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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 207, de 30/11/2010
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2010 IX Legislatura Núm. 207
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 196
celebrada el martes, 30 de noviembre de 2010


ORDEN DEL DÍA:

Tramitación directa y en lectura única:

- Proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del protocolo por el que se modifica el protocolo sobre las disposiciones transitorias, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmado en Bruselas en 23 de junio de 2010. (Número de expediente 121/000102.) ... (Página 5)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:

- Del Parlamento de Galicia, por la que se modifica la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de puertos del estado y de la marina mercante. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie B, número 119-1, de 9 de julio de 2008.
(Número de expediente 125/000021.) ... (Página 5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 281-1, de 22 de octubre de 2010. (Número de expediente 122/000253.) ... (Página 12)

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Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al establecimiento de una política industrial a largo plazo que contribuya a redefinir nuestro tejido productivo en clave de sostenibilidad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 461, de 18 de octubre de 2010. (Número de expediente 162/000727.) ... (Página 16)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la transparencia de la información sobre las cuentas del sector público empresarial y fundacional, así como sobre los diferentes mecanismos de endeudamiento extrapresupuestario. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 470, de 29 de octubre de 2010. (Número de expediente 162/000738) cuyo texto fue publicado en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 449, de 27 de septiembre de 2010 (Número de expediente 161/001909.) ... (Página 19)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la política del Gobierno en cuanto a la mejora de la accesibilidad en las comunidades de viviendas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 477, de 15 de noviembre de 2010. (Número de expediente 173/000175.) ... (Página 24)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de menores víctimas de violencia de género. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 477, de 15 de noviembre de 2010. (Número de expediente 173/000176.) ... (Página 28)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las políticas de reequilibrio de la balanza exterior y fomento de la exportación, como estrategia básica para impulsar un proceso de reactivación de la economía y el empleo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 477, de 15 de noviembre de 2010. (Número de expediente 173/000177.) ... (Página 33)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación.) ... (Página 37)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 37)

Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 38)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 38)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Tramitación directa y en lectura única ... (Página 5)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, la Presidencia informa que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara el proyecto de ley orgánica por el que se autoriza la ratificación de diversos protocolos en virtud de los cuales a España le correspondería un incremento de cuatro eurodiputados, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. ... (Página 5)

Del Parlamento de Galicia, por la que se modifica la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante ... (Página 5)

Defienden conjuntamente la toma en consideración los señores Lobeira Domínguez, Cerviño González y Bahamonde Díaz, en representación del Parlamento de Galicia.


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En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Ramallo Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Pérez Herraiz, del Grupo Parlamentario Socialista.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 12)

Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo ... (Página 12)

Defiende la toma en consideración el señor Corcuera Plaza, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposiciones no de ley ... (Página 16)

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al establecimiento de una política industrial a largo plazo que contribuya a redefinir nuestro tejido productivo en clave de sostenibilidad ... (Página 16)

Defiende la proposición no de ley el señor Alique López, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Alique López.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la transparencia de la información sobre las cuentas del sector público empresarial y fundacional, así como sobre los diferentes mecanismos de endeudamiento extrapresupuestario ... (Página 19)

Defiende la proposición no de ley la señora Báñez García, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el señor Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Báñez García.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 24)

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la política del Gobierno en cuanto a la mejora de la accesibilidad en las comunidades de viviendas ... (Página 24)

Defiende la moción el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Vañó Ferre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el señor Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Olabarría Muñoz.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de menores víctimas de violencia de género ... (Página 28)

Defiende la moción la señora Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); los señores Tardà i Coma y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Camarero Benítez.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las políticas de reequilibrio de la balanza exterior y fomento de la exportación, como estrategia básica para impulsar un proceso de reactivación de la economía y el empleo ... (Página 33)

Defiende la moción el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el señor Larrosa Piqué, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación.) ... (Página 37)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia, por la que se modifica la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se aprueba por 336 votos a favor.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 37)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se aprueba por 335 votos a favor.


Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 38)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al establecimiento de una política industrial a largo plazo que contribuya a redefinir nuestro tejido productivo en clave de sostenibilidad, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 190 votos a favor, dos en contra y 144 abstenciones.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la transparencia de la información sobre las cuentas del sector público empresarial y fundacional, así como sobre los diferentes mecanismos de endeudamiento extrapresupuestario, se rechaza por 147 votos a favor, 175 en contra y 14 abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 38)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la política del Gobierno en cuanto a la mejora de la accesibilidad en las comunidades de viviendas, con la incorporación de

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la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 336 votos a favor.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de menores víctimas de violencia de género, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 155 votos a favor, 175 en contra y cinco abstenciones.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las políticas de reequilibrio de la balanza exterior y fomento de la exportación, como estrategia básica para impulsar un proceso de reactivación de la economía y el empleo, se aprueba por 335 votos a favor y una abstención.


Se suspende la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Informo a sus señorías que resultará de todo punto imposible que agotemos el orden del día inicialmente aprobado para examinar esta tarde, y en consecuencia es probable que de las mociones consecuencia de interpelación, que son cinco, podamos ver tan solo dos o tres. En cualquier caso, la sesión se suspendería en el entorno de las veinte y treinta. Para el cálculo de sus tareas les hago esta advertencia.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA:

- DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROTOCOLO SOBRE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, ANEJO AL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, AL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA Y AL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 23 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente 121/000102.)

El señor PRESIDENTE: También como asunto previo, la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo que ha dispuesto el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara el proyecto de ley orgánica por el que se autoriza la ratificación de diversos protocolos en virtud de los cuales a España le correspondería un incremento de cuatro eurodiputados. ¿Acuerda así la Cámara que se tramite por procedimiento de lectura única? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Además, el proyecto de ley referido no tiene enmiendas y los grupos han manifestado a la Presidencia que no van a presentar enmiendas. ¿Alguna de sus señorías tiene intención de hacerlo a título individual? (Pausa.) En el supuesto de que a lo largo de la tarde no se presentasen enmiendas a este proyecto, el próximo jueves lo someteremos a votación por el procedimiento que el propio Pleno, a propuesta de la Presidencia, ha acordado.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE GALICIA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 27/1992, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE. (Número de expediente 125/000021.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el primer punto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Parlamento de Galicia, por la que se modifica la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. El Parlamento de Galicia ha enviado para su defensa a una comisión, a cuyos representantes damos la bienvenida. En primer lugar, y según acuerdo que han alcanzado los propios miembros de la comisión, tiene la palabra don Bieito Lobeira Domínguez.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Lobeira Domínguez): Gracias, señor presidente.


Señoras diputadas, señores diputados, quiero en primer lugar manifestar, como representante del Parlamento de Galiza y miembro del Bloque Nacionalista Galego, el orgullo de defender en esta Cámara algo que va más allá de una propuesta de nuevo texto legal. Es un pronunciamiento de la Cámara de representación de mi pueblo, del pueblo gallego. Pretendemos con esta proposición de ley defender el derecho inalienable de nuestro pueblo a oficializar plenamente la toponimia, en este caso en el ámbito marítimo, de nuestra nación, de Galiza. Partimos de una elemental consideración avalada por el marco legal vigente en materia lingüística desde hace ya veintisiete años, la Ley 3/1983, de que debe existir una única forma para designar oficialmente los nombres de lugares en Galiza y que esa forma debe ser la original, la genuina, la propia, no la deturpada, no la que nos impusieron, no la que deformaron caprichosamente en un momento histórico determinado con la intención de extirpar las señales de identidad que nos

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conforman históricamente como pueblo diferenciado, como lo que somos. Esto acontece en el caso de provincias y distritos marítimos, también en el nombre oficial de capitanías marítimas, de distritos marítimos, de provincias marítimas o incluso en las matriculaciones o folio de las embarcaciones pesqueras, en concreto, en la provincia marítima de Vila García de Arousa, que aún hoy, en el año 2010, tiene que padecer la imposición de la forma deturpada Villa García de Arosa. Nosotros reclamamos con esta proposición de ley respeto, libertad y derechos democráticos; la libertad y el derecho democrático de identificar también en el ámbito marítimo cartas náuticas, accidentes geográficos, puertos y en ellos el nombre genuino, no el impuesto; el derecho, por tanto, de acabar con la anulación, la negación de lo propio y la exaltación y fascinación de lo que nos impusieron. Reclamamos asimismo respeto para nuestro pueblo porque las leyes lingüísticas vinculan también a la Administración General del Estado, porque los grupos parlamentarios aquí presentes en el Congreso de los Diputados deben ser conscientes de que van a votar -si es que mantienen posición de voto favorable- la oficialización plena de la toponimia vigente, insisto, desde hace veintisiete años de forma oficial y por tanto el caso de A Coruña, no La Coruña; Panxón, no Panjón; Viveiro, no Vivero; Celeiro, no Cillero; Illa da Toxa, no Isla de La Toja, y así sucesivamente.


En esta proposición de ley se determina también la necesidad de modificar externa y visualmente la matriculación de las embarcaciones pesqueras pertenecientes a la provincia marítima de Vilagarcía de Arousa. Quiero aclarar también antes de rematar esta intervención que nosotros lo intentamos por todas las vías posibles, en concreto en el caso del Bloque Nacionalista Galego, en el Parlamento de Galicia y en el Congreso de los Diputados, con iniciativas de control y de impulso, y tenemos que lamentar que no valió para mucho. Desde hace años estamos insistiendo en esta Cámara y en el Parlamento de Galiza y no ha valido absolutamente para nada. Por eso nos vemos obligados a impulsar en forma de proposición de ley -en este caso a través del Parlamento de Galiza- y, reitero, con un pronunciamiento unánime algo que es de pura justicia, que es nuestro derecho, el derecho del pueblo gallego a denominar a nuestros lugares, a nuestros accidentes geográficos en el mundo del mar, distritos marítimos, provincias marítimas, embarcaciones pesqueras, etcétera, por el nombre genuino y original, el propio, el nuestro, el gallego, no por el que fue impuesto en un momento determinado de nuestra historia. Por tanto, aguardamos su voto favorable a una iniciativa que, insisto, es de auténtica justicia.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Lobeira.


El señor Lobeira ha intervenido por el Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego, y ahora por la misma comisión en nombre del Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia tiene la palabra don Francisco Cerviño González.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Cerviño González): Señor presidente, señoras y señores diputados, permítanme expresar mi satisfacción y mi honra por representar al Parlamento de Galicia por designación del Grupo Socialista ante el Congreso de los Diputados, lo que ocurre por segunda vez. Me honra también hablar en este recinto, tantas veces probado por personas esenciales, probas y honorables de nuestra historia y también deshonrado en algunas ocasiones y durante un largo periodo de tiempo en el siglo pasado.


Señoras y señores diputados, esta proposición de ley es muy sencilla, trata sobre todo de ganar en seguridad jurídica -lo cual está siempre bien- en relación con los topónimos oficiales de las capitanías marítimas, los distritos marítimos y los accidentes geográficos que los limitan ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, y de que, en consonancia con esto, se modifique el folio de matriculación de embarcaciones de la provincia marítima de Vilagarcía de Arousa, que pasará a ser Vil en vez de Vill. Se trata de asegurar que estos topónimos oficiales estén en gallego ya que este es el único nombre oficial que tienen. Esto es así, señoras diputadas y señores diputados, porque esta es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma y no es, por tanto, una cuestión de rango normativo. Esta competencia, señorías, fue desarrollada por el Parlamento gallego en la Ley 3/1983, de 15 de junio, de Normalización Lingüística, que establece en su artículo 10 que los topónimos tendrán como única forma oficial la gallega. Así pues, señoras diputadas y señores diputados, el uso del gallego en la toponimia es exclusivo y preceptivo. Por cierto, esta ley a la que acabo de referirme fue aprobada por unanimidad en la Cámara gallega durante el Gobierno del Partido Popular del señor Fernández Albor y siendo diputado el señor Rajoy Brey, que, como es natural, la votó favorablemente. Eran, sin duda, otros tiempos, porque ahora el Gobierno del señor Núñez Feijóo está tomando medidas legislativas y administrativas que, a nuestro juicio, desprotegen el gallego, una lengua que necesita discriminación positiva pese a ser mayoritaria en su uso, está perdiendo hablantes a gran velocidad, corre un riesgo cierto de desaparecer, no mañana ni pasado, pero sí en un tiempo no muy lejano. Esta es la opinión de los filólogos, no es la opinión de un político. Esta proposición de ley tiene que ver con esto, aunque solo sea en el terreno de lo pedagógico y lo simbólico, porque la inmensa mayoría de los gallegos no queremos que desaparezca nuestro idioma. Muchos amamos el castellano, que amén de útil es también nuestra lengua, pero el pueblo gallego es la lengua gallega. Ramón Piñeiro, un importantísimo intelectual galleguista de la segunda mitad del siglo pasado y diputado, por cierto, socialista en la primera legislatura de nuestro Parlamento, dejó dicho en la Cámara gallega:

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Toda lengua es la expresión viva de una cultura original y por eso la lengua gallega es la raíz y la fuerza impulsora de nuestra propia originalidad cultural. Y eso ya ha sido dicho en este hemiciclo anteriormente. Lo dijo en la sesión del 18 de septiembre de 1931 en el debate sobre el proyecto de la Constitución de la II República el diputado del partido galleguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Dijo Castelao: El idioma es el vehículo del alma original de un pueblo. La pérdida de nuestra lengua supondría un empobrecimiento de la riqueza espiritual de España, usando palabras también dichas bajo estos mismos techos por don Manuel Azaña en la sesión de las Cortes del 27 de mayo de 1932 en el debate sobre el Estatuto de Cataluña. Estas son las razones por las que el Parlamento de Galicia solicita a sus señorías el voto favorable a esta ley: razones de legalidad, razones de seguridad jurídica y razones de apoyo a la lengua gallega.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cerviño.


Por el Grupo Parlamentario Popular de Galicia y en la misma comisión tiene la palabra don Agustín Bahamonde Díaz.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Bahamonde Díaz): Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, yo me sumo, naturalmente, a los agradecimientos y a las felicitaciones de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Permítanme, en todo caso, dirigir un saludo afectuoso a los compañeros diputados y diputadas de Galicia que ejercen la representación de nuestra tierra en esta Cámara, a mis compañeros del Partido Popular y también a los compañeros del Partido Socialista y a los del Bloque Nacionalista Galego.


Señorías, es sabido que Galicia es una tierra con identidad y con lengua propias; identidad y lengua que nos distinguen de los demás y nos hacen propios, pero que no nos diferencian ni nos separan absolutamente de nadie. Los que conocen la lengua gallega saben que es una lengua armoniosa, evocadora y tremendamente expresiva. Si es verdad aquello de que hablamos como somos, seguramente por eso los gallegos y las gallegas somos gente irónica, somos gente -permítanme que lo diga- lista y gente reflexiva. Justamente por eso una gran mayoría de las gentes de Galicia entiende que el hecho de que tengamos una lengua propia que coexiste con otra lengua oficial de Galicia, que es el castellano, para nosotros no solo no supone ningún problema que nos preocupe, sino que en realidad es una riqueza que nos engrandece y que nos distingue. También es verdad que Galicia tiene identidad propia. Somos gallegos y nos sentimos orgullosos de ser gallegos, porque ser y sentirnos gallegos es también nuestra manera de ser y de sentirnos españoles. Por esa razón, señorías, quiero aclarar que nosotros no venimos aquí a plantear un problema lingüístico.
No son estos el lugar ni el momento para realizarlo. Venimos únicamente a buscar solución a un desajuste que afecta precisamente a esa convivencia armónica y pacífica de las lenguas.


Señorías, comparecemos haciendo una reclamación, una reivindicación que entendemos que es absolutamente legítima, justa y razonable. Es una reivindicación legítima -ya lo han explicado los compañeros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- porque tiene su entronque en la ley, y yo me imagino que en una Cámara como esta, de soberanía, cuya función máxima es justamente el ejercicio de la potestad legislativa, no debe haber mayor razón de justicia ni mayor razón en sí misma que invocar el cumplimiento de la legalidad. Pero no quiero pararme únicamente en las razones legales porque lógicamente sus señorías, por la función que desempeñan, por su capacidad, están suficientemente ilustradas al respecto y no necesitan mayores disquisiciones. Permítanme que me pare en las razones fundamentalmente de justicia que amparan nuestra reclamación. Se decía aquí -y lo digo yo- que en Galicia tierra y lengua están íntimamente unidas. Ramón Piñeiro, al que aludía el compañero Cerviño, decía muy gráficamente que justamente la humanización amorosa del paisaje y la construcción espiritual de la lengua son las dos raíces más profundas que componen la comunidad social de Galicia. La toponimia une a ambos, tierra y lengua en Galicia están estrechamente unidos porque nuestros antepasados, desde siempre y con mucho cuidado, se preocuparon de asignar nombres a todos los accidentes y lugares que los rodeaban, pero de asignarlos con una clara intención de integrarlos en su vida cotidiana. Por esa razón, los nombres que designan los lugares genuinamente gallegos son tan extraordinariamente expresivos; por esa razón, la toponimia en Galicia es también una evocación de convivencia, y por esa razón apelo yo a la justicia y a la razón de nuestra reclamación.
Si nosotros compareciéramos aquí para pedirles que galleguizaran los nombres genuinamente castellanos dirían ustedes que esa era una reclamación estrambótica. Por la misma razón, nosotros entendemos que los nombres genuinamente gallegos deben ser expresados en gallego y no en cualquier otra lengua que los priva forzosamente de su razón de ser, de su fuerza de expresión, de esa identidad, de esa conexión con la conciencia colectiva y con la memoria colectiva de Galicia. Miren ustedes, señorías, los gallegos, en castellano o en gallego, y las gallegas también, de vivos y de muertos van al San Andrés de Teixido; los mejores percebes de Galicia se cogen en la punta Roncadoira. Yo no conozco a ningún gallego ni ninguna gallega que vaya al San Andrés de Teijido o que vaya a la punta Roncadora.


Para terminar, yo apelo, señorías, a su sensibilidad y lo hago con aquellos versos inmortales de Rosalía cuando cantaba: Castellanos de Castilla, tratad bien a los gallegos, cuando van, van como rosas, cuando vuelven, vuelven negros. El canto de Rosalía no era un canto de guerra ni tampoco un canto de sumisión o de súplica, era

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una apelación al reconocimiento de la dignidad a quienes entregaban su trabajo y su esfuerzo: los segadores gallegos que venían a Castilla.
Nosotros tampoco comparecemos aquí ni con afán de guerra ni con altanería ni con espíritu de sumisión, venimos a reclamar que se reconozca aquello que es justo. Yo confío en que la sensibilidad de vuestras señorías sepa reconocer ese hecho que identifica a la conciencia social de Galicia, que es también un reconocimiento de la pluralidad de esta España en la que todos vivimos. Pido su voto favorable a esta reclamación que hacemos y les doy las gracias por su atención.


Muchas gracias a todos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bahamonde.


Para fijar la posición en primer lugar tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente. (Comienza su intervención en gallego, cuya traducción, que entrega a la redacción del "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: Las lenguas nos hacen humanos.
Algunos hombres gallegos también están hablando de un idioma universal, único para toda nuestra especie. Son los mismos que consideran el mito de la torre de Babel como un castigo y reniegan de la vida ascendente. Pero yo les digo que la variedad de idiomas, con su variedad de culturas, es el signo distintivo de nuestra especie, lo que nos hace superiores a los animales. Ahí va la demostración: el aullido de un perro de Turquía es igual que el de un perro de Dinamarca, un caballo de las pampas argentinas relincha igual que un caballo de Bretaña. ¿Y sabéis por qué? Porque los pobres animales aún están en el idioma universal...)

