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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 198, de 20/10/2010
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2010 IX Legislatura Núm. 198
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 187
celebrada el miércoles, 20 de octubre de 2010


ORDEN DEL DÍA:

Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Continuación.):

- Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 98-1, de 2 de octubre de 2010. (Número de expediente 121/000098.) ... (Página 2)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley del Fondo para la promoción del desarrollo. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 51-1, de 20 de noviembre de 2009. (Número de expediente 121/000051.) ... (Página 12)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 93-1, de 8 de septiembre de 2010. (Número de expediente 121/000093.) ... (Página 16)

Enmiendas del Senado (Votación.) ... (Página 25)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Votación.) ... (Página 25)

Página 2


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación.) ...
(Página 2)

Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 ...
(Página 2)

Replican el señor Jorquera Caselas y la señora Díez González y duplica la señora vicepresidenta segunda del Gobierno ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Alonso Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Cierra el debate la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez).


Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, se rechazan por 167 votos a favor, 177 en contra y una abstención.


Enmiendas del Senado ... (Página 12)

Proyecto de ley del fondo para la promoción del desarrollo ... (Página 12)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Robles Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Calabuig Rull, del Grupo Parlamentario Socialista.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 16)

Proyecto de ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal ... (Página 6)

Presenta el proyecto el señor ministro de Fomento (Blanco López), en nombre del Gobierno.


En defensa de la enmienda a la totalidad intervienen los señores Llamazares Trigo y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Rozada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista.


Interviene el señor ministro de Fomento (Blanco López).


Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 25)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley del fondo para la promoción del desarrollo, que son aprobadas.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 25)

Sometida a votación la enmienda de devolución al proyecto de ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, se rechaza por seis votos a favor y 334 en contra.


Se levanta la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (CONTINUACIÓN.):

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2011.
(Número de expediente 121/000098.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


En la tarde de ayer los miembros del Grupo Mixto intervinieron durante treinta y cinco minutos, es decir,

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cinco minutos más que cualquier otro grupo de la Cámara; entendieron los servicios de la Cámara que acumulaban el tiempo de réplica, como habitualmente hacen. Suspendida la sesión, el señor Jorquera y la señora Díez me manifestaron que no era esa la creencia que tenían. Sea cual sea su creencia, el Grupo Mixto no puede tener más tiempo que los demás grupos. Sin embargo, habida cuenta de las circunstancias especiales, tendrán dos minutos para réplica el señor Jorquera y dos minutos la señora Díez. En lo sucesivo cualquier intervención del Grupo Mixto en estos debates tendrá que ir precedida por la advertencia previa de su portavoz acerca de si acumulan o no acumulan la réplica. Entenderé que se acumula si el tiempo que utilizan para la intervención inicial es el mismo o más que el resto de los grupos de la Cámara.


Señor Jorquera, tiene la palabra por dos minutos.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Voy a procurar ser muy sintético. Como hemos expuesto ayer, nos oponemos a estos presupuestos porque entendemos que dificultan la recuperación económica, la generación de empleo y el cambio de patrón de crecimiento.
Son unos presupuestos con nulo contenido social, estos presupuestos consolidan la renuncia a una política progresista en materia impositiva y no cumplen con las necesidades inversoras de Galicia.


Me voy a centrar en la réplica en estos dos últimos puntos, dado que fueron los puntos a los que la señora ministra dedicó más atención. Por lo que respecta a materia impositiva yo diría que se limitó a echar balones fuera. Nosotros criticábamos la escasa ambición en materia de reforma fiscal por parte de este Gobierno, se hace un mero gesto en el IRPF, que no es precisamente donde más declara quien más tiene, y ni siquiera se recupera la progresividad que tenía este impuesto en el año 2004. Frente a ello, la señora ministra se ha arrogado las subidas aprobadas por algunas comunidades autónomas para afirmar que sí se retorna a esta progresividad. Señora ministra, lo que es cierto es que en su ámbito de responsabilidad no es así, por mucho que también discrepemos de las políticas fiscales de la Xunta de Galicia. Con relación al impuesto sobre el patrimonio, aunque está cedido a las comunidades autónomas, ha sido el Gobierno, sin consultar con ellas, el que a efectos prácticos lo ha anulado, sin mantenerlo siquiera para los grandes patrimonios. En el fraude fiscal, pese a los esfuerzos que asegura que está haciendo el Gobierno, lo cierto es que ustedes llevan gobernando desde el año 2004 y el fraude fiscal sigue siendo enormemente elevado en comparación con Europa. Y en los presupuestos de este año desciende el presupuesto para la Agencia Tributaria. Por lo que respecta a las competencias en materia fiscal, yo simplemente les pido que se homologuen con Europa en este terreno, dado que apelan siempre a la homologación con Europa, que la presión fiscal se homologue a la media europea, distribuyéndola de una manera más justa. Con respecto a las inversiones en Galicia, no es lo mismo un 8 o un 9 por ciento sobre 100 que sobre ciento 150. Lo que sí es cierto es que hay una importante caída en las inversiones; pese a que en Galicia las principales actuaciones no han sido concluidas, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, en muchas de ellas se derivan a la inversión privada. Con lo que esto tiene de incerteza, va a depender del interés de la iniciativa privada. Y este debate se sustrae del debate presupuestario, cuando esta Cámara debería de ser la que determinase cuáles son las prioridades de gasto.


Una última reflexión y ya concluyo, para no ocupar más tiempo del convenido. Señora ministra, señores del Gobierno, no es suficiente con un simple cambio de caras; es fundamental, es exigible, un cambio de políticas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, señora vicepresidenta, vamos a dejarnos de sinsorgadas. Usted sabe que la lista de las transferencias pendientes no es una lista como la de la compra, automática, requiere de negociación. Por eso, durante quince años ningún gobierno acordó esas transferencias. ¿Por qué? Porque sostuvieron un criterio de Estado y no el criterio nacionalista. Ustedes las han acordado ahora con el criterio nacionalista. Primera cuestión, no es la lista de la compra, hay que acordarlas. Por cierto, hay que acordarlas entre gobiernos, no el Grupo Socialista con el Grupo Nacionalista Vasco, que en el País Vasco está en la oposición. Por eso es una falta de respeto a las instituciones, porque se falta al respeto a la institución autonómica del País Vasco y, además, se falta al respeto a la ley, porque se utiliza para el trámite de presupuestos. Primera consideración, insisto. Segunda consideración, yo defiendo la igualdad, durante toda mi vida lo he hecho. Por eso me sigue pareciendo un abuso y una desigualdad que haya 4.298 euros para fomentar el empleo de los parados vascos y 1.668 euros para fomentar el empleo del resto de parados españoles. ¿Eso es la igualdad ahora para los socialistas? Para mí, sigue siendo la desigualdad. Yo defiendo la igualdad. Tercero, señora vicepresidenta, deje de presumir de estabilidad. Este es el presupuesto de un ahogado. No lo digo yo, lo dice el número dos del Partido Socialista de Euskadi, Mikel Torres, secretario de organización y alcalde de Portugalete, que lo explica así: Cuando te estás ahogando y alguien te da la mano para salvarte, le das todo aquello que necesita para poder salvarte. Eso dice el Partido Socialista de Euskadi de Zapatero y de la mano que le ha dado el Partido Nacionalista Vasco. No presuma de dirigir el país y de marcar el rumbo. Un ahogado boquea, bastante tiene con estar a flote. Ni dirige el rumbo ni tiene estabilidad, bastante tiene con estar a flote.


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Estas son las tres consideraciones. Ni lista de la compra, ni igualdad, ni presumir de estabilidad. Cuando te estás ahogando, te agarras a cualquier cosa, palabras de Mikel Torres.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


¿Desea intervenir, señora vicepresidenta? (Pausa.) Tiene la palabra.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente. Sí, por supuesto deseo intervenir, porque me parece que debo hacerlo, es mi obligación, en respuesta a los grupos que se han manifestado, aunque no hayan aportado nada nuevo. Por eso, entenderán que mi respuesta coincida con la que les di ayer.


Señor Jorquera, sabe que siempre escucho sus planteamientos pero debo decirle que, en imposición directa, España está muy cerca de la media de la Unión Europea. Lo que nos separa es la imposición indirecta, precisamente el IVA, donde nuestro nivel, nuestro tipo y la recaudación en términos de PIB están muy alejados de la Unión Europea. Eso forma parte también de la presión fiscal. Le insisto, en imposición directa estamos muy cerca de la media. En cuanto al impuesto sobre el patrimonio ya tuve ayer ocasión de manifestarme y, en cuanto a la caída de las inversiones en Galicia, señor Jorquera, han caído en toda España, en todas las comunidades autónomas; y en Galicia han caído menos. Creo, sinceramente, que no podemos estar siempre diciendo que la parte tiene que ser casi mayor que el todo. Han caído más de un 20 por ciento en toda España y en Galicia han caído menos. Me parece que eso debería ser suficiente para poder comprobar que Galicia está teniendo el tratamiento que merece, por la necesidad de hacer inversiones allí, pero, desde luego, no un tratamiento perjudicial en relación con otras comunidades autónomas.


En el caso de la señora Díez, la verdad es que no puedo compartir en el día de hoy el tono de su intervención, me parece absolutamente que está fuera de lugar. Cumplir el Estatuto de Gernika sí que no es la lista de la compra -en eso tiene usted razón- y cumplir el Estatuto de Gernika es una obligación, lo es para los gobiernos y ahora creo que estamos en camino de terminar de cumplirlo. En cuanto a la presunción de estabilidad que ha comentado, por supuesto que la presunción de estabilidad se consigue con los grupos de esta Cámara, se consigue en los presupuestos y en el resto de las leyes que traemos a esta Cámara, porque, como su señoría sabe, no tenemos mayoría absoluta. Así que tenemos que llegar a acuerdos con otros grupos, acuerdos que nos parecen a nosotros y a los grupos que acuerdan con nosotros que son positivos para el país. Estos presupuestos son una muestra más de ello y, por lo tanto, orgullosos o no, desde luego de lo que estamos satisfechos es de poder sacar adelante unos presupuestos que son buenos para España y necesarios para nuestra estabilidad económica.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Para fijar la posición del Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señora vicepresidenta, decía sir Alec Douglas-Home, el que fuera primer ministro británico a principios de los sesenta: Hay dos clases de problemas en mi vida: los políticos, que son irresolubles, y los económicos, que son incomprensibles. No sé si debe a que soy economista en la política a la vez que un político en la economía, pero yo, con permiso de sir Alec, daría completamente la vuelta a su sentencia. Los problemas políticos son para mí los que resultan hoy incomprensibles, mientras que los económicos son los que parecen irresolubles. Es incomprensible que con la que ha caído en estos últimos años, las fuerzas políticas, singularmente el principal partido de la oposición, se hayan cerrado en banda a todo tipo de colaboración de fondo para salir de la difícil situación que hemos vivido, que se convirtió casi en angustiosa todavía la pasada primavera. Es incomprensible que alguien con un mínimo de apego a la razón pública no quiera reconocer con humildad que esta gran recesión nos ha sobrepasado a todos, que el capitalismo nos ha asomado otra vez al borde del abismo y que, como a Sísifo, nos llevará una década devolver la piedra de demolición de la crisis financiera a la cumbre de la que no debió haberse movido. Si lo reconoce este representante del Grupo Vasco, cuyo partido es en gran medida responsable de un brillante legado comparado que se manifiesta en la relativa buena situación de Euskadi, cómo no habrían de hacerlo aquellos que contribuyeron durante casi una década a sentar las bases del fracasado modelo de la economía española.


Señorías, no confundamos los papeles, el de quien es corresponsable de la pesadilla del presente con la de quien es corresponsable de haber arrimado el hombro para no dejar caer a la economía y a la sociedad española en un exclusivo cóctel de grave recesión e inestabilidad política. La minoría vasca puede influir en el Gobierno en una medida limitada, que tiene básicamente que ver con su aporte a la estabilidad y, sorpréndanse, con el cumplimiento del bloque de constitucionalidad que sedicentes constitucionalistas han tenido aparcado treinta años y que -más vale tarde que nunca- sigue hoy con las políticas de I+D o con las políticas activas de empleo contribuyendo a consolidar el modelo competitivo y solidario de Euskadi. Pero que nadie se engañe, el Grupo Vasco, a lo largo de esta legislatura, también de la anterior y también con el Partido Popular, ha venido manteniendo una oposición crítica con la política económica española, poniendo de relieve cada año que el modelo

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de crecimiento era desequilibrado e insostenible, que se carecía de un modelo de competitividad, a lo que hoy yo añadiría que tampoco se cuenta con una idea cabal de un modelo de empresa. Sobra decir que la enorme tarea de cambiar estos tres modelos no puede recaer en un pequeño grupo que, sin embargo, ha venido ofreciendo la guía y recomendaciones extraídas de la experiencia vasca para inspirar la tarea.


Tengo que decir también que, si la insatisfacción de fondo con la política económica y del Gobierno era clara, veíamos y vemos con preocupación aún mayor la de una oposición del Partido Popular refugiada en una mezcla incomprensible de arbitrismo, fundamentalismo de mercado, populismo y regresión política. El año pasado, el Gobierno nos hablaba todavía de unos presupuestos austeros y sociales. Hoy son evidentemente mucho más austeros, sin duda, pero, después de lo acontecido en el último año, creo que lo de social, mejor no mencionarlo. Así que lo que hace es dar una larga cambiada para dar vida a un discurso que ahora nos habla de consolidación fiscal y competitividad. La receta viene directamente de la amarga experiencia de la crisis de la deuda soberana, que si algo ha demostrado es que ni es soberana ella ni el poder que representa, sino que está al dictado de los mercados o, para hablar con mayor precisión, de los que intermedian las colocaciones de la deuda que, si la memoria no me falla, algo han tenido que ver con la reciente debacle financiera. La fuerte reducción del déficit en el horizonte de 2013 es claramente recesiva, más cuando se practica de forma generalizada por todos los países, y seguramente un país con soberanía monetaria no la hubiera practicado sino de forma más acompasada al ciclo. Y en lo que respecta a la competitividad, no deja de ser una exageración pretender que la reestructuración bancaria y la reforma laboral vayan a fundar por sí solas las bases de un nuevo modelo de competitividad que todavía no existe.


Señorías, yo no estoy dispuesto a dar bandazos y a hacerme pasar ahora por un contrito neoliberal, que no soy, cuando lo que sufro es atrición debida a la presión del mercado y a la falta de apoyo de las instituciones soberanas, en definitiva, a una presión que no podemos desdeñar, aun a sabiendas de que tiene consecuencias negativas para la cohesión social. Seamos sinceros, si tuviéramos soberanía monetaria o si las instituciones europeas y el Banco Central Europeo jugaran un verdadero papel de política económica, como Japón o Estados Unidos, el curso de la crisis hubiera podido ser distinto. Hace ahora dos años, en esta misma Cámara y en este debate hablaba yo de la necesidad de un nuevo Bretton Woods para repartir los costes del ajuste mediante pactos entre paridades. ¿Qué decir hoy, señora vicepresidenta -y ustedes lo saben mejor que nadie-, cuando nos asomamos a una guerra de las divisas? Ayer hablábamos de la necesidad de un keynesianismo europeo, mientras que hoy parecemos abocados a una estrategia de empobrecer al vecino o, si lo prefieren, parodiando el chiste de: infla tú, que a mí me da la risa.
Ayer criticábamos la quimera de un banco central que pretendía estatutariamente no relacionarse con el sector público y que, aunque ha cedido a la realidad, sigue siendo el menos pragmático de la clase y amenaza con exportar deflación por doquier con un euro por las nubes.


