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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 183, de 21/07/2010
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2010 IX Legislatura Núm. 183
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 173
(Sesión extraordinaria)
celebrada el miércoles, 21 de julio de 2010


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página 7)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las modificaciones legales oportunas para un nuevo cálculo del déficit tarifario y el impulso de nuevas estrategias a favor del ahorro y la eficiencia y las energías renovables. (Número de expediente 172/000192.) ... (Página 27)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo ante el alarmante aumento de casos de violencia de género. (Número de expediente 172/000193.) ... (Página 37)

Página 2


Página

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio). "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 81-1, de 24 de junio de 2010.
Corrección de error en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 81-3, de 6 de julio de 2010. (Número de expediente 121/000081.) ...
(Página 38)

Enmiendas del Senado

- Proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 24-1, de 17 de abril de 2009. (Número de expediente 121/000024.) ... (Página 49)

- Proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 55-1, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 121/000055.) ... (Página 54)

- Proyecto de ley de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público; 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 79-1, de 21 de mayo de 2010. (Número de expediente 121/000079.) ... (Página 59)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros. (B.O.E. núm. 169, de 13 de julio de 2010). (Corrección de error en BOE. núm. 173, de 17 de julio de 2010). (Número de expediente 130/000034.) ... (Página 61)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Votación.) ... (Página 77)

Avocación por el Pleno ... (Página 77)

Enmiendas del Senado (Votación.) ... (Página 77)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (Votación.) ...
(Página 79)

Rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria (Votación.) ... (Página 79)

- Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2011-2013, y el límite de gasto no financiero del Estado para 2011. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 416, de 25 de junio de 2010. (Número de expediente 430/000004.) ... (Página 79)

Página 3


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Preguntas ... (Página 7)

Del diputado don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo tiene pensado cumplir la moción consecuencia de interpelación urgente relativa al sector de la energía, en especial el de las renovables, presentada por Unión del Pueblo Navarro y aprobada por el Pleno de esta Cámara el pasado día 22 de junio? (Número de expediente 180/001119.) ...
(Página 7)

Del diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Puede explicar el presidente del Gobierno cuáles son esos nuevos esfuerzos que va a pedir a los ciudadanos en los próximos Presupuestos Generales del Estado, tal y como anticipó en el debate sobre el estado de la Nación? (Número de expediente 180/001120.) ... (Página 8)

Del diputado don Josep Sánchez i Llibre, en sustitución del diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Prevé el Gobierno realizar alguna reforma de calado en el impuesto sobre sociedades? (Número de expediente 180/001130.) ... (Página 9)

De la diputada doña María Soraya Sáenz De Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno: ¿Qué cree que van a recordar de este semestre "generaciones enteras" de españoles? (Número de expediente 180/001121.) ... (Página 10)

Del diputado don Joan Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial: ¿Piensa el Gobierno que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña "supondrá el fin de todo un proceso de ampliación de la descentralización política"? (Número de expediente 180/001118.) ... (Página 12)

Del diputado don Juan Manuel Moreno Bonilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial: ¿Hasta cuándo piensa el Gobierno seguir retrasando la aprobación del nuevo modelo de financiación local? (Número de expediente 180/001122.) ... (Página 13)

De la diputada doña María Elena Valenciano Martínez-Orozco, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la reciente decisión del Gobierno de Cuba de liberar a 52 presos de conciencia cubanos? (Número de expediente 180/001131.) ... (Página 14)

De la diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Defensa: ¿Cuántas bases operativas tiene el ejército español desplegadas en Afganistán? (Número de expediente 180/001123.) ... (Página 15)

Del diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Interior: ¿Piensa el ministro del Interior cumplir los mandatos de esta Cámara? (Número de expediente 180/001125.) ... (Página 16)

Página 4


Del diputado don Andrés José Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Por qué no concreta el ministro de Fomento los recortes presupuestarios anunciados en el plan de austeridad? (Número de expediente 180/001126.) ... (Página 17)

De la diputada doña Carmen Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Qué valoración hace el Gobierno del desarrollo del Plan director del aeropuerto de A Coruña? (Número de expediente 180/001132.) ... (Página 18)

Del diputado don Luis Juan Tomás García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación: ¿Qué objetivos tiene el Gobierno en relación al decreto que establece los aspectos básicos de los conciertos educativos? (Número de expediente 180/001133.) ... (Página 19)

Del diputado don Joseba Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. ¿Piensa el Gobierno incluir en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 una partida presupuestaria destinada a las obras de encauzamiento para evitar inundaciones en la Ría de Bilbao? (Número de expediente 180/001103.) ... (Página 20)

De la diputada doña María Angelina Costa Palacios, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Cultura: ¿Qué criterios se han seguido para el nombramiento de la directora de la Biblioteca Nacional de España? (Número de expediente 180/001135.) ... (Página 21)

Del diputado don Alfonso Alonso Aranegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Sanidad y Política Social: ¿Considera el Gobierno una prioridad la lucha contra la pobreza en España? (Número de expediente 180/001129.) ... (Página 22)

De la diputada doña Vicenta Tortosa Urrea, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad y Política Social: ¿Qué objetivos persigue el Gobierno con la Ley de Salud Pública? (Número de expediente 180/001136.) ... (Página 23)

Del diputado don Arsenio Fernández De Mesa Díaz Del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno de España durante la Presidencia Europea para levantar el veto a la construcción civil en el astillero de Navantia-Fene? (Número de expediente 180/001127.) ... (Página 24)

Del diputado don Antonio Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Tiene previsto el Gobierno subir la factura de la luz en los próximos meses? (Número de expediente 180/001128.) ... (Página 25)

De la diputada doña María Josefa Fernández Aguerri, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué medidas está tomando el Gobierno para mejorar la eficacia del mercado en lo relativo a la transmisión de empresas? (Número de expediente 180/001134.) ... (Página 26)

Interpelaciones urgentes ... (Página 27)

Página 5


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las modificaciones legales oportunas para un nuevo cálculo del déficit tarifario y el impulso de nuevas estrategias a favor del ahorro y la eficiencia y las energías renovables ... (Página 27)

Formula la interpelación el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Contesta el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Herrera Torres y duplica el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo ante el alarmante aumento de casos de violencia de género ... (Página 33)

Formula la interpelación la señora Moneo Díez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Contesta la señora ministra de Igualdad (Aído Almagro), en nombre del Gobierno.


Duplica la señora Moneo Díez y duplica la señora ministra de Igualdad.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 38)

Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio.) ... (Página 38)

En defensa de las enmiendas a la totalidad con texto alternativo intervienen las señoras Fernández Davila y Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto y los señores Llamazares Trigo y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.


Se suspende la sesión a la una y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Enmiendas del Senado ... (Página 49)

Proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general ... (Página 49)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Canet i Coma y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Ramallo Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Rivero Alcover, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos ...
(Página 54)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Perestelo Rodríguez y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista.


Página 6


Proyecto de ley de modificación de las leyes 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras ... (Página 59)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor García-Tizón López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 61)

Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros ... (Página 61)

La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación de este real decreto-ley.


En turno en contra intervienen los señores Herrera Torres y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo, Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Gastón Menal, del Grupo Parlamentario Socialista.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 77)

Sometida a votación la enmienda a la totalidad con texto alternativo del Grupo Parlamentario Mixto al proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, se rechaza por seis votos a favor, 338 en contra y cinco abstenciones.


Sometida a votación la enmienda a la totalidad con texto alternativo del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds al mismo proyecto de ley, se rechaza por cinco votos a favor, 341 en contra y tres abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página 77)

Sometida a votación la avocación por el Pleno para la deliberación y votación final de este proyecto de ley, se rechaza por 12 votos a favor, 336 en contra y una abstención.


Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 77)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general; al proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos y al proyecto de ley de modificación de las leyes 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 79)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, se aprueba por 323 votos a favor, nueve en contra y 16 abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 23 votos a favor, 318 en contra y siete abstenciones.


Página 7


Rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación.) ... (Página 79)

Sometido a votación el acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2011-2013, y el límite de gasto no financiero del Estado para 2011, rechazado por el Senado, se aprueba el acuerdo del Gobierno por 169 votos a favor, 167 en contra y 13 abstenciones.


Se levanta la sesión a las siete y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON CARLOS CASIMIRO SALVADOR ARMENDÁRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO TIENE PENSADO CUMPLIR LA MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE RELATIVA AL SECTOR DE LA ENERGÍA, EN ESPECIAL EL DE LAS RENOVABLES, PRESENTADA POR UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO Y APROBADA POR EL PLENO DE ESTA CÁMARA EL PASADO DÍA 22 DE JUNIO? (Número de expediente 180/001119.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


Preguntas para el señor presidente del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra don Carlos Salvador. (Rumores.)

Silencio, por favor.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Señor presidente, ayer al menos diez propuestas de resolución trataban el tema de la energía. Eso significa que, con diferencias, todos somos conscientes de la importancia del tema y de la oportunidad que, para el desarrollo de la industria y de la economía de España, supone acertar en los objetivos estratégicos que nos planteemos en energía. Vivimos en un mundo cada día más complicado en el que cualquier cambio genera inestabilidad; una inestabilidad que afecta rápidamente a los mercados y también a los mercados vinculados con la energía: materias primas, transporte, distribución, generación. Por eso, señor presidente, no arriesgo mucho si afirmo que existe un consenso político generalizado en buscar fórmulas que aprovechen fuentes autóctonas de generación limpias, baratas y renovables. En Navarra -como usted bien sabe- desde hace años hemos realizado una importante apuesta por las energías renovables, lo cual ha supuesto costear una importante curva de aprendizaje. Pero no ha sido una apuesta de partido, ha sido una apuesta de toda una comunidad.
Hemos desarrollado un modelo industrial vinculado a las energías limpias que ha tenido éxito en España y fuera de ella, y obviamente queremos seguir impulsándolo con la misma determinación. Mi partido, UPN, ha impulsado, y se han aprobado, en esta Cámara varias iniciativas parlamentarias también ayer en defensa de las energías renovables, pero usted es consciente de ello y el sector en estos momentos está muy preocupado por su futuro. Por eso le formulo la pregunta que figura en el orden del día.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Salvador, coincido con usted en la importancia que tiene la energía para la economía y el futuro de nuestro país. El Gobierno, respondiendo a la pregunta que usted formula, está cumpliendo la moción que se aprobó en esta Cámara a iniciativa de su grupo, y lo está haciendo en el seno del diálogo sobre el Pacto de la energía, así como en la subcomisión para el análisis de la estrategia energética de la que usted forma parte. Hay una coincidencia entre la estrategia del Gobierno y la moción de su grupo. En concreto, son seis los grandes temas que están siendo objeto de diálogo y negociación en el mix energético: infraestructuras, interconexiones, liberalización, ahorro y eficiencia energética, revisión de costes regulados y seguridad nuclear y gestión de residuos. Esperamos alcanzar una posición común antes de que concluya este mes de julio.


Señoría, en relación con las renovables sabe que su desarrollo e implantación ha tenido un valor estratégico para el Gobierno desde 2004 y lo va a seguir teniendo. Las renovables cubrieron ya el año pasado el 25 por ciento de la generación eléctrica total de España, porcentaje muy relevante, superior en Navarra que alcanza el 42 por ciento como consecuencia de un esfuerzo especial que se ha realizado allí.
Necesitamos clarificar el marco retributivo de las energías renovables para que sea capaz de conjugar rentabilidad justa de las inversiones con sostenibilidad económica del conjunto del sistema. Esa revisión es uno de los puntos sujetos a

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debate en el marco del Pacto de la energía y vamos por el buen camino.
Como sabe S.S., ya se ha alcanzado un acuerdo con los sectores eólico y termosolar, y esta misma mañana tiene lugar una reunión con los representantes del sector fotovoltaico para llegar a un acuerdo en este último ámbito de las energías renovables. Así que en definitiva, señoría, no solo estamos cumpliendo con la moción que presentó su partido, sino que estamos trabajando intensamente para avanzar hacia un pacto de Estado en materia energética y estoy convencido de que contamos con la buena predisposición de usted y de su partido en esta materia y espero que con la de todos los grupos parlamentarios.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Desde UPN queremos decirle, señor presidente, que queremos apoyar el Pacto sobre energía pero no deseamos que sea a costa de los pequeños productores de energía solar que han cumplido sus obligaciones -como ha ocurrido en Navarra-, y sabe que es un problema que a afecta a más de diez mil personas. Señor presidente, en Navarra lo que necesitamos también es un compromiso mayor que garantice a las empresas del sector eólico poder mantener sus centros de investigación en Navarra o en España y que no deslocalicen su I+D+i, que es lo que al final da cuerpo al sector industrial de las renovables. En todo caso, señor presidente, si queremos cumplir los compromisos políticos que España ha adquirido y a su vez combatir el cambio climático, en UPN creemos -usted lo ha dicho y espero que sea así; estaremos vigilantes- que debemos seguir apostando por las renovables de forma razonada pero también de forma sostenible.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CUÁLES SON ESOS NUEVOS ESFUERZOS QUE VA A PEDIR A LOS CIUDADANOS EN LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, TAL Y COMO ANTICIPÓ EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN? (Número de expediente 180/001120.)

El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el señor presidente del Gobierno.
Para formularla tiene la palabra don Mariano Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, ha dicho hasta la saciedad cosas como esta: Vamos a ganar este combate manteniendo los derechos sociales, el gasto social; vamos a salir de la crisis protegiendo a los que más dificultades tienen, a los más desfavorecidos. También ha dicho: Una salida antisocial de la crisis sería una salida injusta. Pues bien, la realidad ha demostrado que todo era falso, porque ha bajado el sueldo de los empleados públicos, ha eliminado el cheque bebé, ha subido los impuestos que afectan a todos, ha recortado ayudas a los dependientes y, sobre todo, ha tomado dos decisiones especialmente injustas, la congelación de las pensiones y el recorte de ayuda por hijo a cargo menor de tres años.
Usted en el debate sobre el estado de la Nación ha dicho que pediría nuevos esfuerzos a los españoles. Nos gustaría conocer cuáles son esos esfuerzos que va a pedir a los españoles. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, no solo sus afirmaciones son infundadas, sino que además he de recordarle, como ya le dije en el debate sobre del estado de la Nación, que el Gobierno que presido ha hecho un gran esfuerzo de mejora de la política social en este país, que se concreta en que el gasto se ha incrementado en un 50 por ciento mejorando las pensiones, mejorando las becas, mejorando el salario mínimo interprofesional, mejorando la educación infantil, todas las políticas sociales. Por consiguiente, señor Rajoy, incluso con una crisis tan grave como esta hemos hecho el esfuerzo de aumentar la protección por desempleo, dado que quienes más padecen las crisis son los que pierden el trabajo. Incluso en una grave crisis como esta hemos mantenido la política de becas, y con un esfuerzo de toda la Cámara también hemos puesto en pie y mantenido la ley que constituye el cuarto pilar del Estado social, como es la Ley de Dependencia, que atiende a las personas más desfavorecidas y más humildes de las que ustedes no se acordaron en ningún momento durante sus años de gobierno.
(Aplausos.) Y sí, hemos pedido esfuerzos a los ciudadanos, especialmente a una parte de los ciudadanos, para cumplir con los objetivos de austeridad y de ahorro que exige la economía española para salir de la crisis. Austeridad y reformas, esos van a ser los objetivos de los presupuestos que, como sabe, van a reducir el volumen total de gasto en un 7,7 por ciento, pero con el principio de mantenimiento de la cohesión social que hemos extendido, ampliado y desa

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rrollado, especialmente en favor de los más débiles, a pesar de su demagogia absolutamente insostenible.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias.


Señor presidente, todo lo que dice está muy bien, pero su política social se resume en que cuando llegó al Gobierno la tasa de desempleo en España era del 10 por ciento y hoy es el doble, y 4.600.000 españoles no pueden trabajar. (Rumores y aplausos.) Ese es el resumen de sus políticas sociales.


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor RAJOY BREY: Pero yo le he formulado una pregunta. Tengo derecho a hacerlo como diputado y los españoles tienen derecho a saber cuáles son esos esfuerzos que usted les va a pedir, porque en el debate sobre el estado de la Nación dijo: Voy a seguir por ese camino cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste. Vistos sus antecedentes, es lógico que la gente esté preocupada y que yo le haga esta pregunta: ¿Qué más les va a pedir a los españoles? Y le hago otra pregunta, porque ayer aquí con su voto se aprobó una resolución en la que se decía que el Gobierno tenía que cumplir las resoluciones de esta Cámara. Eso se aprobó con su voto, y ayer se aprobaron aquí dos resoluciones: la primera, que no se iban a congelar las pensiones el año que viene y, la segunda, que no se debía hacer el recorte de las ayudas por hijo a cargo, que son para personas que ganan menos de 800 euros al mes; cobraban 500 euros al año y usted se los ha rebajado a 291 euros. Ayer se dijo aquí que usted debería dar marcha atrás a esas dos resoluciones, y yo pregunto: ¿Va a cumplir las resoluciones y va a dar marcha atrás y qué más esfuerzos va a pedir a los españoles? Le pido que me responda porque es su obligación como presidente del Gobierno responder a lo que le pregunta la oposición.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Si hay que pedir nuevos esfuerzos a los españoles, lo haré, lo haré (Rumores.), si hay que pedirlos, en los presupuestos.


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): El Gobierno, como ayer explicó la vicepresidenta, presentará los presupuestos y ahí se contendrán. La idea del Gobierno es que esos nuevos esfuerzos van a pedirse para aquellos que tienen una alta capacidad económica. Ya se lo anticipo y espero contar con su apoyo para eso.


Por último, ya sé que para usted es un lenguaje desconocido, sí; para usted lo importante es que nada le cueste nada, no hacer nada que le cueste nada (Rumores.), pero yo tengo una visión distinta de la política.
Si me tiene que costar esfuerzos salir de la crisis, algo me costará, no tenga ninguna duda al respecto. (Prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE EN SUSTITUCIÓN DE DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PREVÉ EL GOBIERNO REALIZAR ALGUNA REFORMA DE CALADO EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES? (Número de expediente 180/001130.)

El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el señor presidente del Gobierno.
Pese a ser Pleno extraordinario y habida cuenta de la enfermedad del señor Duran, se autoriza a que formule la pregunta don Josep Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, ¿prevé el Gobierno hacer alguna reforma de calado en el impuesto sobre sociedades?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Sánchez i Llibre, debo recordarle que el Gobierno ha tomado decisiones sobre el impuesto sobre sociedades: reducción en 2007 del impuesto en 5 puntos para todas las empresas, del 35 al 30 por ciento para grandes empresas y del 30 al 25 por ciento para las pymes; reducción en 5 puntos del tipo de gravamen para las pymes que crean o mantengan empleo -Ley de Presupuestos de 2010-; extensión a 2011 y 2012 de la libertad de amortización para las empresas que mantengan su nivel de empleo -Real Decreto-ley 6/2010-; creación de un régimen ventajoso para las empresas de inversión en activos inmobiliarios destinados al alquiler, cuyo tipo de tributación se sitúa en el 19 por ciento, y le recuerdo que en el proyecto de ley de economía sostenible que se tramita en esta Cámara se incrementa el

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porcentaje de deducción para las actividades de innovación tecnológica, pasando del 8 por ciento actual al 12 por ciento. Además, en relación con la I+D+i y las tecnologías de la información y comunicación eleva el límite mínimo de deducción, que pasa a ser del 60 por ciento frente al 50 por ciento actual, y extiende con carácter indefinido la reducción medioambiental al tiempo que la eleva al 8 por ciento frente al 2 por ciento de 2010.


Señor Sánchez i Llibre, es conocedor de que todas estas medidas que hemos impulsado desde el Gobierno han contado con la colaboración de su grupo y que, en consecuencia, llevamos unos años de un apoyo, de una mejora y de una reducción fiscal a las empresas a través del impuesto sobre sociedades. Eso es lo que ha hecho el Gobierno para favorecer la actividad económica y esa es la intención que mantiene el Gobierno: apoyar fiscalmente a las empresas para que generen actividad económica y mantengan y creen empleo. Espero que por su parte se produzca el reconocimiento de lo que he dicho, de todo lo que hemos hecho a favor del impuesto sobre sociedades porque ha sido la etapa de más apoyo fiscal a las empresas, vía impuesto sobre sociedades, y también que sigamos en la actitud de colaboración de cara al futuro.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, una pequeña matización a las palabras del presidente de la Cámara. La no presencia del señor Duran no es por una enfermedad sino por una indisposición puntual, nada grave. Para no crear confusión ni alarmismo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Le agradezco y me alegro de que sea así, pero el presidente lo único que ha hecho ha sido hacer público lo que se le ha trasladado por parte de su grupo parlamentario. Seguro que toda la Cámara se alegra del buen estado de salud del señor Duran. (Risas y aplausos.)

Muchas gracias. Puede seguir.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


He escuchado atentamente la respuesta del señor presidente del Gobierno de la cual sacamos una primera conclusión, que el Gobierno no piensa modificar el impuesto sobre sociedades, no piensa limitar las deducciones previstas actualmente en dicho impuesto sobre sociedades. A nuestro juicio, esto quiere decir que el Gobierno no piensa incrementar el impuesto sobre sociedades, lo cual no deja de ser una buena noticia que ha quedado perfectamente aclarada a raíz de nuestra pregunta. En segundo lugar, quisiéramos hacerle dos o tres consideraciones. Estamos de acuerdo, tal como ha manifestado, en que Convergència i Unió fue en cierta medida motor e impulsor conjuntamente con el Gobierno para que en estos últimos seis años en el impuesto sobre sociedades se hayan producido unas rebajas sustantivas y muy bien apreciadas por la economía productiva española. Además nos gustaría plantearle otras consideraciones que entendemos que no son interesantes para la economía productiva española. En primer lugar, estos globos sonda que a veces plantea el Gobierno en los que deja entrever que va a haber un incremento de la presión fiscal. Creo sinceramente que no son buenos para la economía, crean inseguridad y desconfianza para las futuras inversiones que puedan venir. Por consiguiente, sería bueno que en un futuro no se plantearan globos sonda en la dirección de un incremento impositivo.


En segundo término, sería bueno que el Gobierno se tomara la política fiscal como base de crecimiento potencial de nuestra economía y no como base de incremento de recursos para la recaudación de Hacienda.
Entendemos que está bien que el impuesto sobre sociedades no se suba, pero quizá tendría que bajarse, yo diría que selectivamente, para algunos temas, para aquellas empresas que crean empleo...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor Sánchez i Llibre, le confirmo que el Gobierno no tiene en su planteamiento incrementar la presión fiscal sobre sociedades, pero debe reconocer que el tipo efectivo de sociedades está en el 20 por ciento en nuestro país y en consecuencia...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿QUÉ CREE QUE VAN A RECORDAR DE ESTE SEMESTRE "GENERACIONES ENTERAS DE ESPAÑOLES"? (Número de expediente 180/001121.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora vicepresidenta primera del Gobierno. Para formularla tiene la palabra doña Soraya Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, presidente.


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Señoría, todavía resuenan en el Parlamento los ecos de su balance de la Presidencia española de la Unión Europea. Dijo que sería recordada por generaciones enteras de europeos como la Presidencia que diseñó la estrategia económica para el futuro de la Unión. ¡Qué modestia la suya, señoría! ¿Qué ha diseñado usted y para quién, si ha sido la Unión Europea la que se ha tenido que poner al frente de la política económica de su Gobierno ante la incapacidad de José Luis Rodríguez Zapatero? Esto es lo que recordarán los europeos, y yo le voy a decir lo que recordarán los españoles. Para los jubilados este ha sido el semestre en que el Gobierno les congeló la pensión; para los empleados públicos es el semestre en que usted les recortó los sueldos, y para 46 millones de españoles el semestre que finalizó con una subida del IVA. ¿Cree usted que hay algo bueno que recordar de estos seis meses de su acción de gobierno? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.


Señora vicepresidenta del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.


Recordarán que España y Europa tuvieron que hacer frente a una crisis sin precedentes en la mayor parte del siglo xx e inicios del xxi, que ciudadanos e instituciones trabajamos unidos para defender nuestras economías y que se sentaron las bases de la gobernanza económica global, y recordarán que lo hicimos sin ustedes y a pesar de ustedes.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señora Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Eso es lo que le gustaría recordar a usted, señoría, pero le voy a decir lo que recordará a su Gobierno: este es el semestre en que han acabado con su proyecto político..., (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Oh!)

El señor PRESIDENTE: Silencio.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: ... este es el semestre en que han puesto fin al Pacto de Toledo y les han pedido que por favor no vayan a Rodiezmo, este es el semestre en que se han quedado completamente solos, y esto es lo que les gustaría olvidar a generaciones enteras de socialistas. Mire, señoría, no sé cuándo es más desafortunada, si cuando busca sus propias palabras o cuando busca citas ajenas, porque mira que citar el Tenorio y equivocarse de libro. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señoría, si tanto le gusta Zorrilla, mi grupo parlamentario le va a brindar una cita, esta sí de Don Juan y que parece hecha a medida de José Luis Rodríguez Zapatero...
(Rumores.-Varios señores diputados: ¡Oh!)

El señor PRESIDENTE: Por favor, un momento. Les ruego que guarden silencio. En este trámite la posibilidad de contestar está perfectamente regulada y no corresponde al conjunto sino a quien tiene que hacerlo según el Reglamento.


Adelante, señora Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, señor presidente.


"No hay lance extraño ni escándalo ni engaño en que no me hallara yo. Por dondequiera que fui la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé -y termina el poeta-, en todas partes dejé memoria amarga de mí." Eso es lo que recordarán generaciones enteras de españoles.
(Prolongados aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Saénz de Santamaría.


Silencio, por favor.


Señora vicepresidenta del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Veo, señoría, que lee muy bien pero en lo demás no se esfuerce, porque en todo lo demás tiene muy poca credibilidad. (Varios señores diputados: ¡Oh!.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Mire, los ciudadanos les han oído pedir reformas y cuando han llegado las reformas les han oído decir: No. Los ciudadanos les han oído pedir medidas para reducir el déficit y cuando han venido les han oído decir: No. Los ciudadanos les han oído pedir que las pensiones vayan al Pacto de Toledo, y cuando han ido les han oído decir: No. A ustedes les van a recordar este semestre por dos cosas: una, porque en un momento crucial y difícil para Europa ustedes lo único que hicieron por el bienestar de españoles y europeos fue decir: No, no y no a todo; segundo, porque mientras los españoles y europeos luchábamos contra el mayor ataque especulativo de nuestra historia ustedes, ustedes se dedicaban a hacer una sola propuesta: Pedir elecciones anticipadas. Y sabe por qué les recordarán, por deslealtad, porque eso es desleal. Mire, ustedes hasta temieron que hubiera un triunfo de la Selección Española de Fútbol por si un cierto optimismo...
(Protestas.-Continúan las protestas.)

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El señor PRESIDENTE: Un momento. Un momento. Silencio, por favor.
Silencio, por favor. (Rumores.-El señor Ayllón Manso pronuncia palabras que no se perciben.) Silencio. Guarden silencio. Guarden silencio. Señor Ayllón, no está en el uso de la palabra. (El señor Ayllón Manso pronuncia palabras que no se perciben.-Un señor diputado: Tiene razón.) Señor Ayllón, no está en el uso de la palabra. (Rumores.) Silencio, por favor.


Adelante.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): No se pongan nerviosos, fue así; temieron que un cierto optimismo pudiera beneficiar al Gobierno. Si todo lo suyo es muy constructivo y muy edificante.
(Rumores.)

No contentos con eso, señorías, se han dedicado a confrontar con determinadas autonomías, a promover la insumisión de las leyes que simplemente no les gustan y a atacar a las instituciones. Esto por no hablar del semestre que han tenido dentro de su casa, donde comenzaron con Correa y salieron con Brugal. (Rumores.-La señora Mato Adrover pronuncia palabras que no se perciben.) Señoría, la dignidad política se mide por las actuaciones y por el sentido de Estado. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Ustedes no lo han tenido, están suspensos, así que repasen el temario y vuelvan a presentarse en septiembre. (Aplausos y protestas.)

- DEL DIPUTADO DON JOAN HERRERA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL: ¿PIENSA EL GOBIERNO QUE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL ESTATUTO DE CATALUÑA "SUPONDRÁ EL FIN DE TODO UN PROCESO DE AMPLIACIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA"? (Número de expediente 180/001118.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor vicepresidente tercero. Para formular la primera tiene la palabra don Joan Herrera. (Rumores.)

Silencio, por favor.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidente.


Señor vicepresidente, le quería preguntar si el Gobierno piensa que tras la sentencia del Constitucional esto supone el fin de todo un proceso de ampliación de descentralización política. Quería saber su opinión, si era favorable o contraria y, en el caso de que ya no fuese esa su opinión, la de su Gobierno, cuál es su hoja de ruta.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Gracias, señor presidente.


Señor Herrera, durante los últimos treinta años en España hemos asistido a un proceso de descentralización política que tiene su punto de partida en la Constitución española y en los estatutos de autonomía, es decir, en lo que se ha denominado el bloque de constitucionalidad. También ha tenido su punto de partida en la voluntad política, de la que siempre hemos participado, de impulsar ese proceso de descentralización política. Lo hemos hecho desde el Partido Socialista y lo hemos hecho desde los gobiernos socialistas. La sentencia del Tribunal Constitucional no cuestiona esa voluntad política que tenemos, sino que la respeta. Lo que pienso, por el contrario, es que la sentencia, con los problemas que haya podido plantear, sí es el punto final de una concepción centralista del Estado, que es la que siempre ha defendido la derecha en este país.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.


Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Señor vicepresidente, su opinión no es la de todas las fuerzas políticas catalanas y catalanistas. Hay un informe de expertos que acredita que la sentencia abre un proceso de involución, porque echa a los estatutos del bloque constitucional.


Señor Chaves, usted lo sabe tan bien como yo. Catalunya ha liderado el modelo autonómico e incluso le diría que Andalucía lo ha universalizado, y esto ha funcionado. Lo cierto es que hoy hay algo que no funciona y lo que no funciona es un tribunal deslegitimado y desautorizado; un partido, el Popular, que ha secuestrado la Constitución y, le añado, un gobierno que ha dejado de liderar, que no quiere liderar. Por eso hoy, después del fiasco de ayer, después de que ayer no se pudiese aprobar en esta Cámara un mandato para que su Gobierno cumpliese, y cumpliese con lo pactado, hoy lo que debería usted anunciar son los compromisos concretos. ¿Cuáles son los compromisos concretos? No solo la reforma de

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la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino una ley de mejora del autogobierno con todas las leyes que la sentencia del Estatut de Catalunya ha tirado para atrás, con una modificación de la Lofca, de la Ley de Haciendas Locales, una modificación de las leyes que garanticen que uno se podrá dirigir a los órganos constitucionales o jurisdiccionales en cada uno de sus idiomas. Eso es lo que ustedes no anuncian. Usted hoy debería anunciar el compromiso de cumplir con la distribución competencial establecida en el Estatuto de Cataluña o con una nueva etapa de descentralización en materia aeroportuaria o en trenes regionales. Hoy, si fuesen federalistas -pero federalistas de verdad y no solo de aliño-, deberían plantear una reforma de la Constitución para que la Constitución reconozca la España real, que es una España plurinacional y plurilingüística, porque somos el país más plural de toda Europa, y en cambio hay quien no lo quiere reconocer.


¿Sabe cuál es el problema, señor vicepresidente? Que tengo la sensación de que ustedes están postrados esperando a ver qué pasa en las elecciones y sin comprometerse a nada. Eso es demasiado barato para ustedes y eso es lo que hoy, mañana -y ayer- deberían rectificar.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Señor vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Señor presidente, señor Herrera, la descentralización política es una seña de identidad de nuestro Estado. Le quiero recordar que España es hoy el tercer país más descentralizado de la OCDE. Estamos ahora mismo ante un conjunto de estatutos de autonomía, los que se han denominado de segunda generación y a los que precisamente abrió camino el Estatut de Catalunya, y al mismo tiempo tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que afecta al Estatut de Catalunya.
Le quiero reiterar aquí, en la Cámara, que el Gobierno tiene voluntad política de compromiso en el desarrollo de todos los estatutos de autonomía. Esa voluntad no se va a ver afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional. De la misma manera, desde el acatamiento de la sentencia, tenemos la voluntad de comprometernos con la hoja de ruta establecida en el mismo Estatuto de Cataluña, impulsando un mayor autogobierno de la Generalitat utilizando precisamente las vías que señala la sentencia del Tribunal Constitucional: más competencias, más derechos individuales y colectivos, más instituciones catalanas.


Señor Herrera, estoy convencido de que con el Estatut, solucionando desde el diálogo, desde el acuerdo, empezando por la reunión de hoy entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat y solucionando los problemas que suscita la sentencia, Cataluña puede y debe alcanzar el grado de autogobierno más alto de toda su historia. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL MORENO BONILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL: ¿HASTA CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO SEGUIR RETRASANDO LA APROBACIÓN DEL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN LOCAL? (Número de expediente 180/001122.)

El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta, para formularla tiene la palabra don José Manuel Moreno Bonilla.


El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Chaves, su Gobierno se burla permanentemente de los acuerdos que se han adoptado en esta Cámara. Tres, señor Chaves, tres veces han incumplido los acuerdos sobre financiación local. Hace tan solo veinte días que se cumplió el último mandato parlamentario. ¿Usted cree que contribuyen a la credibilidad de las instituciones y a la propia credibilidad de la clase política los incumplimientos permanentes de su Gobierno? ¿Tampoco van a cumplir la resolución que ayer mismo aprobamos en esta Cámara?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno Bonilla.


Señor vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Señor Moreno, nosotros no vamos a renunciar a establecer un sistema de financiación local acordado con los ayuntamiento y a ser posible con los partidos políticos, pero actuaremos con responsabilidad y lo haremos en el momento adecuado, cuando no perjudique el objetivo prioritario que nos hemos marcado todas las administraciones públicas, que es fijar el déficit en un 3 por ciento.
Por tanto, lo haremos desde esa perspectiva, pero con responsabilidad.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor Moreno Bonilla.


El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Chaves, ¿cómo se puede incumplir permanentemente los compromisos de esta Cámara sin sonrojarse lo más mínimo? ¿Cómo el presidente del Gobierno

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puede faltar tanto a la verdad en esta materia? Ustedes no han abordado ni uno de los grandes problemas del mundo local; solo han ofrecido improvisación, contradicción y, eso sí, mucha, mucha propaganda. Ahora asfixian más a los gobiernos locales con ese real decreto que prohíbe el endeudamiento para inversiones y que obliga a cancelar a final de año todas las operaciones a corto plazo. Señoría, usted dice que no es el momento de adoptar un nuevo modelo de financiación local porque aumentaría el déficit. Hay que tener cuajo; hay que tener cuajo para decir eso después de que su Gobierno haya derrochado miles de millones de euros y haya sido incapaz de aprobar conjuntamente la financiación autonómica y la local, tal como ustedes se comprometieron. Si la crisis es impedimento parar reformar la financiación local, ¿por qué no lo fue para la financiación autonómica hace tan solo seis meses? Se lo diré yo, señor Chaves: porque el sillón del señor Rodríguez Zapatero no depende de los ayuntamientos y sí de algunos grupos nacionalistas, incluido el PSC.
Señor vicepresidente, la política de su Gobierno está llevando a la quiebra al conjunto de los ayuntamientos españoles. Por si usted no lo sabe, muchos municipios españoles han dejado de pagar la Seguridad Social, la luz, el teléfono, las nóminas y por supuesto han dejado de pagar a los proveedores. ¿Cuándo van a hacer ustedes algo? ¿Cuándo los ciudadanos se encuentren las puertas cerradas de sus ayuntamientos? Señor Chaves, haga usted algo útil; deje de hacer turismo oficial y traiga una propuesta que salve a los ayuntamientos de la ruina. Empiece por cumplir la ley, ponga en marcha la línea de crédito ICO para que los municipios puedan pagar su deuda a pymes y autónomos. Si no lo hace, el señor Rodríguez Zapatero será el único y exclusivo responsable de la mayor quiebra municipal de la historia democrática de nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno Bonilla.


Señor vicepresidente del Gobierno tiene la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Señor Moreno, ustedes, como siempre, juegan con todas las barajas posibles. Un día le reprochan al Gobierno el aumento del déficit, y para eso incluso pregonan la necesidad de reformar la Constitución para prohibir cualquier déficit, y al día siguiente presentan iniciativas que claramente lo incrementan. Ayer y hoy tocó incrementar el déficit. Yo le quiero recordar, señor Moreno, que ante las dificultades financieras que han tenido y tienen los ayuntamientos españoles, el Gobierno ha respondido. El sistema de financiación actualmente vigente es el que diseñaron y aprobaron ustedes, el actualmente vigente, ese que constituía el marco definitivo de financiación local para todos los ayuntamientos, como dijo el señor Montoro, pero eso les da igual. Todo es definitivo para ustedes, señor Moreno, hasta que dejan el Gobierno; cuando están en la oposición barra libre, todo vale hasta incluso la incoherencia. Cuando se planteó la reforma de la financiación local, ustedes se opusieron porque dijeron que no era el momento oportuno, y ahora, cuando el objetivo es reducir el déficit, exigen la reforma de la financiación local. ¿En qué quedamos, señor Moreno?¿En qué quedamos?

En el próximo periodo de sesiones el Gobierno presentará la ley de gobiernos locales, y con una coyuntura económica diferente presentaremos la ley de financiación local. Pienso, señor Moreno -con esto termino-, que la situación que estamos viviendo de crisis económica con un objetivo de déficit claramente marcado exige un poquito más de seriedad y de responsabilidad por parte de ustedes. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ELENA VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA RECIENTE DECISIÓN DEL GOBIERNO DE CUBA DE LIBERAR A 52 PRESOS DE CONCIENCIA CUBANOS? (Número de expediente 180/001131.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Para formularla tiene la palabra doña Elena Valenciano.


La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, le voy a explicar por qué le hago esta pregunta. Durante su viaje a Cuba, cuando se anunció la excarcelación de los presos de conciencia, tuvimos la tentación de pensar que era una buena noticia, incluso la mejor decisión política del Gobierno cubano en los últimos 50 años; algunos, entre los que me cuento, incluso pensamos que era un éxito de la diplomacia española y de la iglesia cubana; nos atrevimos a pensar que la herramienta del diálogo por la que habíamos peleado había servido efectivamente para la liberación, pero veo, señor ministro, que la derecha está preocupada. No solo no se alegra, o parece no alegrarse, de la excarcelación de presos, reivindicación en la que nos han acompañado durante estos años, sino que están tan preocupados que se han instalado en el hotel en el que tenemos alojados a los presos excarcelados y trabajan constantemente para tratar de producir en ellos una herramienta contra el Gobierno de España, contra usted, señor ministro, que ha sido uno de los protagonistas -clarísimamente, yo creo- de un éxito que también creo que es muy claro de la diplomacia española, europea, y desde luego también de la Iglesia de Cuba. Por eso,

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señor ministro, para no equivocarnos, para que este grupo, que hasta ahora ha considerado un éxito de usted y de este Gobierno la excarcelación de los presos de conciencia de Cuba y una decisión que anima a las reformas en la isla, y que el propio Fariñas ha catalogado como una ventana abierta, para que no nos confundamos, señor ministro, ¿podría usted decirme cuál es su valoración sobre la decisión del Gobierno cubano de excarcelar a los presos de conciencia en la isla? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valenciano.


Señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Gracias señoría. Tiene toda la razón. Yo esperaba que el señor Moragas hiciese hoy esta pregunta, siempre preocupado por la situación de Cuba y por la situación de los presos políticos en Cuba, pero veo que no. No está en el hemiciclo y parece que les importa poco la información que pueda dar el Gobierno, la evaluación o las conclusiones que podamos extraer de esta decisión importante, significativa para el futuro de Cuba y el futuro de los cubanos. Es una decisión importante; es la decisión de liberar a todos, a todos los presos políticos en Cuba. Ayer el presidente del Parlamento cubano, el señor Alarcón, confirmó en Ginebra que no serán simplemente los 52 que quedaban de los 75; no, serán todos, todos los presos cubanos, incluso aquellos que no quieran salir de Cuba, que podrán permanecer en la isla. Por tanto, señorías, es una buena noticia. Como es una buena noticia me van a permitir hacer varias reflexiones sobre la misma. La primera es que tiene consecuencias importantes en el proceso de reformas en Cuba. Esto se ha producido como resultado de una política; sí, señores del PP, de una política. No es un dato fortuito, no ha sido un éxito inmediato, de las gestiones de aquí y ahora, de veinticuatro horas, de un mes o dos; ha sido una política que ha tenido una duración de casi seis años, buscando el diálogo, el respeto y el convencimiento de que tenían que liberar a los presos políticos. Por lo tanto, su política fracasó, la nuestra ha dado resultado. (Aplausos.)

Segunda conclusión. No se trata de un gesto humanitario, como algunos analistas han querido decir. No, tiene consecuencias humanitarias - espero que los señores del PP se alegren de esa situación humanitaria-, pero además tiene consecuencias políticas. Tendrá consecuencias políticas en la isla, tendrá consecuencias políticas en las relaciones de la Unión Europea con Cuba -ofreceremos la posición común de la Unión Europea- y tendrá consecuencias políticas en las relaciones de Estados Unidos con Cuba, levantamiento del bloqueo. Esas son las consecuencias y las conclusiones, el resultado de la gestión de la Iglesia católica y del Gobierno de España. (Una señora diputada: ¡Bravo!-Aplausos.)

- DE LA SEÑORA DIPUTADA DOÑA BEATRIZ RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA: ¿CUÁNTAS BASES OPERATIVAS TIENE EL EJÉRCITO ESPAÑOL DESPLEGADAS EN AFGANISTÁN? (Número de expediente 180/001123.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Defensa. Para formularla tiene la palabra doña Beatriz Rodríguez-Salmones.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Señora ministra, en Afganistán, en puntos críticos de la ruta Lithium, en Sabzak, en Sang Atesh y ahora en Mokur, se han desplegado de forma permanente destacamentos españoles -usted acaba de estar ahí-; para ellos nuestro mayor reconocimiento, respaldo y admiración. Viven en condiciones muy duras, casi inaceptables, y operan con máximo riesgo durante las veinticuatro horas del día. Esta información, señora ministra, ha sido hurtada a este Parlamento; no entendemos por qué. Cuando le hemos preguntado, hemos recibido su consabida descalificación y además, por ejemplo, nos ha remitido usted a un spot publicitario; información publicitaria frente a información parlamentaria. ¿Cuáles son las razones para todo ello?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.


Señora ministra de Defensa.


La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Señorías, me alegro de que rectifique, porque su pregunta era insólita: ¿Cuántas bases operativas tiene España en Afganistán? Tiene solo dos: Herat y Qala-i-Naw, por cierto, que declaramos completamente operativa el pasado 13 de julio -espero que se alegre-, y eso no tiene nada que ver con puestos avanzados. Si usted me quiere preguntar por puestos avanzados, se lo explico hoy y cuando quiera; no solo yo, tiene a todo el Estado Mayor de la Defensa a su disposición, y lo sabe. Lo que no entiendo es este tipo de preguntas. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Defensa.


Señora Rodríguez-Salmones.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Pues está muy clarita, señora ministra. Usted ha hurtado a este Parlamento la información de los destacamentos permanentes en sitios críticos. Usted no informa; informará, no le quepa la menor duda. El presidente no comparece en esta Cámara; comparecerá, cuente usted con nuestra obstinación parlamentaria.
Usted además descalifica, se enoja con todo el que no le adula.
(Rumores.)