Señorías, representantes del Parlamento galego, con estas palabras el gran patriota gallego Alfonso Daniel Rodríguez Castelao deshacía el tópico de la necesidad de un idioma universal, porque universales son todos los idiomas. La diversidad lingüística es un signo de civilización, una evidencia del progreso humano. Esto es así porque los idiomas son mucho más que simples instrumentos de comunicación. Un idioma es también el espejo y la síntesis de la historia colectiva de un pueblo. El gallego existe porque existe el pueblo gallego. El gallego existe porque Galicia es un territorio con características singulares, porque los gallegos a lo largo de los tiempos hemos construido formas de vida económica y social con rasgos específicos. El gallego existe, en definitiva, porque tenemos una historia y una cultura propias que incluso han dejado su huella en los rasgos psicosociales colectivos. Por eso los idiomas no son intercambiables entre sí. Por eso nuestro idioma, como todos, es insustituible, no se puede cambiar por otro como quien cambia de móvil.
En las lenguas de los pueblos árticos hay decenas de palabras para referirse al color blanco. Sus lenguas son el espejo de su mundo. Por eso son capaces de distinguir matices que a nosotros nos pasarían total y absolutamente desapercibidos. Del mismo modo, el castellano ha tenido que tomar prestadas del gallego palabras como batea, vieira, campiña, chubasco o morriña. En gallego y portugués existe la palabra saudade para definir un sentimiento que es una contradicción en sí mismo, una tristeza alegre o, si lo prefieren, una alegría triste. Existe esa palabra en nuestro idioma porque refleja nuestra forma de ser, como nuestro clima, templado pero inestable, voluble y cambiante, como los sentimientos que transmite nuestro paisaje. Ningún otro idioma los puede reflejar mejor que el nuestro. Y si un idioma es el espejo de un pueblo, la toponimia es parte fundamental de su memoria.


Los topónimos nos hablan de los orígenes de los lugares, de nuestras raíces. A través de los topónimos sabemos de dónde venimos, indispensable para saber quiénes somos y a dónde queremos ir. Una laxe, señorías, es una peña de superficie lisa de grandes dimensiones. Si vamos a Laxe, el topónimo nos está hablando de las características geomorfológicas del lugar. Lage, en cambio, no nos dice nada. Si decimos Sanxenxo, el topónimo nos está dando una pista de que el santo patrón de la villa, junto con santa Rosalía, es San Ginés, San Xenxo en nuestra lengua. Si decimos Sanjenjo no sabemos ni lo que decimos. Los topónimos nos hablan de nuestras raíces. Raíces, así se llamaba una maravillosa serie de televisión de los años setenta basada en una novela de Alex Haley que narraba la historia de los esclavos afroamericanos. En esta serie su protagonista se negaba a renunciar a su nombre africano, Kunta Kinte, y aceptar el nombre de Toby que querían imponerle sus captores; por orgullo, por dignidad, por respeto a sus raíces. Lo mismo ocurre, señorías, con los nombres de los lugares. Por respeto a la historia, por respeto a la memoria, la única forma oficial de San Francisco o de Los Ángeles es la castellana, por mucho que el inglés sea la lengua dominante en California y los angloparlantes en la lengua hablada lo adapten a su fonética y digan Los Ányeles o L.A. Por respeto a la historia, por respeto a la memoria, la única forma oficial de los topónimos de Galicia es y debe ser la gallega, y ello debe tener reflejo en toda la normativa estatal. Así lo refleja la Ley de Normalización Lingüística de Galicia, y Galicia, señorías, tiene competencias exclusivas en esta materia, por lo que el cumplimiento de esta normativa vincula a todas las administraciones. Sin embargo, pese a lo establecido por la ley desde hace casi veinte años, son innumerables las iniciativas que el BNG ha presentado en esta Cámara en esta misma legislatura demandando que se corrija la deturpación de nuestros topónimos en multitud de páginas web, de rótulos o de publicaciones oficiales. Sin ir más lejos, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que acaba de debatir esta Cámara contiene numerosas deformaciones de la toponimia gallega.


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Señorías, el respeto a la diversidad cultural y lingüística del Estado español tiene que traducirse en hechos, no solo en buenas palabras, y un hecho, señorías, es la toma en consideración de esta proposición de ley; una proposición que tiene por objeto conseguir una mayor seguridad jurídica en el uso correcto de nuestra toponimia en la normativa estatal que regula las capitanías y distritos marítimos y los accidentes geográficos que los delimitan, así como la matriculación y el registro de buques. Galicia es un país marítimo, la costa y el mar forman parte de nuestra cultura, de nuestra economía, de nuestro paisaje, de nuestra identidad; no pretendan castellanizar también el mar. Por eso expresamos desde esta tribuna nuestro apoyo a la toma en consideración de esta proposición; una proposición nacida de la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento galego y que en el trámite en esa Cámara apoyaron de forma unánime todos los grupos parlamentarios. Ha sido una unanimidad de la que todos nos debemos felicitar, máxime cuando aún hoy en mi ciudad, A Coruña, hay quien pretende reabrir debates que ya deberían estar superados. Esperamos y deseamos que esa misma unanimidad reflejada en el Parlamento gallego tenga también reflejo hoy en el Congreso de los Diputados. Por eso solicitamos al conjunto de los grupos que conforman esta Cámara el apoyo decidido a la toma en consideración de esta proposición de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Tiene la palabra doña Nuria Buenaventura.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.


Señorías, por parte de nuestro grupo vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Parlamento de Galicia. Como se ha explicado, esta propuesta plantea que se adecuen los topónimos oficiales a la lengua gallega en distintas normativas del Estado, y vamos a votar favorablemente la toma en consideración porque se trata de dar cumplimiento, como también se ha dicho, a la Ley 3/1983, de Normalización Lingüística y a los desarrollos de la misma por parte de la Xunta de Galicia, teniendo muy presente que Galicia tiene competencias exclusivas en la materia. Galicia, como nacionalidad histórica, está reclamando la consolidación de la recuperación de su personalidad colectiva, y uno de los factores fundamentales de esta recuperación es la lengua por ser el núcleo vital de su identidad. Además pensamos que este es un paso más en la defensa de la asunción de la realidad plurinacional del Estado español. Creemos que es preciso, por tanto, procurar que se hagan en toda la legislación las modificaciones oportunas que contribuyan a reconocer la diversidad nacional y cultural realmente existente. En suma, saludamos los cambios por pequeños que parezcan y seguiremos trabajando para potenciarlos, para hacer real la construcción de un estado federal plurinacional y solidario.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don José Ramón Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, fijaré la posición de mi grupo, el Grupo Parlamentario Vasco del Partido Nacionalista Vasco, con brevedad y confío que también con claridad ante todas sus señorías y especialmente ante los representantes del Parlamento de Galicia. Debo reconocer que ante iniciativas de esta índole como la que hoy presenta y defiende el Parlamento de Galicia siempre está ahí para mi grupo, para el Grupo del Partido Nacionalista Vasco, la tentación de sentirse no sé si sorprendido, un tanto aburrido, bastante incrédulo, melancólico y hasta tentado por el desistimiento, se lo reconozco. Este es un tema en el que, siendo como es tan obvio, tan evidente -de seguro lo es en Galicia, lo es en Euskadi y también en Cataluña-, cuesta entender, al menos a los ciudadanos de estos tres territorios nacionales o como se quiera decir, el porqué de tanto obstáculo, el porqué de tanta resistencia. Cuesta entenderlo.
Resistencia, porque la indolencia por sí misma no explica que a estas alturas estemos donde estamos. No constituye explicación suficiente para entender por qué un ministerio como el de Fomento se está negando a eso que en lenguaje coloquial diríamos llamar a las cosas por su nombre -y punto- y que en lenguaje legal significa, como dice la iniciativa del Parlamento gallego, adecuar los topónimos oficiales de las capitanías marítimas, de los distritos marítimos y de los accidentes geográficos que los limitan situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia a lo dispuesto en la Ley 3/1982, de 15 de julio, de Normalización Lingüística, aprobada por el Parlamento de Galicia. De 1983 a día de hoy han pasado, como alguien ha señalado, un representante del Parlamento galego, veintisiete años y por los mismos gobiernos, muy distintos dicen, donde el presidente de Gobierno en unos casos se sentaba a mi derecha y a la izquierda y en otros casos se sentaba en el lado opuesto. En los veintisiete años ha pasado una cosa idéntica en estos temas y es que no se ha avanzado en la normalización lingüística como, por otra parte, en otra normalización más de fondo que es la normalización política, que es la que tenemos que seguir recorriendo. No sé qué ocurrirá hoy. Mi grupo sabe que la historia de estos veintisiete años no ha sido precisamente una historia ejemplar del Gobierno central buscando ese objetivo que pareciera que todos perseguimos, que he enunciado, el de la normalización lingüística como uno de los pasos necesarios para una cabal normalización política que todavía sigue pendiente.


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En fechas muy recientes con motivo del debate y de la negociación presupuestaria mi grupo tuvo que poner parte de su crédito, fíjense, para que sencillamente los tres territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya pasen a denominarse con su grafía vasca. Ha habido que poner un crédito, veintisiete años después de su proceso de normalización y no sé cuántos del que nosotros mismos no tenemos aprobado como normalización lingüística. Hemos tenido que negociar y hemos tenido que acordar que finalmente pasen a denominarse con eso tan obvio que es su grafía, aquella que está reconocida en virtud de la Ley de Normalización Lingüística del Parlamento vasco. Hace bien el Parlamento de Galicia en no desistir, ha hecho bien en no dejarse llevar por el desistimiento, esa tentación que seguro que ha sido perseguida por más de uno, dejando que las cosas estén ahí aparcadas, no se sabe si por el simple hecho del olvido simplemente dejaran de existir. Hace bien en no desistir y hace mal todo aquel que crea que se pueden poner puertas al campo. No se pueden poner puertas al campo, aunque alguien crea en un determinado momento que sí se puede hacer. Por lo mismo mi grupo, con esto termino, apoyará plenamente este proceso de normalización lingüística y, repito, como parte de una normalización política que buscamos para Galicia, buscamos para Cataluña y buscamos también para Euskadi, tres naciones con su propia lengua y su propia nacionalidad.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Pere Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, representantes del Parlamento de Galicia, un saludo de Convergència i Unió. Estoy seguro de que sus señorías ya saben de antemano que nuestro grupo les va a dar el apoyo, no es ningún secreto. Además de no ser ningún secreto ustedes llevan toda la razón.
Convergència i Unió siempre que hay una proposición de ley presentada por un parlamento autonómico tiene como criterio básico darle apoyo por respeto a la propia autonomía, por respeto a la capacidad propositiva de leyes que tienen los parlamentos y por respetar, como a nosotros nos gusta que se respete el propio Parlament de Catalunya, les damos apoyo. A veces lo hacemos como quien dice de oficio, pero hoy lo vamos a hacer muy convencidos. Lo que ustedes plantean, lo que el pueblo gallego a través el Parlamento de Galicia plantea, nos parece que es una cuestión de estricta y de gran justicia, el nombre de las cosas. El nombre de las cosas es el nombre que siempre ha sido. El nombre de donde uno es o de donde uno ha vivido toda la vida es el nombre de siempre en la lengua de siempre que para Galicia es el gallego, para Cataluña es el catalán y para Euskadi es el euskera. Cuando este principio tan elemental y tan de sentido común se rompe suceden anécdotas muy curiosas. Cuando la dictadura franquista acabó con las libertades españolas, con la legalidad republicana y, entre otras cosas, con la Generalitat de Cataluña, con el afán del ardor guerrero empezaron a cambiar nombres en todas partes -supongo que sucedió también en Galicia-, y esto sucedió en Cataluña.
Este ardor guerrero -con todo respeto a todo el mundo- llevó a cosas francamente ridículas. En mi comarca hay un municipio -antiguo municipio, ahora es un núcleo- que en catalán se llama Joanetes y le quisieron llamar Juanitas. Un ridículo espantoso, no menos ridículo que atentar contra la legalidad del Estado de derecho, pero las cosas son así. El colmo es un municipio que se llama Maçanet de Cabrenys. En catalán maçanet significa demasiado limpio y cabrenys puede traducirse como cabritos. -El señor Canet ríe porque está cerca de Figueres-. La tentación de los invasores fue llamarlo, Demasiado Limpio de Cabritos.
Parece que alguien al final tuvo el acierto de decir que no podían hacer el ridículo y como excepción no cambiaron el nombre del municipio. Algo que la democracia en nuestro país tenía que recuperar es el sentido común, la sensatez y el nombre de las cosas, y a esto no se pueden poner obstáculos. No puede ser que seamos Demasiado Limpio de Cabritos para algunos efectos y Maçanet de Cabrenys para la normalidad. La normalidad es la normalidad y, si ustedes me permiten, me gustaría que no se dedicaran tampoco a limpiar de cabritos Galicia y que hicieran con los nombres gallegos aquello que se merecen todos los gallegos, respetar el legítimo nombre de las cosas.


Muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña María Pilar Ramallo.


La señora RAMALLO VÁZQUEZ: Gracias, presidente.


Señoras y señores diputados, miembros que integran la delegación del Parlamento de Galicia -por el BNG el señor Lobeira, vecino de Marín, de Seixo además; por el PSdeG-PSOE el señor Cerviño y por el Partido Popular de Galicia el señor Baamonde-, quisiera comenzar mi intervención y hacer con ello el posicionamiento de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, adelantando nuestro apoyo a esta proposición de ley presentada hoy aquí por la representación genuina del Parlamento de Galicia que en el año 2008 aprobó por unanimidad esta iniciativa de modificación de la Ley 27/1992 de puertos del Estado y de la marina mercante. Antes de hablar de marina mercante, de capitanías, de distritos y de accidentes geográficos quiero hablar del meollo de la cuestión en cierto sentido, del punto fuerte de esta iniciativa y entiendo que del motivo fundamental que hará previsiblemente que se tome en consideración por el Pleno de

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esta Cámara. Hay que hablar de Galicia, mi tierra, y hay que decir cosas como que Galicia tiene más de 2.800.000 habitantes; que el territorio geográfico de la lengua gallega está delimitado por la Comunidad Autónoma gallega y las áreas más occidentales de Asturias, León y Zamora, además de tres pequeños lugares de Extremadura; y que la distribución del gallego es geográficamente bastante homogénea sin que existan áreas territoriales en las que no se constate su uso. Además de eso, y por las circunstancias históricas de la emigración de su población por todo el mundo, existen áreas con amplia presencia de comunidades gallegas que conservaron su lengua como vehículo comunicativo, no solo en el ámbito privado sino también en el público. Hay que hablar del Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado en el año 1981, que reconoce al gallego como lengua propia de Galicia y cooficial de la comunidad, que todos tienen el derecho de conocer y de usar, y al mismo tiempo responsabiliza a los poderes públicos de la normalización del gallego en todos los ámbitos. Asimismo hay que hablar de la Ley de Normalización Lingüística, aprobada por unanimidad, como ya se dijo aquí, el 15 de junio de 1983 en el Parlamento de Galicia, que garantiza y regula los derechos lingüísticos de los ciudadanos, especialmente los referidos a los ámbitos de la Administración, de la educación y de los medios de comunicación.


En su propia exposición de motivos, que conviene refrescar, habla de que el proceso histórico centralista, acentuado con el paso de los siglos, ha tenido para Galicia dos consecuencias profundamente negativas: anular la posibilidad de constituir instituciones propias e impedir el desarrollo de nuestra cultura genuina cuando la imprenta iba a promover el gran despegue de las culturas modernas. Sometido a esta despersonalización política y a esta marginación cultural, el pueblo gallego padeció una progresiva depauperación interna que ya en el siglo XVIII fue denunciada por los ilustrados y que desde mediados del siglo XIX fue constantemente combatida por todos los gallegos, conscientes de la necesidad de evitar la desintegración de nuestra personalidad. Pero es con la Constitución del año 1978, al reconocer claramente nuestros derechos autonómicos como nacionalidad histórica, cuando se hizo posible la puesta en marcha de un esfuerzo constructivo encaminado a la plena recuperación de nuestra personalidad colectiva y de su potencialidad creadora. Uno de los factores fundamentales de esta recuperación es la lengua, por ser el núcleo vital de nuestra identidad. La lengua es la mayor y más original creación colectiva de los gallegos, es la verdadera fuerza espiritual que da unidad interna a nuestra comunidad. Nos une con el pasado de nuestro pueblo, porque de él la recibimos como un patrimonio vivo, y nos unirá con su futuro, porque la recibirá de nosotros como legado de identidad común. En la Galicia del presente sirve de vínculo esencial entre los gallegos afincados en la tierra nativa y los gallegos emigrados por el mundo. La Ley de Normalización Lingüística, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución y con el artículo 5 de nuestro Estatuto de Autonomía, garantiza la igualdad del gallego y del castellano como lenguas oficiales de Galicia y asegura la normalización del gallego como lengua propia de nuestro pueblo.


Llegamos al artículo 10, apartado 1, que nos dice que los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega y, en consecuencia, le corresponde a la Xunta de Galicia la determinación de los nombres oficiales de los municipios, de los territorios, de los núcleos de población, de las vías de comunicación y de los topónimos de Galicia.
Esta es nuestra ley desde hace veintisiete años, siendo presidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor y Mariano Rajoy diputado autonómico. Tras la promulgación de la ley se aprobaron diferentes órdenes y decretos que complementaron este marco legal y aseguraron la recuperación del gallego en la Administración local, en la Administración judicial y en la Administración militar. ¿Pero qué nos trae este tema hoy aquí? Tomar en consideración que a través de la modificación de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, donde aparecen regulados los temas objeto de la proposición de ley, sean estos tenidos en cuenta después de la argumentación legal que nos asiste -yo solamente he expuesto la vinculación legal y de distintos decretos-. Hay que dar una instrucción efectiva al Ministerio de Fomento y, en consecuencia, a la Dirección General de la Marina Mercante. Si en el decreto se recoge Villagarcía de Arosa por Vilagarcia de Arousa, la isla no puede ser de Arosa, es evidente; tampoco la isla de La Toja ni El Ferrol ni isla Quiebra ni Domayo, con i griega o con ye, como se dice ahora en el nuevo diccionario. Es evidente que hay que corregir este decreto, y así entendemos que debe hacerse. Por lo tanto, en nombre de mi grupo se trata de añadir una disposición adicional vigésimo quinta -no sé si será vigésimo quinta o vigésimo cuarta, porque la vigésimo cuarta fue derogada por la Ley 48/2003 de Puertos- o quizá sea más correcto añadir una disposición final segunda. La técnica legislativa lo dirá, pero creo que el objetivo es adecuar el nombre de capitanías, distritos y accidentes geográficos a nuestra lengua.


Agradezco en nombre de mi grupo a la delegación gallega el tono en aras de sumar y hacer corriente positiva. Cualquier otra opción no sería entendida por nadie, porque no se tiene la razón por hacerlo más alto sino más claro. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ramallo.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Margarita Pérez Herraiz.


La señora PÉREZ HERRAIZ: Gracias, señor presidente.


Señoras diputadas, señores diputados, queridos compañeiros do Parlamento de Galicia, el Grupo Socialista

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apoyará la admisión a trámite de esta proposición de ley que, como dijeron todos los que hablaron con anterioridad, tiene como objeto modificar la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante para que en todas las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la misma los topónimos referidos a Galicia se utilicen en su forma correcta, en gallego, que es lo legalmente establecido de acuerdo con la Ley de Normalización Lingüística. Esta ley de 1983, de la que fue ponente nuestro compañero Ceferino Díaz, como dijeron también los que hablaron con anterioridad, establece que los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega. En decretos posteriores se estableció el procedimiento para fijación o recuperación de la toponimia, que quedó establecida por diferentes decretos de 1996 de la provincia de Ourense, de 1998 la de Pontevedra, de 2000 la de Lugo y 2003 la de A Coruña. La Ley 27/1992, de puertos del Estado y de la marina mercante, de la que hablamos, fue modificada por la Ley 62 de 1997 en el punto cuatro del anexo para denominar correctamente a San Cibrao, A Coruña y Vilagarcia de Arousa. Y el Real Decreto 638/2007, por el que se regulan las capitanías y distritos marítimos, recoge de forma correcta la toponimia de las localidades que disponen de capitanía y distrito marítimo. También se ha modificado la cartelería interior y exterior de las capitanías y distritos marítimos, por lo que la modificación pendiente más importante es la de los folios de matriculación en lo que respecta a Vilagarcia de Arousa.


Como dije, apoyaremos la admisión a trámite de esta proposición de ley porque somos respetuosos con los diferentes ámbitos competenciales, y la determinación de los topónimos es competencia de la autonomía gallega y está establecida en su forma en gallego, y porque el Grupo Socialista avala la postura que siempre defendió el Partido Socialista de Galicia de apoyo a la normalización lingüística, apoyando y a veces promoviendo los consensos que hubo en torno a la normalización de la utilización del gallego como lengua oficial en Galicia y, por tanto, a la normalización de su uso en la actividad privada y pública. Es necesario recuperar el consenso pero el Partido Popular de Galicia, con la mayoría absoluta que ahora tiene, ha abandonado. No había sucedido así en los anteriores gobiernos de Fraga y nos alegramos de este regreso al consenso, aunque sea de manera parcial. Compartimos con el Partido Socialista de Galicia lo que manifiesta en el texto de su última conferencia política, que el gallego debe emplearse no solo como nexo de unión entre los gallegos y gallegas sino como elemento de proyección exterior de Galicia, buscando nuevas vías de difusión del gallego que permitan su pervivencia dentro y fuera de Galicia. No se trata en este caso de garantizar el uso de las diferentes lenguas oficiales, sino de utilizar los topónimos en su forma correcta con la única denominación que tienen.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Herraiz.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. (Número de expediente 122/000253.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre el tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Para su toma en consideración tiene la palabra el señor Corcuera, don Juan Carlos.


