría las ciudades muestren un interés crecien- te en tener un papel relevante en la gestión de dichas infraestructuras como una herramienta indispensable de cara al futuro para diseñar estas infraestructuras importantes. Son en definitiva infraestructuras que no pueden verse de forma aislada al conjunto de la actividad económica.


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El modelo de gestión aeroportuario español históricamente -vengo a referirme al que se forjó en el año 1990 con la creación de AENA, una creación que supuso darle una pátina y una cierta imagen de racionalidad y de profesionalidad a un modelo anterior que venía de la etapa franquista y por tanto que era claramente continuista- se basaba en la creación de un ente como AENA que ejercía la función tanto de gestor aeroportuario como de proveedor de servicios y también para el ejercicio de algunas funciones de regulador. Este es y ha sido un modelo singularísimo que es sabido que no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo, es decir, es un modelo de gestión fuertemente centralizada, cuando lo que hoy funciona en el mundo son fórmulas diversas, normalmente aeropuertos que actúan y operan como auténticas empresas que compiten entre sí y que además están gestionadas con una fuerte participación de los distintos entes territoriales con distintas fórmulas, con capital público, con capital privado y con la participación incluso de instituciones económicas pero con un papel determinante de los entes territoriales.


Además de que los aeropuertos compiten entre sí, no forman red entre ellos. Lo digo porque de forma recurrente el ministro habla de la necesidad de mantener esa estructura en red de los aeropuertos del Estado cuando hoy en día modernamente los aeropuertos funcionan en red, sí, pero en red con otras infraestructuras de su territorio, con los trenes, con las carreteras, con el metro, con los servicios de transporte público, etcétera. Esta estructura en red que solo existe en España se basa en una concepción de los aeropuertos o de la gestión aeroportuaria como un servicio de carácter universal cuando curiosamente hay otros servicios públicos como la sanidad o la educación que también son de carácter universal pero que no funcionan en red -imagínese en el ámbito educativo, donde lo que se preconiza hoy en día es la gestión autónoma de los centros, que los colegios funcionaran en red-, además de que tampoco en puridad hoy en día puede hablarse de aeropuertos de interés general. Esa es una ficción. Quizás en Luxemburgo o, qué sé yo, en Finlandia, donde el aeropuerto de Helsinki concentra el noventa y pico por ciento del tráfico, podría hablarse de un interés general, pero en el Estado español, donde el aeropuerto que tiene mayor volumen de tráfico, que es Barajas, concentra un 16 por ciento del tráfico, no puede hablarse, insisto, de un auténtico interés general. En todo caso podría hablarse de un interés estratégico en cada uno de los aeropuertos y nosotros tenemos muy claro que el interés estratégico de un aeropuerto como el de El Prat de Barcelona es el de servir básicamente como un auténtico alimentador al hub que es Barajas y en definitiva ese es uno de los problemas que arrastra la gestión, el futuro y la competitividad del aeropuerto de El Prat de Barcelona.


¿Por qué entonces este modelo? En primer lugar porque AENA surge históricamente como una herramienta diría incluso ideológica para ordenar el poder político a nivel territorial. Es un instrumento de primer nivel para articular el Estado español y sobre todo, insisto, para potenciar un único aeropuerto como es Madrid-Barajas y para conectar Madrid como auténtica capital, como auténtica megalópolis peninsular. En segundo lugar porque este sistema totalmente centralizado, señor ministro, va asociado a una gran opacidad y a una falta de transparencia en cuanto a su situación financiera. De este modelo, señorías, señor ministro, se acostumbra a destacar y a poner en valor algunas ventajas que tiene la gestión conjunta o mancomunada, cosa que nosotros no vamos a negar, pero al mismo tiempo se omiten algunas desventajas, algunos inconvenientes, algunos costes de oportunidad que comportan la pérdida consiguiente de flexibilidad y de competitividad en el mercado. Además diría que se obvia el hecho de que el esquema económico basado en esa solidaridad entre los aeropuertos, en ese sistema de subsidios cruzados entre los distintos aeropuertos, es un sistema que hoy en día, como todo el mundo sabe, se está agotando, y no solo eso, sino que amenaza ruina y es claramente deficitario. Los números rojos que presenta en este momento la gestión conjunta de los aeropuertos del Estado son el reconocimiento más evidente y más palmario de que esta gestión integrada en red y solidaria no funciona.


No funciona porque se basa en la idea de que el conjunto del sistema aeroportuario debe tener aparentemente una autonomía financiera que no debe ir a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, sino que debe financiarse de forma autosuficiente y por tanto a través de los excedentes de explotación que generen algunos aeropuertos que periódicamente tienen superávit, situación que no es la actual porque como consecuencia de las importantes inversiones que se han hecho en algunos aeropuertos en materia de infraestructuras, en El Prat y antes en Barajas, los números arrojan unas cifras negativas. Los últimos datos que conocemos oficialmente, por ejemplo los del año 2009, arrojan unas pérdidas antes de impuestos de casi 433 millones de euros como consecuencia de las inversiones en Barajas -300 millones- y en Barcelona -42 millones-, insisto, debido a la amortización de las importantes inversiones que han sido realizadas. Además se prevé que el déficit del conjunto del sistema se vaya incluso incrementando en el futuro con la entrada en servicio de nuevas terminales en Málaga, León, Alicante, Santiago y Gran Canaria. En relación con esta gestión económica y financiera también hay que tener en cuenta el hecho de que la configuración del modelo como está jurídicamente concebido actualmente comporta un inconveniente añadido, que es esa rigidez de un sistema de tasas que se aprueban juntamente con los presupuestos del Estado y que nos parece que es hoy en día algo inapropiado, que es contradictorio con la dinámica de una política comercial flexible como la que hoy día impera.


Señor ministro, la discusión sobre el nuevo modelo de gestión aeroportuario que de forma recurrente hemos venido teniendo se ha saldado de momento -no se sabe si para largos años- con lo que prevé el Real Decreto-ley

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de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo aprobado de forma urgente el pasado mes de diciembre. Como es conocido, este decreto-ley acomete básicamente dos cuestiones fundamentales en relación con el modelo. La primera es la separación de las funciones de navegación aérea de las que son propiamente de gestión aeroportuaria que hasta hoy viene desarrollando de forma conjunta AENA, lo cual no solo responde a una demanda largamente reclamada por los sectores económicos, sino que además es una consecuencia lógica de lo que en el futuro será un espacio único a nivel europeo, que implicará la integración europea de los servicios de navegación aérea. Cabe decir que en la propuesta que el Gobierno ha presentado, esta separación no es del todo real ni efectiva, por un lado porque la navegación aérea seguirá siendo gestionada por AENA y por otro porque la gestión aeroportuaria a través de una sociedad estatal, cuyo capital social mayoritario estará en manos de AENA, también configura un modelo en el cual AENA continuará cortando el bacalao.


En segundo lugar, el real decreto-ley define un nuevo modelo de gestión a partir de la privatización parcial del mismo hasta un 49 por ciento. En este punto debo recordar que hace un año o algo menos, el 12 de enero de 2010, el ministro apuntó como máximo un 30 por ciento del capital social.
Ahora estamos hablando del 49 por ciento. Esta entrada de capital financiero privado, de capital no experto, no gestor, obedece lógicamente a la necesidad imperiosa del Gobierno de reducir el déficit público y particularmente el que genera nuestro sistema aeroportuario, por presiones y por exigencias de Bruselas y de los mercados. Por tanto esta privatización, aunque sea parcial, tiene su origen más en la necesidad de hacer caja que en la necesidad de disponer de un modelo competitivo y descentralizado. En nuestra modesta opinión, señor ministro, este es un cambio para que nada cambie y usted lo sabe. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Haciendo la disección de estas dos cuestiones que acabo de plantear y que seguramente luego en el turno de réplica podré precisar, en primer lugar la privatización se llevará a cabo mediante la creación de una sociedad mercantil estatal denominada AENA Aeropuertos, S.A., cuyo capital social inicial pertenecerá íntegramente a la actual AENA. Este capital social va a poder ser enajenado, aunque AENA ostentará la mayoría del capital social -el 51 por ciento-, por tanto va a mantener el control efectivo de la sociedad. Como es sabido, hay pocas empresas en el Estado que van a poder participar de este capital por el volumen, quizá capital extranjero. Me gustaría que el ministro aportara un poco de luz sobre este extremo. En segundo lugar, dicha sociedad asumirá el conjunto de funciones y obligaciones que actualmente ejerce AENA en materia de gestión y explotación de los servicios aeroportuarios y por tanto nada nuevo aporta a este modelo claramente centralista de kilómetro cero, en el que las decisiones básicamente se toman en Madrid sin tener en cuenta las particularidades y las necesidades concretas de cada aeropuerto y las de su entorno. Por tanto, señor ministro, no existirá en puridad un modelo de gestión ya no autonómico sino incluso autónomo como a usted le gusta decir a veces.


El señor PRESIDENTE: Señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, acabo diciendo que además se olvida por completo de la participación de los agentes económicos, sociales y políticos en la gestión y en los órganos decisorios de la sociedad mercantil estatal y se olvida muy en particular respecto al aeropuerto de El Prat de los compromisos adquiridos repetidamente por el Gobierno en cuanto a la posición determinante de, entre otras instituciones, la Generalitat de Catalunya.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señor presidente, señorías, como sabe muy bien su señoría estamos desarrollando una profunda reforma de nuestro sector aéreo. Se trata de un conjunto de acciones coherentes dirigidas hacia la modernización, la seguridad y la eficiencia económica en el ámbito de la navegación aérea y también en el ámbito de la gestión de los aeropuertos. Es una transformación que también incluye iniciativas destinadas a fomentar la competitividad del sector y que por supuesto reforzará, agilizará y actualizará los criterios y procedimientos de la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia aeronáutica. Estamos hablando de una reforma estructural de la economía española. No es una mera separación de las funciones de navegación aérea como usted ha dicho y de la gestión de los aeropuertos. Es una transformación que busca impulsar un nuevo modelo aeroportuario en línea con los modelos vigentes en los países de nuestro entorno y con las directrices europeas, capaz de afrontar los desafíos planteados al transporte aéreo para los próximos años y que va a garantizar una gestión más eficiente económicamente mejorando a su vez la prestación de los servicios.


El nuevo modelo persigue incrementar la eficacia y la eficiencia del sistema, persigue mejorar la competitividad y atender la demanda y persigue, señorías, poner en valor la inversión realizada, 13.000 millones de euros, que no es por un déficit de gestión, sino por una inversión que nos ha permitido tener los mejores aeropuertos de nuestro entorno europeo. Por cierto, como anuncié hace muy pocas horas, AENA adelanta sus beneficios en tres años sobre las previsiones establecidas y va a asegurar el cumplimiento de las directrices europeas. El que presentamos es el modelo más adecuado para la estructura territorial de España, ya que permitirá incorporar las sinergias que se producen en los entornos geográficos

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de nuestros aeropuertos. Para poner en marcha el nuevo modelo aeroportuario era imprescindible abordar previamente la reforma estructural de nuestro sistema de navegación aérea, reforma que como sabe su señoría ya se encuentra muy avanzada. Para ello hemos modificado el marco legal con el apoyo mayoritario de este Parlamento -que por cierto yo agradezco- mediante la Ley 9/2010, de 14 de abril, y hemos publicado ya un real decreto-ley, tres reales decretos y seis órdenes ministeriales, lo que nos ha permitido por ejemplo reducir de manera notable los costes de navegación aérea. Además nos ha permitido abrir la posibilidad de que los servicios de tránsito aéreo en los aeropuertos gestionados por AENA puedan ser prestados por proveedores debidamente certificados, proveedores que AESA ya ha empezado a seleccionar, y que dará como resultado la liberalización de las primeras trece torres de control.


En cuanto a los modelos de gestión aeroportuarios, en el marco europeo sobre todo se está consolidando, señorías, un enfoque empresarial con el desarrollo de fórmulas societarias que sitúan a dichos modelos en el ámbito del derecho mercantil. En líneas generales, la gestión de los aeropuertos en los países de nuestro entorno se caracteriza por la existencia de tres elementos: una gestión mercantil a través de sociedades anónimas, la participación del sector privado y la participación de las administraciones territoriales. Señoría, estos son los elementos que centran el desarrollo del nuevo modelo de gestión de nuestros aeropuertos, que está definido en el Real Decreto-ley 13/2010 y que ha sido aprobado por esta Cámara.


En relación con el primer elemento que he mencionado, la gestión mercantil, estamos desarrollando la reforma y se prevé la constitución de una sociedad mercantil, AENA Aeropuertos. Vamos a constituir esta sociedad por acuerdo del Consejo de Ministros antes del próximo 28 de febrero. Esta nueva estructura empresarial permitirá dar entrada al capital privado, que es el segundo elemento al que he hecho referencia.
La participación de la iniciativa privada alcanzará como máximo un 49 por ciento. Además, el real decreto articula dos posibles vías para la gestión individualizada de nuestros aeropuertos: una a través de sociedades filiales de gestión, que tendrá en su ámbito las mismas competencias que la sociedad AENA Aeropuertos, S.A., y otra a través de otorgamiento de concesiones a favor del sector privado, en la que el concesionario asume la gestión del aeropuerto a su propio riesgo y a su propia ventura. Este es el caso concreto de los aeropuertos de Barajas y de El Prat.


Permítame, señoría, que llegado a este punto le dé algunos datos que ponen en valor el trabajo realizado en el aeropuerto de El Prat. Desde el año 2004 hemos invertido en ese aeropuerto 2.636 millones de euros. El resultado de esa política es que AENA presenta una oferta de capacidad y una oferta de servicios que permiten atender con elevados niveles de seguridad y calidad todas las peticiones que le son requeridas por los operadores aéreos. Esto entre otras cosas está permitiendo y está avanzando resultados. En primer lugar ha permitido una rápida recuperación de los tráficos aéreos en este aeropuerto. En el año 2010, señoría, el tráfico de pasajeros que ha incrementado el aeropuerto de El Prat es de un 6,5 por ciento con relación al año 2009, casi 4 puntos más por encima de la media de la red de nuestros aeropuertos, que ha sido del 2,7, tendencia que se ha acentuado a lo largo del segundo semestre, donde los incrementos han superado hasta en 10 puntos la media de la red. En segundo lugar está impulsando el número de rutas aéreas y en el que nuevas compañías aéreas decidan operar en El Prat. El número de rutas ha aumentado de forma notable en los últimos años. Así, entre 2004 y 2009, las conexiones nacionales aumentaron un 21 por ciento, pasando de 68 a 82, y las conexiones internacionales han aumentado un 31 por ciento, pasando de 149 a 195. De estas últimas permítame que le resalte el aumento de las conexiones intercontinentales, que desde el año 2006 hasta junio del año 2010 ha sido de un 75 por ciento, pasando de 16 a 28. Todos estos datos reflejan una cosa, señoría, el potencial que posee el aeropuerto de El Prat, un aeropuerto cuya competitividad y eficiencia se va a reforzar con el nuevo modelo que estamos impulsando, un modelo que va a flexibilizar el actual modelo en red y va a asegurar una gestión totalmente independiente en aeropuertos que sean concesionados, además de un grado de gestión autónoma en los administrados por las sociedades filiales.


Señoría, esto nos permite concluir que el modelo de gestión que estamos desarrollando impulsará la eficiencia y la competitividad de nuestro sistema aeroportuario, algo que siempre ha sido demandado por la sociedad de Cataluña y por sus instituciones, y que contará con la participación de las administraciones y agentes económicos y sociales de ámbito territorial. No buscamos tanto una gestión autonómica de uno o varios aeropuertos sino una gestión autónoma para que estas infraestructuras sean en primer lugar un instrumento que fomente el desarrollo económico de la región en la que se ubican y que además sean centros de conexiones que dinamicen el transporte y mejoren nuestra cohesión territorial. El objetivo último es garantizar la sostenibilidad y la rentabilidad de nuestro sistema de transporte aéreo, dada la importancia que como sector estratégico tiene para el crecimiento económico de nuestro país. No debemos olvidar nunca que una de las principales industrias de nuestro país, el turismo, se debe en buena parte a nuestros aeropuertos, porque tres de cada cuatro turistas precisamente hacen su entrada a través de ellos. Por consiguiente, señoría, no podemos caer tanto en visiones partidarias, localistas o corporativistas. El nuevo modelo debe beneficiar a todos y este es nuestro interés y nuestra responsabilidad, responsabilidad que también debe ser de todos.


Señoría, tengo el compromiso de llevar adelante el nuevo modelo aeroportuario, pero también tengo el compromiso de hacerlo desde el más amplio consenso

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político, entre otras, con las instituciones de Cataluña y singularmente con el Gobierno de Cataluña, con el Gobierno de la Generalitat. También tengo la firme determinación de llevarlo adelante, si es posible por ese consenso, ese consenso que se tiene que generar entre todos los actores implicados, desde luego entre las fuerzas políticas y también con las comunidades autónomas y con los agentes económicos y sociales.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Ridao, tiene la palabra.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, no me haga usted trampas. Ciertamente los datos de explotación de El Prat a los que usted se refiere, que son positivos, tienen mucho que ver con el incremento de las rutas debido sobre todo al low cost, que ha restado tráfico a otros aeropuertos catalanes como los de Girona y Reus. En segundo lugar, ciertamente ha habido una inversión importante en el aeropuerto de El Prat particularmente en relación con la nueva terminal, lo cual está bien y además va a ayudar a la dinamización de dicho aeropuerto en el futuro, pero el problema de El Prat no es un problema de espacio; es un problema que tiene mucho que ver con su gestión plenamente autónoma, aunque, insisto, debo reconocer que este Gobierno ha rectificado en lo que venía siendo un problema estructural, como era la inversión concentrada durante años en un solo aeropuerto como Barajas. Entre los años 1985 y 2005 la mitad de la inversión -el 52 por ciento- se destinaba al aeropuerto de Barajas, que solo concentraba el 22 por ciento del tráfico total. No me refiero solo a la perspectiva catalana. Baleares y Canarias tenían una inversión por debajo del 10 por ciento y el resto de aeropuertos tenían menos del 6 por ciento. Insisto, eso corrige un problema histórico y estructural en cuanto a inversiones, pero, repito, el problema de El Prat no es de espacio ni de terminal. La vieja terminal, con cinco veces menos espacio, podía gestionar un tráfico anual de 3 millones de pasajeros y estaba capacitada para operar todo tipo de vuelos intercontinentales. La prueba es que hay otros aeropuertos incluso más pequeños que el de Barcelona, como los de Manchester, Viena o Milán, con mucho más tráfico y que concentran muchos más vuelos intercontinentales. Hoy por hoy Barcelona acumula escasamente el 6 por ciento de vuelos de esta naturaleza. La pregunta es qué tienen estas otras ciudades que no tenga Barcelona y es que comparten un gran potencial económico y demográfico, son centro de una auténtica región económica potente como pueda ser Barcelona, pero lo relevante es que su gestión es plenamente autónoma y descentralizada.


Si tuviera que diseccionar rápidamente este modelo al que usted ha aludido repetidamente, le diría cuatro cosas, sobre todo en relación con la participación de los entes territoriales a los que usted también se ha referido. La primera es que el modelo permite la participación de administraciones territoriales en un futuro órgano de impulso y seguimiento de la actividad del aeropuerto; en segundo lugar, que se constituye lo que se denomina un comité de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, pero con la función de emitir informes, de asesorar en aspectos en los que por cierto quien tiene competencia es la comunidad autónoma, en cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad y conectividad con el aeropuerto o en aspectos relativos al entorno de la instalación aeroportuaria, es decir, algo que parece totalmente lógico; en tercer lugar, que se crean esas sociedades filiales distintas a la sociedad matriz de ámbito estatal para la gestión de aeropuertos como el de Barcelona o como el de Barajas, pero, señor ministro, usted sabe que esto no responde a esa voluntad y a esa vocación desde sobre todo la Generalitat de Catalunya y el conjunto de fuerzas políticas catalanas en esta Cámara de pedir una gestión individualizada y plenamente autónoma del aeropuerto de El Prat, ni tampoco por cierto a lo que previne el Estatuto de Cataluña en su artículo 140 en relación con la participación decisiva de la Generalitat en la planificación y la programación de puertos y aeropuertos llamados de interés general, y ello por la única razón de que se trata de una simple filial de gestión que no tiene una gestión verdaderamente autónoma e individualizada. No hay ninguna posibilidad, pues, señor ministro -diga usted lo que diga-, de que el aeropuerto de Barcelona pueda establecer de cara al futuro su propia política comercial de apartarse de ese modelo en red que ustedes quieren perpetuar, en el que todos los aeropuertos del Estado actúan como simples tentáculos o terminales de un gran hub y un gran aeropuerto central como es el de Madrid-Barajas.


Finalmente, tampoco se modifica el sistema de tasas, un sistema de tasas que no desaparece y un modelo que, por cierto, desde su rigidez no permite la competitividad entre los distintos aeropuertos debido, entre otras cosas, a la rigidez del procedimiento para su establecimiento y aprobación por esta Cámara. Por tanto, de cara a la moción, señor ministro, le vamos a plantear un modelo alternativo, que garantice esa plena gestión autónoma, competitiva, con una participación decisiva en el caso del aeropuerto de El Prat de las administraciones territoriales y una posición determinante también de la Generalitat de Cataluña.


Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, quiero recordarle que las grandes reclamaciones de la sociedad catalana en referencia al aeropuerto de El Prat han sido que este tenga una gestión

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individualizada y capacidad de competir. Nuestro modelo, el que hemos desarrollado legislativa y reglamentariamente hasta la fecha, lo contempla. Pero además, señoría, igual no lo sabe, el Grupo Socialista en el Senado acaba de introducir unas enmiendas a la Ley de Seguridad Aérea para reforzar precisamente esta línea, proponiendo la trasposición de la directiva europea sobre tasas aeroportuarias y un nuevo modelo de fijación de las tasas aeroportuarias para los aeropuertos públicos que refuerza la capacidad de gestión individualizada de cada aeropuerto. En concreto, señoría, proponemos la trasposición de la directiva europea sobre tasas aeroportuarias que establece la creación de una autoridad de supervisión para arbitrar en los posibles conflictos que puedan surgir entre los gestores aeroportuarios -todos los gestores, no solo los de AENA- y las compañías aéreas en cuanto a las tarifas que estas han de pagar. Además, las enmiendas contemplan la propuesta de un sistema de tarifas que permita a los gestores de aquellos aeropuertos de AENA no concesionados proponer descuentos, recargos y bonificaciones para adaptar más el aeropuerto a su mercado potencial y a sus expectativas y resultados, un sistema de establecimiento de tarifas que ya utilizan los puertos españoles y que les va a permitir actuar comercialmente con gran eficacia. También contempla la libertad de gestión para captar rutas, realizar políticas comerciales y decidir la inversión para los gestores de los aeropuertos concesionados, con la única limitación que acuerde la autoridad de supervisión en relación con su repercusión en las tarifas que el aeropuerto quiera cobrar a sus clientes, con el fin de evitar actuaciones que sean depredadoras de la competencia. Si a esto añadimos, señorías, que ya el Real Decreto-ley 13/2010 introdujo la creación de un gestor independiente de los slots, de manera que una función realizada hasta la fecha por AENA pasa a realizarla un órgano independiente que se ha de escoger por acuerdo de las compañías aéreas y los gestores aeroportuarios, verá que tenemos un modelo en el que no queda obstáculo alguno que permita decir que El Prat no está en condiciones de competir, que no está en condiciones de tener una gestión individualizada para estar al servicio de la economía del país.


Señorías, estamos por lo tanto ante una reforma estructural de gran calado. Lo único que les pido es que no sigan con el estereotipo ni con el chip que hasta ahora tenían, antes de esta reforma; las cosas han cambiado. Caminamos hacia una reforma en profundidad buscando exclusivamente la eficiencia y la competitividad de nuestros aeropuertos, eso es lo que siempre se nos ha reclamado desde Cataluña y eso es lo que estamos en condiciones de acordar y de hablar entre las fuerzas políticas con el Gobierno de Cataluña. Esa es nuestra determinación y lo queremos hacer en este año 2011, hemos puesto una fecha, el 28 de febrero estará constituida la sociedad mercantil. A partir de ahí vendrá todo lo demás, no con el objetivo de hacer caja, señoría, sino con el objetivo de buscar una mayor eficiencia, una mayor competitividad, una mayor explotación comercial de la red de los aeropuertos para que puedan ser mucho más competitivos. Lo hemos empezado con la reforma estructural que hemos hecho de navegación aérea, lo vamos a seguir haciendo. Este camino no tiene retorno; ya está dando resultados, señorías. Les ha pasado desapercibido, pero creo que merece la pena volver a resaltarlo. Hemos adelantado en tres años los beneficios posibles de AENA a partir de la gestión que estamos impulsando. Hemos reducido los costes de navegación aérea de forma notable ya en este año 2010. Solo les voy a dar un dato, señorías: en el año 2009 pagamos en horas extraordinarias por navegación aérea 360 millones de euros; en el año 2010 pagamos menos de 3 millones de euros. Esto es lo que yo llamo eficiencia, esto es lo que yo llamo reforma estructural, esto lo que yo llamo ganar posibilidades para bajar tasas para poder competir mejor, para poder avanzar en un espacio, en un terreno que nos permita ser, a través de nuestros aeropuertos, un elemento también determinante en la recuperación económica de nuestro país. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVA A LOS PLANES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA DE REGULAR LA DENOMINADA "MUERTE DIGNA" Y LA FORMA EN QUE PREVÉ COORDINAR LA NORMATIVA EXISTENTE EN ESTA MATERIA. (Número de expediente 172/000226.)

