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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 196, de 13/10/2010
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2010 IX Legislatura Núm. 196
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 185
celebrada el miércoles, 13 de octubre de 2010


ORDEN DEL DÍA:

Declaración institucional ... (Página 6)

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 6)

Preguntas . ... (Página 6)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre las propuestas del Gobierno en relación con la revisión de la política agrícola común, especialmente en lo referido al sector lácteo. (Número de expediente 172/000209.) ... (Página 22)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el futuro de las centrales nucleares y la gestión de los residuos que generan. (Número de expediente 172/000210.) ... (Página 28)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Ejecutivo en política exterior para defender realmente los intereses de España y de los españoles. (Número de expediente 172/000211.) ... (Página 33)

Página 2


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas), sobre la aplicación en Canarias de las políticas de desarrollo turístico y conectividad. (Número de expediente 173/000169.) ... (Página 38)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la competitividad del sector turístico. (Número de expediente 173/000170.) ... (Página 42)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los motivos que han llevado al Gobierno a acordar la transferencia de políticas sociolaborales a la Comunidad Autónoma del País Vasco con el único objetivo de pasar el trámite de la aprobación de los Presupuestos Generales para 2011. (Número de expediente 173/000171.) ... (Página 45)

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2009:

- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 329, de 22 de julio de2010. (Número de expediente 260/000003.) ...
(Página 51)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (antes denominada proposición de ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en relación a la papeleta electoral). "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie B, número 231-1, de 5 de marzo de 2010.
(Número de expediente 124/000005.) ... (Página 62)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Votación.) ... (Página 67)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Votación.) ...
(Página 67)

SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.


Declaración institucional ... (Página 6)

El señor presidente señala que cree representar los sentimientos de toda la Cámara y de los españoles al manifestar la alegría por el éxito de las operaciones de salvamento de los 33 mineros chilenos de los que, en este momento, se ha logrado el rescate de cinco de ellos. Expresa la solidaridad con ellos y sus familias, y el deseo de que el rescate de todos acabe pronto y bien.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 6)

Preguntas ... (Página 6)

Del diputado don Joan Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo justifica el Gobierno el drástico recorte social, entre ellos el de pensiones, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011? (Número de expediente 180/001219.) ... (Página 6)

Del diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cuáles son las razones por las que ha roto el Pacto de Toledo? (Número de expediente 180/001222.) ... (Página 8)

Página 3


De la diputada doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno: ¿Tiene el Gobierno algún plan frente a la crisis? (Número de expediente 180/001223.) ... (Página 9)

Del diputado don Cristóbal Ricardo Montoro Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda: ¿Piensa el Gobierno corregir los Presupuestos Generales del Estado para 2011 a la vista de las previsiones del Fondo Monetario Internacional? (Número de expediente 180/001224.) ... (Página 10)

Del diputado don Juan Manuel Moreno Bonilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial: ¿Qué papel ha jugado el ministro de Política Territorial en la derogación de la línea ICO-Morosidad que permitía a los ayuntamientos hacer frente a las facturas pendientes con pymes y autónomos? (Número de expediente 180/001225.) ... (Página 11)

Del diputado don Vicente Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Puede explicar el ministro de Justicia cómo va a alcanzar los objetivos anunciados con una reducción del 50% en inversión para modernización en 2011? (Número de expediente 180/001226.) ... (Página 13)

Del diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Interior: ¿Ha logrado descifrar el ministro del Interior el acrónimo JAG, tras el que se oculta la identidad

de un alto funcionario policial que cobró doscientos mil euros del principal imputado en el caso Malaya por proporcionarle información sobre el estado de las investigaciones? (Número de expediente 180/001227.) ...
(Página 14)

Del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Interior: ¿Ha ordenado el ministro del Interior la apertura de una investigación interna en el seno de la Comisaría General de la Policía Judicial, tras las acusaciones vertidas en la vista oral del caso Malaya contra su máximo responsable? (Número de expediente 180/001228.) ... (Página 15)

Del diputado don José María Lassalle Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Ahora que no le queda casi presupuesto para realizar obra pública, cuáles son sus prioridades como ministro de Fomento? (Número de expediente 180/001229.) ... (Página 16)

De la diputada doña Lourdes Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Sanidad y Política Social: ¿Considera el Gobierno conveniente reducir las prestaciones básicas de servicios sociales cuando aumenta el número de ciudadanos que viven por debajo del umbral de la pobreza? (Número de expediente 180/001231.) ... (Página 17)

Del diputado don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Igualdad: ¿Considera la ministra de Igualdad que la interrupción del embarazo no supone la eliminación de la vida de un ser humano? (Número de expediente 180/001218.) ... (Página 18)

Página 4


Del diputado don José Ignacio Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Asume el ministro de Trabajo la responsabilidad del desempleo en España tal y como le imputa el presidente del Gobierno? (Número de expediente 180/001230.) ... (Página 19)

Del diputado don Joseba Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: ¿Cuándo va a llevar al Consejo de Ministros una propuesta de contrato homologado de aplicación obligatoria, que incluya el factor precio, entre ganaderos y primeros compradores? (Número de expediente 180/001221.) ... (Página 20)

Del diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cómo valora el Gobierno las relaciones energéticas entre Argelia y España? (Número de expediente 180/001220.) ... (Página 21)

Interpelaciones urgentes ... (Página 22)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre las propuestas del Gobierno en relación con la revisión de la política agrícola común, especialmente en lo referido al sector lácteo ... (Página 22)

Formula la interpelación la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.


Contesta la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (Espinosa Mangana), en nombre del Gobierno.


Replica la señora Fernández Davila y duplica la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el futuro de las centrales nucleares y la gestión de los residuos que generan ... (Página 28)

Formula la interpelación el señor Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Contesta el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Canet i Coma y duplica el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Ejecutivo en política exterior para defender realmente los intereses de España y de los españoles ... (Página 33)

Formula la interpelación el señor De Arístegui San Román, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Contesta el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé), en nombre del Gobierno.


Replica el señor De Arístegui San Román y duplica el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 38)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas), sobre la aplicación en Canarias de las políticas de desarrollo turístico y conectividad ...
(Página 38)

Defiende la moción la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.


Página 5


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ponce Anguita, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y González Rodríguez, don Miguel, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Oramas González-Moro.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la competitividad del sector turístico ... (Página 42)

Defiende la moción el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Salom Coll, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Larrosa Pique, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Sánchez i Llibre.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los motivos que han llevado al Gobierno a acordar la transferencia de políticas sociolaborales a la Comunidad Autónoma del País Vasco con el único objetivo de pasar el trámite de la aprobación de los Presupuestos Generales para 2011 ... (Página 45)

En defensa de la moción interviene el señor Burgos Gallego, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Seco Revilla, del Grupo Parlamentario Socialista.


Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2009 ... (Página 51)

La señora Defensora del Pueblo, en funciones (Cava de Llano y Carrió), expone el resumen del informe del Defensor del Pueblo.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Navarro Cruz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 62)

Proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (antes denominada proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en relación a la papeleta electoral) ...
(Página 62)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vera Pró, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Quijano González, del Grupo Parlamentario Socialista.


Página 6


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 67)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto, Sra. Oramas, sobre aplicación en Canarias de las políticas de desarrollo turístico y conectividad, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 318 votos a favor y una abstención.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la competitividad del sector turístico, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 186 votos a favor y 133 abstenciones.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los motivos que han llevado al Gobierno a acordar la transferencia de políticas sociolaborales a la Comunidad Autónoma del País Vasco con el único objetivo de pasar el trámite de la aprobación de los Presupuestos Generales para 2011, se rechaza por 137 votos a favor y 182 en contra.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 67)

Sometido a votación el dictamen sobre la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (antes denominada proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en relación a la papeleta electoral, se aprueba por 313 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.


Votación de conjunto. ... (Página 67)

Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 312 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.


Se levanta la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.


Se abre la sesión a las nueve de la mañana.


DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 140/000032.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Al iniciar la sesión plenaria creo representar los sentimientos de todas sus señorías y de los españoles manifestando nuestra alegría por el éxito de las operaciones de salvamento de los 33 mineros chilenos de los que, en este momento, han logrado el rescate de cinco de ellos. Nuestra solidaridad con ellos y con sus familias, nuestra esperanza y el deseo de que el rescate de todos acabe pronto y bien. Nuestra felicitación al grupo de rescatadores y al pueblo chileno. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al juramente o promesa de un nuevo señor diputado. En sustitución de don Francisco Antonio González Pérez pregunto a don Francisco Márquez de la Rubia si jura o promete acatar la Constitución.


El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Sí, juro.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Acaba de obtener su condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos.)

Señorías, antes de iniciar la sesión de control quisiera anunciarles que se encuentra en la tribuna de honor del hemiciclo una delegación de la Asamblea nacional de Kuwait, que está en visita oficial por España. Les deseo que su estancia sea provechosa a la vez que les damos, en nombre del pueblo español, la bienvenida. (Aplausos.)

Señorías, la sesión plenaria que acaba de iniciarse incluye la votación de un proyecto de ley orgánica. En consecuencia, según el Reglamento, se exige el anuncio de la votación con hora predeterminada. El mismo no se producirá antes de las 13:30 horas. También, para anuncio de sus señorías y buen gobierno, les traslado que en torno a las 15:00 horas me propongo levantar la sesión y si quedaran para entonces resultas, se incorporarían a la próxima semana. Pero sepan que en el entorno de las 15:00 horas será levantada la sesión.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO JUSTIFICA EL GOBIERNO

Página 7


EL DRÁSTICO RECORTE SOCIAL, ENTRE ELLOS EL DE PENSIONES, EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2011? (Número de expediente 180/001219.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor presidente del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra don Joan Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, ¿cómo justifica el Gobierno el drástico recorte del gasto social en el proyecto de presupuestos para el año que viene, y en particular, el de las pensiones?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Ridao, el gasto social para el presupuesto de 2011 alcanza el 58 por ciento del total. Es la mayor cifra destinada a gasto social de un presupuesto en el periodo democrático. Mientras los Presupuestos Generales del Estado contienen una reducción general del 7,9 por ciento, se ha acordado una subida del 1,3 por ciento en materia social. Si comparamos, por ejemplo, con el año 2004, el incremento para partidas sociales es del 48 por ciento. Sobre las pensiones a las que se ha referido en particular, le diré que para el año 2011 las pensiones mínimas y no contributivas crecerán un uno por ciento. Esto beneficia a 3,4 millones de pensionistas. Le añadiré que desde 2004 la pensión media acumulada tiene un incremento en términos reales del 16 por ciento. En 2010, el poder adquisitivo de las pensiones está obviamente garantizado por la cláusula de revalorización si el IPC de noviembre superara el uno por ciento. En definitiva, señor Ridao, no puedo aceptar la premisa que hay en esta pregunta porque estos presupuestos hacen, en un contexto de crisis, de reducción del gasto y de obligada reducción del déficit, un gran esfuerzo de partidas sociales, que es la consolidación de todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señor presidente, acepte usted mi premisa porque el otro día dijo usted mismo que no era infalible y que no siempre acierta. Albricias, aunque sea tarde. Esto le honra. La cuestión en todo caso, señor presidente, es por qué no nos hace un favor a todos y rectifica su política económica, empezando por descongelar las pensiones, que el año que viene, aunque usted diga lo contrario, va a perjudicar el poder adquisitivo para casi seis millones de pensionistas. Por cierto, una decisión unilateral suya que no solo perjudica a tantísima gente, sino que además desprecia la voluntad expresada por este Parlamento hasta en doce ocasiones y además es contraria a las reglas del juego fijadas en el Pacto de Toledo. En ese sentido, señor presidente, está usted jugando con fuego porque si quiere usted reformas, que las deseamos todas a largo plazo, deberán alcanzarse con consenso y con respeto a las reglas del juego. Y puestos a enderezar algunas cosas, señor presidente del Gobierno, cómo puede usted defender, hoy, ahora y aquí, con tanto ahínco la política social de este Gobierno después de haber presentado un presupuesto con un drástico tijeretazo social. Recortan ustedes hasta el 5,3 por ciento las partidas para la Ley de Dependencia, una ley que ustedes habían dicho que era prioritaria. Lo dijo también la ministra hace muy poco tiempo. La gente va a llamar a la puerta de las comunidades autónomas para pedir explicaciones. Han recortado el 9 por ciento la protección familiar, han fulminado el Fondo de inmigración, que en dos años ha pasado de 200 millones a escasamente 60 millones de euros. Señor Zapatero, no hay ningún designio irreversible que le impida a usted rectificar; de hecho, hace un año lo único inteligible de su política social y económica era el mantenimiento de la protección social, y ahora acaban de dar un frenazo tan abrupto y tan seco que han acabado haciendo saltar las piezas de nuestro precario Estado del bienestar. Cambie usted, señor presidente, porque no hay mejor mensaje de confianza para sus socios europeos y para los mercados que el cese del malestar social, que va creciendo, como se expresó hace pocos días en una huelga general. Y además hay alternativas, señor presidente, porque lo que beneficia al interés general no es siempre lo que beneficia a los mercados, como dice la derecha. ¿Por qué recortar el gasto social y no el gasto improductivo? ¿Por qué no adelgazar la Administración? ¿Por qué recortar el gasto productivo en inversión en infraestructuras, que es un factor de crecimiento...?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. Acabó su tiempo.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


En efecto, todos nos podemos equivocar, todos podemos rectificar, incluso usted, señor Ridao, porque objetivamente el gasto social de este presupuesto es del 58 por ciento. Y me parece que es de justicia porque ustedes han colaborado en gran medida a reconocer el avance en políticas sociales y en gasto social. Incluso en este presupuesto tan restrictivo hay partidas sociales tan significativas -a las que usted obviamente no ha hecho

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mención- como las becas, que aumentan un 2,6 por ciento, lo que supone que desde 2004 a aquí han aumentado un 8 por ciento. Es verdad que no aumenta la partida de dependencia pero no dejará de reconocer que es en esta legislatura donde se ha puesto en pie un sistema de atención a las personas dependientes por el Gobierno central: 1.500 millones de euros este año que van a cubrir la atención a 700.000 personas. Y como usted recordará, este ha sido también el periodo en el que hemos abordado la educación infantil de 3 a 6 años y ahora estamos con la educación infantil de 0 a 3 años, así como duplicar... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE HA ROTO EL PACTO DE TOLEDO? (Número de expediente 180/001222.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor presidente del Gobierno. Para formularla tiene la palabra don Mariano Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, el Pacto de Toledo fue un avance muy importante en nuestro país y consistió en que todos nos pusimos de acuerdo en cómo debía ser nuestro sistema público de pensiones de la Seguridad Social. Esto fue una gran noticia -la cuestión no es ciertamente menor-, esto ha dado seguridad y tranquilidad a todos, a los pensionistas de hoy y a los pensionistas del futuro, daba tranquilidad en el momento de la firma y la da también para el futuro porque el espíritu de ese Pacto de Toledo era que cualquier modificación sustancial que se produjera sería con el acuerdo de todos. Todos los gobiernos desde entonces cumplieron este acuerdo, todos menos usted, que unilateralmente liquidó las recomendaciones del pacto, en concreto la recomendación número 11, que luego se plasmó en una ley donde se decía que las pensiones se revalorizarían automáticamente según el índice del coste de la vida. La pregunta que le hago es por qué lo hace y cuáles son las razones por las que cree que vamos a fiarnos de usted de cara al futuro después de haber incumplido de una manera tan clara y tan nítida un acuerdo que costó tanto conseguir. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


El Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista defienden, porque fueron fundadores, el Pacto de Toledo, que hemos respetado permanentemente.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Y en una circunstancia excepcional y en un punto concreto -circunstancia excepcional por la grave crisis económica- el Gobierno se ha visto obligado a tomar la decisión de no incorporar la revalorización de las pensiones para el próximo año, excluyendo por supuesto las pensiones mínimas. Pero déjeme que le diga, señor Rajoy, alguna cosa sobre pensiones. Desde 2004 la pensión media ha crecido un 16 por ciento, es decir un 2,5 por ciento de media anual descontada la inflación, mientras que durante los gobiernos del Partido Popular tan solo fue el 1,9 por ciento. Y si hablamos de pensiones mínimas, que es donde se sitúa el mayor esfuerzo de solidaridad, donde hay las mayores necesidades, los datos son abrumadores, señor Rajoy: Desde 2004 a hoy el aumento ha sido del 27 por ciento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas, y en los ocho años de gobiernos del Partido Popular fue del 3,6 por ciento.
(Rumores.) Repito, nosotros un 27 por ciento y ustedes un 3,6 por ciento.
(Aplausos.) Eso es autoridad y legitimidad para hablar de esfuerzo solidario y de pensiones mínimas. (Rumores.)

Como sabe bien, el 35 por ciento de los pensionistas -3,4 millones- no se verán afectados por las pensiones mínimas. Y como sabe bien, señor Rajoy -es lo que más interesa a todos y al futuro de este país-, la Comisión del Pacto de Toledo en el Parlamento está trabajando; espero que se llegue a un consenso en las recomendaciones; con ese consenso el Gobierno elaborará un proyecto de ley que desea sea pactado más allá de la circunstancia excepcional y del aspecto concreto al que ha hecho usted referencia, y espero contar con su colaboración para el futuro de las pensiones, que es la clave de nuestro sistema del Estado de bienestar y que a todos los grupos preocupa.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Señor presidente, sobre la historia a la que usted se ha referido aquí solo le voy a recordar que en 1996 el Gobierno del Partido Popular tuvo que pedir un crédito para poder pagar la paga de Navidad de los jubilados. (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


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El señor RAJOY BREY: Sobre el Pacto de Toledo le diré solamente dos cosas, que nosotros lo cumplimos y usted no lo cumple en un punto tan importante como es la revalorización automática de las pensiones. Ha roto quince años de acuerdo en materia de pensiones -lo ha roto usted, señor presidente-; ha derogado por real decreto-ley una ley que costó mucho consensuar entre todos y además había alternativa, porque usted con esta congelación se ahorra 1.500 millones de euros y usted en esta legislatura ha emitido deuda pública por importe de 287.000 millones de euros. Usted no ha pactado con ninguno de los grupos políticos, ni siquiera nos ha informado, por lo menos al nuestro; lo ha decidido unilateralmente. Ha incumplido cinco mandatos de esta Cámara y además ha vetado el debate sobre este asunto en esta Cámara. Le voy a decir dos cosas para terminar.
Vamos a presentar otra vez una enmienda en el debate de los presupuestos que viene ahora, y le exijo a usted que no vete el debate de esa enmienda aquí, en las Cortes. Por otra parte, le pido que rectifique a fin de recuperar la credibilidad para que podamos llegar a algún acuerdo. Si no, va a ser muy difícil.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, usted dice que hemos tomado esta decisión de manera unilateral. Es verdad que no esperé nunca contar con su apoyo, aunque era una decisión difícil, precisamente por ser una decisión difícil. No suele ser usted el que toma decisiones difíciles o acompaña decisiones difíciles pero necesarias para el país. Le he dicho -y usted no lo ha refutado- que el esfuerzo que hemos hecho en materia de pensiones y que seguiremos haciendo como proyecto político ha sido un esfuerzo ingente comparado con el que han hecho ustedes. Lo saben los pensionistas, que lo merecen y merecerán nuevas subidas cuando la economía lo permita.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿TIENE EL GOBIERNO ALGÚN PLAN FRENTE A LA CRISIS? (Número de expediente 180/0001223.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora vicepresidenta primera del Gobierno. Para formularla tiene la palabra doña Soraya Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, en política y especialmente en el Gobierno conviene hablar de lo que se conoce, saber lo que se dice y callar cuando se ignora. Eso es tener rigor intelectual y político; justo lo contrario de lo que su señoría hizo el domingo. El domingo, señora De la Vega, usted dijo que había un plan B, que el Gobierno tenía un plan B por si el plan de ajuste de las cuentas públicas era insuficiente. A la misma hora en Washington la señora Salgado trataba de convencer al Fondo Monetario Internacional de que no, de que no había un plan B, que el plan de ajuste era suficiente, y hasta llegó a decir que pensar en un plan B era confesar -y cito textualmente- la inseguridad en el proyecto actual. Yo le pregunto, señoría, cómo van a confiar los españoles en un Gobierno en el que la ministra de Economía dice a y la portavoz del Gobierno, o sea usted, dice be. Pero no queda ahí la cosa. Ese mismo domingo, señoría, usted afirmaba que estaba cerrado el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, y acto seguido tuvo que salir el señor Erkoreka -que está ahí sentado- a desmentirla. Ya puestos, hasta afirmó que el sentir mayoritario del Partido Socialista es que el señor Zapatero era un activo, pero ahí me voy a ahorrar la lista de desmentidos.


Todo esto lo dijo usted en la misma entrevista, en una entrevista en la que presumía de autoridad y, con la humildad que tanto la adorna, en la que decía de usted misma: Estoy en el centro, estoy en todo. Vayamos por partes, señora De la Vega, y a ver si es posible que nos diga con la señora Salgado delante y claramente si hay o no un plan B para la economía española. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.


Señora vicepresidenta primera del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): La verdad, señoría, es que he perdido ya la cuenta de las veces que me ha formulado esta pregunta. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Se nota que andan escasos de ideas. En cualquier caso, no se líe. La respuesta es: sí, tenemos un plan que aplicamos para superar la crisis, para sanear las cuentas, para crecer más y de forma más competitiva, con empleo más estable y de calidad. Su plan solamente tiene una idea o si me lo permite cinco palabras: ALMCS, a La Moncloa como sea; para los ciudadanos, nada.
(Rumores.-Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Señora Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Veo que se le dan a ustedes mejor esas siglas que decir en esta Cámara quién es J.A.G.; nos vendría muy bien a todos. (Aplausos.)

Señora vicepresidenta, ni plan A ni plan B. Ya sabemos que sus planes son a dictado de los demás porque este Gobierno es incapaz de aprobar un plan serio y coherente para sacar a España de la crisis, un plan que consista en austeridad en el gasto, medidas para crear empleo y reformas para devolver la competitividad a la economía española. Esa es la alternativa del Partido Popular, pero ustedes son incapaces de liderar ningún proyecto, señoría, porque el Gobierno y el Partido Socialista están en otra cosa, están en aprobar su propio plan de salvamento, un plan de salvamento que consiste en salvar los muebles, empezando por los únicos que les gustan, los sillones.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.


Señora vicepresidenta primera del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Siga con su retahíla de descalificaciones permanente. Nosotros aplicamos un plan muy ambicioso de reformas, un plan que con prudencia da ya algunos resultados, un plan avalado y apoyado por la Unión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, por todos menos por ustedes; ustedes se quedan al margen de todo, eso sí enredando siempre en todo: hoy en la economía, mañana en la democracia, pasado mañana vaya usted a saber en qué; lo que sea, con tal de que sea en contra. Su problema es de falta de consistencia para plantear alternativas y de falta de coraje para hacer pactos de Estado, ni en educación ni en sanidad ni en la reforma laboral ni en la crisis, en nada. Vamos a ver qué hacen ahora con el Pacto de Toledo y con la energía. Y ahora dice su señoría que vienen con un plan de empleo juvenil; a buenas horas, mangas verdes.


Señoría, les veo un poco nerviosillos. (Rumores.-Risas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Y es que, claro, su problema está en que lo único que quieren es ir a la contra y que todo vaya muy mal. Además, le diré una cosa: nosotros no tenemos miedo ni a la democracia ni a la militancia. Ya sé que ustedes son más partidarios de dejarlo todo atado y bien atado y a un solo dedo, pero le diré que las primarias, pese a que usted no lo quiera, han puesto de manifiesto que tenemos cantera y banquillo. Sé que algunos de sus candidatos están más cerca del banquillo, pero precisamente por eso y por su irresponsabilidad los ciudadanos les van a hacer pagar la factura electoral, aunque ya sabemos que pagar facturas a algunos de los suyos no les gusta nada.
(Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON CRISTÓBAL MONTORO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿PIENSA EL GOBIERNO CORREGIR LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2011 A LA VISTA DE LAS PREVISIONES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL? (Número de expediente 180/001224.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora vicepresidenta segunda. Para formularla tiene la palabra don Cristóbal Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta, ¿se siente el Gobierno desautorizado por el Fondo Monetario Internacional cuando corrige las previsiones de la economía española para el año 2011?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidenta.


Señoría, evidentemente no.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Señor Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, lo de evidentemente le sobraba, porque realmente lo que está ocurriendo en la economía española es que estamos viviendo el ajuste más dramático que ha vivido España en términos de destrucción de empleo y estamos viviendo el Gobierno más a la deriva que ha tenido la democracia española; un Gobierno que nos anuncia que el año próximo la economía española crecerá algo, pero de manera claramente insuficiente para crear empleo. De manera que ese es el futuro con el que ustedes van a cerrar esta legislatura. El propio

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presidente del Gobierno ya lo ha dicho, que la creación de empleo se hará, se realizará en España a partir del 2012-2013. Y tiene razón el señor Zapatero cuando ha dicho eso, porque entonces en España habrá un nuevo gobierno, un gobierno que haga lo que tiene que hacer para recuperar la confianza de los españoles y para recuperar la confianza internacional en España. Entre tanto eso no ocurra, tendremos lo que tenemos ahora, un gobierno desarbolado por la situación, un gobierno que, como hemos conocido también por los documentos de otros gobiernos de países importantes del mundo desarrollado, está haciendo la política económica que le están imponiendo desde fuera, está haciendo los ajustes sociales que le están imponiendo desde fuera y, en definitiva, llevándonos a los españoles a una situación humillante, porque es humillante lo que está ocurriendo en este final de legislatura ante un gobierno que no tiene ni la gallardía ni la grandeza de miras de aplicar el plan -llámele usted lo que quiera- de recuperación económica que necesita nuestro país, A, B o Z, que haga que en definitiva evitemos de una vez por todas esta sangría de puestos de trabajo a la que ustedes, el Gobierno socialista de España, nos están condenando, señorías. Están desautorizados por todas las previsiones, dentro y fuera de España. Es el momento de que recapaciten y, en definitiva, digan a los españoles que están agotados, que hasta aquí hemos llegado y den paso a un nuevo gobierno... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, en ese discurso, si me lo permite, bastante superficial, mezcla usted dos teorías. La primera que cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea significa que nos están imponiendo políticas de ajuste. No, señoría, nosotros hemos votado también por esas políticas de ajuste cuando hemos votado el tratado. Hay que reducir el déficit en el marco que se decida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y eso es esencialmente lo que estamos haciendo.


La otra línea básica de su discurso es que nuestras previsiones no coinciden con las de los organismos internacionales, incluso en la pregunta llegaba a decir que si íbamos a cambiar los presupuestos por el hecho de que el Fondo Monetario Internacional hacía una previsión distinta de la que hace el Gobierno. Señoría, ¿cambió usted los presupuestos en los años 2001 o 2002? Le voy a dar unos datos del año 2001, de cuando ustedes gobernaban. Hicieron una previsión de crecimiento del 3,6 por ciento y con ella hicieron los presupuestos; en abril de 2001 ya era del 3,2; en julio de 2001 ya era del 3 y finalmente resultó ser del 2,8. Entre el 2,8 y el 3,6, si sabe restar, señoría, hay 0,8 décimas de diferencia. Entre la cifra que en este momento, todavía un año antes de iniciarse el ejercicio, da el Fondo Monetario Internacional y la que da el Gobierno hay únicamente seis décimas de diferencia. Así que no hay que rehacer los presupuestos, señoría, hay que llevar a cabo las reformas como este Gobierno está haciendo, desgraciadamente sin la ayuda del Partido Popular, pero a eso ya estamos acostumbrados.


El otro leitmotiv de todas sus intervenciones es que no supimos ver la crisis. Yo estaba repasando ayer su programa electoral, y en su programa electoral, en el año 2008, ustedes daban para el año 2009 un crecimiento del 3 por ciento y para el año 2010 un crecimiento del 3.6. Señoría, eso sí que es acertar con las previsiones; deberían contratarles en el Fondo Monetario Internacional. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL MORENO BONILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL: ¿QUÉ PAPEL HA JUGADO EL MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL EN LA DEROGACIÓN DE LA LÍNEA ICO-MOROSIDAD QUE PERMITÍA A LOS AYUNTAMIENTOS HACER FRENTE A LAS FACTURAS PENDIENTES CON PYMES Y AUTÓNOMOS? (Número de expediente 180/001225.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor vicepresidente tercero del Gobierno. Para formularla tiene la palabra don Juan Manuel Moreno Bonilla.


El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, su Gobierno lleva desde el 6 de agosto incumpliendo la Ley de Morosidad, una ley que, como todo el mundo sabe, obliga precisamente a poner en marcha una nueva línea de crédito ICO para que los ayuntamientos puedan pagar sus deudas pendientes con pequeñas y medianas empresas y con autónomos. ¿Podría decir a esta Cámara qué papel ha jugado usted como vicepresidente en la posible derogación?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno Bonilla.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Gracias, señor presidente.


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Señor Moreno, al igual que los grupos de esta Cámara tienen la facultad de presentar enmiendas a los proyectos de ley del Gobierno, este también tiene la de presentar iniciativas, en este caso a través de los Presupuestos Generales del Estado y con el objetivo de mejorar la línea ICO-Morosidad de las corporaciones locales. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque, tal como está regulada en estos momentos, es técnicamente difícil de llevar a la práctica, de instrumentarla, porque su regulación no permite establecer garantías concretas, ciertas, ni plazos concretos de vigencia ni de cancelación, y también por una razón fundamental: porque hay un objetivo de déficit que queremos cumplir para superar la crisis y encauzar la economía por una senda de crecimiento, cosa que ustedes comparten teóricamente pero no en la práctica. Es decir, señor Moreno, lo que hacemos lo queremos hacer y lo estamos haciendo con rigor y con responsabilidad. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.


Señor Moreno.


El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Chaves, definitivamente su Gobierno está en final de ciclo, es un gobierno sin rumbo y claramente noqueado. Su Gobierno ha perdido cualquier tipo de respeto al Poder Legislativo. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Incumple y se burla de los mandatos de esta Cámara, veta iniciativas de la oposición y cuando legisla no cumple las leyes, señor Chaves, y es que la actitud de su Gobierno roza la esquizofrenia más absoluta. Señor Chaves, en el Pleno del 14 de septiembre, no hace ni un mes, el Pleno y el Grupo Socialista votaron a favor de que se cumpla de forma inmediata esta ley y diez días después el Gobierno, también socialista, aprueba un proyecto de ley donde se deroga esta ley. ¡Viva la coherencia del Gobierno socialista! Señor Chaves, ustedes pretenden suprimir la línea ICO antes de ponerla en marcha, y lo hacen como suelen hacer ustedes las cosas; lo hacen sin ningún tipo de diálogo ni consenso, en contra de los propios acuerdos de la FEMP y haciendo caso omiso del clamor del conjunto del municipalismo español. Pregunte usted a los alcaldes socialistas a ver qué es lo que piensan. Su negativa a poner en marcha la línea de crédito del ICO se va a traducir en impagos, en cierre de miles de empresas y en muchos más parados para España.


Señoría, el señor Rodríguez Zapatero anunció la semana pasada en el Senado que iba a poner en marcha una negociación para un nuevo modelo de financiación local y dos días después usted mismo, señor Chaves, dijo exactamente lo contrario, que no se podría negociar un modelo de financiación local hasta que no hubiera un momento oportuno desde el punto de vista económico. ¿Quién miente, señor Chaves? ¿Miente usted? ¿Miente el señor Rodríguez Zapatero? ¿O mienten los dos, señor Chaves? Señor Chaves, su gestión va a pasar a la historia por sus incumplimientos permanentes, por la insumisión ante esta ley y también por las falsas promesas.


Señoría, a los ayuntamientos ya solo les queda una esperanza: que el señor Rodríguez Zapatero tenga en cuenta la opinión de alguno de sus dirigentes, convoque elecciones ya y que un nuevo Gobierno cambie el rumbo y evite la catástrofe.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Moreno.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Gracias, señora presidenta.


Señor Moreno, entrando en el fondo del asunto, ustedes, el Partido Popular, son los culpables de la situación financiera que padecen actualmente los ayuntamientos españoles. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Ustedes son los culpables, así que no culpen a los demás de lo que ustedes son responsables, señor Moreno.


No voy a hablarle de la Ley de 1998 sobre liberalización del suelo con los efectos perniciosos que tuvo para las haciendas de los ayuntamientos.
Ustedes suprimieron el IAE, ustedes diseñaron el sistema de financiación local actualmente vigente, cuyos resultados son los que ustedes están criticando en estos momentos y a nosotros nos ha tocado arreglar sus desaguisados ante los ayuntamientos españoles. Nosotros compensamos la supresión del IAE; nosotros incrementamos la financiación de los municipios de menor población; hemos inyectado 13.000 millones durante los años 2009 y 2010 a los ayuntamientos y en el próximo presupuesto las corporaciones locales tendrán un incremento en la PIE de 1.423 millones de euros y, por supuesto, en el momento oportuno, en el mejor momento para los ayuntamientos, abordaremos la financiación local.


Nosotros cumplimos, señor Moreno, y ustedes, lo de siempre: un día denunciando el déficit y al día siguiente pidiendo más déficit. A eso, señor Moreno, se la llama irresponsabilidad. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor vicepresidente.


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- DEL DIPUTADO DON VICENTE FERRER ROSELLÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿PUEDE EXPLICAR EL MINISTRO DE JUSTICIA CÓMO VA A ALCANZAR LOS OBJETIVOS ANUNCIADOS CON UNA REDUCCIÓN DEL 50 POR CIENTO EN INVERSIÓN PARA MODERNIZACIÓN EN 2011? (Número de expediente 180/001226.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia que formula el diputado señor Ferrer Roselló.


El señor FERRER ROSELLÓ: Muchas gracias.


¿Sabe, señor ministro, por qué a los indios les funciona siempre la danza de la lluvia? Porque bailan sin parar hasta que empieza a llover. Se lo digo porque desde ese estrado su señoría afirmó que la solución de los males que aquejan a la justicia pasaban por la modernización y que la modernización requería recursos, dinero, en definitiva, señoría. A continuación se comprometió ante esta Cámara, ante la nación, a invertir 200 millones por año durante tres años en un plan de modernización que sacaría a la justicia del estado de postración en el que vive. Pues bien, señor ministro, para el año que viene la inversión comprometida se ha reducido justo a la mitad, y, claro, no dejo de preguntarme: ¿Tiene su señoría previsto tenernos bailando hasta que la modernización de la justicia nos llueva del cielo?

Señor Caamaño, su gran proyecto era la implantación de la nueva oficina judicial y ese proceso de implantación depende de un esfuerzo inversor en dos direcciones; por un lado, modernización tecnológica y, por otro lado, formación del personal al servicio de la Administración de Justicia. Pues bien, señoría, el primer apartado se ha visto reducido en un 50 por ciento y el segundo prácticamente en el 40 por ciento. ¿Es consciente, señor ministro, de que su proyecto está naufragando antes incluso de haber abandonado el astillero? Si no puede pagar usted ni siquiera la cuenta de la nueva oficina judicial, ¿cómo piensa hacer frente al coste de las cuantiosas reformas que supondría introducir los extraordinarios cambios previstos por sus proyectos de nueva ley de enjuiciamiento criminal y de planta y demarcación? ¿No se da usted cuenta de que si no dispone de los recursos necesarios la acumulación de revoluciones pendientes de su señoría va a conducir inexorablemente al colapso definitivo de la justicia de este país? ¿O es que le da igual? ¿Ha llegado tal vez a la conclusión de que una magna obra legislativa, aunque acabe resultando una pesadilla, va a ocultar su fracaso como gestor?

Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ferrer.


Señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Señora presidenta, señoría, hace apenas un año que pusimos en marcha el Plan estratégico de modernización de la justicia en nuestro país. Desde entonces hemos trabajado muy intensamente para convertir en realidad todas las actuaciones programadas y tengo el placer de comunicar a la Cámara que hasta ahora hemos cumplido y hemos hecho realidad todas y cada una de ellas. Señoría, no tenga dudas de que así vamos a seguir, incluso en periodos de austeridad presupuestaria, porque la justicia es una prioridad para este Gobierno y su proceso de modernización no se va a detener. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Ferrer.


El señor FERRER ROSELLÓ: Señor ministro, discúlpeme. Supongo que usted hace lo que buenamente puede. Al fin y al cabo hace lo que buenamente puede con los pocos recursos que ese oráculo de la economía que preside nuestro Gobierno le ha dejado. Así pues, lamento haberle incomodado y sepa que yo también soy consciente de que la culpa no es completamente suya.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ferrer.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Señoría, no debiera olvidar nunca que la modernización de la justicia es cosa de dos.
Nosotros cumplimos como Gobierno de España, pero, ¿por qué no pregunta a los consejeros de las comunidades autónomas con competencias en la materia donde gobiernan ustedes? ¿Por qué no pregunta a la Comunidad de Madrid o a la de Valencia -su comunidad-, que ya recortaron drásticamente los presupuestos de justicia para el año 2010 mientras nosotros los elevábamos un 13,77 por ciento? ¿Por qué no pregunta acerca de qué va a ocurrir en Madrid con la ciudad de la justicia o con las inversiones que se iban a hacer en modernización en la Comunidad de Valencia?