El señor CORCUERA PLAZA: Gracias, señor presidente.


En ocasiones una simple acción puede ayudar y evitar problemas a muchos ciudadanos. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Algunas veces un pequeño cambio normativo se traduce en un ahorro considerable de burocracia, conflictos y ahorro de recursos.
Señorías, este es el objetivo de la proposición de ley que hoy presenta ante esta Cámara el Grupo Parlamentario Socialista, evitar a los ciudadanos trámites innecesarios y pérdida de tiempo y dinero. Como saben, la Dirección General de Tráfico tiene, además de las funciones dirigidas a mejorar la seguridad vial y a reducir la siniestralidad de las carreteras, todas las relativas a las autorizaciones administrativas que se regulan en la legislación de tráfico. Entre ese tipo de actividades administrativas se encuentra la gestión del Registro de Vehículos en el que se inscriben todas las incidencias que les puedan afectar, de la misma forma que ocurre en el Registro de la Propiedad con los bienes inmuebles. El Registro de Vehículos tiene carácter puramente administrativo, es público y tiene como finalidad preferente la identificación del titular del vehículo, el conocimiento de sus características técnicas y de su actitud para circular, pero también la comprobación de las inspecciones realizadas, fines estadísticos y el cumplimiento de otras obligaciones legales, como son las limitaciones de disposición sobre el vehículo tales como las reservas de dominio, el leasing, el renting, etcétera. Si bien estas anotaciones de carga sobre el vehículo se llevan a cabo por los registros mercantiles, estos con posterioridad y en virtud de lo establecido en el correspondiente convenio entre la DGT y la Dirección General de Registros y del Notariado, realizan la comunicación al Registro de Vehículos. Una comunicación que actualmente se puede realizar de forma simultánea al ser

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admitida la inscripción on line. Esto permite hacer coincidir la inscripción en el Registro Mercantil con la anotación en el Registro de Vehículos. Sin embargo, en relación con la cancelación no se produce esta simultaneidad de inscripción, lo que causa no pocas disfuncionalidades.


Para situarles déjenme que les describa una de las situaciones que se da con mayor frecuencia. Un ciudadano compra un vehículo con el dinero que obtiene prestado de una entidad financiera. Para garantizar el pago, las entidades anotan sobre el Registro de Vehículos, que gestiona la DGT a través del Registro Mercantil, una limitación de disposición sobre ese vehículo, reserva de dominio, una hipoteca mobiliaria, un leasing, etcétera. Una anotación que impide que el coche se venda en tanto no se abonen todas y cada una de las cuotas. La disfunción se plantea cuando terminado de pagar el crédito la entidad financiera no acude al Registro Mercantil a cancelar la anotación y, por tanto, tampoco se hace en el registro de la DGT. De este modo, el vehículo sigue circulando pero con la carga anotada, aunque el crédito esté ya cancelado.


El problema, señorías, surge cuando se decide tiempo después a vender ese vehículo. Cuando se va a realizar la transferencia en Tráfico el vendedor se encuentra con la desagradable sorpresa de que la anotación de la financiera sigue ahí. El vehículo ya se ha entregado al nuevo comprador, pero no es posible inscribirlo a nombre suyo en Tráfico hasta que no se levante dicha carga. El reglamento general de vehículos establece que en el caso de que conste en el registro la constitución sobre el vehículo de una hipoteca inscrita en el Registro de hipotecas mobiliarias o la existencia de un pacto de prohibición de disponer o de reserva de dominio inscrito en el Registro de venta a plazos de bienes muebles, solamente -reitero solamente- se practicará el cambio de titularidad en el Registro de Vehículos cuando se acredite la cancelación de la inscripción en los registros mencionados, presentando para ello los documentos que lo acrediten, o cuando conste el consentimiento del acreedor o de la persona favorecida por tal inscripción. Señala también que en el caso de que figure en el Registro de Vehículos una anotación de arrendamiento con opción de compra o de arrendamiento a largo plazo, tan solo se practicará el cambio de titularidad en el registro cuando conste con el consentimiento del arrendador.


Como pueden constatar, señorías, surgen aquí dos problemas. En primer lugar, el vendedor tiene que peregrinar a por la carta de cancelación a la entidad financiera, que en algunas veces ni tan siquiera existe ya en esos momentos, luego irá al Registro Mercantil para cancelarle la carga y posteriormente de nuevo a la Jefatura de Tráfico. Ello supone entre dos y tres meses de trámites, varios desplazamientos, tiempo y dinero perdido.
El segundo problema es que si bien el coche circula, ya conducido por el nuevo comprador, en Tráfico sigue constando el anterior. Por ello, todas las multas de estacionamiento y de los radares fijos por ejemplo siguen llegando al vendedor, al que figura como antiguo propietario del vehículo, con las consecuencias que también ello supone de embargos, de pérdidas de puntos, etcétera.


Señorías, lo que ahora se pretende es eliminar esa carga para el ciudadano y trasladarla a la entidad financiera, de tal modo que pagada la última cuota sea la propia entidad financiera que anotó la carga la que tenga que levantarla al ver cumplido el crédito. De esta forma, cuando el ciudadano vaya a vender el vehículo que ya pagó no tendrá ningún tipo de problema. Para que se acaben de hacer una composición de la trascendencia de estos problemas, les quiero facilitar también algunas cifras. El 70 por ciento de los vehículos se adquieren financiados; se calcula en unos 2 millones de euros anuales los costes de desplazamiento y horas de trabajo perdidas por los ciudadanos para eliminar estos problemas, y el 20 por ciento de las transferencias de los coches que entran en la Jefatura de Tráfico no pueden realizarse por estos problemas sino que tienen que volverse a instar. Para evitarlo, además de seguir potenciando junto con los registradores las inscripciones y cancelaciones on line, para conseguir también así una mejor coordinación entre los diferentes registros públicos, sería deseable que una vez finalizado el pago de la deuda que motivó la inscripción de la carga sea la propia entidad financiera la que inste al Registro Mercantil a llevar a cabo la cancelación de dicha carga. Para ello es preciso introducir la correspondiente modificación normativa en la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, una modificación que se encuadra en la decidida apuesta, que viene realizando la Dirección General de Tráfico por la modernización y mejora tanto del contenido de lo inscrito como del acceso al Registro de Vehículos en aras a proporcionar un mejor servicio a los ciudadanos.


Señorías, en los últimos años hemos hecho diversas modificaciones de la Ley de Tráfico con el objeto de mejorar la seguridad y hacer más sencillos los trámites interadministrativos. En una sociedad cada vez más compleja, la obligación de las administraciones es intentar hacer sencillos los diferentes trámites, pero sobre todo hacerlo respetando todas las garantías de los ciudadanos. Hacer más sencillo lo complejo ha sido uno de los objetivos fundamentales de este Gobierno desde el año 2004. Se dio el primer gran paso y se pusieron las bases con la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. A partir de entonces, todas las administraciones del Estado tienen la obligación de relacionarse con los ciudadanos a través de las tecnologías de la información facilitando además su uso para la realización de los diferentes trámites. Sin duda, el despliegue y desarrollo de la ley ha cambiado y cambiará aún más la forma de relacionarnos con la Administración. También con este objetivo la Dirección General de Tráfico viene realizando un arduo trabajo. Hoy ya es posible realizar on line trámites inimaginables hace tan solo diez años.


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Pues bien, señorías, estarán de acuerdo conmigo en que es necesario corregir la situación que les describía, pero lo deben hacer quienes están legitimados para ello, quienes instaron la inscripción de la carga sobre el vehículo. ¿No les parece justo? Una simple acción como esta ahorrará problemas a muchos ciudadanos que son totalmente desconocedores de esta situación porque, señorías, ¿cuál de ustedes sabía que no se puede realizar la inscripción del cambio de nombre de un vehículo hasta que previamente no se haya realizado la cancelación de la reserva de dominio? ¿Sabían que la cancelación de la reserva puede llegar a no producirse nunca porque no es instada por las entidades que solicitaron su inscripción? ¿Les parece eso justo para los ciudadanos que sí han cumplido con sus obligaciones legales y han cancelado su deuda con la entidad financiera? Señorías, hagamos entre todos que la razón impere; mostremos de nuevo a los ciudadanos que en la defensa de sus intereses no cabe la confrontación política.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Corcuera.


En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, presidenta.


Intervengo brevísimamente desde el escaño para decir que ante las explicaciones y las peticiones basadas en el sentido común, mejorar el registro supone una modernización aceptable, por lo que votaremos a favor.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.


Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Quiero manifestar nuestra conformidad con las reflexiones del señor Corcuera, preñadas de razón y de una solemnidad dignas quizás de mejor causa. Estos son problemas que se pueden arreglar sencillamente con una orden ministerial e incluso, desde una perspectiva de jerarquía normativa, con una resolución administrativa de la Dirección General de Tráfico. De hecho, el que los registros tengan que estar conectados on-line se hizo con una norma de menor rango, con un convenio entre la Dirección General de Registros y del Notariado y el Colegio de Registradores. Desde esa perspectiva, que las inscripciones que limiten la disponibilidad del vehículo, bien porque este se compre a plazos o través de un préstamo, o a través de un arrendador financiero -a través del contrato de leasing-; que estén conectados el Registro Mercantil y el Registro de Vehículos on-line, se hace sin más. No sé hasta qué punto es necesario recurrir a procedimiento tan solemne y a la prosopopeya retórica utilizada por el portavoz, que brillantemente ha defendido esto, pero estas son cosas que ocurren esporádicamente en esta Cámara. Y que las cancelaciones de estas circunstancias atinentes a la limitación de la disponibilidad del vehículo, la cancelación del contrato de leasing por la entidad arrendadora o del préstamo por la entidad de crédito que lo concede, tienen que estar también conectadas a su vez on-line en la medida de lo posible, a pesar de la consignación de seis meses de plazo que se confiere a la entidad financiera para proceder a la inscripción o a la anotación o al asiento registral simultáneo de ambas circunstancias, también es razonable, y lo contrario evidentemente provoca perturbaciones para los ciudadanos y para los adquirientes o compradores de vehículos.
¿Es necesario recurrir a un discurso que raya en su prosopopeya y solemnidad a la obra La República de Platón para explicar estas cosas? Es posible que sí o es posible que no, señora presidenta; en todo caso, como la argumentación de fondo es perfectamente razonable, cuenta con mi adhesión porque lo que se pretende, desde una perspectiva de seguridad jurídica y de ordenación del tráfico mercantil, del tráfico de los registros y de los efectos registrales hasta el Registro de Vehículos, es sencillamente pertinente. Por esta razón, señora presidenta, votaremos que sí a la proposición de ley presentada.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señorías, vaya por delante que el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió votará que sí a la toma en consideración de esta proposición de ley que hoy nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista.
Pero vaya también por delante un inciso conceptual, esta proposición de ley, el primer párrafo de la que quizá acabe siendo el preámbulo de una futura ley, reza así: La Dirección General de Tráfico tiene, además de las funciones dirigidas a mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras, todas las relativas a las autorizaciones administrativas reguladas en la legislación de tráfico.
Este es el primer párrafo que hoy se nos plantea en la proposición de ley. Desde Convergència i Unió anunciamos que no estamos de acuerdo en que la DGT tenga todas las facultades de autorizaciones administrativas relativas a los conductores. Y una vez más -si esto se toma en consideración como espero que hoy va a pasar porque hay una práctica unanimidad de todos los grupos en loar la buena intención de esta proposición de ley- vamos a aprovechar la ocasión para que algunas de esas autorizaciones administrativas que hoy corresponden a la DGT puedan corresponder a aquellas otras administraciones

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autonómicas que tienen ya competencias en materia de tráfico, como el Gobierno vasco o la Generalitat de Catalunya. Por tanto, es un buen momento, ya que hablaremos de autorizaciones administrativas, para reemprender esa propuesta que hemos venido planteando cada vez que se reforma la Ley de Tráfico y que por tanto entendemos que es necesario hoy dejar sentado.


Segundo aspecto. El artículo 93 de la Constitución nos habla de la seguridad jurídica, es un principio constitucional. Dudo mucho que nuestros operadores jurídicos estén satisfechos de cómo estamos regulando las materias de tráfico en los últimos años, pero muy especialmente en los últimos meses. Hace tan solo unas semanas aprobábamos una ley de gran importancia en esta Cámara, la Ley por la que se crea la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. Pues bien, bajo ese título, Ley por la que se crea la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, ley reivindicada por todos los grupos de esta Cámara durante diversas legislaturas, se esconde una disposición adicional que vuelve a modificar la Ley de Tráfico para la dirección electrónica vial y dar un plazo nuevo a los ayuntamientos. Esa no es la manera, ir troceando las modificaciones, ahora aprovechando una adicional en la Ley de la Oficina Presupuestaria, hoy a través de otra propuesta, esta ya más específica, relativa a un tema de sentido común, lo ha explicado muy bien el señor Corcuera. Aquí hay un problema de falta de conexión, de que las cancelaciones no llegan al Registro de Vehículos y que aunque se haya realizado ya el pago de un vehículo esa carga financiera va con el vehículo e incluso puede afectar a futuros propietarios o a la propia compraventa del mismo. Por tanto, estamos, señor Corcuera, totalmente de acuerdo con su propuesta. Y aprovechando que es una nueva propuesta que se realiza para modificar esta ley, quiero acabar preguntando: ¿y si, cogiendo terminología vial, hacemos una ITV a la ley, haciendo un repaso general de todos los aspectos que deberíamos de una vez por todas modificar, retomar y dejamos ya ese parcheo constante que estamos realizando? Porque esto en nada ayuda. El otro día profesores de formación vial y gente que está en el ámbito de las autoescuelas me decían: es que constantemente estáis modificando la Ley de Tráfico en temas puntuales. Se les obliga, incluso, a reeditar los manuales, para las personas que se quieren sacar la licencia deben readaptar los test y los manuales. No hace falta tanta modificación; pongámonos de acuerdo.
Hay un consenso básico en materia de seguridad vial para modificar aquello que sea necesario y no ir parcheando y realizando modificaciones puntuales como la que hoy vamos a tomar en consideración o como la que se aprobó definitivamente en esa Ley de la Oficina Presupuestaria. Porque que a alguien que quiera saber sobre tráfico le digas que tiene que leer la Ley de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales induce a error y en nada ayuda a la seguridad jurídica. Por tanto, entre todos deberíamos intentar hacerlo mejor.


Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias al señor Corcuera por la propuesta que hoy nos ha traído.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jané.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Souvirón.


El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la proposición de ley que nos trae esta tarde a debate el Grupo Socialista y lo va a hacer porque nos parece que es bueno para el tráfico jurídico que los registros públicos reflejen con fiabilidad la realidad; es trascendente desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Que el Registro de Vehículos que gestiona la Dirección General de Tráfico tenga en cuenta la información relativa a las cargas y gravámenes que puedan recaer sobre aquellos vehículos que puedan ser objeto de transmisión o de cambio de titularidad nos parece que es importante y relevante desde el punto de vista de la mayor certeza y agilidad en toda la tramitación.
Quizás por eso la ordenanza que reguló el Registro de venta a plazos de bienes muebles, una orden del Ministerio de Justicia el 19 de julio de 1999, facultó a la Dirección General de los Registros y del Notariado para que mediante un convenio llegara a un acuerdo con la Dirección General de Tráfico para que se conectaran ambos registros. Aquello se materializó en un convenio el 10 de mayo de 2000 y la realidad nos muestra que si bien en lo que se refiere a las anotaciones de constitución de cargas y gravámenes, de hipotecas, de contratos de leasing, de renting o de reserva de dominio ha habido una cierta fluidez y se ha hecho razonablemente bien, no ha pasado lo mismo con la cancelación, que es lo que tratamos de superar en este acto. Eso es lo que nos parece bien y estamos dispuestos a apoyar.


Sin duda, en el trámite posterior con las enmiendas correspondientes intentaremos afinar el texto en lo posible. Hay algunas expresiones como lo de solicitar la cancelación de oficio que nos parece que es una contradicción en sus propios términos. Los procedimientos se inician a instancia de parte o de oficio pero no se insta a que se inicien de oficio. También habrá ocasión de ver cómo influye esta norma nueva que logremos consensuar en lo que hace referencia a la Ley de venta a plazos de bienes muebles o de créditos al consumo. Nos parece -y estamos de acuerdo en ello- que es una buena ocasión para revisar algunos asuntos que pueden estar pendientes en la gestión de la Dirección General de Tráfico en lo que se refiere a los temas de seguridad vial; sin ninguna duda, vamos a utilizar esta norma para intentar que se racionalice la ley, que aquello que hemos visto que es mejorable se mejore y que no se convierta la legislación de seguridad vial en un bosque donde al final aquellos operadores que tienen que interpretarla no

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sepan exactamente dónde está cada una de las normas, con lo cual se complica todo mucho.


Como todo tiene su momento y este es el de fijar posición sobre la admisión a trámite o no de la norma, nosotros, el Grupo Popular, como he dicho al principio, vamos a apoyar con nuestro voto la admisión a trámite de la norma y dejamos el debate, que va a ser interesante, para el momento oportuno, que será el de las enmiendas.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Souvirón.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UNA POLÍTICA INDUSTRIAL A LARGO PLAZO QUE CONTRIBUYA A REDEFINIR NUESTRO TEJIDO PRODUCTIVO EN CLAVE DE SOSTENIBILIDAD. (Número de expediente 162/000727.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto III del orden del día, proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al establecimiento de una política industrial a largo plazo que contribuya a redefinir nuestro tejido productivo en clave de sostenibilidad. Para defender la proposición no de ley en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Socialista para defender la proposición no de ley relativa al establecimiento de una política industrial a largo plazo que contribuya a redefinir un tejido industrial que sea mucho más productivo y sostenible. Va en línea precisamente con una de las claves de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 que ha presentado el Gobierno, que no es otra que afrontar las reformas necesarias para crear una economía más productiva, que genere empleo de calidad y que mejore la competitividad de los mercados internacionales.


Yo creo que hoy nadie duda de que la crisis económica y financiera internacional se ha debido a las políticas neoliberales que se llevaron a cabo en los últimos años. Por cierto, una crisis que es la mayor de los ochenta últimos años y que en el caso de España se ha trasladado también a una reducción importante de empleo debido fundamentalmente a las políticas que aplicó el Partido Popular en su día referentes a que prácticamente toda la economía se basaba en el sector inmobiliario. Pero para crear empleo y para diseñar una senda de crecimiento sólida y sostenible es necesario dar más peso al tejido industrial, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, y que sea mucho más importante de lo que es ahora. En este momento el tejido industrial español representa un 15 por ciento del PIB frente al 18,1 por ciento que representa en la media de la Unión Europea. Solo por citar algunos países: en Alemania, el 22 por ciento; en Italia, el 18,8 por ciento.
Además, tenemos una baja intensidad tecnológica, una escasa orientación hacia el exterior, una menor competitividad y también un reducido tamaño de nuestras empresas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No obstante, es verdad que el Gobierno socialista en los últimos años ha hecho un esfuerzo muy importante para mejorar esta situación en tres líneas fundamentales. En primer lugar, para mejorar la competitividad industrial de los sectores estratégicos. En este sentido, ha sido muy importante la política industrial de I+D+i hacia esos sectores, tales como el de la automoción o el sector aeroespacial, por citar solo algunos de ellos. Y esa política de I+D+i representará el año que viene un crecimiento de un 17 por ciento en el presupuesto. En segundo lugar, se ha apoyado a nuestras empresas, de manera muy especial a las pequeñas y medianas empresas, para facilitar un crecimiento de empleo y también un crecimiento de su productividad. Y en tercer lugar, se ha apoyado la internacionalización de nuestras empresas y, gracias a ello, en el año 2009 el sector exterior representó el 2,9 por ciento del crecimiento del PIB, como estamos viendo también en los datos que conocemos del primer semestre de este año. Precisamente por ello, para favorecer la internacionalización de las empresas, en el año 2011 se crea un programa específico, un fondo de inversión para favorecer la internacionalización de las empresas españolas. Seguramente todo esto ha contribuido a que después de una importante caída de la actividad industrial en el año 2009, fruto de la crisis económica y financiera internacional, ahora estemos en un momento esperanzador de repunte de la actividad industrial, que en estos meses del año 2010 ha crecido en torno al 1,2 por ciento.
Pero es evidente que, al margen de los factores coyunturales, se han puesto de manifiesto las debilidades estructurales que tiene nuestro tejido industrial, a las que es necesario hacer frente para evitar que en un futuro nuestra economía sufra con tanta intensidad los desequilibrios económicos y financieros temporales que ha sufrido ahora, porque cada vez más en un mundo globalizado afectan también a las economías nacionales.
Por este motivo, presentamos esta iniciativa en la que pedimos que el Gobierno, en colaboración con los agentes económicos y sociales, con las administraciones públicas implicadas y también con los grupos parlamentarios impulse un plan integral de política industrial a largo plazo que contribuya a cinco objetivos: en primer lugar, mantener la competitividad industrial; en segundo lugar, fomentar la innovación y la I+D+i; en tercer lugar, fomentar el crecimiento y el dinamismo de las pequeñas y medianas empresas; en cuatro lugar, favorecer la internacionalizacion de las empresas españolas y, en quinto lugar, apoyar a los sectores estratégicos, entre otros el sector de la automoción, de manera muy especial el

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vehículo eléctrico, el sector de las energías renovables, de las TIC, y otros sectores estratégicos que son importantes para la recuperación económica y para la creación de empleo.