El señor PRESIDENTE: Interpelación urgente del Grupo Mixto, concretamente del señor Salvador, relativa a los planes del Gobierno de España para regular la denominada "muerte digna" y la forma en que prevé coordinar la normativa existente en esta materia. Don Carlos Salvador tiene la palabra para defender su interpelación.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, el pasado 12 de diciembre registramos esta interpelación urgente que, por motivos ajenos a nuestra voluntad, no pudimos ver el año pasado pero que nuevamente hemos vuelto a registrar en nuestro cupo y que, a nuestro juicio, si cabe, tiene hoy más actualidad y urgencia que la que tenía entonces, y ahora me explicaré. Antes de entrar en materia, déjenme que les exponga una serie de antecedentes para explicarles el porqué y el para qué presentamos esta interpelación urgente sobre los planes del Gobierno para regular la denominada muerte digna y la forma en que prevé el Gobierno coordinar la normativa existente en esta materia.


Es verdad que esta iniciativa no es nueva en esta Cámara, ni mucho menos la primera, obviamente, sobre

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esta cuestión ni será la última; si cabe, es la primera de este periodo de sesiones. La última vez que debatimos durante el año pasado sobre este tema fue gracias a una interpelación y subsiguiente moción de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que debatimos el 24 de febrero y el 9 de marzo del año pasado. En la moción se pedía, por un lado, la constitución de una comisión no permanente en el Congreso para debatir el derecho a la eutanasia y a una muerte digna, los aspectos relativos a su despenalización, el derecho a recibir cuidados paliativos y el desarrollo del tratamiento del dolor; y, por otro lado, se pedía al Gobierno presentar un proyecto para regular la eutanasia basada en la decisión libre, informada y consciente de la persona. Esa moción se rechazó por ocho votos a favor y 320 votos en contra, entre ellos los del Grupo Socialista. Yo entonces intervine para fijar nuestra postura sobre este tema; por tanto, no voy a reproducir los argumentos que allí expuse y me remito a la intervención que en su día hice sobre este asunto.


Por otro lado, como bien conoce la ministra, es verdad que ya existe en España legislación sobre cuidados paliativos y el proceso del final de la vida. En Andalucía está en vigor la Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Una ley que, por cierto, se aprobó con un amplio consenso en el Parlamento andaluz. También usted debe de saber -sabrá- que actualmente se están tramitando leyes no diré clónicas pero similares a la andaluza que yo recuerde al menos en el Parlamento de Navarra, creo que en las Cortes de Aragón y puede que también en otros. En todo caso, sí quisiera poner el acento en el amplio consenso con el que la norma andaluza se aprobó en el Parlamento andaluz, con una tramitación participativa, abierta, respetuosa, buscando conciliar y buscando puntos en común en esta cuestión, pero también es verdad -y quisiera llamar la atención de sus señorías- que en el transcurso del debate de esa ley autonómica la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, la señora Montero, realizó varias menciones sobre la eutanasia y su posible regulación o no en ese momento en la ley que estaban tramitando, en las que vino a decir básicamente que no tocaba. Su intervención, por tanto, dejó una pregunta en el aire que es saber si el hecho de no regular en ese momento y en ese foro la eutanasia suponía un auténtico rechazo expreso a este tema o simplemente lo que se pretendía era dejar constancia de que el Parlamento andaluz ni era el foro ni, en todo caso, era el momento oportuno para regular esta materia, dejando abierta una futura regulación y amparo en otro momento y en otro foro parlamentario. Por tanto, la pregunta sería si quizás es este el momento y el foro.


Por otro lado, el Gobierno al que usted pertenece presentó en el mes de noviembre, el día 19, por boca del ubicuo señor Rubalcaba, la agenda social del Gobierno para el año 2011, en la que se incluía para este mes de marzo la presentación de una nueva legislación de ámbito nacional sobre la denominada muerte digna, que entiendo debería de estar ahora mismo estudiando su ministerio porque para marzo queda escasamente un mes. Para completar el puzle de datos permítame que le cite su propio programa electoral con el que concurrieron a las elecciones de 2008, en el que en las páginas 52 y 56 se comprometían a que hubiera más cohesión, más calidad, más igualdad, mejorar la equidad territorial, incrementando dotación económica para desarrollar -dice- actuaciones en materias como la extensión de cuidados paliativos a toda la población, mejorar la atención a mayores y pacientes en situaciones de gran dependencia y pacientes con patologías crónicas, elaborar una estrategia para fomentar el envejecimiento saludable y los cuidados geriátricos que potencie su desarrollo en el Sistema Nacional de Salud, asegurando la coordinación con la atención primaria. Decían que iban a desarrollar una estrategia específica para la atención a las personas en situación de gran dependencia que garantizara la calidad en la continuidad de la atención sanitaria, la simplificación de los procedimientos, la calidad de vida en su domicilio en coordinación con las estrategias de atención desarrolladas a través del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Corríjame si me equivoco, pero no he encontrado ningún compromiso para regular un supuesto derecho a la eutanasia en su programa electoral. Es decir, no pidieron el voto a los ciudadanos para regularla.
Por tanto, estaríamos hablando del anuncio de una nueva regulación si recogiera este supuesto derecho que no estaría legitimada por la confianza mayoritaria que ustedes obtuvieron legítimamente de los ciudadanos. Por cierto, si esto es así, le he escuchado responder esta mañana a una autopregunta de su grupo parlamentario en relación con la anunciada ley de igualdad y no discriminación, en la que decían que esta ley respondía a lo que decía su programa electoral. Hacía usted mención al valor de la palabra dada, entiendo, en el programa electoral. Por tanto, he de deducir que si un supuesto derecho a la eutanasia no está recogido en su programa electoral, haciendo, como acaba de decir esta mañana en esta Cámara, honor a la palabra dada, esa nueva regulación no contendrá este supuesto.


¿A dónde voy a parar con esta descripción de datos e indicios? Y lo digo con absoluta claridad, señora ministra. Mi partido, UPN, y buena parte de la sociedad española quieren saber con carácter preventivo qué tipo de legislación es la que ustedes quieren aprobar con su anuncio de una normativa exprés, porque no la conocemos, que regule la muerte digna.
Deseamos saber, señora ministra, si lo que ustedes pretenden es aprobar una nueva normativa calcada de la andaluza, participativa, realista, nacional, consensuada, no beligerante, inspirada en positivo sobre los cuidados paliativos necesarios en el proceso del final de la vida, o si, por el contrario, su interés pasa por impulsar y aprobar una nueva normativa que vaya más allá de lo fijado en esa normativa ya existente y que, oyendo los cantos de sirena de algunos, responda a los requerimientos de la izquierda más extrema, hasta ahora no atendidos desde luego en esta

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Cámara y en esta cuestión. Es decir, señora ministra, que dándonos gato por liebre, introduzcan la eutanasia hablando de cuidados paliativos, tema que el año pasado fue rechazado en varias ocasiones por esta Cámara.
(La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia.) Y yo le digo, en esta legislatura y en nuestra humilde opinión, ustedes ya han pervertido el verdadero sentido de la dignidad humana privando a los no nacidos del derecho a la vida. Fíjese, vidas humanas como la suya o la mía en ese estado de formación, sin dignidad humana por decreto. Y no quisiéramos que en esta nueva ley que ustedes anuncian reprodujeran esta misma antropología con los mayores, privándoles también de dignidad y por ende de protección por el mero hecho de vivir una vida que ustedes pudieran considerar indigna. Por ello, yo le pido en esta interpelación que nos explique, nos informe y nos diga cuál va a ser el calendario previsto en la tramitación de esta ley anunciada en noviembre; qué tipo de interlocución va a tener con la sociedad civil, con las asociaciones, con los profesionales para elaborar esta ley; qué informes tiene el Gobierno sobre la litigiosidad en esta materia en España, si los hubiera; cuál es la necesidad social de la misma, quién se la traslada y cómo; en qué se basa en todo caso la reforma que nos van a traer; y si van a tomar como modelo la participación que hubo en Andalucía, cómo se hizo esa norma; si valoran en positivo el consenso alcanzado en la tramitación de esa norma que tenemos actualmente como precedente en España, y en su caso, cómo prevén coordinar en esa nueva normativa que nos anuncian la regulación que vaya a contener la ley con las distintas competencias en esta materia de las comunidades autónomas. En definitiva, lo que le pedimos con esta interpelación es saber qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren hacer, porque nosotros lo que queremos de alguna mansera es participar también en la gestación de esta norma.


Vaya por delante, señora ministra, que sin perjuicio de nuestro natural recelo y prevención sobre este tipo de materias con su Gobierno a estas alturas, no estamos en absoluto cerrados a tomar parte en un debate y a aportar lo que nuestra experiencia y conocimiento en la gestión de los cuidados paliativos en Navarra pueda ser de utilidad, en el bien entendido de que nosotros creemos, primero, que no existe alarma social sobre este tema; segundo, que no existe demanda social sobre la regulación de un supuesto derecho a la eutanasia y, tercero, que no es malo -parece razonable- que tengamos una norma que ponga orden en la variedad legislativa actual y futura y aborde con normalidad y centralidad -si los nacionalistas me lo permiten- pero sin traumas esta norma y esta cuestión en todo el territorio nacional. Es lo que pretendíamos y pretendemos con esta interpelación. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Yo espero que de alguna manera nos resuelva, señora ministra, en su turno las preguntas que le formulaba sobre esa anunciada regulación que en noviembre nos dijo el Gobierno que traerían a esta Cámara en el mes de marzo sobre este tema.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Salvador.


Para contestar la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias, señora presidenta.


Señoría, quiero empezar agradeciendo el punto propuesto en este Pleno y también la actitud que entiendo como disposición a colaborar, a discutir y a consensuar esta iniciativa del Gobierno. Quiero decirle, En primer lugar, que en mi opinión estamos ante una realidad -y en eso quizá podemos discrepar- que sin ser seguramente objeto de las portadas de los periódicos y de los medios de comunicación de nuestro país, a diario, de forma cotidiana, afecta a nuestro Sistema Nacional de Salud, tanto a profesionales como a pacientes, y por tanto estamos hablando de un ámbito que afecta a muchas personas en los momentos más delicados de su vida.
Nos referimos a la necesidad de dar respuesta asistencial con calidad y con todo el respeto a las voluntades del paciente en los procesos terminales de enfermedad y, por tanto, en el final de su vida.
Desgraciadamente, muchos de los que estamos hoy aquí seguramente hemos tenido en nuestro entorno algún caso de lo que estoy hablando. Para cada paciente en esta situación, para sus familiares y también para los profesionales de la sanidad, esto requiere, sin lugar a dudas, de las mayores garantías posibles de calidad y de equidad.


Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2009 fallecieron en España un total de 383.485 personas. Entre el 50 y el 65 por ciento de los pacientes fallecieron tras una etapa avanzada y terminal de su enfermedad. Diversos estudios estiman que el 60 por ciento de los pacientes con cáncer y el 30 por ciento de los pacientes no oncológicos precisan de la intervención de equipos de cuidados paliativos. Esa es la realidad en nuestro país, señoría. Quiero recordar -es importante hacerlo y aclararlo una vez más, aunque lo hemos dicho desde el principio una y otra vez el vicepresidente primero y la ministra que les habla- que no estamos hablando de eutanasia, por tanto no mezclemos debates. Nosotros no los hemos mezclado desde el principio de este anuncio. Lo que estamos abordando es dar un paso importante para seguir avanzando en el derecho a morir con dignidad, efectivamente, señoría, con dignidad, y evitar sufrimientos innecesarios siempre con todas las garantías para los pacientes, para los familiares y, por supuesto, para los profesionales. Señoría, no seré yo quien decida cuál es el momento ni qué temas debe abordar el Congreso de los Diputados, faltaría más. Lo que sí le digo es que en ningún momento el Gobierno ha dicho que este sea el momento de regular otra cosa que

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no sean los cuidados paliativos y la muerte digna y que en nuestro compromiso -que usted mismo recordaba y que el vicepresidente anunciaba con calendario concreto para los próximos meses- está ésta y no otro tipo de norma en esta materia.


Como sabe, los enfermos en situación avanzada y terminal tienen necesidades de apoyo sanitario y de acompañamiento sobre todo profesional, que tienen una fuerte implicación de todos los niveles asistenciales del sistema sanitario. En ese sentido, los cuidados paliativos se han articulado en el sistema sanitario para aliviar, por un lado, el sufrimiento y, por otro, para mejorar en lo posible la calidad de vida de estos pacientes que sufren una enfermedad en fase avanzada o terminal. Señoría, la Organización Mundial de la Salud destaca como pilares fundamentales para el alivio del sufrimiento el desarrollo de programas de cuidados paliativos, así como mejorar la formación de los profesionales. En ese sentido, los cuidados paliativos tienen como objetivo precisamente eso, aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La reciente reforma jurídica de los estatutos de Autonomía de Cataluña y Andalucía, como usted mencionaba, incluye como derecho específicamente reconocido en ellos el derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y de los cuidados paliativos integrales y a la plena dignidad en el proceso del final de la vida. Por su parte, el Consejo de Europa hace énfasis en la necesidad de reconocer y proteger el derecho a los cuidados paliativos y también incide en que es responsabilidad de los gobiernos garantizar que los cuidados paliativos sean accesibles a todos los ciudadanos que lo necesiten y en desarrollar un marco político nacional, coherente e integral para los cuidados paliativos. El Gobierno, desde un primer momento, ha sido consciente de ello y coherente con su convicción ha trabajado por esta situación.
Incorporamos así la atención a pacientes de fase terminal a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, aprobada en 2006; en el año 2007 aprobamos por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la estrategia de cuidados paliativos y hemos avanzando en estos años financiando proyectos para la aplicación de la estrategia de cuidados paliativos y hemos firmado convenios de financiación con servicios sanitarios y con otras entidades de las comunidades autónomas. Además, en el año 2008 pusimos en marcha una iniciativa para mejorar la implantación de los cuidados paliativos en nuestro país, con el objetivo de universalizar los cuidados paliativos en el domicilio y en el ámbito de la atención primaria, impulsar la extensión de programas de apoyo al cuidador y la elaboración de protocolos de actuación y guías de práctica clínica.


En definitiva, señorías, hemos apostado por ampliar el conocimiento en este ámbito, hemos mejorado la asistencia a los pacientes, el apoyo a sus familias y a la formación de nuestros profesionales, tal y como comprometíamos en nuestro programa electoral. Pero, señoría, este es el camino que hemos desarrollado hasta aquí, un camino que nos sirve de experiencia, un camino que nos ha construido los cimientos sobre los que hay que seguir dando pasos. Ahora, señoría, para seguir cumpliendo con el programa electoral del que hablábamos de garantizar en igualdad de condiciones, con equidad y con los mejores servicios a todos los ciudadanos de este país, vivan donde vivan, los mejores cuidados paliativos en el final de su vida, tenemos que seguir dando pasos, precisamente por la realidad cambiante que usted ha descrito y que yo he recordado aquí. Porque hemos dado pasos, es verdad. El último, el del Registro nacional de instrucciones previas, a través del real decreto, por el que cualquier comunidad autónoma o institución sanitaria podrá saber qué ciudadano ha manifestado su declaración de voluntades anticipada, también llamada testamento vital. En este momento, además, las comunidades autónomas se encuentran publicando su normativa sobre registros de instrucciones previas y remitiendo sus datos al registro creado. También sabe que el pasado mes de diciembre, la Comisión de Sanidad, como usted decía, aprobó una proposición no de ley. Pues bien, para cumplir todo esto, en un momento donde los estatutos de autonomía por primera vez recogen este derecho, en un momento donde hay legislaciones diferentes porque hay comunidades autónomas como la andaluza, la aragonesa o la navarra, que han decidido también abordar esta situación, ha llegado el momento de hacer una legislación nacional que armonice toda esa legislación, que garantice la equidad y la igualdad de condiciones de todos los ciudadanos -como nos habíamos comprometido en el programa electoral- y que regule esta situación en nuestro país.


En consecuencia, aunque la evaluación de la estrategia de cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud demuestra que se han desarrollado muchos pasos en esta materia, persiste todavía una gran heterogeneidad, y más en los últimos tiempos, entre los diferentes servicios regionales, tanto en lo que se refiere a los recursos como en el modelo de atención. Tal y como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Organización Médica Colegial dicen, los cuidados paliativos no son un privilegio, señoría, sino un derecho de la ciudadanía. Por tanto, constituye un deber fundamental el respeto a la vida y a la dignidad de los enfermos, prestarles una atención sanitaria y humana de calidad. Los poderes públicos tenemos que velar por garantizar eso, para ofrecer la mejor asistencia y la coordinación entre todas las instituciones. De ahí la necesidad de afrontar un marco común, algo que se verá materializado en el texto de la ley de cuidados paliativos y de muerte digna en el que el Gobierno está trabajando ya en colaboración con expertos, asociaciones y organizaciones médicas. Una propuesta que tanto la Organización Médica Colegial, la Organización Colegial de Enfermería y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, entre otras, han acogido como positiva y como necesaria, mostrando su apoyo y su colaboración en todo momento para impulsarla y desarrollarla. Además, vamos a aprovechar la

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ayuda de los profesionales y expertos y la experiencia de la estrategia de cuidados paliativos de nuestro Sistema Nacional de Salud. Este texto supondrá, sin lugar a dudas, una mejora de la regulación del ejercicio de los derechos de las personas en el proceso final de la vida, de los deberes del personal sanitario que atiende a estos pacientes y establecerá todas las garantías que las instituciones sanitarias deben ofrecer en este proceso que se produce en el día a día de mucha gente en nuestro país.


Señoría, todos y todas tenemos claro que debemos poner a disposición de los pacientes en situación terminal, familiares y profesionales, una red de cuidados paliativos en igualdad de condiciones en todo el territorio.
Asegurar de forma integral la atención a estos pacientes es tarea de todos, supone un paso más para crear un sistema de salud y de asistencia a los ciudadanos basado en el criterio de respeto, en la calidad y en el beneficio de las personas. Eso es lo que nos ha llevado, señoría, en coherencia con nuestras convicciones, con nuestro compromiso electoral y desde la experiencia de todo lo que hemos desarrollado en estos años, a dar un paso más que, como reclaman las organizaciones de pacientes y médicas, como dice el Consejo de Europa y como también reclama nuestra ciudadanía, es necesario y puede ser útil, y lo queremos hacer con el mayor consenso posible, con el mayor rigor, como siempre solemos hacer.
No es casual que en un Gobierno regional como el andaluz, gobernado por el mismo partido, se haya hecho así, porque esa es nuestra forma de gobernar, tendiendo la mano a los pacientes y a los profesionales, aprendiendo de nuestras experiencias y haciendo un debate con rigor y con consenso. Faltaría más, señoría. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.


Señor Salvador, su turno de réplica.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, quisiera iniciar esta réplica agradeciéndole sus explicaciones y anunciándole que algunas de las preguntas que le hemos podido formular sobre cómo está la ley, cómo la van a elaborar o con qué talante, etcétera, las registraremos por escrito para que nos las contesten debidamente si entendemos que no han sido respondidas en este acto.


Permítame que le insista sobre lo que nosotros queríamos y queremos sobre este tema. Primero, que respetemos y se mantengan las decisiones que ha adoptado esta Cámara en esta materia. Segundo, que aprovechemos para sacar adelante realmente una nueva normativa que, como usted muy bien ha dicho, armonice la legislación actual y la diversidad que puede haber en el futuro sobre esta materia. Y tercero y también importante, que no quebremos consensos amplios que se han alcanzado en otras asambleas y que son muy saludables introduciendo nuevos debates en un momento seguramente nada oportuno para los disensos. Por ello y para ello, le anticipo que nuestra moción la haremos en un sentido positivo e incorporaremos en ella, en el caso de que efectivamente el compromiso adquirido el 20 de noviembre se materialice en esa norma, una solicitud al Gobierno de que esa norma incluya -y usted ha hablado de ello- el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales de calidad; el derecho a redactar un documento escrito en el que hagan constar sus deseos y preferencias de tratamiento para el caso eventual en el que no puedan decidir por sí mismos, así como a designar mediante dicho documento a quién tomará decisiones en su lugar; el derecho de la persona a la información clínica, al consentimiento informado y a la toma de decisiones; el derecho de la persona a realizar la declaración de voluntad vital anticipada y que esta sea respetada; los deberes de los profesionales sanitarios respecto a los testamentos vitales; la atención a las personas en el proceso de la muerte; la limitación de las medidas de soporte vital o el acompañamiento de las familias y también las garantías que deberán ofrecer las instituciones sanitarias públicas o privadas para el ejercicio de los derechos que contenga la ley. También instaremos en la moción al Gobierno a que solicite la colaboración de las comunidades autónomas para armonizar la diversa normativa aprobada o en tramitación en esta materia, creando espacios de colaboración y coordinación, racionalizando procesos y optimizando el uso de las nuevas tecnologías para conseguir mayor eficiencia en el ejercicio de los derechos y deberes contenidos en la futura regulación. Y por último, en sintonía con los distintos pronunciamientos de la Cámara hasta este momento, pediremos claridad en sentido negativo de una regulación de un supuesto derecho a la eutanasia que usted, desde luego, ha eliminado, por lo que he entendido. Efectivamente, creo que hace honor el Partido Socialista a la palabra dada y, no habiéndolo comprometido en su programa electoral, no lo regule o aproveche esta normativa para regularlo.


Repito, vamos a tomar partido en lo que pudiera tomar de positivo esta regulación. Creemos que el precedente de Andalucía es importante y supone un buen precedente. Vamos a pedir ese mismo talante andaluz, si me lo permiten, para no abrir debates que ninguna mayoría avala, para no crear problemas donde no los hay y para no hacer partidismo o electoralismo con esta materia. Pero creíamos que era el momento de dejar las cosas claras y por eso planteamos esta iniciativa. Estamos en puertas del mes de marzo, a escasamente un mes de que se presente una ley anunciada sobre cuidados paliativos y muerte digna, y la verdad es que no sabemos mucho sobre el tema, si se han reunido ya con los sectores, qué participación han tenido la sociedad civil, las comunidades autónomas. Creo que ahora nos ha dado una pista de cómo van a ir las cosas y nos satisface de alguna manera la respuesta que nos da en este sentido. Pero es nuestra obligación, nuestra responsabilidad seguir preguntando al Gobierno y seguir pidiendo una mayor

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publicidad en este tema para no encontrarnos con sorpresas que desde luego no deseamos y que tampoco recomendamos. Repito, no está, a nuestro juicio, la situación para abrir debates u otro frente de división en nuestro país, y si la reforma, como usted anticipa, discurre por esos parámetros de normalidad seguro que nos encontraremos y si no también nos encontraremos pero unos aquí y otros allí. En todo caso, mi partido, Unión del Pueblo Navarro, sí desearía que alargáramos también en este tema un periodo...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Salvador, por favor.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Termino. Unión del Pueblo Navarro desearía que alargáramos también en este tema un periodo necesario de colaboración entre formaciones políticas en el que trabajemos, como alguien ha dicho en esta tribuna, más por lo que nos une que por lo que nos separa. Con ese espíritu, señora presidenta, en positivo y en los límites que le anticipaba y agradeciendo su información en este debate afrontaremos la moción que mañana, si es caso, presentaremos en la Cámara y que espero sea bien acogida por todos ustedes.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas Gracias, señor Salvador.


Señora ministra, su turno de dúplica.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Señoría, no solo entiendo que es su obligación interpelar al Gobierno y conocer las reformas que el Gobierno anuncia sino que le he agradecido esta interpelación que me permite, por primera vez, avanzar un poco más en el proyecto y en los términos en los que el Gobierno está trabajando.
Creía haberle contestado algunas de sus preguntas, pero no me importa precisar ahora mucho más, en primer lugar, para tranquilizarle. Es marca de la casa, señoría, que este Gobierno, ante cualquier iniciativa, y en esta mucho más si cabe, busque siempre la participación de todos los sectores, busque el trabajo riguroso con todos los expertos, aprenda y recoja toda la experiencia que le he detallado que hemos tenido juntos con todas las comunidades autónomas y con todos los expertos en estos últimos años y además procure el consenso parlamentario y de las fuerzas políticas. En ese sentido le diré en primer lugar, señoría, que el grupo de trabajo para elaborar el primer borrador de anteproyecto de ley ya lleva trabajando varias semanas, que está muy avanzado, que en él se integran expertos del Ministerio de Sanidad pero también expertos que han colaborado en la elaboración de otras leyes que usted ha mencionado, así como hemos ofrecido a las comunidades autónomas que estaban legislando en esta materia la posibilidad de colaborar para que la organización de las normas fuera en la misma dirección antes de que se aprobaran. Le digo también a usted en esta Cámara y a los grupos parlamentarios que han impulsado esa ley en Navarra que nos ofrecemos a trabajar de forma conjunta, a incorporar algún experto que ustedes crean conveniente para que avancemos todos en la misma dirección teniendo en cuenta que estamos legislando en tiempos similares y por tanto bienvenida sea esa colaboración.