El Gobierno de España mantiene intacto su compromiso de modernización. Es cierto que los presupuestos generales para este año reducen las partidas en materia de justicia un 6,9 por ciento, a diferencia de la reducción media de otros departamentos ministeriales, que se sitúa en el 16 por ciento. Pero lo más importante es que, siendo este un periodo de austeridad presupuestaria y a pesar de ello, los presupuestos para 2011 son los segundos mejores presupuestos de la historia de la Administración de Justicia en nuestro país. Quiero darle un dato que no debiéramos olvidar nunca: suponen un 74,8 por ciento más en inversión en justicia que los presupuestos aprobados en el año 2004 por el Gobierno del Partido Popular.


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¿Son unos presupuestos austeros? Sí, pero son unos presupuestos que dedican 202 millones a la modernización y 115 millones de euros solo a nuevas tecnologías que van a permitir consolidar el crecimiento en el ámbito de la Administración pública en materia de personal, que van a permitir modernizar tecnológicamente nuestra Administración y, quizá lo más importante, desplegar la oficina judicial allí donde es competencia del Ministerio de Justicia. Le puedo anunciar que el mes que viene se hará directamente en las ciudades de Burgos y de Murcia. Espero que así lo hagan también las comunidades autónomas... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿HA LOGRADO DESCIFRAR EL MINISTRO DEL INTERIOR EL ACRÓNIMO JAG, TRAS EL QUE SE OCULTA LA IDENTIDAD DE UN ALTO FUNCIONARIO POLICIAL QUE COBRÓ DOSCIENTOS MIL EUROS DEL PRINCIPAL IMPUTADO EN EL CASO MALAYA POR PROPORCIONARLE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INVESTIGACIONES? (Número de expediente 180/001227.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. En primer lugar la que formula el diputado señor Hernando Fraile.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señora presidenta.


Estos días se celebra el juicio de la operación Malaya, el mayor caso de corrupción de nuestra democracia tras Filesa. (Rumores.) En el banquillo hay más de noventa acusados por el saqueo de Marbella con su cabecilla Roca al frente. Sin embargo, en el proceso no están todos los que son. No se sientan los que desde el Gobierno Chaves consintieron todo porque les venía bien políticamente. Tampoco está el alto funcionario policial al que Roca habría pagado 200.000 euros a cambio de información; alguien que responde a las siglas JAG y que, según algunos, corresponden al jefe de su camarilla policial. Es por ello y ante la gravedad del asunto por lo que le pregunto si ya ha conseguido descifrar a quién pertenecen esas siglas.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Hernando.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Hernando, como usted conoce perfectamente, el juez, a instancias del fiscal, ordenó una investigación sobre esa supuesta historia que cuenta usted. Se investigó exhaustivamente sin que se pudiera probar absolutamente ninguna conexión de ningún funcionario policial, ni alto ni bajo, con la misma. Por eso el juez archivó el asunto.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor ministro, por su contestación, pero usted sabe que eso no es verdad. Usted sabe que el archivo de esa causa fue precisamente debido a la renuncia de los inspectores de la Udyco, que recibieron enromes presiones de sus superiores precisamente para renunciar al caso. De eso no ha dicho usted nada en el día de hoy ni en estos momentos. Nada de esa investigación realizada por esos inspectores, nada de las presiones que recibieron de sus superiores, nada de sus conclusiones, nada de los informes que elaboraron y que han desaparecido, y nada de por qué acabaron apartados del caso y relegados a una comisaría de barrio. Todos los que aparecían en la agenda Roca fueron identificados, todos menos uno. Por eso hoy tiene que aclarar sin más dilación y para salvaguardar el honor de la policía que usted burla, cuando no pisotea, quién es JAG y por qué según usted JAG no es JAG; quién es el comisario malayo especializado en cobrar sobornos, señor ministro.


Usted ha establecido una relación simbiótica con el señor González. Lo defiende de la misma forma que en su día defendía a Roldán y Vera. Una comunidad de intereses perversos para constituir una policía paralela -se lo dije el otro día-, una camarilla político-policial cuyo objetivo es controlar y teledirigir todas las investigaciones a casos de presunta corrupción o que afecten a personalidades relevantes para ser usados por el Gobierno y su comando mediático de forma partidaria el tratamiento especializado que figura en un informe y en una orden de ese comisario.
Un consejo, el último. Usted, que es un perdedor al que abuchean hasta los guardias civiles en los actos oficiales, tiene la obligación de averiguar quién es el soplón malayo de la policía que recibió 200.000 euros, caiga quien caiga, porque si no...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Hernando, ha acabado su tiempo. (Aplausos.)

Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señora presidenta.


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Le he contestado a usted que el juez archivó la investigación y sabe usted lo que eso significa. No es que signifique que hay presunción de inocencia, es que hay inocencia. Por lo demás, me remito a la contestación que el director general de la Policía le dio al señor Cosidó la semana pasada.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LÁZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿HA ORDENADO EL MINISTRO DEL INTERIOR LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN INTERNA EN EL SENO DE LA COMISARÍA GENERAL DE LA POLICÍA JUDICIAL, TRAS LAS ACUSACIONES VERTIDAS EN LA VISTA ORAL DEL CASO MALAYA CONTRA SU MÁXIMO RESPONSABLE? (Número de expediente 180/001228.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Gil Lázaro.


El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, ¿ha ordenado la apertura de una investigación en el seno de la Comisaría General de la Policía Judicial, tras las acusaciones vertidas en la vista oral del caso Malaya contra su máximo responsable?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Gil Lázaro.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Me pregunta usted lo mismo que su compañero pero de otra manera. Yo soy un poco más coherente que su compañero y que usted y le contesto lo mismo. Me remito a lo que acabo de decir. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Gil Lázaro.


El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.


Es decir, señor ministro, que se remite usted, como siempre, a la nada.
Señor ministro, jamás hubo una investigación real de este asunto porque lo impidió la cúpula de su ministerio. Déjese por tanto, señoría, de trucos y mentiras. Usted ha intentado tapar la verdad en el caso Faisán, del que vamos a seguir hablando en esta Cámara, y viene tratando de hacer lo mismo en relación con este asunto. ¿Sabe usted por qué? Porque el chivatazo del Faisán y este asunto representan las dos caras de la misma moneda. El chivatazo del Faisán y el chivatazo a Roca son la miseria y la vergüenza de una camarilla policial que usted se ha montado para perseguir fines partidistas; una camarilla que no tiene nada que ver con la admirable profesionalidad del Cuerpo Nacional de Policía; una camarilla destinada a urdir investigaciones sesgadas, pruebas e informes a la carta, filtraciones interesadas y detenciones para los telediarios; una camarilla nefasta para el Estado de derecho. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por eso, señor ministro del Interior, yo hoy le exijo en nombre de mi grupo parlamentario que abra inmediatamente una investigación para saber quién es JAG, para saber quiénes son sus secuaces, encubridores y cómplices, y para saber, por cierto, por qué tardaron diez meses en comunicar al juez la aparición de esas siglas en las agendas de Roca. En definitiva, para saber por qué todavía, con el tiempo transcurrido, no ha sido usted capaz de desvelar la identidad de esas siglas. Aún más, le exijo en nombre de mi grupo parlamentario el cese cautelar inmediato del comisario general de la Policía judicial hasta que la investigación esté completa. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor GIL LÁZARO: Porque, en definitiva, señor ministro, quien quiere atribuirse la capacidad para investigar a todos tiene que ser a su vez el primero en ser investigado cuando exista la más leve sombra de sospecha, y por mucho que a continuación usted se vaya por los cerros de Úbeda en este asunto existe más de una sospecha. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.


Señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Su problema, señor Gil Lázaro, es que no es una camarilla. En este momento tienen ustedes tantos casos de corrupción investigados por la Policía y por la Guardia Civil que son cientos de policías y de guardias civiles los que forman parte de esa camarilla, esa muchedumbre que investiga su corrupción, que les llega desde aquí hasta aquí. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Le voy a decir más.
Siempre me he preguntado hasta dónde iban a llevar ustedes esta estrategia de mancillar el honor de las personas, de jueces, de fiscales, de instituciones, con tal de defender sus casos de corrupción, su presunta corrupción. Siempre me lo he preguntado

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y la verdad es que nunca imaginé que llegaran ustedes a traer aquí a esta Cámara la estrategia de defensa de un procesado en el caso Malaya, que es lo que ustedes están haciendo aquí, rebotar, si me permite la expresión, esa estrategia de defensa, de forma que el abogado defensor de este procesado puede perfectamente mañana sacar el "Diario de Sesiones" en el juicio y decir: Si no lo digo yo, si lo dice el primer grupo de la oposición de esta Cámara. (Aplausos.) ¿Se da usted cuenta, señor Gil Lázaro, de lo que está haciendo? Le voy a decir más. Si lo analizamos bien, no es un sinsentido. Si es que ustedes hacen lo mismo. Si es que su estrategia de defensa de los presuntos corruptos de su partido es la misma que la de este señor al que me refiero, es echar la culpa a la policía. Es la misma estrategia de defensa. En resumen, ustedes tienen un nuevo lema, y es que para luchar contra la corrupción vale todo -mancillar el honor de las personas, de las instituciones; deslegitimar al Estado-, salvo lo que tienen que hacer, que es limpiar la corrupción en su partido.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MARÍA LASSALLE RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿AHORA QUE NO LE QUEDA CASI PRESUPUESTO PARA REALIZAR OBRA PÚBLICA, CUÁLES SON SUS PRIORIDADES COMO MINISTRO DE FOMENTO? (Número de expediente 180/001229.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro de Fomento. Para formularla tiene la palabra don José María Lassalle.


El señor LASSALLE RUIZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro de Fomento, a pesar de que le han reducido el presupuesto en una tercera parte, de que su plan extraordinario de infraestructuras no es el New Deal que soñó sino que es un desdibujado trampantojo, de que sufrimos la licitación más baja en veinte años o que la ejecución en obligaciones reconocidas es un 38 por ciento inferior a la de 2009, a su señoría la autoestima no le merma lo más mínimo. En realidad, de un tiempo a esta parte anda usted -y no se lo tome a mal- bastante henchido de sí mismo. No sé si podemos vanagloriarnos de duplicar a Francia y a Alemania en presupuesto cuando los datos del World Economic Forum nos dicen que la competitividad de nuestras infraestructuras ocupa el puesto veintidós, mientra que Francia está en el puesto cuarto o Alemania en el puesto noveno. No sé si será usted un bólido o un cohete para la economía gallega, como ha dicho; no sé si el presidente Obama, como ha dicho también usted públicamente, tiene motivos para envidiarlo; tampoco sé si es correcto políticamente encararse en cada inauguración a la que va con el consejero de obras públicas del Gobierno del Partido Popular con el que coincide, como sucedió recientemente en Castilla-León o en Galicia; lo que sí tengo claro, señor ministro, es que tendría que estar abochornado por no haber cumplido ni una sola de las prioridades que usted asumió cuando tomó posesión de su cargo en abril de 2009, ni una sola, y eso que va diciendo por ahí que nunca está de brazos cruzados ni como ministro ni como dirigente político. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lassalle.


Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, he de decir que, como siempre, les falla la memoria. A pesar del ajuste presupuestario, este año 2010 vamos a ejecutar casi 15.000 millones de euros, 5.000 más que el último año que ustedes gobernaron, 2003. Y a pesar del ajuste presupuestario, el año que viene vamos a ejecutar más inversión que el último año de ustedes, 4.000 millones más, en torno a 13.000 millones de euros.


Señoría, debería saber usted que mientras Estados Unidos -país que ha puesto como ejemplo- invierte el 0,5 por ciento de su PIB en infraestructuras, España, el próximo año, en el año del ajuste, invertirá el 1,3 por ciento. Debería saber que Estados Unidos no tiene ni un kilómetro de alta velocidad y España, cuando el 18 de diciembre, cumpliendo una promesa y un compromiso -mal que a ustedes le pese-, llegue la alta velocidad a Valencia, será el primer país del mundo en kilómetros de alta velocidad. Y mal que a ustedes les pese, señorías, España invierte más en infraestructuras en relación con su PIB que Francia o Alemania, y somos el primer país de Europa en kilómetros de autovía libres de peaje. Es verdad que tenemos que hacer mucho más por la eficiencia de nuestro sector del transporte, lo comparto, por eso, entre otras cosas, he lanzado el Plan del transporte ferroviario de mercancías para conectar nuestras plataformas logísticas y nuestros puertos, que ustedes olvidaron en su Plan Estratégico de Infraestructuras. Y debería saber, señoría, que el coste logístico de las infraestructuras para muchas empresas es mayor que el coste del transporte.


Señoría, no tiene ni idea. Aprenda un poquito, a pesar de ser economista, que reclama el señor Montoro. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Fomento.


Señor Lassalle.


El señor LASSALLE RUIZ: Gracias.


Señor ministro, escuchándole recuerdo aquello que decía Cervantes en boca de maese Pedro: Llaneza

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muchacho, no se encumbra que toda afectación es mala. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Pues bien, señor ministro, un poquito menos de afectación y un poquito más de pundonor cuando usted reflexione sobre la gestión de su ministerio durante este año de Gobierno no le vendría mal a usted, a su partido y, probablemente, a nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lassalle.


Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): En este tiempo hemos aprobado la Ley de Puertos para que nuestros puertos sean más eficientes y competitivos. En este tiempo he impulsado el Plan del transporte ferroviario de mercancías, que tenían ustedes olvidado cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar, para conectar plataformas logísticas y hacer más competitivo nuestro sector del transporte. En este tiempo lancé un Plan Extraordinario de Infraestructuras para mitigar las consecuencias, precisamente, del ajuste económico. Y en este tiempo se hicieron y se van a poner en servicio muchos más kilómetros de alta velocidad y autovía (La señora Villalobos Talero: Lo iniciaste tú.) que ustedes pusieron en servicio en los tres últimos años de su Gobierno. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA LOURDES MÉNDEZ MONASTERIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO CONVENIENTE REDUCIR LAS PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES CUANDO AUMENTA EL NÚMERO DE CIUDADANOS QUE VIVEN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA POBREZA? (Número de expediente 180/001231.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Sanidad y Política Social. Para formularla tiene la palabra doña Lourdes Méndez Monasterio.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, usted sabe que hoy en España hay nueve millones de personas bajo el umbral de la pobreza, dos puntos más que hace dos años, y que existen tres millones de hogares en exclusión social, dos millones más que hace dos años, en el Año Internacional de la Pobreza. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Usted sabe que en 2011 habrá más paro y que miles de personas que han agotado la prestación por desempleo deberán subsistir de manera asistencial, personas que ustedes habrán hecho más pobres. Usted sabe que los ayuntamientos no dan abasto para atender los servicios sociales básicos, actualmente ayudas para comer, vestir, pagar la luz e incluso el alquiler. Parece mentira que en la España del siglo XXI ustedes hayan sido capaces de desorbitar el número de personas que piden ayudas para comer. Usted sabe que ONG, como Cáritas, han duplicado este tipo de asistencia extrema mientras les congelan sus ayudas, que no llegan ni al 40 por ciento del presupuesto que precisan. Usted sabe que este fracaso del Estado social lleva a las ONG a ejercer una labor de sustitución de funciones públicas, no subsidiaria como debiera ser.


Sabiendo todo esto, señora ministra, ¿cómo es posible que hayan recortado un 12 por ciento las prestaciones básicas de los servicios sociales?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Méndez.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, en primer lugar quiero dejar bien claro que las prestaciones básicas del plan concertado están garantizadas. En lo que respecta a los servicios sociales, hemos realizado ajustes en las transferencias, ya que algunas de ellas se estaban financiando por más de un programa, y ni mucho menos afecta a ese recorte al que usted ha hecho referencia. Por ejemplo, la ayuda a domicilio y la teleasistencia, que en el año 2008 supusieron el 38 por ciento de la financiación del plan concertado, se financia actualmente a través del sistema de dependencia. Además, tenemos que tener en cuenta el impacto del PlanE en la financiación local -por cierto, son 737 millones de euros para iniciativas sociales en el año 2010- y el mayor esfuerzo que las comunidades autónomas podrán destinar a estas acciones como consecuencia del nuevo modelo de financiación autonómica. También con cargo al IRPF hemos destinado 209 millones a las organizaciones sociales, que son las que van a realizar esas actividades para paliar la situación de muchas personas sin hogar. Por tanto, quiero insistir en que los ciudadanos van a seguir recibiendo su derecho a prestaciones como hasta ahora.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


Señora Méndez.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, no es importante que me lo explique a mí; trate de convencer a sus propios alcaldes de que

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por ejemplo los 2.200 millones que darán a los ayuntamientos son mejor que los 5.000 u 8.000 millones de años anteriores de los fondos de inversión.
O pregúnteles si la ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia es mejor ahora que su presupuesto disminuye un 5,2 por ciento, aun teniendo que incorporar al sistema 350.000 personas nuevas. Además ¿quién cree que va a soportar la atención de las personas que ahora tardarán seis meses en cobrar la prestación debido a sus anteriores recortes? Irán a los servicios sociales de los ayuntamientos, señora ministra. O explíqueles a sus alcaldes que tendrán suficiente para atender a las personas inmigrantes; 1.105.000 parados son extranjeros y han reducido un 40 por ciento el Fondo de integración. Explíqueles eso, señora ministra, no a mí sino a sus alcaldes, a quienes van ustedes a llevar a la quiebra, y explíqueles además a los millones de personas que están en situación de necesidad su esfuerzo en protección social. Quizá mirando de cerca esta situación dramática le cueste más trabajo faltar a la verdad.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Méndez.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): No por insistir, señoría, va a conseguir que sus declaraciones se conviertan en verdad. Los presupuestos para 2011 son austeros aunque el 58 por ciento del gasto -un porcentaje sin precedentes- se va a destinar a mantener las políticas sociales y a preservar la cohesión social.
Prueba de ello es el compromiso firme con los más vulnerables, la decisión de prorrogar el programa temporal de protección por desempleo y por inserción o la decisión de mantener las ayudas -como le decía antes- a organizaciones sociales e instituciones que trabajan con los colectivos más vulnerables como el Plan de desarrollo de la comunidad gitana o el Plan estatal del voluntariado; las ayudas a víctimas del terrorismo; las subvenciones con cargo al IRPF por su capacidad de llegar a quienes más lo necesitan o de generar empleo, más de 2.350.000 puestos de trabajo en la actualidad; o la dotación de la partida de becas y ayudas al estudio, la mayor de la historia; quedan igualmente garantizadas las prestaciones por dependencia, los permisos de maternidad y paternidad entre otros. En definitiva, señoría, el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para distribuir de una manera más eficiente los recursos para mantener las políticas sociales y seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Por tanto, claro que vamos a seguir ayudando a quienes más lo necesitan.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON CARLOS CASIMIRO SALVADOR ARMENDÁRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE IGUALDAD: ¿CONSIDERA LA MINISTRA DE IGUALDAD QUE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO NO SUPONE LA ELIMINACIÓN DE LA VIDA DE UN SER HUMANO? (Número de expediente 180/001218.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora ministra de Igualdad que formula el diputado señor Salvador Armendáriz.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, hace seis meses registré una batería de preguntas con motivo de la presentación de la campaña Saque una tarjeta roja al maltratador; por cierto, una muy buena campaña. En ellas le preguntaba, entre otras muchas cosas, cómo era posible que un mismo hecho -eliminar una vida humana- podía ser delito y derecho al mismo tiempo, dependiendo de la edad de la víctima o de su estado o fase de desarrollo. Seis meses después recibo su respuesta. Como no son capaces de explicarme esta contradicción me contestan textualmente que no comparten la afirmación de que la interrupción de un embarazo suponga o provoque la eliminación de una vida humana. Si eso no es así, señora ministra, yo quisiera preguntarle cuándo podemos considerar que el no nacido es y tiene vida humana, cuándo adquirimos en definitiva nuestra dignidad, cuándo merecemos protección legal. Y si no hay vida humana, ¿qué somos entonces, señora ministra?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Salvador.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aído Almagro): Gracias, señora presidenta.


Señoría, no sé lo que pretende usted exactamente con esta pregunta. La Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo ya ha sido aprobada por este Parlamento y está en vigor y cuestiones como la libre decisión sobre la maternidad o la protección de la vida del no nacido han sido objeto de un amplio debate. Por tanto si lo que quiere es un debate sobre ciencia, religión o filosofía, yo considero que contraponer opiniones o condiciones particulares, sean las suyas o las mías, no nos lleva a ninguna parte. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


Señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Yo respeto lo que dice pero obviamente no me contesta, y me temo que no lo hace porque no puede, porque no creo que encuentre en toda la comunidad científica alguien que

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afirme lo que ustedes dicen en su respuesta, pero no la culpo. Usted ha hecho lo que está haciendo el Gobierno en todos los temas. Primero niegan la realidad cuando no les gusta, segundo relativizan los problemas, les quitan valor. Todo es discutido y discutible, diluyen su componente moral, incluso, como en este caso, cuestionan la vida humana. Así, como nada tiene valor, pueden tomar la decisión que más les convenga a ustedes en cada momento, de forma partidista, la que sea y como sea. Esto es grave, esta manera de funcionar de su Gobierno. Lo peor, señora ministra, es que en este caso la ley es mala, es que ustedes han sido incapaces de ponerse en la posición del más débil, han tenido una auténtica incapacidad de empatizar con el más inocente, con el que no tiene ninguna culpa. No se dan cuenta de que han buscado la peor de las soluciones. No han tenido imaginación. Están negando tantas veces la realidad que se han quedado ciegos ante ella, y como no la ven, no la comprenden y son incapaces de encontrar una solución a los problemas, y así les va y así nos va a todos. Señora ministra, espero -estoy seguro de ello- que esto les pase factura.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora ministra.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señor Salvador, podría recordarle lo que en su momento, sobre la cuestión que usted plantea, dijeron el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o destacadas personalidades del ámbito de la ciencia, pero, insisto, que intercambiemos opiniones enfrentadas o visiones distintas sobre un asunto tan complejo creo que no nos conduce a nada. Sé que nos separa una enorme distancia en nuestros planteamientos. Créame que respeto sus creencias y sus convicciones, pero pertenecen al ámbito de lo privado, y al Gobierno le corresponde legislar para el conjunto de lo público, y eso es lo que hemos hecho.


Usted sabe perfectamente que la regulación anterior no daba respuesta a la realidad actual de la sociedad española, desde luego no ofrecía garantías jurídicas ni a mujeres ni a profesionales. El 97 por ciento de las interrupciones del embarazo se realizaban basándose en el supuesto de la salud psíquica de las mujeres, que no tenía límite temporal, y desde luego el número de abortos no paraba de crecer. Teníamos la responsabilidad de no mirar para otro lado, de enfrentar los problemas, y eso es lo que hemos hecho y creo que lo hemos hecho con una norma mucho más equilibrada, más segura y más ajustada a la realidad.


Usted y yo podemos al menos estar de acuerdo en el objetivo de reducir el número de abortos, de reducir el número de embarazos no deseados. La nueva normativa hace una apuesta muy clara en esta dirección: más información, más prevención, sensibilización y mayor accesibilidad a métodos anticonceptivos. Es cierto que todavía no hay cifras oficiales, pero la tendencia indica una clara reducción, por primera vez en muchos años, señoría. En ese camino seguiremos trabajando y espero, al menos en esto, poder encontrarle a usted.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ECHANIZ SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿ASUME EL MINISTRO DE TRABAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DESEMPLEO EN ESPAÑA TAL Y COMO LE IMPUTA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO? (Número de expediente 180/001230.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida al señor ministro de Trabajo e Inmigración que formula el diputado señor Echániz Salgado.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro de Trabajo e Inmigración, mañana cumplirá usted dos años y medio en su cargo, dos años y medio en los que la incapacidad del Gobierno para percibir, diagnosticar y adoptar medidas eficaces ha terminado en una calamidad que afecta ya a 4.600.000 parados. El tiempo perdido, el tiempo doloso de camuflar la crisis en lugar de afrontarla ha sido letal para nuestro país; dos años y medio perdidos -todo su mandato- para aprobar ahora una reforma laboral en solitario, sin acuerdo social ni político, dedicada al despido en lugar de a la contratación. Hay 2,5 millones de parados más que cuando llegó, la mayor tasa de paro de nuestro continente, millones de parados que han agotado su prestación, una huelga general, el problema de la inmigración sin resolver, el Pacto de Toledo fracturado por la patada innecesaria a los pensionistas españoles, la Seguridad Social amenaza por la caída de afiliación, y las políticas activas de empleo usadas como moneda de cambio para resistir a cualquier precio. Un mal balance, un balance desolador, un gran fracaso, señor Corbacho.


Todos sabemos y todos los españoles saben quién es el responsable último, quién dejó ineptamente de cumplir sus obligaciones como presidente. Saben quién le desautorizó públicamente a usted en varias ocasiones, quién le ninguneó, quién le utilizó como un calcetín, quién permitió que el gabinete de Moncloa o hasta Cándido Méndez tuvieran más información en cada momento que usted. Lo que sinceramente no esperábamos es el intento póstumo e injusto de endosarle a usted toda la responsabilidad: Se puede hacer mucho más, no tiene la atención suficiente. Voy a pedir un cambio en profundidad al nuevo ministro. Es lo que le faltaba a usted. No es de extrañar

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su frustración y su desencanto. Sé bien que usted responderá estoicamente, sin una crítica, sin un reproche -salvo a mí y a mi partido-, porque la procesión va por dentro, aunque los dos, usted y yo, sabemos quién es realmente el que debería marcharse. No sabemos si este era realmente el peor ministerio, pero en lo que sí coincidimos con usted, señor Corbacho, es en que la época de Zapatero ha sido la peor época. Sí coincidimos en que ha sido una mala suerte y que le ha caído un marrón, el de tener usted como jefe a Zapatero, el peor presidente de la historia de España.
Pero para mala suerte, para mala época y para marrón, los que les han caído a los millones de parados y a toda la sociedad española.


Muchas gracias, señora presidenta. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! -Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Echániz.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señora presidenta.


Señor diputado, si me permite, hoy no voy a hacerle una crítica al uso en la respuesta, como ha sido normal en nuestras interpelaciones. Creo que más allá de la contundencia de sus preguntas, siempre ha habido un punto de corrección a la hora de formularlas, que yo le agradezco. En todo caso permítame que desde esta reflexión le formule yo también algunas consideraciones.


La primera es que es evidente que los puestos de trabajo ni los crea ni los destruye un ministerio de trabajo. Los crea y los destruye una situación económica y, en función de cómo vaya la economía, así incide.
La segunda consideración es que en todo caso es una responsabilidad directa del ministro y del Ministerio de Trabajo que cuando hay una situación de crisis tan profunda la red de protección social no se vea deteriorada. Me voy con la satisfacción de decir que durante este mandato en el que yo he estado en este ministerio, España ha contado con el mayor porcentaje de protección social. Cuando yo llegué al ministerio, señor Echániz, y usted lo recordará, los servicios públicos de empleo en España atendían a un millón y medio de desempleados; hoy estamos atendiendo a tres millones. Hemos doblado el número de personas que los servicios públicos de empleo deben y tienen que atender. Cuando yo llegué al ministerio se tardaba una media de veinticinco días en reconocer la prestación a cualquier persona que se quedaba en el desempleo. Hoy ese reconocimiento está entre dos y tres días. Cuando yo llegué al ministerio no había Internet en la coordinación de los servicios. Hoy tenemos RedTrabaja, que es un buen sistema de coordinación. Todo esto no lo quiero poner en valor del ministro, porque eso se debe al esfuerzo y al trabajo bien hecho por parte de los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal y también de las comunidades autónomas. Así lo recoge Comisiones Obreras en una carta que ha mandado a este ministro para reconocerle los avances y los esfuerzos realizados. Creo que ese es el mérito. En definitiva, señor Echániz, estoy convencido de que la crisis la vamos dejando atrás y deseo que ese futuro, más o menos inmediato, sea favorable para todos y estoy convencido de que usted también lo comparte.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSEBA AGIRRETXEA URRESTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO: ¿CUÁNDO VA A LLEVAR AL CONSEJO DE MINISTROS UNA PROPUESTA DE CONTRATO HOMOLOGADO DE APLICACIÓN OBLIGATORIA, QUE INCLUYA EL FACTOR PRECIO, ENTRE GANADEROS Y PRIMEROS COMPRADORES? (Número de expediente 180/001221.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la pregunta dirigida a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino que formula el diputado señor Agirretxea Urresti.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, en estas últimas semanas, tanto desde su propio ministerio como desde los representantes del sector productor, se viene reivindicando la necesidad de dotarse de instrumentos como el contrato homologado, al objeto de regular la relación comercial entre ganaderos, industrias y cooperativas. Igualmente, usted misma viene haciendo declaraciones favorables a la puesta en marcha de un contrato homologado de aplicación obligatoria que recogería entre otras cuestiones el precio, aspecto que para nosotros es muy importante. Por otra parte, la Comisión Nacional de la Competencia viene mostrando su postura contraria a que las organizaciones interprofesionales agroalimentarias traten la cuestión del precio de los productos. Pues bien, desde el Grupo Vasco, le preguntamos a usted, señora ministra, visto el clamor del sector productor y principalmente viendo lo que nos están pidiendo los agricultores vascos en este caso, y conscientes de los obstáculos planteados desde la Comisión Nacional de la Competencia, cuándo va a llevar usted al Consejo de Ministros una propuesta de contrato homologado entre ganaderos y primeros compradores de aplicación obligatoria y donde entre otras cuestiones, como le decía, se incluya el factor precio.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Agirretxea.


Señora ministra.


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La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias, señora presidenta.


Señoría, el Gobierno lleva mucho tiempo apoyando el establecimiento de contratos homologados en el sector agroalimentario como instrumento que favorece la transparencia en las relaciones comerciales entre ganaderos e industrias y también la estabilización sectorial. Una puntualización a lo que usted decía es que Competencia no se opone a esos contratos homologados, no se opone tampoco al precio. Lo que sí tiene que haber es una negociación parte a parte y no una negociación donde exista un precio pactado a nivel nacional.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


Señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora ministra. No le voy a hacer un resumen de cómo es el sector lácteo en el Estado español, pero usted sabe que principalmente es un sector muy atomizado compuesto aproximadamente por 25.000 explotaciones y un conjunto de unos 350 primeros compradores. Por otra parte, España es deficitaria en producción de leche y su abastecedor natural es Francia y por esto la referencia del precio francés es vital a la hora de fijar ese precio. Por último, la distribución es también mayoritariamente francesa y está en manos de cuatro cadenas sobre todo. Visto esto creo que usted sabe perfectamente que urge poner orden en el conjunto de la cadena láctea y para ello hay que atender tanto a los planteamientos del grupo de alto nivel que está asesorando a la Comisión Europea como a los planteamientos que ustedes mismos desde el Gobierno están realizando. Se debe permitir que la interprofesional fije precios de referencia por los ganaderos, se debe aprobar un modelo de contrato homologado para la leche cuya aplicación sea obligatoria por ley y por otra parte el contrato debe de contemplar el precio. Creo que esto es fundamental para que la producción de leche en el Estado español y sobre todo en el caso de Euskadi funcione perfectamente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Agirretxea.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Señoría, le amplío la información que le daba al inicio. Ya en julio del año 2009 incentivamos, vía la estrategia con horizonte 2015 del sector lácteo que habíamos aprobado, esa firma de contratos homologados.
También tenemos que pensar que en otros países de la Unión Europea a los que usted hace referencia son prácticas habituales entre el propio sector; sin embargo en España es necesario, por las características especiales y por la falta de experiencia, que intervengamos desde la Administración. Es más, en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea de 27 de septiembre, adoptamos las conclusiones relativas al informe del grupo de expertos de alto nivel del sector lácteo que trabajó durante la Presidencia española de la Unión Europea y que reflejan la apuesta comunitaria por el fomento de las relaciones contractuales. La Comisión se comprometió a transformarlas en propuestas legislativas antes de final de año.


Actualmente estamos trabajando con los representantes del sector para implementar estas medidas en nuestro país a través de la elaboración de un proyecto de real decreto que establecerá la obligatoriedad de que todas las transacciones de leche cruda realizadas en territorio nacional se realicen mediante contrato, tanto las producidas entre ganaderos y primeros compradores como entre ganaderos, compradores e industrias, pero también recogerá las condiciones para que las organizaciones de productores puedan negociar conjuntamente los términos del contenido del contrato.


Señoría, yo espero que tan pronto terminemos estas negociaciones y tengamos el informe favorable de las comunidades autónomas lo podamos llevar al Consejo de Ministros. Para nosotros es prioritario y ahora dependemos también de lo que nos puedan aportar...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra, ha acabado su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LAS RELACIONES ENERGÉTICAS ENTRE ARGELIA Y ESPAÑA? (Número de expediente 180/001220.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio que formula el diputado señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, ¿cómo valora en estos momentos las relaciones energéticas entre Argelia y España?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Gracias, señora presidenta.


Señoría, Argelia es un país vecino, es un país amigo y además es un país estratégico para el suministro de gas

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natural a España y lo es porque sigue siendo el principal suministrador y el único que lo hace por gasoducto. Es cierto que en los últimos años se ha aumentado la capacidad de recepción de gas natural licuado de otros países y hemos alcanzado un elevado grado de diversificación. Los datos de Cores muestran que este año 2010 el porcentaje de gas procedente de Argelia se va a situar por primera vez en el 34 por ciento, el año pasado lo hizo en el 35 por ciento y en los años noventa nuestra dependencia de gas argelino era de un 60 por ciento. Por tanto, para resumir su pregunta, Argelia sigue siendo un suministrador muy importante de gas para España, pero gracias a los avances realizados en los últimos años disfrutamos de una diversidad de fuentes y tenemos ya trece países proveedores alternativos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LIBRE: Señor ministro, tiene usted razón en que se ha avanzado en la diversificación de los puntos energéticos en cuanto a importaciones por parte de España, pero desde Convergència i Unió queremos manifestarle que estamos extremadamente preocupados por la actitud de un país al que ustedes califican de amigo, como es Argelia, por la actitud de una empresa, Sonatrach, que también es propiedad del Estado argelino, y por el incremento del gas procedente del Magreb en un 30 por ciento. Señor ministro, este no es un conflicto entre dos empresas privadas sino entre dos Estados, España y Argelia, básicamente por tres razones, en primer lugar, porque este incremento de precios no lo realiza una empresa privada, sino que lo plantea una empresa pública, propiedad del Estado de Argelia, por lo cual es un problema entre dos Estados; en segundo lugar, porque este incremento del 30 por ciento del gas natural procedente de Argelia no va a ser un problema de la empresa española suministradora sino del Estado español, de todos los españoles: de los consumidores, de las familias y de la economía productiva en general, y también se va a ver perjudicada la balanza de pagos entre España y Argelia por la transferencia de capital por este incremento de precios; en tercer lugar -y esta quizás es la razón más importante-, porque en breve se va a poner en marcha el nuevo gasoducto procedente de Medgaz que va a incrementar la dependencia energética de España respecto a Argelia no en un 34 por ciento como dice usted sino, en un futuro, en un 55 por ciento, ante lo cual creemos que esta situación puede llegar a ser gravísima y que, a nuestro entender, no se va a resolver con buenas palabras, sino que requiere una intervención urgente y contundente del Gobierno para resolverla. También consideramos oportuno desde Convergència i Unió modificar la regulación actual y bajar de un 50 por ciento a un 25 o un 30 por ciento el límite máximo para los suministradores internacionales de gas.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, comparto con su señoría que no estamos solamente ante un problema empresarial, es también un problema de Estado. También comparto su preocupación por la situación que se ha creado y tomo buena nota de su petición. En los últimos años España ha hecho importantes inversiones en infraestructuras gasísticas con el objetivo no solamente de garantizar nuestra seguridad y suministro, sino también de tener acceso a las fuentes más competitivas de gas en los mercados mundiales. Gracias a ello podemos decir que no dependemos del gas argelino para nuestro suministro, si bien, lógicamente, para el Gobierno es importante mantener unas buenas relaciones con Argelia y particularmente unas buenas relaciones energéticas. Por ello, todo lo que hagamos lo queremos hacer desde el diálogo. Queremos un acuerdo estable con Argelia en materia energética con el objetivo de seguir contado con este país como un suministrador estable y confiable. Para ello la semana que viene viajaré de nuevo a ese país para entrevistarme con mi homólogo argelino y estoy plenamente convencido de que las vías de entendimiento y de negociación nos permitirán superar la situación actual.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN, ESPECIALMENTE EN LO REFERIDO AL SECTOR LÁCTEO. (Número de expediente 172/000209.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Punto II del orden del día: Interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Fernández Davila, sobre las propuestas del Gobierno en relación con la revisión de la política agrícola común, especialmente en lo referido al sector lácteo. Para formular la interpelación tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra, una vez más el Bloque Nacionalista Galego presenta una interpelación relacionada

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con el sector agrario. En esta ocasión queremos conocer la posición del Gobierno en relación con la futura revisión de la PAC y las propuestas que en ese sentido ha previsto presentar y defender, sobre todo respecto a cuestiones que hoy queremos plantearle, y digo respecto a dichas cuestiones porque este es un tema tan amplio que tenemos tiempo aún de volver a presentar más interpelaciones u otro tipo de iniciativas.
Concretamente, en la mañana de hoy hay algunas cuestiones que nos preocupan y, en esa preocupación, señorías, no está desde luego la de ser reiterativos en el asunto que estamos abordando, sino todo lo contrario.
A la vista de los debates que se están dando en el ámbito de la Unión Europea pensamos que la perseverancia es una gran virtud, y explicaré en el transcurso de esta interpelación por qué lo pensamos así.