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Eso me parece infantil, pero irrelevante. Ahora bien, atiéndame, señora ministra, y atiéndame con respeto. (Rumores.) Lo que no es...


El señor PRESIDENTE: Silencio. Un momento, por favor.


Señora diputada, la atención la tiene que hacer patente la Presidencia y los demás diputados han de colaborar con ella para que la sesión discurra con normalidad. Adelante.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: No es irrelevante que usted no debe volver jamás a hurtar información de esta gravedad al Parlamento; incumple con su deber y es desleal con los soldados. Lo que no es irrelevante, señora ministra, es que para nosotros respaldar a los que están luchando es un deber; compartir la angustia de sus familias y estar con ellos es un deber sagrado. Se lo digo con los términos del vicepresidente Biden a la Bripac: Es un deber sagrado. Usted no puede jamás volver a ponerlo en cuestión ni hacer insinuación alguna al respecto. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.


Señora ministra de Defensa.


La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Señoría, lo que le digo es que la misión que nuestros soldados están llevando a cabo en Afganistán requiere mucha menos frivolidad de la que usted está utilizando en esta Cámara. Los puestos avanzados que no son españoles -no tiene ningún sentido su pregunta- son de ISAF. Por ejemplo, en Sabzak, donde ayer estaban los españoles, hoy están los italianos y mañana estarán los americanos; no son bases permanentes. Tienen que ver con una de las funciones, de las tareas diarias que están haciendo nuestros soldados, la de garantizar la libertad por las rutas estratégicas en las provincias de Herat y Badghis. Es la tarea diaria de nuestros soldados.


Yo he comparecido siete veces y compareceré tantas como la Cámara lo solicite. Hasta tres veces han ido ustedes, señorías de la oposición, al Estado Mayor de la Defensa, donde se les ha ofrecido toda la información, y volverán este viernes. Teniendo ustedes a disposición toda la información, compareciendo la ministra de Defensa hasta en siete ocasiones y las que la Cámara lo pida, reponiéndose aún del susto el señor Rajoy cuando el presidente Zapatero le dijo que comparecería tantas veces como ustedes lo soliciten, me pregunto cómo es posible que ustedes, con una misión como la que tenemos, sigan haciendo estas preguntas cuando tienen al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor de la Defensa a su disposición más todas nuestras comparecencias. Llego a una conclusión. Si usted discretamente hace una gestión con el ministerio o con el Estado Mayor de la Defensa se queda sin micrófono, sin fotos y sin publicidad.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio.


La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Pero déjeme que le diga una cosa. A cambio hay una magnífica compensación. Es mucho más honesto con nuestros 1.300 soldados y mucho más útil para nuestra misión. ¡Qué bien para España el día que ustedes entiendan esto! (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿PIENSA EL MINISTRO DEL INTERIOR CUMPLIR LOS MANDATOS DE ESTA CÁMARA? (Número de expediente 180/001125.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro del Interior. Para formularla tiene la palabra don Ignacio Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidente.


Señor ministro, usted tiene un mandato de esta Cámara para publicar todos los meses los datos de delincuencia en cada una de las provincias en la página de Internet, pero lo único que aparece en la web del ministerio con inmediatez son sus discursos. Usted tiene un mandato de esta Cámara para aprobar un real decreto de misiones de naturaleza militar de la Guardia Civil, pero está mandando guardias civiles a Afganistán o a Irak sin tener ni siquiera ese amparo legal. Usted tiene un mandato de esta Cámara para impulsar una progresiva equiparación de retribuciones entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España, pero lo que ha hecho es rebajar el sueldo a los policías y a los guardias civiles. Usted tiene un mandato de esta Cámara para mejorar los medios materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero ha reducido las inversiones a la mitad. La lista de mandatos podría ser mucho más larga y la de incumplimientos también. La pregunta, señor ministro, es si tiene usted voluntad de cumplir los mandatos que emanan de esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cosidó.


Señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchísimas gracias, señor presidente.


Como usted sabe, las relaciones entre el Gobierno y las Cámaras vienen establecidas por la Constitución y por el Reglamento del Congreso y, en su caso, el del Senado. A ellos -a la Constitución y al Reglamento-

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me atengo con mi comportamiento en estas Cámaras escrupulosamente.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Cosidó, tiene la palabra.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Eso lo sé yo y lo saben los ciudadanos, pero lo que los ciudadanos quieren saber esta mañana es si van a poder conocer cuál es la evolución de la delincuencia en su ciudad como esta Cámara le ha mandado a usted. Lo que los ciudadanos quieren saber y lo que los policías y los guardias civiles quieren saber es qué va a hacer usted por mejorar sus condiciones profesionales. Lo que quieren saber los ciudadanos que se van a presentar a una prueba de acceso a guardia civil o a policía nacional es si va a modificar usted o no la edad de acceso, como tiene también mandatado esta Cámara. Por tanto, le insto a que cumpla usted los mandatos emanados de esta Cámara. Le insto no solo por respeto a esta Cámara, que es importante, sino por respeto a los ciudadanos que representamos y que creen que lo que hacemos aquí tiene realmente algún valor.


Señor ministro, usted tiene una enorme responsabilidad. Usted tiene la responsabilidad de garantizar no solo la seguridad, sino también la libertad y los derechos de los ciudadanos. Cuando usted desprecia al Parlamento, cuando usted hace de la ocultación y de la manipulación sus armas políticas habituales y cuando usted hace un ejemplo de sectarismo desde el Ministerio del Interior y de acoso a la oposición no solamente no está defendiendo las libertades de los españoles, sino que está cuestionando el funcionamiento de nuestro sistema democrático. Por tanto, yo le insto a que cumpla los mandatos de esta Cámara, que está en la Constitución y es su obligación. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cosidó.


Señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): No sé cómo se las arregla usted para ir de los mandatos de la Cámara al acoso a la oposición, pero ya que me lo plantea usted tengo que reiterarle una vez más que el Estado de derecho y el cumplimiento de sus normas nos afectan a todos, y ustedes, señores de la oposición, tienen también que cumplirlo. Con su trabajo, con sus declaraciones, le hacen un favor o lo contrario. Cada vez que ustedes dicen que la Policía acosa al Partido Popular porque detiene a algún dirigente de su partido presuntamente acusado por corrupción usted está haciendo un flaco favor al Estado de derecho; cada vez que lo hace usted está poniéndose del lado de los presuntos delincuentes en lugar del lado de los policías. (Aplausos.) Le diré algo más, personalmente usted sabe que eso es rotundamente falso, rotundamente falso.


Le diré otra cosa en relación con la pregunta. Primero, desde que empezó la legislatura ustedes han hecho al Ministerio del Interior 60.000 preguntas. Estoy seguro de que es una forma magnífica de colaborar al trabajo del ministerio, pero han formulado 60.000 preguntas y algunas de ellas sencillamente inútiles. Segundo, a diferencia del tiempo en el que ustedes gobernaban ahora hay en el Ministerio del Interior una estadística fiable que cada seis meses se envía a este Parlamento -cosa que ustedes jamás hicieron-, lo que significa que cada seis meses comparece el secretario de Estado en este Parlamento para explicar las tasas de criminalidad, cosa que ustedes jamás hicieron. Cada año comparece el ministro para hablar de criminalidad en este Parlamento, cosa que ustedes jamás hicieron, entre otras cosas -probablemente eso lo explica- porque durante su periodo subió la criminalidad en España y ahora baja, señor Cosidó. Ya sé que a usted no le gusta oír eso, pero baja. Ya que me hace la pregunta le diré que dentro de unas semanas mandaremos aquí la tasa de criminalidad de estos seis meses, y ya le anuncio que según los datos previos que tenemos sigue bajando, señor Cosidó. Una vez más le diré que no tiene truco, simplemente hemos repuesto las plantillas de policías y guardias civiles que ustedes quitaron; donde ustedes quitaron, nosotros pusimos, y el resultado de ese juego -ustedes quitan, nosotros ponemos- es que la libertad y la seguridad de los españoles, de la que usted tanto se preocupa, ha mejorado en nuestro país. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS JOSÉ AYALA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿POR QUÉ NO CONCRETA EL MINISTRO DE FOMENTO LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS ANUNCIADOS EN EL PLAN DE AUSTERIDAD? (Número de expediente 180/001126.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Fomento. Para formular la primera tiene la palabra don Andrés Ayala Sánchez.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, se le podría preguntar por cualquiera de los frentes que tiene usted abiertos: controladores aéreos, privatización de AENA, Plan extraordinario de infraestructuras... Pero ante su comparecencia de mañana es bueno que usted nos conteste hoy aquí a una cuestión que preocupa a todos los ciudadanos: ¿Por qué no concreta las obras que van a verse afectadas por los recortes presupuestarios?

Muchas gracias. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.


Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, como sabe comparezco a petición propia mañana en la Comisión. Allí voy a detallar los criterios y las obras que se van a ver afectadas por el plan de ajuste.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor ministro, espero que no solo sean los criterios, sino obra a obra, porque desde que usted llegó al ministerio se ha dedicado a las grandes promesas y a las grandes fotos con los líderes autonómicos, promesas que por cierto no ha cumplido. Cuando se reconoció la crisis y empezaron los recortes usted se apuntó sin vacilar porque le interesaba para maquillar una realidad insostenible, el colapso de su ministerio. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) El 19 de mayo se puso el hábito monacal y nos habló de anulaciones y reprogramaciones; nada será como antes -sentenció-. De eso, señor ministro, hace más de dos meses, una eternidad injustificable para un gestor eficiente. Está jugando al conejo y la zanahoria con empresas y comunidades autónomas. Lo que usted está haciendo para que se conformen con los recortes ante el riesgo de que puedan ser mayores -perdóneme- es incalificable. Los españoles tienen derecho a saber por qué el Gobierno con su mala gestión ha decidido quitar sus legítimas expectativas de transporte. Esto no es un genérico, señor ministro; son los trabajadores, son las empresas, los subcontratistas, los transportistas, los responsables autonómicos, los alcaldes; todos los ciudadanos están en vilo pensando en sus obras a medias y en los puestos de trabajo que se van a perder. Ya somos muchos los que pensamos que pueden llegar a 500.000, y no somos antipatriotas, señor ministro. Es imperdonable que usted no pormenorice las obras que se van a ver afectadas por su obligado plan, ya que si hubieran sido previsores lo podríamos y deberíamos haber evitado.


Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ayala.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Muchas gracias, señor diputado. Efectivamente, desde que he asumido la responsabilidad del Ministerio de Fomento vengo acordando con todas las comunidades autónomas las prioridades de actuación de mi ministerio; señoría, lo vengo haciendo y lo voy a seguir haciendo. Creo que forma parte de lo que se debe entender como la planificación de la obra pública, que venga precedida de la concertación y del diálogo. Me sorprende que eso le inquiete o le moleste. Por eso me quiero quedar con su actitud en el día de ayer, con la actitud del Grupo Popular, ya que fuimos capaces de aprobar una resolución conjunta del Grupo Popular y del Grupo Socialista y apoyada por otro grupo en la que no cuestionan el plan de ajuste y lo único que me plantean son los criterios para abordar entre todos, de forma coordinada, el plan de ajuste. Me quiero quedar con esa resolución y con ese acuerdo, porque esa es la forma de priorizar y de entender el interés general. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MARÓN BELTRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DEL DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE A CORUÑA? (Número de expediente 180/001132.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada, señora Marón Beltrán.


La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, el aeropuerto coruñés da servicio a un área muy poblada que acoge grandes empresas con enorme potencial económico. Esto lo demuestra que en el año 2006 superaron las cifras previstas para el año 2015. Pero para hablar del aeropuerto es necesario hacer un recorrido cronológico para ver los años de desarrollo e inversión y los que fueron de dejación y olvido y quién gobernaba en cada momento. De 1985 a 1995 Gobierno socialista; se hacen grandes inversiones -es la consolidación del aeropuerto como tal-, nueva pista y terminal. De 1996 a 2004 Gobierno popular; fueron ocho años perdidos. ¿Saben lo que hicieron en ocho años? Dos fingers. Esos años los conozco bien por haberlos vivido como diputada de la oposición. Pese a que había ministros gallegos y todo un vicepresidente, nada hicieron. Eran épocas de bonanza económica, reclamábamos inversiones, pero enfrente estaba el muro del Partido Popular que dejó caer en picado el aeropuerto, paralizó el plan director y otras inversiones. La otra cara es la del compromiso y los hechos. A partir de 2004 el Gobierno del presidente Zapatero empieza un desarrollo imparable del plan director: nuevo ILS, nuevo aparcamiento de aeronaves, aparcamiento para más de dos mil vehículos, nuevos accesos y proyecto de ampliación de la pista tan necesaria para su perfecta operatividad. Usted conoce bien, señor ministro, el empeño del Gobierno local coruñés en ese objetivo.


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Ahora, señor ministro, podemos decir que el aeropuerto despega con fuerza.
Además, vemos cada día que su compromiso se demuestra con hechos, y eso se lo agradecemos profundamente. Pero a los que no han hecho nada cuando podían hacerlo y ahora actúan de inspectores agoreros del cuanto peor, mejor, les molestan las obras, siembran dudas y confusión, y así cada día sufrimos su mala y destructiva conciencia.


Por eso le pregunto, ¿qué valoración hace del desarrollo del Plan director del aeropuerto coruñés?

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Marón.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señora diputada, la actuación más importante que va a redefinir la capacidad y la operatividad de todo el aeropuerto es la ampliación de la pista de vuelo de Alvedro. Dicha ampliación va a posibilitar la operación de aeronaves más grandes y, por lo tanto, destinos de mayor alcance y capacidad de albergar mayores tráficos; una obra que ya hubiéramos licitado -tal y como he comprometido- si hubiéramos dispuesto de la declaración de impacto ambiental. Para desarrollar dicha declaración es imprescindible que las autoridades autonómicas competentes, es decir Aguas de Galicia y la Dirección Xeral de Patrimonio, emitan sus informes. Tras la reunión a iniciativa del Ministerio de Fomento el pasado 16 de julio estos organismos nos han dicho que hasta septiembre no estarán en condiciones de emitir el informe. Por tanto, hasta que tengamos estas autorizaciones no es posible que el Ministerio de Medio Ambiente pueda efectuar su evaluación ambiental. De acuerdo con las previsiones, y si las autoridades autonómicas cumplen con lo que hemos acordado, estaríamos en disposición de licitar las obras -ese también es el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente- en el otoño de este año. Quiero recordar que Alvedro fue el aeropuerto gallego que más creció en pasajeros en el primer trimestre del año 2010, cerca de un 6 por ciento. A Coruña y Galicia necesitan esta ampliación, por eso en esa obra tenemos previsto invertir 120 millones de euros, 87 millones de euros en la licitación de la ampliación de la pista de Alvedro una vez que quedó definido el proyecto, más 30 millones aproximadamente para expropiaciones. Por tanto, esperamos los informes de la Xunta y el ministerio seguirá trabajando en otras actuaciones que tenemos en marcha, y así antes también de que finalice este año pondremos en servicio los aparcamientos y los viales inferiores por un valor de 36 millones de euros o la remodelación del esquema eléctrico del aeropuerto por un valor de 4,3 millones de euros.
En cualquier caso, ratifico mi compromiso de que si se cumple con lo acordado con la Xunta este otoño podremos licitar la obra; estamos pendientes de esos informes. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON LUIS JUAN TOMÁS GARCÍA, EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN: ¿QUÉ OBJETIVOS TIENE EL GOBIERNO EN RELACIÓN AL DECRETO QUE ESTABLECE LOS ASPECTOS BÁSICOS DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS? (Número de expediente 180/001133.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida al señor ministro de Educación que formula el diputado señor Tomás García.


El señor TOMÁS GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Uno de los rasgos que define nuestro sistema educativo en los niveles no universitarios es su carácter dual. En él conviven una red pública mayoritaria al lado de una red privada en la que los centros concertados ocupan un lugar destacado, centros, estos últimos, que se sostienen con fondos públicos en virtud del régimen de conciertos educativos. La regulación vigente es del año 1985 y ha dado buenos resultados para alcanzar los objetivos de plena escolarización y además ha otorgado a estos conciertos el carácter de instrumento a través del cual hacer extensivo el derecho a la educación que reconoce nuestra Constitución.
Sin embargo, todos los potenciales beneficios de este sistema no han sido alcanzados de manera equilibrada. Por citarle un ejemplo, el porcentaje de inmigrantes que acude a centros públicos es abrumadoramente superior al que se escolariza en centros concertados pese a estar ambos sostenidos con fondos públicos. Todos sabemos las consecuencias que tiene esta distribución poco inclusiva. Por eso queremos saber, señor ministro, cómo podemos corregir este desequilibrio, lo que además es una exigencia de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.


Señorías, la reforma es necesaria, pero no cualquier reforma es garantía de una escolarización más equitativa y de una mayor igualdad de oportunidades. Sabemos de la intención de algún grupo político, manifestada en el seno de la Comisión de Educación de esta Cámara, que bajo la bandera engañosa de la libertad de elección de centro pretende una modificación del sistema que permita el concierto educativo a demanda. Este es un disparate que confunde deliberadamente libertad de enseñanza con libertad de elección de centro y que puede conducirnos a una mayor estratificación social del alumnado, especialmente perjudicial para los estudiantes que proceden de entornos menos favorables. Hoy no le hacemos una pregunta sino varias en una sola, señor ministro: ¿Cómo piensa abordar esta reforma y cuál será el objetivo principal; qué cambios pretende introducir respecto a la regulación de 1985 para garantizar las mismas exigencias de escolarización que la red pública,

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y, por último, de qué manera afectará a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales?

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tomás.


Señor ministro de Educación.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, el decreto que regula los conciertos educativos efectivamente data de 1985. Desde entonces han tenido lugar algunas actuaciones de importancia, tales como la transferencia educativa a las comunidades autónomas, que se culminó en el año 2000; luego la proclamación, la aprobación de la LOE en el año 2006, donde ya se abordaron cuestiones de carácter general sobre conciertos. Efectivamente, tenemos que elaborar un nuevo decreto que se adecue a este nuevo marco normativo y competencial.
Trabajamos en la elaboración del decreto, como siempre, con la máxima voluntad de diálogo y de acuerdo con la comunidad educativa en la mesa de trabajo de la enseñanza concertada en el Consejo Escolar del Estado.
Efectivamente, la Constitución reconoce una doble red de centros escolares. La LOE considera el servicio público de la educación como un servicio esencial de la comunidad que puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social. Nuestro objetivo es que todos los centros financiados con cantidades públicas tengan la misma calidad y cuenten con todos los medios necesarios para atender a todos los estudiantes, pero también deben tener las mismas obligaciones, y por ello consideramos que tienen que satisfacer las exigencias de escolarización y vincularse a la programación de la red de centros que hacen las administraciones educativas. Queremos que esto sea un requisito y no un criterio de preferencia como en el decreto del año 1985, porque la universalidad y la gratuidad de la enseñanza entre 6 y 16 años es una exigencia que cumple y debe hacer cumplir el Gobierno.


En lo que respecta a la educación básica, al segundo ciclo de educación infantil o a los programas de cualificación profesional inicial, en los casos en que se concierte esta educación las familias no tienen que hacer ninguna aportación a los centros. Tenemos que asegurar la escolarización equitativa con necesidades educativas especiales y tendremos en cuenta este esfuerzo cuando los centros reciban recursos por las administraciones educativas. Se trata, en definitiva, de que, como establece la LOE, los centros sostenidos con fondos públicos asuman su compromiso social con la educación y realicen una escolarización sin exclusiones, que es, como usted señalaba, un factor determinante para realizar la tarea. El 29 de la adicional de la LOE nos pide que trabajemos en esa dirección y esperemos que así garanticemos la equidad y la calidad de nuestra educación.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSEBA AGIRRETXEA URRESTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO: ¿PIENSA EL GOBIERNO INCLUIR EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2011 UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESTINADA A LAS OBRAS DE ENCAUZAMIENTO PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA RÍA DE BILBAO? (Número de expediente 180/001103.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino que formula el diputado señor Agirretxea Urresti.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, en estos momentos la ría de Bilbao, a su paso por el casco urbano de la capital vizcaína, se encuentra en una situación en la que en cualquier momento desbordará, como ha ocurrido hace un mes. Por lo tanto, mi grupo parlamentario le pregunta si piensa el Gobierno incluir en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 una partida presupuestaria destinada a las obras de encauzamiento para evitar inundaciones en la ría de Bilbao.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias, señora presidenta.


Señoría, como usted seguramente conoce, actualmente está en elaboración el estudio de alternativas para la protección contra inundaciones en la ría de Bilbao. A partir de sus conclusiones se procederá a la selección de la alternativa más idónea y será entonces cuando se pueda acometer la redacción del correspondiente proyecto y posterior licitación de las obras.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


Señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora ministra.
Evidentemente me imaginaba que la respuesta que me iba a dar iba a ser esa porque ya nos la dieron por escrito también anteriormente, pero la cuestión es qué va a ocurrir. En estos momentos la ría de

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Bilbao, como decía, está en riesgo de inundaciones; hace un mes se ha inundado parte de la zona de Deusto porque todavía estamos como estábamos antes. Le recordaré que esto se declaró obra de interés general en el año 2007 y acordamos incluirla en los Presupuestos Generales del Estado en el año 2008. Sabemos que se está realizando un estudio para estudiar cuál es el mejor estudio que hay que acometer. Por lo tanto, podemos seguir así ad infinítum. La cuestión es que o se incluye una partida en los Presupuestos Generales del Estado de este año o volveremos a demorarlo a la partida de Presupuestos Generales del Estado del año que viene, porque el estudio dirá que antes de fin de año debe acometerse el estudio, como usted bien ha dicho. El Ayuntamiento de Bilbao, los ciudadanos de Bilbao y la diputación están esperando cuándo se van a realizar las obras, qué tipo de obras y qué es lo que tiene que ocurrir. Tiene que volver, porque en Bilbao llueve -usted lo sabe perfectamente-, y llueve mucho a veces; y cuando llueve mucho, más de lo debido, puede desbordarse porque el encauzamiento de la ría de Bilbao no está como debe estar, y es una responsabilidad suya y de su ministerio, como bien sabe. Usted sabe que no se puede esperar más y que hay que acometerlo ya. Por lo tanto, mi grupo sabe que se está realizando el estudio, pero incluya ya una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado para que cuando se finalice ese estudie automáticamente se pueda iniciar ya el proyecto y la obra más conveniente. Espero que tenga en cuenta esta petición que mi grupo le ha hecho desde hace tiempo; además es un compromiso adquirido por el Gobierno e incluido en sus presupuestos generales en su momento.
Pero la respuesta que nosotros tenemos que dar en estos momentos a los ciudadanos de Bilbao y de Vizcaya es que el ministerio está esperando a que se acabe el estudio.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Aguirretxea.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Señoría, usted sabe que es una obra muy compleja y desde luego el estudio que estamos realizando tiene un objetivo muy claro: recopilar toda la información disponible, recabar otra nueva, incorporar las nuevas tecnologías disponibles, analizarlas, valorar las diversas alternativas que se nos presentan y proponer la solución que resulte más idónea.
También estamos hablando, efectivamente, de una actuación de interés general, pero me gustaría recordarle que afecta a zonas de dominio público hidráulico, de dominio público marítimo-terrestre, a zonas portuarias, por lo que hay varias administraciones implicadas y también se requerirá la designación de un organismo que asuma el liderazgo y coordine las actuaciones a realizar. Sí puedo anticiparle ya alguna información que del análisis preliminar nos permite diagnosticar posibles soluciones al problema de la inundabilidad a lo largo de la cuenca del Nervión, si bien los resultados están muy condicionados entre otras cuestiones por la intensa ocupación del área inundable desde muchos kilómetros aguas arriba de Bilbao. A fecha de hoy desconocemos la mejor solución; la tendremos en muy poco tiempo. Como consecuencia, desconocemos también el montante económico. Usted sabe que estamos hablando de una obra que posiblemente tenga una ejecución plurianual. Por lo tanto, es necesario conocer el importe total para poder incluirla en los Presupuestos Generales del Estado. Para concluir quiero indicarle que la inclusión de las obras vendrá condicionada por todo lo que le dije y por supuesto por los trámites reglados a realizar. Actuar de otra forma, señoría, sería poner el carro antes que los bueyes. Pero no dude de que desde el Gobierno tenemos el compromiso de que una vez superadas las situaciones expuestas lo incluiremos en los Presupuestos Generales del Estado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ANGELINA COSTA PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿QUÉ CRITERIOS SE HAN SEGUIDO PARA EL NOMBRAMIENTO DE LA DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/001135.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora ministra de Cultura que formula la diputada señora Costa Palacios.


La señora COSTA PALACIOS: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, la Biblioteca Nacional, fundada por Felipe V en 1712 y muy próxima a cumplir ya su tercer centenario, es el centro depositario oficial del patrimonio bibliográfico y documental de España, siendo su función principal la de custodiar más de 26 millones de publicaciones producidas en nuestro territorio desde comienzos del siglo xviii: libros, revistas, mapas, grabados, dibujos, partituras, folletos, etcétera. A la Biblioteca Nacional le corresponde además la difusión de este rico patrimonio bibliográfico a través de su catálogo de fondos y de la elaboración de una muy útil bibliografía española. Su importante labor, apoyada en los últimos años por la incorporación de las nuevas tecnologías, ha redundado en un eficiente servicio a la ciudadanía: salas de consulta, información bibliográfica especializada, préstamos interbibliotecarios y un rico y completo programa de actividades culturales. La Biblioteca Nacional, constituida desde 1991 como organismo autónomo, depende directamente del Ministerio de Cultura o equivalente y cuenta

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con un real patronato, órgano superior consultivo, además de un director o directora, una estructura estable compuesta por un consejo de dirección, una dirección técnica y una gerencia. El pasado 5 de mayo el Consejo de Ministros decidió, dentro de un estricto programa de recorte del gasto público y que ha afectado a todos los ministerios y organismos públicos, que este cargo directivo perdiera la condición de dirección general en la estructura jerárquica administrativa del Gobierno español y se convirtiera en una subdirección general. Pese a este cambio en la categoría de su sujeto directivo, el objeto -es decir, la Biblioteca Nacional como institución- no pierde un ápice de su estatus ni de su presupuesto para el funcionamiento y recursos humanos. La Biblioteca Nacional permanece intacta y no la afectan las modificaciones administrativas de un director que de ningún modo menoscaban ni el prestigio ni el relevante papel que desde su creación ha venido desarrollando tan importante organismo cultural. Recientemente, y tras la dimisión de la anterior directora, ha sido nombrada como directora de la Biblioteca Nacional doña Gloria Pérez-Salmerón, por lo que la pregunta que le formulo, señora ministra, es la siguiente: ¿Qué criterios se han seguido para el nombramiento de la directora de la Biblioteca Nacional de España?

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Costa.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (González-Sinde Reig): Muchas gracias, presidenta.


Señoría, señalé en sede parlamentaria que la decisión tomada el 30 de abril respecto a la Biblioteca Nacional había sido la más delicada que había afrontado como ministra. No se han cumplido tres meses desde entonces y hoy puedo afirmar que la dirección de la Biblioteca Nacional no puede estar en mejores manos. Así lo ha confirmado su patronato, el respaldo al nuevo nombramiento ha sido unánime y el apoyo ha sido entusiasta. Doña Gloria Pérez-Salmerón reúne todas las condiciones que conformaban el perfil profesional que buscábamos: primero, en cuanto a su formación, es una experta de máximo nivel; segundo, su capacidad de gestión es amplia, coherente y sólida; su experiencia profesional, marcada por la formación y la coordinación, por la puesta en marcha de bibliotecas, los proyectos internacionales y el impulso a la digitalización le han valido el reconocimiento de todo su sector; y el tercer aspecto era el conocimiento de la Biblioteca Nacional, que también está acreditado: ella pertenecía anteriormente al patronato y era muy valorada en toda la institución. Pero la Biblioteca Nacional necesita algo más que el mejor currículum, necesita ilusión y compromiso y necesita también capacidad de liderazgo. Sin esos tres ingredientes del carácter no es posible ni afrontar con entereza la adversidad ni dirigir hacia el futuro con firmeza y autonomía uno de los buques insignia de nuestra cultura. Algunos consideran que la altura de la Biblioteca Nacional solo puede medirse en función de su rango burocrático. Es así como lo miden todo, por jerarquías, pero hay indicadores mejores para evaluar a las instituciones y a las personas: las ideas que se defienden y los proyectos que se abanderan. Por eso tengo la convicción de que la nueva directora merece toda nuestra lealtad y toda nuestra confianza.


Muchas gracias, señoría. Gracias, presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON ALFONSO ALONSO ARANEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO UNA PRIORIDAD LA LUCHA CONTRA LA POBREZA EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001129.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad y Política Social. En primer lugar, la que formula el diputado señor Alonso Aranegui.


El señor ALONSO ARANEGUI: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, la crisis económica en España está teniendo un terrible coste social. Es la crisis del paro y de la falta de oportunidades; un paro en cifras históricas y una pérdida de expectativas que afecta especialmente a los más jóvenes con tasas de desempleo que usted sabe que superan ya el 40 por ciento. La crisis también castiga con fuerza a los hogares y a las familias españolas. La vulnerabilidad social en España ha aumentado de tal manera que en dos años, de 2007 a aquí, ha caído hasta el 35 por ciento el porcentaje de población que está integrado en algún hogar sin problemas de exclusión. Dicho de otra manera, dos terceras partes de la población española sufren algún riesgo de exclusión.
Señoría, en dos años la tasa de pobreza en España ha pasado del 19 al 22,7 por ciento. Más de 9 millones de personas en España viven bajo el umbral de la pobreza en hogares que ingresan menos de 500 euros al mes.
Hoy hay un millón de personas más en situación de pobreza en España que hace dos años. Este es, señoría, el estado de la cohesión social en España, un país crecientemente desigual e injusto, y esta es la peor herencia de una política económica y social fracasada y el resultado de la gestión del Partido Socialista. Por eso le pregunto: ¿Considera el Gobierno una prioridad la lucha contra la pobreza en España, y si es así, qué va a hacer usted? (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Alonso.


Señora ministra.


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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Gracias, señora presidenta.


Señoría, el Gobierno otorga una gran importancia a la lucha contra la pobreza y las políticas que hemos llevado a cabo así lo ponen de manifiesto. Es cierto que la coyuntura económica ha incrementado el número de personas en una situación de mayor vulnerabilidad social, pero también es cierto que las medidas y actuaciones que hemos adoptado en los últimos años no solamente nos han permitido avanzar y fortalecer nuestro Estado de bienestar sino que también nos han permitido afrontar esta difícil situación económica en mejores condiciones que en el pasado.
Además, el Gobierno ha ampliado este año 2010 las medidas económicas para favorecer la inclusión social y la lucha contra la pobreza aprobando un plan extraordinario centrado, entre otras medidas, en la atención directa al ciudadano en riesgo de exclusión a través de más recursos para las organizaciones no gubernamentales y para los ayuntamientos, y un apoyo al tercer sector, es decir, a los centros especiales de empleo, a las empresas de reinserción, a las cooperativas y las fundaciones.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


Señor Alonso.


El señor ALONSO ARANEGUI: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, si el Gobierno concede tanta importancia a la pobreza en España, ¿me puede explicar por qué el presidente del Gobierno no hizo ni una sola mención a la pobreza ni a la exclusión social en su discurso de la semana pasada? No parece que les importe mucho. Yo le pido que esta constituya la prioridad de su ministerio. Se lo pido porque hay 9 millones de personas en España para las cuales no es una urgencia, es una emergencia, y le pido que atienda las propuestas que ayer se aprobaron en esta Cámara. Ayer se aprobó hacer un nuevo plan de inclusión. Cuente con los grupos parlamentarios, convoque a la conferencia sectorial y póngase a trabajar porque el plan que ha finalizado no ha cumplido ninguno de sus objetivos. Sobre todo le pido que tenga una mínima sensibilidad social.
Hace falta tener muy poca para haber sido capaz de reducir las ayudas por hijo a cargo. ¿Sabe, señoría, cuánto ahorra esta medida de un déficit de más de 100.000 millones? Ahorra 27 millones de euros. Sinceramente, hay otro sitio en el que recortar, pero así son sus prioridades. Se lo reitero, señoría, lo menos que se les puede exigir en este tema es un poco más de sensibilidad social. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Alonso.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Gracias, señora presidenta.


Un poco más de sensibilidad social y menos demagogia, porque, señoría, coincidirá conmigo en que un proyecto de contenido social como el del Gobierno se mide ante todo por la sensibilidad con los que menos recursos tienen, con los más vulnerables. Los que menos recursos tienen son los que reciben una pensión de viudedad, una pensión mínima. Pues bien, en seis años el poder adquisitivo de 3 millones de pensionistas ha mejorado un 25 por ciento. Coincidirá también en que los sectores más débiles son los que cobran el salario mínimo interprofesional, y han ganado un 20 por ciento de poder adquisitivo desde el año 2004. También es un sector débil el de las personas dependientes, y pusimos en marcha la Ley de Dependencia, hemos invertido casi 5.000 millones de euros y hoy más de 618.000 personas reciben una ayuda o una prestación. El Gobierno ha puesto en marcha 500.000 viviendas protegidas y hemos duplicado la inversión para facilitar a los ciudadanos con más dificultades el acceso a la vivienda, como también se ha duplicado el número de becas para estudiantes. En fin, señoría, nuestra política social, la política a favor del Estado de bienestar es y será la columna vertebral de nuestro proyecto político, aunque ustedes se empeñen en decir lo contrario.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA VICENTA TORTOSA URREA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL: ¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE EL GOBIERNO CON LA LEY DE SALUD PÚBLICA? (Número de expediente 180/001136.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada Tortosa Urrea.


La señora TORTOSA URREA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, nuestra Constitución reconoce en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud. No obstante, este derecho se ha interpretado usualmente como el derecho a recibir cuidados sanitarios frente a la enfermedad. Aunque la Ley General de Sanidad tratara de que el sistema sanitario tuviese una orientación principal hacia la prevención y la promoción de la salud, el propio funcionamiento de los servicios sanitarios y el desarrollo legislativo han dado menos oportunidades a ambos aspectos.


El pasado 3 de junio el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la ley general de salud pública, dirigido a reforzar las acciones mencionadas y establecer

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las bases para las actuaciones de las distintas administraciones en salud pública. Hay que reconocer que aunque el proceso ha resultado bastante laborioso ha sido imprescindible, pues ha querido implicar desde un primer momento a los profesionales de salud pública españoles. La alianza con la comunidad científica en una norma del alcance que nos ocupa resulta insustituible desde el punto de vista del conocimiento y de la evidencia científica, de la calidad y de la concertación, todas ellas líneas rectoras de la futura ley. He tenido la oportunidad de conocer el firme compromiso de quienes han colaborado en dar su visión de una salud pública de carácter estatal y las aportaciones de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, Sespas, como cuerpo social organizado y entendido en la materia, que ha ofrecido su parecer y sus propuestas desde una óptica global. Todo esfuerzo en este sentido es importante, pues prácticamente todas las acciones de Gobierno, todas las intervenciones públicas o privadas tienen en mayor o menor grado repercusiones sobre la salud ya que la salud pública debe cuidar cotidianamente qué respiramos, bebemos y comemos, cómo trabajamos, nos movemos y convivimos. Por todo ello, señora ministra, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué objetivos persigue el Gobierno con la ley de salud pública? (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Tortosa.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, es cierto que hasta ahora nuestra legislación se ha centrado en garantizar y organizar la asistencia sanitaria frente a la enfermedad, pero también es cierto que en el siglo xxi hay nuevas realidades que atender, como el progresivo envejecimiento de la población o nuevos riesgos ambientales asociados al cambio climático. Por ello, el Gobierno quiere dar un paso más y completar el derecho constitucional de protección de la salud. Es decir, con la ley de salud pública pretendemos coordinar todos los recursos invertidos en la prevención, la protección y la promoción y en la mejora de la calidad de vida. Así, en primer lugar se otorga un papel relevante a la acción preventiva y a la salud comunitaria, así como a los profesionales de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud, concretamente en la atención primaria en coordinación con los servicios de salud pública, situando las políticas de prevención en el centro del sistema. En segundo lugar se crea la Red estatal de vigilancia, la Red estatal de laboratorio de salud pública, que es un sistema de alerta precoz y respuesta rápida que nos va a permitir detectar en todo momento cuáles son los riesgos ambientales, los síndromes, las enfermedades y otras situaciones que representan un riesgo para la salud. Y en tercer lugar se introduce un enfoque de salud en todas las políticas, con una mención específica a la sanidad ambiental y a la sanidad laboral. Además, entre sus principales novedades se incorporan derechos y deberes de los ciudadanos en la prevención, la promoción y la protección de la salud y se garantizan la objetividad y la transparencia de las actuaciones de todos los sectores interesados, así como la imprescindible coordinación con las comunidades autónomas. En definitiva, señoría, con la ley de salud pública queremos desarrollar los principios de salud y equidad en todas las políticas y reforzar la promoción y la prevención de la salud, adaptando la salud pública a los nuevos conocimientos científicos y a la nueva realidad social.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ GESTIONES HA REALIZADO EL GOBIERNO DE ESPAÑA DURANTE LA PRESIDENCIA EUROPEA PARA LEVANTAR EL VETO A LA CONSTRUCCIÓN CIVIL EN EL ASTILLERO DE NAVANTIA-FENE? (Número de expediente 180/001127.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio. En primer lugar, la que formula el diputado señor Fernández de Mesa.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro de Industria, la semana pasada la ministra de Economía y Hacienda, dueña de los astilleros públicos españoles, en Comisión me remitía al señor ministro de Industria para que explicara cuáles habían sido las gestiones del Gobierno en materia de construcción naval en la Unión Europea. El señor ministro de Industria, a las setenta y dos horas -sin duda, sin saber lo que me había dicho la ministra de Economía-, me remitía a la ministra de Economía para que me explicara lo mismo puesto que de ella dependían los astilleros. Es decir, caótico. Señor ministro, si quiere puede volver a la técnica del calamar y volver a explicarme lo que pasó en el año 2000 con Izar y defender su posición, bien distinta a la nuestra. No le recordaré el Real Decreto del año 1984, del señor Solchaga, de reconversión industrial, que supuso una reducción del 60 por ciento de las instalaciones y el 72 por ciento de las plantillas, ni aquella política industrial de que la mejor era la que no existía del señor Aranzadi, ni siquiera aquel Plan estratégico de competitividad del año 1995, del señor Eguiagaray, que certificaba el cierre de los astilleros públicos españoles, tanto los militares como los civiles, simplemente le pregunto, señor

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ministro: ¿Qué gestiones escritas y formales ha realizado su ministerio o el Gobierno de España ante la Unión Europea para el levantamiento del veto definitivo de los astilleros públicos españoles de Navantia-Fene?

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Fernández de Mesa.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, no hay ningún caos. Este tema depende de la SEPI y, por tanto, del Ministerio de Economía y Hacienda. Pero le diré que varios miembros del Gobierno, desde el presidente del Gobierno hasta los nuevos ministros, que me incluye, hemos hecho intensas gestiones ante la Comisión Europea en relación con este tema, tanto con la anterior comisaria de Competencia, la señora Kroes, como con el actual comisario, el señor Almunia. En ambos casos se nos ha dicho reiteradamente que poner en cuestión este límite que tiene actualmente Navantia en los astilleros de Fene supondría reabrir todo el expediente de Izar, que implicaba poner en riesgo de devolución los 1.250 millones de ayudas que fueron declaradas ilegales por la Unión Europea. Desde un punto de vista de oportunidad y responsabilidad, el Gobierno, que va a seguir haciendo gestiones en este sentido, tiene que actuar desde la prudencia y la responsabilidad.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Fernández de Mesa.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, el señor Almunia declaró en reiteradas ocasiones que no tenía ninguna petición formal del Gobierno español para tratar este tema.
Será un tema que tendrán que debatir entre ustedes o, en todo caso, entre dos socialistas, uno en la Unión Europea y otros en España. Los pronunciamientos del señor Rodríguez Zapatero diciendo que iba a apoyar una gestión ante la Unión Europea, las iniciativas aprobadas por unanimidad en esta Cámara para hacerlo, la Presidencia española de turno eran un momento más que bueno para poder haber realizado gestiones en este sentido, y la actitud de su Gobierno es incalificable, señor ministro. Que no asistiera usted a la Comisión de Industria de los días 23 y 24 de junio, donde podría haber planteado formalmente este tema, que usted no asistiera al foro de construcción naval Future of the european building, en el que tenía programada una conferencia a las 15:30 horas a la que no asistió y creó un gran malestar en Bruselas por su ausencia, eran los sitios en los que usted habría podido plantear de manera clara lo que España pretende con esta cuestión. Mire usted, esa reiterada alusión a que desde España lo mejor es no hacer nada cuando en Francia, Italia o Alemania lo han hecho es realmente lamentable. Lo único que le pido, señor ministro de Industria, es que dejen de burlarse de esta Cámara y de los españoles y de verdad realicen por escrito alguna gestión ante la Unión Europea... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Fernández de Mesa. Ha acabado su tiempo.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


Veo que controla mi agenda, estoy casi por hacerle una propuesta de incorporación a mi gabinete. (Rumores.)

En cualquier caso, señoría, este Gobierno es el que más atención ha prestado al sector naval, lo ha hecho desde el principio porque creemos que el sector naval es un sector estratégico para nuestra economía, ha aplicado todas las ayudas que permite el marco comunitario que, por cierto, no son muchas, para favorecer su modernización y hemos sumado desde el año pasado la línea de crédito ICO-Pymar con una dotación de 200 millones de euros. Como Presidencia Europea, ya que usted lo menciona, en el pasado Consejo de competitividad, el de marzo, hemos puesto por primera vez en muchos años encima de la mesa la cuestión naval, y el hacerlo así nos va a permitir que haya una prórroga del actual marco de ayudas comunitarias a la construcción naval que está vigente hasta 2011.
Todas son acciones en beneficio del sector naval, porque consideramos que es un sector importante y porque no queremos caer en el error que cometieron ustedes, que con sus políticas casi condenaron a la quiebra a los astilleros españoles, casi quebraron Izar y nosotros tuvimos que arreglarlo, un gobierno socialista, en el año 2005.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO ERIAS REY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO SUBIR LA FACTURA DE LA LUZ EN LOS PRÓXIMOS MESES? (Número de expediente 180/001128.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Erias Rey.


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El señor ERIAS REY: Muchas gracias, señora presidenta.


Como usted bien conoce, señor ministro, el coste de la energía es un factor clave para la competitividad de la industria. La competitividad de la empresa queda limitada a la alcanzable por la productividad o por el precio de los factores internos como la mano de obra o la propia energía.
Por este motivo, entre otros, les habíamos apoyado en junio para intentar clarificar la situación del mercado energético en España. Asumiendo que dada la actual coyuntura no sería bueno subir el precio de la energía, nos hemos encontrado con que de repente y sin consultar a nadie, ustedes deciden elaborar una propuesta de real decreto que ya tiene informe en la CNE para revisión de las tarifas y peaje de acceso. Por este motivo y sorprendidos por tal proceder, queremos conocer si en los próximos meses van a subir o no la factura de la luz. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Erias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, este Gobierno y este ministerio actúan leal y responsablemente, y desde esa responsabilidad y sobre todo desde la lealtad le voy a recordar que en estos momentos el ministerio está negociando con todos los grupos políticos, también con el suyo, esta cuestión; por tanto, en razón de esa negociación, podré responder a su pregunta.