Señorías, no podríamos hacer una ley de estas características sin la colaboración de las comunidades autónomas, no solo por principios, siempre lo hacemos así, sino porque las competencias en materia de sanidad están transferidas y por tanto tiene todo el sentido que desde el principio las compartamos. Pero le diré más, es que este anteproyecto de ley tendrá que pasar por el consejo interterritorial, como acaba de pasar la última estrategia de cuidados paliativos, apoyada, elaborada y con el respaldo de todas las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera. También le diré que es nuestro objetivo y nuestra convicción desarrollar una ronda de contactos con organizaciones de pacientes y de profesionales, como usted bien ha dicho, una vez que tengamos ya un texto cerrado, para abrir un turno de discusión, poder recoger sus sugerencias e ir avanzando en esa materia. Pero le tranquilizo, señoría, nuestro ritmo de trabajo nos hace tener claro que en marzo, tal y como anunciamos, tendremos listo ese anteproyecto, que lo podré llevar al Consejo de Ministros y que en ese momento además abriremos, como digo, un proceso de participación a todos los sectores y también a los grupos parlamentarios, que además tendrán un proceso amplio en esta Cámara para poder debatir, discutir y seguramente mejorar el borrador que aquí se inicia.


Sí quiero insistir en algo. Podemos discutir sobre la necesidad o no de esta ley; yo creo que es oportuna y necesaria, lo es porque hay un gran consenso en torno a la necesidad de dar los mejores cuidados en un proceso difícil para el paciente, difícil para los familiares y también a veces difícil, precisamente por la falta de marco regulador claro, para los profesionales. Creo que hemos avanzado mucho en estos últimos años en este país, hemos intercambiado experiencias y hemos recorrido un camino que merece mucho la pena, pero creo sinceramente que merece la pena seguir recorriéndolo, y cuando el Gobierno y esta ministra decidieron llevar al Consejo de Ministros esta iniciativa como una iniciativa necesaria a abordar en esta legislatura, lo hizo porque entendía que garantizar este derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones vivan donde vivan es una obligación del Ministerio de Sanidad, y porque creo además que va a traer tranquilidad a las familias, va a traer las mejores garantías a los pacientes y también va a respaldar la profesionalidad de los servidores públicos de nuestro país en materia sanitaria, que son muchos y a los que debemos dar la mejor garantía, el mejor acceso a la formación y caminar así juntos en una legislación nacional en igualdad de derechos para todos y para todas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.


Señorías, al inicio de la sesión el señor presidente ha comunicado que la votación de conjunto de los dos puntos que quedaron pendientes de debate en el día de ayer y que requieren esa votación por su carácter de orgánicos no se realizaría antes de la una de la tarde. Debo decirles que, dado el desarrollo del debate de esta mañana, esa votación nunca se producirá antes de las dos.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA NECESIDAD DE REVISAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS. (Número de expediente 172/000227.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos ahora a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la necesidad de revisar el Convenio de cooperación para la defensa entre España y Estados Unidos. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, mi grupo parlamentario presenta en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya una interpelación que pretende conocer cuál es la voluntad del Gobierno y si es posible estimular al mismo para la renegociación del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y Estados Unidos de 1988 y, en particular, las modificaciones introducidas por el protocolo de 2002, que nos parecen manifiestamente mejorables. Señorías, no sabemos cuál es la voluntad del Gobierno español, a no ser porque no haya denunciado el convenio seis meses antes, cuando este expira el 12 de febrero -este 12 de febrero-, y como no sea también a través de las informaciones de WikiLeaks que manifiestan la voluntad del Gobierno de elevar el convenio a tratado o, en su momento, la comunicación del Gobierno al Gobierno norteamericano de una posible modificación del carácter de convenio a tratado. Nuestra tesis, por el contrario, es que el Gobierno debe afrontar una negociación no maximalista sino de carácter realista sobre algunos elementos del convenio que desde nuestro punto de vista afectan a los intereses, a las capacidades y al derecho interno de nuestro país.


Pensamos que el protocolo de 2002 constituye en ese sentido una involución que es necesario retomar, porque en nuestra opinión tiene muy poco que ver con la evolución española hacia una mayor soberanía, una mayor autonomía y un mayor respeto hacia el derecho internacional. En concreto, el protocolo de 2002 recoge la posibilidad de que los servicios secretos del Servicio de Investigación Criminal Naval y de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos puedan actuar en territorio español para llevar a cabo investigaciones criminales que incumben a bienes y ciudadanos norteamericanos, todo ello en un nimbo legal y al margen del control judicial y parlamentario de los españoles. Además, he de recordar que en 2007 se frustra la posibilidad de regulación reglamentaria en una materia tan sensible como es la actuación de servicios secretos extranjeros en territorio nacional, parece que por voluntad del propio Gobierno o por desacuerdo con el Gobierno norteamericano. Por otra parte, la modificación de los artículos 24 y 25 producida en el protocolo de 2002 ha debilitado recientemente el régimen de autorizaciones de vuelo, de sobrevuelo y de nuevas instalaciones en las bases de Rota y de Morón. Antes era un control ex ante de estas decisiones y ahora es un control a posteriori. Señorías, no quiero recordarles lo que ha ocurrido con los vuelos de la tortura o los vuelos de la CIA y la inseguridad que se ha creado en torno a las autorizaciones en las bases de Rota y de Morón. El Gobierno tiene una disyuntiva que es prorrogar sin más la vigencia de estas medidas del protocolo que nos parecen claramente atentatorias de nuestra soberanía y contradictorias con nuestro derecho, o bien emprender una negociación realista con el Gobierno norteamericano para su modificación o renovación.


¿Qué desventajas tiene en nuestra opinión el actual convenio y el protocolo que lo modifica? En primer lugar, desventajas que tienen que ver con la soberanía, desventajas que tienen que ver con la seguridad de los españoles y desventajas que tienen que ver con el derecho interno y el derecho internacional; desventajas, contradicciones que en nuestra opinión es necesario superar a través de la renegociación. El mero hecho de la existencia de las bases militares implica que España no ejerce plenamente y con autonomía su jurisdicción sobre esa parte de su territorio. Pero es que además sobre esas bases militares no aplicamos el derecho interno de nuestro país y, por otra parte, no hay control parlamentario. No ha habido ningún acto de control parlamentario de las bases de utilización conjunta, lo que sería inexplicable en Estados Unidos. Por otra parte, Estados Unidos puede llevar a cabo misiones militares desde las bases que sean contrarias a los objetivos de la política de seguridad y de defensa de España y a las normas que la regulan, en concreto a la Ley de Seguridad Nacional y al derecho internacional. En la nueva coyuntura y con el incremento del terrorismo yihadista, el nivel de riesgos para la seguridad de las bases, en concreto en una de las bases que se convierte en estratégica en esta materia, para los territorios que la circundan y para las personas que viven en esa zona ha aumentado de manera considerable sin garantizarse seguramente una cierta reciprocidad. La regulación de los servicios de inteligencia militar, a la que el Gobierno también ha renunciado

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en 2007, es una materia que en nuestra opinión debería tenerse en cuenta.


Señorías, de manera resumida, no existe reciprocidad entre las partes, España no tiene contraprestaciones. Podría decirse que la más burda de ellas es que mientras Estados Unidos tiene en España 8.000 efectivos y dos bases militares España no tiene nada en Estados Unidos. Pero hablando de una reciprocidad más realista, no existe nada en materia de reciprocidad en estos momentos que aporte Estados Unidos a nuestro país en relación con nuestros compromisos, que son, en nuestra opinión, mucho mayores. El convenio, por ejemplo, tampoco establece límites geográficos a la operación u operaciones que puedan apoyarse desde las bases militares. Dirán ustedes que es un tema general, pero no lo es. El Tratado de seguridad con Australia y con Nueva Zelanda, al igual que el tratado con Filipinas, señala una zona de interés restringida. El Tratado de seguridad con Japón se limita al Lejano Oriente, y los tratados y acuerdos sobre facilidades en varios países de la OTAN se concretan exclusivamente a área OTAN. En nuestro caso el convenio no tiene ningún límite a la potencia que tienen en nuestro país bases de utilización conjunta. Tampoco es lógico que algunas decisiones de gran importancia, señorías, como la autorización de crear nuevas instalaciones de apoyo, aumentar el volumen de las estructuras de Estados Unidos en las bases o, por ejemplo, modificar normas de vuelo y demás sean únicamente materia del comité permanente. Además, el protocolo establece un llamado Comité Bilateral de Alto Nivel que, en vez de solventar los problemas derivados de la aplicación del convenio, se ha convertido en un adorno inútil y con tan pocas reuniones que se pueden contar con los dedos de la mano desde la aprobación del convenio y el protocolo.


En definitiva, no es difícil detectar que la lista de beneficios que obtiene Estados Unidos de la cooperación bilateral establecida en el Convenio de defensa supera con creces los beneficios que obtiene España, y toda relación de estas características tiene como premisa, o debe tenerla, la reciprocidad. Ante este balance, parece legítimo solicitar la revisión del convenio y de su protocolo adicional. ¿En qué temas? En primer lugar, en relación con los nuevos factores que aconsejan la modificación del convenio deberíamos tener en cuenta la Ley Orgánica de Defensa Nacional, la apuesta del Gobierno por el multilateralismo y el respeto al ordenamiento jurídico internacional, así como la preeminencia de medidas preventivas no militares en la lucha contra el terrorismo. En segundo lugar, a esto se une la revalorización geopolítica de las bases españolas, en concreto de la base española de Rota, una revalorización geopolítica para Estados Unidos pero en menor medida para nuestro país.
Existen una serie de cuestiones y elementos del convenio que necesitan ser renegociados de manera que pudieran sufrir modificaciones destinadas a evitar la afectación del ejercicio de soberanía de nuestro Estado y a evitar riesgos innecesarios en el territorio circundante. Pero sobre todo es necesario concretar varias precisiones que eviten una interpretación demasiado amplia y flexible de las obligaciones y los derechos que se recogen y que en la práctica representan un gran desequilibrio en relación con la cooperación defensiva con Estados Unidos. Sería necesario además recoger obligaciones de resultado y de plazos para su cumplimiento de las ventajas que el convenio puede suponer para nuestro país.


En definitiva, el convenio ha envejecido y es anacrónico. Por ello resulta incoherente que el Gobierno de España consienta que Estados Unidos utilice el territorio español para realizar un tipo de misiones militares que las propias fuerzas militares españolas no tienen autorizado, tal y como sucedió en el uso de las bases españolas para desencadenar la guerra ilegal contra Irak. Además, el control parlamentario sobre el convenio -como he dicho antes- no existe. La nefasta experiencia de los vuelos militares y de los vuelos de la CIA en el marco de las entregas ilegales de supuestos yihadistas hace necesario incluir en el convenio precisiones de autorización previa, y no de autorización posterior, a los vuelos de Rota y Morón. Por otra parte, España debe respetar y no socavar el principio de prohibición de la tortura y no debe permitir extradiciones ni expulsiones de personas a lugares en los que corran riesgos de ser torturadas, sufrir malos tratos o ser simplemente desaparecidas. Por otra parte, no compartimos la elevación del convenio a tratado si no supone una renegociación a fondo de estas materias. Por lo tanto, pedimos la renegociación del convenio por parte del Gobierno. Somos conscientes del marco en el que estamos -el marco de la OTAN-, aunque no lo compartamos, y planteamos la revisión del convenio ahora cuando finaliza su periodo de vigencia el próximo 12 de febrero. El cambio político en Estados Unidos debería, en nuestra opinión, favorecerlo. Resulta claramente necesario proceder a una revisión de las disposiciones del convenio que se derivan de aplicaciones demasiado extensas que son contrarias a los intereses de España o suponen un riesgo para nuestra seguridad. Por último, necesitamos un control parlamentario de un tema que afecta al territorio nacional y que afecta a nuestra seguridad y a nuestro derecho. Hoy por hoy no tenemos control parlamentario. Es un tema que abrimos en su momento al debate con el Ministerio de Defensa, pero no hemos tenido ninguna solución que permita un control parlamentario en las bases de utilización conjunta de Rota y Morón.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Para contestar la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Defensa.


La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Gracias, presidenta.


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Señor Llamazares, aunque no comparto la totalidad de sus argumentos, sí le puedo decir que hay algo en lo que estoy muy de acuerdo con usted -lo estuve desde el primer momento en que en profundidad me hice con el Convenio de cooperación para la defensa-, y es que hay amplio margen para su mejora. Desde entonces me puse a trabajar en ello, y quisiera hacerle una serie de consideraciones, eso sí, antes de entrar en profundidad en esas modificaciones, sobre la forma en que el Gobierno afronta sus relaciones con sus aliados y en particular con Estados Unidos. El conjunto de nuestra política exterior se rige por dos líneas fundamentales, en primer lugar un afán permanente de consenso que permita una relación basada en la lealtad y en la franqueza recíprocas, países socios y amigos, lo que se espera de nosotros, y en segundo lugar buscamos soluciones comunes a los retos que compartimos siempre a través de un mayor diálogo y una mejor cooperación. Esto aparte es lo que me obliga a hacer la normativa Directiva de Defensa Nacional 1/2008, promulgada por el presidente del Gobierno el 30 de diciembre. Le recuerdo su directriz T, que habla de intensificar la diplomacia de la defensa y la cooperación con países vecinos, con los del área de interés estratégico de España, potenciando con Estados Unidos una relación sólida y equilibrada de cooperación. Ese es el marco en que trabajamos y en él debemos encuadrar el convenio de defensa. Por lo tanto, reciprocidad y respeto mutuo. El vigente convenio data, como bien usted decía, de 1988, y en abril de 2002, con otro gobierno, fue revisado por un protocolo de enmienda que entró en vigor en 2003 y que es la mayor fuente de necesidad de modificaciones de las que le voy a hablar. Como saben, el convenio establece además una plaza de vigencia de ocho años; cumplido este plazo, se prorroga de forma automática por periodos de un año, salvo denuncia previa por cualquiera de ambas partes. Efectivamente, como su señoría señalaba, este plazo vence el próximo 11 de febrero y en ese momento comenzaría la prórroga automática a la que me he referido.


¿Cuál ha sido la apuesta del Gobierno, señor Llamazares? Convencidos, como le digo, de la necesidad de modificar y mejorar este convenio, hemos decidido ni denunciarlo ni prorrogarlo sin más. ¿Y por qué hemos hecho eso, por qué no se ha optado por la denuncia del convenio? Muy sencillo, porque los trámites parlamentarios necesarios en Estados Unidos para aprobar un nuevo acuerdo hubiesen prolongado la decisión a ese nuevo acuerdo por muchos años y por tanto hubiéramos tenido que mantener el convenio vigente tal cual. Por eso, ¿adónde hemos ido? A modificar a través de la introducción de mejoras todas esas necesidades que hemos detectado, igual que algunas que ha detectado usted. Con eso hemos podido satisfacer nuestras necesidades de forma más rápida y también más eficaz.
Como le decía, desde el principio de la legislatura me puse a trabajar con ese objetivo. Se lo transmití personalmente a Bob Gates, el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, la primera vez que me entrevisté con él en Bruselas en junio de 2009 e hice lo propio en mi visita a Washington un mes más tarde. La respuesta de la nueva Administración fue completamente positiva, abierta a mejorar todas aquellas áreas de interés común para ambos países; también han estado de acuerdo en revisar y en poner al día las normas y los procedimientos contenidos en el convenio. Así se ha hecho. Por tanto, le anuncio que el pasado 12 de enero alcanzamos un acuerdo con Estados Unidos para mejorar el convenio en tres aspectos fundamentales: el primero, las autorizaciones de escalas y sobrevuelos de aeronaves militares; el segundo, el almacenamiento de municiones y explosivos en instalaciones de apoyo estadounidense, y por último la adopción de medidas conjuntas para la protección medioambiental, unas mejoras que entrarán en vigor el próximo día 1 de febrero.


Me referiré a ello más detalladamente, señor Llamazares. En cuanto a los procedimientos operativos relativos a las autorizaciones de uso, es decir, a los permisos para que las aeronaves militares estadounidenses sobrevuelen y hagan escala en territorio español, completamos mejoras que ya introdujimos en el año 2007, conscientes de los problemas a los que nos abocaban las modificaciones de 2003. En concreto, hemos reforzado las medidas de protección de nuestro espacio aéreo al prohibir expresamente repostajes en vuelo sobre territorio nacional y vuelos en modo visual, y hemos establecido un procedimiento específico para los vuelos no contemplados en las autorizaciones generales. La solicitud para autorizar estos vuelos deberá realizarse con mayor antelación -siete días- y deberá ir acompañada de un memorándum en el que se expliquen detalladamente las circunstancias que motivan el vuelo, el tipo y la cantidad de carga a transportar así como el itinerario del mismo. Con estas mejoras pretendemos garantizar mayor seguridad para nuestro espacio aéreo y a su vez lograr una mejor información y un mayor seguimiento de las actividades que estas aeronaves llevan a cabo en su tránsito por territorio español. En segundo lugar, en cuanto a explosivos y municiones de instalaciones en apoyo de Estados Unidos, hemos establecido un procedimiento adaptado a la actual normativa española sobre almacenamiento de municiones y explosivos y los tipos de armas autorizadas. Así aseguramos que estas instalaciones cumplen con los acuerdos internacionales suscritos por España, en particular los referidos a la eliminación de minas antipersonales y bombas de racimo. Le recuerdo que España ha sido el primer país que ha destruido sus arsenales de este tipo de munición de efectos tan nocivos, y también recuerdo -imagino que como usted- que usted mismo cuando comparecí en esta Cámara me preguntó cómo íbamos a asegurar el cumplimiento de la Convención de Dublín en las bases de uso compartido. Pues muy bien, tal y como le dije en aquel momento, aquí tiene la respuesta, y aún hay más: las autoridades norteamericanas van a tener que informar anualmente a los responsables españoles de las bases de uso compartido de los tipos y las cantidades de su armamento

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almacenado y de cualquier cambio que haya tanto del tipo de armamento como de las cantidades disponibles, y una medida adicional es que cualquier incremento importante de esa munición disponible debe ser tramitado y autorizado por el comité permanente. Finalmente, hay también mejoras en el ámbito de control y protección medioambiental. Con ellas queremos asegurar una gestión medioambiental conforme a la normativa vigente en España y en particular en la Unión Europea. Le pondré un ejemplo. Ante cualquier nueva actividad que las autoridades norteamericanas quieran llevar a cabo en instalaciones de uso compartido, estas deberán especificar las posibles repercusiones que puedan tener sobre nuestro medio ambiente y detallar las medidas correctoras y los planes de contingencia correspondientes para que pueda realizarse. Además, como las bases españolas cuentan con planes específicos de gestión medioambiental -de hecho somos pioneros, como también usted sabe, a estos efectos-, las autoridades norteamericanas deberán colaborar en el cumplimiento de esas exigencias medioambientales vigentes en cada una de estas instalaciones.


Todo eso, señor Llamazares, está ya acordado, es el trabajo que hemos hecho desde el inicio de la legislatura, que hemos podido acelerar sin ninguna duda desde la llegada de la Administración Obama y que vamos a poner en marcha, como le digo, el próximo 1 de febrero. Antes de ello, los documentos que recogen todas estas mejoras van a ser comunicados a la sección estadounidense del Comité Permanente Hispano-norteamericano para que entren en vigor en la fecha acordada. Este comité permanente, compuesto por una sección española y otra estadounidense, va a seguir siendo el encargado de vigilar la aplicación del convenio de cooperación, y a través de él ambos países nos aseguramos coordinación y resolución de todas aquellas cuestiones que se planteen durante el tiempo de su vigencia. Por lo tanto, éramos perfectamente conscientes de la necesidad de mejoras, hemos ido a lo que nos ha sido más rápido y eficaz para que puedan entrar en vigor el 1 de febrero, y hablamos de autorizaciones de escalas y sobrevuelos, de almacenamiento de municiones y explosivos, y de adopción de medidas conjuntas de protección medioambiental.


Sí quiero hacerle algún matiz en relación al texto de su interpelación porque en algunas cosas creo que contiene falsedades -con todo mi respeto- y en otras cuestiones, cosas que nada tienen que ver con el convenio de defensa, y a ello me refiero a continuación. Habla usted de un supuesto desequilibrio a favor de los Estados Unidos en sus relaciones con España debido a que el convenio de cooperación no contiene ninguna cláusula de defensa mutua. Le recuerdo que dicha cláusula existe, existe en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, artículo 5 del Tratado de Washington que España suscribió en el año 1982, en vigor también para el convenio. Por otro lado, me dice en su interpelación que el convenio no establece límites geográficos -lo ha dicho también en la tribuna- a las operaciones que puedan apoyarse. Obvia en este caso, señor Llamazares, el carácter singular que existe entre las relaciones de socios y aliados como somos España y Estados Unidos, y por lo tanto no pueden ser las mismas a las que usted hace referencia en relación a otros países en el texto de su interpelación. He de decirle que sus afirmaciones no se corresponden con la realidad cuando usted me dice que los servicios de investigación estadounidenses pueden actuar en territorio español sin ninguna limitación y a su antojo. Precisamente este Gobierno ha sido el que ha regulado las condiciones y los términos en los que sus agentes pueden actuar en España. A su vez le recuerdo que las autoridades estadounidenses confirmaron al Gobierno que en ningún caso los vuelos de aeronaves militares que han hecho escala en nuestro país trasladaron ni carga ni personal que pudieran ser controvertidos para España, como así señala el artículo 25.2 del convenio. Le recuerdo además que esos supuestos vuelos se refieren a vuelos presuntamente organizados por una agencia de carácter civil, vuelos todos ellos que están siendo investigados por la justicia, y por tanto se trata de vuelos que nada tienen que ver con este convenio de defensa al que hoy nos estamos refiriendo. También le digo que muchas de las cuestiones que a esos efectos usted plantea, además de no tener que ver con el convenio, ya se están cumpliendo. Asimismo le quiero recordar que el Gobierno ha proporcionado información detallada al Parlamento siempre que la ha requerido a estos efectos, además de múltiples comparecencias y respuestas a preguntas, y sobre todo hemos puesto en manos de la justicia todos los documentos que se nos han solicitado y algunos de ellos, señoría, previamente desclasificados, como usted también conoce.


Por lo tanto, colaboración total, transparencia en todo momento, convicción -que además tenemos por escrito- de que siempre se ha actuado conforme a la legalidad en vigor, pero a su vez necesidad de mejoras después de la introducción del protocolo que entró en vigor en 2003 en el convenio de defensa. Ese ha sido mi trabajo desde que entré a conocerlo en profundidad, trabajo que no fue sencillo al inicio de esta legislatura y que lo ha sido mucho más y de forma rápida y eficaz desde la llegada de la Administración Obama. En todo aquello que podamos mejorar conjuntamente, señor Llamazares, como sabe estoy abierta a colaborar, pero creo que le estoy dando bastantes buenas noticias en relación con algo que me consta también desde el primer día que es su preocupación, como también desde el primer día que usted me sacó ese tema le trasladé que era la del Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.


Señor Llamazares, su turno de réplica.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora ministra, en primer lugar, agradezco la información recibida:

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positiva, parcial e insuficiente; insuficiente, en todo caso.


Señora ministra, no acabo de entender esa fórmula que es extraña al derecho. No soy profesional en la materia, pero un convenio o se prorroga o se denuncia. No existe un convenio prorrogado y denunciado al mismo tiempo, que es lo que nos ha venido a plantear en el día de hoy. En todo caso, nada hubiera impedido denunciar el convenio y abrir una negociación más allá de los aspectos puntuales que usted ha referido. Es decir, se podía hacer una negociación de coyuntura sobre los aspectos más preocupantes del convenio y dejar una negociación más estructural para el medio o largo plazo. Desde luego para mí el medio o largo plazo es que no existan bases de utilización conjunta de otro país en territorio español.
Reconozco que no es la posición del grupo parlamentario ni del Gobierno.
En todo caso, me llama la atención esa fórmula jurídica y me gustaría una mayor explicación: dónde estamos, si estamos en la prórroga o estamos en la renegociación, porque la fórmula de mejoras no existe en derecho y menos en relación con los convenios de estas características.


En segundo lugar, con respecto a los contenidos que ha comentado usted -como digo, positivos pero parciales o insuficientes-, estamos satisfechos de que aunque sea a posteriori se recupere el control de las escalas y vuelos a priori -utilizando el juego de palabras-, que fue modificado en el protocolo de 2002 y que nos ha traído muy malas consecuencias. En ese sentido, a pesar de la información del Gobierno no comparto en absoluto el planteamiento de que no hubiera ningún problema en las bases ni con los aviones de la CIA en territorio español. No piensa así el Parlamento Europeo, no piensa así el Consejo de Europa. Yo pienso como el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa: que se miró para otro lado en una materia tan delicada por una malentendida lealtad y solidaridad con la lucha antiterrorista, y finalmente la lealtad y la solidaridad ha sido con la vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional.


En relación con explosivos y municiones, me convence la información de la señora ministra. Habíamos evitado ya en momentos anteriores las armas de carácter nuclear y ahora es bueno que las armas que no están permitidas en nuestro país tampoco lo estén en las bases de utilización conjunta; y asimismo, en relación con las cuestiones relativas al medio ambiente. De todas maneras, nosotros tenemos dudas con respecto a los sistemas de control. La verdad es que el comité conjunto -lo he dicho antes- y también los mecanismos establecidos en el propio convenio y en el protocolo de 2002 han sido muy pocos eficaces. Se han reunido muy poco, poquísimo, y por otra parte han tenido una eficacia bastante relativa.
Por lo tanto, los compromisos son importantes; sin embargo, los mecanismos de control, mínimos.


