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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 176, de 22/06/2010
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2010 IX Legislatura Núm. 176
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 167
celebrada el martes, 22 de junio de 2010


ORDEN DEL DÍA:

Inclusión en el orden del día.


Prórroga de plazo:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- De los grupos parlamentarios Socialista y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 259-1, de 11 de junio de 2010. (Número de expediente 122/000234.) ... (Página 5)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido para el mantenimiento de los tipos impositivos del impuesto sobre el valor añadido. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 245-1, de 30 de abril de 2010. (Número de expediente 122/000220.) ... (Página 16)

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SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Inclusión en el orden del día ... (Página 5)

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, el señor presidente solicita la conformidad de la Cámara para incluir como último punto del orden del día de la sesión de esta tarde un nuevo punto, relativo al debate y votación del dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con el Acuerdo marco de la facilidad europea de estabilización financiera entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia, la República Helénica y la facilidad europea de estabilización financiera, lo que se aprueba por asentimiento.


Prórroga de plazo ... (Página 5)

El señor presidente somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para el Pacto de Estado de Sanidad, constituida en el seno de la

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Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para promover y dar a conocer a los ciudadanos la mediación familiar. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 333, de 9 de febrero de 2010.
(Número de expediente 162/000565.) ... (Página 23)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. ("BOE" núm. 147, de 17 de junio de 2010).
Corrección de errores: "BOE" núm. 148, de 18 de junio de 2010. (Número de expediente 130/000033.) ... (Página 27)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante los informes que aconsejan paralizar las obras del túnel del AVE junto a la Sagrada Familia. (Número de expediente 173/000152.) ... (Página 43)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 50)

Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 51)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 51)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 51)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación.)

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de registro 124855.) ... (Página 51)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.):

- Acuerdo marco de la facilidad europea de estabilización financiera entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia, la República Helénica y la facilidad europea de estabilización financiera. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C, número 237-1, de 16 de junio de 2010. (Número de expediente 110/000204.) ... (Página 52)

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Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, para que rinda informe antes del 30 de septiembre de 2010, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)

De los grupos parlamentarios Socialista y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco ... (Página 5)

Defienden conjuntamente la toma en consideración de la proposición de ley la señora Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista y los señores Llamazares Trigo y Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, el señor Salvador Armendáriz, y las señoras Díez González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para el mantenimiento de los tipos impositivos del impuesto sobre el valor añadido ... (Página 16)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Nadal Belda, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Mármol Peñalver, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley ... (Página 23)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para promover y dar a conocer a los ciudadanos la mediación familiar ...
(Página 23)

Defiende la proposición no de ley la señora Quintanilla Barba, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Juanes Barciela, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Quintanilla Barba.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 27)

Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo ... (Página 27)

El señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.


En turno en contra de la convalidación del real decreto-ley intervienen los señores Herrera Torres y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, el señor Salvador Armendáriz,

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la señora Díez González, el señor Perestelo Rodríguez y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Alonso Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 43)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante los informes que aconsejan paralizar las obras del túnel del AVE junto a la Sagrada Familia ... (Página 43)

Defiende la moción el señor Fernández Díaz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Interviene el señor ministro de Fomento (Blanco López).


Replica el señor Fernández Díaz y duplica el señor ministro de Fomento.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres y Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Fernández Díaz.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 50)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, se aprueba por 341 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para el mantenimiento de los tipos impositivos del impuesto sobre el valor añadido, se rechaza por 169 votos a favor y 179 en contra.


Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 51)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para promover y dar a conocer a los ciudadanos la mediación familiar, se aprueba por 324 votos a favor y 25 en contra.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 51)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, se aprueba por 168 votos a favor, ocho en contra y 173 abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 349 votos a favor.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 51)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante los informes que aconsejan paralizar las obras del túnel del AVE junto a la Sagrada Familia, con la incorporación de la enmienda de Convergència i Unió, se aprueba por 179 votos a favor y 170 en contra.


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación.) ...
(Página 51)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de

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actividades de excelentísimos señores diputados, se aprueba por 291 votos a favor, ocho en contra y 37 abstenciones.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.) ... (Página 52)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el Acuerdo marco de la facilidad europea de estabilización financiera entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia, la República Helénica y la facilidad europea de estabilización financiera, se aprueba por 343 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones.


Se suspende la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


Como asunto previo, solicito a la Cámara su conformidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, para incluir como último punto del orden del día de la sesión de esta tarde del martes un nuevo punto, relativo al debate y votación del dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con el Acuerdo marco de la facilidad europea de estabilización financiera entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia, la República Helénica y la facilidad europea de estabilización financiera.


¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda incluido como último punto del orden del día de la tarde de hoy.


PRÓRROGA DE PLAZO:

El señor PRESIDENTE: Igualmente, como asunto previo, y con la conformidad expresa dada a la Secretaría General de la Cámara, la Presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para el Pacto de Estado de Sanidad, constituida en el seno de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, para que rinda informe antes del 30 de septiembre de 2010.


¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda aprobada la prórroga del plazo.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/2005, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS SANITARIAS FRENTE AL TABAQUISMO Y REGULADORA DE LA VENTA, EL SUMINISTRO, EL CONSUMO Y LA PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO. (Número de expediente 122/000234.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.


Para su defensa tiene la palabra doña Pilar Grande Pesquero.


La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, sociedades científicas que nos acompañan en la tribuna esta tarde, señorías, quiero comenzar mi intervención de esta tarde con un testimonio real, con la historia de un ciudadano, uno entre los 46 millones de españoles a los que nosotros representamos y a los que debemos defender. José María es trabajador de la hostelería desde hace cuarenta y siete años y nunca fumó un solo cigarrillo; José María lucha desde hace dieciséis meses contra un cáncer de pulmón que sus médicos confirman que es debido a la aspiración del humo del tabaco. De su intenso testimonio, que he podido leer, de lucha contra la enfermedad solo quiero citarles una frase: yo reflexiono cuando los fumadores gritan por su derecho a fumar, derecho que nadie les niega, ya que solo se les pide que no fuercen a hacerlo a los demás. ¿Estará este derecho por encima del mío a vivir y a ser feliz con mi familia? La proposición de ley que mi grupo, conjuntamente con Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, trae hoy al Pleno va encaminada

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fundamentalmente a ampliar los espacios libres de humo para intentar evitar casos como el de José María, que es solo uno de los mil trabajadores de la hostelería que se diagnostican al año en nuestro país.


En el año 2005 el Gobierno socialista impulsó la ley vigente, que después de un año de intenso debate científico, económico y social fue aprobada por unanimidad. La Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco sentó las bases jurídicas para iniciar la lucha contra el tabaquismo en nuestro país, y sus objetivos fundamentales fueron evitar el inicio en el hábito tabáquico, garantizar el derecho de los no fumadores a respirar aire no contaminado por el humo del tabaco y hacer más fácil el abandono de este hábito a las personas que lo deseasen. Fue una ley valiente, un avance muy importante en la defensa de la salud pública que consiguió, entre otras cosas, el cambio en la apreciación ciudadana sobre el grave problema de salud pública que significa el hábito tabáquico. Gracias a ella, una buena parte de la población española vio reducida su exposición al humo del tabaco ajeno, sobre todo en sus lugares de trabajo. Asimismo, desde su entrada en vigor, ha desaparecido la publicidad de los productos del tabaco y el patrocinio de todo tipo de acontecimientos por la industria tabaquera. En estos aspectos concretos la ley desde luego ha tenido éxito, pero hoy, más de cuatro años después, tenemos que preguntarnos si ha conseguido todos sus objetivos, y la respuesta ha de ser sincera: solo a medias. Así nos lo certifica el informe de evaluación del desarrollo, cumplimiento e impacto en la salud pública de la ley elaborado por el Ministerio de Sanidad y Política Social, a petición de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo de esta Cámara, que todas SS.SS.
conocen. Por ello mi grupo cree que, aunque la Ley 28/2005 ha conseguido la mayoría de sus objetivos iniciales, existe suficiente consenso social corroborado por distintas encuestas sobre la necesidad de avanzar en la reducción del consumo de tabaco y en articular medidas para que los no fumadores dejen definitivamente de verse afectados por el humo ajeno.
Asimismo, con esta propuesta de modificación daríamos cumplimiento a la proposición no de ley que aprobamos por unanimidad el 18 de junio de hace un año en la Comisión de Sanidad de esta casa, en la que pedíamos al Gobierno avanzar en la ampliación de los espacios libres de humo de manera progresiva y previo acuerdo con los sectores implicados, petición que fue atendida por la ministra de Sanidad, que ha venido manteniendo reuniones con dichos sectores en los últimos meses, como ella misma nos explicaba en la carta que nos dirigió a todos los portavoces el pasado 29 de abril.


Señora ministra, me gustaría aprovechar su presencia hoy en el hemiciclo para agradecerle en nombre de mi grupo que nos haya facilitado presentar esta modificación como una iniciativa parlamentaria, como una proposición de ley. Creemos que un asunto jurídicamente sencillo, ya que solo modifica un artículo, pero que tiene tanta trascendencia social debía ser debatido y consensuado por los grupos parlamentarios en tanto en cuanto somos representantes de la ciudadanía a la que va dirigida esta medida y que trata de la mejora de su salud, y en estos argumentos de salud se basa realmente esta proposición de ley.


Señorías, en España mueren cada año alrededor de 53.000 personas por enfermedades derivadas del consumo del tabaco, 166 personas cada día, y de ellas entre 1.000 y 3.000 son fumadores pasivos. El consumo del tabaco además está vinculado a la aparición de unas treinta enfermedades y, entre ellas, diez tipos diferentes de cáncer, no solo el de pulmón.
Todavía tres de cada diez españoles sigue fumando, de ellos el 23 por ciento son mujeres, y lo más preocupante, de estas mujeres el 30 por ciento son adolescentes. El caso de las mujeres fumadoras me parece de especial relevancia por la demostrada mayor susceptibilidad al tabaco que presentan. Baste señalar el incremento constante en el número de mujeres diagnosticadas de cáncer de pulmón que acuden a las consultas de oncología en los últimos años en España. Es muy duro escuchar al grupo de oncólogas del proyecto World 07 el relato del día a día de sus consultas, cuando una mujer fumadora de alrededor de 54 años o una mujer ex fumadora de alrededor de 58, plenamente activas y madres en muchos casos de hijos adolescentes, son diagnosticadas de cáncer de pulmón y reciben la noticia de que en los próximos cinco años solo sobrevivirán el 15 por ciento.
Señorías, tenemos la obligación de hacer algo para evitar este drama que se produce diariamente en nuestro país, y más cuando sabemos que el tabaco es la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo.


Quisiera ahora exponer brevemente algunos argumentos más sobre los que nos basamos para presentar nuestra propuesta, por ejemplo, los que se refieren a la equidad, y no solo con respecto a la equidad en la aplicación de la ley en todo el territorio nacional o en la garantía a la igualdad del acceso de toda la población a los beneficios en salud pública, sino en la obligación de proteger la salud de un colectivo, el de la hostelería, con más de 1.300.000 trabajadores que, no pudiendo fumar en su puesto de trabajo, está durante su jornada laboral expuesto a los efectos perjudiciales del humo del tabaco. Cualquier vacuna, medicamento o nueva técnica quirúrgica por costosa que fuera que consiguiera reducir las mil muertes anuales que se producen en este colectivo, sería insistentemente demandada en esta Cámara por todos los sectores de la sociedad. Pues bien, señorías, prohibir fumar en los lugares públicos cerrados podría conseguir este objetivo.


Conocemos perfectamente la preocupación del sector de la hostelería, sobre todo, en una época de crisis económica como en la que nos encontramos.
Recuerdo también que tenían la misma preocupación en el año 2005 y que en sus comparecencias en el debate de la Ley 28/2005 aseguraban que en el siguiente año a partir

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de que la ley entrara en vigor -y entró en vigor el 1 de enero- se perderían más de 20.000 puestos de trabajo y tendrían 1.600 millones de euros menos de facturación. Pues bien, la realidad vino a contradecir sus previsiones, ya que en el año 2006, que ya estaba la ley en vigor, la hostelería creció en 47.000 puestos de trabajo y su facturación no disminuyó, sino que aumentó en 2.200 millones de euros; y al año siguiente, en 2007, crecieron en más de 40.000 puestos de trabajo y su facturación aumentó en 1.913 millones de euros. Pero hay un dato económico que me parece más significativo. Entre los años 2006 y 2007, en Cataluña, donde podemos encontrar casi el 22 por ciento de locales totalmente libres de humo -uno de los mayores porcentajes, por cierto, en el territorio nacional-, el gasto medio por familia en comida y bebida fuera de casa aumentó el 5 por ciento, 3 puntos superior a la media nacional que fue del 2 por ciento y tres veces más que el de la Comunidad Autónoma de Madrid donde, por cierto, apenas podemos encontrar locales libres de humo. Les daré otro dato más. España es un país visitado por millones de turistas al año, en su mayoría europeos que no entienden cómo todavía se permite fumar en lugares públicos cerrados, a diferencia de la mayoría de sus países de origen, y conozco de primera mano esta reclamación, porque mi comunidad autónoma, Canarias, recibe más de diez millones de turistas cada año. Quizá estos datos, tan reales como absolutamente contrastables, nos estén indicando que el hacer de los locales de ocio lugares libres de humo puede convertirse en una oportunidad de mejora económica y no al revés.


Si hablamos de argumentos puramente económicos -que estoy convencida de que se expondrán en algún momento durante la tramitación-, me gustaría valorar algunas cifras ciertamente esclarecedoras y hacer una reflexión para algunas voces de la calle que argumentan cierta incongruencia al no prohibir fumar del todo o de por qué el Estado grava con impuestos el tabaco. Partimos de la base de que en un país democrático, la ilegalización de un producto como el tabaco o la prohibición total de su consumo no sería políticamente aceptada. En el año 2008 el Estado recaudó 8.200 millones de euros por impuestos especiales y otros 1.000 millones de euros más por el IVA del tabaco; en total, menos de 10.000 millones de euros, mientras que la factura sanitaria y social de nuestro país en el mismo año significó 16.475 millones de euros. Por tanto, el Estado, en contra de lo que algunos piensan, no hace ningún negocio con la venta del tabaco. Por ello también hay muchas voces que nos están pidiendo aumentar el impuesto del tabaco, con la intención doble de disuadir el consumo y de reducir la factura sanitaria y social que, por cierto, para las empresas significó en el año 2008, 6.870 millones de euros.


Señorías, en el año 2005 fuimos capaces de hacer una buena ley y aprobarla por unanimidad; una ley que ha conseguido muchos beneficios para la salud de los españoles y que, tras su aplicación, consiguió que más de un millón de personas dejaran de fumar, que disminuyeran los infartos agudos de miocardio en el 11 por ciento, que la nicotina ambiental disminuyera el 83 por ciento en los centros de trabajo y el 53 por ciento en los restaurantes, y que, en definitiva, y lo más importante, ha evitado en nuestro país cada año 1.500 muertes de ciudadanos españoles.


Solicitamos el apoyo de todos los grupos de la Cámara para esta iniciativa, pero, quizá, de manera especial, el del Grupo Popular.
Señorías, ustedes han sido Gobierno y tuvieron durante ocho años tres ministros de sanidad, dos de ellas se sientan hoy con nosotros y ocupan escaños en esta Cámara. Por tanto, comprenderán perfectamente las razones sanitarias de esta iniciativa. Estoy convencida de que dentro de un momento, cuando su portavoz baje a la tribuna y exponga sus argumentos, comprobaremos que es mucho lo que nos une para sacar adelante una propuesta como esta que, en definitiva, pretende evitar que los españoles enfermen y mueran por una causa evitable como la aspiración del humo del tabaco. Intuimos que nos hablarán de tratamientos de deshatibuación tabáquica, pero no olvidemos que la actual ley tiene todo un capitulo IV dedicado a ello y que, concretamente, su artículo 17 facilita su financiación con la recaudación de las sanciones, y esta parte de la ley no se modifica.


Esta tarde el Grupo Socialista, como lo harán, me imagino, Esquerra Republicana e Izquierda Unida, les propone seguir avanzando en nuestras propuestas para mejorar y proteger la salud de los ciudadanos. Les proponemos dar un paso más y volver a situar a España entre los países más combativos contra la epidemia del tabaquismo, donde, por cierto, se han situado, no solo la mayoría de países de la Unión Europea, sino también otros tan culturalmente cercanos como México, Brasil, Ecuador o Argentina con la más absoluta normalidad. Mi grupo les ofrece un debate que va a ser tan profundo y sosegado como los grupos parlamentarios queramos, para que sin perder el objetivo fundamental que persigue esta proposición de ley, consigamos un texto lo más consensuado posible durante la tramitación parlamentaria, que consiga sentar las bases jurídicas para que no recibamos ninguno de nosotros nunca más un testimonio similar al que citaba al comienzo de mi intervención.
Personalmente, lo viviría como un fracaso de mi compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos, y el derecho a la salud, y creo que eso, podemos compartirlo todos, es uno de los más importantes. Por tanto, señorías, les invito a ello.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Grande.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida tiene la palabra, en primer lugar, don Gaspar Llamazares.


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El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para defender esta modificación de la Ley 28/2005, de lucha contra el tabaquismo. Esta iniciativa no es una iniciativa prohibicionista, no es verdad. Esta iniciativa pretende el derecho a la salud contemplado en nuestra Constitución y el juego de mayorías y minorías inherente a una sociedad democrática, donde la mayoría gobierna y se respetan los derechos de la minoría. Esta iniciativa, por contra a lo que se dice públicamente en relación con el tabaquismo, es para proteger a los no fumadores, la mayoría de la población española, el 70 por ciento de la población española. Es una iniciativa en particular para prevenir el tabaquismo en los jóvenes, que está teniendo lugar cada vez más pronto y cada vez de forma más femenina, porque las compañías tabaqueras han reorientado su publicidad hacia los jóvenes y hacia las mujeres.


Por otra parte, esta iniciativa pretende promover un hábito saludable, la ayuda sanitaria a los fumadores para que dejen de fumar. Se preguntarán ustedes por qué hay que promover abandonar el hábito del tabaquismo. Pues porque nos encontramos ante una de las pandemias con efectos más graves de las que producen enfermedad y muerte en nuestro país y a nivel internacional. Se trata, el tabaquismo, de una enfermedad crónica muy incapacitante. Se trata de una adicción que se adquiere al cabo de diez meses de contacto con el tabaco. Se trata de la patología con mayor prevalencia que existe en España. El 30 por ciento de la población la padece. Y se trata de la primera causa de muerte en nuestro país con más de 50.000 muertos anuales, parte de ellos no fumadores. Pero sobre todo, señorías, quisiera utilizar un dato esclarecedor. Se trata de la enfermedad que provoca una menor expectativa de vida. El fumador en nuestro país vive diez años menos, una década menos, que el no fumador.
¿Les faltan algunos argumentos? Les daré algunos especialmente sensibles, señorías. Un reciente estudio en niños de seis a doce meses con padres que dicen proteger a sus hijos del contacto con el tabaco nos muestra que todos ellos tienen nicotina en el pelo proporcional al número de cigarrillos que fuman sus padres; no a la protección que dicen sus padres que tienen por sus hijos. Si no fuera suficiente este dato, el 12 por ciento de los niños hijos de padres fumadores tienen enfermedades respiratorias mientras tan solo el 6 por ciento de los hijos de padres no fumadores padecen dichas enfermedades.


Creemos que hay argumentos más que suficientes para defender esta iniciativa. Yo lo hago desde tres perspectivas, señorías: desde la perspectiva de un médico de salud pública, es decir, de un salubrista que está convencido de que la medicina social es la principal estrategia para disminuir la enfermedad, tanto por hábitos como por determinantes sociales. Lo hago desde la perspectiva de un político que, en este caso, defiende los derechos de la mayoría, no frente a la minoría, sino el derecho a no fumar de los no fumadores. Y lo hago también desde una perspectiva de clase, y parecerá extraño -desde una perspectiva de clase, ¿qué dice este señor?-, porque el tabaquismo afecta fundamentalmente a la clase obrera, a los trabajadores que en nuestro país viven entre siete y diez años menos que el resto de la población. ¿No es suficiente? Yo creo que es suficiente para argumentar esta iniciativa: la libertad, también, la salud pública y los derechos de los ciudadanos y, en particular, los de los más débiles. Por lo tanto, señorías, se trata únicamente de eso, de mejorar la protección de los no fumadores, de prevenir el tabaquismo en las y en los jóvenes y de ayudar también sanitariamente a los fumadores que quieran dejar de fumar.


La pregunta siguiente es, ¿por qué lo hacen ahora? ¿Por qué no lo hicieron antes? o, ¿por qué ahora y no después? Señorías, porque las medidas adoptadas en 2005 fueron muy importantes, pero nos fallaron algunas de ellas. Fue muy importante, por ejemplo, en relación con los trabajadores.
Una de las medidas más importantes adoptadas con los trabajadores fue esa Ley 28/2005; donde ha sido más eficaz la ley hoy en vigor ha sido en los centros de trabajo. Ha disminuido la prevalencia de fumar en los centros de trabajo de manera muy importante entre los trabajadores, además con estudios de la Revista de Administración Sanitaria y de la Sociedad Española de Salud Pública. Por lo tanto, es un elemento importante. Pero, además, el infarto súbito de miocardio ha disminuido un 10 por ciento entre los trabajadores. ¿Dónde hemos fallado, sin embargo? Por una parte, en los locales de ocio. Pensamos que repartiendo locales de fumadores y de no fumadores iba a haber una distribución democrática, pero no ha sido así. En España, para el 70 por ciento que no fuma hay únicamente el 10 a 15 por ciento de los locales de ocio y para el 30 por ciento de los fumadores está el 85 por ciento de los locales de ocio. La distribución, señorías, no es democrática, no está normalizada. En primer lugar, necesitamos legislar mejor en los locales de ocio y, por tanto, corregimos esa equivocación o ese error inicial. Por otra parte, también necesitamos evitar el boicot y la relajación. Y ustedes saben de qué hablo: del boicot a la ley por parte de los responsables públicos -que, en mi opinión, no debería ser así, deberíamos ser los principales valedores de nuestras propias leyes-; y también de la relajación en el cumplimiento, porque hace unos años se cumplía más y ahora -hay que decirlo claramente- se cumple menos la ley en relación con la prevención del tabaquismo.


Por eso, señorías, hay que señalar los puntos que tiene esta ley y los que le faltan. En primer lugar, evitar espacios públicos con humo. Nuestro grupo está de acuerdo, pero quiere que sea más clara esa legislación y quiere que incluya a los hospitales psiquiátricos, quiere que incluya algunos marcos que no tienen en estos momentos ninguna razón. ¿Saben por qué? Porque los pacientes psiquiátricos tienen el doble de tabaquismo que la población general y mueren antes como consecuencia del

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tabaquismo. Por eso tenemos que afrontar este tema. En segundo lugar, tenemos que abordar la prevención entre los jóvenes y entre los adolescentes. Y ahí solamente se puede hacer de dos maneras: mediante el precio y mediante la limitación del patrocinio. Las compañías multinacionales están haciendo una estrategia destinada a los jóvenes y particularmente a las mujeres mediante imágenes de mujer triunfadora y mediante un precio accesible a estos colectivos, y eso tenemos que abordarlo en esta ley -termino- mediante la ayuda también a los fumadores para que dejen de fumar, mediante el apoyo a los que quieran dejar de fumar y, por último, mediante el cumplimiento, la inspección y la sanción. Señorías, si no hay lealtad, si no hay corresponsabilidad con una ley, tendrá que haber inspecciones y sanciones. Es lo lógico, es lo normal en una situación democrática. Desearíamos lo contrario, pero tendrá que ser así.


Finalmente, quiero decirles, señorías, que para mí y para mi grupo es un orgullo presentar esta iniciativa parlamentaria que creemos que va a dar más años de vida a los ciudadanos y más vida a los ciudadanos españoles.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Francesc Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, permitía fumar en los locales de restauración de más de cien metros cuadrados si disponían de zona habilitada. Los de menos de cien metros cuadrados podían escoger si se declaraban o no espacios libres de humo. En la práctica la libre elección ha supuesto que la mayoría de estos establecimientos, que a su vez representan la mayoría de los locales destinados a la restauración, no han optado por la prohibición. Así, los resultados han sido escasos, sobre todo en la protección del no fumador, eso sí, con marcadas diferencias entre comunidades autónomas. Podría decirse que una minoría chillona se fumó la ley, ante la mirada pasiva de la mayoría silenciosa, y el respeto al no fumador quedó en el limbo de la buena voluntad.


El consumo de tabaco se reduce cada año aproximadamente entre un 2 y un 3 por ciento, antes y después de la aplicación de la ley del año 2005. Pese a ello, 1.500 personas menos mueren cada año en España desde la aprobación de la ley, según un estudio de la Sociedad Española de Epidemiología. El estudio también desnuda un mito: la anunciada caída en picado de beneficios en el sector de la hostelería, que no se ha producido. Por tanto, no hay excusas. Ha llegado la hora de superar la ley del año 2005 con un objetivo irrenunciable: los espacios sin humo.


Nuestra postura, al presentar la proposición de ley, es una muestra de coherencia. Debo recordar cuál fue la postura de Esquerra Republicana cuando se discutió el texto actualmente en vigor en esta Cámara. La diputada Rosa María Bonàs ya advirtió del error que significaba apostar por hacer excepciones. La diputada de Esquerra Republicana mostraba su preocupación y alertaba de la incoherencia en lo relativo a los bares de menos de cien metros cuadrados. Cito textualmente del "Diario de Sesiones": Son lugares de trabajo en los que hay personas expuestas al humo no cuatro sino ocho horas. Por tanto, ¿quién va a proteger el derecho de esas personas a trabajar sin humo? Y acabó su intervención de manera premonitoria: Vamos a votar a favor, pero con muchas reservas, porque pensamos que el objetivo de la ley, que es garantizar espacios sin humo, no se va a cumplir. El hecho de que estemos debatiendo hoy la modificación de la ley demuestra en buena parte que Bonàs acertó en su pronóstico.


Los argumentos que podríamos exponer para modificar la ley, siendo breve, son básicamente de tres tipos, en primer lugar, razones de salud evidentes. En la Unión Europea las estadísticas nos hablan del tabaco como agente fundamental en el medio millón de muertes evitables al año, y llegamos al millón anual en el conjunto del continente. Otro dato, el tabaquismo está en la raíz del 25 por ciento de muertes por cáncer y aproximadamente en el 15 por ciento del total de fallecimientos. También sabemos que los resultados para la salud mejoran si se aplican leyes más severas contra el tabaquismo. En Irlanda, el primer país de la Unión Europea en promover leyes antitabaco, los resultados demuestran la bondad de dichas medidas.


Un segundo grupo de razones serían las que giran en torno al ahorro en el gasto sanitario. El diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que se relacionan con el consumo de tabaco absorben el 15 por ciento del presupuesto del Ministerio de Sanidad según cálculos de la Comisión Nacional de Prevención del Tabaquismo o, lo que es lo mismo, 100.000 millones de euros anuales, de los cuales 15.000 se destinan a financiar las veintiuna enfermedades que son consecuencia directa o indirecta del consumo de cigarrillos. Por otro lado, la asistencia a los fumadores pasivos consume 500 millones de euros más.


Un tercer grupo de razones se resumen en una sola: la Unión Europea, que ha marcado una línea con un objetivo muy claro, una Europa sin humo para el año 2012, y ha hecho llegar a los países miembros recomendaciones en este sentido. Esta actitud viene de lejos. Baste recordar que en 1992 ya se creó un fondo comunitario para estas políticas de prevención de los efectos del tabaquismo y son cada vez más los países de la Unión Europea en los que no se permite fumar en los locales de restauración.


Somos conscientes de la polémica que genera la proposición de ley que estamos debatiendo. Para algunos colectivos se queda corta a partir del artículo 8 del Convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco y también basándose en la recomendación del Consejo de la Unión Europea de 30

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de noviembre de 2009 sobre los entornos libres de humo. Puede entenderse que no se garantice de manera suficiente la defensa de toda la población no fumadora contra la exposición al humo del tabaco, pero en sentido inverso puede resultar comprensible -pero solo en parte- la preocupación de los 360.000 establecimientos que integran el colectivo de restaurantes, bares, cafeterías y locales de ocio nocturno. El sector representa el 7 por ciento del PIB y se estima que mantiene un millón y medio de empleos. Pudo verse obligado, después de la aprobación de la ley del año 2005 a realizar inversiones económicas para adecuarse a la legislación que permitía delimitar las zonas de fumadores, pero conviene analizar en qué porcentaje el sector realizó realmente esfuerzos económicos y seguramente nos llevaríamos sorpresas. Los que hicieron el esfuerzo -eso sí- merecen ser tenidos en cuenta y nuestro grupo intentará introducir en el recorrido parlamentario de esta proposición de ley algunos elementos de compensación para este colectivo, si realmente demuestran que resultaron afectados económicamente, bien sea en forma de moratoria o de incentivo fiscal, que son dos vías para compensar a este colectivo.


En conclusión -y termino-, estamos absolutamente convencidos de la necesidad de completar sin complejos aquello que en el año 2005 quedó a medio camino por una mal entendida prudencia. Por eso somos firmantes de esta proposición de ley que esperamos que cuente con el apoyo mayoritario y si puede ser unánime de la Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Para fijar posición en primer lugar tiene la palabra doña Uxue Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.


Señorías, señora ministra, nos presentan hoy dos grupos, el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, una proposición de ley para reformar la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, y nos piden lógicamente en la presentación de la reforma el voto para la toma en consideración. Es bastante evidente la posición de Nafarroa Bai.
No hay ningún inconveniente, todo lo contrario, a dar el voto afirmativo al tenor literal del punto del orden del día, que no es otro que la toma en consideración de una reforma de la ley vigente, no solo porque la propuesta que hoy nos plantean los dos grupos merece la pena ser analizada, sino además porque las normas comunes europeas -ha sido citado ya por alguno de los proponentes- van a terminar forzando este paso. Por lo tanto, no estará de más que en sede parlamentaria se puedan ver en tiempo y forma las propuestas que hoy se nos traen.