El Gobierno confía en alcanzar en 2011 un crecimiento que no respaldan los organismos internacionales porque espera en la confianza recuperada por una dura y comprometida consolidación fiscal. ¡Ojalá fuera así! Esto podría funcionar si no hubiera en la recámara nuevas medidas de ajuste del Estado del bienestar y sobre todo si, además, fuéramos los únicos de la clase en el ensayo. Pero mucho nos tememos que, con un escenario de ajustes generalizados por toda Europa y con una cotización del euro que amenaza con llegar a valores récord, las expectativas no son las mejores.
Señorías, si algo deberíamos haber aprendido de la gran recesión es a alejarnos del fundamentalismo de mercado y a desconfiar de la economía vudú, cuyos mecanismos son inescrutables. La economía española precisa abrir un debate profundo sobre el modelo de crecimiento, el modelo competitivo y el modelo de empresa que inspire una transformación de largo aliento que la devuelva al camino del empleo y de la productividad y que permita mantener un avanzado nivel de protección social.


En cuanto al modelo de crecimiento, resulta evidente que la economía española es incapaz de mantener un nivel de empleo mínimamente adecuado sin generar un déficit exterior de grandes proporciones o que, cuando el ajuste exterior se produce, el precio en términos de empleo es, como en la actualidad, insoportable. El problema es de gran envergadura y no puede achacarse a los mecanismos institucionales del mercado de trabajo pretendiendo, como se sugiere, que la reforma laboral lo resolverá. Con la misma regulación e instituciones de mercado de trabajo, la economía vasca presenta un desequilibrio de mercado similar a los europeos y muy distanciado del español. Esto quiere decir que, en realidad, lo que la economía española tiene que afrontar es un gran desplazamiento de la actividad y recursos desde el sector no comercializable hacia el sector comercializable en el exterior. Un elemento que ayudará en ello es el abandono de la obsesión por la grandeza y el tamaño, porque el crecimiento poblacional que ha impulsado el crecimiento extensivo ha llevado a una generación de empleo de baja productividad y a una creciente dualización de la economía. Además, el vuelco relativo hacia el exterior solo será posible con una mejora ostensible de la competitividad de la economía española. Nuevamente aquí hay quien lo fía todo a una redistribución de rentas -trabajar más y ganar menos, ha dicho el máximo representante del empresariado-, es decir, de juegos de suma cero que nunca, nunca, son una vía de progreso. (Rumores.) Desde el nacimiento del euro, la economía española se ha situado en posiciones récord de pérdida de competitividad-precio. Es cierto, pero nuevamente les diré que...


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El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Azpiazu.


Les ruego, por favor, que tengan la bondad de guardar silencio, por respeto al orador. Estamos al máximo de volumen en la tribuna de oradores, pero resulta imposible oírle desde la Presidencia, por el ruido ambiente. (Pausa.) Adelante, señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.


Decía que nuevamente les diré que con mecanismos similares de formación de precios la economía vasca ha conseguido competir en los mercados exteriores por la razón obvia de que la estabilidad ayuda pero la clave esencial está en la productividad. En ese punto pasamos del modelo de crecimiento al modelo de competitividad. El discurso oficial es aquí enormemente complaciente y las políticas en general no abordan los verdaderos resortes capaces de cambiar las cosas. A lo largo de las páginas del libro amarillo se presume una y otra vez de los grandes incrementos del gasto del periodo anterior a la recesión en comparación con los europeos, ya sea en infraestructuras, en política social o en investigación y desarrollo. Efectivamente, la marea del gasto era tan alta que ponía a flote casi todos los barcos, pero, como bien sabemos, gastar más no es necesariamente más eficiente ni más competitivo. Lo hemos dicho muchas veces desde esta tribuna y en este mismo debate. De lo que se trataba era de reformar las políticas, no de inundar el sistema con dinero público. No es que el dinero venga mal, señora vicepresidenta, pero solo lo podrá aprovechar aquel que cuente con un modelo competitivo de base. Y creo que esto ha ocurrido hasta cierto punto en Euskadi con muchas líneas de gasto, como las de innovación e investigación y la política energética. Pero me temo, a la vista de los resultados, que ese no es el caso general, y es que las políticas públicas siguen ancladas en un modelo unitario en el que a las comunidades autónomas les corresponde hacer simplemente de correa de transmisión, de meros aplicadores de las líneas decididas a millas de distancia.


El discurso oficial se vanagloria del peso del gasto público de las comunidades autónomas, cuando lo importante es si este gasto responde directamente a las necesidades de una estrategia de competitividad territorial pegada a la realidad. Para colofón, la política de infraestructuras tiene, lo mismo que en la era del señor Aznar, el eslogan de: Todos cerca de Madrid y desde Madrid al cielo. Y, claro, no puede sorprender que, con ese modelo, Madrid funciona pero no el resto.
Con ese modelo pueden florecer las grandes empresas de la banca, la energía, las telecomunicaciones y la construcción, pero no un tejido de pymes clusterizado territorialmente capaz de vender a lo largo de toda Europa y del mundo entero. En fin, señorías, probablemente los problemas económicos seguirán siendo irresolubles mientras los políticos sigan siendo incomprensibles, los problemas económicos seguirán pendientes mientras no se hagan reformas de calado, no solo en la regulación sino en las políticas de promoción. Así que debemos remangarnos y comenzar a cambiar las cosas desde la propia política.


En este contexto, el de la profunda crisis económica que va a marcar un antes y un después para todo el mundo, es en el que el Grupo Vasco en el Congreso, el Partido Nacionalista Vasco, se plantea el apoyo de las cuentas públicas del Estado. Nos guste o no -y ya lo he dicho de alguna manera-, la economía española padece de enormes debilidades estructurales: el déficit público ha crecido bruscamente y en un periodo corto de tiempo; el paro se sitúa por encima del 20 por ciento de la población activa, récord absoluto en los países desarrollados; y la productividad es preocupantemente baja. Estas y otras cuestiones hacen que la credibilidad de la economía española haya pasado por momentos difíciles, y que los mercados y la Unión Europea, a través del Pacto de Estabilidad, con los compromisos de contención del déficit público allí contemplados, vigilen paso a paso todos y cada uno de sus movimientos.
(Rumores.) Estamos en un momento muy difícil: o empezamos a sacar cabeza y a engancharnos a la locomotora europea o podemos caer en una etapa de mayor crisis económica y permanecer allí durante mucho, mucho tiempo. El acuerdo alcanzado entre el Grupo Socialista y el Grupo Vasco en el Congreso pretende precisamente ofrecer al Gobierno la estabilidad institucional, política y económica que el momento económico precisa. Es sin duda un acto de responsabilidad que lanza un mensaje positivo a los mercados, a las instituciones europeas, a los agentes económicos y sociales, y en definitiva al conjunto de los ciudadanos. (Rumores.) No es una fácil decisión, no ha sido fácil para nuestro grupo adoptar esta decisión. Establecido el límite de gasto no financiero, según las exigencias comunitarias, no hay apenas margen de maniobra y el presupuesto para el año que viene va a experimentar un brusco descenso desconocido en el pasado. En una coyuntura económica que prevé un descenso del PIB para este año y un ligero aumento para el que viene, con un gasto no financiero que disminuye un 7,9 por ciento en relación al presupuesto anterior, no es posible evitar los sacrificios. El gasto disponible para los ministerios se reduce en un 15,6 por ciento, la inversión pública sufre sobremanera con descensos próximos al 40 por ciento, e incluso la prioritaria I+D+i civil disminuye un 7 por ciento.
(Rumores.)

Entiendo, presidente, que el nerviosismo pueda justificar esta alteración...


El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu, lleva toda la razón su señoría. Al margen de saludos, ánimos y despedidas, tengan la bondad de guardar en el hemiciclo el respeto debido al orador, incluso los que no se despiden y no saludan también deben hacerlo a diestra y a izquierda de la Cámara.
Les ruego por el orador tengan

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la bondad de guardar silencio, y quien no desee guardarlo que salga a la cafetería.


Adelante, señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias de nuevo, señor presidente.


Además se congelan las retribuciones de los funcionarios, consolidándose así la rebaja del 5 por ciento que se les ha aplicado de media a partir del mes de junio de este año, medida que entendemos muy difícil de asumir para muchos de ellos, y se congelan también -ello nos preocupa especialmente- las pensiones, excluidas por supuesto las más bajas.
Permítanme una reflexión al respecto. La crisis nos ha llegado a todos y tendremos en el futuro que pasar factura a aquellos que mayores responsabilidades han tenido en la misma, estoy pensando en el sector financiero o en el sector inmobiliario, entre otros, y a los que mayor capacidad para hacerle frente tienen, es decir, a los de mayores rentas.
Los pensionistas no pueden ni deben ser los que paguen los platos rotos de esta crisis, pero los pensionistas, al menos muchos de ellos, saben que los primeros paganos son los más de 4,6 millones de parados que no encuentran trabajo y que no lo harán en mucho tiempo; sus nietos, vecinas, hijas, amigos, tienen problemas reales para llegar a final de mes, o bien porque están en paro o porque son mileuristas con cargas familiares. Los pensionistas lo entienden porque han vivido en el pasado momentos difíciles y de sacrificio, además dada la inflación previsible la pérdida de capacidad adquisitiva para este año tampoco debería ser especialmente significativa. De todas formas y en todo caso trataremos de conseguir desde el Grupo Vasco que cuando la economía empiece a remontar y las cuentas estén un poco más holgadas, previsiblemente a partir del año 2012, los pensionistas recuperen con creces el esfuerzo que hoy se les pide con la congelación de las pensiones. Frente a la demagogia con intención exclusivamente electoralista de otros con el tema de las pensiones es preciso utilizar la sensatez, y comprometernos con nuestros pensionistas para el futuro. Seguro que ellos lo entienden.


Por otro lado, y sin ánimo de ser exhaustivo porque sus señorías ya lo conocen en detalle, me gustaría referirme a algunas cuestiones relevantes que forman parte del acuerdo alcanzado entre el Grupo Socialista y el Grupo Vasco en el Congreso, y que nos permitirá en Euskadi continuar avanzando por el camino de la transformación económica iniciada años atrás. Ustedes me han oído defender año tras año desde esta misma tribuna la necesidad de llevar a cabo el pleno desarrollo estatutario, y lo he venido defendiendo no solo porque el pacto estatutario, el Estatuto de Gernika, aprobado hace casi treinta y un años -dentro de cinco días se cumple el aniversario-, estaba incumplido -y una ley orgánica votada por los ciudadanos hay que respetarla en su integridad-, no solo, insisto, por una cuestión política que no es menor, sino también en el marco de la necesaria reforma del gasto público. Argumentaba y sigo argumentando que muchas de las políticas industriales, de innovación, de empleo, de formación, etcétera, tan solo se pueden ejecutar con eficiencia y eficacia si permanecen pegadas al terreno, desde el conocimiento intenso de la propia realidad y del tejido productivo, y para ello es preciso contar con las competencias precisas y con los recursos necesarios. Este ha sido y es uno de los secretos que han contribuido a la modernización de la economía de Euskadi, de sus empresas, y a que en algunos subsectores como la innovación, la investigación y el desarrollo seamos una referencia. Esta ha sido, como ustedes bien saben, nuestra apuesta tenaz y permanente. Pues bien, hoy podemos decir que con el compromiso de transferir a Euskadi las políticas activas de empleo, la inspección de trabajo y con un calendario preestablecido el resto de las transferencias pendientes, con el fin de culminar el desarrollo estatutario, se da un paso muy importante tanto en el ámbito político como en el económico por el que todos hemos de felicitarnos. No entiendo el enfado del Partido Popular ni de la señora Díez por el acuerdo de transferencias que forman parte del bloque de constitucionalidad, que tanto dicen defender. ¿O es que en el fondo no lo defienden?

El acuerdo incluye además, entre otras cuestiones, un impulso en infraestructuras e inversiones básicas para Euskadi, y también para el resto del Estado, como el impulso de la Y ferroviaria vasca, la regeneración del puerto de Pasaia, el centro de neutrones por espalación, y una dotación para apoyar básicamente proyectos de innovación que nos permitan continuar avanzando en el cambio de modelo económico que se precisa. Un buen acuerdo, a juicio de nuestro grupo parlamentario y del Partido Nacionalista Vasco, que permitirá dar la estabilidad económica, política e institucional que la economía española necesita hoy en día, un buen acuerdo para el desarrollo económico, político y social de Euskadi.
Me gustaría creer que pueda ser un acuerdo para comenzar a desarrollar el nuevo modelo de crecimiento y el nuevo modelo de competitividad al que me he referido, un camino en el que, si me permiten la inmodestia, el País Vasco puede servir de guía para reformar las políticas públicas en clave de impulso a la competitividad territorial de las distintas comunidades autónomas.


No está en este momento, pero quisiera decirle al señor Rajoy y a los señores del Partido Popular que cada año me recuerdan que el paro ha aumentado en Euskadi. El pasado año también me lo recordaron. Pues bien, les doy las cifras. La tasa de paro en Euskadi es hoy del 8,8 por ciento, menos de la mitad afortunadamente de la media del Estado. Pero a finales del año 2008, cuando el Gobierno era nacionalista, cuando el lehendakari era Ibarretxe, la tasa era del 4,6 por ciento. Ha subido por tanto, sí, y ello lógicamente también nos preocupa, pero lo ha hecho con un Gobierno socialista al que su partido, el Partido Popular, apoya a pies juntillas con tal de que el nacionalismo no gobierne en Euskadi.


Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


¿No desea intervenir, señora vicepresidenta? (Pausa.) Lo hará al final.


Para fijar la posición del Grupo Socialista don José Antonio Alonso tiene la palabra. (Rumores.) Tranquilos, no es menester que se exciten más.
(Risas.)

El señor ALONSO SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, como conocen, el presupuesto es el principal instrumento de política económica que tiene un gobierno. Es la ley que pone de manifiesto la situación actual y la evolución de la economía, y en la que se establecen las prioridades y los recursos de los que disponemos para un ejercicio económico. Este año, señorías, presentamos unos presupuestos cruciales para el futuro económico del país. Tenemos, señoras y señores diputados, tenemos que garantizar que España cumpla con sus compromisos y salga fortalecida de esta crisis. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Tenemos el deber de dotar de estabilidad política e institucional a nuestro país, y de reforzar la confianza en nuestra economía. Y para cumplir con nuestro deber debo decirle al señor Rajoy -que tampoco está sentado hoy en su escaño- (Aplausos.) que hemos negociado los presupuestos y hemos alcanzado con el Partido Nacionalista Vasco y con Coalición Canaria acuerdos democráticos, legítimos y convenientes para el interés general. Ayer el señor Rajoy trató de cuestionar estos acuerdos, y solo consiguió transmitir patéticamente esa peculiar rabia de fondo que nace de la frustración de sus expectativas, porque los señores del Partido Popular se habían hecho una composición de lugar disparatada: Zapatero no tiene presupuestos, convoca elecciones y nosotros las ganamos. Se les ha pinchado el globo, dejando al descubierto sus escuálidas intenciones, su ansia de poder, lo mucho que les importa el poder por el poder, y lo poco, poquísimo que les importa el interés general y el bienestar de los ciudadanos. (Aplausos.)

