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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 175, de 17/06/2010
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2010 IX Legislatura Núm. 175
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 166
celebrada el jueves, 17 de junio de 2010


ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas; la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 46-1, de 13 de noviembre de 2009. (Número de expediente 121/000046.) ... (Página 4)

- Proyecto de ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 56-1, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 121/000056.) ... (Página 8)

- Proposición de ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 169-1, de 24 de marzo de 2009. (Número de expediente 122/000147.) ... (Página 11)

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Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley orgánica complementaria de la ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 49-1, de 13 de noviembre de 2009. (Número de expediente 121/000049.) ... (Página 16)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley de protección del medio marino. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 59-1, de 12 de marzo de 2010. (Número de expediente 121/000059.) ... (Página 19)

- Proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 78-1, de 16 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000078.) ... (Página 27)

Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 36)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 36)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 37)

Avocación por el Pleno ... (Página 37)

Propuesta de creación de subcomisiones. (Votación.) ... (Página 37)

- Propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda, de creación de una subcomisión para el fomento de la economía social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 25, de 3 de junio de 2008. (Número de expediente 158/000005.) ... (Página 37)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Enmiendas del Senado ... (Página 4)

Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas; la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria ... (Página 4)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández Iruela, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proyecto de ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España ... (Página 8)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Ramallo Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.


Interviene el señor ministro de Fomento (Blanco López).


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Proposición de ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales ... (Página 11)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Larrosa Piqué, del Grupo Parlamentario Socialista.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 16)

Proyecto de ley orgánica complementaria de la ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ...
(Página 16)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y los señores Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y González Serna, del Grupo Parlamentario Socialista.


Interviene el señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 19)

Proyecto de ley de protección del medio marino ... (Página 19)

El señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba), plantea las líneas, los objetivos y los principios que han llevado al Gobierno a elaborar un proyecto de ley de protección del medio marino.


En defensa de las enmiendas a la totalidad intervienen el señor Perestelo Rodríguez y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno en contra de las enmiendas presentadas interviene el señor Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono ...
(Página 27)

Interviene el señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora De Lara Carbó y el señor Moraleda Quílez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Se suspende la sesión a las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a la una de la tarde.


Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 36)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria.


Página 4


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España.


Se someten a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 36)

Sometido a votación el dictamen del proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se aprueba por 336 votos a favor y seis en contra.


Votación de conjunto ... (Página 37)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 334 votos a favor, seis en contra y una abstención.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 37)

Sometidas a votación las enmiendas de devolución al proyecto de ley de protección del medio marino, se rechazan por 10 votos a favor, 318 en contra y 14 abstenciones.


Sometida a votación la enmienda de devolución al proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, se rechaza por nueve votos a favor, 327 en contra y seis abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página 37)

Sometida a votación la avocación de la deliberación y votación final por el Pleno de este proyecto de ley, se aprueba por 342 votos a favor.


Propuesta de creación de subcomisiones. (Votación.) ... (Página 37)

Propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda, de creación de una subcomisión para el fomento de la economía social ... (Página 37)

Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda, de creación de una subcomisión para el fomento de la economía social, se aprueba por asentimiento.


Se levanta la sesión a la una y diez minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


Les ruego que tomen nota del anuncio oficial de la Presidencia en el sentido de que hoy tendremos votación orgánica, concretamente sobre el dictamen del proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Por el carácter de orgánica de la iniciativa anunciada el Reglamento exige a la Presidencia anunciar la hora de la votación, y les indico que la misma no se producirá antes de las trece horas del día de hoy.


En segundo lugar, utilizando las facultades que a la Presidencia le otorga el Reglamento y consultada la Junta de Portavoces, en la tramitación de las enmiendas al Senado les ruego que cada interviniente ajuste los tiempos a no más de cinco minutos. ¿Alguna observación por parte de SS.SS.? (Pausa.) Así queda ratificado también por el Pleno, y les anuncio que el horizonte de levantamiento de la sesión con estas previsiones pueden calcularlo SS.SS. no más tarde de las catorce horas, si realmente logramos, con la Presidencia y los oradores, que las intervenciones se ajusten a las previsiones anunciadas.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 19/1988, DE 12 DE JULIO, DE AUDITORÍA DE CUENTAS, LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DE MERCADO DE VALORES Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1564/1989, DE 22 DE DICIEMBRE, PARA SU ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA COMUNITARIA. (Número de expediente 121/000046.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de

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Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores, así como el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria. En primer lugar y para fijar posición tiene la palabra don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a votar favorablemente la mayor parte de las enmiendas que vienen del Senado sobre esta modificación de la Ley de Auditoría de Cuenta. Sin embargo se va a posicionar en contra respecto a una enmienda que viene del Senado y que en nuestra opinión relaja los compromisos frente a las incompatibilidades. En primer lugar, hemos intentado a lo largo de la tramitación de esta ley reforzar la independencia de las empresas auditoras respecto de los clientes mediante la delimitación más clara de los supuestos de incompatibilidad, y en ese sentido no compartimos la enmienda 8 ter del Senado a que me he referido.
En segundo lugar, también hemos pretendido reforzar el sistema público de supervisión y control de calidad de las auditorías, mediante la asunción en exclusiva por parte del Instituto de Contabilidad de la competencia y del control de calidad y formulación de los requerimientos de mejora o introducción de un nuevo procedimiento de auditorías para entidades de interés público. Y finalmente, hemos pretendido igualmente clarificar el régimen de responsabilidad de los profesionales en relación con los estados financieros de las empresas. Vaya por delante, por tanto, nuestra posición sobre la materia de la ley. Lo que pasa es que, como en El octavo pasajero, lo importante no es el vehículo, sino el pasajero; en este caso lo importante es la denominada enmienda Florentino, esta enmienda que parasita y degrada profundamente la ley, una enmienda que desnaturaliza una ley de auditoría importante y de trasposición de las directivas europeas, una ley que parasita sobre todo el parlamentarismo.
Es verdad que no corren buenos tiempos para el parlamentarismo, en estos momentos sujeto a las leyes de excepción económica que parecen dictadas a los parlamentos desde fuera, y tampoco corren buenos tiempos para el parlamentarismo como marionetas de los mercados. Nosotros no nos sentimos en este caso marionetas de los mercados, nos sentimos muñecos de Florentino, y creemos que no es bueno para el parlamentarismo sujetarse a la posición de una determinada empresa y de un determinado empresario.
Rechazamos, pues, una enmienda ad personam, una enmienda que responde a unos intereses particulares por razones de forma, pero sobre todo la rechazamos por razones de fondo. En nuestra opinión este poder que se da al accionista mayoritario niega buena parte de los compromisos en sectores estratégicos y regulados, de los cuales tratamos en esta enmienda, y niega sobre todo la responsabilidad social de las empresas.
Por esta razón, por razones de forma y por razones de fondo, nosotros nos vamos a oponer a la denominada enmienda Florentino, nos vamos a oponer al parásito que degrada y agota esta iniciativa, que debería ser únicamente de trasposición de directivas europeas.


Señorías, termino refiriéndome no solamente a la sensación que puede tener un parlamentario con respecto a la mala utilización del Parlamento en el contexto de la crisis, sino también expresando mi profundo y radical desacuerdo con la anunciada reforma laboral por parte del Gobierno. En nuestra opinión es una contrarreforma, no mejora para nada nuestro mercado laboral y tampoco la competitividad de nuestra economía; es injusta y regresiva, y estabiliza en nuestro país un contrato a la carta y un despido también a la carta. Esa vieja idea de que competimos sobre la base de la explotación laboral es una nostalgia del pasado. Ahora ya no se compite así, y otra vez será una nueva frustración que sumar a la crispación social.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Vasco tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señoras diputadas, señores diputados, hace ya tres años la Unión Europea culminó el proceso de homogeneización y armonización de la regulación en materia de auditoría de cuentas mediante la aprobación de la Directiva 2006/43, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas. Asimismo la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas había cumplido con creces su periodo natural de vida. El tiempo transcurrido desde su entrada en vigor y los cambios acaecidos en el entorno económico y en los mercados hacían necesaria la revisión de muchos de los aspectos incluidos en la ley. Por ello la culminación de la tramitación de este proyecto de ley, por la que se modifica la Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas, conllevará sin duda una mayor protección del interés público, un refuerzo de la confianza de los mercados y una mejora de la profesión auditora.


Son de destacar en este proyecto determinados aspectos esenciales del mismo que, en línea con lo dispuesto en la directiva, han sido objeto de modificación con respecto a la ley anterior. Se precisa la plena responsabilidad del auditor de las cuentas consolidadas sobre la auditoría del grupo, aun cuando la auditoría de sociedades participadas haya sido realizada por otros auditores. Se refuerza el sistema de independencia establecido para los auditores de cuentas mediante el procedimiento de amenazas y salvaguardas indicado en la directiva, complementándolo con una mención especial a ciertas circunstancias que podrían impactar en la independencia de los auditores. Se ha evitado en sus

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aspectos esenciales imponer restricciones adicionales a las impuestas en la directiva, con el objeto de permitir a los auditores españoles competir en igualdad de condiciones con sus colegas europeos. Se requiere a los auditores de cuentas de entidades de interés público la publicación de un informe de transparencia, cubriendo muchos de los aspectos relevantes de sus actividades. Se clarifica el régimen de responsabilidad de los auditores en línea con lo dispuesto en la recomendación de la Unión Europea sobre la responsabilidad de auditores de cuentas, haciéndoles responsables de forma proporcional a los perjuicios que pudieran causar por la actuación profesional. Teniendo en cuenta la evolución que ha experimentado a lo largo de los años de vigencia de la ley, se ha procedido a revisar y a concretar más el régimen sancionador, incluyéndose así nuevos tipos sancionables. Se refuerza también la supervisión pública y el control de calidad de la auditoría de cuentas, contemplando además una mayor colaboración con reguladores de otros países de la Unión Europea y también de terceros países. Y por último, se establece el concepto de empresas de interés público como aquellas entidades sobre las que es necesario exigir una especial vigilancia y supervisión pública de la auditoría de cuentas.


Quiero destacar también el denso y profundo debate que se ha producido a lo largo del proceso de tramitación de esta ley, debido fundamentalmente al efecto inducido que ha generado la inclusión en la misma de disposiciones que nada tienen que ver con la materia que se regula, disposiciones que debieran haberse incluido en otros proyectos para evitar que quedasen fuera de su contexto, lo que hubiera permitido un debate más centrado y sosegado. En este sentido me van a permitir que les recuerde la frontal oposición de nuestro grupo parlamentario cuando el Grupo Socialista incluyó la enmienda que se ha denominado aquí también esta mañana enmienda Florentino, que prosperó en la Comisión de Economía del Congreso, y que ya está incorporada en el texto que viene del Senado.
Por esta enmienda se modificó el apartado 2 del artículo 105 de la Ley de Sociedades Anónimas, de manera que a partir de ahora en ningún caso los estatutos sociales podrán limitar el número máximo de votos que pueden emitir un mismo accionista o las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, siendo nulas las cláusulas que establezcan dicha limitación. Esa es la enmienda del Grupo Socialista con la que estamos frontalmente en desacuerdo. Entendemos que el Grupo Socialista ha puesto en riesgo gratuitamente a muchas empresas que pueden perder el control y la defensa de los accionistas minoritarios por otros empresarios cuyo objeto no sea precisamente el progreso de la empresa en cuestión. Europa no lo exige y la presión de algunos intereses muy potentes desgraciadamente ha triunfado, por lo que reitero aquí nuestro rechazo más enérgico, como es conocido por todos.


Al margen de esta cuestión -que ya quedó en evidencia también en el debate en Comisión y en el Pleno de esta Cámara-, el resto de las enmiendas creo que ha quedado satisfactoriamente bien, y también ha tenido la virtualidad -con la salvedad apuntada- de contar con un amplio consenso.
Por lo tanto votaremos a favor de las enmiendas que vienen del Senado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta sesión del Congreso de los Diputados a don Rafael Cámara, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, a don Lorenzo Lara, presidente del Instituto de Titulados Mercantiles, y también a don Valentí Pich, presidente del Colegio de Economistas.


El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente todas aquellas enmiendas que nos llegan del Senado sobre el proyecto de ley que modifica la Ley de Auditoría de Cuentas, la Ley de Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria. Señorías, esta reforma ha tenido como eje fundamental la necesidad de adaptar el marco de regulación de la auditoría -la vigente Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas-, tras casi veintidós años de vigencia, a las características de nuestro mercado, y a las transformaciones que han ido experimentando la práctica contable de las empresas y las sucesivas disposiciones de ámbito comunitario que se han ido aprobando. La armonización a las disposiciones comunitarias y la necesaria modernización de estos ejercicios profesionales han sido los ejes que han inspirado la posición de nuestro grupo parlamentario. Quisiéramos recordar, señorías, que Convergència i Unió viene reclamando esta adaptación desde el año 2005, cuando ya se aprobó una proposición no de ley de modificación del régimen de responsabilidad de desarrollo de la actividad auditora, y también con posterioridad nuestro grupo formuló una proposición de ley en este mismo sentido.


Señorías, hay un aspecto fundamental que quisiera poner de manifiesto en este trámite parlamentario: esta es sin duda una ley de alto contenido técnico, esta reforma llega a su final con un alto consenso político de todos los grupos parlamentarios, y a su vez con un alto consenso de los estamentos profesionales afectados por esta ley, en la que también hay que recalcar que ha existido una complicidad con los grupos parlamentarios, con los presidentes o directivos de las entidades antes mencionadas, y con el Gobierno, y gracias a esta complicidad pensamos sinceramente que esta ley va a modernizar de una vez por todas esta profesión, indispensable para una buena orientación de la política económica española. Por

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este motivo el Gobierno, las Cortes Generales y los colectivos que representan a los profesionales de la auditoría hemos sabido administrar el diálogo necesario para lograr el propósito antes mencionado: adaptarnos al marco europeo y modernizar nuestras prácticas de auditoría.
Nuestro grupo quiere destacar como uno de los valores más relevantes de nuestra función legislativa que es importantísimo legislar con consenso, con diálogo y con la sociedad, siempre lo hemos dicho; a veces no se consigue, pero en esta ocasión creemos sinceramente, señorías, que aun cuando esta ley es muy técnica, al mismo tiempo tiene relevancia el hecho de haberse alcanzado un amplísimo consenso parlamentario para su reforma.
Por lo tanto vamos a votar favorablemente todas aquellas modificaciones que se han planteado en el Senado a favor de la independencia de aquellos aspectos que hacen referencia al régimen de infracciones graves y de sanciones.


En cualquier caso quisiéramos destacar algunos aspectos que hoy vamos a aprobar, al menos con el voto de Convergència i Unió, como la prestación de servicios de auditoría interna; también he de resaltar que se elimina la referencia al impago de los honorarios de auditoría como causa de no emisión del informe de auditoría. En cuanto a la independencia se mejora el régimen de incompatibilidad de la prestación de servicios de abogacía para la actividad auditora, se incluye la referencia temporal del año anterior al ejercicio a auditar en relación con el plazo para considerar la posible existencia de incompatibilidades, y en cuanto al régimen de infracciones graves se previene el no incumplimiento de las normas de auditoría en aquellos supuestos en que cabe admitir diversas interpretaciones, y al mismo tiempo también se introduce un claro criterio de valoración y proporcionalidad con referencia al dolo o negligencia especialmente grave e inexcusable en la relación de las infracciones graves y muy graves. En cuanto al régimen de sanciones también se incluye en la gradación de sanciones la condición de la entidad de interés público, de la entidad auditada.