Como ven, señorías, se trata de una iniciativa oportuna, de una iniciativa necesaria que va en la dirección correcta para que nuestro tejido industrial gane competitividad, se abra al exterior y genere empleo de calidad. Por ello pido el apoyo de todos los grupos de esta Cámara a esta iniciativa, anunciándoles que apoyaremos la enmienda que ha presentado el Grupo de Convergència i Unió, que va en la filosofía de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, incorpora los sectores tradicionales y también las líneas de apoyo del ICO que ya viene realizando el Gobierno. Por tanto, nos parece que la complementa y la mejora, y en ese sentido se va a incorporar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alique.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Catalán tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda que complementa la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Desde esta perspectiva, celebramos que el Grupo Parlamentario Socialista haya tenido la sensibilidad de aprobar la enmienda que presenta nuestro grupo, en el sentido de darle más contenido, complementando en algunos aspectos, yo diría que importantes y esenciales, la columna vertebral de lo que tendría que ser el tejido industrial en la próxima década. Por este motivo celebramos esta aprobación en el sentido de que en algunos aspectos planteábamos la necesidad de promover la cooperación sectorial en materia de innovación, aspecto que no reflejaba el documento aprobado entre el Ministerio de Industria y las comunidades autónomas. Entendemos que esta necesidad de promover la cooperación sectorial en materia de innovación no deja de ser un punto relevante en todas estas cuestiones que se han de desarrollar en los próximos diez años. También consideramos importante el necesario apoyo que se tendría que dar a los diferentes sectores industriales de nuestro país desde la perspectiva de incrementar las exportaciones y de incrementar la internacionalización de nuestro tejido productivo. En tercer lugar, también entendíamos que esta iniciativa adolecía de un grave defecto que con la aprobación de nuestra enmienda queda perfectamente clarificado y subsumido, en el sentido de que nosotros entendíamos que nos olvidábamos de sectores industriales muy importantes que, a nuestro juicio, deberían tenerse en cuenta, como podría ser el sector de la biotecnología, de las tecnologías sanitarias y farmacéuticas, de la industria aeroespacial, de la industria agroalimentaria y de la industria química. Con la aceptación de esta propuesta lo resolvemos y no dejamos de lado a algunos sectores industriales importantes, que jugaron un papel decisivo en la transformación que se produjo en España en los años setenta, ochenta y noventa, y que pensamos que también lo han de jugar en la futura reindustrialización y en el cambio de sistema económico que precisa la economía española.


Finalmente hay dos aspectos que nos parecen oportunos. Tampoco se hacía ninguna referencia a las llamadas industrias tradicionales y creemos que deberían favorecerse e incrementar al mismo tiempo la competitividad de las mismas. Estas industrias están llamadas a impulsar la salida de la crisis y a mejorar nuestra economía. Al mismo tiempo, es muy difícil plantear con éxito un nuevo sistema productivo de futuro sin tener en cuenta un factor importante del que adolecen nuestras pequeñas y medianas empresas y nuestro tejido industrial en general, como es el aspecto que hace referencia a la financiación. Para dar más viabilidad, solvencia y realismo a esta iniciativa parlamentaria entendíamos que era necesario que en algún punto de la misma pudiéramos incorporar todos aquellos aspectos que hacen referencia a resolver la financiación en todo nuestro tejido industrial. Entendemos que el sector industrial está llamado a desarrollar un papel importante en la reactivación de la actividad económica y en la recuperación de la creación de empleo, siempre que se prioricen en su actividad y productos la innovación, la calidad, la creatividad y la exportación. Creo que estas son las bases para asegurar una industria moderna, competitiva y con fuerte presencia en la economía del siglo XXI.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Don Antonio Erias tiene la palabra por el Grupo Popular.


El señor ERIAS REY: Señor presidente, señoras y señores diputados, la proposición no de ley que hoy se debate en esta Cámara no deja de ser, a nuestro juicio, un resumen de las cinco directrices del Plan integral de política industrial aprobado en el Consejo de Ministros de 30 de julio de este año y que está desarrollado en el llamado Plan de acción 2011-2015 que este jueves debatiremos en la Comisión de Industria. Por ello, entre otras razones que expondré a continuación, presentamos una enmienda de modificación que ofrece, más que intenciones generalistas, concreciones sobre cómo desarrollar con éxito una política industrial que sirva para superar la atonía de nuestra economía y que, gracias a los incentivos de las distintas propuestas que ya presentamos como enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2011, se promuevan nuevas oportunidades para los más de 4,5 millones de parados y que las pequeñas y medianas empresas y el tejido productivo español están reclamando.


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La enmienda de modificación presentada por el Partido Popular no solo plantea acciones concretas, sino que se aleja del oportunismo, tratando de dotar de contenido los principios generales de la proposición y separándose del testado que da la impresión que está promoviendo esta proposición no de ley, presentada antes de debatir el jueves el Plan de industria del ministerio. Es más, este plan está enmarcado dentro de la llamada estrategia de economía sostenible pero no dentro del proyecto de ley, ley que está paralizada después de ser presentada para ser tramitada por vía de urgencia en 2009 y que todavía está iniciando el trámite parlamentario, por lo que nos parece un sinsentido que hoy debatamos este asunto. En este sentido proponemos una enmienda que tiene carácter transversal siguiendo, como ya he dicho, lo que ya presentamos a los Presupuestos Generales del Estado. En ese momento solicitábamos medidas mucho más ambiciosas y concretas tanto de política industrial como de política energética, como de internacionalización y de competitividad y que el Grupo Socialista solo supo rechazar, al igual que el plan que hemos presentado este mismo año y que ha corrido la misma suerte. En particular, creemos que es necesario recalcar y enfatizar las medidas de carácter fiscal, financiero, de internacionalización, de competitividad, de formación y de infraestructuras que nuestra economía necesita. Así, en cuanto a medidas de carácter fiscal, vamos a recalcar que es necesario incrementar hasta el 20 por ciento las deducciones por inversiones en I+D+i en el impuesto sobre sociedades; flexibilizar los requisitos necesarios para acogerse a la libre amortización para las empresas que mantengan o creen empleo; recuperar las deducciones para la internacionalización de la empresa española; fomentar los acuerdos de protección recíproca de inversiones y de doble imposición, que son claves para la seguridad jurídica de las empresas españolas que deciden apostar por la internacionalización. Medidas de carácter financiero, como potenciar las sociedades de garantía recíproca ampliando el capital de Cersa para mejorar los avales dirigidos al sector industrial; facilitar que la empresa española pueda mejorar y ampliar su acceso a las garantías que el Cesce ofrece para fortalecer la posición de las compañías en el exterior. Medidas para promover la internacionalización: elaborar un plan de competitividad; potenciar la coordinación entre las secretarías de Estado de Comercio Exterior, las comunidades autónomas y las cámaras de comercio. Medidas de naturaleza económica que sirvan para mejorar la competitividad: en primer lugar, aprobar una ley de unidad de mercado; en segundo lugar, desarrollar un plan nacional de I+D+i coordinado con el programa marco; potenciar el papel estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación y orientar ayudas hacia las necesidades del tejido empresarial. Por último, creemos que son necesarias medidas de formación y medidas que sirvan para mejorar las infraestructuras. Por lo tanto, hay que llevar a cabo un programa de captación de talento emprendedor para que se arraiguen en España nuevas empresas innovadoras.
Señoría, este es un conjunto de medidas concretas que a diferencia de lo que el PSOE nos trae aquí en esta proposición no de ley servirían, si se pusieran en práctica, para mejorar las oportunidades del tejido productivo y de los desempleados en España.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erias.


Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a ser muy breve, dado que el Bloque Nacionalista Galego no ha presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Quiero anunciar nuestro apoyo a la misma. Tiene contenidos de carácter tan genérico que es muy difícil diferir de ellos. Estamos de acuerdo con los contenidos de esta proposición no de ley y con los análisis que hace el Gobierno respecto a la necesidad de fortalecer el sector industrial por considerar que este sector es clave para modificar el patrón de crecimiento, que ha tenido una incidencia muy importante en la crisis económica que estamos padeciendo. Coincidimos en que el sector industrial contribuye a generar empleo más estable y de mayor calidad; contribuye a aportar valor añadido al proceso productivo, algo fundamental para cambiar los pilares del patrón de crecimiento, y contribuye a equilibrar la balanza comercial. De hecho, la experiencia demuestra que países con un desarrollo industrial importante se están mostrando más resistentes en esta crisis económica.
Quizás uno de los graves errores fue no tener en cuenta que un sector de servicios próspero tiene que sustentarse, para no ser un gigante con pies de barro, en un sector secundario sólido. En ese sentido, coincidimos con la necesidad de favorecer la eficiencia energética, la innovación, de apoyar a las pequeñas y medianas empresas y favorecer su mayor dimensionamiento y con la necesidad de impulsar la internacionalización.
En cualquier caso, aunque coincidamos con los contenidos generales de esta proposición no de ley, lo que muchas veces no observamos es una congruencia entre la práctica, entre la política real del Gobierno, y los principios que se invocan a la hora de diseñar las estrategias industriales de futuro.


Podríamos poner como ejemplo la tendencia que observamos en el Gobierno a darle un carácter meramente marginal, incluso como un sector a extinguir, a la construcción naval que, como ustedes saben, tiene un peso muy importante en Galicia tanto en su aportación al producto interior bruto como en la generación de empleo. Esa inhibición con respecto al sector naval ha tenido distintas manifestaciones a lo largo de esta legislatura como la inhibición del Gobierno ante el veto que impide recuperar un astillero para nosotros estratégico como es el astillero de Fene o incluso las resistencias a

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que Pymar avalase a la factoría de Vulcano para que pudiese atender a su cartera de pedidos, y estamos hablando de otro astillero fundamental en el tejido productivo gallego.


Quiero recordarles que la construcción naval reúne todas las características a las que el propio Gobierno apela para enfatizar la necesidad de apostar por dimensionar mejor el sector industrial, genera empleo, favorece el desarrollo de I+D+i y contribuye a equilibrar la balanza comercial, por no hablar de la importancia estratégica que tiene el transporte marítimo por mercancías y el extraordinario potencial de desarrollo que tienen nuevos nichos de mercado, como el mercado offshore.
Como no observamos congruencia a la hora de apelar a la necesidad de apostar por una estrategia energética sostenible tanto desde el punto de vista económico como medioambiental y después promulgar decretos como el del carbón, que entendemos que es totalmente incongruente con esta apelación, aparte de afectar muy negativamente a las industrias energéticas radicadas en Galicia. No obstante, pese a esa discrepancia con la política práctica que en muchos temas desarrolla el Gobierno, coincidimos con la formulación genérica de esta proposición no de ley y, por tanto, manifiesto el apoyo del BNG a la misma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra don Francesc Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, presidente.


Señorías, desde el Govern de la Generalitat ya se hicieron aportaciones al Plan integral de política industrial 2020 a raíz de la conferencia sectorial y, por tanto, en la misma línea anuncio el voto favorable de nuestro grupo y las reflexiones van a ser prácticamente las mismas que se han hecho llegar para el Plan integral de política industrial 2020.


El conjunto de economías mundiales se enfrenta a grandes retos estructurales derivados de la globalización, del cambio tecnológico acelerado, de la creciente importancia de la sostenibilidad y la presión sobre los recursos naturales y de la incorporación del conocimiento en todos los ámbitos económicos y sociales. La necesidad de superar estos retos se está produciendo en un momento de cambio de modelo productivo, aquellas empresas que no basen su competitividad en nuevas maneras de producir más eficientes, más respetuosas con el medio ambiente, más intensivas en conocimiento y tecnológicamente avanzadas difícilmente podrán sobrevivir en un escenario de fuerte crisis económica global.


Ante estos cambios estructurales, y en la medida en que la industria es el sector pionero en la innovación tecnológica, en la internacionalización, en la racionalización de procesos, en el impulso de la calidad, en el respeto al medio ambiente y en la seguridad en el trabajo, es preciso considerar que la actividad industrial asume un papel central y estratégico para nuestra economía a la hora de avanzar decididamente en el cambio de modelo productivo y en el proceso de transición hacia una economía del conocimiento.


En este contexto, el plan debería conseguir que España se convierta en el horizonte 2020 en un referente en cuanto a la inversión productiva, a la creación de empleo de calidad y al desarrollo sostenible. Para ello las actuaciones deben ir encaminadas a acelerar la adaptación de la actividad industrial y de los servicios dirigidos a la producción, a los cambios estructurales con el fomento de la innovación, el valor añadido, la atracción de inversiones y la mejora continua de la productividad del tejido empresarial. Teniendo en cuenta que la empresa es el centro de la actividad económica y que el progreso va estrechamente ligado a la capacidad de emprender, a la innovación y a la asunción de riesgos, los principios generales que, a nuestro juicio, deberían impulsar el plan industrial son: en primer lugar, no ser intervencionistas -las empresas deber ser las que lleven la iniciativa, mientras que la tarea del Gobierno es apoyar, facilitar la actividad y acompañar a las empresas en su adaptación al cambio de modelo industrial-; en segundo lugar, ser selectivos -los recursos de la política industrial se deberían concentrar en proyectos específicos con capacidad de arrastre para el conjunto de la economía-; y, en tercer lugar, estar alineados con las políticas de la Unión Europea, especialmente las industriales. La política industrial debe ser coherente con la renovada estrategia de Lisboa y con la nueva política industrial europea. Confiando en que así se lleve a cabo este plan integral, anunciamos ya nuestro voto favorable.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Señor Alique, ¿acepta su señoría alguna enmienda para la votación?

El señor ALIQUE LÓPEZ: Sí, la de Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA MEJORA DE LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL, ASÍ COMO SOBRE LOS DIFERENTES MECANISMOS DE ENDEUDAMIENTO EXTRAPRESUPUESTARIO. (Número de expediente 162/000738.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la mejora de la transparencia

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de la información sobre las cuentas del sector público empresarial y fundacional, así como sobre los diferentes mecanismos de endeudamiento extrapresupuestario.


Doña Fátima Bánez tiene la palabra para defenderla.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la política presupuestaria y fiscal siempre ha sido fundamental como instrumento de política económica y lo es más en estos momentos en los que se requieren importantes esfuerzos de consolidación fiscal, que resultan además determinantes porque serán puntos de referencia en la valoración del riesgo que hacen los mercados y el resto de los agentes económicos sobre nuestro país. El pasado fin de semana en la reunión de los ministros europeos con motivo del paquete de ayuda a Irlanda por valor de 85.000 millones de euros, la vicepresidenta segunda del Gobierno se mostró satisfecha por lo bien que han sido acogidas por los homólogos europeos las medidas de transparencia para las comunidades autónomas y las entidades financieras. Pues bien, la iniciativa que presentamos esta tarde ahonda en esa línea de transparencia, afecta directamente a los diferentes niveles de pasivos del sector público y va a permitir en última instancia que se liberen recursos del sector público al sector privado.


Señorías, los datos son concluyentes: en España hay, entre empresas públicas, fundaciones y consorcios, más de 3.940 entidades. Es un número elevado que corresponde no solo al Estado, sino también a los entes territoriales, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales.
El uso masivo de estas entidades tiene como fin, entre otras cosas, poder eludir en muchos casos las restricciones impuestas al endeudamiento público por el Pacto de estabilidad y crecimiento y también por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, puesto que, como ustedes saben, esos pasivos no computan dentro de lo que se denomina deuda pública. Estamos, por tanto, ante un endeudamiento que podríamos llamar extrapresupuestario. Un dato que puede ponernos en la pista de lo que ha sido el uso continuado de este endeudamiento se encuentra sin duda en la evolución del número de empresas públicas y en la evolución de la deuda de esas empresas públicas. Estamos hablando de que la deuda de esas empresas ha pasado de 19.444 millones de euros a finales de 2004 a 52.000 millones en el segundo trimestre de 2010. Señorías, supone nada más y nada menos que un incremento en términos brutos de 32.000 millones de euros en seis años; un crecimiento, por tanto, del 200 por ciento. Este enorme aumento ha llevado a que el peso de la deuda de las empresas públicas con respecto al PIB se haya más que duplicado, situándose en el 5 por ciento del PIB.
Es cierto que de este crecimiento no se libra ninguna de las administraciones públicas españolas, pero también es cierto que es la Administración Central del Estado la que más ha crecido desde 2004.


Señorías, en 1996 la deuda de las empresas públicas estatales era ligeramente superior a los 13.000 millones de euros y a finales de 2004 llegó a los 9.600 millones de euros; es decir, se redujo en ocho años en un 35 por ciento gracias a la gestión y a los gobiernos del Partido Popular. ¿Y qué tenemos que decir hoy? Tenemos que decir que en el segundo trimestre de 2010 la deuda de las empresas públicas estatales ha superado ya los 27.300 millones de euros, lo que supone en los últimos seis años un incremento notable de más de 17.000 millones de euros, un crecimiento aproximado del 184 por ciento. Es decir, en los últimos seis años, con gobiernos de Zapatero, hemos recorrido el camino contrario, ha subido el endeudamiento de las empresas públicas estatales. Señorías, en los tiempos que corren hay que dar ejemplo, como hicieron los gobiernos del Partido Popular. No se puede seguir manteniendo ese ritmo de crecimiento del endeudamiento de las empresas públicas. No tiene ningún sentido que en un momento en el que se precisa mayor transparencia de las cuentas públicas, cuando los mercados están pendientes de lo que hacemos en este país, nos dediquemos a ampliar y a aumentar el endeudamiento extrapresupuestario. Si esto se mantiene así, si esta senda no se frena, la credibilidad de la economía estará en riesgo y, además, se elevarán las dudas sobre la solvencia de España.


Quiero destacar también esta tarde que los datos de los que disponemos no son iguales. Los datos que tiene el Banco de España y los que he comentado con anterioridad se centran únicamente en las empresas públicas. Sin embargo, las fundaciones y los consorcios no figuran entre la información que tiene el Banco de España. Es decir, desconocemos datos oficiales de más de 1.600 entidades públicas, y esto también debemos corregirlo. El sector público empresarial en su conjunto debe rendir cuentas y debe ser transparente, por eso lo pedimos esta tarde. Asimismo, hemos conocido hace pocas fechas que la Intervención General de la Administración del Estado ha encontrado en la supervisión de las cuentas anuales de 2008 que el 30 por ciento de las 225 empresas y fundaciones supervisadas tenían problemas, tenían irregularidades contables. De eso también nos tenemos que preocupar, de que se expliquen y de que se depuren las responsabilidades pertinentes.