Es necesario recordar que la política agraria común hasta el momento ha considerado la eliminación de empleo en el sector agrario como algo positivo que favorecía la competitividad de la agricultura. Desde el principio, nuestra organización política, el BNG, siempre se ha manifestado en contra de estas políticas convencidos del daño que se estaba haciendo -y que se ha hecho- al sector agrario, sobre todo pensando en el futuro y en los efectos negativos que tendría sobre los territorios rurales. Es natural, señorías, que nuestro grupo observe la realidad del sector en el ámbito de la Unión partiendo de la realidad propia de Galicia, donde en la década de los noventa se han perdido aproximadamente 150.000 puestos de trabajo en el sector agroganadero, y lo peor es que en el año 2010 se sigue perdiendo empleo. Las consecuencias no pueden haber sido peores, solo hay que comprobar la falta de desarrollo rural que existe y la despoblación que igualmente es comprobable, sobre todo en nuestro país, Galicia.


Nuestra posición ha sido tachada en algún momento por algunos de retrógrada o con otros calificativos similares; incluso después de los resultados que podemos comprobar, podríamos decir, con otro tipo de lindezas. Sin embargo, desde diferentes ámbitos de la Unión Europea actualmente se están haciendo reflexiones sobre la futura revisión de la PAC que van en la dirección en algunos momentos con las políticas que desde el Bloque Nacionalista Galego -desde el nacionalismo en general y desde el nacionalismo galego- estamos defendiendo, como por ejemplo, señora ministra, la soberanía alimentaria, entendida esta como el derecho de proteger, apoyar y promover los sistemas propios de producción agraria. En el informe del Consejo Económico y Social Europeo, en la recomendación 1.3, se dice sobre el modelo agrícola europeo que ha de estar basado en los principios de la soberanía alimentaria, la sostenibilidad y las necesidades reales de los agricultores y los consumidores. Por eso le preguntamos cuál es la posición en este asunto y la que va a defender al respecto en los próximos tiempos para tener una postura clara en la revisión de la política agraria común.


En cuanto a la regulación de mercados, recuerde, señora ministra, que siempre que defendimos esta cuestión usted nos respondía con argumentos propios de la filosofía que considera que los mercados se regulan por sí mismos. En el mismo informe del Consejo Económico y Social Europeo al que hemos hecho referencia se dice: Las experiencias del pasado enseñan que las intervenciones reguladoras con medidas acertadas en el momento oportuno son económicamente menos costosas que la reparación ulterior de los daños. Por tanto, señora ministra, queremos conocer la posición del Gobierno respecto a este asunto e igualmente respecto a otros asuntos que también se recogen en este mismo informe y en otros que se han discutido en el Parlamento y en la Comisión Europea, donde se habla por ejemplo de la necesidad de controlar las importaciones. Por eso, señora ministra, como le digo, preguntamos si el Gobierno va a presentar alguna propuesta en esa dirección y, de ser así, cuál sería. ¿O después de lo que nos ha caído, señora Espinosa, sigue usted pensando, el Gobierno sigue pensando que el mercado se regula solo? (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

En el informe presentado por José Bové a la Comisión de Agricultura aprobado recientemente se recogen una serie de propuestas encaminadas a tomar medidas de control de mercado, por ejemplo, transparencia de los precios, competencia y prácticas de compra abusivas por parte de mayoristas y minoristas dominantes, abuso de poder de marcas blancas, especulación, etcétera. Asimismo se reclaman en este informe las medidas legislativas necesarias para poder garantizar el desarrollo de los puntos antes mencionados. ¿Cómo valora el Gobierno que una empresa, una gran superficie de distribución venda su marca blanca de leche a 0,39 euros en sus establecimientos en el Estado español y a 0,89 en el francés? ¿No considera necesario actuar desde el punto de vista legislativo no solo desde la Unión Europea sino también desde el propio Estado español?

Es inevitable, señorías, que hablando de política agraria común tengamos que hacer referencia específica al sector lácteo, sector fundamental para la supervivencia de la agricultura gallega. Esa es la razón por la que hemos presentado innumerables iniciativas tratando de buscar soluciones a los grandes males que padece el sector de producción de leche. Recordarán sus señorías -usted también, señora ministra- que una de las cuestiones que planteábamos era la creación de un fondo lácteo. Pues bien, los organismos comunitarios acordaron la habilitación para el año 2010 de un fondo extraordinario de 300 millones de euros para este sector, de los cuales 12,79 le corresponden al Estado español. Con este acuerdo y al margen de las consideraciones que nos merezcan las cuantías designadas, se confirma la necesidad que en su día planteó el BNG, señorías, de crear a nivel europeo un fondo lácteo. Señora ministra, los problemas del sector continúan y desde nuestro punto de vista este fondo debe mantenerse en tanto que no se garanticen unos precios dignos a los productores. Por

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eso le volvemos a preguntar, porque este tema ya lo hemos tratado en otras ocasiones, cuál es la posición del Gobierno a este respecto y qué propuesta ha pensado defender en los organismos de la Unión Europea.


En el mismo orden de cosas, señora Espinosa, hay una propuesta de la Comisión que en opinión del BNG es peligrosa para el sector de la leche y para el conjunto de la población de la Unión Europea. Nos referimos a la propuesta de la Comisión de avanzar en el diseño de mercados de futuros para los productos lácteos. Las recientes oscilaciones en los mercados de productos agrarios han evidenciado que el desarrollo de los mercados de futuros, con el papel que pueden jugar en estos mercados los fondos especulativos, pueden causar acusadas oscilaciones en los precios de los productos agrarios e incluso poner en peligro el abastecimiento alimentario de la población. Volvemos a insistir en que no es más liberalización lo que se necesita sino mayor actuación de la intervención pública. Sabe usted que la consideración que acabamos de hacer también es una reflexión que se plantea en los documentos a los que anteriormente hemos hecho alusión.


Para finalizar, haremos referencia a las propuestas del grupo de expertos de alto nivel sobre la leche, ocho propuestas de las cuales solo las tres primeras han sido tomadas en cuenta -esperamos que de momento- por el Consejo de Agricultura en su última sesión y parece que apoyadas por la gran mayoría de las delegaciones. Sabemos que el Gobierno -por la respuesta que nos dio hace muy poco en esta misma Cámara la ministra- las apoya, hablamos de ellas recientemente, como digo. Se refieren a impulsar relaciones contractuales, a una mayor capacidad de negociación de los agricultores y a las organizaciones interprofesionales e intersectoriales.


Nuestra discrepancia con esta cuestión no está en los temas que se apoyan por parte del Gobierno, sino que entendemos que son insuficientes si no van acompañados de la legislación adecuada que los haga cumplir. El señor Agirretxea anteriormente hablaba de los contratos homologados y de la necesidad de que estos sean obligatorios y esto no es posible si desde luego no se hace a través de la legislación correspondiente. Señorías, quedan pendientes de esas propuestas del grupo de alto nivel asuntos como los relacionados con la transparencia, sobre medidas de mercado y mercados de futuros, sobre las normas de comercialización y el etiquetado en origen y sobre la innovación y la investigación. Por eso, señora ministra, le preguntamos cuál es la posición del Gobierno sobre estos asuntos. Hemos leído con atención el documento de su ministerio El futuro de la PAC, medidas de gestión de mercado después de 2013, y no hemos visto nada que nos permita conocer la posición del Gobierno en relación con cualquiera de los asuntos mencionados y ninguna propuesta del Gobierno para desarrollar y defender en este debate que se está dando en la Unión Europea en relación con la revisión de la política agraria común. Señora ministra, en este documento decimos, sin ningún tipo de duda, que más bien nos parece que existe una complacencia con el actual sistema. Es decir, que no hay por parte del Gobierno nada más que una valoración positiva de cómo se están desarrollando las políticas agrarias comunes y ustedes parece que no tienen ninguna intención de llevar a la Unión Europea, a través de los organismos correspondientes, propuestas orientadas a modificar aquellos aspectos que están siendo tan extremadamente negativos para la agricultura y de manera específica para el sector lácteo. Son temas que hemos tratado en esta Cámara muchas veces y ustedes, como ahora mismo acaba de contestar al portavoz del Grupo Vasco, piensan que es necesario actuar, pero luego en sus documentos, y en aquellos documentos que trasladan a la Unión Europea, no se puede verificar que así sea.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Para contestar la interpelación tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señoría, este Gobierno defendió y defiende el mantenimiento de una política agraria comunitaria fuerte, competitiva y moderna, capaz de superar los nuevos retos. Fuerte en coherencia con los objetivos tradicionales que continúan válidos en el presente y con una dotación económica suficiente; competitiva y moderna, adaptada a las nuevas tecnologías y con vocación de mercado, al tiempo que favorece la conservación de nuestros recursos naturales y la lucha contra el cambio climático.


Voy a intentar tranquilizarla, señoría, porque no sé qué tipo de documentos ha leído usted o no sé a qué tipo de documentos se refiere, pero desde el Gobierno llevamos mucho tiempo defendiendo el futuro de una política agraria común y lo hemos hecho principalmente durante los seis meses que hemos ostentado la Presidencia de la Unión Europea.


Para comenzar permítame que le exponga que los trabajos desarrollados por este Gobierno desde enero de 2010, precisamente, como le decía, cuando España ha ostentado la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, han sido un claro éxito de la estrategia española, ya que, ante fantasmas que teníamos antes del inicio del año 2010 que algunos preconizaban para la PAC, hoy en día ya nadie se cuestiona la PAC y esta mantiene, de acuerdo con el último eurobarómetro, una valoración positiva por parte de la ciudadanía. En el Consejo informal de Agricultura que se celebró el 20 de septiembre, todos los ministros de la Unión Europea conformamos una Unión donde defendimos el mantenimiento y el desarrollo de un sector agrario potente.


Coincido con usted en alguna de las consideraciones que hace sobre la necesidad de una política agraria

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común, porque el sector primario no es solamente creador de empleo y riqueza contribuyendo al desarrollo del medio rural, sino que además es un sector estratégico para el suministro -yo lo digo de otra forma, usted decía soberanía alimentaria- de alimentos sanos, seguros y a precios asequibles para la población, así como también una importante fuente de ingresos para la balanza comercial española por su dinamismo exportador.
Por esto, para el Gobierno una futura política agraria común fuerte es clave y garantiza la necesidad de seguir defendiéndola hasta su aprobación definitiva porque también nos facilita una cohesión económica y social y un respeto medioambiental. Y esta nueva política agraria común debe asegurar un desarrollo sostenible para la agricultura y ganadería europeas mejorando la competitividad del modelo agrario europeo en los mercados internacionales y manteniendo el esfuerzo de modernización que requiere toda actividad económica. En este sentido, hemos defendido y seguimos defendiendo que la política agraria común necesita contar como primer pilar con unas ayudas directas que permitan mantener la actividad agraria a lo largo de todo el territorio comunitario y español y con los adecuados instrumentos de gestión de mercado.


Señoría, perdone que le diga que no sé dónde me oyó decir que los mercados se autorregulan solos en los temas de agricultura y ganadería. Siempre hemos defendido -y a mí me lo habrá oído con diferentes palabras- que necesitamos una red de seguridad que se refiere, ni más ni menos, a la necesidad de disponer de instrumentos de gestión de mercado. Pero no son solo palabras, señoría. Cuando hemos tenido que activar ayudas para el aceite de oliva lo hemos hecho porque teníamos esos mecanismos de gestión de mercado. Cuando hemos tenido los precios muy bajos en el sector lácteo hemos activado medidas de almacenamiento privado y usted las conoce perfectamente. Por tanto, le ruego que reconozca la realidad -como siempre suele hacerlo usted- aunque siga exigiendo al Gobierno, como es su obligación, que sigamos trabajando para defender la política agraria común que necesitamos.


Por otra parte, también debo decirle que la política agraria que estamos defendiendo no solamente tiene que contar con las ayudas del primer pilar y con los instrumentos de gestión de mercado, sino que tiene que reforzar y modernizar los que tenemos actualmente para que ayuden a los agricultores a enfrentarse a la volatilidad de los mercados. También se debe complementar la política agraria común con un segundo pilar, que es la política de desarrollo rural -a la que usted no ha hecho mucha referencia- y que es necesaria para ayudar al desarrollo de nuestras explotaciones en cuanto a su eficacia y competitividad para adaptarse a los efectos del cambio climático y a los nuevos retos de biodiversidad o de gestión de los recursos hídricos. Por tanto, señoría, basándonos en lo expuesto, las ideas del Gobierno ante la revisión de la política agraria común pivotan sobre el mantenimiento de estos dos pilares después de 2013, siempre y cuando se consiga complementariedad, coherencia y transparencia entre ambos.


Además, la reforma de la política agraria común debe enlazar con los retos de Europa para salir de la crisis económica y sintonizar con las prioridades que se quieran establecer en la estrategia Unión Europea 2020. La política agraria común debe ser capaz de garantizar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En el caso particular de la estrategia 2020, señoría, debe reconocer aquí que cuando este documento se presentó no recogía ninguna palabra referente a la agricultura. Este Gobierno, a través del trabajo realizado durante nuestra Presidencia, ha conseguido que la agricultura y la ganadería -o, si lo prefiere, el sector agroalimentario en su integridad- formen parte de esa futura política de la Unión Europea que configura la estrategia Unión Europea 2020. Si no estuviera en ese documento nada podríamos estar defendiendo. Además, lo que este Gobierno ha defendido ya no tiene marcha atrás. Consta en todas las actas de los consejos de ministros que se han celebrado en la Unión Europea y consta con una votación favorable de la mayoría de los Estados miembros, con dos o tres excepciones que muchas veces tenemos.


Ahora voy a intentar dar respuesta en el tiempo que me queda al tema particular que usted planteaba del sector lácteo. El grupo de expertos de alto nivel que se constituyó en la Unión Europea trató de atender las particularidades y las sensibilidades que tiene este sector. Quiero recordarles que el objetivo de este grupo fue examinar su futuro a medio y largo plazo para contar así con un sector lácteo competitivo y equilibrado. Los debates de este grupo giraron en torno a cuatro ejes: la mejora de la capacidad de negociación de los productores y la transparencia mediante la generalización de contratos, los instrumentos de mercado y mercados de futuro, la mejora de la información sobre los precios de los mercados y productos y un cuarto bloque sobre innovación e investigación en el sector. Los trabajos de este grupo finalizaron durante la Presidencia española y se presentaron en el Consejo de Agricultura de la Unión Europea del 12 de julio, adoptándose las conclusiones el pasado 27 de septiembre. El informe final del grupo se estructura en torno a siete recomendaciones a llevar a cabo por la Comisión en los próximos meses. Estas conclusiones reflejan la apuesta comunitaria para que el fomento de las relaciones contractuales, el aumento de la capacidad de negociación de los productores y la transparencia del mercado sirvan de instrumento para conseguir un sector competitivo y equilibrado. También recogen el mantenimiento de los actuales instrumentos de mercado como red de seguridad -de nuevo aquí encuentra el tema de mercado- con las modificaciones necesarias y el estudio de instrumentos adicionales compatibles con la caja verde de la Organización Mundial de Comercio. En relación con las normas de comercialización, se propone estudiar la viabilidad del etiquetado de origen en el marco de la política comunitaria. Una vez más, en esas conclusiones se ratifica la apuesta por

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la innovación y la investigación en el sector reforzándolas en el marco de la política agraria común más allá del año 2013.


El Gobierno no solo valora positivamente todas las conclusiones y recomendaciones formuladas, sino que se manifiestan en la misma dirección de lo que habíamos empezado a trabajar desde nuestro ministerio en la estrategia para el sector lácteo Horizonte 2015. Si usted lo lee, se va a encontrar con que existe un paralelismo entre esas conclusiones del grupo de alto nivel y lo que nosotros habíamos reflejado en esta estrategia para el sector lácteo Horizonte 2015: relaciones entre los agentes de la cadena, optimización de las medidas de mercado, etcétera. Por lo tanto, cuando hicimos ese plan desde el Gobierno no íbamos descaminados, sino todo lo contrario. Es más, estas conclusiones se trabajaron bajo nuestra Presidencia. Se discutieron en julio y se adoptaron en septiembre, y siempre encontrará el voto positivo de España. Por lo tanto, este Gobierno tiene postura, defiende al sector y son asuntos ya trabajados hasta la fecha.


Hay otro tema también importante que es otorgar a las organizaciones de productores la posibilidad de negociar de manera colectiva en los términos de los contratos, que será clave para esa mejora, desarrollo y cohesión del sector.


En cuanto a las iniciativas legislativas que usted planteaba en el ámbito de la Unión Europea, que es al que se refería usted -puedo después informarle en la réplica de más asuntos que estamos llevando a cabo desde el Gobierno-, me gustaría decirle que el comisario se ha comprometido a presentar las iniciativas legislativas de acuerdo a las conclusiones adoptadas en lo que resta de año. Por lo tanto, concluyo diciéndole que los trabajos de este Gobierno en relación con el futuro de la política agraria común y del sector lácteo van encaminadas al mantenimiento de un sector agroalimentario competitivo, con unas rentas adecuadas a cada uno de los eslabones de la cadena, al mismo tiempo que favorecen el desarrollo equitativo e innovador de nuestras explotaciones.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


En turno de réplica tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, algunas de las cuestiones que planteamos las ha contestado y otras no, pero esperemos que lo haga en la réplica. Hay algo que sí me gustaría comentarle. Por ejemplo, los documentos que hemos leído son documentos públicos. Uno es del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y se titula El futuro de la PAC, medidas de gestión de mercados después de 2013. Como le decía, por mucha atención que pusimos no vimos en este documento, de fecha de febrero del año 2010, ninguna posición que indique que el Gobierno vaya a defender en el seno de la Unión Europea cambios en esa política agraria común, que no está siendo positiva en muchos de los aspectos que incluso usted en su intervención ha reconocido. Es cierto que centramos mucho en la interpelación nuestra actuación en política agraria en el sector de la leche y ya he explicado por qué; es decir, el peso que tiene el sector lechero en Galicia o en nuestra agricultura es suficiente como para decir que es primordial para que nuestra agricultura pueda sobrevivir. Lo dije con anterioridad. Para nosotros es importantísimo. Pero también es verdad que algunas de las cuestiones que le hemos planteado relacionadas con la transparencia en los precios, con el control de la comercialización, etcétera, pueden valer para otros productos agrarios. Señora ministra, usted no nos ha clarificado mucho esta cuestión, cuando menos con la claridad que nos hubiera gustado que nos contestara. Por ejemplo, con respecto al tema de las propuestas del grupo de alto nivel, ¿qué propuestas legislativas nos van a proponer? En algunas cuestiones le planteaba que en todo lo que se refiere al control, la transparencia de precios y la competencia no solo se necesita una legislación europea sino también del Estado español. Le puse el ejemplo de la diferencia de precios entre una marca blanca en el Estado español y en el Estado francés en la misma gran superficie. Por tanto, no solo es regulación de la Unión Europea sino también del Estado español.


Señora ministra, cuando le puse algunos ejemplos de cosas que hemos defendido a través de muchas iniciativas desde el Bloque Nacionalista Galego, como el del fondo lácteo o la necesidad de controlar los mercados, la necesidad de la transparencia, etcétera, lo hice para ponerlos en referencia con los debates que hoy se están dando en el seno de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Agricultura, incluso algunas llegan al Consejo de Agricultura. Le ponía estos ejemplos porque, después de muchísimos años, en el debate que tiene la Unión Europea en relación con los problemas de la agricultura hay cuestiones que nosotros planteamos desde el inicio de la implantación de esa política agraria común. El problema es que nosotros las planteamos cuando esas políticas empezaron a ser perniciosas. En concreto, en el caso de Galicia yo hablaba de la pérdida de empleo en el sector agrario de más de 150.000 personas como consecuencia de estas políticas, y los documentos que en este momento existen en el ámbito de la Unión Europea lo hacen ahora, después de que ya se han verificado una serie de situaciones que podríamos definir como dramáticas. Independientemente de que usted haya manifestado que algunas cuestiones las van a apoyar en el seno de la Unión Europea, referidas a aquellas que forman parte de las propuestas del grupo de alto nivel en relación con el sector lácteo, nos gustaría saber, señora ministra, dado que se plantean, aunque de manera sintética, cuestiones relacionadas con determinadas regulaciones de mercado, transparencia de precios, etcétera, qué medidas van a impulsar ustedes para que se vayan a implantar de manera

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legislativa en la Unión Europea. Si no se hace vía legislación, todo va a quedar en cuestiones de voluntariedad, y eso no va a resolver nada. Usted sabe que el contrato homologado...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... que se esforzó en tratar no está teniendo el éxito que debería tener.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muy amable, muchas gracias.


Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señoría, a ver si soy capaz de explicarle bien las cosas, porque la considero a usted muy razonable y, sin embargo, en su réplica ha dicho alguna que otra incoherencia, por denominarla de alguna forma. En primer lugar, usted siempre ha sido absolutamente respetuosa con las competencias que tienen las comunidades autónomas. Por lo tanto, le diría que repase su intervención, porque cuando habla, por ejemplo, de control de comercialización sabe que es un tema de competencia autonómica y no de competencia del Gobierno de España, por poner un ejemplo clarísimo. Por otra parte, ya no estamos hablando de que este Gobierno vaya a defender, es que este Gobierno votó a favor de las conclusiones del sector lácteo en el mes de julio y votó a favor de las conclusiones elaboradas por el grupo de alto nivel del sector lácteo en la Unión Europea el 27 de septiembre. Por lo tanto, ya no tenemos que volver a posicionarnos porque ya lo hemos hecho, y con el voto de España y de otros Estados miembros hemos conseguido que sean conclusiones de la Comisión y, por lo tanto, se conviertan en iniciativas legislativas. Pero también tendrá que entender que las iniciativas y las propuestas legislativas de la Unión Europea las tiene que hacer la Comisión, no las puede hacer este Gobierno. Claro, pero es que usted dijo: a ver qué iniciativas legislativas vamos a hacer.
Esperaremos a que el señor comisario cumpla con lo que ha transmitido, en el sentido de que las iniciativas legislativas estarán presentadas antes de que finalice este año, y nosotros defenderemos que sean acordes con esas conclusiones, que serían las que darían la solución al sector lácteo.


Muy rápidamente me gustaría recordarle, señoría, que este Gobierno apoya aquellas medidas a favor de una PAC más fuerte a partir del año 2013, y que hemos ido trabajando a lo largo del primer semestre del año 2010 con la Presidencia española y que recibimos el apoyo de la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. Me gustaría reiterarle mi convicción de que la agricultura y la alimentación constituyen para España y para la Unión Europea un sector estratégico y, como tal, necesitan de una política agraria común adecuada a los intereses que desarrolle y diseñe el futuro del sector agroalimentario. La próxima reforma debe enlazar también con los retos de Europa para salir de la crisis económica y sintonizar con las prioridades de la estrategia de la Unión Europea 2020. En estos momentos quiero decirle también, señoría, que tenemos que esperar la comunicación de la Comisión sobre el futuro de la política agraria común, que el comisario tiene previsto presentar el próximo 17 de noviembre. No obstante, necesitamos una política agraria común que cuente con instrumentos adecuados y que se estructure en los dos pilares que le decía en mi intervención, regulación de mercados y desarrollo rural. Además, esta presentación por parte del comisario será el inicio de un bloque de propuestas legislativas que en el calendario que tiene la propia Comisión dice que concluirán en julio de 2011, cuando previsiblemente se presente la propuesta reglamentaria sobre la reforma del la política agraria común. Hay que destacar también que estas futuras estrategias son compartidas por el Parlamento Europeo, tal y como se desprende del informe sobre el futuro de la política agraria común después de 2013, aprobada por la Eurocámara el pasado 8 de junio. Miren en qué fechas estamos y mire también mis comparecencias ante el Parlamento Europeo para tratar de conseguir esa unidad que apoyara y reforzara estas ideas.


Por otra parte, me gustaría decirle que independientemente de las recomendaciones del grupo de alto nivel del sector lácteo, de este trabajo que hemos hecho y que seguiremos haciendo sobre la política agraria común, también en estos momentos estamos trabajando con la Interprofesional Láctea en España para tratar de ganar tiempo y tener esos instrumentos que hagan del sector lácteo un sector mucho más competitivo y que pueda de esta forma adelantarse incluso a las iniciativas legislativas europeas y que siga representando lo que representa para nuestro país y para el futuro de Europa. No tenga ninguna duda de que este Gobierno seguirá defendiendo...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): ... una política agraria común fuerte en todos los foros y sobre todo en la Unión Europea.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL FUTURO DE LAS CENTRALES NUCLEARES Y LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS QUE GENERAN. (Número de expediente 172/000210.)

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El señor PRESIDENTE: Interpelación urgente del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el futuro de las centrales nucleares y la gestión de sus residuos. Para su defensa tiene la palabra don Francesc Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, presidente.


Señorías, algunos sectores económicos y empresariales están insistiendo en reabrir el debate sobre la participación de la energía nuclear en el mix eléctrico. Se dice que la energía nuclear es una importante fuente energética, libre de emisiones y económica, que reduciría nuestra dependencia y que por ello no podemos excluirla de cualquier planteamiento de futuro. Se aduce que la llamada moratoria nuclear tuvo motivaciones políticas y que ha llegado la hora de superar viejos esquemas en sintonía con lo que está ocurriendo en otros países. A nuestro juicio, un análisis riguroso muestra, sin embargo, la inconsistencia de este planteamiento. La energía nuclear, que cubre hoy escasamente un 3 por ciento del consumo energético mundial, sigue teniendo los mismos problemas que décadas atrás la condujeron al marasmo actual. En cincuenta años la industria nuclear no ha sido capaz de superar los problemas de coste, seguridad, residuos y proliferación militar que han lastrado su desarrollo desde sus inicios a mediados del siglo pasado. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos desde 1978 no se ha cursado ninguna petición de una central nuclear y ninguno de los reactores cuya construcción se inició después de 1973 fue terminado. Unas cifras que, salvando las diferencias cuantitativas, son idénticas a la situación de vida en el Estado español.


La moratoria nuclear decretada por el Gobierno de Felipe González no fue debida, como generalmente se dice, a presiones ecologistas o a consideraciones de seguridad o de residuos, sino que tuvo motivaciones estrictamente económicas. Las empresas eléctricas se habían endeudado en los mercados exteriores con el aval del Estado para acometer un programa nuclear faraónico, como lo ha calificado recientemente el entonces ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, supuestamente en respuesta a la primera crisis del petróleo. Esta y no otra es la realidad de la moratoria nuclear, en Cataluña lo sabemos muy bien porque a raíz de unas inversiones que Fecsa estaba realizando en Ascó y que fue incapaz de rentabilizar fue absorbida por Endesa, perdiéndose así el control catalán de un sector clave para nuestra economía; un sector que hoy está básicamente en manos del Estado italiano como consecuencia de una gestión de su Gobierno y de la histeria anticatalana que se desencadenó con la opa de Gas Natural sobre Endesa. A los sectores a los que me he referido antes no les importaría volver a repetir una experiencia similar, al fin y al cabo los intereses que representan no sufrieron las consecuencias económicas de los errores que cometieron al conseguir que estos fueran trasladados a los ciudadanos vía tarifa eléctrica. Así se entienden los llamamientos a la certidumbre regulatoria que demandan los partidarios de volver a las construcciones nucleares. Lo que en realidad piden es que si deciden retomar las inversiones nucleares, algo del todo viable ya que la Ley del Sector Eléctrico garantiza la libertad de generación, el Estado vuelva a asumir todos los riesgos garantizándoles el retorno de sus inversiones. Así lo ha puesto de manifiesto, por ejemplo, el máximo responsable de Enel, y por tanto de Endesa, Fulvio Conti, al decir, refiriéndose a posibles inversiones nucleares en Italia y también aquí, que estas inversiones -y cito literalmente- necesitan garantías políticas porque este no es un proyecto de una empresa sino de un país y, por tanto, deben tener el aval de todos los partidos. Una posición del todo contradictoria con un mercando liberalizado en el que las decisiones las adoptan las empresas sin garantías de retorno de ningún tipo.


Pero volvamos al núcleo de la cuestión, que no es otro que el del futuro previsible de la energía nuclear y de cuál debería ser en consecuencia la política del Gobierno en este sector. En un respetado informe elaborado por un grupo de expertos del MIT, que precisamente lleva por título El futuro de la energía nuclear, se dice textualmente que de continuar las políticas actuales es probable que la energía nuclear vaya reduciéndose gradualmente y que concebiblemente desaparezca del portafolio de generación eléctrica a lo largo de este siglo. Para que ello no ocurra -dicen- tendríamos que resolver los cuatros problemas fundamentales: costes, seguridad, residuos y proliferación. Sin embargo la solución de estos problemas requiere, según estos expertos -y vuelvo a citar literalmente-, un enorme esfuerzo técnico y económico que solo tendría sentido si luego se desplegara un parque nuclear de tamaño suficiente para reducir significativamente las emisiones, lo cual supone por lo menos triplicar el parque actual de reactores antes de mediados de siglo.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Por lo tanto, sigue el informe, desde el punto de vista de política pública solo cabe considerar dos escenarios, o bien un despliegue a gran escala o bien planificar el cierre de las centrales actuales en las próximas décadas. Por ello, señor ministro, la pregunta es: ¿cuál de estas dos posibilidades ve usted hoy como la más probable? ¿Resulta hoy concebible que se puedan resolver estos graves problemas y que, a continuación, podamos triplicar el parque nuclear mundial en los próximos cuarenta años? ¿Cree que es posible, por ejemplo, encontrar ubicaciones adecuadas para doblar o triplicar nuestro parque nuclear? Desde nuestro punto de vista el escenario que el Gobierno debería contemplar como el más probable, y actuar en consecuencia, es el de un calendario de cierre programado de las centrales nucleares actuales, complementado con una estrategia clara y perseverante de mejoras de la eficiencia y del ahorro energético, junto a un apoyo decidido a las energías

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renovables. La propia Agencia Internacional de la Energía así lo corrobora, aconsejando la asignación de más del 80 por ciento de los recursos de este tipo, mientras rebaja la posible contribución de la energía nuclear a tan solo un 16 por ciento del necesario ahorro de emisiones, y centrada fundamentalmente en los países emergentes.


Permítame dejar sobre la mesa de discusión algunas reflexiones en torno a cuatro problemas que creemos bien entrelazados. En primer lugar, ¿qué régimen regulatorio aplicamos a los precios de la energía nuclear? Las empresas eléctricas se han beneficiado de subvenciones masivas, entre otras ayudas, a sus actividades nucleares. En consecuencia han externalizado buena parte de sus costes hasta conseguir reducirlos a los costes de explotación, que son sensiblemente inferiores a los de otras alternativas de generación, una vez amortizadas las inversiones. Por la forma en que se organiza el mercado de generación eléctrica los consumidores no se benefician de esta reducción de costes, ya que el mercado mayorista fija los precios en función de la tecnología de generación marginal, es decir, de la más cara en cada momento del día, que suele ser por lo general el gas natural. Por decirlo de forma simple, los consumidores pagamos el kilovatio/hora nuclear al mismo precio que el generado con gas, independientemente de su coste.


Una segunda reflexión, ¿cómo determinamos la vida útil de nuestras centrales y su posible extensión? Es obvio que una central nuclear, como cualquier otra instalación industrial, no tiene una vida útil fijada a priori, pero las características diferenciales de este tipo de instalaciones, en especial la gravedad de posibles accidentes debidos al deterioro físico de sus elementos más críticos, hace que debamos ser tremendamente cautos. En los comienzos de la energía nuclear se pensó que podrían durar treinta y cinco años, y los cálculos de los márgenes de seguridad se hicieron para cuarenta años. Ahora, haciendo de la necesidad virtud, algunos países, en especial Estados Unidos, están ampliando esta vida hasta los sesenta, hablando de llegar incluso hasta los ochenta años. Por el momento solo unos pocos reactores más antiguos han sobrepasado los cuarenta y tres años, y ya empiezan a dar muestras de fatiga física, con frecuentes interrupciones y escapes de tritio. Por todo ello mi grupo parlamentario apoyó en su momento el cierre de la central de Garoña, por tratarse de una central prototipo de primera generación, totalmente amortizada, y cuya capacidad estaba de sobra compensada por los despliegues de renovables de los últimos años. Ahora mi grupo parlamentario va a defender que se fije por ley en treinta años el periodo de operación normal, y que se establezca un procedimiento riguroso de autorizaciones a partir de esa edad, similar en concepto y funcionamiento al programa francés, para renovar la licencia de explotación más allá de los treinta años.


Tercer elemento de reflexión, ¿cómo cubrimos la responsabilidad civil de las instalaciones nucleares? Su Gobierno ha presentado un proyecto de ley sobre la responsabilidad civil por daños nucleares que constata que el mercado de entidades de seguros que operan en el Estado no está dispuesto a cubrir las garantías requeridas por la normativa internacional sobre daños nucleares. Desde sus comienzos las empresas eléctricas exigieron dos condiciones para operar centrales nucleares: que el Estado se hiciera responsable de sus residuos y que se limitara por ley la cuantía de su responsabilidad civil por los posibles daños que pudieran causar a terceros. La ley que se hizo en este sentido, la Price-Anderson Act de 1953, en Estados Unidos tenía una vigencia prevista de cinco años, después de los cuales se suponía que la seguridad de estas instalaciones sería tan evidente que las empresas aseguradoras no tendrían problema para ofrecer pólizas de seguro que cubrieran las garantías exigibles por la responsabilidad civil a las actividades nucleares. Nada de eso; a medida que transcurría el tiempo se hacían más palpables los tremendos problemas de seguridad que presentaban estas instalaciones, y los enormes costes que podría tener un accidente nuclear. Por ello la Price-Anderson Act ha sido sucesivamente prorrogada hasta nuestros días, ya que como constata el proyecto de ley que su ministerio ha elaborado ninguna compañía aseguradora quiere hacerse cargo de las consecuencias de un posible accidente nuclear, ni siquiera de los 1.200 millones de euros que fija la normativa internacional.


Finalmente, ¿qué hacemos con los residuos radiactivos de alta actividad? Es el problema más intratable al que se enfrenta la energía nuclear.
Cincuenta años después de empezar a generar residuos ningún país del mundo sabe qué hacer con unos materiales que se mantendrán radiotóxicos durante centenares de miles de años. La construcción de un almacén temporal para estos residuos sin embargo no representa una solución a este problema, sino que por el contrario es el reconocimiento de que, al no tener solución definitiva, lo único que podemos hacer es envolver estos residuos en hormigón y guardarlos en algún lugar remoto hasta nadie sabe cuándo. La realidad es que nadie quiere tener cerca estos residuos.
Los residuos radiactivos de alta actividad presentan un problema de justicia intergeneracional y de justicia interterritorial. De justicia intergeneracional porque estamos legando a muchas generaciones venideras las consecuencias negativas de nuestros consumos. Por decirlo en términos contables, les legamos a ellos los pasivos de los activos que nosotros hemos disfrutado. Creo que esta consideración, si se quiere ética, debería también pesar a la hora de decidir sobre el futuro de la energía nuclear, por lo menos mientras no demos con una solución al problema de los residuos. Los residuos además suponen hoy un problema de justicia interterritorial porque aquellos territorios que más han disfrutado de la energía nuclear -las grandes ciudades, pongamos por caso- son los que de entrada excluimos a la hora de

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buscar un rincón donde esconder nuestras vergüenzas nucleares. Buscamos para ello territorios alejados y víctimas de la exclusión económica para compensarles con las migajas de nuestro desarrollo económico. Es como si les dijéramos: os pagamos para que guardéis nuestra basura nuclear mientras los demás seguimos produciéndola sin teneros en cuenta. Esa es la realidad de todo un proceso que se les ha ido de las manos a usted y a su Gobierno, y que al final puede que impongan, en contra de la mayoría de los habitantes del territorio que ustedes quieren seleccionar a base de criterios más que discutibles.