En relación con los servicios secretos, señora ministra, estuvieron durante un tiempo callados cuando se produjo el problema de los vuelos de la CIA en el seno de las bases, pero han vuelto otra vez; los servicios secretos norteamericanos de las respectivas armas han vuelto a actuar en territorio español. Y dice usted que están normados. De manera muy lábil, porque el primer texto que usted tenía preparado para regular esos servicios secretos en territorio español fue considerado por el Gobierno norteamericano un texto denso, y finalmente usted o su Gobierno consideró que era más importante la cobertura política que el derecho interno. En ese sentido, no tengo ninguna confianza con respecto a una medida que no tiene muchos precedentes y desde luego no tiene nada que ver con nuestro derecho interno, como es el hecho de que los servicios secretos de otro país intervengan en territorio nacional.


En relación con el control parlamentario y con la Ley de Defensa Nacional, señora ministra, en mi opinión el futuro del convenio es que la Ley de Defensa Nacional sea operativa también en las bases de utilización conjunta, y hoy por hoy no lo es, porque el Gobierno norteamericano puede tomar decisiones al margen del derecho internacional de intervención fuera de zona, y creo que eso es inaceptable. Y sobre el control parlamentario -y termino, con ello, señora ministra-, dígame usted cuándo hemos hecho control parlamentario de las bases de utilización conjunta.
Nunca. En ninguna Comisión de Exteriores ha habido control parlamentario de las bases de utilización conjunta, y no quiero referirme a sus respuestas por escrito porque cuando no son lacónicas...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llamazares, por favor.


El señor LLAMAZARES TRIGO: ...son simplemente no respuestas por escrito.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Turno de dúplica, señora ministra.


La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Gracias, señora presidenta.


Señor Llamazares, estamos de acuerdo en que se necesitaba mejorar el convenio y lo hemos hecho. Lo hemos querido hacer de la forma más rápida y más eficaz, y por eso le he dicho: ni denuncia ni prórroga sin más.
¿Por qué? Porque el propio convenio nos permitía la introducción de una serie de mejoras de carácter técnico que cumplían con el objetivo deseado, que era mayor concreción y perfeccionamiento de los principios generales en que se basaba cada una de las disposiciones del acuerdo. Si conseguíamos esos objetivos de forma rápida -con la nueva Administración Obama lo hemos conseguido-, para España sería la mejor fórmula de las posibles. Por eso, la hemos querido así. Respecto de las otras dos cuestiones que me planteaba, ya le decía: mayor transparencia en la información de sobrevuelos y escalas de aeronaves militares. Y, sobre todo, le reitero,

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en relación con los vuelos de la CIA a los que usted se refiere, presuntamente organizados por una agencia de carácter civil, investigados por la justicia, que el Gobierno español colabora absolutamente con ella.
Pero, insisto, se trata de vuelos que nada tienen que ver con el convenio de defensa al que hoy nos estamos refiriendo. Como sabe, ya introdujimos mejoras en 2007 cuando modificamos la autorización genérica, Spain 01, para que desde ese momento todos los vuelos de aeronaves militares de los Estados Unidos con origen o destino en Guantánamo que hicieran escala en bases españolas tuvieran que ser autorizados obligatoriamente, uno a uno, de forma previa. Desde entonces, Estados Unidos nos informa con carácter preceptivo de que esos vuelos no llevan ni personal ni carga que sea comprometida para nuestro país, como así establece el artículo 25.2 del convenio. En el caso al que usted se refiere, además, el Gobierno de los Estados Unidos confirmó al Gobierno español que todos los vuelos militares, a los que usted y yo nos podemos referir aquí, que se habían producido con anterioridad, cumplían lo previsto en ese 25.2. Del mismo modo, en el año 2007 aprobamos el acuerdo por el que se establecen las normas reguladoras sobre la actuación en España del Servicio de Investigación Criminal Naval de los Estados Unidos y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. Con este acuerdo se establece una acreditación previa para que esos agentes puedan actuar en España, además de hacer obligatoria la notificación previa de cualquier actividad que lleven a cabo en nuestro territorio, pudiendo denegarse en todo momento esa autorización. ¿Qué le estoy diciendo? Que estos agentes solo pueden actuar en España en coordinación plena con nuestra policía y con nuestras autoridades judiciales. Por tanto, creo que es bueno no mezclar debates. A esos efectos se produjeron las mejoras necesarias.


Dicho esto, teníamos que seguir avanzando en la concreción de determinados aspectos. Hemos visto que había una manera mucho más rápida y eficaz para llevarlo a cabo. Lo hemos hecho. También consideramos que en cuanto al control al que se refiere el propio convenio, si se trabaja sobre él, existe ese deber de vigilancia al que usted se refiere y que en este caso tiene el Gobierno. En cualquier caso, sigo abierta, señor Llamazares, a cualquier otra mejora que en todo lo que se refiere a mi departamento podamos determinar conjuntamente y este Gobierno pueda introducir. Creo que las noticias que le estoy dando hoy son positivas, cumplen con los objetivos que tanto usted como yo, desde el primer día que hablamos de este tema, teníamos en la cabeza y que España necesitaba. La nueva Administración Obama lo ha posibilitado de la mejor manera y con la mejor fórmula para España, rápida y eficaz. El próximo 1 de febrero entra en vigor.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR EL FUERTE AUMENTO DEL COSTE DE LA VIDA PARA TODOS LOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 172/000228.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar el fuerte aumento del coste de la vida para todos los españoles. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Martínez Saiz.


La señora MARTÍNEZ SAIZ: Señora presidenta, señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, rectificar es de sabios pero hacer que otros tengan que rectificar los errores propios es pura esquizofrenia política. Hacer que los españoles paguemos uno a uno los errores de una política económica carente de la más mínima previsión es cuando menos una broma macabra.


Señora vicepresidenta, los españoles llevamos ya desde el año 2007, más de tres años, sufriendo las consecuencias de la crisis económica más intensa de la historia reciente de nuestro país; años que ustedes en gran parte han dedicado a negar la realidad a todos los españoles, a no hacer nada para enfrentarse a ella, despilfarrando recursos públicos y retrasando así la toma de decisiones. Tras años obviando una crisis que era patente hasta para los más optimistas, la primera medida que ustedes tomaron para afrontar la situación que se nos venía encima fue inyectar 100.000 millones de euros al sistema financiero en avales y en dinero. Empezaron esta legislatura prometiendo a los españoles pleno empleo y la están terminando habiendo duplicado la tasa de paro y asistiendo al mayor retroceso de la riqueza de las familias de la historia reciente de nuestro país. Y ahora, señorías, en los peores momentos de esta situación que azota a las economías familiares nos encontramos con que se han ido aprobando distintas medidas que consisten en subir los impuestos, el precio de la luz, el gas, los combustibles; congelar las pensiones; bajar los sueldos a los funcionarios, o cuando no, retirar las ayudas a los desempleados. Déjenme que les diga, señorías, que no es precisamente este el modelo de política de protección social que no hace mucho tiempo algunos de ustedes vociferaban por media España. Hay datos escandalosos que no afectan a la macroeconomía. No voy a hablarle aquí hoy del saldo del resultado del sector financiero ni de las fortalezas ni debilidades de la zona euro. Quisiera en esta interpelación tratar de mostrarles cómo su política económica está machacando directamente la línea de flotación de cientos de miles de familias españolas. La crisis por la que atraviesa nuestra economía está teniendo efectos devastadores para las familias españolas; familias que han visto reducidos fuertemente sus ingresos por el incremento del paro, la destrucción del

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empleo, la reducción de los salarios y la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, y que ahora se ven abocadas a fuertes subidas del gasto derivado del incremento del coste de la vida como por ejemplo, les repito, la subida de la tarifa eléctrica, de los carburantes, del precio de los transportes o el de los alimentos. Son ustedes, los miembros del Gobierno, perfectamente conocedores de cómo las familias españolas nos hemos ido empobreciendo radicalmente en los últimos tres años y a esto han querido ustedes añadir una subida de impuestos dramática para muchas de estas familias en un país asolado por el paro. Este Gobierno no puede, no debe hacer pagar a los más débiles su desastrosa política económica poniendo a cientos de miles de españoles al borde del abismo. Solo en lo que va de legislatura se han destruido 1.800.00 empleos y se han incrementado en más de 2.600.000 el número de parados. Y ya, lo más grave, hay 1.300.00 familias con todos sus miembros en paro. Todo ello, unido a la caída de los salarios y al incremento de los impuestos ha provocado una caída de la renta disponible de las familias que, debido a la penosa gestión del Gobierno socialista, cada día son más pobres y tienen que afrontar mayores gastos por el incremento del coste de la vida.


Señora vicepresidenta, las familias españolas no solo son más pobres por la pérdida de ingresos que les ha generado la crisis económica, sino por las injustas subidas de impuestos decretadas por el Gobierno de la nación, su Gobierno, señora vicepresidenta. En menos de dos años y en plena crisis económica ha incrementado en cuatro ocasiones el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Primero eliminó la deducción de 400 euros a los perceptores de rentas del trabajo, incluidos los pensionistas. Luego incrementó los tipos impositivos al ahorro afectando a todo tipo de rentas y de productos. Más tarde eliminó la deducción por compra de vivienda habitual que supondrá incrementos de impuestos de hasta algo más de 1.300 euros a una familia media española que compre una casa a partir de 2011. De hecho, según el reciente informe del Banco de España, las familias españolas que se vean excluidas de esta deducción deberán dedicar solo por ello un 6,3 por ciento más de su salario para pagar la hipoteca. Y ahora acaban ustedes de eliminar la deducción de los 2.500 euros por nacimiento o adopción. Además, señorías, el Gobierno ha decidido congelar las pensiones a más de ocho millones de pensionistas, quienes verán fuertemente reducido su poder adquisitivo debido al fuerte incremento de los precios. Sin duda en otro alarde de justicia social, el Gobierno ha reducido en un 42 por ciento las ayudas por hijo a cargo destinadas a familias con rentas inferiores a 11.000 euros, una gran ayuda a esas familias tan necesitadas que, sin embargo, supone un ahorro de tan solo 27 millones de euros al Estado. No contentos con ello, el Gobierno obliga a las familias, precisamente en estos difíciles momentos, a enfrentarse a aumentos del coste de la vida que en ningún caso se pueden asumir. Así, señora ministra, el Gobierno del Partido Socialista condena a los españoles a pagar la factura de su penosa gestión económica.


Mientras las familias españolas son cada vez más pobres, el Gobierno les sube los impuestos, incrementa las tarifas reguladas y es incapaz de impedir el fuerte incremento de los precios de la cesta de la compra. La más reciente subida desproporcionada de una tarifa regulada por el Gobierno es la de la electricidad, que acaba de entrar en vigor en enero y que afecta en torno a 18 millones de hogares. El Gobierno, como usted y todos sabemos, aprobó el pasado 27 de diciembre una subida del 9,8 por ciento en la tarifa de último recurso para este enero. Este incremento es el mayor registrado desde el año 1983 y quintuplica la variación interanual del IPC de noviembre de 2010, que fue de un 2,2 por ciento.
Esta subida supone en la práctica un encarecimiento mensual de 4,5 euros, que es lo que, al parecer, le cuesta ahora al ministro de Industria, señor Sebastián, un café. Este es sin duda el mejor barómetro de cómo ha subido el coste de la vida porque al señor presidente del Gobierno hace tres años le costaba un café 80 céntimos y ahora al señor Sebastián le cuesta -como dice él, porque dice que la subida es lo que vale un café- 4,5 euros. Con el nuevo año, señora vicepresidenta, su Gobierno también ha encarecido el gas natural un 3,93 por ciento de media, lo que afecta a 6,5 millones de usuarios acogidos a las tarifas reguladas y en mayor medida a ese 1.300.000 familias que no tienen ni un solo ingreso. A su vez, Renfe ha incrementado los billetes de todos los servicios por encima del IPC, las cercanías -un medio de transporte masivo en ciudades como Madrid y Barcelona u otras grandes áreas metropolitanas de nuestro país- suben un 3,1 por ciento, mientras que los trenes del AVE y larga distancia lo hacen en un 2,3 por ciento. No contento con ello, el Gobierno no hace más que empeorar la situación. Estas subidas de precios regulados han venido acompañadas por sucesivos incrementos de los impuestos indirectos decretados por el ejecutivo socialista al que usted pertenece, que incrementan adicional e indiscriminadamente el precio final de la cesta de la compra. Así, en lo que va de legislatura, el Gobierno ha incrementado hasta en dos ocasiones los impuestos sobre las labores del tabaco, el impuesto sobre hidrocarburos y el pasado mes de julio incrementó bruscamente el impuesto sobre el valor añadido, del 7 al 8 por ciento el tipo reducido que afecta a la mayoría de los productos alimenticios y al agua, y del 16 al 18 por ciento el tipo general que afecta a la mayoría de bienes y servicios.


A todo ello se une la desconcertante política económica del Gobierno en materia de energía y de defensa de la competencia, que está provocando, en estos momentos en los que las economías familiares atraviesan por tantas dificultades, que se disparen los precios de los hidrocarburos, alcanzando sus máximos históricos, incrementando el coste del transporte a millones de españoles. El precio de los carburantes en España se ha incrementado en un 18 por ciento en los últimos 12

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meses hasta su nivel más alto de la historia, pese a que el barril de petróleo está muy por debajo de sus niveles máximos. Las erróneas decisiones del Gobierno incrementando impuestos, tarifas, tasas, así como su desastrosa política económica están provocando que, mientras la economía siga estancada, se disparen los precios. De estas subidas, señorías, señora vicepresidenta, tienen ustedes toda la culpa y toda la responsabilidad. La aceleración de la inflación subyacente hasta el 1,5 por ciento pone de manifiesto que además de los componentes energéticos hay otros factores, fundamentalmente el incremento de los impuestos indirectos, que han motivado el fuerte aumento de los precios. De hecho, desde julio, el primer mes de aplicación de la subida del IVA, la diferencia entre el índice general de precios armonizado y el índice general sin subida de impuestos es de más de un punto, mientras que hasta ese momento no existía apenas diferencia entre los índices. Ese incremento de los precios, señorías, está presionando a su vez al Banco Central Europeo a incrementar los tipos de interés, lo cual lastrará aún más las ya de por sí maltrechas economías familiares. De hecho, las restricciones de liquidez en los mercados financieros han provocado que en un año el índice al que se refieren la mayoría de las hipotecas en nuestro país, el Euribor, se haya incrementado en más de 30 puntos básicos, lo que supone unos 25 euros más al mes, casi 300 euros más al año para una hipoteca media cuando sea revisada y, evidentemente, para la familia que la pueda seguir pagando. Este, señora vicepresidenta, señores del Gobierno, señores socialistas, es su legado: aumento de la pobreza, menos riqueza, más impuestos, incremento de los precios, caída de la renta disponible, reducción del poder adquisitivo, más paro y menos empleo. Una factura que el Gobierno obliga a los españoles a pagar por la incompetencia de quien nos gobierna. Señora vicepresidenta, señorías, las familias españolas ya no pueden esperar más tiempo las medidas que mejoren su delicada situación actual. El Gobierno está obligado a hacer todo lo que pueda y más para solucionar rápidamente esta situación. Las familias españolas no pueden más, señora vicepresidenta del Gobierno, y están hartas de ir a los ayuntamientos para que les paguen la luz, el agua, el alquiler y, además, para que atiendan a los mayores o a los dependientes, a los que no les ha llegado la ayuda de la Ley de Dependencia porque no hay dinero en el Gobierno. Señora ministra, creo que una vicepresidenta del Gobierno cuando se compromete a realizar la tarea de vicepresidenta económica tiene que, además de ir a reuniones internacionales, ocuparse de las familias españolas. Dedique algo de su tiempo a la economía familiar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Martínez.


Para contestar a la interpelación tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, debo comenzar diciendo que no dejan ustedes de sorprenderme (Un señor diputado: ¿Por qué?) Porque no han entendido nada de lo que ha ocurrido en los dos últimos años. (Una señora diputada: ¿Ah, no?) Sí.
Siguen anclados en el año 1996 y son incapaces, no ya de reconocer, sino ni tan siquiera de ver que el modelo de crecimiento que ustedes impulsaron -y que es, por cierto, el que nos quieren volver a traer- tiene muchísimo que ver con la situación en la que nos encontramos. Y como no han entendido nada y no tienen otro objetivo ni otro argumento que la crítica al Gobierno, haga lo que haga este, nos encontramos con la paradoja de que hace exactamente un año, y ante una situación absolutamente puntual, culpaban ustedes al Gobierno de llevar al país a la deflación, y ahora, apenas unos meses después y nuevamente ante una situación puntal, exactamente todo lo contrario. Como ya tuve oportunidad de decirles en una ocasión, a veces ustedes son de Mariano y a veces son de Rajoy, pero en lo que no fallan nunca es en aquello de piove, porco governo.


Señoría, ha comenzado usted hablando de la política social. Como sabe, el presidente del Gobierno desea venir a esta Cámara a explicar la política social del Gobierno socialista y a ponerla en comparación con lo que fue la política social durante los años en que ustedes gobernaron. Señoría, quiero recordarle que ustedes nunca estuvieron de acuerdo con la prestación de 2.500 euros por nacimiento, criticaron hasta aburrir los 400 euros, no pusieron en marcha nuevas modalidades de prestación por desempleo como la que ha estado en vigor durante todo este tiempo y que todavía está vigente y, por supuesto, no se ocuparon para nada de las personas en situación de dependencia. Así pues, señoría, nada satisfaría más al Gobierno socialista que tener la oportunidad de comparar nuestra política social con la que ustedes desarrollaron en unos años de bonanza económica. Pero, entrando en las cuestiones concretas que han planteado en su interpelación, quisiera señalarle -seguro que lo sabe, pero al menos no lo ha dicho- los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el dato de subida de la inflación del pasado mes de diciembre. Es verdad que aumentó en 7 décimas, pero a lo largo del año 2010 el IPC ha subido una media del 1,8 por ciento, dejando atrás esa caída de precios que a ustedes les alarmaba tanto del 0,3 por ciento en el año 2009. El grueso de este aumento se ha producido desde el verano pasado y se ha debido esencialmente a dos factores. Uno externo a la economía española, puesto que 4 décimas de esas 7 provienen de la fuerte escalada de los precios del petróleo y de otras materias primas. Señoría, los precios tienen que tener en cuenta la relación de tipo de cambio euro-dólar, que es distinta de la que era hace un año. Me parece que también esa es una cuestión que debería de considerar. El otro factor ha sido la elevación

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de los tipos impositivos del IVA en julio y la del impuesto especial sobre el tabaco a finales de año, un IVA, señoría, que continúa siendo de los más bajos dentro de la Unión Europea, un incremento del IVA que lo ha sido en consonancia con incrementos todavía mucho mayores en otros países europeos. No tengo más que recordarle que en Portugal, hasta el 23 por ciento; en el Reino Unido, hasta el 20 por ciento.


Señoría, en el mes de noviembre la inflación a impuestos constantes se situó en el 1,1 por ciento y dos décimas de este incremento de la inflación en el mes de diciembre están asociadas al aumento de los impuestos del tabaco. Es una cuestión esta, señoría, la de los impuestos del tabaco, que tiene una repercusión en el IPC que seguramente es desproporcionada en relación con la disminución del consumo de tabaco que en este momento se está ya produciendo en nuestro país, una disminución del consumo de tabaco en la que ocupa un lugar muy importante el incremento de los impuestos y que, como su señoría sabe, es uno de los objetivos de estas modificaciones impositivas. Menos consumo de tabaco, mayor salud para todos los españoles. En resumen, señoría, si se excluyen de ese índice los elementos volátiles, la energía, los alimentos y el tabaco, el crecimiento de los precios en diciembre fue del 1,3, frente a un 1,2 por ciento en el mes de noviembre. Así es que la inflación subyacente cerró el pasado ejercicio en la mitad de la inflación global.


Continuando con el factor energético, que usted ha señalado como si fuera responsabilidad del Gobierno, es un factor, como sabe, externo a la economía española, aunque su grupo parlamentario echa también la culpa del encarecimiento mundial del petróleo, cómo no, al Gobierno español.
(La señora Báñez García: ¡No, no, no!) En este caso los gobiernos nacionales carecen, como su señoría sabe, de capacidad de maniobra a corto plazo para evitar una inflación importada a través de los precios internacionales. Y ello es más cierto todavía cuando, como en el caso de la energía, la dependencia española del exterior es muy fuerte y los impuestos sobre los carburantes quiero señalarle, señoría, que todavía son moderados en comparación con los países de la unión monetaria.
Resulta bastante sencillo de entender. Si una materia prima que no se produce en el país y que es imprescindible para el proceso productivo se encarece, esto hará que España en el corto plazo deberá dedicar una mayor parte de la renta que genera a satisfacer esa superior factura energética. Por eso, nos parece que lo que hay que hacer es promover una eficiencia en el uso de la energía, porque, como su señoría sabe, la intensidad de consumo energético en España es bastante mayor, por ejemplo, que la de Italia, un país con una climatología muy parecida. Así es que no está mal que los ciudadanos y las empresas tengan incentivos para utilizar de manera más eficiente esos recursos que ahora son más caros.


Cuestión distinta, señoría, es el medio plazo y por eso el Gobierno está desarrollando una política energética encaminada a fortalecer las fuentes autóctonas de energía y las energías renovables. Ello nos va a permitir reducir la dependencia de la energía importada y de esa forma aislarnos, siquiera sea parcialmente, de las perturbaciones de los precios internacionales, además de ayudarnos a cumplir nuestros compromisos medioambientales. El otro factor que ha influido en el aumento de la inflación ha sido consecuencia, como su señoría señalaba, de las subidas impositivas, unas subidas impositivas, señoría, que han sido imprescindibles y son imprescindibles por la necesidad, la intensidad y la urgencia de la consolidación fiscal, una consolidación fiscal que es un elemento clave de la estrategia de política económica del Gobierno para fortalecer la confianza de los ciudadanos y de nuestro entorno en la economía española. Quiero recordar a su señoría que los impuestos en España financian no solo el funcionamiento de las administraciones públicas sino también todas las políticas sociales que se desarrollan, incluyendo, por ejemplo, parte de los complementos a mínimos de las pensiones. El fortalecimiento de la confianza de los inversores es esencial para la recuperación económica, unos inversores que en este momento muestran una elevada aversión al riesgo y que tienden a sobrerreaccionar en el corto plazo. Por eso hemos acelerado la reducción del déficit público, por eso estamos reduciendo el coste de financiación de las administraciones públicas y también del sector privado.


Como saben, señorías, las últimas semanas se han comenzado a percibir los efectos beneficiosos de la consolidación presupuestaria, una consolidación presupuestaria en la que la actuación de la Administración General del Estado y por tanto del Gobierno socialista está siendo fundamental. Y los mercados están recogiendo ya esta impresión, puesto que la subasta de ayer de Letras del Tesoro tuvo una fuerte demanda, una cobertura de más de cinco veces, y permitió la adjudicación a tipos casi un 50 por ciento inferiores que la anterior subasta del mes de diciembre.
Este comportamiento más favorable de los mercados también nos está permitiendo reducir nuestro diferencial. Pero somos conscientes de que los mercados continúan sujetos a una elevada volatilidad, que es posible que se vuelvan a producir nuevas tensiones y que por tanto hay que continuar con los esfuerzos de consolidación fiscal y de reformas estructurales. En todo caso, señoría, como sabe, los efectos sobre la inflación del aumento impositivo del IVA y del especial sobre el tabaco tienen por naturaleza un efecto transitorio, por lo que, transcurrido como máximo un año, este efecto alcista se descontará de la tasa de inflación. Además, como sabe, estos impuestos no afectan a nuestras exportaciones, por lo que la competitividad de nuestra economía no se ve afectada. Como resultado, las exportaciones y los puestos de trabajo a ellas asociados van a continuar siendo una de las mayores fuentes de dinamismo de la economía española en los trimestres venideros.


En resumen, señorías, y para concluir, me gustaría resaltar que el diferencial del índice armonizado con la zona euro no debe entenderse en ningún caso como una

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reducción de competitividad, puesto que nuestras exportaciones siguen creciendo. También quiero volver a señalar que la subida del impuesto especial sobre el tabaco, como ya dije en la anterior ocasión, tiene una finalidad fundamental, que es desincentivar el consumo de este producto, lo cual está de acuerdo con las políticas de salud pública que el Gobierno está desarrollando y por supuesto va a ayudar a todavía un mejor cumplimiento de la Ley de restricción del consumo de tabaco en lugares públicos recientemente aprobada. Así que, señoría, apúntese a las reformas, apúntense a la consolidación fiscal y tengan toda nuestra colaboración en trabajar juntos para la recuperación económica.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno.


Señora Martínez, su turno de réplica.


La señora MARTÍNEZ SAIZ: Señora vicepresidenta, ¿a qué reforma quiere que nos apuntemos si cada día hacen una reforma y al siguiente día hacen una contrarreforma? Suben las tarifas reguladoras que dependen del Gobierno; tendríamos la inflación más baja de Europa si no fuera por la subida de impuestos de su Gobierno, se ponga usted como se ponga.