Finalmente quisiera dar las gracias desde esta tribuna una vez más a las personas que han representado a los distintos estamentos de la profesión, de las organizaciones empresariales y de las instituciones de supervisión y regulación, así como a las personas que desde el Gobierno han mediado en este diálogo, ya que con la complicidad de todos hemos conseguido un texto razonable, un texto moderno, que lógicamente va a contribuir en la buena dirección a la regulación de nuestra economía. Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Popular tiene la palabra don Juan Manuel Albendea.


El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, lo primero que quiero destacar de la segunda lectura realizada de este proyecto de ley en el Senado es que ha habido un notable consenso para mejorar la redacción de una ley tan compleja, que además de tener como fundamental objeto la trasposición de una directiva comunitaria, ha sido aprovechada -quizá un tanto abusivamente- para modificar la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Mercado de Valores. Ya lo señalamos en su tramitación en el Congreso y no hace falta extenderse mucho en ello.
Cuando hablo de notable consenso en el Senado es evidente constatarlo si observamos que de las veintitrés enmiendas introducidas trece han tenido carácter transaccional. En aras de la brevedad no voy a hacer referencia a todas ellas, pero sí a aquellas que me parecen más significativas.


En el apartado 6 del artículo 1 se modifican las definiciones de auditoría obligatoria, de auditor de cuentas y de sociedad de auditoría. En otra enmienda transaccional referida al apartado 2 del artículo 2 se modifican las cuestiones que posibilitan la no emisión del informe de auditoría, y entre los cambios introducidos se elimina como uno de los motivos el impago de los honorarios. En el artículo 8.3, apartado g) se establece como novedad que es incompatible la prestación simultánea de servicios de abogacía y de auditoría para el mismo cliente, salvo que se presten por personas jurídicas distintas con consejos de administración diferentes, y sin que puedan referirse a litigios que tengan incidencia significativa en los estados financieros. En el artículo 8 ter se han incorporado múltiples modificaciones sobre las extensiones subjetivas de las causas de compatibilidad, en concreto con las menciones a la entidad auditada y a los auditores de cuentas. En el artículo 14.1 se amplía la custodia de la documentación hasta los cinco años, a contar desde la fecha del informe de auditoría. En el artículo 16.2 se incorpora la exigencia de dolo o negligencia especialmente grave o inexcusable para calificar la infracción de muy grave. En el artículo 16.5 se establece que una discrepancia jurídica o técnica no se considerará incumplimiento de las normas. Se introducen cambios en los apartados 4 y 6 del artículo 17 para modificar las multas por infracciones muy graves y graves. En ambas se establece un porcentaje entre el 3 y el 6 por ciento de los honorarios facturados, con un mínimo para las infracciones muy graves de 24.000 euros y de 12.000 para las graves. En otra enmienda transaccional se modifican los apartados 1 a 5 del artículo 22, estableciendo de forma más precisa el alcance del control de la actividad de auditoría, así como el papel fundamental en la supervisión y control del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. En definitiva, señorías, mi grupo cree que en el Senado se ha mejorado la redacción de esta ley, y por ello vamos a votar positivamente todas las modificaciones introducidas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albendea.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Juli Fernández Iruela.


El señor FERNÁNDEZ IRUELA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para posicionarnos en relación con el proyecto de ley que modifica la Ley de Auditoría de Cuentas, la Ley de Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas en cuanto a las enmiendas que se han introducido en el Senado.
También mi grupo quiere saludar a los representantes de las tres corporaciones que nos acompañan en el debate de estas enmiendas.


Señorías, el texto que hoy se aprobará con la incorporación de las enmiendas del Senado es un texto trabajado, participado y que viene con un amplio consenso; un texto que ya cuando entró en la Comisión de Economía y Hacienda estaba muy trabajado por el Gobierno, el ICAC y las diferentes corporaciones que aglutinan a los auditores de cuentas. Desde el Grupo Socialista nos gustaría destacar que estamos ante un proyecto de ley que en el ámbito de la auditoría comporta la adaptación a la normativa comunitaria motivada por los cambios producidos en el ámbito económico y financiero en los últimos años, con la necesidad de una armonización normativa, y que a la vez mejora aspectos básicos en relación con los propios trabajos de auditoría, como son la transparencia, la independencia, la responsabilidad civil y el régimen sancionador. En este sentido, señorías, me gustaría destacar la importancia del presente proyecto de ley, ya que la auditoría es un servicio que se presta a la entidad auditada, pero que también afecta a terceros que se relacionan o que se puedan relacionar. La auditoría es entendida, por tanto, como una herramienta de verificación de la imagen fiel del patrimonio de una entidad para mejorar la información y la transparencia del ámbito empresarial; una información y una transparencia básicas para la confianza de los mercados.


Señorías, este proyecto de ley, si bien venía muy trabajado con anterioridad a su entrada en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, tuvo modificaciones que en algunos aspectos fueron introducidas con redacciones contradictorias y una cierta incoherencia, por eso era necesario que en el Senado se introdujesen enmiendas para modificar algunas incongruencias. Nuestro grupo quiere en este momento agradecer, en su primera tramitación en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, el trabajo que han hecho las letradas para redactar un texto que eliminara en lo posible las contradicciones para poder enviarlo al Senado. El Grupo Socialista también quiere agradecer el esfuerzo realizado por todos los grupos políticos del Senado por el nivel de consenso conseguido en el texto que hoy estamos debatiendo, y en especial a la portavoz de Economía del Grupo Socialista. Señorías, como he dicho anteriormente, con las enmiendas introducidas en el Senado se mejora el texto, y sobre todo se subsanan algunos aspectos que se aprobaron en el trámite de la Comisión de Economía y Hacienda. Las enmiendas mejoran en el redactado el régimen de independencia e incompatibilidades, e introducen modificaciones en el régimen sancionador. De todas las enmiendas nuestro grupo quiere manifestar sus reservas en cuanto a la modificación introducida en el 8 ter, porque entendemos que el redactado que sale del Congreso se ajusta más; el redactado que viene del Senado rebaja en este aspecto el nivel de exigencia del deber de independencia que pueda afectar a la credibilidad, supone una incorrecta trasposición de la directiva, y a la vez introduce problemas de coherencia interna e inseguridad jurídica. Asimismo nuestro grupo manifiesta algunas reservas en relación con las modificaciones introducidas en el artículo 16, en lo que hace referencia al régimen sancionador, por la incorporación de los elementos de dolo o negligencia, que entendemos que se ajusta más al concepto de tipicidad subjetiva del ámbito penal y no tanto al administrativo. En cualquier caso entendemos que es un texto que sale con un amplio consenso, y que da respuesta a una de las deficiencias o necesidades que tenía el sector para poder afrontar esta actividad que ha de comportar una mejora en la transparencia, y por tanto en la confianza en los mercados.


Quiero acabar manifestando el agradecimiento a todos los portavoces y a todos los ponentes que han intervenido en este proyecto de ley por el amplio nivel de consenso y entendimiento, así como el esfuerzo de las aportaciones que han hecho las diferentes corporaciones. Finalizo, señor presidente, agradeciendo también el trabajo que han hecho mis compañeros de ponencia, la señora Gastón y el señor Lasarte, y, cómo no, agradezco nuevamente a todos los grupos políticos el consenso conseguido para que este proyecto de ley salga adelante.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Iruela.


- PROYECTO DE LEY SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN ESPAÑA. (Número de expediente 121/000056.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. Enmiendas del Senado. En primer lugar, para defender su posición tiene la palabra por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


En relación con la enmienda del Senado al proyecto de ley sobre infraestructuras y servicios de información

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geográfica de España quiero manifestar, en primer lugar, nuestro acuerdo general con el tenor de la ley y también nuestro apoyo a la enmienda en particular. Es una enmienda que crea una nueva disposición adicional sexta sobre una materia diferente, la que tiene que ver con los contratos del sector público, y que plantea la necesidad de regular de modo urgente las garantías en la concesión de obras públicas que, estando establecidas en una cantidad, pretende reducir el importe inicial de las mismas, que era de un 5 por ciento sobre el valor estimado del contrato. Nos parece que si esto puede -con total garantía pública- favorecer el mantenimiento del impulso de las obras de infraestructuras en nuestro país, bienvenido sea, pero veremos con cuidado también cuáles pueden ser el resto de las consecuencias. En todo caso manifestamos nuestro voto favorable.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Catalán Convergència i Unió tiene la palabra don Pere Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Nuestro grupo, lógicamente, va a votar a favor de esta ley incluso con la introducción de una enmienda del Senado, que simplemente es una enmienda que no tiene que ver directamente con el contenido de la ley sino que permite resolver algo que a nuestro juicio es positivo, como es la facilidad de la contratación público-privada. En este sentido, también lo introducido en el Senado va a contar con nuestro apoyo.


Quiero hacer una breve valoración de esta ley. Es una ley que tiene como objetivo la trasposición de una directiva, lo que pasa es que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid se le añadieron como siempre los conocidos tics de recuperación de competencias. Nosotros denunciamos esto y, como siempre, logramos parcialmente algún resultado en Comisión a su paso por el Congreso. A pesar de ello, lamentamos que en cada texto legal que viene, por parte del propio Partido Socialista con la inestimable colaboración del Partido Popular, se vayan llevando las aguas hacia las competencias estatales. Este es un proceso lento, continuo, que Convergència i Unió se ve en la obligación moral de denunciar y también de apelar al ministro -está aquí el señor ministro que hace ver que no, pero creo que lo está viendo- para que tome buena nota y para que intente tener, como buen gallego -como buen gallego, tiene que ser muchas cosas-, una buena sensibilidad autonómica.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña María Ramallo.


La señora RAMALLO VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado la Directiva 2007, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea, Inspire. El objetivo fundamental era establecer una infraestructura de información geográfica en la Unión Europea que sirva de ayuda para la adopción de medidas relativas a políticas y actuaciones que puedan incidir, directa o indirectamente, sobre el medio ambiente. La trasposición de determinados preceptos de la referida directiva exige una norma con rango de ley. Así, y considerando como punto de partida las distintas iniciativas de las administraciones y organismos del sector público para constituir infraestructuras de información geográfica y servicios de información geográfica, el proyecto de ley incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2007 y dispone de un marco general mínimo para su constitución, de manera que se asegure su coordinación e integración en el ámbito del Estado español garantizando, por una parte, el cumplimiento por parte de España de lo establecido en dicha directiva, incluido el establecimiento de la infraestructura de información geográfica que ha de integrar al conjunto de infraestructuras de información geográfica y servicios interoperables de las administraciones públicas españolas, por lo que es preciso dictarla al amparo del artículo 149.1.18.ª y 149.1.23.ª de la Constitución y conforme a la Sentencia 76/1984, del Tribunal Constitucional, que afirma la capacidad del Estado para dictar normas de obligado cumplimiento que garanticen la unicidad técnica y la coordinación de la actividad cartográfica. Por tanto, esta ley está compuesta de veintiún artículos distribuidos en cinco capítulos, tres disposiciones adicionales, una derogatoria y cuatro finales. Se añaden tres anexos: uno, de información geográfica de referencia, dos, de datos temáticos fundamentales y, tres, de datos temáticos generales. El Grupo Parlamentario de Partido Popular presentó en Comisión y en ponencia cuatro enmiendas. De las cuatro se aceptaron dos transaccionales y las otras dos fueron aceptadas íntegramente, con lo cual desde mi grupo estamos razonablemente satisfechos. Eran mejoras al proyecto presentado, mejoras técnicas unas, redacciones que se propusieron para garantizar la interoperatividad y la seguridad de los datos geográficos que son competencia del Consejo Superior Geográfico y que se realizaron conforme a lo dispuesto a tal efecto por la Comisión Europea. Por lo tanto, se han aportado ajustes de mejora de redacción ciñéndose única y exclusivamente a lo dispuesto en dicha directiva.


La cartografía oficial española está concebida como un servicio público, a partir sobre todo de la creación del Instituto Geográfico Nacional, que conviene destacar fue creado en el año 1870, por iniciativa del entonces ministro José Echegaray, quien más tarde recibiría el premio Nobel de literatura. Desde entonces y hasta ahora se ha venido evolucionando, igual que en el resto del mundo y al compás de los avances técnicos y, por qué no decirlo, al ritmo de la organización política y administrativa

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del Estad, para dejar de ser un elemento imprescindible en la conquista del territorio y para el asentamiento del poder hasta convertirse en el elemento técnico, infraestructura de las infraestructuras, sobre el que adoptar decisiones, por ejemplo, sobre construcción de ferrocarriles, construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, embalses y demás. Pero han sido las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, las que han posibilitado constituir un núcleo esencial de los sistemas de servicio basados en el territorio. Ejemplos más acabados, destacados y útiles como la Oficina Virtual del Catastro, capaz de proporcionar más de 150 millones de mapas por año a demanda de los usuarios. Por lo tanto, desde el 15 de mayo de 2007 está en vigor la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea, denominada Inspire. En consecuencia, España debe establecer una infraestructura que permita acceder e interoperar con todos estos servicios de información. La directiva, por lo tanto, consigue servicios de localización, que posibiliten la búsqueda de conjuntos de datos geográficos, servicios de visualización, servicios de descarga, que permitan descargar copias de datos geográficos, servicios de transformación, que permitan transformar esos datos geográficos con vistas a lograr su interoperatividad, y servicios de provisión de acceso.
Por lo tanto, contiene la obligación de dar acceso a los ciudadanos a dichos servicios de información.


Para terminar, estamos de acuerdo con el principio inspirador de esta ley, que no es otro que la trasposición de dicha directiva; así lo demostramos en ponencia y comisión. Agradezco desde aquí el trabajo de mi compañero de grupo y de ponencia, don Celso Delgado Arce, y tengo que decir que este texto ha sido votado en el Pleno del Senado con un resultado de 224 votos a favor y 9 abstenciones. El mismo resultado de la votación de la enmienda que hoy se mantiene aquí y que fue introducida en el Senado, como dispone el artículo 90 de la Constitución; una vez aprobada allí, ahora nos toca pronunciarnos en esta Cámara. Así lo haremos, manteniendo el sentido de nuestro voto.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ramallo.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Rafael Simancas.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente.


El proyecto de ley que sometemos a consideración del Pleno esta mañana traspone una directiva europea de cumplimiento tan obligado como lógico.
Se trata de integrar normativa y operativamente la información geográfica disponible para optimizar la eficiencia en su uso, tan simple y tan razonable como esto. Vamos tarde ya, la directiva es de abril de 2007, pero el tiempo extra que se ha tomado el Gobierno y que se ha tomado el legislador ha servido para elaborar una ley rigurosa y eficaz. De hecho, el modelo compartido, distribuido y transparente para la información geográfica que constituye esta ley resulta, incluso antes de aprobarse definitivamente ya, una referencia de modernidad y de avance tecnológico para el conjunto de la Unión Europea.


La ley tiene un propósito incuestionable, de puro sentido común. Hoy en día son múltiples y diversos los agentes públicos que producen y que utilizan la información geográfica para todo tipo de finalidades, la finalidad de la generación de actividad económica, la finalidad del ordenamiento urbanístico, la finalidad de la preservación ambiental, la ordenación del tráfico. Pues bien, la ley establece un marco de actuación en cuanto a operatividad, especificaciones técnicas e infraestructuras que permitirán a todos estos agentes compartir, integrar y dar valor añadido a la información geográfica disponible. A esto lo llamamos unicidad e interoperatividad de la información geográfica. La ley procura un lenguaje común para un servicio público de utilidad y de relevancia creciente. ¿Cómo? Creando la infraestructura de información geográfica del Estado, el sistema cartográfico nacional, asegurando el acceso gratuito del público a la información geográfica, por ejemplo.