Como usted bien sabe, los dos municipios que su ministerio presenta como los mejores, y entrecomillo el término, candidatos a albergar el almacén temporal, pertenecen a los paísos catalans, Ascó y Zarra, y por ello mi grupo es especialmente crítico con el proceso que ustedes han seguido, siempre de espaldas a las instituciones autonómicas y buscando únicamente la interlocución directa de pequeños municipios que creen ver en sus promesas de compensaciones millonarias la solución a sus problemas de desarrollo económico, sin darse cuenta de que lo único que conseguirían sería la perpetuación de un monocultivo nuclear que constituye uno de sus problemas fundamentales, con amplias repercusiones en los demás municipios de la zona.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.


Para contestar a la interpelación tiene la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, la posición de este Gobierno con respecto a la energía nuclear es conocida. No creemos que sean necesarias más centrales nucleares; tampoco lo ha pedido ninguna empresa, aunque como sabe tienen plena libertad para hacerlo. Y en lo que se refiere a las centrales nucleares existentes entendemos que, por problemas técnicos cuya valoración corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear, deben funcionar al menos durante cuarenta años. Coherentemente con nuestro programa electoral apostamos y apostaremos por la sustitución progresiva de esta tecnología a medida que aparezcan tecnologías alternativas que sean competitivas, y siempre y cuando lo permita la situación económica y exista el consenso social necesario. A partir de los cuarenta años el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares es una decisión política que tomará el gobierno de turno, atendiendo a factores como la seguridad en suministro, el desarrollo de nuevas tecnologías con capacidades de gestionabilidad equivalentes, y el coste de generación eléctrica de esas tecnologías, es decir, atendiendo al criterio de competitividad. Aun siendo esta la postura del Gobierno, creemos que la decisión final sobre el peso específico de la energía nuclear en nuestro mix energético debe responder a un acuerdo político con el mayor consenso posible, por ser esta una materia cuyo marco temporal excede mucho más allá del ciclo político. Por ello desde el año pasado estamos trabajando para facilitar que se alcance un pacto de Estado en materia energética con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Señoría, buscamos ese pacto por encima de cualquier otro tipo de consideración de carácter coyuntural, porque la política energética debe tener en cuenta los efectos sobre el bienestar y también sobre la competitividad de la economía, por tanto de la capacidad de empleo y de generación de renta no solamente de las generaciones presentes, sino de las generaciones futuras. Su señoría ha hecho referencia a un tema de justicia intertemporal, y precisamente desde ese punto de vista es importante saber que las decisiones que tomemos hoy en materia energética van a tener efecto para muchas generaciones futuras, porque creemos que la responsabilidad política va más allá del interés de los que votan en un determinado momento; se extiende a todos aquellos ciudadanos y empresas que se van a ver beneficiados o perjudicados por sus efectos en el futuro. Esa es la razón por la que en política energética estamos buscando los más amplios consensos y acuerdos a nivel político, a nivel sectorial, a nivel territorial y también a nivel institucional a través de la subcomisión que a tal efecto se ha creado en esta Cámara.


También lo hemos hecho en el caso de la gestión de los residuos radiactivos, un problema para cuya solución siempre y desde el principio hemos optado por una alternativa de consenso. Un consenso que comenzó a labrarse en esta misma casa hace ya casi seis años, en diciembre del año 2004, cuando en el seno de la Comisión de Industria se aprobó, con el acuerdo de todos los grupos, una resolución por la que se instaba al Gobierno de España a desarrollar los criterios necesarios para la futura instalación de un almacén temporal centralizado, ATC, en nuestro país.
Reconocerá su señoría que no hay mayor consenso para una decisión de país como es esta de la unánime expresión de la institución en la que reside la soberanía popular, y en diciembre de 2004, si tengo bien la memoria, incluso su grupo parlamentario no se opuso a esta resolución.
Precisamente es la consecución de ese consenso parlamentario la que nos da la legitimidad necesaria para trabajar durante estos casi seis años, en colaboración con todos los agentes públicos y privados afectados, para solucionar un problema derivado de la configuración de nuestro mix energético: estamos resolviendo un tema creado por una decisión que se tomó hace veinte, treinta años.


Señoría, la instalación de un almacén temporal centralizado, ATC, en España como solución para la gestión de los residuos que tenemos, que generan las centrales nucleares, es una decisión coherente y responsable.
Es coherente porque España apostó en el

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pasado por que la energía nuclear formara parte de su mix energético, y nos guste o no la energía nuclear hoy por hoy conlleva la generación de residuos cuya gestión no se puede obviar, y el ATC no crea un problema, lo resuelve: resuelve el problema de los residuos. Y es una decisión responsable porque cualquier otra alternativa, que pasaría por ejemplo por seguir construyendo almacenes temporales individuales o bien trasladando los residuos a Francia, es una opción más cara -estamos hablando de un coste entre 1.300 y 2.400 millones de euros-, y lo que es más importante, es más insegura que construir un almacén centralizado, que en buena parte de los países europeos y de otros continentes se ha hecho como la opción más segura y más competitiva. Por todo ello y tomando como referencia la voluntad mayoritariamente expresada por el Congreso en varias ocasiones, y la coherencia y la responsabilidad que deben acompañar a toda acción de gobierno, este Ejecutivo inició un proceso de búsqueda transparente y abierto, y así lo pusimos de manifiesto en primer lugar en la mesa de diálogo sobre la energía nuclear en España, una mesa de diálogo auspiciada por el ministerio que dirijo, y que dio cabida a representantes del Parlamento, del ámbito institucional y corporativo, de las comunidades autónomas con instalaciones nucleares, de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la asociación de municipios en áreas de centrales nucleares (AMAC), de sindicatos, organizaciones ecologistas, entre otros. Y en este foro tan amplio se concluyó el pasado 17 de mayo de 2006 que la opción de la ATC -y leo textualmente- es la más adecuada para los residuos, subrayándose además que el emplazamiento de esta instalación no debía ser retrasado por más tiempo.


Para garantizar el carácter democrático del proceso se adoptó el programa europeo Cowam. Esta metodología estuvo en el origen de la constitución el 23 de junio de 2005 de la Comisión interministerial creada para apoyar al Gobierno en la determinación final del emplazamiento del ATC. Esta Comisión, cuyo cometido fundamental es arbitrar la búsqueda del emplazamiento del ATC, se apoya en un comité técnico asesor integrado por personas de reconocido prestigio académico y profesional. El 27 de junio de 2006 la Comisión interministerial abrió el periodo de información sobre la convocatoria pública del Ministerio de Industria a todos los ayuntamientos que con carácter voluntario, voluntario, quisieran optar al emplazamiento del ATC. Hubo un anuncio en prensa que apareció en 154 cabeceras de ámbito nacional, y se abrió así un proceso que llegó a todos los ayuntamientos de España. El 28 de febrero de 2007 se cerró el plazo de solicitud de información del proyecto, y el pasado 23 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó la convocatoria pública para elegir el municipio que albergará el futuro ATC, habiendo dispuesto los municipios afectados del plazo de un mes para presentar sus candidaturas a partir del 30 de diciembre de 2009.


Una vez cerrado el plazo se analizaron las catorce candidaturas presentadas, y de su análisis la Comisión interministerial aprobó una lista de ocho candidatos admitidos, tras el correspondiente trámite de reclamaciones; lista que se hizo pública en la página web www.emplazamientoatc.es. Se inició el trámite de alegaciones y de información y participación pública. El 6 de marzo se publicó un anuncio para que quien lo desease pudiese formular observaciones y alegaciones.
Se recibieron un total de 14.420 alegaciones, que han sido objeto de estudio y valoración. El pasado 16 de septiembre la Comisión interministerial acordó aprobar y remitir al Gobierno el informe de propuesta de emplazamientos candidatos. Este informe concluye que desde un punto de vista técnico los terrenos propuestos por los ocho municipios candidatos son viables para la realización del proyecto. Más específicamente el análisis comparativo señala que los terrenos presentados por los municipios de Zarra, Ascó, Yebra y Villar de Cañas son los que resultan más idóneos, arrojando la valoración técnica pequeñas diferencias entre ellos. No obstante quiero dejar bien claro que ninguna de las ocho candidaturas ha sido descartada por el momento y que será el Gobierno, con el máximo acuerdo posible con los gobiernos autonómicos implicados, quien designe el emplazamiento final; un emplazamiento que en todo caso es el resultado de un procedimiento de concurrencia competitiva, en el que por encima de todo han primado los principios de transparencia, porque el proceso ha sido disponible y público para todos; de equidad, porque todos los municipios han sido tratados por igual, gobierne quien los gobierne; y de voluntariedad, porque todos los municipios han optado de forma voluntaria, con el plebiscito de sus plenos municipales, ya que entendemos que son los ciudadanos cercanos al ATC los que tienen la última palabra. A estos tres principios añadimos el de máximo consenso, bajo el que estamos dando audiencia a todas las partes interesadas, incluyendo lógicamente las comunidades autónomas y las fuerzas políticas. Este proceso de selección va a dar respuesta al problema de gestión de los residuos, va a solventar la saturación de las piscinas de las centrales nucleares, va a reducir las penalizaciones de Areva, y además va a servir de gran impulso al desarrollo económico y social de la zona donde se instale finalmente el ATC, al llevar asociado una inversión de 700 millones de euros, incluyendo inversiones en I+D, que van a situar a España a la cabeza de este tipo de tecnología.


Por último, en lo que hace referencia a la política nuclear, me gustaría recordar que el Gobierno aprobó el pasado mes de julio el proyecto de ley de responsabilidad civil nuclear, y con este cambio normativo hemos incorporado a nuestro ordenamiento la nueva regulación contenida en los convenios internacionales sobre la materia, incrementando el tramo de responsabilidad a cubrir por las empresas, por los titulares de este tipo de instalaciones hasta los 1.200 millones de euros. Esta nueva norma constituye un hito que viene a reforzar la

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seguridad de las instalaciones nucleares españolas -nuestras centrales nucleares son muy seguras-, y además con ella ampliamos la responsabilidad de sus titulares avanzando en la cooperación internacional y reforzando la seguridad nuclear transfronteriza.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


Señor Canet, su turno de réplica.


El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, después de escucharle y habiendo seguido todo este proceso -aun aceptando que se inició a partir de una decisión de consenso, pero no en el proceso, no en las formas-, me da la sensación de que el Gobierno está empezando la casa por el tejado, porque si no hemos concretado todavía la vida útil de las centrales, es difícil calcular las necesidades para un almacén temporal centralizado. Esa es una primera apreciación que deseaba hacerle. Le quería recordar que en este sentido las diferencias con Francia son notables, porque su agencia de seguridad nuclear ha establecido un riguroso programa de control individualizado para cada central para decidir la posible autorización de extensión de su vida de treinta a cuarenta años. Creo que este proceso no lo tenemos en marcha, y por tanto nos encontramos con un primer problema: que seguramente, como le decía, empezamos la casa por el tejado.


Le voy a concretar las peticiones de nuestra interpelación, que traduciremos después en la moción, en cuanto a los cuatro problemas que le he comentado anteriormente. Respecto al régimen de regulación mi grupo parlamentario defiende la reforma de la Ley del Sector Eléctrico para excluir la energía nuclear del mercado mayorista, el llamado mix eléctrico. La electricidad de origen nuclear debería retribuirse en función de sus costes reales, y en su caso emplear la diferencia con los precios mayoristas para reducir el déficit de tarifa o para incentivar las inversiones en renovables, y de esta forma devolver al consumidor -no lo olvidemos, señor ministro- lo que en su momento pagó por la moratoria.
En segundo lugar, y respecto a la necesidad del calendario, le insisto en que nos hemos de preparar, a nuestro juicio, para un eventual cierre de estas centrales -aunque usted lo ha dicho, no lo ha acabado de concretar con demasiada convicción a nuestro juicio-, creando al tiempo alternativas de generación limpia que nos permitan prescindir de la energía nuclear cuando llegue el momento, sin penurias ni sobresaltos.
Sobre el tercer tema, la responsabilidad civil de las nucleares, creemos -y lo vamos a proponer- que las empresas eléctricas deben hacerse cargo de la totalidad de las garantías exigidas por los convenios internacionales al respecto, como condición ineludible para mantener sus autorizaciones de explotación, y que además deben tener en cuenta estos costes en sus cuentas de explotación nuclear.


Finalmente, señor ministro, sobre el tema del almacén y sus ubicaciones, se lo he reconocido, se empezó con consenso, pero el proceso -ya sé que usted no estará de acuerdo- no ha seguido por estos caminos. Creemos que el proceso ha sido absolutamente opaco y ha faltado información completa y veraz sobre la instalación que se pretende construir. El pasado mes de abril la Audiencia Nacional, a instancias de Greenpeace, falló en contra del Gobierno emplazándole a completar el expediente administrativo, facilitando determinados documentos. No da la sensación de que su ministerio haya cumplido con esta recomendación y parece ser que no ha entrado en ninguno de los documentos. Estamos convencidos de que los residuos se han de guardar de la forma más segura posible, pero Esquerra Republicana -termino con algo que ya sabe y que será el eje de la moción- está absolutamente en contra de que pueda ser en alguna de las dos localidades de los países catalanes que hemos citado: Ascó y Zarra. Las razones podrían ser, en resumen, que no queremos exponerlas a un monocultivo nuclear que compromete, como usted decía antes, el futuro de una generación, pero también de muchas más.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.


Señor ministro, su turno de dúplica.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias señora presidenta.


Señoría, tengo que reconocer que por lo menos hay una cierta coherencia en su discurso, al contrario que en el de otros grupos políticos que, por un lado, defienden unos días la energía nuclear y, por otro lado, se niegan a tener el almacén temporal centralizado, a pesar de que es una solución perfectamente válida para los residuos; es como querer tomar pescado y no querer espinas. Por tanto reconozco una cierta coherencia en su discurso.
Sin embargo no comparto con su señoría que estemos haciendo la casa por el tejado. Yo le puedo preguntar a su señoría qué va a hacer en el año 2021 o en el año 2028, y probablemente su señoría me dirá: y yo qué se, queda mucho tiempo, quedan once años para el año 2021, y quedan dieciocho años para el año 2028; qué sé yo. Pues bien, estas son las fechas en las cuales habrá que tomar una decisión sobre las centrales nucleares ahora existentes; la primera fecha en que habrá que tomar una decisión sobre una central nuclear será en el año 2021, que es cuando cumple cuarenta años la central de Almaraz I; en el año 2023 Almaraz II; Vandellós en el año 2027; Cofrentes en el 2024; Ascó I en 2023; Ascó II en 2025, y Trillo en 2028. Esas son las decisiones que hay que tomar sobre el calendario de las centrales nucleares, y esa es para nosotros una decisión no a debatir en este momento, porque la tendrá que tomar lógicamente el gobierno de turno, y además los ciudadanos en ese momento, y dependerá de la situación

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económica en ese momento. Sobre lo que hay que tomar una decisión hoy es sobre los residuos, porque los residuos ya los tenemos, y se trata de pagar o no pagar cientos de millones de euros a Francia que no quiere tener esos residuos de forma gratuita y nos van a empezar a pasar la factura a partir de enero, y además ofrecer una alternativa a los almacenes individuales que son más caros y menos seguros. Por tanto su señoría se tiene que definir -y no lo hace- sobre el problema que ya tenemos con los residuos; no es el tejado de la casa, sino que es un problema que ya tenemos.


Lo cierto es que en todos los llamamientos y ofertas de diálogo que hemos hecho en materia energética con su grupo parlamentario nunca hemos tenido ninguna respuesta; dialogamos con todos los grupos políticos sobre el mix energético y ustedes nunca han querido venir. Se lo ofrecimos en Zurbano I... (El señor Ridao i Martín hace signos negativos.) Sí, señoría; se lo ofrecimos en Zurbano II, les hemos mandado una propuesta de mix energético y no hemos tenido respuesta. Señorías, ¿qué es exactamente lo que defienden? ¿Defienden cerrar Ascó? ¿Quieren cerrar Ascó de forma inmediata o quieren esperar a los años 2023 y 2025? Nosotros queremos esperar a ese primer año. ¿Qué quieren hacer con Vandellós, la quieren cerrar ya? Nosotros creemos que hay que mantenerla abierta al menos hasta el año 2027. Por tanto no nos dan una respuesta a esas preguntas ni tampoco ofrecen una respuesta a cuál es, en el mix energético, lo que sustituiría a esa energía nuclear: ¿más gas? ¿más energías renovables? Nos gustaría escuchar cuál es su propuesta. Nosotros sí la tenemos, se la hemos enviado, les volveremos a hacer una propuesta de mix energético, creemos que estamos cerca de llegar a un acuerdo con todos las fuerzas políticas, porque como decía antes es importante llegar a un consenso en materia energética ya que son decisiones que, aunque se tomen hoy, afectan a las generaciones futuras, a la competitividad de nuestro país, también a nuestra seguridad de suministro y a nuestros retos medioambientales; siempre con estos tres criterios es con los que actuamos desde el punto de vista de la política energética, y por supuesto desde el diálogo con todas las fuerzas y con todas las empresas.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL EJECUTIVO EN POLÍTICA EXTERIOR PARA DEFENDER REALMENTE LOS INTERESES DE ESPAÑA Y DE LOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 172/000211.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Interpelación del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas que va a adoptar el Ejecutivo en política exterior para defender realmente los intereses de España y de los españoles. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor De Arístegui.


El señor DE ARÍSTEGUI SAN ROMÁN: Señora presidenta, señor ministro, señorías, tuvimos hace muy poco tiempo en la Comisión de Asuntos Exteriores un debate sobre política exterior general, hicimos un repaso amplio a diferentes aspectos de la política exterior, y la verdad es que llegamos a pocas conclusiones en nuestras divergencias y sí subrayamos algunas de nuestras coincidencias, sobre todo en materia de proceso de paz en Oriente Próximo, de donde usted viene ahora mismo, y en algunas otras cuestiones. La actualidad manda, señor ministro, señorías, y desde luego los últimos acontecimientos en alguna materia relacionada con la política exterior exigen de este grupo que hagamos una interpelación al Gobierno sobre cuestiones que nos parecen de especial gravedad.


No vamos a volver a enumerar aquí otra vez los innumerables errores, el largo rosario de errores que, a nuestro juicio, se han producido en la política exterior, pero, señor ministro, la política exterior es una política de Estado y para que la política de Estado, que es la política exterior, tenga consideración de tal y consigamos por fin el consenso activo que tantas veces hemos reclamado, hay que tener una idea clara de lo que es España y hay que tener una idea clara de que el servicio exterior y la política exterior son un instrumento fundamental no solo para la representación de España, sino para la defensa de sus intereses y para la defensa de los intereses de los españoles. Estado es también la justicia, Estado es también la oposición y también este Parlamento.
Nosotros creemos que las actuaciones judiciales que tenemos aquí de los jueces Velasco y Moreno requieren una atención mucho más intensa por parte del Ejecutivo y además creemos, francamente, que en estos últimos casi siete años ha habido un rosario permanente de plegamientos y de cesiones por parte del Gobierno cuando venían mal dadas, cuando había provocaciones y cuando había algún tipo de desafío a los intereses de España o a sus políticas. Ante la presión, ante la polémica o ante la provocación, ustedes se pliegan y a veces hasta dan la razón al de enfrente.


Respecto a América Latina tenemos profundas discrepancias con ustedes, señor ministro, Cuba la primera, y vamos a hacer un brevísimo repaso de ello. En primer lugar, su obsesión, enfermiza casi, por tratar de cambiar la posición común de la Unión Europea. Ustedes se empeñan en decir que su política es la buena, es la que está logrando efectos en la isla.
Nosotros seguimos viendo que hay decenas de presos políticos, según sus cálculos, centenares, según los cálculos de muchas organizaciones humanitarias y no nos cansaremos de repetir que muchos de aquellos que se consideran presos comunes en Cuba son presos de conciencia. También lo era Zapata Tamayo, sobre el que alguno ha dicho que era, como ustedes muy bien

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saben, delincuente común. Tenemos que luchar por los derechos humanos en todas las partes del mundo, incluida Cuba, y lo que tenemos que exigir es que se produzca una transición a la democracia y no una sucesión en la dictadura; y eso es exactamente, tristemente, lo que su Gobierno ha propiciado.


En Venezuela la situación es todavía más grave, si cabe, porque Venezuela es un país de 27 millones de habitantes, casi un millón de kilómetros cuadrados, produce 2.750.000 barriles diarios y tiene un presidente a su frente que no se arruga ni se arredra en intentar exportar de manera insistente y machacona lo que podríamos denominar el modelo chavista. Y si no se ha instalado en ese país un régimen totalitario no es porque no hayan querido, sino porque no han podido, porque hay muchos millones de venezolanos rabiosamente defensores de sus libertades y que han votado de forma permanente en las elecciones en las que muchas veces el ventajismo del Gobierno, como en estas últimas, es escandaloso. Por cierto, señoría, le tengo que volver a hablar de la sorpresa de mi grupo el otro día, en la Comisión de Exteriores, cuando usted hacía el mismo análisis, idéntico, de la situación en Venezuela y de las elecciones que se han celebrado el 26 de septiembre al de Hugo Chávez Frías. No dejó de sorprendernos de manera muy notable, señoría. Francamente, no entendemos que usted no haga la misma lectura que hace la oposición, pero, bueno, esa es otra historia.


Ya tenemos una segunda constatación judicial del triángulo diabólico que une a las FARC con ETA, a las FARC con el régimen chavista y al régimen chavista con ETA. Ustedes, la vicepresidenta primera, el ministro del Interior, usted mismo, han dicho en declaraciones del Gobierno que el hecho de que Arturo Cubillas haya entrenado a terroristas en territorio venezolano no implica que el Gobierno de Venezuela supiese nada. ¡Ah! ¿No? Pues resulta que Arturo Cubillas es alto cargo de la Administración de Venezuela y está casado con la directora general de despacho del presidente de la República. ¿Creemos de verdad que el Gobierno de Venezuela no va a estar al corriente de las actividades del marido de la directora general de despacho del presidente de la República? Y usted sabe muy bien que en ese país existen dos implacables servicios de Inteligencia: la Dirección de Inteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que lo sabe todo; sabe quién entra, quién sale, qué dice y qué no dice, con quién se reúne. Algunos lo hemos sufrido en propias carnes, señor ministro, cuando nos seguían los coches de la DIM y del Sebin a todas partes en Venezuela. ¿Cree usted de verdad que si llegan dos terroristas y son entrenados en Venezuela no saben hasta con quién han comido? ¿Es que es tan difícil que nosotros demos crédito a lo que dicen los jueces de España? ¿Y cuál va a ser la reacción del Gobierno de España? Por cierto, le voy a contar una cosa que sale en la prensa venezolana. Se ha dicho en dicha prensa de manera clara que el Gobierno de Venezuela ha organizado un homenaje oficial en Caracas al terrorista muerto, el jefe militar de la banda narcoterrorista FARC, el llamado Mono Jojoy, homenaje al que acudió el señor Cubillas, la plana mayor de las FARC y algunos otros conocidos terroristas. ¿Cuál va a ser la reacción del Gobierno? ¿Vamos a seguir creyendo lo que dice a pies juntillas el régimen chavista? Señor ministro, ¿cuándo vamos a convocar al embajador de Venezuela en España -usted o el secretario de Estado- para exigir explicaciones -no información- al Gobierno de Venezuela sobre la connivencia entre ETA, la banda terrorista asesina ETA, las FARC y el régimen venezolano? Habrá que exigirle también explicaciones sobre todo lo anterior, sobre los demás autos judiciales, en los que, por cierto, se establece una orden internacional de búsqueda y captura contra el señor Cubillas. Hay una declaración de hoy del presidente de la Audiencia Nacional que dice que, si Venezuela no juzga a Cubillas, le tiene que entregar a España. Yo espero que el Gobierno respalde esa actuación de la Audiencia Nacional.


Tenemos que decirle, señor ministro, que las declaraciones del embajador de Venezuela en España no son inaceptables, son repugnantes y absolutamente incompatibles con la misión diplomática de un embajador en una democracia avanzada. Primero dijo que se habían obtenido las declaraciones de los terroristas por tortura, después se desdice y dice que él lo que quería decir es que no se habían obtenido de manera voluntaria. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros tenemos que decirle, señor ministro, que tendremos que exigir al Gobierno que defienda la dignidad de la Policía y de la Guardia Civil, cosa que a ustedes últimamente no se les da muy bien hacer. Recordemos sin más los incidentes en Melilla y los gravísimos insultos a las mujeres policías de la plantilla de Melilla que tuvieron como gran respuesta del Gobierno el más absoluto silencio; después hubo una pequeña declaración de la ministra de Igualdad, solo cuando algunos portavoces de mi partido se lo exigimos. Lo que ha ocurrido con Venezuela, señor ministro, es de una extrema gravedad. Las declaraciones del embajador de Venezuela en España son intolerables y la actitud de permanente provocación del Gobierno de Venezuela, también. La guinda del pastel ya es la ausencia de la bandera de Venezuela en el desfile de la Fiesta Nacional de ayer mismo y la polémica que se ha creado, puesto que se dice que ustedes sabían que no iba a desfilar la bandera de Venezuela bastante antes de lo que dice la ministra de Defensa. Pero eso ya lo aclarará mi compañera y amiga la portavoz de Defensa con la ministra. (Risas.) Aquellos que se ríen deberían tener un poco de respeto a la soberanía nacional, porque nosotros ejercemos una labor muy importante en el Estado, que es el control al Gobierno. Un poquito de respeto si ustedes creen en la democracia.


Señorías, les voy a decir una cosa -tenemos doce minutos y tendríamos que tener 36 para poder hacer un repaso a los muchos errores que se han producido-. Vamos a detenernos brevemente, por ejemplo, en la cuestión de Gibraltar. Nosotros le advertimos allá por el

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año 2004 que la declaración que se estaba preparando con Reino Unido iba a determinar que el Gobierno primero y muy probablemente el Parlamento después declararía el derecho de autodeterminación de Gibraltar y la famosa tercera vía, es decir, la búsqueda de la independencia de Gibraltar. Muy pocos meses más tarde fue una realidad y cuántas cosas nos dijeron ustedes: que si éramos unos ignorantes, unos alarmistas y muchas cosas más. Muy poco tiempo más tarde fue el Parlamento británico el que reconoció ese derecho de autodeterminación, con la gravedad que eso significa, porque contraviene las resoluciones de Naciones Unidas y el Tratado de Utrecht, que dice que solo pueden existir dos Estados para Gibraltar: permanecer bajo soberanía británica, como colonia que es, o la retrocesión a España.


Este fin de semana nosotros hemos demostrado, señoría, que podemos ser firmes en la defensa de los intereses de España y transparentes, por ejemplo, en la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla y llevarnos extraordinariamente bien con las autoridades marroquíes. Mi colega, Jorge Moragas, se reunió con el primer ministro, Abbas El Fassi, y la reunión fue extremadamente cordial. Yo mismo mantengo contactos regulares con el ministro de Asuntos Exteriores, con el secretario general de Asuntos Exteriores, o con el ministro de Asuntos Generales y otras muchas autoridades del Reino de Marruecos. Sin embargo, todo el mundo sabe que nosotros tenemos una posición muy clara respecto de la españolidad de Ceuta y Melilla, cosa que ustedes no hacen. Ustedes dicen que es evidente y que no hace falta defenderla, que es obvio. No lo será tanto, señor ministro, si hay que hacerlo.


En la réplica nosotros le plantearemos otras cuestiones. Usted ha negado que España paga rescates ni a piratas ni a terroristas. Eso tendremos que debatirlo. También tendremos que preguntarle, señor ministro, por la firmeza y por cuáles son los planes de su Gobierno para evitar la escalada de provocaciones de la República Islámica de Irán.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Para contestar la interpelación tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidenta.


Señoría, al escuchar su intervención y las menciones a Gibraltar, Marruecos, Cuba y Venezuela, a la que ha dedicado mucho tiempo -podría haber interpelado sobre Venezuela y hablar sobre ella-, no he podido más que retrotraerme al siglo XIX, a los discursos de los políticos de la Restauración, en los que el tema central era de carácter introspectivo; una etapa en la que las élites españolas se distanciaron del proceso incipiente de mundialización y apostaron por el recogimiento, por el ensimismamiento, como estrategia de nuestra política exterior; una etapa en definitiva, señoría, que nos queda muy lejos en el tiempo y en contenido y que sin embargo el Partido Popular y su señoría nos la vuelven a traer en pleno siglo XXI.


La agenda internacional del siglo XXI, señoría, no tiene nada que ver con el discurso de su señoría. En pleno siglo XXI nos enfrentamos a una realidad totalmente distinta, llena de retos y desafíos globales. En primer lugar, y por encima de todo, la salida de una crisis económica internacional de carácter sistémico y que está siendo abordada precisamente por nuestro país con decisiones concertadas a escala mundial y mecanismos innovadores dirigidos principalmente por el G-20, el foro internacional de más importancia económica y política y en el que, sí, señorías, por primera vez nuestro país, España, participa. En segundo lugar, esa agenda internacional del siglo XXI integra la formación de alianzas estratégicas que dan respuestas a las amenazas de seguridad, amenazas entre las que se encuentra el régimen talibán que combatimos en Afganistán o las derivadas de la inestabilidad regional que usted ha mencionado, como es el conflicto de Oriente Medio. Y en tercer lugar, sin ánimo de ser exhaustivo, la agenda internacional del siglo XXI se completa con la decisión ineludible del conjunto de los miembros de Naciones Unidas de contribuir al desarrollo de los objetivos del Milenio, en definitiva, de luchar contra la pobreza y el hambre, que es la verdadera lacra que tiene el siglo XXI en la comunidad internacional.


Su señoría interpela al Gobierno sobre lo que ha denominado la defensa de los intereses de España. Quizá de nuevo olvida su señoría que estamos en un mundo globalizado en el siglo XXI y que precisamente la activa participación de España, de la política exterior española en estas cuestiones de la agenda internacional, son las que nos permiten defender mejor esos intereses de España. No ver así las cosas significa volver a tener una mirada del mundo miope, trasnochada, un debate introspectivo -insisto- del siglo XIX, cuando estamos en el año 2010. El Gobierno defiende los intereses de España y de los españoles cuando toma decisiones para mejorar nuestras relaciones diplomáticas con numerosos países, en algunos casos manteniendo un diálogo crítico sobre aspectos como los derechos humanos o la democracia, porque manteniendo y mejorando las relaciones diplomáticas favorecemos las exportaciones o las inversiones de nuestras empresas o posibilitamos los intercambios entre investigadores, centros de estudios, universidades y, en general, la sociedad civil. Defendemos los intereses de España cuando participamos activamente en misiones internacionales de paz, que buscan crear un mundo más seguro y estable, como es el caso de Afganistán, o cuando, gracias al prestigio y a la interlocución de España, adoptamos un papel más activo en la resolución de conflictos internacionales, como el que ha mencionado de Oriente Próximo. Pero también respondemos a esta responsabilidad cuando de manera prudente y discreta hacemos posible la liberación de rehenes españoles,

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ya sea en el Océano Índico o en el desierto del Sahel, o cuando a través de nuestros servicios consulares prestamos asistencia a los ciudadanos españoles damnificados por desastres naturales, a los que tienen problemas cuando se desplazan al exterior o a los que se encuentran detenidos en el extranjero. Se trata, señoría, de una responsabilidad que este Gobierno asume en su sentido más amplio, desde el punto de vista de nuestras relaciones diplomáticas pero también desde el punto de vista de la asistencia consular, con un nivel de actividad en este ámbito muy superior al de los países de nuestro entorno. En definitiva, señoría, es una concepción de la defensa de los intereses de España que abarca también la defensa de los intereses de los ciudadanos, porque la política exterior, señoría, es una política construida para favorecer los intereses de los ciudadanos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

La defensa de los intereses de España no es una entelequia, se cifra en una realidad que es compleja pero que al mismo tiempo es identificable en aspectos concretos que le voy a detallar. Pero para que España defienda eficazmente esos intereses, debemos intervenir en los grandes foros económicos y políticos mundiales, cuyas decisiones afectan directa o indirectamente a nuestros intereses. Este ha sido el sentido de nuestra acción diplomática en el desempeño de responsabilidades que constituyen los hitos de la historia reciente de nuestro papel en el mundo: la Presidencia española de la OSCE en 2007; la Presidencia española del Consejo Europeo en 2008-2009; la Presidencia del Consejo rotatorio de la Unión Europea en el primer semestre de 2010; la integración de España en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, por supuesto, la participación en el G-20. Señoría, la historia juzgará la verdadera dimensión del nuevo papel de España en el mundo. En todo caso, por primera vez, señoría, ya no estamos en el rincón de la historia. No.
España se encuentra participando en el foro principal, para adoptar decisiones en materia financiera e internacional. Desde el punto de vista de nuestras relaciones económicas internacionales, nuestra cuota en el mercado y en el comercio mundial se ha mantenido en el 1,75 por ciento, similar a la del anterior ejercicio, mientras que en el primer semestre de 2010 las exportaciones siguen creciendo a una tasa superior a la de las importaciones, siendo la recuperación de estas últimas más lenta y menos intensa que la de las exportaciones, lo que contribuye a la corrección del déficit comercial que en el año 2009 se situó en el 4,8 por ciento del PIB, el valor más bajo de los últimos años.


Señoría, llegado a este punto, quiero dirigirme alto y claro al Grupo Popular para decirle que la defensa de los intereses de España no es una labor que debe ejercer única y exclusivamente el Gobierno. También el grupo mayoritario de la oposición tiene esa responsabilidad. Y cuando ustedes, señores del Partido Popular, desde España o desde fuera de España, piden que se incremente la tensión de nuestras relaciones diplomáticas, o que se produzca la ruptura de relaciones con países con los que tenemos intereses estratégicos, o intentan sacar réditos electorales de gestiones del Gobierno para liberar ciudadanos españoles que se encuentran apresados, o ponen en cuestión nuestra cooperación con países del Mediterráneo, África subsahariana, señor De Arístegui, señores del Partido Popular, con esas actitudes no están ayudando a defender mejor los intereses de España. Se trata de una responsabilidad de todos, un objetivo en cuya consecución todos debemos colaborar. Es en ese marco en el que al inicio de esta legislatura les propuse un decálogo para el consenso en materia de política exterior. Esta oferta de consenso la traslado continuamente en todas mis comparecencias parlamentarias, la última -en la que usted estuvo presente- fue en la Comisión de Asuntos Exteriores sobre balance y perspectiva de la política exterior, hace apenas diez días, insistiendo en la conveniencia de avanzar en el diseño de ese consenso, sin que por el momento hayamos tenido propuestas concretas por parte del Grupo Popular.


En su intervención, señoría, menciona casos y países concretos en los que dice que el Gobierno no defiende los intereses de España. Voy a referirme a ello de manera específica, pero antes quiero introducir una matización que me parece de enorme relevancia. En ninguno de los escenarios concretos que menciona su señoría, el Partido Popular ofrece soluciones que impliquen defensa efectiva de los intereses de España y de los españoles. No ofrecieron soluciones concretas cuando eran Gobierno -no hace falta recordar cómo se encontraban nuestras relaciones con países como Alemania, Francia, Marruecos o, incluso, con Venezuela, a pesar de los abrazos del presidente Aznar con el presidente Chávez- y no ofrecen tampoco soluciones ahora cuando son oposición. Señoría, empezaré por Venezuela y empezaré recordándole que los intereses de España y de los españoles en este país pasan por una extensísima colonia de españoles, más de 175.000 en el Registro oficial de Caracas, que requieren del apoyo continuo y permanente de la embajada y el consulado en diversos ámbitos.
Así, el Gobierno ha sido especialmente activo en la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles con problemas de expropiación de tierras en Venezuela, como acreditan las cartas de agradecimiento de las familias afectadas, cuyos expedientes se han resuelto favorablemente.
Cuestión distinta, señoría, y muy importante -como ha mencionado-, son los contactos de ETA en Venezuela. En estos momentos se está llevando a cabo una investigación judicial, y le aseguro, señor Arístegui, que el Gobierno va a exigir plenamente un comportamiento y una respuesta definitiva de las autoridades venezolanas. Utilizaremos todos los mecanismos, políticos, diplomáticos, judiciales y policiales, para derrotar a ETA y hacerles volver de Venezuela. Ha viajado a Venezuela el director de la Policía y la Guardia Civil y estamos apoyando plenamente la asistencia a los jueces españoles que están suscribiendo y sosteniendo las instancias judiciales. Su señoría también se ha referido a Marruecos.
No quiero prolongarme en la referencia a

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Marruecos; tan solo quiero recordarle que la única visita de Su Majestad el Rey a Ceuta y Melilla se produjo durante mandato socialista. Me alegro de que su compañero Moragas vaya a Marruecos y de que usted mantenga una posición abierta y de colaboración con Marruecos; eso es lo que tenemos que hacer.