Con respecto al real decreto, el señor Montoro fue informado de que lo íbamos a remitir y no puso ninguna objeción, por tanto me sorprende que le sorprenda.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Erias.


El señor ERIAS REY: Muchas gracias.


Señor ministro, tal como he expuesto, con esta decisión vulnera usted parte de lo hablado con el Partido Popular hace menos de un mes. El trabajo que se está realizando, como usted sabe, pretende, primero, revisar la normativa del sector eléctrico en lo tocante a los costes pero, una vez más, proceder por libre en estos trabajos les deja poco futuro. Generar desconfianza e incertidumbre, señor ministro, se ha convertido en una de las principales características de su Gobierno.
Llevan seis años gobernando y son sus decisiones, su legislación la que nos ha conducido a la actual situación, y cuando el Partido Popular acude al rescate del principal eje productivo de la economía, la energía, vuelven ustedes a dar una vuelta de tuerca para generar más incertidumbre. La realidad, señor ministro, y eso es lo que importa, es que en medio de la crisis económica que sufre España su Gobierno sigue de manera implacable cargando sus desatinos sobre los ciudadanos y las pequeñas y las medianas empresas. En estos seis años el aumento de las tarifas eléctricas por encima del IPC se ha convertido en una práctica habitual. Fíjese, solamente entre julio de 2007 y enero de 2010, el recibo de la luz que pagamos los usuarios medios se ha encarecido un 26,1 por ciento, lo cual representa más de seis veces el IPC acumulado en este mismo periodo. Señor ministro, como le indico, la realidad es que en 2009, mientras los precios en la Unión Europea cayeron un 1,5, en España subieron un 1,7 por ciento. Como puede comprobar usted, son muchas las incertidumbres y los problemas a los que han de enfrentarse los españoles en estos momentos. Por favor, no sume más inseguridad...(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Erias, ha acabado su tiempo.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, como bien sabe el señor Montoro, porque fue informado de este decreto, lo que pretende es acompasar la revisión que se hace trimestralmente del término de energía con los llamados peajes, porque si el término de energía se revisa todos los trimestres, también tiene sentido que se puedan revisar los peajes todos los trimestres. Le voy a poner un ejemplo. Podría darse la paradoja de que en la subasta de octubre bajara el término energía y, si no tenemos ninguna posibilidad de tocar los peajes, tendría que bajar la luz en octubre y eso sin duda sería una señal equívoca y confusa para todos los ciudadanos. Por eso queremos acompasar los movimientos del término energía con los movimientos del peaje y poder hacer todo trimestralmente. Es una propuesta bastante razonable, y así lo vio el señor Montoro. Vamos a seguir hablando con su grupo político, porque este pacto de la energía es importante para el país, va a dar estabilidad y va a dar confianza. Me sorprende su pregunta de hoy y sobre todo me sorprende lo que ha dicho hoy aquí.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSEFA FERNÁNDEZ AGUERRI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ TOMANDO EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA EFICACIA DEL MERCADO EN LO RELATIVO LA TRANSMISIÓN DE EMPRESAS? (Número de expediente 180/001134.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada señora Fernández Aguerri.


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La señora FERNÁNDEZ AGUERRI: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, la industria es un elemento estratégico en nuestra economía, contribuye a la creación de riqueza y empleo y, por tanto, al crecimiento de nuestro país. Así lo ha entendido el Gobierno y, a través del Ministerio de Industria, se ha propuesto, como uno de los objetivos prioritarios, trabajar por mantener la capacidad de sus empresas y su productividad y así fomentar la mejora de la competitividad. Muchas han sido las medidas que en estos últimos tiempos ha adoptado su ministerio, que han contribuido a ello y que pretenden además elevar el peso de la industria en el PIB del 15 por ciento en el que estamos instalados y acercarnos a países, como Alemania, Suecia o Italia, que están situados entre el 19 y el 22 por ciento. Hay que destacar esa firme y decidida apuesta que usted, señor ministro, ha hecho por el vehículo eléctrico, con lo que ello supone de I+D+i y desarrollo de nueva industria.


Dificultades añadidas tienen las pymes y, entre ellas, se han de destacar: el acceso a la financiación y el relevo empresarial. Respecto a la primera, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas de apoyo a la financiación, que suponen un esfuerzo sin precedentes de apoyo a las pymes. En cuanto al relevo empresarial, el pasado 4 de junio usted, señor ministro, presentó el Plan de continuidad empresarial, un plan que pretende crear un marco favorable, que facilite el proceso de transmisión de empresas, poniendo en contacto a potenciales interesados en la adquisición y venta de las mismas, asesorándoles durante todo el proceso.
Según estudios recientes, en los próximos años un importante número de empresas españolas deberá hacer frente al relevo generacional, careciendo en muchos casos de los recursos y la información necesaria para hacer frente a esta situación. Como consecuencia de esta circunstancia, todos los años un número significativo de empresas y de puestos de trabajo se ven en peligro de desaparición por causas ajenas a las meramente económicas. Ante esta realidad y la importancia y oportunidad del Plan de continuidad empresarial, le formulo la pregunta: ¿Qué medidas está tomando el Gobierno para mejorar la eficacia del mercado en lo relativo a la transmisión de empresas?

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández Aguerri.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, en nuestro país cada año 50.000 empresas cesan su actividad y no lo hacen por motivos económicos, por la crisis, lo hacen por jubilación, por problemas de salud, por fallecimiento, problemas entre los socios, ausencia de sucesores y malas relaciones. Lo que intentamos es evitar esta situación.


Hay un estudio reciente del Instituto de la Empresa Familiar que indica que en los próximos diez años más de medio millón de empresas españolas se van a ver enfrentadas a este problema de sucesión y el 80 por ciento no tiene preparada la sucesión, lo que quiere decir que se va a perder ese tejido empresarial si no hacemos nada. Lo que se sabe de muchos estudios es que una empresa existente emplea más trabajadores por término medio que una empresa de nueva creación; en concreto, cinco en promedio, mientras que una de nueva creación viene empleando en promedio a dos trabajadores. Además, se sabe también que el proceso de traspaso es complejo; requiere una serie de trámites y de conocimientos específicos, trámites jurídicos, fiscales y administrativos. Por eso el Gobierno ha puesto en marcha -y creo que es una idea novedosa- este Plan de continuidad empresarial. Lo que busca es evitar la desaparición de esas empresas por motivos de sucesión -por decirlo así- y asegurar su pervivencia. Precisamente ahora la crisis es una buena oportunidad, porque encontraremos muchas empresas que pueden ser asumidas por emprendedores que tienen ideas para poder dar continuidad a ese negocio.
Muchos de esos negocios se pierden aunque son rentables; son empresas rentables que se pierden porque no hay gente que las asuma, que las suceda. Por eso, queremos que no se pierdan esos negocios que están en marcha.


El plan que hemos elaborado se articula inicialmente como una iniciativa piloto en colaboración con las cámaras de Comercio y hemos creado una plataforma web, www.plancontinuidadempresarial.es, con información general y también con una base de datos de empresas con ofertas y demandas a nivel nacional. Hemos puesto un centro de transmisión de empresas, un servicio integral de asesoramiento y, por supuesto, también ayuda a la financiación con una línea de crédito de 20 millones de euros que va a gestionar la Empresa Nacional de Innovación. En cualquier caso, y gracias a este plan, los interesados van a tener información completa y muchas empresas y muchos empleos no se van a perder.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MODIFICACIONES LEGALES OPORTUNAS PARA UN NUEVO CÁLCULO DEL DÉFICIT TARIFARIO Y EL IMPULSO DE NUEVAS ESTRATEGIAS A FAVOR DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES. (Número de expediente 172/000192.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, pasamos al punto IV del orden del día: Inter

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pelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las modificaciones legales oportunas para un nuevo cálculo del déficit tarifario y el impulso de nuevas estrategias a favor del ahorro y la eficiencia y las energías renovables. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Gracias, señor ministro, por tener la ocasión de poder hablar de cosas bastante serias. Tenemos la sensación de que en el tema eléctrico algo falla. Lo que falla es que en un escenario claro de crisis y de acumulación del déficit sin precedentes los beneficios de las eléctricas continúan siendo astronómicos. Lo que falla está claramente en la regulación, en nuestro modelo. En el último año el precio de las tarifas se ha incrementado y según han acreditado diferentes expertos, entre ellos Martín Gallego Málaga -quien fue secretario de Estado de Energía con el primer Gobierno de don Felipe González-, eso se debe a beneficios adicionales que podrían llegar a 5.000 millones de euros para las eléctricas y que no tendrían que haber llegado a esos 5.000 millones de euros. Esto sumado a los sobrecostes de los costes de la transición a la competencia, que podrían llegar a los 2.000 millones.


¿Cuál es el problema? Que ustedes, su Gobierno y particularmente su ministerio, insisten en el sobrecoste de las primas de las renovables.
Las renovables aparecen de forma frecuente en sus discursos -si me lo permite- como los villanos del déficit, como las causantes del déficit y, curiosamente, en sus discursos e intervenciones se olvidan de muchos otros elementos. Entendemos que si hoy se limita el mercado y la demanda de las renovables, lo que se acabará haciendo será matando a una industria puntera y líder en el planeta. Es más, el problema es que en sus planteamientos se olvidan del CO2 como análisis sin tenerlo en cuenta y no tienen ni siquiera presente un escenario más que probable, que es la subida del precio de los carburantes a partir del picoil en los próximos años. Podemos discutir si serán cuatro, cinco o diez años a lo sumo, pero usted y yo coincidimos en que esto pasará. El problema es que con la mala regulación en el sector eléctrico puede pasar como con la mala regulación en el sector financiero, que nos lleve precisamente a encarar de forma pésima la próxima crisis que se sumará a la actual, la crisis energética.
El problema de fondo es que con sus discursos, y probablemente con su política, lo que nos podemos encontrar -de hecho nos lo estamos encontrando ya- es un parón en el sector de las renovables mientras otros países en otras latitudes, China o Estados Unidos como ejemplo, van como un cañón, y el país que es líder dejará de ser líder.


Nosotros entendemos que hoy ustedes tienen dos pugnas, con productores de renovables y con consumidores, y en cambio tienen una renuncia, y es la renuncia a las modificaciones en la regulación para garantizar precisamente que no les damos a algunos de más. Ustedes han puesto el foco en un sector, y especialmente en un sector fotovoltaico, cuando saben que un tercio de la potencia instalada está en manos de 27.000 personas y cuando además su amenaza de la retroactividad o la amenaza de un techo de horas excesivamente bajo, que a efectos prácticos podría llegar a ser retroactividad, es una amenaza para los inversores; pero también lo es para la actividad actual, porque se ha parado y está siendo además una amenaza para que grandes empresas inviertan y se instalen en España.


Entro en la segunda parte, porque creo que es donde está el meollo de la cuestión. Usted sabe que las primas a las renovables han ascendido a mucho dinero, a los 4.000 ó 5.000 millones de euros, y sabe tan bien como yo que hoy las renovables exportan, por ejemplo, más que el sector del vino que, según el Ministerio de Medio Ambiente, ocupa a más de 109.000 personas. Sabe también que la eólica, por ponerle otro ejemplo, evitó la importación de combustibles fósiles por valor de 3.600 millones de euros, mientras que las primas fueron de 1.600 millones, señor ministro. Pese a ello ustedes continúan pensando, hablando y diciendo que las primas son demasiado altas. Lo cierto es que ustedes hicieron una mala regulación en el año 2008 o hubo una mala regulación -quizás yo hubiese hecho lo mismo, las cosas como son-, pero en el año 2008 ustedes hicieron una apuesta por el solar en suelo, de forma muy distinta a lo que habían hecho en Alemania, solar en techo con modelo de generación distribuida, porque quizás ustedes optaron por lo que querían algunos. Lo que ocurrió en el año 2008 es que hubo quien se instaló de forma correcta y hubo quien se instaló de forma fraudulenta, y hoy hay quien le plantea que lo que tendrían que hacer es no bajar las remuneraciones de forma global sino de forma concreta a aquellos que se instalaron incumpliendo la norma, a aquellos que regularizaron su situación sin estar conectados. La realidad es que el incremento de las renovables ha hecho que algunos pierdan negocio. Más allá de su discurso -los villanos de las renovables-, lo cierto es que hoy el incremento de las renovables hace que aquellos que invirtieron mucho, especialmente en centrales ciclo combinado, dejen de ganar o no ganen tanto. Desde inicios de la anterior década a día de hoy tenemos el equivalente a 22 reactores nucleares en centrales de ciclo combinado instaladas; una barbaridad. El problema que tienen algunos es que para que estas centrales de ciclo combinado sean amortizadas deberían operar 5.000 horas y están operando 3.500, y Red Eléctrica dice que en el año 2016 operarán, por ejemplo, 1.700 horas. Ese es el problema, señor ministro, reconozcámoslo; cuanto más renovables hay, menos negocio hacen y menos amortizan sus inversiones. Ese es el motivo por el cual hoy de forma muy fuerte e insistente hay un discurso en contra de las renovables y hay un discurso sobre el exceso de costes

en las renovables. La gran perversión del planteamiento

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que nos traen es que en cambio ustedes no dicen nada de los beneficios caídos del cielo, los que en inglés se llaman los windfall profits. Y no dicen nada porque, simplemente, no quieren meter el dedo en el ojo a quien más tiene, cuando ustedes lo que tendrían que exigir es que si hay eléctricas que reciben de más, estas eléctricas dejen de recibir de más.
Usted lo sabe tan bien como yo. Las hidráulicas, amortizadas. Centrales hidráulicas hechas por la dictadura de Franco, e incluso diría que de Primo de Rivera; o las nucleares amortizadas desde el año 1998, según acreditan distintos informes de diferentes expertos, que hoy cobran el precio de la luz al precio de la luz que la cobra la última inflación que ha entrado en el pool: las centrales de gas de ciclo combinado. De esta manera reciben de más; reciben mucho, mucho más. Las hidráulicas y las nucleares tienen unos beneficios netos en el año 2008 de 1.083 millones de euros según diferentes informes. En 2009, 1600; en 2008, los beneficios caídos del cielo fueron de 3.600 millones de euros. De hecho lo planteaba ya el Libro Blanco de la energía de Pérez Arriaga: saquen ustedes a la nuclear del pool. De hecho, recientemente Martín Gallego, en un artículo publicado en un diario de carácter estatal, planteaba precisamente que hoy con una regulación justa y equitativa nos ahorraríamos 5.000 millones de euros; nada más y nada menos lo que nos cuestan las primas de las renovables.


Por eso, entendemos que ha llegado la hora de la verdad, que es que su Gobierno no puede continuar poniendo el foco en los villanos de las renovables sin decir nada a las eléctricas, que están ganando de más por una mala regulación. Si me permite la comparación, ustedes hacen como en la fiscalidad y en los esfuerzos, hablan del esfuerzo de todos pero solo hablan de pensionistas, de dependientes y de Función pública; en cambio, nada de fiscalidad progresiva. Y aquí hablan del esfuerzo de todos para reducir el déficit y bajar el precio de la luz, pero solo apelan al esfuerzo de las renovables y a los grandes beneficios de las eléctricas, conseguidos, en gran parte, por costes de transición a la competencia más que discutibles. De los beneficios caídos del cielo, de eso ni hablar.
Eso es lo que desde nuestro punto de vista no es aceptable.


Hay otro tema que usted y yo discutíamos el otro día en su comparecencia ante la subcomisión, que son los consumidores. Señor ministro, usted sabe tan bien como yo que los consumidores hoy pagan por el precio de la luz más que lo que cuesta producirla. Y si el precio de la luz sube es por una razón, porque los que están en la tarifa G4, los grandes consumidores, pagan de menos. Hay una transferencia -y así lo acredita la Comisión Nacional de Energía- del consumidor habitual a los grandes consumidores industriales. ¿Es eso política industrial? Sí, pero digámoslo, acotémoslo y reconozcámoslo. El precio de la luz para el consumidor habitual está por encima de lo que realmente cuesta generarla.
Lo cierto es que este año, en que ha subido la demanda de electricidad un 5 por ciento, un 1,5 puede ser debido a las bajas temperaturas de este invierno, pero el 3,5 restante se debe, precisamente, a que las exportaciones han subido en estos sectores industriales muy intensivos en el consumo de electricidad. Lo que le digo es que, como mínimo, lo tenemos que discutir. Lo que no podemos hacer son discursos tramposos diciendo que el precio de la electricidad es barato; depende para quién; para el consumidor, no. Lo que tenemos que hacer es que la electricidad sea más cara para los consumos suntuarios. Eso significa, por ejemplo, implementar estrategias de gestión de la demanda, de ahorro y eficiencia, y el famoso contador inteligente, que las eléctricas no están cumpliendo.
Además, hemos puesto un sistema propietario para que las eléctricas les tengan a ustedes, y a los gobiernos que vengan, atados de pies y manos más que nunca para que no se puedan mover ni un ápice en la gestión de la demanda y ustedes digan amén al sistema propietario.


Lo que queremos hoy es ver cuál es la actitud real del Gobierno, entendiendo que, por ejemplo, aquellos que entraron de forma fraudulenta en 2008 en el régimen de energía fotovoltaica podremos decirles que se rijan por el modelo de 2009, pero diciendo también a las eléctricas que tienen que cumplir lo que no están cumpliendo. Lo que no puede ser es que les estemos dando mucho dinero de más y no digamos que se tiene que cambiar un régimen que lo que hace es calcular ese déficit de forma fraudulenta y en beneficio de las grandes eléctricas.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.


Para contestar la interpelación tiene la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


En los últimos años S.S. se ha referido a que todo se ha hecho mal pero creo que algunas cosas han ido bien. Desde 2004 a 2010 nuestra dependencia energética, uno de los talones de Aquiles de nuestra economía, se ha reducido en más de 2 puntos porcentuales, del 80 por ciento al 77,2 por ciento; nuestra intensidad energética, que es otra de las debilidades de nuestra economía, se ha reducido en 13 puntos porcentuales -intensidad energética es el consumo de energía por unidad de producto-, y además las emisiones a la atmósfera del sector energético se han reducido en 60 millones de toneladas. Por tanto, algo se ha conseguido -bastante, creo yo- en comparación con lo logrado en los ocho años anteriores. Por supuesto, tenemos mucho trabajo por delante; seguimos teniendo un 20 por ciento de exceso de consumo energético -consumimos un 20 por ciento más de energía que el resto de Europa-, y de ahí nuestra apelación al ahorro energético; de ahí nuestra apelación a hacer un esfuerzo respecto a la temperatura en los edificios para evitar un despilfarro energético, y de ahí el gesto de la corbata. Porque, señoría, en lo que

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llevamos de año el aumento de la factura energética para España va a ser de 15.000 millones de euros, es decir, vamos a gastarnos más en el aumento de la factura energética que todo lo que tenemos que recortar dentro de los compromisos europeos para la reducción del déficit público.
Por tanto, tenemos mucho por delante por hacer.


En cualquier caso, este Gobierno sigue una hoja de ruta articulada en cuatro ejes fundamentales. En primer lugar, una progresiva liberalización de los mercados energéticos para que los precios respondan con criterios de transparencia a los costes, algo que es razonable; en segundo lugar, una apuesta decidida por la seguridad, por la diversificación de las fuentes de suministro -también del carbón, nuestra única fuente autóctona y que se merece estar en nuestro mix energético-, y un apoyo a las infraestructuras energéticas; en tercer lugar, la promoción del ahorro y la eficiencia energética, imprescindibles para mejorar nuestro modelo de crecimiento, para que sea más sostenible y más competitivo; en cuarto lugar, el fomento de las energías renovables como palanca del desarrollo de este modelo energético e industrial menos dependiente, menos contaminante y más innovador. En esta hoja de ruta la liberalización juega un papel importante no solamente para acercarnos a lo que dice Europa sino porque creemos que es un buen modelo. El pool, el precio del mercado en España, está por debajo del de muchos países europeos, por tanto, algo estamos haciendo bien; el precio del mercado -del pool- en España está por debajo del precio de la electricidad en muchos países europeos. El problema lo tenemos en los peajes, en los costes regulados.
Nosotros hemos defendido que las políticas intervencionistas no llevan a nada -la fijación de precios arbitraria no lleva a nada- y hemos optado por la liberalización, por la normativa europea, porque es importante que haya señales de precios correctas para evitar el derroche energético y decisiones de inversión equivocadas. Sin embargo, no hacemos una liberalización de cualquier manera, la hacemos protegiendo a los consumidores más débiles. Por eso hemos creado la figura del bono social, que garantiza que potencialmente 5 millones de hogares no vean ninguna subida en la factura de la luz al menos hasta el año 2013. Todos los hogares con un consumo menor a los 3 kilovatios de potencia contratada, los perceptores de la pensión mínima, los hogares con todos sus miembros en paro o las familias numerosas, y este bono social lo pagan las eléctricas. Su señoría ha dicho que las eléctricas no pagan nada, así que por lo menos estos 500 millones del bono social lo pagan las eléctricas.
Para el resto de los consumidores hemos establecido la tarifa de último recurso con un procedimiento bastante claro.


Liberalizar implica no intervenir en los precios del sector energético, que evolucionan de acuerdo con parámetros u objetivos como el precio internacional del petróleo o del gas natural. Sin embargo, como decía antes, la otra mitad de los costes son de actividades reguladas, como el transporte, la distribución, las energías renovables o el coste financiero del déficit tarifario; déficit tarifario que ha lastrado la eficiencia, la competitividad de la economía durante estos años, y creemos que es necesario eliminarlo y por eso hicimos el Real Decreto-ley de 30 de abril de 2009, para eliminar en un plan hasta 2013 el déficit tarifario. En estos cuatro años queremos sacar alguna de las partidas que figuran en los costes, como son las actividades del Plan general de residuos radiactivos, que ya no están en la factura eléctrica, no están en los costes regulados, que también lo pagan las eléctricas -S.S. ha dicho que no pagan nada-, y también la financiación del sobrecoste de generación, es decir, el régimen insular o extrapeninsular, que se pagará no por la tarifa sino con el presupuesto del Estado.


La eliminación del déficit de tarifa, señoría, solamente se puede hacer por dos vías: aumentando los ingresos del sistema o reduciendo los costes, fundamentalmente los regulados, dado que el término de energía funciona según parámetros objetivos de mercado y funciona bien. Todas estas cuestiones las hemos puesto en la mesa de los partidos políticos tanto en Zurbano 1 como en Zurbano 2, y ha habido respuesta positiva por parte de algunas fuerzas políticas para hablar de estos temas, porque afectan a largo plazo y a toda la economía, y estamos en conversaciones no solamente con el principal partido de la oposición sino con otras fuerzas del arco parlamentario -otras, no solamente ellos- e invito a S.S. a que se incorpore a estas conversaciones porque cualquier propuesta va a ser bien recibida. No hemos escuchado ninguna propuesta concreta de S.S., pero si la hay la vamos a estudiar con interés porque lo que buscamos es consensuar las propuestas que tengan una incidencia a largo plazo y, por supuesto, que afecten a la energía. Por tanto, mantenemos estos ejes de actuación en el medio y largo plazo: el ahorro y la eficiencia energética y la promoción de las energías renovables.


En materia de ahorro y eficiencia energética se van a cumplir -creo que es hoy- dos años del Plan de acción y de activación del ahorro, y hemos conseguido desde el año 2005 que la intensidad energética, como decía al principio, se reduzca en 13 puntos. Por primera vez estamos convergiendo con la Unión Europea. También apostamos por las empresas de servicios energéticos, muy importantes para el ahorro energético -hemos hecho el Plan 2000ESE-, y por el vehículo eléctrico -hemos hecho la estrategia integral del vehículo eléctrico-.


En lo relativo a las energías renovables, nada de villanos. El peso de las energías renovables en el mix energético ha ido aumentando y va a seguir aumentando, y es voluntad de este Gobierno hacer esa apuesta por las energías renovables, que ya han supuesto en el año 2009 el 25 por ciento de la generación eléctrica y el 12,3 por ciento del total de energía final consumida en España. En la última legislatura del PP se instalaron en media anual 1.300 megavatios de potencia renovable; en la

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anterior legislatura -la primera del Gobierno socialista- 2004-2008, 2.586 megavatios anuales, y en lo que llevamos de legislatura se están instalando 3.300 megavatios anuales. Dónde está el carácter de villanos de las energías renovables si estamos redoblando nuestra apuesta por ellas, y eso que lo hemos hecho cuando la demanda, que había subido cerca de un 5 por ciento anual en las legislaturas anteriores, está cayendo ahora un promedio -se espera- del 0,4 por ciento. Aun así, seguimos apostando por las energías renovables, pero lo queremos hacer con una remuneración razonable y también con una limitación de horas. Me gustaría saber la opinión de SS.SS., si les parece razonable que no haya limitación de horas y que cuanto más viento haga reciban más remuneración y que cuanto más sol haga suba el recibo de la luz para los españoles.
Nosotros no lo consideramos razonable. Por eso, queremos hacer una limitación de horas con la remuneración, con las tarifas o las primas y el resto que vaya al pool, a ese pool que para S.S. es un windfall profit. Pues bien, el resto de la horas que se acojan a ese windfall profit, y también las energías renovables. Por supuesto, vamos a seguir consolidando y acrecentando el futuro con la definición de un marco que permita un retorno de las inversiones, que incentive un volumen de instalación compatible con los objetivos establecidos en los planes de energías renovables y que incorpore la evolución de las curvas de aprendizaje y las mejoras tecnológicas. También tenemos que asegurar la suficiencia y la estabilidad del suministro. No solamente es un problema de costes, no solo es un problema económico; no podemos tener todas las renovables que queramos porque el sistema técnicamente no lo puede soportar, porque las renovables no están disponibles cuando uno las necesita y por tanto necesitamos una tecnología de apoyo, una tecnología de respaldo de las renovables. No solamente es un tema económico, por tanto, sino técnico. En cualquier caso, como decía, esperamos contar con su grupo y con el resto de los grupos con representación parlamentaria en la subcomisión que se ha creado en esta Cámara y en el marco de este pacto de Estado que intentamos rubricar para definir nuestra política energética aprobando, de forma consensuada, una ley de eficiencia de energías renovables, por supuesto los componentes energéticos que están en la ley de economía sostenible y todos aquellos ámbitos de diálogo que nos permitan establecer una política energética que sin duda va a estar en la base de nuestro futuro para las próximas décadas.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


Señor Herrera, su turno de réplica.


El señor HERRERA TORRES: Señor ministro, no hay peor sordo que el que no quiere oír. (Una señora diputada: ¡Hala, hala!) Sí, porque el señor ministro ha dicho que no hemos hecho ni una sola propuesta y no sé si alguien ha hecho más propuestas que nosotros, pero en cualquier caso no somos de los que hemos hecho menos. Señor ministro, ley de ahorro y eficiencia, presentada en esta Cámara, proposición de ley; ley de movilidad sostenible, presentada en esta Cámara por nuestro grupo parlamentario, proposición de ley; una proposición de ley sobre fiscalidad ambiental; proposiciones no de ley que le hablaban de un contador inteligente desde hace un montón de años cuando ustedes decían: no es posible sacarla adelante; señal de precios que garantice precisamente ahorro y eficiencia cuando en este país no se habían hecho estrategias de ahorro y eficiencia. Señor ministro, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y podría continuar y continuar. No, es que hay cosas que no se pueden decir y hay cosas que incluso le diría que irritan un poco. Porque una cosa es que ustedes estén de acuerdo con el Partido Popular en mantener la Ley Piqué del año 1997, esa ley que ustedes denostaron y que no ha permitido que en este país se haga planificación.
Una cosa es que ustedes entiendan por liberalización absoluta un modelo de régimen de monopolios prácticos. Otra cosa es que ustedes sean ingenuos o ultraliberales y entiendan que en un sector estratégico no tiene que haber intervención. Pero lo que no vale es que no hemos hecho una sola propuesta. Lo que pasa es que ni siquiera se han sentado a hablar con nosotros. Ese es el problema de fondo. No con nosotros, sino con ninguna organización ambiental y con una fuerte insensibilidad hacia el sector de las renovables. Esta es la cruda realidad.


Segundo elemento, señor ministro. El pool no funciona; y no funciona bien porque hay instalaciones en que el coste para generar la electricidad es bajo y venden la electricidad al precio de la última instalación que ha entrado. Y la pregunta es: ¿Está usted dispuesto a cambiar eso? Porque eso es alterar el mercado. Y es alterar el mercado a favor de las eléctricas. Usted dice: es que las eléctricas pagan 500 millones. Pero es que por otro lado ganan 5.000; 5.000, señor ministro. Y usted solo pone el acento en la fotovoltaica, en cambio, de esas eléctricas que ganan 5.000 millones de euros por el morro, por la cara, ustedes no dicen ni mu. La cuestión es si dicen algo. Yo creo que un gobierno que se reclama progresista y en un contexto en que se tiene que reducir precisamente el déficit tarifario y el déficit global debería decir mu, como mínimo, debería decir algo. Pero ustedes no dicen nada. Mire, informe de la Comisión Nacional de la Energía, de tres votos particulares, gente que se considera progresista. ¿Sabe qué dicen? Que eso hay que cambiarlo, precisamente para tener un modelo simplemente razonable. La cuestión es: ¿Ustedes están dispuestos o solo ponen el acento en la fotovoltaica y ya está? Eso es lo que quiero que me responda. Eso es una propuesta, señor ministro. No mía, no, no de nuestro grupo parlamentario, sino de varios votos particulares en la Comisión Nacional de la Energía. Y la cuestión es si ustedes están o no dispuestos a ello. Y nosotros le

queremos hacer propuestas y propuestas muy concretas.


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Tengo el informe de Letur al Sol, una cooperativa, que algunos consideran especuladores en materia fotovoltaica. ¿Sabe qué pasa? Que una gran compañía eléctrica no hace los deberes y no pueden vender la electricidad que están produciendo. Traigo este caso concretísimo porque el problema, ¿sabe cuál es? Que ni las instituciones ni la Comisión Nacional de la Energía están al lado de estos pequeños instaladores.


¿Qué planteamos nosotros? Modificar el funcionamiento del mercado eléctrico en la línea que le he trasladado y para que haya un marco legal estable y para que obviamente de esos beneficios caídos del cielo no se aprovechen unos tanto como se están aprovechando; que se presente un informe en el Parlamento en el que se comparen las primas a las energías renovables, las asignadas a la cogeneración con combustibles fósiles y los beneficios caídos del cielo y las retribuciones e instalaciones de generación cuyos costes de producción sean significativamente menores a los precios medios resultantes; que se establezca un marco para las energías renovables que incluya retribuciones decrecientes en el tiempo, como existe en muchos otros países, y que permita, por tanto, incentivar la eficiencia. Cuando ustedes ponen un límite de hora, usted sabe que, depende de cómo, lo que están es contribuyendo a la ineficiencia porque, obviamente, si uno no puede aprovechar todas las horas de sol, para qué invertir precisamente para que se aproveche. Usted sabe perfectamente que uno no puede lanzar el pool igual a la eólica que a la fotovoltaica, lo sabe usted tanto o mejor que yo. Vamos a plantear también un incremento de la inspección, con envío de informes, de la Comisión Nacional de Energía, porque no está funcionando como debería; a ver si nos hacen caso.


Como le decía al principio de esta réplica: no hay peor sordo que el que no quiere oír, señor ministro. Le hemos hecho multitud de propuestas.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Herrera, acabe ya.


El señor HERRERA TORRES: Acabo ya. Otra cosa es que no nos hayan hecho caso, pero diferenciémoslo. Hagamos decir lo que se dice y, en definitiva, no nos hagamos trampas al solitario, señor ministro, y tengo la sensación de que aquí hay demasiadas trampas en el solitario.


Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Herrera.


Señor ministro, su turno de dúplica.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, no se enfade. Insisto en que no hace ninguna propuesta concreta, por lo menos a nosotros no nos llega. Por ejemplo, S.S. todavía no ha respondido cuál cree que debe ser el peso de las energías renovables en el mix energético en 2020. No tenemos su propuesta. Por lo menos a mí no me ha llegado. ¿Cuál es su propuesta? ¿El 40 por ciento, el 50 por ciento, el 80 por ciento? Díganos un número... (El señor Herrera Torres: El 30.) De acuerdo, el 30. ¿Se puede tener el 30 por ciento de energías renovables en el año 2020 sin una tecnología de respaldo, de backup? ¿Cuál es su tecnología de respaldo? No nos lo dicen y es muy importante la tecnología de respaldo porque no tenemos interconexiones, es nuestro punto débil. Por cierto, entiendo que si su partido apoya las renovables, apoyará también fervientemente las interconexiones que tengamos que hacer con Francia para que esas energías renovables se puedan acoplar al sistema y le den estabilidad. Supongo que su fuerte apoyo al 30 por ciento de las energías renovables irá acompañado de un ferviente apoyo a las interconexiones con Francia, porque si no S.S. practica una incoherencia en lo que se refiere al apoyo a las energías renovables. No se puede uno apoyar en las energías renovables y oponerse a las interconexiones.


Tampoco han hecho ustedes ninguna propuesta concreta sobre cambiar el modelo, porque tiene que ser un cambio de modelo jurídicamente factible.
¿No es cierto? Tiene que ser un cambio de modelo que garantice la seguridad jurídica y que lo ganemos luego jurídicamente. No podemos hacer cambios de modelo que luego jurídicamente se tumben. Le voy a recordar que la seguridad jurídica es para todos los inversores, no para unos sí y para otros no. La seguridad jurídica es para todos, por cierto, también para los del carbón. Le voy a recordar que hace un año algunos de esos expertos que usted hoy ha traído aquí nos propusieron un precio de 45-50 euros el megavatio/hora para las nucleares (El señor Herrera Torres hace gestos negativos.), cuando el pool estaba a 80. Y dijeron que se bajara y solamente se les cobrara 40 ó 50. Menos mal que no hicimos caso porque hoy el pool está a 20 ó 30. Si llegamos a hacer caso a esos expertos hace un año hubieran ganado mucho dinero las eléctricas gracias a esa propuesta, porque es muy difícil hacer propuestas a ciegas, cuando no se sabe la evolución de los precios internacionales o la evolución del mercado. Por tanto, estamos a la espera de recibir sus propuestas concretas y las vamos a estudiar con entusiasmo.


¿El plan contador? Si el plan contador lo hemos hecho nosotros. Nos hemos comprometido con las compañías eléctricas a que el 30 por ciento de los contadores tienen que ser gestionables a final de este año y, si no lo hacen, a partir del 1 de enero los españoles no van a pagar por el alquiler de contador que no sea gestionable, porque esos sí que están plenamente amortizados. Es un acuerdo razonable. Nos gusta hacer cosas dialogadas con todos los sectores. Hemos hablado con los eólicos, hemos hablado con los termos, estamos hablando con los fotovoltaicos y también hablaremos con el resto de los sectores, con las eléctricas -que le parecen aberrantes-, con las empresas del gas, con las empresas de hidrocar

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buros, para buscar un esquema que sea lo más razonable porque es verdad que el traje energético se nos ha quedado grande. Esta es la gran diferencia que tenemos. Ahora mismo tenemos un traje energético grande para la demanda de energía, de electricidad de nuestro país. Ese traje tenemos que ajustarlo de la forma más eficiente y más razonable sin poner en peligro la imagen de un país en el que se puede confiar la seguridad jurídica y en el que las inversiones son respetadas y, por supuesto, con los objetivos de seguridad de suministro, de respeto al medio ambiente y de ahorro y eficiencia energética, pero tenemos que hacerlo de una forma coherente. Estamos encantados de recibir sus propuestas. No se olvide de que las industrias, que en Cataluña son muy importantes, del automóvil, la papelera, la química, etcétera, están pagando una factura de electricidad que muchas veces no solamente se explica por la fotovoltaica pero sí en parte. No se olvide de eso que usted es candidato.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL EJECUTIVO ANTE EL ALARMANTE AUMENTO DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 172/000193.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo ante el alarmante aumento de casos de violencia de género. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la señora Moneo Díez.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, hace dos años usted intervino en esta Cámara con el fin de hacer una primera valoración sobre la aplicación de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. En aquel momento, año 2008 -año que, por cierto, se cerró con 76 mujeres muertas, la cifra hasta aquel momento más alta desde que disponemos de datos y estadísticas oficiales-, aparecían ya una serie de indicadores que, analizados rigurosamente, constituían una señal de alarma y, por consiguiente, un motivo de preocupación. El principal de todos era que la ley no había conseguido frenar el número de mujeres muertas. El segundo era el descenso del número de denuncias a pesar de ese incremento del número de asesinatos. Pero el principal motivo de preocupación era que ustedes, el Gobierno, acudían a esta Cámara escondidos detrás de una montaña de cifras tras la cual se percibía cierto conformismo y autocomplacencia. A pesar de todo, señora ministra, le reiteré una vez más la disposición del Grupo Popular a llegar a acuerdos, conscientes como somos de la importancia del consenso en una materia como esta. Fruto de este compromiso, señora ministra, ha sido nuestra participación activa en la subcomisión que se ha constituido en este Congreso para analizar el funcionamiento de la ley integral. Al igual que el resto de grupos hemos trabajo muy duro, convencidos como estábamos y estamos de la oportunidad que se nos abría para descubrir las posibles deficiencias de la ley y plantear posibles modificaciones que la hicieran más segura y eficaz.
Algunas de nuestras propuestas han sido aceptadas, otras rechazadas. No es mi intención minusvalorar las recomendaciones emanadas de la subcomisión, aun cuando he de decir que todavía está por definir el compromiso de este Gobierno en una mayor protección a la mujer. Del mismo modo que nos parece incomprensible que sigan negándose a incorporar a los menores como víctimas directas de la violencia de género, aun cuando ustedes saben -como dice Unicef- que la exposición de los menores a la violencia en el ámbito doméstico constituye una de las formas más grave de maltrato infantil, cuyas consecuencias pueden ser absolutamente irreversibles. Tampoco entendemos, señora ministra, su hermetismo para acometer determinados cambios procesales. Estoy hablando de la necesidad de que la primera declaración de la víctima ante el Juzgado de Violencia pueda ser articulada como prueba preconstituida. La experiencia nos demuestra que cerca de un 20 por ciento de víctimas de violencia de género se están negando a declarar, atenazadas en ocasiones por el miedo ante el hecho de tener que coincidir en un juicio contra su maltratador, lo que está provocando, desgraciadamente, la libre absolución en ocasiones del agresor. Señora ministra, ni un solo fallo, ni un solo resquicio legal puede servir para que una mujer no se sienta lo suficientemente protegida para denunciar ni para que un agresor pueda quedar impune ante el delito de maltrato (El señor presidente ocupa la Presidencia.). Dicho esto, el motivo de esta interpelación se fundamenta en unos datos de extrema gravedad: 44 mujeres han muerto en lo que va de año víctimas de sus parejas o ex parejas; 13 mujeres más que en el mismo periodo del año anterior. Una cifra que nos acerca a los peores datos de los años 2007 y 2008. La primera semana de julio ha sido la más dramática de la historia, 5 mujeres muertas en una sola semana; cifras, a nuestro juicio, insoportables.


Señorías, la aparente tregua del pasado año fue tan solo un espejismo. La violencia de género sigue latente en nuestra sociedad, y no solo a día de hoy ha sido imposible frenarla, sino que ha crecido con alarmante rapidez. Le advertimos, lejos de euforias y triunfalismos, que había que ser prudente y no bajar la guardia, sobre todo porque tras ese descenso del número de muertes se escondía el drama de cincuenta y cinco familias que habían perdido a su hija, a su madre o a su hermana. Por respeto a ellos, ni podíamos ni debíamos considerar un éxito lo que todavía era un fracaso. Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón. Hoy el azote de la vio

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lencia nos ha devuelto a la triste realidad y tenemos la impresión, señora ministra, que ese descenso del cielo al suelo ha pillado por sorpresa a este Gobierno. Por eso, mi grupo le interpela, porque a la gravedad del incremento del número de muertes se une la ineficacia de un gobierno que no sabe justificar el porqué de este desastre.


El delegado del Gobierno llegó a hablar del llamado efecto contagio, haciendo tambalear uno de los principios fundamentales que han mantenido todos los gobiernos en la lucha contra la violencia de género, y es que esta ha de salir del ámbito privado; ha de dársele publicidad como forma de trasladar el compromiso de toda la sociedad para la condena y la erradicación de la misma. ¿Podemos deducir de las palabras del delegado, señora ministra, un nuevo planteamiento en la lucha contra la violencia de género, volviendo al pasado, al oscurantismo, a la falta de publicidad, precisamente para evitar se llamado efecto imitador? ¿Nos hemos equivocado durante más de trece años cuando hemos insistido en la concienciación y en la información como forma de erradicar esa terrible lacra social? ¿O simplemente estamos ante una nueva ocurrencia gubernamental, porque no saben cómo explicar el hecho de que después de cinco años de entrada en vigor de la ley hemos vuelto a los peores datos que se recuerdan, o quizá es una forma de esconder su hermetismo cuando se les plantean reformas en aspectos sustanciales de la ley? Usted decía ayer mismo que para la erradicación de la violencia de género es totalmente imprescindible un cambio de mentalidades y un cambio de valores. Seguramente, señora ministra, pero lo que también resulta imprescindible es un cambio en la ley. El hermetismo fundamentado en cuestiones exclusivamente ideológicas es mal compañero cuando de lo que se trata es de salvar vidas. Por eso mi grupo le pide que bajen de su pedestal de gloria, porque en este, al igual que en otros temas, no están para dar lecciones. Se lo decimos nosotros y se lo ha dicho desgraciadamente también en Europa. Su intento de convertirse en paladines europeos en la lucha contra la violencia de género ha sido un rotundo fracaso y lo ha sido porque desgraciadamente no se fían de ustedes. La Unión Europea no les ha aprobado ni el observatorio europeo ni la famosa euroorden de protección. La Unión Europea no ha dado un paso histórico en la lucha contra la violencia de género con la preocupación unánime de la propuesta española, tal y como usted pretendió que creyésemos; y no ha dado este paso porque la euroorden se aprobará a partir de octubre, precisamente cuando España no ostente la Presidencia y sea un país más creíble quien lo proponga. No me quiero ni si quiera referir a las palabras de la comisaria europea de Justicia, porque resulta bochornoso que la comisaria responsable de esta cuestión tenga que sacar los colores al Gobierno español. Por cierto, se lo dije en la Comisión y lo repito aquí: las cuarenta y cuatro mujeres asesinadas este año no han sido asesinadas en París o en Bruselas. Han sido asesinadas en España, aquí, donde este Gobierno tiene que desplegar el máximo esfuerzo en la lucha contra la violencia de género y me temo que no lo están haciendo. Hay datos muy preocupantes: de las cuarenta y cuatro mujeres asesinadas, solo seis tenían una orden de protección, un 13,6 por ciento; y un 78 por ciento no habían puesto una denuncia. ¿Qué ha fallado, señora ministra? ¿Cómo es posible que el número de mujeres muertas se haya incrementado un 42 por ciento, mientras que las denuncias han descendido? El propio delegado del Gobierno lo reconoció en abril de este año, un 30 por ciento de descenso en el número de denuncias. También el teléfono gratuito de atención al maltrato ha visto reducidas sus llamadas en más de un 10 por ciento, ¿qué esta pasando? Desde julio del año 2009 están a disposición de los jueces 3.000 brazaletes, pero solo se han asignado un 9 por ciento, pese a que se han dictado más de 24.000 órdenes de protección. Señora ministra, tan importante es legislar como gestionar y ustedes se han asentado en el inmovilismo legislativo mientras son absolutamente ineficaces en su gestión. En esta, como en otras cuestiones, su conformismo nos preocupa porque es verdaderamente preocupante. La ley no puede ser un fin en sí mismo sino un medio, un medio para dar seguridad, protección, confianza, ayuda, sustantivos imprescindibles para decir a esta sociedad que con la violencia de género se puede acabar. Ese fracaso político y social del que hablaba el señor Zapatero cuando era líder de la oposición duerme en el baúl de los recuerdos cuando hablamos de las prioridades de este Gobierno. La verdad es que, acostumbrados como estamos a que el presidente del Gobierno traicione la palabra dada, no debería sorprendernos que hubiese hecho una excepción en la lucha contra la violencia de género. Ni Conferencia de Presidentes monográfica sobre este tema, ni incremento del fondo a las comunidades autónomas, ni siquiera un atisbo de humildad para reconocer que su ley, que esta ley está fracasando.