Señora vicepresidenta, a nosotros ya no nos sorprenden ustedes, porque tienen un desparpajo inigualable para negar la evidencia. (Rumores.) Los que no han entendido nada son ustedes. El modelo de 1996, el que gestionó el Grupo Popular, el Partido Popular, el Gobierno de Aznar, es el que hizo decir al señor Zapatero el 3 de julio de 2007: Lo anunciaré de forma sencilla pero ambiciosa, la próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España, no lo quiero con carácter coyuntural, lo quiero definitivo. España está a salvo de la crisis financiera, el modelo económico español es un modelo internacional de solvencia y eficiencia.
¿Habían cambiado ustedes algo? ¿Habían ustedes cambiado algo? (Aplausos.) ¡Estaban ustedes dilapidando la mejor herencia que ningún gobierno democrático ha recibido en este país, la mejor! Y después dice Zapatero: No hay atisbo de recesión económica, la economía española tiene muy buenos fundamentos. ¡Sería el modelo económico del Partido Popular y del Gobierno de Aznar! (Varios señores diputados: Sí, sí.) Porque llevaban ustedes dos años en el Gobierno en 2007. Ya no engañan a nadie, las familias españolas saben que con ese modelo había en España 5 millones más de trabajadores que en el año 1996, cuando llegó Aznar al Gobierno, y saben ahora que ahora hay 4,5 millones de parados más. Y eso es política social, no es agricultura, señora vicepresidenta del Gobierno, eso no es agricultura.


Señora vicepresidenta del Gobierno, lo único que han demostrado ustedes hasta hoy es que son inigualables para cuadrar las cuentas del Estado quitándoselo a los más débiles, a los ayuntamientos, a las familias, a los pensionistas y a los funcionarios, que no pueden protestar.
(Aplausos.) A esos. Ahora, para cuadrar las cuentas de las instituciones financieras, ayudas; ahora, para las cajas de ahorros, ayudas. Y a las familias españolas, ¿qué? Y a los autónomos, ¿qué? ¿O es que los autónomos no tienen familia? ¿O es que los profesionales no tienen familia cuando no tienen trabajo? Porque las familias españolas no pueden acogerse a ningún ERE, no pueden cerrar la baraja, no pueden cerrar la puerta, señora vicepresidenta del Gobierno, tienen que comer todos los días, tienen que pagar el alquiler, tienen que pagar la luz y el agua.
¿Sabe usted dónde va, a que les paguen los recibos del agua, de la luz y los alquileres, el 1.300.000 familias que no tiene ningún ingreso? A los ayuntamientos. Pero el señor Solbes ya dijo aquí, en contestación a una pregunta de esta diputada, que cada palo aguantara su vela; o sea, que el 1.300.000 familias que no tiene un ingreso que se aguanten y que vayan a los ayuntamientos. Hay que ser un poco más serios y tener un poco más de consideración, señores del Gobierno socialista.


Les voy a decir una cosa, y con esto termino. Ustedes se están dedicando estos tres años a hacerse trampas en el solitario, pero no pretenderán ustedes que seamos las familias españolas las que paguemos sus trampas.
Las trampas las pagan los malos jugadores. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Martínez.


Señora vicepresidenta del Gobierno, su turno de dúplica. (Rumores.)

Silencio.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, con un poco más de tranquilidad, me gustaría saber cuándo prepararon ustedes el programa electoral que presentaron en el año 2008, porque en ese programa electoral preveían crecimientos del PIB para los años 2009 y siguientes superiores al 3 por ciento. (Un señor diputado: Con Rajoy, no con Zapatero.) Por cierto, superiores a los que el Gobierno entendía que podían considerarse, sin tener todavía la perspectiva de la crisis económica.


Señoría, ha venido usted a decir aquí que damos ayudas a los bancos y que no damos ayudas a las familias. En primer lugar, quisiera recordarle -y ya lo he hecho esta mañana- que todas las reformas y actuaciones que hemos hecho del sector financiero, todas, han contado siempre con la aprobación de su grupo parlamentario; y está muy bien que sea así. Hemos tratado de ayudar a los bancos para que el crédito pudiera llegar a las familias y a las empresas, pero nuestra ayuda a los bancos no ha costado ni un solo euro a los contribuyentes, señoría; no introduzcan ustedes confusión. Son préstamos que las entidades financieras están devolviendo.


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Lo malo, señoría, de realizar determinadas afirmaciones es que no solo nosotros tenemos memoria, sino que las estadísticas están ahí. En sus años de Gobierno, exceptuando el periodo de convergencia para cumplir los criterios de Maastricht, ustedes no consiguieron nunca mantener la inflación por debajo del 3 por ciento. (Rumores.) Cuatro años sucesivos de inflaciones de hasta el 3,6 por ciento. Y ahora, por un mes y medio, se rasgan las vestiduras. Señoría, en su afán de criticarlo todo no tienen ni rigor, ni medida, ni tan siquiera examinan las estadísticas.
Esa es la inflación que tuvimos mientras gobernaban ustedes. Ahora, puntualmente y por efecto del repunte de los precios del petróleo en euros -en euros-, estamos teniendo una inflación puntualmente algo más alta, pero desde luego inferior a la que tuvieron ustedes entre los años 2000 y 2004.


Quisiera señalar en primer lugar, porque me parece importante, que nuestro sector financiero es sólido y solvente. Hemos contado siempre con su colaboración para todas las actuaciones que se han desarrollado y esperamos seguir contando con ella. Las familias cuentan con toda la protección que puede dárseles desde el Gobierno; en lo que se refiere al sector financiero, tienen el Fondo de garantía de depósitos y ahora un nuevo impulso al capital y a la solvencia de las entidades y la competitividad de nuestra economía -que es de lo que se trata, señoría- está mejorando, lo cual nos va a permitir crecer más, crecer mejor y crear empleo. Por eso le quiero decir que el indicador de competitividad más relevante, que es el coste laboral por unidad de producto, se está desacelerando; de hecho ha tenido una caída del 1,1 por ciento en los tres primeros trimestres del año 2010. Así pues, señoría, la renta agregada de la economía española no se va a ver afectada y, por lo tanto, el conjunto de las rentas que reciben los trabajadores no se va a ver afectado por este pequeño repunte de la inflación. En todo caso, será bueno que esta volatilidad del IPC no provoque unos efectos de segunda ronda en los mercados.


En mi intervención inicial ya les hablé de las reformas estructurales que el Gobierno desea llevar a cabo, particularmente en el ámbito de la energía, señoría, particularmente en el ámbito de la energía. Hoy van a tener ustedes la oportunidad de votar un decreto-ley que avanza en ese sentido. Por lo tanto, señoría, espero que el voto de su grupo sea positivo a este punto. Reformas estructurales, señoría, que es lo que nos va a permitir crecer, generar empleo, generar riqueza y, por tanto, mejorar la situación de las familias; reformas estructurales que tenemos que continuar, reformas para abrir nuestra economía a los mercados, reformas importantes en el ámbito de los servicios, en el ámbito, por ejemplo, de los colegios profesionales y en el ámbito concreto de reducción de las cargas administrativas. Así es que, señoría, no describa situaciones que no se corresponden con la realidad, no trate de infundir alarmismo en nuestra situación económica y en la situación de las familias. Nuestra economía está comenzando a mejorar y lo haría mucho más si pudiéramos contar con su apoyo.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora vicepresidenta segunda del Gobierno.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.


- REAL DECRETO-LEY 14/2010, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS URGENTES PARA LA CORRECCIÓN DEL DÉFICIT TARIFARIO DEL SECTOR ELÉCTRICO. (Número de expediente 130/000037.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto VIII del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En concreto, del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.


Para la presentación del real decreto, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para solicitar su apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley 14/2010, del 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. Con este propósito y durante el curso de mi intervención me propongo explicar las razones que justifican la urgencia de convalidar una norma cuya aprobación encuentra su justificación en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema eléctrico.


Señorías, esta necesidad tiene su origen en la profunda crisis económica y financiera global que estamos padeciendo, una crisis que está exigiendo a todos los gobiernos, especialmente en Europa, reformas estructurales que aseguren un futuro de crecimiento y de progreso sin pérdida de bienestar.
España no es una excepción. Por ello, desde la responsabilidad, el sentido de Estado y la defensa del interés ciudadano y de las empresas, estamos acometiendo un conjunto de reformas difíciles pero indudablemente necesarias para crear las condiciones que se requieren para generar empleo y asegurar el futuro de nuestra economía. De entre todas estas reformas, especialmente prioritaria resulta la de un sistema eléctrico que acumula una serie de desequilibrios y debilidades, que era y es imprescindible corregir cuanto antes, ya que la situación se ha vuelto insostenible

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por la evolución del déficit y la deuda tarifaria acumulada sin titulizar.


Como todos saben, señorías, desde 2009 el Gobierno viene trabajando para la adopción de un conjunto de medidas cuyo denominador común es la racionalización de los costes regulados y la reducción del déficit de tarifa. De entre ellas quiero destacar la aprobación del Real Decreto-ley 6/2009, por el que se estableció una senda de reducción del déficit de tarifa hasta su completa eliminación en 2013. Se creó un prerregistro para las energías renovables, con el fin de evitar una entrada en el sistema de plantas por encima de los objetivos previstos, y se instituyó el mecanismo del bono social, para proteger de los necesarios ajustes de la tarifa a los consumidores más vulnerables: los hogares con poca potencia instalada, los perceptores de la pensión mínima, los hogares con todos sus miembros en paro y las familias numerosas. Estas actuaciones de 2009, orientadas a reducir los costes del sistema, han tenido continuidad durante este año pasado 2010, en primer lugar, con la consecución de un acuerdo con el sector eólico, por el que se reducen temporalmente sus primas en un 35 por ciento y se limita permanentemente el número de horas con derecho a prima. En segundo lugar, mediante un acuerdo con el sector termosolar, por el que se elimina la opción de retribución a precio de mercado más prima para todas las plantas inscritas en el prerregistro durante un año, se fija un retraso en la entrada en operación de las plantas inscritas en el prerregistro y se limita permanentemente el número de horas con derecho a prima en función de las distintas tecnologías. En tercer lugar, la aprobación de una nueva normativa para las plantas solares fotovoltaicas a futuro, que reduce las primas en un 5 por ciento para las instalaciones de techo pequeño, en un 25 por ciento para las de techo mediano y en un 45 por ciento para las de suelo.


Todas estas medidas han nacido del diálogo, tanto con los sectores afectados como con las principales fuerzas políticas. Pero estas medidas de 2009 y 2010 no han sido suficientes. Los desequilibrios se han acentuado como consecuencia de la aparición de una serie de circunstancias adversas, en algunos casos excepcionales, de las que me gustaría resaltar dos. Por una parte, el crecimiento por encima de lo previsto de algunos de los costes regulados a lo largo de 2010, en especial de las primas del régimen especial, y, por otra parte, la evolución de la demanda de electricidad, que en 2009 sufrió una caída del 4,7 por ciento. Se trata de la primera caída de la demanda eléctrica tras 25 años de incrementos sostenidos próximos al 4 por ciento anual. Estas disminuciones de la demanda eléctrica reducen los ingresos del sistema y suponen que los costes fijos tienen que pagarse entre menos usuarios de electricidad, lo que eleva el coste por usuario. Estas dos circunstancias han elevado el déficit tarifario e hicieron que las medidas adoptadas hasta ahora para garantizar la reducción progresiva del déficit de tarifa de una forma equilibrada entre todos los agentes del sector fueran insuficientes. Por ello, la necesidad de aprobar de manera urgente nuevas medidas de ahorro de costes y generación de nuevos ingresos para el sistema que evite la desestabilización de nuestro sistema eléctrico o subidas desmesuradas de la tarifa eléctrica.


El Real Decreto-ley 14/2010, que se somete a convalidación, mantiene el objetivo de eliminación de la aparición de nuevo déficit en el sistema eléctrico a partir de 2013. Para ello prevé la puesta en marcha de un conjunto de medidas que, con carácter inmediato, permiten solventar la actual situación y fortalecer la posición del sistema eléctrico en los mercados financieros y de deuda, un aspecto especialmente relevante en estos difíciles momentos, como estoy absolutamente seguro convendrán sus señorías conmigo. Las medidas comprendidas en este real decreto-ley reparten esfuerzos para reducir el déficit tarifario entre todos los agentes del sector eléctrico, un esfuerzo que mayoritariamente ya están realizando los consumidores, los hogares, las empresas y las administraciones a través de la tarifa eléctrica, un esfuerzo en el que todos deben participar y en el que nadie debe quedar excluido, porque de la solvencia de nuestro sistema eléctrico nos beneficiamos y nos beneficiaremos todos.


Entre las medidas que comprende este real decreto-ley, por ello y en primer lugar, se encuentra el establecimiento por primera vez de un peaje a la generación a cargo de las compañías eléctricas. Hasta ahora, la generación eléctrica estaba exenta de financiar las redes, aunque se trate de una actividad que contribuye a aumentar el coste de las mismas, porque exige la construcción de las conexiones necesarias para realizar el suministro eléctrico. Para equilibrar esta situación, el presente real decreto-ley establece un peaje de 0,5 euros por megavatio/hora, que pagarán los generadores, tanto los del régimen ordinario como los del régimen especial. Esta medida supondrá un incremento de los ingresos permanentes del sistema de 150 millones de euros anuales. Además, en segundo lugar -y si finalmente se convalida este real decreto-ley-, desde el 1 de enero de 2011 las empresas eléctricas asumirán durante tres ejercicios el coste de las medidas relacionadas con la estrategia de ahorro y eficiencia energética. Esta partida, que hasta ahora se sufragaba con cargo a la tarifa, se va a traducir en un ahorro total para los consumidores de 670 millones de euros: 270 millones de euros en 2011, 250 millones en 2012 y 150 millones de euros en 2013. Por otra parte, y en tercer lugar, también hay que destacar que para 5 millones de hogares -los de los consumidores más vulnerables-, la convalidación de esta norma supone la ampliación del bono social hasta el 31 de diciembre de 2013, siendo financiada esta ampliación del bono social íntegramente por las empresas eléctricas. Quiero recordar a sus señorías que de facto el bono social supone la congelación de las tarifas eléctricas en los precios que estaban vigentes en el primer semestre de 2009 para los consumidores con potencias contratadas de hasta 3 kilovatios en su primera residencia, así como

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para las familias numerosas, los perceptores de pensiones mínimas y para aquellos hogares que tengan a todos sus miembros en paro. En cuarto lugar, este real decreto-ley también incluye un ajuste de la retribución fotovoltaica. Se trata de una reducción temporal, razonable, proporcionada y necesaria, que va a contribuir, como el resto de las medidas, a garantizar el futuro de nuestro sistema eléctrico.


Señorías, el sector de la energía solar fotovoltaica era el único de los grandes sectores de las energías renovables que aún no había hecho un esfuerzo para ayudar a una reducción gradual y ordenada del déficit de tarifa, y no lo había hecho a pesar de su importante papel en los costes del sistema. Cabe recordar que el sector fotovoltaico absorbe el 40 por ciento del sobrecoste del régimen especial, representando tan solo el 6 por ciento de la producción renovable y el 2 por ciento de la producción total del sistema eléctrico. En estas circunstancias y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el sector fotovoltaico, pero siguiendo lo pactado con el resto de los sectores, eólico y termosolar, se propone limitar las horas de funcionamiento con derecho a tarifa de las plantas fotovoltaicas a partir de 2014, año en el que se pondrá en marcha un límite de horas equivalente al funcionamiento actual, límite que es aceptado por el sector. Ello no quiere decir que el resto de las horas no se remuneren; de hecho, la producción que exceda este umbral se venderá a precio de mercado mayorista, favoreciendo la competitividad. Y para el periodo 2011-2013, solo durante tres años, se limitan las horas con derecho a percibir la tarifa a las horas previstas en el Plan de Energías Renovables 2005-2010. Son las horas que estaban vigentes en 2007, cuando estos proyectos presentaron sus autorizaciones, calcularon sus rentabilidades y buscaron la financiación. Con esta limitación temporal se va a conseguir un ahorro de 740 millones de euros anuales durante el periodo 2011-2013. Es un esfuerzo razonable porque, como compensación, las plantas afectadas disfrutarán de tres años más de periodo con derecho a tarifa, que de esta forma pasa de veinticinco a veintiocho años. Por otra parte, también quiero significar que con esta medida estamos en línea con las acciones emprendidas en otros países como Francia, Alemania o la República Checa para abordar el incremento del coste de la energía fotovoltaica y garantizar la solvencia de nuestros sistemas eléctricos.


Señorías, este ajuste temporal no es retroactivo y no pone en riesgo la viabilidad de las instalaciones porque se mantiene un volumen importante de entrada de ingresos en los próximos tres años, con un flujo de caja de más de 2.000 millones de euros anuales. Además se compensa la disminución de los ingresos con los tres años adicionales del derecho a cobro de tarifa. Con esta compensación se permite, en aquellos casos que sea necesario, adaptar el perfil de los flujos de caja de forma que se mantengan en niveles razonables los ratios de cobertura de los proyectos.
Somos conscientes de que ello puede exigir en algunos casos inyecciones de liquidez en los proyectos, algo que desde el Gobierno queremos facilitar, evitando que problemas coyunturales de liquidez generen problemas a unas inversiones que son solventes y rentables.


En este sentido quiero agradecer las aportaciones de los distintos grupos de esta Cámara, en especial al PNV y a CiU, por el trabajo hecho con el Grupo Socialista para buscar soluciones a los eventuales problemas de liquidez que puedan surgir, sobre todo a los proyectos de menor tamaño.
También quiero agradecer a la Confederación Española de Cajas de Ahorros, a la CECA, su colaboración a la hora de transmitir a sus afiliados que la solvencia de los proyectos no se ve mermada por este ajuste temporal y por facilitar eventuales inyecciones de liquidez en los proyectos. Nada más lejos de nuestro deseo que buscar un quebranto a ningún proyecto fotovoltaico. Queremos y buscamos un ajuste temporal y razonable. En este sentido no quiero dejar de mencionar la disponibilidad de distintas líneas de crédito oficiales y no oficiales que pueden ayudar a adaptar los flujos de caja de los proyectos al nuevo esquema temporal que se introduce con este real decreto-ley. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se compromete a difundir la disponibilidad de estas líneas de crédito, así como a retomar el diálogo constructivo con el sector.


Para concluir, señora presidenta, la norma que se somete a la consideración de sus señorías, por una parte, modifica los límites máximos de déficit de tarifa cada año para adecuarlos a las desviaciones de forma que se cumpla el calendario de eliminación del déficit tarifario, manteniendo su completa eliminación en el año 2013 y, por otra parte, reconoce la titulización del déficit de tarifa mediante el aval del Estado para minimizar su impacto en los consumidores y permitir que se acceda a las mejores condiciones de mercado. En su conjunto las medidas comprendidas en esta norma van a suponer un ahorro de más de 4.600 millones de euros en los próximos tres años: 1.660 millones en 2011, 1.510 millones de euros en 2012 y 1.446 millones de euros en 2013; un ahorro que va a evitar subidas de la tarifa eléctrica, como la que hemos tenido que aprobar, a nuestro pesar, el pasado 1 de enero, una subida del 9,8 por ciento excepcional e irrepetible, y un ahorro en la tarifa que especialmente en la actual coyuntura es vital para la viabilidad futura de nuestro sistema eléctrico y, por ende, de nuestra economía y de nuestro empleo. Por ello solicito a sus señorías que en el ejercicio de la responsabilidad que tienen encomendada convaliden esta norma para que entre todos sigamos construyendo país y construyendo futuro en interés de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Ningún grupo ha mostrado su disposición a utilizar el turno en contra de la convalidación de este real decreto.


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Por tanto, pasaremos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto empezamos con la señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.


Intervengo para fijar la posición de Nafarroa Bai en torno al Real Decreto 14/2010, y empezaré por donde finalizaba el ministro, en interés lógicamente de todos los sectores y de todos los grupos que el ministro ha citado. Nuestra posición va a ser en contra por los mismos motivos, pero exactamente al revés, y además con un no en términos rotundos, porque de este real decreto, ministro, entendemos que surge el espíritu por el que sí o sí la tarifa eléctrica finalmente ha subido un 10 por ciento; no rotundo a un real decreto porque contiene elementos como esa disposición adicional primera, que decide hacer tabla rasa de quienes hicieron de las energías alternativas un entorno de ahorro familiar, tabla rasa con quienes utilizaron esa puerta, pero por atrás, para hacer ejercicio de economía especulativa; y no en términos rotundos, porque elementos como la disposición transitoria segunda ahondan en esa mezcla injusta, muy injusta, algo que ustedes mismos ya reconocían en el mes de julio en un texto que podían haber terminado consensuando con el sector, aunque finalmente no fue así. Por eso, anuncio el voto en contra de Nafarroa Bai al real decreto, y anuncio también, presidenta, para que así conste, que solicitaremos su tramitación como proyecto de ley.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Barkos.


Señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el año pasado UPN presentó en esta Cámara en defensa de las energías renovables una interpelación urgente en el mes de junio para conocer los planes del Gobierno en esta materia; una semana más tarde, se debatió una moción, que todos los grupos votaron a favor, una declaración política exigiendo al Gobierno, entre otros mandatos, que clarificara el horizonte regulatorio de los productores de energía eléctrica de régimen especial y sancionara los incumplimientos ilegales donde se hubieran producido, también pidiendo respeto a los derechos adquiridos, garantía de la sostenibilidad y de la rentabilidad razonable de las inversiones y respeto a la seguridad jurídica de los proyectos en marcha. En julio, tras el debate sobre el estado de la Nación, presentamos una propuesta de resolución en la que también pedíamos la ratificación de esta moción presentada en junio, que también fue aprobada y apoyada por el Grupo Socialista. El 21 de julio preguntamos nuevamente al presidente del Gobierno sobre esta cuestión y le dijimos que no deseábamos que el pacto sobre energía se consiguiera a costa de los pequeños productores de energía solar que habían cumplido sus obligaciones, desde luego en Navarra. El 18 de diciembre conseguimos el apoyo de todos los grupos para incluir en el informe de la subcomisión un párrafo similar sobre renovables a los que ya se habían aprobado en esta Cámara. Pero el 23 de diciembre, siquiera una semana después del informe, el Gobierno aprobó este real decreto, en el que se recoge un recorte de horas para el sector fotovoltaico que puede provocar a nuestro juicio la ruina a un número muy considerable de pequeños productores de energía fotovoltaica, como así nos lo han hecho llegar los afectados a través de miles y miles de e-mails. El 28 de diciembre registramos una petición de comparecencia del ministro para que procediera a explicar en sede parlamentaria el contenido de este real decreto, comparecencia que está pendiente.


Hemos recibido a muchos afectados en este tiempo y conocemos su honda preocupación por este tema. UPN -ya lo hemos dicho- no comparte este recortazo y por eso votaremos en contra de su convalidación y a favor de su tramitación como proyecto de ley...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Salvador, ha acabado su tiempo.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Salvador.


Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Intervengo para advertir con brevedad, pero con la misma firmeza, que votaremos en contra de este real decreto, que es una chapuza desde el punto de vista legislativo y una muestra de incapacidad política. En primer lugar, sorprende que las medidas hoy sean urgentes cuando hace cuatro días se negaba su necesidad a pesar de las advertencias. Lo que viene a contarnos este decreto es que iban a terminar con el déficit en 2013. Ahora nos explican, porque el papel lo soporta todo, por qué no ha sido posible que en este momento haya menos déficit que el previsto. Y resulta que no ha sido posible debido a las favorables condiciones climatológicas que han llevado a mayor producción eléctrica desde fuentes renovables. Es decir, que ustedes ponen molinillos y placas solares y luego rezan para que ni haya sol ni haya viento. En fin, una chapuza.
Hágase la oscuridad, llegue el decreto del señor ministro de Industria, y hágase -insisto- la oscuridad.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, muchas gracias.


Señora Oramas.


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La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señorías, Coalición Canaria considera que este real decreto-ley establece medidas discriminatorias con Canarias para la corrección del déficit tarifario. Por tanto, entendemos que se debería negociar una medida diferenciadora con el archipiélago. Esta iniciativa carga el ahorro de los costes de la energía en la producción de energía fotovoltaica en las zonas de mayor radiación solar, en lugar de distribuirlo a lo largo de la cadena de producción y distribución. En el caso de las plantas fotovoltaicas acogidas al real decreto de 2007, que es el caso de la mayoría de las plantas instaladas en Canarias, la limitación es a 1.250 horas hasta el año 2013. En las islas, la mayoría de las instalaciones generan unas 1.800 horas de media. Un real decreto de 2006 establece cinco zonas climáticas, según la radiación solar media de España, de forma que la zona I tendría reconocidas 1.232 horas equivalentes, mientras que la zona V, a la que pertenecen las islas Canarias, tiene 1.753. Por tanto, señor ministro, la medida de limitar a 1.250 horas es claramente discriminatoria con nuestra comunidad autónoma, ya que a las regiones situadas en la zona I no se les limita en absoluto y, por tanto, no contribuyen a la reducción del déficit, mientras que Canarias es la que más contribuiría en un porcentaje de horas sin derecho a prima. El efecto que esta limitación tiene para las empresas establecidas en el archipiélago es del 29 por ciento, mientras que a las establecidas en el norte no les afecta la limitación.


A la hora de valorar en términos globales el ahorro que supone para el sistema eléctrico la limitación de horas en Canarias, hay que tener en cuenta que allí hay instalados únicamente 80 megavatios, señor ministro, frente a los 3.400 instalados en la totalidad del Estado. Por tanto, la contribución a la corrección del déficit no sería significativa en el caso de nuestra comunidad. Sin embargo, para nosotros sí supone una contribución importante a la diversificación de una economía muy centrada en el sector terciario. Incidiendo en lo anterior, también hay que tener en cuenta que el coste de generación de energía en régimen ordinario es casi cuatro veces mayor en Canarias que en el resto del Estado. Por tanto, la prima supone un diferencial menor y el coste para el sistema eléctrico de la generación fotovoltaica es mucho menor en las islas que en el resto del territorio nacional. Las islas dependen prácticamente del petróleo para la generación de la electricidad. No tiene diversificadas sus fuentes energéticas como es el caso de la península o del continente.
Por tanto, la contribución de las renovables es fundamental en el caso del archipiélago para conseguir un modelo energético sostenible basado en la diversificación energética y en la autosuficiencia. Cualquier medida que como esta cercene las posibilidades de desarrollo de las energías renovables en el archipiélago, principalmente la eólica y la solar, supone un paso atrás en la consecución del imprescindible escenario de diversificación energética. Hay que tener en cuenta también que organismos locales como el cabildo de Tenerife han promovido la instalación de plantas fotovoltaicas como una contribución a la obtención de un modelo mencionado en el punto anterior.