Otro valor fundamental en esta ley es el del consenso. El texto que hoy aprobamos definitivamente ha sido fruto de un proceso muy largo y muy participado, especialmente por los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas, que debían ser por pura lógica los interlocutores privilegiados en la elaboración de este proyecto de ley. Dos documentos atestiguan y prueban esta participación importante y el consenso significativo alcanzado entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas. Uno es el certificado de la Secretaría Técnica del Consejo Superior Geográfico, en el que están representados todos los gobiernos autonómicos y que constata que en su reunión del 12 de marzo de 2009 se informó favorablemente y por unanimidad el borrador de proyecto de ley que hoy sometemos a la consideración del Pleno. También hay un informe de la Organización para la cooperación en cartografía de las comunidades autónomas, firmado por su secretario, en el que se respalda con una valoración muy positiva el proyecto de ley de información geográfica.


Entendemos que tampoco hay dificultad competencial alguna en esta ley. La distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en materia cartográfica ha sido fijada claramente por sentencia del Tribunal Constitucional, con informes del Consejo de Estado, por una muy reciente sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero, donde se establece literalmente lo siguiente: el Estado tiene un espacio propio en materia cartográfica ligado a la función de servicio público y las comunidades autónomas deben ejercer sus competencias instrumentales conforme a las normas estatales que aseguren unicidad técnica y coordinación.


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Está muy clara la jurisprudencia en este sentido, jurisprudencia que avala perfectamente la ley que sometemos a su consideración.


El proyecto de ley, no obstante, llega a este Pleno, como se ha comentado ya, con una enmienda aprobada en el Senado incorporada en el último momento. Merced a esta enmienda incorporamos una nueva disposición adicional por la que se modifica el artículo 83 de la Ley de Contratos del Estado. Se trata de facilitar la colaboración público-privada en la construcción, conservación y puesta en funcionamiento eficaz de las infraestructuras y los servicios de transporte en nuestro país, en un momento en el que la colaboración público-privada resulta de una importancia crucial dado el ajuste del presupuesto público a que nos obliga el cumplimiento de los objetivos de aminoración del déficit. ¿Cómo facilitamos la colaboración público-privada? Modificando la regulación sobre las garantías financieras a cumplir por los concesionarios privados en las infraestructuras y los servicios de transporte público.
Clarificamos los procedimientos para calcular esa garantía definitiva y evitamos que esa garantía alcance importes tan elevados que puedan dificultar, incluso hacer inviables, las licitaciones. Por tanto, señorías, sometemos a su consideración y a su voto un proyecto de ley de obligada tramitación, puesto que traspone una directiva europea, dictada por el sentido común y el interés general y fruto de un consenso muy amplio entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos. Esta última enmienda aprobada en el Senado añade una razón más si cabe para respaldar esta importante ley.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simancas.


Señor ministro de Fomento, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la aprobación por esta Cámara de la ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España culmina la tramitación parlamentaria de esta norma; una norma que diseña el marco de actuación de los distintos agentes que producen información geográfica en España. Quiero agradecer especialmente a todos los grupos parlamentarios su colaboración, su espíritu de consenso, que ha permitido aprobar en un tiempo récord este proyecto de ley presentado el pasado 30 de diciembre, y también quiero agradecer el consenso que se ha establecido previamente con el conjunto de comunidades autónomas de nuestro país.


Esta nueva ley actualiza la normativa en la materia y da cumplimiento, como se ha dicho, a las nuevas exigencias de la Unión Europea trasponiendo una innovadora directiva comunitaria, conocida como Inspire, para facilitar y hacer más accesible la información geográfica a los ciudadanos. Esta ley impulsa el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en los servicios de información geográfica, potenciando su calidad técnica y teniendo en cuenta su utilidad como servicio público. De esta manera fomenta el aprovechamiento de las capacidades que presenta la información geográfica en el diseño y ejecución de proyectos y actividades en múltiples campos, tanto en investigaciones científicas, como en la gestión de recursos, desde la evaluación de impacto ambiental, la planificación urbana o la atención de emergencias, hasta la valoración de las posibilidades de negocio cuya utilización, tanto en el ámbito de los servicios públicos o en la actividad privada, son generadoras de riqueza y de desarrollo económico. Además, con esta regulación se permite que toda la información generada por cada una de las administraciones públicas españolas esté al alcance de cualquier ciudadano a través de Internet, creando así un nuevo concepto de lo que debemos entender por mapa, que no se limita ya a las dimensiones del papel, sino que se convierte en el reflejo gráfico y digital de toda la información disponible. Por otro lado, la ley consolida un modelo de cooperación entre distintas administraciones, el sistema cartográfico nacional, que ha venido desarrollándose estos últimos años con gran éxito también en la práctica. Al dar carácter institucional a esta cooperación propiciamos una mayor productividad, eficiencia y ahorro en la gestión de los recursos en el tratamiento y explotación de la información geográfica, y al tiempo mejoramos la calidad técnica de los productos cartográficos. En definitiva, señorías, la ley que se aprueba hoy impulsa el acceso a la sociedad del conocimiento y garantiza el acceso a una información geográfica de calidad con el objetivo de prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Esta ley, como se acaba de poner de manifiesto, es fruto del consenso que yo quiero agradecer.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. (Número de expediente 122/000147.)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Enmiendas del Senado.


En primer lugar, y para la defensa de la posición, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Francesc Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, nos parece una evidencia que la actual ley, que data de 2004, no ha solucionado los problemas de la morosidad, es injusto este texto legal y deja completamente

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desprotegido al proveedor frente a las grandes distribuidoras. Si nos atenemos a la encuesta realizada el pasado mes de enero por la plataforma multisectorial contra la morosidad, para conocer la situación de la morosidad en España, podemos sacar algunos resultados bien ilustradores.
Se dice que el plazo medio de cobró que se pactó en 2009 entre empresas del sector privado fue de 77 días, pero el plazo medio de cobro efectivo fue de 101; ambos datos contrastan con los 57 días de media en el cobro efectivo en el conjunto de Europa. Estos plazos aplicados al sector público tienen estos otros registros: 99 días de plazo pactado y 154 días de plazo efectivo, frente a los 67 de Europa. Un dato más: la ratio de morosidad en España en 2009, de acuerdo con la encuesta que he mencionado, se cifró en el 5 por ciento, porcentaje que contrasta con el 2 por ciento de la Unión Europea. Es evidente que pueden ser muchos los factores que nos conducen a esta situación, pero hay uno que nos parece clave, la existencia en el tejido empresarial español de un núcleo reducido de empresas que controlan un porcentaje muy alto de sectores básicos, como la distribución comercial y la energía, telefonía y comunicaciones en general. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Estos grupos empresariales condicionan por su posición dominante los pactos, en lo que se refiere sobre todo a la forma y plazo de pago, a las pymes que comercializan con ellas. En definitiva, las empresas de menor dimensión están más expuestas ante la dilación excesiva de los plazos de pago y el incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos, debido a su menor poder de negociación, a la menor diversificación de fuentes de financiación externa y a su menor capacidad para generar recursos internos. De todas formas, el resultado final, después del paso por el Congreso y el Senado, creemos que es bastante satisfactorio y por ello vamos a dar apoyo, no a todas, pero sí a la mayoría de las enmiendas que nos llegan del Senado.


El resultado final es una ley que quedará bastante de acuerdo con lo que, desde nuestro grupo, se ha planteado desde el año 2004 en que se elaboró la anterior. Como les decía, hay algunos peros. No nos acaba de convencer el régimen transitorio y la aplicación gradual de la ley para el sector público y las empresas a las que se les otorga un plazo mayor de pago en la construcción civil, pudiendo tardar 120 días hasta 2012 y 90 este año, para llegar a los 60 días en 2013. De todas formas, hay logros importantes: que el plazo de pago máximo de las empresas a sus proveedores sea como máximo de 60 días, sin que quepa en ningún caso pacto en contrario de las partes que pueda fomentar prácticas abusivas, fijando la fecha de entrega de las mercancías como fecha inicial del cómputo, precisamente una de las omisiones de esta Cámara subsanadas en el Senado. Podíamos citar también el plazo máximo de pago para los productos perecederos que sea de 30 días desde la fecha de la factura, sin que quepa prórroga alguna ni pacto en contrario. Precisamente, la supresión del pacto en contrario es el hecho más relevante de todo el proyecto de ley, pues, de mantenerse como defendía el Grupo Parlamentario Socialista, dejaba otra vez en agua de borrajas los plazos fijados en la ley y dejaba de nuevo al albur de los grandes grupos empresariales la fijación del plazo de pago. Otro elemento muy positivo es la nulidad de las cláusulas abusivas en los contratos en lo que se refiere a la forma de pago. También el establecimiento de legitimación activa de las asociaciones, federaciones de empresarios, agricultores y autónomos, cámaras de comercio, colegios profesionales, etcétera, para el ejercicio de las acciones colectivas de cesación y retracción frente a empresas incumplidoras con carácter habitual de los períodos de pago previstos en la ley. Con ello entendemos que aprobamos una buena ley y que se cumplen casi todas las reivindicaciones de las pymes, las grandes perjudicadas por la morosidad, y también las reivindicaciones de nuestro grupo que hemos planteado desde el año 2004. Para terminar, tenemos dudas en algunas de las enmiendas que nos llegan, básicamente en tres casos. La que se refiere al ICO, la que pretende alargar el plazo a las empresas que contratan con la Administración y en el régimen especial de pago para el sector del libro. Pero, hechas estas salvedades, en conjunto nuestro voto es favorable al texto que queda hoy, que subsana los errores que mantenía el de 2004.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Canet.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Desde nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió queremos agradecer la presencia ante este Pleno del Congreso de los Diputados a los representantes de la plataforma multisectorial, los señores Antonio Cañete, Pedro Torres, Alfredo Berges, Juanjo Díaz, Manuel Mejuto, Luis Cascales y otros miembros de la junta directiva de la plataforma que han colaborado desde un punto de vista técnico, mercantil y económico en la elaboración de esta proposición de ley. Queremos manifestar también una gran satisfacción desde Convergència i Unió por el trámite parlamentario de esta proposición de ley de Convergència i Unió en la que se establecen una serie de medidas contra la morosidad de las operaciones comerciales.
Hay que resaltar también que con la ayuda inestimable de todos los grupos que normalmente no forman parte del grupo parlamentario que apoya al Gobierno, vamos a sacar una iniciativa importantísima. Desde esta óptica, quisiera resaltar la colaboración de los portavoces del Grupo Mixto, desde el BNG hasta Coalición Canaria, la colaboración inestimable de los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya, la del Partido Nacionalista Vasco, por

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descontado la del Grupo Parlamentario Popular y espero que en este trámite parlamentario también podamos contar con la ayuda inestimable del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista. Esperamos que con la sensibilidad y la complicidad que en muchas ocasiones ha manifestado el portavoz socialista don Félix Larrosa, podamos, entre todos, dar luz verde a una iniciativa parlamentaria que consideramos vital e importante para el sistema económico español por los siguientes motivos.


En primer lugar, porque con la aprobación de esta iniciativa vamos a reducir notablemente el índice de mortalidad de las pequeñas y medianas empresas; vamos a reducir el índice de mortalidad de los autónomos y, en definitiva, el índice de mortalidad de muchísimas empresas españolas que con los plazos de pago actuales se han visto abocadas, lamentablemente, a una situación concursal o de desaparición de sus compañías. En segundo lugar, porque con la aprobación de esta iniciativa hoy, señorías, con un gran trabajo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara -y destaco con un gran trabajo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara- hemos materializado una reforma estructural muy importante del sistema financiero español, que es establecer de una vez por todas que España no esté en el furgón de los plazos de pago que se establecen en la Unión Europea y que pase a ser un país competitivo, un país en el que los plazos de pago sean similares a los que tienen la mayoría de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, reforma estructural importante materializada por todos los grupos que componen esta Cámara. En tercer lugar, porque también a través de la aprobación de esta ley vamos a rebajar los plazos de pago que a partir del año 2013 quedarán de la siguiente forma: en primer lugar, habrá la obligatoriedad para que todas las administraciones públicas -repito, todas las administraciones públicas- y las empresas estatales tengan que pagar, obligatoriamente, a los treinta días. Se va a imponer que todos los contratos mercantiles entre las diferentes compañías privadas tengan la obligatoriedad de pagar a sesenta días y en algunos productos, como los alimenticios y perecederos, a treinta días. Por tanto, se rebajan considerablemente los plazos de pago que existían hasta la fecha y que saben perfectamente que en algunos sectores eran de 150, 250, 300 días e incluso había algunas administraciones que en determinados sectores económicos españoles pagaban a más de 500 días. En cuarto lugar, porque también a través de la aprobación de esta ley van a desaparecer las cláusulas que nosotros consideramos abusivas, salvo acuerdo entre las partes, con lo cual va a haber una total imposibilidad de poder alargar los plazos de pago que acabo de mencionar. En quinto lugar, también damos un paso significativamente muy importante al permitir a las asociaciones profesionales, de autónomos y de agricultores que tengan la legitimación activa para solicitar la no aplicación de cláusulas abusivas y denunciar también a las empresas incumplidoras. Por tanto, es un paso importantísimo al que damos especial relevancia. En sexto lugar, hay un procedimiento ágil, moderno y efectivo para la reclamación de las deudas a las administraciones públicas. En séptimo lugar, se han implementado unos mecanismos de seguridad en la evolución de los plazos de pago mediante los cuales, y a través del Ministerio de Industria, las asociaciones de empresarios -y en este caso también la plataforma multisectorial- van a poder controlar, juntamente con los poderes públicos, el cumplimiento de estos plazos de pago que vamos a aprobar hoy. Asimismo, va a haber obligatoriedad de todas las empresas de reflejar en sus balances los plazos de pago que están manteniendo a lo largo del año con sus compromisos comerciales adquiridos. Es cierto que en unas condiciones y en una coyuntura económica como la actual uno puede llegar a la conclusión de que esto puede ser de difícil materialización, porque si la Administración no paga a 30 días lógicamente los proveedores no podrán pagar a 60 días, pero nosotros creemos que dentro de dos años, afortunadamente, esta situación económica va a ser totalmente diferente a la que estamos atravesando en estos momentos y, por este motivo, vamos a facilitar también que el Instituto de Crédito Oficial pueda proveer recursos suficientes para que nuestras administraciones públicas -básicamente los ayuntamientos- tengan recursos, si quieren ir por esta vía, para poder atender sus compromisos en este escalonado de plazos que hemos previsto en esta proposición de ley. Por tanto, señorías, yo diría que es un día de gran satisfacción para todos los grupos parlamentarios que, sin exclusión, han colaborado intensamente en la redacción de esta proposición de ley. Finalmente estimamos, deseamos y queremos -seguramente será así-, para poder finalizar y que llegue a buen puerto una ley tan importante como la actual, contar con la complicidad del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Madrazo Díaz.


La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, nos encontramos hoy en la última fase de tramitación de la proposición de ley de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En el Grupo Parlamentario Popular hemos visto desde el principio con muy buenos ojos esta proposición de ley presentada por CiU porque pretende atajar uno de los principales problemas que padecen hoy nuestras empresas, especialmente nuestras pequeñas y medianas empresas, y nuestros autónomos. Las empresas no venden sus productos o servicios como consecuencia de la actual crisis económica, pero además de no venderlos

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tienen un alto índice de morosidad en el cobro de sus facturas, lo que les hace padecer graves problemas de tesorería y liquidez que se ven agudizados por la sequía crediticia de nuestros mercados financieros. Las consecuencias son de todos conocidas: cierre de miles de empresas y destrucción de puestos de trabajo. Por ello mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, se alegra hoy de que por fin esta proposición de ley finalice su tramitación y pueda entrar en vigor lo antes posible, porque mejorará sustancialmente los plazos de pago entre las empresas del sector privado así como los plazos de pago en las relaciones entre el sector privado y las administraciones públicas.