En cualquier caso, quiero hacer una serie de reflexiones en torno a esta propuesta. La primera de ellas es para conocer por qué esta reforma, que en su día fue dibujada como uno de los buques insignia de la acción del Gobierno en el recambio ministerial que se produjo en abril de 2009, nos llega ahora de la mano no del Ejecutivo, que era lo que todos habíamos pensado en su momento, sino de dos grupos parlamentarios. No me pregunto tanto por los motivos de los grupos parlamentarios, porque a tenor literal de lo que se nos ha expuesto las posiciones de sentido común del Ejecutivo y de los grupos parlamentarios son evidentes para todos, pero nos gustaría conocer llegado el momento los motivos que han llevado al Gobierno a desistir de ser el autor del trámite de esta reforma. Con esto lo que quiero señalar es que seguramente muchos de nosotros hubiéramos preferido un trámite asumido desde el Ejecutivo, con todo lo que ello supone, con informes de determinadas instancias como el Consejo del Estado y de otras concernidas en una reforma de estas características. Lo digo porque a pesar de lo sencillo en lo formal, como nos señalaba alguno de los proponentes -efectivamente es la reforma de un mero artículo-, no es menos cierto que va a ser enormemente transversal en la respuesta social que va a suponer. Lo está siendo ya en estos momentos, pero me temo que va a terminar concerniendo a otros muchos departamentos ministeriales en las consecuencias de esta reforma que, insisto, podemos compartir, pero que queremos ver con detenimiento. Lo hemos visto en muchas de las protestas que se han producido, en aspectos que van desde lo económico y laboral -algo en absoluto baladí y menos en estos momentos, con la que está cayendo-, hasta los relativos a la libertad individual, y todo ello en colisión en muchas ocasiones -lo señalaba el señor Llamazares- con el derecho inalienable de los no fumadores. No se comprende por tanto que no haya sido el propio ministerio quien desde la asunción de las herramientas fundamentales para acometer esta reforma lo haya hecho.


La reforma cuenta de partida, y no lo podemos obviar, con una protesta un tanto generalizada de determinados sectores y de muchos concernidos por la cuestión del tabaquismo. Unos por exceso y otros por defecto, nadie ha dejado de hacer críticas -y de calado además- a la reforma que hoy se nos presenta. Por tanto nuestro voto será afirmativo, pero nos parece fundamental en la tramitación parlamentaria de esta reforma el encuentro con muchas de las exigencias, que no dudo que enriquecerán el debate parlamentario y que espero sean tenidas en cuenta cuando menos en lo coyuntural.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.


Por el mismo grupo parlamentario el señor Salvador tiene la palabra.


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El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señorías, es un hecho cierto que el vicio de fumar genera, vía impuestos, ingresos millonarios en las arcas públicas pero también, paradójicamente, muy importantes gastos sanitarios. Esta reforma que pretende legislar a favor o en defensa de la salud no lo hace a nuestro juicio lo suficientemente en contra del negocio del tabaco.
Resulta clarificadora la nula respuesta de las empresas tabacaleras ante esta reforma. Esta proposición de ley reforma la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, que recoge en su capítulo 4, como ya se ha dicho, una serie de medidas no muy exhaustivas en las que se pretende la prevención del tabaquismo, la promoción de la salud y la facilitación de la deshabituación al tabaco. Pero la reforma que incluye la proposición de ley no incluye esas medidas, sino que renuncia a una actividad proactiva en aras de la prevención del tabaquismo. Esta proposición opta por medidas más radicales, menos imaginativas y menos pedagógicas, a las que por desgracia nos tiene acostumbrados este Gobierno, las menos educativas, diría yo, como son el viejo recurso de la prohibiciones, de la multas y de las sanciones. No es verdad que sea una ley permisiva, muy al contrario, señor Llamazares, creo que la palabra prohibir es la que más se cita en esta proposición de ley. Quisiera preguntarle a la señora ministra para qué ha servido el Observatorio para la prevención del tabaquismo. Poca originalidad si al final lo único que están ustedes impulsando son medidas para prohibir.


Nosotros estamos, cómo no, a favor de la protección de la salud, como todos en esta Cámara, entiendo, pero esta proposición de ley nos genera muchas dudas. ¿Se han tenido en cuenta, señora ministra, criterios de oportunidad, por ejemplo, en el sector de la hostelería, que se va a ver afectado por la reforma? Sabemos que hace cinco años, la anterior reforma los obligó a acometer unas modificaciones importantes que ahora resultan inútiles y que están sin amortizar. Es verdad que en este momento el turismo se ve afectado por un momento grave de crisis. ¿Es este el mejor momento, señorías, para aprobar esta ley tan radical sin excepciones? ¿Quién y cómo, señorías, va a hacer cumplir esta ley? Sabe el Gobierno -lo han dicho otros oradores- que la actual no se cumple ni se hace cumplir y, señora ministra, da la sensación de que ustedes quieren volver a cambiar la realidad por decreto y además hacerlo sin ninguna lógica, porque si hablamos de salud, señora ministra, ¿cómo explica usted que el aborto sea un derecho y fumar vaya a acabar siendo prácticamente un delito? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Nuestro voto, señorías, debe interpretarse en clave de no estar de acuerdo con la orientación exclusivamente proscriptiva de esta reforma -ya dije que el leitmotiv al final era la prohibición-; sin embargo, estamos abiertos y en el trámite de enmiendas intentaremos reorientar el texto hacia posturas más positivas, de prevención, de educación y de apoyo a la deshabituación pero, también se lo anuncio, de respeto ante algunas situaciones que me temo se van a ver perjudicadas por la aprobación de este texto.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra doña Rosa Díez. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.)

Cuando le dé la palabra podrá hacer uso de la tribuna. (Rumores.)

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señora ministra, señorías, me voy a ceñir exclusivamente al trámite que hoy nos corresponde, es decir la tramitación o no de esta modificación de la Ley 28/2005, sin entrar en los contenidos de la ley, no solamente porque tengo muy poco tiempo para intervenir, sino porque precisamente es de eso de lo que estamos debatiendo en este momento, de si aceptamos la tramitación de una ley sobre la regulación del uso y del abuso, como se ha dicho desde esta tribuna, del tabaco y sus consecuencias y si aceptamos el trámite que se nos ha propuesto.


Particularmente, señora ministra, me hubiera gustado que ustedes hubieran cumplido con su compromiso, específicamente con el que usted, nada más tomar posesión, planteó al conjunto de los ciudadanos y también en esta Cámara de traer una modificación de la ley, de traer un proyecto de ley.
Me hubiera parecido lo más lógico que puesto que el Gobierno se comprometió ante el conjunto de la ciudadanía a modificar la ley en vigor, hubiera sido ese el trámite, el que le corresponde al Gobierno y al partido que soporta al Gobierno -y no el que tenemos en nuestra mano los grupos que no estamos en el Gobierno-, de traer el proyecto de ley.
El debate sobre el sistema utilizado no es baladí, no es un tema menor como usted muy bien sabe. No se trata tampoco de hacer una presunción de por qué no lo han hecho, de si no han querido quemarse en otro frente, de si no han querido soportar la presión en ese sentido, si han preferido que sea el Parlamento el que tome la iniciativa y el Gobierno se ha ocultado detrás de los grupos parlamentarios. Eso sería un prejuicio, una posibilidad que puede ser cierta o no, pero que naturalmente a nadie se le escapa que puede estar en el cálculo de haber decidido este otro procedimiento. No, es que al haber obviado el trámite del proyecto de ley, ha evitado usted -el Gobierno- que la Cámara debata de estas reformas con todo el conocimiento proporcionado por todos los informes que obligatoriamente hubiéramos tenido en nuestra mano si se hubiera utilizado el trámite del proyecto de ley, porque como usted muy bien sabe, si hubiera sido un proyecto de ley, además de traer una memoria económica, además de traer un informe del Ministerio de Igualdad, obligatorio también, hubiéramos

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tenido un informe del consejo interterritorial -al fin y al cabo son las comunidades autónomas las que van a tener que aplicar esta ley-, hubiéramos tenido un informe del Consejo Económico y Social, hubiéramos tenido un informe del Consejo de Estado, informes todos ellos preceptivos (Rumores.) que le dan un conocimiento a esta Cámara a la hora de emitir un voto informado, porque esa es la tarea de todos esos órganos y por eso se exige que haya un informe de los mismos para que los legisladores podamos emitir nuestro voto con toda la información suficiente antes de tomar la decisión sobre una cuestión tan importante como esta de la que estamos debatiendo. Ustedes nos han querido ocultar todos los datos, han querido ocultar el debate ante la opinión pública, se han escondido detrás del Grupo Parlamentario Socialista y eso ha hecho que el debate sobre un asunto trascendental y muy importante, del que hablaremos cuando planteemos las enmiendas, sea un debate mucho más pobre y, sobre todo, mucho menos transparente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Por último, por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, anunciamos el voto favorable de nuestro grupo, del Bloque Nacionalista Galego, a esta proposición de ley y lo hacemos porque somos conocedores y por tanto conscientes de que el tabaquismo es la primera causa de muerte que sería prevenible en estos momentos en nuestro entorno y que la relación entre el consumo de tabaco y las principales enfermedades crónicas -cardiovasculares, cáncer, respiratorias u otras- está plenamente establecida. De igual modo, señorías, existen suficientes evidencias de que el cese tabáquico disminuiría significativamente el riesgo de muerte por estas enfermedades. Asimismo conocemos como seguramente todas SS.SS. una serie de informes suficientemente contrastados que nos indican que el tabaquismo está matando en todo el mundo a cerca de 5 millones de personas, como ya han expuesto otros portavoces desde esta tribuna, cifras que pueden aumentar peligrosamente en los años próximos. De seguir así, las expectativas epidemiológicas informan de que aproximadamente 500 millones de personas expuestas al humo del tabaco pueden morir en la próxima mitad del siglo XXI. Señorías, vamos a votar favorablemente esta proposición de ley porque el tabaquismo pasivo, exposición involuntaria de los no fumadores al humo del tabaco, provoca una mayor morbimortalidad respecto a las personas que no están expuestas. Así, el incremento de riesgo de padecer cáncer de pulmón es al menos de un 20 por ciento y de un 25 por ciento de sufrir un infarto de miocardio.


Somos conscientes, señorías, de que cuando también con nuestro voto aprobamos la Ley 28/2005 decepcionó a muchísimas personas que defendían cuestiones como las que se recogen en esta proposición de ley, pero también es necesario recordar que estábamos legislando sobre un tema realmente complejo donde había demasiados intereses contrapuestos. La tramitación en aquel momento fue una demostración de esto que estoy diciendo en cantidad de entrevistas que los diferentes grupos parlamentarios tuvimos en aquel momento con diferentes asociaciones o grupos, unos a favor y otros en contra de lo que estábamos tramitando.


Cuatro años y medio después -voy finalizando, señor presidente- de la aplicación de esta ley, podríamos decir que la ciudadanía nos ha sorprendido, sobre todo la ciudadanía fumadora, incluso nos ha sorprendido más favorablemente que muchas personas responsables de administraciones que tendrían que hacer posible que la ley se desarrollara. Seguramente también nos hemos sorprendido todos de que muchas de las cuestiones que preocupaban y que no permitieron que las cosas que hoy recoge esta proposición de ley se incorporaran en la ley de 2005 efectivamente no tuvieron el impacto que se preveía podían tener y nos referimos a lo que podían ser las pérdidas en hostelería o en diferentes ámbitos económicos. Por tanto, independientemente de que creemos que es necesario por nuestra parte presentar alguna enmienda, vuelvo a decir que vamos a votar favorablemente a la propuesta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Joseba Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para defender la postura de mi grupo parlamentario sobre la toma en consideración de la proposición de ley por la que se modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. No vamos a hacer ahora un repaso histórico, pero es importante centrar el tema sobre la base de sus antecedentes. Se trata pues de modificar ciertos artículos de la referida ley. Voy a recordar a mi compañera Margarita Uría, que subió a esta tribuna en el momento en que se debatió esta ley y lo que comentó en su día: Lo importante es la salud. Al fin y al cabo toda ley tiene que tener ese objetivo. Esta ley en este caso tiene que tener ese objetivo.


No vamos a hacer ahora, como decía, un repaso histórico, pero sí voy a ser un poco crítico no con el fondo -porque a estas alturas. ya soy el sexto que subo a esta tribuna, no vamos a repetir ciertas cuestiones que se han comentado, aunque no por obvias dejan de ser importantes- pero sí con ciertas cuestiones relativas a la metodología con la que se ha llevado este tema. Como

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todos ustedes conocen, esta reforma ha sido un deseo expreso del Gobierno que no sabemos por qué motivos ha sido presentada en formato de proposición de ley entre dos grupos parlamentarios y no como hubiera sido el proceder más adecuado a nuestro entender, tal y como han dicho otros grupos, como proyecto de ley tras aprobación en Consejo de Ministros y con informes del Consejo de Estado, etcétera, como otros muchos proyectos de ley que llegan a esta Cámara. Por eso mi grupo, junto con otros, no firmó esta proposición, porque como bien digo era y es una propuesta que viene directamente del Gobierno, aunque esté firmada por dos grupos parlamentarios. No entendemos muy bien ese trufado.


Entro en materia y he de decir desde un principio que mi grupo apoyará la toma en consideración de esta proposición de ley. La apoyará porque creemos que la lucha contra el tabaquismo y a favor de una sociedad no fumadora tiene que ser un ideal a perseguir, y todo aquello que conlleve buscar ese objetivo será bienvenido por mi grupo. Digo que no por obvios sobran ciertos datos desgraciadamente escalofriantes, que muestran que el tabaco principalmente genera enfermedad, aun pudiendo producir placer o más bien adicción. Lo dice un ex fumador, nada intransigente por cierto y sí comprensivo con quien padece esta adicción, porque no es sencillo para mucha gente dejar de fumar y lo están deseando. También tenemos que tener en cuenta eso.


Creo que vivimos en una sociedad en evolución en todos los sentidos y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizarlo. Lo que decía no es óbice ni obstáculo para que cada vez vayamos a una sociedad más evolucionada. Tenemos una evolución científico-tecnológica muy avanzada y yo creo que en muchos aspectos también una evolución social, aunque parezca lo contrario y contradictorio con nuestro modelo social, porque lo que antes era normal hoy en día cada vez lo es menos. Antes en este Congreso de los Diputados podíamos estar perfectamente fumando, yo en la tribuna y los que están escuchando. Hoy en día, aparte de por temas de salud, creo que ya los hábitos sociales mismos están cambiando gracias a ciertas medidas que se están tomando, y la evolución social de que el tabaquismo pase de ser una cosa normal a ser una cosa anormal es importante. Por lo tanto creemos que esta reforma que se abre ahora debe permitir cuestionarse más cosas que la mera reforma hostelera, permítaseme la expresión, porque en el fondo lo que los grupos proponentes plantean es en qué más sitios donde antes se podía fumar prohibiremos fumar, cómo en aquellos lugares donde antes se permitía ahora no se podrá, y nada más. Una vez hecha una reforma, habría que ser un poquito más ambicioso y buscar un planteamiento mucho más amplio del asunto y por eso nosotros apoyaremos la toma en consideración, porque creemos que es posible ampliar las miras y la posibilidad de cambiar esta ley. Mi grupo considera que una reforma de esta índole debe tocar todos los eslabones de esta cadena que no solo afecta a hosteleros y usuarios, porque hay que plantear en una reforma de esta índole medidas preventivas, sanitarias, de ayuda a personas que quieren dejar de fumar, de acceso a medicamentos para estos tratamientos, etcétera. No seré el único que lo diga, pero en esta proposición no se plantean medidas sanitarias. Se plantean medidas que atañen más a departamentos relacionados con el comercio que con la sanidad.


Esta proposición nos ofrece una magnífica oportunidad para poder enmendar y llenar los huecos que han quedado vacíos para querer tapar solo los de un aspecto concreto, que es muy importante, por supuesto que sí, pero no el único. Debemos buscar una sociedad en la que el tabaco no sea necesario. Poco a poco lo estamos consiguiendo, pero eso no se consigue solo con las prohibiciones de consumo. ¿Qué más medidas disuasorias se están empleando? ¿Qué estamos haciendo para que los jóvenes no se inicien, por ejemplo, en el consumo del tabaco? Soy a veces pesimista en algunas cuestiones, pero también se enciende la luz de la esperanza, porque es verdad que los datos dicen que cada vez hay más jóvenes y sobre todo mujeres jóvenes que se inician en el tabaquismo, pero tenemos la sociedad de más ex fumadores que hemos tenido nunca, porque hasta ahora casi no hemos tenido ex fumadores, y seguro que en esta Cámara en estos momentos quizá la mitad pueden ser ex fumadores, cosa que antes no ocurría. También hay que tener en cuenta eso.


No debemos olvidarnos de la necesidad de generar espacios en los que no existan fumadores involuntarios o pasivos. Es obligación nuestra preservar la salud de las personas ante todo. La voluntad de fumar se limitará en un futuro no lejano -y lo veremos- al ámbito exclusivamente privado. Ya llegará, pero mientras tanto hay que tener amplitud de miras y atacar el problema desde el principio hasta el fin, no solo desde el fin. No voy a dar datos que todos conocemos, porque aquí otros grupos lo han ilustrado perfectamente. Por tanto, el índice de cánceres, de infartos, etcétera, son una obviedad. No quiero dar un sentido peyorativo a la palabra obviedad, sino referirme a realidades constatadas y contrastadas que todos conocemos -otros grupos lo han hecho-, ni vamos a hacer una competición a ver quién es el más defensor de la salud, porque podemos ampliar el capítulo de palabras profundas para ver quién lo llena más. No voy a entrar en eso porque seguramente todos tendremos muchas cosas que contar.


Creo que es el momento de dar un paso más. Un compañero se refería al tabaquismo como enfermedad crónica, pandemia, patología con mayor prevalencia, primera causa de muerte, menos expectativa de vida, diez años, etcétera. ¡Miren qué connotaciones más positivas! Todo eso es verdad y después nos plantearíamos quién cobra los impuestos del tabaco.
El Estado. ¿Y no hay una especie de contradicción en todo esto? Hay que hacerse preguntas que a veces no hacemos, porque tenemos que ser profundamente responsables de todo lo que planteamos. Tenemos un compromiso y no miremos solamente el zum dirigido solamente a uno de los aspectos. Tendremos que tener una amplitud de miras

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mayor y una cámara panorámica en vez de un zum concreto. Combatamos el tabaquismo, que es lo que verdaderamente nos debe preocupar. Como decía, mi grupo apoyará esta toma en consideración y después incluiremos o intentaremos incluir aquellas cuestiones que a nuestro entender han quedado vacías de contenido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Concepcio Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, quiero empezar también leyendo un testimonio de los muchos que todos estos días estamos recibiendo, a favor y en contra de esta modificación de la ley. El mío es un poco más positivo quizá o mejor que el que ha dado doña Pilar Grande, pero lo tenía preparado y quiero leerlo. Se trata de don Alberto, camarero. He escogido este testimonio porque está publicado en la revista Infotabaco número 18, por tanto no solamente nos lo han mandado a nosotros, sino que está publicado en una revista y por eso lo he querido traer. Él dice: Toda mi vida he trabajado en el sector de la restauración. Empecé a fumar desde muy joven. Fumaba mi tabaco y el que fumaban los otros. Cierto día decidí dejar de fumar porque empecé a practicar deporte y vi que me ahogaba, me cansaba, tosía mucho, y decidí tomar esta decisión. Había dejado el tabaco, pero seguía fumando cada día; no había dejado de trabajar en el restaurante y en él se seguía fumando. Por el calor, por hablar continuamente, por el humo ambiental del restaurante, cada quince días me quedaba afónico, tenía problemas respiratorios y estaba siempre pendiente de mis afonías y de mis remedios. Cuando entró en vigor la Ley de 2006, en el restaurante donde estoy trabajando se tomó la gran decisión de acogerse a esta nueva ley. Desde entonces he mejorado mucho, casi no he vuelto a estar afónico, la ropa que llevo no huele a tabaco cuando llego a casa, me encuentro personal y físicamente mejor que nunca. Cuando voy a comer a un restaurante elijo siempre de no fumadores, ya que cuando como un buen manjar quiero saborearlo, no estoy dispuesto a tragar humo de un fumador. Yo he tenido suerte; otros compañeros, no tanto.


Señorías, empezando con este testimonio, supongo que ya está clara la postura que vamos a tener con respecto a esta proposición de ley, una proposición que va a mejorar todo lo que significa la salud pública. Se ha escrito mucho y se escribirá todavía más sobre los problemas generados por el consumo de tabaco; las evidencias científicas, sanitarias, sociales, son una buena prueba. Los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra también lo han hecho. Pero, a pesar de ello, en España siguen produciéndose demasiadas muertes anuales atribuidas a esta sustancia. De todas estas muertes, entre 40.000 y 60.000, 3.500 -dicen- son debidas al tabaco pasivo. Este es el reto que actualmente tienen las autoridades sanitarias. La exposición al humo del tabaco es acumulativa.
Cuantas más horas de exposición, más riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el tabaco, y se estima que en nuestro país se registran unas mil víctimas anuales solo entre los trabajadores del sector de la hostelería. No es de extrañar, pues, el enorme interés que desde las autoridades sanitarias se tiene que tener en poner solución a este problema. Las normas, las prohibiciones, las regulaciones, todas son de difícil aceptación, pero la sociedad está llena de ellas. Algunas son cómodas y fáciles de cumplir, otras, por el contrario, son antipáticas, rígidas y aparentemente ilógicas, pero todas tienen una finalidad: el bien común.


La Ley 28/2005 se atrevió con unas decisiones yo creo que valientes. Esta proposición de ley que estamos aquí tomando en consideración va a dar un paso más para conseguir espacios públicos más limpios. Durante este periodo de aplicación de la ley se han publicado muchísimos estudios científicos que demuestran su acierto. El problema es que dejó unas lagunas, lagunas que con esta proposición de ley se intentan superar. En nuestro grupo parlamentario estamos de acuerdo con la gran mayoría, con casi todos los aspectos que se presentan en esta proposición de ley.
Estamos de acuerdo con el fondo, aunque criticamos también la forma. Lo han hecho los otros grupos parlamentarios y yo también lo quiero decir.
Nos hubiera gustado muchísimo más que esto se hubiera presentado aquí como proyecto de ley, que se hubiera podido oír a las sociedades científicas, a todos los colectivos implicados en esta ley, también al gremio de hostelería, a todo el sector del ocio, ya que muchos, unos porque quieren más y otros porque quieren menos, están en desacuerdo con esta proposición de ley. Nosotros -lo he dicho ya y lo vuelvo a repetir- vamos a votar afirmativamente esta proposición de ley, pero también anuncio que vamos a presentar algunas enmiendas tendentes a intentar mejorar en algunos aspectos esta modificación de la ley. Echamos de menos -lo han comentado también otros grupos parlamentarios- medidas educativas, sobre todo aquellas referentes a proteger a la juventud, principalmente a las adolescentes -y digo las, aunque también a los- porque nos preocupa muchísimo este gran aumento que hay en la relación cáncer de pulmón/mujer conforme va aumentando el hábito tabáquico en las mujeres. Pero -también lo he dicho- esta ley va a tener un coste económico. Y aquí nosotros anunciamos que durante el trámite de enmiendas vamos a presentar algunas a favor de los restauradores, de todos esos restaurantes y hoteles que se creyeron la ley del año 2005, que quisieron cumplir con esa ley dejando espacios habilitados para que la gente fumadora y no fumadora pudiera convivir, ya que no les podemos castigar ahora porque algunos hicieron grandes inversiones. Sé que desgraciadamente son pocos -probablemente si hubieran sido muchos más y se hubiera hecho, hoy todavía no estaríamos hablando de esta modificación-,

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pero nosotros creemos que a los que lo han hecho, a los que se lo creyeron e hicieron inversiones se les debe compensar -por ejemplo, con desgravaciones fiscales- parte de esa inversiones que en estos años todavía no han amortizado. Por lo tanto, anuncio que en este aspecto y en otros intentaremos con nuestras enmiendas que esta proposición de ley sea mejorada.


También pediremos que el Sistema Nacional de Salud se haga cargo de los costes de los tratamientos de la deshabituación tabáquica. Muchas comunidades autónomas ya lo hacen, pero a veces no debe ser voluntad de las comunidades autónomas; ya que modificamos la ley y lo hacemos en el sentido de proteger más la salud pública, también debemos ayudar más a aquellas personas que quieren dejar el tabaco y no pueden hacerlo por sí solas, debemos ayudarles con los tratamientos de deshabituación y con los medicamentos que necesiten.


Señorías, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente esta toma en consideración. Esperamos que después el trámite sea sosegado y trabajado entre todos los grupos parlamentarios -no me cabe duda de que esa va a ser la voluntad- para poder llegar al mayor consenso posible en un tema tan delicado pero tan importante, porque se trata de la salud y de evitar la muerte de tantísimas personas.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Mario Mingo.


El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, debatimos hoy uno de los problemas de gran envergadura en la salud pública. El tabaquismo es un problema enormemente grave, lo han dicho todos los participantes, es un problema de primera magnitud en salud pública. Los fumadores causan enfermedad y muerte por el consumo del tabaco que es prevenible y es responsable de unos índices de morbimortalidad verdaderamente escandalosos. Hay suficiente contraste científico para demostrar que el humo del tabaco puede ser deletéreo y nocivo para los fumadores pasivos. No es, por tanto, extraño que los científicos, las autoridades sanitarias y los gobiernos trabajen en relación con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea buscando dos objetivos prioritarios en este campo: uno, aumentar los espacios libres de humo, y dos, impedir el efecto deletéreo del tabaco en los no fumadores. En esa línea, esta proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista y el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds persigue este objetivo saludable. En aras de esa responsabilidad de combatir y luchar por mejorar la salud de los ciudadanos, mi grupo va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, en defensa de la salud pública y en defensa de la salud de los ciudadanos. Hasta ahí el apoyo, buscando más lo que nos une, como usted ha dicho, señora Grande, que lo que nos desune.


¿Pero verdaderamente con esta proposición de ley vamos a conseguir el objetivo vital, el objetivo prioritario de la Organización Mundial de la Salud, que no es otro que haya menos fumadores? ¿Qué ha ocurrido con la ley del año 2005, que ha ocurrido con las leyes más restrictivas en Europa? Busquemos el Eurobarómetro, busquemos las encuestas de salud. En Irlanda y en Chipre, que son los países que han tomado medidas más drásticas, más restrictivas, ha habido un incremento del número de fumadores. En Irlanda han pasado del 29 al 31 por ciento y en Chipre del 31 al 32 por ciento. En España, la ley que aprobamos por unanimidad en el año 2005 -y quiero recordarles, señorías, que cuando llegó a este Parlamento no contenía ni una sola medida sanitaria, ni una sola, y que gracias a las enmiendas de este Parlamento logramos incorporar medidas sanitarias al proyecto de de ley que aprobó el Gobierno socialista- no ha tenido éxito, en tanto en cuanto hemos pasado de un 26 por ciento de fumadores a un 27 por ciento. ¿Eso por qué es, señorías? Pues no es nada más que por una razón: porque las medidas prohibitivas en salud pública no tienen resultado. Tienen mucho más resultado las medidas de protección, las medidas de educación y las medidas de ayuda para que los fumadores dejen de fumar. Lo decíamos en nuestra propuesta en el año 2005: Vamos a hacer todas las campañas necesarias, vamos a educar a los jóvenes para que no empiecen a fumar. Cada chico, cada chica de 15 años que no empiece a fumar es un éxito, para ellos mismos y para toda la sociedad en su conjunto. Cada vez que podamos ayudar a un fumador a dejar de fumar y no lo hagamos porque no se está desarrollando la ley de 2005, habremos desperdiciado una enorme oportunidad en salud pública en beneficio de los ciudadanos. Por tanto, un desarrollo lógico y razonable de la ley de 2005 muy probablemente evitaría, en gran medida, que estuviéramos hablando en estos términos en la tarde de hoy.


Señorías, cuando oigo decir a los grupos que han presentado la proposición de ley, al ministerio de Sanidad y al Gobierno que esto no va a tener repercusiones económicas, me sorprendo extraordinariamente, porque entonces no escuchamos lo que ha ocurrido en Europa. En Irlanda, el 30 por ciento de los pubs cerraron, el 12 por ciento de los trabajadores de los pubs perdieron el empleo. Los datos que les ha aportado a todos los grupos políticos la Federación de Hostelería en España hablan de una perdida posible de 70.000 empleos. No sé si será verdad. Los índices oscilan entre un 7 por ciento en la restauración y un 40 por ciento en el ocio nocturno. En la situación que tenemos en España, con la crisis de empleo que tenemos, ¿ustedes creen verdaderamente que es el momento para tomar medidas drásticas e irracionales en relación con el empleo? ¿Vamos a tomar en consideración, como dice la Cámara de Comercio de Madrid, que se van a perder en el primer año en hostelería

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13.000 millones de euros? Negar esto es una irresponsabilidad. Estoy diciendo que hay que primar la salud, pero hay que tomar medidas razonables y coherentes, en el momento oportuno, que justifiquen los mayores éxitos en políticas de salud con la menor repercusión económica en el ámbito de la hostelería y del ocio nocturno. ¿Qué están haciendo el resto de los países europeos? Les pongo un ejemplo, y esto la Cámara lo tiene que conocer. Croacia aprobó una ley restrictiva en la misma línea de esta proposición de ley, señora ministra. A los cinco meses ha tenido que decaer y han tenido que hacer otra ley menos fuerte por la repercusión en el ámbito de la hostelería. Esto está ocurriendo ahora.
Bélgica, moratoria en la prohibición de fumar en bares y en restaurantes.
Bulgaria, entraba en vigor la ley el día 1 de junio. La han parado. La República Checa y Polonia han parado y han tomado decisiones en el sentido de continuar con un modelo parecido al que tenemos en España.
Señoras y señores diputados, busquemos a lo largo de la tramitación de esta proposición de ley medidas que ganen espacios libres de humo, que protejan a los no fumadores, pero, sobre todo, que ayuden a los fumadores a dejar de fumar y tomemos para los jóvenes medidas frontera, medidas barrera.