Señorías, todo lo anteriormente explicado pone de manifiesto la urgencia que tiene nuestro país de iniciar una profunda reforma del sector público estatal; una reforma esencial para el funcionamiento de nuestra economía, pero, sobre todo, para aumentar la credibilidad tanto a nivel nacional como internacional de nuestras empresas y de nuestro sector público.
Estas medidas que se plantean esta tarde en la iniciativa del Grupo Popular pretenden también liberar recursos de la Administración pública, después de hacer un esfuerzo de austeridad, que tienen que ir sincera y claramente al sector privado, porque el sector privado con mayor liquidez y mayores recursos tiene que ser la palanca verdadera del crecimiento económico y del empleo de

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este país. Es preciso, por tanto, que esos recursos se liberen para que lleguen a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y a las familias, que son los protagonistas y los que de verdad nos tienen que sacar de la crisis que tenemos en estos momentos. Es preciso que se lleve a cabo una reforma del sector público, que tiene que ser inaplazable, señorías. Más austeridad pública es más liquidez y más recursos para el sector privado es una mayor transparencia para nuestra economía, y en los tiempos que corren de crisis económica y de situación de los mercados cuanto más transparentes seamos, cuanto más liberemos recursos para el sector privado para que se inicie la recuperación, antes llegará la tranquilidad a nuestro país y antes saldremos de la crisis los ciudadanos y las empresas. Por supuesto, desde esta Cámara colaboraremos con estas reformas del sector público, que son ya urgentes e inaplazables.


Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Báñez.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


En nombre del Bloque Nacionalista Galego quiero manifestar la coincidencia con el grupo proponente en la necesidad de mejorar la transparencia de la información en todo lo relativo a las cuentas del sector público, incluido el sector público empresarial y fundacional. Incluso en la exposición de motivos de la proposición se manifiesta una preocupación, expresada por el BNG en reiteradas ocasiones desde esta misma tribuna, como es el recurso cada vez más reiterado a la concesión de obra pública a través de distintas fórmulas de colaboración público-privada. El recurso a esta fórmula, como hemos manifestado -insisto- en distintas ocasiones, plantea desde nuestro punto de vista los siguientes problemas: Puede representar una hipoteca de futuro; condiciona la realización de algunas infraestructuras al interés de la iniciativa privada, que de esta forma puede acabar condicionando cuáles deben ser las prioridades en materia de obra y servicios públicos; abre las puertas a la privatización de infraestructuras y servicios y, por último, se sustraen del debate presupuestario estas actuaciones.


Hay que recordar que la ley de presupuestos es posiblemente la más importante de cada ejercicio. A través de la misma se determinan cuáles deben ser las prioridades en la orientación del gasto público. Con el recurso a esta fórmula, actuaciones que muchas veces son fundamentales para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos o la corrección de las necesidades en materia de infraestructura de algunos territorios se sustraen al debate presupuestario y con ello a la capacidad de decisión del Parlamento.


Señorías, pese a estas coincidencias, no podemos votar favorablemente esta proposición por varias razones. En primer lugar, porque el Grupo Popular critica en el Congreso lo que practica a diario en las comunidades o ayuntamientos en los que gobierna. Pensemos, por poner simplemente un ejemplo, en la política de colaboración público-privada para dar pasos que conducen a la privatización de facto del servicio sanitario en comunidades como Madrid, la Comunidad Valenciana o mi comunidad, la comunidad gallega. En segundo lugar, las cuentas de las entidades del sector público empresarial por su propia naturaleza no pueden estar incluidas en los presupuestos; esto restaría agilidad y eficacia a estas entidades. En tercer lugar, los contenidos de la proposición no de ley rezuman una obsesión por la estabilidad presupuestaria que no compartimos. Como hemos manifestado con reiteración en los distintos debates sobre la situación económica, los problemas de la economía española no derivan de una elevada deuda pública, sino de una elevada deuda privada. Además, creemos que en un contexto de crisis, una contracción excesiva de la inversión pública puede dificultar seriamente la recuperación económica. En cuarto lugar, estamos rotundamente en contra de que se aproveche la actual crisis económica para una privatización de activos públicos, como puede desprenderse de los contenidos de esta proposición no de ley. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Por último, subyace en todo el texto un intento de poner en duda la fiabilidad de las cuentas públicas, una actitud que nos parece total y absolutamente irresponsable en un contexto de ataques especulativos a la economía española.


Señorías, aunque por razones muy distintas a las del grupo proponente, el BNG también es muy crítico con la política económica del Gobierno, pero hay algo que nos diferencia sustancialmente del grupo proponente.
Nosotros pensamos que en política no vale todo, y por esta razón no vamos a dar apoyo a esta proposición no de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.


Señorías, si en principio estamos de acuerdo en que es necesario incrementar la transparencia y el control en el sector público empresarial y fundacional, así como en el conjunto de las administraciones públicas y, en consecuencia, nos parecen adecuados algunos puntos que plantea la proposición no de ley del Grupo Popular y el debate que generan, queremos mostrar nuestra distancia con determinados objetivos y, sobre todo, con el tono del texto, que en algunos apartados parece dibujar al sector público como si de un agujero sin fondo se tratase.


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En primer lugar, consideramos que los mecanismos de supervisión del sector público pueden desarrollar tres tipos de actuaciones: las de información, las de control y las de limitación. Nuestro grupo apoyará cualquier tipo de propuesta que incremente la información y la transparencia y que haga menos opacos los presupuestos y las relaciones entre administraciones y entre entes del sector público. Pero somos conscientes de las limitaciones efectivas. El papel a veces lo aguanta todo, la realidad a menudo se muestra muchísimo más tozuda.


El punto segundo de la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular pretende recabar una serie de datos para su publicación en el informe "El sector público empresarial y fundacional. Composición y estructura".
Seguramente muchos de los datos solicitados como el volumen de contratación y de endeudamiento comercial y financiero o datos de cálculo y elaboración compleja harán difícil cumplir con la entrega del informe en el plazo de tres meses. Sería muchísimo más pragmático concentrar los esfuerzos en cuatro o cinco datos fundamentales y garantizar que se pueda tener el informe. Más allá de esta valoración, ni hemos enmendado este segundo punto ni vamos a dejar de apoyar esta propuesta en concreto de máximos en cuanto al informe se refiere.


Ahora bien, en el punto tercero de la proposición no de ley entendemos que se pretende avanzar en los otros dos tipos de actuaciones que desarrollan los mecanismos de supervisión: control y limitación. Con la redacción actual hay una amenaza respecto a las actuales competencias autonómicas en materia de control y limitación. Nos parece adecuado que haya un órgano estatal con información de todas las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas, pero siempre que esto no signifique una concentración o centralización de los mecanismos de control en detrimento de los actuales mecanismos autonómicos que funcionan bien.
Tampoco compartimos esta voluntad de querer limitar el endeudamiento, que limitaría el margen de maniobra de los entes públicos. Consideramos que deben existir exigencias de información sobre los efectos de endeudamiento, pero sin una limitación genérica, sin tener en cuenta la coyuntura.


Hemos enmendado también el apartado en el que hablan de evitar el uso fraudulento del capítulo de activos financieros. Consideramos que la afirmación excede en contundencia y carece de fundamento. No hay ninguna ley que especifique cómo contabilizar estos activos financieros. En consecuencia, la afirmación uso fraudulento nos parece inapropiada en este caso. Dependiendo del uso de los recursos puede contabilizarse de una manera o de otra. Es decir, no podemos transformar una cuestión contable en la afirmación que pone en duda la regularidad en la gestión de los recursos financieros.


Por último, hemos hecho una propuesta de modificación aparentemente de redacción, pero que esconde en realidad la diferencia de concepción de qué es el sector público para su grupo y para el nuestro. No nos oponemos dogmáticamente a una reforma del sector público empresarial y fundacional estatal, ni tampoco a una reforma de las administraciones públicas en su conjunto. Ahora bien, mientras estas reformas para nosotros quieren decir gestionar de forma más eficiente los recursos actuales, ser más racionales, para ustedes quieren decir más recortes y menor presupuesto.
En este punto partimos de posturas tan distantes que difícilmente podremos llegar a un acuerdo. Por tanto, votaremos en contra.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.


Para defender las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, nuestro grupo presenta dos enmiendas a esta proposición no de ley. Se trata de una proposición no de ley que, a nuestro juicio, persigue un objetivo que podemos compartir -lo han dicho también otros portavoces-, que es favorecer los mecanismos de transparencia e información relativos al sector público empresarial.
Creemos que a menudo -nuestro grupo lo ha venido denunciando en esta Cámara- los datos referentes al sector público, por tanto, que está actuando y trabajando con recursos de todos y con dinero público, no tienen el mismo nivel de transparencia, de información, de conocimiento y de control parlamentario que el resto de recursos de la Hacienda pública.
Por tanto, es necesario incrementar los mecanismos para favorecer la transparencia en este sector. Hasta aquí estamos absolutamente de acuerdo. También estamos de acuerdo en que a partir de los informes publicados por la Intervención General de la Administración del Estado se haga una lectura crítica de lo que se ha detectado en el 30 por ciento de las empresas públicas, aunque yo diferenciaría -creo que hay una enmienda de algún grupo en este sentido- entre lo que son simples salvedades, due diligence, y lo que son claramente irregularidades, aspectos en mi opinión muy distintos. Las salvedades suponen una invitación a corregir, a mejorar y las irregularidades, lógicamente, hay que reconocerlas y perseguirlas. Por tanto, me gustaría que la enmienda referida al apartado 1 -repito, presentada por otro grupo- fuera asumida porque precisa el contenido de este punto.


Las enmiendas de Convergència i Unió pretenden, por una parte, cambiar el punto 3 cuando habla de la reforma de una serie de leyes con una voluntad excesivamente intervencionista. A nosotros nos gustaría que lo que se modificase -este es el texto de nuestra enmienda- fuera la Ley General Presupuestaria para incorporar justamente aquello que todos echamos en falta, que son mecanismos que mejoren la transparencia en la ejecución presupuestaria y en el sector público empresarial, como,

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por ejemplo, incluir en los Presupuestos Generales del Estado un anexo con desglose y ejecución por comunidades autónomas y por cada proyecto para saber a qué se destinan estos recursos públicos. Esto es lo que propone la enmienda al punto 3, que va por otros derroteros mucho más intervencionistas y que, a nuestro juicio, son incluso mecanismos invasores de competencias autonómicas, por lo que en ningún caso podemos estar de acuerdo con este punto. Finalmente, presentamos también una enmienda de adición que viene a colación. Es decir, es absolutamente conveniente por cuanto hace poco que acabamos de aprobar la creación de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. Señora Báñez, hay que creerse lo que aprobamos en esta casa, y cuando algo se aprueba por unanimidad o con el acuerdo de la gran mayoría, mucho mejor. Pues bien, hagamos una cosa; dotemos de recursos suficientes a las Cortes Generales para que la oficina presupuestaria sea ya una realidad el próximo ejercicio. Por tanto, esta es una enmienda francamente positiva que nos gustaría que fuese aceptada. Hay otra enmienda de adición que presentamos conjuntamente relativa a hacer un estudio en un plazo relativamente corto, de seis meses, sobre la conveniencia o no de mantener las actuales participaciones del Estado a través de SEPI, o bien abordar la venta de paquetes accionariales de empresas en las que no vemos ningún objetivo de interés público ni estratégico en relación con la política del Gobierno.
Lo hemos propuesto ya y creemos que esto ayudaría además a los mecanismos de ajuste y a hacer pesar sobre determinados colectivos menos esfuerzo en este ajuste que el que en estos momentos está previendo el Gobierno.


En definitiva, creo en su buena intención -siempre se supone y, en este caso, más todavía-, pero cabría perfeccionar esta proposición no de ley con algunas enmiendas de Convergència i Unió y de otros grupos. Si ustedes las aceptan, nuestro voto podría ser positivo; en caso contrario, nuestro grupo globalmente se abstendrá o votará parcialmente algunos de los puntos.


Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Macias.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, una vez más el Grupo Popular nos trae una proposición sobre transparencia presupuestaria. Tanta insistencia nos sorprende, sobre todo porque por motivos estratégicos estamos viviendo una de las épocas en la que más información económica y presupuestaria se está ofreciendo.
Siempre hemos estado a favor de la transparencia presupuestaria y de las iniciativas que se han presentado aquí en este sentido, pero creo que ustedes no pueden decir que el Gobierno esté hurtando información a las Cámaras. A mi juicio, esta proposición busca otra finalidad, forma parte de lo que ya parece un plan articulado de ataque a la credibilidad de España. Eso parece. Utilizan ustedes en su proposición -se lo han dicho ya otros grupos- expresiones como irregularidades, instituciones públicas que intentan eludir. Hablan incluso de uso fraudulento de capítulos del presupuesto del Estado. Nos parece muy grave. Mientras nosotros estamos trabajando por salir de la crisis, ustedes se dedican a hacer proposiciones y declaraciones que a lo único que nos llevan es a aumentar la inseguridad que puedan tener los mercados con respecto a España.
Ustedes le están haciendo daño no al Gobierno, le están haciendo daño a la marca España y creo que es un precio muy alto para hacerle daño al Gobierno.


Lo que veníamos considerando en todos estos días irresponsabilidades de forma independiente por parte de dirigentes de su partido contra la credibilidad de nuestro país ahora creemos que va más allá. Parece que esto se está convirtiendo en algo planificado y esta proposición es una parte más del plan. Incluso en una mañana tan turbulenta como esta Rajoy sigue insistiendo en sus declaraciones; Cospedal también con aquello de que España no es Irlanda pero hay que demostrarlo. La semana pasada fueron escandalosas las declaraciones del señor Pons sobre que Grecia había mentido y que Irlanda ahora tiene que decir otra verdad. Y decía -y quiero que así figure-: Nos gustaría que lo que diga el Gobierno de España sea la verdad, toda la verdad y no mienta. A esto le llaman -mucho lo he leído por ahí- plan Pons contra la credibilidad de España. (El señor Aguirre Rodríguez hace gestos a la oradora.) Sí, sí. Lo podrán leer por ahí.


En cuanto a los puntos de su proposición, de algunos diré que son innecesarios y de otros que son innecesarios y además manipulan la información. El primer punto, donde hablan de irregularidades, forma parte de este segundo grupo donde manipulan la información. Ustedes dicen que nada menos que el 30 por ciento de las empresas y fundaciones analizadas por la IGAE presentan irregularidades. Ni una sola de las empresas y fundaciones analizadas presentan un informe desfavorable, ni una sola. Por el contrario, el 95,6, es decir 215 empresas de las 225, presentan informes favorables, algunas con salvedades, pero ya le han explicado que salvedades no son irregularidades, y no se lo voy a repetir.


El segundo punto es de los innecesarios. Por muy larga que ustedes pongan la lista de lo que solicitan, todo lo que ustedes piden está ya publicado. Seguramente, cuando se ponga en marcha la oficina presupuestaria tendrán más facilidad para dominar la información, información de la que por otra parte ha estado usted hablando aquí. Se ha referido a mucha información de la que solicita en la proposición.


No creemos que haga falta modificar la Ley General Presupuestaria para tener control sobre el endeudamiento de las empresas. Tienen suficientes instrumentos. Usted

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sabe que cuando modifican su nivel de endeudamiento necesitan la aprobación, incluso en función de la cuantía, del Consejo de Ministros, usted lo sabe.


Por último, respecto a evitar el uso fraudulento del capítulo de activos financieros del presupuesto del Estado del que hablan en su proposición, lo único que se me ocurre decir es que retiren este punto, porque es un poco fuerte, ¿no le parece? ¿No le parece que con la que está cayendo ustedes no contribuyen con esto a dar una imagen fiel de lo que es nuestro país, de la economía de nuestro país? Por eso mi grupo se opondrá firmemente, porque no apoyaremos esto. Si lo hiciéramos estaríamos reconociendo que el Gobierno no apoya la transparencia y estaríamos reconociendo un uso fraudulento del presupuesto y eso nos parece una barbaridad y se lo tendría que parecer a ustedes también.


Termino ya, señora presidenta, destacando los esfuerzos que está realizando el Gobierno por aumentar la transparencia. Opina que es un arma fundamental para luchar contra el acoso de los mercados. España incluso ha sido felicitada por los veintisiete países -usted lo ha reconocido- precisamente: Salgado, felicitada por la transparencia. Los veintisiete ministros económicos de la Unión Europea la han felicitado.
Ella declaraba: No hay mejor manera de asegurar la confianza que dando información veraz de la situación económica de España. Eso es lo que está haciendo, no tenga usted ninguna duda, pero no transmitan tampoco dudas al exterior, porque están haciendo mucho daño a este país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Vázquez.


Señora Báñez, ¿va a aceptar o rechazar alguna enmienda?

La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Votaremos la proposición no de ley en sus términos originales.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Báñez.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN CUANTO A LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS COMUNIDADES DE VIVIENDAS. (Número de expediente 173/000175.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre la política del Gobierno en cuanto a la mejora de la accesibilidad en las comunidades de viviendas. Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, mi grupo presenta la moción consecuencia de la interpelación debatida hace dos semanas relativa a la política del Gobierno en cuanto a la mejora de la accesibilidad en las comunidades de viviendas. Esta es una moción que viene avalada por el Cermi, viene avalada por la asociación que en este momento agrupa a 8 millones de personas afectas por algún tipo de discapacidad, que es el mayor elemento de legitimación que cabe concebir en estos momentos. Es una moción que para cumplir requerimientos de legalidad tan relevantes como el previsto en el contenido esencial del artículo 49 de la Constitución, de la Convención de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad y de la Ley de accesibilidad e igualdad de oportunidades para las personas afectas por discapacidad del año 2005, pretende remover los obstáculos arquitectónicos que afectan a las personas discapaces o con movilidad reducida, estructurados o incrustados en fincas urbanas, que están en este momento configurados por determinadas servidumbres del predio dominante sobre el predio sirviente, que consisten en dificultades a la hora de llevar a cabo obras para la remoción de los obstáculos que afectan a las personas de movilidad reducida con el fin de que posibiliten el traslado de elementos materiales, en virtud de servidumbres articuladas para la realización de obras de remoción de obstáculos para discapacitados o con movilidad reducida o servidumbres de vistas, previstas en el Código Civil, que dificultan la realización de obras para la remoción de los obstáculos arquitectónicos que afectan a personas discapacitadas o con movilidad reducida.


Se trata en definitiva de una propuesta concreta, elaborada con personas con conocimiento en la materia muy superior al de cualquiera de los que estamos en esta Cámara, personas que sufren en sus propias carnes los obstáculos arquitectónicos dimanantes de la construcción de las fincas urbanas y que están vinculados a tres preceptos del Código Civil cuya reforma solicitamos expresamente. En concreto son los artículos 569, 585 y 1936 del Código Civil los que prevén las servidumbres relativas a las obras que tienen que realizarse en relación con un predio dominante sobre un predio sirviente, al traslado de materiales para la construcción de obras de remoción de los obstáculos arquitectónicos de un predio dominante sobre un predio sirviente para las personas con discapacidad y a la limitación al derecho de usucapión o prescripción adquisitiva sobre elementos comunes previstos en el artículo 1936 del Código Civil.


Además pedimos algo que nos solicita el Cermi también, es decir, lo que nos solicita la discapacidad vertebrada en este momento en el Estado español de forma única y particularmente relevante, la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal en un ámbito fundamentalmente,

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en el de las mayorías necesarias para adoptar decisiones vinculadas a obras que posibiliten la remoción de obstáculos arquitectónicos que supongan barreras para las personas afectas por discapacidad que limiten su movilidad. En el año 1960 se aprobó la primera Ley de Propiedad Horizontal, donde la exigencia en relación con las mayorías para el acometimiento de obras de esta naturaleza eran unanimidades -no eran mayorías siquiera-. En el año 1990 se modificó la Ley de Propiedad Horizontal. Las mayorías eran ya de tres quintos, mayorías muy cualificadas que dificultaban el acometimiento de obras para la remoción de obstáculos en relación con las personas con discapacidad o con movilidad reducida. Con la Ley de accesibilidad del año 2005 que ya hemos glosado o comentado ya se establecían unas mayorías simples, pero con una limitación de naturaleza cuantitativa que impedía la realización de estas obras que podían remover las dificultades para las personas discapaces o con movilidad reducida en tanto en cuanto limitaban las obras a realizar a una cuantía equivalente a tres meses de los gastos ordinarios de la comunidad, una cantidad económica manifiestamente limitada y limitativa de la posibilidad de obras mucho más cuantiosas, de mucha más dimensión en su cuantía, que son las que se requieren para la remoción de los obstáculos arquitectónicos para los discapaces o con movilidad reducida.