Señorías, España no se puede permitir que en la actual situación de sequía crediticia nuestros plazos de pago no sean razonables y acordes con las prácticas de nuestros vecinos europeos, porque eso nos hace ser menos competitivos. España es después de Grecia el segundo país de Europa donde más se tarda en pagar; el plazo medio de pago en el sector privado está actualmente en 98 días, frente a los 57 de media en el ámbito europeo, y en el sector público nos movemos en 139 días de plazo de pago, cuando la media en Europa se establece en 67 días. Esta es la realidad, la economía real; esta es la triste realidad que están atravesando nuestras empresas al sufrir una situación de asfixia financiera provocada por impagos crecientes, aumento del plazo de cobro de sus deudas y restricción crediticia. Por ello mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, desde el primer momento apoyó esta importante iniciativa y ha hecho junto con el resto de grupos grandes aportaciones para mejorarla. Gracias a ese espíritu positivo y fruto de la negociación con el grupo proponente conseguimos incorporar a su paso por la Comisión de Industria del Congreso tres importantes enmiendas transaccionales. En primer lugar, señalamos un plazo máximo de 60 días en el sector privado de pago comenzando a contarse desde la recepción de la mercancía; en segundo lugar, conseguimos eliminar la cláusula de: salvo pacto en contrario, que daba pie a establecer cláusulas abusivas frente a los pequeños empresarios, que eran los más vulnerables; y en tercer lugar, un calendario transitorio de aplicación razonable que supone la generalización de los 60 días a partir del 1 de enero de 2013, haciendo además extensibles todas estas medidas a la cadena de alimentación y recogiendo las aspiraciones del sector agrícola y ganadero.


Señorías, hoy finalizamos la tramitación de esta iniciativa con el debate y votación de las enmiendas del Senado. Nuestro grupo en el Senado, con el espíritu constructivo que nos ha animado desde el principio, consiguió transaccionar con el resto de grupos un conjunto de once enmiendas que han enriquecido y mejorado nuevamente el texto de la iniciativa y que son las que hoy vamos a debatir y votar. La nueva redacción incorporada por el Senado de la disposición única mejora y clarifica los plazos de pago en el sector agroalimentario, pero sobre todo consideramos de vital importancia desde mi grupo -así lo recogimos a través de una enmienda- la nueva disposición adicional que hace referencia a la creación a través del Instituto de Crédito Oficial de una línea de crédito directa y preferente dirigida a las entidades locales a fin de facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos. Señorías, estamos convencidos de que nuestros ayuntamientos necesitan de forma urgente y alarmante superar la etapa de asfixia financiera que atraviesan, y que está afectando muy negativamente a los pequeños empresarios y autónomos locales que no consiguen cobrar sus facturas.


No quisiera terminar mi intervención sin hacer una crítica de la actitud mantenida por el Grupo Socialista respecto a esta iniciativa de CiU a lo largo de su tramitación. Al contrario que mi grupo, el Grupo Socialista parece que nunca vio con buenos ojos esta iniciativa, ya que votó a regañadientes su toma en consideración cuando se vio obligado a ello porque se quedaba sólo una vez más en esta Cámara. Posteriormente, en una actitud claramente obstruccionista, fue retrasando su tramitación y cuando finalmente tuvo que fijar una fecha para su votación en la Comisión de Industria presentó unas enmiendas que eran de supresión, lo que eliminaba y dejaba en papel mojado la iniciativa de CiU. Por último, el Grupo Socialista ha sido el único que ha votado en contra de las tres enmiendas transaccionadas presentadas por el Grupo Popular en el Congreso, rematando su falta de interés con su voto en contra de todas y cada una de las transaccionales aprobadas por el Senado por amplia mayoría.


Una vez más, desde el Grupo Parlamentario Popular apelamos a su responsabilidad como Gobierno de España y les pedimos que no dejen pasar la oportunidad de resolver problemas urgentes de la economía real, de la economía que está en la calle, de la economía que produce, de la que genera actividad económica y crea riqueza y puestos de trabajo. Señorías, sin duda el paso que damos hoy tendrá una importancia fundamental para la supervivencia de nuestros pequeños y medianos empresarios y autónomos y también de los puestos de trabajo que ellos logran mantener con su esfuerzo diario.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Madrazo.


Antes de seguir adelante, señorías, quiero comunicarles que se encuentra en la tribuna de invitados una delegación de la Cámara de diputados de Túnez, encabezada por el primer vicepresidente de la Cámara, el señor Karoui. Queremos desearles una feliz estancia entre nosotros y que sea muy productiva. (Aplausos.) Muchas gracias.


Continuamos con el debate en el que estamos en este momento. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Larrosa Piqué.


El señor LARROSA PIQUÉ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hace ya un año que esta Cámara acordó tomar en consideración la proposición de ley que modifica las

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medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Hoy finaliza un proceso que ha resultado muy intenso, ilustrador, que nos ha permitido conocer y juzgar aún mejor el funcionamiento del sistema económico español y su comportamiento ante situaciones como la actual de crisis financiera y económica internacional. El Grupo Parlamentario Socialista ha venido defendiendo como principios generales de regulación de la actividad comercial la libertad contractual entre las empresas y la autonomía de la voluntad de las partes, porque creemos que es el mecanismo que menos distorsiona la actividad económica, principios que se encuentran en la inmensa mayoría de las legislaciones comerciales de la Unión Europea y previsiblemente en el contenido de la futura directiva de morosidad.


A lo largo de la tramitación de la proposición de ley en el Congreso y en el Senado las enmiendas que hemos presentado han ido en la línea de mejorar el texto original propuesto por CiU con la voluntad de garantizar una mayor seguridad jurídica a los operadores, dando una mayor coherencia a la legislación que se pretenda aprobar y muy especialmente buscando una efectiva protección para las pymes y los autónomos, que son los operadores más vulnerables. Muy a pesar de ustedes, señora Madrazo, nuestro grupo parlamentario ha sido el autor de todos los preceptos que regulan la morosidad en las administraciones públicas, como ya se planteaba en el anteproyecto de la ley de economía sostenible, de los preceptos que mejoran la consideración de las cláusulas abusivas, de los que establecen la indemnización de los costes de cobro, de los que incorporan la promoción de los códigos de buenas prácticas y que promueven la resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje. Fue el Grupo Socialista el que introdujo en esta Cámara el debate sobre la cadena agroalimentaria. Por tanto, falta a la verdad con lo que usted ha dicho hace un momento. La suerte que tenemos es que en los "Diarios de Sesiones" de la Comisión se verá quién presentó aquella enmienda transaccional que nosotros propusimos y que se votó y se debatió precisamente para exigir una mayor protección para los pequeños y medianos agricultores, que ha conducido a esta nueva disposición adicional.


También hemos defendido siempre, como dijimos en la conferencia que se organizó en el Ateneo de Madrid, que la norma debería ir acompañada de un paquete de medidas que permitieran garantizar su cumplimiento, puesto que fuimos los primeros en exigir al proponente que se adoptaran medidas para que esta ley fuera aplicable, eficaz y contundente. Hemos sido nosotros, los y las socialistas, los que sugerimos la necesidad de incorporar en las cuentas anuales la información de plazos de pago a proveedores dentro del nuevo sistema de garantías. Parece pero no hemos sido nosotros los que hemos introducido enmiendas que vienen a favorecer a las grandes empresas, por un lado con el café para todos, en contra del principio de discriminación positiva para las pymes y los autónomos, que es lo que planteábamos y que parece ser que el señor Canet aún no ha entendido -luego se lo volveré a explicar-, y por otro abriendo la puerta a la exclusión de determinados sectores como el sector editorial, abriendo posiblemente el paso a otras excepciones que deduzco se irán incorporando con el tiempo al sistema legislativo español, o dilatando los plazos para su aplicación como en el caso de las grandes constructoras, entre algunos ejemplos. Estas no son enmiendas socialistas, son enmiendas que han presentado entre otros los representantes del Grupo Popular.


Al margen de ello, recordarán también SS.SS. que en su momento fue este Gobierno el que incrementó los importes por los que puede operar el proceso monitorio hasta 250.000 euros. ¿Pueden quedar asuntos pendientes? Sin duda, quedan. ¿Qué es lo que nos sigue preocupando? Nos preocupa la repercusión que esta norma pueda tener en las relaciones comerciales con el exterior, como manifiestan algunos expertos y los representantes de algunas organizaciones de exportadores. Nos preocupa que las garantías que hemos propuesto sean efectivas y evitemos una judicialización de la vida económica en España. Deberemos observar las reacciones de determinados sectores con una alta estacionalidad, por ejemplo el sector valenciano del juguete para el que la norma quizá sea excesivamente rigurosa. Nos preocupa poder hacer frente a las situaciones de dominancia, tal y como nos ha manifestado la Asociación catalana de empresas familiares del retail. Debemos seguir trabajando para determinar un régimen sancionador general y no penalizar exclusivamente a un determinado sector -el de la distribución comercial- en un determinado espacio de relaciones -como en la cadena alimentaria-, y por ello vamos a hacer un verdadero seguimiento para conocer su grado de aplicación y estimular aquellas mejoras que sean necesarias para erradicar de una vez lo que hemos calificado como la cultura de la morosidad.


Respecto al debate de hoy mi impresión es que hay que tener un poco más de humildad. No se puede subir a la tribuna sin ser conscientes cada uno de su pasado. La legislación sobre morosidad, aún hoy vigente, fue acordada por todos los grupos parlamentarios -incluso algunos de sus ponentes están hoy en este hemiciclo-. Fue un gran paso, fue una ley del primer Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, sin embargo no tenía ningún precedente legislativo. No lo tenía porque, fíjense ustedes, cuando estuvieron gobernando en la última legislatura con mayoría absoluta aprobaron 166 leyes, de las que solo decayó una -insisto, solo decayó una-, la de morosidad, posiblemente porque el ministro de Economía de aquella época no tenía ningún interés en tirar adelante con esta iniciativa, y al final pasó lo que tenía que pasar, que la Comisión Europea presentó una demanda contra España precisamente porque ustedes no tenían ningún interés en regular la morosidad en España, cuando era un problema que ya venía derivado de la propia directiva desde el año 2000.
Fueron ustedes los demandados y fuimos nosotros los que solucionamos esta cuestión con la primera iniciativa en el año 2004 y que hoy volvemos a reconducir. (Aplausos.) Esta es la

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actitud del Grupo Popular respecto de este problema y del Grupo Parlamentario Socialista respecto del mismo problema. Por tanto, hay que saber defender las posiciones. Usted hace referencia a algunas de las enmiendas ¿Ustedes saben que han votado contra sus propias transaccionales en el Senado votando en contra de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista? Votan lo justo y votan lo contrario, y esto es algo que tendrían que reflexionar.


Termino. Hace unos días en un importante acto en Barcelona de pequeñas y medianas empresas el anfitrión se preguntó qué iba a hacer el Partido Socialista en este debate, y yo ahora le voy a responder. El Grupo Parlamentario Socialista hoy va a adoptar una actitud responsable. Este es el grupo que apoya a un gobierno que dialoga, que escucha, que toma nota y decisiones serias, muy serias. Hoy este grupo no va a estar solo, pero tampoco va a dejar solo al grupo proponente, especialmente en la votación de determinadas enmiendas complejas que levantan pasiones, señor Sánchez i Llibre. Todos somos conscientes de que esta iniciativa ha tenido una tramitación difícil, pero a partir de su publicación en el BOE esta será una ley del Reino de España, y el Grupo Socialista con el rigor y la exigencia de la ley va a ser el primero que va a contribuir a difundirla y a exigir su cumplimiento.


Agradezco la presencia de los representantes de las organizaciones empresariales, de los autónomos, de tantos y tantos sectores que me consta han dedicado durante todo este año sus enormes esfuerzos a conseguir este gran acuerdo. Les quiero decir expresamente que nosotros no pensamos en las elecciones, ni en España ni en Cataluña; nosotros pensamos que si de esta forma ayudamos a los autónomos y a las pymes a salir adelante, nosotros, los diputados y las diputadas socialistas, estamos con ustedes para generar empleo y para volver a crecer.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Larrosa.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY SOBRE SIMPLIFICACIÓN DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA ENTRE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL.
(Número de expediente 121/000049.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto VII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, en concreto el referente al proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta. Muy brevemente.


Apoyaremos esta modificación legal que se corresponde con una directiva europea que únicamente pretende simplificar el intercambio de información entre los servicios de inteligencia y los servicios policiales para la lucha más eficaz contra el delito.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Nosotros desafortunadamente no podemos apoyar el texto de este proyecto de ley, la parte orgánica que se debate hoy, que está conectada con la parte ordinaria que se debatió en la Comisión de Interior la semana pasada, no porque la ley no sea buena ni porque no se hayan incorporado abundantes enmiendas de mi grupo parlamentario que pretenden acoger y determinar mejor las funciones de la Agencia de Protección de Datos y la jurisprudencia constitucional protectora del derecho fundamental a la intimidad de las personas, sino porque hay un borrón en esta ley importante que no se resuelve bien desafortunadamente, señor ministro, que es el siguiente. Se habla de servicios de seguridad competentes, que son los beneficiarios o receptores de esta información que la ley configura en el artículo 4. En dicho artículo se establecen simultáneamente los mecanismos ordinarios a través de los cuales se circulará esa información de los servicios de inteligencia o de seguridad. Esa circulación utiliza dos vocablos cuando menos equívocos, señora presidenta, servicios normalizados y luego se refiere a dos: a Europol y a Eurojust. En tanto en cuanto los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, con su carácter de policía integral y que tienen competencias en materia de seguridad ciudadana y pueden funcionar como Policía judicial, no pueden acceder a esos canales de circulación de esta información normalizados en el artículo 4, siendo una reivindicación de mi grupo parlamentario la incorporación de la Ertzaintza y de los Mossos, de cualquier policía integral del Estado español, a estos canales de circulación -información relevante para las funciones de seguridad ciudadana de policías integrales, como son la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra, repito-, desafortunadamente vamos a tener que votar negativamente a un proyecto que no es más que la adición de una decisión marco de fecha 18 de

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diciembre de 2006 y que está bien incorporada salvo con estas reservas mentales, que no son irrelevantes y le preocupan a mi grupo parlamentario.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


La pasada semana la Comisión de Interior con los votos favorables de mi grupo parlamentario aprobó con competencia legislativa plena el proyecto de ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. Se trata de un proyecto que con notable retraso incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la decisión marco del Consejo de 18 de diciembre de 2006, que se aprobó, tal como y se señala en la magnífica nota relativa al proyecto de ley realizada por una de las letradas de la Comisión, doña Raquel Marañón, para favorecer el cumplimiento de uno de los principales objetivos de la Unión Europea que no es otro que el de ofrecer a los ciudadanos el grado más alto de seguridad dentro de un espacio de Libertad, Justicia y Seguridad, y hacerlo a través de la cooperación entre los servicios de seguridad de los Estados miembros, todo ello naturalmente con respeto a los derechos humanos, la libertades fundamentales y el Estado de derecho. La globalización de la delincuencia, junto con la desaparición de las fronteras internas de la Unión Europea, requiere la adopción de instrumentos de cooperación entre los servicios de seguridad de los distintos Estados europeos, de manera que con seguridad, pero también con facilidad y rapidez, se pueda intercambiar la información necesaria para poder luchar con la máxima eficacia contra la delincuencia transfronteriza y mejorar en último término la protección de los ciudadanos. A ello obedece el proyecto de ley; un proyecto que dota de marco legal y regula los procedimientos necesarios para que un intercambio simplificado, rápido, eficaz y seguro de la información e inteligencia entre los distintos Estados sea posible y se superen así las carencias actuales. Ello se hace articulando que, a los efectos de la ley y por lo que a nuestro Estado se refiere, sean servicios de seguridad competentes tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y también el Servicio de Vigilancia Aduanera, tal como reza literalmente lo recogido en la disposición adicional primera del proyecto. Se hace, igualmente, sin menoscabo de las obligaciones relativas a la confidencialidad y a las prescripciones legales sobre protección de datos, como no podía ser de otra manera.