Señora ministra, si esto no tuviera efectos secundarios, si esto fuera fantástico para la salud de todos los ciudadanos, si no hubiera ninguna repercusión económica y contara con el beneplácito de todo el mundo, ¿usted cree que el Ministerio de Sanidad y Política Social o el Gobierno de la nación no habrían aprobado un proyecto de ley liderando la posición del Gobierno en el Estado español? Si no lo ha hecho, ¿por qué es? ¿No han querido recibir a los sectores? ¿No han querido escuchar al Consejo de Estado o al Consejo Económico y Social, no quieren saber la repercusión que hay o las políticas sanitarias proactivas y facilitadoras? ¿Cuál es la razón? Es poco comprensible. Por eso, nuestro grupo les hace dos propuestas. Una, presentar enmiendas razonables para mejorar la salud, para combatir de verdad al tabaquismo, siguiendo los criterios uno y dos de la Organización Mundial de la Salud. El primero y el segundo son más importantes, porque el tercero es espacios sin humo, pero el primero y el segundo son jóvenes y deshabituación tabáquica. Y, segundo, vamos a pedir comparecencias de los sectores afectados, de los favorables y de los que están en contra. ¿Para qué? Para hacer lo que el Gobierno no ha querido hacer, que es escuchar a todo el mundo y mejorar la Ley del tabaco de 2005 en beneficio de todos los ciudadanos. Espero contar con el apoyo de todos los grupos en esta petición de comparecencias.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mingo.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TIPOS IMPOSITIVOS DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. (Número de expediente 122/000220.)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para el mantenimiento de los tipos impositivos del impuesto sobre el valor añadido. Para la defensa de la proposición tiene la palabra don Álvaro Nadal. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

El señor NADAL BELDA: Gracias, señor presidente.


Señorías, esta es la última oportunidad que tenemos de corregir un profundo error de política económica que entrará en vigor el próximo día 1 de julio, y que va a suponer un gran trastorno para nuestra actividad económica y para muchos sectores que se van a ver muy directamente afectados. Lo que necesitamos es un enfoque mucho más equilibrado de las propuestas de reducción del déficit público y no lo que nos va presentando el Gobierno, que va a salto de mata, día tras día, tratando de ver de qué forma puede embridar un problema que le tiene totalmente superado. No es la tributación indirecta lo que realmente ha generado el problema de financiación de las arcas públicas. Teníamos los mismos tipos indirectos en el año 2009 que los que teníamos en el año 2007 en tributación de IVA. Lo que ha ocurrido es que se ha desplomado la base, y habrá que tratar de entender por qué la base del impuesto se ha desplomado. Si ahora subimos los tipos, corremos el riesgo de reducir todavía más esa base que se ha desplomado. Hay muchas explicaciones que podemos encontrar a esto pero, evidentemente, se recauda más IVA cuando tenemos una economía muy desequilibrada; cuando hay un déficit exterior del 11 por ciento -todo ese déficit exterior son más importaciones que exportaciones- y puesto que las importaciones pagan IVA y las exportaciones generalmente no, lógicamente tenemos una sobrerrecaudación del impuesto. Cuando la economía española ha empezado a corregir esos desequilibrios, cuando la economía española ha empezado a ahorrar, cuando ese sector privado ha empezado a ganar productividad, a ahorrar y a corregir su exceso de endeudamiento, lógicamente se ha desplomado la recaudación del IVA. No es porque se hayan bajado los tipos impositivos en el pasado sino porque la actividad económica se ha reducido dramáticamente -y basta ver la cifra de desempleo-, lo que ha llevado a una reducción sustancial del consumo y ha significado esa pérdida de recaudación que ahora mismo tenemos. Por lo tanto, arreglar un problema de pérdida de base impositiva aumentando los tipos impositivos es un error de libro y ese es el error que está cometiendo el Gobierno, porque la subida del

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impuesto disminuirá todavía más la base sobre la cual se asienta el mismo.


¿A quién afecta esta subida del IVA? Evidentemente el impacto más directo es al poder adquisitivo de salarios, de pensiones y del conjunto de rentas porque son a las que les va a costar más caro comprar los mismos bienes de consumo. Si la siguiente víctima de la subida del impuesto es el consumo, que es la variable macroeconómica más débil que hemos tenido en esta recesión, no se entiende que el Gobierno diga que hay que aumentar el consumo público -o decía, porque ahora ya no sabemos muy bien cuál es la política económica del Gobierno- y disminuir el consumo privado, a menos que piense que realmente el consumo privado es malo, cosa que dudo que sea la política económica del Gobierno. Pero tiene también un efecto directo muy perjudicial sobre la competitividad de nuestra economía porque España es un país relativamente diferente a otros países de la Unión Europea. Algunos otros son más parecidos a nosotros en cuanto a la estructura de nuestro sector exterior, pero la mayor parte es diferente. Un 20 por ciento de las exportaciones de nuestro país son turismo y resulta que el IVA grava a las exportaciones turísticas porque es la única exportación que se consume en el país de origen. Esto merma nuestra capacidad competitiva de un sector que es vital. Y la subida del IVA no se ha podido hacer en peor momento para este sector, el 1 de julio, el comienzo de la temporada turística. Justo en ese momento encarecemos y hacemos menos competitiva nuestra economía y al 20 por ciento de nuestras exportaciones. A ese sector exterior que el Gobierno siempre había dicho que tenía que ser el motor de la recuperación económica lo primero que hace es darle en todo lo alto con una subida del tipo impositivo que más les afecta. Pero es que, además, una cosa que no ha tenido en absoluto en cuenta el Gobierno al tomar esta medida -que yo creo que no ha pensado suficientemente bien- son los efectos de segunda ronda que una subida impositiva de este estilo produce. Porque, no nos engañemos, el IPC está alto -ya está en el 1,8-, por tanto, la subida del IVA con una alta probabilidad va a repercutir en los precios que todos los consumidores españoles van a pagar a partir del 1 de julio. Y si no se repercute en los precios lo que tendremos será un sector minorista ya muy machacado por tres años consecutivos de reducción de las compras y del consumo en general, para que encima ahora tenga que absorber a través de sus márgenes esta subida de impuestos, porque dada la debilidad de la demanda no le queda otro remedio que absorberla dentro del margen comercial.


Tenemos, pues, una repercusión en el nivel general de precios o en los márgenes comerciales. ¿Pero qué ocurre cuando sube el IPC? Voy a poner el caso de una persona que vive de alquiler. Su contrato de alquiler lo más probable es que esté indiciado al IPC. Yo creo que prácticamente el cien por cien de los contratos de alquiler en este país están indiciados al IPC. ¿Qué quiere decir? Que con la subida del IVA subirá el IPC, y con la subida del IPC va a tener que pagar una renta mayor a su casero. Es decir, la persona que no solo no tenía dinero para comprarse una vivienda sino que vive de alquiler va a pagar el IVA de su consumo más el IVA de su casero. Esta es una medida profundamente injusta desde el punto de vista social, además de profundamente ineficiente. Y de esta manera podemos hablar de todo el conjunto de las rentas que están indiciadas dentro del IPC. ¿Quién no se puede librar de ese indiciación? No se pueden librar muchos asalariados que no tienen cláusula de revisión -se han suspendido para estos años-; no se van a poder librar los pensionistas, a los que se va a congelar las pensiones y no van a tener, por las últimas decisiones del Gobierno, indiciación de las pérdidas de poder adquisitivo; no lo van a tener los autónomos, que van a tener que absorber las subidas de precios que tengan y no pueden subir los precios repercutiendo porque la situación de la economía es profundamente débil.
Es decir, al final son los más débiles, y no todo el conjunto de la sociedad, los que van a tener que pagar esta subida de impuestos. Este es un impuesto que no es neutral, que tiene efectos desincentivadores a la actividad económica, que perjudica nuestra competitividad y que puede tener efectos de segunda ronda muy negativos en el conjunto de precios de consumo, por lo cual, se entiende poco que se aplique la medida, sobre todo en un país como el nuestro con la estructura de exportación que tiene.


Si nos vamos a los efectos más inmediatos que tendremos el 1 de julio, junto con la subida del IVA se nos añade la subida de la tarifa eléctrica, un 10 por ciento en los peajes, que supone directamente en la tarifa de último recurso añadirle al 4 por ciento de la tarifa su IVA de 2 puntos correspondientes. No está mal para comenzar el verano. Lo mismo va a pasar con esos sueldos públicos que se reducen de media un 5 por ciento. No solo se les va a reducir el 5 por ciento a partir de este mes de junio, sino que el mes que viene tendrán también su subida de IVA. El poder adquisitivo de los funcionarios y del resto de los empleados públicos queda doblemente deteriorado en apenas dos meses. Todo un récord de pérdida de bienestar social para este colectivo. Lo mismo -como decía antes- les va a pasar a los pensionistas. Tendrán una subida de IVA, como esta subida de IVA no se les va a compensar en el momento en que impacte dentro del IPC, vamos a tener un problema de pérdida adicional de poder adquisitivo del conjunto de los pensionistas españoles. Esta medida nunca debería entrar en vigor. Hemos propuesto en nuestra proposición de ley, evidentemente para evitar el veto del Gobierno, porque ya lleva dieciséis vetos, que entrase en vigor el mes siguiente de su aprobación. Pero nuestro objetivo político con esta medida era que entrase en vigor de forma inmediata para evitar esta subida con el daño que va a producir en la economía española.


Con respeto al resto de los países europeos, Finlandia ha bajado el IVA en el tipo reducido, los demás países los han dejado igual y hoy el Reino Unido ha hecho un anuncio: una subida de 2 puntos de IVA pero a cambio

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de una rebaja de 4 puntos del impuesto sobre sociedades y un aumento de mil libras, que es una reducción muy sustancial, del mínimo exento del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Si el Gobierno hubiese venido con un paquete de esas características, de reducción del IRPF a cambio del IVA, podríamos empezar a pensar que hay algo de sensatez. Pero no, no ha hecho esto. Ha hecho una subida del IRPF, los 400 euros más las rentas del ahorro, además nos sube el IVA y además vendrán otros impuestos que subirán. No nos los ha querido confesar el Gobierno. Se ha hablado por activa y por pasiva de que se iban a subir otros impuestos, que iba a haber una nueva subida de impuestos, una nueva figura tributaria. Hoy la vicepresidenta económica también ha hablado de la posibilidad de subidas de impuestos. Pero esto, como los ojos del Guadiana, sube y baja. En algún momento nos encontraremos con la siguiente subida de impuestos. Porque lo que está claro es que el déficit público, el endeudamiento público que tiene este país y la incapacidad que tiene el Gobierno de atajarlo a través de reformas estructurales del sector público que reduzcan el gasto, al final solo llevan a un camino de salida: subidas de impuestos y subidas de más impuestos. Y esto acaba con la competitividad y con el bienestar de la economía española.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Nadal.


Ningún grupo ha solicitado utilizar el turno en contra de la toma en consideración. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, es evidente que el Bloque Nacionalista Galego defiende una estrategia de respuesta ante la crisis sustancialmente distinta de la que propugna el Grupo Popular. No compartimos ni la obsesión por el déficit del Grupo Popular ni su oposición sistemática a cualquier subida impositiva.


Con respecto a la primera cuestión, y como hemos manifestado en múltiples debates sobre la situación económica, creemos que la reducción del déficit debe acompasarse a la marcha de la economía. Una reducción drástica del gasto público en un contexto de crisis aguda, como en el que todavía estamos, puede dificultar la recuperación e incluso, como advierten destacados expertos, puede provocar una nueva recesión y sumir a la economía del conjunto del Estado español en un largo periodo de estancamiento. Por eso consideramos que la contención del gasto público no debe afectar nunca a la inversión productiva, fundamental para asegurar la recuperación económica, ni al gasto social, fundamental para asegurar la cohesión. Y además la reducción del déficit puede acometerse también operando sobre los ingresos, introduciendo modificaciones en el sistema impositivo.


Señorías, como hemos manifestado en distintos debates, en el Estado español se dan tres circunstancias que, desde nuestro punto de vista, hablan por sí solas. Por un lado, el gasto público por habitante es sensiblemente inferior al de los Estados de nuestro entorno y, por otro lado, el esfuerzo fiscal es también inferior al de los países de nuestro entorno económico, pero se da la circunstancia, quizás por estos dos factores, de que el índice de desarrollo humano también es sensiblemente inferior. Por eso el BNG es partidario de una profunda reforma fiscal que mejore la progresividad del sistema impositivo, exija un mayor esfuerzo fiscal a las rentas altas y permita un incremento en la recaudación para no desarmar las políticas públicas. Además, señor Nadal, incluso diversos Estados de la Unión Europea con gobiernos conservadores están adoptando medidas para incrementar el esfuerzo fiscal de las rentas altas. Por lo tanto, no compartimos su discurso ni las estrategias que su grupo propone para hacer frente a la crisis económica.


Al margen de estas consideraciones, sí coincidimos con los contenidos concretos de esta proposición de ley. Diferimos de la subida del IVA prevista para este segundo semestre básicamente por dos motivos. En primer lugar, la subida del IVA incide en la falta de equidad del sistema fiscal en el Estado español. Los impuestos indirectos no son progresivos, no distinguen en función de la renta del contribuyente y los principales castigados por estas medidas son las rentas medias y bajas porque son las que necesitan destinar un porcentaje mayor de sus ingresos mensuales a satisfacer sus necesidades básicas de consumo, y estamos hablando de un impuesto que lo grava. Además, señorías, consideramos que la subida del IVA obstaculiza la recuperación en la medida en que difícilmente, gravando el consumo, se puede incentivar la recuperación de la demanda, condición necesaria para salir de la crisis, sobre todo si tenemos en cuenta que esta subida del IVA se da en un contexto donde se han aplicado medidas como el recorte de los salarios de los empleados públicos, la congelación de las pensiones o la anunciada nueva subida en la tarifa de la electricidad que van a incidir en un recorte claro del poder adquisitivo. En congruencia, por tanto, con nuestra coincidencia con los contenidos concretos de esta proposición, aunque difiramos de las estrategias generales que plantea el Grupo Popular para hacer frente a la crisis, anuncio el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a la admisión a trámite de esta proposición de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señora presidenta.


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Señor Nadal, usted sabe cuál es nuestra postura en materia de fiscalidad, que no es precisamente coincidente con la suya, pero lo que sí creemos es que en un momento de crisis como el actual lo que no toca es la subida de impuestos indirectos por una sencilla razón, porque lo que hace es afectar a la economía, afectar al consumo y además es una medida claramente inequitativa. Por eso vamos a votar, como ha anunciado también el señor Jorquera, en un sentido positivo a su proposición de ley, porque lo cierto es que hoy, desde una perspectiva económica, e incluso diría que desde una perspectiva progresista, la subida generalizada del IVA, independientemente de si se trata de un producto suntuario o no, es una medida claramente inequitativa que repercute en la economía y que además afecta a todos los bolsillos por igual.


Nosotros hemos creído que en España se tenía que recuperar la capacidad fiscal perdida desde hace multitud de años -en el IRPF, en pocos años, hemos pasado del 56 por ciento al 43-, pero también la fiscalidad perdida sobre las rentas de capital. Un informe reciente de la Unión Europea alertaba, denunciaba y criticaba que el Gobierno Zapatero, precedido de los gobiernos de José María Aznar, lo que hicieron es desfiscalizar este país, y que en este país -y yo añado, en este hemiciclo- se entendió que nuestra fiscalidad era una fiscalidad saneada porque los ingresos se mantenían, sin tener presente que esos ingresos se mantenían fruto de nuestra fuerte dependencia en torno al sector de la construcción. No se lo dice al Gobierno Iniciativa-Izquierda Unida o el señor Jorquera, se lo ha dicho la Unión Europea. Por ese motivo vamos a decir que no a esta subida del IVA, pero hemos acompañado este no de una propuesta que el PP ni siquiera ha llegado a plantear; una proposición de ley para recuperar la fiscalidad, para que haya una fiscalidad progresiva que se centre básicamente en aquellos sectores que pueden hoy aportar más. De hecho, el grupo que represento, Iniciativa-Izquierda Unida, pero también Esquerra Republicana o el BNG, con al apoyo de Nafarroa Bai, hemos realizado una proposición de ley que lo que plantea es reducir elementos para recuperar ese esfuerzo fiscal. Hoy hay informes de la OCDE que acreditan que la fiscalidad en cambio sobre las rentas de capital en España se sitúa no por debajo de la media, sino en la cola absoluta de la OCDE. La fiscalidad sobre las rentas de capital en España es ridícula, hasta el punto de que en Estados Unidos esa fiscalidad es superior. Hoy en España, lamentablemente, no se discrimina entre aquella fiscalidad en torno a las rentas de capital que invierten a corto y medio plazo, sea en Bolsa o en activos de todo tipo, de aquellos que especulan de un día para otro. Esto es así gracias al Gobierno Zapatero, que permitió que esa fiscalidad que diferenciaba entre los juegos de capital que jugaban a corto de los que jugaban a medio y a largo tuviesen una tributación distinta. Eso es así -lo dije ya en la legislatura anterior- gracias al Gobierno Zapatero. Hoy en España hemos dado extraordinarios pasos atrás. Hay que recordar la modificación en torno al control sobre las Sicav, que pasó de ser controlado por inspectores de Hacienda a ser controlado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y al final ha acabado ocurriendo aquello de que bajar los impuestos de las rentas más altas es de izquierdas -no lo digo yo tampoco, lo ha acreditado la Funcas, la fundación de las cajas de ahorro- y nos hemos encontrado -primero con los gobiernos del PP y después, en la legislatura pasada y al principio de esta, con la colaboración del Gobierno Zapatero- con una desfiscalización absoluta de nuestro modelo.


Hoy estamos a la cola de Europa en esfuerzo fiscal y lamentablemente lo recuperamos por donde no lo deberíamos hacer -al menos desde una perspectiva progresista así lo entendemos-, por la fiscalidad indirecta y por la subida del IVA, que no compartimos. Podríamos recorrerlo de otra manera, incluso en la fiscalidad indirecta, y también lo hemos planteado en esta Cámara: la fiscalidad ambiental. La fiscalidad ambiental es el único elemento que introduce en la fiscalidad indirecta elementos de progresividad, ya que grava más aquellos comportamientos que contaminan más y que normalmente vienen asociados a compras sobre bienes suntuarios, aquellos comportamientos que no tienen sentido. No tiene sentido que hoy el que coja un jet privado pague un cero por ciento en los carburantes que utiliza o en su impuesto de matriculación. No parece razonable. Ahí podrían haber recorrido un camino que, por cierto, el Gobierno se ha negado a recorrer votando en contra de nuestra proposición de ley hace apenas unas semanas en torno a la fiscalidad ambiental; una proposición de ley trabajada durante casi un año y que el Gobierno ni siquiera tuvo a bien considerar.


Por todo lo expuesto, vamos a votar en un sentido favorable, sin coincidir en su análisis económico y fiscal, señor Nadal, algo que tampoco le sorprende, ya lo sabe. En cualquier caso, coincidimos en algo, y ese algo es que hoy la fiscalidad indirecta no es la que tiene que subir, lo que tiene que subir es la fiscalidad progresiva, la fiscalidad indirecta en materia de impuestos verdes. Ahí sí que podríamos recorrer y recuperar el margen fiscal perdido que ustedes ni tan siquiera quieren tocar.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras y señores diputados, una vez más el Partido Popular erre que erre con su iniciativa, bien bajo la forma de moción o de proposición no de ley y esta vez de proposición de ley con el objeto de dejar sin aplicación y echar para atrás la subida del IVA prevista en la Ley de presupuestos para el próximo 1 de julio.


El Grupo Parlamentario Popular y el resto de la Cámara conocen perfectamente cuál es la posición de nuestro grupo en este sentido, por tanto, no la voy a

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repetir porque ya la he defendido en otras ocasiones, simplemente quisiera argumentar en otro sentido, utilizando los términos de la propia proposición y por tanto me voy a referir a la misma.


En la exposición de motivos de la proposición se señala, como es de sobra conocido, que las cuentas públicas han registrado el mayor deterioro de su historia. Es cierto que las cuentas públicas han pasado de un superávit moderado -digamos- a un déficit preocupante, cifrado el año pasado en el 11,2 por ciento del PIB. Esto es así. Lo que no es creíble, a pesar de que aparezca escrito en la iniciativa negro sobre blanco, es que las reformas impositivas contempladas en los presupuestos para este año -cito literalmente- es la mayor subida de impuestos de la democracia, haciendo recaer íntegramente la corrección del déficit público en la subida de los ingresos. Si este párrafo fuera objeto de juego y tuviéramos que descubrir los errores que existen en el mismo quizá haya alguno más, pero a mí solo se me ocurren dos evidentes. El primero es la mayor subida de impuestos de la democracia. Eso refleja, señores del Grupo Parlamentario Popular, la fragilidad de la memoria de los proponentes en relación con lo que es la mayor subida de impuestos de la democracia. Por mucho que se quiera exagerar, señores del Partido Popular, reconozcan que se les ha ido un poco la mano en esta afirmación.
Y el segundo es hacer recaer íntegramente el ajuste en la subida de impuestos. Después de la que está cayendo, del recorte de gastos que votamos y que se aprobó en esta Cámara hace poco tiempo, parece excesivo decir que el recorte del déficit gravita íntegra y exclusivamente en la subida de impuestos. Dejémonos de demagogias, seamos serios, defiendan ustedes si quieren la subida del IVA, están en su derecho, pero no utilicen argumentos de estas características. Nosotros en este tema no les creemos y además vamos a votar en contra de la iniciativa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, ante el debate en torno a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, anticipo que nuestro grupo votará favorablemente su toma en consideración, aunque no queremos ni generar más frustración ni perder más tiempo en una medida que, considerándola equivocada, es irrevocable por parte del Gobierno y cuya entrada en vigor a partir del próximo 1 de julio limita ya de por sí los efectos perseguidos por la misma proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular y por tanto la efectividad de su toma en consideración.


En el marco de la exposición de motivos de la proposición de ley no podemos no estar de acuerdo con algunas de sus afirmaciones, como el deterioro de las cuentas públicas en el año 2009, ni podemos dejar de estar de acuerdo con los avisos de la propia Comisión Europea y de la OCDE respecto a los efectos derivados del incremento de tipos del IVA.
Pero, señorías, a pesar de nuestro desacuerdo con la medida adoptada por el Gobierno, a pesar de estas advertencias, esta es una medida sin vuelta atrás. No podemos no votar favorablemente la toma en consideración de una proposición que incorpora un cambio en la política fiscal, específicamente en el impuesto sobre el valor añadido, en la línea defendida por nuestro grupo parlamentario en estos dos últimos años y en este entorno económico tan crítico y tan necesitado de actividad económica.


Señorías, no obstante nuestra conocida y defendida posición respecto a la política fiscal aplicada hasta ahora por parte del Gobierno, y en concreto respecto a la decisión de subida del IVA a partir del próximo 1 de julio, posición manifestada y defendida en este Pleno por nuestro portavoz señor Sánchez i Llibre, entendemos que ante decisiones ya tomadas y ante medidas que se aplicarán de inmediato, después de haber manifestado nuestro desacuerdo con dichas medidas que entendemos frenan la recuperación y la actividad económica y después de haber intentado evitar su puesta en marcha, es poco productivo continuar gastando esfuerzos y continuar insistiendo en algo a nuestro entender irrevocable.
En cambio, sí creemos más útil, más productivo y puede ser mucho más efectiva una posición más pragmática de seguir avanzando e insistiendo en nuevas medidas, que pensamos que faltan, y seguir insistiendo en reconducir aquellas decisiones en materia de política económica y fiscal que realmente puedan ser reconducidas y sobre las que realmente existe un margen de cambio. Así lo hemos puesto de manifiesto en esta Cámara por parte de nuestro grupo y de nuestro portavoz, y así también lo reiteramos en la intervención del pasado martes día 15 en el debate sobre la moción presentada también por el Partido Popular sobre política fiscal.


Señorías, nuestra economía tiene la urgencia de la reactivación económica y la política fiscal ha de ser un instrumento de apoyo a la misma, no de freno. Nuestra economía tiene la urgencia de reconducir un déficit insostenible y tiene la urgencia de construir un crecimiento diversificado, sólido y competitivo, y las decisiones, las medidas en materia de política económica y fiscal, han de ir en esta dirección. En este sentido se enmarcó también la abstención de nuestro grupo parlamentario ante el real decreto de ajuste fiscal frente a un déficit insostenible, fruto de la crisis y también de decisiones tomadas a nuestro entender tarde y no siempre en el sentido adecuado. Nuestra abstención fue soportada por varios factores, entendiendo tres cosas fundamentales sobre las que me van a permitir hacer unas breves reflexiones. Por un lado, en el marco del real decreto, entendimos -y así lo avalaba nuestra abstención- que una parte de las medidas que se incorporaban al mismo eran medidas que se activaban exclusivamente

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por la parte del gasto. Por otro lado, faltaban, a nuestro entender, medidas de ajuste por la parte de los ingresos. Hago referencia a este aspecto porque está íntimamente vinculado a la proposición y al debate en torno a la proposición de ley cuya toma en consideración hoy debatimos.


Desde nuestro grupo parlamentario entendemos que el ajuste fiscal ha de venir tanto por la parte del gasto como por la parte de los ingresos, es decir, de la actividad económica, de la ocupación, que no solo permite incrementar los ingresos fruto de más actividad sino que permite reducir una de las partidas más importantes del gasto público, que es la destinada al desempleo. Por último, entre las medidas por la parte del gasto no estábamos de acuerdo con las que afectaban a las pensiones, y por tanto a los pensionistas, y lucharemos para cambiarlas. También entendíamos que otras de las medidas incorporadas en el real decreto llegaban tarde y mal. También echamos en falta otras que deberían haberse incorporado, entre ellas, por ejemplo, la posibilidad de vender acciones de empresas públicas susceptibles de incorporar participación privada, lo que podría permitir contribuir a reducir el déficit público.


Señorías, no podemos de ninguna manera olvidar la excepcionalidad de la crisis, la rapidez y la profundidad con la que nos ha impactado durante estos dos últimos años y medio y no podemos olvidar que estamos obligados a reformas estructurales muy importantes si realmente queremos transformar nuestra economía y nuestra estructura de crecimiento. Por ello, es imprescindible continuar activando medidas en paralelo, tanto en el corto como en el medio y en el largo plazo. Ambas son estrictamente necesarias e imprescindibles para salir de la crisis y generar un crecimiento sólido y competitivo.


Al lado de una mayor diversificación de sectores que necesita nuestra economía, al lado de una mayor internacionalización e innovación de nuestras empresas, de nuestros productos y de nuestros servicios, son necesarias unas reformas estructurales pendientes, especialmente la reforma laboral, la reforma del sistema financiero y la educación. Sobre la primera, la reforma laboral, esta misma tarde tendremos el debate en este Pleno y solo deseo señalar que necesitamos una reforma laboral eficiente, ambiciosa y justa, una reforma laboral que contribuya a la eficiencia del mercado de trabajo; necesitaremos también una reforma del sistema financiero y un nuevo marco regulatorio que permita reconducir los déficits actuales del sistema.


Señorías, los primeros meses del año dan señales de una cierta reactivación, y lo digo con la máxima prudencia. Quiero señalarlo porque sería muy importante -si se confirma esta tendencia- que en las decisiones de futuro en política fiscal estas fueran en la dirección del apoyo y del estímulo a la actividad productiva, al estímulo de la actividad del conjunto de sectores que lo integran y en la dirección de la reactivación, porque es la dirección del empleo, que es nuestro principal objetivo.


Lamentamos una decisión ya tomada, cuya entrada en vigor es a partir de la próxima semana, con todos los riesgos implícitos en la misma y entendiendo que tendrá un coste importante en términos de menor actividad, de menor consumo y que afectará a sectores estratégicos y muy importantes en términos de PIB, como es el sector turístico. Pero no duden, señorías, de que en el futuro, desde nuestro grupo parlamentario, continuaremos insistiendo en una política fiscal que, aparte de dar estabilidad y que sea eficiente, sobre todo sea un instrumento de apoyo al principal objetivo que ahora tiene nuestra economía, que es salir de la crisis y recuperar actividad, competitividad y empleo. Por tanto, señorías, insistiremos y trabajaremos en la dirección de la reorientación de la actual política fiscal, que entendemos que penaliza crecimiento y competitividad.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Riera.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Mármol.


El señor MÁRMOL PEÑALVER: Gracias, señora presidenta.


La pasada semana, el día 16, la portavoz del Partido Popular en esta Cámara en la sesión de control pedía al Gobierno en general y al presidente en particular explicaciones por la falta -según ustedes- de responsabilidad, carencia de credibilidad y por llevar a los españoles a una situación límite. Hoy mi grupo ha delegado en mí la fijación de posición en este punto del orden del día y me veo en la obligación moral de decirles, señorías del Partido Popular, que quienes deben dar explicación a los españoles son ustedes. Porque con iniciativas como la de hoy -dejar sin efecto la subida del IVA propuesta por el Gobierno-, ustedes son los que semana tras semana, votación tras votación, demuestran que son los que generan desconfianza y falta de credibilidad dentro y fuera de España. Ustedes saben, señorías, que todos y cada uno de los países de la Unión Europea están adoptando medidas para reducir el déficit público, y esta del incremento del IVA a partir del mes de julio es una más por el lado del ingreso. Evidentemente, la posición del Grupo Socialista será en el día de hoy votar en contra de esta iniciativa, apoyando a nuestro Gobierno en la dirección de sacar al país de la crisis. Ustedes se han dedicado a boicotear las medidas aplicadas, a poner en peligro la credibilidad de España, a intentar minar la confianza que merece la realidad de nuestro país, poniendo en peligro el enorme esfuerzo que están haciendo todos los españoles, esas personas que ustedes dicen que defienden pero que intentan por todos los medios que sus esfuerzos sean en vano. Los socialistas lo denunciamos y decimos que no lo van a conseguir. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Les voy a recordar alguna cuestión aun a sabiendas de que a ustedes ni les va a importar lo que les voy a

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decir, ni siquiera se van a sonrojar con alguna de ellas. En primer lugar, respecto al IVA o a los impuestos, he de recordarles que este Gobierno, cuando la economía crecía, bajó los impuestos poniendo en los bolsillos de los españoles más de 20.000 millones de euros en cinco años. La actual estructura de tipos impositivos en el IVA se sitúa claramente en el rango más bajo en términos comparativos con la práctica totalidad del resto de los Estados miembros de la Unión Europea, donde el tipo general se sitúa en torno al 20 por ciento y el tipo reducido es siempre cercano al 10 por ciento, y no suele haber tipos superreducidos, que en España sí tenemos.