En conclusión, señoría, la defensa de los intereses de España y de los españoles requiere trabajar diariamente buscando resultados concretos y no haciendo declaraciones altisonantes que pongan en peligro sus intereses. A esa defensa de los intereses de España y de los españoles se dedica el Gobierno con prudencia, con serenidad y con compromiso en el ejercicio de su responsabilidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Turno de réplica. Tiene la palabra el señor De Arístegui.


El señor DE ARÍSTEGUI SAN ROMÁN: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, la verdad es que me hace usted un honor diciendo que mi discurso de hoy le recuerda los del siglo XIX. Hay que recordar que ese es un siglo de oro en el parlamentarismo español y me siento especialmente halagado. Usted habla de entelequia, señor ministro, dice que los intereses de España no son una entelequia; yo creo que hemos sido muy claros y muy específicos. Usted ha hecho un discurso general, no ha respondido ni a una sola de las preguntas que le planteamos en esta interpelación, que es eso, una interpelación al Gobierno que exige del Gobierno respuestas claras, que usted no ha dado. Además, señor ministro, ¿en qué es incompatible la defensa de los intereses de España con una perfecta comprensión de la globalización? Yo le tengo que recordar, señor ministro, que no es el centro-derecha mundial, europeo o español, quienes nos oponemos a la globalización acusándola de ser un perverso instrumento del capitalismo en contra de los pobres del mundo. Nosotros aceptamos la globalización como una realidad y tratamos de gestionarla y de no oponernos a ella como ustedes; ahí me parece que ha tenido usted un discurso de centro-derecha y no socialdemócrata. Usted habla de activa participación. Eso, traducido del lenguaje socialista al de todos, significa tener una especie de menguante presencia que nos lleva a tender a desaparecer en algunos foros. Usted dice que estamos presentes en todas partes. Nos parece muy bien participar como invitados en el G-20, pero estaremos mucho más contentos el día en que formemos parte de pleno derecho de ese foro.


Vamos a las cuestiones que nosotros hemos planteado y a las que usted no ha respondido. Nadie ha puesto en cuestión, señor ministro, la legitimidad e importancia de las misiones de paz en las que participa España desde hace veinte años y que además han mejorado de manera extraordinaria la imagen de nuestras ejemplares Fuerzas Armadas. Y me gustaría rendir un homenaje no solo a aquellos que dieron su vida por España, sino también a aquellos que hoy siguen sirviendo a nuestro país a muchos miles de kilómetros, protegiendo nuestra libertad y nuestra seguridad contra terroristas de la peor calaña. Es verdad que nosotros hacemos un análisis general de la realidad actual como un siglo incierto, sobre terrorismo, crimen organizado, piratería, la crisis económica a la que usted llama sistémica, cuando son las políticas económicas de su Gobierno las que agravan la situación económica de España. Mientras otros países que han sufrido la crisis económica que usted llama sistémica mundial empiezan a salir con sus políticas económicas, España está más hundida que nunca en el abismo económico en el que ustedes han contribuido de manera muy notable a meternos. Pues, claro, señor ministro, le reitero una vez más que los intereses de España no son una entelequia; por eso mismo nosotros le decimos que obviamente hay intereses económicos importantes en Venezuela que nosotros respetamos, pero creemos justamente que, plegándose o aplicando la permanente complacencia ante el caudillo venezolano, lejos de defender esos intereses económicos en Venezuela y en otras partes del mundo como Bolivia, lo que se hace es ponerlos en mayor riesgo.


Nosotros no le hemos pedido nunca romper relaciones diplomáticas con Venezuela, señor ministro; hemos pedido firmeza, esa firmeza que usted y su Gobierno no han tenido nunca, ni con Venezuela ni con Bolivia. Le puedo recordar aquel rosario verdaderamente esperpéntico de viajes y contraviajes del señor León cuando decía: no nos intervengan y nacionalicen las cosas; por supuesto, no se preocupen, no se las intervenimos, le contestaban. Volvía a España y se las nacionalizaban.
Bueno, pues por lo menos no nos intervengan ustedes las propiedades de las compañías españolas; vuelve el señor León a Madrid y las intervienen.
Por lo menos no nos detengan ustedes a nadie; vuelve el señor León a Madrid y detienen a dos dirigentes de Repsol, que después fueron puestos en libertad. Si esa es la firmeza que usted dice que tienen en la defensa de los intereses y las inversiones españoles, que venga Dios y lo vea, señor ministro. Porque le reiteramos que no es plegándose ante las provocaciones de regímenes en deriva totalitaria como se defienden los intereses de España, sino todo lo contrario.


Y, para acabar nuestra intervención, le exigimos al Gobierno -y a usted, señor ministro- firmeza en la defensa de España, de la memoria de casi 1.000 asesinados de ETA y de la cooperación repugnante de un país que dice ser una democracia con una banda de asesinos sanguinarios como es ETA.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Arístegui.


Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


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El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.


Señor De Arístegui, de nuevo creo que el Partido Popular o usted mismo no entienden lo que es la política exterior del siglo XXI. La pregunta y la interpelación era ¿cómo defendemos los intereses de España en el siglo XXI? No es una entelequia, como he dicho. ¿Cuáles son los intereses de España? Los intereses de seguridad, de protección de nuestros ciudadanos; de paz; económicos y financieros; de inversiones; de defensa de nuestra lengua, de nuestra cultura; de cómo podemos garantizar una inmigración legal y no ilegal. Esos son los intereses de España y de los ciudadanos españoles. Usted legítimamente puede interpelarme sobre Venezuela o sobre Cuba y le volveré a demostrar sobre Cuba que durante su periodo de Gobierno no hubo una sola liberación, mientras que en el nuestro llevamos ya casi sesenta liberaciones y más que se van a producir. Esos son resultados, señor De Arístegui, y no entelequia. Me pregunta sobre Venezuela o sobre Bolivia. Ha hablado del viaje del secretario de Estado en aquel entonces, señor León. Pregunte a Repsol cuál es su situación en este momento en Bolivia, si están satisfechos o no. Esa es la política de defensa de nuestros intereses. Los intereses se concretan en cifras, en datos. ¿Cuáles eran las exportaciones de España en 2003? Eran 138.119 millones. En 2008, 189.227; es verdad que en 2009 bajamos, pero ya en 2010 estamos en 100.000 en el primer semestre. Esos son datos de la defensa de los intereses de España. ¿Cuáles son los intereses culturales? El Cervantes en el año 2003 tenía 45 entes en 27 países, ahora estamos en 75 ciudades en 44 países.


Lo mismo le contestaré en relación con la inmigración, que nos encontramos a España sin un mecanismo de generación de confianza con los países del África subsahariana. ¿Cuáles han sido los resultados de la gestión de la inmigración durante los últimos años? Esa es la manera de defender los intereses de España en el mundo en el siglo XXI. Lo mismo ocurre en la lucha contra el terrorismo, ¿cuál ha sido la política que ha llevado el Gobierno para reducir esa lacra del terrorismo? ¿Cómo tenemos que combatir a ETA? Como lo hemos hecho con Francia, con Portugal y como lo vamos a hacer también con Venezuela. Esa es la manera de defender los intereses de España y no acusando y acosando al Gobierno, utilizando unas declaraciones y otras para debilitar la acción del Gobierno. Ustedes, señores del Partido Popular, tienen que apoyar en esas gestiones al Gobierno. Y no es debilidad y no es más o menos firmeza, son resultados y los resultados están en Cuba, en Venezuela, en Marruecos, en los países con los que mantenemos relaciones de vecindad, en nuestra posición en el mundo y está -sí, señor De Arístegui- en nuestra presencia en el G-20, donde ustedes pudieron estar y no lo lograron, y el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha conseguido estar en todas las reuniones del G-20. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS), SOBRE LA APLICACIÓN EN CANARIAS DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CONECTIVIDAD. (Número de expediente 173/000169.)

El señor PRESIDENTE: Mociones consecuencia de interpelaciones.


En primer lugar, vamos a examinar la moción de la señora Oramas sobre aplicación en Canarias de las políticas de desarrollo turístico y conectividad.


Tiene la palabra doña Ana Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, me van a permitir que hoy que Coalición Canaria trae una moción sobre la adaptación a Canarias de las políticas turísticas y de conectividad aérea dedique mis palabras al artífice de estas propuestas. Me refiero a Adán Martín, presidente de Canarias, que nos ha dejado esta semana. Fue un gran presidente, con treinta años de servicio público, que fue diputado en esta Cámara y que creyó y luchó por una Canarias única, a la que España y Europa debían valorar como una oportunidad geoestratégica, convirtiendo nuestra tierra en una plataforma tricontinental vital para el reforzamiento europeo y para el desarrollo de África. El mar para él no era una muralla, como tantos ven, sino una autopista que permitiría conectar con las políticas adecuadas no solo las islas, sino estas con el mundo, las personas, las ideas, las mercancías, los proyectos; por ello, la importancia de los puertos y aeropuertos y, por ello, muchas de las propuestas que hoy traemos a su consideración.
Cuando tantos claman por la integridad española y se centran en la bandera o en los símbolos, muchas veces no caen en la cuenta de que las comunicaciones con Canarias y Baleares son los auténticos hilos que aseguran la unidad real de España, la viabilidad de ambos archipiélagos y el bienestar de sus 3.000.000 de habitantes. Otros ejes de su discurso fueron África y el drama de la inmigración y el turismo; África, porque creía que España y Europa debían jugar una posición estratégica en el presente y futuro desarrollo de ese continente, y Canarias debía ser esa lanzadera. Hoy está Casa África, por la que tanto luchó ante el Gobierno de España y su papel en la Fundación libertad y democracia para el registro de las propiedades de personas que no podían acceder a dichos recursos. Pero donde se vio su altura moral y visión de Estado fue en el año 2006, con el drama de la inmigración africana. Ese año llegaron a Canarias 80.000 personas en cayucos y pateras, y hoy, emocionada, me recordaba la vicepresidenta que de esos

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momentos dramáticos nació y se forjó una gran amistad. Adán era un político distinto a todos, como me recordaba María Teresa. Discutían y discrepaban con gran tensión, pero, cuando comparecían ante la opinión pública, manifestaban acuerdos, responsabilidad, serenidad y convirtieron lo que inicialmente era un problema de Canarias en un asunto de Estado.
Lo más importante que lograron los dos fue que Europa redescubriera sus obligaciones pendientes en el continente más crítico y empobrecido del mundo. Supo buscar la complicidad de nuestro rey en esos momentos difíciles. La Casa Real fue vital en aquellas horas y días. Testigo de lo que viví y estoy diciendo es su querido amigo José Segura, en aquel momento delegado del Gobierno. Qué fácil hubiera sido la demagogia, la histeria, el rédito político y, sin embargo, hubo responsabilidad, serenidad y sentido de Estado.


Hoy también hablamos de turismo, y Adán siempre creyó y luchó para que nuestra principal industria, con 15 millones de visitantes, pudiera transformarse y seguir siendo competitiva, y en épocas como las actuales, luchar en excelencia, formación y educación y, sobre todo, facilitar la conectividad y la apertura de nuevos mercados, todo ello sin olvidar a un sector industrial y agrícola vitales para mantener una diversificación de nuestra economía. Fueron tantos los viajes a Europa para que pudiéramos competir en igualdad de condiciones, y respecto a las ayudas al sector agrario e industrial, conseguidas a brazo partido con Bruselas, muchas veces era más difícil convencer a Madrid que a Bruselas. Adán creía que los canarios teníamos derecho a ser felices, que había que pensar en el futuro, nunca en el corto plazo; en la Canarias que dejaríamos a nuestros hijos, que había que planificar; ponerse en el futuro y, cuando acordáramos dónde debíamos estar dentro de quince o veinte años, volver al presente y aplicar las políticas necesarias para ese objetivo. Qué diferente de lo que hace hoy la clase política, con decisiones improvisadas de gestos y políticas cortoplacistas. Creyó y luchó por un nacionalismo integrador y pragmático y para ello impulsó una reforma del estatuto que decía que era una semilla que sembraba para el futuro y que ampliaría nuestros horizontes y el espacio canario. Por ello, la próxima aprobación de los espacios marítimos canarios y el reinicio de la negociación del estatuto sé que, esté donde esté, serán el mejor homenaje que le podremos hacer.


Termino, señor presidente. Canarias llora hoy a un gran presidente, pero, sobre todo, todos nosotros echaremos en falta al amigo, al hombre coherente, de gran altura moral y nobleza, que creía en los consensos y en los acuerdos y de unos valores que hoy tanto se echan en falta en los políticos. Que su vida, sus ideas y su talante sean un ejemplo, y que su legado de esa Canarias posible y única lo veamos pronto. Que lo que Europa reconoció en su constitución, con ese estatus especial para Canarias lo veamos en nuestra Constitución pronto, y que ese autogobierno y nuevo estatuto, vital para nuestra tierra y por el que tanto luchó, sea una realidad.


Gracias, señores diputados, por permitir este homenaje a un hombre grande, pero sencillo, mi amigo Adán Martín.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


¿Interpreto bien el sentido de la Cámara dejando constancia en el "Diario de Sesiones" del pesar de los diputados y diputadas por el fallecimiento de don Adán Martín, que también fue miembro de esta Cámara? (Asentimiento.) Así constará. Muchas gracias.


Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, del Grupo Popular, tiene la palabra don José María Ponce.


El señor PONCE ANGUITA: Señor presidente, señorías, me uno a las condolencias y al pesar de toda la comunidad canaria por la pérdida del ex presidente de Canarias, don Adán Martín. Sin duda alguna, dejó su huella en Canarias y todos le vamos a recordar.


Dicho esto, lamento tener que subir a esta tribuna para tratar cuestiones importantes para Canarias en el aspecto económico que no han pasado previamente por el Parlamento de Canarias. Ya tuve una intervención hace pocos meses -en los ocho que llevo como diputado-, también en relación con el REF y con materias importantísimas para nuestro archipiélago que habían sido traídas a este Congreso sin pasar por la consulta de los canarios ni de las formaciones políticas que los representan. Sin embargo, nuestro presidente, don Paulino Rivero, en una reunión de hace muy pocos días con los parlamentarios canarios abría el proceso y tendía la mano para la consulta de todas aquellas cuestiones en materia económica y principalmente el REF. Nos hubiera gustado que las materias de turismo hubiesen tenido el mismo recorrido.


Sin embargo, es cierto que esta moción recoge muchas iniciativas que conoce este ministerio a través precisamente de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias; consejería que ha trasladado al ministerio cuáles son las necesidades que se conocen. Estamos convencidos de que si hubiese pasado por ese trámite parlamentario en Canarias habría algunas medidas que con más tiempo se podrían haber añadido. Ahora, antes de empezar mi intervención, he mantenido unas palabras con la señora Oramas, y había diferencias en cuanto a los criterios de nuestras enmiendas que estoy seguro de que se podían haber evitado. Echamos en falta algunos aspectos, por ejemplo, en puertos deportivos. Tenemos muy pocas plazas en un sector que crea mucha riqueza y en el que todavía la demanda es superior incluso a la que necesitamos.


El Grupo Popular ha presentado algunas enmiendas. La primera, relativa al primer punto, pretende que la ampliación y el refuerzo que se le pide al Estado en relación con los espacios públicos vayan en las medidas estratégicas, no precisamente dentro del Plan de infraestructuras turísticas que, según los datos que tenemos,

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está prorrogado y acabó en el año 2006. La segunda enmienda y siguientes están dentro del área de conectividad, el punto 2. Proponemos ampliar la reducción de tasas aeroportuarias en los aeropuertos canarios no solo a aquellas compañías aéreas que aumenten el tránsito de pasajeros, sino también a aquellas que mantengan el número de turistas. Proponíamos la supresión del punto 3 porque resulta difícil llevar a cabo los objetivos que se plantean sobre la quinta libertad por el actual marco regulatorio existente para los flujos y tránsitos aéreos entre los distintos Estados.
Sin embargo, dado que resulta difícil pero no imposible, retiraremos este punto de la enmienda. Por último, solicitamos la supresión en el punto 4 de los apartados a), b) y c). Son cuestiones de carácter técnico y nunca son contrarias a las medidas que plantean.


Señorías, nuestro archipiélago se abastece principalmente de mercancías y pasajeros que llegan de forma exclusiva a través de puertos y aeropuertos. No tenemos otra vía de comunicación, incluso para muchos productos de primera necesidad. Las reducciones de las tasas aeroportuarias son irreversibles; deben serlo por su importancia, y este Gobierno, lejos de anularlas, lo que tiene que hacer es incrementar esas ayudas. Canarias exige ser más competitiva en un sector turístico estratégico para nuestra supervivencia y como principal vía para acercarnos a la realidad económica peninsular, que no sufre esta crisis con la misma virulencia con la que lo hacemos en Canarias, donde tenemos una horrorosa cifra de paro del 27 por ciento.


Desde el Grupo Popular reclamamos nuestro derecho a equipararnos como territorio al resto de España y, desde luego, lo hacemos con el criterio de estabilidad que debe tener en las inversiones, que en este momento en Canarias están por debajo de la media española. Necesitamos que el Estado impulse nuestra mayor fuente de riqueza y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias también trabajará en esa dirección con los pocos medios económicos de que dispone para lograr incrementar ese 0,3 por ciento que ha subido frente a otras comunidades autónomas que están en números negativos. La actividad del sector turístico -no nos olvidemos- supone para la economía canaria el 31 por ciento de nuestro producto interior bruto y desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a apoyar todas las medidas que se planteen en este sentido.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ponce.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Miguel González Rodríguez.


El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Miguel): Muchas gracias, señor presidente.


Antes de comenzar mi intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados y especialmente en nombre de los siete diputados socialistas de Canarias y de los ocho senadores socialistas de Canarias, queremos mostrar nuestra solidaridad, nuestro afecto y nuestro reconocimiento a la figura de don Adán Martín, ex presidente del Gobierno de Canarias, fallecido, como saben, el pasado día 10 de octubre.


La moción que hoy trae a debate a esta Cámara el Grupo Parlamentario Mixto, a través de la diputada doña Ana Oramas, aborda sin duda dos asuntos que son fundamentales para la estructura económica y social de la Comunidad Autónoma de Canarias: las políticas dirigidas al sector turístico y las iniciativas tendentes a facilitar la conectividad aérea de Canarias con el resto del mundo. En ambos casos juega un papel fundamental la estrategia integral para Canarias, conocida también como Plan Canarias, que ha sido diseñada conjuntamente por el Gobierno de España y por el Gobierno de Canarias y cuyos objetivos primordiales se centran en hacer de la competitividad y de la sostenibilidad las señas de identidad más importantes de la economía canaria. Estas premisas se sentaron el día 9 de octubre del año 2009 en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, en donde el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo visibles sus intenciones: revertir la actual situación en el horizonte 2020 y convertir a Canarias en una comunidad autónoma pujante desde el punto de vista económico, con especial atención al sector turístico y a las políticas de transporte y conectividad de la única región ultraperiférica de Europa que forma parte de nuestro país.
Lamentablemente, y a pesar del consenso que este denominado Plan Canarias generó y del razonable grado de entendimiento entre ambas administraciones, el tercer actor político de Canarias, que es el Partido Popular, jamás mostró signos de colaboración y ni siquiera intentó acercarse a los espacios de encuentro que se establecieron por los dos gobiernos. Al contrario, el Partido Popular ha aplicado en Canarias la misma estrategia que aplica en todo el país, es decir, torpedear sistemáticamente iniciativas que son claramente beneficiosas para la sociedad canaria y colocar todo tipo de obstáculos en el camino de entendimiento entre Canarias y Madrid. Sin embargo, son mayoría los ciudadanos de Canarias que entienden que el camino iniciado entre los dos gobiernos es el más interesante para el futuro inmediato.


Señorías, esta propuesta que debatimos hoy contiene elementos muy significativos para proseguir avanzando según la hoja de ruta que marca el Plan Canarias. El Gobierno de España ha manifestado sus intenciones de manera muy nítida con una inversión de 9.500 millones de euros en el periodo 2004-2009, destinada al sector turístico y el ministro de Industria, Turismo y Comercio, don Miguel Sebastián, ya manifestó en su comparecencia parlamentaria del pasado día 29 de septiembre que su objetivo es continuar su apuesta por Canarias a pesar de las dificultades presupuestarias. En este sentido, creo que es pertinente destacar algunas de las actuaciones que

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el Gobierno de España está llevando a cabo en la actualidad en Canarias y que conectan directamente con la propuesta que hoy hace Coalición Canaria. En materia de aeropuertos, la inversión total planificada para el periodo 2011-2014 asciende a casi 766 millones de euros, que suponen un incremento de un 150 por ciento frente a la ejecución media del periodo 2000-2003, periodo en el que gobernó el Partido Popular, que fue de 76 millones de euros. Asimismo, en la recuperación actual del sector turístico en Canarias, y en el mantenimiento de su competitividad, ha jugado un papel fundamental la reducción de las tasas aeroportuarias. La colaboración de AENA y la promoción de sus aeropuertos en Canarias se viene produciendo desde hace ya mucho tiempo. Sin ir más lejos, el aeropuerto de Lanzarote colabora con diversas entidades relacionadas con el turismo como el Patronato de turismo dependiente del Cabildo de Lanzarote, con asociaciones turísticas u hoteleras de la isla y también con el Foro de conectividad y transporte del Gobierno de Canarias.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista le ha propuesto a Coalición Canaria dos enmiendas que pretenden mejorar el texto de su moción. Por una parte, proponemos indagar en la búsqueda de fórmulas que permitan la utilización eventual de las playas canarias localizadas en espacios urbanos o turísticos para organizar eventos que cualifiquen la oferta de ocio, tal y como sucede en muchas otras playas del territorio peninsular. Por otro lado, también creemos factible la posibilidad de analizar medidas excepcionales de financiación preferentes destinadas a la rehabilitación turística.


Señorías, el sector turístico en Canarias -ya se ha dicho aquí- representa más del 31 por ciento del producto interior bruto de nuestra comunidad y da trabajo a más del 30 por ciento de la población ocupada. Por eso, las políticas vinculadas al transporte y a la conectividad aérea del archipiélago son cuestiones, como el turismo, demasiado importantes como para no encontrar puntos de entendimiento entre las fuerzas políticas y las administraciones públicas. El objetivo es común y perfectamente identificable: hacer de Canarias un destino turístico accesible, original, sostenible y tremendamente respetuoso con el medio ambiente.
Ese es nuestro trabajo y, sin duda, eso es lo que esperan de nosotros todos los ciudadanos de Canarias.


Muchas gracias, señor presiente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Rodríguez.


Para fijar posiciones, por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra don Francesc Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.


Intervengo muy brevemente, desde el escaño, para decir que comprendemos la moción que presenta el grupo canario, pero que también vemos ciertas dificultades para compaginar la especificidad necesaria que debe reconocerse con el contenido de la propuesta. Por tanto, anunciamos que nuestro voto no va a ser favorable.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero sumarme también a las condolencias por la pérdida del gran amigo y diputado que fue de esta Cámara, Adán Martín, con el que tuvimos ocasión de compartir en múltiples ocasiones problemáticas conjuntas y con el que también tuvimos, yo diría, una gran complicidad respecto a muchísimos problemas que afectaban tanto a Canarias como a Cataluña. Por tanto, no queremos desaprovechar esta gran oportunidad para sumarnos a las condolencias y unirnos al pesar que ha expresado la portavoz de Coalición Canaria respecto a su persona. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

En segundo lugar, quiero manifestar que vamos a apoyar la moción presentada que hace referencia al sector turístico canario. Nosotros hemos planteado otra moción que va en una dirección quizá más generalista y que engloba también lógicamente la problemática turística que tienen las islas Canarias. Desde esta perspectiva, celebramos que se haya producido una enmienda con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, con lo cual vamos a ver si es posible que la iniciativa parlamentaria presentada por la diputada Ana María Oramas también pueda gozar de la unanimidad que nosotros vamos a intentar conseguir con la moción subsiguiente de la interpelación presentada la semana pasada. Por tanto, vamos a votar favorablemente.


Y, repito, nos sumamos a las condolencias por la pérdida de este gran amigo, gran diputado y gran presidente que fue de las islas Canarias, Adán Martín.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Señora Oramas, su turno para aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas a su moción.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Vamos a aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, que mejoran la redacción, y no vamos a aceptar las del Grupo Popular porque no tienen nada que ver con la moción.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO. (Número de expediente 173/000170.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa a medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la competitividad del sector turístico.


Para defender la moción en nombre de su grupo, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señores y señores diputados, nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha presentado una moción como consecuencia de la interpelación urgente que presentamos hace aproximadamente diez días, que hace referencia a las medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la competitividad del sector turístico. Esta era una iniciativa parlamentaria, y continúa siendo en estos momentos la moción, que tiene la ambición de llegar a un consenso con todas las formaciones políticas para intentar dar una buena noticia al sector turístico, aunque quizá rebajemos inicialmente las pretensiones que pretendía lograr nuestra moción porque queremos coincidir en algunos aspectos básicos y relevantes para que finalmente el sector turístico español pueda ser declarado como un sector estratégico prioritario de la economía española, pueda servir de base para la reactivación de la actividad económica de nuestro país y pueda ser uno de los motores fundamentales y principales de generación de puestos de trabajo. Señorías, no podemos perder de vista que el sector turístico español representa un 10,5 por ciento del PIB de la economía española, que es un porcentaje importantísimo, que en estos momentos da ocupación a alrededor de 2.150.000 personas, por lo tanto, es un sector de la población nada desdeñable. Consideramos que el sector turístico tendría que ser uno de los pilares económicos de la economía española que fuera el motor de la internacionalización de nuestras compañías en los próximos años, ya que, afortunadamente, dispone de unas infraestructuras turísticas muy potentes, muy importantes. También hay una serie de compañías que hace diez o quince años eran pequeñas y medianas empresas que se empezaban a internacionalizar y en estos últimos veinte años aproximadamente hemos conseguido que hayan llegado a ser grandes compañías multinacionales españolas que tienen presencia en todos los países del mundo.


Nuestra moción va en la dirección de consolidar al sector turístico español como un sector estratégico y, al mismo tiempo, planteamos una serie de medidas que creemos que son necesarias para que realmente pueda ser uno de los motores y uno de los pilares de la reactivación de la economía española y de la creación de empleo en el sector turístico. En primer lugar, nosotros planteamos estimular la modernización del sector, con toda una serie de estímulos e incentivos temporales orientados a la reinversión y el incremento de medidas financieras que van en la dirección de poder dotar a nuestras empresas turísticas de la musculatura financiera suficiente para poder abordar su reestructuración a corto y medio plazo. Para ello pedimos que se pueda ampliar la dotación económica de la línea ICO-FuturE para el año 2010. También planteamos estudiar una fiscalidad más favorable en la prestación de servicios del sector turístico para que nuestras empresas puedan ser más competitivas.
Asimismo, planteamos impulsar conjuntamente con los agentes sociales una mejora de las políticas de formación. Por otro lado, en el marco regulador de la Ley de Haciendas Locales planteamos proceder a la modificación de la definición de municipio turístico. Finalmente, desde la perspectiva de la internacionalización de la economía, creemos sinceramente que vale la pena prestar una atención complementaria para que el sector turístico español pueda ser en un futuro inmediato uno de los pilares fundamentales de la internacionalización de la economía española, cuestión esta que no deberíamos desdeñar dada la problemática de la situación interna, del consumo interno de la economía española, partiendo de la base de que muchísimos flujos económicos que iban orientados hasta la fecha al consumo interno dentro de las perspectivas y el cuadro macroeconómico español no van a poder ser realizados dada la problemática que tienen algunos sectores españoles como el sector inmobiliario y el sector de la construcción y creemos oportuno que pudiera ser compensado para que en un futuro inmediato el sector turístico pudiera ser uno de los motores complementarios de la internacionalización de la economía española. Planteamos también medidas que apoyen la desestacionalización de la actividad turística, como la potenciación de los programas del Imserso y del sector turístico europeo como el turismo senior europeo. Por tanto, estos son en conjunto los puntos importantes que plantea nuestra moción.


A esta moción se han presentado una serie de enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya. Podríamos aceptar algunas de ellas, pero entendemos que están incorporadas perfectamente dentro de nuestra moción. El Grupo Popular ha presentado otras enmiendas importantes, pero sería interesante resolverlas en la tramitación presupuestaria que haremos en breve, en las próximas semanas. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que intentaríamos incorporar a la moción que ha presentado Convergència i Unió para conseguir este consenso de todas las formaciones políticas porque, siendo importantes las que ha presentando Esquerra Republicana, que prácticamente están subsumidas, y las que ha presentando el Grupo Popular, que las asumimos y las vamos a defender en el debate presupuestario, es muy importante que hoy

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podamos salir de esta Cámara con una gran noticia para el sector turístico español en el sentido de que todos estamos de acuerdo en que el sector turístico español ha de ser considerado como un sector estratégico de la economía española, como uno de los pilares de reactivación de la economía española y también como uno de los motores de la generación de puestos de trabajo. En este sentido, repito, vamos a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con la idea final de conseguir esta unanimidad y este consenso de todas las formaciones políticas para dar esta gran noticia al sector turístico español porque entendemos que se lo merece, señorías.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


A esta moción se han presentado enmiendas por varios grupos. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor Sánchez i Llibre, efectivamente creo que estamos todos de acuerdo en que el turismo es un sector estratégico y que la apuesta debe ser decidida desde todos los ámbitos posibles, en el caso de Esquerra Republicana se está haciendo desde la consellería que se encarga del turismo en la Generalitat de Catalunya, también en los trabajos de esta Cámara se reflejan determinadas iniciativas nuestras y en ese sentido quiero recordar solamente una. Hace unos años introdujimos en los Presupuestos Generales del Estado un fondo, el Fomit, cuyo objetivo era ayudar a la modernización de los destinos turísticos consolidados -un fondo que ha dado muy buenos resultados- y en cada uno de los presupuestos del Estado hemos presentado enmiendas para mejorar la competitividad del sector.


La moción que presenta Convergència i Unió recoge toda una serie de medidas que de una u otra forma han sido discutidas y casi siempre admitidas por todos los grupos. Por tanto, estamos básicamente de acuerdo y aceptamos su planteamiento, pero, como él ha explicado, hemos presentado tres enmiendas que, pese a reconocer que lo importante es que salga adelante la moción, y entendemos su actitud, defenderemos para explicar cuál es su calado. En primer lugar, vemos bien que se estudien y no solo eso, sino que se apliquen ajustes fiscales a la prestación del servicio del sector turístico y también que el Estado grave la actividad turística a efectos de convertirla en más competitiva en sus precios.
Ahora bien, como el señor Sánchez i Llibre sabe perfectamente, cualquier medida que pueda afectar a los ingresos del Estado debe tener presente que las comunidades autónomas se nutren en buena parte de estos ingresos y, por tanto, la enmienda que hemos propuesto pretende que cualquier medida que suponga la reducción de la presión fiscal sobre el sector turístico no tenga un impacto negativo en las arcas de las comunidades autónomas.


Otra de las reivindicaciones que en otros años Esquerra ha llevado a discusión ante esta Cámara, ya sea mediante proposiciones no de ley, proposiciones de ley o enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, es la necesidad de cambiar la definición de municipio turístico para adaptarla a las particularidades de estos municipios. A estas alturas todo el mundo conoce que los municipios turísticos tienen un grave problema para financiar sus servicios. Seguramente en nuestras comarcas cada uno tenemos ejemplos claros y los de la Costa Brava también los entenderá todo el mundo en esta Cámara. La población se multiplica en los periodos vacacionales quedando desierta la gran parte del año con una gran cantidad de segundas residencias desocupadas. No obstante, hay una serie de servicios que deben prestarse en estos municipios que en muchos casos no pueden atender. Ello ha sido posible gracias a un sistema que ha primado el desarrollo urbanístico, que ha sido el recurso que ha encontrado gran parte de estos municipios para poder financiarse. Pero precisamente ahora no es una buena oportunidad. Por tanto, creemos que se debe apostar por otro modelo que no fomente esta especulación, que permita incrementar la participación de estos municipios en los tributos del Estado y cambiar la concepción de segundas residencias por la de camas calientes, es decir, aquellas que presentan un mayor índice de ocupación al año que el de una cama que se utiliza como segunda residencia. En este sentido, hemos formulado una enmienda. También hemos presentado una enmienda al apartado 7 de la moción en la que se requiere al Gobierno establecer medidas de apoyo a la desestacionalización de la actividad turística; entre otras, la potenciación de los programas de turismo del Imserso y de programas europeos como los de turismo social.


Por último, para no agotar el tiempo, recordemos que a nadie se le escapa que el turismo de sol y playa básicamente vive de periodos vacacionales cada vez más cortos en los que concentran en gran parte los beneficios del sector. La temporada turística lamentablemente se ha ido acortando año tras año, con lo que muchos establecimientos solo permanecen abiertos una parte del año al no poder rentabilizar sus instalaciones. Ahora bien, proponemos una modificación en la moción para sustituir el programa de turismo senior europeo por el programa Calypso. El primero no es un programa de la Unión Europea y, en este sentido, puede inducir a confusión. Es un programa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que de momento está siendo un fracaso, ya que no despierta ningún interés para las comunidades autónomas debido a su elevado coste. Por tanto, proponemos la sustitución de este programa por un nuevo programa europeo, el Calypso, que ha sido planificado para un público que solo iría de vacaciones si recibiera algún tipo de ayuda y con el objetivo principal de facilitar los intercambios de turistas durante la

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temporada baja. Se ha dirigido a tres públicos objetivos: jóvenes, discapacitados y familias sin recursos.


A pesar de que no se acepten las enmiendas, entendemos el sentido del consenso y votaremos a favor de la moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Salom.


La señora SALOM COLL: Muchas gracias, presidenta.


Señoras y señores diputados, hoy estamos en el Pleno discutiendo una importante moción del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió sobre la segunda industria de nuestro país: el turismo. Es una industria que representa más del 10,5 por ciento del producto interior bruto y que da trabajo a más de dos millones de españoles. En el Grupo Parlamentario Popular pensamos sinceramente que el turismo es la industria mejor posicionada en España para tirar de la economía. Pero hay que hacer las cosas bien y en España en los últimos seis años de Gobierno del señor Zapatero no se ha actuado con las políticas adecuadas en materia turística y hemos perdiendo competitividad año tras año.


La política en materia turística tiene que ser una prioridad de Estado, ya que es un sector estratégico prioritario para nuestro país. El Gobierno en pleno tiene que estar concienciado y apoyando que la segunda industria de nuestro país es un sector estratégico. En este sentido, compartimos la mayoría de opiniones y comentarios formulados aquí por el portavoz de Convergència i Unió. Pero hoy se están tramitando los Presupuestos Generales del Estado, que contemplan un incremento del 12 por ciento de las tasas aeroportuarias. Ese tema no puede rehuírse hoy en el debate de una moción en la que se habla sobre la política de turismo. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos planteado una enmienda al texto de Convergència i Unió donde solicitamos dos cosas. Por un lado, solicitamos que se reduzcan las tasas aeroportuarias un 50 por ciento; esto se ha votado ya en la Cámara en distintas ocasiones y no se ha aprobado. Por otro lado, introducimos un segundo punto fundamental en el que podríamos llegar a un acuerdo entre todos: que en los presupuestos del año que viene no se incrementen las tasas aeroportuarias, porque eso es un ataque directo al sector turístico español. Incrementar las tasas un 12 por ciento implica incrementar un uno por ciento el precio del billete de avión. Esto puede suponer alrededor de 1,2 euros por trayecto ida y vuelta en vuelos medios de turismo de sol y playa. Y este turismo es muy sensible al precio. Por solo un euro por persona, por billete se puede cambiar la opción, cambiar un destino turístico, cambiar un determinado vuelo. Con lo cual, podemos estar hablando de que esta medida puede incidir de tal manera que el año que viene, con el incremento de estas tasas, perdamos más de un millón de visitantes en nuestro país. Esto puedo suponer el año que viene una pérdida de 764 millones de euros de ingresos directos en el conjunto del sector turístico español. Yo propongo a esta Cámara que esto se reconduzca, y por eso hemos planteado esta enmienda. Hoy, sin este incremento, las tasas aeroportuarias en España ya son mucho más caras que las tasas de nuestros competidores en el turismo de sol y playa, como son los aeropuertos del norte de África o del Mediterráneo oriental. Por tanto, desde el Partido Popular compartimos al cien por cien la moción de CiU. No tanto la del Grupo Parlamentario Socialista, ya que es una moción muy descafeinada, muy devaluada respecto a las pretensiones de Convergència i Unió. Hoy el Partido Popular es más ambicioso que el Grupo de Convergència i Unió, y creo que se debe introducir que no se incrementen las tasas aeroportuarias porque es algo fundamental y capital para el sector turístico español de cara a la próxima temporada turística. Yo prefiero una abstención del Grupo Parlamentario Popular motivada para que no se incrementen las tasas aeroportuarias antes que un consenso en esta Cámara de un texto que se va a aprobar igualmente con la abstención del Grupo Parlamentario Popular y que no incluya un tema que en estos momentos es capital para el sector turístico español.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Salom.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Larrosa.