Señora ministra, le pedimos seriedad, le pedimos rigor y le pedimos eficacia, porque la falta de estos elementos la están pagando los más débiles, y en este caso desgraciadamente las más débiles son las mujeres.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.


La señora ministra de Igualdad tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señor presidente.


Señorías, permítanme que mis primeras palabras sean para manifestar toda mi repulsa a quienes ejercen la violencia y todo mi apoyo a quienes la padecen. Permítanme transmitirles que nos duele la ausencia de cada una de las mujeres asesinadas y el sentimiento de sus familias y de sus personas allegadas. Señora Moneo, sé que compartimos ese dolor, por eso no deja de sorprenderme que utilice un tema como este, la violencia que se ejerce contra las mujeres, como una excusa para des

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calificar las políticas de igualdad del Gobierno. Por desgracia, ya estamos todos acostumbrados a la estrategia de su grupo de que cuanto peor, mejor; a la estrategia de criticar todas las medidas del Gobierno sin proponer ninguna alternativa, pero es obvio que les da igual de qué tema se trate y déjeme decirle que me duele especialmente que también utilicen esta estrategia en un tema tan sensible como es la lucha contra la violencia de género, que tanto necesita del acuerdo y del compromiso de todas las fuerzas políticas. Ya lo anunció usted cuando insinuó que rompía el consenso que desde hace años se mantenía en la lucha contra la violencia de género y lo demostraron nuevamente ayer en su escalada por poner trabas a la acción del Gobierno que, en definitiva, es poner trabas a la solución de los problemas que afectan al conjunto de la ciudadanía.
Una vez más han evidenciado su pobreza política.


Señorías, las cifras de asesinadas por violencia de género en lo que va de año son muy altas, 41; son 41, respete por lo menos las cifras oficiales.
Es cierto que son muy altas sobre todo si las comparamos con las del año 2009, el año con un mayor descenso de víctimas mortales de toda la historia, año en el que, por cierto, atacaron cada medida que pusimos en marcha y en ningún caso valoraron de manera positiva el descenso ni el trabajo conjunto de ciudadanía e instituciones. Señoría, hay que ser consciente de que nos queda mucho trabajo por hacer y también de que el indicador de víctimas mortales, siendo el más doloroso, no es el único para evaluar la eficacia de la ley integral, tal como establecen el II y el III informe del Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, aunque para nosotros desde luego un solo homicidio ya es demasiado y por esta razón no hemos parado de trabajar, de poner medidas en marcha, de afianzar las medidas existentes, de mantener las campañas de sensibilización, de analizar los datos, es decir, desde que por unanimidad aprobamos la ley no hemos dejado de desarrollarla y desde que se creó el Ministerio de Igualdad, desde el primer día, asumimos nuestra responsabilidad y no hemos dejado de trabajar junto a las administraciones autonómicas, las locales, las asociaciones de mujeres y las organizaciones no gubernamentales. La violencia de género, como usted sabe bien, es un problema complejo que nos lleva siglos de ventaja, que se asienta sobre las estructuras sociales y culturales de desigualdad entre hombres y mujeres y que tiene múltiples manifestaciones. Frente a este tipo de violencia las acciones tienen que ser múltiples: prevención, sensibilización, educación, protección, recuperación integral, lucha contra la impunidad, entre otras. Las acciones tienen que ser coordinadas, sin fisuras y sin escatimar apoyos, y además tienen que ser de largo recorrido, sostenidas en el tiempo y con altura de miras.
Señorías, a día de hoy contamos con casi 2.000 efectivos policiales especializados, y aunque la ley integral preveía la creación de 17 juzgado exclusivos, actualmente hay 106, más otros 358 compatibles.


Para seguir con las medidas de protección a las víctimas, con el refuerzo a su seguridad, quiero subrayar que hemos puesto en marcha el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Actualmente, señorías, están protegidas por este sistema 92.028 mujeres, a las que hay que sumar 11.346 usuarias del servicio de teleasistencia, y 352 dispositivos electrónicos activos. Señora Moneo, quizá a usted le parezcan solo cifras, pero para nosotras son mujeres, con nombres y apellidos, son vidas que proteger, y así como cada víctima mortal es una tragedia, cada vida protegida, cada mujer que rompe con la espiral de violencia es mucho más que un éxito, y esto sí es consecuencia del desarrollo de la ley integral.


Señoría, además de lo ya dicho, tenemos hasta 3.000 dispositivos electrónicos para dar respuesta a las situaciones de mayor riesgo a disposición de las autoridades judiciales, que son las únicas competentes para acordar esta medida de protección. Señoría, me sorprende que usted no sepa que estos dispositivos no los instala el Gobierno. Respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha activado un protocolo de actuación para todas las salidas y modificaciones de situación penitenciaria de personas encausadas o condenadas por estos delitos.
También se está generalizando el acceso de los policías locales al sistema de seguimiento integral. Además hemos introducido mejoras de accesibilidad al servicio 016, tanto para personas con discapacidad como para inmigrantes. Actualmente se pueden hacer consultas hasta en 51 idiomas, y lo hemos abierto al uso de menores. El 016 ha atendido en este tiempo casi 200.000 llamadas.


Señorías, la ley integral, como ustedes saben, debe su nombre precisamente a que cambió esa mirada parcial que hasta el momento de su aprobación teníamos sobre la violencia de género, para sustituirla por una mirada global. Por esta razón en ella se contemplan medidas de prevención, de protección, de recuperación integral de las víctimas, y también medidas para acabar con la impunidad de los agresores. A día de hoy 5.159 agresores están cumpliendo condena en centros penitenciarios por delitos de violencia de género. La asistencia social integral a las víctimas, como saben SS.SS., es competencia de las comunidades autónomas, pero aun así hemos optado por contribuir anualmente con recursos económicos estatales. Por ello hemos mantenido el Fondo de ayuda a las comunidades, con un presupuesto de 5 millones de euros en 2009, que se mantiene en 2010, distribuido conforme a los criterios que se establecen en la Conferencia Sectorial de Igualdad. Quiero destacar que por primera vez en la última conferencia sectorial se destinó un crédito específico para la atención especializada a menores expuestos a violencia de género.
Asimismo hemos apoyado la creación de nuevos centros de asistencia integral para mujeres víctimas, en función de las solicitudes recibidas, en Cataluña, Madrid, Extremadura y Ceuta. También se ha intensificado la inserción

sociolaboral para las víctimas, un punto determinante en

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la asistencia integral. A 30 de junio se habían suscrito 2.569 contratos bonificados y 413 de sustitución. En lo que va de año ya han sido 20.232 las mujeres que han percibido la renta activa de inserción, y entre 2005 y 2009 han sido 6.011 las víctimas que han percibido ayuda económica por cambio de domicilio.


Ante las cifras y los estudios que nos indican que las mujeres inmigrantes están en situación de mayor vulnerabilidad, hemos puesto en marcha un plan de prevención de la violencia de género para la población inmigrante. Entre las medidas que ha aportado el plan quiero subrayar la formación del personal de la Administración local, así como de las oficinas de extranjería; asimismo la reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo, que reconoce la condición de refugiada para las víctimas de violencia de género, y la reforma de la Ley de Extranjería, por la que se reconoce el derecho a autorización de residencia de trabajo temporal a las víctimas de esta violencia. A 30 de junio eran 1.866 víctimas extranjeras las que habían obtenido autorización de residencia temporal en España, lo que supone 400 autorizaciones más que en todo el año 2009, es decir, cada día son más las mujeres protegidas, y esto sí es consecuencia del desarrollo de la ley integral. Son medidas evaluadas, sensatas y pactadas, señora Moneo, porque, como le he repetido una y otra vez, para el Ministerio de Igualdad es imprescindible el consenso para luchar contra la violencia de género. Por esa razón hemos valorado, estudiado y seguido las recomendaciones del informe de la subcomisión, un informe que a ocho meses de su aprobación hemos cumplido al 78 por ciento.


En este recorrido, por las medidas que hemos puesto en marcha en los últimos meses, quiero destacar también la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se introduce la formación obligatoria previa a la toma de posesión de los titulares en juzgados de violencia sobre la mujer, así como en juzgados de lo Penal o en secciones penales y civiles especializadas en violencia de género. Además estamos trabajando en los programas de rehabilitación y de reeducación de maltratadores; para ello se ha procedido a la firma de convenios de colaboración prácticamente con todas las comunidades autónomas. Acabamos de presentar una web con los recursos que existen contra la violencia de género en todo el territorio nacional, por lo que por primera vez en nuestro país disponemos de un listado de recursos completo, público, y de fácil accesibilidad para cualquier persona que lo necesite. Vamos a intensificar las campañas para recalcar la necesidad de la denuncia, no solo por parte de las propias víctimas, sino también de sus entornos más próximos. Queremos hacer hincapié en esos contextos de seguridad: la familia, las amistades y los ámbitos laborales, tanto de las víctimas como de los agresores. Entendemos que son fundamentales para evitar, alertar e incluso poder atajar situaciones de violencia. La denuncia es la puerta de entrada al sistema de protección y es en sí misma una medida de protección.


Pero también vamos a ampliar todo lo que tiene que ver con la formación de los agentes que interactúan con las mujeres maltratadas, porque necesitamos abrir más puertas a ese sistema de protección. Tenemos que adelantarnos y la detección precoz es un instrumento necesario para llegar a aquellas mujeres que aún no han interpuesto una denuncia; para ello intensificaremos el trabajo con los profesionales sanitarios.
Asimismo estamos trabajando en la mejora de los sistemas actuales de valoración del riesgo. Señoría, de las palabras del delegado se puede deducir que estamos trabajando con los medios de comunicación para mejorar el tratamiento informativo de los casos de violencia de género, porque entendemos que pueden aportar mucho. Asimismo con la Federación Española de Municipios y Provincias estamos intensificando la colaboración para acercar más recursos a las víctimas, especialmente a las mujeres del ámbito rural y a las mujeres con discapacidad. En estos años de intenso trabajo hemos adquirido un importante conocimiento sobre la violencia de género, y sabemos que hay que estar vigilantes con los cambios y con las nuevas circunstancias. Por ello ya hemos iniciado los trabajos para la realización de una nueva macroencuesta con el CIS que nos permita profundizar en su estudio y en su evolución. Los resultados de esta macroencuesta estarán listos en el primer trimestre de 2011.


Señorías, el camino contra la violencia de género lo iniciamos juntos todos los grupos parlamentarios. La erradicación de la violencia de género es una aspiración compartida por toda la ciudadanía, como compartimos políticas y recursos las distintas administraciones. Cada víctima es un fracaso de toda la sociedad, y cada mujer protegida es un éxito conjunto. Acabar con esta violencia requiere un esfuerzo sostenido y decidido de todo un país, y por ello vamos a seguir trabajando por la senda de la responsabilidad y me gustaría, señora Moneo, poder encontrarles en ese camino.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señora Moneo, tiene la palabra.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, entiendo que a usted le moleste que le digan las verdades a la cara. Quizá se sentiría más cómoda en un régimen de república bananera (Rumores.), pero España no lo es; y no lo es a pesar de ustedes.
(Rumores.-Protestas.) Si esperan un cheque en blanco para que usted se dedique a hacer encuestas mientras que las mujeres mueren, no cuente con el Partido Popular. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Protestas.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


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La señora MONEO DÍEZ: Ese es su problema, señora ministra, que no reconocen sus propios fallos. Las mujeres siguen muriendo y yo no la voy a hacer responsable, como hizo el Partido Socialista y su máximo dirigente cuando el Partido Popular tenía responsabilidades de Gobierno, pero sí que la puedo hacer responsable de ineficacia en la gestión, y su Gobierno está siendo ineficaz en la aplicación de la ley integral. Y lo que es peor, está haciendo oídos sordos a las propuestas de grupos políticos -y sobre todo del principal partido de la oposición- para proteger mejor a las mujeres y para hacer más eficaz esta lucha. Desde luego el discurso de la falta de alternativa ya nos lo sabemos. De hecho el ministro de Industria lo ha utilizado con el anterior interpelante.
Entiendo que el Partido Socialista ha repartido entre todos los ministros el mismo argumento, y vienen a esta Cámara a soltarlo en la misma mañana.
(La señora ministra de Igualdad hace signos negativos.-Protestas.) Yo le recomiendo, primero, que se estudie el informe de la subcomisión, las propuestas del Partido Popular. Algunas de ellas se las he explicado, pero evidentemente no ha prestado atención. Le pido también que no se esconda detrás de las cifras, porque la principal cifra la constituyen esas 44 mujeres muertas, y ese es un dato del Centro Reina Sofía. Por cierto, usted ha dado otra cifra, y yo espero y confío en que su Gobierno no se dedique a manipular las cifras y esconderlas (Rumores.-La señora ministra de Igualdad hace signos negativos.), porque tan legítima es la información del Centro Reina Sofía como la suya del Instituto de la Mujer.


Señora ministra, hay que modificar la ley, y a mí me gustaría salir esta mañana de esta Cámara oyendo que usted está dispuesta a modificarla, que está dispuesta a hacer cambios procesales, que está dispuesta a valorar la prueba preconstituida, que está dispuesta a impulsar los juzgados de violencia, y sobre todo a que esos juzgados conozcan de temas civiles para que no se conviertan en instrumentos de cuestiones penales, que es lo que los está saturando. Me gustaría oírle decir que está dispuesta a poner encima de la mesa medidas eficaces de protección a la mujer, equipos forenses de valoración, ya que un sistema informático no valora la realidad de las mujeres, y sobre todo me gustaría oírle decir que está dispuesta a escuchar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que siguen teniendo los mismo instrumentos que hace diez años, y este Gobierno no ha impulsado ni una sola medida ni una sola ayuda para que ellos puedan desarrollar eficazmente su gestión. Esa es la realidad, señora ministra, y si le molesta que el principal partido de la oposición ejerza su labor de control al Gobierno, qué le vamos a hacer. En estos momentos usted dice que detrás de las cifras se esconden mujeres.
Efectivamente, se esconden mujeres, y por esas mujeres el Partido Popular interpelará a este Gobierno una y mil veces hasta que, con ustedes o sin ustedes, la violencia de género deje de ser un problema en este país.
(Aplausos.-La señora Sánchez García: ¡Sí señor!)

Muchas gracias. (Una señora diputada: ¡Ha estado genial!-Risas.-La señora Sánchez García: Sí, ha estado impresionante.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.


Señora ministra de Igualdad, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señora Moneo, tenemos muchos terrenos para discrepar, qué pena que elija también este. No utilice a las víctimas para tratar de desgastar al Gobierno, no utilice a las víctimas de la violencia de género para cuestionar todas las políticas de igualdad. (Aplausos.) Ya lo sabemos, ya sabemos que las políticas de igualdad no le gustan, que cuestiona cada una de las medidas que ponemos en marcha, que cuestiona la prioridad que otorga este Gobierno a las políticas de igualdad, y que intenta desacreditar cada una de las acciones, como también sabemos que en realidad todo es una coartada. Lo que no les gusta en el fondo son las políticas de igualdad, pero que utilicen a las víctimas me parece sencillamente inaceptable.
(Rumores.) Por mucho que usted cuestione la labor del Gobierno, y en concreto la labor que desarrolla el Ministerio de Igualdad, la sociedad española conoce de sobra qué Gobierno puso a la violencia de género en la primera línea de la acción política; lo conoce de sobra. Por mucho que descalifique nuestro trabajo diario la realidad es que estamos afrontando la lucha contra la violencia de género con rigor, con recursos -cada días más-, y desde luego con honestidad. Lo vamos a seguir haciendo, seguiremos tomando las medidas que sean necesarias, como hemos venido haciendo hasta ahora, y por supuesto en coordinación y en colaboración con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, porque sé que solo juntos, trabajando desde todos los ámbitos y con la implicación de toda la sociedad podremos continuar avanzando. Señora Moneo, me gustaría que usted se sumara a este trabajo, que aportase ideas, porque sabe que son escuchadas, que planteara alternativas desde el rigor, y que dejara de hacer demagogia con un tema tan doloroso como este.


Usted ha presentado una interpelación para preguntarme qué medidas estamos tomando ante la violencia de género. Yo se las he explicado, y se las explicaré todas las veces que haga falta, pero desde luego me gustaría que los planteamientos fuesen más rigurosos. Es verdad que su trabajo se limita a tratar de descalificarlo todo, cuando al menos en el tema de la violencia de género debería sumar alguna idea, porque sabe usted bien que cuando se trata de ideas constructivas y cuando se realizan propuestas serias son valoradas, son tenidas en cuenta, y son incorporadas a nuestras políticas. Creo que si dedicaran el mismo esfuerzo y el mismo tiempo que dedican a descalificar a trabajar con rigor el conjunto de la sociedad se lo agradecería. Sinceramente creo que deberían hacer una reflexión sobre si conduce a alguna

parte ese camino que han emprendido, cuál es el mensaje

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que quieren lanzar a las víctimas y a sus familias, qué mensaje quieren lanzar a los maltratadores. El nuestro desde luego sí está claro; solo cabe uno: decirle a las mujeres que no están solas; que vamos a seguir adoptando medidas, todas las necesarias; que vamos a seguir aportando todos los recursos que sean necesarios para aumentar su seguridad, y para que tengan la posibilidad de romper con la espiral de violencia de género. Y a los maltratadores también les tenemos un mensaje claro y único: que no vamos a permitir la impunidad de sus actos.


Señora Moneo, matan los asesinos y agreden los maltratadores. Para tratar de evitarlo este ministerio está poniendo en marcha todos los recursos y todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Estamos coordinando la labor de todos los departamentos, y colaborando con comunidades autónomas y con ayuntamientos. Con respecto a la modificación de la ley, ayer mismo esta Cámara se pronunciaba acerca de la no oportunidad de la modificación de la misma. En cuanto a Europa, a la que también aludía en su intervención anterior, se empeñan ustedes en negar lo obvio. Nunca antes, como durante la Presidencia española de la Unión Europea, han estado los temas relativos a la lucha contra la violencia de género encima de la mesa de Europa; nunca antes. Hemos conseguido un sí unánime, un sí de los Veintisiete. Gobiernos por cierto de muy distintas sensibilidades políticas han dicho sí a la puesta en marcha de ese observatorio europeo contra la violencia de género, tan necesario para contar con indicadores comunes, para emprender políticas comunes, y desde luego para poder evaluarlas. La realidad, señoría, es que se ha dicho sí a la puesta en marcha de un teléfono único de asesoramiento e información a las víctimas de violencia de género; como se ha dicho sí a la necesidad de la asistencia social integral no solo a las mujeres, sino también a los menores que viven en esos contextos de violencia. Este trabajo ha recibido el reconocimiento no solo de los Veintisiete, sino también de la Comisión, del Parlamento y de las ONG. Todo el mundo reconoce el avance sustancial que ha habido en esta materia en estos meses, aunque ustedes, en su estrategia de tirar por tierra todos los logros del Gobierno, se empeñen en negar lo evidente.


Para acabar con la violencia de género necesitamos construir una cultura de paz y una cultura de respeto que le animo a practicar. Les invito a que intenten poner su granito de arena, y dejen de hacer una política de visión corta con temas que exigen consenso y unidad. Se lo repito una vez más: con las víctimas de la violencia de género no se juega, no se hace política. No utilicen a las víctimas porque el conjunto de la sociedad se lo agradecerá, señorías. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 10/2010, DE 16 DE JUNIO).
(Número de expediente 121/000081.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. El señor ministro de Trabajo e Inmigración tiene la palabra si desea presentar el proyecto. (Denegación.) Muchas gracias.
En consecuencia, y en primer lugar, para la presentación de las enmiendas a la totalidad por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, para nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, el debate sobre la reforma laboral es lo suficientemente importante como para que se le dedique el tiempo que permita debatirlo en profundidad. De ahí que nuestro grupo presentara esta enmienda a la totalidad con texto alternativo, entre otras cosas por las medidas que en el mismo se contemplan.


Señorías, la crisis financiera y económica que estalló en 2008 ha puesto de manifiesto las limitaciones del modelo económico actualmente imperante. Esta crisis tiene su origen en la aplicación de las doctrinas económicas neoliberales, que construyeron una economía dominada por el capital financiero, y cada vez más desconectada de la economía productiva y de las necesidades reales de los pueblos y de las personas. Ha puesto en evidencia los efectos perniciosos de unos mercados financieros desregulados, y en el ámbito doméstico se ha evidenciado la ineficacia de un modelo productivo basado en el sector de la construcción y en la actividad inmobiliaria. En el Estado español la crisis ha tenido como consecuencia más grave una intensa destrucción de empleo. Así, en los últimos dos años el desempleo ha crecido en casi 2,5 millones de personas, lo que ha implicado que se haya duplicado hasta alcanzar el 20 por ciento.


El análisis con el que se pretenden justificar las medidas que se recogen en el Real Decreto-ley 10/2010 parte, desde nuestro punto de vista, de una concepción errónea. En ese análisis se responsabiliza a lo que en argot neoliberal se denominan rigideces del mercado de trabajo del alto nivel y del fuerte crecimiento del desempleo, sin embargo la dinámica de creación y destrucción del empleo depende de otros factores ligados principalmente al dinamismo económico. Organizaciones como la OCDE, que inicialmente defendieron la argumentación de que a mayor protección laboral, mayor desempleo, en el año 2006 corrigió sus tesis en su informe Employment outlook 2006, que concluyó con la siguiente frase: De nuestro análisis podemos afirmar que el

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impacto de las rigideces laborales es estadísticamente insignificante para explicar el nivel de desempleo en un país de la OCDE. Efectivamente las causas del gran incremento del desempleo radican en el agotamiento de un modelo productivo que tuvo sus principales ejes en la baja productividad y en la especialización en actividades de escaso valor añadido, cuyo ejemplo más claro es la creación de una burbuja alrededor de la actividad constructiva e inmobiliaria, cuyo estallido acentuó la intensidad del desempleo. A esto, señorías, se unen otros factores, como una débil demanda consecuencia de unas políticas de contención salarial que provocaron un descenso del peso de las rentas del trabajo en el PIB, que a su vez derivaron en el recurso al crédito para sostener el consumo y un elevado endeudamiento de empresas y familias.


La reforma laboral no va a crear empleo -no solamente lo decimos nosotros; el propio Gobierno y el presidente Zapatero también lo han manifestado así-, porque desde nuestro punto de vista -y así lo defendemos- la causa de la crisis no radica en el mercado de trabajo ni en su supuesta rigidez. Por el contario una reforma como la actual, que aumenta la flexibilidad en el despido, las flexibilidades internas y las flexibilidades en la aplicación del salario pactado retrasará la salida de la crisis, y hará recaer sobre la clase trabajadora sus consecuencias más dramáticas. Uno de los aspectos más desacertados de la reforma es el hecho de abaratar y facilitar el despido, a través de la extensión a más colectivos del contrato de fomento a la contratación indefinida, de la confusa redacción de las causas objetivas del despido, y del pago por el Fogasa de una parte de la indemnización por el despido. En el Estado español, con caídas del producto interior bruto equivalentes al promedio de la Unión Europea, se destruye más del doble de empleo que en la eurozona. Es evidente pues que las empresas tienen aquí una gran facilidad para despedir ante caídas circunstanciales de actividad, lo cual desmiente la tesis de una excesiva rigidez en el mercado laboral.


Otro elemento negativo de esta norma es la mayor apertura a la iniciativa privada en la intermediación laboral. Por ello desde nuestro punto de vista no son válidas ni efectivas soluciones que incidan en la creación de negocio privado, en una materia tan sensible como lo relativo a la colocación e intermediación laboral. En esta cuestión la materia pendiente del Estado español es equipararse a otros países europeos en la inversión en estas políticas. Por tanto se hace necesaria una ley que corrija y mejore normas básicas de la legislación laboral, y que sustituya los contenidos del real decreto. Evidentemente por falta de tiempo no hablaré de todas las medidas que forman parte de nuestra propuesta, pero sí les comentaré algunas, tales como poner límite a la temporalidad y restringir el uso de la contratación temporal, estableciéndose los supuestos en los que esta no podrá celebrarse; además de limitar el encadenamiento de contratos a un mismo trabajador o trabajadora, es necesario limitar dicho encadenamiento cuando se trata de un mismo puesto de trabajo, a fin de evitar posibles fraudes de ley; un nuevo método para el cálculo de la indemnización por despido en los contratos temporales, basado en un porcentaje del salario bruto percibido es otra de las propuestas que nosotros incluimos, porque desde nuestro punto de vista esta medida es fundamental para poner en valor el contrato indefinido, algo que hasta el día de hoy y a pesar de las muchas reformas no se ha conseguido; una mayor certeza y estabilidad jurídica a empresarios y trabajadores, en lo concerniente al despido objetivo por causas económicas; la desaparición del contrato de fomento de la contratación indefinida, debido a que este ha sido usado de manera abusiva frente al indefinido ordinario, implicando un abaratamiento del despido. Señorías, nosotros tenemos no una perfecta -que es mucho decir-, pero sí una amplia reflexión en relación con esta cuestión, y desde luego por el conocimiento que nosotros tenemos efectivamente esta contratación, que se estableció para fomentar el contrato indefinido, no ha servido a tal fin, y en cambio sí se ha utilizado para ese abaratamiento del despido que decimos.


Para nosotros es importante asimismo la derogación de la inaplicación del convenio colectivo actualmente en vigor, es decir, la posibilidad de descuelgue de empresas del convenio colectivo. Pero no nos referimos exclusivamente a lo que se recoge en el Real Decreto-ley 10/2010, sino también a lo que ya está establecido en estos momentos sobre la negociación colectiva. En el caso de desempleo parcial el consumo diario de la prestación por desempleo desde nuestro punto de vista debe corresponderse con el porcentaje de reducción de la jornada a la que está sometido el trabajador; lo que ocurre actualmente es desde luego una clara injusticia. También la necesidad de apoyar las subvenciones a la suspensión y a la reducción de jornadas, en vez de a la subvención al despido es otra de las cuestiones que nosotros planteamos en nuestra propuesta alternativa, y que también trasladaremos en las enmiendas parciales correspondientes; del mismo modo que un mayor rigor en los criterios que orientan las políticas de bonificaciones; es necesario un incremento de la plantilla de inspectores y subinspectores para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación laboral. Lo hemos manifestado en muchas ocasiones, y creemos que es necesaria no solamente la legislación adecuada, sino también que los inspectores e inspectoras de trabajo actúen de tal manera que se puedan evitar todas aquellas actuaciones que no estén cumpliendo la ley que en estos momentos existe.
Garantizar a través de los Presupuestos Generales del Estado la cobertura económica a la Seguridad Social para los gastos que impliquen las bonificaciones que actualmente se contemplan o se establecen en el Estatuto de los Trabajadores nos parece muy importante. Lo hemos defendido en muchísimas ocasiones y pensamos que esto, señorías, debe ser así.


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Señorías, en el debate del real decreto manifestamos nuestra preocupación por la actitud del Gobierno de actuar al dictado del FMI. Seguimos manifestando nuestra preocupación y rechazo por las políticas emprendidas por el Gobierno en la línea de la derecha y de los poderes económicos, pero sobre todo de los poderes económicos especulativos. Si teníamos dudas, señorías, señor ministro, sobre las razones por las que el Gobierno se ha decidido por tantas medidas antisociales, la intervención del presidente en el reciente debate de política general en esta Cámara, fundamentalmente la réplica a nuestro portavoz Francisco Jorquera, las ha disipado. El presidente Zapatero y su Gobierno se han convertido en entusiastas portavoces de las políticas neoliberales. Estamos en un mundo globalizado, donde la economía se ha globalizado y se globalizará aún más, porque la tendencia es abrir más los mercados, decía el presidente.
Alegría y libre mercado, digo yo, que es lo que se defiende desde el Gobierno. Han pasado ustedes del discurso de defender el reforzamiento del Estado del bienestar a colaborar en las políticas que lo debilitan.
Insistimos, el problema mayor de este proyecto de ley que hoy estamos enmendando no solamente son sus medidas, sino que forma parte de un conjunto de reformas que van en la dirección que hemos apuntado: el debilitamiento del Estado del bienestar. Señorías, señor ministro, señoras y señores diputados del Grupo Socialista, no sigan por este camino, porque desde luego no es el camino más adecuado.


Finalizo, señor presidente, no sin antes agradecer a la diputada Uxue Barkos y a Nafarroa Bai el apoyo a nuestra enmienda a la totalidad.


Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra doña Rosa Díez por el tiempo que resta.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Simplemente desde el escaño voy a anunciar nuestra posición de voto.
Nosotros estamos a favor de la reforma del mercado laboral, como ya hicimos constar cuando se planteó y se tramitó el decreto. Nos hubiera gustado, nos gustaría, que este decreto se tramitara de una forma transparente y abierta, que lo pudiéramos tramitar con un debate dentro de la Cámara y no solo en una comisión, como parece que va a ser su destino. Estamos a favor de que se reforme el mercado de trabajo; no estamos a favor del contenido del decreto que ha planteado el Gobierno, nos parece que ha elegido una vía que ya se ha demostrado fracasada, nos parece que el mantenimiento de la dualidad entre contratos temporales y contratos fijos es una mala señal. Es verdad que la brecha se cierra, pero también que se sigue manteniendo. Nuestra propuesta va en la dirección de que haya un único contrato indefinido y que los contratos de formación y los contratos en prácticas dependan, se hagan caer por tanto y sean acogidos dentro del sistema del contrato indefinido. Nos parece que el sistema que propone el Gobierno deja al margen todo lo relacionado con la formación, nos parece también que hay que dar una mayor protección a los desempleados y por eso plantearemos la renta activa de inserción.


Nosotros creemos que hay que abordar la reforma y que hay que hacerlo de forma transparente, creemos que hay que abordarla siendo conscientes de que el modelo anterior, que es el que plantea el decreto, es un modelo fracasado. Por eso mismo, porque nos parece que la enmienda a la totalidad, el proyecto que acaba de defender mi compañera Olaia, mantiene, aunque se diferencia mucho en muchos aspectos del decreto del Gobierno, un modelo que ya está fracasado, porque mantiene la dualidad, la temporalidad y el contrato fijo, no da suficiente protección a los desempleados al no abordar la renta activa de inserción o un modelo similar. Por eso, digo, rechazaremos, y quiero anunciarlo, esta iniciativa, sin perjuicio de agradecer la posibilidad que nos ha dado la enmienda a la totalidad de plantear siquiera el debate hoy en esta Cámara, sin perjuicio de estar, insisto, en contra del contenido, que sería enmendable. En todo caso sí que quiero agradecer al BNG que haya traído la iniciativa, porque eso ha posibilitado que tengamos este debate que parece que el Gobierno de la nación quería evitar a toda costa, y ha posibilitado también que el oscurantismo que el Gobierno de la nación quiere traer sobre esta cuestión haya sido menor; todo ello gracias a la iniciativa de Izquierda Unida y del Bloque Nacionalista Galego.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Para otra enmienda a la totalidad del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, presento en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya una reforma total, un rechazo de totalidad al texto de la reforma laboral del Gobierno y lo hago por las mismas razones que lo ha hecho recientemente el señor Zufiaur. Decía: Nos encontramos ante la reforma laboral más dura de la democracia, porque, en primer lugar, no aborda los objetivos que dice son sus objetivos fundamentales -la precariedad y la dualidad de nuestro modelo laboral-, sino que los profundiza; porque, en segundo lugar, se inscribe en las contrarreformas laborales ya experimentadas en todo el periodo democrático que nos han traído a esta situación de precariedad laboral y, en tercer lugar, porque se hace a favor de la patronal y en contra de los trabajadores, ya que es un ataque desmedido contra los sindicatos. (La señora

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vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Señor Zapatero, señor ministro de Trabajo, ya tienen ustedes la huelga general. Iban a refundar el capitalismo y han acabado por ser refundados por los mercados; iban a reformar el sistema financiero y a sentar las bases de un nuevo patrón de crecimiento y lo han abandonado; iban a concertar la reforma del mercado laboral para mejorar la calidad del empleo y acaban por dar prioridad a una reforma impuesta contra el diálogo social que se reduce a abaratar y facilitar el despido, a reforzar el poder de los empresarios y a debilitar la negociación colectiva privatizando -privatizando, repito- la intermediación laboral.
Señor ministro, las medidas del Gobierno no van en el sentido de su retórica, no van a reducir la temporalidad ni la dualidad. Son medidas para despedir de forma más fácil y barata, suprimiendo la garantía del despido objetivo y extendiendo el despido exprés y se establece un modelo para subvencionar a los empresarios en dicho despido costeando ocho días todas las indemnizaciones, costeando incluso un despido sin causa que puede ser financiado con recursos públicos, es decir, socializando las pérdidas. Se legalizan, asimismo, las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro y se amplía el ámbito de actuación de las ETT de forma abusiva. La intermediación privada y el prestamismo laboral se generalizan antes que apostar por mejorar la capacidad de intermediación de los servicios públicos de empleo, esto es, se privatizan los beneficios.


Señorías, la crisis económica no tiene causa en la regulación laboral ni tendrá respuesta en esta reforma laboral. Son los mercados, no son los trabajadores. Las regulaciones laborales no generan empleo; la creación de empleo se producirá cuando la reactivación económica se consolide y para ello los esfuerzos deberían dirigirse a corto plazo, por una parte, a normalizar el crédito, cosa que no han hecho, y por otra, a mantener los estímulos públicos a la actividad económica, cosa que tampoco han hecho. Por lo tanto, como consecuencia de esta medida no habrá mejora del empleo. La mayor intensidad de la crisis sobre el empleo en España, en comparación con otros países de nuestro entorno, no es la rigidez, no es verdad; es, por el contrario, la excesiva flexibilidad, los problemas de modelo económico y de modelo laboral, la especialización productiva en actividades de escaso contenido tecnológico, el empleo de baja calidad, la reducida productividad y un elevado endeudamiento empresarial y familiar. Pero de forma particular el elevado nivel de flexibilidad de nuestro empleo, el elevado nivel de temporalidad en el mercado de trabajo, es lo que ha favorecido un ajuste brusco en términos de destrucción de empleo, especialmente significativo en la construcción.


Podemos afirmar, señorías, que nuestro mercado de trabajo no es rígido, por el contrario, que nuestro mercado de trabajo es en exceso flexible, y esta negativa flexibilidad externa, esta temporalidad injustificada, es la que ha provocado el desmantelamiento y la destrucción de empleo a lo largo de este periodo. Datos del informe de 2009 de la Unión Europea: somos los primeros en temporalidad de la Unión Europea, somos los primeros en rotación laboral y somos los primeros en tasas de despido, es decir, de entrada, de permanencia y de salida, somos un sistema flexible, un sistema a la carta para los patronos y un sistema de menú del día para los trabajadores. Esta flexibilidad en la entrada, en la permanencia y en la salida del mercado laboral, es lo que provoca que sean básicamente los ajustes en el empleo la respuesta a los problemas empresariales. El problema, como dije antes, no son los trabajadores, son los mercados. En este caso habría que decir que el problema no son los trabajadores, son las empresas. Tenemos muy claro, señorías, que sobre la presión a la baja de las condiciones laborales solo se puede contribuir a reproducir un modelo económico agotado, improductivo, especulativo e insostenible. Esto no significa que no sean precisas reformas en lo que respecta al mercado de trabajo, en coordinación, eso sí, con políticas que sienten las bases de un nuevo modelo de desarrollo. Estas medidas deben tener, por una parte, como premisa fundamental, el diálogo social; no pueden ustedes imponer una reforma laboral porque abocarán esa reforma laboral al fracaso más estrepitoso, y si no, al tiempo. En segundo lugar, es necesario recuperar el principio de causalidad en la contratación, limitando la extinción de contratos laborales y los despidos a situaciones de justificada necesidad. En tercer lugar, debe apostarse por la flexibilidad interna pero no como hace el Gobierno, que incrementa el poder discrecional de la patronal cuestionando la negociación colectiva, perdiendo la negociación sectorial en favor de los descuelgues unilaterales en relación con el convenio de empresa y descuelgues salariales o descuelgues directamente de los propios empresarios en el seno de la empresa.


Es necesario, por otra parte, que la flexibilidad interna deba significar la ampliación de los derechos de participación sindical en los centros de trabajo, pasando del simple derecho de información y consulta a la negociación efectiva y al acuerdo. Además, nuestro texto propone, primero, que los servicios públicos de empleo tengan la exclusividad de la intermediación laboral; la intermediación laboral debe prestarse de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y de no discriminación. La privatización va a producir discriminación. Segundo, la realización de contratos de trabajo de duración determinada exigirá en todo caso la sujeción al principio de causalidad en materia de contratación temporal; se establecen mayores garantías sociales y laborales para los contratos de trabajo en prácticas, para la formación a tiempo parcial, recuperando la autonomía del trabajo fijo y de solidaridad y suprimiendo el contrato de fomento de empleo. Tercero, regulamos las modificaciones precisas para acabar con los llamados despidos exprés y para que en el caso de despido declarado improcedente

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sea el trabajador el que pueda optar a la readmisión en su puesto de trabajo. Cuarto, establecemos medidas de reparto del trabajo, modulando la reducción de la jornada laboral y su desarrollo a través de la negociación colectiva. Por último, en nuestra enmienda de texto alternativo introducimos una serie de disposiciones adicionales para, entre otras cosas, fortalecer la negociación colectiva adoptando su estructura y con seguridad jurídica para desarrollar fórmulas de flexibilidad interna negociadas y con participación sindical, todo ello en el contexto de un cambio de modelo mediante un plan industrial que apueste por la reconversión ecológica de la industria; una reforma energética centrada en el ahorro y la eficiencia; un plan de infraestructuras que potencie modos de transporte sostenibles y también proponemos incrementar sustancialmente las plantillas de la Inspección de Trabajo y de la Administración Tributaria, como medidas de control y de mayor transparencia del mercado, para que los periodos formativos de prácticas, de especialización o de colaboración de titulados de grado medio o superior no se conviertan en una precariedad laboral generalizada.


Termino. Rodiezmo es una metáfora, el Gobierno se desmarca de los suyos mientras que la derecha se frota las manos, considera insuficientes estas medidas, las recoge con una mano y golpea con la otra.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el mismo grupo y por el resto de su tiempo tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, solo apoyaremos una reforma laboral si abre la puerta de entrada al mercado laboral sin afectar a los derechos de los trabajadores. Con esta voluntad pero también con esta claridad fuimos los primeros, creo, en presentar documentación. Y, ciertamente, la primera frustración la tuvimos cuando en el real decreto-ley se introducían cambios para facilitar el despido objetivo. Nosotros perseguimos acabar con la rigidez y la precariedad del mercado laboral, que la reforma esté centrada en la entrada al mercado de trabajo, en crear empleo estable y de mayor calidad y en no favorecer el despido. Una reforma laboral, en definitiva, que potencie la ocupación de la gente joven, además, y que flexibilice la negociación colectiva. Pero no vamos a aceptar -y esta es nuestra línea roja si quieren que finalmente votemos a favor del Gobierno- un despido objetivo genérico, porque eso sería aceptar un colador para el despido.
Es inaceptable que pueda darse luz verde a un despido causado por la voluntad de optimizar gastos, aumentar beneficios e incrementar eficiencia. La línea roja es esta, ustedes ya la conocen. Solamente se puede aceptar el despido objetivo para garantizar la viabilidad empresarial; otros objetivos, necesarios quizás, deben alcanzarse mediante otros procedimientos en favor de la excelencia, no mediante el despido. ¿Cómo vamos a ser capaces de dotarnos de un mercado laboral de excelencia si resulta mucho más barato despedir que formar?

Con la misma claridad se lo decimos con respecto al fomento de la contratación indefinida. Ustedes pretenden su generalización y ello lo que pretende al fin y al cabo es reducir el coste de los despidos en el conjunto del Estado. En este apartado, o dejan fuera del real decreto a los parados que en los dos años anteriores hubiesen sido contratados con contratos temporales o indefinidos en una empresa diferente o no cuenten con nosotros. Si esta es la línea que ustedes están dispuestos a traspasar, olvídense de Esquerra Republicana. Para Esquerra Republicana también es fundamental la contratación juvenil para acceder al mercado de trabajo por parte de los jóvenes mediante la recuperación de la figura del aprendiz estable en las empresas, a través de la flexibilización de la formación teórica y el tutelaje de los servicios públicos. El diputado Membrado conoce nuestra obsesión y hace años y años que venimos insistiendo en el aspecto -a veces en complicidad con ustedes- de convertir el tema de la transición de los jóvenes al mundo del trabajo en nuestro icono, en la bandera de la lucha en contra la precariedad.
Ustedes deberían acercarse a los planteamientos que les hemos formulado en una extensísima enmienda a su proyecto.


Y, en tercer lugar, en todo aquello que afecta a la flexibilidad laboral frente al descuelgue del convenio, hay que combinar su necesidad, cuando afecte a la viabilidad empresarial, con los derechos básicos de los trabajadores, tomadas estas medidas por mayoría absoluta y limitadas en el tiempo, evitando también -hay que decirlo- una excesiva sindicalización de las pequeñas empresas, porque el trabajador nos parece que tiene que tener también libertad de elegir representantes no sindicales. Este es un tema de debate que quizás, si ustedes quieren, vamos a tener esta tarde. Asimismo planteamos otra cuestión, la flexibilización territorial. Ustedes saben que para nosotros es muy importante, nosotros hablamos del marco catalán de relaciones laborales, cualquier autonomía puede tener esta misma aspiración, y entendemos que hay que avanzar en esto. Hasta ahora hemos topado siempre contra esta pared y pensamos que si modernizar significa flexibilizar, flexibilizar también debería significar atender a esta nueva realidad, a fin de que los convenios colectivos de ámbito inferior no tuvieran topes en sus posibilidades. Nos parece impúdico el debate repetido entre el señor Campuzano y el señor Corbacho sobre la privatización de la intermediación, en el que finalmente ha ganado el señor Campuzano -felicidades, señor Campuzano-, pero yo, que me siento más cerca ideológicamente del señor Corbacho, lo lamento. Lamento que finalmente se hayan introducido elementos privatizantes, que además auguran un mal final en todo aquello que afecta a la intermediación laboral. Sería una gran derrota para la izquierda.


Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tardà.


Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro, vamos a votar en contra de las dos enmiendas de totalidad presentadas, pero, aunque parezca paradójico por lo que voy a decir a continuación, no por discrepar de buena parte del argumentario, nosotros compartimos buena parte de las reflexiones hechas por la señora Fernández Davila, por el señor Tardà, por el señor Llamazares; son otras razones las que nos impulsan a votar en contra de una reforma laboral que tiene muchos problemas, que usted conoce perfectamente, señor ministro. En primer lugar, es una reforma laboral que no gusta a nadie, no gusta a los representantes de las organizaciones sindicales y no gusta a los representantes de las organizaciones empresariales. Yo sé que hay algún optimista antropológico por ahí diciendo que esto significa que hemos acertado, cuando no gusta a nadie. No, en el ámbito laboral no se acierta cuando no gusta a nadie, si no gusta a los interlocutores una reforma laboral de carácter normativo que intenta positivizar el fracaso de los interlocutores; lo que crea es un doble problema y, además, otro adicional, que son dificultades notables para la aplicación de la reforma. Sin los interlocutores sociales, sin su connivencia, una reforma laboral es de imposible aplicación.