Pedimos algo tan concreto como esto. ¿Y qué se nos ofrece contra esto? Pues se nos ofrece en primer lugar una reflexión de carácter anfibológico -si la presidenta me permite la reflexión un tanto petulante, utilizando la nomenclatura del Tribunal Constitucional-, es decir, el carácter totémico del Código Civil, que nos obliga prácticamente a mantener el sistema de ordenación de las relaciones civiles de la reina regente María Cristina y del presidente del Gobierno Canalejas. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Ruego silencio. No es a usted, señor Olabarría; es por el ruido, que no permite escuchar sus reflexiones.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muy agradecido por su amparo, señora presidenta.


El Código Civil tiene un cierto carácter totémico. Se considera inalterable, se considera norma terminada, cuasi perfecta, y solo ha sido objeto de remociones o de modificaciones en relación con las nuevas realidades familiares que han aflorado a lo largo de los tiempos en cuya reforma el legislador sí que ha sido particularmente diligente. En todo lo demás, no, en todo lo demás parece ser que el Código Civil es una norma llamada a su petrificación y a su mantenimiento, pero contra esto nos hemos encontrado con la sorpresa de que se nos presenta una ley, también de carácter un tanto anfibológico -si me permite la expresión-, evanescente, llamada alternativamente a dos cosas -yo creo que a una de las dos, pero no voy a decir a cuál-: la ley de economía sostenible. Para unos es una especie de vademécum extraño, de naturaleza jurídico-política llamada a resolver todos los problemas del mundo; para otros es una ley evanescente, superficial, cuyo contenido material y utilidades provoca notables reservas intelectuales, sobre todo para los juristas más renombrados de este país.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya con esto acabo.


Como nosotros tenemos la convicción de que la ley de economía sostenible y en concreto los artículos 112 y siguientes de lo que va a ser cuando empiece el debate parlamentario, el íter legislativo de esta ley, no van a resolver los problemas que nosotros preconizamos en este momento, cuya solución proponemos con la reforma de estos preceptos, los de la Ley de Propiedad Horizontal y los artículos 569, 585 y 1936 del Código Civil; como la ley de economía sostenible no tiene capacidad de resolver estos problemas...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ:... en relación con el cumplimiento de los derechos de los discapaces, pedimos que se vote en sus propios términos, si es posible, nuestra moción, y si no es posible, ya valoraremos posteriormente las enmiendas que se han presentado y su pertinencia o no, señora presidenta. Muy agradecido.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.


A esta moción se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender las del Grupo Popular tiene la palabra el señor Vañó Ferre.


El señor VAÑÓ FERRE: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quede constancia del compromiso de nuestro grupo parlamentario con la accesibilidad. Yo creo que está claro. El Partido Popular aprobó ya durante su Gobierno en el año 2003 la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y en su articulado, concretamente el Plan nacional de accesibilidad 2004-2012. Estaba clara nuestra voluntad de que en entornos, procesos, bienes, productos y servicios estuviese contemplada la accesibilidad universal, es decir el diseño para todos. También en la etapa del Gobierno del Partido Popular los artículos 10, 11 y 17 de esta ley mejoraban la accesibilidad en las comunidades de vecinos, modificando la Ley de Propiedad Horizontal y mejorando la situación de la financiación de estas obras, en la medida en que hasta el importe de tres mensualidades de la comunidad podían utilizarse para estas

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reformas y estas modificaciones. Este Gobierno desarrolló el Real Decreto 505/2007, en el que se aprobaban las condiciones básicas de accesibilidad; aunque con dos años de retraso, el hecho es que se aprobaron esas condiciones. Por lo tanto creo que estamos en las condiciones óptimas, y quiero decirlo de antemano, de votar a favor, en sintonía con la propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Vasco, esta moción con la cual estamos de acuerdo por varios motivos, en primer lugar porque es de justicia que las personas mayores, las personas con discapacidad, con movilidad reducida o las personas que accidentalmente por alguna circunstancia están limitadas puedan tener el acceso a la vivienda con absoluta autonomía e independencia sin tener que depender de terceros; en segundo lugar porque si somos coherentes con lo que aquí hemos ratificado, la Convención de Naciones Unidas en favor de las personas con discapacidad así lo establecía como un derecho exigible y por lo tanto, en sintonía con eso, no podemos remitirnos a otras leyes de economía sostenible y creo que es de justicia ir directamente a aprobar la moción que presenta el Grupo Parlamentario Vasco; en tercer lugar porque hay que recordar que el propio presidente Rodríguez Zapatero, el 3 de diciembre de 2009, ante el sector de la discapacidad, el Día internacional de las personas con discapacidad, se comprometió en seis meses a modificar esta Ley de Propiedad Horizontal y mejorarla. Ha pasado un año y todavía no ha sido así. Creo que es el momento ya de afrontarlo.
Por todo ello, para nosotros aprobarla es ser coherentes y consecuentes con nuestro criterio.


Por otro lado, nosotros hemos querido añadir una enmienda que simplemente trata de reforzar la propuesta del Grupo Parlamentario Vasco en el sentido de que se establezcan auditorías de accesibilidad previas en las viviendas de protección oficial o las viviendas que tengan algún tipo de financiación por parte de la Administración. Sería como adelantarse a esa Ley de Propiedad Horizontal. Insisto, quiero que quede constancia de nuestro voto favorable a esta moción porque es de justicia, porque lo hemos ratificado y creo que debemos votarlo y adelantar cuanto antes.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Vañó.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Fuentes Pacheco.


La señora FUENTES PACHECO: Muchas gracias, señora presidenta.


Esta tarde traemos a la Cámara una moción que nos parece importante tanto en el fondo como en las formas, porque cuando estamos hablando de rehabilitación estamos hablando de la vida de personas que no solamente están padeciendo la situación de crisis, sino que esta se ve agravada por su circunstancia especial. En este sentido hemos intentado llegar a un acuerdo con el grupo proponente y lo vamos a seguir haciendo a lo largo de la tarde. Presentaremos una enmienda una vez que hemos oído sus argumentos intentando adaptarnos en la medida de lo posible. Tal como se dijo ya en la interpelación al ministro en esta Cámara, no solamente se trata de elaborar materia normativa, sino además de poner dinero a la hora de hablar de la rehabilitación, a la hora de hablar de hacer más accesibles las ciudades, los barrios, en definitiva, la vida de los ciudadanos. Estamos hablando por ejemplo del Plan Renove, en el que se recoge una partida específica para accesibilidad. Estamos hablando de la Ley de fomento del alquiler y de la eficiencia energética, donde se incluía de forma específica la accesibilidad. Estamos hablando, como no puede ser de otra manera, de todas las medidas que se han aprobado en el pacto de Zurbano. Estamos hablando de la aplicación de un IVA reducido del 8 por ciento en las mejoras de viviendas, especialmente de las relativas a rehabilitación estructural, en consecuencia a cuestiones que afectan a la vida de los seres humanos y, ¡cómo no!, hay que citar la deducción extraordinaria que se ha presentado del 10 por ciento en el IRPF. Si estamos hablando de esta medida aplicada en el IRPF, nos estamos refiriendo a 4 millones de beneficiarios y a una cuantía de 1.200.000 euros. Estamos hablando en definitiva no solo de aportar soluciones legislativas, sino de hacerlo desde el punto de vista económico, porque nos preocupa mucho cómo se solvente esta situación que para nosotros es muy importante. Siguiendo la estela que ya puso en marcha el ministro en su interpelación en esta Cámara y teniendo en cuenta que estamos debatiendo la ley de economía sostenible como una solución global no solamente a los problemas sociales sino también a los problemas económicos, entendemos que la rehabilitación es un sector muy importante en el que hemos de trabajar, y mucho más cuando afecta de una forma tan directa a la vida de los ciudadanos que tienen una minusvalía.


Es evidente que en la exposición que ha hecho usted esta tarde aquí, como ya lo hizo ante el ministro, demuestra esta preocupación por los discapacitados, pero al mismo tiempo entiende que cada euro que se esté invirtiendo en un momento de crisis como el actual podemos multiplicarlo.
En ese afán de llegar a un acuerdo que nos favorezca a todos, pero que fundamentalmente favorezca a las personas con discapacidad y que haga posible que saquemos adelante este proyecto de ley de economía sostenible, que habla de rehabilitación desde el artículo 111 hasta el 118, vamos a presentar una enmienda que intente consolidar ambos espacios, la rehabilitación y mantener una concordancia con la normativa legislativa y con aquello que demandan los sectores de discapacitados.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fuentes.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.


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La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.


Señorías, nuestro grupo va a votar favorablemente esta moción y queremos felicitar al Grupo Parlamentario Vasco por liderarla. Nos gustaría que el Gobierno cumpliera con la promesa que lanzó hace un año con motivo del Día internacional de las personas con discapacidad, por la cual el presidente Rodríguez Zapatero se comprometió a que en el plazo de seis meses se modificaría la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras de accesibilidad a las viviendas corran por cuenta de las comunidades de vecinos y no de la persona con discapacidad. El derecho a vivir en una casa digna y adecuada se encuentra recogido en la Constitución, en la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal y en la Convención internacional de las personas con discapacidad. Sin embargo, a día de hoy continúa siendo un grave problema para muchas personas con discapacidad que se encuentran recluidas en casa ante la oposición de sus vecinos a asumir el gasto. Esa discriminación es la que continúa representando un mayor número de denuncias, pues todavía no se ha modificado ni eliminado el requisito que la Ley de Propiedad Horizontal exige para que las obras de accesibilidad sean obligatorias para una comunidad de vecinos y que su coste no exceda de tres mensualidades de gastos.


Las personas con discapacidad deben poder entrar y salir libremente de sus domicilios y utilizar las zonas comunes igual que sus vecinos porque las pagan igual que ellos. Por tanto es lógico también apelar a la socialización del coste de las obras de accesibilidad. Se trata de una cuestión de derechos fundamentales. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha solicitado por activa y por pasiva que el Gobierno acometa la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y nuestro grupo se suma a estas reivindicaciones.


Aprovecho que hablamos de problemas de accesibilidad para recordar un compromiso por parte del Gobierno. Se trata del voto en Braille. Saben ustedes que nuestro grupo impulsó en esta Cámara la modificación de la Loreg para hacer efectivo este tipo de voto. La normativa establecía el procedimiento para las elecciones europeas, las generales y las autonómicas y relegaba a una normativa posterior su adaptación a los comicios municipales. Pues bien, a seis meses de las elecciones municipales no disponemos todavía de un reglamento adaptado. Es más, nuestro grupo ha intentado conocer si existe un borrador o como mínimo intención de regular el proceso, pero hasta hoy no hemos tenido éxito. El Gobierno viene obligado por mandato legal a regular un procedimiento que garantice el secreto del voto en las elecciones municipales a las personas con discapacidad visual y debería hacerlo con urgencia ante la proximidad de los comicios locales. Esperamos también en este ámbito la presentación de su propuesta.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Buenaventura.


Para fijar la posición del Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, nuestro grupo tiene en esta cuestión, como es conocido por parte del proponente, un largo currículum. Él seguramente se acordará -a mí me lo han contado- de que desde esta Cámara el Grupo Parlamentario Catalán impulsó una reforma importante de la Ley de Propiedad Horizontal que obligaba a la unanimidad para la instalación de elementos destinados a facilitar la movilidad de todas las personas. Fue un paso realmente importante que rompió el primer tabú que había que romper para favorecer la plena facilidad de movilidad de todas las personas en el interior de los edificios. Por tanto, cuando hemos analizado esta moción que presenta, lógicamente lo hemos hecho ya con una predisposición muy favorable a tenerla en cuenta.


La moción del Grupo Parlamentario Vasco plantea dos puntos, en primer lugar la remisión a la Cámara de un proyecto de reforma del Código Civil para que se puedan modificar toda una serie de aspectos: servidumbres de paso, servidumbres de vistas, límites al derecho de usucapión o prescripción adquisitiva sobre elementos comunes, etcétera, todo aquello que pueda impedir la eliminación de barreras arquitectónicas o que pueda suponer la pervivencia de las mismas. En segundo término prevé también la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con el objetivo de ampliar aún más los criterios de obligatoriedad para ejecutar las obras de accesibilidad y además declarar nulas las normas comunitarias que impidan cualquier uso de elementos mecánicos.


A nosotros nos parece que esta es una moción que puede ser asumida por todos los grupos. Claro que se trata de poner deberes al Gobierno, es evidente, pero creo que son de aquellos deberes que un Gobierno sensible en aspectos sociales debería asumir no solo con el obligado impulso de la Cámara sino con el impulso interno de uno mismo, porque esto hay que hacerlo. Nuestro grupo espera que esta moción logre un consenso importante por parte de toda la Cámara. Si hay que limar algún aspecto, que se lime, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo, pero sobre todo nuestro grupo espera que se acometan estas reformas.


Estamos de acuerdo con el grupo proponente en que efectivamente hace falta la reforma de estas dos leyes. A veces se dice que mediante la modificación en otra ley podemos introducir un determinado mecanismo, pero la Ley de la Propiedad Horizontal dice lo que dice y el Código Civil establece unos derechos que existen hasta que no sean modificados por el propio Código Civil. Desde este punto de vista nos parece que los mecanismos de impulso al Gobierno que presenta el Grupo Parlamentario Vasco son muy respetuosos y deben y pueden ser

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asumidos por todos. Por descontado nuestro grupo así lo entiende y desea no solo que pueda ser aprobada esta moción, sino que desea la mayor, que avancemos de verdad, que acometamos estas reformas y que hagamos realidad aquello que es un derecho de muchas personas: el libre acceso y la movilidad a todos los espacios empezando por las propias viviendas, algo que por desgracia aún hoy no tienen garantizado.


Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Macias.


Señor Olabarría, ¿va a aceptar alguna de las enmiendas presentadas?

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, somos conocedores del contenido material de la enmienda del Grupo Popular y la vamos a aceptar en sus propios términos, puesto que es complementaria y coherente con la moción que hemos presentado, pero no conocemos el contenido de la que aparentemente está en periodo de gestación del Grupo Socialista en este momento.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, usted se tiene que pronunciar sobre las enmiendas que se han presentado y que se han defendido en esta tribuna. Si posteriormente hay una transaccional, se repartirá a los grupos y veremos si se puede tramitar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Desafortunadamente, en relación con la que conocemos del Grupo Socialista, no podemos asumirla.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN MATERIA DE MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 173/000176.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Popular, en materia de menores víctimas de violencia de género, y para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Camarero.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, en violencia de género no hay una sola víctima, 800.000 menores conviven con situaciones de violencia de género y sufren directa o indirectamente sus consecuencias. Son menores que reciben palizas, menores que son asesinados, 13 en lo que va de año, menores huérfanos por esta violencia, 40 durante el año 2010 y menores con secuelas para toda la vida. Se trata, como dijo la señora Moneo durante la interpelación, de una de las más terribles tragedias que vive la sociedad española.
Señorías, esta moción del Grupo Popular tiene un objetivo claro y contundente, hacer visibles a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género como víctimas directas de la misma e incorporarles al artículo de la ley integral. Esta, señorías, no es una reivindicación nueva. Desde la tramitación de la ley y durante estos seis años de bagaje de la misma hemos insistido en innumerables ocasiones en que los menores eran los grandes olvidados en esta lucha, que era necesario reconocerles como víctimas directas y poner en marcha instrumentos dirigidos específicamente a ellos. Tras el trabajo de la subcomisión aprobamos un paquete de medidas importantes dirigidas a mejorar la situación de los menores que viven en un entorno de violencia y que son, insisto, víctimas directas de la misma. Son medidas que, junto con las aprobadas en iniciativas posteriores, han supuesto un avance, una mejora de la protección de los menores. Sin embargo, señorías, no podemos conformarnos, creemos que es hora de dar un paso adelante, un avance decisivo en esta materia.


Todos hemos defendido que la ley integral es una ley viva y como tal debe estar sometida a las modificaciones necesarias para adaptarse a las nuevas realidades y a los nuevos retos que se plantean. Por tanto, no parece coherente que si el propio presidente del Gobierno recientemente mantenía la necesidad de volcarnos ahora en la protección de los hijos menores de las víctimas de este tipo repugnante de violencia -decía-, si la secretaria de Estado, antes ministra de Igualdad, señora Aído, confirmaba hace pocos días que los menores eran una prioridad para el Gobierno, que hay que visibilizar esta realidad y ofrecer medidas y soluciones concretas, si Unicef, o recientemente Save the Children, alertan sobre la urgencia de visibilizar a estos menores, de realizar políticas que garanticen sus derechos y de adoptar medidas concretas para protegerles de esta lacra y atenderles, si la Ley integral de medidas contra la violencia de género en su preámbulo reconoce las consecuencias que la violencia puede producir en los menores, insisto, no parece coherente que la ley no se ocupe de ellos en su articulado y que no se les reconozca como víctimas directas de la violencia de género. Debemos insistir en que más de 800.000 menores en España sufren en sus hogares situaciones de malos tratos, que los estudios demuestran que los niños sufren maltrato directo entre el 30 y el 60 por ciento de los casos y que la violencia de género provoca serios y graves problemas en los menores, porque crecer en un ambiente violento puede implicar asumir la violencia e incluso reproducirla en el futuro.


Para nosotros, señorías, el reconocimiento de los menores en esta ley integral es una cuestión prioritaria, es una cuestión fundamental y a estas alturas una cuestión irrenunciable. Por eso esta moción, como les decía al principio, es clara y concisa. No queremos que se pongan más parches a la ley, no queremos ni podemos

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aceptar que los menores no cuenten con el reconocimiento legal que se merecen. Es necesario que sean considerados en esta ley como víctimas directas del maltrato, que tengan derechos propios y no solo los derivados de la madre y que reciban la misma ayuda, atención y protección que sus madres. Con este reconocimiento legal buscamos, como decía el otro día el señor Rubalcaba, el interés del menor. Créanme, señorías, cuando les digo que no buscamos con esta iniciativa desvirtuar ni la filosofía de la ley ni sus principios rectores, sino que estamos convencidos, íntimamente convencidos, de que logrará mejorar la eficacia de las medidas destinadas a los menores, que son las víctimas más indefensas de esta violencia. Si aprobásemos hoy esta iniciativa, conseguiríamos la puesta en marcha de medidas y recursos específicos para un seguimiento estadístico centralizado de los menores que viven en hogares donde hay violencia de género y permitiríamos contar con un presupuesto adecuado, porque seguimos sin entender que se haya eliminado del presupuesto la partida de un millón y medio de euros para los programas de atención especializada a menores expuestos a esta violencia.
No nos sirve, señorías, que digan que está en otros programas, no nos fiamos, señorías. Esta no es la mejor manera de visibilizar a los menores.


Se nos han presentado a esta iniciativa varias enmiendas. Una es del Grupo Parlamentario Socialista y se habla de la implementación de un protocolo de maltrato, de la regulación de los puntos de encuentro, del seguimiento estadístico, etcétera, medidas sin duda positivas, que apoyaremos si el Gobierno se decide y un día las trae a esta Cámara, pero que no podemos aceptar como enmiendas de sustitución, porque niegan la posibilidad que nosotros buscamos de modificar la ley para dar el reconocimiento legal a los menores. También contamos con una enmienda del BNG, que, como la del Grupo Socialista, toca puntos importantes en esta lucha y la animo, señora Fernández Davila, a presentarla como iniciativa propia, porque cuenta con nuestro voto y con nuestro respaldo. Y contamos con una enmienda de Convergència i Unió, que vamos a aceptar, porque recoge nuestra pretensión del reconocimiento legal de los menores, que estos entren en el ámbito de protección de esta ley y que tengan derechos propios y no solo los derivados de la madre. Pretende una modificación de la ley para conseguir que, por fin, los menores entren con derechos propios en la Ley de violencia. También se nos ha presentado una enmienda de Esquerra Republicana, cuyo primer apartado está recogido en la enmienda de Convergència i Unió que coincide en la necesidad de modificar el artículo 2 de la ley, para que los menores tengan garantizados los derechos que la ley les reconoce, y que presenta un segundo apartado relativo a los medios de comunicación; igual que le he dicho a la señora Fernández Davila, da lugar a una iniciativa propia que respaldará sin duda el Grupo Popular.


Hoy, señorías, creemos que sería un avance sustancial alcanzar un acuerdo que permita la modificación de la ley integral para dar entrada en su articulado a los menores en aquellos artículos en los que sea necesario.
Por eso quiero agradecer de forma especial a Convergència i Unió el apoyo a nuestra iniciativa. Señorías, quiero anunciarles que hemos pasado el día intentando llegar a un acuerdo, que hemos bajado el nivel de exigencia hasta donde hemos podido, pero que no hemos conseguido llegar a un acuerdo porque otros grupos lo han hecho imposible. Quiero pedir al Grupo Socialista que reflexione y que en estos minutos que quedan busque el interés del menor sobre su interés ideológico, porque tienen difícil justificar que los hijos de las víctimas de violencia no puedan tener los mismos derechos que sus madres y que no sean reconocidos como sujetos activos de derechos en esta ley.