Los presupuestos plantean que desde el próximo 1 de julio el tipo general del IVA se elevará dos puntos, pasando del 16 al 18, el reducido del 7 al 8 y el superreducido no se va a mover. Para analizar esta medida hay que tener en cuenta que España es el penúltimo país de la Unión Europea en recaudación por IVA respecto al producto interior bruto. Solo Luxemburgo tiene una recaudación menor. Esta situación tiene un doble origen. Por un lado, nuestro IVA, como ustedes saben, tiene tipos especialmente bajos.
Quiero señalar que después de la subida solo dos países de la Unión Europea estarán por debajo de nuestro impuesto sobre el valor añadido, Chipre y Luxemburgo. Por otro lado, en España, del total de la recaudación de IVA solo el 40 por ciento proviene del tipo general, el 60 por ciento restante proviene del tipo reducido y del superreducido. El incremento impositivo que este Gobierno ha planteado es posible, eficiente y moderado. Es un incremento que nos va a permitir ir consolidando nuestras cuentas e ir reduciendo nuestro déficit de manera progresiva. España es uno de los países que tiene un mayor porcentaje en el IVA reducido, lo que nos sitúa muy por debajo de la media de la Unión Europea en términos de presión fiscal y muy por debajo de la presión fiscal que ustedes dejaron cuando estaban en el Gobierno.


Señorías, quiero recordarles además que este incremento del IVA también va a beneficiar a las comunidades autónomas, ya que a ellas les corresponde la mitad de la recaudación vía impuesto sobre el valor añadido. En cuanto a los efectos que pueda tener este incremento de IVA en el crecimiento económico, todas las estadísticas indican que la traslación a los precios va a ser muy reducida en las circunstancias actuales y que la inflación va a seguir en niveles bajos. No obstante, si bien es cierto que podría tener algún impacto en el consumo durante el primer trimestre en el que se lleve a cabo la subida, parece que no va a afectar al promedio anual.


Les pediría que se aclaren, señorías del Grupo Popular. No es serio cambiar de criterio dependiendo de si a ustedes les beneficia o no les beneficia. Miren qué contradicción. Mientras que en la exposición de motivos de esta proposición de ley nos dicen que tanto la evidencia empírica como numerosos estudios ponen de manifiesto que la subida de los impuestos al consumo en una situación de crisis económica como la que reflejan los propios Presupuestos del Estado es una medida desaconsejable, en febrero de 2009 un informe de la FAES, que por lo visto no era uno de estos numerosos estudios que mencionan en la exposición de motivos, nos decía -y leo textualmente- que una de las propuestas clave es reducir cotizaciones y compensar la pérdida de recaudación con un incremento del IVA. Además, el IVA no solo grava los bienes producidos en España, sino también las importaciones. Es decir, esta medida beneficiará a los exportadores y nos hará ganar en competitividad. Ustedes lo decían en el informe de la FAES. ¿Pertenecen ustedes al Partido Popular que avala ese estudio o pertenecen a otro Partido Popular, el que tenemos aquí cada semana?

Señorías del Partido Popular, como les decía la semana pasada la señora Gastón, la portavoz de economía de mi grupo, asistimos una tarde más al binomio recurrente que ustedes nos presentan. Quienes tanto propugnan la reducción del déficit nos piden, por un lado, bajar impuestos y, por otro, como vemos habitualmente en Pleno y en comisiones, nos piden o bien aumentar el gasto o reducir ingresos. Ese binomio resulta totalmente contraproducente con el objetivo de reducción del déficit. Ustedes lo único que quieren es asfixiar a nuestra economía.


Para ir terminando, me gustaría poner de relieve una vez más las contradicciones y falta de criterio del que hace gala el Partido Popular en su posicionamiento. Antes, el señor Rajoy pedía reiteradamente al presidente del Gobierno que tuviera el coraje de tomar las medidas necesarias, aunque fueran impopulares. Yo les pregunto ahora: ¿Dónde está el coraje del señor Rajoy para apoyar las medidas que está tomando la Unión Europea en orden de salvaguardar la unión monetaria reduciendo el déficit público como las que está tomando el Gobierno socialista? De una vez por todas, si no están de acuerdo, den una alternativa, explíquenla, especifíquenla, porque reduciendo ingresos e incrementando el gasto no salen las cuentas, señorías. Si creen que reduciendo ingresos vía impuestos es la solución para estimular el consumo y la economía, ¿por qué no los bajan en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas que gobiernan? ¿Por qué el Ayuntamiento de Madrid tiene un incremento del impuesto sobre bienes inmuebles de un 170 por ciento desde el año 2003? ¿Por qué el Ayuntamiento de Murcia incrementa el mismo impuesto en un 176 por ciento en los últimos ocho años? Les recuerdo también que dos de sus comunidades autónomas, en las que ustedes gobiernan, Madrid y Valencia, son de las más endeudadas del país. Si de verdad creen en sus fórmulas económicas, señor Nadal, prediquen dando ejemplo, comiencen por bajar impuestos y rebajar la deuda en los lugares donde ustedes gobiernan; prediquen dando ejemplo.


Quiero acabar como comencé mi intervención, pidiéndoles más coherencia y compromiso no con el Gobierno, pero sí con los ciudadanos de nuestro país en particular y con España en general, no ya porque se lo pida el Gobierno, los ministros, el Grupo Socialista o este humilde diputado en su primera legislatura, sino porque

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le haga caso al coordinador de su grupo a nivel europeo y ministro de Finanzas de Finlandia cuando dice: Animamos a nuestros gobiernos y a nuestros partidos en la oposición a actuar de forma responsable, porque no es tiempo de buscar réditos y beneficios políticos a corto plazo -todo lo contrario a lo que hacen ustedes-; estamos en medio de una crisis económica y la confianza es muy baja, necesitamos la unidad ante las políticas de ajuste y las reformas estructurales. Ustedes no están de acuerdo en tener con el resto de grupos de esta Cámara esa unidad. Ahora que quieren aparentar, incluso a veces estéticamente, que son el partido de los trabajadores, les pediría que abandonen las barricadas y que luchen con el resto del país para superar la crisis.


Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mármol.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA PROMOVER Y DAR A CONOCER A LOS CIUDADANOS LA MEDIACIÓN FAMILIAR. (Número de expediente 162/000565.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para promover y dar a conocer a los ciudadanos la mediación familiar.


Para la defensa de la misma tiene la palabra doña Carmen Quintanilla.


La señora QUINTANILLA BARBA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, subo a esta tribuna para exponer los motivos que han llevado a mi grupo, al Grupo Parlamentario Popular, a presentar esta iniciativa que consideramos fundamental para la ciudadanía española, como es promover y dar a conocer a los ciudadanos la mediación familiar, una herramienta que todavía es desconocida en España, que puede ayudar a las parejas que inician un proceso de ruptura y que facilita llegar a acuerdos más satisfactorios para todas las partes en los casos de separación o divorcio.


Según el último informe elaborado en España sobre las familias, se producen más de 118.000 rupturas al año, con un crecimiento del 28 por ciento en los últimos diez años. En 1998 se produjeron 92.875 rupturas en España y en 2008, 119.000 rupturas. España, junto a Bélgica y Hungría, es el país de la Unión Europea en el que en los últimos años ha aumentado en mayor medida el número de divorcios, de manera que, según las estadísticas, de tres matrimonios que se producen, se rompen dos.
Siguiendo con las estadísticas, quisiera destacar que el 54 por ciento de los matrimonios que se rompieron en el año 2008 tenían hijos menores de edad. Sin duda alguna las rupturas son dolorosas y todos estaremos de acuerdo, señoras y señores diputados, en que son mucho más dolorosas y delicadas cuando existen hijos de por medio, porque al final los menores son las principales víctimas inocentes de los conflictos y litigios que se producen, en general, en todos los procesos de ruptura, sobre todo cuando los divorcios se resuelven sin el consenso de las dos partes, como ocurre en el 36 por ciento de los casos en España. Más de 2 millones de niños y niñas, de hijos e hijas, se han visto afectados en los últimos dos años por 1.300.000 divorcios que se han producido en España.


Precisamente pensando en los menores es por lo que mi grupo ha traído esta iniciativa, en la que indiscutiblemente queremos contar con el apoyo de todos ustedes. Ya anuncio que mi grupo, tomando como base las enmiendas que han presentado los distintos grupos parlamentarios a lo largo de la tarde, quiere llegar a un consenso, a una transaccional. Por ello, en este debate queremos potenciar el conocimiento y el uso de la mediación familiar como la mejor herramienta para llegar a soluciones consensuadas en los conflictos familiares.


¿Por qué es buena la mediación? Porque es bueno el diálogo, porque es bueno el consenso, porque en un momento de ruptura es bueno poner en manos de los cónyuges lo que significa trabajar para que esa ruptura sea lo menos conflictiva posible para ellos y además sean el referente para sus hijos e hijas, para seguir educándolos y para seguir haciendo posible que esos niños y niñas tengan a su padre y a su madre, tengan la convivencia familiar que necesitan para ser personas en un futuro. Lo decía John Haynes, el presidente de los mediadores familiares en Estados Unidos de América: Un proceso en virtud del cual un tercero, el mediador, ayuda a los partícipes en una situación conflictiva a su resolución permite la continuidad en las relaciones entre personas involucradas en el conflicto. Eso es lo que quiere mi grupo; quiere que el problema sea identificado por los miembros de la pareja; quiere que a través de la mediación se haga una separación civilizada; quiere que el hecho de llegar a un acuerdo beneficioso para las dos partes, y sobre todo para las hijas y los hijos, no convierta el proceso de ruptura en un ring en el que salen a flote la agresividad y las frustraciones que suelen ir aparejadas en muchos casos en las situaciones de divorcio. Queremos, indiscutiblemente, que la mediación sea algo importante en el procedimiento, tanto extrajudicial como intrajudicial. Por eso tenemos que reconocer que ya en mayo de 2008 el Consejo General del Poder Judicial puso en marcha un protocolo para la implantación de la mediación familiar intrajudicial de gran efectividad y con buenos resultados en los distintos juzgados en los que se está llevando a efecto, el Juzgado de Familia de Barcelona, el Juzgado de Familia de Málaga, el de Madrid. Así nos lo han hecho saber a nuestro grupo las distintas partes de estos juzgados que, efectivamente, están trabajando en la mediación familiar.
Porque además

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la mediación familiar debe hacerse realmente ante un proceso declarativo, como los procesos de ejecución, donde también el juez sea el mayor impulsor de esa mediación familiar. Por lo tanto, creo que en estos momentos todos los grupos parlamentarios debemos tener claro que con esta iniciativa queremos que el Gobierno traiga en el plazo de seis meses, para cumplir la disposición final tercera de la Ley 15/2005, un proyecto de ley sobre el que se base la mediación, fundado en los principios establecidos en las disposiciones de la Unión Europea, así como en los principios de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad que en el respeto a los servicios de mediación ya han creado las comunidades autónomas. Por eso es importante que sigamos la línea marcada por el protocolo del Consejo General del Poder Judicial y que la mediación familiar intrajudicial lleve a la solución de los conflictos en las parejas y no al enfrentamiento entre los cónyuges y las propias personas.


Señorías, no está desde luego en nuestra mano evitar que los matrimonios se rompan, pero sí podemos y debemos minimizar en la medida de lo posible las consecuencias negativas y en muchos casos nefastas que provocan estas rupturas y que afectan sobre todo a los hijos e hijas menores. Una ruptura, señorías, nunca suele ser positiva, porque representa un fracaso y supone un drama para muchas familias. Señorías, lo que está hoy en nuestra mano es potenciar las medidas necesarias que hagan posible superar el fracaso y que ese drama de la ruptura sea menos doloroso y más fácil para todas las partes implicadas. Por eso mi grupo, dentro de este debate y a lo largo de esta tarde, quiere llegar a un acuerdo, hacer una enmienda transaccional con todos los grupos en beneficio, indiscutiblemente, de las familias que se encuentran en un momento de ruptura y, en definitiva, de todos nosotros y de toda la sociedad española.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Quintanilla.


Para la defensa de enmiendas, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señora Quintanilla, usted misma ha comentado que esta iniciativa que presenta su grupo ha sido objeto de múltiples enmiendas. Creo que ha sido enmendada por todos los grupos parlamentarios, lo cual acredita el carácter manifiestamente perfectible de la misma. Por otra parte, señora Quintanilla, me ha parecido oír una predisposición por parte de su grupo parlamentario a la aceptación de las posiciones y de las enmiendas presentadas por los demás grupos, vamos a ver si su elasticidad política es suficiente como para poder posicionarnos positivamente sobre una fenomenología en donde es dudoso el primer aserto que ha realizado usted en primer lugar. Tengo muchas dudas de que sea España el país donde más divorcios se producen de la Unión Europea, usted seguramente no ha mensurado suficientemente el impacto de la desaparición de la separación previa como requisito de causalidad necesaria para proceder al divorcio.
Sabiendo esto, si hubiéramos podido mensurar esta circunstancia quizá estuviéramos hablando de cifras más leves, más ligeras y menos dramáticas que las manifestadas por usted. En todo caso, 119.000 divorcios al año es una cifra dramática en sí misma que hay que considerar, y el problema se agrava notablemente cuando -como usted ha comentado- de estos 119.000 divorcios que se producen al año, el 54 por ciento es de parejas con hijos menores y el 36 por ciento son divorcios contenciosos, no son divorcios consensuados, con lo cual se producen problemas que todos conocemos en relación a la custodia compartida, el reparto del patrimonio, el régimen de visitas, problemas donde aflora la hostilidad manifiesta que entre dos cónyuges que toman una decisión de esta naturaleza normalmente se suele producir.


¿La mediación es un buen instrumento para afrontar esta fenomenología? Sin ninguna duda. Además, existen leyes autonómicas y existe ya un protocolo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial en el que ha tenido una participación notable la vocal encargada de mediación, que es la señora Margarita Uría. Margarita Uría es una vocal que fue diputada; compartimos su compañía durante muchos años y también su facundia intelectual. Desde esa perspectiva yo he hablado con esta vocal, la vocal de mediación del Consejo General del Poder Judicial, y no termina de manifestar una adhesión particularmente entusiasta a lo que se configura en su pedimento en forma de tres peticiones concretas. Tiene usted mucha razón en una cosa y es que, aunque fracase la mediación, se debe considerar que la mediación puede llevar por una senda de mayor racionalidad a dos cónyuges que han tomado la decisión de divorciarse, y puede resultar menos conflictivo el proceso, aunque no continúe o culmine en un acuerdo de naturaleza matrimonial. Dicho esto, y estando prevista esta mención en el artículo 750 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como usted bien ha comentado, en el triple pedimento de la parte dispositiva de su proposición no de ley hay dos problemas que nos preocupan notablemente. El primero hace referencia a problemas de naturaleza competencial. El punto 1 hace referencia a una invocación a establecer, fomentar y dar a conocer entre los ciudadanos mecanismos de mediación extrajudicial e intrajudicial. Usted sabe que esto, desde la perspectiva de la habilitación competencial del Estado, no es posible configurarlo así puesto que existen competencias autonómicas, leyes autonómicas y protocolos que en los ámbitos autonómicos se están aplicando ya para la mediación, tanto en el ámbito extrajudicial como en el ámbito intrajudicial. El segundo pedimento de su proposición no de ley hace referencia a la llamada mediación intrajudicial. Usted dice: mediante el impulso

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o la instancia al juez, tanto en la fase declarativa del proceso como en la fase de ejecución. Me comentan en el Consejo General del Poder Judicial, y no necesito que me lo comenten basta con conocer los preceptos de la Constitución relativos a la independencia judicial y los preceptos homónimos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que a un juez no ser le puede instar a nada desde una institución parlamentaria, y en concreto desde el Congreso de los Diputados. Yo le aconsejaría que reflexione sobre este impulso a los jueces porque a los jueces nosotros no podemos impulsarles a hacer nada, dado que, si lo hiciéramos, vulneraríamos el paradigma de la independencia judicial que está consagrado por nuestras leyes.


Por último, en relación al tercer pedimento, y con esto acabo, señor presidente, va un poco más allá de una verdadera obviedad, señora Quintanilla, y se lo digo con todos los respetos. Es una obviedad lúcida e inteligente, pero es una obviedad. Es dar cumplimiento a lo dispuesto ya por la disposición final tercera de la Ley 15/2005. Las obviedades a veces son necesarias en una institución parlamentaria que se olvida de cumplir con los requerimientos de las normas que ella misma ha aprobado, pero es una obviedad también. En todo caso, de su elasticidad va a depender la posición final de nuestro grupo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Mercè Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente. En Convergència i Unió compartimos con el grupo proponente el objetivo de regular la mediación en coherencia con lo que se aprobó en esta Cámara en la Ley 15/2005. La mediación es, sin duda, un instrumento válido, tanto para intentar evitar la judicialización de determinados conflictos como para hacer posible la obtención de soluciones a los mismos responsables autogestionadas y eficaces, que intenten asegurar el cumplimiento posterior de los acuerdos y que preserven en lo posible la relación futura de las partes. No podemos más que compartirlo, pues el Parlamento de Cataluña legisló ya en el año 2001 sobre la mediación familiar. Una regulación que fue entonces pionera en España y una de las primeras de Europa, incardinada indudablemente en la tradición catalana de prevalencia del pacto y de las soluciones obtenidas a partir del acuerdo entre las partes. Nos acercamos, pues, al contenido de esta iniciativa desde esta relativamente amplia experiencia y lo vamos a hacer apuntando unas breves consideraciones.


La primera sería que el instrumento de la mediación no debiera circunscribirse únicamente a la mediación familiar en procesos de separación o divorcio. Es más, en este momento en que once de las diecisiete comunidades autónomas tienen leyes de mediación familiar, la estadística nos demuestra que el porcentaje de desvinculaciones matrimoniales consensuadas, es decir, con acuerdo entre las partes, es prácticamente el mismo en todas las comunidades autónomas, tanto si tienen como si no tienen legislación específica en materia de mediación.
Tengo aquí los datos del Consejo General del Poder Judicial referidos al año 2008, y como anécdota voy a señalar que el porcentaje más alto de divorcios consensuados corresponde paradójicamente a una comunidad autónoma que no tiene legislación en mediación y el más bajo a una que sí la tiene. Quiero traer a colación específicamente en este punto el papel relevante que desde siempre tienen los abogados de las partes para resolver estos asuntos, siempre preferentemente a través de un acuerdo.
No es, por tanto, la mediación en las desvinculaciones matrimoniales el hipotético campo más exitoso. Si nos fijamos, el mandato de la Ley 15/2005, no acota la regulación de la mediación a ningún campo específico. Y es que ya la Directiva 58/2008, del Parlamento y del Consejo, que entonces estaba en preparación, insta a abrir la mediación a las nuevas realidades y demandas de la sociedad, esencialmente asuntos civiles en general y mercantiles. Por eso, la nueva Ley de Mediación de Cataluña es para el ámbito de todo el derecho privado, y extiende su campo de aplicación a aspectos tanto o más exitosos como, por ejemplo, conflictos entre padres e hijos, disputas familiares por sucesiones, mediación comunitaria, social o ciudadana en el uso del espacio público, comunidades de vecinos, relaciones profesionales, colegiales y hasta de la empresa. Incluso, fuera del ámbito de aplicación de esta Ley del año 2009, del derecho privado, en Cataluña lo aplicamos al campo penal juvenil, donde llevamos diez años introduciendo la mediación como intervención para reparación de la víctima a través de la responsabilización del joven respecto a sus propias acciones y las consecuencias que de ellas se derivan para los demás. No circunscribirlo, por tanto, al campo de rupturas matrimoniales sería esta primera consideración.


La segunda es la necesidad de que en la regulación se fijen los principios que garanticen una buena mediación. Voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad son los que usted ha señalado y que se recogen en la Ley de 2005, pero queremos añadir dos requisitos, a nuestro entender imprescindibles: la necesidad de una impecable formación de los mediadores y el que en la propia ley los abogados deben tener definido su papel en el procedimiento de mediación para que en ningún caso los intereses de sus representados puedan verse afectados por falta de asesoramiento legal independiente. No se puede transar ni renunciar desde el desconocimiento de los derechos.


Finalmente, y aquí van dirigidas nuestras enmiendas, para nosotros es imprescindible salvar el tema competencial de las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas son las que, más allá de los servicios de mediación creados, tienen competencia legislativa en materia de mediación, y a ello obedecen precisamente

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las numerosas leyes existentes que la mediación estatal debe forzosamente respetar. Así lo hemos escrito en nuestra enmienda y así lo haremos valer en la tramitación de la futura ley. También queremos salvar las facultades de los propios jueces -lo ha señalado el señor Olabarría- a los que se puede invitar a promover la mediación cuando lo consideren oportuno pero en modo alguno obligarlos a hacerlo. Usted ha anunciado una enmienda transaccional y nosotros reservamos el sentido de nuestro voto a la espera de ver el contenido de la misma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Carmen Juanes.


La señora JUANES BARCIELA: Gracias, señor presidente.


La proposición que debatimos esta tarde no es nueva y el Grupo Socialista ya se ha pronunciado de forma muy precisa sobre la mediación familiar. En la antigua Grecia existía un concepto que, por desgracia, ha caído en desuso por el paso del tiempo: la obnosis. La obnosis hace referencia a aquello que es obvio y que paradójicamente es obviado. Y usted me preguntará: ¿Y por qué dice esto? Lo digo porque el pasado 19 de febrero se presentó al Consejo de Ministros el proyecto de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que actualmente se encuentra pendiente de completar la recepción y evaluación de los informes preceptivos, es decir, el informe del Consejo General del Poder Judicial y el informe del Consejo de Estado. Por tanto, bienvenidos al tren, llegan a tiempo. Con este propósito, el anteproyecto modifica distintos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil admitiendo expresamente, primero, la facultad de las partes de disponer del objeto del juicio para que, entre otros fines, se sometan a la mediación -artículos 19.1 y 415 del anteproyecto-, al tiempo que se establece que en el acto de primera comparecencia de las partes se les informe de la posibilidad de recurrir a la mediación para solucionar el conflicto, previsión extensible también a los juicios de familia dado que se sustancian por los trámites del juicio verbal. Por tanto, la apuesta por la institución de la mediación es evidente, llegando incluso a imponerse en el anteproyecto de ley como paso previo a las reclamaciones económicas que no excedan de 6.000 euros. Estamos convencidos de que merece la pena favorecer y promover desde los poderes públicos una nueva cultura que reconozca la conveniencia de fomentar métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación; métodos que pueden suponer un ahorro de costes en términos de carga de trabajo y de congestión.


El anteproyecto dota la mediación de una cobertura legal suficiente para su implantación en cualquier ámbito jurídico. Sin embargo, en relación con la aplicación de la mediación a los asuntos de familia, debo recordarle a la portavoz del Grupo Popular que en nuestro país son las comunidades autónomas las competentes en esta materia desde hace diez años, como bien conoce. Actualmente existen diez comunidades autónomas con leyes de mediación en el ámbito familiar: la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, mi comunidad -la de Castilla y León-, por citar algunas comunidades donde gobierna el Partido Popular, han elaborado ya sus propias normas de mediación familiar, además de haber creado sus propios servicios basándose en sus competencias exclusivas en materia de asistencia social. Por tanto, el primer apartado de su proposición no de ley suscita problemas competenciales elementales, como bien han señalado los portavoces que me han precedido. Además, incurre en una clara contradicción interna. Primero, no es posible que por un lado se inste al Gobierno a dar a conocer a los ciudadanos los servicios de mediación, vulnerando competencias autonómicas y, por otro y al mismo tiempo, le insta en el apartado tercero de esta iniciativa a cumplir lo dispuesto en la disposición final tercera de la Ley 15/2005. No voy a entrar, porque es una obviedad, en el segundo punto de su iniciativa porque, como bien ha dicho el portavoz del PNV, el señor Olabarría, nosotros no podemos impulsar a los jueces en esta cuestión.


Voy finalizando. La mediación en materia de familia se ha venido realizando bajo la tutela del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades autónomas, como bien ha dicho, aunque, eso sí, no con el éxito que esta PNL presupone. Esto no es una opinión, disponemos de datos que lo confirman de forma concluyente, los datos del propio Consejo General del Poder Judicial del año 2009. Solo el 19 por ciento de las mediaciones civiles iniciadas acabaron con acuerdo.


Voy terminando, ahora de verdad. En la mediación estamos poniendo muchas esperanzas, pero no debemos considerar que vaya a posibilitar la resolución de todos los problemas o conflictos familiares, pues son las partes las que tienen el remedio. Mi grupo, el Grupo Socialista, ha propuesta una redacción alternativa, una redacción que conjuga posibilidad y necesidad. Mi grupo no quiere entrar en polémicas y sí en soluciones.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Juanes.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la mediación y la conciliación familiar comportan la presencia de una tercera persona totalmente imparcial a instancia de las partes y por indicación de la autoridad judicial, luego potenciarla reporta beneficios, reduce los costes emocionales de la ruptura de la pareja, minimiza y previene los efectos negativos de la separación

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o divorcio sobre los hijos y recupera la corresponsabilidad en la toma de decisiones relativas a la familia. Además, en la mediación los acuerdos los alcanzan las partes, con lo que son acuerdos más satisfactorios, más duraderos. Y hay todavía otro tipo de beneficio, que es el beneficio que permite evitar un tanto la judicialización de los conflictos y que la decisión sea tomada por un tercero, como es el juez. Esto es lo importante. Porque a más mediación, a más conciliación, menos ejercicio de la jurisdicción, ergo más capacidad para jueces y magistrados para llevar a cabo su mandato constitucional. De hecho, supone un método de resolución de conflictos lejos de la actividad jurisdiccional y contenciosa. Creemos en la mediación, incluso -y creo que la diputada de Convergència i Unió ha hecho mención a ello- en las bondades de la mediación en el ámbito penal cuando la naturaleza y la gravedad del delito lo permiten. Hemos de decir que en la reciente modificación del Código Penal nuestro grupo parlamentario, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, ha intentado la introducción de un procedimiento de mediación en el ámbito penal, pero debo reconocer que sin ningún tipo de éxito.


Señoría, en Europa se ha demostrado muy útil el servicio de mediación familiar como fórmula de resolución de los conflictos de familia. Y Cataluña, que, como saben, tiene competencia exclusiva en materia de derecho civil, excepto en aquellas materias que el artículo 149.1.8 de la Constitución reserva al Estado, ha sido pionera en la introducción de un sistema de mediación familiar con dos leyes: una ley del año 2001 de mediación familiar, la de Cataluña, y otra ley del año 2009 de mediación en el ámbito del derecho, y además debo decirles que con éxito. En el año 2002 hubo en Cataluña 56 casos testimoniales de mediación y en el año 2009, 2.730. De manera que es evidente que no solamente creemos en la mediación sino que se ha demostrado eficaz en aquellas comunidades autónomas -hablo de Cataluña y doy datos de Cataluña- donde se ha legislado y se ha desarrollado el texto legislativo.


Aun así, debo decirles que nosotros no vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley. No vamos a hacerlo porque corresponde a las comunidades autónomas el fomento, el dar a conocer los servicios de mediación. Es más, les he hablado de la capacidad legislativa de Cataluña, luego no entendemos cuál es el contenido, la voluntad final de este primer punto contenido en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Sabemos además que el Gobierno está trabajando en un texto legislativo, que es el mandato de la disposición final tercera de la ley del año 2005. Cuando conozcamos el alcance del texto legislativo nos pronunciaremos. De entrada, no consideramos necesario hoy día -incluso lo cuestionamos- este desarrollo legislativo. Fíjense, han legislado no solamente Cataluña, también lo han hecho Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Madrid y el País Valencià.
Luego no entendemos que en estos momentos sea necesario llevar a cabo por razones estrictamente competenciales este mandato contenido en la ley del año 2005. Aun así, nos podríamos llegar a plantear la orientación de nuestro voto siempre y cuando quedaran salvaguardadas algunas cuestiones básicas como, por ejemplo, que esta ley en su momento no tuviera vigencia en aquellos territorios autonómicos en los que ya existiera previamente un texto legislativo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Señora Quintanilla, la enmienda transaccional que S.S. anunciaba ¿está en condiciones de poder hacerla llegar a la Presidencia?

La señora QUINTANILLA BARBA: Señor presidente, si me deja unos minutos, voy a negociar con los grupos y a lo largo de la tarde se la haré llegar a la Presidencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Los que quiera S.S. hasta la hora de la votación.


Muchas gracias.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 10/2010, DE 16 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO. (Número de expediente 130/000033.)

El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.


Para exponer las razones que han obligado a la promulgación del Real Decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Trabajo e Inmigración.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señor presidente.


Señorías, presento para su convalidación ante esta Cámara el Real Decreto-ley 10/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 16. Quiero aprovechar esta ocasión para explicar el contexto en el que se enmarca esta reforma del mercado laboral, los argumentos que la sustentan y su contenido.


Señorías, la incidencia de la crisis económica internacional sobre el empleo ha sido de mayor intensidad en España que en otros países de nuestro entorno socioeconómico, algo que se debe tanto a las particularidades de nuestro modelo productivo y de crecimiento económico como a cuestiones estructurales de nuestro mercado laboral. Entre estas podríamos citar la dualidad

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entre trabajadores fijos y temporales, la escasa flexibilidad interna de las empresas o las dificultades de inserción de algunos colectivos de trabajadores, en especial el de los jóvenes o el de parados de larga duración. Desde el inicio de la crisis, el Gobierno ha venido impulsando actuaciones específicas en cada ámbito. En materia laboral ha adoptado un conjunto de medidas dirigidas a reforzar la protección social, a incentivar la contratación y a mejorar la empleabilidad, así como a favorecer el mantenimiento del empleo en las empresas viables. Todas estas medidas han respondido siempre a la misma lógica, frenar los efectos de la crisis e incentivar el empleo. Ahora hay señales que apuntan a una salida de la crisis y esta fase requiere nuevas actuaciones en nuestro mercado de trabajo, para hacer frente con reformas a los problemas que antes mencionaba.