Esta reforma laboral, por otra parte, señor ministro, es hija de un fracaso, de un fracaso colectivo, un fracaso de dos años de negociación colectiva entre los interlocutores, que nosotros tenemos del deceso del diálogo social, del fallecimiento del diálogo social, que en este momento estamos en condiciones de poder certificar ya y proceder a su entierro, si es menester, y el intento de remedarlo a través de articular en sede parlamentaria, exclusivamente en sede parlamentaria, a través del ejercicio de las funciones normativas o legislativas de esta institución, lo que los interlocutores sociales, los círculos virtuosos de los interlocutores sociales o los puntos de equilibrio o de equidistancia que estos no han podido conseguir. Y, ni usted ni yo, señor ministro, ni los catedráticos que usted ha contratado, ni los catedráticos de los que nosotros no hemos podido disponer pero cuyas obras hemos leído, son capaces de encontrar estos círculos virtuosos o estos puntos de equilibrio o de equidistancia, porque en esta materia sencillamente no existe, esta es una materia de opción, señor ministro, es una materia de modelo y es una materia de hacia dónde queremos dirigir la articulación o la configuración de nuestras relaciones productivas.


Nosotros tenemos una idea cabal de hacia dónde deberíamos dirigirla y esta no es la reforma para dirigir en esta dirección la configuración de las relaciones productivas. Nosotros sabemos lo que va a pasar en el próximo decenio, hay países emergentes, China, India, Brasil y otros, que van a generar un colectivo de 500 millones de consumidores aproximadamente -ya están identificados más o menos por algunos empresarios o algunas pymes, fundamentalmente radicadas en Euskadi y en algunas de las zonas más industrializadas del Estado español- que van a querer consumir productos caros, productos de alto standing, que van a querer consumir productos alemanes y productos franceses, y con estos productos alemanes y franceses tenemos que intentar conectar a nuestra estructura productiva, a nuestras pymes, a nuestras industrias, porque, si no, el futuro va a ser negro. La falta de perspectiva de modelo económico ustedes la han sustituido por este regodeo taumatúrgico en los requerimientos del mercado. Yo sé que a usted la vicepresidenta económica del Gobierno le ha encargado que se dedique a escrutar qué opina el mercado. Ni ustedes ni yo sabemos lo que pide el mercado, ni qué faz tiene, ni a qué dedica el tiempo libre, ni cuáles son sus requerimientos, ni sabemos tampoco el límite de su voracidad, que parece no encontrarse más allá de las fronteras de cualquier nivel o aproximación empírica o especulativa que uno pueda concebir.


Desde esa perspectiva, hemos hecho una cosa extraña, una reforma laboral que no satisface a nadie, ni a los grupos parlamentarios, ni a usted mismo seguramente -no voy a hablar de la señora Salgado, que parece que es la única apologeta que en este momento el equipo económico del Gobierno tiene de esta reforma laboral-, ni a ningún interlocutor social.
¿Por qué? Porque de alguna manera estamos continuando con este procedimiento de tracto sucesivo peligrosísimo que yo he denunciado en más de una ocasión a usted y a personas que saben mucho derecho del trabajo, que están aquí presentes afortunadamente escuchando en el día de hoy. Reforma tras reforma estamos rompiendo la columna vertebral del derecho laboral, del derecho del trabajo, en su configuración clásica.
Esto es una vuelta de tuerca más en esa desestructuración del derecho del trabajo y su carácter tuitivo para la parte más débil de la relación laboral, que es la constituida por los trabajadores.


En su dimensión contractual, usted sabe que en el derecho del trabajo no se suscriben los contratos o los contratos laborales entre dos personas a través de una vinculación contractual conmutativa bilateral, en donde las dos partes que suscriben el contrato están en una condición de igualdad.
No están en una condición de igualdad, el trabajador está subordinado al empresario a través de los principios de ajenidad y dependencia. El derecho del trabajo tiene que compensar esta desigualdad que dimana de la contratación, y esta desigualdad que dimana de la contratación no se corrige privando al derecho del trabajo, por enésima vez y de forma espectacular en esta reforma que ustedes han presentado en este proyecto de ley, de sus componentes tuitivos y contribuyendo a la desaparición casi definitiva de este sector del ordenamiento jurídico en su consideración clásica y en el cumplimiento de las funciones que la propia Constitución le encomienda. Pero también los principios

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ontológicos del Estado del bienestar, definidos ya por la Constitución de Weimar, en el periodo de entreguerras, entre las dos guerras mundiales.
Esto es otra vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque usted está descausalizando la forma de entrar en el mercado de trabajo. Estamos descausalizando la forma de entrar en el mercado no vinculando la naturaleza de los contratos que se conciertan a la duración del contrato que se va a realizar. Pero sobre todo, y lo que es más peligroso, estamos descausalizando la salida del mercado de trabajo y estamos descausalizándola utilizando fórmulas absolutamente deletéreas, casi metajurídicas, a la hora de legitimar la extinción por la vía de los despidos objetivos, ya sean estos de naturaleza económica, de naturaleza productiva o de naturaleza técnica, mediante fórmulas, como le he dicho, deletéreas, metajurídicas, como situaciones económicas negativas o mínima razonabilidad de la relación extintiva.


En definitiva, señor ministro, estamos exonerando a los empresarios de una de las obligaciones que la legislación laboral les ha exigido siempre, que es probar que la relación extintiva tiene un nexo de causalidad con el problema económico, que la legitima, o tiene un nexo de causalidad con la modificación de las estructuras productivas, que la legitiman, o tiene un nexo de causalidad con las innovaciones técnicas que se incorporan a la empresa. Esto desaparece; incluso ha estado a punto de desaparecer la intermediación de la legislación laboral, que hubiese sido una desprotección de los trabajadores ya verdaderamente espectacular.
Afortunadamente, ciabogaron ustedes a última hora y pudimos recuperar la intervención de la autoridad laboral, que a su vez provoca otra perversión que hay que corregir -me imagino que en la anunciada nueva ley de procedimiento laboral-, que consiste en atribuir a una jurisdicción no especializada, la Contencioso-administrativa, la tutela judicial de las relaciones extintivas o modificativas de relaciones de trabajo que se producen por esta vía de los despidos objetivos por causas económicas, por causas técnicas o por causas de producción.


Lo mismo ocurre con la modificación de condiciones de trabajo, señor ministro, las estamos descausalizando. Se hace una invocación buenista a la negociación colectiva para la modificación de condiciones de trabajo, se posibilita el descuelgue de las cláusulas salariales del contrato de trabajo, utilizando la negociación colectivo-laboral, pero desafortunadamente, se olvida, señor ministro, de lo más importante, de que lo que tenemos que reformar es la estructura de la negociación colectiva en su conjunto. No es concebible en estos tiempos una reforma laboral que no modifique el título III del Estatuto de los Trabajadores en su totalidad. En este momento hay problemas de todo tipo en la negociación colectiva y hay un problema que ustedes ni siquiera tocan de refilón, ni colateralmente, el problema de la concurrencia entre convenios colectivos de ámbito sectorial, territorial o personal diferentes. El problema de la concurrencia está en los artículos 83 y 84 mal identificado. La prevalencia del contrato estatal sobre el contrato de comunidad autónoma, de este sobre el contrato provincial y de este sobre el contrato de empresa, se tiene que invertir inevitablemente, si queremos, desde la perspectiva de la competitividad de nuestras empresas, ajustar los convenios a la realidad más próxima, más inmediata. Nosotros ya le pedimos, y se lo vamos a pedir a través de las correspondientes enmiendas, la inversión de estos principios de concurrencia y de configuración de las unidades de negociación, Primero, el de empresa; luego, el provincial; después, el de comunidad autónoma y, por último, el estatal, que tendrá el carácter de complementario y subsidiario, en todo caso. Esto es algo muy próximo a lo que decía el señor Tardà sobre configuración de un marco autónomo de relaciones laborales por vía convencional, pero sin ser esto exactamente lo que preconizamos.
Preconizamos el ajuste de la negociación colectiva a los ámbitos territoriales que poseen realidades industriales, realidades sociales y sindicales singulares. Este es un elemento de competitividad.


El esfuerzo que ustedes han hecho por mejorar la calidad del empleo y la lucha contra la precariedad es manifiestamente insuficiente también, señor ministro. Esto ya se lo dijimos en el momento de la convalidación del real decreto-ley. Solo afrontar la problemática de dos contratos -el contrato de ejecución de obras y el contrato de servicios- es manifiestamente insuficiente, sobre todo cuando se mantiene en el resto la amplia y generosa oferta que el ordenamiento jurídico provee para concertar contratos de naturaleza temporal o de otra naturaleza, contratos además muy proclives al fraude. Usted sabe que a través de los contratos formativos -particularmente uno de ellos, el contrato en prácticas- se están encubriendo en numerosas ocasiones la realización de trabajos ordinarios de la empresa. No se está formando a estos trabajadores, se les está haciendo realizar trabajos que corresponden a determinadas categorías y clasificaciones profesionales, y no hay una actuación intensa de la Inspección de Trabajo para acabar con esta perversión. Pero, señor ministro, lo que es más grave - con esto voy acabando ya- es que se ha optado por el despido como la fórmula más elemental y más fácil para superar los requerimientos de la competitividad, que también es un concepto un tanto deletéreo. El señor Llamazares lo decía y es verdad: El Estado español en los dos últimos años es el Estado que más despidos ha realizado de toda la Unión Europea.
Además, son muchas veces despidos de naturaleza objetiva pero que, por las dificultades persistentes en el sistema para despedir objetivamente, han tenido que recurrir a despidos improcedentes o procedentes por causas disciplinarias. Sin embargo, tampoco la descausalización del despido por causas objetivas va a provocar un efecto perverso. Y es la última perversión que le voy a glosar, señor ministro.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No tiene tiempo, señor Olabarría.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo.


No quiero abrumarle, porque ya le he anunciado que vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad y no parecen estas reflexiones tan críticas muy congruentes con este voto negativo. Quiero decirle que deslizar al fin y al cabo facilitando y descausalizando los despidos objetivos, que cuestan veinte días al empresario por año de servicio trabajado, en definitiva, el abaratamiento y la facilitación del despido, no es la mejor manera para mejorar la calidad del empleo y la precariedad, que una de las perversiones o patologías del mercado de trabajo contra la que tenemos que luchar.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Agradecemos a los grupos enmendantes, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds y el BNG, la presentación de las enmiendas a la totalidad. Nos permiten profundizar en la discusión pública en relación con el aspecto más importante hoy que afecta al conjunto de la sociedad y que preocupa a las familias. Quizá este debate pueda abrir más luces sobre las posiciones que los distintos grupos tenemos en relación con esta reforma del mercado de trabajo. Como no va a sorprender a los portavoces de Izquierda Unida, Iniciativa y el BNG, Convergència i Unió no va a votar favorablemente a sus enmiendas. Discrepamos del diagnóstico que hacen de la realidad y discrepamos de las soluciones que ustedes nos plantean. En coherencia con eso, rechazaremos sus enmiendas.


Precisamente sobre el diagnóstico de la realidad me gustaría centrar parte de mi intervención de esta mañana, y recordar que algún problema debe existir en nuestro marco de relaciones laborales en nuestra regulación cuando nuestro desempleo estructural, incluso en tiempos de bonanza económica, dobla a buena parte de las tasas de desempleo de las economías más modernas y más avanzadas. Incluso cuando la economía crece mantenemos tasas de desempleo del 8, del 9 y del 10 por ciento y en algunas comunidades autónomas mucho más allá de eso. Hemos vivido esa realidad de altas tasas de desempleo en época de crecimiento económico y, al mismo tiempo, de llegada de trabajadores de origen extranjero. Algún problema debemos tener cuando se plantea la crisis económica y nuestro mercado de trabajo opta por la masiva destrucción del empleo, que dobla hoy la media de desempleo del resto de miembros de la Unión Europea. Somos líderes en desempleo. Mantenemos el problema de la dualidad de nuestro mercado de trabajo, que está castigando especialmente a los más jóvenes y a las personas con menor nivel de formación. Tenemos una realidad que hace que las empresas se ajusten en tiempos de crisis por la vía del despido, por la vía del desempleo, y no por la vía de la utilización de la flexibilidad interna. Tenemos una escasísima utilización del contrato a tiempo parcial. Tenemos una utilización escasa de los contratos de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo: del contrato de formación y del contrato en prácticas. Tenemos una configuración de la negociación colectiva excesivamente rígida, que no permite aprovechar las posibilidades que la negociación colectiva debería dar para una flexibilidad negociada entre representantes de los trabajadores y los empresarios. Tenemos una negociación colectiva a nivel territorial mal articulada. Tenemos problemas vinculados a la productividad y a la formación. Tenemos problemas de mal funcionamiento de los servicios públicos de empleo. Tenemos problemas de inadecuación y rigidez del conjunto de las políticas activas; gastamos menos que el conjunto de nuestros socios comunitarios en políticas activas y seguramente gastamos mal. Tenemos una débil vinculación entre políticas pasivas y políticas activas. ¿Se explica todo exclusivamente en función de nuestro mercado de trabajo, de nuestra regulación laboral, en función de aquello que determina el Estatuto de los trabajadores? No. Eso tiene que ver con nuestro modelo productivo, con la cultura empresarial y sindical, con los incentivos legales y también con los desincentivos legales. Por consiguiente, desde hace tiempo, desde hace años, venimos afirmando que es necesaria una reforma del mercado de trabajo.


Sobre estas cuestiones que he apuntado, en las reformas pactadas por los gobiernos populares y socialistas en 1997, en 2001 y en 2006, los representantes de los trabajadores aceptaban que existían ese tipo de problemas, que exigían soluciones que estuviesen vinculadas, por ejemplo, a los costes del despido. No es casualidad que en 1997 los agentes sociales aceptasen el contrato de fomento indefinido del empleo con una indemnización, en el supuesto de improcedencia, superior a la del contrato ordinario. El análisis de los problemas del mercado de trabajo hace años que es compartido también por los agentes sociales, y desde el año 1996 hasta la fecha se han ido produciendo reformas laborales en esa dirección. Por ello, negamos la mayor de las enmendantes, que no hace falta modificar nuestra regulación laboral porque sí que es necesario en una u otra dirección. Insisto en que en el año 1997, en el año 2001 y en el año 2006 se avanzó en esa dirección. Además, las propuestas que nos plantean responden a una realidad económica que no existe, a un modelo de empresa que no existe. Quizás en las grandes corporaciones, en los grandes sectores industriales, sus planteamientos podrían tener sentido, pero en el mundo de la pequeña y mediana empresa, en el mundo de la microempresa, en el mundo de una empresa que debe ser competitiva, en un modelo de regulación laboral que queremos que se parezca más a los modelos más avanzados de nuestro entorno, sus planteamientos no encajan.
De hecho, si sus planteamientos tuviesen la mayoría suficiente hoy en las cámaras, seguramente llevarían a más

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desempleo, a mayor precariedad, a una menor capacidad de las empresas de crear empleo estable y de calidad.


Convergència i Unió va a trabajar durante esta tramitación parlamentaria para permitir que nuestro sistema de relaciones laborales, nuestro Estatuto de los Trabajadores, sea más flexible en términos de aquello que necesitan las empresas, y especialmente las pequeñas y medianas empresas, y para que sea más justo para los trabajadores, lo que quiere decir mayor capacidad de reincorporación al mercado de trabajo, a través de buenas políticas activas, a través de buenas políticas de formación y a través de los buenos servicios públicos de empleo que colaboren con la iniciativa privada. Nos queremos inspirar, salvando las distancias y conociendo cuál es nuestra realidad, en esos mercados de trabajo europeos, donde se está combinando de manera adecuada e inteligente la flexibilidad y la seguridad. Estamos convencidos, señorías, de que aunque las reformas laborales a corto plazo no van a crear empleo, sí nos van a dejar en mejores condiciones de crear empleo cuando la economía empiece a recuperarse, así como que pueden trasladar más confianza a aquellos que deben invertir en nuestra economía y dar mayor credibilidad al Estado español frente a las instituciones internacionales y frente a los denominados mercados que, como ustedes saben y el Gobierno ha terminado reconociendo, afectan a las decisiones de políticas publicas que se tomen en España.


Es imprescindible para la salida de la crisis que seamos capaces de articular una buena reforma del mercado de trabajo. Ese es el compromiso de Convergència i Unió. El Gobierno sabe desde hace días cuáles son nuestras preocupaciones. A partir del previsible rechazo de las enmiendas a la totalidad que hoy se nos plantean, va a empezar el debate en el seno de la ponencia y de la Comisión correspondiente. Convergència i Unió ha decidido abordar este debate, no solo desde el sentido de la responsabilidad sino desde la convicción de la necesidad de un mercado de trabajo más eficiente para las empresas y más justo para los trabajadores. Esto va a depender de que en ponencia y en Comisión seamos capaces de hacer aquello que nos demanda la sociedad. Convència i Unió está por ello, y espero que entre todos seamos capaces de construir esa reforma del mercado de trabajo que necesitamos. Que el Grupo Socialista no se aproxime a esa realidad desde el dogmatismo ideológico, que sea capaz de asumir riesgos, y que el conjunto de los grupos de la oposición asuman también sus responsabilidades para mejorar ese planteamiento.
Vamos a tener pocos días para hacerlo, lo cual no es una buena noticia para un trámite parlamentario sumamente complejo y difícil, pero espero que entre todos seamos capaces, durante la próxima semana, de cerrar una buena reforma del mercado de trabajo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, si algo ha aprendido la sociedad española en estos últimos años es que el mercado de trabajo español ha respondido mal a la crisis económica y financiera. Ha sido la prueba del nueve de que nuestras instituciones laborales, con más de treinta años de recorrido, están anticuadas, que fueron creadas para proteger a los trabajadores en un mundo cerrado y endogámico, y que hoy, lejos de protegerlos, les perjudica en un mundo globalizado y muy competitivo. Si las normas laborales necesitan reformas permanentes para adaptarse a los cambios y a las nuevas circunstancias, mucho más deben hacerlo en circunstancias excepcionales de las que no podremos salir si no cambiamos para ser más eficientes y más productivos. La mejor prueba de ello es la respuesta a la crisis en desempleo de nuestros vecinos comunitarios. Una tasa de paro que pone de manifiesto la mitad del paro de nuestro país; 7 de cada 10 parados europeos son españoles. Los países con menos paro como Holanda, Austria y Eslovenia son los países que tienen los mercados laborales más flexibles y dinámicos. Señorías, en España desgraciadamente ha sido más difícil ser flexible y modificar las condiciones contractuales para capear el temporal, que despedir. Frente a esta realidad el Gobierno ha manifestado una inquietante inmovilidad.


Las preocupantes cifras de nuevos parados que ha ido dando la tasa de paro registrado o la EPA, cada mes o cada trimestre, han hecho percibir a la sociedad española un Gobierno mucho más preocupado de que esa realidad no generase problemas en la calle, que de trabajar ágilmente para revertir esta situación y conseguir la recolocación de esos millones de personas en el menor tiempo posible. Podríamos decir que el Gobierno ha dedicado más tiempo a justificar las cifras, a inventar excusas, a buscar culpables fuera de su entorno, que a buscar soluciones y reformas comprometidas para resolver el grave problema del desempleo en nuestro país. Si el del parado es el nuevo estatus de un buen número, de millones de españoles que han visto disminuir drásticamente su calidad de vida y su bienestar con el Gobierno socialista, el drama, señorías, ha sido mucho mayor para nuestros jóvenes, para casi la mitad de los jóvenes españoles que tras su periodo formativo, costoso para ellos y para sus familias pero también costoso para el Estado, han visto truncadas sus esperanzas de ser ciudadanos con plenos derechos, con el despilfarro que eso supone en capital humano para nuestro país en productividad y en justicia social.


Este ha sido, señorías, un Gobierno que se ha creído que la excusa de que la crisis venía de fuera y de que esta no era una crisis de empleo iba a impedir precisamente que se crease una crisis de empleo. Este ha sido, señorías, un Gobierno que se creyó que el simple enunciado del

deseo de un nuevo modelo económico o de una ley bastaban para cambiar el actual antes de que la parálisis

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reformista acelerase todos los problemas. Este ha sido, en definitiva, un Gobierno que se creyó que para capear el temporal bastaría con el generoso sistema de prestaciones con el que los españoles nos dotamos en el siglo xx sin darse cuenta de que, lejos de la solución al problema, el gasto en prestaciones se ha convertido hoy, con una cifra cercana a los 40.000 millones de euros anuales, en un nuevo problema que afecta a nuestras cuentas públicas, a nuestro déficit y a nuestra deuda.


España, señorías, no podrá salir de su propia crisis si no comienza por revertir su situación de paro y el lastre de este sobre nuestra economía.
España no volverá a ser nunca lo que era si no hacemos que los nuevos parados, que los nuevos subsidiados, que los dados de baja en la Seguridad Social se conviertan pronto en trabajadores, en cotizantes, en contribuyentes, en ahorradores o en consumidores. De lo contrario, seguirá ocurriendo lo que está ocurriendo ya, y es que quienes cayeron en el paro al inicio de esta crisis ya están empezando a consumir dramáticamente sus prestaciones -ya hay 2.700.000 parados sin ellas, sin subsidios e incluso sin el Prodi-, porque la tasa de cobertura ya ha descendido desde el 80 al 78 por ciento en unas pocas semanas, por eso 1.300.000 parados no recibe ningún tipo de ayuda, y esta situación va a seguir aumentando.


Señorías, más de seis años de Gobierno Zapatero; más de seis años sin un solo cambio útil en las normas laborales, el mayor periodo de sequía reformista de los últimos treinta años; más de seis años de escurrir la responsabilidad, de negar su necesidad, su oportunidad incluso, para ahora llegar tarde, con un 20 por ciento ya de paro y tener que correr a presentar esta reforma y tramitarla en agosto porque este Gobierno no trabaja desde la serena responsabilidad de mejorar el futuro de los españoles sino bajo la presión y el dictado de los países de fuera, que no están dispuestos a que la situación de España les complique también a ellos. Señorías, más de seis años esperando los frutos del diálogo social, dibujando líneas rojas y otorgando derecho de veto a una de las partes para ahora traerlo de la peor forma posible, sin ningún tipo de acuerdo. Nada se hará sin consenso; ese fue el estribillo de la canción preferida de un gobierno que por falta de liderazgo ha sido incapaz -absolutamente incapaz- de llegar a acuerdos ni con los agentes sociales ni con los grupos políticos -ninguno les ha apoyado e incluso han tenido problemas dentro de su propio grupo-, y ahora se enfrenta a una huelga general con espoleta retardada que precisamente era la excusa para su parálisis estos seis años. Este es, señorías, el Gobierno con menor diálogo social -es la primera vez que una reforma no tiene el apoyo de ningún agente social-, con mayor índice de fracaso en el diálogo social de la historia reciente de nuestro país. Seis años llenándose la boca de defensa de derechos, de nuevos derechos, para hacer ahora la política más antisocial de los últimos treinta años de España en la que después de despilfarrar superávits y déficits se pide ahora que paguen los demás y que se sacrifiquen los más débiles de nuestra sociedad, sin comprender que los recortes sociales, que los recortes en fomento, que las subidas de impuestos, que las subidas de la luz tienen también un efecto muy negativo sobre el empleo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señorías, estamos, en consecuencia, ante una reforma laboral poco seria, improvisada en un par de semanas, confeccionada contrarreloj a causa de la amenaza exterior, precipitada y redactada sin la serenidad necesaria a la hora de abordar un asunto de esta dimensión. Un texto que supone un conglomerado confuso de medidas y de retoques deslavazados, incoherentes en el que se percibe claramente la ausencia de un hilo conductor o, lo que es lo mismo, la ausencia de un objetivo claro que responda a un diagnóstico adecuado. Señorías, el texto sometido hoy a enmienda de totalidad -con dos textos alternativos que, a nuestro juicio, supondrían aún un mayor retroceso y un mayor perjuicio para nuestra economía- incorpora disposiciones mal orientadas junto con otras que son claramente erróneas o contraproducentes, cuya suma vectorial produciría una resultante neutra, cuando no negativa. Es, por tanto, una reforma insustancial, coyuntural que no moderniza el mercado laboral español y que no va a solucionar el problema de los 4.600.000 parados ni el de las empresas en dificultades, lo cual no hace la contratación más atractiva para los empleadores y que por ello no es la reforma que necesita España porque no es útil, porque no prepara a nuestro país para el despegue ni permite afrontar cambio alguno en el modelo productivo.


Contiene, si me lo permiten, tres cuestiones de forma muy relevante. La primera, una auténtica obsesión por el despido, concretamente por abaratar el despido, desenfocando el auténtico problema de nuestro mercado de trabajo y renunciando a la introducción de estímulos reales para la empleabilidad y para la creación de nuevo empleo; en segundo lugar, otra obsesión, la obsesión por subsidiar, por facilitar, por financiar el despido con fondos públicos, incluso en el caso de despidos improcedentes, y la tercera obsesión, por intentar emular, copiar, de una manera a mi juicio dudosa, todos los modelos que vienen de otros países con estructuras, con sistemas productivos, con cotizaciones, como el alemán o el austriaco, con escasa adaptabilidad en algunos casos a nuestra realidad. Por consiguiente, obsesiones y carencias; carencias en negociación colectiva, carencias en formación para el empleo, carencias en absentismo, en la relación entre políticas activas y pasivas, en recolocación o en orientación laboral, por poner algunos ejemplos.


Señorías, a estas reformas precipitadas, presionados por otros, les suele pasar este tipo de cosas, que acaban no siendo útiles, que acaban sirviendo para poco. Señorías, 4.600.000 parados, 1.300.000 familias con todos sus miembros en paro, 2 millones de parados de larga duración, 1.200.000 parados inmigrantes, uno de cada cinco parados sin prestación se merecían más de este Gobierno. Lo peor que ustedes pueden ofrecerles ahora es una oportunidad, su única oportunidad en seis años, perdida.
Nosotros, señorías, vamos a intentar evitarlo

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con nuestras enmiendas de hoy, de esta tarde, con nuestras propuestas y con nuestras alternativas, con las mismas con las que un día cambiamos el panorama del paro en la España socialista de 1996 superior al 23 por ciento, eliminando contratos basura y creando más de cinco millones de puestos de trabajo netos, el mayor bienestar de nuestra sociedad como sociedad moderna. Las mismas propuestas y alternativas que hoy les vamos a brindar a ustedes, las mismas propuestas y alternativas, cuando ustedes dejen expresarse y decidir a los ciudadanos, volveremos a ofrecer a todos los españoles para cambiar también, para cambiar otra vez el panorama del paro, más del 20 por ciento de la España socialista de 2010.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echániz.


Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra don Jesús Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, está en estos momentos en tramitación, y como consecuencia de esa tramitación hoy nos llegan dos enmiendas a la totalidad que plantean unos presupuestos con los cuales no estamos de acuerdo, pero que nos tienen que servir para hacer una reflexión en plenario sobre los problemas de nuestro mercado de trabajo y también sobre las razones de por qué el Gobierno presentó, el 16 de junio, este real decreto. Hay elementos que son comunes a todas las intervenciones; previsiblemente, la última que hemos tenido que escuchar esta mañana antes de mi presencia en la tribuna no es muy común, pero en el resto sí que podemos decir que las razones económicas que en estos momentos tenemos, los elementos de productividad y de competitividad que tienen nuestras empresas, las deficiencias que tiene nuestro mercado de trabajo como otros mercados de la Unión Europea, hacen que hayamos presentado una propuesta de reforma del mercado de trabajo que, por otro lado, venía siendo demandada por el conjunto de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales, así como por el conjunto de la sociedad, señor Echániz, no solamente por el Fondo Monetario Internacional. Era una reivindicación que venía haciéndose y que no estaba excluida, por ejemplo, del acuerdo que en el año 2008 se hizo sobre la declaración de principios de por dónde tendría que ir el diálogo social, donde ya se decía que tendríamos que hacer una reforma del mercado de trabajo que permitiese y potenciase una economía productiva diferente, que no se basase exclusivamente en el terciario como tenemos en estos momentos y que se buscase una alternativa al sector de la construcción e inmobiliario. Esa es la realidad, ese es el marco sobre el cual se inscribe la propuesta que hemos presentado.


¿Qué tenemos en estos momentos? Una reforma laboral que queremos que impulse un cambio del modelo productivo; un modelo productivo que es diferente al de los otros países de la Unión Europea y que hasta ahora ha tenido también en esa diferencia un referente del mercado de trabajo que lo ha impulsado. No podemos estar diciendo permanentemente, señorías, que nuestro mercado de trabajo adolece de grandes deficiencias y que el resto de los países europeos tienen unas relaciones laborales maravillosas porque es falso. Nosotros la temporalidad la tenemos en exceso pero en otros países está creciendo; tenemos dificultades en la flexibilidad interna pero otros países las están teniendo. ¿Por qué tenemos una industria de la automoción que es competitiva con la alemana, con la inglesa, con la italiana, con la francesa e incluso somos los segundos productores de automóviles del mundo? Porque tenemos unas magníficas relaciones laborales en ese ámbito. ¿Por qué no las podemos exportar a otros ámbitos? Porque nuestras empresas son diferentes y porque tenemos el 75 por ciento de nuestro tejido productivo, señorías, constituido por empresas de menos de seis trabajadores. Tenemos por lo tanto que hacer una adaptabilidad de ese mercado de trabajo a esas relaciones productivas emanadas de esa tipología de empresas, como Francia o Alemania tienen en este momento otros problemas y están buscando soluciones en sus ámbitos.


Nosotros, ¿qué hemos planteado? Una solución que es la más ajustada, que no rompe la cohesión social que supone nuestro derecho laboral y que introduce mecanismos para adaptar nuestro sistema productivo a la competitividad del futuro. Eso es lo que hemos hecho. Por eso hemos planteado elementos para reducir el desempleo, pero sin romper la temporalidad que es necesario mantener en una proporción adecuada para seguir apalancando el sector servicios que es una parte importante de nuestro sistema productivo. Por eso estamos introduciendo en estos momentos estímulos para la contratación indefinida, porque creemos que es necesario incrementarla o restringir las posibilidades de abusar de la contratación temporal. Eso es lo que estamos haciendo con el proyecto de ley que tenemos en estos momentos en discusión o corregir la dualidad de nuestro mercado de trabajo, que también estamos introduciendo por ahí planteamientos. Para mejorar la productividad estamos buscando elementos de flexibilidad interna de las empresas que hasta ahora no se han puesto en marcha por diferentes factores: problemas de negociación colectiva pero también problemas de gestión empresarial y de representación sindical, que aquí cada uno tiene que llevarse la parte que le corresponde, no exclusivamente el Gobierno. También estamos planteando articular mecanismos para situar el despido como la última solución, porque en estos momentos para competir una empresa en nuestro país, señorías, ustedes saben muy bien que la mejor forma que tiene es rebajar las plantillas, hasta tal punto de que el anuncio de una reducción de plantillas para una empresa del Ibex en nuestro país es garantía de aumento de la cotización. Eso no es posible. Esa cultura hay que cambiarla. Eso es lo que

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queremos decir con este proyecto de ley cuyo debate estamos a punto de empezar en Comisión.


En este marco nos plantean, tanto Esquerra Republicana como Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el Bloque Nacionalista Galego, dos enmiendas a la totalidad. Se trata de dos enmiendas que plantean textos alternativos que rompen, desde nuestro punto de vista, de una manera excesivamente rígida el planteamiento de equilibrio en el que ha sido diseñada la reforma que nosotros planteamos. Estoy seguro de que lo hacen con muy buena intención y también de que es en respuesta a presupuestos de carácter programático de las fuerzas políticas que han presentado esta enmienda, pero sinceramente hay elementos que contienen estas dos enmiendas que no son aceptables. Por ejemplo, señorías, en estos momentos hablar de una reducción de jornada a treinta y cinco horas semanales es procedente siempre, pero viable no lo es, de la misma manera que tampoco es oportuno plantear un endurecimiento del régimen regulador de las horas extraordinarias. Desgraciadamente hay pocas horas extraordinarias en nuestro país porque no se hacen en el sector que más tiró de ellas que es el sector de la construcción. Del mismo modo, introducir elementos de rigidez en la salida del empleo mediante el establecimiento de la readmisión obligatoria en el despido improcedente es muy difícil de encajar cuando ahora lo que necesitamos es mayor elemento de flexibilidad, con garantías pero de flexiseguridad. Tampoco estamos de acuerdo con la radical posición en contra del reconocimiento de las empresas de trabajo temporal, porque ustedes saben muy bien que nosotros tenemos una ley, la Ley 27/2009, en la que llegamos a un acuerdo todas las fuerzas políticas y en la que planteamos que era necesario desarrollar la directiva europea y adaptar las empresas de trabajo temporal y las agencias de colocación al marco de la directiva europea.
En ese sentido lo estamos haciendo, con garantías, manteniendo el equilibrio entre lo público y lo privado, y al mismo tiempo con la exigencia de que no haya discriminación por las prácticas abusivas de estas empresas. Eso lo estamos haciendo en la propia ley, y no entendemos la rigidez que quieren introducir en los contratos formativos. Hay que involucrar más a la empresa en los contratos formativos, no con rigideces sino con ayudas a la formación, con garantías de la formación y de las prácticas y al mismo tiempo con un estatus que a nuestros jóvenes no les sitúe en estos momentos como trabajadores casi del siglo xix más que del siglo xxi. Esos son los elementos que hemos identificado que no nos permiten apoyar la enmienda a la totalidad que hoy mismo han planteado.
No podemos estar conformes pero consideramos que tenemos que llegar a acuerdos, todas las fuerzas políticas -ustedes y nosotros, los nacionalistas y el partido mayoritario de la oposición-, para intentar sacar una reforma que tenga el mayor grado de acuerdo posible, y no porque primen unos intereses por encima de otros, sino porque haya elementos que sean el denominador común de la situación que tenemos en estos momentos y la salida que todos podemos consensuar. Desgraciadamente no hemos podido hacer una reforma laboral fruto del diálogo social, y este no es un problema política. Este es un problema social que tiene enorme trascendencia porque una reforma laboral con confrontación social tiene en estos momentos escasa capacidad de permeabilizar en la sociedad.


Esa es la realidad, ese es el problema al cual nos enfrentamos. No es un fracaso del Gobierno, señor Echániz, ni es una claudicación del Gobierno frente a los intereses multinacionales de entes extranjeros. No, la realidad que tenemos es que no hemos podido llegar a acuerdos, y trasladarlo a las empresas sin acuerdo es muy complicado. No es un problema de que no hay acuerdo; es que hay oposición. Por lo tanto, frente a esa situación social el compromiso que deberíamos adquirir las fuerzas políticas aquí presentes es llegar a un máximo de acuerdos para que esta reforma, que no ha podido tener el apoyo en la mesa de diálogo social, sea lo suficientemente potente para que dé tranquilidad a la sociedad, sea permeable y sea capaz de llegar a todos los rincones de la industria y del mundo del trabajo. Si nos creemos realmente que hay que hacer una reforma laboral, pensemos que el primer objetivo de una reforma es que sea efectiva, y para que sea efectiva tenemos que suplir desgraciadamente el mundo del acuerdo en el ámbito social por el mundo del acuerdo en el ámbito político. Eso es lo que para mí en estos momentos es fundamental y eso es lo que para mi grupo es un elemento determinante de nuestro comportamiento a la hora de encarar este problema y de buscar soluciones en el debate en ponencia y en Comisión la próxima semana. Queremos huir de las soflamas, queremos huir de las descalificaciones. Estamos esperando, como agua de mayo, esas enmiendas que nos está prometiendo el Grupo Popular para discutirlas con ustedes, como con el resto de grupos, pero con actitud constructiva, porque lo demás ya lo hemos hecho desgraciadamente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Membrado.


Se suspende la sesión hasta las dieciséis horas.


Era la una y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 48/2003, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PUERTOS DE INTERÉS GENERAL. (Número de expediente 121/000024.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


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Vamos a examinar en primer lugar las enmiendas del Senado. ¿Les parece a SS.SS. que señalemos el tiempo máximo en cinco minutos para cada grupo? (Asentimiento.) Así lo haremos, muchas gracias. En primer lugar, proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en puertos de interés general.
Tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, volvemos a debatir en esta Cámara la Ley de Puertos y lo hacemos a pesar del amplio acuerdo parlamentario entre los dos partidos mayoritarios de la Cámara que parecía inamovible. Lo hacemos porque ese amplio acuerdo de los dos grandes partidos imposibilitó escuchar las voces de los que planteábamos algunas alternativas y decíamos que había temas que no estaban resueltos en esa ley. No se nos quiso escuchar cuando decíamos que era implanteable en Canarias no reconocer el hecho territorial a la hora de conformar los consejos de administración de las autoridades portuarias. Afortunadamente, la Cámara Alta ha tenido más sensibilidad, ha sido más sensible con el planteamiento que hacíamos desde Coalición Canaria (Aplausos del señor Ayala Sánchez.), planteamiento que no quisieron escuchar el señor Ayala o el señor Simancas cuando lo planteábamos en este debate. Era un debate nuevo que surgió en ponencia. En ponencia ya se lo dijimos: en Canarias tienen que formar parte del consejo de administración los cabildos como en Baleares los consells insulares. Se lo dijimos en Comisión y se lo repetimos en el Pleno. Ustedes nos dijeron que iban a ser más sensibles en el Senado, que incluso iban a presentar ustedes la enmienda, pero no lo hicieron. La enmienda la presentó una vez más Coalición Canaria en el Senado y afortunadamente hubo un cambio de decisión que posibilitó que se incorporase al proyecto de ley.


Señorías, quiero agradecer de verdad la sensibilidad de las dos fuerzas mayoritarias a la hora de plantear y aceptar esa propuesta, como agradecí en mi intervención anterior la sensibilidad a la hora de incorporar temas que eran importantísimos para Canarias, como el concepto de ultraperiferia, que se incorpora al proyecto de ley; el concepto de bonificación, que no estaba incorporado por una interpretación errónea del equipo del Ministerio de Fomento anterior sobre la sentencia del Tribunal Europeo, y también que Canarias sea plataforma logística del Atlántico con terminales en las siete islas. Esto supone un avance importantísimo, junto con el artículo que recoge la singularidad de Canarias en cuanto a la percepción de ayudas al transporte contempladas en ejercicios anteriores. Sin embargo, señorías, seguimos diciendo que la ley nace con un amplio consenso, pero me preocupa que ese amplio consenso se entienda exclusivamente como que la ley no va a cambiar en los próximos años, porque tenemos que reconocer dos cosas que nos parecen fundamentales. Por un lado, la disposición que establece un recorte de la presencia autonómica en la gestión de los puertos y una centralización de nuevo, volviendo a años anteriores, de Puertos del Estado dentro de las divisiones de las autoridades portuarias, que pierden autonomía en función de potenciar nuevamente Puertos del Estado. Por otro lado, quizás el pero mayor que desde Coalición Canaria se plantea a esta ley es que crea el Fondo de compensación por las bonificaciones que se aplican a los puertos canarios a los que se puedan aplicar. Creemos que el fondo es insuficiente y que al final la generosidad o el planteamiento de las bonificaciones que se establecen en la ley que posibilita esos coeficientes correctores de las tarifas o esas bonificaciones que se establecen van ser pagadas exclusivamente por la economía de las autoridades portuarias. Nos parece que el fondo no va a cubrir los descuentos o las bonificaciones que se pueden aplicar a los usuarios, con lo que corremos el peligro de que como no se establece por ley la bonificación, cuando la cuenta de resultados de la Autoridad Portuaria no sea positiva puede tener la tentación de bajar el nivel de bonificación.
¿Eso qué significa? Incremento de precios de la Actividad Portuaria, lo que en definitiva implica un incremento de los precios que tienen que pagar los usuarios por la utilización de los puertos. En definitiva, la cesta de la compra de los usuarios en Canarias se va a incrementar, con lo cual vamos a tener un problema que se nos traslada desde el ámbito estatal al ámbito autonómico; y eso lo digo por algún diputado canario que ha participado con nosotros en algún debate en las islas.


En definitiva, señorías, no estamos de acuerdo porque falta una parte importante en la ley, y sin embargo es obvio que hoy se trata de una enmienda que nuestro grupo planteó al Gobierno. Agradezco una vez más la sensibilidad de los dos grandes grupos, por lo que hoy votaremos favorablemente, como no puede ser de otra manera, la enmienda que se aprobó en el Senado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Francesc Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, presidente.


Señorías, lógicamente, vamos a apoyar esta enmienda porque responde a nuestra filosofía de que las grandes infraestructuras de un territorio precisan un grado de autonomía importante y unos gestores o centros de decisión principalmente vinculados a dicho territorio. Este proyecto de ley que hoy finaliza su trámite parlamentario se caracteriza por haberse pactado casi exclusivamente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, excluyendo en la práctica a las demás fuerzas políticas representadas en esta Cámara. El hecho de que estas dos formaciones hayan acordado hasta 415

enmiendas es la mejor demostración de lo que acabo de

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señalar. El resultado es un texto que no se parece en nada al que el Gobierno nos presentó en su día. Señorías, hoy, por enésima vez, el Estado español ha vuelto a demostrar cuál es su visión sobre las infraestructuras de este país, un modelo radial y no en red, con un centro que, pese a estar muchos kilómetros de cualquier puerto, va a decidir hasta aspectos cotidianos de su actividad. Leyendo las intervenciones del señor Simancas y del señor Ayala del pasado 13 de mayo de 2010 uno se puede formar una opinión errónea, pero tras las palabras existen unas enmiendas pactadas y un texto final que hablan por sí mismos. Déjenme decirles que ustedes, la derecha y la izquierda españolas, obsequian diariamente a la ciudadanía con reiterados mensajes y acusaciones extremadamente agresivos y estridentes. Sin embargo, cuando se trata de mantener el poder de la Administración General del Estado frente a comunidades autónomas con una clara proyección internacional y vocación comercial, como es el caso de la nación catalana, todo este estruendo al que nos tienen habituados desaparece, se evapora. Entonces sí que son ustedes capaces de ponerse de acuerdo. Derecha e izquierda parlamentarias españolas, como decía, se dan la mano y: ¡a por ellos!, es decir, a por nosotros, evidentemente. Se ha consumado lo que advertía el señor Macias y nosotros ya dábamos por hecho el pasado mes de mayo: una auténtica loapa portuaria. Los puertos de Barcelona y Tarragona no solo no van a poder dotarse de un régimen especial, como en su día se nos hizo creer, sino que a partir de la publicación de esta ley en el BOE se va a formalizar el final de una senda iniciada en 1992 y en 1998. Me gustaría estar totalmente equivocado, pero mucho me temo que la gestión del aeropuerto de El Prat correrá el mismo destino que los puertos de Barcelona y Tarragona, y si no, al tiempo. Ante todo ello, y aunque lamento tener que decirlo, entiendo la incomodidad de los 25 diputados y diputadas del PSC, que vuelven a estar atados de pies y manos y obligados a votar en contra de lo que han hecho sus compañeros del Parlament de Catalunya. Así no podrán continuar eternamente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Por el mismo grupo, ¿desea intervenir, señor Herrera? (Asentimiento.) Tiene la palabra.