Señoras y señores diputados, los presupuestos de 2011 están definidos por tres características fundamentales que les resumo muy brevemente. La primera es la austeridad, una prioridad para que las finanzas públicas sean sostenibles a medio plazo. Por ello el gasto se reduce casi en un 8 por ciento, y la Administración General del Estado prevé cerrar el próximo año con un déficit del 2,3 por ciento del PIB. La segunda característica es la cohesión social, un objetivo fundamental de cualquier política socialdemócrata moderna. Señorías, el gasto en protección social supone -lo vuelvo a repetir con énfasis- el 58 por ciento del presupuesto. Las becas que garantizan la igualdad de oportunidades aumentan un 2,6 por ciento, y el gasto en pensiones se incrementa un 3,6 por ciento. La última característica de estos presupuestos son las reformas estructurales para acelerar la renovación de nuestro aparato productivo, y aumentar la capacidad de crecimiento potencial de nuestra economía.


Señor presidente, señoras y señores diputados, el presupuesto se enmarca en un contexto económico más favorable que hace un año. La economía mundial está saliendo de la crisis de una manera desigual, pero destacando de forma muy singular el protagonismo de las economías emergentes y el tirón del comercio internacional. Se aprecia, señorías, una normalización de los mercados interbancarios, lo que ha permitido a las entidades más solventes captar de nuevo financiación en el mercado.
Por su parte la economía española ha salido de la recesión, y tras seis trimestres consecutivos de caídas ya está creciendo, aunque todavía de una forma débil. Hemos dejado atrás, señorías, el peor momento de la crisis e iniciamos un periodo de recuperación gradual que será lento y difícil, pero que ya está en marcha. Debo recordar que hay signos evidentes del aumento de confianza en nuestra economía. El consumo privado ha aumentado un 1,3 por ciento en el segundo trimestre de 2010, incremento que no se debe exclusivamente a los últimos cambios de la fiscalidad, puesto que la mejora de la confianza se observa en el consumo de bienes no duraderos. Por su parte la inversión en bienes de equipo ha crecido un 4,6 por ciento, lo que pone de manifiesto que tanto consumidores como inversores mantienen su compromiso con la economía española. Además, señorías, se está produciendo una reducción de los desequilibrios de los componentes de nuestro PIB, con un mayor protagonismo de las exportaciones y de sectores no ligados a la construcción residencial. De hecho la necesidad de financiación de nuestra economía en el exterior, que llegó al 9,1 por ciento del PIB en 2008, ha descendido al 4,8 por ciento en la primera mitad de este año.
Todo ello -y eso es lo importante- va a permitir un crecimiento más saneado e impulsado por un sector privado más productivo. Estos datos positivos -no voy a negarlo porque no hay que hacerlo- conviven todavía con el efecto más negativo de la crisis, una tasa de desempleo estructuralmente alta, lo que a su vez nos obliga -y lo vamos a seguir haciendo por nuestra concepción socialdemócrata de la política- a mantener el esfuerzo en la política de protección social y en la voluntad reformista que siempre hemos demostrado. No cejaremos en la ayuda a los que más lo necesitan y no dejaremos de trabajar para que los desempleados encuentren empleo cuanto antes.


Señoras y señores diputados, una de la pretensiones más curiosas de la intervención de ayer del señor Rajoy, que sigue sin estar en su escaño -lo llevan intentando una temporada en el Partido Popular-, es la de tratar de convencernos de que el Partido Popular es un partido social, y para ello entre otras cosas define los presupuestos como antisociales, a pesar de ese 58 por ciento de gasto social al que me refería yo anteriormente. A hilo de ello yo quiero decirles una cosa muy clara a las señoras y a los señores del Partido Popular, una cosa muy clara: todas las conquistas sociales e históricas en democracia en nuestro país han venido de la mano del Partido Socialista; todas: en sanidad, en educación, en mejoras

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sociolaborales, en dependencia, etcétera; todas, porque de su mano, de la mano del PP solo hemos recibido en este país caciqueo, especulación y profunda desigualdad (Aplausos.); caciqueo, especulación y profunda desigualdad. Voy a citar, señorías, tan solo algunos ejemplos del compromiso de este Gobierno con el progreso social. Hemos subido las pensiones como nadie lo había hecho antes en democracia. Con los socialistas, por ejemplo, las más bajas han aumentado su poder adquisitivo un 27 por ciento, y con el Partido Popular aumentaron un pírrico 3,6 por ciento. Hemos defendido y hemos reforzado el Estado del bienestar como ningún gobierno lo había hecho antes, poniendo en marcha por ejemplo la Ley de Dependencia. Hemos invertido en becas como nunca en el pasado se había hecho, y hemos destinado a I+D+i, investigación, desarrollo e innovación, más del doble de inversión pública de la que hizo el Partido Popular en sus ocho años de gobierno. Desde 2004, señorías, el número de investigadores en España ha aumentado un 30 por ciento, y ocho de cada diez doctores españoles cuentan con un contrato indefinido. Por decírselo más claramente y por resumirles los datos de las políticas de gasto -que es donde se demuestra la eficacia de un gobierno, la voluntad política de una sociedad o la voluntad política de incorporar una ideología progresista o una ideología conservadora a una sociedad-, se lo diré muy claramente, en las políticas de gasto consolidado y en promedio nosotros en pensiones hemos invertido casi un 44 por ciento más que ustedes; en infraestructuras casi un 41 por ciento más que ustedes; en investigación, desarrollo e innovación un 163 por ciento más que ustedes; un 40 por ciento más en justicia; un 47 por ciento más en educación; un 32 por ciento más en sanidad, y un 61 por ciento, casi un 62 por ciento más en servicios sociales y promoción social. En tal caso, y a la vista de esos datos y del rigor de los mismos, cómo tienen ustedes la cara de tratar de revestirse de ese contenido social cuando todo el mundo sabe que son el partido más antisocial de toda Europa; el partido más antisocial de toda Europa.
(Aplausos.) Porque, señoras y señores diputados, hablemos muy claramente: la gran apuesta del Partido Popular en sus ocho años de gobierno fue la especulación del suelo, esa fue la gran apuesta, la única prácticamente.
Porque hay que recordar que aprobaron una ley con un mensaje claro, todo es urbanizable, y ahí cimentaron la catástrofe, el desastre de la burbuja especulativa inmobiliaria. Por el contrario nuestra gran apuesta, la del Gobierno socialista es desde 2004 -y con la herencia que recibimos trabajo nos está costando, pero lo estamos haciendo- cambiar el modelo productivo, y para ello estamos dando un impulso sin precedentes en lo que antes decía: en becas, en formación, en investigación, en ciencia y en innovación. En definitiva, señoras y señores diputados, tenemos convicción en lo que estamos haciendo en materia social y en la apuesta por cambiar el modelo productivo, y en eso el Partido Popular no nos va a dar ni una sola lección; ni la más mínima.


Señor presidente, señoras y señores diputados, las medidas de austeridad y de reforma que hemos adoptado están dando resultados positivos. El firme compromiso con el saneamiento de las cuentas públicas y las reformas nos va a permitir liberar recursos que ahora están dirigidos a pagar la deuda para dedicarlos en el futuro a la educación, a la investigación, al desarrollo e innovación, a las infraestructuras y al bienestar social de los ciudadanos. La austeridad en el gasto y la recuperación de los ingresos ha permitido que en los ocho primeros meses del año se haya reducido el déficit del Estado un 42 por ciento respecto del mismo periodo de 2009. Señorías, vamos en la senda correcta para cumplir nuestro compromiso ineludible de reducir el déficit; el mismo compromiso asumido virtualmente por todos los países de la Unión Europea, y desde luego por los más grandes de la Unión Europea, por los más importantes.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señor presidente, señoras y señores diputados, uno de los eslóganes del Partido Popular -ayer lo volvió a repetir el señor Rajoy, que sigue sin estar en su escaño- es que estamos tutelados por Europa. La verdad es que la primera vez que le escuché semejante cosa al señor Rajoy traté de darle una respuesta racional en esta misma tribuna, y le dije algo así como: mire, señor Rajoy, lo que dice usted no es verdad. Usted ha hecho política internacional -yo suponía que la había hecho- y sabe que en la Unión Europea las decisiones se toman con diálogo, con respeto a la soberanía de cada país, a las reglas jurídicas naturalmente, y llegando a acuerdos sin imposiciones de nadie, porque es un espacio de encuentro no de imposición, como sabe todo el mundo. Esa es la esencia política y ética de la Unión Europea. Además de no ser verdad yo le decía al señor Rajoy que el que diga estas cosas resulta insultante, francamente insultante para su propio país, y además traslada una infundada desconfianza hacia España, hacia su propio país. Pero desde que le dije eso no han dejado de repetir por activa y por pasiva lo de que estamos tutelados. La verdad es que en tal caso ya no me queda más remedio que pensar y concluir que hay algo más psicológico en esto del señor Rajoy, y debe ser, señorías, que cuando gobernaban se acostumbraron a que les pasaran la mano por el hombro el señor Bush y compañía, se sentían protegidos y confortables, y creen que todo el mundo hace lo mismo.
(Aplausos.) Pues bien, señores del Partido Popular, el Gobierno socialista no. Nosotros defendemos el interés de España en el marco del interés general de la Unión Europea; lo hacemos con convicción desde nuestra soberanía y estamos orgullosos de ello.


Señorías, hemos avanzado también en la estabilidad del sistema financiero gracias a la reestructuración y reforma en profundidad de las cajas de ahorros y a la publicación de las pruebas de resistencia. Lo conocen bien y no voy a abundar más en el asunto. Quiero destacar también las posibilidades que ofrece, como marco para ayudar a crear empleo, la reforma laboral. Es una buena reforma porque abunda en el terreno de la reducción

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de la dualidad del mercado de trabajo, en la flexibilidad interna negociada con la empresa, y en las alternativas al despido. Además estamos tramitando la ley de economía sostenible que persigue mejorar el entorno económico, la competitividad, la estructura productiva del país, reformar los organismos reguladores, algunos aspectos importantes de la contratación pública, y agilizar los procedimientos para la creación de empresas. Y cabe señalar, señorías, que existen mejores perspectivas para nuestra economía en 2011. La confianza está aumentando en familias y en empresas. La tasa de ahorro de los hogares ofrece un amplio margen para la reactivación del gasto de los hogares. Se está normalizando el sistema financiero y se están corrigiendo los desequilibrios acumulados en la economía española. Recientemente el propio Fondo Monetario Internacional ha señalado que a medio plazo la economía española, tras la adopción de las reformas, cuenta con posibilidades de crecer por encima del 2 por ciento, y se mantendrá en cabeza de las grandes economías de la zona euro. Por tanto, señorías, sin duda estamos avanzando en la dirección correcta y tenemos motivos para confiar en el potencial de recuperación de nuestra economía y, señorías, señor presidente, estos presupuestos van a ayudar decisivamente a todo ello.


Saben ustedes -lo hemos dicho muchas veces- cómo emergió la crisis, cómo hubo que apuntalar por parte de algunos países -nosotros por fortuna no tuvimos ese problema- el sistema financiero para evitar un riesgo sistémico, cómo se activaron las políticas de estímulo de la economía, de inversiones del poder público, y cómo ahora toca ahorrar. La secuencia de los acontecimientos, la secuencia lógica de la respuesta a la peor crisis que ha sufrido el mundo en los últimos ochenta años es bien conocida por todo ustedes. Pero sí quiero decirles que sin duda los déficits públicos nos han salvado de caer en una depresión. Recientemente lo ha admitido el propio director gerente del Fondo Monetario Internacional, que no es persona sospechosa en ningún sentido. La defensa aparente -luego diré algo al respecto- del déficit cero que defiende el Partido Popular es tan arcaica que ningún economista serio la defiende en la actualidad, a no ser que el Partido Popular quiera que nos quedemos sin margen de maniobra para estabilizar el ciclo económico, pero luego diré algo de las contradicciones y de la demagogia del Partido Popular al respecto. Y eso sí, señoras y señores diputados, ahora, una vez que empieza la recuperación, es necesario ceder el testigo al sector privado para no comprometer el futuro de las finanzas públicas, y aplicar una política fiscal contracíclica, y ello ha requerido poner encima de la mesa una hoja de reformas difíciles, necesarias a medio plazo, porque estamos asumiendo la responsabilidad de gobernar en función del interés general.
Por eso estamos en la buena dirección, empeñados en sacar adelante al país con un único objetivo, que es volver a crear empleo.


Señoras y señores diputados, hoy además quiero volver a denunciar la incoherencia y la falta de compromiso y de responsabilidad del principal partido de la oposición. El Partido Popular no se hartó de exigir una reforma laboral durante un año y medio. Cuando la reforma laboral se puso encima de la mesa de esta Cámara, ¿qué hicieron? Presentar un batiburrillo de enmiendas inconexo, que no servía absolutamente para nada, no fueron capaces de mojarse, aunque los ciudadanos saben muy bien la reforma laboral que habrían hecho si hubieran estado en el poder.
Igual pasó con el decreto de medidas urgentes de ajuste fiscal, de reducción del déficit público; a pesar de que sabían lo mucho que nos jugábamos, en una actuación extrema de irresponsabilidad histórica, irresponsabilidad histórica desconocida en la historia de la democracia de nuestro país, dijeron que no. Y ahora el Gobierno presenta unos presupuestos austeros como corresponde, y qué hace el Partido Popular. El Partido Popular hace dos o tres cosas. Una de ellas es curiosamente pedir más dinero para financiación de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, pero, señores del Partido Popular, no se puede pedir más dinero para todo ello y además pedirle al Estado que reduzca el déficit y la deuda, y menos cuando el Ayuntamiento de Madrid -vuelvo a recordarlo- y la Comunidad de Valencia son las dos administraciones más endeudadas de España. Por consiguiente, señor Rajoy, aunque siga sin estar ahí, consejos vendo y para mí no tengo. Ahí es donde está su incoherencia y su falta de responsabilidad con el interés general. (Aplausos.)