Este es el objetivo de las medidas contenidas en la norma que hoy les presentamos, unas medidas que se inscriben en el amplio marco de reformas que integran la estrategia de economía sostenible, una estrategia que pretende incidir a medio y largo plazo sobre los factores de nuestro modelo de desarrollo socioeconómico para hacer más sólida nuestra economía, mejorar su competitividad, fortalecer los pilares de nuestro Estado del bienestar y generar más y mejor empleo. La aprobación de esta reforma da cumplimiento al compromiso asumido por el presidente del Gobierno en la presentación de la mencionada estrategia en esta Cámara el 2 de diciembre del pasado año. Señorías, el Gobierno tenía la firme voluntad de consensuar estas medidas con las organizaciones empresariales y sindicales en el marco del diálogo social. A principios de febrero de este año intensificamos las negociaciones tripartitas para que estas actuaciones se adoptaran cuanto antes pero, a pesar de que el Gobierno ha dedicado todos sus esfuerzos hasta el último momento, el acuerdo finalmente no ha sido posible. Por ello, el Gobierno aprueba este real decreto-ley, cuyas medidas son las más adecuadas para dar una respuesta a la actual situación de salida de la crisis económica. Quiero señalar que el intenso proceso de diálogo con los interlocutores sociales ha servido para confrontar opiniones sobre las medidas del texto que hoy traemos a esta Cámara.


La reforma que contiene el real decreto-ley que sometemos a su convalidación es para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y la capacidad competitiva de las empresas, dotándolas de una mayor flexibilidad y contribuyendo con ello a incrementar la productividad de nuestra economía. Favorecerá directamente a más de 8 millones de trabajadores que o bien se encuentran en paro o tienen en la actualidad un contrato temporal, sin pérdida de derecho para los 11 millones y medio de trabajadores con un contrato estable. Se trata, pues, de un conjunto de medidas equilibradas que afectan a elementos sustanciales de nuestras relaciones laborales. Permítanme resumir algunas de sus medidas esenciales, que se articulan en torno a tres objetivos. El primero de ellos es reducir la dualidad de nuestro mercado de trabajo, impulsando la creación de empleo estable y de calidad. Para ello se introducen medidas en dos sentidos complementarios: por un lado, se restringe el uso injustificado de la contratación temporal, para lo cual se fija un límite temporal máximo en los contratos de obra o servicios determinados, se extienden las medidas para evitar el encadenamiento sucesivo de contratos temporales y se establece un incremento progresivo de la indemnización por la finalización de este tipo de contratos, con el objetivo de que la temporalidad en España guarde relación directa con las necesidades reales de nuestro modelo productivo. Por otro lado, se establecen medidas para favorecer y extender la contratación indefinida, haciéndola más atractiva para las empresas, al tiempo que se preservan los derechos de los trabajadores; se amplían los colectivos que pueden acceder al contrato de fomento de la contratación indefinida. También se prevé que el Fogasa asuma con cargo exclusivamente a cotizaciones empresariales el abono de ocho días de la indemnización correspondiente a los despidos por causas económicas de todos los nuevos contratos indefinidos, aligerando el coste a las empresas sin mermar la cuantía que percibe el trabajador.


Señorías, quisiera dejar claro que la reforma no abarata el despido, puesto que cualquier trabajador con contrato indefinido percibirá la misma indemnización antes y después de la reforma, es decir, cuarenta y cinco, treinta y tres y veinte días, según el tipo de contrato y la causa de extinción. Esta medida es temporal y servirá de transición a un modelo de capitalización individual que deberá ponerse en marcha en enero del año 2012, un modelo que consiste en la creación de un fondo que cada trabajador podrá utilizar en los casos de despido para completar su formación o como complemento de su pensión en la jubilación. Se trata, sin duda, de una apuesta innovadora que se inspira en lo que se conoce como el modelo austriaco de indemnización por despido y que favorecerá la movilidad laboral y la posición de los trabajadores durante su vida laboral y al final de la misma. Por último, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se precisa y racionaliza el contenido de las causas de despido por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, lo que otorgará mayor certeza y seguridad a los trabajadores y empresarios y facilitará el control judicial.


El segundo objetivo de la reforma es reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en las empresas. La crisis ha demostrado que es necesario facilitar vías consensuadas de adaptación interna en las empresas en momentos puntuales de dificultades económicas, para preservar el empleo y el tejido productivo, porque es evidente que una reforma laboral por sí sola no crea empleo pero puede mejorar las condiciones para favorecer su creación y a la vez evitar la destrucción de puestos de trabajo en épocas de crisis como la que estamos atravesando. Los ajustes de plantilla por despido deben ser, señorías, el último recurso, dadas sus graves repercusiones profesionales, familiares, sociales

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y económicas. En esta línea el texto que les presento introduce medidas que potencian simultáneamente la flexibilidad para las empresas, favoreciendo su adaptabilidad a las circunstancias económicas y la seguridad para los trabajadores preservando todas sus garantías laborales. Me refiero a medidas como dotar de mayor agilidad y eficacia los procesos negociados en las empresas para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y, en el mismo sentido, la revisión de las condiciones para que las empresas en dificultades económicas, de forma temporal y excepcional, puedan utilizar las cláusulas de descuelgue salarial. He de precisar que los arbitrajes se realizarán conforme a los procedimientos que se establezcan de forma bipartita. Dentro de este mismo bloque se amplían las posibilidades para suspender los contratos de trabajo y reducir la jornada en situaciones de dificultades económicas de la empresa, como mecanismo alternativo a la extinción de los contratos.
Se trata de ampliar las posibilidades ya previstas en el Real Decreto-ley 2/2009 y posteriormente en la Ley 27/2009, que han tenido un efecto muy favorable para preservar puestos de trabajo en el actual contexto de crisis económica.


Quiero recordar que antes de la aprobación de esta ley a la que acabo de referirme, los contratos -prácticamente todos los ERE que se producían mayoritariamente en nuestro país- eran ERE de extinción. Con la entrada en vigor de esta ley justamente hubo un cambio radical, pasando de once a uno en cuanto al carácter de los ERE, de tal manera que ahora son los ERE de suspensión temporal los que prevalecen respecto de los ERE de extinción. Eso es también la clara demostración de que con una medida que vaya en la dirección de la flexibilidad y la adaptación temporal de las empresas a sus propias necesidades, ajustando la producción, no hay que recurrir necesariamente al ajuste de las plantillas. Tenemos la firme convicción y la plena confianza de que esta medida que acabo de enumerarles actuará de una manera altamente positiva respecto de los temas de esa flexibilidad, evitando los despidos. Para ello se flexibilizan las condiciones de aplicación de estas medidas y se amplían los incentivos para los trabajadores y las empresas que se acojan a las mismas, mejorando las condiciones de protección por desempleo y las bonificaciones en la cotización respectivamente.


El tercer objetivo es mejorar las oportunidades de acceso al empleo de las personas desempleadas, en particular, de los jóvenes, y reforzar los mecanismos de intermediación laboral. Entre las medidas se incluye una nueva regulación más rigurosa y selectiva de la política de bonificaciones a la contratación indefinida, en línea con las conclusiones de la Comisión de Trabajo e Inmigración de esta misma Cámara. Para ello se concentran los incentivos en los desempleados menores de 30 años y mayores de 45, manteniendo las bonificaciones actualmente existentes para personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y mayores de 59 años, entre otros colectivos con especiales dificultades de inserción. Todo ello con la previsión de revisar y evaluar su contenido antes del final de 2011. También se aborda una mejora del contrato para la formación de los jóvenes, reforzando su atractivo para las empresas mediante la supresión de costes sociales y dotándolo de protección por desempleo para los jóvenes trabajadores, de la que hasta ahora carecían. En materia de intermediación laboral, se autorizan las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro a partir del 1 de enero del año 2011 en la línea marcada por la OIT y se eliminan las restricciones hasta ahora existentes en algunos sectores para la actividad de las empresas de trabajo temporal, como la trasposición de la directiva comunitaria sobre la misma, encomendando a la negociación colectiva la determinación en seis meses de los puestos de trabajo con especial peligrosidad, que deben mantenerse excluidos de su operatividad.


Señorías, quiero concluir apelando a su responsabilidad, en el convencimiento de que el real decreto-ley que les presentamos hoy aquí es merecedor de la misma. Por eso les pido que convaliden este texto en esta Cámara, porque es una reforma que aborda muchos de los problemas que viene arrastrando nuestro mercado laboral en las últimas décadas, porque lo hace de forma equilibrada y, lo que es muy importante, sin merma de los derechos de quienes ya tienen un empleo estable; porque aumenta la flexibilidad dentro de las empresas sin reducir la seguridad de los trabajadores, apostando por el empleo estable frente a la precariedad. En definitiva, porque estamos convencidos de que es la reforma que precisamos en este momento para impulsar la recuperación económica, para mejorar nuestra competitividad y para hacer del empleo un factor más productivo, más equitativo y de mayor calidad.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) El Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds pide el turno en contra. En primer lugar tiene la palabra don Joan Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.


Antes que la reforma laboral tocaban otras cosas, señor Corbacho, en un gobierno de izquierdas: reforma fiscal progresiva, reforma del sector financiero, reforma del sector energético. Pero no es este el motivo por el que vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra porque su propuesta es desequilibrada; es valiente solo con los débiles; lanza un mensaje claro, el de los ajustes laborales una vez más, y porque además solo tiene un objetivo incluso, que la propuesta salga aún peor. Una buena propuesta de reforma laboral hubiese sido la que hubiera promovido la contratación de desempleados, la

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flexibilidad organizativa, la que desincentivase el uso de la temporalidad o el despido como mecanismo de ajuste, pero cuando ustedes optan por el despido exprés, por un despido que puede llegar a costar doce días, las propuestas de flexibilidad no son las que priman, y el último ejemplo lo tenemos hoy, Agencia EFE, veintinueve despidos con costes para la empresa de doce días por año trabajado. Por tanto, no nos vengan a explicar cosas que no son. Hoy es un día histórico y lo es porque esta Cámara va a abaratar el despido.


Su propuesta es desequilibrada, muy desequilibrada, porque lo que hace es generalizar los contratos con treinta y tres días por año trabajado, porque con una situación económica negativa se pagarán veinte días y el coste para el empresario será de doce días. Su propuesta es desequilibrada porque la subordina a un interés empresarial fijado unilateralmente. Su propuesta no vale porque incluso dan un papel relevante, muy relevante, a las ETT en los servicios de ocupación, cuando nuestros servicios públicos de ocupación tienen una persona por cada 200 desempleados, mientras que en Europa hay una persona por cada 50 empleados. Eso sí, ustedes dicen que es una propuesta equilibrada porque en el año 2014 los contratos temporales tendrán una indemnización de doce días por año trabajado. No, señor ministro, su propuesta es de parte y es de parte de la peor patronal, de esa patronal que solo pide despedir cuando en realidad la pequeña y mediana empresa tiene hoy un problema -lo acreditaban empresarios catalanes- y ese problema es la falta de acceso a crédito. Su propuesta no es nada valiente o, mejor dicho, es valiente pero con quien no toca; de hecho, a ustedes no les tiemblan las piernas, no les tiembla nada, ni con la Función pública, ni con los pensionistas, ni con los dependientes. Y ahora tampoco les tiemblan las piernas con los trabajadores; de hecho, la valentía que ustedes tienen es la que les exige el Fondo Monetario Internacional, el señor Trichet, o el gobernador del Banco de España, hoy. Valentía con los trabajadores, pero no con el sector financiero, no con una reforma fiscal progresiva. Su Gobierno es el Gobierno que es débil con los fuertes y fuerte con los débiles y en un momento económico, el más duro de nuestra historia, no es eso lo que toca.


De hecho, además, su propuesta ahonda más en un modelo claramente improductivo. Hoy lo que tocaría es I+D+i, fiscalidad progresiva, pero cuando ustedes nos hacen la propuesta que nos hacen lo que provocan es que bajen aun más los costes laborales. España está por encima de la media en renta de la Unión Europea, pero los salarios están en el 70 por ciento. Y ¿sabe usted por qué, señor ministro? Porque su Gobierno y los gobiernos del Partido Popular han hecho que salgamos de la crisis siempre con ajustes laborales, y esta es la senda de esa izquierda que representa el Gobierno Zapatero. No, eso no es lo que debería ser. Ustedes, hace un año, dijeron: vamos a cambiar el patrón de crecimiento, pero para eso se tenían que atrever a algo, a algo con el sector financiero, a algo con el sector energético; como no se atreven, optan por el atajo de la derecha y el atajo de la derecha ¿qué es? El atajo de la derecha es sufrimiento de los más débiles, en este caso esfuerzo, y mucho, por parte de los trabajadores. Abren precisamente ese despido exprés, que lo que hará es destruir aún más ocupación. Y sí, saldremos de la crisis, pero saldremos haciendo que los beneficios empresariales se vuelvan a multiplicar, pero que los costes laborales continúen cayendo.


Mientras la LES, la ley de economía sostenible, prórroga tras prórroga no se ve en esta Cámara, a toda castaña ustedes nos traen la reforma laboral. Ahora, lo más grave, señor ministro, ¿sabe qué es? Que su procedimiento y los interlocutores que ha escogido solo van encaminados a una cosa: a empeorar ya una muy mala propuesta. Ustedes ni tan siquiera se han dignado descolgar el teléfono para ver qué les pedía esta izquierda a la que hoy represento, Iniciativa o Izquierda Unida, lo han hecho también con otros portavoces. Y lo cierto es que hoy han escogido un método a toda prisa, al margen de la jurisprudencia del Constitucional y con interlocutores que solo van a empeorar la propuesta. Es un menú a la carta para empresarios, un menú alemán, austriaco o chileno, pero es un ajuste de caballo -de caballo- para los trabajadores.


Quiero acabar, señor presidente, con una última reflexión. Ustedes, eso sí, hoy responden a un mantra, el mantra del gobernador del Banco de España, el mantra que dice que lo que hay que hacer es salir de esta crisis solo con ajustes en los sectores más débiles, hoy con ajustes hacia los trabajadores. Y hoy van a protagonizar una jornada sonada, de esas jornadas inolvidables, incluso yo diría históricas, que a veces se protagonizan en el Congreso de los Diputados. Porque va a ser histórico que hoy la mayoría de este Congreso tire por tierra aquel compromiso de que no se recortarían derechos ni se rebajaría la protección de los trabajadores, porque va a ser histórico dar carpetazo a la ley de economía sostenible y al cambio de patrón de crecimiento para optar una vez más por los ajustes laborales. Además, va a ser un día triste, muy triste, porque lo que quieren es hacer un procedimiento urgente, superurgente, al margen de la jurisprudencia del Constitucional, y ustedes ganaron cuando recurrieron la reforma laboral del Partido Popular. Y va a ser un día triste porque, además, esta mala reforma lo que va a hacer es empeorar aún más la situación, quizá no de las empresas, que ganan más, pero sí claramente de quienes padecen esta crisis.


Señor Corbacho, su reforma no generará empleo, hasta usted lo ha reconocido. En cambio, su reforma lo que va a generar es pérdida de derechos y profundo desencanto. Y lo más grave, señor Corbacho, no es solo la crisis, no es solo que ustedes renuncien a cambiar el patrón de crecimiento; hoy vamos a asistir a otra crisis, la crisis de la política, la crisis de la izquierda protagonizada por el Partido Socialista Obrero Español, que da volantazo a la derecha y deja descolgados a sindicatos, a votantes e incluso a muchos de sus dirigentes. Hoy

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certifican la salida injusta e impuesta y se olvidan de la salida social y concertada.


Acabo ya, presidente. Solo espero una cosa, solo espero que al final pase lo que siempre ha pasado, que nunca una reforma laboral impuesta, con conflicto social, sirvió para cambiar nada. De hecho, eso es lo que vamos a intentar nosotros desde Iniciativa y desde Izquierda Unida en esta Cámara. Estoy seguro de que eso es lo que harán los sindicatos en la calle a finales de septiembre, reorientar una pésima reforma laboral como la que ustedes han traído hoy aquí.


Gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Ridao para fijar su posición.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro de Trabajo, el "Diario de Sesiones" y la hemeroteca son testigos de que Esquerra hace más de dos años que viene pidiendo y reclamando no solo una reforma laboral que sirva para atajar básicamente sus dos problemas, como son la excesiva rigidez y la dualidad del mercado de trabajo. Quiero dejar claro que no es porque Esquerra piense que la crisis tiene sus causas e incluso sus respuestas en el mercado de trabajo. Digo esto porque últimamente se impone la lógica de que al parecer la única vía para reducir los costes sea rebajar salarios, como si no hubiera otros factores que el factor trabajo, la mano de obra, que encarezcan el producto final. Uno de ellos y fundamental es la ausencia de crédito muy importante hacia las pequeñas y medianas empresas, la ausencia también de infraestructuras, el precio de la electricidad, los peajes y las comisiones bancarias. Más bien el mercado de trabajo es el gran damnificado de esta crisis, el mercado de trabajo es un reflejo de la crisis económica aguda que estamos viviendo.


Sea como fuere, señorías, al final la reforma nos ha llegado tarde, después de dos años, después de un naufragio en el marco del diálogo social, cosa que evidentemente lamentamos, y nos llega también mal. Nos llega mal porque nos viene perpetrada por un gobierno acuciado, como todo el mundo sabe, por la crisis de la deuda, por un gobierno que obedece al dictado de los mercados, que obedece al dictado de ese consorcio neoconservador de la señora Merkel y del señor Sarkozy, precedido por esa auténtica manía compulsiva por el ajuste antisocial. Y es una reforma que, en nuestra modesta opinión, acabará, si no se corrige el tiro durante el trámite legislativo, no solo recortando, contrariamente a lo que afirma el señor ministro, los derechos de los casi 15 millones de ciudadanos que hoy tienen un puesto de trabajo estable, sino que desgraciadamente va a restar incluso oportunidades a los 8 millones de personas que están hoy atrapadas entre la temporalidad y el desempleo.


Dijimos hace unos días desde Esquerra, por cierto mientras otros jugaban irresponsablemente a amagar y a no dar, que nos parecía un punto de partida razonable e incluso positivo el documento salido de la mesa del diálogo social y la primera propuesta del Gobierno. Nos parecía razonable incluso, a pesar de que hubiera muchas vacilaciones, porque el Gobierno no sabía muy bien qué reforma quería, estaba atrapado aquí entre la negociación de los agentes sociales y económicos, era un híbrido entre la demanda de la patronal y de los sindicatos. En cualquier caso, era un punto de partida razonable porque ensanchaba de forma considerable la cañería de entrada al mercado de trabajo, potenciaba la contratación indefinida, fijaba una escala indemnizatoria progresiva e incluso dificultaba objetivamente la temporalidad. Y eso estaba bien, aunque también dijimos que había que mejorar algunos aspectos, concretamente mejorar una cuestión básica, como el despido, que podía ser un auténtico sumidero por el que se escurrieran muchos puestos de trabajo y también algunos aspectos, como la modificación de condiciones de trabajo e incluso la flexibilidad interna. Desde Esquerra, y esto el ministro lo ha reconocido públicamente, hemos exhibido un afán constructivo desde posiciones no dogmáticas. No actuamos nunca como correa de transmisión de nadie, ni de sindicatos ni de patronal. La única línea roja que pusimos modestamente al Gobierno era que quedara muy claro que el problema de nuestro mercado de trabajo es básicamente un problema de entrada de cómo crear puestos de trabajo más estables y de mayor calidad, pero no un problema de salida, es decir, de los costes del despido. Por tanto, podía ser una reforma equilibrada que pensara tanto en los que trabajan como en los que están en paro, una reforma equilibrada que tuviera en cuenta que para el futuro y viabilidad de muchas empresas es necesaria la confianza y la estabilidad en los puestos de trabajo. Pero -maravilla de las maravillas-, en solo dos días el Gobierno ha hecho lo que no se ha atrevido a hacer en los últimos dos años y al Gobierno se le ha quemado el embrague de dar tanta marcha atrás en solo dos días. Nos presenta una reforma laboral que no tiene nada que ver con el documento que sale de la mesa del diálogo social. Nos presenta una reforma regresiva, que es una auténtica contrarreforma. El Gobierno le ha hecho el trabajo sucio a la derecha y a la patronal, quizá sin que ellos se lo hayan pedido. El Gobierno nos presenta una reforma que no solo facilita el despido, sino que lo abarata, que socializa parte también de la indemnización, que incluso precariza y aumenta considerablemente la temporalidad y que, además, desbarata el sistema de negociación de pactos, de acuerdos, subordinando básicamente las decisiones empresariales a su sola voluntad, al interés empresarial.


Esta reforma, señorías, es muy del estilo ZP, es una reforma que parece una cosa por fuera, pero, si arañas, es otra cosa por dentro. Esta es una reforma embudo, porque la parte ancha es para el despido y la parte más

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estrechita para la creación de empleo. Ustedes están abriendo hoy una vía de agua demasiado importante como para que nosotros les podamos dar apoyo. Y no solo eso, sino que esta reforma no se compadece para nada con lo que hace pocas semanas el propio presidente del Gobierno decía en un medio de comunicación. Decía: no es justo, ni eficiente que los trabajadores pierdan derechos para salir de la crisis. Es más, decía: Mariano Rajoy es el portavoz político de la teoría de abaratar el despido. No, el portavoz político del abaratamiento es, en este caso, el Gobierno del señor Zapatero y del ministro Corbacho. Díganme, si no, qué puede esperarse de una reforma que para regular el despido económico o supuestamente objetivo dice textualmente: que se deduzca mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva. Menudo alarde, señor ministro, de precisión semántica. Si ustedes querían el despido fácil, no hacía falta enmarañarlo de esta forma. Ustedes no hablan, como hablaban al principio, ni siquiera de pérdidas para acudir a este despido objetivo, ahora nos hablan simplemente de resultados negativos; ni fijan un plazo como hace la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que tasa en dos años esta posibilidad; ni exigen un vínculo necesario entre la viabilidad del proyecto empresarial y ese despido por causas objetivos. En definitiva, es una auténtica invitación en toda regla, señor ministro, a que, en lugar de recurrir a los mecanismos de flexibilidad interna, se acuda directamente al despido por causas económicas, que es, por cierto, lo que hoy el Gobierno ha hecho con una parte del sector público, despidiendo también por causas objetivas a unos cuantos trabajadores de la Agencia EFE.


Lo mismo sucede con las modificaciones de las condiciones de trabajo, cuyo campo se abre como el despido, o bien se universaliza el contrato de fomento de la contratación indefinida, lo cual no solo va a abaratar el despido, sino que va a sustituir en la práctica y va a convertir en residual el contrato ordinario de cuarenta y cinco días. Y no lo digo yo, señor Corbacho, en este caso lo dice el bufete Sagardoy, que ha hecho un informe muy interesante, a instancias del Gobierno, donde se dice de forma clara que esto va a constituir una nueva fórmula de despido exprés, con un plazo medio de veinticinco días de indemnización. Se amplía la temporalidad; ahora pueden concatenarse no dos, sino tres, incluso prorrogable a cuatro años más la duración del contrato de obras y servicios; se quedan ustedes a medio camino en la flexibilidad interna; se introducen las ETT en el sector público, curiosamente en un momento en el que no solo se congela la oferta pública de empleo, sino que incluso baja la tasa de reposición. En definitiva, señorías, es una muy mala reforma.


Finalmente, no solo es una mala reforma, sino que nos tememos que todavía pueda enturbiarse más, si este Gobierno, como ha demostrado estos días, sucumbiendo a la presión de la derecha y de la patronal, se ve nuevamente empujado durante la tramitación legislativa a nuevas rebajas y recortes.
Por tanto, durante la tramitación de esta ley vamos a intentar no solo conjurar este peligro de involución, sino evidentemente mejorar la ley para que esta sea la reforma que nos merecemos, una reforma que contribuya no solo a modificar nuestro modelo productivo sino también a crear empleo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Para fijar posición por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra doña Uxue Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.


Señorías, señor ministro Corbacho, lo cierto es que la sesión de hoy viene derivada del fracaso del diálogo social, ya que durante dos años Gobierno, patronal y sindicatos han tenido la oportunidad de acometer en tiempo y forma una reforma del mercado laboral en términos ajustados a lo que los cambios sociales y los retos de la crisis económica nos imponen.
Pero, dos años después, la negociación ha fracasado y la responsabilidad sobre esta circunstancia, a nuestro entender, debe ser imputable a todas las patas de la mesa. Así, el Gobierno nos presenta hoy una propuesta de reforma laboral en forma de real decreto que, por más que se empeñen algunos, contiene en las formas diferencias sustanciales con respecto a otro decreto de triste recuerdo. Hay diferencias sustanciales -insisto- en la forma, y nos gustaría pensar que la tramitación de este texto como proyecto de ley nos permitirá establecer también distancias en el contenido, distancias que ahora no se producen.


Es difícil establecer las razones del no de Nafarroa Bai a este real decreto en tan poco tiempo como el que el Reglamento depara a las posiciones del Grupo Mixto, así que me voy a limitar a apuntar el empeño de este texto que hoy votamos en buscar mecanismos para la creación de empleo, no en la flexibilización del despido, ya que en estos momentos en la legislación laboral española el despido es flexible, tanto que es libre, sino que lo que nos propone la reforma es el abaratamiento del despido, de la cancelación del contrato que supone un puesto de trabajo.
A Nafarroa Bai no le parece ni mucho menos adecuada la apuesta con mayúsculas que este momento económico requiere -el documento en este sentido que hoy nos trae el Gobierno-, sino más bien todo lo contrario.
En estos momentos más que nunca el eje del cambio ante lo que la crisis económica y las tasas del desempleo nos imponen, y por tanto también la reforma del mercado de trabajo, debe estar en la formación de los futuros trabajadores y profesionales, así como en la formación de aquellos hombres y mujeres que en estos meses han perdido su puesto de trabajo o están en situación de poder perderlo, formación a la que la propuesta del Gobierno para dinamizar el mercado laboral no hace alusión alguna y formación a la que la mesa del diálogo social tampoco le ha querido -permítanme la

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expresión por lo gráfica- hincar el diente, siendo como es la clave de nuestros problemas y, por lo tanto, la clave de nuestras soluciones.


Entendemos, presidente, señorías, que esta es la asignatura pendiente de un mes de junio que a todos los presentes nos va a reunir sin duda en las próximas semanas en esta Cámara, por lo que con el voto en contra a la reforma Nafarroa Bai se suma a las peticiones de tramitación del documento como proyecto de ley y votará favorablemente, en este caso sí, a la petición.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.


Por el mismo grupo parlamentario, ¿quién va a hacer uso de la palabra? (Pausa.)

Señor Salvador, tiene la palabra.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, estamos ante una de las reformas estructurales más necesarias, más demandadas y más esperadas. Debemos, por tanto, saludarla, pero no por ello dejar de decir que llega tarde, muy tarde, y que todavía hoy resulta insuficiente e incompleta. Lo mejor de la reforma es que nace con un plazo fijo para su aprobación y lo peor son las dudas que sigue generando, porque hasta que no se apruebe definitivamente no sabremos cómo va a quedar. Y si alguno espera una reforma más benévola, sus efectos no van a empezar a notarse hasta que la aprobemos definitivamente. Resulta inconcebible e incomprensible comprobar cómo la tasa de paro en España -un 20 por ciento de media, el doble que en el resto de Europa; si bien algunas comunidades autónomas la superan- no ha sido causa suficiente para que la reforma del mercado laboral haya sido una realidad hace ya muchos años. Este injustificado retraso, señorías, tiene responsables y a ellos debemos exigirles responsabilidad. No es tiempo, señorías, de más parches -treinta reformas nos preceden-, sino de reformas ambiciosas.


Compartimos que resuelta oportuno y necesario tramitar esta reforma como proyecto de ley. Ya anuncio que UPN aportará una batería de enmiendas en aquellos temas en que creemos que la reforma debe mejorar el texto o que ni siquiera han sido tratados por esta: Rigidez de la negociación colectiva, adaptación de la normativa a la realidad de las pymes españolas, cotizaciones sociales, movilidad laboral, formación, capacidad del Fogasa para hacer frente a sus nuevas funciones, simplificación de procedimientos, inseguridad jurídica, etcétera. En todo caso, señorías, desde UPN creemos que conviene, primero, desideologizar la reforma. Lo importante es acertar en que esta sea objetivamente útil y no el color ideológico que la inspire. Segundo, no aprovechar o, mejor, desaprovechar la tramitación para cometer el error de modificar el proyecto de ley en función de las coacciones o presiones de unos grupos de presión u otros.
Tercero, la reforma puede ayudar, debe ayudar a disminuir la cifra de paro. Pero para ser mejores, señorías, se hace indispensable acometer una reforma que reduzca el 30 por ciento del fracaso escolar en España, que es una verdadera losa para poder garantizar crecimiento y empleo de calidad. Por último, señorías, diré que seguimos teniendo la obligación moral de combatir dos fenómenos muy españoles de nuestro mercado laboral: uno, el fraude y, dos, la economía sumergida, que algunos cifran en torno al 20 por ciento y que hoy siguen siendo un auténtico lastre para nuestra credibilidad. En todo caso, como ya anuncié, señorías, mi voto será el de la abstención.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Por el mismo grupo doña Rosa Díez tiene la palabra.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


En ausencia del presidente que, según sus propias palabras, menos ha hecho por el crédito de España, permítame que me dirija a usted, señor ministro de Trabajo. (Rumores.) Usted ha presentado el real decreto-ley de la reforma del mercado laboral y lo ha hecho -si me permite la expresión- de oficio, porque usted mismo sabe que esta es una reforma que no es la que España necesita; no es la reforma que le venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Es una reforma hecha por obligaciones externas, por presiones exteriores. Es una reforma en la que ustedes no creen. No es la que el país necesita, ni moderniza, ni clarifica, ni resuelve los problemas, ni los del empleo, ni los de la productividad y competitividad de nuestro país. Es una reforma basada en un modelo fracasado, en el modelo tradicional que en España ya ha fracasado y que mantiene la dualidad entre temporales y fijos. Es verdad que reduce la brecha, pero mantiene la dualidad y, con la reforma que nos proponen, lo que va a ocurrir es que la mayor parte de los nuevos contratos sean contratos temporales, como muy bien usted sabe. Por tanto, no resuelve, ni de lejos, los problemas que tiene la economía española y los problemas que tiene el mercado laboral en España. Es una reforma que, además, no aborda algunas cuestiones fundamentales, sustanciales como, por ejemplo, la negociación colectiva; la protección de los parados que agoten su prestación por la vía, por ejemplo, de un modelo como la RAI; no aborda la formación, ni la contratación a tiempo parcial; cuestiones todas ellas importantísimas que debieran formar parte de cualquier reforma del mercado laboral que se quiera llamar tal. Además, esta reforma -que se ha convertido como en el bálsamo de Fierabrás, porque, como los mercados la aplauden, ustedes están encantados e incluso sonríen- desorienta o nos hace olvidar que, por sí sola, tampoco sirve. En España hace falta una reforma del sistema financiero, hace falta una reforma fiscal en serio, hace falta perseguir el fraude fiscal de verdad y hace falta una reforma de la educación. Mientras no abordemos

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todas esas reformas, sobre las que todavía no le han dado instrucciones fuera de esta Cámara, no estaremos en disposición de abordar los verdaderos problemas que tiene nuestro país. En conclusión, no es la reforma que nuestro país necesita, no es la reforma que necesita España.
Por tanto, es una oportunidad perdida; es una reforma insustancial -en la acepción sexta del diccionario que aborda la palabra sustancia-, confusa y que generará más problemas que los que en este momento tiene el sistema hasta que sea definitiva. Oportunidad perdida, duplicidades, no abordar lo fundamental.; en definitiva, es un quiero y no puedo. No son ustedes capaces de hacer lo que tienen que hacer, ni son capaces de enfrentarse con los verdaderos problemas.