El señor HERRERA TORRES: Intervengo de forma también muy breve porque ya lo ha explicado el señor Canet. En materia portuaria nos encontramos con lo contrario de lo que anunciaba esta mañana el vicepresidente Chaves. Él decía que abríamos una etapa, que continuábamos descentralizando, y lo que hoy tenemos es un ejemplo de centralización clara y dura. Es centralización en materia portuaria, una loapa portuaria que hace que lo poquito que se anduvo en 1992 y después en 1998 ahora se desande. Se desande para hacer que aquellos que podían tener voz, voto y liderazgo con estrategias propias en materia portuaria, desde las comunidades autónomas, desde la proximidad, hoy ya no los puedan tener. Hay una gran coincidencia, es cierto, entre Partido Popular y Partido Socialista, pero hoy hay una pésima noticia por una razón muy simple, porque lo que anunciaba esta mañana el vicepresidente Chaves es exactamente lo que hoy se va a hacer. Creo que nos hacemos un mal favor, que se hacen un mal favor, porque el modelo portuario no va a ser mejor, va a ser peor, no va a ser público, va a caminar hacia la privatización y se va a alejar de la cercanía y de la gestión desde la proximidad. Pero, bueno, esas son las coincidencias del Partido Socialista y del Partido Popular esta tarde y esta es la conclusión: la loapa portuaria.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, Lohengrin, que era caballero del Grial, hijo de Percival -Parsifal-, viajó al reino de Brabante para defender el honor de la princesa Elsa, agraviada por el malvado Telramund -para reparar el honor-. Lohengrin pide la mano de la princesa Elsa y le dice que van a pasar toda una eternidad juntos, con una condición solamente: que nunca le pida ni su nombre ni su origen. Ustedes conocen perfectamente la historia. Todos ustedes también conocen la historia de que justamente la noche de bodas la fatalidad sucede y, motivada por todas las habladurías, por todas las perversidades de unos y otros, finalmente la princesa le pide a Lohengrin que le diga quién es. A Lohengrin no le queda más remedio que abandonar y marcharse. La fatalidad, señoras y señores diputados, ocurre, y ocurre no solamente en estas bellísimas óperas sino también aquí, en la política española.


Cuento esto porque leía un teletipo que explicaba la entrevista que han mantenido el señor presidente de la Generalitat y el señor presidente del Gobierno, en la que decían que uno de los acuerdos de esta mañana, según la señora De la Vega, es que se va a adoptar un índice de impacto de invasión normativa en todas las disposiciones normativas que adopte el Estado. ¿Acaso esta no es una fatalidad importante? Después de cuatro años, sentencia del Tribunal Constitucional, ayer, que aquí no se aprobó absolutamente nada; hoy, reunión de presidentes, anuncio de un índice de invasión normativa, y justamente tres horas después, fatalidad, noche de bodas -estamos en noche de bodas, señoras y señores diputados-, resulta que en estos momentos ya tenemos la oportunidad de empezar a probar el índice de la señora vicepresidenta. Es así. Algunos de mis compañeros han calificado esta ley de loapa portuaria, se dice también. Y creo que sería un buen ejercicio someterlo a este índice, si es que finalmente este índice triunfa, y se pusiera de relieve que

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gracias al acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular han hecho un esfuerzo -y lo quiero reconocer porque las cosas que son de justicia hay que reconocerlas- para hacer una buena ley desde el punto de vista de aspectos técnicos, en la que nosotros hemos intentado también colaborar, pero -¡oh, fatalidad!- ni los unos ni los otros han sabido abstraerse de las tentaciones de aprovechar cualquier resquicio, cualquier artículo para ir quitando autonomía y recabar más centralización en la política portuaria. Esta es nuestra fatalidad. No sé qué remedio le quedará después de esta Ley de Puertos al caballero Lohengrim, si es que tendrá que coger su barco, que estará anclado en alguno de los puertos del Estado -porque son puertos del Estado-, e irse a cualquier otro puerto.


En cualquier caso, mi grupo quiere dejar constancia de que una gran oportunidad se ha perdido; que asistimos a un recorte de competencias con la complicidad del Partido Socialista y del Partido Popular; que Convergència i Unió les anuncia que va a hacer todo lo posible dentro de esta Cámara y en cualquier foro político para dar la vuelta a los aspectos que ya denunciamos de esta ley. Para Convergència i Unió cuando uno habla de respeto al espíritu del Estatuto, cuando uno defiende, incluso cuando uno busca índices para ver si se invaden o no competencias, lo más importante es la actitud, la actitud noble, serena que tuvo el caballero Lohengrim y que, en cambio, no fue acompañada por el malvado Telramund. Deseo que esta gran historia operística y esta triste historia de la Ley de Puertos tenga también su vuelta, su retorno y que de aquí a algunos meses en esta Cámara podamos asistir, con la mayoría que haga falta, a la corrección de los preceptos que hoy hacen que Convergència i Unió, una vez más, no pueda dar apoyo a esta ley, aunque sí vamos a apoyar la moción, que, en definitiva, introduce algo de sensibilidad en relación con los puertos canarios.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Pilar Ramallo.


La señora RAMALLO VÁZQUEZ: Gracias, presidente.


Aunque algunos esperaban la presencia del señor Ayala, ni estamos de noche de bodas ni yo soy la princesa (Rumores.). Pero prácticamente durante las últimas dos décadas y por diferentes razones la inestabilidad jurídica ha sido el principal problema del sector portuario español y el principal factor que ha estado lastrando su modernización y su capacidad competitiva y poniendo en serio riesgo su estructura económica y financiera. Por tanto, cortar completamente esta problemática ha venido siendo un objetivo prioritario y urgente. Las distintas legislaciones que se han ido produciendo se aprovecharon para dar un impulso a la modernización y a la competitividad de los puertos de interés general al introducir mecanismos que favorecieran la competencia en la prestación de servicios. Pero con la crisis económica se ha acentuado una reducción muy importante de los tráficos portuarios, en más de un 15 por ciento desde el año 2008, así como una reducción de la capacidad inversora tanto pública como privada. Por tanto, por razones de interés general, asociadas a la mejora de la competitividad, se hacía imprescindible e inaplazable llegar a un acuerdo de los dos partidos mayoritarios con capacidad para gobernar a fin de estabilizar el marco jurídico de nuestros puertos y dotarlos de una estructura tarifaria y prestacional flexible. Por tanto, el sentido de Estado se ha impuesto y ha sido posible un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, superando viejos principios, sobre la base de un modelo portuario compartido en lo básico, partiendo de la Ley de Puertos de 1992, continuando con la Ley de 1997, que supuso dar entrada a la participación de las comunidades autónomas en la gestión de las autoridades portuarias, y con la Ley 48/2003 se asumen y consolidan los avances introducidos por cada legislación, sin retrocesos y en una apuesta de futuro hacia puertos modernos, ágiles, competitivos y con más autonomía de gestión. Sí, con más autonomía de gestión y con un marco tarifario flexible, reducido y adaptado a las condiciones de los mercados y a los intereses estratégicos. Por lo tanto, es un modelo que, al haber sido pactado con sectores empresariales y con sectores sindicales portuarios, da un mensaje de estabilidad al sector y le sitúa en una inmejorable posición.
En consecuencia, es una buena noticia para los puertos. Con 302 votos que tuvo se aprobó la modificación de la Ley 48/2003 en el Congreso, y el Grupo Parlamentario Popular ha tenido una participación intensa y efectiva en cambiar una ley que había entrado en el Congreso en el año 2008 y que se ha modificado de manera sustancial con 450 enmiendas aceptadas, 405 de ellas pactadas por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.


Los puertos de interés general son competencia del Estado; lo dice la Constitución. La importancia de los puertos radica en que en ellos se efectúan actividades comerciales marítimas internacionales; que sus zonas de influencia afectan a más de una comunidad autónoma; que sirven a industrias o establecimientos de importancia estratégica; que el volumen anual y las características de sus actividades comerciales alcanzan niveles suficientemente relevantes o responden a necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado, y que sus especiales condiciones constituyen elementos esenciales para la seguridad del tráfico marítimo. Nuestros puertos compiten con los de otros países de nuestro entorno, y el alto grado de descentralización del sistema español hace que también exista competencia entre los puertos propios de los enclaves españoles. Por tanto, el objetivo clave de esta reforma es mejorar la competitividad de los puertos e impulsar la economía, y esta ha sido, señoras y señores, la clave de la unión del Partido Socialista y

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del Partido Popular en este tema capital. Los puertos no son una administración al uso. Son potentes herramientas que se tienen que autofinanciar, que tienen que ser rentables, que tienen que competir, que tienen que actuar con eficiencia y que cada vez son más autónomos, lo que facilita su competencia y su puesta en valor. Como esta es una ley de contenido eminentemente económico y se mantiene una estructura única de las tasas portuarias con bonificaciones regladas y con coeficientes correctores potestativos para cada puerto, cabe preguntarse cuáles son las claves del éxito. Son la eficiencia en la gestión y la rentabilidad de cada puerto. El Partido Popular ha hecho un esfuerzo de lealtad y además por primera vez vamos a apoyar esta enmienda porque nunca habían tenido representación ni los cabildos de las islas Canarias ni los consells de las Islas Baleares. Nunca habían tenido representación en ley. Solamente ha sido introducida esta única enmienda del Senado que hoy debatimos y votamos. Nos mostramos sensibles con las autoridades portuarias de Canarias, con la Autoridad Portuaria en Baleares, donde la insularidad y la ultraperificidad están bonificadas perfectamente en esta ley como no lo habían estado en otras.


Concluyo esperando haber expuesto nuestra postura en un tema de vital importancia para la economía española y, en definitiva, en un tema de vital importancia para el sistema portuario. Votaremos que sí, por tanto, a esta enmienda.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ramallo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Gloria Rivero.


La señora RIVERO ALCOVER: Gracias, señor presidente.


Señorías, anuncio el voto positivo de mi grupo parlamentario, como no podía ser de otro modo, a la enmienda aprobada por el Senado a la que se ha llegado tras numerosas consideraciones, deliberaciones y finalmente entendimiento de la diferencia clara y necesaria que tienen los cabildos insulares y los consells de las Islas Baleares para que alcancen su representación mediante la incorporación individual de cada uno de ellos en los consejos de administración de las autoridades portuarias. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Este es el único motivo por el que regresa este proyecto de ley nuevamente al Pleno ya que en su día no se pudo alcanzar dicho acuerdo no porque no lo quisiera el Grupo Parlamentario Socialista o el Grupo Parlamentario Popular, sino por entenderlo totalmente injustificado por parte de Coalición Canaria, pero felizmente ha sido asumido y aclarado y se modifica la disposición final segunda, 10, de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante a través de este proyecto por nuestra voluntad de que los cabildos y los consells estén representados en esta ley.


Señorías, como todos ustedes saben y aquí se ha dicho en diversas intervenciones que se han suscitado a lo largo de este proyecto, el sistema portuario de titularidad estatal es un instrumento esencial en la economía española. La primera condición de una reforma estructural de este calibre es sumar voluntades y concitar capacidades. Por eso la recta final en la tramitación de este proyecto de ley se ha afrontado desde el diálogo, desde el encuentro y desde el acuerdo; un acuerdo en el seno de la comunidad marítimo-portuaria entre los sectores económicos implicados, entre los trabajadores portuarios y entre las instituciones municipales y autonómicas, sin olvidar, claro está, a los representantes políticos que tenemos la responsabilidad de aprobar la ley. Esta ley será la de mayor participación en su proceso de elaboración y con más apoyo parlamentario de la democracia, pese a los discursos que hemos escuchado nuevamente a varios portavoces en la tarde de hoy. No ha sido fácil, es un proyecto que durante más de dos años ha tenido un alto riesgo de no salir adelante por diversas vicisitudes, pero las valiosas aportaciones incorporadas por los grupos políticos han dado satisfacción a las necesidades y expectativas de la comunidad portuaria y del conjunto de la sociedad española, que han venido solicitando que fuera una ley de estabilidad y de eficacia futura. En palabras del ministro de Fomento, la ley de 1992 fue una ley socialista; las leyes de 1996 y del 2003 fueron leyes populares, y sin embargo la Ley de Puertos del año 2010 no tendrá más apellidos que los del consenso y del interés general, y no de la fatalidad, señor Macias, porque quiero pensar que cuando usted se refiere a la ópera no está pensando en las que se representan en el Palau de la Música. Este proyecto, señorías, da el paso definitivo hacia el modelo del futuro del sector portuario, apostando además por tres principios: mayor autosuficiencia financiera, mayor autonomía de gestión de la Autoridad Portuaria en lo relativo al suelo, a las infraestructuras y a los servicios, y control económico financiero bajo criterios de racionalidad y de equilibrio. Creo que en definitiva este nuevo marco regulatorio introduce conceptos adicionales, como la apuesta por la sostenibilidad y el fomento de la intermodalidad y, por tanto, las grandes alianzas entre puertos como parte de su inserción en las grandes rutas marítimas.


Algunos se han empeñado en situar este debate en la competencia, en la autonomía, en otras coordenadas, pero nosotros no. Se empeñan en subrayar el supuesto conflicto competencial, que a nuestro juicio no tiene ninguna base en esta ley. Es un juego previsible, señor Macias, pero un poco lamentable porque se pactan los intereses económicos pero se mantiene el discurso descalificador en relación con el poder, con la influencia y con la autonomía. Con este debate competencial quiero decir tres cosas: primero, que esta ley regula los puertos de interés general del Estado y corresponde al Estado, porque así lo determina la Constitución, su regulación y su gobierno; segundo, que aporta más autonomía a las autoridades portuarias, y tercero, que además habla de

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eficiencia y de competitividad en los puertos que requieren autonomía y descentralización, sin duda, pero también coordinación y control para que se ajusten al derecho y cumplan los requisitos de autofinanciación.


No quiero acabar sin referirme a Canarias. Quiero hacer hincapié en el grandísimo esfuerzo que se ha hecho para atender las especificidades y demandas de los distintos sectores de Canarias, plasmándose en la exposición de motivos de la propia ley y reconociéndose a Canarias el carácter ultraperiférico de la misma y, por tanto, como plataforma logística del Atlántico medio, incorporando la bonificación de tasas de la nueva condición de ultraperificidad y añadiéndose además en el régimen económico del sistema portuario, precisamente en las tasas de tránsito internacional, que todos los terminales de los puertos canarios sean integrados como plataforma logística atlántica e igualmente en los costes del transporte marítimo y aéreo. Por último, respecto al fondo de compensación, que también se ha dicho aquí y que es el único recóndito...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Rivero, por favor.


La señora RIVERO ALCOVER: Sí, acabo enseguida, señora presidenta.


Respecto a ese fondo económico he de decir que precisamente con el reparto que se ha hecho ahora, Canarias, que había recibido en la aportación del fondo anterior 995.000 euros, en este momento recibe 10.192.000 euros, que cuadruplica por tanto la cantidad anterior. Para muestra de compromiso, de esfuerzo y de las necesidades y deficiencias de los puertos de Canarias, un botón, el esfuerzo que ha hecho el Gobierno del señor Zapatero.


Termino diciendo que aprobamos una importante ley cargada de acuerdos y de aportaciones de los distintos grupos minoritarios, con el acuerdo inicial del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, y por tanto creo que todos debemos darnos la enhorabuena por las aportaciones.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Rivero.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE UN SISTEMA ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. (Número de expediente 121/000055.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene en primer lugar la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria sobre las enmiendas que se han tramitado en el Senado relativas a este proyecto de ley, en el que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. En primer lugar, quisiera hacer una referencia al trabajo de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, que han estado permanentemente preocupados y que han transmitido a todos los grupos parlamentarios la necesidad de un derecho. Señorías, no ha sido fácil ni habitual que esta Cámara en estos años de democracia haya legislado sobre los trabajadores autónomos. Ha sido muy difícil que las Cortes Generales hayan elaborado proyectos que se refieran a estos trabajadores que generan una actividad económica importante en muchos territorios. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Canarias son más de 100.000 autónomos los que están en este momento representando diferentes sectores económicos importantes: más de 30.000 el comercio; más de 12.000 la construcción; o más de 14.000 la hostelería.


En cuanto a las enmiendas presentadas en el Senado, compartimos los criterios que le llevaron a estas modificaciones en lo referido a la prestación por cese de actividad, incluso a la posibilidad de recibirlo de una sola vez, aunque se vincula a cursos de formación y al comienzo de una nueva actividad. La utilización de nuevas tecnologías en las relaciones de los autónomos con la Seguridad Social nos parece un avance importante, así como en lo que hace referencia a la Ley de prevención de riesgos laborales.


Señorías, en definitiva, damos un paso importante, probablemente histórico, ya que somos muy dados a utilizar este término para cualquier acontecimiento que ocurra en estas Cortes Generales. En este caso, estas Cortes Generales han dado la respuesta que merecían en este momento todos los trabajadores autónomos de este país.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.


Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


El Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente todas las enmiendas al articulado que han sido incorporadas al proyecto de ley en el Senado. No lo vamos a hacer así en dos de las disposiciones adicionales por las razones que brevemente voy a explicar. Por un lado, la disposición adicional decimotercera que, aun quedando condicionada a una serie de requisitos que se establecen en la propia ley y se deja por fijar reglamentariamente las medidas que desde el Gobierno se consi

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deren, nos ofrece muchas dudas en lo que podríamos denominar el elemento de equidad en la ley entre aquellas personas que, a partir de la aprobación de la misma, van a ser contribuyentes para luego poder acceder a esa prestación por cese de actividad y esta prestación no contributiva.
Desde luego, no podemos estar frontalmente en desacuerdo con la cuestión, en la medida en que somos conocedores de la situación de dificultades económicas por la que han pasado y están pasando muchos autónomos que dejaron, durante el año 2009 y lo que va de 2010, su actividad de empresa, su actividad laboral. Señorías, las dudas que nos ofrece esta cuestión hacen que decidamos abstenernos en la misma. De igual modo, nos vamos a abstener en la disposición adicional decimocuarta porque no nos parece prudente que en el momento en que se crea esta prestación por desempleo y en el momento en el que por tanto también se enmarcan las condiciones para cotizar a la misma se establezca una posibilidad, como la que se deduce de la disposición adicional decimocuarta, de percepción de la prestación de una sola vez. En cambio, vamos a votar favorablemente la disposición transitoria última porque nos parece de justicia que sea así.


Respecto al impuesto sobre el valor añadido, al que se refiere la disposición adicional decimoquinta, nos vamos a abstener entre otras razones porque siempre fuimos prudentes en relación con este tema, pero también porque esto ya ha sido motivo de otros acuerdos parlamentarios, incluso entre alguna fuerza política y el propio Gobierno.


Para finalizar, señora presidenta, simplemente queremos congratularnos de que definitivamente esté resuelto el trámite de esta ley que por primera vez establece la posibilidad de que los trabajadores autónomos cuenten con una prestación por cese de actividad.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo muy brevemente puesto que comparto los cinco minutos con el compañero Gaspar Llamazares. Nosotros ya dejamos concluidos los trabajos en el trámite en el Congreso; de hecho, no mantuvimos enmiendas vivas en el Senado. Ustedes saben que nuestra valoración fue positiva; estábamos bastante satisfechos de cómo había quedado la ley en el trámite en el Congreso puesto que teníamos la garantía de que al cabo de veinticuatro meses deberíamos evaluar el mismo sistema. Saben además que teníamos reservas respecto al papel destinado a las mutuas en todo aquello que afectaba a la gestión. Señorías, ya hicimos la valoración en su momento y, aun cuando no alcanzamos todos nuestros objetivos, es cierto que tanto respecto al incremento de la duración de la prestación como a conseguir rebajar todo lo relativo a las pérdidas y a los impagados conseguimos mover al Gobierno. Esto ya está hecho.


Respecto a las enmiendas del Senado, debo decirles que vamos a votarlas favorablemente excepto la disposición final sexta, que establece la prohibición de las mutuas de llevar a cabo los servicios de prevención.
No lo entendemos y espero que nos convenzan de que esto no es un paso atrás, puesto que significa privatizar todo lo que afecta a la prevención. En cambio, valoramos positivamente la introducción de una prestación no contributiva para trabajadores autónomos de 425 euros durante seis meses, máxime cuando está ligada a la realización de cursos de formación, lo cual supone un avance. Entiendo que además reglamentariamente se podrán buscar aquellos condicionantes que pudieran ahorrarnos alguna situación un tanto anómala. En cualquier caso, es un paso adelante y felicito a quienes han introducido esta variable en el Senado. En cambio, no entendemos el aspecto que han intentado introducir en la disposición final sexta que, repito, significa privatizar la prevención.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


En el mismo sentido, en Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds estamos satisfechos con el acuerdo alcanzado en relación con la prestación por cese de actividad del trabajador autónomo y respecto al consenso alcanzado en el Congreso de los Diputados podríamos decir: No la toques, así es la rosa. No obstante, nos vienen varias enmiendas del Senado que hemos de valorar.


En primer lugar, como ustedes saben, en relación con el consenso alcanzado, nosotros hubiéramos sido partidarios de un modelo más amplio de aseguramiento obligatorio, no solo para los económicamente dependientes o para los ocupados en actividades peligrosas. Ustedes saben también que no estamos de acuerdo con el modelo de gestión de las mutuas.
Diríamos en esta materia zapatero a tus zapatos. Quien tiene que gestionar es la propia Seguridad Social y, por tanto, vamos a rechazar la enmienda que viene del Senado, no solamente con el modelo de gestión de mutuas sino con la posibilidad de privatización de la gestión de una responsabilidad pública.


Por otra parte, se nos propone una modificación al artículo 8, que pretendidamente facilita las cosas al autónomo. En la realidad mantiene las cosas como estaban porque se reduce solo teóricamente de dieciocho

a doce meses el periodo transcurrido desde que se agota

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la prestación hasta poder solicitar una nueva prestación, pero el Senado comete el error de que computa desde la extinción del derecho anterior.
Esto significa que a la postre, contando el número de meses de prestación hasta la extinción, no hay diferencias con lo aprobado en el Congreso.
Por tanto, no votaremos esta enmienda.


Otra enmienda plantea una nueva prestación no contributiva. Nosotros no nos vamos a oponer a esta enmienda.


En relación con otra de ellas, la adicional decimocuarta, que prevé un pago único, tampoco nos vamos a oponer, aunque creemos que es una cuestión menor. En todo caso, a lo que sí nos vamos a oponer es a lo que podemos llamar un nuevo parásito, el parásito de una ley que no tiene nada que ver con la ley, y es en este caso la reducción del IVA en la práctica al 4 por ciento en los servicios de dependencia. Ya los servicios de dependencia públicos o concertados no pagan IVA, señorías.
El planteamiento ahora de que los servicios de dependencia en general tengan que ser a un IVA superreducido no lo compartimos; irá a beneficios empresariales y no a mejorar la prestación por dependencia.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, en relación con las enmiendas del Senado a este proyecto de ley tenemos que manifestar que desde el principio fue un acto fallido la definición de quién es el trabajador autónomo dependiente, la laboralización del trabajador autónomo dependiente, transformando o mutando contratos civiles y mercantiles -como el de sociedad, arrendamiento de servicios, contratos de obras- en contratos laborales.
Sin embargo, sí vamos a hacer una reflexión positiva en relación con la protección social y particularmente sobre esta ex novo que se crea, que es la protección por desempleo. Se han realizado avances importantes: se ha logrado que la protección por desempleo se equipare prácticamente a la de los trabajadores dependientes; se han conseguido aproximaciones importantes a la base de imposición para el cómputo de la prestación por desempleo de los trabajadores autónomos; nos sigue repugnando conceptualmente la figura del trabajador autónomo dependiente, un híbrido que no tiene ningún sentido y que es una contradicción en sus propios términos: o se es trabajador autónomo o se es trabajador dependiente, no se puede provocar una especie de mixtura entre ambas figuras.


En todo caso, nos parece bien lo que se ha conseguido, señora presidenta, y vamos a apoyar lo que se ha aprobado en esta Cámara y todo lo que se ha aprobado en el Senado, salvo lo relativo a la disposición adicional decimotercera, que no nos parece pertinente. Es decir, la equiparación tiene que ser en términos razonables, al igual que la aportación de complementos no contributivos a la prestación, tal como está concebida la prestación, a la que en virtud de un juego semántico peligroso no se le denomina prestación por desempleo sino indemnización por cese de actividad cuando la naturaleza de la prestación, de lo que se aporta o de lo que se van a beneficiar los autónomos, no tiene naturaleza indemnizatoria. A este juego permanente de las palabras, de los conceptos jurídicos, es a lo que nos tienen acostumbrados de forma muchas veces peligrosa.


Nos vamos a oponer también, como el señor Llamazares ha indicado, a la reducción del IVA o al IVA superreducido sobre prestaciones que no tienen que cotizar por este tipo de figura tributaria. Desde esta perspectiva y con estas indicaciones, señora presidenta, se ha hecho un trabajo solo razonablemente correcto. Hay muchas deficiencias en el Estatuto del trabajador autónomo dependiente desde 2007 y hay más deficiencias en la configuración de esa prestación o indemnización por cese de actividad. No es una indemnización por cese de actividad; es una prestación por desempleo y se tiene que intentar aproximar a la prestación por desempleo tal como está configurada para todos los trabajadores en este ámbito.
Porque la única diferencia en esta pretensión estéril de laboralización de los trabajadores autónomos con los dependientes es la protección social, porque los trabajadores dependientes están vinculados por contratos de trabajo y tienen la protección social que tienen. Los trabajadores autónomos no están vinculados por contratos de trabajo sino por contratos de sociedad, contratos de arrendamiento de servicios u otros desvinculados del sector laboral del ordenamiento jurídico, pero la aproximación sería la protección social. La protección social se ha casi equiparado y desde esa perspectiva para nosotros esto es suficiente, con las dos salvedades que le he comentado, señora presidenta, y que votaremos en contra.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta. Gracias, señora ministra.


Señorías, finaliza esta larga tramitación de la regulación de la protección al cese de actividad de los autónomos. Lo hemos dicho en anteriores ocasiones: venimos a dar respuesta a una vieja demanda del sector que empezó a plantearse de manera seria en esta Cámara a principios de los años dos mil. Afirmábamos también entonces que llegaba tarde esta regulación, esta red de protección social de los autónomos cuando desde 2008 se viene destruyendo masivamente empleo en este sector.


(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Ojalá hace años hubiésemos regulado esa materia porque en todo

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caso esta regulación de hoy no va a ayudar a los autónomos que han perdido su empleo en estos meses y en estos años. El trámite parlamentario en el Congreso mejoró sustancialmente la propuesta inicial del Gobierno, especialmente por lo que hace referencia a la duración de esta prestación por cese de actividad y también para los autónomos de más de 60 años e incorporó claramente la idea de que esta protección debe ir acompañada de políticas que reincorporen, que reactiven a esos autónomos hacia la actividad económica. Además, configura un régimen que claramente permite a las comunidades autónomas gestionar esas políticas y además contempla los recursos que las mismas deben tener.


El trabajo que ha hecho el Senado ha mejorado de manera interesante la propuesta que salió del Congreso. El artículo 8 contiene esta reducción del plazo de dieciocho a doce meses para volver a beneficiarse de la prestación a través de la disposición adicional decimocuarta, con la posibilidad del pago único de la prestación tal como sucede con los trabajadores por cuenta ajena. Muy significativamente, la disposición adicional decimotercera aporta desde el Senado la principal reivindicación que Convergència i Unió, el sector de los autónomos y otros grupos parlamentarios habíamos defendido, que es la necesidad de que exista una cobertura de carácter no contributivo también para los autónomos. Ayer mismo la Cámara aprobó la prolongación de la ayuda de 425 euros, creo recordar que con el voto de todos los grupos parlamentarios.
Esa cobertura continúa olvidando a los autónomos, a quienes han arriesgado, a quienes las cosas no les han ido bien, que han tenido que cerrar su negocio y que no tienen ningún tipo de red de protección social. Con la configuración de esta disposición adicional lo que hacemos es establecer una cobertura para esos supuestos y extendemos la fórmula de los 425 euros al conjunto de las personas que han perdido su actividad económica. Mi grupo no entendería que hoy la Cámara no apoyase, como sí se apoyó en el Senado, esta medida que es de una evidente justicia social. Que los grupos que la rechacen me expliquen cómo van a mirar al rostro del autónomo y decirle: el desempleado que trabaja por cuenta ajena, incluso cuando se le agota la prestación por desempleo e incluso cuando se le agota la prestación asistencial, tiene una cobertura, mientras que usted, que arriesgó, que quizá ha perdido sus ahorros, que quizás ha perdido su casa, usted quedará sin ningún tipo de cobertura.
Que me expliquen cómo se puede formular eso a un autónomo. Espero que finalmente eso sea aceptado hoy por el Congreso de los Diputados tal como lo hizo el Senado.


La Cámara Alta ha incorporado una mejora en el tratamiento fiscal del IVA de las prestaciones económicamente vinculadas a la Ley de la Dependencia de una manera claramente insatisfactoria. Vamos a votar a favor de esa mejora pero en los próximos días y semanas Convergència i Unió va a trabajar para mejorar eso, que no responde a los acuerdos políticos que mi grupo alcanzó con el Ministerio de Economía en su momento y que el Senado ha transaccionado, a nuestro entender desde el Congreso de manera inadecuada.


Señorías, hoy finaliza este trámite. Bienvenida la respuesta a esa necesidad. Estamos avanzando en el camino de la plena equiparación de la protección social de los autónomos respecto a los trabajadores del régimen general. Hoy damos un paso hacia delante, pero aún continuamos teniendo camino por recorrer para garantizar una misma red de protección social, porque para que lo que también debe servir esta medida es para dar confianza a quien emprenda y para que quien sea capaz de emprender un negocio, una actividad económica, sepa que tiene esa red de protección social en el caso de las que cosas no funcionen y que, por tanto, existen segundas oportunidades para volver a ponerse en marcha.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, al Grupo Parlamentario Popular no se le admitió en el trámite del Senado ninguna enmienda. Sin embargo, nosotros sí apoyamos algunas -y aquí también lo haremos- y rechazamos otras como a continuación expondré.


En primer lugar, se aceptó una enmienda de Convergència i Unió al artículo 8.2 que nosotros compartimos porque teníamos otra idéntica en relación con el derecho a reanudar la prestación por cese de actividad una vez transcurridos doce meses desde la última ocasión en que esto se produjo.
El proyecto de ley hablaba de veinticuatro, el proyecto de ley que salió del Congreso de dieciocho, y no entendíamos por qué si doce meses lucran una prestación se exige más periodo cuando concurren el resto de las circunstancias legales para tener tal derecho. Eso lo hemos apoyado y lo apoyaremos.


La disposición adicional primera se refiere a una mejora técnica relativa a los mayores de 60 años y será apoyada por el Grupo Parlamentario Popular. La disposición adicional quinta también se trata de una mejora técnica relativa al reintegro de prestaciones indebidamente percibidas por los autónomos. La disposición adicional decimotercera, a la cual se acaba de referir el señor Campuzano, pretende en mi opinión evitar una discriminación probablemente conculcadora del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, en el sentido de que no hay razón para que aquellas personas desempleadas provenientes de una relación por cuenta ajena sí puedan acceder a un subsidio no contributivo de 425 euros y en cambio los autónomos no. La apoyamos y prosperó en el Senado.
Reconozco que la redacción técnica de esta enmienda no nos satisface en tanto en cuanto tiene una retroactividad del 1 de enero de 2009 de difícil plasmación y gestión práctica y porque en principio sería aplicable a cualquier autónomo y no

a aquellos que decidan cotizar o estén obligados a cotizar

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por el cese de actividad. Hemos propuesto verbalmente tanto al ministro aquí presente como al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista buscar una solución en forma de compromiso para que pudiera haber una modificación legal, bien en la reforma laboral o bien en el futuro con una proposición de ley, pero hemos tenido la callada por respuesta aunque esto haya circulado con intensidad este mediodía en los medios de comunicación. Lamentamos que sea así porque podríamos haber llegado a un acuerdo satisfactorio para todos y así evitar una discriminación que finalmente parece que va a quedar para los autónomos; ojalá me equivoque.


La disposición transitoria única, que también apoyamos, se trata de una mejora técnica en tanto en cuanto prevé tres meses de plazo una vez entre en vigor la ley para que las personas inscritas en el RETA puedan optar por cotizar por esta prestación y en su día, si es caso, tener derecho a la misma. La disposición final sexta también la apoyamos y se refiere a las mutuas, a las que se les concede la posibilidad de, a través de sociedades mercantiles participadas, dedicarse a la prevención de riesgos laborales. Más tarde haré una alusión a esta cuestión.


Hay otra serie de enmiendas que no vamos a apoyar, como la disposición adicional decimoquinta que se refiere al IVA. La disposición adicional cuarta establece la obligatoriedad en el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y que la Administración de la Seguridad Social pueda establecer la obligatoriedad de notificaciones.
Miren, la ley ya indica que la Seguridad Social, y reglamentariamente cualquier Administración pública, pueda establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellos utilizando solo medios electrónicos cuando los interesados son personas jurídicas o colectivos de personas físicas. ¿Qué se pretende, señor ministro, que también las personas autónomas se vean abocadas a una nueva obligación cuando muchos de ellos carecen de capacidad para tener esta relación telemática con las administraciones públicas? Y si no es así, ¿qué sentido tiene que se incorpore en esta ley esta cuestión?

Nosotros hemos sido claramente coherentes desde el principio sosteniendo una posición. Este es un proyecto de ley específico, concreto, claro, dedicado a una sola cuestión, para hablar en términos vulgares: el paro de los autónomos. Esto ha sido razón para que no hayamos atendido sensatas y materialmente acogibles razones de otras enmiendas -fundamentalmente las de Convergència i Unió- que nos parecían correctas pero que no ni era el lugar ni el momento ni el proyecto de ley. Esta mala costumbre que sistemáticamente se practica en esta Cámara de hacer pivotar sobre un proyecto de ley 800.000 modificaciones de otras leyes es una mala práctica jurídica. Crea inseguridad jurídica y no favorece la calidad que en las leyes es exigible para el buen funcionamiento de las cosas y, en este caso, para los autónomos. Carezco de tiempo para hablar más pero creo que está suficientemente motivada la oposición del grupo parlamentario, al que me honra representar, al resto de enmiendas que se incorporaron al texto del proyecto de ley en el Senado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiroz.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Pedro Sánchez Pérez-Castejón.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, hoy se crea la prestación por cese de actividad para el trabajador autónomo y con ello damos un paso de gigante en la equiparación de derechos entre el colectivo de autónomos y los trabajadores por cuenta ajena. Señorías, se ha obviado en el debate por parte de otros parlamentarios pero sí quiero poner en valor que aprobamos este nuevo derecho en un momento difícil, en plena crisis económica, y eso tiene su importancia política. La crisis no ha impedido al Gobierno socialista seguir reconociendo derechos a quienes hoy no los tienen, en este caso los 3 millones de españoles que trabajan bajo el régimen de autónomos. Por tanto, si algo demuestra -y la importancia política de este proyecto de ley lo secunda- es que, en contra de lo que dicen otros grupos parlamentarios -singularmente el Grupo Popular-, el Gobierno socialista apostará siempre por una salida social a la crisis económica, fortaleciendo las políticas sociales y reconociendo derechos, como hoy hacemos creando esta nueva prestación para el colectivo de los autónomos.


Señorías, quisiera apuntar la lógica política -no voy a entrar a enumerar las características de esta nueva prestación porque eso ya se ha hecho en anteriores debates- que nos ha movido a los socialistas en la negociación parlamentaria con el resto de grupos políticos. Pretendíamos, señorías, lograr dos objetivos. El primero de ellos era trasladar al Parlamento, a esta Cámara, el consenso logrado entre el Gobierno y el sector de los autónomos, y creo sinceramente que, a tenor de las intervenciones, en su mayoría lo hemos logrado. El segundo, porque éramos conscientes desde el primer momento, señorías, de que el momento más crítico para garantizar la viabilidad de este nuevo sistema es cuando estamos dando los primeros pasos, cuando estamos definiendo las obligaciones previas al reconocimiento del derecho. Y esa es la lógica que nos ha movido en toda la negociación parlamentaria a la hora de transaccionar las enmiendas presentadas por el resto de grupos políticos: mejorar la prestación sin poner en riesgo el sistema, equilibrar lo aportado vía cotización con lo recibido vía prestación. Y aun así, señorías, en la tramitación parlamentaria hemos logrado -yo creo que gracias al consenso y al esfuerzo de todos- importantes mejoras tanto en las enmiendas del Congreso como en las enmiendas del Senado.


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Me voy a referir brevemente a las enmiendas del Senado, señorías, destacando por su importancia algunas que ha introducido el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, por ejemplo, la utilización de medios telemáticos en las notificaciones de la Seguridad Social a los colectivos de profesionales, la aplicación del IVA superreducido a los servicios de dependencia en un sector donde hay una fuerte implantación del trabajo autónomo y la posibilidad de capitalizar total o parcialmente -ya veremos en el desarrollo reglamentario- la prestación por cese de actividad. Pero, señorías, hay enmiendas que no podemos apoyar y que causa sonrojo ver defendidas, por ejemplo, por parte del Partido Popular, como su pretensión de extender la prestación no contributiva de los 425 euros a los autónomos en paro desde enero de 2009. Y digo que causa sonrojo, en primer lugar, porque es incoherente con su discurso oficial de reducir el déficit público, porque ustedes saben que extender esta prestación es un mayor gasto público y, por tanto, va en contra y es totalmente incoherente con su discurso de reducir el gasto público. La grave es que ustedes lo saben, pero les da igual, porque, señorías, están en otra. Como saben también que esta enmienda es absolutamente discriminatoria para con el resto de trabajadores que sí que han cotizado, que sí que han percibido la prestación por desempleo a la que tenían derecho como consecuencia de esa cotización y que, en un caso extraordinario, optan por la prestación de los 425 euros. Por cierto, aquí hay que reconocer el buen trabajo y el acierto del ministro Corbacho y del Gobierno de España que, sin tener competencias para crear este tipo de prestaciones no contributivas, lo han hecho; y vemos a un grupo parlamentario que pretende dar lecciones en la creación de este tipo de prestaciones cuando, sin embargo, allí donde gobiernan, en las comunidades autónomas donde tienen competencias para elevar, por ejemplo, las prestaciones no contributivas de las rentas de inserción, no lo hacen. Pero, señorías, eso a ustedes les da igual porque ustedes están en otra; están en tratar de extender la duda entre los autónomos de que el Gobierno socialista no hace todo lo que puede para preservar y proteger al trabajo autónomo. Y nada más lejos de la realidad, señoría. Los autónomos saben, por ejemplo, que quien ha creado la prestación por maternidad y paternidad al colectivo de los autónomos ha sido el Gobierno socialista; que quien ha rebajado cinco puntos los módulos en un momento complicado, en un año difícil para las arcas públicas, como ha sido el año 2009, ha sido el Gobierno socialista; que quien ha creado nuevas bonificaciones a la contratación ha sido el Gobierno socialista y que quien aprobó un Estatuto del Trabajo Autónomo en el año 2007, señorías, ha sido el Gobierno socialista, y que quien crea la prestación por desempleo para el colectivo de los autónomos, señorías, es el Partido Socialista y su Gobierno. Así que lecciones, las justas, viniendo de un partido que, por cierto, cuando estuvo gobernando ocho años no hizo nada por avanzar en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores autónomos, y nosotros sí que lo hacemos, en las épocas buenas y también en las épocas malas, como ahora. Esa es la gran diferencia, señorías, entre el Partido Popular y el Partido Socialista.


Decía al principio de mi intervención, señorías -y con esto concluyo, señor presidente- que con la prestación que hoy creamos damos un paso de gigante en la equiparación de los derechos del trabajo autónomo y del resto de trabajadores. Y en esa senda vamos a seguir gracias al compromiso del Gobierno socialista y gracias a un ministro, el ministro Corbacho, al cual hoy quiero reconocer su trabajo y su acierto político por presentar este importante proyecto de ley que, como bien decía algún otro portavoz, es histórico para el colectivo de los autónomos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, 31/2007, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS SECTORES DEL AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LOS SERVICIOS POSTALES, Y 29/1998, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PARA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA COMUNITARIA DE LAS DOS PRIMERAS. (Número de expediente 121/000079.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de modificación de las leyes 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.


Para fijar su posición, tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Popular don Arturo-García Tizón.


El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


El proyecto de ley que debatimos en este momento es un proyecto de ley de modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la jurisdicción Contencioso-administrativa a fin de trasponer la Directiva 66/2007 de la Comisión Europea. En estos momentos debatimos la aprobación por el Congreso de cuatro enmiendas que proceden del Senado, una vez que este proyecto de ley salió de esta Cámara aprobado por unanimidad. Estas cuatro enmiendas se refieren a la enmienda número 6, del Grupo Popular, que tenía por finalidad introducir las nuevas tecnologías en la sociedad

de la información en esta materia, que ha sido aprobada

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y sinceramente no entendemos por qué no se aprobó en el trámite del Congreso. Pero, en fin, ha sido aprobada por el Senado, nos parece bien y lo apoyaremos.


En segundo lugar, hay tres enmiendas presentadas sobre la base de enmiendas de Convergència i Unió; dos enmiendas transaccionales, una que tiene por objeto la modificación del impuesto de sociedades y una segunda que tiene por objeto la modificación de la Ley de garantía y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Y una tercera es la aprobación de la enmienda 16, de Convergència i Unió, que modifica el texto refundido de la Ley de regulación de planes y fondos de pensiones.
Sinceramente, señorías, es difícil entender que estas tres últimas enmiendas tengan su cabida en este proyecto de ley, porque ya me dirán ustedes qué tiene que ver con una trasposición de Directiva de modificación de contratos del sector público una modificación del impuesto de sucesiones, una modificación de la Ley del Medicamento y una modificación de pensiones. Esto lo único que nos dice es que hay una falta de garantía legislativa por cuanto que ni el procedimiento es el adecuado, ya que estas enmiendas transaccionales se presentan en la fase del Senado, no se habían discutido ni siquiera aquí, en el Congreso de los Diputados, y, en segundo lugar, tampoco tienen que ver con la materia que se regula, no se le ve ninguna relación. Parece que estamos al final del periodo de sesiones y alguna prisa debía tener a lo mejor el Ministerio de Economía que, en unión con otro grupo, ha dicho: vamos a aprovechar este último momento y nos llevamos de por medio algo del impuesto de sociedades, algo de medicamentos y algo de los planes de pensiones. No sé si deberían haber aprovechado para traer algo de productos fitosanitarios o sobre el Código Civil e introducirlo en esta ley. En ese sentido nuestro grupo va a votar afirmativamente la enmienda que fue recogida por el Partido Popular y por coherencia con lo que también hicimos en el Senado vamos a votar favorablemente la enmienda que se refiere a la Ley de planes y fondos de pensiones, entre otras cosas porque por lo menos vamos a asegurar -ya que otras cosas no se garantizan- que estas pensiones queden garantizadas. Y vamos a votar en contra de las otras dos enmiendas transaccionales, la que se refiere a la modificación del impuesto de sociedades y la que se refiere a la modificación de la Ley del Medicamento.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Tizón.


El señor Sánchez i Llibre me pide que comunique que da por defendidas sus enmiendas, que se pasarán a votación ¿Es así? (Asentimiento.)

Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Meritxell Batet.


La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señor presidente.