Señoras y señores diputados, el Partido Popular habla de reformas constantemente, y esta es la segunda de las características de su comportamiento político; sin embargo solo el Gobierno ha traído reformas a esta Cámara. El señor Rajoy ha sido incapaz de poner encima de la mesa alguna medida seria y consistente en los últimos dos años, y se dice pronto, ni una sola, salvo claro está el batiburrillo contradictorio y demagógico que han presentado en esta Cámara en los últimos dos años, y que ayer resumía en esta tribuna el propio señor Rajoy, porque, señoras y señores del Partido Popular, nosotros les hemos chequeado sus propuestas en la Cámara y si lo que ustedes han dicho aquí hubiera salido adelante el déficit público de este país hubiera aumentado, como les recordaba la vicepresidenta económica, en 42.000 millones de euros. Es decir, por una parte propugnan el déficit cero, y por otra parte aquí hacen la demagogia necesaria y suficiente para sumar 42.000 millones de euros al déficit público, que menuda cara hay que tener para hacer esas cosas.


Señorías, antes de acabar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Vasco y a Coalición Canaria su disposición a votar favorablemente estos presupuestos, su compromiso y su responsabilidad por haber estado a la altura de las circunstancias. Hemos dado un paso importante para la estabilidad política y la confianza en la economía. Señorías, estos son unos presupuestos basados en un diagnóstico económico realista y prudente, que priorizan la austeridad, la cohesión social y las reformas

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estructurales, y suponen un paso decisivo de primer nivel hacia la necesaria consolidación fiscal, un paso decisivo para seguir modernizando este país. En definitiva, señorías, estos presupuestos se insertan en una estrategia firme que sentará las bases para el futuro de la economía española. Conozco -y ya acabo- el disgusto del Partido Popular y del señor Rajoy ante la aprobación de las cuentas públicas, porque sé que solo les mueven intereses partidistas, pero también conozco y sé que para los ciudadanos de nuestro país, para los intereses generales y para el bien común estos son los presupuestos de la esperanza, y eso es lo que nos importa a los socialistas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.


Tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor Azpiazu, ha hecho un diagnóstico de nuestra situación económica, también de los males que aquejan a nuestro modelo productivo, de los defectos que ha tenido ese modelo productivo a lo largo de estos veinte años y de sus consecuencias. Ha dicho -y con razón- que en el caso del País Vasco, su tradición industrial y el hecho de haber continuado con lo que empezaron hace ya muchos años ha modificado el esquema y ha hecho que en esta comunidad autónoma en particular el efecto de la burbuja inmobiliaria no haya tenido las consecuencias que ha tenido en otros lugares de España. Aun así, señoría, la transformación del modelo productivo es una tarea de todos, puesto que si nuestra economía está extraordinariamente integrada en el ámbito mundial lo está todavía mucho más en el ámbito español, por lo que los problemas de una parte de nuestra población, de unos sectores productivos -y en eso estoy segura de que coincide- son problemas que nos afectan a todos.


Sabe que hemos tenido oportunidad de hablar mucho sobre economía en estos años, al menos desde que ocupo esta responsabilidad, y me consta que también con mi antecesor. A usted y a mí nos gusta la macroeconomía, nos gusta discutir sobre los fundamentos de los modelos económicos y coincidirá conmigo en que, si bien es cierto que la economía española tiene grandes desequilibrios, estamos en la vía de reducirlos. Le voy a mencionar únicamente algunos. Por ejemplo, nuestro déficit exterior se ha reducido a la mitad en un plazo brevísimo, desde el año 2008 hasta 2010 hemos reducido nuestro déficit exterior a la mitad. La productividad y la competitividad están creciendo, como lo manifiesta el hecho de que España prácticamente no ha perdido cuota de mercado, siendo con Alemania el único país europeo en esa situación, frente a los países emergentes que son, como usted también mencionaba, los que en este momento tienen una economía más exportadora y más pujante. Eso ha sido así porque la relación real de intercambio de nuestros bienes también ha mejorado.
Entre otras cuestiones hay que mencionar que nuestra inflación subyacente está en línea en este momento con el resto de la Unión Europea y, teniendo en cuenta que la Unión Europea es el destino del 60 por ciento de nuestras exportaciones, el hecho de tener una inflación parecida beneficia en esta relación de exportación.


En cuanto a la baja productividad, las razones son también las causas. El sector de la construcción es un sector con muy baja productividad, además de no comerciable, como usted también decía, con empleo de muy baja calificación. Esa es la cuestión a la que tenemos que dedicar más atención, cómo hacemos que el millón de personas que ha perdido su empleo en el sector de la construcción pueda encontrar trabajo en mejores condiciones en otro sector distinto. Ayer se lo cifraba en términos de producto interior bruto; es necesario reconvertir cuatro puntos de producto interior bruto dedicados en este momento al sector de la construcción -y en particular a la construcción residencial- hacia otras actividades. Eso no se hace de un día para otro, eso no se hace sin un impulso importante a la educación, a la formación profesional, a la I+D+i y al fortalecimiento del tejido industrial. Es, seguramente, esa fortaleza del tejido industrial lo que ha hecho que en este momento la tasa de paro del País Vasco sea muy inferior a la tasa media del conjunto de España.


Señoría, en lo que se refiere a estos presupuestos, coincidirá conmigo en que avanzan en la buena dirección, avanzan en la dirección de dedicar más esfuerzo a aquellas actuaciones que puedan ser más productivas y más acordes con ese cambio de modelo. Como le decía ayer, los presupuestos de los años 2010 y 2011 en particular deben considerarse a la vez que las reformas estructurales que estamos llevando a cabo, reformas estructurales que todavía no han terminado y que tendremos que proseguir, y para las que espero de su grupo parlamentario la misma colaboración que hemos tenido para la aprobación de estos presupuestos. En todo caso, señoría, esta es simplemente la primera etapa. Tendremos ocasión, incluso, de poder mejorar estos presupuestos con aportaciones de todos los grupos.


En este momento quisiera dirigirme a todos los grupos de la Cámara agradeciendo, por supuesto, sus intervenciones en el debate. Han expresado su opinión sobre estos presupuestos, no coincidente en muchos casos con la opinión del Gobierno, pero en todo caso sus aportaciones siempre son positivas y forman parte del juego democrático.


Para terminar quisiera dirigirme muy brevemente al Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, para felicitar a su portavoz por el discurso y, en segundo lugar, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Grupo Parlamentario Socialista su trabajo -no siempre hay oportunidades tan claras de hacerlo- no solo en la

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preparación de los presupuestos y en la consecución de los acuerdos con el Grupo Parlamentario Vasco y con Coalición Canaria -que van a permitir que estos presupuestos puedan ver la luz y, por tanto, puedan ser una herramienta útil para nuestra estabilidad económica en la transformación de nuestro modelo productivo-, sino por el trabajo que me consta que hacen de manera constante y que ha sido en este año particularmente difícil e intenso por la aprobación de las reformas estructurales que han venido a esta Cámara, las que todavía están en esta Cámara -como la ley de economía sostenible- y las que van a venir en el futuro. Así, compañeros, amigos del Grupo Parlamentario Socialista, muchas gracias por vuestro apoyo.


Y, señor Azpiazu, enhorabuena también por su discurso y sabe que seguiremos hablando de economía. Muchísimas gracias por el acuerdo al que han llegado. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta segunda.


Culminado el debate sobre las enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, suspendemos la sesión durante cinco minutos y a los cinco minutos produciremos las votaciones correspondientes. (Pausa.)

Señorías, iniciamos la votación. Cierren las puertas.


Votamos las enmiendas de devolución formuladas a la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 por el Grupo Catalán Convergència i Unió, por el Grupo Mixto, señora Díez; por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; por el Grupo Mixto, señores Jorquera y señora Davila, y por el Grupo Popular. Teniendo todas la misma finalidad devolutiva, se votan de manera conjunta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 167; en contra, 177; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas todas las enmiendas de devolución y el proyecto seguirá su trámite parlamentario. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)

Muchas gracias.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO. (Número de expediente 121/000051.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley del Fondo para la promoción del desarrollo. Se trata de enmiendas del Senado. Para mantener su posición, en primer lugar, tiene la palabra don Joan Herrera. (Rumores.)

Les rogaría que tengan la bondad de mantener sus conversaciones privadas fuera de la sala de sesiones. Por favor, no me hagan citarles por sus nombres. (Continúan los rumores.) Señorías, por favor, tengan la bondad de salir con rapidez o suspenderemos la sesión durante un rato prolongado, lo cual no creo que acomode a sus agendas. (Pausa.)

Adelante, señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Voy a ser breve porque saben ustedes que esta es la vuelta del Senado de la ley del Fonprode, una ley -hay que decirlo- que ha mejorado en su trámite a partir de lo que pudimos introducir en el Congreso, así como con algunas enmiendas que se incorporaron en el Senado, pero tiene un problema y es el FIEM, el otro fondo, como ustedes saben, en el que el texto que se ha aprobado no es el más apropiado. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, por favor.


El señor HERRERA TORRES: El primer elemento que quiero introducir es que uno de los objetivos que habíamos marcado era la necesidad de no endeudar más a los países HIPC, los países altamente endeudados, en extrema pobreza, y hemos visto que el texto final ha mejorado, pero aún hay márgenes que a nuestro grupo no le parecen aconsejables a pesar de que ha habido una mejora en ese aspecto. Otra cuestión importante para nosotros era que la contribución del Fonprode no fuese a parar a instituciones financieras con la lógica de priorizar precisamente la donación financiera. También pretendíamos concretar un poco más las actividades en las que se prohíbe la financiación vía Fonprode creando un comité del fondo para garantizar la participación social y una mayor transparencia, y este es un elemento en el que también ha habido una mejora -hay que decirlo así-, pero finalmente no hemos podido incorporar todo lo que hubiésemos querido.


Para acabar, con una intervención muy breve, querría señalar algo que nos ha sorprendido enormemente y que dice muy poco de la actividad del legislador tanto en esta casa como en la otra, en el Senado. Me refiero a para qué ha servido esta ley. Esta ley, referida a fondos de ayuda al desarrollo, ha servido para introducir una disposición final primera bis sobre controladores aéreos. Sí, sí, para hablar de controladores aéreos.
Pero creo que no todo vale, como tampoco que en esta ley acabemos hablando de cajas de ahorro. Estoy convencidísimo de que esa no era la voluntad del ministerio ni del ministro; un ministerio y un ministro que han jugado un papel clave en la historia de este país; un ministerio y un ministro que han sido de los que se han creído la cooperación y que han

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puesto la cooperación como seña de identidad; un ministro que si no ha podido ir más lejos ha sido porque ha tenido muchas resistencias, muchísimas, porque cuando de él ha dependido este país ha cambiado y lo ha hecho para mejorar y para estar comprometido como nunca con las políticas de cooperación. (Aplausos.) Lo quiero decir porque hay que decirlo y porque esa ley en todo lo que ha mejorado ha sido gracias a muchos grupos, a la perseverancia de muchos diputados, pero también a la complicidad que hemos encontrado en el ministro. Si no hemos podido ir más lejos en esta ley y en la del FIEM, no ha sido por el ministro ni por el ministerio, sino por otros que han querido que no avanzásemos tanto como algunos -y no solo hablo de este grupo, sino de mucha gente que estaba en el ministerio- querían ir.


Acabo diciendo que para nosotros esta es una ley razonable, que mejora, pero que combinada con la del FIEM hace que la reforma del FAD no vaya tan lejos como hubiésemos querido. El tema de reembolsable, ese 5 por ciento que finalmente se ha establecido, es una buena noticia, lo que nos preocupa es que eso se cumpla y se haga más allá de la próxima legislatura. Lo único que temo es que con estos giros del Gobierno -creo que son giros claramente conservadores- las mejoras de la ley finalmente acaben en nada. Por eso tengo que decir que nosotros hemos trabajado para la mejora de la ley y que la ley tendría que haber tenido mucho más recorrido. En definitiva, creo que la ley debería haber ido más lejos pero, en cualquier caso, hemos recorrido lo que podíamos recorrer con la actual correlación de fuerzas y continuaremos trabajando.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.


Intervengo desde el escaño. Nosotros, evidentemente, nos congratulamos de que por fin llegue este proyecto del fondo para la promoción del desarrollo a la Cámara ya en su paso final, puesto que ha sido un objetivo largamente perseguido por los diversos grupos políticos de la misma y porque pensamos que se pone fin a esa área tan problemática y a veces tan poco ligada con el mundo de la cooperación, aunque se quisiera ver que fuera así, de los fondos utilizados para la promoción exterior.
Ahora, con la división entre FIEM y Fonprode, creemos que se clarifica la situación. Por una parte, están los fondos comerciales... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone, señor Esteban.


Por favor, un poquito más de silencio.


Continúe señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Decía, señora presidenta, que han desaparecido los fondos FAD y por fin clarificamos el instrumento en una doble vía: por una parte, la comercial, que se representaría en los fondos FIEM y, por otra, lo que es más propio de promoción al desarrollo, que sería el Fonprode. Tengo que lamentar, como ha dicho el señor Herrera también, que una vez más, utilizando una técnica legislativa deplorable y en una ley creo que tan simbólica y que va a ser de referencia para importantes colectivos de este país, veamos introducidas materias que no tienen absolutamente nada que ver, como es lo relativo a la regulación de controladores aéreos y la modificación de la Ley de órganos rectores de cajas.


En cuanto al Fonprode, ha habido modificaciones interesantes que nosotros también perseguíamos en el Congreso y que se han producido en el Senado, como que el Plan director de la cooperación española establezca el límite porcentual sobre la ayuda oficial al desarrollo que deben alcanzar al total de los créditos, préstamos y líneas de financiación reembolsable, marcándose para el plan actual un límite del 5 por ciento. Creímos necesario que se estableciera así en la ley. Además, nos parece importante que en el examen de la concesión o no de ayudas a países que hubieran alcanzado el punto de culminación de la iniciativa HIPC no sea solo la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, sino también la Comisión Delegada del Gobierno para la Cooperación al Desarrollo la que tenga que informar también. Creemos que es un paso importante, como lo es asimismo que se establezca un rango mínimo de dirección para la futura oficina del fondo para la promoción al desarrollo, que tiene que estar encargada del desarrollo de esta ley y que creemos que va a tener un papel importantísimo, fundamental, en la cooperación al desarrollo realizada por este país. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable. Lamentamos que al final no haya podido introducirse ese comité de ética a la hora de examinar la procedencia de la adjudicación o no de los fondos con la inclusión de personas independientes de fuera de la Administración. Creemos que existe algún ejemplo en Escandinavia y hubiera sido importante haberlo introducido, pero en cualquier caso nos consideramos satisfechos con las modificaciones que se han producido en general en la ley.


En relación con estos añadidos o adornos que aparecen en la ley, simplemente he de decir que, en lo relativo a la regulación de los controladores aéreos, si solo hay un acuerdo parcial con estos y parece que lo que se quiere plasmar en la ley no va a solucionar los problemas que tienen los ciudadanos un día sí y otro también y la navegación aérea en general con este colectivo, no entendemos por qué hasta que no haya un acuerdo o una decisión definitiva sobre el tema se tiene que traer a la ley, se tiene que traer con prisas y se tiene que meter en una ley cuya temática es absolutamente diferente.