Como desde esta misma tribuna en reiteradas ocasiones he solicitado a su Gobierno, cuando ustedes decían que no había que hacerlo, que era necesario que abordaran la reforma del mercado laboral, no me opondré a la tramitación. Espero poder contribuir, como el resto de mis compañeros de la Cámara, a que lo que salga después sea la ley que España necesita y la que nuestros conciudadanos se merecen.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.


Por el mismo grupo tiene la palabra don José Luis Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, más de dos años después de que el Gobierno declinara su responsabilidad en aras de que los agentes sociales pactaran una reforma del mercado laboral, llega a esta Cámara un proyecto de decreto-ley que va a salir adelante por la disciplina férrea de unos y por la renuncia de los más a poner más palos en las ruedas de la bicicleta, en los engranajes no solo del Gobierno, sino de las expectativas laborales de este país. Va a salir la reforma o, mejor dicho, el arranque del proyecto de reforma sin el mínimo entusiasmo, ni siquiera de sus proponentes. El anuncio de 2,37 millones de contratos indefinidos en los próximos dieciocho meses es otra de las fatuas profecías que se volverán contra ustedes en poco tiempo.


Se pasaron dos años diciendo: pase de mí este cáliz, para tener que apurarlo, al final, deprisa y corriendo, con un cóctel de medidas variopinto que aspira a no enfadar demasiado a los unos, ni a satisfacer del todo a los otros. Es decir, se ha asumido una postura de mediación más que de liderazgo, que es lo que cualquier país demanda en los momentos más difíciles como el que atravesamos. Del decreto de recortes al decreto de reforma del gran contrato laboral de España, es decir, el Estatuto de los Trabajadores, se ha producido una sutil diferencia, que debilita al Gobierno, sobre todo, pero también a toda la clase política.
Y digo que debilita a toda la clase política, en mayor medida cuantos más diputados, peso y responsabilidad tiene cada grupo, porque es una demostración de que ni siquiera en momentos tan graves se ha conseguido un acuerdo. Ni siquiera se ha discutido entre los grandes partidos, aquellos que deben garantizar mejor la continuidad de la reforma, en caso de alternancia de gobierno. Y eso, señorías, reconózcanlo, es un fracaso colectivo.


Para los que gustan ver la botella medio llena, es indudable que estamos y estaremos ahora mejor que si la reforma no se hubiera plasmado en un decreto. No sanará el enfermo pero, desde luego, alguna de sus medidas aliviará las rigideces funcionales de las empresas españolas. Les permitirán organizar mejor sus efectivos, con más flexibilidad y versatilidad, con más productividad y, por tanto, con más competitividad en el mundo global. En ellas debemos concentrarnos en las próximas semanas. Me temo que la nueva regulación del despido no es la más afortunada. Con lógica, a más de uno extrañará que en tiempos de recortes generalizados se abra una partida para subvencionar parte de los despidos.


Coalición Canaria se va a abstener con el mismo espíritu de responsabilidad manifestado en la votación del decreto de los recortes.
Como entonces, es una abstención activa porque ni obstaculiza, tal como querían unos, ni convalida plenamente, como les gustaría a otros. Pero seguimos lamentando que todos los modelos globales y autónomos de cambio de país se le hayan roto, empezando por su acumulativa ley de economía sostenible, en unos tiempos en los que se está quedando solo insinuando al país que quizá volvamos al año que viene o en 2012 al crecimiento económico, pero con un recorte de una de las tres bases de la economía sostenible: el pilar social. Y se le ha roto en parte porque el mundo ha cambiado rápidamente y este Gobierno no lo ha hecho a igual velocidad, y cuando lo ha hecho ha sido acuciado por Europa y Estados Unidos, con una pérdida de autonomía política no tanto pactada, como ocurrió hace veinticinco años al ingresar en la Comunidad Europea, sino de algún modo impuesto.


Señor presidente, señores del Gobierno, durante dos años se han ido negando a decirle a este país que ya no puede vivir en un hotel de cuatro estrellas ni soñar, como lo hacía legítimamente, en pasar a uno de cinco.
Se han negado a reconocerle que todos nuestros esfuerzos aspiran a que no baje a tres, como ya lo han hecho los cuatro millones de españoles que ya están en el paro, o el millón de familias que tienen a todos sus miembros desempleados y que habitan en condiciones más precarias. El reconocimiento de todo esto es fundamental para que los sacrificios que ha pedido, pide y seguirá pidiendo al pueblo sean asumidos con el espíritu de sacrificio que exigen los tiempos. Gobernar, repartir en tiempos de crecimiento...


El señor PRESIDENTE: Señor Perestelo, debe acabar.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señor presidente, termino.


... no pone auténticamente a prueba a sus gobernantes y distribuir las penurias, sí. Señorías, pedimos la unión

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de las fuerzas; creemos que debemos trabajar todos juntos para, en este trámite parlamentario, obtener la mejor ley que posibilite el desarrollo económico y la generación de empleo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Señora Fernández Davila, tiene la palabra.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, a propósito de este debate ha venido a mi memoria una frase muy famosa del magnate de las finanzas Warren Buffett, conocido como el oráculo de Obama, que está entre los primeros puestos de la lista Forbes desde hace años. Este señor se pregunta: ¿Existe la lucha de clases? Y responde: Efectivamente, por supuesto, pero es mi clase, la clase de los ricos, la que está haciendo la guerra y la que la está ganando. Señorías, esta reforma laboral es una batalla tan ganada por la clase de los ricos como perdida por la clase trabajadora. El Gobierno no solo nos trae una reforma que abarata el despido sino que, además, debilita un instrumento fundamental para defender los derechos laborales como es la negociación colectiva. Sí, señor ministro, se abarata el despido, porque los 2.370.000 contratos que se van a crear a partir de ahora, como dice usted que recoge la memoria del decreto, van a ser de acuerdo con el contrato de los tres días por despido. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Para el actual, para el contrato ordinario, el decreto ya recoge la ampliación del despido objetivo, hasta el punto de que una empresa no tiene por qué justificar ningún tipo de pérdidas para que esto pueda ser así. Por si fuera poco, como decía, se permite a las empresas desvincularse del convenio colectivo para facilitar acuerdos entre empresa y trabajador de manera individual o colectiva.


Señorías, la negociación colectiva es un instrumento básico de garantía de derechos laborales. Con esta medida no solo se devalúa la acción sindical colectiva, sino que se está dejando a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad inadmisible. Usted sabe, señor ministro, que actualmente ese sistema de llegar a acuerdos entre empresa y trabajador ya existe. Nosotros no tenemos nada que objetar cuando esos acuerdos suponen una mejora de las condiciones laborales, pero desde luego estamos total y absolutamente en desacuerdo cuando de lo que se trata es de pactar más horas de trabajo o menos salario de lo que se estipula en el convenio colectivo. Ya bastante penosos son los abusos que se producen actualmente en el ámbito laboral como para que el Gobierno los legitime con este decreto. Seguramente, si ustedes conocieran actas de la inspección de trabajo, incluso en trabajadores que están en este momento trabajando en la obra pública, se darían cuenta de que lo que estoy diciendo es cierto. Cómo explicar, señorías, que unas medidas que a todas luces facilitan el despido son adecuadas para hacer frente al desempleo.
No hay explicación posible, desde nuestro punto de vista, porque no se va a crear empleo, como así ya lo dijo también el presidente el día que hizo el anuncio, el 12 de mayo, de la misma manera que reconoció que estas medidas van a incidir negativamente en el crecimiento. Señorías, eso es algo que nosotros no podemos entender y, por lo tanto, vamos a votar en contra de este real decreto. Desde el BNG tenemos que manifestar nuestra honda preocupación porque el presente decreto no sea más que el comienzo de lo que se avecina. Hoy en los medios de comunicación ya se plantean algo que ha dicho el presidente del Gobierno en relación con la sanidad o con la educación. ¿Adónde vamos a llegar?

Voy finalizando, señor presidente. Nos preocupa que estas medidas tomadas al dictado del FMI, del Banco Mundial y de la derecha española y europea no queden aquí. Y nos causa estupor que aquellos como las empresas financieras, que se han subido el sueldo en el año 2009 un 15 por ciento, vengan ahora a exigirnos austeridad, recortes sociales y recortes en el gasto público.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, por favor.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Es, en definitiva, señorías, señor ministro, señoras y señores del Gobierno, una guerra absoluta contra el Estado del bienestar. Señor ministro, señorías, desde luego...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, por favor.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... por este camino no solamente no le están haciendo frente a la derecha europea y española, sino que realmente le están allanando el camino para que en el futuro lo disfruten con alegría.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, muchas gracias.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro, me va a permitir que empiece mi intervención corrigiendo sus primeras reflexiones, las que hacían referencia a la necesidad o pertinencia de las razones de urgencia que justifican aprobar la reforma a través de la fórmula del real decreto-ley. No son las que usted ha dicho, son las que todos conocemos. Obedecen a que ha fracasado el diálogo social, a que no se han puesto de acuerdo los interlocutores sociales y a que el diálogo social probablemente está roto en estos momentos en este y en otros ámbitos. Y, por otra parte, también esta reforma, señor ministro, y usted lo sabe, complace a ese personaje taumatúrgico que se llama el

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mercado, que no sabemos quién es -a mí nadie me lo ha presentado, cuando menos, no sé si se lo han presentado a usted-, ni qué forma tiene, ni a qué dedica el tiempo libre, ni dónde acaban sus necesidades. Quizás la señora Salgado tenga un conocimiento más aproximado a la etiología y a la ontología de un personaje de estas características, pero es placentera, por lo que se ve, para el señor mercado, para el personaje mercado.


Esto nos lleva a una primera reflexión escrita recientemente por un articulista con gran lucidez. Venía a decir algo así como lo siguiente: Enloquece observar cómo los partidos o los empresarios de Díaz Ferrán -decía él- o los sindicatos están compitiendo en preocupación por la clase trabajadora, mientras la clase trabajadora, a pesar de poseer o de disponer de tantos defensores, las pasa... Y lo vamos a dejar en puntos suspensivos, porque la alocución que viene a continuación no es para consignar en el "Diario de Sesiones". Pues, algo de esto está pasando, señor ministro.


En primer lugar, este real decreto-ley está mal enfocado. No solo está mal enfocado, sino que puede producir el mismo efecto paradójico que se produjo con el real decreto-ley anteriormente aprobado. Me refiero al que reducía las retribuciones de los funcionarios, congelaba las pensiones de determinados pensionistas, reducía las prestaciones de los dependientes con la pretensión de reducir el déficit, con la pretensión de reducir el gasto público. El efecto que se produjo al día siguiente de la aprobación por esta Cámara de este real decreto-ley es que la prima de riesgo de la deuda española se duplicó en los mercados financieros. Esto sí que es una forma, hablando de prima, de hacer el primo, señor ministro. Se hace lo que pide el Ecofin, teóricamente, atendemos a los requerimientos del mercado y de las instituciones europeas, y se reduce la solvencia de la economía española. Aquí puede pasar algo parecido si los desequilibrios que subyacen en este real decreto-ley no los corregimos en el íter legislativo que se inicia a continuación.


¿Qué desequilibrios son estos o cuáles son los primeros efectos perversos que pudieran producirse, si algunas de las enmiendas, que ya le adelanto que vamos a presentar, no fueran tomadas en consideración, u otras de otros partidos políticos? Se puede producir el mismo efecto paradójico, pero en el ámbito del mercado, no el taumatúrgico sino el de trabajo, que aumente la dualidad en el mercado de trabajo, que aumente el número de contratos temporales, que se incremente el encadenamiento de distintos trabajadores desempeñando el mismo puesto de trabajo y que resulte más fácil, y va a resultar más barato, despedir. Lo que en la doctrina científica catedráticos como Cruz Villalón y otros, que usted conoce perfectamente, han empezado a calificar como la profecía autocumplida.
Nos vamos a encontrar ante la profecía autocumplida perfectamente si no andamos con cuidado en la tramitación del proyecto de ley que afortunadamente va a dimanar de este real decreto-ley que posee desequilibrios manifiestos.


La reforma laboral está mal enfocada también, señor ministro, porque insiste en la idea de que la regulación de las relaciones laborales ha contribuido a empeorar la crisis económica por su rigidez, otro aserto manifiestamente falso. En el año 2009 -y estos son datos que usted conoce y no tendría por qué glosárselos yo-, en plena recesión económica ya, los empleadores concertaron 13 millones de contratos temporales -usted conoce el dato perfectamente- y los empleadores no tuvieron tampoco especiales problemas para reducir sus plantillas, lo que llevó al desempleo a más de 4 millones de trabajadores, de ciudadanos y ciudadanas que antes poseían empleo, y otras medidas paliativas, más defensivas, que son las que pretende potenciar este real decreto-ley como son la reducción de la jornada o la suspensión del contrato de trabajo solo se acometieron mediante los correspondientes expedientes en 500.000 ocasiones: 13 millones contra 500.000. No se va mejorar o a implementar la utilización de estas medidas más leves de sustitución de la extinción de la relación laboral por medidas más atenuadas o más defensivas. Van a seguir siendo 500.000 o van a seguir siendo menos si no acometemos correcciones profundas en este real decreto-ley que vamos a convalidar a continuación.


Si no se reduce la flexibilidad, señor ministro, devolviendo la contratación temporal -y es el primer pedimento específico que yo le hago- a una estricta causalidad -se está desproveyendo de causalidad peligrosamente o se está deslizando el real decreto-ley hasta esa posición- y no se restringe el despido a supuestos de necesidad, nuestros empleadores van a seguir recurriendo a lo que han recurrido tradicionalmente, a afrontar la crisis mediante la reducción de las plantillas, dada la facilidad para despedir y el precio no demasiado caro del despido en el Estado español hasta hoy -más barato a partir de hoy-: la gran paradoja autocumplida de nuevo que volvemos a denunciar y que se puede producir en este real decreto-ley si no se corrige en el íter legislativo que vamos a empezar con fecha de mañana.


Esta reforma, señor ministro -y esta es otra de las paradojas o disfunciones que le quiero denunciar- va a abaratar de forma espectacular el despido. Lo sabe porque usted lo ha reconocido públicamente. (El señor ministro de Trabajo e Inmigración, Corbacho Chaves, hace gestos negativos.) Sí, lo ha reconocido. Yo tengo las declaraciones. Lástima que no se puedan reproducir porque eran en un medio audiovisual. El precio del despido ya no van a ser los cuarenta y cinco días por año de servicio del despido ordinario, pero tampoco van a ser los treinta y tres días del precio del despido del contrato de fomento de empleo, sobre el que pretendidamente va a gravitar esta demanda. No van a ser esos. El precio del despido van a ser los veinte días previstos para el despido por causas objetivas de naturaleza económica. ¿Por qué? Por la elástica definición que ustedes incorporan a esta figura específica de despedir, que tiene una versión individual y tiene una versión colectiva. Cuando se define

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el despido objetivo por causas económicas utilizando la siguiente expresión: "Se entenderá que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa", ¿qué están diciendo ustedes? No sé si esto va a en serio o van en broma, señor ministro. Me gustaría que hubiera una aclaración por su parte. ¿Qué es situación económica negativa? ¿Cómo se puede mensurar, cómo se puede ponderar, cómo se puede configurar un concepto tan deletéreo como este, un concepto metajurídico, un concepto elástico que permite la utilización sistemática de esta fórmula de despedir? La expresión "situación económica negativa" parece poco seria, señor ministro, por no usar otra expresión que tampoco resulta particularmente forense, pero además si estas causas económicas negativas posibilitan la rescisión o extinción del contrato de trabajo porque se pueda deducir mínimamente la razonabilidad del despido, nos estamos encontrando con que el despido que va a ser objeto de utilización sistemática por los empleadores no va a ser el de cuarenta y cinco días por año de servicio, no va a ser el de los treinta y tres días por año de servicio, sino que va a ser el despido objetivo por causas económicas, que es el de los veinte días por año de servicio. Se abarata el precio del despido a más de la mitad, señor ministro, y esto no contribuye a flexibilizar o establecer mecanismos de causalidad en relación con la contratación ni a establecer la extinción de los contratos en supuestos de necesidades económicas verdaderas, porque la apreciación de resultados negativos es un concepto absolutamente vacuo, vacío de contenido, de imposible aproximación empírica, de imposible interpretación jurisdiccional y de imposible interpretación desde cualquier perspectiva de hermenéutica que se quiera utilizar. Usted mismo no me sabría explicar qué quiere decir esto, aunque usted mismo lo haya redactado. Desde esta perspectiva, nosotros tenemos que mirar con mucha vigilancia y evitar la perversión que se produciría, recurso masivo a un despido cuyo precio sea veinte días por año de servicio: ni cuarenta y cinco ni treinta y tres.


En relación con la lucha contra la precariedad, también el desenfoque y el desequilibrio es manifiesto. Ustedes intentan hacer gravitar o fomentar un contrato nuevo, en especial el contrato de fomento del empleo, y se limitan, por otra parte, señor ministro, a un errado, en mi opinión, y se lo digo honestamente, intento de estabilización de uno solo de los contratos temporales existentes en nuestro ordenamiento jurídico: el contrato de ejecución de obra o contrato de servicio, uno solo -hay más de catorce contratos temporales a disposición de los trabajadores-, uno solo, pero además sin analizar los problemas atinentes a las contratas, a las subcontratas, a la rotación de distintos trabajadores en un mismo puesto de trabajo, a la contratación de fijos discontinuos, al concepto de estacionalidad a través del contrato eventual por circunstancias de producción, etcétera. Pero focalizar incluso la reforma sobre el contrato de fomento del empleo -y voy acabando, señor presidente-, el de los treinta y tres días de indemnización por año de servicio, tampoco garantiza la estabilidad, porque en su propia configuración normativa en el año 2001 en ningún sitio se establece que este contrato sea indefinido o ni siquiera estable.


Por último -y con esto de verdad acabo mi intervención-, nos preocupa terriblemente lo que se prevé en el artículo 6 del real decreto-ley y la posibilidad del descuelgue de las cláusulas salariales de los convenios colectivos. Esto es un torpedo contra la línea de flotación de la negociación colectiva como concepto, contra las previsiones del artículo 37 de la Constitución, donde se preconiza expresamente la fuerza vinculante de los convenios colectivos; contra la configuración en el Estatuto de los Trabajadores de los convenios colectivos como fuente de la relación laboral, fuente de derecho del trabajo, con eficacia normativa y con eficacia erga omnes. Imagínese, señor ministro, que la mayoría de las empresas de un determinado sector ubicadas en el ámbito sectorial y territorial de un convenio colectivo optan por esta fórmula y deciden descolgarse de los requerimientos legales del convenio.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, debe acabar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo. ¿Qué ocurre con ese convenio, señor ministro? Que desaparece. Termino diciéndole que estos apologetas de un nuevo sistema productivo, de un nuevo sistema de configurar las relaciones laborales y del modelo de crecimiento miren a un modelo -y me dirijo también a usted, señor ministro- del siglo XXI y no vuelvan a mirar a un modelo del siglo XIX.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Por fin llega la reforma laboral, señor Corbacho. Convergència i Unió venía reclamando esta reforma desde hace mucho tiempo, desde la pasada legislatura. El Gobierno se había negado a poner esa política en marcha.
Podríamos irnos a las hemerotecas de hasta hace muy pocos días, muy pocas semanas y encontrar declaraciones del presidente del Gobierno negando esta necesidad. Incluso, vivimos un incidente, un punto esperpéntico en el debate sobre el estado de la Nación de hace un año, cuando desde Moncloa se vetó una propuesta de resolución firmada conjuntamente por los señores Durán i Lleida y Alonso, en la que planteaba una reforma de nuestro mercado de trabajo. Todos sabíamos desde hace años que nuestro mercado de trabajo necesitaba reformas porque tenemos un mercado que es ineficiente e injusto, ineficiente para las empresas

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e injusto para los trabajadores. Es un mercado de trabajo que en tiempos de crisis tan solo es capaz de ajustarse por la vía de la expulsión de los trabajadores al desempleo. Han llegado a esta situación fruto de la presión internacional, fruto de los requerimientos de los mercados de los que hablaba el señor Olabarría hace unos instantes, fruto de aquello que le ha planteado el Ecofin, fruto de los medios de comunicación de la prensa económica. Llegan desde el fracaso social en todo este proceso.
Sabemos que las mejores reformas laborales que ha habido en España han sido aquellas que fueron fruto del acuerdo social y que aquellas otras reformas que no han sido fruto del acuerdo social han tenido enormes dificultades en su puesta en marcha.


Hoy esta reforma, que contiene aspectos positivos sin lugar a dudas y a ello también me referiré, parte asimismo de esa ausencia de acompañamiento tanto de las organizaciones empresariales como de los sindicatos, y como nos decía alguien representativo del mundo de los agentes sociales hace muy pocos días -la semana pasada-, en todo el proceso de conformación del diálogo social ha habido absentismo gubernamental. Si hubiese sido esta una reforma pactada, el diálogo social sería un éxito del Gobierno. No habiendo una reforma laboral pactada, el fracaso del diálogo social es principal responsabilidad del Gobierno.


Llega tarde también esta reforma. He leído unas declaraciones del señor ministro hace muy pocos días en las que nos decía que si esta reforma se hubiese aprobado hace tiempo, quizá hoy nuestra tasa de desempleo sería menor, quizá hoy tendríamos mayores capacidades de superar la crisis, de empezar a generar confianza. Se ha perdido demasiado tiempo, y los prejuicios ideológicos y la obsesión táctica del Gobierno han impedido durante dos años tomar medidas que, insisto, todos sabíamos hace tiempo que debíamos tomar si nos queríamos parecer a los mercados de trabajo más eficientes del resto de Europa.


La propuesta que ustedes nos plantean es en cierta medida una propuesta que se mueve entre el continuismo de aquello empezado en 1994 y la profundización en algunas de las medidas adoptadas desde dicho año. No es esta una reforma laboral que suponga una revolución de nuestro sistema de relaciones laborales -insisto en que uno podría seguir esa senda- y muchas de las medidas que se incorporan en este real decreto-ley responden a reivindicaciones de Convergència i Unió y de otros grupos de la Cámara en estos últimos años. Señor ministro, la coincidencia en esas propuestas que se incorporan en el real decreto-ley con propuestas formuladas en estos dos últimos años por diversos grupos de la Cámara indica que los problemas eran muy evidentes y que algunas de las soluciones eran muy claras y por tanto debemos volver a preguntarnos por qué hemos tardado tanto, por qué sus prejuicios ideológicos y su obsesión táctica han impedido asumir con valentía esta situación.


Les decía que nosotros podemos sentirnos identificados con algunas de las cuestiones que forman parte de este paquete, pero la propuesta que el Gobierno lleva a convalidación es incompleta e insuficiente y quedan aspectos sustanciales a debatir durante la tramitación parlamentaria y durante los próximos meses si queremos ser capaces de que estas reformas sobre nuestro mercado de trabajo sean realmente útiles. En primer lugar, todo aquello vinculado con la flexibilidad interna de las empresas.
Incluso alguien podría plantear que en la propuesta del Gobierno existen mejores condiciones para despedir que mejores condiciones para adaptar la empresa a una situación determinada derivada de su vinculación al convenio colectivo; ahí debemos avanzar. O lo relacionado con la reforma de la formación para la ocupación. Necesitamos políticas activas y políticas de formación que no sean simplemente un placebo, que no sean simplemente para entretener a las personas, que sean capaces de garantizar que quien pierde el empleo puede recolocarse rápidamente en el mercado de trabajo con mayores capacidades, con mayor nivel de formación, con mayor nivel de empleabilidad. Me viene a la cabeza, señor ministro, que en nuestro país, en Cataluña, cerca de 250.000 trabajadores llevan hoy más de un año desempleados y el Banco de España nos recuerda que esos trabajadores, si se vuelven a reincorporar al mercado de trabajo, van a recibir sueldos inferiores en un 30 por ciento a los que recibían cuando estaban ocupados. Eso exige también mayor capacidad de intervención en las comunidades autónomas en la gestión de estas políticas activas. O lo relacionado con la reforma de la negociación colectiva acercando la negociación a las pequeñas y medianas empresas, articulando de manera inteligente los convenios de empresas con los convenios de ámbito superior, reforzando la vinculación entre salarios y productividad y siendo capaces de ir más allá de aquello que se apuntó en 1994, que reforzó la capacidad de la negociación colectiva y que no ha sido aprovechado en estos años.


Hay que reforzar los instrumentos que nos permitan luchar contra el absentismo injustificado, con un nuevo modelo de mutuas de accidentes de trabajo orientado más eficazmente en esta dirección. Es necesaria una vinculación entre políticas activas y políticas pasivas y reforzar una política pasiva, una prestación por desempleo no tanto obsesionada en mantener la protección del desempleado sino en reincorporarlo al mercado de trabajo. También está el desarrollo del trabajo a tiempo parcial y quizá más medidas en los sectores que en los próximos tiempos pueden ser generadores de nueva actividad económica como planteamos en los debates y en la propuesta del denominado proceso de Zurbano: servicios a las familias, rehabilitación y eficiencia energética.


Convergència i Unió aspira a que nuestro mercado de trabajo se parezca a los mercados de trabajo de Europa, fundamentado en un sistema de relaciones adaptado a las necesidades de las empresas, flexible, que facilite la entrada y la salida del trabajo, que dé más previsibilidad y seguridad a las relaciones laborales, que estimule la contratación estable y que haga un uso adecuado de la

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contratación temporal, que genere más confianza a las empresas a la hora de contratar y que sea capaz de evitar que el ajuste empresarial en situaciones de crisis venga por la vía del despido; un mercado de trabajo, señor ministro, más eficiente para las empresas y más justo para los trabajadores. Eso exige reforma laboral, exige las cuestiones que Convergència i Unió le va a plantear en las próximas semanas, sabiendo también los límites de las reformas laborales, que no es esta una receta mágica y sabiendo además que esta no va a ser la última reforma del mercado de trabajo que se haga en España. Con una cierta alegría alguien ha dicho que esta reforma va a durar cerca de veinte años. Me temo, señor ministro, que tal como se ha producido, en los próximos años va a haber otras reformas del mercado de trabajo. En todo caso, tocaba. Hoy Convergència i Unió va a facilitar la convalidación de este real decreto-ley porque lo hemos reclamado, porque figuran cuestiones que venimos pidiendo desde hace tiempo, pero también convencidos de que nuestra posición final sobre la oportunidad, el sentido último de nuestra posición política va a estar vinculado al proceso que justo hoy vamos a iniciar, a la capacidad que tengamos durante el trámite parlamentario de plantear aquellas medidas que permitan generar confianza, seguridad y más oportunidades. Estamos convencidos de que una buena salida de la crisis exige una reforma laboral mejor que esta que el Gobierno trae hoy a convalidación al Pleno de la Cámara. Ojalá seamos capaces de hacerlo. El señor ministro sabe cuál es la posición constructiva de Convergència i Unió en todo este proceso.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Soraya Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, de todos los miembros del Gobierno hoy parece que ha venido a defender este real decreto-ley uno de sus principales críticos. Nos pide el señor ministro que convalidemos una reforma laboral en la que él mismo no cree, una reforma de la que ha dicho, primero, que llega tarde y, segundo, que no va a crear empleo. Mal puede convencernos de las bondades de esta reforma quien ha puesto en evidencia sus principales defectos. Su suerte, señor Corbacho, pensarán algunos, es que no siendo usted diputado no le tocará hoy votarla.