El señor LARROSA PIQUÉ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, veo que el Partido Popular empieza excluyendo el bulto. Cuando hay que comprometerse hay que venir aquí y decirlo, y yo creo que los temas que plantea la moción del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió más la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista suponen un paso adelante y además en clave de lanzar una importante señal no solo al sector turístico español, sino al resto de administraciones públicas, a los agentes sociales, a los empresarios, a los sindicatos y a los trabajadores que viven y trabajan para este sector. Hay que reconocer que esta legislatura está siendo prolífica en debates e iniciativas alrededor del sistema turístico español. Eso es bueno, no tengan ninguna duda sus señorías. Es bueno porque implícitamente es un reconocimiento al papel del sector desde varios puntos de vista, desde su aportación al PIB, desde el punto de vista de ocupación y de empleo y del efecto multiplicador que supone hacia otros sectores económicos, como el comercio interior o el mismo comercio exterior. El turismo ha supuesto uno de los principales arietes en los mercados internacionales que ha permitido a lo largo de las últimas décadas proyectar a España en el mundo, posicionar nuestros productos, favorecer la

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atracción de talento, así como las inversiones en línea de la enmienda contenida en el punto sexto que ha presentado este grupo parlamentario.
Por ello compartimos íntegramente la petición del proponente de declarar al sector turístico español como estratégico. Está claro, tiene que constar, y así lo hará en el "Diario de Sesiones", que el Grupo Parlamentario Popular se va a abstener en este posicionamiento, es decir, que el Partido Popular se va a abstener en una declaración que va a comprometer al resto de los grupos de la Cámara a declarar al sector turístico español como estratégico para nuestra economía. Al terminar esta sesión vamos a explicar a las organizaciones internacionales cuál ha sido la posición que han mantenido hoy ustedes aquí.


Quiero recordar en este punto que ha sido un gobierno socialista el que ha impulsado el mayor plan estratégico alrededor del turismo, como ha sido el Plan Horizonte 2020 y los planes operativos subsiguientes, entre ellos el último Plan FuturE, que hoy se recoge también en el texto de la moción. Yo me lo hubiera saltado, pero como he escuchado la intervención de la portavoz del Partido Popular tengo que recordarle que en la última legislatura en la que gobernaron los populares se invirtieron 483 millones en los Presupuestos Generales del Estado en cuatro años. En la primera legislatura socialista se han invertido más de mil millones, es decir, más del doble de lo que invirtieron ellos, y en estos tres años que llevamos en esta legislatura ya alcanzamos los 2.183 millones solo con inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado.
¿Saben ustedes que en los últimos seis años han llegado 51 millones de turistas más que en los seis años anteriores? ¿Saben ustedes que en los últimos seis años se han ingresado 47.000 millones de euros más que en los seis años anteriores? Este ha sido el Gobierno que ha dado un impulso decidido a la modernización, a la mejora de la calidad, a la diversificación de productos y de mercados, tal como fijamos en el primer punto del texto de la enmienda y que recoge el texto original de la moción.


En el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que vamos a debatir ya se prevé una reserva de 300 millones de euros para mantener la línea del Plan FuturE, a fin de consolidar un sistema de mayor calidad y de eficiencia energética, y también se prevén otros nuevos 145 millones para dotar al Fondo de modernización de infraestructuras turísticas, al que hacía referencia el señor Canet y que hoy quiero recordar que fue una iniciativa del señor Montilla cuando era ministro del ramo. ¿Saben sus señorías que hasta hoy se han llevado a cabo más de 6.800 operaciones gracias al FuturE, con una inversión directa de 1.900 millones y una inducida de 3.500 millones al sector turístico? Nunca se había hecho esta inversión en nuestro sector. Cómo no vamos a apoyar este punto si el Partido Socialista es el partido que moderniza España y esta es una de las políticas más decididas en la modernización de un sistema y de un sector económico. El mes pasado en esta Cámara debatimos también sobre fiscalidad y su relación con la competitividad y la generación de empleo.
Por ello hemos propuesto en el punto segundo de la enmienda compatibilizar nuestro modelo fiscal con la competitividad y con la calidad de nuestra oferta. Por cierto, si hace unos días hacía referencia al escaso impacto que había tenido la reducción del IVA sobre el consumidor en el Reino Unido y en Francia, esta semana el presidente del comité encargado de analizar el alcance del impacto del sistema fiscal francés ha propuesto al Tribunal de Cuentas elevar el IVA en la restauración en Francia del 10 al 12 por ciento. Sabemos que nuestra cadena de valor no puede introducir elementos correctores con los costes salariales, pero tampoco la fiscalidad tiene que actuar como un elemento nocivo para nuestro sistema turístico.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Larrosa, ha acabado su tiempo.


El señor LARROSA PIQUÉ: Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Larrosa.


Señor Sánchez i Llibre, es su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas a la moción de su grupo.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Ya he manifestado en mi intervención que aceptamos la enmienda que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS MOTIVOS QUE HAN LLEVADO AL GOBIERNO A ACORDAR LA TRANSFERENCIA DE POLÍTICAS SOCIOLABORALES A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PASAR EL TRÁMITE DE LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2011. (Número de expediente 173/000171.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre los motivos que han llevado al Gobierno a acordar la transferencia de políticas sociolaborales a la Comunidad Autónoma del País Vasco con el único objetivo de pasar el trámite de la aprobación de los presupuestos generales para 2011. Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Burgos.


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El señor BURGOS GALLEGO: Señora presidenta, señorías, mi grupo presenta esta moción en la convicción de que la prevención es la mejor de las políticas cuando se trata de materias tan delicadas como esta. La lógica del cueste lo que cueste, marchamo de este Gobierno, tiene su correlato práctico y concreto en el me pidan lo que me pidan, y en eso estamos. Es la debilidad del Gobierno socialista la que nos mueve a presentar esta moción para reforzar el compromiso de esta Cámara con la necesidad de mantener y asegurar los principios básicos de solidaridad financiera interpersonal, intergeneracional e interterritorial y unidad de caja de nuestra Seguridad Social y hacerlo como corresponde, en el propio Pacto de Toledo, donde podamos convenir una propuesta o recomendación expresa que contenga las disposiciones necesarias para asegurar esta integridad y unidad de la caja única de la Seguridad Social. ¿Quién puede oponerse a esto? Los grupos que sostienen que la caja única no está en riesgo deberían ser los más interesados en borrar cualquier sombra de duda al respecto. Lo que abunda no daña, señorías. El Tribunal Constitucional ha dejado sentadas las bases de interpretación de lo dispuesto en el artículo 149.1.17ª de la Constitución española y las sentencias del Tribunal Constitucional son claras al respecto. Garantizar la igualdad y la solidaridad de todos los españoles en materia de Seguridad Social y empleo es el valor a preservar y no puede ser arrinconado ni desatendido en aras de una coyuntural necesidad de respaldo parlamentario. La descentralización territorial de la protección social es un tema de indudable carga política, pero posee una dimensión técnica y jurídica de la mayor importancia. Ha sido esa complejidad y la indudable trascendencia y efecto sobre el conjunto del ordenamiento lo que ha venido aconsejando a los sucesivos gobiernos a no proceder a esa transferencia en los términos reiteradamente planteados por los solicitantes nacionalistas vascos. Ha primado la seguridad del sistema, su cohesión, sus principios, antes que cualquier veleidad perturbadora por mucha que fuera la insistencia.


No me voy a extender sobre la naturaleza de esa problemática porque no hay tiempo; pero ahora, por mera conveniencia política, por el mero interés de superar un trámite parlamentario para aprobar los presupuestos del año próximo, lo que durante décadas ha configurado una sólida posición de Estado con respecto a las dudas jurídicas y constitucionales de tal decisión, lo que generó en el pasado una notable discrepancia entre servicios jurídicos del Estado y del País Vasco sin una solución convincente a las cuestiones en liza, lo que ha venido preocupando a los juristas y estudiosos en la materia al efecto de la inconveniencia de soluciones sin suficientes garantías, lo que ha entrado en colisión también con la constatación por esta Cámara de la inconveniencia del actual mecanismo de bonificaciones en vigor o la necesidad de avanzar en un sistema más integrado de nuestra Seguridad Social, todo esto ahora se pone en entredicho y se nos dice que se solventa por una mera reunión de portavoces de partidos. Y todo ello sin conocimiento preciso de sus contenidos y del alcance de los compromisos adquiridos y sin la participación del interlocutor natural, el Gobierno del País Vasco, al que se cita como conocedor puntual de lo que se ha negociado en una para él humillante declaración de irrelevancia y supeditación a otros marcos y otros intereses. ¿Cómo no nos va a preocupar que se pretenda resolver una cuestión de esta naturaleza por esta vía? Les ha preocupado también a los agentes sociales que han emitido comunicados a este respecto. Les ha preocupado a otras comunidades autónomas que han modificado recientemente sus estatutos y que han incorporado límites genéricos siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, precisamente para garantizar esta unidad económico-patrimonial, esta solidaridad financiera en el sistema de Seguridad Social y la unidad de caja. Le ha preocupado a ex ministros socialistas, como don Jordi Sevilla, que algo debe saber de esto -a lo mejor por eso ya no es ministro- y que se pregunta qué ha cambiado para poder hacer ahora lo que a él le dijeron que no se podía hacer antes. Es esta preocupación de todos la que debería llevarles a aprobar esta moción. Aquí lo que menos importa es la situación de los desempleados españoles. La política de bonificaciones se ha declarado ineficiente.
Aquí lo que se pretende es transferir la ineficiencia, porque lo importante no es que las cosas se hagan bien sino quién las haga. Y el Pacto de Toledo curiosamente se declaró partidario de potenciar la eficacia gestora del sistema a través de la integración de los servicios y de las funciones, no yendo precisamente en dirección contraria como se pretende con estas cuestiones.


Señorías, lo de este Gobierno con el Pacto de Toledo contiene grandes dosis de sadismo; parece que disfrutan retorciéndolo, machacándolo; incumplirlo se ha convertido en la práctica favorita de este Gobierno pero, eso sí, dice esperar como agua de mayo sus recomendaciones. En todo caso, las incógnitas e incertidumbres que se ciernen sobre todo este proceso son muy amplias, tanto que incluso no conocemos si hay acuerdo o no para los presupuestos de 2011. La vicepresidenta primera dice que sí; el PNV dice que no; se habla de enmienda a la totalidad preventiva. Si ni siquiera trasladan claridad en esta cuestión, ¿cómo lo van a hacer sobre el fondo del problema? No queremos un debate de trazo grueso. Sabemos perfectamente que se dan las normas de transferencia de los servicios y de los medios o recursos necesarios para el ejercicio de las competencias estatutarias reconocidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco, las que doten de eficacia y concreción a este acuerdo político que se nos anuncia. Esas normas dejarán claro en su momento hasta dónde se está dispuesto a llegar. Pero hasta entonces esta moción pretende ayudar al Gobierno a ir bien pertrechado hasta el final del proceso. Erosionar la caja única de la Seguridad Social no se hace necesariamente provocando un boquete en el sistema de financiación. Puede adoptar

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un modo mucho más sofisticado. El argumento esgrimido por el señor Chaves en el debate de la interpelación con mi compañero el señor Montoro es preocupantemente simple. Decir que no se traspasan las cuotas y que por eso no se rompe la caja única de la Seguridad Social vale para los propios pero para nadie que quiera acercarse a este tema con una mínima preocupación.


Señorías, repartir llaves de la caja a otros actores significa perturbar su funcionamiento en un tiempo de convulsiones económicas y necesidad...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Burgos, se ha acabado su tiempo.


El señor BURGOS GALLEGO: Voy terminando, señora presidenta.


No olvidemos, señorías, que las fisuras de hoy son las fracturas de mañana. Criticamos este acuerdo y pedimos el voto a favor de esta moción para evitarnos a todos males mayores en el futuro. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Burgos.


A esta moción no se ha presentado ninguna enmienda. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Desde el Bloque Nacionalista Galego tomamos la palabra para posicionarnos en contra de esta moción, en la medida que no compartimos lo que en ella se plantea, porque independientemente de las buenas palabras y las buenas intenciones que nos acaba de plantear el señor Burgos en relación con esa caja única, lo que persigue es básicamente acordar una vía recentralizadora de prácticamente todas las actuaciones de gestión y ejecución no solo de la Seguridad Social, sino de cualquier política laboral o de formación profesional que tangencialmente tenga algún tipo de relación con la Seguridad Social. Decimos que es recentralizadora porque el Partido Popular parte de una filosofía consistente en que toda actuación que se realiza con fondos del sistema de la Seguridad Social ha de ser gestionada a través de políticas ejecutivas diseñadas y llevadas a cabo por órganos dependientes del Estado, lo que en realidad constituye una regresión respecto a la evolución de las transferencias que se han asumido por algunas comunidades autónomas en materia de desarrollo y ejecución de funciones y tareas de la Seguridad Social, según sus respectivos estatutos de autonomía.


En segundo lugar, señorías, porque la argumentación encierra una visión expansiva de las competencias en materia de Seguridad Social y en concreto de la caja única. Es más, en el caso de las políticas activas de empleo su relación con el sistema dista mucho de la interpretación del Partido Popular, pues en realidad son bonificaciones que se deben financiar con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y no al revés como está ocurriendo ahora, que a través de la Seguridad Social lo único que hace es aplicar automáticamente la reducción de las cuotas que posteriormente le son compensadas por el Estado. Otra cosa es que se haya producido un efecto perverso como es el de financiar las bonificaciones con cargo a la Seguridad Social y se pretenda consolidar. De acuerdo con esa naturaleza de ayudas financieras con cargo al presupuesto del Estado se deben tener las reducciones en las cotizaciones sociales, ya que parece que más que la amenaza por la ruptura de la caja única es más una imaginación destinada a inducir confusión en la opinión pública que un análisis acorde con la realidad.


Finalmente, señorías, no debemos dejar de lado que las políticas activas de empleo y de formación profesional no deben ser analizadas desde la perspectiva exclusiva de la procedencia de su financiación. Dichas políticas tienen una mayor relación si cabe con la política económica, pues para ser eficaces deben tener una imbricación con las políticas de desarrollo económico e industrial que se diseñen por parte de las administraciones competentes. En ese sentido, la dramática situación de desempleo no se combate, como pretende el Partido Popular, blandiendo la caja única como una amenaza para que no se modifiquen las estructuras homogéneas de las políticas activas de empleo, que escaso resultado han dado hasta ahora. Señorías, estamos firmemente convencidos de que la eficacia de las políticas activas de empleo será mayor si aceptamos una autonomía en su gestión que permita adaptarlas al entorno económico en cada territorio e incluso a nivel normativo, mejor que aprobar y diseñar un marco común cada año para todas las empresas y sectores de forma homogénea en todo el Estado, porque la situación del desempleo no es idéntica en Galicia que en Euskadi, Canarias o Murcia. Por ello, las políticas para combatirlo deben tener el derecho a ser diferentes, aplicándolas y adaptándolas a cada situación. En ese sentido, cualquier acuerdo que avance en esa descentralización y en una mayor autonomía en la gestión de las políticas activas de empleo y formación profesional para sintonizarlas con las relativas al estímulo económico e industrial que las comunidades autónomas llevan a cabo son positivas. Por eso, como ya anuncié al principio, vamos a votar en contra de la moción del Grupo Popular.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


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Señorías, estoy convencido de que los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Catalunya -veo al señor Larrosa, veo a la señora López i Chamosa- estarán de acuerdo con las palabras de la consellera de Traball, doña Mar Serna, que reclama para la Generalitat de Catalunya el traspaso de la totalidad de las competencias relacionadas con las políticas activas de empleo. Lo ha dicho después del acuerdo alcanzado de forma brillante por el Partido Nacionalista Vasco con el Gobierno español, que va a permitir al Gobierno vasco disponer de los recursos para gestionar las mencionadas políticas activas de empleo -cursos de formación, intermediación, formación continua-, así como la gestión de las bonificaciones a las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, que ocupan cerca de un 70 por ciento del conjunto de las políticas gestionadas. Además, como bien saben ustedes -excepto el Partido Popular que lo sabe pero que lo quiere utilizar políticamente-, no atentan contra la caja única, puesto que van a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y gestionadas por el Ministerio de Trabajo; hablamos, en las cuentas de 2010, de 2.820 millones de euros. No se merma en ingresos pero, ciertamente, se ha convertido en caballo de batalla político porque le interesa al Partido Popular. Catalunya tiene transferidas competencias desde el año 1998 pero no todas, por lo que venimos reclamando, al menos Esquerra Republicana desde el año 2004, el traspaso pleno de todas las políticas activas de empleo, incluyendo las bonificaciones que políticamente ha conseguido desbloquear el Partido Nacionalista Vasco.


Para nosotros es preocupante que esta territorialización de los recursos, esta gestión transferida a las comunidades autónomas, el Partido Socialista Obrero Español la haya finalmente aceptado a golpe de imperativo, a golpe de batacazo político o incluso de miedo demoscópico o incluso por su incapacidad para ver aprobadas las cuentas del próximo año. Entendemos que esta es una muy mala manera de adoptar la modernidad puesto que ustedes finalmente acaban aceptando la realidad pero dando siempre munición a la derecha. Fíjense lo mal que lo hacen; cuando ceden a la modernidad, cuando se apuntan a una gestión mucho más funcional, acaban dando munición a la derecha, que lo percibe, lo manipula y lo utiliza como una concesión, una debilidad de sus políticas. Este es un mal negocio que, por cierto, podrían universalizarlo a otros ámbitos de su actuación política. ¿Ustedes no creen que hubiera sido mucho más positivo, mucho más moderno y mucho más progresista el hecho de haber tenido una interlocución con otras fuerzas políticas progresistas a fin de buscar las mayores rentabilidades a las políticas activas de empleo, y no finalmente caer del caballo de mala gana, repito, con un mensaje políticamente muy reaccionario, que es el de dar munición a la derecha? Qué mal lo hacen. Desde el año 2004 venimos reclamando lo que ustedes finalmente han acabado aceptando al Partido Nacionalista Vasco.
Bienvenido y felicidades al Partido Nacionalista Vasco, pero qué mal lo hacen ustedes, puesto que esto se tendría que haber convertido en un discurso progresista de interlocución entre ustedes y las minorías.
Ustedes, repito, al final, únicamente aceptan mejorar cuando no tienen más necesidad que encarar una realidad muy prosaica, como es esta; la realidad de buscar una correlación de fuerzas que les permita ir viviendo o malviviendo políticamente. Por esto es por lo que reclamamos que caigan de una vez por todas del caballo y hagan efectivo el traspaso de las competencias sobre la totalidad de las políticas de empleo, incluyendo la gestión de las bonificaciones por contratación y de los fondos de formación continua a todas las comunidades autónomas que así lo deseen, sobre todo aquellas que tienen estatutos de autonomía de segunda generación.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señores del Grupo Popular, señor Montoro ahora ausente, señor Burgos, tras leer detenidamente la interpelación del señor Montoro de la semana pasada y el texto de la moción que hoy nos presenta el Grupo Popular he de decirles con toda sinceridad que no entiendo nada, que no comprendo lo que pretende el Grupo Popular, salvo enredar, confundir y hacer demagogia barata mezclando churras con merinas. Como supongo que el señor Montoro y el señor Burgos conocen perfectamente el tema que se pretende debatir, solo puedo colegir que lo que intentan es engañar a los ciudadanos de buena voluntad. El título de la moción e interpelación se refiere a los motivos que han llevado al Gobierno a acordar las transferencias de las políticas activas sociolaborales a la Comunidad Autónoma del País Vasco con el único objetivo, se dice en la moción, de pasar el trámite de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Sin embargo, en la interpelación y en el texto de la moción se alejan de lo enunciado en este título y se introducen fundamentalmente en el debate de las políticas pasivas de la Seguridad Social, de las pensiones, y en la supuesta ruptura de la caja única. Señor Burgos, el acuerdo entre el Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco se refiere a las políticas activas de empleo, nada tiene que ver con las pensiones, con el régimen económico de la Seguridad Social. Si bien he decirles que el régimen económico de la Seguridad Social, es decir las pensiones y las prestaciones por desempleo, también es una competencia contemplada en el Estatuto de Gernika, que tras treinta y un años de vigencia desde su aprobación aún está incumplida. Pero el acuerdo alcanzado -insisto- hasta el momento se circunscribe a las políticas activas de empleo, a las oficinas de empleo en lo referente a la empleabilidad, formación ocupacional continua, así como a las bonificaciones de las

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cuotas empresariales a la Seguridad Social para la creación de empleo.
¿Por qué se ha alcanzado el acuerdo? No creo que tan solo el Grupo Vasco pueda dar respuesta a esta cuestión, pero lo que sí quisiera decirles es que es una buena noticia, que se da un paso importante en el desarrollo estatutario y que este es el camino que hemos venido defendiendo y trabajando desde el Grupo Vasco y desde el Partido Nacionalista Vasco yo diría que desde siempre. El cumplimiento del estatuto es un objetivo básico para nuestro partido y usted ahora nos dice que hay que tener prevención, que el Gobierno está cediendo al me pidan lo que me pidan. Lo que usted en definitiva quiere es negarse al desarrollo estatutario, señalando además que es una demanda de los nacionalistas. No, señor Burgos, no es una demanda de los nacionalistas, es un compromiso y un pacto con los ciudadanos vascos. Eso es lo que hay que cumplir y eso es lo que ustedes no quieren cumplir. Por eso no entiendo por qué el PP se niega a que se transfieran estas competencias aún pendientes. ¿No les gusta el Estado autonómico? ¿Prefieren un Estado centralista frente al autonómico? Yo tengo esa sospecha. Pero tengo que decirle sinceramente que nosotros no, que la realidad autonómica es la que es, que los estatutos también existen, les gusten o no, y nosotros vamos a defender el pleno cumplimiento de los mismos.


Señalan en su moción que el Gobierno no ha dudado en resquebrajar el sistema de pensiones único y solidario en todo el territorio que ustedes denominan nacional y el derecho de todos los trabajadores a recibir la misma formación y a tener las mismas oportunidades. Ya le he dicho que el acuerdo no afecta a las pensiones y que demandamos las políticas activas para que los trabajadores reciban la formación que requieren para buscar empleo o mantenerlo, pero no la misma formación en todas partes como usted dice, sino la formación que en cada territorio se requiere en función de las características productivas del mismo, por eso creemos que las políticas de formación y las de empleo tan solo pueden instrumentarse eficaz y eficientemente desde las comunidades autónomas, en primer lugar, porque son las competentes y, en segundo lugar, porque conocen mucho mejor las necesidades de sus empresas y las políticas formativas adecuadas.


El Grupo Parlamentario Popular también quiere asustarnos con la ruptura de la caja única. ¿Qué es romper la caja única, señor Burgos? Solo se puede entender que se rompe la caja única cuando los recursos de la Seguridad Social se ven afectados negativamente por el acuerdo. Pues bien, el importe que se deduzcan los empresarios vascos al pagar las cuotas a la Seguridad Social, las bonificaciones, son compensadas en su integridad por el Gobierno vasco, con lo que la Seguridad Social no sufre ninguna merma. ¿Dónde está la ruptura de la caja única? Además, la legislación la establece esta Cámara y es exactamente la misma que se va a aplicar en todo el Estado; los empresarios vascos cuentan exactamente con las mismas bonificaciones que los del resto del Estado, no hay ninguna discriminación. Ustedes lo saben, pero no lo reconocen, no sé por qué. Se dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír y a mí me da la sensación que este es su caso.


Señores del PP, se lo digo sinceramente: cambien el chip. Cambien de orientación, abandonen los tópicos y lugares comunes falsos y ayuden a mejorar la situación de la economía, y a ello precisamente contribuirá también la transferencia a Euskadi de las políticas de empleo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Señor Burgos, yo creo que las intervenciones del señor Tardà y del señor Azpiazu han situado el debate en sus justos términos. He de reconocer que su intervención desde la tribuna ha sido extremadamente ponderada en las formas y en las argumentaciones pero he de decirle que a Convergència i Unió le provoca un cierto cansancio la actitud de su grupo político, que sistemáticamente, ante cualquier desarrollo del Estado de las autonomías, se opone en nombre de valores pretendidamente constitucionales. Es especialmente cansino cuando nosotros tenemos la experiencia de colaboración política con ustedes, y cuando ustedes han necesitado los votos de las minorías nacionalistas para gobernar en esta Cámara conceptos tan sacrosantos como el que usted hoy ha defendido han sido modificados en nombre del interés general. Y digo cansino porque traslada al conjunto de los ciudadanos una imagen del desarrollo del Estado de las autonomías que entorpece el reconocimiento de la propia pluralidad del Estado.


Me gustaría que alguna vez desde esta tribuna el Partido Popular reclamase el desarrollo de conceptos tan constitucionales como los contemplados en el artículo 149.17 de la Constitución, que reconoce precisamente la posibilidad de gestión de la Seguridad Social por parte de las comunidades autónomas. O como le recordaba el señor Azpiazu, que desde hace más de treinta años al menos los Estatutos de Autonomía de Cataluña y de Euskadi contemplan expresamente la gestión de la Seguridad Social por parte de las comunidades autónomas, y el artículo 165 del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña ha reforzado esa perspectiva de intervención en la gestión por parte de las comunidades autónomas. Me gustaría encontrarles en esa posición porque eso daría más credibilidad a su otro discurso. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Además, ya se ha dicho que el acuerdo político -que vamos a ver cómo se traslada al marco legal- entre el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno, afecta al traspaso de las

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políticas activas. Es más, afecta a una política activa en la que, en defensa del Pacto de Toledo, todos afirmamos que debe ser financiada no a cargo de las prestaciones por desempleo, sino de los Presupuestos Generales del Estado y en la que precisamente quizá ese acuerdo entre el PNV y el Gobierno lo que debe permitir es que, efectivamente, se cumpla ese mandato y que la principal política activa, que es la bonificación a la contratación indefinida, pase a ser financiada por la imposición general, con lo cual si existiese alguna duda sobre la afectación a la denominada caja única quedaría disipada. Además, nos parece razonable ese acuerdo que se ha alcanzado entre el PNV y el Gobierno porque en la medida en que aproxima la gestión de esa política activa de empleo al territorio, en la medida en que integra el conjunto de políticas activas y avanza en el concepto de Administración única, seguramente va a reforzar la última finalidad de esa política, va a permitir al Gobierno vasco gobernar conjuntamente todos aquellos instrumentos que le permiten reincorporar al mercado de trabajo a las personas desempleadas. Una buena combinación de políticas de formación, de dispositivos de reinserción, acompañados de las bonificaciones al empleo puede dar mayor fortaleza a esa política. Por otro lado, la solidaridad que debe garantizar un sistema de pensiones para el conjunto del Estado -la garantía de los derechos se ha dicho desde esta tribuna- no viene marcada por la adscripción a un organismo administrativo de las cuotas, sino por la existencia de un marco legal común, y eso en ningún caso, a menos que se modifique la Constitución, se puede poner en cuestión. Otra cosa, señor Burgos -y termino-, es que si el reto pendiente es el desarrollo de los Estatutos de Autonomía en materia de Seguridad Social el principal programa del Estado del bienestar continúe siendo gestionado como hace treinta y cinco años. Es evidente también que en esta materia necesitamos mayor transparencia.


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señor presidente. Necesitamos mayor transparencia sobre los flujos financieros para que también los ciudadanos conozcan el esfuerzo solidario que algunos territorios estamos haciendo en esta materia, como es el caso de Cataluña.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Óscar Seco.


El señor SECO REVILLA: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, voy a tratar de definir mi intervención en seis sustantivos. Me los provocan la interpelación, el texto de la moción y la defensa del discurso que ha hecho hoy el señor Burgos. El primero es estupor por el desdén -ese me pidan lo que me pidan- y el rechazo de su discurso hacia las políticas activas de empleo y a que los vascos podamos ejercerlas plenamente, de acuerdo con los designios estatutarios. Le pregunto: ¿Sigue siendo para ustedes, como lo es para nosotros, el Estatuto de Gernika punto de encuentro? En España pocas veces se materializa la ecuación que define la cohesión en términos de uniformidad. No entiende usted, señor Burgos, que este país plural sale ganando en cohesión profundizando y reconociendo la diversidad. Como decía la escritora Pardo Bazán, solo reconociendo y cultivando la intimidad de cada región podrá España seguir existiendo. Todos los vascos en su conjunto y en el Parlamento vasco nos hemos mostrado partidarios de esta transferencia, de ese Lanbide que estamos configurando como auténtico itinerario profesional, que tiene que ver con la salida del desempleo de tantas personas pero también con la formación a lo largo de toda la carrera profesional, la intermediación laboral, la formación continua y la formación ocupacional.


El segundo sustantivo es perplejidad. Niega la moción que el Gobierno haya adoptado medidas drásticas de reducción del déficit público o reformas estructurales. ¿Dónde han estado sus señorías del Grupo Popular los últimos seis meses? Porque en esta Cámara se han debatido, decidido y votado todas las políticas cuya ausencia reprochan de modelo de crecimiento, sistémicas, infraestructuras, laborales, presupuestarias, económico financieras, fiscales, sociales... Y sus propuestas, las propuestas del PP, siguen sin aparecer en cada uno de los debates. La moción que ahora plantean forma parte de la misma estrategia: que el Gobierno traiga, que el Gobierno proponga. Nula iniciativa, propuestas cero. Ustedes solo se desenvuelven bien en esa corta distancia que discurre entre el boicot y el sabotaje. No sabemos de ustedes más. Y les voy a decir con la misma simpleza con la que valoran ustedes la política económica del Gobierno que bajadas masivas de impuestos a la par promueven incrementos significativos de gasto público y apoyo a la especulación, el dinero fácil y el ladrillazo.


Tercer sustantivo, confusión. Enmarca su propuesta en el contexto de los trabajos del Pacto de Toledo. En primer lugar, esta propuesta es intempestiva porque el Gobierno -lo sabe usted bien, señor Burgos- ya ha remitido sus propuestas al Pacto de Toledo de conformidad con lo ordenado por dos mociones del Senado en el año 2009 y una propuesta de resolución del Congreso. Y no faltan en ese informe menciones a la equidad y la solidaridad del sistema. Es tiempo y es momento de que la Comisión para el seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo elabore y presente sus recomendaciones en relación con el sistema de pensiones. Lo que propone la moción es una dilación injustificada y arbitraria, una obstrucción y además una desconsideración a los trabajos que ya viene realizando esa Comisión. En el Pacto de Toledo tenemos el mandato de llegar a acuerdos transversales, en perspectiva de

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consenso, y me parece que lo que persigue su moción es tristemente lo contrario. En cuanto al fondo, es llamativo que trasladen a la Comisión cuestiones atinentes al empleo, lo que es sustancialmente ajeno a la materia a que se dedica la misma. Después de años deslindando del sistema de Seguridad Social algunas formulaciones de sanidad y servicios sociales pretenden dar entrada a cuestiones vinculadas al mercado de trabajo, lo que considero es generar desórdenes innecesarios. Por último, demuestra su confusión entre la actividad legislativa o parlamentaria y la gubernativa, no pudiendo convertirse la Comisión en un órgano de supervisión permanente de la labor del Gobierno. De toda su propuesta me quedo, no obstante, en cuanto quiere poner en valor y demuestra la pervivencia del Pacto de Toledo como activo, como instrumento y metodología de concertación y con la pretensión de evitar un uso partidario electoralista de las materias afectadas. Tantos pactos de Toledo precisamos en tantas materias y solo de ustedes percibimos sus negativas obstinadas.


Cuarto sustantivo, entropía. En su acepción de la teoría del conocimiento, es la medida de la relación entre un mensaje y el ruido o la pluralidad de mensajes conjuntos que lo distorsionan. Le diré en principio que no se corresponde con la verdad que la doctrina del Tribunal Constitucional venga a calificar a las bonificaciones de las cotizaciones empresariales como integrantes del concepto de régimen económico de la Seguridad Social. El acuerdo, que servirá de base para el traspaso de las competencias entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma del País Vasco, ni cuestiona en modo alguno la titularidad única del sistema de Seguridad Social ni pone en cuestión la titularidad de los recursos financieros con que cuenta el sistema, ni mucho menos la competencia normativa que le corresponde en exclusiva al Estado. Mucho ruido y diversidad de mensajes que no nos dejan percibir si están a favor, en contra o todo lo contrario de esta transferencia.


Quinto sustantivo, incoherencia. Parece obvio que las políticas de empleo no están insertas en el marco del sistema de Seguridad Social ni los medios con que las subvenciones son financiadas derivan del presupuesto del citado sistema. Con respecto a dichas bonificaciones, la financiación viene del exterior del sistema de la Seguridad Social y solo cuando son objeto de ingreso en la tesorería, en sustitución de la parte de las cuotas empresariales a las que vienen a suplir, puede entenderse que pasan a formar parte del patrimonio único de la Seguridad Social. Quiere esto decir que tales bonificaciones, en tanto su destino último sea su ingreso en la caja única, resulta indiferente que sean a cargo del SEPE o de la correspondiente comunidad autónoma, por tanto, no genera efecto económico alguno.


Ultimo punto, satisfacción. Satisfacción por la transferencia para acabar con trece años de retraso desde que comenzaran las transferencias a las comunidades del 151 por no menos de 266 intervenciones en el ámbito del Parlamento vasco en relación con la materia y no en boca de algunos de sus compañeros.


El señor PRESIDENTE: Señor Seco.


El señor SECO REVILLA: Acabo ya. El obstruccionismo del anterior gabinete del Gobierno vasco ha hecho muy relevante el acuerdo alcanzado y por último considero también que se encuentran contempladas y comprometidas estas transferencias en el acuerdo de gobernabilidad entre su partido, el Partido Popular, y el mío.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Seco.


INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2009.


- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2009. (Número de expediente 260/000003.)

El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Informe de la señora Defensora del Pueblo en funciones correspondiente a la gestión realizada durante al año 2009. Ruego avisen a doña María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo en funciones, por si tiene la bondad de hacer un resumen de su informe en la tribuna de oradores. (Pausa.)

Muchas gracias, doña María Luisa, si tiene la bondad, puede hacer uso de la palabra para exponer el resumen del informe legalmente preceptivo.


La señora DEFENSORA DEL PUEBLO, EN FUNCIONES (Cava de Llano y Carrió): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, dentro de las actuaciones que debo desempeñar como Defensora del Pueblo en funciones destaca la presentación del informe anual sobre la actividad llevada a cabo por la institución del Defensor del Pueblo el pasado año. El automatismo de nuestra norma reguladora está pues en el origen de este honor que hoy me cabe. Siendo como soy partícipe de la gestión del Defensor del Pueblo anterior, don Enrique Múgica, copartícipe de esa gestión puesto que la supervisión de buen número de las actividades llevadas a cabo en el informe se llevó a cabo por la adjuntía primera, de la que yo era y sigo siendo titular, y por otro lado, el hecho de formar parte de la junta de coordinación de la institución, que dio por bueno en su día el informe, son circunstancias que respaldan mi comparecencia en este Pleno para efectuar esta presentación y permitir que sus señorías fijen la postura que corresponda tras mi exposición de resumen del informe.


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Como ya tuve ocasión de comunicar en mi comparecencia ante la Comisión Mixta, el documento completo del informe quedó registrado en ambas Cámaras el pasado 22 de junio, fecha en la que se hizo entrega del mismo y del anexo con la liquidación presupuestaria a los presidentes del Congreso y del Senado. El 30 de septiembre, la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo estudió y analizó el informe completo, abriéndose el correspondiente turno de preguntas y respuestas.
Por ello, señorías, para no abusar de su paciencia voy a intentar resumir al máximo ya que disponen ustedes del texto íntegro del informe, que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes número 329 de fecha 22 de julio de 2010.


Por lo que respecta a los datos contenidos en el informe permítanme, señorías, en la primera parte de esta comparecencia unas cuantas precisiones en torno al número de quejas recibidas, a su estado de tramitación y a los porcentajes indicadores de la eficacia de la supervisión realizada. Antes de abordar esos datos quisiera sin embargo hacer una brevísima alusión a las circunstancias generales que afectaban y en buena medida siguen afectando a nuestro país y a los países de nuestro entorno durante ese año 2009; me refiero a la tan traída y llevada crisis económica, en la que seguimos inmersos a pesar de los esperados y esporádicos signos de mejora que se anuncian. La crisis impregna y repercute en buen número de las quejas ciudadanas, que constituyen el quehacer principal de nuestra actividad. Esos derechos giran en torno a dos apartados sustanciales: los derechos civiles y políticos de un lado y los derechos económicos, sociales y culturales de otro. El contexto de la crisis afecta a todos ellos, como es natural, pero de manera muy evidente a los llamados derechos económicos, que sin duda entran a formar parte de gran número de las quejas gestionadas por la institución del Defensor del Pueblo.