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En cuanto a la modificación de la Ley de órganos rectores de las cajas estamos de acuerdo en el fondo de lo que se propone y nuestro voto será favorable.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Efectivamente, finaliza la tramitación del proyecto de ley del Fondo para la promoción del desarrollo y Convergència i Unió se considera globalmente satisfecha. Se ha tardado en dar cumplimiento a ese mandato legislativo de la Ley de deuda que implicaba una reforma a fondo del Fondo de ayuda al desarrollo; hemos conseguido separar los dos instrumentos que hasta ahora formaban parte de una misma política: el instrumento orientado a apoyar la presencia de la empresa española en el exterior y el instrumento orientado a facilitar el desarrollo de los países empobrecidos. No tan solo hemos diferenciado esos dos instrumentos, sino que hemos puesto fin a la ayuda ligada.


Tampoco es menor -se lo querría recordar al señor Herrera- que uno de los éxitos en la tramitación del FIEM fue considerar los fondos como no vinculados a la ayuda oficial al desarrollo y, por tanto, existen dos instrumentos claramente diferenciados. Es cierto que en el Fondo de promoción al desarrollo se mantiene la figura del crédito, la posibilidad de utilizar el préstamo como instrumento de la ayuda oficial al desarrollo, pero con unas características y condiciones que pueden permitir a países empobrecidos con dificultades para acceder al crédito internacional llegar al mismo en buenas condiciones pero con algunos límites importantes. Es un crédito claramente orientado a la promoción de la pequeña y mediana empresa, que en ningún caso puede ser utilizado para financiar servicios sociales básicos, y que para los países pobres altamente endeudados, los denominados países HIPC, se crean unas condiciones que en principio han de hacer excepcional la utilización del crédito en esos supuestos. Además, y eso fue objeto de un debate muy intenso tanto en el trámite del Congreso como posteriormente en el del Senado, la utilización de la fórmula del crédito reembolsable queda limitada de entrada en un 5 por ciento del monto global de estos recursos. Pero además se traslada la necesidad de que el Plan director de cooperación al desarrollo determine en su momento, en el proceso de su configuración, cuál es el límite que debe implicar la ayuda reembolsable.
Creo que ahí el Congreso en su momento y el Senado posteriormente han encontrado un buen marco regulador de una de las principales polémicas que han afectado a lo largo de estos años a las políticas de ayuda al desarrollo.


Me parece que el trámite parlamentario ha reforzado la capacidad de que esta política se incardine bien en el conjunto de las políticas que se lideran desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, y específicamente en las políticas que impulsa la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional. Hemos reforzado la coherencia de políticas, la capacidad de coordinación, hemos reforzado los instrumentos para poder desarrollar esas políticas, hemos mejorado los mecanismos de control parlamentario del propio Fonprode, y en este sentido va a existir un seguimiento expreso por la vía parlamentaria a través de informe, comparecencia y dictamen de la Comisión, que puede permitir una mejora de la calidad de esta política en la medida en que el Parlamento esté más implicado, y además hemos conseguido la modificación de la Ley de cooperación internacional para el desarrollo para permitir que el dictamen del plan director y el dictamen del plan anual sean previos a su aprobación por parte del Gobierno. Durante estos años hemos vivido situaciones absurdas que han hecho que a menudo, casi siempre, cuando el Congreso dictaminaba ese plan, de hecho el plan ya estaba aprobado y la capacidad de influencia que teníamos era nula.


Por todo ello Convergència i Unió, insisto, se siente satisfecha del trabajo que hemos realizado. Creo que el conjunto de portavoces ha mantenido una actitud positiva, especialmente el portavoz del Grupo Socialista, don Joan Calabuig, al que mi grupo quiere agradecer su enorme flexibilidad; el portavoz señor Robles, del Grupo Popular; el señor Esteban, el señor Herrera y la presidenta de la Comisión. Y quiero agradecer al ministro que asiste en estos momentos al Pleno la flexibilidad...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Vaya terminando, por favor.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: ...Del Ministerio de Asuntos Exteriores en permitir alcanzar un amplio apoyo en este proyecto de ley. Le deseo al señor ministro suerte en las posibles nuevas etapas que van a empezar.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES OROZCO: Señora presidenta, señorías, señor ministro, hoy acabamos un proceso largo que tiene casi un retraso de seis años, porque sabe usted que este es un proyecto que se inició con una demanda por parte de la Cámara y con un compromiso por parte de todos los grupos en la anterior legislatura, pero a pesar de ese retraso de casi seis años hoy ve la luz. Hoy podemos decir que culminamos una de las cuestiones claves en la cooperación española, que era la reforma de los FAD. Como bien han explicado otros portavoces,

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hemos conseguido diferenciar lo que son créditos para la empresa y un instrumento para la cooperación, y aunque sea sonando la campana yo sé que usted, como creo que el conjunto de los españoles y todas las personas que vivimos el mundo de la cooperación, tiene por lo menos la satisfacción en el día de hoy de que es usted ministro y se va a aprobar la reforma de los FAD. Por tanto, yo le felicito a usted y felicito al conjunto de la Cámara. Creo que todos hemos hecho un esfuerzo importante para que esto sea así.


Ya se ha dicho por todos los portavoces que hoy sale de la Cámara un proyecto que es mejor que el que entró, porque es evidente que se ha demostrado a lo largo de estos seis años y de la tramitación parlamentaria que no era fácil. Era un proyecto complicado, donde había intereses de diferentes ministerios, diferentes visiones, pero creo que al final la complicidad de todos los grupos de la Cámara y del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, al que ha venido bien el trabajo de la Cámara, ha hecho posible que este sea un instrumento que al final se ajuste a esos consensos que habíamos venido generando en el ámbito de la cooperación. Se incluyen cosas importantes como un mayor control parlamentario, una mayor transparencia, como garantizar que sea realmente un instrumento de cooperación. Se pone límite a la cooperación reembolsada en el 5 por ciento, se da un papel importante a la Comisión Delegada para la Cooperación, se garantiza que no aumente la deuda, se hace un importante esfuerzo para no aumentar la deuda en los países Hipic y se da un papel creciente -y esta ha sido uno de los temas difíciles- al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Aunque usted hoy deja el ministerio, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación va a tener un papel más relevante gracias a las reformas de la Cámara. También se habla, como ha explicado el señor Campuzano, de la reforma de la Ley de Cooperación, que era una de las cosas pendientes para que el PACI y el plan director realmente puedan tener un papel importante en el diseño que anualmente o cuatrienalmente se va a hacer desde esta Cámara de los instrumentos de cooperación. Por tanto, como se ha dicho, hoy tenemos un instrumento que es mejor que cuando empezó la tramitación en la Cámara y que responde efectivamente a las demandas que desde los diferentes sectores de la cooperación se venía pidiendo.


Con esto España pone bien los pilares de los instrumentos de cooperación y quizá esta sea una de las cuestiones que tenemos que aprender para el futuro. Hay que empezar a construir la casa poniendo bien los pilares.
Cuando precisamente hoy estamos hablando de recortes en el mundo de la cooperación y de cuestiones económicas, lo que toma relevancia es que quizá nos ha faltado en estos años hablar de la reforma de la AECI y de los instrumentos de cooperación; es decir, poner bien los cimientos de la cooperación. Insisto en que aunque sea hoy el último día, es un hecho positivo para usted que se pueda aprobar uno de los instrumentos clave como es la reforma del FAD, que España se dote de esos instrumentos y que podamos ser muchos más eficaces en este terreno.


Por tanto, creo que respondemos con esto a la demanda de la sociedad, que el Parlamento ha cumplido su misión, que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación va a tener un papel más relevante en la gestión de estos temas y que el Parlamento español ha ganado sustancialmente en la labor de control, de transparencia y de elaboración de políticas. Por todo eso, creo sinceramente que podemos felicitarnos.
Todo es mejorable y probablemente habrá quedado algún detalle sin poder cumplir, pero esta ley responde básicamente a lo que nosotros buscábamos: transparencia, control, gestión, aportación a organismos internacionales y limitación de los instrumentos de deuda. Por tanto, señor ministro, gracias al conjunto de la Cámara y a todos los portavoces que han permitido que lo que durante seis años había sido una política de acercamiento se haya plasmado en esta ley. Quiero también agradecer al portavoz socialista que haya dado facilidades, a todos los portavoces de los diferentes grupos que hayamos buscado el consenso, la labor de acercamiento que ha hecho el Senado y también la complicidad del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al que le ha venido muy bien la labor de este Parlamento.


Señor ministro, tiempo hemos tenido en el pasado para juzgar las cosas que usted ha hecho y tiempo habrá en el futuro, pero creo sinceramente que hoy es un día positivo para todos y especialmente para usted, por lo que le quiero felicitar y agradecerle su labor. Por encima de las cosas que podamos enjuiciar, no hay ninguna duda de que los servidores del Estado pasan muchas horas de angustia y de dificultad siempre pensando en el bien común.


Muchas gracias y enhorabuena. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Robles.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Calabuig.


El señor CALABUIG RULL: Señora presidenta, señorías, concluye hoy la tramitación de una ley que va a reafirmar nuestro compromiso colectivo ante millones de personas que viven en la pobreza y padecen hambre, de gentes que sufren en los conflictos y en las catástrofes humanitarias. El Fonprode nos va a permitir luchar más eficazmente contra las causas y consecuencias de un reparto injusto de la riqueza. Se trata de una nueva norma que junto con el recientemente aprobado Fondo para la internacionalización de la empresa nos permite disponer de un instrumento adecuado para cada objetivo, alineándolos así con las orientaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.


El Fonprode, como aquí se ha citado -y yo lo resalto también- suprime las llamadas aportaciones ligadas, es decir, las que estaban exclusivamente vinculadas a intereses empresariales, por lo que toda la ayuda al desarrollo deberá dirigirse por principios de eficacia, transparencia y concurrencia.


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Además de ello, la norma que hoy aprobamos deja claro el liderazgo del Ministerio de Asuntos Exteriores definiendo una arquitectura que permitirá mejorar la gestión, orientándola con rotundidad a criterios de desarrollo, tanto en el caso de las donaciones como en el de los fondos reembolsables. Quisiera destacar, como han hecho los demás portavoces, el amplio consenso que se ha alcanzado y evidentemente también reconocer la labor de los portavoces de los otros grupos parlamentarios. Creo que ha sido un buen trabajo conjunto en el que se ha actuado con amplitud de miras. También quiero destacar el papel de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo en todo el proceso. Coincido en que la ley ha sido claramente mejorada en el trámite parlamentario y es decididamente sensible a las reflexiones y propuestas que han aportado las ONG para el desarrollo. Hoy, señorías, damos respuesta definitiva a la exigencia de miles de personas comprometidas con la acción solidaria y el desarrollo y cumplimos también con el compromiso adquirido en el Pacto de Estado contra la pobreza, de diciembre de 2007 y en los documentos estratégicos de la cooperación española. Además de ello, lógicamente, quiero expresar la especial satisfacción de nuestro grupo parlamentario porque la norma que hoy aprobamos corresponde estrictamente a los compromisos asumidos en el programa electoral del PSOE.


Señorías, este nuevo instrumento tiene una gran importancia en momentos de crisis global. En los últimos años la cooperación española ha vivido un periodo de intenso crecimiento y nos hemos situado cada vez más cerca del nivel que nos corresponde por nuestra dimensión y nivel de desarrollo.
Hoy el contexto económico no nos permite mantener la senda de esos importantísimos crecimientos de años anteriores, a la que, en todo caso, estoy seguro de que regresaremos de inmediato en cuanto el contexto nos lo permita. Sin embargo, podemos seguir avanzando y esta ley lo demuestra; lo demuestra porque ahora tenemos un potente instrumento de desarrollo que establece el uso de los recursos con criterios de cooperación al desarrollo y podemos asentar el crecimiento de estos recursos, consolidar las capacidades de nuestro sistema y mejorar los instrumentos de nuestra cooperación. En definitiva, esta ley nos permitirá dotar a la cooperación de un instrumento financiero para el desarrollo humano y sostenible útil, eficaz, transparente y capaz de rendir cuentas ante nuestra sociedad.


Quisiera concluir el trabajo que ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a través de su secretaría de Estado. Como ustedes saben, desde que era muy joven me he dedicado, entre otras cosas, a las actividades de relaciones internacionales e independientemente de lo que suceda en las próximas horas, quiero reconocer el trabajo del ministro Moratinos y decir que nunca en mi vida he conocido un mejor ministro de Asuntos Exteriores para este país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Calabuig.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL, DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y DEL MERCADO POSTAL. (Número de expediente 121/000093.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto III del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. En concreto, del proyecto de ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal. Para presentar el proyecto en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señor presidente, señorías, comparezco ante esta Cámara para presentar el proyecto de ley del servicio postal universal y de los derechos de los usuarios y del mercado postal. Los servicios postales son un medio esencial de comunicación, de comercio y de cohesión económica, social y territorial. Contribuyen a los objetivos de equidad, empleo y protección social, al tiempo que favorecen la competitividad de las empresas y la elevación de la calidad de vida de los ciudadanos. La existencia de unos servicios postales de amplia cobertura territorial y de alta calidad y fiabilidad es condición necesaria para un desarrollo equilibrado y sostenible de la actividad económica. Por ello el Gobierno presenta un proyecto de ley comprometido con el servicio que los ciudadanos y empresas demandan, al tiempo que respetuoso con los derechos de los trabajadores del sector. La finalidad inmediata del proyecto es la trasposición al ordenamiento jurídico español de la llamada tercera Directiva Postal, y esta trasposición es al mismo tiempo una gran oportunidad para establecer un marco normativo que garantice el derecho de los ciudadanos a un servicio postal universal que cubra todo el territorio con los mismos y elevados niveles de calidad y eficiencia. Estamos ante una ley necesaria, exigida por nuestros compromisos en el ámbito de la Unión Europea, pero es además una ley con la que situamos nuestros servicios postales en una nueva fase, acorde con el marco de la economía sostenible que debe impulsarnos hacia el final de la crisis económica. En primer lugar, garantizando plenamente los derechos de los usuarios del servicio postal, de los servicios postales.
En segundo lugar, sentando las bases de un servicio postal universal de calidad en todo el territorio español. En tercer lugar, fijando los mecanismos que aseguran la viabilidad financiera de Correos y Telégrafos.
Y en cuarto lugar, poniendo las bases para el mantenimiento de un empleo de calidad en el sector con respeto a los derechos de sus trabajadores.
Por ello, el proyecto designa a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos como el operador al que se encomienda su prestación y establece los mecanismos necesarios para garantizar la prestación de dichos servicios,

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la suficiencia financiera y el equilibrio económico de Correos. Se fija un plazo de quince años en la designación del operador del Servicio Postal Universal, plazo similar al utilizado en otros países y razonable para asegurar el retorno de la inversión realizada. Se ha designado a Correos porque es el único operador que está a día de hoy en condiciones de garantizar la prestación del Servicio Postal Universal en todo el territorio nacional en las condiciones de calidad exigidas.