Señor ministro, señorías, en el primer trimestre de 2008 en España había 2.175.000 parados, en el primer trimestre de 2010 superan los 4.600.000.
Han tenido que pasar dos años y 2,5 millones de parados más para que el Gobierno asuma que una reforma laboral es necesaria. España ha tenido que llegar a este extremo para que ustedes admitan la gravedad de la crisis, para que digan en la exposición de motivos de este real decreto-ley que la insostenibilidad económica y social de este modelo laboral ha generado la rápida destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo. Señor Corbacho, si esto es lo que piensan ahora ¿cuándo cayeron en la cuenta? Tardaron un año en admitir la crisis y dos en reconocer -ahora- que podían haber evitado su elevado coste social. Muchos españoles se preguntan hoy si han perdido su empleo no solo por la crisis sino por la decisión, por la indecisión y por la arrogancia de este Gobierno. Pero ustedes ¿en qué estaban estos dos años? ¿Qué decían? Justo lo contrario de lo que plantea esta reforma laboral. Era su presidente del Gobierno quien decía que el abaratamiento del despido no ayudaría a recuperar la confianza en el sistema financiero, que no iba a apoyar reforma laboral alguna que supusiera abaratar el despido. Era cuando decía que "Nunca apoyaremos el despido más barato y el recorte de las políticas sociales".
¡Quién les ha visto y quién les ve, señores del Gobierno! (Rumores.) Por eso el principal problema de la economía española, el que no arreglará esta reforma ni ninguna otra es la credibilidad de José Luis Rodríguez Zapatero. (Aplausos.) Sin embargo, el Partido Popular decía entonces y sigue diciendo hoy que la reforma laboral es necesaria por un doble motivo, primero económico. Reformar el mercado de trabajo es imprescindible para favorecer la competitividad y con ella lograr la recuperación económica. El segundo, más importante aún que el primero, por un motivo social. Es necesaria una reforma laboral que evite el alto coste de un modelo que se ha llevado por delante más de 2 millones de empleos y 300.000 empresas. Pero el Ejecutivo no hace esta reforma ni por motivos económicos ni mucho menos por atención social. La decisión de acometerla no nace de proyecto político alguno, si es que aún les queda de eso. Ha sido la Unión Europea, han sido las circunstancias las que les han exigido esta reforma laboral. Siempre les ha faltado a ustedes lo fundamental: la convicción de lo que hay que hacer y de que es necesario hacerlo.


Nosotros defendemos que es necesaria una reforma laboral, pero no esta reforma laboral (Varios señores diputados: ¡Ahhh!) Sí, señorías.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: No se anticipen, que les diré por qué. Nosotros defendemos que esta reforma laboral es un fracaso anticipado y anunciado, por las formas y por el fondo. Por las formas porque después de dos años traen hoy este texto sin diálogo social y sin acuerdo político. Han sido incapaces de liderar un consenso político, económico y social porque nunca han sabido a qué acuerdo querían llegar, señor Corbacho, nunca han sabido a qué acuerdo llegar con nadie. De ahí que la reforma laboral no guste a ninguno y que cada día les salgan nuevos detractores. No han convencido a los trabajadores, ni a los emprendedores, ni a los expertos, ni a los sindicatos, que les han convocado una huelga general.


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Señorías, llegaron al Gobierno presumiendo de talante, y a golpe de decreto lo han enterrado para siempre. En quince días han liquidado el Pacto de Toledo y hoy le dan la puntilla al diálogo social. Y las cosas salen como salen, como saldrá hoy este real decreto-ley: a golpe de improvisación, por la mínima y en la más absoluta soledad. Han despreciado las formas, señorías, pero, lo más importante, se han equivocado en el fondo. El Gobierno se ha equivocado en el contexto, en el enfoque, en el contenido y en la redacción de esta reforma. Se ha equivocado primero por presentar este texto como una medida aislada. Esta reforma debería formar parte de una estrategia global frente a la crisis, la que nunca han tenido y siguen sin tener. No estamos de acuerdo con su enfoque. El decreto del Gobierno no está planteado para contratar sino para despedir y lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino fomentar la contratación. Tanto se han empeñado en demostrar a los de fuera que eran capaces de tomar decisiones dolorosas que se han olvidado de lo importante, que esas decisiones han de ser eficaces y justas. (Un señor diputado: ¡Qué propones!) Siguen insistiendo en el despido y el despido debería ser el último recurso, pero para ustedes es en este real decreto-ley el único. (Rumores.) ¿Se da cuenta, señor ministro, de que está defendiendo una reforma cuya memoria económica admite que se van a generar menos contratos indefinidos ahora que en 2008 y que en 2009? (Rumores.) ¿Y sabe por qué es así? Porque la reforma obvia los problemas reales del mercado de trabajo, la empleabilidad, la flexibilidad interna y la estabilidad en el empleo. Sí, los detalla prolijamente en la exposición de motivos, pero luego el real decreto-ley no lo resuelve.


El Gobierno no ha querido abordar la adecuación de la negociación colectiva a las nuevas necesidades de las empresas y del empleo. Ni una sola mención a su estructura, a su contenido y a su eficacia. No contempla soluciones efectivas para la flexibilidad interna. No modifica sustancialmente las instituciones que regulan la movilidad interna, la clasificación provisional, la movilidad funcional, la geográfica o la modificación sustancial de las condiciones de trabajo como bien ha sostenido entre otros el señor Olabarría. Todo sigue como estaba, pero mucho más confuso. Descartan la reforma de la formación profesional y de las políticas activas del empleo y la realidad es que el 85 por ciento de los parados no recibe formación para el empleo y entre los ocupados solo el 8 por ciento continúa formándose y así seguirá siendo con esta reforma laboral. ¡Qué lejos queda cuando José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno, decía que la gran tarea contra el paro es la educación y no el despido fácil! ¡Quién les ha visto y quién les ve! (Aplausos.) Pierden la oportunidad de convertir el contrato a tiempo parcial en un instrumento clave para la flexibilidad, la estabilidad y la conciliación y eso sí que va en la línea de otros países europeos.


Señorías, el decreto no soluciona los problemas antiguos y crea otros nuevos porque, lejos de dar más seguridad jurídica, aumenta la confusión.
¿Quién va a acabar pagando la subvención de ocho días que el Gobierno da al despido? Cuando se acabe el dinero del Fogasa, ¿quién va a pagar? ¿El Estado o los emprendedores? ¿Tiene el Gobierno una idea sobre el fondo de capitalización, o el plazo de un año que se dan es para seguir meditando el modelo austriaco? ¿Cree que la nueva redacción del despido objetivo evitará la conflictividad? Porque según todos los expertos será un semillero de controversias. En resumen, el Gobierno presenta una reforma aislada, parcial, confusa y mal orientada porque es la reforma del despido y no la reforma para el empleo. Y una reforma para crear empleo es la reforma que necesita España y la que defiende el Partido Popular.
(Las señoras Monteserín Rodríguez y Arnaiz García: A ver, ¿cuál? ¿Cuál?-Rumores.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Sí, señorías, una reforma inspirada en la estabilidad y en la flexibilidad interna. (Varios señores diputados: ¡Ahhh!)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: No podemos seguir basando la flexibilidad en la expulsión del mercado laboral de los trabajadores temporales como hasta ahora. (Varios señores diputados: ¡Ohhh!-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Una reforma donde la negociación colectiva sea el centro de los cambios profundos que necesitan las reformas laborales, (Varios señores diputados: ¡Ohhh!), una apuesta valiente por un nuevo sistema de formación profesional (Varios señores diputados: ¡Ohhh!), vinculada a los nuevos nichos...


El señor PRESIDENTE: Por favor.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Veo que abordan con gran talante la posible negociación del decreto-ley en esta Cámara. (Aplausos.) Una reforma completa e integrada en un plan global frente a la crisis, que tenga en la lucha contra el paro el primer objetivo de la política económica. Pero, señorías, la reforma del Gobierno ni es eficaz en lo económica ni justa en lo social, por eso se han quedado ustedes solos.
Hoy se constata una vez más la soledad política de este Gobierno, pero también, y lo que es más importante, su aislamiento social.


Termino ya. Mi grupo parlamentario afronta este debate con coherencia y con sentido crítico. ¿Necesitamos una reforma laboral? Sí. ¿La que hoy presenta el

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Gobierno es la que necesita España? (Varios señores diputados: ¡No!) No.
¿Necesita España una reforma laboral que cree empleo? (Varios señores diputados: ¡Sí!) Sí. ¿Sirve la que propone el Gobierno a este fin? (Varios señores diputados: ¡No!) No.


El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Sáenz de Santamaría.


Les ruego que tengan la bondad de escuchar a la diputada con respeto, porque ahora -así está establecido, son las normas que nos hemos dado- intervendrá el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que deberá ser escuchado con el mismo respeto que reclamo para la señora Sáenz de Santamaría. (Rumores.) Silencio, por favor.


Adelante, señora Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Por eso no vamos a aprobar este decreto-ley, pero sí queremos que una reforma tan vital para nuestra economía se debata en esta Cámara. Mi grupo se abstendrá en este trámite de convalidación porque esta no es la reforma laboral que necesita España y pretendemos mejorarla con nuestras enmiendas. La reforma laboral del Gobierno es la reforma del despido, la que salga de este Parlamento debiera ser la reforma del empleo.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra don José Antonio Alonso.
(Rumores.)

Silencio, por favor.


El señor ALONSO SUÁREZ: Señoras y señores diputados, señor presidente de la Cámara, el real decreto-ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo es una norma necesaria, que va a posibilitar el inicio de la transformación del modelo laboral y productivo que existe en nuestro país. Su plasmación demuestra, entre otras cosas, que el esfuerzo desplegado por el Gobierno y los agentes sociales a lo largo de muchos meses no ha sido vano. Muchas de las líneas generales del real decreto-ley que hoy presentamos en esta Cámara son fruto precisamente de aquellas intensas negociaciones. Diversas circunstancias han impedido que el diálogo social culminara con éxito, con acuerdo. Lo lamentamos profundamente; lamentamos la ruptura y lamentamos las posiciones derivadas de la misma, pero hay que decir que el Gobierno ha cumplido, prueba de ello son los diversos documentos presentados a lo largo de 2009 y el de 12 de abril de 2010, y prueba de ello es que este real decreto-ley recoge la parte fundamental de ese último documento.


En el momento actual, señorías, en el que hemos vuelto a tasas positivas de crecimiento -aún modestas, pero tasas positivas-, donde hay signos claros de recuperación -aún modestos, pero ya empieza a haberlos-, es fundamental una reforma que contribuya a crear un clima de confianza en nuestro potencial de crecimiento y en recuperar la creación de empleo cuanto antes.


Señoras y señores diputados, esta es una reforma equilibrada, que no significa que no sea profunda. Nos mueve mantener la cohesión social y el equilibrio económico y jurídico de las partes. No tengan duda alguna de que las medidas que contiene el real decreto van a contribuir a la creación neta de empleo, van a estimular la contratación indefinida, van a mejorar la productividad de la economía española y van a incrementar la flexibilidad interna de las empresas para que el despido sea la última solución y no, como hasta ahora, la solución característica cuando hay problemas. Se introducen, y bien lo sabemos todos, elementos que van a corregir la dualidad de nuestro mercado de trabajo y van a promover la estabilidad en el empleo, y se establecen las condiciones necesarias para facilitar la contratación, especialmente la indefinida, al tiempo que se restringen las posibilidades de abusar de la contratación temporal y se aumenta la protección de los trabajadores eventuales. Nadie que lea de buena fe el real decreto-ley y que compare la situación que había con la situación que hay a partir del real decreto-ley puede obviarlo, porque son medidas que buscan reducir la temporalidad evitando al tiempo la enorme segmentación de nuestro mercado de trabajo.


Señor presidente, señoras y señores diputados, creemos con toda franqueza que la productividad de las empresas debe basarse en la cualificación, la innovación y la capacidad de adaptación a las demandas de los mercados.
Por eso se incrementa la flexibilidad interna de las empresas, para que estas se puedan adaptar a las circunstancias específicas que atraviesan, y además se les otorgan instrumentos que les permitirán adaptarse a los constantes cambios de un mercado crecientemente competitivo en todo el mundo. Pero, señorías, somos conscientes de que para que esa productividad y competitividad sean efectivas no se pueden romper elementos esenciales de una sociedad democrática y de derecho, de un Estado democrático y de derecho. La igualdad, la equidad y la preservación de las prestaciones sociales, es ahí donde se inscribe la reforma y es ahí donde hemos querido potenciarla y desarrollarla.


Señoras y señores diputados, en momentos de crisis económica, de zozobra de los mercados y de demagogia, de patriotismo de hojalata -se lo hemos dicho muchas veces, señores del Partido Popular- por parte de ustedes vamos a seguir manteniendo la apuesta por proteger y mantener el Estado del bienestar, porque eso está en nuestro código genético, el código genético de los socialistas (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.), y porque es consustancial con el Partido Socialista.
Señores del Partido Popular, nosotros no necesitamos autoerigirnos en el partido de los trabajadores, porque nuestra historia y nuestra fuerza vienen mayoritariamente de ellos. (Aplausos.)

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Señoras y señores diputados, los dirigentes del Partido Popular han lanzado muchos mensajes estos días, y subrayo lo de mensajes, porque no hay nada detrás de ellos. El señor Rajoy en particular ha afirmado que la reforma sería germen de conflicto en los tribunales. ¿Qué quiere decir usted en realidad? Los tribunales, señor Rajoy, están precisamente para resolver conflictos, y lo que sería preocupante es que en un país con 18 millones de relaciones laborales no existieran conflictos. Lo que usted quiere decir -y dígalo claramente, señor Rajoy- es que debería eliminarse toda tutela judicial al trabajador (Aplausos.), lo que está pensando es que la forma de que no existan conflictos es que no existan derechos para los trabajadores.


Señoras y señores diputados, no puedo dejar de referirme a otra de las perlas del PP de estos últimos días. Dijo y ha repetido hoy su portavoz en la tribuna que la reforma ha de ser global, y han dicho que debe ocuparse de otros temas como la negociación colectiva y la formación.
Vamos a hablar claramente, señorías. Nosotros hemos apostado por la negociación colectiva a través de una vía de enorme interés al potenciar la relación con la flexibilidad interna de las empresas. Pero ustedes, señores del PP, quieren ir más allá restringiendo su ámbito de aplicación, su ámbito de actuación, para acabar con un modelo de relaciones laborales en el que la negociación se desarrolle de manera individual entre empresa y trabajador. El inconveniente de su planteamiento de fondo, el que ustedes ocultan, es que es ilegal, es contrario a la propia Constitución española, a su artículo 37, y además supone volver a modelos de relaciones laborales regresivos, propios del siglo XIX, y no a los modelos productivos, competitivos y equilibrados que queremos para el siglo XXI en nuestro país. (Aplausos.)

Señoras y señores diputados, en cuanto a la formación, parece que ustedes no se han detenido a leer la reforma que se realiza con respecto a los contratos para la formación y los contratos en prácticas para los jóvenes, no se han parado a leerla. A estos colectivos se les amplían los derechos, se les mejora el salario y se les tutela en la formación que van a recibir. Y yo les pregunto a ustedes, que no han leído ese real decreto-ley, ¿cuál es su alternativa una vez que se lo lean?, ¿el paso atrás de la Ley 12/2001? ¿Pretenden resolver aquí el portazo que le dieron al ministro de Educación cuando les planteó el Pacto por la educación? En ese momento no plantearon ninguna alternativa, ¿cuál plantean ustedes ahora? Ninguna alternativa tampoco.


Hablemos de una vez por todas claro, señoras y señores diputados. Las propuestas que el Partido Popular oculta siguen en la línea de las que llevaron a cabo en 2002, y recuerdo que esa fue una reforma que dinamitaba el sistema de protección por desempleo, que recortaba prestaciones, que endurecía las condiciones de acceso y, en definitiva, suprimía derechos. Y al mismo tiempo su reforma, la de 2002, facilitaba y abarataba el despido de los trabajadores, el denominado despido exprés, que ha tomado una deriva muy negativa en el mundo de las relaciones laborales para empresas y trabajadores; deriva que consiste, como todos bien sabemos, en la utilización de la fórmula del despido disciplinario para afrontar situaciones derivadas de causas objetivas, como las económicas, las técnicas, las organizativas y las de producción. Díganme si no es una perversión del sistema que el 80 por ciento de los despidos de nuestro país, incluso en la peor etapa de la recesión económica, hayan sido despidos disciplinarios. Debemos corregir esa situación, señoras y señores diputados. Ese será uno de los efectos de la reforma, que vamos a corregirla, que los despidos que obedecen a causas objetivas se tramiten por el cauce establecido para el despido por causas objetivas y no por otros, y que los despidos que de verdad sean disciplinarios sigan el procedimiento que les marca la ley. De toda maneras, señor ministro, estamos convencido de que, como usted ha dicho, esta reforma va a ayudar decisivamente a crear empleo y a crear empleo neto. No tenemos ninguna duda y permítame que le felicite de antemano por ello. Lo veremos en el recorrido de la misma cuando la reforma sea confrontada con la realidad.


Señoras y señores diputados, del conjunto de medidas que contiene la reforma merece, a mi juicio, una especial mención la puerta que se abre al llamado sistema austriaco. Se trata del llamado Fondo de capitalización, un método innovador que mejora los costes económicos derivados de los ajustes de plantilla, sin que en ningún caso se recorten los derechos de los trabajadores; en ningún caso. Su tramitación como proyecto de ley nos va a permitir debatir, conocer y contrastar opiniones, pero adelanto que la nuestra es que su desarrollo va a ser muy importante para nuestro país, para su estructura productiva y para su sistema de relaciones laborales.


Quiero decirles algo de manera contundente: el real decreto-ley, para cualquiera que lo haya leído de una manera imparcial y objetiva, sabe que no recorta los derechos de los trabajadores ni introduce ningún cambio en las indemnizaciones establecidas; al contrario, se mantienen los mismos tipos contractuales y la misma cuantía de las indemnizaciones, y el que diga lo contrario, miente.


Como señalé al comienzo de mi intervención, en esta ocasión no ha sido posible el acuerdo de la mesa del diálogo social. A pesar de ello, creemos y creeremos en él y seguiremos impulsándolo. Estamos convencidos de que ha sido y es un activo para la paz social, para la convivencia y para el desarrollo de nuestro país. Por eso, me repugna la campaña de la derecha y las intervenciones de algunos de los dirigentes del Partido Popular en contra de los sindicatos, porque ellos son y han sido fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestro país.
(Aplausos.)

Señoras y señores diputados, después de dos semanas de debate público, el Partido Popular sigue escondido. Ha esperado a última hora para decir, y en verdad que no ha dicho nada más (Rumores.), que se abstiene. Ha

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esperado para comprobar, todos lo sabemos, el sentido del voto del resto de los partidos, porque si hubieran podido tumbarse este real decreto-ley se lo hubieran tumbado, y lo acaba de decir su portavoz con toda claridad, hubieran votado que no a esta convalidación (Aplausos.)

Señoras y señores del PP, ya sabíamos que lo único que les interesa de la crisis económica es la manera de utilizarla para tratar de llegar al poder. Después de la sarta de meros eslóganes de hoy, después de que de nuevo no hayan puesto ni una sola propuesta, ni una sola, encima de esta mesa... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (Continúan los rumores.) ¡Silencio, por favor!

El señor ALONSO SUÁREZ: Después de que no hayan puesto ni una sola propuesta encima de esta mesa para ser discutida por los representantes de los ciudadanos en algo tan importante como la reforma laboral, sabemos también que los trabajadores, los empresarios, el sistema productivo de nuestro país, la economía española y el conjunto de los ciudadanos de nuestro país le importan un bledo al Partido Popular. Y quiero decirlo alto y claro porque es la verdad. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) Ustedes, señores del Partido Popular, ni saben ni quieren ni pueden articular otra respuesta a la cuestión de la reforma laboral ni a ninguna de las cuestiones esenciales de nuestro país que la sencillamente negativa, que es lo que llevan haciendo toda la legislatura, señoras y señores del Partido Popular. Y vuelvo a repetirlo alto y claro: son ustedes el partido del cero, el partido del no, y eso se lo van a facturar los ciudadanos. No tengan ninguna duda. Voy acabando, señor presidente, señoras y señores diputados...(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor ALONSO SUÁREZ: Ahora, la reforma está en el Parlamento. Hay grupos políticos que en el proceso negociador han manifestado sus opiniones. Respetamos, como ejercicio de diálogo, las opiniones de todo el mundo... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio.


El señor ALONSO SUÁREZ: El único que no ha puesto una sola opinión encima de la mesa es el Partido Popular. Ahora, la reforma, el real decreto-ley, está aquí. Los que estamos aquí representamos a los ciudadanos de nuestro país, trabajadores, empresarios, parados y empleados, a quienes tienen empleo estable y a quienes tienen un empleo precario. También aquí, señoras y señores diputados, es posible el acuerdo, un acuerdo entre los grupos parlamentarios que integre el mayor apoyo social y político posible. Señoras y señores, ya conocemos la posición del Gobierno. Ahora es el momento de que cada uno ponga sus cartas boca arriba, el momento de comprobar quiénes tienen algo que ofrecer y quiénes van de farol, el momento en el que todos veamos quiénes están pensando en la economía, en el empleo y en el bienestar del país y quiénes están pensando simplemente en las elecciones y en los cargos.


Gracias. (Prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LOS INFORMES QUE ACONSEJAN PARALIZAR LAS OBRAS DEL TÚNEL DEL AVE JUNTO A LA SAGRADA FAMILIA. (Número de expediente 173/000152.)

El señor PRESIDENTE: Han sido varios los diputados que han preguntado a la Presidencia acerca de cómo ha de examinarse el orden del día que falta por ver. A continuación, de acuerdo con lo que esta mañana hemos acordado en la Junta de Portavoces, vamos a examinar una moción consecuencia de interpelación. Después de ver esta moción, procederemos a las votaciones.
Mañana tendremos la comparecencia del señor presidente del Gobierno.
Después de la misma tendremos las preguntas al presidente del Gobierno.
Posteriormente se verán las resultas de la sesión plenaria de esta tarde, es decir, las dos mociones que quedan pendientes. Y, después, las preguntas a las señoras vicepresidentas, señores vicepresidentes y ministros. Si quedaran resultas del día de mañana, lo acordado es que pasarían a uno de los plenos extraordinarios del mes de julio. Con esta información, para la defensa de la moción... (Rumores.) Silencio por favor. Para la defensa de la moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno... (Continúan los rumores.) Silencio, por favor. Sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante los informes que aconsejan paralizar las obras del túnel del AVE junto a la Sagrada Familia, tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz para su defensa. (Rumores.)

Señorías, les ruego tengan la bondad a quienes piensen salir del hemiciclo lo hagan con la mayor rapidez posible y permitan al orador que pueda iniciar su parlamento. (Rumores.) Les ruego tengan la bondad de hacer caso a la recomendación de la Presidencia y no me obliguen a tener que citarles por su nombre. (Continúan los rumores.) Espere, señor Fernández Díaz. (Pausa.) Señor Fernández Díaz, cuando lo desee.


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El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a defender en nombre de mi grupo parlamentario esta moción que, como dice el orden del día, solicita la paralización urgente y cautelar de las obras del túnel del AVE que transcurre bajo la ciudad de Barcelona y que corresponde al trazado Madrid-Zaragoza-Barcelona-Girona-frontera francesa y que se encomiende a una comisión de expertos independientes que dictamine, en un plazo máximo de dos meses, un trazado alternativo que elimine totalmente el riesgo sobre el monumento a la Sagrada Familia, Patrimonio de la Humanidad, por pasar escasamente a cuatro metros del mismo en lo que hace referencia a la cimentación del Pórtico de la Gloria de ese monumento.


Señorías, este asunto tiene tal entidad y ha generado en Barcelona y en el conjunto de la comunidad científica y técnica tal controversia que de entrada quiero recordarles que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, por mayoría, acordó solicitar el cambio de trazado. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Fernández Díaz.


Vuelvo a insistir. Quien no tenga intención de escuchar al orador sería mejor que nos dejara hacerlo a los que lo deseamos.


Adelante, señor Fernández Díaz.


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Decía que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, es decir, la mayoría política que representa a la mayoría de la ciudadanía de Barcelona, votó a favor del cambio de trazado. La mayoría del Parlament de Catalunya, es decir, la mayoría de la representación política del pueblo de Cataluña, ha votado a favor del cambio de trazado. Hoy solicitamos que, en coherencia con esa petición y esa manifestación de voluntad política de la ciudadanía barcelonesa y de la ciudadanía de Cataluña, la mayoría política también del pueblo español aquí representada pida al Gobierno, concretamente al ministro de Fomento, que paralice esas obras y determine la creación de esa comisión que proponga ese nuevo trazado. (El señor ministro de Fomento hace gestos negativos.) El señor ministro me está diciendo que no antes de que debatamos y antes de que votemos. Tiene mucho que ver con ese talante democrático al que en el debate anterior hizo referencia la portavoz de mi grupo.


Señoría, yo ya sé que jurídica y constitucionalmente el Gobierno no está obligado a cumplir lo que diga el Congreso de los Diputados, pero parece razonable que le merezca respeto, y si antes de escuchar los argumentos y de que se vote ya dice el ministro, como ha dicho ahora y ha dicho en declaraciones periodísticas, que no va a hacer caso, eso ya dice mucho de lo que este Gobierno tiene que decirle a esta Cámara y del respeto que le merece esta Cámara. (Aplausos.) Pero no es solo, señor ministro, señorías, el Congreso de los Diputados -que no es poco-, sino que una parte muy importante de la comunidad científica y técnica está diciendo que hagan el favor de paralizar esas obras y de proponer un trazado alternativo. Porque hay trazado alternativo, conviene que lo sepan SS.SS., y que no pone en cuestión además la conexión con Francia en lo que hace referencia a la dilación de plazos, como el otro día decía el señor Blanco. Dicen los expertos y los técnicos que hemos consultado que ese eventual trazado significaría razonablemente una dilación de las obras de unos seis o siete meses. Teniendo en cuenta que la primera piedra de esa estación de La Sagrera de Barcelona fue colocada ayer por el señor Blanco -primera piedra, que no última- y que esa estación no va a estar operativa antes de finales de 2014, es evidente que para nada afecta la propuesta que nosotros hacemos.


En resumen, señorías, no existe el más mínimo consenso en la comunidad científica y técnica en relación con esta cuestión. Todo lo contrario, existe un absoluto disenso, y conviene recordar que estamos hablando no de una ciencia exacta, como decía el otro día, sino básicamente, entre otras cosas, de geotecnia, que es fundamentalmente una ciencia empírica.
Existen informes diversos y contrapuestos -hasta 38- que se oponen a ese trazado y una extensa lista de instituciones, tanto nacionales como extranjeras, que también se oponen. De manera particular quiero citar el informe técnico firmado por técnicos de la misión de Icomos, Consejo internacional de monumentos y sitios, órgano especializado de Unesco que está implicada directamente y muy preocupada con este asunto porque el monumento a la Sagrada Familia, como saben, señorías, al igual que la Casa Milà -el edificio de La Pedrera- forman parte de la lista del patrimonio mundial de Gaudí. Es Patrimonio de la Humanidad y es Patrimonio Nacional. Y no entienden que, habiendo trazado alternativa, se empeñe el ministro en desobedecer al Ayuntamiento de Barcelona, al Parlament de Catalunya y, como anuncia, si así se pronunciara, al Congreso de los Diputados, a los técnicos de Icomos y a ingenieros muy cualificados, con mucha experiencia en construcción de túneles, como el profesor Melis, al que usted el otro día descalificó sin derecho a defensa y sin que yo me hubiera referido a él; el profesor Melis, que ha construido más de 200 kilómetros de túneles en plazo y sin que haya habido ningún accidente. Además de los ingenieros de Icomos, que manifiestan en su informe de la misión especial del 7 al 11 de febrero en la Sagrada Familia que lo primero que hay que hacer, si es posible, es un trazado alternativo alejado de la Sagrada Familia. Yo ya he dicho que hay trazado alternativo, por ejemplo, señor ministro, el que pactó el ministro de Fomento del Gobierno del PP en marzo del año 2004 con el alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Clos, y el presidente de la Generalitat de la época, Pascual Maragall. Usted dijo el otro día: Lo hizo el PP en campaña electoral y con fines electoralistas. Es un razonamiento fantástico, señor ministro. O sea, que el

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señor Clos y el señor Maragall lo que querían era hacerle un favor electoral al Gobierno del PP en esa época. Y dice usted que aquello era electoralista, señal de que usted entiende que aquello era popular.
Efectivamente, aquel trazado, el de la llamada variante calle Valencia, sepan, señorías, que no tuvo ni una sola alegación, ni una sola, en el periodo de información pública. El actual trazado, el de la calle Mallorca, que pasa junto a la Sagrada Familia, tiene 8.366 alegaciones.
Por tanto, señorías, nada de consenso, ni político ni científico ni técnico. Hay posibilidad de trazado alternativo. Yo le pido, señor ministro, que rectifique, porque en este caso sí que podemos decir que rectificar es de sabios.


Por último, señorías, usted blandió un informe el otro día diciendo que era el informe definitivo de la Unesco. Sabe usted que ha faltado a la verdad, sabe usted que ha faltado a la verdad. Ni era el informe de la Unesco, ni era el informe definitivo, ni era un informe técnico, ni era el último informe técnico. Tengo aquí una carta que me ha dirigido, por ejemplo, el doctor arquitecto Jordi Bonet Armengol, director y coordinador de las obras del templo de la Sagrada Familia, donde hace, entre otras consideraciones, referencia a su conversación del viernes 18 con la señora Mechtild Rossler, jefe para Europa y Norteamérica de la sección de Patrimonio de la Unesco, donde le dice que, efectivamente, hasta la reunión de Brasilia, que se celebrará entre el 25 de julio y el 3 de agosto, no habrá decisión definitiva de la Unesco. Además, los profesores ingenieros Jäger y Katzenbach manifiestan que ellos no suscriben ese informe que usted blandió y por eso no lo han firmado. Y no es el último informe técnico, porque hasta el mismo día 15 los ingenieros de Icomos estaban trabajando en la Sagrada Familia. Concretamente, el día 15 de junio, durante dos horas, los ingenieros Fuss y Soch; el 31 de marzo, después del informe que usted blandió, de 11 a 17 horas, los ingenieros Jäger y Katzenbach, y el 8 de junio, los ingenieros Fuss y Burke estuvieron trabajando y levantaron acta de sus conclusiones, que yo tengo aquí, donde dicen entre otras cosas que la tuneladora, señor ministro, debe paralizarse como mínimo tres meses antes de llegar junto a la Sagrada Familia para analizar el comportamiento del subsuelo y de la estructura de la Sagrada Familia. Eso dicen los técnicos de Icomos y de Unesco y, por tanto, no es verdad lo que usted dijo en esta Cámara y conviene que la Cámara lo sepa.