Los datos estadísticos generales acerca de la actividad de la institución en el ejercicio 2009 configuran un cuadro estructural parecido al de anteriores ejercicios, sin embargo, los asuntos de naturaleza económica han estado presentes en un número significativo de quejas. En el año 2009 se recibieron un total de 22.287 quejas, de las cuales 18.392 son quejas individuales, un número superior a las recibidas en el ejercicio anterior. Se trata en realidad de la cifra más alta jamás registrada en la institución para este tipo de quejas. Las quejas individuales son, señorías, el indicador principal de nuestra actividad. Por el contrario, las que denominamos quejas colectivas formuladas por grupos de ciudadanos con intereses similares fueron 3.626 y registraron una disminución notable en comparación con el excepcional número de quejas de este tipo registrado en el año anterior. Las investigaciones iniciadas de oficio fueron 269, una cifra ligeramente superior al ejercicio precedente. En conjunto, los expedientes de queja son, como les he dicho, 22.287, lo que en términos históricos mantiene la actividad de la institución en sus niveles más altos de funcionamiento.


En cuanto a la procedencia geográfica, la distribución de quejas obedeció a la conjunción de dos factores principales: la proximidad a la sede del Defensor, y por eso destaca Madrid como comunidad generadora del mayor número de quejas, y el número de habitantes, por lo que a continuación aparecen las comunidades de Cataluña, Andalucía, Valencia, Castilla y León y Galicia. Podrían rastrearse otros factores en la producción de quejas por comunidades y ciudades autónomas, pero son los dos señalados, cercanía y población, los que por el momento parecen ejercer un protagonismo más acentuado. Las quejas llegadas desde el extranjero fueron 325, las más numerosas procedentes de Reino Unido, Francia y Alemania quedando un tanto desplazadas cuantitativamente las llegadas por ejemplo de Argentina, Colombia y Marruecos, lo que seguramente también tiene que ver con la situación económica y particularmente con el descenso de los flujos migratorios desde esos países. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia.)

Esa misma situación influye en los sectores de gestión en los que son tratadas las quejas. Las quejas tramitadas se gestionaron sobre todo en el área de administración económica, muy sobrecargada de expedientes, y ya bastante distanciadas las áreas de seguridad y política social, función y empleo públicos, justicia y violencia doméstica, ordenación territorial, defensa e interior, educación y cultura, inmigración y asuntos exteriores. No obstante, se ha producido un incremento notable de investigaciones producto de las quejas en los campos relativos a Administración de Justicia, urbanismo, vivienda, medio ambiente y cuestiones planteadas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.


Por hacer referencia a las quejas no admitidas a trámite, una causa habitual de inadmisión es la presentación de la reclamación cuando todavía no ha intervenido autoridad administrativa alguna, lo que impide la función de supervisión de la actividad de la Administración, característica del Defensor del Pueblo. Ahora bien, la causa más habitual de inadmisión radica en la estimación de que, al contrario de lo expresado en la queja, se ha producido una actuación administrativa conforme a derecho de acuerdo con los datos analizados. Es verdad que el ciudadano reclamante muestra su disconformidad con la actuación administrativa, pero esa disconformidad es tan solo una manifestación subjetiva que puede no tener en cuenta determinados hechos comprobados y objetivos que abonan el hecho cierto de que no se ha producido una actuación administrativa irregular. En el año 2009 hasta 3.133 quejas dejaron de ser admitidas por esta razón, pero lejos de considerar inútil la petición ciudadana, nuestra respuesta proporciona a las personas que se quejaron una información que les permite comprender mejor su problema y hacerse la pertinente composición de lugar que les posibilite encauzar adecuadamente

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su pretensión. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Las resoluciones del Defensor del Pueblo durante 2009 fueron 533. De ellas, las recomendaciones y sugerencias son las más frecuentes. Con ellas recomendamos o sugerimos a los poderes públicos la adopción de criterios interpretativos distintos de los que se vienen utilizando.
Pasando revista global a las recomendaciones y sugerencias durante el año 2009, a 31 de diciembre de ese año se sigue observando un índice razonablemente alto de aceptación de nuestras propuestas por parte de las administraciones destinatarias de las mismas. Las aceptaciones se sitúan en torno al 76 por ciento de recomendaciones y el 70 por ciento de sugerencias aceptadas. Las solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo que en virtud de la legitimación activa prevista en el artículo 162.1 de nuestra Constitución nos dirigen los ciudadanos ocupan una apreciable porción de nuestro trabajo. Así ocurrió durante 2009, como se puede comprobar con la simple consulta del informe en el que se contienen los fundamentos de las resoluciones correspondientes. En ese ejercicio fueron objeto de solicitud de interposición de recurso de inconstitucionalidad siete normas legales.


En todas las comparecencias para dar cuenta del informe del Defensor del Pueblo figura un apartado que, si no agradable de referir -¡ojalá no hubiera que hacerlo!-, resulta sumamente eficaz por el impacto y las repercusiones con el consiguiente propósito de enmienda que puede suscitar en las administraciones afectadas. Me refiero, señorías, a la noticia sobre los incumplimientos o retrasos notorios en cuanto al deber de respuesta a los requerimientos del Defensor del Pueblo. Como en años anteriores, los incumplimientos se clasifican en tres grupos según el grado en el que se producen. El primero comprende a las administraciones entorpecedoras y contumaces respecto a la labor del Defensor del Pueblo; el segundo abarca las administraciones que durante 2009 no habían respondido al tercer requerimiento; y el último -muy numeroso y cuya relación completa figura en el informe- es el de las administraciones que respondieron al Defensor del Pueblo, pero tan solo cuando recibieron un último requerimiento conminatorio.


Sobre la justicia el panorama general de quejas recibidas es similar al de ejercicios precedentes. El número más elevado correspondió a los problemas planteados por las dilaciones indebidas: 237 quejas referidas a la jurisdicción civil, 226 a la jurisdicción penal y 54 a la contencioso-administrativa. En cuanto a la necesaria inversión, es imprescindible dedicar más medios materiales y más recursos humanos para poner en servicio por ejemplo más equipos psicosociales en los juzgados de familia o para hacer efectiva la actualización permanente de la información por medios telemáticos entre las diversas instancias judiciales, así como la creación de nuevas sedes judiciales equipadas debidamente.


Cuestión prioritaria en el campo de lo penal es la atención a las víctimas de los delitos más graves, eso sí, sin que el eco mediático de determinados casos ciertamente dolorosos suponga trastocar el espíritu democrático de las garantías establecidas, lo cual puede ocurrir mediante el planteamiento y la aceptación de propuestas que, sin el debido sosiego, puedan afectar negativamente a las características del marco constitucional. Durante el año 2009, siguiendo el plan que nos hemos propuesto, se visitaron centros de internamiento de menores en varios puntos de España: Badajoz, Las Palmas, Sevilla, Madrid y Cádiz. En cuanto a la violencia de género, desde que entrara en vigor la Ley orgánica de medidas de protección integral, su eficaz aplicación ha sido objeto de preocupación por parte del Defensor del Pueblo, así como lo han sido las incidencias y disfunciones que esa aplicación ha generado. Ello ha dado ocasión para poner de relieve la necesidad de adoptar normas homogéneas en todo el territorio nacional con relación a determinados aspectos como por ejemplo la regularización de los puntos de encuentro familiar o el funcionamiento de las llamadas casas de acogida. Aunque se trate de un dato ya presente en anteriores informes, no podemos olvidar la situación del Registro Civil sobre la cual se siguen recibiendo muchas quejas.
Esperamos ver hecho realidad cuanto antes el Plan de modernización de la justicia tan anunciado que contempla la implantación de un registro único para toda España con las correspondientes transformaciones normativas y organizativas y cuya fecha de aplicación definitiva está prevista para el año 2012.


Verdadera piedra de toque para cualquier sistema democrático es la que constituye las características de su Administración penitenciaria. La respuesta del Estado democrático ante el delito ha de ser firme, pero garantizando escrupulosamente la aplicación de los derechos, tanto en lo que concierne a los autores de los delitos como en cuanto a las víctimas que sufrieron las consecuencias de la comisión de los mismos. Según los datos disponibles la acción penitenciaria superó en 2009 la cifra récord de 76.000 internos. Podemos comparar sus condiciones de vida con las de otros países y les garantizo que las conozco porque cada vez que hago un viaje oficial o privado visito a los presos españoles en el extranjero.
Ustedes pensarán que puede ser una injerencia en la política penitenciaria de otros países, pero no lo es si tenemos en cuenta que compete al Defensor del Pueblo el control y la vigilancia de la Administración consular. Saber si la Administración consular cumple con las obligaciones que tiene respecto a los presos españoles en el extranjero es una de nuestras competencias. Pues bien, en términos de comparación con otros países, las condiciones de vida de esos centros no pueden considerarse especialmente penosas, pero debe ponerse especial cuidado, porque ese crecimiento de la población reclusa por un lado y las carencias materiales por otro podrían empeorar las mencionadas condiciones de vida tanto de los presos como de quienes trabajan en los centros.


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Por otro lado, nuestra tasa de criminalidad es una de las más bajas de Europa y se ha mantenido así en los últimos diez años. Sin embargo, la población penitenciaria no ha hecho sino crecer, lo que abona la interpretación de que la política penitenciaria se viene desarrollando a base de lo que se han llamado modificaciones reactivas del Código Penal, en vez de utilizar adecuadamente los recursos preventivos, mucho menos costosos y quizá más eficaces. Los centros visitados durante el año al que corresponde el informe fueron los de Alcalá de Guadaira, Algeciras, Alhaurín de la Torre, Bonxe, Brieva, Cáceres, Ceuta, Córdoba, Herrera de la Mancha, Huelva, Murcia, los psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla, Santa Cruz de La Palma, Santander, Tenerife, Teruel y Topas. Las cuestiones que cabe destacar en el informe sobre esta materia son la situación en los hospitales psiquiátricos penitenciarios, con carencias diversas en los centros visitados; la consolidación de los módulos de respeto, ya existentes en 37 centros penitenciarios, con beneficios para más de 7.000 internos; los efectos perjudiciales que acarrea el hecho de compartir celdas pensadas para ser habitadas individualmente y de los todavía existentes dormitorios colectivos; la escasa utilización de las nuevas tecnologías y en especial de la telemedicina; las condiciones bajo las que se cumplen las llamadas penas de trabajo en beneficio de la comunidad, para las que se ha promovido por el Defensor del Pueblo su incardinación en el sistema penitenciario español, y el asentamiento y consolidación de las denominadas unidades externas de madres.


Si hay un aspecto en el que cabe destacar novedades normativas durante el año 2009, es el de la seguridad pública. La Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, añadió una disposición final única a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo mediante la cual este ejercería las funciones de mecanismo nacional de prevención de la tortura, de conformidad con la Constitución y con el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. La misma norma creaba un consejo asesor como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones del mecanismo.


La característica más notable en materia de inmigración y extranjería durante el año 2009 ha sido la de su reforma legal. En efecto, han quedado modificadas las dos normas principales que ordenan el hecho migratorio. Por una parte se aprobó la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria del mismo y por otra se produjo la reforma parcial de la Ley de Extranjería aparecida en el año 2000. En ambos casos, además de incorporar las normas de la Unión Europea, se procuraba adaptar nuestra normativa a los compromisos internacionales y a la jurisprudencia establecida. La Ley de Extranjería experimentaba así la cuarta gran reforma en una década en una materia que reclama una mayor estabilidad normativa teniendo en cuenta que nos encontramos ante una situación socioeconómica plagada de dificultades. A pesar de haberse moderado el flujo de personas que llegan a nuestro país, la actividad de la institución en este campo ha mantenido su intensidad en relación con los ejercicios precedentes. Por parte de la institución se han seguido visitando con ritmo parecido las dependencias administrativas encargadas de atender a los inmigrantes, comenzando por los puestos fronterizos aéreos y terrestres. Se ha puesto especial cuidado en las visitas de seguimiento a los centros de estancia temporal de Ceuta y Melilla, para los que se ha recomendado el establecimiento de módulos familiares independientes, porque en ocasiones se prolonga la estancia en esos centros de grupos de personas pertenecientes a una misma familia. Se han supervisado las instalaciones para la primera asistencia y detención de extranjeros, como en el caso del puerto de Motril, en el que estuve hace escasos meses, que necesita una verdadera reconversión, y de otros centros especializados de acogida como los denominados La Esperanza, de Canarias, o el centro materno-infantil de Oviedo, con limitaciones de estructuras y de recursos.


El grupo de menores no acompañados presenta un aumento sustancial de quejas caracterizadas por una problemática específica, de las que destacan las dificultades asociadas a la determinación de la edad cronológica. En estos momentos se están efectuando en nuestra institución del Defensor del Pueblo unas jornadas precisamente para homologar los criterios en materia de la determinación de la edad de los menores inmigrantes no acompañados. Las deficiencias en torno al nulo funcionamiento -nulo funcionamiento, señorías- del Registro central de menores extranjeros no acompañados y las irregularidades y falta de garantías de los expedientes de repatriación de los menores son temas que nos preocupan enormemente.


Paso ahora al apartado de la actividad correspondiente a la educación.
Debo recordar, señorías, los repetidos llamamientos del Defensor del Pueblo por el cauce de sus informes anuales para lograr un consenso social y político acerca de unos mínimos de estabilidad normativa en esta esencial parcela de la convivencia, una estabilidad que se proyecta en los problemas crónicos del sector, que son una elevada tasa de fracaso y abandono escolar, deficientes resultados en las evaluaciones del sistema tanto nacionales como internacionales, deterioro de la valoración social que aqueja a la formación profesional y carencias diversas de recursos presupuestarios y de dotación de personal. Si nos ceñimos a las quejas tramitadas en el apartado de la educación no universitaria, cabe señalar los problemas planteados en lo que afecta a educación infantil y, de manera singular, a la escasez de plazas disponibles y deficiencias en instalaciones escolares correspondientes. La enseñanza universitaria por otro lado ha estado muy condicionada, señorías, por los efectos de la integración del sistema universitario español en el llamado espacio europeo de Educación Superior derivado de la Declaración de Bolonia de 1999. Las circunstancias actuales de recesión económica tampoco coadyuvan a la necesaria inversión

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pública educativa con miras a la progresiva puesta en marcha de ese espacio europeo.


Las quejas formuladas en materia de sanidad durante el año 2009 vuelven a poner de manifiesto determinados aspectos que de un modo u otro insisten en la necesidad de reflexionar una vez más acerca de los principios que informan nuestro Sistema Nacional de Salud y que configuran por eso mismo el derecho constitucional a la protección de la salud incluido en nuestra Carta Magna. Me refiero a los principios de equidad, calidad y participación social, que deberían traducirse en producir la garantía del acceso a las prestaciones del sistema en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio español. Sigue sin poder conseguirse por completo el objetivo de la universalidad de las prestaciones sanitarias cuando han transcurrido veintitrés años desde que se aprobó la Ley General de Sanidad en la que se fijaba ese objetivo, aunque es preciso reconocer el alto grado de desarrollo y complejidad del sistema sanitario.


En otro orden de cosas, los ciudadanos perciben un evidente deterioro de la sanidad pública junto con la inclinación más que notoria de ciertas administraciones sanitarias a la externalización de servicios, justificada a menudo por una búsqueda de la eficacia propia del mundo empresarial privado y por la pretendida modernización de los recursos disponibles, sobre todo los de carácter tecnológico. Sin embargo y de acuerdo con las quejas tramitadas, esos problemas de tipo estructural, como puedan ser la agilidad en la gestión y la disponibilidad de tecnología punta, no se han resuelto y a veces ni tan siquiera paliado con la externalización mencionada. Sin pormenorizar ni entrar en mayor detalle, señorías, porque disponen de ello en el informe, apuntando tan solo indicaciones significativas como vengo haciendo en esta comparecencia, permítanme aludir a unos cuantos ejemplos suficientemente expresivos de deficiencias comprobadas en el ancho campo de las listas de espera. Como es natural, la lista de casos no es exhaustiva, ni las circunstancias que configuran los casos son las mismas en todos ellos.
Veamos, tres años y medio para realizar unas pruebas de alergia en el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares; año y medio para la elaboración de un electromiograma en el Hospital Insultar de Las Palmas de Gran Canaria; quince y trece meses respectivamente para acceder a los servicios de traumatología y cirugía vascular del Hospital Miguel Servet de Zaragoza; etcétera.


Por no alargar en demasía este apartado, me refiero muy de pasada a otros grupos de problemas relacionados con el ámbito sanitario que no quiero dejar de mencionar: la ordenación de las prestaciones y sus evidentes connotaciones en cuanto a avances de la biomedicina y su desigual aplicación en el territorio nacional; el análisis del impacto, sobre todo en el terreno laboral, de la fibromialgia y la fatiga crónica; la asignatura pendiente de la red especializada de recursos para atención a los casos de daño cerebral sobrevenido; la situación de las personas afectadas por el síndrome de sensibilidad química múltiple, de tan difícil superación; la deshumanización progresiva denunciada por los propios facultativos ante el avance imparable de una burocracia rampante, principalmente en los servicios de atención primaria y su coordinación con los servicios de urgencia.


En lo que afecta al extenso núcleo de cuestiones sobre política social, destaca el conjunto de recomendaciones y sugerencias derivadas del estudio sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, que tanta repercusión tuvo en su día, y la actividad desarrollada por la institución como consecuencia de la aplicación de la afluencia de las quejas en torno a la conocida como Ley de Dependencia aparecida en el año 2007. El informe incluye una detallada descripción del proceso de seguimiento establecido por el Defensor para verificar el grado de cumplimiento de las propuestas dirigidas a las diferentes comunidades autónomas responsables de los centros de menores, objeto del estudio mencionado, y de las medidas adoptadas por tales comunidades. En cuanto a la dependencia, la puesta en marcha de una ley tan difundida como la Ley de atención a la dependencia ha comportado un considerable número de quejas a lo largo de 2009, sobre todo por personas que todavía no habían recibido las oportunas prestaciones. En efecto, destaca en este ámbito la enorme acumulación de retrasos en los procesos de reconocimiento en la elaboración de los procesos individuales de atención y en las consiguientes resoluciones para hacer efectivas las prestaciones.


Las quejas de los ciudadanos en materia de Hacienda pública y actividad económica de carácter público han seguido aumentando. En ellas, por lo que a tributos se refiere, lo que aparecía con más frecuencia era la insuficiente información, las deficiencias en atención personal en el momento de presentación de las liquidaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y la subida de algunos impuestos. Otro gran frente de actuación comprende a su vez un gran número de apartados sobre los que además de configurar el contenido de buen número de quejas, incide muy directamente la grave situación de crisis por la que atravesamos. En esta dirección opera la necesidad de acentuar las exigencias normativas respecto de las entidades financieras que tanto protagonismo alcanzan en la crisis y cuyo papel tanto repercute en las economías familiares sobre las que esa situación crítica muestra su rostro más amargo. Nosotros hemos tratado de que el Banco de España recuerde a esas entidades financieras el deber de ajustarse tanto a las normas que rigen en el sector como a los principios de equidad que, entre otras finalidades, legitiman su importante papel social.


En cuanto a ordenación territorial, vertebra los ejes de medio ambiente por un lado y el urbanismo y la vivienda por otro. En materia medioambiental, desde la institución hemos de seguir insistiendo en la necesidad de cumplir la normativa que regula el derecho a la información ambiental restringiendo al máximo -y esto es muy importante- las causas de denegación de la misma.


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Además de los asuntos recurrentes en esta materia, como los referidos a la evaluación del impacto ambiental, la protección de flora y fauna de los espacios naturales, la gestión de residuos o la contaminación atmosférica y electromagnética, voy a comentar brevísimamente dos apartados, señor presidente, muy concretos y de especial importancia.


En cuanto al ruido, cabe destacar los problemas de contaminación acústica en determinados puntos como las zonas de influencia de aeropuertos y espacios interiores de las poblaciones. En relación con el agua, el informe fue presentado a principios de 2010 y lo tienen a su disposición en la página web de la institución. En materia de urbanismo y vivienda, que es otro eje principal de la ordenación territorial, puede afirmarse sin exagerar que aunque el urbanismo tiene como fin primordial ordenar los usos del suelo, se ha venido confundiendo con las actividades económico-financieras y especulativas que con mucha frecuencia contradicen esa finalidad, por lo menos desde un punto de vista ético.
Tal contradicción se manifiesta en todo lo que afecta al planeamiento urbanístico: rehabilitación de espacios naturales, alternativas sociales y de habitabilidad para grupos marginales, colaboración de las instancias afectadas, suficiencia de recursos hídricos y política de licencias. En lo que atañe a la vivienda, debo subrayar las dificultades y los retrasos que plantean las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo sobre la renta básica de emancipación de los jóvenes.


El último núcleo de supervisión al que voy a referirme es el que gira en torno a las circunstancias que afectan al personal de las administraciones públicas. Como en casi todos los sectores a los que hemos pasado somera revista, en la Función pública se hacen notar quizá con más crudeza los efectos graves de la recesión económica que nos envuelve. Miles de ciudadanos, ante un panorama laboral muy difícil, optan por competir en los variopintos procesos de selección convocados para ocupar puestos de empleo público en las diferentes administraciones.
Para finalizar con este apartado aludiré a las actuaciones llevadas a cabo en relación con el personal al servicio de la Administración militar. Hemos recibido numerosas quejas sobre la ausencia de un marco regulador del régimen de derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas, que a pesar del tiempo transcurrido desde que entró en vigor la Ley de la Carrera Militar todavía no se ha regulado.


Finalmente no me resisto a desarrollar el incremento experimentado durante el ejercicio 2009 en lo que se refiere a relaciones institucionales, en lo concerniente a la colaboración con los demás comisionados parlamentarios de las diferentes comunidades autónomas, con distintos representantes del tejido social y muy singularmente en la esfera internacional, en la que se evidencia un considerable número de nuestra presencia en diferentes eventos y en la suscripción de convenios de cooperación de tipo bilateral o multilateral, así como el atractivo de nuestro modelo defensorial para las instituciones de garantía que se crean o se modifican en todo el mundo.


Hasta aquí, señorías, las indicaciones -insisto- panorámicas y abreviadas sobre el informe preceptivo anual de la institución del Defensor del Pueblo acerca de su actividad durante el año 2009. Con ello deseo haberles transmitido una breve sinopsis significativa de nuestro quehacer constitucional.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías, por su atención. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Defensora del Pueblo en funciones. Aun cuando la ley establece, sin que se acabe entender del todo, que tras su ausencia comenzará la deliberación, si tiene el deseo de seguir el debate, puede subir a la tribuna para que demos cumplimiento a la ley, pero con mucho gusto a la Presidencia, si no fuese por esta dificultad, le encantaría que pudiera estar con nosotros como alta comisionada que es de las Cortes Generales. Muchas gracias por su presencia.


En cumplimiento de este mandato legal y en la ausencia de la Defensora del Pueblo, tiene la palabra por el tiempo estricto acordado don José Luis Perestelo y todos cuantos le sigan a continuación.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo brevemente en nombre del Grupo Mixto para agradecer la presentación del informe a la Defensora del Pueblo en funciones y también permítanme agradecer el trabajo de la institución durante este año. Quiero reiterar las palabras que pronuncié hace un año con motivo de la lectura de la memoria anterior y es la ausencia del Gobierno en esta presentación. Entendemos que el alto comisionado de este Parlamento trata de resolver cuestiones que se le plantean sobre el funcionamiento de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, por lo que la presencia del Gobierno debiera ser buena, fundamentalmente porque hay que corregir algunas actitudes que se desprenden del informe.


Quiero referirme a dos aspectos que nos parecen importantes y a los que ha hecho referencia la Defensora del Pueblo en funciones, en relación con la inmigración y sobre todo con los menores extranjeros no acompañados. Es un tema que ha sido planteado reiteradas veces, como conocen sus señorías, por Coalición Canaria en esta Cámara y sobre el que en dos aspectos el informe viene a validar toda la argumentación de Coalición Canaria en relación con los menores extranjeros no acompañados. Me refiero a la información sobre la edad de los menores y la necesidad de profundizar en una edad exacta que permita la mejor integración de estos menores y sobre todo a un tema fundamental que está afectando a la atención que podamos prestar a estos menores como es la tutela. Hemos debatido largamente en esta Cámara

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cómo debemos corregir ese aspecto de la tutela, que es un factor decisivo a la hora de que organizaciones no gubernamentales u organismos oficiales se hagan cargo de la atención a estos menores.


No quisiera terminar sin una referencia a algo que decía también la Defensora del Pueblo en funciones. Decía que hay que velar por el funcionamiento de los consulados en la atención de los ciudadanos españoles que están privados de libertad en otros países. A mí me gustaría transmitirle en nombre de nuestro grupo parlamentario un aspecto que nos parece importante y es que hay que vigilar la atención consular en relación con los presos, pero también -se ha hablado aquí esta mañana- con relación a la situación actual que viven los españoles en Venezuela u otros países. En Venezuela en estos momentos tenemos problemas respecto a la seguridad física y la seguridad jurídica y respecto al esfuerzo y al trabajo de muchos ciudadanos. Me parece que sería conveniente un seguimiento especial sobre qué atención está dando la Embajada de España en Venezuela y sobre todo qué atención está dando el consulado, el único consulado que hay en Venezuela, en un país tan extenso y con tantos ciudadanos españoles que necesitan de esas atenciones del Gobierno de España.


Hacía referencia también en su intervención a la aplicación de la Ley de la Dependencia. Creo que ahí hay que hacer un esfuerzo notable y seguir profundizando. ¡Ojalá estuviera aquí el Gobierno para escuchar el informe que hace la Defensora del Pueblo en funciones sobre la aplicación de esta ley!

Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Perestelo.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Tardà

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, recibimos hoy el informe de la Defensora del Pueblo en funciones, doña María Luisa Cava, la Defensora interina que parece dispuesta a hacer méritos para no perder su título de interinidad. Para ello está dispuesta a emular a su predecesor, el señor Mújica, en todo aquello que compete a la catalanofobia, a la aversión a Cataluña y a los catalanes; un ejemplo magnífico de manual de autoodio al servicio del Partido Popular, al servicio del nacionalismo español mal excluyente.
Dando rienda suelta a rencores, frustraciones y miserias políticas el señor Mújica se convirtió en un hooligan del anticatalanismo y contribuyó como el que más a dinamitar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pues bien, ahora a su sucesora le toca disparar, no sé si con munición gruesa o menor, contra el despliegue del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y en estas estamos, porque ha llegado a afirmar que espera recortar aún más el Estatut. Recurrir leyes catalanas se ha convertido en el deporte nacional español y doña María Luisa Cava en apasionada practicante. De hecho, aun cuando ocupa el cargo desde el 30 de junio, la decisión de interponer recurso contra la Ley de Acogida catalana ya estaba tomada por el anterior responsable de la institución. Ella, ferviente renovadora del hooliganismo del señor Mújica, está por la labor y prosigue con el guión.
Si tanto quiere la señora Defensora del Pueblo a Cataluña, ¿a qué viene oponerse a una legislación que lo que pretende es que los recién llegados se incorporen con todos los derechos a la sociedad catalana, que dejen de ser inmigrantes para convertirse en ciudadanos? ¿A qué viene? ¿Saben cuál es la razón? La lengua. ¿Acaso no quiere la señora Defensora del Pueblo que los ciudadanos recién llegados aprendan la lengua catalana? Supongo que si se tratara de la lengua castellana no habría problemas, pero si se trata del catalán entonces se está imponiendo una lengua. Esta enfermedad tiene un nombre: fanatismo, y tiene otro nombre: catalanofobia. No contenta suficientemente con ello, también va a recurrir el código de consumo catalán. Qué casualidad que sea otro de los objetivos de la caverna mediática y política. ¿Acaso no es posible normalizar la lengua catalana en todo aquello que compete al comercio en nuestra sociedad? La Defensora del Pueblo, convertida -digo- en títere de la reacción, no es ecuánime. Es más, uno se pregunta: En todo aquello que compete a la situación de la lengua vasca, gallega y catalana, ¿cuántas veces la Defensora del Pueblo o la institución ha mirado hacia la necesidad de normalizar y garantizar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas? ¿Dónde están las acciones ecuánimes de una institución como la del Defensor del Pueblo? No le conocemos ninguna orientación en este sentido. Para rizar el rizo decide reunirse con los taurinos y darles un poco de aire defendiendo sus tesis y dejando de lado que el pueblo de Cataluña ya ha legislado. ¿Acaso el Parlamento de Cataluña no representa a los ciudadanos de Cataluña y ya ha legislado? ¿A qué viene, pues, esta actuación? De hecho, el pueblo de Cataluña deberá continuar visitando al Síndic de Greuges, pero, además, deberá hacerlo para frenar los agravios de esta institución española, la del Defensor del Pueblo. Y uno se pregunta: ¿Cómo un Estado moderno como el Estado español se puede permitir el lujo de que las voluntades de su sociedad se vean dinamitadas y truncadas por una institución tan desprestigiada, manipulada y corrompida? Hemos vivido las consecuencias de un Tribunal Constitucional ilegítimo, parcial y corrompido en sus funciones, y ahora, además, en el año 2010 ¿tenemos que aguantar una institución tan corrompida, tan parcial y tan ilegítima en sus funciones y en su práctica como la del Defensor del Pueblo? Creo que esto es imposible de metabolizar. Pedimos ecuanimidad y, por favor, cúrense ya de una vez de la catalanofobia...


El señor PRESIDENTE: Señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: ... y observen que también existen, además de la lengua española, la

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lengua catalana, la lengua gallega y la lengua vasca, y todos deberíamos tener de una vez por todas los mismos derechos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señora Defensora del Pueblo en funciones, quiero comentar varias cosas que no hacen referencia tanto al contenido del informe de la defensoría como a cuestiones que podríamos calificar casi de colaterales. No sé si la Comisión de Reglamento debería tomarse en serio la reforma del Reglamento en relación a la forma de dilucidar este trámite. Estoy ilustrado hasta la saturación sobre el informe porque usted lo ha explicado en el Senado en Comisión y en Pleno y aquí en Comisión y en Pleno. Tenemos una información exhaustiva y además agotadora en el sentido etimológico del término, porque ha agotado usted todas las cuestiones que se consignan en su informe. Quizás convendría un aligeramiento metodológico del trámite para poder atender a sus relevantes recomendaciones. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

En segundo lugar, señora Defensora del Pueblo, señoras y señores, señor presidente, he de indicar que el Estado español en este momento -yo me he preocupado de hacer el cotejo, el expurgo- ostenta un verdadero record Guinness, al que incluso se podría incorporar, porque no hay en ningún país del mundo más instituciones de contrapoder, más instituciones de defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas que en el Estado español. No solo está la institución que usted representa, hay defensores de pueblo autonómicos: el Ararteko, el Sìndic de Greuges, el Defensa de Aragón y otros muchos. Pero es que además han empezado a proliferar otros vinculados a la capitalidad. Existe un defensor de los derechos de los ciudadanos en Vitoria, otro en Girona y en muchas otras ciudades del Estado; el de Vitoria, además, compatibiliza con brillantez sus funciones de defensa de los derechos de los ciudadanos vitorianos con su condición de gran oriente de la masonería en esta ciudad y en Euskadi.
Y existen otros de naturaleza sectorial; existen defensores de los consumidores, defensores de los agraviados por el mal funcionamiento del sistema sanitario, defensores o defensorías de los derechos de la mujer.
Aquí hay casi una inflación -podríamos calificarlo así, no sé si usted comparte esta opinión- de instituciones de contrapoder o de defensa de los derechos, que además no está reglada o reglamentada desde una perspectiva que para nosotros es particularmente relevante, que son los protocolos o los mecanismos de actuación que permitan una compatibilización de las actuaciones de unos en relación con los otros, de forma y manera que así se producen interposiciones o intersecciones de las funciones que usted representa brillantemente, de las que representa y ejecuta el Ararteko y otros defensores del pueblo autonómicos, de los defensores de los derechos de los ciudadanos de distintas capitales y de los sectoriales, sin ningún protocolo de ordenación de las actuaciones, de tal manera que la intersección e incluso la, de alguna forma, perturbación del funcionamiento de diversas instituciones que han llegado a la aberración de, en relación a mismos supuestos investigados, llegar a conclusiones manifiestamente contrarias provoca la ausencia de un buen funcionamiento o de una buena tutela de los derechos y libertades fundamentales, que es la función que la Constitución encomienda con toda seguridad a ustedes y con toda probabilidad a todos los demás. Desde esa perspectiva yo le agradecería que se acometa también una reforma de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo y de todas las demás para buscar mecanismos de coordinación territorial de forma y manera que no se produzcan interposiciones, interrelaciones perversas o ineficientes hasta el punto de que se produce una paradoja que yo le he comentado muchas veces pero ni usted ni su predecesor en el cargo han sido capaces nunca de contestar, y es por qué el Defensor del Pueblo actúa de oficio -porque aquí cabe actuar de oficio y cabe actuar a instancia de parte- más veces o en relación a más casos en Euskadi que el propio Ararteko y con conclusiones muchas veces diferenciadas y en otros casos incluso manifiestamente contradictorias. Esta es una perturbación que debería corregirse porque no es una cuestión colateral sino troncal con respecto al funcionamiento del Estado que tiene más instituciones de contrapoder o de defensa de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos del mundo; con toda seguridad, del mundo. Se trata de un problema de articulación del propio Estado y de articulación de estos mecanismos que forman parte del propio Estado, que son los mecanismos llamados a defender a los ciudadanos de los abusos y desmesuras de las instituciones públicas con carácter general. Mire, decía un importante articulista hace poco, el señor Alcántara, que parece mentira que en el Estado español existan tantas instituciones de contrapoder, tantas instituciones de defensa de los derechos de los ciudadanos y sin embargo los ciudadanos se encuentren tan particularmente desvalidos. Esa es la cuestión que nos debíamos plantear.


Otra cuestión de naturaleza colateral. En relación con la legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad sabe usted que mi grupo siempre ha mantenido reservas intelectuales importantes...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con esto acabo, señora presidenta.


Pero estas reservas adquieren ya una dimensión creciente y particularmente intensa cuando ustedes utilizan el mecanismo de legitimación desde una perspectiva ilegítima. Es la contraposición o la tensión entre

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legitimación y legitimidad que la doctrina científica ha venido estudiando sin resolver los puntos de equilibrio adecuadamente.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Cuando ustedes, desde una perspectiva de legitimación procesal, interponen recursos contra normas del Parlamento de Cataluña como las relativas a la defensa de los consumidores o a los reglamentos de acogida, lo hacen desde una perspectiva de interpretación de la desmesura o de la auténtica superposición de los títulos competenciales del Parlamento de Cataluña. Eso no es lo que ustedes pueden legítimamente valorar; ustedes solo pueden valorar la vulneración de derechos y libertades fundamentales, y esta expoliación de la interpretación de la legitimación que a ustedes...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor, mire el reloj y verá el rato que ha excedido de su tiempo.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ¿Dónde está el reloj?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A su derecha.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, me he excedido.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Una vez que estamos de acuerdo, por favor, finalice.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Desde esta perspectiva -con esto acabo, señora presidenta- la legitimación que a ustedes corresponde la están desmesurando, la están pervirtiendo y la están prostituyendo, y le pido por favor que acaben con esta práctica.


Muchas gracias, señora presidenta, y perdone.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.


Nuevamente hemos tenido ocasión de escuchar el resumen del informe anual del Defensor. Nuestro grupo parlamentario agradece, como no puede ser de otra manera, la exposición en este Pleno, aunque hace pocos días ya tuvimos también ocasión de escuchar un resumen ampliamente expuesto en la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo. En aquella ocasión nuestro grupo parlamentario ya manifestó que no se conformaba con la recopilación mimética de datos año tras año correspondientes a los informes. Como dijimos, esos datos habitualmente son los mismos, lo único que varían son las circunstancias en las cuales se desenvuelven esos datos. Asimismo usted ha manifestado hoy que las circunstancias económicas negativas que nos acompañan evidentemente influyen mucho en los datos estadísticos que se recogen en los trabajos del Defensor, en su informe anual. Nosotros creemos que el modelo de institución puede mejorar mucho, y así lo dijimos también en la Comisión. Creemos que su capacidad de influencia dentro de las competencias que le son propias podría ser mayor. Así, por ejemplo, creemos que son de gran interés las conclusiones que se elaboraron en las jornadas de cooperación de los defensores del pueblo que tuvieron lugar en Barcelona. Ahí se reflexionó extensamente en relación con muchos aspectos de la institución con la finalidad de mejorar su eficacia. Así, se abordó esa doble presentación en Comisión y en Pleno, qué sentido tiene esa duplicidad, reiterar aquí y allí las mismas palabras exactamente en ambas instancias. También se recogió cómo se puede dar más publicidad a las recomendaciones y sugerencias del Defensor. En definitiva, creemos que debemos abrir un profundo debate acerca del modelo actualmente vigente y hacia dónde queremos que vaya.