Llegados a este punto, hay que poner en valor que el proyecto de ley es fruto de un largo proceso de participación de los representantes de los trabajadores y de los usuarios. El Ministerio de Fomento ha ofrecido diálogo a todos los sindicatos implicados. Se han mantenido múltiples encuentros con los representantes de los trabajadores de Correos y Telégrafos. Asimismo se ha contado con la participación del resto de los miembros del Consejo Asesor Postal, incluidos los representantes de los usuarios de los servicios postales y de los grandes clientes. Así lo ha reconocido el Consejo de Estado, que en su dictamen valora positivamente la labor realizada y el encaje conseguido entre muy distintas posiciones y estimaciones para el diseño de un modelo que en sus líneas generales aparece bien construido.


El proyecto de ley aborda el modelo de financiación del Servicio Postal Universal con criterios de permanencia, suficiencia y estabilidad. El Estado va a continuar garantizando la prestación de un servicio postal de calidad a precios asequibles para todos los ciudadanos, así como la sostenibilidad financiera del operador designado para prestar el Servicio Postal Universal. De cara a los ciudadanos el proyecto incorpora un plus de protección para todos los usuarios de los servicios postales. Recoge un título específico sobre sus derechos, dedicando especial atención a garantizar los servicios postales en zonas no rentables de mercado, como son los entornos rurales y prestando una particular atención a los colectivos de discapacitados de acuerdo con las observaciones realizadas por el Cermi.


Señor presidente, señorías, inicia ahora la ley su tramitación parlamentaria. Es una ocasión para el debate, pero también una oportunidad para el acuerdo con las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios para fijar un modelo que garantice un servicio postal universal eficaz, eficiente y de calidad, en consonancia con las demandas de nuestros ciudadanos y empresas, que garantice de manera efectiva los derechos de los usuarios y que proporcione un marco equilibrado y justo para el ejercicio de la libre concurrencia entre todos los operadores.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): muchas gracias, señor ministro.


A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya Verds. Para defender esa enmienda en nombre de su grupo tiene en primer lugar la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, defiendo una enmienda de totalidad a la llamada ley del Servicio Postal Universal porque mi grupo parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se teme que estemos ante el riesgo de un servicio postal residual. Hay quien dice que el Estado moderno se representa en el último pueblo, en la última localidad, por la bandera del país, el servicio postal y la gendarmería. Creo que esta era la frase. Nosotros podríamos decir lo mismo, aunque en este caso nos veamos ante el peligro, a través de esta ley y de la aplicación de la directiva europea, de perder uno de los signos de cohesión e identidad del Estado moderno que es el Servicio Postal Universal, el servicio público de correos. Desde la perspectiva de la izquierda, desde la perspectiva progresista, el Estado del bienestar no es solamente un Estado con una fiscalidad progresiva ni tampoco un Estado protector. El Estado del bienestar es el Estado que posee servicios públicos de calidad y servicios públicos universales, que no solamente van destinados a las zonas más deprimidas o a los sectores sociales más desfavorecidos sino que requieren la integración del conjunto de la sociedad, porque sin ella no es posible el mantenimiento del servicio público universal y se convierte en un servicio público residual. Pues bien, con esta ley, en nuestra opinión, corremos el riesgo de pasar de un servicio público universal a un servicio público residual.


Señorías, para este tipo de normas, en nuestra opinión, es necesario un clima de diálogo y de participación. Y mucho nos tememos -porque no ocurre por primera vez- que los miasmas del Ministerio de Fomento, los miasmas autoritarios del Ministerio de Fomento, vuelvan a dificultar esa necesaria participación y ese necesario acuerdo. Al menos con las fuerzas políticas ustedes hasta ahora no han hablado nada. El Consejo de Estado podrá decir que ha habido participación. Con nosotros, no, y parece ser que tampoco con la mayoría de los sindicatos. Tienen ustedes en contra a la mayoría sindical, que se moviliza por su preocupación por el futuro de Correos. Por lo tanto, señor ministro, no ha habido ese esfuerzo de participación que usted dice, porque no han reunido ni una sola vez al Consejo Asesor Postal, que es el mecanismo institucional de participación del sector. Esperemos que a través de la tramitación parlamentaria -y esta es una motivación fundamental para la enmienda de totalidad- podamos recuperar el diálogo, la participación y el acuerdo de los trabajadores y de las fuerzas políticas en una materia tan delicada -como he dicho antes- para el Estado y, sobre todo, para el Estado del bienestar.


Señorías, dicen ustedes que se trata de aplicar una directiva europea en la materia y que esa directiva es aplicada por parte del Gobierno con un talante social. No corren buenos tiempos en Europa para las propuestas

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sociales, es evidente. Si hay un Vaticano que establece los dogmas de la Iglesia Católica, da la impresión de que Bruselas se ha convertido en el Vaticano de las políticas neoliberales. En ese sentido, bajo el eufemismo de la liberalización del sector, lo que nos propone la Unión Europea es ni más ni menos que la privatización y la desregulación del sector. No reconoce el servicio público, si acaso reconoce la necesidad de que exista un servicio básico de carácter universal, pero en todo caso la Unión Europea apuesta por que los servicios públicos sean complementarios y en algunos casos residuales y en ningún caso reconoce la prioridad del servicio público en una materia -como he dicho antes- tan delicada.


Y si eso es así en el marco de la Unión Europea, nos da la impresión de que la legislación del Gobierno, y no solamente en esta materia, es más desreguladora todavía que la propuesta de la directiva en relación con el sector postal, más desreguladora todavía. La propuesta que nos hace el Gobierno en su núcleo central es la liberalización total de los servicios postales con la desaparición de la exigua zona reservada a Correos, cartas interurbanas de hasta 50 gramos, reserva que hasta la fecha permitía mal que bien asumir el coste de un servicio público claramente deficitario en amplias zonas de nuestro territorio. Ello supone la apertura de una competencia en un segmento del mercado de casi 1.000 millones de euros ¿a cambio de qué?, a cambio de la contribución en 1,5 millones de euros al denominado Fondo de financiación por parte de los operadores privados. Es decir, se les deja la parte del león a los operadores privados y la parte residual, la parte de menor interés económico, al sector público, abundando en esa visión desequilibrada entre sector público y sector privado. A costa del incremento de la competencia se sustituye un monopolio público por oligopolios privados.


Este proyecto de ley, en nuestra opinión, no responde a las necesidades del sector postal en nuestro país, y no lo hace porque en la definición y extensión del servicio postal público el Servicio Postal Universal se reduce. El proyecto de ley establece que la prestación del servicio estará sujeta a excepciones según la zona de residencia de los ciudadanos, y esto se traduce en la supresión del servicio domiciliario en zonas con baja densidad de población, zonas residenciales, polígonos industriales, afectando a nuestro modelo económico y también al equilibrio territorial. En cuanto al modelo de financiación no garantiza la viabilidad, cargando buena parte del coste en los usuarios, sancionando un sistema en el que el Estado se desentiende casi totalmente de la financiación de un servicio que se plantea como deficitario. Y en cuanto a la privatización del sector, favoreciendo al sector privado en detrimento del sector público, repercute negativamente en la viabilidad de Correos, ofreciendo un pastel -como he dicho- de 1.000 millones de euros a cambio de 1,5 millones de ingresos al futuro sector público. En nuestra opinión esto rompe las garantías de igualdad en nuestro territorio, rompe también con la prioridad del servicio público y rompe asimismo con la seguridad laboral; seguridad laboral en una empresa que ha perdido ya 7.000 empleos de 60.000 y que tiene un alto nivel de precariedad.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llamazares...


El señor LLAMAZARES TRIGO: Por estas razones hemos presentado la enmienda de totalidad. Esperamos que esta enmienda de totalidad sirva para un debate y una negociación que todavía no ha tenido lugar.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el mismo grupo, también en turno a favor de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, es absolutamente paradójico que mientras buscamos soluciones para reducir el déficit público y el paro el Gobierno presente una ley que va a incrementar el paro y el déficit, una nueva ley liberalizadora ejemplo del nuevo socialismo, ese que socializa las pérdidas y privatiza los beneficios. Y es cierto que la Unión Europea nos obliga, pero este Gobierno ha optado por la trasposición más dura. El Parlamento Europeo, consciente de la importancia de garantizar un servicio postal universal que permita disponer en todo el territorio de servicios eficaces, fiables, de buena calidad y a precios asequibles, lo que hace es reconocer diversas alternativas, entre ellas, la licitación de la prestación del servicio, la compensación con fondos públicos a los prestadores designados o el reparto del coste neto de la obligación entre proveedores y usuarios. Pero la opción elegida por el Gobierno para llevar a cabo la trasposición no es la que más nos convence, ni a nosotros ni, tal como ha dicho el compañero Gaspar Llamazares, a la mayoría sindical, que está en contra de ella. Aquí radica otro de los motivos de nuestra enmienda: falta del suficiente diálogo y consenso con los sindicatos -al menos con una buena parte de ellos- por parte del Gobierno. El Gobierno se ha mantenido en el silencio, tanto que no solo ha habido ausencia de diálogo social sino incluso congelación de la negociación colectiva. Finalmente, el Gobierno rompió el silencio presentando este proyecto con el plazo justo para que no diera tiempo a debatirlo ante la urgencia de que la ley tiene que entrar en vigor ciertamente el 1 de enero del próximo año. Nuestra respuesta es que no hay prisas, es más puedo recordarles sus muchos incumplimientos anteriores ante otras trasposiciones de directivas europeas que ya deberían estar en vigor. Nos remitimos a hechos ya acaecidos. Ustedes saben que la liberalización en la República Federal Alemana data del año 1998 y tenemos estudios de fuentes sindicales del año 2007 que concluyen que esta liberalización ha conllevado importantes recortes sociales, dumping social con drástica reducción salarial

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-del 40 al 60 por ciento-, precarización del empleo con la generalización del contrato temporal y además pérdida de empleo, pérdida de ocupación de más de un 6 por ciento. Estos son estudios sindicales en Alemania después de unos años de llevada a cabo esta liberalización, a pesar de que en Alemania el proceso fue gradual y obligaba a denegar licencias a aquellas empresas que no ofrecieran las mismas condiciones laborales habituales en el sector. Uno se pregunta por qué en el Estado español las cosas tienen que ser distintas, ateniéndonos además al contexto económico y a la debilidad de los instrumentos de los trabajadores en la sociedad democrática española comparándolos con los que están ya establecidos en la Unión Europea, en las sociedades europeas. Además, tenemos la referencia de Francia, Hungría y Noruega, donde ha ocurrido más o menos lo mismo, luego es evidente que estemos preocupados y que los trabajadores estén muy preocupados también.


En España, en la actualidad, operan de manera directa o indirecta el correo alemán, el correo francés, el correo británico, el correo holandés e incluso empresas transnacionales, y es cierto que aquí compiten por abrir una oficina no en la última aldea rural, sino por quién se queda con el pastel del servicio urbano. Esta liberalización indica que competirán por el mercado que sea más suculento dejando para los Presupuestos Generales del Estado, para el servicio público -público/público, ya me entienden- los déficits. Beneficios para los privados, déficits para el Estado. Esta es la nueva fórmula que corre como un vendaval por toda Europa y que aquí parece que tiene tantos y tantos simpatizantes. ¿Qué comportarán a nuestro entender estos déficits? Pérdida de calidad del servicio, pérdida de ingresos en las zonas con beneficios, y si el Estado no paga estos déficits deberán pagarlo los operadores, y teniendo en cuenta que los operadores no son hermanitas de los pobres -lo que pretenden es una acumulación cuanto más intensa y rápida del capital mejor-, quien tendrá que recurrir a todo ello deberá ser la pérdida de la calidad del servicio, el incremento de los precios o si no, como siempre, la reducción salarial, la precarización de las condiciones de trabajo de los trabajadores. En conclusión, al Estado, a nuestro entender, le sale más a cuenta económica, y por supuesto social, mantener un cuerpo de funcionarios que ofrezcan un servicio de calidad y eficaz que no la liberalización, que además de destruir empleo precarizará el sector e incluso, ustedes que son tan patriotas españoles, va a exportar los beneficios fuera del Estado español.


Sabemos la suerte de esta enmienda a la totalidad presentada por los compañeros de Izquierda Unida, los compañeros de Iniciativa y los republicanos pero esperamos que en el trámite legislativo que ahora se abrirá -que, por supuesto, tiene la plasmación de un conjunto de enmiendas firmadas por nuestro grupo parlamentario- podamos negociar a fin y efecto de aminorar la magnitud de la tragedia.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.


Ningún grupo ha manifestado su disposición a utilizar el turno en contra de la enmienda, por tanto, pasamos a fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, dos años después de la publicación en Europa del Libro Verde sobre el desarrollo del mercado único de los servicios postales, el Consejo Europeo dictaba con fecha 7 de febrero de 1994 una resolución relativa al desarrollo de dichos servicios. Tal y como se recoge en dicha resolución, uno de los principales objetivos de la política comunitaria sobre dichos servicios era -y es- la conciliación de un mercado postal y la garantía de la prestación sostenible del servicio universal. En eso seguimos. A favor de eso seguimos estando en este tema -como en otros muchos temas, por cierto- quienes queremos sentirnos formando parte de esa Europa que nunca está a pleno gusto y menos a capricho de cualquiera o de todos pero que, sin discusión, es el mejor punto de referencia para un desarrollo económico y social a la altura de las oportunidades y desafíos de la era moderna. Tras aquella resolución vino la Directiva 1997/67 del Parlamento y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, que estableció un marco normativo para el sector postal a escala comunitaria.
Aquel marco contemplaba, entre otras cosas, medidas dirigidas a garantizar la prestación del servicio universal, establecía límites máximos sujetos a una reducción gradual y progresiva en cuanto a servicios postales que los Estados miembros podían reservar a un proveedor o proveedores de servicio universal con el fin de mantener dicho servicio y fijaba también un calendario para la toma de decisiones orientadas a una mayor liberalización del mercado con el propósito de crear un mercado interior de servicios postales. Así echó a andar en Europa un proceso de liberalización en un sector, el postal, que nació allá por el siglo XIX, por poner alguna fecha. Debió ser en 1850 cuando nació el sello como sistema de franqueo de la correspondencia y después el siglo XIX ha sido saludado como el siglo del correo y del telégrafo.
Desde entonces hasta prácticamente estas fechas que acabo de citar ha sido en la Unión Europea eso que denominamos un monopolio natural, gestionado en muchos países como un servicio prestado en régimen de monopolio por los gobiernos. Esa ha sido la historia hasta fechas recientes y ese ha sido el caso del Estado español, donde el sector postal, como es sabido, ha estado regulado durante décadas por la Ordenanza Postal de 19 de marzo de 1960 y ha sido gestionado en régimen de monopolio. Fue tras la entrada en Europa y a raíz de la directiva antes citada de 1997 cuando se procede en el Estado a una nueva legislación, la 24/1998, de 13 de julio, de la que cabe

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decir que es hija -con mayor o menor ambición y fortuna, que esto siempre se puede discutir- de aquella.