Finalizo animando al resto de los grupos a sumarse al acuerdo. Desde el Grupo Popular siempre hemos propiciado el consenso desde el minuto uno al apoyar la ley y hoy nos gustaría que este consenso se mantuviese cuando tratamos de mejorar la vida a nuestros menores.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Camarero.


A esta moción se han presentado enmiendas por parte de varios grupos. En primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, comparte con el Grupo Popular la preocupación por la situación de violencia que viven los niños y niñas en todo el territorio del Estado español, la violencia de los menores. Pero no compartimos la alternativa que el Grupo Popular, la señora Camarero, nos acaba de presentar en la tarde de hoy, porque vincula la violencia a los menores única y exclusivamente con la violencia de los menores que viven en situación -valga la redundancia- de violencia de género familiar. Nosotros no podemos compartir que sea igual el concepto o la concepción que se tenga de la violencia de género ejercida contra las mujeres que aquella que los hijos y las hijas de estas desgraciadamente sufren por esa situación de discriminación, de desigualdad, de violencia, que el machismo y la sociedad patriarcal ejerce sobre las mujeres. No podemos por lo tanto considerar adecuado que se cambie la Ley de Violencia de Género, ya que costó mucho conseguir conceptualizar debidamente que es una violencia que se ejerce contra las mujeres por la situación de discriminación, de marginación y de todo el peso cultural que tiene la cuestión del patriarcado y del machismo. No vamos a compartir que se modifique, sobre todo el artículo 1, que de manera especial así lo define. Por eso presentamos estas enmiendas, porque queríamos ser positivos y buscar de alguna manera mejora en aquellas cuestiones que es conveniente llevar

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a cabo en relación con el tratamiento de la violencia a los menores. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señorías, nosotros reconocemos que en la Ley de Violencia de Género ya existe en algunos artículos, concretamente en el artículo 19, porque fue especialmente defendido por nosotros y es el artículo que define el derecho a la asistencia social integral, el derecho de los menores a esta asistencia, pero además a una atención multidisciplinar, que, desde nuestro punto de vista, si se llevara a cabo, si se desarrollara debidamente y de acuerdo con lo que se establece en la ley, estaríamos afrontando aquellas políticas necesarias para paliar los efectos de la violencia de género en los menores. Yo creo, señorías, que utilizar los argumentos que aquí se han utilizado, como los 13 menores asesinados o que todos los menores que viven violencia de género viven la situación que se describía, no es afrontar la realidad como es debido. Primero, no todos los niños desgraciadamente asesinados -y desgraciadamente por ser asesinados, no porque represente la violencia de género- lo son como consecuencia exclusivamente de la violencia de género, sino de la violencia o de situaciones familiares de desestructuración diversa. Y, desde mi punto de vista, es necesario recordar, porque esto es algo que pudimos vivir todas las personas que estuvimos presente en diferentes comparecencias de mujeres víctimas de violencia, que la mayoría de las veces los hijos e hijas no se enteran de la violencia que el padre está ejerciendo sobre la madre, y eso es única y exclusivamente por el esfuerzo que la mujer hace para proteger a los hijos de esa situación.
Por lo tanto, y precisamente por estas razones, entendemos que la Ley de Violencia de Género, en relación con esta cuestión, no debe modificar los criterios que la definen y en todo caso pensamos que, en lo que respecta a este asunto, es conveniente que desde el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas se incentiven aquellas políticas de intervención y de actuación en relación con los menores, al margen, por supuesto, de que entendemos que el Gobierno debería presentar a no muy largo plazo una propuesta de ley, un proyecto de ley orientado a legislar la violencia sobre los menores de manera general y no exclusivamente sobre aquellos que viven en situación de violencia de género. Porque, señorías, si solo vamos a tratar ese tema en este aspecto que afecta a nuestra sociedad, estamos realmente haciendo una marginación con todos aquellos menores que efectivamente la sufren. Hace pocos días nos sobrecogía a todas y a todos una noticia que no podemos entender que sea consecuencia de violencia de género, aunque sí sea consecuencia de desestructuración o de situaciones familiares determinadas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Anuncio a sus señorías que con el examen de esta moción, número 6, y de la siguiente, número 7, del Grupo catalán, sobre políticas de reequilibrio de la balanza exterior y fomento de la exportación, daremos por terminada la sesión de esta tarde y pasarán, por tanto, la moción 8 y la moción 9 a examinarse el jueves, cuando terminemos de examinar todos los asuntos del orden del día. Hago este anuncio en cortesía a los señores diputados y señoras diputadas que tenían preparada su intervención y que no se va a producir a partir de la moción número 8. Es decir, calculen que sobre las diecinueve treinta estaremos votando.


Tiene la palabra para defender sus enmiendas por el Grupo catalán doña Mercè Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, a nuestro entender lo que se está hoy debatiendo es si para conseguir un objetivo en el que todos estamos de acuerdo, que es la mejor protección para los menores hijos de las víctimas de violencia de género, es necesario incorporar sus derechos a la ley integral y, en consecuencia, modificarla. El Grupo Socialista recordará que en la legislatura 2000-2004, con mayoría absoluta en esta Cámara del Grupo Popular y con minoría de Convergència i Unió en el Parlament de Catalunya, en donde entonces gobernábamos, apoyamos una iniciativa socialista que propugnaba la necesidad de una ley integral como el teórico mejor instrumento para combatir la violencia de género. Y la apoyamos porque estábamos y seguimos estando convencidos de que todas las actuaciones, planes y protocolos, son importantes. De hecho, hacía ya muchos años que desde todas las administraciones luchábamos contra la violencia de género. Pero lo único que confería y confiere derechos exigibles ante todas esas administraciones era y es una ley. Por eso la apoyamos entonces y por eso hoy expresamos, sin ambages, que lo que queremos para las mujeres, el derecho a la mejor prevención, el derecho a la mejor protección, el derecho a la mejor recuperación integral, lo queremos también para sus hijos e hijas menores.


Somos coherentes. Venimos manteniendo desde entonces esta posición, que tradujimos incluso en una enmienda en este sentido en la tramitación de la ley integral que desgraciadamente no prosperó. Los hijos de las víctimas son para Convergència i Unió no solo testigos sino también víctimas de la violencia de género y sentimos una honda preocupación por ellos, tal como expresó el portavoz de mi grupo parlamentario, Duran i Lleida, en una reciente pregunta en la sesión de control al presidente del Gobierno, y somos sensibles porque las consecuencias que sufren son devastadoras. La exposición itinerante Jo també vaig ser invisible, de la Fundació Institut de Reinserció Social, IReS, ofrece las claves para entender la situación de unos niños que viven con terror un secreto y muestran un conflicto de lealtades, niños que pueden arrastrar de adultos graves secuelas e incluso adoptar un modelo violento como sistema de resolución de discrepancias. Eso cuando han sobrevivido, porque hemos podido comprobar que en ocasiones los maltratadores

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no solo acaban con la vida de la mujer sino también con la de los propios hijos, a quienes conciben como una prolongación de la mujer, y por eso es violencia de género. Nos dicen asociaciones, como Save the Children, entre otras, que los derechos de estos niños no están suficientemente amparados en la ley. Por eso, desde Convergència i Unió no tenemos objeción en apoyar la moción que ha presentado el Grupo Popular en el sentido de dar cobijo en la ley integral a los derechos de los hijos e hijas menores, siempre que se atienda a la enmienda que hemos presentado y que se nos dice ya que se va a atender. La enmienda pretende, por un lado, acotar la inclusión únicamente de los hijos de las víctimas y no de todos los menores, porque, como muy bien decía la señora Fernández Davila, siendo muy grave la violencia que puede darse en el seno de la familia no solo de los mayores a los menores sino también incluso de los menores a los mayores, esto es otro tipo de violencia. Es una violencia que no cabe en la ley integral, porque no es violencia de género y no es aquí donde la tenemos que abordar. Esta es una acotación de nuestra enmienda.


Entendemos, por otro lado, que no debe concretarse hoy en una moción ni cuál ni cuántos artículos deben modificarse sino dejarlo abierto al trámite parlamentario, porque, por ejemplo, en la ley catalana, aprobada por unanimidad con los votos del Grupo Popular y también con los del Grupo Socialista, se introdujeron los menores como sujetos de derecho, pero en apartados y artículos distintos a los que hoy nos propone el Grupo Popular y sin afectar -esto es lo importante- ni a los principios rectores ni al objeto de la ley. No nos parece, señorías, que esto sea ni desvirtuar ni distorsionar la ley. Queremos, como hemos querido siempre, que el mejor instrumento teórico de protección, la ley integral, se aplique a las víctimas de violencia de género, pero a todas, a las mujeres sin ninguna duda, pero también a sus hijos y a sus hijas.
Lamentamos que no se haya podido llegar a una fórmula de consenso, porque realmente en los temas de violencia de género es muy importante que, además del texto que podamos aprobar, demos un mensaje unánime. La verdad es que, desde nuestro punto de vista, aquí el acercamiento ha sido bastante pero no suficiente y creemos que los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia bien merecen que hagamos un esfuerzo para mejorar la protección de sus derechos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds hablará en primer lugar el señor Tardà y después lo hará el señor Llamazares.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, brevemente puesto que voy a compartir parte del tiempo con el compañero Gaspar Llamazares. Hemos presentado dos enmiendas y, si me lo permiten, empezaré por la segunda. Nosotros reclamamos que el Gobierno actúe de forma rotunda, categórica, diligente, contra aquellos medios de comunicación que atentan contra la legislación en todo aquello contenido en la Ley de Comunicación Audiovisual y en la misma Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género respecto al fomento, a cómo se socializan mensajes absolutamente reaccionarios, sexistas y con una falta absoluta de respeto a los derechos de la mujer, lo cual contamina y reproduce los valores sexistas y violentos. Les recuerdo que hubo un compromiso en el mes de junio por parte de este Gobierno de abrir un expediente a Intereconomía por los insultos y la vulneración de todos los derechos al honor de la consellera de Sanitat del Gobierno de Cataluña, doña Marina Geli. Y no sabemos nada de ese expediente. De manera que reclamamos que no se les vaya la fuerza por la boca y que nos comuniquen dentro de pocos días cómo está el expediente abierto a Intereconomía por los insultos a una mujer, a la señora consellera de Sanitat, Marina Geli. Entendemos que hay que dar ejemplo de diligencia y de rotundidad a la hora de poner en vereda a estos opinadores que no tienen ningún complejo en insultar y reproducir los valores sexistas que fomentan la violencia contra las mujeres. Así que espero que el Gobierno nos lo diga pronto y que no se esconda.


En segundo lugar, nosotros vamos a abstenernos en la moción del Grupo Popular porque no recoge el contenido de nuestra enmienda. Nosotros sí que estamos dispuestos a modificar la ley, pero para contener todo aquello que afecta a los hijos víctimas de la violencia contra las mujeres pero en los principios rectores, es decir en el artículo 2, no en el artículo 1, puesto que entonces haríamos un mal favor a la misma ley en la medida en que desenfocaba el centro, el objeto de la ley, que es poner a la mujer en el punto central de la ley. De hecho, creemos que es necesario hacerlo, tal como decía Mercè Pigem, atendiendo a todo aquello que ya ha incorporado la legislación catalana. Creo que no iría mal que de vez en cuando también intentaran seguir la estela de lo que ha hecho el Gobierno de Cataluña, porque en ese sentido las dos leyes recogen también la problemática de aquellos niños que sufren la violencia de los progenitores.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Señor Llamazares, tiene la palabra.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no es partidaria de esta modificación de la Ley contra la Violencia de Género.
En primer lugar, porque no somos partidarios de legislar en caliente.
Sabemos que existe un problema, que es la violencia dentro de la familia contra los hijos, pero no creemos

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que la mejor forma de solucionarlo sea legislar de inmediato, porque nos da la impresión de que en nuestro país, hecha la ley, solucionado el problema, y en nuestra opinión no es así. Esta es una materia delicada que requiere reflexión y no legislar en caliente.


En segundo lugar, se trata de una ley contra la violencia de género.
Señorías, género es relación sexual y rol de sexo, no es otra cosa, y ahí no entra la violencia contra los menores. Tendremos que modificar otras leyes, por ejemplo, la Ley del Menor, que es una obra del Partido Popular y que en su momento supuso un avance muy importante. Modificaremos, entonces, la Ley del Menor, si lo vemos necesario, pero en nuestra opinión no modificaremos la ley por carácter conceptual de violencia de género, lo cual es muy distinto de la violencia intrafamiliar y más distinto todavía de la violencia contra los débiles. Por tanto, no mezclemos los planos, legislemos bien y no intentemos ante cada problema solamente legislar. Hay que solucionar los problemas y no solamente legislar.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Carmen Montón.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, la intención del PP en este debate es que retrocedamos en la conquista de los derechos de las mujeres y cambiar el concepto de violencia de género por el de violencia doméstica, y para ello han decidido romper el consenso alcanzado en 2004 con la aprobación de la ley. El PP presenta una modificación de la definición de la violencia de género en el artículo 1 de la ley -en este sentido tiene una propuesta de ley-, que es como decir que se pretende modificar las resoluciones de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud o del Parlamento Europeo al menos desde 1993, año de la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de violencia sobre la mujer.


Violencia de género, señorías, se define como la violencia contra las mujeres y se manifiesta como el símbolo más brutal de desigualdad existente en nuestra sociedad. Cambiar este común acuerdo es volver a hablar de violencia doméstica, de aquellos tiempos en los que la violencia sobre las mujeres por el hecho de serlo no contaba. El PP cambia su postura respecto al consenso de 2004 y no nos va a arrastrar en este cambio. Parece que desde el momento en que registró la interpelación a la ministra el PP había tomado la decisión de romper el consenso. Es una decisión grave la que ha tomado. Con esta decisión ya establecida ha presentado una moción con un único punto, sin voluntad de negociación ni diálogo, una moción presentada con la actitud de la imposición y no del diálogo, y no vamos a caer ni en la trampa ni en el chantaje. Hasta ahora ningún grupo ha roto el consenso, por responsabilidad, por buen hacer político, para sacar de la contienda electoralista un problema de la magnitud de la violencia de género.


Son varios los grupos que han presentado enmienda, también el mío.
Nosotros hemos presentado un conjunto de acciones para que se realicen de forma inmediata, para transformar esta realidad tan dolorosa porque es urgente. Esta ha sido nuestra opción, poner sobre la mesa medidas reales y concretas. En el Grupo Parlamentario Socialista proponemos continuar el trabajo para proteger a los hijos y a las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género e intensificar ese trabajo con propuestas como las que hemos traído a este Pleno, con propuestas como las que se han aprobado en el último Consejo de Ministros. Que nadie nos intente colocar en una postura de indolentes o despreocupados; la protección de los menores nos preocupa y nos duele. Son 800.000 los menores que conviven en entornos de violencia y no estamos dispuestos a que esto sea un arma arrojadiza en un perverso juego político o electoralista. Nosotros vamos a seguir trabajando con responsabilidad, como hemos hecho hasta ahora, con un presupuesto como el recientemente aprobado, donde el 71 por ciento actúa positivamente a favor de las políticas de igualdad, y donde se incrementa el 9,8 por ciento el presupuesto específico para violencia de género. La Ley de Violencia de Género contempla a los menores en el derecho a la asistencia social integral. Están presentes en el preámbulo, en la disposición adicional séptima, en ocho artículos los hijos e hijas sí están incluidos en la ley integral. Y lo que propone el PP en la práctica no va a solucionar los problemas de la protección de los hijos y las hijas de las mujeres que sufren violencia. Señorías del Partido Popular, su actitud de hoy desgraciadamente va a marcar un punto de inflexión en esta lucha. Y se produce porque ustedes así lo han planificado. Me entristece que decidan romper la voz unida, unánime, fuerte del Parlamento; una voz necesaria si lo que quieren es trabajar desde la responsabilidad en eliminar la violencia contra las mujeres de nuestra sociedad. Señorías, nuestro deseo, el deseo del Grupo Parlamentario Socialista es que hoy pudiéramos volver a decir que los culpables son los maltratadores y los asesinos de mujeres, y que enfrente de ellos estamos todos los grupos parlamentarios de la Cámara unidos para mostrarles nuestro rechazo, para decirles que sus actos no quedarán impunes, y a las mujeres que no están solas y que estamos poniendo todo el empeño, todo el esfuerzo, y todo el trabajo en proteger a sus hijos y a sus hijas.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montón.


Para fijar la posición por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.


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No me extenderé mucho; seré breve. A estas alturas creo que nadie puede ni debe de cuestionar que los menores que viven en hogares en los que se ha producido violencia de género -es decir y para que no haya confusión: maltrato físico o psíquico hacia la mujer, en este caso hacia la madre de dichos menores por parte de su pareja, que puede ser o no el padre de esos menores- son víctimas evidentemente. Por lo tanto todos vemos que lo que existe es una especie de vacío legal en este tema, porque todos queremos contribuir a que eso no suceda. El hecho de no ser víctimas directas de esa violencia, es decir -y vuelvo a reiterar que estas cuestiones hay que apuntillarlas mucho- que no son los destinatarios directos que el agresor elige, a nuestro entender nos lleva a plantear la solución a este problema con delicadeza y mucho tacto. Estoy convencido -y vuelvo a reiterarlo- de que todos los miembros de esta Cámara queremos y buscamos el mismo objetivo. Queremos la mayor protección y las mayores garantías para esos menores, por lo que sería nefasto enzarzarnos en esta materia de discusión, pero parece que no hay consenso. Por lo tanto diferimos en la metodología y no en el objetivo -creo que ha sido bastante clara mi compañera Mercè Pigem cuando lo ha definido al principio-, porque creo que está claro que el objetivo de todos es el mismo. Algunos grupos consideran que la mejor manera o el camino más adecuado para dotar a estos menores de derechos y garantías es modificar la actual Ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Mi grupo no comparte esa opinión porque consideramos que estos menores necesitan de legislación propia, en la que se contemplen todas y cada una de las situaciones de violencia que pueda padecer un menor -que son muchas-, y evidentemente buscar las mejores soluciones para que la protección de estas personas sea total.


No voy a entrar en qué medidas deben de ser planteadas porque algunos grupos lo han hecho y tampoco estoy de acuerdo con todas ellas, por lo tanto creo que no es labor del debate de hoy plantear cuáles deben de ser las medidas. Esas medidas las tenemos que debatir, discutir en el ámbito parlamentario con una propuesta mucho más global y más completa. Creemos que dotando de un corpus propio conseguiríamos ponernos al día en esta materia de la que creo que adolecemos, tal y como indica la propia Unicef en su informe sobre la infancia en España 2010-2011, donde dice que hay un vacío legal en ese tema. Y cabe destacar que debemos diferenciar claramente la violencia de género, que está legislada y definida, del maltrato infantil, que aunque comparte más de un espacio común con la violencia de género, está definido en la literatura especializada. Por tanto maltrato infantil se denomina cualquier reacción física, sexual o emocional u omisión no accidental en el trato hacia un menor por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico y que amenaza su desarrollo, tanto físico como psicológico. Se distinguen cinco tipos de maltrato: el abuso físico, el abuso sexual, el maltrato emocional, el abandono físico y el abandono emocional. ¿Un tema como el maltrato emocional tiene relación con la violencia de género? Por supuesto que tiene relación. ¿Los hijos de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género tienen un maltrato emocional? Por supuesto que sí. Por tanto para conseguir lo que pretendemos no debemos modificar la Ley contra la Violencia de Género. Su propia definición ya fue un logro y no podemos volver a replanteárnoslo. Evidentemente este tipo de leyes son las que exigen un consenso. La violencia sabemos cómo acaba, es decir, el punto final es cuando alguien agrede a una persona con la que convive o ha convivido, con quien tiene o ha tenido una relación emocional y usa la violencia contra ella; eso es la violencia de género y así acaba. Pero, ¿cómo empieza la violencia de género? Habría mucho que decir, y tengo que acabar, pero la educación y los valores son uno de los ejes más importantes en el ámbito preventivo, porque hay que erradicar de raíz la violencia de género. Para las personas que la ejercen está la ley, pero para los futuros posibles maltratadores la única ley que tenemos es la educación. Permítanme que acabe con una lección que dio Pitágoras de Samos hace dos mil quinientos años, que decía: Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Señora Camarero, ¿acepta su señoría alguna enmienda para que se incluya en la votación?