Termino, señoría, atendiendo a lo que dice -como he dicho- una gran parte de la comunidad científica y técnica, a lo que dicen los ingenieros de Icomos, a lo que dice el sentido común. Por qué, por qué, señor ministro, ese empeño en mantener ese trazado entre las estaciones de Sants y La Sagrera, que pasa escasamente a cuatro metros de la Sagrada Familia y pone en riesgo ese auténtico icono de Barcelona, genialidad del arquitecto catalán Antoni Gaudí, Patrimonio de la Humanidad, cuando hay trazados alternativos. Nosotros no decimos que sea nuestro trazado el que usted asuma, faltaría más; decimos que una comisión de expertos independientes en escasamente dos meses lo proponga. Confiamos, señor ministro, en que la razón, por una vez, sea la que se imponga en este debate y que no se aplique el sostenella y no enmendalla, sino el principio de que rectificar es de sabios.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.


Señor ministro de Fomento, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, señor presidente, no es habitual que un ministro intervenga en una moción... (Un señor diputado: Ni en La Noria.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Alguno de sus compañeros también va a ese programa, se sienta en esos escaños, señoría. (Una señora diputada: ¡Qué dice!) Sabe bien lo que digo quien me ha interpelado.


Señorías, no podía dejar pasar la oportunidad de intervenir después de las apreciaciones que acaba de hacer el señor diputado. El señor diputado hace aquí acusaciones graves que voy a tratar de refutar para decirle que no confunda la pasión con la razón y que no confunda la pasión con la verdad. Señorías, las obras de la Sagrada Familia están tuteladas por la Audiencia Nacional, que hasta en seis ocasiones ha verificado que no existía riesgo alguno para las mencionadas obras; avaladas por la Audiencia Nacional con seis informes basados precisamente en informes técnicos y científicos. Si al señor Fernández Díaz solo le sirven los informes técnicos y científicos que aporta él y no los informes técnicos y científicos que avalan las decisiones de la Audiencia Nacional, seguramente no nos podremos entender porque hablamos en lenguajes diferentes. El señor Fernández Díaz debe saber -y lo quiero reiterar- que el trazado que se está ejecutando es el trazado que diseñó, que acordó y que convenió el Gobierno del Partido Popular en el año 2002 cuando Álvarez-Cascos era ministro de Fomento. Ese es el convenio que se acordó, que se ejecutó y que se sometió a exposición pública, cuyas alegaciones se resolvieron y cuyo trazado se decidió finalmente. Y no juegue con las palabras, señoría, un cambio de trazado -y lo debería saber- supone un retraso de la obra, porque hacer un nuevo trazado significa un nuevo estudio informativo, una nueva exposición para informe de impacto medioambiental, un nuevo proyecto, y eso no se hace en menos de 48 meses.
Por tanto, falta a la verdad cuando dice que en seis meses se puede corregir esta decisión. En seis meses lo que se puede hacer es tomar otra decisión que conlleva un retraso de 48 meses.


No puede pedir, señoría, en una iniciativa parlamentaria que garanticemos las conexiones con Francia en los

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plazos que hemos establecido y luego venir con otra iniciativa parlamentaria para cambiar el trazado de la alta velocidad, que es el trazado que conecta España y Cataluña con Europa para cumplir con ese objetivo de que la alta velocidad llegue a Francia con todo hecho en el año 2012. (Aplausos.) No pueden venir con una iniciativa que significaría dejar sin efecto la parte del túnel que ya hemos construido. Eso significaría, a ustedes que tanto les preocupa la austeridad, dejar improductiva la obra que llevamos hecha simplemente para dar satisfacción a una propuesta que yo entiendo que es legítima, pero que en todo caso no tiene ningún aval científico distinto a lo que ya ha acordado, reitero, en seis ocasiones la Audiencia Nacional. Le decía el otro día: qué casualidad que fuera precisamente en marzo de 2004 cuando se planteara el cambio de trazado, en plena campaña de elecciones generales, y qué casualidad que se vuelva a plantear ahora en el año 2010, también a las puertas de las elecciones. Solo les mueve la pasión por los votos.
Señores del PP, los ciudadanos de Cataluña los pusieron en su sitio en el año 2004 y los van a volver a poner ahora en el año 2010. (Aplausos.)

Señoría, usted invocó en su intervención que yo había cuestionado el informe de un ingeniero, del señor Melis. No he sido yo; ha sido recusado, y la recusación cuenta con el aval unánime del Colegio de Ingenieros de Caminos, del cual es miembro. Por tanto, quien ha avalado esa recusación fue el informe del Colegio de Ingenieros de Caminos, no ha sido el ministro de Fomento. A lo único que yo hacía referencia el otro día en mi intervención, señorías, es a una posición oficial del colegio, que no sé si le merece mucha credibilidad al señor Fernández Díaz, pero en todo caso estoy dispuesto a hacerle llegar el informe para que lo pueda estudiar.


Concluyo, señorías. No hay riesgo para la Sagrada Familia como consecuencia de las obras del AVE. No tengo la certeza ni la seguridad, como puse de manifiesto el otro día, de que las obras de la Sagrada Familia puedan llegar a buen puerto porque los técnicos y los expertos -si quieren, podemos crear una comisión de expertos para que lo evalúen- están diciendo que se está construyendo una obra con demasiado sobrepeso y que eso puede tener consecuencias sobre el terreno. No lo digo yo, lo dice ese informe de la Unesco al que hacía mención el señor Fernández Díaz y que él descalifica, pero es el informe sobre el que va a emitir opinión la Unesco en Brasilia, que venía a decir que había un sobrepeso en las estructuras sobre las que se está construyendo la obra de la Sagrada Familia. Por tanto, el riesgo no es del túnel para que el AVE llegue a Francia, el riesgo está en una obra que está sobredimensionada en su estructura y en su peso. No lo digo yo, lo dice ese informe, al que remito a SS.SS. para que lo lean y puedan votar con responsabilidad y no con pasión. Veremos cómo van a transcurrir las cosas.


Señorías, yo tengo el máximo respeto por este Parlamento, pero también tengo el máximo respeto por la Audiencia Nacional, que es quien en este momento está tutelando el desarrollo de esas obras y que ya ha emitido seis informes. Si los informes de la Audiencia Nacional no le merecen respeto a SS.SS., al ministro de Fomento sí. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Fomento. (El señor Fernández Díaz pide la palabra.)

Señor Fernández Díaz, le voy a dar la palabra pues ha sido contradicho.


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente y gracias, señor ministro, por reabrir el debate. Voy a ser muy conciso. Primero, qué casualidad, señor ministro, que el 20 de julio de 2007, en el Ayuntamiento de Barcelona, Partido Popular, Convergéncia i Unió y Esquerra Republicana de Catalunya pidieran cambio de trazado. Qué casualidad, señor ministro, que en febrero de 2008, la mayoría del pleno del Parlament de Catalunya, -Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya y Partido Popular de Cataluña- votaran a favor del cambio de trazado. Por favor, un poco de seriedad y de respeto a las instituciones.
En segundo lugar, ha hablado de la Audiencia Nacional. Señoría, yo he estudiado el proceso ante la Audiencia Nacional y conozco muy bien el recurso interpuesto ante la Sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra la resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, que en febrero de 2007 aprobó el estudio informativo ampliado, correspondiente a la nueva variante del trazado del AVE en su transcurso por la calle Mallorca. Lo he leído de cabo a rabo y, por tanto, estoy en condiciones de debatir con usted.


Le voy a hacer algunas precisiones. Yo venía aquí a hacer un debate político. Creo en la división de poderes. La Audiencia Nacional que diga lo que quiera y nosotros lo acataremos y lo respetaremos, faltaría más, pero yo apelo políticamente al señor ministro para que, con independencia de si jurídicamente es correcto o no, políticamente asuma lo que le dice la mayoría de la ciudadanía de Barcelona, la mayoría de la ciudadanía de Cataluña y, espero y confío que hoy, la mayoría de la ciudadanía española aquí representada. ¿Sabe que le digo? Que efectivamente ha habido varios incidentes procesales, donde la junta constructora de la Sagrada Familia ha pedido la paralización cautelar y urgente de las obras, y los autos o providencias de la Audiencia Nacional han dicho reiteradamente que había que atender a ver el proyecto constructivo y que empezara la ejecución de las obras de la tuneladora, señor ministro. Por eso antes, como no habían empezado hasta el 27 de marzo las obras de la tuneladora, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional dijo con muy buen criterio que no procedía y en este momento en que ya ha empezado a trabajar la tuneladora estamos en el momento clave, y ahora yo le acuso a usted de filibusterismo ante la Audiencia Nacional. ¿Sabe por qué? Porque ese

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informe que usted blandió el otro día, falso, la Abogacía del Estado lo ha trasladado en versión jurada, evidentemente de traducción, a la Audiencia Nacional. Lógicamente, según el procedimiento: Audiencia Nacional, traslado a las partes, apertura de plazo de alegaciones. Y mientras, cada día, la tuneladora, diez metros. Usted está provocando una política de hechos consumados haciendo que mediante esos informes, incluso falsos, la Audiencia Nacional cuando quiera dictar sentencia, esta sea ineficaz porque la tuneladora ya haya realizado su trabajo. Eso es lo que está sucediendo. (Aplausos.)

Por último, en relación con la recusación del Colegio de Ingenieros de Caminos al ingeniero señor Melis, usted trae el tema. Solo le voy a decir una cosa y me quedo ahí. Mire usted, el 70 por ciento de los honorarios de los colegios profesionales son de visados y en particular del Colegio de Ingenieros de Caminos. Y esos visados son de ADIF y del Ministerio de Fomento. Y me quedo ahí.(Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Porque ustedes están negociando ahora con el Colegio de Caminos ese asunto. (El señor ministro de Fomento, Blanco López, hace signos negativos.) Sí, señoría, sí, se lo digo y se lo repito. Por tanto, no vaya usted por ese camino porque por ese camino entramos en debates que no son convenientes para nadie, porque esa recusación se contradice con el hecho de que ese prestigioso y muy respetado y respetable colegio profesional le otorgó la medalla de oro, máxima condecoración de la corporación, al ingeniero señor Melis, a quien ahora recusa como perito válido ante la Audiencia Nacional.


Dice usted que no hay riesgo. Mire usted, el riesgo son ustedes.
(Rumores.) Tampoco había riesgo de hundimiento del Carmel. Y si quiere le cito todos los túneles proyectados y ejecutados por los mismos que están haciendo ahora el proyecto del AVE por delante de la Sagrada Familia y que han sufrido accidentes gravísimos. Si quiere le cito la lista, la tengo aquí. Pero yo no quiero cuestionar en absoluto la competencia de los técnicos, evidentemente; simplemente le digo que no lleve usted el debate a un punto al que yo no lo quiero llevar.


Termino, señoría, diciéndole que, en relación con lo que usted ha dicho del incremento de coste y la dilación de plazo, respecto del incremento de coste los técnicos a los que hemos consultado nos hablan de en torno a 10 ó 12 millones de euros. La obra presupuestada fue de 243 millones de euros; eso sin contar los replanteos, por ejemplo lo que costó la muralla-pantalla de 230 metros con pilotes de metro y medio de diámetro y 42 metros de profundidad y todo el replanteamiento subsiguiente, que va a llevar a que ese túnel cueste en torno a 400 millones de euros. Sobre eso, esos 10 ó 12 millones de euros es escasamente el 2 por ciento. Y en cuanto a plazo, le he dicho seis o siete meses. La conexión ferroviaria con Francia no aparece para nada. ¿Y sabe por qué le digo que si hay voluntad política se arregla? Porque la variante de la calle Valencia, pactada con el señor Clos y con el señor Maragall, no tuvo ni una sola alegación; total consenso ciudadano, total consenso científico y técnico, total consenso político.


El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Díaz.


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Vaya a esa variante. No se pierde tiempo, habrá consenso, habrá paz y habrá tranquilidad, y sobre todo habrá seguridad de que ese monumento, patrimonio de la Humanidad, no va a sufrir como han sufrido otras instalaciones de estas características por su empecinamiento en no querer cambiar de opinión.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.


Señor ministro de Fomento, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señor Fernández Díaz, le contesto muy brevemente porque la verdad es que a usted la pasión le quita la razón. Usted está lleno de contradicciones en sus argumentos.
Usted no puede dar por válida la actuación ejemplar del Colegio de Ingenieros de Caminos cuando condecora al ingeniero al que hacemos referencia y sin embargo cuestionar a ese mismo colegio cuando recusa a ese ingeniero. Sencillamente, señoría, debe aclararse. No pueden ser buenos para una cosa y malos para la contraria. Usted tiene algún problema en relación con esta actuación. Lo que yo quiero, señoría, es que la verdad prevalezca, y la verdad va a prevalecer cuando concluyan las obras, cuando no tenga riesgo alguno la Sagrada Familia y cuando usted tenga que rectificar todo lo que ha dicho en esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra don Pere Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, la verdad es que uno comprende la pasión de este debate porque uno comprende perfectamente la importancia que tiene para los barceloneses, para los catalanes y creo que también para los españoles y para el mundo la Sagrada Familia. Uno, en su imaginación, no desearía que ocurriera el más mínimo incidente en relación con las obras que van a pasar tan cerca, a 1,85 metros, de los cimientos de la Sagrada Familia. Ante esta pasión, uno desearía también que la prudencia fuera el argumento principal de toda la actuación. Y uno cree muy sinceramente, señoras y señores diputados, señor ministro, que no actuamos con prudencia. Se ha dicho y se ha repetido que no hay obra más vigilada que la del túnel del AVE próximo a la

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Sagrada Familia, y esto no es verdad, señorías. Me dirijo a los bancos del Grupo Socialista. Sepan ustedes, cuando vayan a votar hoy, que estas obras tan vigiladas que había que mantener separadas 1,85 metros de la Sagrada Familia se han separado 1,12 metros, es decir, un error del 35 por ciento en la obra que se dice más vigilada del mundo. Sepan ustedes que la desviación media de la pantalla de protección de estos 1,85 metros es que más del 30 por ciento de los pilares se han desviado más de 20 centímetros. Sepan ustedes también que en los informes técnicos cualificadísimos en los que se basa la defensa del ministerio, se dice que La Pedrera, otro monumento declarado Patrimonio de la Humanidad, tiene una altura de 19 metros, y La Pedrera, señores diputados de la bancada socialista, tiene una altura de 35 metros. No puede ser, algo nos debería hacer a todos ser mucho más prudentes.


Voy a hablar de La Pedrera. La Pedrera tiene unos cimientos de 50 centímetros. Esto está documentado. Hay un profesor, doctor arquitecto, señor Bassegoda, que ha vivido toda su vida estudiando a Gaudí, que lo ha documentado. Y no se hace ninguna pantalla al paso por La Pedrera. ¿Ha estudiado alguien esto? Pues no se ha estudiado, señor ministro. ¿Qué es lo que se pide aquí? La enmienda de Convergència i Unió va en este sentido, se pide una prudencia elemental. ¿Qué son dos meses? Usted ha puesto esta primera piedra y ya verá cómo la segunda no va a empezar la semana que viene, va a empezar de aquí a dos o tres meses o no sé cuándo.
¿Qué son dos meses? Le pido con pasión, señor ministro, prudencia, prudencia y más prudencia. Le pido a todos los diputados socialistas que hoy voten en conciencia. Le pido al Partido Popular que acepte nuestra enmienda, que creo que tiene unas dosis extraordinarias de prudencia. No puede suceder nada en estas obras y están sucediendo acontecimientos negativos. No los voy a relatar porque no me gusta, porque quiero que el razonamiento sea el de tener máxima prudencia. Creo que es bueno tomarse dos meses, creo que es bueno apelar al concurso de los mejores técnicos, creo que es bueno, señor ministro -y se lo aconsejo de todo corazón- que no nos dediquemos a apabullar corporaciones públicas españolas o internacionales, que no se dedique usted a hacer de pitoniso pronosticando qué va a aprobar la Unesco de aquí a dos meses. Creo que es mucho mejor, señor ministro, que se dedique usted a introducir y a predicar prudencia. Nuestra enmienda, la de CiU, va en este sentido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Por el Grupo Socialista, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra don Daniel Fernández.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Créanme que me ha sorprendido que el argumento fundamental del señor Fernández Díaz para defender su posición haya sido el respeto hacia decisiones o votaciones que en este tema han tenido lugar en las instituciones catalanas. Cuántos problemas nos hubiéramos evitado todos, señorías, si este PP hubiera tenido el mismo respeto para muchas decisiones, ideas e impulsos que vienen de Cataluña. ¡Cuántos problemas nos hubiéramos evitado todos! (Aplausos.) En fin, entremos en materia.


El 12 de junio de 2002 se firmó en Madrid un acuerdo según el cual el túnel que debía unir las estaciones de Sants y La Sagrera en la ciudad de Barcelona sería trazado por la calle Mallorca, es decir, por delante de la Sagrada Familia. El citado acuerdo lo suscribieron Francisco Álvarez-Cascos, a la sazón ministro de Fomento; Félix Puig, consejero de Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya y Joan Clos, entonces alcalde de Barcelona. Quienes firmaron este acuerdo, más allá de sus diferentes filiaciones políticas, lo hacían en representación de unas instituciones que tomaban responsablemente una decisión vital y estratégica para la ciudad de Barcelona y para la conexión de nuestra red de alta velocidad con Francia. No tengo ninguna duda de que no hubieran suscrito este acuerdo si no hubieran estado convencidos de su viabilidad, de sus ventajas y de nuestra capacidad técnica para llevarlo a cabo con el máximo de seguridad posible. Después, es cierto, ha habido partidos políticos que legítimamente han cambiado de opinión. Convergència i Unió en cuatro ocasiones; en 2002, primero a favor del trazado por la calle Aragón y luego por la calle Mallorca, y van dos; en 2003, por la calle Provenza, y la más ocurrente, la del señor Trías, en 2004, por Sant Cugat del Vallès, que, para que me entiendan, es como pretender que la estación del AVE de Madrid estuviera en Majadahonda. El PP, hay que reconocerlo, solo cambió de opinión en una ocasión, pero fue en marzo de 2004, en plenas elecciones generales, y ya saben ustedes que si rectificar es de sabios, rectificar en plena campaña electoral suele ser más bien de listos. (Aplausos.) Nosotros, también legítimamente, no hemos cambiado de opinión, pero esto no es lo relevante; lo relevante es que los acuerdos institucionales están para cumplirse, lo relevante es que hay decisiones que por sus consecuencias económicas y por su complejidad técnica no pueden depender de una coyuntura electoral, de un objetivo partidista o de rectificaciones en función de si se está en el Gobierno o en la oposición. Simplemente no es serio, señorías.


En lo que hoy estamos de acuerdo todos es en que las obras deben realizarse con la máxima seguridad, por cierto no solo para la integridad del templo de la Sagrada Familia, también para la integridad y la seguridad de los trabajadores de las obras, de los ciudadanos y de los edificios cercanos al trazado del túnel, temas que algunos parecen haber olvidado. (Aplausos.) Señorías, esta es y será la prioridad del Ministerio de Fomento, por esta razón el túnel no pasa por debajo de ningún edificio y transcurre por un eje central de calles de más de 20 metros de ancho; por esta razón se utiliza una tuneladora, la Barcino, diseñada expresamente para este tipo de suelo y para la ejecución de este tipo de obras; por esta razón el informe definitivo de la Unesco sobre la Sagrada

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Familia y la Casa Milá, que se elevará al Comité de Patrimonio de la Humanidad a celebrar a finales de junio en Brasilia, afirma textualmente que no existen riesgos de daños debidos a vibraciones inducidas por el túnel del AVE, y por esta razón finalmente, tal como recoge la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se constituirá un grupo de expertos del Ministerio de Fomento, ADIF y Unesco, así como de reconocidos profesionales internacionales, para realizar un seguimiento permanente de dichas obras, especialmente de aquellas que afectan a la Sagrada Familia.


Soy consciente, señorías, de que en el parlamentarismo moderno difícilmente un debate, tampoco este, produce un cambio respecto de las posiciones fijadas de antemano. Pero quienes hoy van a votar en esta Cámara a favor de dejar en vía muerta el AVE, tal y como ha reclamado el líder del PP en Barcelona, tienen derecho a saber que lo van a hacer en contra del criterio de la comisión de expertos de la Unesco, de la de los mejores profesionales en ingeniería y geotécnica de nuestro país y después de que en seis ocasiones -lo ha dicho el ministro- la Audiencia Nacional se haya negado a paralizar dichas obras. No están los tiempos, señorías, para paralizar obras estratégicas, ni en Barcelona ni en cualquier otra ciudad de nuestro país. Quienes impulsan estas iniciativas deberían estar dispuestos a asumir las consecuencias económicas para las empresas, sus trabajadores, los barrios y las ciudades donde se lleven a cabo. ¿Lo están quienes impulsan esta iniciativa en el caso que hoy nos ocupa? Yo sinceramente lo dudo. Y tampoco están los tiempos -y ya acabo, señor presidente- para añadir nuevos miedos, incertidumbres e inseguridades a costa de la obra pública con el fin de ganar un voto en la calle o una votación en esta Cámara. Quienes transitan por estos túneles han de saber que son mucho más peligrosos que el del AVE a su paso por la ciudad de Barcelona.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.


Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente. Intervengo muy brevemente desde el escaño para fijar posición en nombre del Bloque Nacionalista Galego.


El señor Macias, en su intervención, apelaba a la prudencia y va a ser ese criterio de prudencia el que guíe la posición del Bloque Nacionalista Galego, sobre todo siendo una fuerza política que no conoce con exhaustividad los pormenores de la cuestión que provoca la presentación de esta moción, pero lo cierto es que existen informes técnicos de carácter contradictorio. Nosotros valoramos mucho el hecho de que tanto el Parlamento de Cataluña como el pleno del Ajuntament de Barcelona se hayan manifestado a favor de una suspensión cautelar de las obras.
Creemos que lo prudente ante estas circunstancias es que se suspendan cautelarmente las obras, que se constituya un comité de expertos independientes que examinen las posibles soluciones.


En cualquier caso, también pensamos, para no provocar un perjuicio mayor del que se quiere subsanar, que, de producirse esta suspensión cautelar, lo lógico es acotarla en el tiempo para evitar que quede esta suspensión en un horizonte temporal indefinido. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con la enmienda que Convergència i Unió presenta y creemos además que lo lógico es no prejuzgar de antemano las conclusiones de este comité de expertos independiente de constituirse y de realizar sus trabajos. Por tanto, no es lógico que el Congreso de los Diputados se pronuncie ya por un cambio de trazado. Tendrá que ser el trabajo de este comité de expertos independientes el que determine si las soluciones que impidan cualquier afectación al templo de la Sagrada Familia y edificios cercanos deben conllevar un cambio de trazado u otro tipo de solución constructiva. Por tanto, vamos a supeditar nuestra posición final a saber si el Grupo Popular está en disposición de aceptar algunas de las enmiendas presentadas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida en primer lugar tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.


De forma breve y desde el escaño quiero decir que en Iniciativa consideramos que hoy lo urgente es que haya otro túnel en la ciudad de Barcelona, no solo para que el AVE pase, sino para descongestionar los túneles existentes. Ustedes saben que hoy las cercanías en Barcelona solo tienen dos túneles, el que pasa por Plaza Catalunya y el que pasa por el Paseo de Gracia, y lo cierto es que posponer la construcción del túnel del AVE acabaría afectando no solo al paso del AVE, sino a un modelo ferroviario que hoy a su paso por la ciudad de Barcelona hace que esté absolutamente congestionada.


Además hay más factores, que son los que se han expresado y se han dicho.
De hecho, venimos de una historia larga en la que se han construido túneles desde hace un montón de tiempo. Justo al lado de la Sagrada Familia hay un túnel, el del metro, y lo cierto es que no está afectando.
Cierto es que hay un proceso de agrietamiento en la Sagrada Familia, pero el agrietamiento se produce por un exceso de carga, por un sobrepeso en la obra, no precisamente porque haya nuevos túneles. Quizá lo que tendrían que hacer los que promueven estas iniciativas es pensar o repensar cuáles son sus proyectos constructivos antes que abrir la batalla, que la han abierto, cierto es, en torno a la reorientación del trazado.


Por estos motivos, por sentido común, porque entendemos que este túnel se tiene que hacer, porque creemos

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que además se ha acreditado que se puede hacer con toda normalidad y porque entendemos que no se debe paralizar, no nos vamos a quedar aquí.
Nosotros creemos que tiene que haber nuevos túneles ferroviarios en Barcelona de tren convencional para mejorar un servicio de tren convencional y no solo de AVE, que en la ciudad de Barcelona en su área metropolitana y en el conjunto de Cataluña es claramente deficitario.
Esperamos que se cree esta comisión de expertos y que no se paralicen obras que tienen que salir adelante.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Por el mismo grupo parlamentario don Francesc Canet tiene la palabra.


El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente. Ya nos temíamos que el debate sería de alto voltaje teniendo en cuenta que el tema es muy sensible, pero ha sido absolutamente apasionado. Para enfriarlo un poco y mantener la coherencia que mi partido ha mantenido siempre en el Ayuntamiento de Barcelona y en el Parlament de Catalunya, quiero dejar constancia de que vemos con agrado lo que se está pidiendo en la moción del Grupo Parlamentario Popular y también en la enmienda que plantea Convergència i Unió. En cualquier caso, ha sido lamentable la guerra de informes, de informes técnicos, mezclando a la Unesco, etcétera. Polémicas al margen, entendemos que el Gobierno se mantiene firme sobre la base de tres argumentos que ha repetido hoy el señor ministro de Fomento: las obras están en un estado muy avanzado, el gasto que se ha realizado es importante y el retraso por un cambio de trazado sería inasumible.
Seguramente tiene razón el señor ministro, pero también ha de recordar que se ha llegado hasta aquí por una serie de decisiones, de hechos consumados, legítimamente consumados por el Gobierno, evidentemente, pero que han pasado por dejar de lado decisiones del Ayuntamiento de Barcelona, del Parlament de Catalunya, miles de alegaciones, firmas, etcétera. La referencia al gasto efectuado es comprensible, pero también hay que recordar que, ante el riesgo para la seguridad de las personas y para la seguridad de edificios emblemáticos, seguramente el gasto no sería un elemento importante. En cualquier caso, aceptando que el Gobierno carga con la responsabilidad política, porque es su derecho, también ha de cargar con la responsabilidad de las posibles consecuencias.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Señor Fernández Díaz, ¿acepta S.S. alguna de las enmiendas para la votación?

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Acepto la enmienda de Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Votaremos dentro de tres minutos. (Pausa.)

En relación con la información de la que antes daba cuenta, algún señor diputado ha preguntado cuándo votaremos mañana las mociones que examinaremos, es decir, las dos que han quedado pendientes de esta sesión plenaria. Les reitero que empezaremos mañana el Pleno a las nueve de la mañana con la comparecencia del señor presidente del Gobierno, posteriormente se examinarán las preguntas dirigidas al presidente del Gobierno, a continuación examinaremos las dos mociones que quedan pendientes y votaremos, y finalmente se verá el resto de preguntas e interpelaciones. Con esta información, pasamos a las votaciones.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/2005, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS SANITARIAS FRENTE AL TABAQUISMO Y REGULADORA DE LA VENTA, EL SUMINISTRO, EL CONSUMO Y LA PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO. (Número de expediente 122/000234.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Cierren las puertas. Primera votación. Proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 341; en contra, dos; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TIPOS IMPOSITIVOS DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. (Número de expediente 122/000220.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, de modificación de la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del

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impuesto sobre el valor añadido, para el mantenimiento de los tipos impositivos del impuesto sobre el valor añadido.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 169; en contra, 179.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA PROMOVER Y DAR A CONOCER A LOS CIUDADANOS LA MEDIACIÓN FAMILIAR. (Número de expediente 162/000565.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para promover y dar a conocer a los ciudadanos la mediación familiar. Se vota en los términos de la enmienda transaccional, a no ser que algún grupo se oponga a su tramitación. (Pausa.) Ningún grupo se opone. En consecuencia, se vota en los términos de la transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 324; en contra, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)

- REAL DECRETO-LEY 10/2010, DE 16 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO. (Número de expediente 130/000033.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la convalidación o derogación del real decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Se entiende que el voto afirmativo es a favor de la convalidación y el voto negativo a favor de la derogación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 168; en contra, ocho; abstenciones, 173.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.


¿Se propone la tramitación del real decreto ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? ¿Algún grupo lo propone? Señor Llamazares. En consecuencia, pasamos a la votación para ver si se acepta su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 349.


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, se acepta la tramitación como proyecto de ley por procedimiento de urgencia.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LOS INFORMES QUE ACONSEJAN PARALIZAR LAS OBRAS DEL TÚNEL DEL AVE JUNTO A LA SAGRADA FAMILIA. (Número de expediente 173/000152.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante los informes que aconsejan paralizar las obras del túnel del AVE junto a la Sagrada Familia. Se vota esta moción en los términos de la misma, con la incorporación de la enmienda de Convergència i Unió.
(Rumores.) Silencio. No hemos terminado las votaciones.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 179; en contra, 170.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN.)

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (NÚMERO REG. 124855.)

El señor PRESIDENTE: Votamos el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados.
(Rumores.) Silencio. Seguimos sin haber acabado las votaciones.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 291; en contra, ocho; abstenciones, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.)

- ACUERDO MARCO DE LA FACILIDAD EUROPEA DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA ENTRE EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA, LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, LA REPÚBLICA HELÉNICA Y LA FACILIDAD EUROPEA DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA. (Número de expediente 110/000204.)

El señor PRESIDENTE: Por último, el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales que tienen sus señorías. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.)

Señor Llamazares, tiene la palabra.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, tanto en Comisión como en Pleno hemos pedido una votación diferenciada del punto decimoquinto.


El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, pide votar en su conjunto, excepción hecha del punto decimoquinto, y la votación por sistema electrónico. Es eso lo que pide, ¿no? (Pausa.)

Señor Llamazares, puede pedir votación electrónica, pero el convenio es único y ha de votarse en su conjunto, sin excepción. Por tanto, haremos una sola votación, no separada, de conjunto y por el sistema electrónico.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 343; en contra, dos; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las nueve y veinte minutos de la noche.

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