También echamos en falta un mayor grado de autocrítica por parte de los representantes de la institución, porque, pese a escuchar reiteradamente tanto en Comisión como en Pleno propuestas de mejora, no vemos que se plasmen en cambios concretos. Así, por ejemplo, en nuestra intervención en Comisión propusimos que el informe anual incluyera también la relación detallada del presupuesto del Defensor del Pueblo. Creemos que este dato sería útil, además de ir en la misma línea de otras defensorías, como ocurre con el Defensor del Pueblo europeo. No adivinamos qué razones lo impiden, porque aunque la Ley del Defensor del Pueblo establezca en su artículo 33 que el informe contendrá un anexo cuyo destinatario son las Cortes Generales, no hay motivo alguno que impida que esa información también se incluya en el informe anual para conseguir una mayor transparencia.


Por otra parte, entrando a valorar algunos aspectos que se recogen en el informe anual, me referiré nuevamente a una cuestión que nos preocupa y en la que reiteradamente hacemos hincapié, y son las actuaciones de oficio del Defensor. Este es un tema recurrente y en el que nuestro grupo parlamentario pone especial acento. Cuando me referí a ello en Comisión usted me respondió que no entendía nuestra posición en cuanto a estas actuaciones, que teníamos una concepción distinta de lo que debía ser la institución, que usted quería una institución abierta, una institución activa. Efectivamente, tenemos una concepción radicalmente distinta de lo que tiene que ser la institución del Defensor del Pueblo. No se confunda, nuestro grupo parlamentario en ningún caso censura la actuación de oficio del Defensor del Pueblo. Ahora bien, lo que queremos es que haya transparencia

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absoluta en esas actuaciones y que tengamos claros los criterios de actuación en estos supuestos, que sepamos qué ha movido al Defensor del Pueblo a actuar en un caso en detrimento de otro. Y no aceptamos que cuando se pregunta por los criterios que emplean a la hora de iniciar un procedimiento de oficio se nos responda que el método es el de la lectura de los medios de comunicación. Con todos nuestros respetos, creemos que este podría ser un método válido, pero no exclusivo, y por lo tanto exigimos que se clarifique cuándo la institución decide intervenir por iniciativa propia. Por ello hemos pedido reiteradamente que se fije por parte de la institución una pauta o protocolo de actuación. Así, por ejemplo, estaría bien saber por qué razón el Defensor del Pueblo ha decidido estudiar la posible interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional contra el recién aprobado código de consumo de Cataluña, y en cambio no se dedica a estudiar otras cuestiones que afectan y preocupan mucho a los ciudadanos.


Tampoco podemos dejar de hacer mención a otro tema cual es la relación de la institución del Defensor del Pueblo con Cataluña. Nosotros ya le dijimos en la anterior comparecencia que parece ser que la titular del Defensor del Pueblo actual y su predecesor tienen una especial obcecación por todo lo referente a Cataluña...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Surroca, por favor, debe terminar.


La señora SURROCA I COMAS: Voy terminando. Tiene una especial obcecación con todas las leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya, aprobadas por el pueblo catalán. Nuestro grupo parlamentario no se siente representado por un defensor del pueblo que continuamente está estudiando y analizando las leyes que emanan del Parlament de Catalunya para posteriormente recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Exigimos respeto para la voluntad del pueblo de Cataluña.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Surroca.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Navarro Cruz.


La señora NAVARRO CRUZ: Gracias señora presidenta.


Muchas gracias, señora Defensora del Pueblo, por su intervención y por el trabajo que su equipo ha hecho y está haciendo continuamente en esta institución. Quisiera que extendiera además el agradecimiento del Grupo Popular al señor Múgica y a todas las personas que han hecho y hacen posible que esa institución del Defensor del Pueblo se haya consolidado como valedora de los derechos de los ciudadanos tal y como recoge nuestra Constitución.


He de reconocer la dificultad de valorar en unos pocos minutos el enorme trabajo que se ha realizado por parte de la institución del Defensor del Pueblo durante todo un año. El informe correspondiente a 2009 ya abarca más de 1.850 páginas, incluso el resumen que prepara el Defensor del Pueblo ya es lo suficientemente denso como para que pueda -incluso para que deba- quedarse en un titular más o menos llamativo. Lo que el informe detalla de manera pormenorizada no puede resumirse en cuatro palabras sin que pierda parte de la esencia, pero aun así el Defensor del Pueblo ha conseguido presentar una radiografía de la situación que está atravesando España en este momento, visiblemente marcada por las consecuencias de la crisis. Dice textualmente: Aumentan las quejas de oficio en el año 2009 y las individuales motivadas por problemáticas de carácter económico y social. Así ha querido resumir el Defensor del Pueblo en su informe el año 2009. Que las quejas de oficio hayan aumentado refleja que la institución no se limita a ser un sujeto pasivo frente a los problemas de los ciudadanos, sino que al supervisar la actividad de la Administración completa su labor al participar de un modo activo en la construcción de una sociedad más justa y más democrática. Pero llama especialmente la atención que, siendo el Gobierno el principal responsable de los problemas económicos y sociales que aquejan a los ciudadanos, la propia Administración General del Estado sea lenta en contestar a los requerimientos del Defensor del Pueblo, por no hablar de los casos en los que ha llegado a entorpecer el trabajo de esa institución. El elevado número de quejas se produce porque la mala gestión de las administraciones está afectando directamente a los ciudadanos; la Administración de Justicia vuelve a ser señalada un año más por acumular dilaciones indebidas de fondo, y desde luego subyace la problemática derivada de la falta de recursos, de la falta de material y, sobre todo, de la falta de recursos humanos para agilizar la justicia. La Administración penitenciaria también está falta de recursos humanos y materiales. Lo acaba usted de reconocer, hace un momento decía que hay un incremento de población penitenciaria, a pesar de que el señor Rubalcaba se empeña en lo contrario, y eso queda patente en la situación en la que se encuentran numerosos centros penitenciarios. El detallado informe que ha elaborado el Defensor del Pueblo sobre los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Sevilla y Alicante debería bastar por sí solo para que las instituciones penitenciarias cambiaran radicalmente el rumbo de las políticas penitenciarias que se están llevando a cabo por parte de ese departamento. Si a esto le añadimos, como bien señala el informe del Defensor, que no se está cumpliendo lo establecido por la Ley penitenciaria de que cada interno disponga de una celda, volvemos a corroborar la gestión de la Administración del Estado y vemos que deja mucho que desear, máxime cuando -vuelve a señalar el informe- no existe intención por parte de la Administración para llevar a cabo algunas de las recomendaciones propuestas.


Podríamos seguir hablando de inmigración, de educación, de sanidad, de aspectos relacionados con los

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asuntos sociales y de tantos otros como los que abarca el amplísimo trabajo que ha realizado el Defensor del Pueblo, pero basten estos ejemplos para significar que las carencias, los problemas y las dificultades de los ciudadanos, lejos de disminuir, no han dejado de aumentar en aquellas administraciones que son competencia directa del Gobierno de la nación. El Defensor del Pueblo ha retratado perfectamente estos problemas y carencias y a la Administración, especialmente al Gobierno, corresponde ahora prestar atención a sus recomendaciones y sugerencias.


Señora Cava de Llano, muchísimas gracias nuevamente por su informe, por su información y por el trabajo que se desempeña desde la institución del Defensor del Pueblo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Navarro.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Heredia Díaz.


El señor HEREDIA DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero dar las gracias a la Defensora en funciones y agradecer el trabajo realizado en este informe que, como cada año, nos ilustra sobre la situación y la salud de la relación entre los ciudadanos y las administraciones públicas, dónde están los problemas y por dónde podemos comenzar a intentar resolverlos.


Del informe se deduce que las quejas en conjunto han descendido ligeramente, aunque bien es cierto que las quejas individuales han aumentado muchísimo. También se aprecia en 2009 un incremento de las quejas iniciadas de oficio por el alto comisionado, lo que pone de manifiesto su creciente actividad en su labor de defensa y garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas. He de destacar asimismo la normalización de las quejas planteadas a través de la página web del Defensor, que ya se sitúan en torno al 49 por ciento. En cuanto al contenido del informe, suscribimos la demanda de redoblar la exigencia hacia las entidades financieras, esto le parece fundamental a mi grupo parlamentario; también el Gobierno ha iniciado este camino, la denominada Ley de Cajas, por citar solo un ejemplo en este sentido, promueve la profesionalización e incrementa la transparencia de estas entidades financieras.


Quiero también destacar algunos puntos referentes a la Administración de Justicia. Si falla la justicia falla el primer escalón de protección de los derechos de los ciudadanos, en consecuencia, no podemos sino congratularnos desde este grupo parlamentario, como lo hace el propio Defensor del Pueblo, de la puesta en marcha del Plan de modernización de la justicia 2009-2012, que ha de concretarse en varias reformas legales: regulación actualizada de la instrucción penal, implantación de un registro civil único para todo el país y sobre todo en esfuerzos notables de inversión que estamos seguros de que este Gobierno va a llevar a cabo.
En materia de inmigración, la menor afluencia de inmigrantes a nuestro país, así como las reformas legales llevadas a cabo recientemente -Ley de Asilo y la denominada Ley de Extranjería-. permiten constatar una disminución de la problemática que acompaña al fenómeno migratorio. No obstante, permítanme como malagueño hacerme eco de una recomendación reiterada del alto comisionado que aconseja incrementar los recursos del centro de internamiento de extranjeros de Málaga de cara a mejorar las condiciones de vida de los recluidos allí. En este sentido quiero aprovechar esta intervención para reclamar el entendimiento entre las dos administraciones, Ayuntamiento de Málaga y Ministerio del Interior, para que alcancen un acuerdo cuanto antes y con ello permitir la construcción de un nuevo centro de internamiento que mejore sin duda esas condiciones.
Por cierto, en los presupuestos del próximo año el Ministerio del Interior considera prioritaria esta actuación. Ahora solo falta que el Ayuntamiento de Málaga colabore en su realización.


En otro apartado del informe se habla de las dificultades de la renta básica de emancipación de jóvenes. Señorías, hay problemas porque hay ayudas, porque hay dinero que facilita que los jóvenes puedan alquilar una vivienda. Con el Partido Popular no habría este problema porque no habría este tipo de ayudas. No podemos olvidar tampoco un par de temas recurrentes en el ámbito de la Administración sanitaria como el relativo a las listas de espera, especialmente en la Comunidad de Madrid -les recuerdo que en esta comunidad gobierna el Partido Popular-, así como la denuncia de la externalización injustificada del servicio sanitario.
Mientras los socialistas apostamos por una buena sanidad pública de calidad y universal, el Partido Popular sigue empeñado en apostar por una sanidad privada en donde el que tenga dinero estará bien atendido y el que no lo tenga no tendrá derecho a sanidad. Esta es la apuesta de la derecha. (Rumores.)

Otra cuestión fundamental para el grupo que represento es lo relativo a la puesta en práctica de la Ley de Dependencia. No es casualidad que en el informe el Defensor del Pueblo critique abiertamente a las comunidades autónomas de Valencia y Madrid como ejemplo de las trabas a la puesta en marcha de esta ley. Este es otro buen ejemplo de un Partido Popular que no cree en las políticas sociales, no tiene el más mínimo interés en las 1.300.000 personas en situación de dependencia que hay en España, ni en esas personas ni en sus familias. (Continúan los rumores.)

Termino. Toda esta exposición de quejas y problemas que sintetiza el Defensor del Pueblo en su informe anual constituye en definitiva no solo un reflejo fiel de la realidad de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas sino que también puede ser utilizada por los poderes públicos de una forma práctica y útil.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Heredia.


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DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (ANTES DENOMINADA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, EN RELACIÓN A LA PAPELETA ELECTORAL). (Número de expediente 124/000005.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto V del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, en concreto de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General en relación con la papeleta electoral, y de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, antes denominada proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.


En turno de fijación de posiciones tiene, en primer lugar, la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, lo que hoy se perpetra se explica muy fácilmente: dos años y medio para acordar el tamaño de las papeletas del Senado, y veinticuatro horas para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Mejor imposible. Exactamente eso es lo que hoy perpetramos aquí, gracias al acuerdo naturalmente del Partido Popular y del Partido Socialista, que necesitaba una ley orgánica que estuviera en trámite para reformar la Ley del Tribunal Constitucional, y la metió colada en esta ley de reforma de la Ley Electoral. Resulta que teníamos una subcomisión para reformar la Ley Electoral porque el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que había que crear una subcomisión y pidió al Consejo de Estado un dictamen para ver cómo se podía resolver el problema de la falta de proporcionalidad, y por tanto de la falta de igualdad, y -¡oh, señores!- dos años y medio más tarde hemos resuelto el mayor problema de la democracia española: el tamaño de la papeleta del Senado. ¡Dos años y medio de esfuerzos! Supongo que varios matemáticos habrán estado en esa subcomisión. Y otra cosa importantísima es que el Tribunal Constitucional, que bien necesita una reforma, solo veinticuatro horas.
Señorías, esto es una falta de respeto a la Cámara, y por tanto es una falta de respeto al conjunto de los ciudadanos españoles, y por eso tendrán nuestro voto en contra, el mío, mi voto en contra.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervengo brevemente, en primer lugar, para dar cuenta del acuerdo del BNG con los contenidos de esta proposición de ley en lo que se refiere a la modificación de la papeleta electoral del Senado. La experiencia demuestra la necesidad de simplificar e introducir modificaciones en esta papeleta para favorecer la elección por parte de cada ciudadano de sus candidatos de preferencia. No obstante, señorías, si me permiten una reflexión con respecto a las modificaciones que se proponen, muchas veces se ha hablado de la demanda existente en amplios sectores de la sociedad de ir hacia un modelo de listas abiertas. El BNG discrepa de ese modelo.
Consideramos, frente a los que preconizan que un modelo de listas abierta aseguraría un mayor vínculo entre el elegido y el elector, que un modelo de listas abiertas conllevaría a que un candidato, en vez de estar sometido a la defensa del programa de la opción por la que concurrió, actuaría en la práctica, como ocurre en muchos países donde existe este modelo, al servicio del programa de los lobbies o grupos de presión que le costearon la campaña. En cualquier caso cabe recordar que la elección al Senado es una elección por listas abiertas, y aun así la gran mayoría de los ciudadanos votan a los candidatos de una misma opción política, y las modificaciones que se preconizan, que ahora se someten a debate y votación, están precisamente encaminadas a favorecer la identificación de las opciones políticas por las que se presentan los candidatos y la preeminencia de estas, por ejemplo, a la hora de determinar el orden de colación de los mismos en la papeleta. Simplemente introduzco estar reflexión, aunque estamos de acuerdo con la reforma propuesta.


Quiero manifestar de todas maneras nuestra clara reserva con respecto a la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional más por la forma elegida que por los contenidos concretos de la modificación que se propone. Discrepamos de la técnica legislativa empleada. Creemos que es muy poco serio que algo tan importante como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se modifique, aunque se trate de una modificación puntual, en el marco de una proposición de ley que tenía en origen un objeto total y absolutamente distinto. Además discrepamos de una dinámica de pactos bilaterales y excluyentes entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, que han contribuido a la degradación de esta institución; una dinámica que concibe la conformación del Tribunal Constitucional con criterios de reparto de tarta, y que después se traduce en una pugna bipartidista por su control. Creemos que se ha desaprovechado una gran oportunidad cuando se debatieron en este Cámara proposiciones de ley que requerían la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para hacer una reforma más serena, reflexiva y profunda, y no la reforma puntual que aquí

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se propone y de la que no discrepamos en el fondo, pero sí claramente en la forma.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra en primer lugar el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no vamos a votar favorablemente esta reforma que podríamos denominar reforma del cierre de filas bipartidista frente a dos retos de la regeneración democrática en nuestro país: el reto de la regeneración del Tribunal Constitucional y el reto de la regeneración de nuestro sistema electoral.


Si les preguntásemos a los ciudadanos hoy cuáles considerarían que son reformas imprescindibles para mejorar la vida política del país seguramente coincidirían en que, por una parte, está la cuestión de la falta y los handicaps de representatividad en nuestro sistema electoral, y por otra parte, el problema del Tribunal Constitucional y su autoridad después de recientes problemas como el del Estatuto de Cataluña. En esta iniciativa de los dos grupos parlamentarios mayoritarios no se soluciona ninguno de los problemas; muy al contrario, en nuestra opinión, se consolidan los dos problemas. Es decir, el bipartidismo, fase inferior del pluralismo, termina siendo un problema para las instituciones democráticas y las convierte en un remedo o en una caricatura de ellas mismas.


Señorías, la propuesta de reforma electoral que se nos hace, formando parte de una reforma electoral por entregas, aborda el recurso del método -es decir, el procedimiento electoral- para no abordar el sistema electoral. Si un problema tiene nuestro país es un sistema electoral que es cada vez menos representativo a favor de la gobernabilidad, y si un problema tiene el Senado es su inanidad en el sistema político frente a la propuesta que ahora se hace que es únicamente un retoque de procedimiento. Y, señorías, con respecto al Tribunal Constitucional se nos propone una medida obvia para que no coincidan las renovaciones del tribunal, pero el problema fundamental del Tribunal Constitucional, que es su bipartidismo, su polarización y la falta de representación de la pluralidad política del país, no se soluciona. Continuará y se acentuará el bipartidismo, la confrontación y la degradación de las instituciones, en este caso del Tribunal Constitucional, y también del Parlamento y del Senado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, además de la reforma de la Ley Electoral vamos a proceder hoy, de forma harto singular y yo diría que un tanto dudosa, como se ha dicho, en cuanto a la forma, a subsanar uno de los problemas provocados por la extraordinaria demora en la renovación del Tribunal Constitucional -que todo el mundo sabe a qué y a quién es imputable- para cumplir con un imperativo constitucional que obliga a que el alto tribunal se renueve por tercios cada tres años. Esta Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, metida con calzador en una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General sobre la papeleta del Senado, y por tanto aprovechando que el Pisuerga pasa por la Carrera de San Jerónimo, tiene su origen, señorías, en el reciente pacto o acuerdo PP-PSOE para la renovación del Tribunal Constitucional, lo cual pone fin a un largo culebrón de más de tres años, que por cierto llega a su término cuando el Tribunal Constitucional dicta por fin la sentencia del Estatut, aunque también es sabido que aún no ha vaciado todo el cajón, porque hay todavía pendientes hasta dos recursos, y tiene una misión encomendada, que es la de poner freno a esa degradación institucional que presenta un Tribunal Constitucional que pretende resurgir de las cenizas de su descrédito, de ese descrédito en el que ha caído estos últimos años, convertido, como se ha visto, en un auténtico campo de batalla partidista. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Este pacto PP-PSOE para la renovación del tribunal a través del Senado es la primera secuela derivada de la sentencia del Estatut de Cataluña, es la prueba de que vuelven las tendencias centrípetas, claramente recentralizadoras, porque la sentencia del tribunal, señorías, quieran o no fija un listón que ya conviene a ambos partidos; primero porque ya no se han respetado las propuestas hechas por los distintos partidos en las comunidades autónomas, en los distintos parlamentos y asambleas autonómicas, además de que el perfil de los candidatos que manejan ambos partidos en nada se compadece con ese perfil claramente autonomista que aconsejaba la intervención de los parlamentos autonómicos. Por tanto se ha pasado de un Senado que debía intervenir a través de un mecanismo de percepción federal de las instituciones del Estado al típico y conocido cambalache partidista entre los dos grandes partidos de Estado. Esto nos parece un error, además de que echa todavía un poco más de tierra en la España plural que algunos habían anunciado, y por cierto aleja todavía más a Cataluña, porque el Gobierno y el partido de la mayoría había incluso comprometido y había dado una expectativa razonable y cierta de designar, a través del Senado, un representante de Cataluña. Por tanto, nos vamos a abstener en esta votación porque no queremos ser un obstáculo a una renovación que hemos venido pidiendo de forma insistente, y porque evidentemente no podemos bendecir en ningún caso la solución que nos proponen hoy PP y PSOE.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Aitor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño para decir que evidentemente estoy de acuerdo con muchas de las afirmaciones realizadas por los portavoces anteriores, pero sí quisiera señalar lo siguiente. Esta propuesta inicial de reforma de la papeleta ha tenido una tramitación paralela, a iniciativa del Senado, a lo que fue la subcomisión propiamente dicha. Evidentemente los trabajos de la subcomisión y las conclusiones a las que se llegaron tendrán su concreción en próximas fechas, y entonces podremos discutir de todo aquello de lo que se habló en aquella subcomisión y de las aspiraciones que pudieran tener unos y otros partidos políticos sobre cómo les gustaría que hubiera quedado. Ciertamente la tramitación de la papeleta del Senado era paralela, y ya se había iniciado antes de concluir los trabajos de la subcomisión. Dicho esto, la solución dada a este problema nos parece correcta, pero también nos parece muy sorprendente que deprisa y corriendo, en un asunto que no tiene relación, se tenga que meter la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Me temo que por el tiempo que hoy tenemos no va a ser posible, pero si tuviéramos que discutir el siguiente punto, me tocaría decir lo mismo, porque sucede exactamente igual, ya que en un asunto como es el de cooperación al desarrollo se introducen temas relacionados con las cajas de ahorros o con los controladores aéreos. Estamos viendo que esta práctica es utilizada cada vez con más frecuencia por parte del Gobierno. Nos habíamos librado de la famosa ley de acompañamiento de presupuestos y resulta que ahora esta técnica de meter asuntos absolutamente inconexos en un mismo texto se está desarrollando de manera excesiva y preocupante por parte del Gobierno.


Técnicamente es cierto que hay que dar una solución a que el espíritu del texto constitucional pueda verse reflejado en la práctica, es decir, a que haya una renovación por tercios de los miembros del Tribunal Constitucional, y la solución que se propone podría funcionar si el mandato fuera por el tiempo que le quedara a esa persona de los nueve años, contando desde el momento en el que realmente tenía que haberse producido la sustitución, pero nos tememos que esta solución que se propone en el texto no va a dar un vuelco a la situación que se ha producido en estos últimos tiempos, con un bloqueo por parte de una minoría a la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional. La mejor manera para evitar el bochornoso espectáculo que se ha dado durante estos últimos años sería que, una vez que concluyeran los nueve años de mandato el magistrado correspondiente cesara, aunque nos quedáramos cada vez con menos magistrados -once; diez; nueve; ocho; siete; seis; cinco; cuatro-, si es que no hubiera voluntad en algunos grupos políticos, desde luego esta Cámara, el Senado, el Gobierno y el consejo, en su caso, tendrían que ponerse las pilas para ponerse a elegir a los nuevos magistrados, porque si no el Tribunal Constitucional dejaría de funcionar, pero ganaría algo más en legitimidad y no sería criticado -en opinión de nuestro grupo, con razón- durante una tramitación tan importante como la del Estatuto de Cataluña. Por tanto, para cumplir ese espíritu de renovación por tercios, si hubiera voluntad por parte de los grupos respecto a que cesaran los mandatos inmediatamente, esta solución podría funcionar, pero si vuelve a haber una minoría de bloqueo nos vamos a encontrar otra vez con el mismo problema, y en la tesitura de tener que volver a modificar la Ley del Tribunal Constitucional.


Por último -concluyo con esto, señor presidente- quiero decir claramente que nuestro grupo no renuncia a que haya en esta próxima renovación del tribunal una mayor pluralidad y diferentes sensibilidades entre los miembros que compongan ese tribunal, y a la hora de que se produzca la elección de los nuevos miembros en el Congreso -ya vemos que en el Senado está bastante avanzado- espero que se atiendan otras sensibilidades que vayan más allá del Partido Popular y del Partido Socialista, ya que si no nuestro grupo se posicionará en contra. En cuanto a esta reforma concreta, votaremos a favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición sobre esta proposición de ley, la primera de tres proposiciones de ley que vamos a ver durante esta legislatura, de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Esta es una propuesta que tiene su iniciativa en el Senado y que plantea la simplificación de la papeleta del Senado. A esta iniciativa se le ha sumado también una modificación de la Ley del Tribunal Constitucional sobre la cual voy a hacer algunas referencias. Pero no me gustaría pasar este plazo de intervenciones sin hacer expresión de consideración y de respeto a una propuesta que nos parece acertada por parte del Senado de simplificación de su papeleta de votación, una papeleta de votación de un sistema electoral de listas abiertas, y una papeleta, señorías, que en consecutivas elecciones al Senado ha registrado un incremento de votos nulos en la votación de los senadores.
Esto nos tiene que convocar a una reflexión sobre la facilidad de voto en el caso del Senado. Se va a producir, pues, una nueva papeleta donde el orden alfabético ya no es el que impone el orden de los candidatos -alguien con una equis puede ser, por

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ejemplo, el primero de los tres candidatos-, donde los suplentes no van a figurar en la papeleta de votación, pero sí en el boletín oficial de la provincia, y donde también por consenso de los distintos grupos parlamentarios -esto se va a ver en otra de las modificaciones de acuerdo con el dictamen de la subcomisión de reforma de la Ley Electoral que se acordó el día 30 de junio- vamos a incorporar que en las candidaturas al Congreso y al Senado se refleje una mínima relación entre los candidatos y el censo de la provincia, un mínimo apoyo de estas candidaturas.


Señorías, este trámite también ha servido para incorporar un criterio de renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional que hayan completado su mandato. Les quiero recordar que la postura de Convergència i Unió es aquella que se votó y se tomó en consideración en el Senado, fruto de una propuesta conjunta firmada por el Grupo de Convergència i Unió y por el Grupo Parlamentario de la Entesa, es decir, por grupos parlamentarios que representan lo que en el Parlamento de Cataluña es el 90 por ciento de sus miembros. Nuestra propuesta, que ya ha llegado al Congreso de los Diputados, es respetar el mandato constitucionalmente previsto de nueve años para los magistrados, con un periodo excepcional que no puede dilatarse en último extremo por más de seis meses, considerando la posibilidad de que las Cortes estuvieran disueltas o que estuviéramos fuera del periodo ordinario de actividad de las Cortes Generales. Señorías, esta es nuestra propuesta óptima, que supone una mejora, pero es nuestra propuesta óptima; es una iniciativa que se tomó en consideración en el Senado, que en estos momentos se encuentra en fase de enmiendas en el Congreso, y quiero invitar a los distintos grupos parlamentarios a que no prorroguemos artificialmente este periodo de enmiendas para que se pueda discutir esta propuesta, también de adecuación de los mandatos, para no ver lo que hemos visto últimamente de alargamiento por un periodo de hasta tres años de los mandatos constitucionalmente agotados.


Finalmente quiero recordar que esta reforma también deberá abordar la sensibilidad hacia la modificación que hicimos de la Ley del Tribunal Constitucional para que los parlamentos de las comunidades autónomas propongan candidatos que conformen la propuesta del Senado. Señorías, parece ser que un acuerdo entre el grupo de la mayoría y el primer grupo de la oposición ha vulnerado precisamente esta propuesta del Senado de reflejar las propuestas de las comunidades autónomas. Nosotros queremos expresar una vez más -y también en este trámite- nuestra discrepancia con esta vulneración de la modificación de la Ley del Tribunal Constitucional, para acomodar la conformación de los magistrados del Tribunal Constitucional a la realidad del Estado de las autonomías. Dicho esto, señor presidente -y termino-, no queremos empañar el objeto principal de esta modificación, que es la simplificación de la papeleta del Senado, y a la vista de futuras modificaciones, de la conformación de los magistrados del Tribunal Constitucional, vamos a votar afirmativamente esta proposición de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.


Por el Grupo Popular tiene la palabra don Juan Carlos Vera.


El señor VERA PRÓ: Señor presidente, mi grupo quiere comenzar felicitando a los senadores que han formado parte de la ponencia de estudio creada en el Senado, porque realmente han hecho un buen trabajo. La verdad es que pasar de la conocida sábana a otra papeleta mucho más sencilla y manejable es un gran acierto. Señor presidente, cuando se habla de reforma de la Ley Electoral algunos solo piensan en grandes cuestiones, que son las cuestiones que les interesan, como lo hacen la señora Díez y el señor Llamazares. Pero hay otras medidas que por ser más técnicas se consideran menores, aunque también tienen su relevancia. La primera iniciativa que examinamos en esta Cámara fue una proposición no de ley del Grupo Socialista que se refería precisamente a facilitar el voto en las elecciones al Senado. Mi grupo parlamentario planteó entonces una enmienda para que se constituyera una subcomisión que abordara conjuntamente todas las reformas que se pudieran producir en la Ley Electoral. Meses después se constituyó esa subcomisión, cuando ya en el Senado se habían iniciado los trabajos en una ponencia de estudio sobre la clarificación del sistema de voto en la elección de aquella Cámara. El resultado de esa ponencia es esta proposición de ley, aprobada unánimemente en el Senado, que propone una medida que va a beneficiar a los ciudadanos, y que por supuesto va a contar con el voto favorable del Grupo Popular. Se trata de una cuestión de las consideradas técnicas, como decía, pero que es muy importante porque las elecciones al Senado: el tamaño de las papeletas, y la complejidad de la manipulación de las mismas generan no pocas dificultades y un buen número de votos nulos y de votos en blanco. Pues bien, en el Senado han configurado una nueva papeleta, más sencilla, más cómoda, más racional, que va a facilitar el ejercicio de voto a todos los ciudadanos, y que a buen seguro dará lugar a menos errores; por eso comencé mi intervención felicitándoles. Pero además han tomado otras decisiones -algún portavoz se ha referido a ellas, yo por falta de tiempo no me voy a poder centrar en esas- que a mi grupo parlamentario también le parecen adecuadas.


Señor presidente, me voy a referir ahora a la otra cuestión, a la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, que ha sido la parte central de las intervenciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. La semana pasada aprobamos en la Comisión Constitucional, tras el informe unánime de la ponencia, incorporar a la proposición de ley del Senado una nueva cuestión que tiene una enorme relevancia en estos

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momentos, y la aprobamos con independencia de las consideraciones de orden político que hoy se han manifestado nuevamente. Se trataba de adaptar nuestra legislación para subsanar los efectos del retraso de tres años que se ha producido en la renovación del Tribunal Constitucional.
Buscábamos y encontramos una fórmula que a todos nos pareció razonable, como quedó acreditado, tanto en la ponencia como en la Comisión. Consiste en establecer que del mandato de nueve años previsto en la Constitución se descontará el retraso que pudiera producirse en la renovación de los magistrados, garantizándose así una renovación escalonada, que es precisamente el mandato constitucional. Retomamos así la voluntad del constituyente recogida en la disposición transitoria novena de nuestra Carta Magna, referida a la primera renovación del Tribunal Constitucional. El mandato de nueve años se refiere a la plaza que debe designarse, y no se trata de un derecho subjetivo del designado. En definitiva es un plazo del puesto y no un plazo del designado. Con la nueva disposición no solo se resuelve una situación de presente, sino que se resuelven otras situaciones que pueden plantearse en el futuro y se da normalidad y estabilidad al Tribunal Constitucional.


Señor presidente, quizá para alguna de sus señorías pueda ser satisfactorio alcanzar un cierto nivel de acidez verbal en su intervención que le compense de sus decepciones políticas, pero a la hora de encontrar responsabilidades del bloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional debemos considerar en plural el reparto de dichas responsabilidades. En todo caso, señor presidente, en el Grupo Popular -y en esto coincidimos con los demás grupos- creemos que hemos encontrado una buena solución. Por esta razón no debiéramos instalarnos por más tiempo en la memoria de las disputas, toda vez que la propuesta que hoy aprobamos tiene una lógica constitucional, resuelve un solapamiento conflictivo, y hace que la medida sea estable y no sea una salida en falso. Por todo ello la proposición de ley que hoy en su conjunto se somete a nuestra consideración contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vera.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Jesús Quijano.


El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Con la brevedad que imponen el momento y el Reglamento haré una breve consideración sobre los dos asuntos que incluye la iniciativa que ahora se somete a debate y votación. En primer lugar y por lo que se refiere a la proposición que llegó del Senado -y aprovecho para decir que no es fruto del tiempo de trabajo de la subcomisión que se constituyó en la Cámara para la reforma electoral, por lo que así ha sido respetada como iniciativa separada, que pareció lo más conveniente-, todos hemos entendido que, en efecto, contribuye a corregir una situación que se venía produciendo como consecuencia del diseño, de la estructura y la reglamentación de la actual papeleta para la elección del Senado en la circunscripciones provinciales. La papeleta actual favorecía, o al menos propiciaba, que existiera un porcentaje de voto nulo excesivamente elevado en comparación con otros procesos electorales y, además, provocaba mucho voto equivocado, como consecuencia también del diseño de la papeleta. Existen otras mejoras y me refiero muy especialmente a la no necesidad en el futuro de respetar el orden alfabético en la ordenación de los candidatos al Senado, sino que puedan seguirse otros criterios de tipo político electoral pero no el del orden alfabético como elemento forzado. Consideramos que ambos cambios -y creo que en esto hemos coincido todos los grupos- mejoran ostensiblemente el proceso electoral al Senado. Aunque solo fuera por eso, esta iniciativa debe ser puesta en valor y esperemos que en un breve plazo venga acompañada de otras reformas electorales sobre las que ya hay suficiente acuerdo en la Cámara.


En el paso de esta proposición de ley por la Cámara se ha incorporado una enmienda, sobre la que también quiero hacer una breve y última consideración. Es una enmienda que reforma la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por razones estrictamente técnicas y de necesidad. Se trata de que en el futuro sea posible respetar el mandato, la regla de renovación parcial que está establecida en la Constitución. Por eso era necesario este ajuste técnico. ¿Que el acuerdo se ha producido tarde? Cierto. ¿Que debía haberse producido antes? Sin duda, más cierto. ¿Que en todo caso el acuerdo, aunque tardío, era bueno? Tampoco me cabe duda. Lo que no puede ser es que se critique la falta de acuerdo hasta que se llega al acuerdo y se critique el acuerdo una vez que se ha llegado a él.
Y lo que no puedo aceptar es que en esta estrategia fácil de extender la culpa al resto del mundo para que así no le caiga encima a nadie en concreto, se atribuyan las mismas responsabilidades a los dos grupos mayoritarios; simplemente porque no es cierto. Todos los que han intervenido saben de sobra cuál fue el motivo del bloqueo durante todo este tiempo y saben de sobra que cuando se removió la ficha que provocaba el bloqueo, el acuerdo se ha producido. No quiero insistir más en el asunto, porque de todos es conocido lo que ha ocurrido pero, insisto, no puedo aceptar en nombre de mi grupo que, en esta estrategia fácil de extender la culpa, se pretenda achacar a todos las mismas responsabilidades, cuando es público y notorio que no las tienen.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quijano.


Votaremos dentro de tres minutos y quedarán los dos asuntos no examinados como resultas para el próximo Pleno. (Pausa.)

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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS), SOBRE LA APLICACIÓN EN CANARIAS DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CONECTIVIDAD. (Número de expediente 173/000169.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones.


Votamos en primer lugar la moción del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Oramas, sobre la aplicación en Canarias de las políticas de desarrollo turístico. Se vota con la enmienda del Grupo Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319, a favor, 318; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO. (Número de expediente 173/000170.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán Convergència i Unió, relativa a medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la competitividad del sector turístico. También se vota con la enmienda del Grupo Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 186; abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS MOTIVOS QUE HAN LLEVADO AL GOBIERNO A ACORDAR LA TRANSFERENCIA DE POLÍTICAS SOCIOLABORALES A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PASAR EL TRÁMITE DE LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2011. (Número de expediente 173/000171.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular sobre los motivos que han llevado al Gobierno a acordar la transferencia de políticas sociolaborales a la Comunidad Autónoma del País Vasco con el único objetivo de pasar el trámite de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2011. Esta moción no tiene enmiendas, se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 137; en contra, 182.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (ANTES DENOMINADA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, EN RELACIÓN A LA PAPELETA ELECTORAL). (Número de expediente 124/000005.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. En primer lugar votamos el dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 313; en contra, tres; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer a continuación, por tratarse de ley orgánica, la votación final de conjunto, que requiere la mitad más uno de los miembros de derecho del Congreso de los Diputados, es decir, se precisan 176 votos para que resulte aprobada.


Comienza la votación en los términos antedichos de ley orgánica. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 312; en contra, tres; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la votación de conjunto. Se remitirá al Senado.


Se levanta la sesión.


Eran las tres y diez minutos de la tarde.

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