El señor Olabarría -las enmiendas de cuyo grupo parlamentario han incidido positivamente en poner en valor la actuación de la Agencia de Protección de Datos como tuteladora de la corrección de la información- nos pone de manifiesto la necesidad de que las policías integrales puedan formar parte de Europol y Eurojust. Esto es algo que nosotros, como grupo parlamentario catalán, como grupo de una comunidad con policía integral propia, también suscribimos y reivindicamos desde hace tiempo al igual que suscribimos y reivindicamos la equiparación en la edad y condiciones de jubilación y presentamos precisamente una enmienda al texto en este sentido. Valorando positivamente que estas reivindicaciones estén siempre presentes, esto no a ser obstáculo para apoyar la aprobación de un instrumento, de alguna manera impuesto por la Unión Europea, que tiene como finalidad última mejorar la protección de la ciudadanía. Nuestro voto fue positivo en la Comisión y hoy también lo será, puesto que el trámite que estamos viendo es complementario de la ley aprobada la semana pasada. Efectivamente, el procedimiento aprobado exige una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para determinar quién será competente -en este caso los juzgados centrales de instrucción- para tramitar las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial. Este es el único contenido del proyecto que hoy estamos viendo que, al ser modificación de ley orgánica, requiere los votos de la mayoría absoluta del Pleno de la Cámara.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ferrer Roselló.


El señor FERRER ROSELLÓ: Muchas gracias, señora presidenta.


Durante estas últimas semanas he tenido la oportunidad de trabajar junto con una analista de seguridad y defensa que me explicaba las nuevas autopistas de acceso de la cocaína a España y por supuesto a Europa. Me decía que en este momento los cárteles colombianos cargan la mercancía, la conducen hacia algún país del golfo de Guinea donde, con la amable cooperación de alguna autoridad local, un grupo mafioso del lugar se hace cargo de la misma, procede después a trasladarla hasta el Sahel, donde la entrega a alguna de las franquicias de Al Qaeda, que a su vez se encarga de la protección del cargamento hasta la costas del Magreb, donde un último grupo mafioso se hace cargo de la misma y la conduce a Europa, vía España. Oyendo semejante historia espeluznante uno se da cuenta de que si en algún ámbito es clarísima la globalización es precisamente en el del crimen. Si en algún aspecto podemos hablar de cooperación internacional eficaz es evidentemente entre criminales. La agilidad en el intercambio de información entre las distintas policías y la cooperación en materia de inteligencia es una cuestión prioritaria y decisiva en

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esta lucha contra el crimen. En el proceso de elaboración del proyecto de trasposición de esta normativa comunitaria el Grupo Popular realizó dos aportaciones. En primer lugar, se trataba de asegurar la velocidad en el proceso de toma de decisión de los juzgados cuando el intercambio de información requiriera de la autorización judicial. En segundo lugar, era para nosotros una enorme preocupación asegurar que fuera la secretaría de Estado la que unificara todos los procesos y coordinara todas las cuestiones relativas a inteligencia y cooperación. Estas cuestiones han sido amablemente recibidas por el grupo de la mayoría, por tanto apoyaremos de forma entusiasta el proceso.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ferrer.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González Serna.


El señor GONZÁLEZ SERNA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señores diputados, señoras diputadas, señor ministro, hoy vamos a aprobar una buena ley que, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, será muy útil para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es una ley que se inscribe en la política firme y decidida de este Gobierno de seguir haciendo de España un país cada día más seguro y que se convertirá, sin duda alguna, en un instrumento más en la lucha contra una delincuencia que se ha valido, que se ha aprovechado, de la supresión de las fronteras interiores en la Unión Europea para ampliar su ámbito de actuación.
Señorías, con su aprobación culmina la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de una directiva cuya finalidad no es otra que regular los mecanismos de intercambio de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.


Esta ley orgánica que, como se ha dicho, modifica a su vez la Ley Orgánica del Poder Judicial y que se une a la ley aprobada días atrás en la Comisión de Interior, ya remitida al Senado, constituye por tanto un conjunto normativo que está dirigido a promover, a facilitar y simplificar el intercambio rápido y eficaz de información e inteligencia entre los distintos servicios policiales de los Estados miembros de la Unión Europea. En ese sentido, haré con brevedad tres consideraciones al respecto. En primer lugar, y desde la óptica jurídica, se trata sin lugar a dudas de la creación de un marco jurídico común europeo dirigido a superar los obstáculos que de hecho suponen las estructuras administrativas y las normativas estatales hasta ahora diferenciadas; circunstancias estas que han constituido una grave limitación al intercambio rápido y eficaz de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de la Unión Europea. Además, mi grupo desea poner de relieve que la eficacia y la agilidad que se persigue para la cooperación policial y aduanera se encuentra en un preciso, en un riguroso equilibrio con el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en concreto con los derechos en materia de protección de datos de carácter personal. En segundo lugar, y desde la óptica sustantiva, estamos, señorías, ante una herramienta para favorecer la cooperación entre los servicios de seguridad de los Estados miembros que simplifica de forma notable los procedimientos de intercambio de información. En cuanto a su contenido concreto cabe decir que establece obligaciones precisas, relacionadas con la determinación de los servicios de seguridad, con el uso de formularios normalizados y también con el establecimiento de plazos breves y estrictos. En tercer lugar, desde la óptica política, esta ley, este conjunto normativo encaja a la perfección en el enfoque integral del Gobierno para mejorar la seguridad ciudadana en nuestro país y se viene a sumar a iniciativas como el endurecimiento de la respuesta penal a la criminalidad organizada y a la política desarrollada por el Ministerio del Interior dirigida a reforzar las plantillas, a aumentar los medios materiales a disposición de la Policía y la Guardia Civil, a aumentar la especialización policial y también a mejorar los mecanismos de coordinación entre las propias policías, iniciativas en definitiva que tan buenos resultados están ofreciendo en términos de reducción del número de delitos y faltas en nuestro país. Por tanto, señorías, cabe afirmar que con esta ley seguimos avanzando en el camino de fortalecer los mecanismos del Estado de derecho y los mecanismos al servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para seguir construyendo un país más seguro.


Acabo ya, señorías, agradeciendo el trabajo de todos los portavoces sin excepción, cuyo ánimo constructivo ha servido para perfeccionar el proyecto de ley remitido por el Gobierno. Agradezco también el valioso asesoramiento de las señoras letradas de la Comisión de Interior y reitero para finalizar la convicción del Grupo Socialista de que esta ley contribuirá a hacer una España más segura en el ámbito de una Europa también más segura.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor González Serna.


Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señora presidenta.


Brevísimamente, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios sus aportaciones a este proyecto de ley y también, por supuesto, su voto favorable en la práctica totalidad y señalar, como han hecho algunos portavoces, que esta es una ley importante, que la criminalidad moderna se caracteriza por su carácter transnacional, que es verdad que hemos levantado fronteras en Europa para construir un espacio de libre circulación de personas y mercancías, que las personas circulan, circulan las buenas y desgraciadamente también circulan algunas malas, y para evitar que esa circulación libre de personas se vuelva contra los países los Estados necesitamos

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cooperar policialmente y la cooperación policial más efectiva es el intercambio de información y de inteligencia, que es lo que pretende esta ley. Por tanto, como se ha señalado, esta ley pretende mejorar la eficacia del conjunto de las policías europeas para luchar contra el delito transnacional, sea criminalidad organizada, sea terrorismo, tráfico de drogas o cualquier otro. Quiero expresar por tanto mi agradecimiento a esta Cámara en nombre de las fuerzas de seguridad por un proyecto de ley que va a facilitar enormemente su trabajo.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro del Interior.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO. (Número de expediente 121/000059.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto VIII del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de ley de protección del medio marino. Para presentar ese proyecto en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, comparezco en esta Cámara para exponer en nombre del Gobierno -sustituyendo a la ministra de Medio Ambiente, que por razones evidentes, comprensibles para todo el mundo, se encuentra hoy en Asturias- las líneas, los objetivos y los principios que han llevado al Gobierno a elaborar un proyecto de ley de protección del medio marino como el que se discute esta mañana aquí. Como SS.SS. conocen, el medio marino constituye un patrimonio de incalculable valor que ha de ser protegido y conservado y si es posible mejorado con el objetivo fundamental de mantener la biodiversidad y preservar el dinamismo en nuestros mares y nuestros océanos.


Nuestros mares, señorías, no solo definen la condición peninsular e insular de nuestro territorio, sino que han contribuido a forjar nuestra propia historia y nuestra cultura, han sido fuente de vida, sustento de múltiples poblaciones y vehículo de desarrollo del comercio, de la navegación y también del conocimiento. Ello nos obliga a conciliar la protección y conservación de los valiosos recursos de nuestros mares con el desarrollo de actividades económicas y la defensa de intereses sociales de las generaciones presentes, también de las futuras, todo ello bajo un enfoque ecosistémico en defensa de un desarrollo sostenible. A tal fin debemos priorizar la consecución de un buen estado ambiental del medio marino trabajando en su protección, en su conservación y evitando en todo caso su deterioro. En este sentido, la Directiva marco sobre la estrategia marina establece que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para lograr o mantener un buen estado ambiental del medio marino a más tardar en el año 2020. Esta directiva introduce en el ámbito comunitario la obligación de lograr un buen estado ambiental de las aguas marinas europeas mediante la elaboración de estrategias marinas con el objetivo de mantener la biodiversidad y de conseguir que los mares sean limpios, sanos y productivos.


España, cumpliendo la obligación de trasponer antes del 15 de julio de 2010 esta Directiva por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino, la incorpora a través de este proyecto de ley a nuestro derecho, al derecho español. Existe una legislación española que tiene un cierto número de disposiciones sectoriales con el medio marino derivadas, entre otras cosas, de convenios internacionales, pero hasta este momento se carecía de un marco normativo uniforme y completo que pudiera garantizar la articulación de las actividades humanas en el mar, de manera que no se comprometiera la conservación de los ecosistemas marinos, y todo ello de acuerdo con un enfoque sistémico al que me refería anteriormente. Por tanto, el proyecto de ley incorpora medidas adicionales de protección no reguladas, no establecidas hasta ahora, de manera que proporciona un marco general para la planificación y la protección del medio marino, garantiza una mayor seguridad jurídica y administrativa y permite, en fin, avanzar en el desarrollo, desde un punto de vista medioambiental, de una política marina integrada. En cuanto a su ámbito de aplicación, es aquel sobre el que el Estado ejerce su soberanía o jurisdicción en esta materia, en materia de medio marino, es decir el mar territorial, la zona económica exclusiva en el Atlántico y en el Cantábrico, la de protección pesquera del Mediterráneo y la plataforma continental, incluida la plataforma ampliada. En el caso de las aguas costeras y dado que la aplicación de la Directiva-marco del Agua ya contempla la garantía de la consecución de su buen estado, esta ley solo se aplicará en los aspectos de la protección o la planificación del medio marino que no se hayan contemplado en los planes hidrológicos de cuenca.


Señorías, como les decía al principio de mi intervención, el objetivo básico de la presente ley es lograr un buen estado ambiental del medio marino mediante la creación de las estrategias marinas, de la red de áreas marinas protegidas y con la incorporación de criterios medioambientales en los usos del medio marino -vertidos, colocación de materias sobre el fondo, etcétera-. Las estrategias marinas a las que acabo de referirme son instrumentos esenciales para la planificación del medio marino y se elaborarán específicamente para cada demarcación con los siguientes objetivos: en primer lugar, proteger y preservar el medio marino; en segundo lugar, recuperar los ecosistemas marinos; en tercer lugar, prevenir

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y eliminar progresivamente la contaminación del medio, en definitiva, políticas sectoriales que pueden afectar al medio marino y que sean compatibles y se adapten a las correspondientes estrategias. Es por ello por lo que todos los departamentos ministeriales, así como las comunidades autónomas con competencia sobre la materia, deben participar en todas las fases de elaboración y por supuesto de aplicación de estas estrategias.


Señorías, como saben, las demarcaciones marinas son subdivisiones que constituyen el ámbito espacial español y se han delimitado teniendo en cuenta regiones y subregiones marinas y las particularidades hidrológicas, oceanográficas y biogeográficas de cada zona marina, de forma que se garantice una planificación adecuada y completa en cada un de ellas. Así, en el proyecto se establecen cinco demarcaciones marítimas: noratlántica, suratlántica, del Estrecho y Alborán, levantino-balear y, finalmente, una canaria. No obstante, se determinan una serie de criterios de planificación aplicables a todas las estrategias y se faculta al Gobierno para dictar directrices comunes sobre determinados aspectos, de forma que se garantice la coherencia de todos los instrumentos existentes para la planificación del medio marino en España.


Las estrategias marinas consisten en la elaboración de una serie de tareas consecutivas que debe realizar cada una de las demarcaciones a las que me vengo refiriendo. La primera de estas tareas es la evaluación inicial del estado marino. La segunda es la determinación de lo que denominamos el buen estado ambiental. El tercer paso es el establecimiento de una serie de objetivos ambientales enfocados a lograr el buen estado ambiental que previamente se ha definido. El cuarto es el establecimiento de un lógico programa de seguimiento. Por último, se debe elaborar y aplicar un programa de medidas para alcanzar los objetivos de buen estado ambiental comprometidos.


La elaboración de la estrategia -que incluye como he dicho un programa de medidas- se llevará a cabo mediante real decreto previo informe de departamentos y comunidades autónomas afectados, previo informe también del Consejo Asesor de Medio Ambiente y de la conferencia sectorial correspondiente y una vez cumplidos por supuesto los correspondientes trámites de información pública. Es importante que destaquemos que en todas las fases de elaboración de la estrategia la ley garantiza la participación de las comunidades autónomas en la medida en que afecte a sus competencias, así como lógicamente el seguimiento de su aplicación, un seguimiento que se realiza de acuerdo con el proyecto de ley a través de la creación de una serie de comités de seguimiento de estrategias marinas para cada una de las demarcaciones, que estarán integrados por representantes de la Administración estatal y autonómica con competencias en la ejecución de la estrategia. Asimismo la ley establece los mecanismos de coordinación y cooperación necesarios para alcanzar los objetivos de protección del medio marino en un marco de pleno respecto a las competencias atribuidas a cada una de nuestras comunidades autónomas.