Durante la anterior legislatura se hizo el gran esfuerzo regulador de actualización y también de adaptación a la normativa europea en materia de contratos del sector público aprobando la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, y la 31/2007, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Estas fueron leyes importantes para el funcionamiento de las administraciones públicas, la mayor prestación de servicios públicos, la mejor provisión de infraestructuras públicas a los ciudadanos y también para el buen funcionamiento del mercado. Estas fueron leyes que sintetizaron, sistematizaron y modernizaron la contratación pública en nuestro país. Ahora se trata, como ya ha dicho el señor García-Tizón, de adaptar estas dos leyes a la Directiva 2007/66 para evitar las posibles sanciones que la Unión Europea pueda aplicar a España por incumplimiento de esta nueva directiva. Las principales novedades que introduce esta nueva legislación son, en primer lugar, la regulación de un nuevo recurso a un órgano independiente entre la adjudicación y el perfeccionamiento del contrato; el nuevo régimen de adjudicación, refundiendo en un solo acto la adjudicación provisional y la definitiva; y la previsión de anudar la perfección del contrato a su formalización. El proyecto de ley opta por la creación del tribunal administrativo central de recursos contractuales. Es, desde nuestro punto de vista, la mejor opción. Ni encomendar la resolución del recurso a un órgano jurisdiccional por cuestión de premura de resolución en el tiempo era una buena opción, ni tampoco era convincente atribuirle la función a algún órgano administrativo ya existente, básicamente a la junta consultiva o al TEAC, porque son órganos que tenían que haber cambiado su naturaleza jurídica y además tenían problemas para garantizar la independencia.


Analizadas las alternativas, la creación ex novo de un órgano independiente, desde nuestro punto de vista, cumple escrupulosamente el mandato de la directiva de creación de un órgano independiente y se adapta además a la tradición de nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, económicamente, desde nuestro punto de vista, no supone mayor gasto que las otras opciones apuntadas. Para ello se prevé la creación de este órgano con las siguientes características: en primer lugar, con una composición de presidente más dos vocales -el proyecto de ley venía con la previsión de tres; con una enmienda socialista lo redujimos a dos-, nombrado por Consejo de Ministros, y el artículo 311.1, además, establece algunas características importantes, en primer lugar, la exigencia de ser funcionario con más de quince años de ejercicio; el hecho de que sea un cargo inamovible, previendo causas tasadas para perder ese cargo, y además la previsión de un mandato de seis años no prorrogables. Señorías, la existencia de un órgano de estas características permite establecer un recurso rápido y suspensivo contra la adjudicación, introduciendo así garantías más firmes y efectivas de la contratación en nuestro país.
Vamos, así, a una mayor transparencia, ofreciendo ins

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trumentos a los licitadores que les dan más seguridad jurídica.


Para ir terminando, querría destacar también una transacción que aprobamos en Comisión en el Congreso de los Diputados y que es relevante traerla hoy al Pleno, relevante porque resuelve con mayor precisión la separación de poderes y la autonomía de las Cortes Generales, reconocida en la Constitución. Seguramente, uno de los principios más importantes de un Estado de derecho es precisamente esta separación de poderes, una separación fundamentada sobre todo en la lealtad que se deben estos poderes entre ellos. Señor García-Tizón, tiene usted toda la razón, no es una buena técnica legislativa introducir cosas que no son propias de la materia que se está regulando, pero igual de mala es la técnica legislativa en virtud de la cual ustedes votan la enmienda 16, de CiU, que habla de planes de pensiones. Por tanto, podríamos hacer una reflexión general sobre intentar mejorar la técnica legislativa todos juntos, pero no le puedo aceptar que sea un reproche de un grupo hacia otro.


En definitiva, señorías, con la aprobación de este proyecto de ley hoy damos un paso más en la homologación y, por tanto, en la integración con los otros Estados miembros de la Unión Europea, en este caso, en materia de contratación en el sector público, cosa que para este grupo parlamentario siempre es motivo de satisfacción.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Batet.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 11/2010, DE 9 DE JULIO, DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y OTROS ASPECTOS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CAJAS DE AHORROS. (Número de expediente 130/000034.)

El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros.


Para explicar las razones que han llevado al Gobierno a su promulgación, tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, las cajas de ahorros españolas cumplen una función esencial dentro de nuestro sistema financiero y también dentro de nuestro entramado social. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Han sido, a lo largo de nuestra historia, motor del crecimiento, han impulsado el fomento del ahorro, la movilización de recursos y han sido imprescindibles para la inclusión financiera del conjunto de los ciudadanos. Se han configurado además como un elemento determinante en el acceso al crédito de familias y de empresas. No en vano los balances de las cajas suponen casi el 51 por ciento de los depósitos totales y el 50 por ciento del crédito vivo en España.


Las cajas han desempeñado también una importante función social. La dedicación de sus excedentes a la provisión de bienes y servicios sociales en los territorios en los que actúan resulta un complemento indispensable en nuestro Estado del bienestar. Las cajas cuentan con una larga tradición en nuestro país, pero fue durante el primer tercio del siglo xx cuando se fueron definiendo los principales rasgos de estas entidades financieras con un marcado carácter social.


Sin duda, con la llegada de la democracia es cuando las cajas de ahorros experimentaron un mayor desarrollo y una transformación más profunda. En el año 1977 el primer Gobierno democrático emprendió una reforma liberalizadora del sistema financiero que permitió la equiparación funcional entre bancos y cajas, aumentando la libertad operativa de estas últimas y la apertura del sistema financiero español al mercado internacional de capitales. Un segundo momento clave fue la aprobación de la Ley de regulación de las normas básicas sobre órganos reguladores de las cajas de ahorros en el año 1985. Es una ley que dio respuesta a la nueva realidad política y económica en nuestro país. De un lado, era imprescindible la adaptación de la regulación de las cajas de ahorros a la nueva organización territorial del Estado; por otro lado, era fundamental redefinir el diseño institucional común de las cajas de ahorros garantizando que dispusieran de órganos rectores adecuados a su doble naturaleza como entidades de crédito y como entes de naturaleza fundacional y fin social.


Han pasado veinticinco años. Veinticinco años después de esa reforma estamos ahora en un momento fundamental en la evolución de las cajas de ahorros, momento que hay que inscribir en el marco del proceso de reordenación de nuestro sistema financiero. Las cajas de ahorros, así como el resto del sistema financiero español, enfrentaron los primeros momentos de la crisis iniciada en agosto de 2007 con una buena posición en términos de rentabilidad y de eficiencia, de volumen de provisiones y de niveles de capital. Gracias a haber desarrollado un modelo de banca tradicional minorista y a una excelente supervisión del Banco de España, las entidades pudieron afrontar la crisis. Tras las intensas turbulencias financieras de otoño de 2008, la principal preocupación del Gobierno fue mantener la confianza de los ahorradores reforzando las garantías a los depositantes de manera coordinada con el resto de Europa y también aliviar los problemas de liquidez de las entidades de crédito. Se creó así el Fondo para la adquisición de activos financieros, que adjudicó financiación por

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importe de 19.335 millones de euros, y se otorgaron avales del Estado a las emisiones de deuda por parte de las instituciones financieras. Hasta la fecha se han avalado 56.155 millones. Estas medidas, unidas a la provisión de liquidez del Banco Central Europeo, permitieron a los bancos y cajas seguir afrontando con garantías la evolución de la crisis.


No obstante, ante la prolongación de la crisis financiera, el sector ha tenido que realizar un esfuerzo para absorber la creciente morosidad y, al mismo tiempo, adaptarse a un mercado más pequeño y a un entorno más difícil. En este contexto se hace necesaria una reordenación del sector financiero para aumentar su eficiencia, corregir los excesos de capacidad y reforzar los recursos propios. La mayoría del sector estaba fundamentalmente sano en el año 2009, pero la situación difería significativamente entre entidades. Muchas entidades han sido capaces de reforzar su balance gracias a sus beneficios y a la captación de capital en el mercado. Entre enero de 2008 y marzo de 2010 se han utilizado 18.200 millones que habían dotado previamente como provisión genérica y han saneado activos con cargo a sus resultados ordinarios por importe de 41.900 millones de euros. Por tanto, estos recursos, provisiones genéricas por importe de 18.200 millones, saneamiento de activos por importe de 41.900 con cargo a resultados y ampliaciones de capital, han sido también elementos, recursos puestos a disposición para paliar las consecuencias de la crisis en las entidades financieras.


Algunas entidades, particularmente algunas de las cajas de ahorro, precisaban una reestructuración profunda y un redimensionamiento para afrontar el futuro con garantías. Además, es necesario señalar que las posibilidades de las cajas para reforzar sus recursos propios en el mercado eran muy limitadas. El único instrumento a su disposición son las cuotas participativas sometidas a importantes restricciones, de las cuales la más importante es la ausencia de derechos políticos hacia estas cuotas, muy poco atractivas para los inversores. La práctica demuestra que esto ha sido así, puesto que solo una entidad ha utilizado estas cuotas participativas. Por eso, en junio del año 2009 se concretó un marco adecuado para que las entidades que requirieran una reestructuración pudieran acceder a los recursos necesarios a través del Fondo de reestructuración ordenada bancaria. El objetivo de este fondo es facilitar una reordenación mediante operaciones de concentración y otras actuaciones que permitan mejorar la eficiencia y reforzar los recursos propios. Además se reforzó la capacidad del Banco de España para actuar con eficacia y diligencia en caso de que tuviera que intervenir alguna institución.


Quiero señalar que las autoridades españolas consensuaron el marco general con la Comisión Europea evitando así el procedimiento de notificación caso por caso. Desde entonces se han concretado doce procesos de integración. En ellos participan treinta y ocho de las cuarenta y cinco cajas españolas -cuarenta y seis si se incluye la CECA-, dos entidades más han sido intervenidas, y tan solo cinco cajas, que representan un 6 por ciento de los activos totales, han quedado al margen de este proceso de integración. Siete de las operaciones cuentan con ayudas del FROB, que en total ascienden hasta la fecha a 10.189 millones, y a ellos hay que añadir otros 392 en términos de garantías de la reciente adjudicación de CajaSur. Por último, el Fondo de garantía de depósitos de las cajas ha destinado 1.650 millones al saneamiento de la Caja Castilla-La Mancha, así como garantías prestadas por importe de 2.475 millones.


Al margen, y además, de este proceso de reestructuración las entidades de crédito españolas tienen que estar preparadas para afrontar los retos que se avecinan con la reforma del sistema financiero internacional para asegurarnos de que contamos con un sistema financiero con capacidad de crecer y de financiar nuestro crecimiento futuro. Esta reforma del sistema financiero internacional, que se plasmará, por ejemplo, en lo que se denomina ya Basilea III, requerirá más y mejor capital de las instituciones financieras. Las entidades de crédito españolas pueden necesitar en el futuro acudir a los mercados de capital para reforzar sus recursos propios, y por eso es necesario llevar a cabo con urgencia una reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorro, de manera que se les faciliten diferentes alternativas de organización institucional, así como de acceso a los mercados en las mejores condiciones posibles.


Frente a quienes con argumentos poco sólidos han pretendido cuestionar la solvencia de nuestro sector financiero y, con ella, de la economía española, creemos que el sector en conjunto presenta una solidez suficiente como para soportar un posible deterioro de sus activos. El Banco de España y el Fondo Monetario Internacional han realizado ya repetidos test de resistencia de nuestro sistema financiero con el objetivo de medir la capacidad del conjunto de cajas y bancos y de absorber pérdidas mayores derivadas de una mayor morosidad. El ejercicio que realizó en su momento el Banco de España centrándose exclusivamente en la promoción inmobiliaria concluye que el conjunto del sector tendría cubiertos descensos superiores al 50 por ciento en los precios medios de realización de las garantías asociadas a estas operaciones sin tener que anotar pérdidas adicionales. Todo ello sin considerar los fondos propios de los que disponen estas entidades, que se han visto reforzados en el ejercicio 2009.


Por su parte, el Fondo Monetario Internacional realizó un ejercicio más detallado, incluyendo todo el balance de las entidades de crédito y desagregando los resultados entre bancos y cajas, y los resultados son muy similares a los que ofrece el Banco de España para su escenario base.
Además, el Fondo Monetario Internacional ha estudiado también lo que sucedería en un escenario muy adverso y, por lo tanto, poco probable. En ese caso el Fondo Monetario Internacional entiende que las necesidades totales de capital de nuestro sistema financiero serían 22.000 millones, 5.000 para los bancos y 17.000

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para las cajas, de acuerdo con su mayor exposición al ciclo inmobiliario.
Próximamente, la publicación de pruebas de resistencia a nivel europeo permitirá, sin duda, despejar la incertidumbre sobre la solvencia individual de cada una de las entidades de crédito, lo que va a contribuir a clarificar la situación del sector y a reducir la inestabilidad en los mercados financieros. En esas pruebas no solo se contemplará el escenario previsible, sino un escenario extremo y, por tanto, con muy poca probabilidad en su ocurrencia. Pues bien, este proceso de reordenación del sistema financiero español, particularmente de las cajas de ahorros, se completa con el real decreto-ley que hoy presentamos en el Congreso. Se reforma el modelo de cajas para garantizar su permanencia y las ventajas que aporta a nuestro sistema financiero.
Como en otros países del entorno europeo en los que el sistema de cajas se ha flexibilizado, la reforma va a aumentar la solidez y la competitividad de nuestro sistema financiero y va a generar una mayor contribución al conjunto de la sociedad. Todo ello se realiza respetando el marco constitucional de distribución de competencias, premisa fundamental que este real decreto-ley asume íntegramente.


El real decreto-ley que les presento pretende fortalecer el sector financiero a través de dos líneas básicas. Por un lado, la capitalización de las cajas de ahorros, facilitando su acceso a recursos de máxima categoría en iguales condiciones que otras entidades de crédito y, por otro lado, una mayor profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros. Me permitirán que me refiera de manera algo más detallada a las modificaciones introducidas en el real decreto-ley. En el título I, y para facilitar el acceso al capital, se reforma el régimen de cuotas participativas. Las cuotas como tales fueron reguladas en el año 2002, pero, como ya he dicho, han mostrado limitaciones como instrumento de interés para los inversores dada su escasa liquidez y la imposibilidad de atribuirles derechos políticos. La regulación hasta ahora vigente se ha mostrado en la práctica incapaz de dotar a las cajas de un instrumento eficaz de capitalización que lograse acompañar el fuerte crecimiento del sector en los últimos años. Para que las cuotas participativas puedan ser de verdad atractivas, se modifica el artículo 7 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros. Con ello, se incluye la posibilidad de añadir a los actuales derechos económicos de los cuotapartícipes el otorgamiento de derechos políticos o de representación en los órganos de gobierno de las cajas. Hay que decir que la emisión de cuotas con derechos políticos es una alternativa voluntaria y compatible con la emisión sin tales derechos. Esta emisión podrá realizarse hasta un 50 por ciento del total del patrimonio. Además, se prevé la cotización en los mercados secundarios para aquellas emisiones que se dirijan al público general y se suprimen los límites a la tenencia de cuotas por una única persona o grupo, operando únicamente el límite global del 50 por ciento. Se legaliza, además, el principio de libertad de emisión de las cuotas sin que deba mediar autorización administrativa previa, conforme a lo que ya prevé la Ley del Mercado de Valores. Así, se equipara, además, el tratamiento de las cuotas participativas en el caso de una fusión al que opera en los mismos casos para las acciones de las sociedades anónimas, es decir, el canje por cuotas de la entidad resultante de la fusión sin alterar el valor económico de las mismas. Se garantiza además que la retribución de las cuotas no estará sujeta a autorización administrativa, salvo la que pueda corresponder al Banco de España en el ejercicio de sus funciones.


Por su parte, el título II del real decreto-ley impulsa la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros e incluye los ajustes necesarios para incorporar los derechos políticos de los cuotapartícipes en su caso. Para ello se reforma la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de ahorros -la Lorca-, y se reforma en el sentido de que los órganos de gobierno de las cajas seguirán siendo la asamblea general, el consejo de administración y la comisión de control, pero se crea una nueva figura, la comisión de obra social, y la actual comisión de retribuciones pasa a ser de retribuciones y nombramientos. En el caso de que las cajas desarrollen su actividad de manera indirecta, a través de una entidad bancaria -como permite el nuevo modelo-, la caja designará a sus representantes en el consejo de administración del banco, valorando la representación de los diferentes grupos en su propio consejo.


Las novedades principales se refieren a la representación en los órganos de gobierno. Así, se menciona expresamente a las comunidades autónomas, pero se establece que su presencia en los órganos de gobierno se llevará a cabo a través de representantes designados por el Parlamento autonómico que gocen de prestigio y profesionalidad. Quiero señalar que esto ya es así en muchos de los casos actuales. Se establece además la incompatibilidad de los cargos políticos electos y de los altos cargos para ser miembros de los órganos de gobierno, y se reduce al 40 por ciento la limitación de la representación de las administraciones públicas, desde el 50 por ciento que regía hasta el momento. Se refuerzan también los requisitos de profesionalidad y honorabilidad comercial de los miembros de los órganos de gobierno a través de mayores exigencias, de cualificación y experiencia, y se incorpora un nuevo capítulo que reconoce y dota de la máxima seguridad jurídica a los derechos de representación de los cuotapartícipes en los órganos de gobierno de las cajas. Y, como es razonable, en toda esta modificación de los órganos rectores se arbitra un periodo transitorio que permita hacer los cambios con toda normalidad. Se fortalece además el gobierno corporativo, extendiendo la obligación de informe anual a todas las cajas de ahorros para reforzar la transparencia y la disciplina de mercado, y se establecen requisitos de quórum y mayoría reforzada para decisiones de especial trascendencia, como los supuestos de integración de cajas, su

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transformación en fundación o la decisión de desarrollar su actividad de manera indirecta.


El título III se refiere a los sistemas institucionales de protección para dotarles de mayor consistencia y seguridad jurídica. Se mantiene en líneas generales la regulación actual como conjunto de entidades de crédito que mutualizan al menos el 40 por ciento de sus resultados y solvencia, y articuladas en torno a una entidad de crédito central. Las novedades se refieren fundamentalmente a que esa entidad central deberá tener naturaleza de sociedad anónima -es decir, un banco-, y deberá estar participada al menos en un 50 por ciento por las cajas integrantes. De esta manera se garantiza que el conjunto de cajas que integran un SIP no desvirtúan su naturaleza jurídica indirectamente mediante la pérdida del control de su entidad central. Si ese límite de participación en la entidad central del 50 por ciento se incumple, las cajas integrantes del SIP deberán transformarse en fundación y ceder su patrimonio a un banco.
Por otra parte se refuerza el compromiso de permanencia y estabilidad de las entidades integradas, y se faculta al Banco de España a realizar una valoración previa al abandono de una entidad relativa a la viabilidad, tanto individual como del sistema en su conjunto.


El título IV recoge distintas alternativas de modelo organizativo destinadas a facilitar el acceso a mayores alternativas de capitalización, manteniendo la naturaleza de las cajas. Para ello pueden emitir cuotas participativas que podrán llevar aparejados derechos políticos hasta el 50 por ciento de su patrimonio. Se pueden además integrar en un sistema institucional de protección, en los términos que he mencionado, pero también hay otras posibilidades, como el ejercicio indirecto de la actividad financiera de la caja a través de una entidad bancaria. Esta entidad podrá utilizar en su denominación expresiones que le identifiquen con la caja de la que dependen, pero habrá de estar controlada en al menos un 50 por ciento de los derechos de voto. La última alternativa, que es una alternativa en la que ya, por decirlo de alguna manera, la naturaleza de las cajas se modifica, consiste en la transformación de las cajas en una fundación de carácter especial. En este supuesto se segregan la actividad financiera y la benéfico-social, traspasando la actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones, y manteniendo la actividad benéfico-social como actividad central de la propia fundación.


El título V se ocupa de la adaptación de la normativa fiscal a las entidades resultantes de los procesos de reestructuración ya iniciados y a los nuevos modelos jurídicos previstos. El objetivo es garantizar que los distintos modelos tengan un tratamiento fiscal equivalente, partiendo de la normativa preexistente y realizando las adaptaciones necesarias, buscando con ello la neutralidad máxima en las operaciones y reestructuraciones.


El título VI del real decreto-ley incluye disposiciones que tienden a reforzar la solvencia del conjunto de las entidades de crédito, no solo las cajas, sino todo el conjunto de entidades en previsión de futuras normas de solvencia a nivel internacional, y se establece en este título la posibilidad de que el Banco de España pudiera aplicar estos nuevos requerimientos en función de la capacidad de cada entidad de crédito para obtener recursos propios básicos.


Finalmente, y mediante disposición adicional, se establece la posibilidad de que el FROB excepcionalmente pudiera adquirir títulos emitidos por entidades individuales que, aun siendo solventes y viables, pudieran aparecer como no suficientemente resistentes en contextos significativamente más adversos que el actual. Ello podría aconsejar un reforzamiento de su capital para incrementar la confianza del mercado. En todo caso estas adquisiciones de títulos por parte del FROB se condicionarán siempre a la elaboración de un plan de recapitalización que deberá ser aprobado por el Banco de España.


Señorías, quisiera referirme finalmente a la idoneidad del real decreto-ley como instrumento para responder eficazmente a la situación que afronta nuestro sistema financiero, en el conjunto de un sistema financiero europeo y mundial que sigue atravesando algunas dificultades.
Entendemos que concurren en este caso las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que fundamentan la utilización de este instrumento normativo. Conviene repasar -y así lo voy a hacer- lo que considero los principales objetivos de este real decreto-ley que someto a su convalidación. En primer lugar, con la reforma se trata de facilitar el acceso de las cajas de ahorros al capital de máxima categoría en condiciones iguales que otras entidades de crédito, tanto desde el lado de la ampliación de los instrumentos de que disponen para ello como del lado del aumento de su atractivo y confianza para los potenciales inversores. Resulta imprescindible, por tanto, dotar a las cajas de ahorros de una serie de opciones flexibles y variadas para responder a las preferencias y necesidades financieras de cada una de las entidades.
Como he tenido ocasión de explicar, entre las medidas previstas en el real decreto-ley para responder en este sentido a la situación económica excepcional destacan la profunda reforma de las cuotas participativas, incorporando la posibilidad de contar con derechos políticos, la posibilidad de ejercicio indirecto de la actividad financiera a través de un banco, el fortalecimiento de los sistemas institucionales de protección, y finalmente la posibilidad de que una caja pudiera transformarse en una fundación tenedora de participaciones bancarias.


El segundo de los objetivos principales del real decreto-ley se encuentra profundamente vinculado con la necesidad de una mayor eficiencia. Esta mejora en la eficiencia creemos que puede producirse a través de una mayor profesionalización de su Gobierno. Las exigencias de competencias profesionales mínimas para el desempeño de cargos dentro de los órganos de gobierno o la eliminación de la presencia de cargos electos, y la ligera reducción de la presencia de las administraciones públicas son ejemplos de medidas dirigidas a la conse

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cución de entidades mejor adaptadas a un sistema financiero altamente competitivo y eficiente.


Finalmente, y con carácter general para el conjunto de las entidades de crédito, el tercer objetivo de la reforma ha sido aumentar los instrumentos de refuerzo de la solvencia a través de previsión de mayores exigencias de liquidez, y de un mecanismo de adecuación de los riesgos asumidos por las entidades por parte del supervisor, el Banco de España.


Estos son, señorías, los objetivos principales de esta reforma que justifican la extraordinaria y urgente necesidad dirigida en este caso a subvenir, a través de las medidas explicadas, una situación de dificultad económica a la que resulta imprescindible responder con la máxima celeridad y rigor. Por último, señorías, no debemos perder de vista que en esta reforma y en estas razones que han dado lugar a la utilización del real decreto-ley subyace el objetivo general de aportar mayor confianza a un sistema financiero sólido, como es el español, pero sujeto a fuertes presiones internacionales en los últimos meses. En economía la recuperación viene siempre de la mano de la confianza, y en este sentido una reforma de conjunto, una reforma integral era imprescindible para alcanzar la máxima eficacia de la acción pretendida. Para ello nuestro ordenamiento dispone de un instrumento de absoluta idoneidad jurídica y económica, como es el real decreto-ley. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Este es un parecer que entiendo que la Cámara comparte, a tenor de lo que han sido sus planteamientos en debates anteriores referidos al sector financiero.


Señorías, tras las medidas del Gobierno orientadas a mantener la confianza de los ahorradores, a aliviar los problemas de liquidez de las entidades de crédito, y a facilitar la reordenación del sector, nos encontramos ante una norma que va a permitir culminar la reestructuración del sector financiero en nuestro país. Es una reforma de las más importantes que hemos llevado a cabo sobre las cajas de ahorros desde el siglo xix. Es una reforma de capital importancia para el conjunto del sector financiero español. Por eso quiero terminar destacando el valor añadido que supone el amplio nivel de acuerdo en el que se ha gestado esta norma, y quiero agradecer la actitud demostrada por los diferentes grupos con los que he tenido oportunidad de debatir, por supuesto en primer lugar con el Partido Popular, pero no solo, para llevar a cabo una importante reforma que se presenta en el momento oportuno y que garantiza la permanencia de nuestro sistema de cajas de ahorros, respetando el reparto competencial.
Es una reforma necesaria que va a permitir fortalecer nuestro sistema financiero, y por ello les pido que con su voto ratifiquen el texto de este real decreto-ley.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


El Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha pedido turno en contra. ¿Algún otro grupo lo solicita? (Pausa.) En tal caso tiene la palabra el grupo, y en primer lugar el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Iba a dirigirme a la vicepresidenta, pero casi voy a cambiar de interlocutor. Señor Montoro, a usted no le hubiesen permitido hacer una cosa así, porque hoy estamos asistiendo al mayor proceso de privatización del sector financiero, y estoy seguro de que esta Cámara ni al Gobierno de la derecha le hubiese permitido hacer un proceso de mayor privatización del sector financiero y además sin evaluación, sin control, sin participación de esta Cámara. He empezado dirigiéndome al señor Montoro, señora vicepresidenta, porque esta es la reforma propia de un Gobierno histórico, sí, pero históricamente de derechas y conservador, porque esta primavera de 2010 va a pasar a la historia como la primavera de las contrarreformas, en que ese socialismo de más de cien años hace las políticas propias de un gobierno de derechas. España era distinta en muchas cosas y una de ellas era en las cajas, que estaban afincadas en el territorio y que hacían de la economía algo distinto, y que interactuaban con la economía local. Pero lo que hacen ustedes hoy es seguramente lo que haría el señor Montoro, pero eso sí, sin control, sin evaluación, sin participación. De hecho lo que hoy traen no es nuevo, Funcas hace años que lo pedía, y han aprovechado el momento de crisis para abrir la privatización efectiva de las cajas, la que llegará al cabo de muy pocos años.


Señora ministra, el problema es el fondo, es el contenido, pero también son las formas. Hoy dan un paso más para que eso que mandataba la Constitución, una economía mixta, deje de existir. Casi no tenemos sector público y hoy, con el inicio de la privatización de las cajas, dejamos de tener lo que sí tienen otros, Francia o Alemania. Tiene usted razón, es una jornada histórica, pero una jornada histórica para los liberales o los social liberales -o como quieran llamarse hoy-, pero una jornada histórica no precisamente para la izquierda. A finales del año pasado el Banco de España, con el liderazgo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez -cómo no-, decía que teníamos que ir hacia un modelo de cinco grandes cajas: norte, noreste, centro, sur y sudeste, y a eso se acabará llegando. Lo cierto es que hoy dan un paso clarísimo que, si me lo permite, va acompañado de la reforma del sistema de pensiones, de la reforma laboral, de la reducción del gasto, y que además va acompañado del FROB, ese fondo en el que se han gastado tantos dineros, casi tantos como los que han dejado de invertir en la reducción de la inversión, renunciando a políticas anticíclicas, a políticas neokeynesianas, situándose en la Europa de Hoover, donde ustedes parecen decir: sí, amén. Pero hoy damos un paso sin retorno, no para mejorar el crédito, no para fortalecer nuestras instituciones, sino precisamente para que

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algunos hagan un negocio redondo. Después del FROB, la Lorca, la reforma de la Ley de Cajas, permitiendo precisamente la bancarización de las mismas y además que las comunidades autónomas -y no lo digo yo, sino muchos otros- tengan a partir de esta reforma menor peso, menor papel, privatizamos el modelo de cajas, bancarizamos el modelo, y al final es un negocio redondo para los bancos, porque además no va a haber evaluación de lo que cuesten dichos activos. El negocio financiero, redondo como nunca, pero el problema es que damos un paso atrás. Se pone en riesgo por ejemplo el papel territorial de las cajas de ahorros, el papel que las cajas de ahorros han jugado y han cumplido, con esa función social de reparto de excedentes destinado a dotación de bienes y servicios en los territorios en los que actúan preferentemente. Se atacan competencias autonómicas, ya que se rompe el principio de territorialidad y de relación con el entorno económico, tan característico de las cajas. Esta ley pasa a ser, si me lo permiten, una apisonadora sobre las competencias autonómicas, y demuestra nuevamente la pérdida de compromiso del Gobierno con la España plural, con la España real, con la España plurinacional. Se diluye la función social de las cajas como nunca. Las cuotas participativas, que podrán ser de hasta el 50 por ciento del patrimonio de las entidades -nada más y nada menos; casi todo-, serán remuneradas, cosa que disminuirá los beneficios de las entidades, y por supuesto reducirá sustancialmente las cantidades destinadas a obra social. Además, todo ello irá acompañado de la profesionalización de los órganos de gobierno, con la demonización -sí, demonización- de la presencia de cargos políticos, cuando todos sabemos que tenemos experiencias -buenas, malas y regulares- de profesionales y de políticos repartidos en este caso por igual. Pero ustedes lo que hacen es demonizar, haciendo que los que vienen representando a cámaras autonómicas tengan un límite -cosa que no tendrán los pretendidamente profesionales- al igual que los que son nombrados por políticos, como si los que llevan una cola entre las piernas fuesen esos a los que no les toca tener ningún crédito, dando todo el crédito -y absoluto- a aquellos que teóricamente son profesionales.


El problema de su reforma es que no resuelve lo fundamental, que es que hoy se tiene que garantizar el crédito, que el crédito tiene que llegar, y que se tienen que hacer reformas que afecten al sector financiero y que garanticen que el crédito llegue a familias y a pequeñas y medianas empresas. Eso, señora ministra, no lo tocan ni tan siquiera lo mencionan.
Eso no lo afrontan, y no lo hacen por una razón muy simple y muy sencilla: porque no se atreven. Hoy deberíamos hacer una reforma del sector financiero que se atreviese a que llegue el crédito, hoy debería haber una política de evaluación de riesgos, pero en eso no entran a fondo. Lo que tenemos es una propuesta que se queda en lo que algunos pretendían desde hace tiempo: la bancarización del sistema de cajas.


Acabo, señor presidente, con algo muy breve. Comisiones Obreras -al igual que otros muchos sindicatos- le plantearon propuestas en materia de alianzas, de participaciones de capital, de responsabilidad social, de supervisión en líneas posibles, pero opuestas a lo que ustedes han planteado. ¿Qué tenemos hoy? La reforma al dictado, aprovechando el contexto de crisis para bancarizar el sistema de cajas, y además con invasión competencial. Podrían haberlo hecho de forma distinta, pero como decía lo han hecho como lo haría el Partido Popular, aunque como no se lo hubiésemos permitido al señor Montoro.


Gracias. (Aplausos del señor Llamazares Trigo.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, haciendo uso del turno en contra habrán advertido SS.SS. que Esquerra va a votar en contra de la convalidación de este decreto-ley, y lo vamos a hacer porque, en primer lugar, la intencionalidad de esta norma que hoy nos trae el Gobierno a debate y a su eventual convalidación no tiene exactamente la misma intencionalidad y los objetivos que acaba de expresar la señora vicepresidenta del Gobierno. (Rumores.) No es una reforma que vaya destinada exclusivamente a operar las reformas necesarias para aumentar la solidez y las garantías de las cajas de ahorros, en definitiva para facilitar el crédito de familias y empresas, sino que responde también a otros más bien poco disimulados propósitos que no podemos compartir. (Rumores.) A saber, el primero es que ese decreto-ley establece...


El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.


Hagan el favor de bajar un poco la voz, señorías.


Adelante.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


El primero es que este decreto-ley establece las vías para la privatización -se ha llamado también la bancarización, diría incluso el haraquiri, porque aquí está la larga sombra de la CECA- de un sustancioso segmento del negocio financiero, que hasta ahora era impermeable e inaccesible a las apetencias del capital privado, a pesar de la larga y más que centenaria historia de las cajas, desde que ya en 1977 Fuentes Quintana diseñó un modelo de éxito, como ha sido el de las cajas de ahorros. En segundo lugar, porque se recentralizan a favor del Estado las facultades y competencias más sensibles en materia de cajas, con lo que se aleja progresivamente a estas del resto de administraciones territoriales que no son Estado, es decir, comunidad autónoma y Administración local. En tercer lugar, porque -hay que decirlo

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todo- también en este contexto de aguda crisis económica se facilitan los procesos de ajuste de plantilla, denominándolo proceso de reestructuración del sector, utilizando este eufemismo. La consecuencia por tanto de todo ello, señorías, es que en primer lugar se va a minimizar la función social de las cajas. En segundo lugar, se va a anular poco a poco el arraigo territorial de las mismas, y por tanto estas dos características son las que en su día dieron origen a las cajas, y las que están -como diría Lucrecio, el clásico- en la naturaleza del mismo sistema de cajas de ahorros, que ha sido un modelo, insisto, de éxito.


Es verdad que en buena parte el motor de este éxito de las cajas ha sido el crecimiento desaforado del endeudamiento global privado de familias y de empresas. Particularmente en el periodo 1995-2008 el crédito en manos de empresas no financieras se multiplicó por siete en términos absolutos, y en términos de PIB pasó del 65 al 170 por ciento. Es innegable además que su arraigo territorial y social, su inmediación, su proximidad y también su flexibilidad organizativa han facilitado el incremento de la cuota de mercado, ha pasado la mano por la cara a los bancos, pasando del 26 al 43 por ciento, mientras los bancos han reculado y han pasado del 62 al 49 por ciento. Todo esto, señorías, no nos extraña que haya llevado desde hace algún tiempo de forma insistente -aparte de medios financieros, al propio Banco de España- a algunos círculos políticos a hablar abiertamente, desde hace casi una década, de que hay que reconducir el sector, de que hay que redimensionar el tamaño de estas entidades y su número, que son eufemismos que en nuestra opinión enmascaran el objetivo de alcanzar el modelo 2+2. Es decir, simplificar el modelo financiero para que haya dos grandes bancos, dos grandes cajas -no voy a poner nombres y apellidos, porque ustedes lo saben perfectamente-, y hoy se consuma a través de este decreto-ley el modelo 2+2. Pero, señorías -sobre todo del PSOE y del Partido Popular-, no nos confundan, porque una cosa es que la exhuberancia y los excesos del modelo de crecimiento del sistema financiero se hayan basado en una importante componente de irracionalidad, como decía hace algún tiempo Alan Greenspan -los resultados están a la vista-, y otra cosa es que casi todos los movimientos del Gobierno en estos últimos tiempos, con el objetivo de afianzar al sistema financiero -por ejemplo, los 11.200 millones del FROB, instando a fusiones, o un Zurbano que ha limitado el SIP, y ahora esta reforma de la Lorca-, no solo se han dirigido a reforzar el sistema de cajas, sino también a su liquidación a medio y largo plazo, y también a corto plazo, a su plena privatización.


No resulta por tanto nada extraño, señorías, que PSOE y PP se hermanen en el apoyo a este decreto-ley; ya saben ustedes cómo se privatiza por estos lares, ya saben ustedes que en el manual de las privatizaciones siempre hay algunos beneficiarios. La ineficiencia, la opacidad y la poca transparencia siempre están detrás de estos procesos de privatización. Si quieren ustedes echamos un vistazo a lo que ha pasado con el sistema eléctrico. Lo que quiero decir simplemente es que el Gobierno con esta reforma normativa está matando dos pájaros de un tiro. El primero es que va a posibilitar, por ejemplo, que algunos amigos, conocidos y saludados obtengan pingües beneficios con la asignación de prebenda de los mercados privatizados, algo que parece casi consustancial, casi cultural al ejercicio de la acción privatizadora del Estado. El segundo pájaro que mata el Gobierno, con la complicidad del Partido Popular, es la restitución a la civilización, al orden natural de las cosas, que es el Estado, frente al caos y la ineficiencia autonómica de las cajas de ahorros. Quede claro que no es que Esquerra esté en contra de la evolución de las cajas, de la necesidad de garantizar su futuro, de abrir nuevas vías de capitalización y también de consolidación, e incluso de despolitizar, en el buen sentido de la palabra, a estas entidades y de profesionalizar también sus órganos rectores, e incluso de explorar algunas fórmulas para incrementar la intermediación y su margen, pero lo que sí rechaza, insisto una vez más, es su privatización y su centralización a favor del Estado, porque ello es una amenaza para un sistema de cajas que ha sido históricamente un modelo de éxito, no solo por su función social, sino también de equilibrio territorial.


Gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías. (Aplausos del señor Llamazares Trigo.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Mixto en primer lugar tiene la palabra doña Uxue Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Presidente, señorías, señora vicepresidenta, empezaré por decir que no compartimos en términos básicos o gruesos las líneas de un real decreto que no son sino los extremos de un acuerdo Partido Popular-Partido Socialista con el que no sé si se ha ninguneado pero desde luego que ha dejado al margen en gran medida a los representantes de esta Cámara e incluso a los representantes de aquellas comunidades autónomas, de aquellas entidades, que dan razón de ser a muchas de las cajas de ahorros afectadas por este real decreto. Además, hablamos de un acuerdo que de entrada garantiza la efectividad de la propuesta más allá de lo que los dos socios acuerdan. Ese es básicamente uno de los ejes de este acuerdo.


No compartimos tampoco el real decreto de órganos de gobierno y otros aspectos de régimen jurídico de las cajas de ahorros en aquellos aspectos que hablan de la no politización de las cajas. Aquí quiero detenerme con especial interés. Vamos a ver, si hablamos de que los cargos electos no sean los encargados, no sean los obligados a gestionar un negocio financiero para el que por cierto muchos de aquellos cargos electos, parlamentarios, concejales, ni estaban preparados ni pusieron a

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disposición de la sociedad su preparación o su disponibilidad para dirigir entidades financieras, si estamos hablando de no obligar a aquellos cargos electos que en ningún momento pusieron a disposición de la sociedad nada parecido a gestionar entidades financieras, estamos absolutamente de acuerdo. Digo más, si hablamos de cargos electos que no van a ser -permítanseme las comillas- "premiados" con un asiento en el consejo de una caja, si hablamos de todo esto, señora vicepresidenta, estamos absolutamente de acuerdo en la no politización de las cajas.
Ahora bien, si hablamos de evitar, si hablamos de cercenar, si hablamos de coartar el control público sobre la actividad financiera de unas entidades que se deben a la sociedad por encima de otras formas de legítimo beneficio, si hablamos de esto, entonces nuestra respuesta no puede ser nunca un sí a este real decreto.


No nos oponemos en absoluto, ni mucho menos, a una remodelación razonable del sector, lo está pidiendo a gritos, esto es evidente y aquí sí compartimos posiciones, pero no podemos renunciar, entendemos además que la sociedad no puede renunciar, al control público, no a la dirección, como ya he dicho -y creo que con prolijidad-, no a la decisión de partidos o desde los partidos, pero sí al control público de la actividad financiera de estas entidades, control ya sea masculino o femenino, y permítame el señor Herrera que le dirija la reflexión. En cualquier caso y por último, seguimos preguntándonos si el objeto social de las cajas, vicepresidenta -y ahora sí me centro, para terminar, con el tercero de los argumentos de Nafarroa Bai en torno a las cajas-, su otra fundamental y principal razón de ser, queda preservado en este real decreto. Y ante la duda, votaremos razonablemente que no.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra doña Rosa Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, señora vicepresidenta, señorías, en diciembre del año pasado planteamos un debate en esta Cámara, a través de una interpelación y la subsiguiente moción, en la que urgíamos al Gobierno precisamente a iniciar un proceso de reforma de los órganos de las cajas de ahorros y de las propias cajas de ahorros. La vicepresidenta segunda del Gobierno me insistió en que no era urgente, que no era necesario, que todas aquellas cuestiones que yo le planteaba estaban bien pero que en todo caso no era el momento, y ahora, tarde, cuando no queda otro remedio, cuando han tenido que ser rescatadas las cajas por el Banco Central Europeo por no poder acceder al interbancario, ahora viene la propuesta de reforma, tarde y mal, desde mi punto de vista.


Tarde y mal porque lo que se nos plantea es un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, los beneficiarios políticos del sistema, los responsables de su fracaso, que, insisto, se acomete cuando no queda otro remedio, y que además trae el aplauso de la CECA, digamos de los intereses creados. Además, se nos ha explicado en la prolija intervención que ha tenido la vicepresidenta segunda -que, por cierto, yo agradezco-, como uno de los referentes fundamentales que han formado parte también de algunas intervenciones que me han precedido, aunque desde una perspectiva distinta, como la intervención al respecto del señor Herrera, que es una iniciativa para la despolitización de los órganos de dirección de las cajas de ahorros. Esto, sencillamente no es cierto, porque es verdad que ya no van a poder ser cargos electos los políticos que estén en los órganos de las cajas de ahorros, pero yo le pregunto a la vicepresidenta: ¿cuántos cargos electos había hasta el momento presente en las cajas de ahorros? Había algunos de segundo, tercero o cuarto nivel. ¿Cuántos? A mí me gustaría, en cualquier caso, que, si me lo puede decir, me dijera cuántos, porque yo no tengo idea de que fueran muchos. Muchos políticos, pero muy pocos cargos electos; unos 2.000 cargos políticos de los más de 4.000 que existen; creo que el porcentaje de cargos electos era bastante bajo. Por aproximarnos a la realidad, con este sistema, Rato podría seguir siéndolo, Rojo podría seguir siéndolo, Narcís Serra podría seguir siéndolo, es decir, todos los que más conocemos podrían seguir estando en los órganos de las cajas de ahorros. ¿De qué despolitización estamos hablando? No los nombran los gobiernos, los nombran los parlamentos, pero como de la mayoría del Parlamento, es decir, del grupo mayoritario, de las mayorías, sale el Gobierno, al final no son nombrados los cargos electos, pero son los cargos electos los que nombran a otros políticos.
Aquí, de despolitización, nada de nada. Que se pasa del 50 al 40, sí, pero a la vez se refuerzan las mayorías, dos tercios para los asuntos importantes, con lo cual todo sigue quedando en manos de los políticos.
Vamos a llamar a las cosas por su nombre.


Además, señora vicepresidenta, lo que más me importa, este es un ejemplo más -no es el único, esta mañana hemos tenido otros y a lo largo de esta legislatura hemos tenido muchos- de cómo entienden ustedes la regeneración democrática y la transparencia. Ustedes hacen en un despacho los acuerdos entre ustedes, es decir, el PSOE hace en un despacho los acuerdos con el Partido Popular, y a eso le llaman democracia, y nos traen el decreto para que lo sancionemos. O todo o nada. Ninguna posibilidad de que haya un debate, ninguna posibilidad de que los ciudadanos se enteren de qué es lo que pensamos los políticos, ninguna posibilidad de que nosotros, simples mortales de pequeños grupos políticos, podamos hacer aportaciones al debate y reformas a esa iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Señora Díez.


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La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Yo creo que eso es un desastre y, además, insisto, indica cómo entienden ustedes la democracia y cómo están rebajando la calidad de la democracia; ustedes y ustedes, porque esto es un pacto de los dos que se mantiene.