Las inversiones realizadas por pequeños promotores se ven seriamente comprometidas con estas medidas, así como la apuesta de las corporaciones canarias por la promoción de las energías renovables que, por otra parte, proporcionan a los inversores una rentabilidad similar a la que obtienen los gestores del sistema del transporte eléctrico. Por todo ello, Coalición Canaria va a votar en contra de esta iniciativa del Gobierno y va a pedir que se tramite como proyecto de ley para tener la oportunidad de introducir las correcciones necesarias. Nos tranquiliza que usted pueda garantizar la adaptación del sistema financiero y de las operaciones que financiaron estas instalaciones al nuevo plazo legal.
Pero he de decirle que tratar igual a diferentes no es justicia. Además, Canarias tiene un problema de dependencia del petróleo muy importante, y las cuentas no las debe ver solo desde su ministerio, sino en lo que significa la garantía de suministro y, segundo, el coste global para el Estado, porque usted sabe el coste que tiene el sistema eléctrico en Canarias.


Nosotros confiamos en que se tramite como proyecto de ley y en que, con esa política que está definida en el Plan energético de Canarias por consenso y apoyado por todos los grupos políticos de Canarias, incluido el suyo, el Grupo Parlamentario Socialista Canario, el Gobierno pueda corregir el error que ha cometido al igualar en este periodo transitorio de los tres años, cuando usted sabe que a partir del tercer año vuelven a considerarse las zonas energéticas y había que haberlo considerado en la política de reducción del déficit que compartimos, teniendo en cuenta que en Canarias existen mil pequeños operadores y no grandes plantas.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Oramas.


Señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señorías, dado que debatimos la adopción de medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario, permítanme que enumere algunas propuestas a este respecto. En primer lugar, modifiquen la ley eléctrica de 1997, en virtud de la cual el precio de la energía no refleja el coste real de producción a partir de cada tecnología, sino que el kilovatio más caro es el que marca el precio de todos. Así, la energía producida por centrales totalmente amortizadas como las hidroeléctricas o nucleares se pagan al precio de las más caras, y esto es lo que explica que, pese al supuesto déficit tarifario, los beneficios de las compañías eléctricas sean hoy mayores y es también lo que explica que el precio de la electricidad en el Estado español sea más caro que en Estados

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de nuestro entorno mucho más desarrollados. En segundo lugar, modifiquen el decreto del carbón, cuyo impacto en el déficit tarifario y en la subida reciente de la luz ni el Gobierno se atreve a negar, aparte de sus evidentes perjuicios para Galicia. Y, en tercer lugar, dejen de estigmatizar a las renovables.


Nos preocupa el cambio radical del discurso del Gobierno también en este tema. De presumir de ser los campeones mundiales de las renovables pasan ustedes ahora a convertirlas en las culpables de todos los males. Olvidan que las renovables son las responsables de que España haya dejado de ser importadora de electricidad en términos netos. Olvidan su aportación a reducir las emisiones de CO2, que también tienen un impacto económico, o su contribución a reducir la dependencia del petróleo, que también está en el origen del llamado déficit tarifario.


Señor ministro, nosotros no discutimos que en el sector fotovoltaico se haya podido generar cierta burbuja especulativa, debido entre otras cosas a la falta de previsión y planificación de su Gobierno. No discutimos que haya que modificar el marco regulador para nuevas instalaciones, pero no es admisible que ese marco regulador se modifique para las instalaciones ya existentes, introduciendo una grave inseguridad jurídica y afectando gravemente a la rentabilidad de muchos inversores y al futuro de muchos trabajadores. Por esta razón el BNG rotundamente votará en contra de la convalidación y exigirá su tramitación como proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en primer lugar, tiene la palabra la señora Buenaventura.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.


Ministro, señorías, el Gobierno argumenta -y antes también el señor ministro así lo ha explicado- que la intención de este real decreto es la disminución del déficit tarifario, pero no sabemos por qué centran ustedes todos los esfuerzos en una serie de tecnologías y se olvidan de otras. Aquí las renovables aparecen como las causantes del déficit y ustedes se olvidan de muchos otros elementos. El mercado mayorista permite a las grandes compañías, incluso en periodos de crisis como el actual, conseguir beneficios espectaculares. También se olvidan de la subida de los precios internacionales del gas natural, los apoyos al consumo de carbón nacional más caro que el importado y una subasta de futuros manifiestamente inflacionista. Si hoy se limita el mercado y la demanda de las renovables, lo que acabará pasando será la muerte de una industria puntera y líder en el planeta.


Gracias a la energía solar, España llegó a situarse en 2008 a la cabeza de un mercado mundial de alta tecnología, atrayendo inversiones de todo el mundo. Pero el frenazo que ha ido aplicando el Gobierno desde entonces ha hecho que se hayan perdido empleos en el sector y que otros países como Alemania hayan recuperado el liderazgo en el año 2010, instalando más potencia fotovoltaica que ningún país en el mundo. Por otra parte, ustedes también olvidan las emisiones de CO2 en el análisis del sistema eléctrico y no tienen en cuenta la subida del precio de los carburantes, que seguro que se va a producir en los próximos años. No sabemos cuánto pero seguro que se produce.


Como la mayor parte del tiempo son las centrales de gas de ciclo combinado las que fijan el precio, es fácil entender que la subida en los precios internacionales del gas haya traído aparejada una subida del precio de la electricidad en España y esta subida del precio del mercado mayorista ha supuesto un aumento espectacular en los márgenes de beneficio de centrales como las hidroeléctricas o las nucleares, construidas hace muchos años y amortizadas dentro del llamado marco legal estable que rigió hasta el año 1997 en condiciones muy favorables. Dichas centrales solo incurren en unos costos variables muy bajos, pero cobran igual que las centrales del gas. ¿Por qué se resisten a sacar estas tecnologías del pool? Se lo hemos propuesto muchísimas veces, que se rijan por un mecanismo que tenga en cuenta los costes en los que realmente incurren y que dejen de obtener beneficios caídos del cielo. No solo lo decimos nosotros... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Ya les decían en el libro blanco que encargaron ustedes al señor Pérez Arriaga en el año 2005 que así lo hicieran, y no lo han hecho. El incremento de las renovables ha hecho que los que invirtieron en centrales de ciclo combinado hayan acusado un descenso en sus beneficios y ahí está esta propuesta que ustedes traen a convalidar, cuantas más renovables ha habido menos han ganado los del gas. ¿Por qué siempre se atreven con los más débiles? No les vamos a negar que las primas a las renovables han aumentado mucho y es muy probable que se deba a una regulación llevada a cabo en 2008 y que fue una apuesta que ustedes hicieron por la energía solar en el suelo, pero no es justo que ahora quieran implementar medidas retroactivas que lo único que van a conseguir es acabar con esta tecnología. Ni es justo ni entendemos por qué no se han dedicado a atajar el fraude que ha habido en la aplicación de las primas del Real Decreto 661/2007, a las que algunos no tenían derecho y las han estado cobrando. Tampoco sabemos por qué no se han ejecutado los avales de los proyectos adjudicados y no realizados.


Nos parece que querer arreglar el problema del déficit tarifario con el recorte a la fotovoltaica es empezar la casa por el tejado. No hay ninguna duda de que los perdedores

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de este decreto que han traído hoy para su convalidación son los pequeños propietarios de instalaciones fotovoltaicas. Se les ha reducido el derecho a percibir la prima a un número determinado de horas al año, esto supone una merma de ingresos del orden de 740 millones de euros al año durante los próximos tres años. También hay otros perdedores de la difícil situación del sector eléctrico, que son los usuarios del sector, pero no todos por igual. Cabe distinguir los grandes consumidores industriales y el resto, pequeña y mediana empresa industrial, sector servicios y hogares. Los pequeños usuarios siempre hemos pagado por la electricidad mucho más de lo que valía, permitiendo que los grandes sectores industriales pagaran por ella mucho menos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

En consecuencia, no podemos hacer otra cosa que votar en contra de este real decreto que no nos deja otra opción. Les pedimos que antes de implementar las medidas del real decreto de recorte a la fotovoltaica usen el sentido común, revisen la regulación, estudien comparativamente las primas a las renovables, establezcan un marco para las energías renovables que incluya retribuciones decrecientes en el tiempo, acaben con el fraude de las instalaciones acogidas indebidamente a las retribuciones del año 2008 y ejecuten los avales tanto de los proyectos de centrales de ciclo combinado como de las fotovoltaicas que no se han realizado y están adjudicadas.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, Esquerra Republicana va a votar en contra de la convalidación de este decreto-ley para el que al parecer el Gobierno ya tiene el apoyo comprometido del equipo médico habitual de Convergència i Unió y del PNV. Lo digo en los términos de la negociación que usted explicaba hace unos instantes y en los que nuestro grupo parlamentario no ha tenido ninguna intervención. En segundo lugar, a estas alturas no cabe ninguna duda de que la liberalización del mercado eléctrico llevada a cabo durante estos últimos años ha sido un rotundo fracaso, señor ministro, si se atiende tanto a los resultados como a su nivel de aceptación ciudadana. Solo hay que ver que el 95 por ciento de clientes que podían haber optado por una tarifa con precio de mercado han recurrido a la tarifa de último recurso que viene fijando el Gobierno -un día hablaremos de ello-, que lo viene haciendo además de una forma opaca, poco rigurosa, generando grandes beneficios para las eléctricas y que sigue alimentando de forma muy clara este déficit tarifario abultado, que es lo que teóricamente está en el origen de este real decreto-ley. La paradoja es que con la liberalización que impulsó el PP, y que ustedes han continuado de forma entusiasta, las eléctricas han duplicado sus beneficios y el déficit de tarifa ha pasado a los 12.000 millones de euros cada año.


En este contexto, el impulso a las energías renovables nos ha parecido siempre una buena medida, un gran acierto, que va a permitir no solo reducir la factura, sino también la dependencia energética de acuerdo con los compromisos a nivel europeo 2020. El incremento de la capacidad renovable ha tenido efectos importantes en el mix energético y, por consiguiente, señor ministro, aunque no me escuche, también sobre algunas empresas del sector eléctrico porque supone una menor utilización de las centrales de combustible fósil, sobre todo de gas natural. De ahí que las eléctricas vengan culpando desde hace ya algún tiempo -y todo el mundo lo sabe- de forma clara a las renovables del déficit de tarifa, que tiene muchísimas otras causas, que por falta de tiempo no puedo ahora explicar.


En concreto, ¿qué es lo que hoy estamos debatiendo? Debemos convenir que la generación fotovoltaica está lejos todavía de ser competitiva como lo es la eólica, pero nuestro grupo quiere continuar manteniéndola de forma clara porque es un componente importantísimo del futuro de generación de energía limpia y sostenible. Ya se redujeron en su día unas primas que quizá fueron, como se ha dicho también, ciertamente abultadas siguiendo la tendencia a nivel mundial y atendiendo además a la disminución de costes. Pero lo que hoy se nos plantea con este recorte drástico para el periodo 2011-2013 es, para nosotros, a todas luces excesivo, además de que supone cambiar las reglas del juego a media partida y experimentar unos cambios de forma respectiva que generan no solo incertidumbre e inseguridad jurídica, sino que aseguran al Gobierno una altísima litigiosidad porque el propio sector fotovoltaico ya amenaza con interponer hasta más de 600.000 pleitos por este motivo y, sobre todo, porque, tal y como se plantea en este decreto-ley, va a plantear un problema grave, casi diría que la ruina y la quiebra, sobre todo para miles de familias y de pequeñas empresas que confiaron en la expectativa cierta que en su día dio el Gobierno en su política energética. En el sector fotovoltaico, señor ministro, hay que distinguir dos supuestos muy claros. Uno es el proyecto que impulsaron legítimamente, y con la expectativa dada por el Gobierno, pequeños inversores, ahorradores y muchos agricultores -hoy nos acompañan muchos payeses a través de algunos sindicatos representativos, como la Unión de Payeses de Llar- y, por otro lado, los grandes proyectos de fondo de inversión de bancos que inicialmente -por cierto, le pararon a usted los pies, luego no sé lo que pasó para impulsar nuevamente este proyecto- fueron los que hicieron de esto un producto financiero especulativo. Por tanto, hay dos supuestos.
Nosotros nos preocupamos lógicamente de los damnificados, de los pequeños agricultores, de los pequeños ahorradores e inversores. Por

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tanto, vamos a votar en contra de este decreto-ley y vamos a plantear que se tramite como proyecto de ley y seguidamente, si no prospera esta petición, vamos e intentar influir en la negociación en el Senado en el trámite de la ley de economía sostenible, básicamente para buscar una solución específica para este sector de pequeños inversores afectados, una solución que no sea retroactiva, una solución que dé seguridad jurídica y que no sea discriminatoria. Señor ministro, ¿por qué tenemos que pagar los platos rotos de la moratoria nuclear fracasada? ¿Por qué tenemos que pagar los platos rotos también de los costes de la minería del carbón en León? ¿Por qué tenemos que pagar los platos rotos, todavía hoy, de los costes de transición a la liberalización y no tenemos que hacernos cargo de este problema, que tiene además un limitado impacto económico, como son estos pequeños inversores en el sector de la fotovoltaica? Eso es lo que le pido en nombre de Esquerra en este momento, señor ministro, además de repetir, señorías, que vamos a votar en contra de este decreto-ley. Emplazo al ministro también a poder seguir hablando de esta cuestión, si no hoy, al menos en el trámite en el Senado de la ley de economía sostenible.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señor ministro, señoras diputadas, señores diputados, la energía es un pilar esencial para el correcto funcionamiento de nuestra economía. El cambio climático, el incremento de la dependencia energética y precios más elevados son retos a los que hay que enfrentarse y que necesitan de propuestas de solución para dar confianza, seguridad y estabilidad no solo a los consumidores sino también al sector de la energía, que es estratégico en el sistema productivo. La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico introdujo la liberalización en las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica. Sin embargo la actividad de comercialización se ha encontrado de hecho muy condicionada por el sistema tarifario. De este modo la diferencia entre tarifas reguladas y los precios de la energía ha puesto en cuestión el objetivo principal que se buscaba en los precios de mercado para conseguir una mayor eficiencia y ha generado efectos perjudiciales que se van agravando conforme avanza el tiempo deteriorando la base misma de la liberalización, los sistemas eléctricos y paralelamente induciendo a una creencia errónea respecto al precio de un bien escaso como es la energía, lo que no contribuye a favorecer el ahorro y la eficiencia energéticas.


El creciente déficit tarifario está produciendo graves problemas que en el contexto actual de crisis financiera internacional están afectando profundamente al sistema y ponen en riesgo no solo la situación financiera de las empresas del sector eléctrico sino la sostenibilidad del propio sistema eléctrico. Este desajuste resulta insostenible y tiene graves consecuencias al deteriorar la seguridad y capacidad de financiación de las inversiones necesarias para el suministro de electricidad en los niveles de calidad y seguridad que demandan los ciudadanos. Para solucionar dicha situación se aprobó el Real Decreto 6/2009, por el que se adoptaron determinadas medidas en el sector energético y se aprobó el bono social, estableciendo a su vez límites para acotar el incremento del déficit tarifario abordando además un mecanismo de financiación del mismo. De este modo, el citado real decreto-ley establecía a partir del año 2013 el principio de suficiencia de los peajes de acceso para satisfacer la totalidad de los costes de las actividades reguladoras, de modo que a partir de ese año el déficit tarifario fuera cero.


Desde la aprobación del citado real decreto-ley se han producido una serie de circunstancias y se han adoptado medidas que han tenido una incidencia directa sobre la previsión del déficit tarifario del sistema eléctrico y que han determinado que los límites máximos del déficit ex ante establecidos en la ya citada disposición adicional vigésimo primera se hayan visto ampliamente superados. El impacto de la crisis global que atraviesa la economía española ha supuesto una significativa caída de la demanda de energía eléctrica, mientras que del lado de la oferta han tenido incidencia aspectos como la evolución del precio de los combustibles en los mercados internacionales durante el año 2010 o las favorables condiciones climatológicas, que han llevado a mayor producción eléctrica desde fuentes renovables. Asimismo, desde el punto de vista regulatorio, no se han adoptado medidas que hayan permitido el control del déficit tarifario como exigía el Real Decreto-ley 6/2009, entre ellas los ajustes necesarios en las tarifas de acceso. Baste recordar el episodio del ajuste de julio, con el informe positivo de la Comisión Nacional de la Energía. No se aplicó sobre la base de no se sabe qué supuesto pacto con el Partido Popular, que a la postre no existió, lo cual supuso dejar de recaudar aproximadamente 800 millones de euros al año y que ahora hay que corregir. En consecuencia, todas las anteriores cuestiones, entre otras, llevan a abordar con carácter urgente la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico mediante el presente real decreto-ley.


Las correcciones necesarias a implementar y los desajustes a corregir son el desajuste temporal estimado para el año 2010 de las liquidaciones de actividades reguladas, el cual debía reconocerse obligatoriamente, como se ha señalado en la correspondiente orden de revisión de tarifas y peajes de acceso, para el 1 de enero de 2011 y que no se ha llevado a cabo. De ahí la necesidad de elevar los desajustes temporales de liquidaciones del sistema eléctrico que se produzcan en 2010, previstos inicialmente en 3.000 millones de euros, hasta una cuantía adicional máxima de 2.500 millones, los cuales tendrán la consideración de déficit de ingresos y por lo

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tanto generarán derechos de cobro que podrán ser cedidos por sus titulares al fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico. Además, para preservar el impacto futuro de esta medida sobre los consumidores se amplía el bono social establecido en dicho real decreto-ley con efecto de 1 de enero de 2014 y asimismo se elevan los límites máximos del déficit que se establecieron en el Real Decreto 6/2009, de 30 de abril, para los años 2011 y 2012.


Pero con dichas medidas no se solucionan los problemas del sector. Por ello nuestro grupo ha requerido al Gobierno medidas adicionales para asegurar que se mantenga el objetivo de eliminación del déficit en el sistema eléctrico a partir de 2013. En caso contrario carecerían de eficacia las medidas del real decreto. Las mismas deberían ir enfocadas de tal forma que todos los agentes del sector contribuyeran con un esfuerzo adicional y compartido a la reducción del déficit del sistema eléctrico. Entre dichas medidas de esfuerzo adicional y compartido por todos los agentes podríamos señalar el pago por el uso de las redes de transporte y distribución por parte de los productores de energía eléctrica, el esfuerzo que tendrán que realizar las empresas eléctricas que financien el Plan de acción sobre energía, estrategia de ahorro y eficiencia energética para los años 2008-2012 y medidas para que los reguladores del régimen especial realicen también una contribución para mitigar los sobrecostes del sistema, contribución que debe ser proporcional a las características de cada tecnología, a su grado de participación en la generación de esos sobrecostes y al margen existente en la retribución, cuya rentabilidad razonable debe quedar en todo caso garantizada. La aprobación de los reales decretos que contemplan los pactos alcanzados con sectores eólicos, termosolares y de cogeneración contribuyen a ese entendimiento y necesidad de ajuste para poder solventar los problemas del presente sin que en el futuro sea necesario tomar medidas adicionales.


Dentro de estas medidas de contribución de todos los sectores a la reducción de costes, el sector de la energía solar fotovoltaica es el único de los grandes sectores de energías renovables que no ha llegado a un acuerdo con el fin de asegurar la solvencia y sostenibilidad del sistema eléctrico. El Gobierno, mediante este real decreto-ley, pretende suplir la falta de acuerdo con el sector, acuerdo que a nuestro juicio hubiera sido totalmente deseable. En el ánimo de buscar un punto de encuentro, nuestro grupo parlamentario ha presentado en el Senado unas enmiendas al proyecto de ley de economía sostenible con el fin de llegar a un acuerdo con el Gobierno, que exigiéndole un esfuerzo económico solidario al sector, no le genere en la medida de lo posible problemas que pongan en riesgo las inversiones realizadas y eviten la huida de inversores por falta de seguridad jurídica. Miles de ciudadanos, pequeños inversores y también grandes inversores están claramente afectados.
Instamos en ese sentido al Gobierno a que siga trabajando con el Grupo de Convergència i Unió, con el resto de los grupos que ahora parece que se quieren apuntar, con Esquerra Republicana y con el Grupo Parlamentario Vasco para buscar acuerdos satisfactorios, aunque sea en el Senado.
Estamos en ello. Creemos que ese comportamiento es más constructivo que el del rompe y rasga, a pesar de que corramos el riesgo de ser tildados de equipo médico habitual. Ese esfuerzo, que debe realizar también el sector fotovoltaico, es sin duda necesario -tal y como ha recordado el propio ministro, recibe aproximadamente el 40 por ciento del total de las primas de energías renovables-, pero, insisto, ese esfuerzo debe ser similar al realizado por el resto de subsectores de energías renovables.


A pesar de lo anterior, creemos que es absolutamente urgente y necesario aprobar este decreto al que se ve abocado el Gobierno como consecuencia de la falta de previsión, dado que el otorgamiento del aval de la Administración General del Estado solo era válido para la titulización en 2010 y la Ley Presupuestos Generales del Estado para 2011 no lo contempla. Por último, si el presente real decreto-ley no se aprobara, sería imposible evitar los aumentos de tarifas, que afectarían a consumidores y empresas mermando su competitividad. La colocación del déficit tarifario, que recordemos que alcanza cifras cercanas a las que se manejan para rescatar países en la situación actual, se pondría en entredicho y podría poner en grave riesgo a las empresas del sector eléctrico que están soportando dicha deuda en sus balances.


El Grupo Parlamentario Vasco, como siempre, ha trabajado con ahínco para que el sector energético en general y el eléctrico en particular tengan un horizonte despejado de forma que redunde no solo en beneficio de los ciudadanos que nos han elegido sino también en el de las empresas, a la vez que defiende que el sistema sea sostenible medioambientalmente y que en esta tarea nos comprometamos todos. Somos conscientes de que el sector energético tiene a afrontar importantes retos de futuro que no acaban con las medidas que hoy se aprueban, sino que requieren, como ya señalamos en la ponencia sobre política energética, una visión estratégica a largo plazo. Para concluir y en coherencia con lo señalado, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente a la convalidación de este real decreto-ley, y a la espera, como decía antes, de llegar a un acuerdo satisfactorio -que creemos que será posible en el Senado- en relación con el tema fotovoltaico, va a votar en contra de su tramitación como proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


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Señoras y señores diputados, señor ministro, este real decreto cuya convalidación hoy estamos debatiendo es el resultado desde nuestro punto de vista de una errática política energética del Gobierno en estos últimos años que nos ha llevado a una situación delicada, con un déficit tarifario que alcanza más de 20.000 millones de euros. Lamentablemente España ha perdido estos últimos años en un estéril debate energético, que a diferencia de los países desarrollados y de los que están en vías de desarrollo, ha impedido apostar por todas las energías disponibles al alcance de este país, prescindiendo o dejando de lado energías que ahora se están viendo como imprescindibles para el futuro mix energético como es el caso de la energía nuclear. Por ello, señorías, instamos al Gobierno a que en un plazo prudencial realice todos los cambios normativos pertinentes que se desprenden de las conclusiones de la subcomisión de análisis energético para los próximos veinticinco años que se ha reunido en el Congreso, conclusiones que fueron apoyadas por una mayoría importante de diputados y que están a disposición del Gobierno.
El Gobierno tiene en estos momentos la hoja de ruta para los próximos veinticinco años, y desde Convergència i Unió le instamos a que aproveche esta hoja de ruta, que es producto de un trabajo de más de dos años de muchos diputados de esta Cámara, a iniciativa de dos propuestas, una de Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Popular. Entendemos que ahora es el momento de aprovechar esta hoja de ruta, de consensuarla y traerla al Parlamento para conseguir este pacto energético que consideramos imprescindible a todas luces.


Paso ya directamente a las consideraciones sobre este real decreto que hoy debatimos. Contiene aspectos positivos, con los que lógicamente estamos de acuerdo, y lamentablemente también aspectos negativos, como la modificación del Real Decreto relativo al sector fotovoltaico, que desde nuestro punto de vista es un error. Más adelante me referiré al mismo. En primer lugar consideramos muy positivo que se garantice la sostenibilidad económica del sistema energético a medio y largo plazo. Esto está perfectamente delimitado en el real decreto. En segundo lugar nos parece positivo que se garantice la ampliación del bono social hasta primeros de enero del año 2014 para los consumidores más vulnerables, como los pensionistas, los parados, las familias numerosas y las viudas. Es un aspecto positivo que vale la pena recalcar. En tercer lugar vemos muy positivo el compromiso de eliminar el déficit tarifario concretamente a finales del año 2013, algo que veníamos reivindicando desde el año 2009 y que hasta la fecha no había sido posible. En teoría, con el marco legislativo que hoy se va a convalidar, probablemente se pueda eliminar el déficit tarifario a principios del año 2014. Finalmente también creemos que es interesante garantizar la titulización del fondo del déficit del sistema eléctrico español. Pensamos que este es también un aspecto relevante que vale la pena remarcar.