Señorías, en el proyecto de ley que hoy traemos a debate, además de incluirse los principios y mecanismos generales para la planificación del medio marino, se abordan ciertos aspectos más concretos de protección de dicho medio que por su desarrollo técnico y por su complejidad merecen una regulación específica. Se trata de aspectos regulados por convenios internacionales de los que España es parte y que todavía no habían sido incorporados a nuestro derecho interno. Así, en el marco del Convenio sobre diversidad biológica, los Estados tienen la obligación de crear redes coherentes de áreas protegidas tanto terrestres como marítimas.
España, mediante la Ley 42/2007, de patrimonio natural y de biodiversidad, ha creado la figura de área marina protegida como una de las categorías de espacios naturales protegidos y determina que estas se integrarán en la red de áreas marinas que hasta ahora no se había regulado. Este proyecto crea formalmente esta red, establece cuáles son sus objetivos, los espacios que la conforman y los mecanismos para su designación y su gestión. En esta red se podrán integrar, además de espacios protegidos y reservas marinas de competencia estatal, espacios cuya declaración y gestión sea competencia autonómica y zonas protegidas al amparo de la legislación autonómica pesquera a propuesta por supuesto de la comunidad autónoma afectada. Teniendo en cuenta esta posible inclusión, el proyecto de ley prevé que las comunidades autónomas litorales competentes, en colaboración con la Administración General del Estado, elaboren la propuesta de criterios mínimos comunes para una gestión coordinada y coherente de la red de aguas marinas protegidas en España, que aprobará la correspondiente Conferencia sectorial de medio ambiente.


El tercer elemento clave de protección que se crea en este proyecto de ley -además de las estrategias marinas y de la red de áreas marinas protegidas a las que acabo de referirme- son las normas medioambientales en los usos del medio marino. A este respecto se establecen en el proyecto disposiciones sobre vertidos desde buques y aeronaves al mar, la incineración en el mar y la colocación de materias sobre el fondo marino.
Son tres aspectos que se regulan en el texto de ley que vengo defendiendo y todo ello de acuerdo con el Convenio de Barcelona para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo, el Convenio Ospar sobre la protección de medio ambiente marino del Atlántico nordeste y el Convenio de Londres sobre la prevención de la contaminación del mar por vertido de desechos y otras materias.


Señorías, nos encontramos ante la trasposición de una directiva que es una excelente oportunidad para, a la hora de incorporarla a nuestro derecho interno, crear un marco general para la protección del medio marino.
Debemos también tener en cuenta la necesidad de que su trasposición se lleve a cabo a través de una norma con rango

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de ley, ya que vamos a afectar a materias tales como el dominio público y vamos a limitar actividades reguladas por la legislación sectorial. Es importante también tener en cuenta que el proyecto de ley garantiza la articulación coordinada de las actividades humanas en el mar y que van a verse afectadas determinadas competencias sectoriales de las comunidades autónomas, por lo que se consideró necesaria una norma con este rango.


Con carácter general, señorías -voy terminando-, se puede determinar que las estrategias marinas serán públicas y vinculantes para todas las administraciones públicas. Así, el Estado dictará la legislación básica necesaria para dar efectividad a los principios y medidas de estas estrategias y esta legislación se desarrollará por las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos de gestión y en aplicación lógicamente de sus competencias propias. La aprobación de la presente ley no supone un impacto económico directo negativo en las actividades que tienen lugar en el medio marino, en tanto en cuanto se regula la elaboración y contenido de un instrumento de planificación que ha de asegurar la viabilidad y la sostenibilidad de la misma. De esta manera, vamos a promover un uso racional y sostenible del mar, garantizando además su conservación. Estamos pues ante un proyecto de ley que redundará en beneficio de la actividad económica del país, con la necesaria e imprescindible salvaguarda de protección de nuestro medio ambiente y la aplicación, como no podía ser de otra manera, de la legislación internacional y comunitaria en la materia, a la que está obligado nuestro país.


Señorías, quiero remarcar el escrupuloso respeto que se hace al reparto competencial e igualmente a la legislación y convenios internacionales en la materia objeto de esta regulación. Estamos en definitiva ante un proyecto de ley que se dicta al amparo del artículo 149.1.23ª de la Constitución española, que establece la competencia del Estado en la legislación básica sobre protección del medio ambiente. Quiero asimismo destacar al final de mi intervención el hecho de que todas las comunidades autónomas han participado en su tramitación, así como que el proyecto fue presentado ante la Conferencia sectorial de medio ambiente en diciembre de 2009 y se remitió a las comunidades autónomas para observaciones y comentarios.


Durante el proceso de participación pública ha recibido asimismo las aportaciones de los principales organismos públicos y privados, así como de los distintos agentes económicos y sociales relacionados con el medio marino. El día 10 de diciembre, como decía, se presentó ante el Consejo Asesor de Medio Ambiente y cuenta naturalmente con el dictamen favorable del Consejo de Estado. Creemos por tanto que se han atendido las sugerencias de las organizaciones ambientales y ecologistas y que hemos incorporado observaciones y propuestas de las comunidades autónomas implicadas en el mismo. En conclusión, señorías, estamos ante una ley que supone un instrumento marco para asegurar un buen estado ambiental de nuestro medio marino, de modo que se garantice un correcto funcionamiento y un uso sostenible de sus recursos naturales y económicos y todo ello manteniendo los bienes y servicios ambientales que el mar viene prestando al hombre desde el origen de los tiempos. Estoy convencido de que durante su debate parlamentario, a través del diálogo y del consenso, podemos mejorar su contenido en función de las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios que integran esta Cámara. Tendremos pues la oportunidad de crear un marco de seguridad y de futuro para nuestro medio marino que haga posible la preservación de la biodiversidad, de las actividades socioeconómicas que en él se desarrollen y por eso, en nombre del Gobierno, les agradezco de antemano el esfuerzo que, estoy convencido, van todos ustedes a realizar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas Gracias, señor ministro.


A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas de totalidad por parte de fuerzas integrantes del Grupo Parlamentario Mixto, que van a compartir su tiempo de turno en contra. En primer lugar tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.


Señor ministro, señorías, a nadie se le escapa que un proyecto de ley de protección del medio marino como el que hoy debatimos merece la enmienda global de los diputados canarios y digo canarios en su expresión más amplia, no solo refiriéndome a los miembros de Coalición Canaria. Merece la enmienda global, total, no solo de los canarios, sino de todo aquel diputado o diputada que sea consecuente con lo que aprendió de pequeño en la clase de geografía y con lo que constató y aprobó esta misma Cámara cuando en 1996 votó la última revisión del Estatuto de Autonomía de Canarias, que sí eleva a la categoría legal y jurídica lo que es común en la calle, en los diccionarios y en los manuales de geografía, porque hace catorce años este Congreso volvió a elevar a la categoría de normal lo que a nivel de calle es completamente normal, como dijera el gran Adolfo Suárez en 1978 cuando se empeñó en devolver a este país a la senda democrática, cuando se empeñó en que las leyes de este Parlamento no fueran contra el sentido común ni contra la verdad que enseña la ciencia.


He querido dar este pequeño rodeo para llamar la atención de SS.SS. sobre el despropósito semántico y jurídico que supone a estas alturas del siglo XXI no considerar a Canarias como un archipiélago sino como siete islas y seis islotes más pequeños, que se hallan más o menos cercanos en la inmensidad del Atlántico. ¿Qué les parecería a SS.SS. si habláramos de España no como un país sino como el conjunto geográfico que forman diecisiete comunidades, dos ciudades autónomas o cincuenta y dos provincias? Si esto lo consideran un auténtico sinsentido, por decirlo suavemente y no calificarlo

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de disparate, ¿por qué se empeñan los redactores de los proyectos de ley en considerarnos como siete islas separadas y no como un archipiélago, conjunto de islas y del mar que las une? ¿Es que tenemos que demostrarlo cada año? ¿Es que no nos ven sus ojos en el mapa? ¿Es que han aparcado su memoria?

Si escarbamos solo un poco, enseguida nos damos cuenta de lo que ocurre.
Cuando quieren violentar la más elemental geografía, lo que quieren en realidad es diluir, quitar significado político y jurídico a la concepción de Canarias como archipiélago, que así se contempla y define en el Estatuto de Autonomía modificado en 1996. ¿Por qué ese empeño en desandar lo andado? ¿Por qué ese empeño en mantenernos a los canarios segregados en siete islas como en siete jaulas y no en un ámbito común de mar y tierra? ¿Por qué ese empeño en fraccionar la integridad de Canarias? ¿Acaso no está la mayoría de esta Cámara a favor de la integridad española? ¿Por qué les preocupan tanto los secesionismos en el norte y propician la fragmentación en el sur? Es un sinsentido, señorías, que sigan considerándonos una relación de islas y no un archipiélago, un conjunto integrado de tierra y mar. ¿Acaso están al margen las comunidades autónomas de los ríos que las cruzan? No tengo que responder a toda esta retahíla de preguntas porque las respuestas, señorías, están en sus cabezas, y si hubieran olvidado las lecciones de geografía, conservan un agudo sentido común, como también lo preservan en la Cámara Alta, donde el más veterano senador de Coalición Canaria, Victoriano Ríos, mantuvo durante muchos años una noble y sentida lucha en pro el reconocimiento de las aguas canarias y, por lo tanto, de la integridad archipielágica de Canarias.


Concluyo. Desde Coalición Canarias les apelamos a que sean coherentes entre lo que piensan y lo que votan. Si creen que somos un archipiélago, no consoliden con sus votos la disgregación a que nos somete esta ley.
Sean consecuentes. No basta con ser coherentes. Nosotros vamos a serlo.
Sobraría con apelar a la razón fundamental que les he explicado, pero en el texto de nuestra enmienda a la totalidad se detallan los argumentos jurídicos y políticos que nos avalan y que no les voy a repetir. Ningún canario puede votar a favor de esta ley sin sentir que está violentando su Estatuto de Autonomía. Ningún diputado español puede apoyar esta ley en sus términos sin sentir que está ignorando el bloque de constitucionalidad y, lo que es peor, consolidando la desunión y la fragmentación de los canarios. Si las razones antedichas no les convencen, aspiro a que, al menos, su sentido de la justicia les mueva y les conmueva a votar con nosotros esta enmienda a la totalidad al proyecto de ley de protección del medio marino.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Perestelo.


Para defender la segunda enmienda de totalidad del mismo grupo parlamentario, el Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, si el Bloque Nacionalista Galego ha presentado esta enmienda de devolución es porque considera que la densidad de la normativa, de las disposiciones contenidas en este proyecto de ley vulneran de alguna manera el orden estatutario de distribución de competencias. Lo cierto es que los aspectos regulados en el presente proyecto no tienen en cuenta en ningún momento el ámbito competencial autonómico y exceden de lo que el Tribunal Constitucional entiende por legislación básica como sobreprotección del medio ambiente, dejando muy poco espacio sustantivo a la normativa de desarrollo por parte de las comunidades autónomas, además de invadir o mediatizar competencias autonómicas en materias relacionadas con espacios naturales, pesca en aguas interiores o investigación, atribuidas en concreto a la Comunidad Autónoma de Galicia por el artículo 27 de su Estatuto de Autonomía.
Además, señorías, en aquellos puertos del Estado no declarados de interés general -122 en el caso gallego- la titularidad de los mismos le compete a la comunidad autónoma -en este caso Galicia-.


Por otra parte, como ya ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, la titularidad del dominio público no es criterio de delimitación competencial ni impide el ejercicio concurrente de competencias, habiéndose llegado a admitir que se ejerzan competencias autonómicas sobre el mar territorial, lo que se ha recogido en los artículos 6, 32 y 36 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, que no obstante ha sido objeto de varios recursos de inconstitucionalidad por parte de varias comunidades autónomas por invasión competencial en otras materias reguladas por el mismo. Sin embargo, señorías, sin tener en cuenta estas cuestiones, el Gobierno presenta este proyecto que limita las competencias autonómicas sobre el medio marino, tanto las ejecutivas como las de desarrollo normativo, y que supone dar marcha atrás con relación a otros textos legislativos relativos al medio ambiente más respetuosos con dichas competencias, olvidándose de que el éxito de la ley de protección del medio marino depende en gran parte de que se consiga una adecuada integración de las actuaciones de las diferentes administraciones con competencias en el espacio marino, tanto en la elaboración de las estrategias como en su desarrollo y ejecución. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

En definitiva, señorías, el Bloque Nacionalista Galego defiende la devolución de este proyecto de ley al Gobierno por la invasión de competencias autonómicas en materias relacionadas con la protección del medio ambiente y el medio marino, lo que provoca una involución con respecto a la coordinación y cooperación interadministrativa

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que resulta incuestionablemente necesaria en esta materia. Más que perseguir la protección del medio ambiente marino, este proyecto de ley, desde nuestro punto de vista, pretende asegurar para el Estado capacidad de decisión e intervención sobre ámbitos muy reservados a las comunidades autónomas.


Somos conscientes, señorías, señor ministro, de que el proyecto es además una trasposición de la directiva europea, pero entendemos que se pudo aprovechar este momento para profundizar justamente en esos espacios competenciales autonómicos como son por ejemplo las aguas interiores o las aguas de litoral. Desde el Bloque Nacionalista Galego no solamente hemos defendido siempre aquellas que ya son competencia de la comunidad autónoma, sino también la ampliación de esas competencias, porque creemos que sería positivo para la protección del medio marino. Por eso, señorías, señor ministro, señor presidente, mantenemos esta enmienda de devolución.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Para fijar la posición por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidente.


De forma breve y concisa, desde el escaño, entendemos parte de los planteamientos que nos trae aquí Coalición Canaria y el BNG. Existen elementos competenciales donde la ley sería más que discutible, pero a su vez creemos que la ley es importante, es necesaria y se tiene que tramitar, ya que lo que va a suponer -tiene que suponer- es una mayor protección del medio marino, por tanto debe tramitarse. ¿Qué esperamos del debate de hoy? Un compromiso, en este caso del portavoz del Grupo Socialista, para que la ley, en todos los elementos que son controvertidos desde la perspectiva autonómica, mejore sustancialmente y su tramitación sea absolutamente escrupulosa para que finalmente haya un respeto a la distribución competencial. Esperaremos a que la tramitación acabe para determinar si realmente el texto tiene nuestro apoyo o no lo tiene. Es la salvedad que nosotros queríamos hacer hoy y así lo quería trasladar. (El señor Díaz Díaz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Señor Díaz, ¿qué deseaba?

El señor DÍAZ DÍAZ: Deseo consumir un turno en contra de la enmienda.


El señor PRESIDENTE: Tiene todo el derecho su S.S. a utilizar un turno en contra. Lo único que ocurre es que no se ha comunicado por parte de su grupo parlamentario, pero en este momento tiene la palabra para consumir un turno en contra de la enmienda.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, después de la exposición del señor ministro, que nos ha sorprendido, por lo menos a nosotros, por su amplitud y claridad, este diputado no se veía obligado a intervenir, pero me parece una cortesía parlamentaria que los señores diputados conozcan la posición del grupo del Gobierno antes de pronunciarse sobre las enmiendas de totalidad.


En principio, tengo que decir que es una satisfacción que las dos enmiendas de totalidad que se están planteando afecten únicamente a temas competenciales así como que el conjunto de las enmiendas vaya en esa dirección. Esto quiere decir que hay una conciencia general en esta Cámara, como no podía ser de otro modo, con relación a la defensa y conservación del medio marino. Estamos ante una ley fundamentalmente conservacionista, como ya se dijo, y su objetivo básico es lograr un buen estado ambiental del medio marino mediante la creación de estrategias marinas, de la red de las marinas protegidas y de la incorporación de criterios ambientales en los usos del medio marino, es decir, vertidos, colocación de materiales sobre el fondo marino, etcétera. El ámbito de aplicación de esta ley es muy ambicioso porque también lo son las aguas sobre las que hay que actuar. Estamos hablando de una ley que debe actuar sobre todas las aguas en las que el Estado ejerce su soberanía y su jurisdicción.