La señora CAMARERO BENÍTEZ: Sí, señor presidente, la enmienda de Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LAS POLÍTICAS DE REEQUILIBRIO DE LA BALANZA EXTERIOR Y FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN, COMO ESTRATEGIA BÁSICA PARA IMPULSAR UN PROCESO DE REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO. (Número de expediente 173/000177.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la moción del Grupo Parlamentario Catalán relativa a las políticas de reequilibrio de la balanza exterior y fomento de la exportación, como estrategia básica para impulsar un proceso de reactivación de la economía y el empleo. Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre para su defensa.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Efectivamente nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una moción básicamente

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con el objetivo de intentar sensibilizar y concienciar al Gobierno de que uno de los aspectos más importantes para resolver la delicada situación de la economía española es la de posibilitar la internacionalización de nuestra economía, de nuestro tejido productivo, y de muchísimos sectores económicos españoles integrados por pequeñas y medianas empresas que han de procurar un lanzamiento con la máxima profundidad a los mercados exteriores. Es una realidad que hay muchas empresas españolas que hace catorce o quince años eran pequeñas y medianas, sin apenas presencia en los mercados internacionales, y que hoy dichas compañías se han convertido en grandes multinacionales que hoy representan sectores relevantes de la economía española. Por este motivo nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha planteado previamente una interpelación, y posteriormente una moción en la que pretende configurar algunos aspectos que puedan finalmente transformar este aspecto importante, determinante de nuestra economía como es la falta de internacionalización de sectores relevantes de la economía española.


También hemos intentado consensuar algunos aspectos o algunas enmiendas que nos han planteado concretamente el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular que van en la misma dirección que hemos planteado desde Convergència i Unió. Es cierto que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha planteado una enmienda que podríamos aceptar perfectamente, pero no tiene absolutamente nada que ver con el contexto y el marco general que nosotros planteamos. Desde el Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya y de Izquierda Unida se han planteado aspectos que hacen referencia al sector energético español, con los que estamos de acuerdo, pero creemos sinceramente que no tienen absolutamente nada que ver con la internacionalización de nuestra economía. Por lo tanto agradeceríamos de su portavoz que en esta moción, para la cual no descartamos absolutamente a nadie y tampoco descartamos la aportación de su grupo parlamentario, podamos conseguir un consenso de todas las formaciones políticas a fin y efecto de sensibilizar al Gobierno para poder atender las demandas más relevantes que hacemos la mayoría de grupos que conformamos esta Cámara. En primer lugar, que se pueda constituir una comisión de trabajo interministerial, bajo la presidencia o la tutela del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en la que también puedan participar otros departamentos ministeriales pertinentes y así poder incorporar más adecuadamente todas aquellas prioridades de otras políticas relacionadas de forma sectorial u horizontal con otros ministerios en la política de apoyo a la internacionalización de las empresas, así como en la internacionalización de la economía productiva. Pienso que es un primer paso importante que exista un ministerio que con carácter transversal pueda recoger todas aquellas sugerencias y aportaciones de los diferentes ministerios para poderle dar este apoyo importante a la internacionalización de nuestra economía.


Otro aspecto también relevante es poder potenciar la cooperación estratégica y la coordinación de las diferentes comunidades autónomas con la incorporación de las cámaras de comercio y los demás grupos involucrados en la promoción y la internacionalización de las empresas españolas, y concluir con la elaboración de un plan de refuerzo a las exportaciones, en colaboración con todos estos agentes anteriormente citados, con el fin de incrementar la productividad y la oferta pública agregada de los servicios de internacionalización empresarial. Dicho plan tendría que ser presentado a la Comisión de Industria en el primer trimestre del año 2011. Continuamos aglutinando todos aquellos aspectos que hacen referencia a reforzar la musculatura financiera y económica de todo el tejido industrial y comercial español.


Finalmente también pretendemos que sobre todas estas cuestiones se pueda elevar durante el primer trimestre del año 2011 ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo un informe de situación de la balanza exterior, con especial incidencia respecto a la balanza comercial y a la balanza de servicios. Dicho informe, desde nuestro punto de vista, tendría que incorporar un balance relativo a las medidas acometidas en el cumplimiento de la resolución aprobada en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, en la sesión del 25 de marzo del año 2009, como consecuencia del debate de la internacionalización de la economía española. Repito, señorías, vamos a ver si somos capaces de conseguir un consenso de todas las formaciones políticas de esta Cámara para poder darle este soporte, esta solvencia que requiere nuestro tejido productivo de todos los sectores de la economía española para poder visibilizar y priorizar que la internacionalización de la economía española es uno de los aspectos más relevantes que el Gobierno tendría que tomarse con la máxima seriedad, a fin de poder superar este momento de crisis económica delicado, pero no desesperado, repito, delicado pero no desesperado, y para lo cual nosotros creemos finalmente que las exportaciones, la internacionalización de nuestra economía han de ser las abanderadas para poder avanzar, repito, en la buena dirección de superar estas dificultades económicas en las que se encuentra la economía española.


Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Para defender las enmiendas tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Popular don Celso Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender nuestra enmienda a la moción presentada por CiU, que se centra en las políticas de reequilibrio de la balanza exterior y el fomento de la exportación. Es cierto que la empresa española ha avanzado en los últimos años de una manera decidida en su internacionalización, que cada vez hay más empresas

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que exportan regularmente, y que una parte significativa de nuestras principales compañías han adquirido una relevante presencia internacional. Sin embargo es también innegable que el sector exterior español sigue presentando debilidades estructurales relacionadas con la base exportadora, la especialización en bienes y servicios de intensidad tecnológica media y baja, y en sectores maduros el reducido tamaño de las empresas o la elevada concentración en países cercanos, así como la escasa presencia en mercados con alto potencial.


Nadie pone en duda que un factor clave en el desarrollo de cualquier economía son las exportaciones de los bienes producidos por su tejido empresarial, junto con las importaciones, que son las que alimentan la base productiva. Pues bien, frente a esta importancia manifiesta de importaciones y exportaciones, lo cierto es que España, nuestro país, presenta una configuración ineficiente y poco ágil para el comercio exterior, situándose en la cola de los países de la Unión Europea y ocupando posiciones intermedias en la geografía económica. Además nuestro país se está viendo muy seriamente afectado por la dureza de la crisis, lo que está teniendo unas consecuencias muy fuertes en los flujos del comercio internacional. (Rumores.) En el año 2009 nuestras exportaciones observaron el primer descenso nominal en treinta años, las importaciones cayeron a un nivel impresionante, el grado de apertura de la economía española se redujo, y su nivel se encuentra en el punto más bajo de los últimos quince años, nuestras exportaciones han caído en todas las áreas geográficas, y se interrumpió el patrón de diversificación geográfica.
Las previsiones para este año 2010 son malas. Todo indica que en 2010 el sector exterior aportará un crecimiento positivo, pero muy inferior al de 2009, un 1,4 por ciento frente al 2,7 por ciento. Si a esto le añadimos los datos del descenso acusadísimo de la inversión extranjera en España, con un desplome del 80 por ciento, o los últimos datos del foro económico mundial en el sentido de que España ha descendido nueve posiciones en el ranquin de competitividad, nos encontramos con un panorama muy preocupante, ante el que es imprescindible que reaccionemos.


Señorías, es la competitividad de la economía española la que nos tiene que sacar de esta crisis. Además hay que solucionar los graves problemas de financiación, que siguen siendo un cuello de botella para las empresas que quieren acometer operaciones de exportación. Todo ello hay que hacerlo desde una estrategia de urgencia para impulsar las exportaciones y para equilibrar la balanza exterior. Por eso nuestro grupo parlamentario ha querido plantear una alternativa y ayudar con un nuevo punto, añadiendo a los dos puntos que plantea Convergència i Unió, con los que estamos de acuerdo, que se potencie la cooperación estratégica y la coordinación entre la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, las comunidades autónomas, las cámaras de comercio y los demás agentes involucrados en la promoción de la internacionalización de las empresas españolas, para mejorar la eficiencia del proceso de expansión internacional y del aumento de las exportaciones.


Señorías, es un hecho que las políticas tradicionales de apoyo público a la internacionalización, así como a la promoción, están siendo poco útiles en la actualidad, con visiones demasiado generalistas, con una falta de coordinación entre instituciones especializadas, con duplicidades o triplicidades que están limitando sensiblemente su eficacia. (Rumores.) Por lo tanto es fundamental establecer una clara especialización funcional de tareas en nuestro modelo institucional, y aprovechar las ventajas que en términos de eficacia puede aportar cada una de las instituciones, como puede ser el ICEX, los muchos institutos que tienen las comunidades autónomas, por supuesto las centenarias cámaras de comercio, las secciones financieras públicas, y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por consiguiente, nuestro esfuerzo se centra en reforzar estos mecanismos de coordinación porque el actual Consejo Interterritorial de Internacionalización, que se constituyó en marzo de 2006, no está cumpliendo el papel que nosotros creemos que debe jugar.
Señorías, hay que insistir en la competitividad de la economía española para salir de esta crisis y en la internacionalización. Aumentar la base exportadora será uno de los instrumentos para sacarnos de esta relativa y tan mala situación económica que estamos viviendo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Delgado.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra doña Nuria Buenaventura.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.


Nosotros habíamos presentado una enmienda muy puntual, tal como ha dicho el portavoz de Convergència i Unió. La retiramos en aras del consenso.


Nada más. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Félix Larrosa.


El señor LARROSA PIQUÉ: Gracias, señor presidente.


Subo a la tribuna para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la moción de CiU relativa a las políticas de reequilibrio de la balanza exterior y fomento de la exportación.
(Rumores.) En la sesión en la que se vio la interpelación el señor ministro ya desgranó una por una todas las actuaciones que desde el Gobierno se han venido desarrollando en los últimos años, para estimular el sector exterior en general, y la internacionalización de la empresa española en particular. Por ello hoy no voy a insistir. Sin embargo considero oportuno dejar claros los límites de los dos

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escenarios ante los que estamos. A corto plazo el sector exterior debe contribuir a la salida de la crisis; (Rumores.) es pues un reto, pero también una extraordinaria oportunidad para las empresas españolas; y a largo plazo se erigirá como uno de los vectores sobre los que se basará el cambio de modelo.


El señor PRESIDENTE: Por favor, les ruego tengan la bondad de guardar algo de silencio.


El señor LARROSA PIQUÉ: Señor Sánchez i Llibre, sabe bien que desde el año 2008 el sector exterior ha pasado a ser un factor de crecimiento para la economía española. Este año el sector exterior aportó 1,5 puntos al aumento del PIB para aumentar hasta los 2,7 puntos en 2009, trabajando este año con unas previsiones de 1,4 puntos como también reconocía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Somos el séptimo país del mundo en captación de inversiones directas. (Rumores.) Hacer crecer la base exportadora, diversificar los mercados y la producción industrial, estimular las inversiones en el exterior, mejorar la imagen de los bienes y servicios españoles en el mundo, requieren un ejercicio de coordinación e integración de la política de apoyo a la internacionalización con el resto de políticas. En el mes de julio de este año, en el seno del Consejo Interterritorial de Internacionalización, órgano en el que está representado el Ministerio de Industria, las comunidades autónomas y el sector empresarial -la CEOE y el consejo superior de cámaras-, atendiendo por un lado a las restricciones presupuestarias que afectan a todas las administraciones, y por otro a las necesidades de coordinar esfuerzos entre los distintos agentes que intervienen directamente en el apoyo a la internacionalización, se acordó trabajar en la elaboración de un plan integrado de refuerzo de las exportaciones, (Rumores.) plan que mantengo debería recibir el apoyo de esta Cámara, por lo que lo hemos incluido como propuesta en nuestra enmienda. Por ello consideramos que debe ser la comisión interministerial, coordinada por el ministro de Industria, quien debe velar para actuar transversalmente, a la par que no creemos necesario establecer una relación tasada de ministerios, tal como plantea la iniciativa.


Como algunas de sus señorías conocen yo procedo de una circunscripción, Lleida, donde el sector agroalimentario lidera el sector exterior, lo mismo que sucede con otras provincias españolas, sector que sin embargo no se veía reflejado en la propuesta que nos hacía el grupo proponente.
(Rumores.) Sin duda las empresas internacionalizadas tienen una actividad más estable, la diversificación geográfica de su actividad reduce la volatilidad de los resultados empresariales y del nivel de empleo sujeto al ciclo económico en un solo país, generan empleo más estable...


El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señor Larrosa. Resulta imposible escuchar al diputado. Señorías, ¿tienen la bondad de callar por respeto al diputado? Adelante, señor diputado.


El señor LARROSA PIQUÉ: Por respeto, señor presidente, porque es un tema importante para nuestro país. Este sería el segundo escenario al que antes hacía referencia. Por ello el futuro de la internacionalización de la economía española debe cimentarse en un conjunto de reformas que cambien el modelo productivo interno, con el objetivo de mejorar la productividad en nuestro país. Es prioritario apostar por una continua adaptación del sector público y las empresas, y por una configuración global de las cadenas de valor como vía para mantener e incrementar la competitividad.


Una muestra de la voluntad decidida del Gobierno español es la enmienda que en el Senado se va a incorporar a los Presupuestos Generales del Estado, facilitando la libertad de amortización para todas las empresas hasta el 2015, y la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados a las ampliaciones de capital. El presidente del Gobierno lo dijo el pasado sábado; el ministro lo ha dicho en diversas comparecencias, y este grupo lo suscribe. Debemos adoptar medidas que impulsen el crecimiento económico, mejoren las condiciones para la inversión productiva, y favorezcan la creación de empleo. (Rumores.)

Termino, señor presidente. Hace unos meses todos los grupos parlamentarios aprobamos por unanimidad más de 40 propuestas de resolución que apoyan la acción firme de este Gobierno, y por ello también consideramos oportuno -y así lo recogemos en la enmienda presentada- que el señor ministro pueda compartir con los miembros de la Comisión el resultado de las políticas llevadas a cabo durante este tiempo.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larrosa.


Tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.


Dado que el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la transacción a que se ha llegado por los diferentes grupos que han presentado enmienda, no queremos dejar de pasar este momento sin hacer algunas reflexiones al respecto, porque si bien -y esa es también la razón de apoyar la propuesta- debemos reconocer la existencia de la acumulación por parte del Estado español de un gran déficit de la balanza por cuenta corriente, también desde nuestro punto de vista es necesario hacer una serie de consideraciones, habida cuenta de que la propuesta que se va a pasar a votación es generalista y evidentemente después habrá que concretarla.


Ante la imposibilidad de recurrir a la devaluación para abaratar las exportaciones y encarecer las importaciones por la pertenencia a la moneda común del euro, se ha optado por parte del Gobierno en los últimos tiempos

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por un ajuste interno orientado a paliar esa situación. Tenemos que tener en cuenta, señorías, que estas políticas se están llevando a cabo sin que exista un pacto social sobre la cuestión. Lo cierto es que fundamentalmente son los salarios los que se están ajustando a la baja, ya sea por las condiciones socioeconómicas, el paro masivo, la paralización de la negociación de los convenios (Rumores.) o el recorte por la vía legal, como ha sucedido con los sueldos de los funcionarios.
Pero este ajuste, señorías, no garantiza la consecución de los efectos que se conseguirían con la devaluación de la moneda, debido a que todas las mercancías y todos los servicios que se intercambian con el exterior recogen de inmediato el impacto de la variación del tipo de cambio, como comentábamos antes en cuanto a abaratar las exportaciones y encarecer las importaciones. Sin embargo las medidas de ajuste interno que se han tomado, como ya hemos comentado, tienen un impacto recesivo sobre la actividad y la demanda, que si bien puede resultar beneficioso para corregir el problema (Rumores.) del déficit exterior de una economía, agrava otros problemas como pueden ser una mayor desigualdad en la distribución de la renta, el aumento del déficit público por el impacto...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Fernández Davila.


Espero que comprendan que resulta imposible llamar sesión a esta reunión en la que nadie es capaz de escuchar a la oradora.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Continúo. El problema del déficit exterior de una economía agrava otros problemas como pueden ser una mayor desigualdad en la distribución de la renta, el aumento del déficit público por el impacto de la depresión en la recaudación impositiva y, sobre todo, lleva aparejado un incremento del paro, que en el caso de la economía del Estado español no se puede considerar como una secuela secundaria. Consideramos, por tanto, que aun en el caso de que estos ajustes consiguiesen una disminución inicial del déficit exterior, no cabría proyectar esto hacia el futuro ya que estaríamos hablando de una mejora que ha sucedido con una destrucción de 2 millones de puestos de trabajo, con una evolución del paro cuya tasa casi se ha duplicado hasta llegar al 20 por ciento de la población activa, con una caída asimismo acumulada a lo largo de 2009 y 2010 del 8 por ciento en la demanda interna y del 25 en la formación de capital bruto. De repetirse, señorías, las mismas medidas o algo parecido, podríamos pensar en una reducción aún mayor del déficit de la balanza por cuenta corriente, pero al precio ya de una catástrofe económica.


Señorías, queríamos hacer estas reflexiones porque, si bien nos parece oportuna la moción que vamos a aprobar dada su generalidad, como comentaba, las consideramos convenientes para que los acuerdos que se puedan derivar de los planes que en la moción se proponen no signifiquen más costes sociales de los que ya han significado las políticas económicas del Gobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


En dos minutos votaremos. (Pausa.)

Señorías, antes de iniciar las votaciones deseo anunciarles que a propuesta de varios grupos parlamentarios y en el supuesto de que la ley que hoy se ha tomado en consideración del Parlamento de Galicia sobre Puertos del Estado y de la Marina Mercante no tuviese ninguna enmienda por parte de sus señorías, teníamos la intención de tramitarla por el procedimiento de lectura única. ¿Algún grupo se opondría? (Pausa.) Dándose la circunstancia de que no hay oposición, si tampoco hubiese enmiendas, la Presidencia propondrá su aprobación por el procedimiento de lectura única.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN.)

- DEL PARLAMENTO DE GALICIA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 27/1992, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE. (Número de expediente 125/000021.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones. Cierren las puertas, por favor. Toma en consideración de la Ley del Parlamento de Galicia por la que se modifica la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 336.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración por unanimidad.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. (Número de expediente 122/000253.)

El señor PRESIDENTE: Proposición del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se modifica el texto articulado de la ley sobre el tráfico, circulación de vehículos

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a motor y seguridad vial aprobado por real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 335.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad su toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UNA POLÍTICA INDUSTRIAL A LARGO PLAZO QUE CONTRIBUYA A REDEFINIR NUESTRO TEJIDO PRODUCTIVO EN CLAVE DE SOSTENIBILIDAD. (Número de expediente 162/000727.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al establecimiento de una política industrial a largo plazo que contribuya a redefinir nuestro tejido productivo en clave de sostenibilidad. Se vota con la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 190; en contra, dos; abstenciones, 144.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en los términos anunciados.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA MEJORA DE LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL, ASÍ COMO SOBRE LOS DIFERENTES MECANISMOS DE ENDEUDAMIENTO EXTRAPRESUPUESTARIO. (Número de expediente 162/000738.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a la mejora de la transparencia de la información sobre cuentas del sector público empresarial y fundacional, así como sobre diferentes mecanismos de endeudamiento extrapresupuestario. Se vota en sus propios términos sin enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 147; en contra, 175; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN CUANTO A LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS COMUNIDADES DE VIVIENDAS. (Número de expediente 173/000175.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Vasco, PNV, sobre la política del Gobierno en cuanto a la mejora de accesibilidad en las comunidades de viviendas. Se vota en los términos de la propuesta, con la enmienda del Grupo Popular. ¿Es así? (Asentimiento.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 336.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN MATERIA DE MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 173/000176.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, en materia de menores víctimas de violencia de género. Se vota con la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 155; en contra, 175; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LAS POLÍTICAS DE REEQUILIBRIO DE LA BALANZA EXTERIOR Y FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN, COMO ESTRATEGIA BÁSICA PARA IMPULSAR UN PROCESO DE REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO. (Número de expediente 173/000177.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a políticas de reequilibrio de la balanza exterior y fomento de la exportación como estrategia básica para impulsar un proceso de reactivación de la economía y el empleo. A esta moción se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a su

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tramitación? (Pausa.) Se vota, por tanto, en los términos de la transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 335; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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