Señora vicepresidenta, en definitiva, desde el punto de vista político, esto es un atraco político, porque se hace de forma oscura. Por tanto, es un atraco político.


El señor PRESIDENTE: Señora Díez, el tiempo.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino. Y, desde el punto de vista económico y financiero, es una auténtica chapuza.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Por el mismo grupo parlamentario, señor Jorquera, ¿desea intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora vicepresidenta, el BNG discrepa profundamente de este real decreto, tanto en el fondo como en la forma; por cierto, la forma que acostumbra siempre a ser definitoria del fondo. Discrepamos de la forma por optarse de nuevo por una vía, como es el decretazo, para abordar una reforma de enorme trascendencia. El procedimiento seguido es una falta de respeto a las comunidades autónomas, pero también a esta Cámara. Es una falta de respeto a las comunidades autónomas, porque no se ha contado con ellas en el proceso previo de consultas, pese a tener competencias en esta materia, y porque a través de un uso abusivo de la legislación básica del Estado, apoyándose en sus competencias en aspectos como los órganos de gobierno y representación de las cajas de ahorros, se formula todo un cambio de modelo y un diseño recentralizador. Es una falta de respeto a esta Cámara, porque dos partidos políticos pactan fuera de la misma la reforma y después la someten a refrendo del Congreso, quedando incluso vedada la posibilidad de introducir cualquier cambio en esta reforma, al optarse por la vía del decreto-ley.


Además, discrepamos profundamente del fondo. Estamos ante el colofón de la reforma del sector financiero pactada por el Partido Socialista y el Partido Popular, que, como nos tienen acostumbrados, sobreactúan en esta Cámara para exagerar sus diferencias, pero coinciden siempre en los aspectos fundamentales. Porque esta reforma, señorías, no ataca ninguna de las causas que generaron la crisis en el sector financiero. La reforma financiera necesaria debe pasar por una mayor regulación, por reforzar la tutela pública. Sin embargo, ustedes nos proponen todo lo contrario, más bancarización, más privatización, más concentración del poder financiero; en definitiva, sentar las bases para acabar con la naturaleza social y el vínculo territorial de las cajas de ahorros.


Señorías, los problemas de muchas cajas de ahorros derivan precisamente de haberse alejado de su naturaleza y de sus fines fundacionales, derivan de haber intentado homologarse en su modus operandi a los bancos privados, con una orientación de su actividad financiera donde ha primado la expansión, el afán de obtener beneficios a corto plazo asumiendo grandes riesgos, su apuesta por la economía especulativa y no la productiva, y por un modelo de gestión donde sus equipos directivos han gobernado estas entidades como si fuese su coto particular, su coto privado. Nada de esto se corrige con este proyecto de reforma. Al contrario, aplican ustedes el viejo dicho: si no quieren caldo, dos tazas. Primero, más concentración.
No compartimos, señorías, su obsesión por el tamaño. No debe perderse la perspectiva de que el detonante de la crisis financiera internacional ha sido precisamente la quiebra de entidades gigantescas con actividades a escala global. Además, señorías, cuestionamos total y absolutamente la demonización que ustedes hacen de lo público. Hay que diferenciar la profesionalización de lo que es estrictamente la gestión de la tutela pública, necesaria para preservar el interés público. ¿Y cómo se puede entender, si no es como demonización de lo público, que ustedes pretendan limitar la representación de las instituciones al 40 por ciento y, en cambio, abrir la posibilidad de que un señor, un particular, a través de cuotas participativas, con derechos políticos, tenga el 50 por ciento y, por lo tanto, el control total de una caja de ahorros? No compartimos la demonización de lo público y nos parece inaudito que desde foros públicos, que tienen que preservar el interés público, se trabaje única y exclusivamente al servicio de intereses de sectores privados.


Ya concluyo, señorías. En el reciente debate de política general advertíamos cómo una orientación de las políticas económicas dictada por los grandes lobbies económicos, los grandes poderes financieros, traía consigo más centralismo y una devaluación de la política y de la propia democracia. Esta reforma es un claro ejemplo de ello.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señora vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda, hoy nos trae el Gobierno para su convalidación un real decreto-ley de reforma de cajas de ahorros. Es un reforma necesaria, una reforma esperada y demandada, que se ha presentado, tal y como ha señalado la propia vicepresidenta, una vez concluida la fase de reestructuración y de reor

denación de las cajas de ahorros. Al menos esta primera

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fase, puesto que todo el mundo sabe que el proceso de fusiones, absorciones, concentraciones, en definitiva, de redimensionamiento de las cajas continuará en el futuro hasta que el número de entidades que pervivan sea sensiblemente inferior al que existe hoy, que ha experimentado ya una reducción sustancial.


Cuando hace casi dos años cae Lehman Brothers y se desata con virulencia la crisis financiera internacional, las primeras voces que se oyen en el Gobierno son que la crisis es estrictamente financiera, que el sistema financiero español es solvente y que, por tanto, la economía española podía estar tranquila. Sin embargo, cuando percibimos la enorme dependencia de las entidades financieras del ladrillo, especialmente las cajas de ahorros, y que la burbuja inmobiliaria se desinfla a la par que la crisis pasa de financiera a económica con un PIB que decrece y con un paro que aumenta de forma vertiginosa, las alarmas se encienden. Quedan en evidencia muchos de los problemas estructurales de las cajas de ahorros, que se habían expandido sin mesura, al calor de la especulación inmobiliaria, y cuyas bases ahora estaban desquebrajándose.


Sin ahondar en el análisis, quiero señalar que la gran dependencia del sector de la construcción, los préstamos a promotores y familias para la compra de vivienda, son cada vez más un problema para las cajas, que ven que, con el hundimiento del sector y con el aumento del paro, crecen la morosidad y los impagos, y de esta forma la solvencia de muchas cajas cae bruscamente, lo que les obliga a adoptar medidas de reestructuración. Las cajas de ahorros necesitan reforzar su capital, reordenar sus estructuras, en definitiva, quitar lastre para afrontar una nueva situación de crisis económica profunda y con un sector inmobiliario cuya pujanza no volverá al menos en años de la manera en que lo hizo en el pasado. Así, el 26 de junio del año 2009, hace poco más de un año, se aprobó un real decreto-ley en esta misma Cámara por el que se creaba el Fondo de reestructuración ordenada bancaria, el FROB, dotado inicialmente con 9.000 millones de euros, ampliable hasta 99.000, precisamente con el fin de impulsar los procesos de integración y redimensionamiento de entidades financieras. En total, según los datos del Banco de España -creo que la vicepresidenta ya los ha dado también aquí-, se han reestructurado 39 cajas, de las 45 que existían, 26 de ellas han participado en procesos de integración con ayudas del FROB y 12 sin ayudas del FROB. Los recursos destinados a tal fin se sitúan próximos a los 12.000 millones de euros, además de los 5.000 millones del Fondo de garantía de depósitos. La última operación llevada a cabo fue la adjudicación de la subasta de CajaSur a la BBK, operación por la que, si me lo permiten, quisiera felicitar a la entidad vasca, y estoy convencido de que será también muy positiva para CajaSur y los clientes andaluces de la nueva caja fusionada.


Pues bien, tras los cambios habidos, era necesario dar cobertura legal a la nueva realidad que, como decía, continuará cambiando día tras día.
Para ello el Banco de España, la CECA y el Gobierno, se pusieron manos a la obra. Al principio, la idea que teníamos era que se iban a contemplar los diferentes modelos en los que las nuevas cajas deberían desenvolverse y nada más, pensábamos que no se iba a entrar con este real decreto-ley a regular la asamblea, el consejo, etcétera, es decir, que no se iba a modificar lo relativo a los órganos rectores de las cajas de ahorros. Sin embargo, como fruto del acuerdo entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular el real decreto-ley contempla una modificación sustancial de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros que desconocíamos previamente y que imposibilita que votemos favorablemente la convalidación de este real decreto-ley. En tres de los cuatro modelos que plantea el real decreto-ley, de una manera o de otra y con mayor o menos intensidad, las cajas actúan como bancos y, además, este es precisamente el horizonte de futuro más previsible para las cajas que deseen tomar cierta dimensión y capacidad de actuación allende sus fronteras y en campos y productos financieros relativamente sofisticados y de participaciones industriales significativas. La que lo desee efectivamente podrá mantener la naturaleza y el carácter estricto de caja, pero, como contrapartida, su ámbito de actuación y su negocio serán más limitados y con menores posibilidades de expandir su actividad. Nos gusten o no, estos son los requerimientos de los mercados y es a lo que nos llevan los necesarios procesos de reestructuración y recapitalización. No obstante, las cajas de ahorros de una u otra forma deberán mantener, como sello propio de identidad, y yo diría incluso que aumentar, la labor social que les es propia, que es muy importante, y que sus clientes y asambleístas se lo van a exigir.


Hemos de ser conscientes de que las cajas que quieran seguir siéndolo y tengan que acudir al mercado de capitales no lo van a tener fácil, puesto que, en primer lugar, el inversor tiene que aceptar invertir en España, lo que hoy no es fácil, en segundo lugar, en el sector financiero español, que tampoco lo es; además, ha de comprar un producto, unas cuotas participativas, que no sabe muy bien lo que son y cuyo dividendo lo decide una asamblea que posiblemente no controla. Así, la caja en cuestión, dado que le va a ser casi imposible financiarse con capital, se va a ver obligada a reducir su actividad y negocio. Por lo tanto, mal futuro para aquellas entidades que quieran mantener su estricto estatus de caja; legalmente pueden, pero los mercados se lo van a poner difícil si pretenden una mínima expansión. A pesar de las dificultades señaladas para las cajas, serían mucho mayores en el caso de que las cuotas participativas, cuyo límite asciende al 50 por ciento, no les otorgaran derechos políticos. Así, los cuotapartícipes, pactando con parte de la asamblea, podrían tener el control efectivo de la entidad.


En cuanto a los órganos de gobierno, cuya reforma en nuestra opinión no era necesaria y no estaba inicialmente pensada o prevista, tan solo los intereses del PSOE y del

Gobierno han impuesto este criterio. Con carácter previo

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se establece que la condición de miembro de los órganos de gobierno de una caja, que incluye la asamblea general, el consejo de administración, la comisión ejecutiva, la comisión de control, el director general, las comisiones de inversiones, de retribuciones, nombramientos y la obra benéfica y social, será incompatible con el de todo cargo político electo; a continuación se extiende la incompatibilidad a cualquier alto cargo de la Administración en todos sus niveles. Sabemos que esta medida responde precisamente a espectáculos nada gratificantes ofrecidos por responsables de algunas cajas gobernadas meses o años atrás por el PP o por el PSOE. Los comportamientos inapropiados dependen más, pensamos nosotros, de las personas que de la condición de cargos electos, públicos o no. Sin embargo, podemos compartir esta medida, no sin señalar la dificultad que se va a generar en muchas entidades fundadoras y en corporaciones municipales para designar personas que no tengan la citada incompatibilidad, que tengan cierta disciplina de voto, etcétera. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Se añade también un nuevo grupo a los representantes de la asamblea, entidades representativas de intereses colectivos en el ámbito de la actuación de una caja o de un reconocido arraigo en el mismo. De hecho, existe un nuevo grupo, en el que se señala que, en su caso, la participación de las comunidades autónomas se llevará a cabo a través de miembros designados por la asamblea autonómica que posean reconocido prestigio y profesionalidad. Estamos de acuerdo en lo del prestigio y profesionalidad, siempre y cuando lo decida alguien independiente. Por lo demás, baja el peso de las corporaciones de las administraciones públicas hasta un máximo de un 40 por ciento -hasta ahora era el 50- y los impositores oscilan entre el 25 y el 50. Curiosamente, no se menciona el porcentaje correspondiente a las llamadas asambleas autonómicas, lo que da la sensación de que estarían incluidas en el epígrafe de administraciones públicas, aunque una asamblea no es jurídica ni estrictamente una administración pública. La regulación planteada permitirá al legislador autonómico hacer trajes a medida manejando los porcentajes; de esta manera, los resultados pueden ser enormemente dispares en unas cajas y en otras. No quiero prolongarme por esta vía entrando en más detalles regulatorios de los órganos de gobierno. Creo que ya me he referido a lo más significativo. Tan solo quiero señalar que, dados los plazos establecidos para adecuar la legislación al ámbito autonómico, la fecha prevista para las elecciones a la asamblea es en abril del año 2011, curiosamente en plena campaña electoral de elecciones autonómicas, municipales y forales. No sé si es casualidad pero esta es la fecha.


Para concluir, voy a referirme a una cuestión competencial. Sin ser experto en temas competenciales, tengo la impresión de que esta vez las intromisiones en el marco competencial existen, aunque es verdad que son menos burdas que en otras ocasiones. Reconozco el interés en este caso de la señora vicepresidenta segunda del Gobierno para respetar al máximo las cuestiones competenciales. En el título IV, relativo al gobierno corporativo, se añade una disposición adicional sexta denominada Fusiones de cajas de ahorros, en la que se dice que las cajas estarán sometidas al procedimiento de autorización previo en la normativa autonómica de desarrollo.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Azpiazu, por favor.


El señor AZPIAZU URIARTE: Termino, señora vicepresidenta.


La denegación de la autorización se establece que solo podrá producirse mediante resolución motivada cuando la entidad resultante pudiera incumplir cualquiera de los requisitos objetivos previstos en la citada normativa. Nos parece que es humillante que se hable de resolución motivada como si se actuara caprichosamente desde el ámbito autonómico y solo responsablemente desde las instituciones centrales. Se suprime el derecho a veto autonómico, salvo en el caso de que la entidad resultante pudiera incumplir requisitos, lo que cercena, aunque sea parcialmente, las competencias autonómicas y aunque sea en los poquísimos casos en que pudieran producirse fusiones entre cajas de ahorros.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Quince segundos, vicepresidenta.


Concluyo simplemente diciendo que compartimos básicamente los modelos que contempla el real decreto-ley. La realidad económica de los mercados y los requerimientos de capital y solvencia imponen una serie de reglas que aunque no nos gusten tenemos que aceptar. No creemos que fuera necesaria la reforma de los órganos de gobierno de las cajas pero, ya que lo han hecho, nos hubiera gustado participar en ella, aunque no ha sido así. Por tanto, el Grupo Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, se va a abstener en la votación de la convalidación de este real decreto.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Catalán de Convergéncia i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta económica del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, vamos a manifestar la posición de nuestro grupo parlamentario ante la convalidación de este real decreto que afecta a la reestruc

turación del sistema financiero y a la reforma de la Ley

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de Cajas. Quiero manifestar en primer lugar y con la máxima claridad que, a pesar de que dicha reforma incorpora aspectos muy positivos orientados al sector financiero, nuestro grupo parlamentario es muy critico con esta reforma pactada entre el Partido Popular y el Partido Socialista -repito, con esta reforma pactada entre el Partido Popular y el Partido Socialista- por las siguientes motivaciones. Primero, por la falta de transparencia en este proceso; segundo, porque creemos que se ha actuado a espaldas del Parlamento y también, lo que es más grave, a espaldas de las comunidades autónomas; y, tercero, porque nosotros entendemos desde nuestra perspectiva que hay una invasión considerable de competencias autonómicas declarando en el contenido implícito de este real decreto muchísimos preceptos básicos que en realidad no lo son, especialmente todos aquellos que se refieren a los órganos rectores y a los órganos de gobierno de las cajas de ahorros. Por este motivo, nuestro grupo se va a abstener en la votación y al mismo tiempo vamos a pedir la tramitación parlamentaria de este real decreto-ley como proyecto de ley.


Asimismo, para expresar estas primeras reacciones de nuestro grupo parlamentario, vamos a detallar algunos de los aspectos positivos de esta reforma, que, a nuestro entender, tiene ventajas considerables, ya que a través de este proceso de reforma del sistema financiero español, básicamente de las cajas, van a consolidar un sector financiero más fuerte, más competitivo, más solvente y más profesionalizado. También se va a preservar la capacidad de inversión a largo plazo de las entidades financieras y entendemos que se preserva su naturaleza fundacional característica. Asimismo hay que decir a continuación que con otras modalidades, por lo que tendremos que estar atentos a su futuro desarrollo. Va a permitir a las cajas afrontar nuevos retos en una economía global y en una situación de crisis que va a exigir más presión sobre los márgenes de las entidades financieras para que sean más positivos, va a exigir más solvencias financieras y más exigencias de liquidez, va a plantear de cara a un futuro inmediato algunas modalidades que a nosotros nos parece que son innovadoras y que pueden ser beneficiosas en el proceso de reestructuración, como pueden ser los SIP, y finalmente van a conseguir y preservar un objetivo fundamental, como es proteger la continuidad de las participaciones industriales y mantener en España los centros de decisión de empresas estratégicas, respecto a lo que conviene defender un vehículo más fuerte y pensar en afrontar las nuevas normas internacionales contables bancarias, como son las de Basilea III, que todavía están por definir. Por lo tanto, podríamos concluir que, como aspecto positivo, estamos ante una reforma histórica, con el máximo consenso y en un tiempo récord, entendiendo en este caso el consenso entre el Banco de España, el Gobierno y los dos gruposs que lo han planteado, que son el Grupo Popular y el Grupo Socialista, de los cuales uno podría llegar a pensar que nunca pactan nada, pero a veces pactan cuestiones verdaderamente importantes.


Expresadas cuáles son las ventajas y las conclusiones favorables de este proceso de consolidación y de reforma del sector financiero, voy a comentar también muy rápidamente cuáles son los aspectos negativos de esta reforma que en el inicio de mi intervención he dicho que hacían referencia a la transparencia, a las competencias de las comunidades autónomas y a los órganos rectores de las cajas de ahorros que se han legislado a través de este real decreto con un mínimo de transparencia, de espaldas a las comunidades autónomas y al Parlamento español. En el caso de que no se tramite como proyecto de ley van a vulnerarse algunos aspectos y conceptos básicos que hasta la fecha estaban en manos de las comunidades autónomas, pero a partir de ahora se van a declarar básicos y los vamos a barrer absolutamente del mapa. ¿Cuáles son estos aspectos que preocupan en profundidad a Convergència i Unió? Nos agradaría muchísimo que el Gobierno y en este caso también el Grupo Popular, que cuando le conviene pacta cuestiones muy importantes como es la reforma de la Ley de Cajas, tuvieran la sensibilidad, cara a las comunidades autónomas y a las cajas de ahorros, de intentar tramitarlo como proyecto de ley, aunque sea como trámite de urgencia, para que este Parlamento pueda tener también su voz y se escuche a las comunidades autónomas a fin y a efecto de corregir algunos aspectos que nosotros consideramos muy importantes. Por lo tanto, un aspecto importante que se introduce en este real decreto es, por ejemplo, la creación de un organismo regulador único, en el que se habilita al Banco de España a tomar todas aquellas decisiones sobre las cajas. El Banco de España decide el abandono de las entidades integrantes del SIP, el Banco de España decide la utilización del FROB en entidades financieras individuales que a su juicio precisen el reforzamiento de sus recursos propios, el Banco de España también controlará los SIP formados por cajas de ahorros, etcétera. En estos procesos tan importantes las comunidades autónomas no tienen, en absoluto, voz ni voto.


También entendemos que en este real decreto se vulneran competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de cajas de ahorros en todos aquellos aspectos que hacen referencia al artículo 120 del Estatuto de Cataluña, que prevé que a la Generalitat de Catalunya le corresponde la competencia exclusiva sobre la regulación de su organización respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 149.1.11.ª y 149.1.13.ª, y por el que corresponde a las comunidades autónomas, en competencia exclusiva, la determinación de sus órganos rectores y la forma en que los distintos intereses sociales deben ser representados; el estatuto jurídico de los miembros de los órganos rectores; el régimen jurídico de la creación, la fusión, la liquidación y el registro; y la regulación de las agrupaciones de las cajas de ahorros. También corresponde a

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la Generalitat el seguimiento del proceso de emisión y distribución de las cuotas participativas. Corresponde a las comunidades autónomas la participación en el proceso de emisión de cuotas participativas y todos aquellos aspectos que hacen referencia al FROB, que también se omiten en este real decreto. Se expulsa a las comunidades autónomas de la comisión de control de las cajas de ahorros, así como de muchísimos aspectos que hacen referencia a la representación de las actividades cívicas; tampoco se tienen en cuenta los preceptos que eran ahora competencia de las comunidades autónomas, como es la representación de las actividades cívicas ni todos aquellos aspectos que hacen referencia a la composición de los consejos de administración cuando deban tener calificación técnica; tampoco se requiere que antes de cada emisión se modifiquen los estatutos para variar la composición de los consejos de administración.
Es decir, son muchísimas competencias que hasta ahora estaban en manos de las comunidades autónomas, pero a partir de la convalidación de este real decreto, si realmente no lo tramitamos como proyecto de ley, probablemente las comunidades autónomas quedarán totalmente despojadas, desalojadas de sus competencias autonómicas, de todos aquellos aspectos que hacen referencia a los órganos rectores y a los órganos de dirección de las cajas. Por lo tanto, apelamos una vez más a la sensibilidad de los dos grupos que han formado este pacto para que se pueda tramitar a través de un proyecto de ley, aunque sea por el trámite de urgencia.


Para finalizar mi intervención, permítame que sea irónico. Ayer, cuando en el Congreso de los Diputados nuestro grupo parlamentario apoyó el techo de gasto con una abstención en la legislación que aprobamos, algunos portavoces importantes del Partido Popular manifestaron públicamente que Convergència i Unió había salvado al Gobierno. Espero que una vez convalidada esta reforma de la Ley de Cajas de Ahorros estos mismos dirigentes del Partido Popular puedan decir claramente -yo diría que con la máxima transparencia- que en este caso, en la convalidación de una reforma tan importante como la reforma de las cajas de ahorros, ha sido el Grupo Popular quien ha salvado al Gobierno y al Partido Socialista Obrero Español.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nadal Belda.


El señor NADAL BELDA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, desde el comienzo de esta crisis la falta de crédito ha sido la norma, ha sido lo que más ha atenazado y ha destruido tejido productivo, empleo, empresas, trabajo de los autónomos, nivel de actividad, recaudación de impuestos, capacidad de sostenimiento de nuestros servicios públicos. Todo ha venido ligado al problema del crédito.
Llevamos año y medio en el que el crédito para familias y empresas tiene tasas negativas de crecimiento, es decir está descendiendo. Dos elementos esenciales -lo dijimos desde el principio de la legislatura- están limitando este crédito, están haciendo que este crédito no llegue a esas empresas, a esos autónomos y a esas familias que lo necesitan para invertir, para mantener sus negocios abiertos y para consumir. El primero es el efecto de esa deuda pública, que es el activo fundamental en el que el sistema bancario ha invertido en los últimos años. Se ofrecía deuda pública para financiar un déficit público desmesurado y a ello se han dedicado todos los fondos disponibles que ha habido en la economía española. Esto es solo una parte del problema; la otra, tan importante como la anterior, es la situación del sistema financiero español, que no es ajeno a una situación de deterioro como la que tiene el resto del sistema financiero internacional pero que también tiene una serie de características propias. Dos elementos fundamentales de problemas en nuestro sistema financiero son, primero, las dudas, o de qué manera se pone su solvencia en entredicho, y, en segundo lugar, la liquidez. Voy a entrar en lo primero.


En España, como en el resto de los países del mundo avanzado, nuestro sistema financiero tiene un problema de valoración de sus activos. Muchos de los créditos que se han dado a particulares, a empresas e incluso a administraciones públicas no pueden tener la misma valoración que tenían cuando se dieron porque no se sabe muy bien hasta qué punto estos créditos se deben devolver o cuánto valen las garantías que se dieron en el momento de su otorgamiento. Hay un problema de valoración en los balances, y mientras no lo arreglemos y los saneemos será muy difícil que el sistema financiero se ponga en pie y asuma las verdaderas pérdidas y responsabilidades que tiene que asumir. Este no es solo un problema español; lo hay en todas partes, pero tenemos experiencias de otros países en los que este tipo de problemas no los han atajado suficientemente bien -el caso de Japón hace dos décadas en muy evidente-, y como cometamos el mismo error de poco va a servir otras actividades y otras actuaciones que hagamos dentro del sistema financiero. El segundo elemento es que, si ahora valoramos correctamente los balances, si los quisiéramos valorar -en esto el Gobierno no ha entrado, en su reforma del sistema financiero, y eso que se lo hemos reclamado en múltiples ocasiones desde el principal partido de la oposición-, si se reconociesen adecuadamente las pérdidas en los balances, tendríamos otro problema: que se cree un agujero en las cuentas, en el capital de las entidades financieras. ¿Con qué lo tapamos? Si las entidades financieras reconocen sus pérdidas o no reconociéndolas siguen avanzando y siguen necesitando cubrir pérdidas potenciales o reconocidas en sus balances, ¿cómo tapamos ese agujero? Solo hay tres formas de hacerlo. La primera es con

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beneficios, que no parece que sea la manera más fácil de hacerlo en el corto plazo, tal como está la economía española y tal como está la situación de nuestro sistema financiero. Se puede hacer algo para obtener estos beneficios, se puede reestructurar el sector, se puede buscar eficiencia, se puede buscar una mejor gestión, pero esta no va a ser la línea fundamental, aunque evidentemente hay que ir por ahí. La segunda es con dinero público. Para eso se hizo el FROB, para que aquellas entidades que en su momento tenían pérdidas o las fuesen reconociendo, en caso de necesitar capital para seguir operando, pudiesen recibir dinero público.
Pero ahora mismo tenemos un problema muy serio, y es que el dinero público es escaso y además no están los mercados en una situación que permita grandes emisiones de dinero del Estado para cubrir este agujero que puedan tener nuestras entidades financieras. Por lo tanto, tenemos que recurrir al dinero privado. La capitalización -es lógico que así sea porque estamos hablando de un sector financiero que opera en los mercados privados- se va a tener que hacer con dinero privado especialmente, y sobre todo porque según va apareciendo lo que va a ser el proceso de Basilea III, las nuevas normas de regulación y necesidades de capitalización de las entidades financieras, incluso de entidades que ahora van bien, van a necesitar más capital. Por eso es esencial capitalizar a las entidades con dinero privado, y esta era una opción que hasta este decreto-ley tenían prácticamente vedadas las cajas de ahorros.
No había instrumentos para capitalizar las cajas de ahorros. Pero hay un problema en este decreto-ley. Bien, capitalizamos, tenemos una capacidad de hacerlo, pero si no reconocemos esas pérdidas a priori y lo hacemos bien, si no animamos al sistema financiero a través de la normativa contable, de la normativa fiscal y de la capacidad regulatoria del Banco de España a reconocer las pérdidas latentes que pueden tener ahí, podemos cometer el tremendo error de meter dinero público y capitalizar privadamente a unas entidades que no han reconocido sus pérdidas, y ejemplos de este tipo de errores también los hemos tenido en otros países. Esto sería arreglar los problemas de más a medio plazo y de más problemas de capitalización que pueden tener las entidades financieras españolas, que no nos detectan los tests de esfuerzo a los que se refería antes la vicepresidenta. No nos lo detectan porque el test de esfuerzo es un escenario totalmente diferente; no mira crédito a crédito, de qué manera está dado, qué potenciales pérdidas puede tener y hasta qué punto su valoración dentro del balance es la correcta.


El otro problema que tiene el sistema financiero español, al que tampoco se atiende en este decreto-ley y con el que hay que tener mucho cuidado, es la falta de liquidez. Ahora mismo las entidades financieras españolas, prácticamente en exclusividad, tienen que acudir al Banco Central Europeo, en una cifra récord de 126.000 millones de euros, para financiar sus deudas a corto plazo. Este problema tampoco lo arregla el decreto-ley que nos plantea el Gobierno. Por tanto, el decreto-ley que trae aquí el Gobierno para convalidación atiende algún problema, algunas cuestiones vitales, capitales, del sistema financiero español como es la capacidad de obtención de recursos privados para el capital de las cajas de ahorros, pero queda muchísimo por hacer para que eso permita que el crédito pueda volver al sistema financiero, a las familias y a las empresas: el saneamiento de los balances y por supuesto que la deuda pública no sea el primer activo de inversión del sistema financiero español.


Como era muy necesario hacer un decreto-ley de este tipo, hemos apoyado al Gobierno y hemos puesto nuestra mejor voluntad en un pacto de contenido político que tiene muchos características. La primera es que se ha podido producir porque el Gobierno ha ido en serio. El Gobierno ha venido con un planteamiento ordenado, claro y buscando unos objetivos muy definidos de qué es lo que se quiere hacer. Otro gallo le cantaría a este país si cundiese más el ejemplo respecto a lo que ha sido esta negociación de la reforma financiera, que no se ve prácticamente en ninguna de las demás áreas. Se podría hacer mucho en este país -en una crisis como la que tenemos, sin precedentes, y en la situación en que se encuentra la economía y la sociedad española- del estilo de lo que ha ocurrido: objetivos claros, libres de ideología, búsqueda de soluciones prácticas, ir al problema concreto y tratar de solucionarlo, y buscar el apoyo del principal partido de la oposición. Lamentablemente, esto ha ocurrido en muy contadas ocasiones en esta legislatura, por eso estamos como estamos.
Ha sido un acuerdo político por el que se ha producido un decreto-ley que supera, en aras del interés general, los intereses partidistas, los intereses territoriales y toda la presión que todas las partes que han intervenido en este acuerdo han tenido que soportar. También el Partido Popular ha tenido que ser capaz de explicar a su partido y a sus gobiernos territoriales -que lo han entendido perfectamente y han asumido como propias estas tesis- la necesidad de salvaguardar un sistema financiero que es la base de una recuperación económica que no puede venir de otro sitio que no sea que haya más crédito para esas familias, autónomos y empresas que ahora mismo no lo tienen.


Es un buen texto, abre unas posibilidades enormes a un sector financiero que tenía otra manera de ser visto en los mercados nacionales y en los internacionales; va a ser capaz de desarrollar un nuevo tipo de economía financiera en nuestro país. Esa economía financiera va a tener como referencia al capital privado y a la profesionalización de su gestión. En esto también son muy importantes los esfuerzos que se han hecho por mejorar esa profesionalización, que vendrá no solo de la modificación de los órganos de Gobierno de las cajas de ahorros, sino porque a partir de ahora el que pone dinero en una entidad financiera -el que lo pone es porque está buscando rentabilidad- va a tener mucho que decir, sobre todo en cómo se tiene que gestionar esa entidad

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financiera. Esto es muy importante porque, evidentemente, van a primar intereses de rentabilidad económica que, al final, son los intereses que nos van a permitir a todos tener un sistema financiero mucho más saneado.
Por esta razón el Grupo Popular va a apoyar la convalidación de este decreto-ley que consideramos que abre enormes posibilidades para la economía de nuestro país aunque, lamentablemente, no es el ejemplo que se ha seguido en esta legislatura en las demás cuestiones primordiales para sacar a la economía española de la profunda crisis en la que vive.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Nadal.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Gastón Menal.


La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el contenido de este real decreto-ley se enmarca en el conjunto de reformas que configura la estrategia de economía sostenible, estrategia ya desgranada desde esta misma tribuna por el presidente del Gobierno el 2 de diciembre del pasado año. Se ha venido resaltando el papel de las cajas de ahorros a lo largo de las intervenciones que hemos escuchado y una vez más el Grupo Parlamentario Socialista quiere resaltar el papel de las cajas, su lucha contra la exclusión financiera, el apoyo al desarrollo territorial y, cómo no, su obra social. Sí, las cajas de ahorros han sido un modelo de éxito, cuya existencia además ha permitido una banca en España mucho más eficiente. Desde los originarios Montes de Piedad hasta hoy día la explicación de su éxito cree el Grupo Parlamentario Socialista firmemente que se debe a su utilidad social pero también a su persistente capacidad de cambio. Una vez más a lo largo de su historia las cajas de ahorros deben hacer gala de esa capacidad de adaptación, para su supervivencia, fruto del golpe dado por la crisis al capital de las entidades y las tensiones de liquidez provocadas que hacen que se cierren los mercados de financiación; fruto de la actual inflexibilidad de su modelo vigente para poder incrementar su capital y así poder continuar con su función crediticia; fruto de la reducción del tamaño de negocio del mercado de nuestro país, de la futura actividad de crédito (El señor presidente ocupa la Presidencia.); fruto del nuevo marco regulatorio que configurará Basilea III; y fruto de las nuevas exigencias necesarias en materia de solvencia y de competitividad de las cajas de ahorros, del total de nuestro sistema financiero y del total de nuestra economía.


Señorías, el principal objetivo añadido a esta necesidad adaptativa de las cajas y a la búsqueda de su supervivencia ha sido preservar su capitalización, la atención que prestan a su entorno territorial y su obra social. Un importante primer paso mirando al futuro de las cajas de ahorros ha sido facilitar su fusión, bien a través de las fusiones previstas en la normativa vigente, bien recurriendo a los sistemas institucionales de protección. Para ello, debemos resaltar de nuevo lo necesario que ha sido el instrumento que hace un año aquí aprobamos, el FROB; instrumento importantísimo, del cual debemos, lamentablemente, de nuevo desde esta tribuna, recordar, al hilo de algunas de las intervenciones escuchadas con anterioridad, que no es una ayuda pública sin retorno, sino que, señorías, el FROB consiste en un préstamo. Una vez dado este primer paso, el proceso de reestructuración, tal y como desde el Gobierno y desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre hemos venido defendiendo, entendemos que es el momento de abordar la reforma.
Haberla anticipado hubiera supuesto generar inseguridades jurídicas y frenos adicionales e indeseados al proceso de reestructuración. Señorías, esta reforma, esta modificación normativa, conlleva un compromiso: fortalecer nuestro sistema financiero y facilitar el flujo de crédito hacia la economía productiva. Para ello, el marco jurídico de las cajas de ahorros se modifica fundamentalmente en dos ámbitos: por un lado, la capitalización de las cajas, facilitando de esta manera su acceso a recursos de máxima categoría en igualdad de condiciones con otras entidades de crédito; y, por otro, dando un impulso a su profesionalización, equiparándolas así en competitividad al resto de las entidades financieras. En consecuencia, las cajas de ahorros se verán así fortalecidas desde el punto de vista de su financiación y también de su gobierno, aspectos imprescindibles, así lo vemos, para mantener la vigencia del modelo español de cajas.


Respecto del contenido de la reforma, ha sido plenamente detallado por la señora vicepresidenta en la presentación de este real decreto-ley, pero quisiera destacar del mismo los cuatro modelos a los cuales pueden optar las cajas de ahorros. Señorías, las actuales cajas de ahorros, en función de su situación, y además de forma voluntaria, podrán optar por uno de ellos. En primer lugar, podrán mantener su naturaleza de cajas de ahorros, emitiendo cuotas participativas que podrán llevar aparejados derechos políticos hasta el 50 por ciento de su patrimonio. En segundo lugar, de igual modo podrán mantener su naturaleza de cajas, integrándose en un sistema institucional de protección, cuya entidad central tendrá la naturaleza de sociedad anónima y así se le permitirá el acceso directo a los mercados. En tercer lugar, podrán mantener su naturaleza de cajas ejerciendo su actividad indirectamente a través de un banco. Y en cuarto y último lugar, podrán optar por el traspaso de toda su actividad financiera a un banco y transformarse en una fundación de carácter especial; fundación que contendría su actividad benéfico-social.


Señorías, ha habido distintos grupos que desde esta tribuna han manifestado su posición en contra de esta reforma, de la modificación normativa que contiene este real decreto-ley. Sinceramente, desde el Grupo Parla

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mentario Socialista consideramos que todas sus intervenciones podrían haber sido muchísimo más breves; podrían haberse limitado a decir que lo que quieren es que no existiera la actual virulenta crisis. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Nosotros tampoco querríamos estar en crisis, sin embargo debemos tener y tenemos los pies en el suelo; esta crisis existe. Atendiendo a esta realidad, lo que queremos, nuestro principal objetivo, es mantener y asegurar la supervivencia de las cajas.
Quisiera igualmente, señoras y señores diputados, matizar algunas de las afirmaciones que se han venido realizando desde la publicación del actual real decreto-ley y también esta tarde desde esta tribuna. En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Socialista no creemos correcto hablar en modo alguno de privatización. Señorías, no creemos que sea correcto, ya que de por sí las cajas de ahorros son instituciones privadas de carácter fundacional, por tanto entendemos que no se puede privatizar aquello que ya es privado. En segundo lugar, debemos resaltar y poner en valor que esta reforma es totalmente respetuosa con el reparto de competencias recogido en nuestra Constitución. Así, este real decreto lo que hace es atribuir al Estado la legislación básica (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora GASTÓN MENAL: Pero atribuye a las comunidades autónomas el desarrollo. Además, de igual modo, este real decreto recoge las adaptaciones necesarias para respetar toda la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional existente sobre esta materia. Por último, hablar de las incompatibilidades de cargos electos y altos cargos de las administraciones públicas en órganos de gobierno de estas entidades supone defender el buen hacer y dedicación de todas las partes.
Comprenderán que vista la realidad existente ni hemos sido ni seremos nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, quienes describamos esta reforma como despolitización; tampoco esta reforma veta función alguna a personas significadas políticamente, siempre y cuando se cumplan los requisitos que el propio real decreto contiene; a la vista está, señorías.


De lo manifestado por los distintos grupos parlamentarios, como Convergència i Unió, he de recordar que ha habido algunos aspectos que se han reclamado como posibles para debatir en un futuro. Nos gustaría decir desde el Grupo Parlamentario Socialista que todos estos aspectos podrán ser debatidos porque así lo entiende el Gobierno. A buen seguro podrán ser debatidos y consensuados de igual modo con el Grupo Parlamentario Popular a fin de incorporar mejoras y bondades en futuras iniciativas legislativas.


Señorías, esta reforma supone cumplir con un compromiso, dar cuerpo a una de las reformas fundamentales para la modernización y el futuro de nuestra economía. A lo largo de los siglos ha quedado patente la necesidad y capacidad de adaptación y cambio de las cajas de ahorros; por su supervivencia vuelven a demostrarlo de nuevo con esta reforma, con su reforma. Es un reforma requerida también desde los distintos grupos parlamentarios y desde el propio sector; reforma dialogada y consensuada con la Confederación Española de Cajas de ahorros -sí, señorías, pero es que representa al sector afectado-, y reforma que cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición, que entendemos que no es que haya colaborado a salvar al Gobierno. El principal partido de la oposición en esta ocasión ha colaborado en la salvación de las cajas de ahorros; voluntad del principal partido de la oposición a la que -hay que decirlo- por desgracia no nos tiene acostumbrados. Es justo reconocer que en asuntos financieros, tanto hace un año con la aprobación del FROB como en esta reforma, los hemos encontrado con voluntad de consensuar, están por la labor de consensuar. Las necesarias y a su vez requeridas reformas aportan solidez y confianza si vienen reforzadas por el apoyo de los distintos grupos parlamentarios, y a ello les instamos de nuevo solicitando el apoyo del resto de los grupos a la que ahora debatimos; de ahí, de esa búsqueda de solidez y de confianza, la importancia de encontrar verdadera voluntad de llegar a consensos. No nos cansaremos de recordarlo y de pedir esta voluntad. Señoras y señores del PP reconocemos esta labor de consenso. Si bien al Grupo Parlamentario Socialista no le duelen prendas en este reconocimiento, tampoco entendemos que deberían caérsele los anillos a ustedes por asomar esta buena disposición más a menudo, por el bien de todos, por avanzar en la salida de esta crisis y por hacerlo de la mejor manera posible cara al futuro.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gastón.


La información que llega a la Presidencia es que respecto del punto VIII, debate relativo al rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria, ningún grupo desea intervenir, tampoco el Gobierno, por lo que pasaremos a las votaciones dentro de tres minutos. Muchas gracias.
(Pausa.)

Señora Báñez, si hace el favor, la nota que pasan a la Presidencia y para todos los grupos parlamentarios es la siguiente. Respecto a la ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de trabajadores autónomos, además de las votaciones que figuran en el cuaderno de votación, que tienen los portavoces, el Grupo Popular solicita que se voten separadamente -tomen nota, lo diré despacio-: las enmiendas al artículo 5.1.d), al artículo 9.2, la disposición adicional séptima, la disposición final cuarta nueva y la disposición final quinta nueva. Se votará todo junto.


¿Los demás grupos están instruidos para la votación? (Asentimiento.)

Cierren las puertas, se inicia la votación.


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DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO. (Número de expediente 121/000081.)

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la enmienda de texto alternativo del Grupo Mixto al proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, seis; en contra, 338; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda de texto alternativo del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds al mismo proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, cinco; en contra, 341; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


AVOCACIÓN POR EL PLENO:

El señor PRESIDENTE: Se ha solicitado a la Presidencia la avocación por el Pleno para la deliberación y votación final de este proyecto de ley. En consecuencia, se pasa a votar la avocación por el Pleno.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 12; en contra, 336; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 48/2003, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PUERTOS DE INTERÉS GENERAL. (Número de expediente 121/000024.)

El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.
Se votan en bloque todas las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 348; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE UN SISTEMA ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. (Número de expediente 121/000055.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. En primer lugar, votamos las enmiendas al artículo 8.2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 174; en contra, 174; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Habiéndose producido empate, se procede de nuevo a la votación. (Rumores.)

Silencio, por favor. Por razón de empate, procedemos a la votación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 175; en contra, 174.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (Aplausos.)

Enmiendas a la nueva disposición adicional decimotercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 175; en contra, 171; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (Aplausos.)

Silencio, por favor. Votamos la nueva disposición adicional decimocuarta.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 193; en contra, 153; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmiendas a la nueva disposición adicional decimoquinta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 196; en contra, 151; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las enmiendas a la nueva disposición final sexta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 189; en contra, siete; abstenciones, 153.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


A continuación, votamos las enmiendas al artículo 5.1d), al artículo 9.2, a la disposición adicional séptima, a la disposición final nueva cuarta y a la disposición final nueva quinta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 197; en contra, 152.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


A continuación, votamos el resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 349.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, 31/2007, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS SECTORES DEL AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LOS SERVICIOS POSTALES, Y 29/1998, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA COMUNITARIA DE LAS DOS PRIMERAS. (Número de expediente 121/000079.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de las leyes 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa para la adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.


En primer lugar, votamos las enmiendas al artículo 1 por las que se introduce un nuevo apartado 35 bis.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 349.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


A continuación, enmiendas a la disposición final primera que es nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 192; en contra, 151; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la disposición final segunda nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 193; en contra, 153; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la disposición final tercera nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 171; en contra, 177; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación, votamos el resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 347; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


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CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)

- REAL DECRETO-LEY 11/2010, DE 9 DE JULIO, DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y OTROS ASPECTOS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CAJAS DE AHORROS. (Número de expediente 130/000034.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 323; en contra, nueve; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.


¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley urgente? (Pausa.) Al menos tres grupos parlamentarios lo solicitan. Por tanto, se somete a votación si se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 23; en contra, 318; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


RECHAZO DEL SENADO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (VOTACIÓN.)

- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PERÍODO 2011-2013, Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL ESTADO PARA 2011. (Número de expediente 430/000004.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos el rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Rumores.-El señor Madina Muñoz: El voto afirmativo supone la aprobación del acuerdo.)

Sí, claro. El voto afirmativo supone la aprobación del acuerdo del Consejo de Ministros y el voto negativo supone su rechazo. Ha sido así siempre.
(Rumores.)

Comienza esta votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 169; en contra, 167; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el acuerdo del Consejo de Ministros.
(Aplausos.)

Se levanta la sesión.


Eran las siete y veinte minutos de la tarde.


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