Para centrarme en el tema claramente competencial, reiterando lo que ha dicho el ministro del Interior, que ha presentado este proyecto, tengo que decirles que estamos ante un proyecto de ley que se dicta al amparo del artículo 149.1.23ª de la Constitución española, que establece las competencias del Estado en la legislación básica sobre la protección del medio ambiente, artículo del que también derivan las competencias de las comunidades autónomas. De este modo corresponde al Estado dictar la legislación básica necesaria para dar efectividad a los principios y medidas de las estrategias, legislación básica que se desarrollará por las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos de gestión y en aplicación de sus competencias propias.


Con relación a las sentencias del Tribunal Constitucional, señora Fernández Davila, podríamos utilizar muchas. Nosotros vamos a tomar como elemento de autoridad la sentencia del Tribunal Constitucional 102/95, que señala, entre otros supuestos, que justifica con carácter excepcional el ejercicio por parte del Estado de actos ejecutivos en materia medioambiental, que no sea posible el fraccionamiento en la actividad pública ejercida, siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación y coordinación, razón por la cual requiere un grado de homogeneidad que solo se puede garantizar por una ley de bases.


Señorías, sabemos que las corrientes marinas, los vertidos o la fauna, no tienen un territorio fijo de impacto

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y actuación, salvo excepciones muy puntuales. Hay que tratar de homogeneizar las actuaciones, como recomienda la directiva, respetando el reparto competencial del Estado de las autonomías. Creemos que el texto presentado es respetuoso con las competencias autonómicas. No obstante, nos comprometemos a actuar con racionalidad y respeto. Por ello, pido al BNG y a SS.SS. que confíen y que entiendan que esta ley, en lo que respecta al Grupo Socialista, va a ser respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas. Entendemos, por otra parte, que Coalición Canaria utilice todos los medios para llamar la atención sobre un problema de una gran parte de los canarios, la reivindicación de que se aplique al archipiélago canario lo aprobado en la Convención de Naciones Unidas sobre derechos del mar del año 1982, ratificado por España en febrero de 1997, para Estados archipielágicos. De poder aplicar esta normativa, todas las aguas interinsulares serían competencia de la comunidad autónoma, pero la aplicación de la resolución de Naciones Unidas no parece tan fácil. Está pensada para Estados archipielágicos y ese no es el caso. Hay un problema en esta enmienda que creemos que desborda el ámbito de esta ley, que tiene un alcance limitado, conservacionista y de recuperación del medio marino, sin entrar en delimitaciones de aguas. De todos modos, en esta Cámara existe una proposición de ley en tramitación, para dar salida al problema; no es un tema fácil, pero tampoco debe ser imposible. La redacción actual es que el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Canarias no alude a los espacios marítimos como parte del territorio de la comunidad autónoma. No podemos abordar este aspecto, señor Perestelo, pero estamos dispuestos a estudiar con cariño todas las enmiendas de Coalición Canaria. Por lo demás, reitero el compromiso con el problema que plantean y que nuestros compañeros canarios también comparten.


Estamos, señorías, ante un proyecto de ley muy trabajado, en el que, como se dijo, ha habido una amplia participación y audiencia, un proyecto que tiene el dictamen favorable del Consejo de Medio Ambiente y el dictamen favorable del Consejo de Estado. Solicito, pues, el voto positivo a una ley que pretende trasponer una directiva comunitaria para proteger un patrimonio muy valioso, que ha de ser conservado y, cuando sea viable, rehabilitado con el objetivo final de mantener la biodiversidad en unos océanos limpios, sanos y productivos. Por eso, es importante el mayor consenso para que la ley avance con la mayor fuerza, en aras de que todos impulsemos su cumplimiento. Superemos este trámite para que, con la generosidad de todos, nos pongamos a trabajar para mejorar el proyecto que en nombre del Grupo Socialista me corresponde ahora defender.


Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Joseba Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, señoras y señores diputados, el proyecto de ley de protección del medio marino, como bien saben ustedes, deriva, como otros muchos, de la trasposición de una directiva europea que en materia medioambiental marca unas pautas muy claras y precisas. Evidentemente, podríamos hablar largo y tendido sobre los contenidos específicos del modo en que el Gobierno ha interpretado esta materia a la hora de redactar el proyecto de ley, pero creo que tendremos oportunidad de hacerlo cuando tratemos las muchas enmiendas que mi grupo, y otros grupos también, han introducido en este texto. Porque lo que hoy debatimos, creo yo, es si apoyamos o no sendas enmiendas a la totalidad que tanto Coalición Canaria como el Bloque Nacionalista Galego han presentado, con la consiguiente solicitud de que el texto sea devuelto al Gobierno.
Llevamos mucho tiempo con este proyecto entre manos. Primero, por la constante ampliación de plazos, luego porque se introducía y se retiraba del orden del día. Total, que se ha demorado mucho y el estudio y debate de este proyecto se ha alargado en el tiempo.


Dicho esto, quiero dejar constancia de la posición de mi grupo en torno a este proyecto de ley. En primer lugar, nosotros, como es bien sabido, no hemos presentado enmienda a la totalidad porque creemos que aquellas cuestiones en las que mi grupo discrepa frontalmente se pueden equilibrar cuando se traten las enmiendas parciales y estas sean aceptadas o no, momento en el cual decidiremos nuestra posición, pero no porque estemos de arriba abajo de acuerdo con el contenido y sobre todo con la interpretación que hace el Gobierno de la titularidad competencial en este ámbito y en otros. Entendemos y compartimos los criterios por los que tanto Coalición Canaria como el BNG han presentado sus enmiendas de totalidad. Creemos que, tal y como ha explicado el portavoz de Coalición Canaria, en el caso del archipiélago canario, la interpretación que este proyecto de ley hace -por lo tanto el Gobierno hace- de su ámbito competencial es flagrante y contradictoria con la Constitución, con el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Canarias e incluso con la jurisprudencia existente en esta materia. Y no será el Grupo Vasco quien dé la espalda a esta demanda de los compañeros canarios y gallegos. No solo en este proyecto de ley, casi en todos -dejemos una posibilidad en el aire y no digamos que en todos-, el Gobierno aprovecha -como anteriormente he escuchado al compañero Pere Macias con ocasión de otro proyecto de ley- que el Pisuerga pasa por Valladolid para adjudicarse de iure todas las competencias que en esa materia hubiere.


Creo que no es necesario realizar el ejercicio pedagógico de diferenciar titularidad y competencia en una materia, cosa que el texto confunde o considera como sinónimos porque -ya entrando en materia- este proyecto de ley tiene carencias definitorias muy importantes que espero que se subsanen en la fase de

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enmiendas. Porque no es un proyecto atrevido del todo, como debería ser, y tampoco es muy responsable en algunas materias, deja demasiados flecos en el aire. Tres son los bloques fundamentales que mi grupo ha enmendado. El primero, el competencial, en el que no voy a extenderme porque creo que ya se ha hablado demasiado; no solo de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, sino incluso en las que algunos municipios pudieran tener en esta materia. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) El segundo, el apartado de la no limitación de responsabilidad, que mi grupo considera importantísimo. En materia medioambiental no hay límite de responsabilidad, eso es algo que tiene que estar clarísimo. Por lo tanto el daño creado en el medioambiente ha de pagarse en su totalidad y creo que el vertido existente en estos momentos en el Golfo de México es bastante clarificador de lo que tiene que ser; también está el caso del Prestige, que bastante ejemplo nos debió dar. Y, tercero, el caso del concepto de vertido. Nosotros discrepamos de lo que dice el texto original; no es una cuestión de si la misma responsabilidad penal tiene en caso de vertido accidental o no accidental. El concepto de vertido es el que creemos que en el texto está interpretado de una manera que nosotros no compartimos.
Recurramos si no al Convenio marítimo de Montego Bay de 1982, que dice claramente cuáles son las responsabilidades penales o no penales en caso de vertido cuando es accidental o cuando no es accidental.


Dicho todo esto, estamos de acuerdo con casi el cien por cien del contenido de la ley, como no podía ser de otra manera, pero las partes en las que nosotros discrepamos son muy importantes. Esperamos que se solucionen en la fase de enmiendas, porque creo, y vuelvo a reiterarlo, que el problema de esta ley no está en sus contenidos, está en la facultad que el Gobierno se adjudica como único competente en esta materia y, además, creo que existen legislaciones, autonómicas, por ejemplo, que sí tratan estas cuestiones y que se han dejado de lado en muchos casos. Nos parece que esta ley puede ser mejorada, puede ser ampliada y sobre todo puede ser más valiente en planteamientos como los que he dicho. Puede ser un ejemplo que el Estado español asuma cuestiones que otros Estados ya tienen, como el no límite de responsabilidad o el concepto de vertido, entre otros.


Nuestro grupo apoyará las enmiendas a la totalidad en solidaridad con los compañeros gallegos y canarios. Entendemos perfectamente su posición y, como creemos que la devolución no saldrá adelante, en la fase de enmiendas intentaremos que se mejore la ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el proyecto de ley que hoy inicia su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados tiene un objetivo básico, que es la trasposición de la directiva por la que se establece un marco de acción comunitario para la política del medio marino. En definitiva, se trata de dar cumplimiento a la directiva marco sobre la estrategia marina. Se introduce en el ámbito comunitario la obligación de conseguir un buen estado ambiental de las aguas marinas europeas mediante la elaboración de estrategias marinas, para mantener la biodiversidad y preservar la diversidad y el dinamismo de unos océanos y mares que sean limpios, sanos y productivos. Es verdad que, aunque el Estado español dispone de cierta legislación al respecto, carece de un marco normativo uniforme y completo. Por tanto, esta ley, además de constituir la trasposición, debería constituir el marco general para la planificación del medio marino, con el objetivo de conseguir su buen estado ambiental.


El ámbito de aplicación de la ley es: aguas, lecho marino, subsuelos situados más allá de la línea de base que sirven para medir la anchura de las aguas territoriales y que se extiende hasta el límite exterior de la zona en que el Estado miembro -también España- ejerza soberanía y jurisdicción, de conformidad con la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar. También están incluidas en estas aguas tanto el mar territorial como la zona económica exclusiva y la plataforma continental.
Esta ley, de hecho, solo se debería aplicar a las aguas costeras, incluido el dominio público portuario, si la regulación derivada de la Directiva-marco del Agua no es suficiente para garantizar el buen estado ambiental de esta parte del medio marino. Creo que de estas consideraciones se desprende la posición opuesta que ha mantenido el Grupo de Coalición Canaria, que nuestro grupo comprende perfectamente, porque se encuentra en el núcleo de su defensa competencial como comunidad autónoma.


Es evidente que la ley establece una serie de novedades, una de ellas es la creación de cinco demarcaciones marinas; podrían ser más o menos discutibles o imprecisas, habrá que trabajar sobre ello en la ponencia, caso de que la ley siga hoy su trámite, y ya anunciamos que nosotros vamos a hacer aportaciones en este aspecto. También establece mecanismos de coordinación y colaboración, puesto que se trata de un tema competencialmente complejo. Comprenderán las señoras y los señores diputados que no es ninguna novedad que reitere la posición que, por desgracia, mi grupo se ve abocado a expresar una y otra vez, en el sentido de que, como siempre, cuando se trata de trasponer una directiva, al legislador se le va la mano y, a nuestro entender, invade competencias autonómicas, dejando como único mecanismo de cooperación la Conferencia sectorial de medio ambiente, es decir: el Estado lo va a hacer todo y no se quejen ustedes, comunidades autónomas, puesto que ya las dejamos participar en el marco de la Conferencia

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sectorial de medio ambiente; además, para cada una de estas demarcaciones marinas ya habrá un comité de seguimiento, en el que podrán estar ustedes presentes en el marco de una macrocomisión, donde tendrán un asiento al sol para que no puedan quejarse de que no participan. Nuestra concepción del Estado de las autonomías, especialmente nuestra concepción de la Autonomía de Cataluña, no tiene nada que ver con esta concepción, que se repite, de que simplemente se reserve un asiento al sol. Nosotros, lógicamente, hemos presentado enmiendas y vamos a intentar subsanar estos aspectos y a acercarlos, como mínimo, a nuestra concepción, repito, del Estado de las autonomías. Donde se hace especialmente patente esta circunstancia, reproduciendo ya el mismo debate que ha habido y que además ha tenido traducción en pronunciamientos del Tribunal Constitucional favorables a las tesis catalanas y de otras comunidades autónomas, es en la creación de la red de áreas marinas protegidas, con similitud a la red de parques nacionales. En este caso no está bien delimitado el margen entre unas y otras y, además, las buenas experiencias que existen de áreas marinas protegidas en distintas comunidades autónomas no son generosamente recogidas a través de una ley donde todo se fía a la posibilidad de intervención del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que está ejerciendo las competencias.


Hay un aspecto que creemos que es importante y en el que nuestras dudas son técnicas y que se refiere a la regulación de los vertidos al mar. Es una cuestión muy importante que cabe regular de forma muy precisa. Todo ello ha dado pie a que Convergència i Unió, siendo consciente de la necesidad de la ley, pero no viendo claras estas soluciones, no haya presentado una enmienda a la totalidad, aunque sí contempla las enmiendas que han sido presentadas por dos grupos; uno, desde una posición que digamos que compartimos en su definición, el Bloque Nacionalista Galego, y otro, con el que no es que lo compartamos, porque no tenemos una problemática archipielágica, pero sí que entendemos perfectamente la defensa que el señor Perestelo hace de una concepción de las islas Canarias como un todo y no como un conjunto de islotes en la inmensidad del océano Atlántico; no son eso las islas Canarias. En el marco de estas reflexiones es donde nuestro grupo se va a pronunciar hoy y es donde va a intentar, como hacemos con todas las leyes, mostrar nuestra sensibilidad.


Voy a hacer una reflexión, por si puede servir. Yo creo que, cuando desde Europa se nos indica la obligación de trasponer una directiva, estaría bien que se comprendiera que esta es una obligación del Estado, no de la Administración General del Estado, y que, por tanto, para que esa trasposición sea eficaz, no puede aplicarse el mecanismo de siempre, no puede decirse: no se preocupen ustedes, porque, sea de quien sea competencia esta directiva, el Estado garantizará su cumplimiento., Porque, entre otras cosas, estamos logrando algo que en estos momentos considero que hay que criticar especialmente, que es la duplicidad de funciones, la duplicidad de competencias y la duplicidad de funcionarios.
Además de que esto le cuesta mucho más al ciudadano y en la actualidad esto debería avergonzarnos, creo que se es mucho menos eficaz desde el punto de vista de que, cuando las responsabilidades se reparten entre dos, al final cada cual las elude. Habría que lograr llevar a la cabeza del legislador -que somos todos-, de quien nos trae esto, es decir, el Gobierno, esta mentalidad de que estaría bien fiarnos, por ejemplo, del Gobierno canario, para que protegiera las aguas de Canarias. Me parece que en esto puede estar mucho más motivado un gobernante canario que el señor que solo ve el mar en vacaciones de verano, cuando va a la casita de Huelva.


Termino repitiendo que nuestro grupo cree que esta es una ley que hay que mejorar muy sustancialmente, pero que le duele muchísimo que se aproveche cada trasposición de directiva para ir recuperando competencias.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Macias.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Floriano.


El señor FLORIANO CORRALES: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, quiero fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular con respecto al proyecto de ley que nos presenta el Gobierno sobre protección del medio marino. Se ha reiterado que se trata de la trasposición de una directiva, que sienta un precedente sobre algo que no teníamos y que es tratar de ordenar algo muy importante que no estaba ordenado. En concreto, mantener y mejorar la biodiversidad en el medio marino. Y en lo que se refiere a nuestro ordenamiento jurídico, lo que hace es completar un vacío legal existente hasta ahora. Lo cierto es que cabía la aplicación de instrumentos parecidos sobre el medio marino teniendo en cuenta los convenios internacionales que habían suscrito las Cortes Generales, pero también es cierto que faltaba un marco general en nuestro ordenamiento jurídico. Con este instrumento que elabora esta directiva nosotros completamos también nuestro ordenamiento jurídico.