Paso ahora a referirme a los aspectos negativos, que lógicamente van a impedir que nuestro grupo parlamentario pueda votar favorablemente este real decreto. Quizás el más relevante es la modificación de retribución del sector fotovoltaico, desde nuestro punto de vista muy discutible por los siguientes motivos, en primer lugar, señorías, porque creemos que este cambio de legislación respecto a instalaciones acogidas a regímenes anteriores introduce graves dudas jurídicas sobre su legalidad, tanto por su carácter retroactivo, señor ministro, como por atentar contra el principio de seguridad jurídica. Estos son dos aspectos que nos preocupan mucho. En segundo lugar este aspecto es negativo porque constituye un cambio de las reglas del juego a mitad del partido que sinceramente consideramos actos o actitudes de gobierno poco serías, no correctas y me atrevería a decir que inaceptables desde un punto de vista jurídico. A este sector fotovoltaico han acudido inversiones procedentes de empresas y de fondos de inversión, así como de familias y de empresas muy pequeñas, que partiendo de la base de que invertían con la seguridad jurídica del Estado, hacían una inversión a medio y largo plazo que en muchos casos, señor ministro, eran inversiones financieras complementarias de planes de pensiones con el objetivo de que al cabo de diez o doce años, después de haber invertido una parte importante de sus ahorros, consiguieran unas rentabilidades interesantes. Si estas inversiones no se hubieran realizado con el aval del Estado, probablemente el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no haría esta manifestación tan contundente, ya que creemos que no es justo que muchas familias, pequeñas y medianas empresas, ahorradores y muchos fondos de inversión que no son españoles hayan invertido, con la garantía jurídica del Estado, en unas condiciones, en un mercado, en un producto financiero, en unas instalaciones fotovoltaicas y ahora se encuentren con que a mitad del partido estas condiciones se han cambiado. Por este motivo Convergència i Unió ha negociado con el Gobierno y en las enmiendas sobre el proyecto de ley de economía sostenible que se van a debatir próximamente en el Senado, ha planteado una serie de reivindicaciones y de aspectos que recogen todas las inquietudes del sector fotovoltaico.


Hemos intentado recogerlas con seis enmiendas que estamos debatiendo con el ministro de Industria, con quien tengo que decir públicamente que hemos conseguido un grado de complicidad interesante y que como ya ha dicho en su intervención ve posible que algunas de estas reivindicaciones importantes se puedan plasmar en estas enmiendas que -repito- ha presentado Convergència i Unió en el Senado, con las mismas sugerencias que ha planteado el Grupo Vasco, sobre las que vamos a intentar seguir negociando con el Gobierno para resolver seis situaciones que consideramos muy graves y que está en la mano del Gobierno poder subsanar.


Creemos que para los pequeños y medianos inversores, para las pequeñas y medianas empresas y para las

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familias que han confiado en el Gobierno sería interesante adecuar la financiación de las instalaciones a las nuevas condiciones de retribución de la actividad de la producción eléctrica mediante fuentes de origen fotovoltaico. Sería muy importante que el ICO jugara un papel relevante para la refinanciación de estas empresas, que durante los tres primeros años van a ver reducidos en un 30 por ciento los ingresos procedentes de las primas fotovoltaicas. Hay otro aspecto relevante, señor ministro, sobre el que podríamos llegar a un acuerdo. Ustedes plantean tres años más de primas, veintiséis, veintisiete y veintiocho años de primas al cien por cien. En otra enmienda que hemos presentado, manifestamos que sería bueno llegar a los treinta años, con lo que, en vez de ser veinticinco más tres, serían veinticinco más cinco; cinco años de primas al cien por cien para los últimos cinco años de vida de estas centrales, con lo cual, de cara a los planes de negocio, las entidades financieras financiarían con más seguridad estos dos años más que les pedimos en estas enmiendas. Probablemente el valor de estas instalaciones sería compensado con esta reducción del 30 por ciento en los tres primeros años.


Otro aspecto que preocupa también mucho a los inversores y a las pequeñas y medianas empresas es que este real decreto no se pueda modificar con posterioridad. Por ello hemos planteado una enmienda que es de blindaje para que en el futuro real decreto, una vez propuesta y aceptada nuestra modificación en el Senado, se recoja que estas primas no se puedan modificar en los próximos veinticinco años, con lo que les daríamos una garantía y una seguridad jurídica que no tienen hasta la fecha.


También hemos presentado otra enmienda para modificar la limitación de las horas equivalentes de funcionamiento para el año 2011-2013. Hemos propuesto la mejora en el cálculo de las horas equivalentes de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas sobre la base de una similitud entre la potencia nominal y la potencia pico. Finalmente, hemos planteado la elaboración de una nueva clasificación de zonas climáticas que en ningún momento puede plantear dificultades en el real decreto que ustedes traen a convalidación esta mañana en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto vamos a abstenernos en la votación con la esperanza de que en las próximas semanas consigamos negociar estas enmiendas que han presentado Convergència i Unió y el Grupo Vasco para buscar una solución efectiva y darles una satisfacción a estos señores que han invertido con el aval del Estado y a los que a mitad del partido se les han cambiado las reglas del juego.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL BELDA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, respecto a este Real Decreto-ley llamado de medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario, la posición de mi grupo será la de no apoyar su convalidación y pedir su tramitación como proyecto de ley para corregir las graves deficiencias en el punto principal en el que estamos en desacuerdo, que es el tratamiento de la energía fotovoltaica, en su tramitación parlamentaria posterior. Me ha sorprendido mucho la intervención del portavoz del Grupo Vasco así como la del portavoz de Convergència i Unió. Apoyen la tramitación, señores, porque este es el lugar para corregir el decreto-ley, no el Senado. En el Senado se podrá poner lo que ustedes quieran, pero, por coherencia, en función de lo que ustedes han dicho respecto al contenido, deberían apoyar la tramitación de la norma como proyecto de ley y acompañarnos no solo en la corrección sino en la supresión de la parte de la fotovoltaica, puesto que corresponde a una norma con rango reglamentario y no con rango de ley, y es responsabilidad del Gobierno aprobarla y no trasladar esa responsabilidad a la Cámara. Se lo digo, señores nacionalistas, porque tienen la oportunidad de hacer rectificar esta norma votando a favor de la tramitación y eso es lo que deberían hacer con intención de modificarla sustancialmente. En nuestro caso ya les adelantamos que lo que queremos es la supresión para que el Gobierno haga un reglamento bien consensuado -lo que desde el principio tendría que haber sido su obligación-; si no, no entiendo el ejercicio parlamentario que estamos haciendo aquí: convalidamos, se mantiene todo en vigor y lo dejamos todo para otra norma que no tiene nada que ver con esta en el Senado. Sean coherentes, por favor.


¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué tenemos un problema con el déficit tarifario? Tenemos un problema enorme en el sector energético español, especialmente en el sector eléctrico. Según los datos de Eurostat de hace un par de meses, la comparación de los precios de España con el resto de Europa no resiste. Para consumidores industriales España es el cuarto país más caro dentro del conjunto de la Unión Europea a veintisiete: 11,10 euros por cada 100 kilovatios/hora. El precio de Francia es de 6,87, el de Finlandia 6,65, el de Alemania 9, el de Portugal 8,96. Nos hemos salido totalmente del mapa, y el resto de los países no tiene un déficit tarifario que cubrir; es decir, esto es sin cubrir los costes reconocidos del sistema. Esto es insostenible. España ya es el cuarto país más caro, prácticamente el doble que algunos de nuestros principales competidores, y vez y media mayor que la media de los países de la Unión Europea. Esto respecto a los consumidores industriales. Para los domésticos somos los sextos más caros, con cifras similares que no voy exponer aquí.


España tiene una energía cara y encima no es lo suficientemente cara para como se han diseñado y establecido los elementos fundamentales de la política energética que han dado lugar a los costes actuales del sistema.
Esto directamente no nos lo podemos permitir y como

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no nos lo podemos permitir, necesitamos una reforma integral del sector que revise de arriba abajo las premisas sobre las cuales se ha hecho la política energética en España. Esto es lo que no trae este decreto-ley, no trae esa reforma integral que reduzca o por lo menos contenga unos costes que a todas luces han sacado a España fuera de la competitividad energética europea.


Junto a esos costes y a esos precios altísimos tenemos una deuda acumulada que para final del año pasado se habrá situado en 25.000 millones de euros, de los cuales -lo quiero recordar en esta Cámara para que quede bien recogido en el "Diario de Sesiones"- 1.500 fueron la deuda acumulada hasta el año 2003; el resto se ha acumulado a partir del año 2004. Lo digo para que se vean las responsabilidades cuantitativas en esta cuestión y, sobre todo, que el déficit del año 2003 fue cero; en el año 2004 fue cero y a partir de 2005 empieza a subir de manera disparatada, porque se hizo una política muy demagógica, se hizo una política en la que se aumentaban los costes de manera desorbitada y no se trasladaban a los precios finales, y ahora que nos encontramos en una situación de dificultad de financiación de todos los sectores económicos, incluido el eléctrico, la situación directamente le ha estallado en las manos al Gobierno que creó el problema.


El real decreto-ley dice: por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario. No, no lo corrige, en todo caso en algunos aspectos lo contiene y en la mayor parte, lo traslada. Tenemos una medida de corrección de los techos de déficit; era inevitable, porque si trasladamos la obligación que había de reducir el déficit tal y como quedó en el año 2010 directamente a tarifas y peajes, la electricidad podía subir un 40 por ciento, y eso evidentemente nadie está dispuesto a hacerlo. Esto tiene que ir por rango de ley, correcto, lo metemos en el decreto-ley. En cuanto a los avales para la titulización, da liquidez al sector, pero no arregla el problema, sencillamente lo traslada; con lo cual no estamos corrigiendo el déficit tarifario. Por lo que se refiere a los peajes, compartir los peajes a la generación, sí los reduce: 150 millones en 5.000 y pico de déficit, hombre, es algo, pero muy poquito.
Veo que me asiente el señor ministro cuando estoy hablando en estos términos. La E4, 670 millones en tres años. Nuevamente, estamos hablando de 200 y pico millones por año. Está bien, algo ayuda, pero todavía nos quedan 5.000 y pico por resolver, señor ministro. Esto es muchísimo camino, es una piedrecita en el camino, pero queda muchísimo por recorrer. En cuanto a la fotovoltaica, aquí ya reduce algo más: 740 millones, pero ¡ojo!, solo por tres años y a través de una norma que en el caso de los otros sectores -la termosolar, la eólica y la cogeneración- se ha hecho con acuerdo de los sectores y por real decreto.
Y ¿ahora por qué aparece aquí con rango de ley? De entrada, señor ministro, le está usted pidiendo al Parlamento que decida si le parecen adecuadas o no un número de horas específicas para una instalación, por ejemplo, fija de dos ejes para una zona solar determinada, que es un aspecto tremendamente técnico. Eso le corresponde definirlo al Gobierno en su actividad reglamentaria y aceptar la responsabilidad de esa actividad reglamentaria. Pero parece que el Gobierno no quiere aceptar esa responsabilidad y se la quiere trasladar a los grupos políticos. Por tanto, es una norma que tiene un rango equivocado, el rango no es correcto, tendría que ser el Gobierno el que la asumiese con su propia responsabilidad; está impuesta; tiene unos elementos de arbitrariedad, porque si bien en el funcionamiento ordinario distingue por diferentes zonas, según la intensidad solar -que es lo lógico, no hace el mismo sol en Galicia que en Almería, y en eso estamos todos de acuerdo-, sin embargo en el periodo transitorio no lo hace, algo que ha generado muchísima discusión y hasta cierto punto se puede comprender. El Gobierno tenía que haber tomado sus decisiones, el Gobierno tenía que haber buscado un consenso y el Gobierno tenía que haber asumido su responsabilidad, que es lo que no hace en este decreto-ley. Lo mismo digo de los grupos nacionalistas. Si consideran que esta parte de regulación de la energía fotovoltaica no es correcta, tendrían que apoyar la tramitación y en todo caso la supresión y devolución al Gobierno puesto que no estamos de acuerdo ni con el rango ni con el contenido de esta norma.


Para terminar, quiero hacer una reflexión. Menos mal que este Gobierno era el Gobierno más verde del planeta, igual que era el Gobierno más social del planeta y el que más se preocupaba por todas estas cuestiones del planeta tierra, porque el palo que le han dado ustedes a las políticas sociales y el que le están dando ahora a las energías renovables es épico. Los discursos se hunden cuando la realidad se hunde, y a este Gobierno se le ha hundido la realidad social, la realidad medioambiental y todas las demás, porque lo que toca, lo destruye.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nadal.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Jesús Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero dar la bienvenida a los representantes profesionales y sindicales del sector de fotovoltaica que se encuentran con nosotros esta mañana.


Señorías, señor ministro, voy a intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para decir que vamos a convalidar este real decreto-ley, que es muy importante y muy necesario porque persigue dos objetivos claros. En primer lugar, reducir los costes regulados del sistema y con ello acabar de una vez con el déficit de tarifa, así como limitar al máximo posible las posibles subidas de la luz. De hecho, los costes de peaje -que es en lo único que puede intervenir el Gobierno durante este mes de enero- ya se han congelado, y en lo que se refiere a la otra parte, la que corresponde al precio de la energía en

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el mercado a través de la subasta, lógicamente el Gobierno no puede hacer otra cosa que cumplir la ley y trasladar ese coste al recibo de la luz, porque todos entenderán que el Gobierno no puede influir en el coste de la energía en el mercado.


Preguntaba el señor Nadal por qué hemos llegado hasta aquí. Pues hemos llegado hasta aquí porque ustedes en el año 2000 aprobaron un déficit de tarifa porque no se atrevieron a subir el recibo de la luz y firmaron a escondidas, sin que los ciudadanos lo supiesen, una hipoteca que suponía que los ciudadanos tenían que pagar la parte que no se subía, es decir, el principal, con intereses en los próximos años, y ahora estamos en 20.000 millones de euros. Y no es cierto que España tenga el recibo de la luz superior a otros países de la Unión Europea. Lo tenemos por debajo de países como Alemania o Dinamarca, que han apostado por las energías renovables, o como, por ejemplo, Italia o Suecia.


En segundo lugar, este real decreto persigue el objetivo de repartir los costes del ajuste del déficit tarifario entre todos los sectores implicados, y no solo los consumidores, como lo venían haciendo hasta ahora. La Administración, el Gobierno ya ha hecho su esfuerzo. En este momento está pagando el sobrecoste de producción en Canarias, en Baleares, en Ceuta o Melilla, y ahora se pide un esfuerzo también a los sectores energéticos tradicionales y al sector energético de las energías renovables. Este real decreto contempla medidas -escuchen bien- para ahorrar 4.600 millones de euros al sistema, como por ejemplo ampliar la vigencia del bono social para que llegue hasta el año 2013 completo, de tal forma que paguen las compañías eléctricas los 150 millones que supone esta medida y así beneficiar a aquellos sectores más vulnerables como las pensiones mínimas, las familias numerosas, los hogares que tengan a todos sus miembros en el desempleo o aquellas personas que tengan una potencia contratada inferior a 3 kilovatios. De esa manera se congelará el recibo de la luz para estos sectores más vulnerables hasta el día 1 de enero del año 2014. Por cierto, ya lo tienen congelado desde el año 2009. Esta es una medida de protección social que beneficia a cinco millones de hogares en España.


En tercer lugar, las compañías eléctricas pagarán a través de este real decreto las políticas de ahorro y de eficiencia energética para el periodo 2011-2013. Suponen 670 millones de euros que hasta ahora pagaban los consumidores porque se cargaba a la tarifa.


En cuarto lugar, por primera vez en España se establece una tasa, que van a pagar las compañías eléctricas tanto del sector tradicional como del sector de renovables y de cogeneración, por generar electricidad, de 0,5 euros por megavatio/hora. Se trata de un esfuerzo para que no recaiga exclusivamente en los consumidores, como venía siendo hasta ahora y, por tanto, suponga un ingreso al sistema de 453 millones de euros en tres años.


En quinto lugar, hay que repartir los costes del ajuste del déficit tarifario entre todos los sectores implicados para que no sean los propios consumidores quienes lo asuman en su totalidad. Hemos hablado de las compañías eléctricas y también de los sectores de las renovables, como ya han hecho el subsector de la eólica y el subsector solar, que a través de los oportunos acuerdos está en estos momentos reflejado en una normativa. Ahora se trata también de que el sector de la fotovoltaica contribuya a la reducción de la retribución para que se limiten las horas que tienen derecho a cobrar prima, lo cual no supone que no puedan producir más, pero todo lo que se produzca de más lo tienen que vender con arreglo al mercado mayorista. El ahorro por esta medida será de 740 millones de euros. No hay que olvidar que esta tecnología era la única del sector de las renovables que no tenía limitación de horas en las primas, que supone el 40 por ciento de lo que se recibe de las primas en el conjunto de las renovables y que produce al sistema el 6 por ciento del conjunto de las renovables o el 2 por ciento del conjunto total del sistema. Es cierto que se produce una reducción temporal de tres años y también es cierto que hay una ampliación de tres años más de la retribución que no tenían, de veinticinco a veintiocho años. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha hablado con el ministerio y con el resto de grupos, especialmente CiU y el Partido Nacionalista Vasco, así como con las asociaciones fotovoltaicas, y estoy seguro de que tendremos puntos de encuentro para que en otros ámbitos parlamentarios que están tratando sobre el sector de la fotovoltaica podamos llegar a acuerdos. Quiero agradecer la intervención del ministro porque es positivo que haya negociado, que haya hablado con la CECA, con el sector financiero, para garantizar la viabilidad de los proyectos que, por cierto, ya en las líneas que están aprobadas y vigentes de mediación del ICO este sector también puede verse beneficiado. Además, esta medida no la tomamos de forma aislada. Como ha dicho el señor ministro, es una medida que ya se ha aprobado en términos parecidos en la República Checa.
En Alemania, en el mes de julio se produjo una reducción extraordinaria de las primas de la fotovoltaica y actualmente se ha incrementado el cargo de las renovables a los ciudadanos en una media del 72 por ciento; serían 5 euros al mes o, por ejemplo, un 14 por ciento de subida de un consumidor medio español. O, por ejemplo, en Francia, que se ha hecho una moratoria de tres meses que en la práctica es una moratoria indefinida.


Por tanto, este real decreto contribuye, en primer lugar, a eliminar el déficit de tarifa, ese sistema perverso que creó el Partido Popular en el año 2000. En segundo lugar, va a facilitar que se pueda titulizar el total del déficit tarifario en el año 2011, que se puedan reducir los costes del sistema eléctrico y que no recaigan exclusivamente en los consumidores sino que también lo paguen las eléctricas y el conjunto de los sectores eléctricos. Y después de este esfuerzo que ha hecho el Gobierno socialista durante estos últimos años para que se puedan implantar y desarrollar las energías renovables y que hoy seamos un país líder en energías renovables, que ahora podamos seguir apostando por este tipo de energías porque tenemos unos compromisos europeos

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para el año 2020 de que el 20 por ciento de la energía proceda de energías renovables. Seguro que todos juntos lo conseguiremos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alique.


ENMIENDAS DEL SENADO.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000255.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado. Proposición de ley orgánica que modifica la Orgánica de la Ley Electoral General.


Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Quiero tomar la palabra para manifestar mi apoyo y mi satisfacción porque se haya llegado finalmente a un acuerdo que mejora la ley que salió de aquí y que tiene como objetivo proteger las instituciones democráticas, proteger a las personas que allí están, en definitiva, reforzar la democracia y reforzar el Estado de derecho. Es una buena noticia para todos y tenemos que felicitarnos y felicitar a esos ciudadanos que a veces no comprenden nuestro disenso en cosas fundamentales, pero que hoy nos encuentran, no sé si totalmente de acuerdo en el conjunto de la Cámara, pero sí de una manera muy abrumadora de acuerdo en relación con lo que estamos haciendo y con el asunto que hoy tenemos sobre la mesa.


Hace un par de días, leía una manifestación de la portavoz de los presos de ETA en relación con el final de la banda terrorista en la que decía que no estaban por la labor y que iban a mantener su actividad criminal mientras el Estado mantuviera el ejército -decía ella- en defensa de la Constitución. Las propias palabras de la portavoz terrorista, la portavoz de los presos de ETA, en las que compara a quienes defienden el orden constitucional, es decir a quienes defienden la democracia y la vida frente a lo que ellos nos amenazan con mantener, que es la muerte y el totalitarismo, hace más necesario, si cabe, este acuerdo y esta defensa que hoy va a hacer toda la Cámara en apoyo de esta iniciativa. Decía la portavoz terrorista en relación con la disolución de ETA que va a ser que no. Hoy, nosotros, con esta ley que vamos a ratificar y que vamos a aprobar les tenemos que decir a todo ese submundo que va a ser que no, que no vamos a permitir que lleguen a las instituciones democráticas los enemigos de la democracia. Va a ser que no, que vamos a defender con todos los instrumentos del Estado de derecho, con todos, con ni uno más, pero con ni uno menos, el Estado de derecho, nuestras instituciones, y que lo vamos a hacer porque pensamos en el futuro, en las futuras generaciones y en nuestros hijos, pero también porque pensamos en los 858 conciudadanos nuestros que, en defensa de esas instituciones democráticas de la vida y de la pluralidad, han visto cómo les arrebataban su vida para no ceder ante el totalitarismo. O sea que va a ser que no. Y va a ser que sí, que vamos a estar todos juntos en defensa de la democracia, en defensa del derecho y en defensa de nuestra historia, de la historia que queremos ceder a nuestros hijos y de la historia que nos han legado los que han muerto en el camino.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Por el Grupo Mixto también había pedido la palabra el señor Perestelo.
¿Desea hacer uso de ella? (Denegación.) Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, ¿desean hacer uso de la palabra? (Asentimiento.) Don Joan Ridao tiene la palabra.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


En unos minutos vamos a votar definitivamente el texto de una proposición de ley de reforma inicialmente de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y también finalmente del Código Penal. Nuestra posición ha sido a lo largo de este trámite parlamentario una posición contraria, que ya consta y que ustedes conocen perfectamente. Por lo tanto, nuestro discurso va a ser en este trámite exactamente el mismo, pues a su paso por el Senado no ha variado ni un ápice y por tanto sigue suscitando en nuestro grupo un abierto rechazo, como rechazo frontal nos merece el cambio introducido en estas últimas fechas en el Senado vía una disposición final que modifica el Código Penal; un Código Penal que es una norma lo suficientemente importante y vital en un Estado democrático y de derecho como para que haya sido modificada por la puerta de atrás, con celeridad, con la máxima urgencia, mediante una enmienda introducida en la Cámara Alta. Es más grave si cabe si tenemos presente, señorías, que hace muy pocos días ha entrado en vigor la reforma del Código Penal que se aprobó en esta Cámara el pasado mes de junio.