Es cierto que en el Estado también se inicia un proceso de liberalización a la par que de delimitación del Servicio Postal Universal, del que a día de hoy puede opinarse cualquier cosa menos que se trate de un proceso inacabado. Estamos en pleno proceso. Es cierto que después de aquella ley han venido modificaciones parciales en los años 2000, 2001, 2002 y 2009, como ha venido también en fecha más reciente la creación de la Comisión Nacional del Sector Postal. Pues bien, la historia no ha terminado, en absoluto; seguramente por muy diversas razones, pero me atrevo a apuntar dos. El mundo está atravesando, y en concreto este sector, un periodo de enormes modificaciones. A raíz de la aparición de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, nos guste o no, este sector no es el mismo. ¿Por qué? Porque ha aparecido -por poner un caso evidente y al uso de todos ustedes- el correo electrónico. Razones tecnológicas, por decirlo de forma fina, obligan a seguir modificando el sistema de gestión del sector postal. Esta es una parte de la razón porque también hay que aludir a razones de necesidad de cambio por las enormes inercias y resistencias cuyo origen está en ese monopolio de gestión; no está en ninguna teoría general, está en una gestión monopolística de este tema durante todo el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX.


Hoy volvemos necesariamente a tener que avanzar en un paso que es el que viene en la historia que acabo de describir, pero que también conoce un hecho nuevo, que es la nueva Directiva 2008/6, del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 20 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 1997/67 y por la que se pretende -está bien como objetivo- culminar ese camino iniciado en el año 1997 al que he hecho referencia anteriormente. Mi grupo está a favor de la tramitación de este proyecto de ley. ¿Por qué? Entre otras cosas porque es inevitable, nos guste o no, avanzar en esta dirección. Además, estamos de acuerdo en que hace falta una visión progresivamente orientada al usuario, que no lo ha estado en el pasado; hace falta la eliminación del sector reservado y de los derechos especiales, es inevitable; hace falta, evidentemente, garantizar la prestación del Servicio Postal Universal, es otro de los elementos que hace falta; hace falta que lleguemos a unas reglas mucho más precisas y mucho más claras del cálculo del coste neto de las obligaciones de servicio público del Servicio Postal Universal, porque ahí, de hecho, entra todo, entra cualquier cosa y es puramente arbitrario en función muchas veces de intereses muy diversos que no siempre son perfectamente democráticos y tampoco generales. Son intereses particulares más o menos grupales dependiendo de los casos. Estamos a favor de un acceso de los operadores a los elementos de una infraestructura postal, que es otra de las cosas que hace esta directiva, así como también a que haya reguladores independientes. Todos estos motivos son los que hacen que nos pongamos a favor de que esta ley se tramite, pero quiero hacer dos apreciaciones finales. Una, sobre el contenido. Mi grupo no está seguro de que este proyecto de ley tal cual ha llegado al Congreso remitido por el Gobierno plantee los términos más idóneos, más precisos, de aplicación de la directiva, porque todos sabemos que en la aplicación de la directiva puede haber -para entendernos en la terminología al uso- una geometría variable, y tendremos que precisar de esas posibilidades distintas que la directiva ofrece cuál es la que en concreto vamos a situar en el sector postal español para esos objetivos que acabo de citar. Nosotros somos contrarios a enunciar grandes principios y al minuto siguiente, en la letra pequeña, olvidar su aplicación; los principios sí, siempre que efectivamente vayamos por el proceso de liberalización que es en definitiva la gran línea iniciada en los años 1990 desde Europa. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Segunda apreciación final. No hay, desgraciadamente, momento bueno para hacer estas cosas. No hay ningún momento idealmente bueno y este evidentemente no lo es; estaríamos dispuestos a decir incluso que especialmente no lo es por la crisis económica y por las circunstancias que todos ustedes saben perfectamente. Este no es un momento bueno ni para esta reforma ni para ninguna. En el fondo no hay ningún momento bueno para la reforma, pero hubo momentos menos malos y tampoco se hicieron las reformas que había que hacer. Uno podría pensar que en la lógica de que en los momentos malos no hagamos determinadas reformas que son difíciles dicha lógica estaría completada con que en los momentos buenos hagámoslo. Pues venimos de momentos buenos en los que no se han hecho y en los momentos malos estamos necesitadamente obligados a hacerlas, de ahí que mi grupo vaya a apoyar la tramitación de este proyecto de ley y pasemos a debatir los términos precisos de la aplicación de la directiva que, en el fondo, de eso se trata.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Pere Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar en contra de esta enmienda a la totalidad y lo va a hacer convencido de que es necesaria la tramitación de este proyecto de ley porque es lógico que traspongamos las directivas y, más allá de las propias obligaciones que podríamos llamar institucionales, lo hagamos convencidos de que hace falta realmente un ordenamiento de un sector. Me gustaría hacer brevemente unas reflexiones que quizá puedan servir de cara al trabajo parlamentario que ahora se inicia y con el que lógicamente nuestro grupo se compromete a trabajar con todo rigor.


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Señoras y señores diputados, nosotros creemos que debemos ir más allá de la simple vocación institucional que nos toca de trasposición de una directiva. Este es un sector importante con una gran empresa. Como se ha dicho ya, más de 60.000 trabajadores están hoy prestando sus servicios a la colectividad en una empresa importante, en una gran empresa pública, Correos. Tenemos también un incipiente sector privado que lógicamente compite no solo con Correos, sino también con otras empresas o filiales de empresas públicas de otros países. Este es el esquema que tenemos. Yo les pido, señoras y señores diputados, que seamos sinceros y, más allá de los lógicos planteamientos ideológicos que cada cual puede tener, mirando a los ojos de estos 60.000 trabajadores y de los 10.000 trabajadores de las empresas privadas les digamos que somos responsables de hacer posible la supervivencia del empleo global de Correos, de los servicios postales españoles.


Si no acertamos en esta ley, si atendiéramos a falsos proteccionismos de nuestro sector público, ¿cómo acabaría esto? Todos lo sabemos, acabaría con una continua y más acelerada pérdida del empleo público y con esta empresa en manos de no se sabe quién, seguramente de alguna empresa exterior. Señoras y señores diputados, Convergència i Unió no desea esto, desea la pervivencia de Correos y desea que las incipientes empresas españolas del sector puedan competir. Permítanme que ponga un ejemplo.
Quiero que Correos sea como Telefónica, que triunfe y que compita en el mundo. Voy a ser claro -está aquí el señor ministro y me va a perdonar-, no quiero que sea como alguna empresa del sector de transportes que ve cómo no puede competir en el exterior y compite aquí, y no sé si estaremos en buenas condiciones de competir. Debemos dimensionar un sector dándole a Correos todos los instrumentos necesarios para que pueda transformarse, para que -luego hablaremos del concepto-, prestando el Servicio Postal Universal lo mejor posible, sea capaz de tener músculo para competir en España y en el mundo. Esto hay que decirlo, repito, mirando a los ojos de cada uno de los 60.000 trabajadores. Convergència i Unió quiere participar en esto, con franqueza, y va a hacer todo lo posible para dotar a Correos de este músculo, pero también para decir que ya no caben falsos proteccionismos porque nos llevarían al desastre y al final del Correos que hemos conocido.


Señoras y señores diputados, nosotros queremos que en el trámite de esta ley se hable alto y claro. Queremos compartir con una mayoría amplia de la Cámara tres objetivos; en primer lugar, estamos en un foro de defensa de los intereses colectivos públicos y, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es una ley que garantice una adecuada prestación del Servicio Postal Universal. Este es el primer objetivo de la ley. Yo, que vengo del mundo rural y que conozco la importancia del servicio postal en el mundo rural, que durante mucho tiempo, y quizá aún ahora con otras competencias muy potentes, sigue siendo un engarce al mundo, quiero que se garantice este Servicio Postal Universal, queremos que se garantice la obligación de la prestación de servicio público. Segundo objetivo: los usuarios.
Debemos proteger también los derechos de los usuarios. Convergència i Unió ha presentado varias enmiendas destinadas a la protección y a la garantía de los derechos de los usuarios, porque a veces los marcos de competencia no son suficientemente diligentes en esta función y ante el mercado sí que solo cabe el Parlamento, que es la defensa en un ámbito de mercado de los derechos de los ciudadanos. El tercer y último objetivo, que no es simple, no es sencillo, es que debemos garantizar la competitividad de nuestras empresas, en primer lugar de Correos. Deseamos que no se sigan perdiendo empleos en Correos, deseamos que sea así, pero deseamos también que esto no suponga que debamos dedicarnos como quien dice a castigar al muy pequeño por cierto servicio postal privado existente en nuestro país; querer cargar toda la responsabilidad y todas las culpas en estas empresas que luchan para crear empleo cada día me parece un auténtico despropósito. Creo que la ley no puede cargar las tintas en estos servicios porque los vamos a matar y luego nos van a invadir desde fuera, y a mí esto no me parece un modelo inteligente; repito, el modelo de Telefónica es el que tenemos que utilizar.


Mi grupo ha presentado muchas enmiendas con estos tres objetivos y ya les avanzo que hay algunas cuestiones en las que deberíamos encontrar el buen camino; tenemos que encontrar lo que en catalán decimos el fil roig, el hilo rojo, saber encontrar el aspecto importante. Uno de ellos es el acceso a la red, las condiciones de acceso a la misma. Este no es un tema menor ni sencillo y lo debemos resolver sin falsos apriorismos, analizando el cumplimiento de los objetivos; en primer lugar, repito, garantía del Servicio Postal Universal; en segundo lugar, garantía del músculo de Correos para que pueda continuar siendo una gran empresa; y finalmente, que el mercado pueda operar.


Otro elemento importante, el Servicio Postal Universal, claro, es deficitario y hay que pagarlo. ¿Cómo hay que pagarlo? No se puede decir la simplicidad de que lo paguen los privados. No. Creo que aquí al Ejecutivo se le ha ido la mano al decir: vamos a poner un recargo aquí a los usuarios, vamos a poner un recargo a los privados y, aunque sean poquitos, que paguen lo de todos. Creo que aquí hay planteamientos erróneos que hay que corregir o en cualquier caso matizar.


Señoras y señores diputados, esta es una ley importante; es una de esas leyes que afectan, en primer lugar, a muchos puestos de trabajo y a su futuro, y en segundo lugar, afecta también a los ciudadanos, y además la acometemos en un momento que no es fácil porque ya estamos a mitad de este proceso, pero quisiera decir algo importante. Cuando tras algunas reuniones que hemos mantenido con distintos colectivos representantes de los trabajadores y de las empresas del sector, yo le comentaba a mi esposa en casa que estábamos haciendo esta ley, y ella me decía con gran sentido común: ¿Por qué hacéis esta ley, si Correos funciona? ¿Cuál es la percepción de los usuarios? Que Correos en general, aunque hay problemas, está prestando un buen servicio y hay que aprovecharlo y hay que darle

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todo el valor a estos miles de ciudadanos trabajadores que están trabajando en una empresa pública, diciéndoles en primer lugar la verdad, no prometiéndoles aquello que simplemente es una condena a corto plazo.
Como Convergència i Unió cree que tenemos una buena empresa pero que hay que dotarla de músculo, como cree en el mercado y hay que introducirlo, va a trabajar con ahínco para perfeccionar esta ley.


Muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Señor presidente, señorías, paso a fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Popular en torno a la enmienda de totalidad presentada por Esquerra Republicana e Izquierda Unida. Ya se ha dicho aquí por parte de casi todos los intervinientes que este es un proyecto de ley que responde a una obligación legal: trasponer antes del 31 de diciembre de 2010 la Directiva de 20 de febrero de 2008 relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales en la Comunidad Europea y la mejora de la calidad del servicio. Nosotros estamos de acuerdo con ello, razón por la cual no vamos a votar favorablemente esta enmienda de totalidad.


Esta ley es necesaria para garantizar el Servicio Postal Universal homogéneo en todo el territorio bajo unos criterios de calidad. Así se ha dicho aquí y el propio señor ministro de Fomento lo ha mantenido. Sin embargo, el Gobierno, a nuestro juicio, ha esperado hasta el último momento para presentar este proyecto, demostrando una falta de interés en este mercado postal para preparar a Correos para una competencia que era conocido que nos iba a venir encima y que lo sabíamos desde hace varios años. El señor ministro de Fomento sabía perfectamente que esto iba a ocurrir y no haber preparado a Correos para poder competir hace que estemos ahora en la situación que estamos, con los problemas añadidos que, si no los solucionamos en los trámites parlamentarios posteriores, pueden incluso aumentar.


A nuestro juicio -y hemos hablado prácticamente con todos- no ha habido ese diálogo con los sectores implicados, como los usuarios, los representantes de los trabajadores y los operadores postales. Hemos tenido ocasión de comprobarlo y por eso lo ponemos de manifiesto, para que el señor ministro no insista en esa ponderación que ha hecho en la elaboración del anteproyecto y del proyecto diciendo que habló prácticamente con todo el mundo. Desde 2004 no ha existido ni un proyecto postal ni una política postal, lo contrario de lo que ocurría cuando gobernaba el Partido Popular. Ahí está para ir a verlo, época de Álvarez-Cascos y de Alberto Núñez Feijóo como presidente. Debería oír a quienes no ha oído como representantes de los trabajadores de la empresa para que le digan cómo se trabajaba entonces y cómo se dejó de trabajar, y la empresa llegó a donde llegó porque el Gobierno no ha puesto el interés necesario para ello. Faltan un modelo y un plan estratégico de Correos, como puse de manifiesto en la comparecencia del presidente de Correos para explicar los presupuestos, que había prometido el señor Heredia, último presidente anterior a él, y nada de nada. Lo que el Gobierno hace en esta ley, a nuestro juicio, es fruto de esa mala gestión para adaptar Correos a la competencia en tan poco tiempo. En 1998 Correos tenía una pérdidas de 180 millones, y en 2004 llegó a tener unos beneficios de 115 millones de euros. Ahí dejamos nosotros el Gobierno, en 2004. En este tiempo se incluyeron dos liberalizaciones o modificaciones, la de 1998 y la de 2002, y en cambio desde 2004 no se ha hecho nada; han pasado tres presidentes y los resultados de Correos son pérdidas.


Me decía literalmente el señor ministro -se acordará, está aquí presente- en una contestación a una pregunta oral que le hice en el pasado mes de marzo preocupándome por el futuro de la empresa Correos: En relación al futuro de la Ley Postal, le diré que la futura ley va a garantizar el servicio de calidad y la universalidad en su prestación. Dos, va a garantizar la viabilidad de Correos. Tres, garantizaremos todo el empleo sin que se lleve a cabo ninguna reducción de empleo en el sector. -Lo recordará muy bien-. Decía que eran los tres frentes que iban a intentar reforzar con la ley. Pues quienes no hayan leído el proyecto, que se lo lean con detenimiento, y quienes no hayan leído o visto la hoja de los presupuestos referida a la empresa Correos que lo hagan, y verán que nada de lo que el ministro sentenciaba entonces se ha cumplido. ¿Cómo se puede garantizar la calidad, la viabilidad y el empleo en el sector cuando, señor ministro, en el último año se han perdido 7.000 puestos de trabajo y las pérdidas previstas para 2011 son de 85,5 millones de euros? Eso es muy difícil mantenerlo.


Tampoco estamos de acuerdo cuando el proyecto de ley dice en la exposición de motivos que proporciona al mercado postal un equilibrado y justo marco, para el ejercicio de la libre concurrencia basado en la protección del interés general y en la ponderación de los intereses de los distintos agentes públicos y privados que operan en el mercado. El proyecto de ley no supone ni mucho menos una auténtica liberalización del mercado postal que permita una efectiva concurrencia en el mercado de los diferentes operadores ni sirve tampoco para reactivar a Correos, que se encuentra en una situación, a mi juicio, desesperada como consecuencia de la mala gestión del Gobierno, situación que no va a mejorar con esta ley ni con los presupuestos que el Gobierno ha presentado para Correos para 2011.


Nuestro grupo parlamentario, como ya lo hizo en el año 1998, cuando se tramitó la ley actualmente vigente, apuesta por una liberalización efectiva del mercado postal sin por ello olvidar las necesidades de Correos, y en esa línea han sido elaboradas nuestras enmiendas a este proyecto de ley. Cuestiones tan importantes de las que aquí también se ha hablado, como el giro postal, la

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exención tributaria del operador designado o la constitución del Fondo de financiación del Servicio Postal Universal, entre otras, exigen una regulación que es preciso efectuar, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo en el trámite parlamentario siguiente. En definitiva, señorías, es un mercado postal que, como decía don Pere Macias, tiene forzosamente que encontrar soluciones al descenso de su volumen que ha tenido lugar durante estos últimos años; descenso motivado, por un lado, por la situación de crisis generalizada en que estamos sumidos con una importante disminución de envíos postales por parte de las empresas -eso es un hecho objetivo- y, por otro, por la cada vez más frecuente utilización de medios telemáticos con el consiguiente efecto de sustitución que ello produce sobre el mercado postal, como muy bien apuntilló aquí el señor Beloki.


Nuestro grupo parlamentario cuando tuvo responsabilidades de Gobierno hizo el esfuerzo y el sacrificio para conseguir al menos la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la empresa Correos, el mantenimiento del empleo y un servicio de calidad que se está perdiendo. Hablen con la gente de los pueblos y las aldeas -donde hay más necesidades y, por tanto, donde más se agradece ese servicio- y verán que se está perdiendo, señor ministro. Ahora vamos a una competencia dura y difícil y hay que apostar por nuestra empresa, como nosotros vamos a hacer, pero tiene que reconocer que es necesario bajar a la situación real y aprovechar el proceso que después de este trámite de enmiendas se va a abrir. Por parte de nuestro grupo las enmiendas van a ir encaminadas a la mejora de este proyecto, que es tanto como decir a la mejora del futuro de Correos, a una competencia para el servicio y a hacer posible con los demás grupos parlamentarios el acuerdo y el consenso. Todo ello sin duda alguna irá en beneficio de una gran empresa, la mayor empresa pública del país, que en los últimos años lo está pasando mal porque a mi juicio el Gobierno tampoco ha hecho lo suficiente para remediarlo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Román Ruiz.


El señor RUIZ LLAMAS: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds al proyecto de ley postal. Señor Llamazares, señor Tardà, los tópicos desde un punto de vista de izquierdas no sirven. Me gustaría que se leyeran la ley tal como está escrita y, en definitiva, tal como la ha presentado el Gobierno. Tengo que decirles con todo el respeto que esos postulados no se corresponden con nada de lo que dice el proyecto de ley que hoy se discute aquí. Su enmienda la basan en ocho supuestos que enumeran. Dicen, por ejemplo, que se traspone la directiva a solo tres meses de la completa liberalización del mercado europeo y que se recogen las opciones más liberales de ella.
Es verdad, pero esta ley además de trasponer al ordenamiento jurídico la Directiva 2008 pretende muchas más cosas.


Quiero aclararle que la regulación para la apertura del sector postal en Europa ha seguido, como se ha dicho, diversas fases desde hace quince años. En el año 1997 se hizo la primera directiva, en el 2002 la segunda y ahora la tercera, que marca una apertura del mercado y la eliminación del área reservada a Correos. Los plazos para la entrada en vigor de esta directiva se mantienen en dieciséis países de la Unión Europea en los que entrará en vigor en 2011; y en 2013 once países, prácticamente los últimos que han entrado en la Unión Europea, deberán trasponerla.
Señorías, con esta trasposición de la directiva se persiguen metas mucho más amplias que incluyen el establecimiento de un marco normativo que desarrolle el derecho de los ciudadanos a disponer de un servicio postal universal, que cubra todo el territorio español, con niveles de calidad y eficiencia. Para ello a la Sociedad Pública Estatal Correos y Telégrafos, que es y seguirá siendo una empresa de capital íntegramente público -no sé, señor Llamazares, de dónde ha sacado eso de la privatización; supongo que será un supuesto o, como dicen en Andalucía, usted pone un énfasis que no dice la ley porque aquí no hay privatización, es capital público dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, y continuará, como dice la ley, la prestación del servicio universal como servicio público-, se le encomienda, como ustedes saben, durante quince años el Servicio Postal Universal. Punto número dos, sobre el que ustedes dicen que en su gestación no se ha contado con la participación de la mayoría de entes implicados en el contenido de la ley. Esta aseveración no responde a un mínimo rigor. Tras la primera consulta del Consejo de Ministros, la primera lectura, se han presentado 261 observaciones al anteproyecto por parte de sindicatos. Se han recibido en este proceso de diálogo con los mismos 122 alegaciones al anteproyecto por parte de las distintas representaciones sindicales: UGT, LAB, ELA, CIC, Comisiones Obreras, CSIF, CGT, Sindicato Libre, además de dieciséis alegaciones del Consejo Económico y Social. Se ha contactado también con los miembros del Consejo Postal, incluidos los representantes de los usuarios y de los grandes clientes, con las diversas organizaciones empresariales del sector, grandes y pequeños usuarios, con la Federación Española de Municipios y Provincias, con los colectivos de discapacitados, y también con instituciones del Estado como son el Consejo Económico y Social, la Comisión Nacional de la Competencia. Todas estas alegaciones fueron valoradas individualmente, de forma que del total, 141 propuestas -un 55 por ciento- han sido aceptadas, modificando en consecuencia el anteproyecto de acuerdo con estas aportaciones. El dictamen del Consejo Económico y Social resalta y valora en su informe que, a diferencia de la Ley Postal de 1998, esta vez sí se les ha consultado, y manifiestan que en cuanto a las exigencias en cuidado a la

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interpretación de las normas comunitarias realizadas por el Tribunal de Justicia, valoran finalmente el texto como positivo y que el encaje conseguido entre distintas posiciones y estimaciones es un modelo en general bien construido.


Ustedes dicen que hagamos una moratoria, y les tengo que decir que solicitar esa moratoria en la trasposición exigiría una modificación de la propia directiva, implicando también una derogación de las medidas recogidas en la misma. Algunos portavoces ya lo han dicho, esta no es la solución para garantizar Correos como una empresa eficiente y capaz de competir. Al contrario, tenemos que saber que estamos en un mercado europeo, y en Correos se ha invertido en los últimos años como para poder entrar en el mercado con músculo -como se ha dicho-, con capacidad para invertir y que esta es la mejor garantía.


Dicen ustedes también que se ha optado por un modelo altamente desregulado. La ley, dentro de las posibilidades que permite la directiva que se traspone, ha optado -y se lo digo claramente- por una configuración del mercado postal más favorable al servicio público y al operador público. La prueba es que se designa a Correos para prestar este servicio por un periodo de quince años, pero es que en la mayoría de países europeos también se ha optado por proteger a la empresa. En definitiva, nosotros optamos claramente por los derechos laborales de los trabajadores, a los que el proyecto da una posición preferente. No vamos a hacer lo que ha hecho el Reino Unido, que es un poco lo que usted, señor Llamazares, decía. No vamos a permitir el acceso a la red pública de forma indiscriminada, entrando y saliendo a su interés, lo que llevó a Royal Mail en su día a tener que abandonar algunas fases del negocio postal sin ni siquiera amortizar importantes y costosas inversiones en infraestructuras. La combinación de una rápida apertura sin dotar al operador de una gestión ágil -cosa que esta ley sí hace- y herramientas para poder competir con los operadores privados más eficientes, han sido factores que en el Reino Unido han llevado a la destrucción masiva de empleo, de la calidad del servicio y a la incertidumbre social.


Al contrario, este Gobierno apuesta por una empresa pública competitiva y que garantice su viabilidad en el mercado postal, que tiene que ver con la inversión realizada. Decía el señor Fernández que este Gobierno no ha preparado a la compañía para competir. Mire, en los últimos seis años de Gobierno socialista, 1.340 millones de inversión en una empresa pública para que pueda competir. Le tengo que decir también un dato, ya que usted se ha parado en el año 2004: Los beneficios de esta empresa desde el año 2004 al año 2010, en un contexto de crisis económica, han sido de 860 millones de euros. Se han invertido 1.300 para preparar, pero la empresa pública, por ejemplo, en el año 2005 ganó 240 millones de euros en su cuenta de explotación.


Respecto a la opinión de que el modelo de financiación del servicio postal es insuficiente, indico que la prestación del servicio postal designa un conjunto de servicios que garantiza en todo el territorio de forma permanente, en todo el territorio de forma permanente, también en las aldeas rurales. Quiero resaltar que la ley dota también a la Comisión Nacional del Sector Postal, que es un regulador independiente, para que garantice esta financiación. Se ha dicho aquí que en los Presupuestos Generales del Estado no se contempla una financiación adecuada. Lo que dice la ley es que la Comisión Nacional del Sector Postal deberá garantizar el Servicio Postal Universal a través de los usuarios, los operadores y los Presupuestos Generales del Estado. Nunca como ahora mediante esta ley el Servicio Postal Universal queda claramente como un servicio público que además garantiza, y las entregas del presupuesto del año 2011 que el señor Fernández Rozada ha dicho, la consignación, se podría entender -lo dijo el subsecretario de Fomento- como una entrega a cuenta, y tras auditar el coste del Servicio Postal Universal finalmente se consignará la cantidad correspondiente.


Tengo que decirle además otra cosa que esta ley evita, que los operadores privados en aquellos sectores no rentables del mercado puedan entrar y salir. Por tanto, aquí llevamos ya doce años de competencia con los operadores -aquí están todos- y se han dedicado básicamente, señorías, a los sectores rentables del mercado. Nosotros, además de garantizar ese servicio público, tenemos que competir con esos operadores con una buena empresa que tenemos que es una buena empresa y que ha dado rentabilidad; el servicio público de Correos está reconocido en el CIS como el servicio público más valorado por usuarios y los españoles. Además, el índice de satisfacción del cliente se califica como notable. En definitiva, ¿por qué hacemos un discurso en contra de una prestación de un servicio que funciona, de una ley que lo que hace es trasponer una directiva en el sentido de dotar a la empresa pública de medios para competir, y además hacerlo también en sectores rentables del mercado? Porque tenemos que hacerlo. No solamente tenemos que proteger el Servicio Postal Universal, sino que tenemos que competir en un área cada vez más liberalizada. Este es el mismo contexto que se ha producido en el resto del sector europeo.
Esta liberalización lleva desde el año 1998, por tanto, el sector europeo, en particular el español, está inmerso en una corriente de cambios, en una corriente de transformaciones, pero el sector postal ha alcanzado un alto grado de madurez en España. Ya tenemos competencias desde hace doce años, y además mantenemos el 80 por ciento del correo postal dentro de la compañía pública. Tenemos que competir, señorías, lo he dicho antes, con las nuevas demandas, la aparición y consolidación de productos y sistemas electrónicos alternativos al correo tradicional que es donde Correos tiene la mayor concentración de ingresos. Es imprescindible que la compañía pública en este escenario apruebe y tenga -lo dice la ley también- un plan estratégico coherente con la garantía de este Servicio Postal Universal, y que asimismo incida en incrementar ingresos en sectores o productos de nueva área de negocio aprovechando la capilaridad de su red de oficinas en sectores más rentables del mercado.


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Además, en función del artículo 58 de la Ley 14/2000 de medidas fiscales, administrativas y de orden social, la empresa tiene su propia autonomía para fijar su estrategia y para competir en el mercado. No olvidemos que es una sociedad anónima. Quiero remarcar que el Servicio Postal Universal se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado con partidas abiertas consideradas a cuenta del coste total del Servicio Postal Universal, que la Comisión Nacional del Sector Postal debería de llevarlas a término.


Señorías, les tengo que decir...


El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz, yo también tengo que decirle que lleva mucho tiempo.


El señor RUIZ LLAMAS: ...un mensaje claro a los trabajadores y a las familias de Correos: La ley expresamente da el respeto a los derechos sociales y laborales de los trabajadores. No es verdad que se hayan perdido 7.000 empleos, señorías. Teníamos 64.000 en el año 2005 y tenemos 64.000 en estos momentos, en un momento de decrecimiento del sector postal del 20 por ciento. Vamos a garantizar el empleo en la empresa pública; vamos a competir; y vamos a hacer que los derechos laborales del conjunto de los trabajadores se respeten.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz Llamas.


Señor ministro de Fomento tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Muchas gracias.


Señorías, quiero agradecer la voluntad de diálogo que han expresado todos los portavoces. Desde luego, la intención es profundizar en esa voluntad de diálogo para generar un amplio consenso en torno a la ley que hoy traemos aquí. En todo caso, quiero hacer dos precisiones. El proyecto de ley garantiza un servicio postal público y de calidad y garantiza, señorías, la viabilidad de Correos. Además, asegura la aportación del Estado para su completa financiación. Señorías, hemos hecho un amplio proceso de diálogo previo a la tramitación de la ley que quiero ratificar. No se puede tirar del argumentario de otros sin leer la ley para hacer algunas afirmaciones. Sirva como muestra -se lo digo sobre todo al señor Llamazares-, la opinión de la Confederación Internacional de Sindicatos, en la que están integrados los dos sindicatos mayoritarios de Correos, que ha valorado muy positivamente esta ley, su trasposición, en contraste con lo que hacen otros países. Muy amablemente le daré la comunicación de la Confederación Internacional de Sindicatos al señor Llamazares para que vea el comportamiento, la actitud y la valoración.
Por cierto, ha quedado una cosa en contraste en las diferentes intervenciones: unos dicen que la ley es muy liberalizadora y otros dicen todo lo contrario. Yo creo que la ley es el equilibrio y el término medio para garantizar una empresa competitiva y de futuro en el sector de Correos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Votaremos dentro de cinco minutos. (Pausa.)

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.):

- PROYECTO DE LEY DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO. (Número de expediente 121/000051.)

El señor PRESIDENTE: Tomen asiento, por favor. Vamos a iniciar las votaciones.


Enmiendas del Senado al proyecto de ley del Fondo para la promoción del desarrollo. En primer lugar, votamos las enmiendas a la disposición final primera bis nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 185; en contra, 155.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


A continuación votamos el resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 339; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.):

- PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL, DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y DEL MERCADO POSTAL. (Número de expediente 121/00093.)

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la enmienda de devolución al proyecto de ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, seis; en contra, 334.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El proyecto seguirá su tramitación reglamentaria.


Señorías, se levanta la sesión.


Eran las doce y cinco minutos del mediodía.

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