Sea como fuere, si criticable es la forma utilizada también lo es el contenido. En cuanto a la forma, ya he dicho que se trata de una modificación operada con sordina bajo una supuesta pátina de corrección meramente formal que no es tal. Se trata del cuento del lobo con piel de cordero. Pero sobre todo, hay aspectos de contenido sustantivos materiales, que son los que realmente nos preocupan. En primer lugar, porque se cambian las reglas de la prescriptibilidad de algunos delitos, de algunos tipos penales como el de injurias o calumnias previstos en el artículo 131 del Código Penal, para ir a la regla general de tres años de prescriptibilidad. En segundo lugar, porque se extienden a organizaciones consideradas terroristas las consecuencias accesorias que

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pueden imponerse a las sociedades mercantiles tales como la disolución, la clausura de locales, etcétera, es decir, se produce una vuelta de tuerca más, pensada no tanto para las organizaciones puramente terroristas -que ahí podríamos estar totalmente de acuerdo-, sino básicamente para el cese de la actividad de algunas entidades que realizan actividades y no propiamente de aquellas organizaciones que desarrollan actividades terroristas. Dicho de otra forma, se penaliza y se persigue a aquellas entidades que en forma de partido pretenden concurrir en procesos electorales y que puedan ser consideradas afines o próximas a la organización armada en virtud de la Ley de Partidos. Por tanto, se persiste una vez más en lo que ya hemos venido manifestando, es decir, en la necesidad de ir en contra del signo de los nuevos tiempos, en definitiva, en volver a dar un golpe de puerta en un contexto en el que el Gobierno debería actuar con una mayor altura de miras y en un momento como el actual en el que precisamente se están produciendo movimientos de signo positivo en el País Vasco, en el entorno de la organización armada y en la denominada izquierda abertzale, lo cual denota, insisto, una falta de generosidad porque el objetivo final debería ser el cese total y definitivo de la violencia y contribuir, por tanto, en esa dirección.
Para ello es muy importante que esta gente pueda participar de las instituciones democráticas y, por tanto, no privarles del derecho a poder concurrir en las próximas elecciones a las urnas. Es en ese sentido que nuestro grupo parlamentario considera inoportuna esta reforma legislativa operada a instancias del Partido Popular y con el consenso de otros grupos de la Cámara y del Gobierno de forma rápida y exprés, y no solo por su inoportunidad sino también por su inconveniencia en cuanto a su contenido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Vasco, ¿desean hacer uso de la palabra? (Asentimiento.) Don Aitor Esteban tiene la palabra.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


Culmina la tramitación de una norma que comenzó a espaldas de una subcomisión designada expresamente para examinar las reformas electorales adecuadas. Además, culmina trayéndonos del Senado una disposición más que, sinceramente, no sé si va o no en la línea que ha dicho ahora el señor Ridao, porque el portavoz socialista lo único que dijo en el trámite del Senado fue: nuestra enmienda añade una nueva disposición final para que se hagan algunas correcciones técnicas que se centran en ampliar el delito de calumnias contra la intimidad, etcétera; si bien es cierto que quizás tengan poco que ver con esta reforma de Ley Electoral.
Estas son las únicas explicaciones que tenemos hasta la fecha de esta disposición final. Durante toda la tramitación lo que ha entrado o ha dejado de entrar ha sido lo mismo, una vuelta de tuerca más a la Ley de Partidos. Una ley que sustituye a la jurisdicción penal, que sería la natural a la hora de tratar la materia de ilegalización de los partidos políticos y que, en palabras del fiscal general del Estado, lleva al limbo electoral a 100.000 personas y se les aparta de la participación electoral. Una Ley de Partidos que, hablando de ella el actual lehendakari Patxi López, refiriéndose a quien estuvo en la negociación, el señor López Aguilar, decía: nos la había metido doblada. Con lo cual, tampoco lo debían tener muy claro en algunas filas socialistas. Una ley que ahora, con esta reforma, rompe con las categorías constitucionales de los manuales de todas las facultades de Derecho. Ya no hay límites. Hasta ahora había un tiempo para recurrir, ahora ya se puede recurrir en plena campaña electoral, antes de la votación pero también después de la votación, incluso cuando ya sepamos los resultados se van a poder recurrir listas electorales. Surge la más o menos bien denominada incompatibilidad sobrevenida, un cargo público puede ser retirado de su cargo. De esta manera, nos cargamos toda una jurisprudencia asentada en el Tribunal Constitucional, no solo la sentencia del Supremo sobre el caso Alonso Puerta, sino -y leo literalmente- la jurisprudencia del año 1983 del Constitucional: Es claro que no puede considerarse constitucionalmente legítima una regulación de la representación en la que los representantes puedan ser privados de su función por una decisión que no emane de los propios electores. El derecho del artículo 23.2 implica no ser removidos de los cargos públicos si no es por causas y de acuerdo con los procedimientos establecidos por el legislador. Ahora bien, el legislador tiene limitaciones que, cuando se trata de cargos cuya naturaleza esencial aparece definida por la propia Constitución, son las que resultan de la necesidad de salvaguardar esta naturaleza. Cómo es posible que un cargo público que cumple la ley y que no ha estado envuelto en ninguna actividad, ni sospecha, con el terrorismo esté obligado a hacer una declaración expresa de denuncia a ETA, insisto, si siempre ha cumplido la ley y si ni siquiera hay indicios de que haya apoyado la violencia. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Además, la gestión de esta ley ha sido más que sospechosa. Cuando Ibarretxe estaba a punto de conseguir la mayoría absoluta en el Parlamento Vasco a Euskal Herritarrok se le legaliza. Cuando se celebran las elecciones municipales hace cuatro años, en unos sitios se admiten las listas y no se recurren y en otros sitios no se admiten.
Curiosamente, muchas de ellas no son recurridas aunque había gente muy reconocida de la izquierda abertzale en las mismas, con lo cual, la impresión de que había un interés electoral no se nos puede quitar a muchos representantes políticos y a muchos grupos políticos. Cuando el Parlamento Vasco hace dos años tiene elecciones, entonces se ilegaliza para así poder hacer una pinza Partido Popular-Partido Socialista -que se están agrediendo continuamente en esta Cámara- y lograr un Gobierno vasco que de otra manera social-electoralmente no hubiera sido posible. ¿Y nos piden que creamos que

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no hay manipulación? ¿Cómo es posible que nos pidan eso? ¿Nos piden, además, que creamos que los tribunales de justicia van a trabajar independientemente, sin seguir las directrices emanadas por el Ejecutivo? No, porque hasta de las propias declaraciones de miembros del Ejecutivo se desprende que Gobierno y tribunales trabajan a una y que les va a dar igual que se cumpla o no la ley. Hay muchas sospechas de que se utilice de la manera que el Gobierno crea conveniente. Yo ya les anuncio lo que creo que va a pasar y no creo que me equivoque en absoluto. Habrá listas de la izquierda abertzale en algunos municipios. Ya lo creo que las va a haber. Las habrá, no serán recurridas y serán de la izquierda abertzale.
Por lo tanto, nos oponemos a esta ley -termino, señor presidente- por infringir parámetros constitucionales largamente asentados en la jurisprudencia constitucional y en la propia Constitución, por el riesgo de manipulación electoral, ahora incluso postelecciones.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Esteban, finalice.


El señor ESTEBAN BRAVO: Acabo ya.


Por dejar en el limbo electoral a 100.000 ciudadanos que no pueden ser considerados terroristas y porque continuará falseando la realidad política en Euskadi y generando tensión.


Muchas gracias, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


El Grupo Parlamentario Popular va a respaldar la enmienda que remite el Senado a esta proposición de ley. Es verdad que en algunos de sus puntos se trata de mejoras técnicas, de meros ajustes en algunos artículos de la reciente reforma del Código Penal, pero en otros, particularmente en el artículo 570, pretende reforzar los instrumentos legales en la lucha contra el terrorismo. Ya lo he recordado en anteriores ocasiones en esta tribuna: uno de los pasos más importantes en la defensa de nuestra democracia en la lucha contra el terrorismo lo dimos los demócratas cuando fuimos conscientes de que ETA no eran solo los comandos, sino que existía un entramado indisolublemente unido a la misma que le prestaba cobertura y que ayudaba a justificar política y socialmente el terror, y las denominadas herriko tabernas formaban parte de ese entramado. Han servido de centro de reunión y de reclutamiento para la violencia callejera, de plataforma de difusión del pensamiento terrorista, cuando no de lugar de captación de financiación por vía de extorsión a empresarios y seguimiento de objetivos terroristas. Con esta enmienda solventamos la problemática jurídica sobre la personalidad física o jurídica de sus titulares. Ahora el local podrá ser cerrado por estar relacionado con la banda terrorista y no solo detenidos sus propietarios.
De eso se trata, señorías; de estrechar el cerco, de eliminar espacios de impunidad, de combatir desde la ley a todo el entramado de apoyo al terrorismo. Por cierto, señor vicepresidente del Gobierno, al Grupo Popular le satisfacen siempre todos los éxitos que puedan alcanzar en el Gobierno en la lucha contra el terrorismo. No nos molestan nunca. Esa afirmación que ha realizado usted esta mañana es tan insidiosa como injusta, y usted lo sabe. (Aplausos.) Si al final, el final que todos deseamos está más cerca es gracias a una política antiterrorista dirigida a la derrota de ETA -que es para lo que les estamos apoyando lealmente desde julio de 2008- y gracias a instrumentos jurídicos para la defensa de la democracia, como el que esta mañana vamos a aprobar. Que nadie se engañe, cuanto más firmes seamos, cuanta más fortaleza demostremos, más cerca estará el final de la banda terrorista ETA. Ese debe ser el gran reto de nuestra democracia: la derrota definitiva e incondicional de una banda criminal, que ha dejado a su paso un reguero de sangre y de víctimas inocentes que nosotros nunca vamos a olvidar.


Señorías, la democracia no es más débil porque falten aquellos que no aceptan ni el método ni las reglas del juego de nuestro sistema democrático. La democracia es más fuerte precisamente por lo contrario, porque somos capaces de excluirlos, porque los terroristas o quienes les justifican no pueden ser ni agentes sociales ni representar a nadie en democracia. No podemos permitir la presencia de quienes utilizan las instituciones para prolongar la amenaza y la intimidación o para respaldar a quienes asesinaban a sus vecinos de escaño. Señorías, han querido de nuevo engañarnos, pero no lo han conseguido. La realidad es que nunca quisieron dejar las armas y pedir perdón por sus atrocidades.
En vez de mirar atrás y sentir vergüenza y asco por la brutalidad de sus crímenes, han esbozado una mueca cobarde al ofrecernos de nuevo una tregua a cambio de un chantaje. Es un chantaje que los demócratas no vamos a aceptar. La democracia no aceptará nunca ni desafíos ni chantajes. La democracia no tiene ninguna deuda con la paz, no hay nada que negociar, y sus cómplices tampoco han sido capaces de situarse en contra de esa barbarie y exigirles la entrega de las armas y su disolución incondicional. Han tenido la oportunidad de hacerlo y no han querido. Por eso, las próximas elecciones municipales y forales tienen que ser las elecciones de la libertad, y eso pasa por impedir que Batasuna, con sus mil disfraces, pueda concurrir a las mismas. Eso es lo que hacemos también con esta proposición de ley, reforzar las garantías legales para evitarlo. Confiamos en que el Gobierno sea fiel a sus compromisos políticos y parlamentarios y evite que ETA pueda recuperar su brazo político. Ya no se trata de dar más oportunidades a ver si en alguna de estas el falso conflicto sobre el que algunos han justificado tantas salvajadas se resuelve. El único conflicto que ha existido, la única verdad, es que hay gente que ha matado o amparado al que mataba y hay

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inocentes que han sido asesinados. Esa es la única verdad. Por eso el objetivo no es conseguir que ETA deje de matar, el objetivo es que deje de existir, y ya no valen declaraciones ambiguas ni medias tintas.
Mientras ETA no renuncie a su actividad criminal, Batasuna, se llame como se llame, no podrá concurrir a las elecciones. Si hay armas, con tregua o sin ella, no hay urnas. Y el triunfo -y ya termino, señora presidenta- será siempre de las víctimas y de aquellos que han tenido que soportar la amenaza por el mero hecho de defender unas ideas distintas de las de los asesinos. ETA está derrotada, lo sabe, y con ello su proyecto delirante y totalitario incompatible con la democracia y los derechos humanos. Ahora solo queda el último tramo y ETA no será protagonista de su final, lo seremos nosotros, los demócratas. Su derrota final vendrá de la mano de la ley, del Estado de derecho y de la firmeza en nuestras posiciones.
Espero que esté próximo y cuando llegue diremos: las víctimas de ETA han vencido, ha vencido la razón, han vencido la verdad y la dignidad, ha vencido la libertad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hernando Vera.


El señor HERNANDO VERA: Gracias, señora presidenta.


Señor Bermúdez de Castro, me reconocerá que es un poco absurdo que estando de acuerdo en lo que vamos a aprobar, estando de acuerdo en esta enmienda, polemicemos ahora sobre otros hechos. Le digo una cosa, interpretando un poco las palabras del vicepresidente, nosotros sentimos la lealtad, lo que pasa con la lealtad es que además de ser leal tiene que parecerlo, y hay determinadas actitudes y determinadas estrategias parlamentarias que en ocasiones pueden ser visualizadas como no muy leales. Esa es la historia, ni más ni menos. (Aplausos.)

Hoy culminamos la tramitación de una ley que el Grupo Parlamentario Socialista entiende que va a ser muy eficaz para seguir luchando contra el terrorismo y contra todo su entramado, sea este el que sea y se presente en la fórmula que se presente. No se trata de reeditar el debate que en su día tuvimos, pero es evidente que lo que estamos intentando evitar es que los partidos políticos ilegalizados, sus sucesores, vayan vestidos como vayan vestidos o vayan disfrazados de la manera que vayan disfrazados, encubiertos en agrupaciones de electores o en otro tipo de formaciones o entidades, se puedan presentar a las elecciones y puedan entrar en las instituciones utilizando precisamente los votos que rechazan porque ellos prefieren acudir a las pistolas. Eso es lo que estamos haciendo con esta ley y estamos todos de acuerdo en que esto nos ha fortalecido y ha fortalecido al Estado de derecho y va a seguir fortaleciéndolo. Por eso modificamos la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y por eso también modificamos la Ley de Partidos. Además en esta ocasión vamos a modificar el Código Penal y establecemos a través de una disposición segunda en el apartado 4 la modificación del artículo 570 quáter del Código Penal para extender las consecuencias del capítulo sexto al capítulo séptimo, que es el que se refiere a las organizaciones criminales. ¿Cuál es el objetivo? Que organizaciones o entidades relacionadas con el terrorismo o con las organizaciones terroristas, que tienen en unas ocasiones sí y en otras no personalidad jurídica, puedan ser disueltas, puedan ser intervenidas, sus titulares puedan ser inhabilitados para el ejercicio de esa actividad e incluso puedan ser suspendidos en esa actividad. Eso es lo que pretendemos. En definitiva, ¿qué estamos haciendo, señor Esteban? Es fácil, el Estado de derecho no quiere dejar ninguna rendija a los terroristas ni en las elecciones ni en ningún otro sitio. No queremos dejarles ningún espacio. ¿Por qué? A los hechos y a la habilidad de los terroristas nos remitimos, porque cada vez que nosotros nos hemos fortalecido ellos se han debilitado. Esta es nuestra lucha -termino ya con esto-. Esta es una lucha por la libertad, esta es una lucha por los valores democráticos, esta es una lucha que legalmente ha sido avalada por la jurisprudencia constitucional y por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando hemos querido reformar esas leyes. Finalmente, cuando nosotros somos más fuertes, cuando estamos más unidos, a pesar de que hoy haya algún grupo que no va a ratificar esta ley, ellos son más débiles, y deberíamos tener muy claro que los demócratas estamos ganando esta lucha por la libertad; la democracia ya la ha ganado, la ganó hace mucho tiempo. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Hernando.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES ORGÁNICAS 5/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (ANTERIORMENTE DENOMINADO PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES ORGÁNICAS 5/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL; 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, Y 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL). (Número de expediente 121/000061.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al debate del dictamen de Comisión del proyecto

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de ley orgánica complementaria de la ley de economía sostenible por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (anteriormente denominado proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de economía sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.


Simplemente queremos señalar nuestro apoyo a esta iniciativa. Entendemos que en el ámbito de formación profesional se han aceptado las enmiendas que proponíamos, y además estamos bastante satisfechos porque entendemos que el modelo por el que se está apostando es el que ya estaba en vigor desde hace bastantes años en la Comunidad Autónoma Vasca y que ha dado excelentes frutos. Nos congratulamos también de que la colaboración entre el mundo universitario y la formación profesional sea cada vez más íntima, más cercana, y por otra parte, en cuanto a las reticencias que podíamos haber tenido con una enmienda del Partido Socialista respecto a una bifurcación de itinerarios en la segunda fase de la secundaria obligatoria, de la que nosotros ya discrepábamos en su momento cuando se intentó consensuar un pacto de Estado, hemos visto que al final en el texto se ha llegado a una redacción muchísimo más aceptable, que podemos aceptar, dentro del cuarto curso de unas asignaturas mínimas y una apertura de itinerarios o de opciones muy amplia, que además puede ser adaptada a las especificidades de cada centro pero que en ningún caso cierra puertas para las opciones de los estudiantes a posteriori. En consecuencia, creemos que son modificaciones importantes en el ámbito de la educación y de la formación profesional y mi grupo lo apoyará.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Popular don Celso Delgado tiene la palabra.


El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, intervengo en este debate de la ley orgánica complementaria de la ley de economía sostenible, un proyecto de ley que fue anunciado el 12 de mayo de 2009 -me han oído ustedes bien: 12 de mayo de 2009- por el presidente del Gobierno. Se decía que esto se iba a llevar por el trámite de urgencia; en diciembre de ese mismo año 2009 se anunciaba pomposamente la estrategia de la economía sostenible. Ya entonces nos avanzaban la existencia de brotes verdes, de signos de recuperación de nuestra economía, pero lo cierto y verdad es que esas manifestaciones no pasaban de ser un conjunto de profusas ocurrencias deslavazadas a medio elaborar que recibieron del presidente de nuestro grupo parlamentario, don Mariano Rajoy, la expresión de que estábamos ante un rótulo luminoso en un solar vacío. Las prisas del Gobierno no fueron tales, todavía tuvimos que esperar hasta el 30 de marzo de 2010 para que este proyecto de ley entrase junto con la ley ordinaria de economía sostenible en el Congreso, y el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista se tomaron esta ley sin ninguna prisa, hasta el punto de que hasta el mes de septiembre del pasado año 2010 no tuvo lugar el debate de totalidad. Por lo tanto, señorías, han pasado ya trece meses desde que fue anunciada esta ley.
Insisto en que en aquella fecha el Gobierno hablaba de brotes verdes y la triste realidad es que la situación económica de España a fecha de hoy, trece meses después, son 4.100.000 parados registrados, que son 176.000 más que hace un año, y si nos vamos a las cifras de Eurostat estaríamos hablando de 4.837.000 parados, lo que revela sin duda alguna la cruda situación económica de nuestro país. Señorías, hablar de una estrategia de economía sostenible sin haber puesto tan siquiera en vías de solución la situación del empleo es simple y llanamente una broma.


Pues bien, señorías, hoy se trae aquí la ley orgánica complementaria que aborda aspectos orgánicos en materia educativa que tampoco vienen a solucionar unos problemas que son los siguientes: la situación de nuestra juventud, que está viviendo una tasa de paro superior al 43 por ciento, como se ha explicado hoy en la sesión de control al Gobierno, y también lo que se reconoce como una crisis educativa tasada en un 30 por ciento de fracaso escolar y de abandono temprano de los estudios postobligatorios. Si algo ha puesto de manifiesto la crisis económica ha sido la estrecha relación entre formación y empleo o precariedad en el empleo. Este proyecto de ley orgánica que se trae aquí no se atreve a cambiar el modelo formativo y tampoco lo va a hacer la ley con el modelo productivo. Nosotros pensamos que se requeriría una reforma legislativa específica en materia educativa, pero la verdad es que se trae aquí este proyecto porque el Gobierno también ha sido incapaz de desarrollar el modelo formativo contemplado en la Ley Orgánica de Cualificaciones del año 2002, que fue aprobada por unanimidad. En definitiva, esta iniciativa legislativa intenta suplir los incumplimientos en esta materia producidos hasta la fecha.


Voy a referirme a un aspecto muy concreto del dictamen en el poco tiempo que queda, que es la modificación del cuarto curso de la ESO. Los grupos parlamentarios no hemos tenido oportunidad de debatir en relación con este tema porque el Gobierno, en lugar de introducirlo en el texto inicial, lo hizo a través de una enmienda, con lo cual se ha hurtado la posibilidad de debatirlo a los grupos parlamentarios. No se solucionan los problemas de la enseñanza secundaria obligatoria y los estudiantes van a salir prematuramente -como está ocurriendo en la actualidad- e infracualificados del sistema reglado.


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Por todo ello, nuestro grupo parlamentario no puede apoyar el dictamen que hoy va a salir del Pleno del Congreso de los Diputados. Discrepamos de lo aprobado porque con esta redacción no se definen las supuestas opciones que el Gobierno regulará mediante real decreto sin que las fuerzas políticas -insisto- podamos debatir sobre su carga lectiva, el coste de implantación, definir las materias y el profesorado que impartirá dichas materias o estudiar las dificultades para llevarlas a cabo en los institutos de línea 1 en el ámbito rural, lo cual es muy problemático en la actual situación de crisis económica.


Termino, señor presidente. No ha quedado para nada resuelta la cuestión y esperamos que en el trámite del Senado -eso sí, ya con participación de todos los grupos- podamos cambiar nuestra posición, que, insisto, hoy será de rechazo a este proyecto de ley orgánica.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Delgado.


Por el Grupo Parlamentario Socialista doña Cándida Martínez López tiene la palabra.


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, este debate culmina el trámite desde esta Cámara al Senado del conjunto legislativo de la ley de economía sostenible. La mayor parte del texto del proyecto de ley recoge uno de los principales retos que contiene la ley de economía sostenible y uno de los pilares más firmes del nuevo modelo productivo para nuestra economía. Me refiero a la educación y en particular a la formación profesional. Sin duda, nuestra fuerza competitiva se va a medir por el nivel y la calidad de nuestro sistema educativo. La economía del conocimiento es la clave para nuestro futuro, pasa sin duda por este proyecto de ley, y por eso debiera ser respaldado por el conjunto de la Cámara. Una de las principales políticas económicas en este momento, la más importante en términos de rentabilidad y creación de riqueza, es la educación, la formación y la ampliación del conocimiento. Esta apuesta de cambio de modelo económico que pretendemos supone un camino para crecer en equidad, un modelo en que el capital humano supone la máxima riqueza y el talento el primer valor a potenciar.
En esa dirección se sitúa este proyecto de ley, que modifica, como ya se ha mencionado en esta Cámara, dos leyes orgánicas: la Ley de Cualificaciones y Formación Profesional y la Ley Orgánica de Educación.


Señorías, frente al análisis que se hace del sistema educativo, vuelvo a afirmar otra vez en esta tribuna que tenemos un buen sistema educativo, que ha conseguido logros importantísimos en calidad y en equidad en las últimas décadas, con beneficios de orden personal pero también de orden económico, social y cultural para la sociedad. Pero también tenemos problemas y sobre todo nuevos retos...(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ:. que afrontar de forma decidida y responsable, tal y como esta ley plantea. De ahí que la formación profesional sea uno de los aspectos fundamentales que en ella se contemplan y que además ha ganado la estima social y del empresariado en los últimos tiempos. Pero afirmamos que merece la pena seguir formándose. (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Es necesario incrementar el número de titulados en formación profesional y además necesitamos para el nuevo modelo de economía sostenible un capital humano altamente cualificado. Pues bien, para conseguir todos esos objetivos se plantea esta ley. Es una ley -quiero recordarlo en relación con lo que ha planteado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular- que recoge las aportaciones, los acuerdos de los partidos políticos, de las organizaciones sindicales y del Consejo Escolar del Estado. Es una ley que abre posibilidades para que la formación continua a lo largo de la vida sea más fácil y accesible, para hacer posible el trasvase de unas actividades profesionales a otras, para pasar de unos niveles educativos a otros y para reconocer las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías formales de formación. Además de todo ello, como ya se ha comentado en este debate, se modifica la organización de la enseñanza secundaria obligatoria en la estructuración del cuarto curso con una doble finalidad: contribuir a rebajar el fracaso escolar y hacer posible que más jóvenes continúen los estudios postobligatorios y, fundamentalmente, hacer que la formación profesional tenga muchísimas más posibilidades de futuro.


El Grupo Parlamentario Popular anunciaba su voto en contra a este proyecto de ley. Al parecer, el Partido Popular se niega a cualquier mejora en el sistema educativo. Posiblemente llevados por su afán de desgastar al Gobierno, se olvidan de la ciudadanía y sobre todo se olvida de las cosas que el mismo Partido Popular plantea en esta Cámara. Parece que el olvido es algo que de forma habitual y sobre todo últimamente practica el Partido Popular. Una puede entender que si a su responsable máximo, Mariano Rajoy, se le olvida lo que ha votado en esta Cámara, a ciertos portavoces se les puede olvidar lo que aquí se ha dicho de la FP y de la educación secundaria obligatoria. (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Pero, señorías del Grupo Parlamentario Popular, yo les animo a que hagan memoria, porque si hacen memoria todavía están a tiempo de decir sí a esta propuesta porque recoge en gran medida las propuestas que ustedes han hecho en esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Votaremos dentro de un minuto. (Pausa.) Vamos a iniciar las votaciones. El señor Vañó y la señora Quintanilla votarán mostrando a la Presidencia el sentido de su voto.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)

- REAL DECRETO-LEY 14/2010, DE 23 DE DICEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS URGENTES PARA LA CORRECCIÓN DEL DÉFICIT TARIFARIO DEL SECTOR ELÉCTRICO. (Número de expediente 130/000037.)

El señor PRESIDENTE: En primer lugar votamos la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. (Rumores.) Silencio, por favor.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 175; en contra, 12; abstenciones, 157.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley mencionado.


Se ha solicitado a la Presidencia la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. En consecuencia, se votará esta solicitud.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 160; en contra, 175; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación solicitada.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000255.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Entiende la Presidencia que se ha producido un error técnico. En el apartado 5 del artículo único se han reproducido dos veces dos párrafos, por lo que quedarían reiterados de manera absurda en la ley. ¿Se autoriza a que se supriman las dos menciones a las que he hecho referencia? (Asentimiento.) Quedan, por lo tanto, suprimidas como corrección técnica, que los servicios jurídicos ajustarán de manera adecuada. A continuación votamos las enmiendas del Senado a la ley orgánica mencionada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 321; en contra, 14; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Por tratarse de un proyecto de carácter orgánico, vamos a votar a continuación este proyecto en votación de conjunto, que, como saben sus señorías, ha de obtener al menos los 176 votos que suponen la mayoría absoluta de los miembros de derecho de la Cámara.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 321; en contra, 14; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición de ley mencionada con el carácter de orgánica.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES ORGÁNICAS 5/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (ANTERIORMENTE DENOMINADO PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES ORGÁNICAS 5/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL; 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, Y 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL). (Número de expediente 121/000061.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la ley orgánica complementaria de la ley de economía sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de

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junio, de las cualificaciones y de la formación profesional y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (anteriormente denominado proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de economía sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). Votamos en primer lugar el texto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 186; en contra, 156; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Por tratarse también de una iniciativa de carácter orgánico, procedemos a continuación a la votación de conjunto, que, como saben sus señorías, ha de obtener para su aprobación los 176 votos que suponen la mayoría absoluta de los miembros de derecho de la Cámara.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 188; en contra, 156.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Examinado todo el orden del día del Pleno extraordinario, se levanta la sesión.


Eran las tres de la tarde.

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