Presentan dos enmiendas a la totalidad Coalición Canaria y el Bloque Nacionalista Gallego. La enmienda de Coalición Canaria se basa en entender que es un Estado y que, por tanto, el mar existente entre las islas es un territorio sobre el que tiene plenas competencias a desplegar la Comunidad Autónoma de Canarias. Pensamos que la Convención de Naciones Unidas sobre derechos del mar se refiere más bien a Estados archipielágicos -el portavoz del Grupo Socialista utilizaba esta misma argumentación- y, además, creemos que la definición que hace del ámbito de aplicación de la ley -el suelo, el subsuelo, del lecho marino, del espacio

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existente entre la línea de base y el límite exterior donde despliega el Estado su jurisdicción, su soberanía- hace referencia precisamente a la competencia estatal. La justificación que ustedes hacen en la enmienda de totalidad ya despliega varios recursos que han presentado al Tribunal Constitucional y estaremos a lo que resuelva el mismo, pero quiero decirles que nosotros no consideramos que ese sea un motivo para impedir la tramitación de este proyecto de ley. Por eso no vamos a apoyar su enmienda; estaremos atentos a sus argumentaciones en las enmiendas parciales y, como no puede ser de otra manera, al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero ya le digo nuestro criterio.


De una manera similar, en paralelo, por distintos motivos y de una manera más general, el Bloque Nacionalista Gallego presenta una enmienda a la totalidad por entender que están invadidas las competencias en materia de medio ambiente por parte del Estado. Nosotros no creemos que eso sea así.
Es más, si ustedes se fijan en el instrumento de protección más importante, el medio marino, que es la estrategia, lo que hace la directiva, en este caso el proyecto de ley, es prever la participación de las comunidades autónomas en su elaboración, en la elaboración del instrumento principal de protección. Además, no puede ser de otra manera.
En un Estado como el nuestro no puede entenderse que no participen las comunidades autónomas, pero creemos que está bien recogido en el proyecto de ley, en la trasposición de la directiva, y creo que tampoco es un elemento suficientemente sólido para impedir que este proyecto de ley se tramite.


Para que se entienda finalmente el sentido de nuestro voto a las enmiendas de totalidad, quiero manifestar que esta norma es mejorable; lo han señalado otros portavoces, nosotros hemos presentado enmiendas, vamos a apoyar algunas de las que se han presentado por el resto de los grupos y esperamos la reciprocidad, porque algunas de nuestras enmiendas pretenden mejorar el texto y ya las discutiremos en ponencia y en Comisión. En general, con independencia de que pueda ser mejorado este proyecto de ley, nos parece que es un buen modelo porque fija un marco en el que cabe que se desplieguen las distintas concepciones que sobre la mejora del medio ambiente se pueden tener. Alguien hablaba de una directiva conservacionista. Yo no creo que esta directiva sea conservacionista, sino que lo que hace es fijar un marco general para que sea a través de los instrumentos de protección que regula cuando los Estados miembros, y en nuestro caso también las comunidades autónomas, determinen si lo que quieren es que aquí no se toque nada o si lo que quieren es poner en valor el medio marino. Nosotros, por supuesto, estaremos más en la puesta en valor del medio marino como instrumento de creación de empleo, de generación de riqueza, de generación de bienestar para el medio ambiente, y desde otras posiciones se estará en el conservacionismo de que aquí no se toque nada, lo que, desde nuestro punto de vista, es negativo. De ahí el sentido de nuestro voto. La directiva fija un modelo, que es traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico, en el que cabe desplegar perfectamente la concepción de puesta en valor de nuestro patrimonio natural, que es lo que defiende el Partido Popular.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Floriano.


- PROYECTO DE LEY DE ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE DIÓXIDO DE CARBONO.
(Número de expediente 121/000078.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al debate de totalidad del proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.


Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Gobierno ha remitido a esta Cámara un proyecto de ley que constituye un elemento más en la suma de esfuerzos, de los esfuerzos que estamos desplegando para hacer posible la reducción de emisiones de gas con efecto invernadero sin por ello comprometer nuestro crecimiento. La captura y el almacenamiento geológico de dióxido de carbono constituye una tecnología que ofrece oportunidades para evitar la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero procedentes de la combustión de combustibles fósiles, principalmente en la generación de energía aunque podría aplicarse también a determinados sectores industriales. Se trata de una tecnología avalada por el panel intergubernamental para el cambio climático de Naciones Unidas que, como saben, recoge los postulados científicos sobre los que se asienta nuestra acción contra el cambio climático. Además, es una tecnología respaldada por la Unión Europea, que el pasado año aprobó, en el marco del denominado paquete de energía y cambio climático, la Directiva 2009/31 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, justamente relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono en condiciones seguras para las personas y el medio ambiente. El proyecto de ley, señorías, acomete pues la obligada trasposición de la citada directiva, adaptando su regulación a la realidad geológica y energética de nuestro país, así como a nuestro marco jurídico institucional. Con este proyecto de ley pretendemos garantizar que el dióxido de carbono pueda confinarse de manera segura y de modo permanente en formaciones geológicas estancas bajo medios de control y supervisión adecuados y con garantías económicas y medioambientales.


Señorías, regular el almacenamiento geológico de dióxido de carbono debe contribuir a hacer posible que alcancemos nuestros objetivos en el marco de la mitigación del cambio climático. Debemos lograr una reducción

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global de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 50 por ciento de aquí al año 2050, y para ello los países desarrollados debemos reducir nuestras emisiones entre un 25 y un 40 por ciento antes de 2020 y entre un 80 y un 95 por ciento antes de 2050. Asimismo, los diversos estudios y análisis macroeconómicos llevados a cabo nos señalan que dicha reducción es técnicamente fiable, factible, y que los beneficios que reportará compensarán ampliamente los costes que nos suponga. Para alcanzar estos objetivos debemos realizar una transformación profunda de nuestros modelos económicos y energéticos y avanzar de modo decidido hacia una sociedad que podríamos denominar baja en carbono. En este contexto, la captura y el almacenamiento geológico de dióxido de carbono se constituye como una tecnología de transición que puede permitir evitar emisiones generadas fundamentalmente por centrales térmicas que, ineludiblemente, van a seguir teniendo un papel en nuestra matriz energética en los próximos años. No estamos hablando, señorías, de renunciar a medidas que son fundamentales para luchar contra el cambio climático, como la promoción de la eficiencia energética o las energías renovables, sino de complementarla con una tecnología que pueda hacer posible la continuidad de una parte de nuestra generación convencional, de la que difícilmente podemos prescindir a corto plazo, evitando que sus emisiones contribuyan al calentamiento global. Una tecnología, como apuntábamos, de transición, pues nos ayudará a recorrer el camino hacia modelos bajos en carbono, minimizando el impacto económico y social de un proceso de transformación de esta magnitud. Déjenme, señorías, hablando de magnitud, que les de unas cifras que respaldan esta aseveración. De acuerdo con los estudios efectuados para evaluar el impacto de la directiva, aplicar esta tecnología podría llegar a evitar en el año 2030 emisiones que representan aproximadamente el 15 por ciento de las reducciones exigidas en el ámbito de la Unión Europea. Asimismo, de acuerdo con los análisis realizados, la consecución de una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 30 por ciento en el año 2030 tendría unos costes un 40 por ciento más elevados si no empleáramos el almacenamiento de carbono, comparado con si lo hacemos. Queremos, señorías, que esto se haga con las máximas garantías, asegurando que se captan las emisiones adecuadamente en su origen, garantizando un transporte seguro de las mismas y cerciorándonos de que se confinan de manera permanente en formaciones geológicas adecuadas para ello.


La ley que presentamos recoge una serie de exigencias, a las que me referiré más adelante, que permiten que esta actividad se desarrolle sin poner en riesgo el medio ambiente o la salud de las personas. En definitiva, señorías, debemos estar en primera línea en el desarrollo de todas las tecnologías que nos permiten combatir el cambio climático sin que conlleve efectos negativos sobre la competitividad y el empleo, y el almacenamiento geológico es una de ellas. Diré más, los expertos apuntan al almacenamiento de dióxido de carbono como una de las tecnologías que pueden permitir que los países emergentes acometan ambiciosas medidas de reducción de emisiones. Creando aquí en España y en la Unión Europea un marco jurídico apropiado para el despliegue del almacenamiento de carbono estamos haciendo posible que nuestras empresas ganen en experiencia y sean capaces de desarrollar tecnologías útiles para combatir el cambio climático también en los países en desarrollo. En todo caso, quisiera señalar que el almacenamiento geológico del CO2 es parte de un paquete que incluye también una directiva de fomento de las energías renovables, y que nos marca un objetivo del 20 por ciento de energía consumida procedente de estas fuentes en el año 2020. No se trata pues de contraponer esfuerzos en uno y otro ámbito sino de sumar, de buscar sinergias que nos ayuden a avanzar en un modelo económico y energético bajo en emisiones de gases de efecto invernadero.


Señorías, a juicio del Gobierno, no debemos dejar pasar la oportunidad de dotar al almacenamiento geológico de dióxido de carbono de un marco jurídico estable y riguroso que permita su despliegue en condiciones seguras. El proyecto de ley, en línea con lo exigido por la directiva, se limita a regular la actividad de almacenamiento geológico de dióxido de carbono y contiene previsiones puntuales en relación con la captura y con su transporte. En relación con la captura, las instalaciones se someten a la normativa sobre control integrado de la contaminación, por lo que necesitarán obtener la correspondiente autorización ambiental integrada y quedarán sujetas también a la normativa sobre evaluación de impacto ambiental. Del mismo modo se contempla que las redes de transporte por tubería deben someterse a declaración de impacto ambiental y se garantiza el acceso a las mismas y a los almacenamientos en condiciones transparentes y no discriminatorias. Por otro lado, quisiera señalar que para tener una visión completa hay que tener en cuenta la inclusión no solo de los lugares de almacenamiento, sino también de las redes de transporte y de las instalaciones de captura en el régimen de comercio de derechos de emisión. De este modo, en caso de fugas en cualquier punto del proceso, existirá obligación de entregar tantos derechos de emisión como toneladas de CO2 se hayan emitido a la atmósfera, al margen de otras responsabilidades legales imputables. La incorporación de estas instalaciones al régimen de comercio de derechos de emisión se está llevando a cabo mediante la modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, que regula dicho régimen, a través de un proyecto de ley que recientemente ha aprobado esta Cámara con un elevado rango de consenso.


En definitiva, el proyecto de ley determina que el objetivo de almacenamiento en su confinamiento permanente en condiciones seguras, con el fin de reducir emisiones de CO2 a la atmósfera, es una realidad. Para ello, se regulan tanto los permisos de investigación como las concesiones de almacenamiento. La obtención de un

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permiso de investigación será obligatorio en los supuestos en que se pretenda realizar una exploración para determinar la capacidad de almacenamiento o la idoneidad de un lugar determinado. La concesión de almacenamiento, por su parte, conferirá a su titular el derecho exclusivo a almacenar CO2 en el lugar determinado, siendo el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el responsable de otorgar estas concesiones. Quiero destacar aquí que solo se podrá almacenar CO2 en aquellas formaciones geológicas consideradas idóneas, garantizándose que este se lleva a cabo en condiciones de estanqueidad que aseguren un confinamiento permanente. En todo caso y para mayor seguridad, se regula una garantía financiera que debe responder del cumplimiento de las obligaciones de la concesión. Concesiones que deben incluir un plan de seguimiento de los lugares de almacenamiento que marcará las pautas de las obligaciones del titular, así como la actividad administrativa de control e inspección del mismo. En la misma línea se recogen las medidas que deben adoptarse en caso de irregularidades o fugas, así como los órganos competentes, de conformidad con lo previsto en la ley, que deberán exigir o adoptar en su caso por sí mismos las medidas correctoras necesarias.


La ley regula también las condiciones para el cierre de los almacenamientos y la transferencia de responsabilidad sobre los mismos.
Me interesa destacar aquí que tras el cierre del lugar de almacenamiento, el titular sigue siendo responsable del mismo al menos durante 20 años; solo transcurrido ese plazo, y una vez se compruebe que el CO2 queda permanentemente confinado, la responsabilidad se transfiere al Estado tras un análisis previo de la permanencia y estabilidad de dicho CO2.
Quisiera detenerme un momento en este punto. Se ha afirmado que el Estado no debe hacerse cargo de la responsabilidad a largo plazo sobre los lugares de almacenamiento, contraponiendo esta circunstancia a una regulación rigurosa que evite riesgos para el clima, algo que a mi juicio carece de toda lógica. Les aconsejo, señorías, que lean con detenimiento el proyecto de ley. En él se contiene una regulación sólida y cuidada, dirigida precisamente a evitar riesgos asociados al almacenamiento de CO2. Si me permiten, les diré que el motivo central que guía todo el contenido de esta ley es precisamente ese, hacer instalaciones seguras, premisa que va a permitir la vida de los lugares de almacenamiento desde su origen. Y por supuesto el rigor es máximo en el momento en que se lleva a cabo la transferencia de la responsabilidad, es decir, cuando es necesario probar la permanencia del CO2 almacenado. La transferencia de esta responsabilidad no es pues, señorías, una vía de escape para nadie, no es un modo de relajar las exigencias de seguridad de los lugares de almacenamiento, sino justo lo contrario, porque no habrá transferencia de responsabilidad si no se cumplen todas las exigencias y no habrá transferencia de responsabilidad mientras no existan garantías de que el CO2 va a permanecer confinado de modo permanente.


Quiero destacar también aquí que la ley contempla la creación de un fondo de seguimiento de estos lugares de almacenamiento que tiene como objetivo cubrir los costes de seguimiento tras la transferencia de responsabilidad y que se dotará con un cargo a las aportaciones de los titulares de los lugares de almacenamiento. No quiero dejar de mencionar por último que la ley establece un régimen sancionador que puede comportar multas de hasta 5 millones de euros, que es un elemento obviamente dirigido a garantizar la seguridad en los lugares de almacenamiento a los que me vengo refiriendo.


Señorías, para concluir, quiero llamar brevemente su atención sobre el reparto de funciones y las responsabilidades que establece este proyecto de ley. De acuerdo con el mismo, el despliegue de esta tecnología va a requerir la intensa colaboración entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Estamos ante un instrumento dirigido a la lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo hablamos de una tecnología fundamental en nuestro modelo energético para los próximos años. Por todo ello creemos que tiene todo el sentido configurar un régimen en el que Estado y comunidades autónomas compartan responsabilidades y de esta forma se reserva a estas la competencia para otorgar los permisos de investigación salvo, lógicamente, cuando exista un interés supraautonómico, es decir, que la superficie abarque más de una comunidad autónoma o suponga o integre el subsuelo marino.


Corresponderá a la Administración del Estado otorgar las concesiones de almacenamiento, y creo que es importante destacar que estas deberán incorporar los planes de seguimiento que previamente hayan aprobado las comunidades autónomas. Por tanto, aunque la concesión se reserva a la Administración General del Estado, una pieza fundamental de la misma, que tiene una gran relevancia desde el punto de vista medioambiental, debe ser aprobada previamente por la Administración autonómica. Las comunidades autonómicas serán también responsables, entre otras cuestiones, de establecer un sistema de inspecciones en los lugares de almacenamiento, de realizar un seguimiento y de establecer las medidas correctoras oportunas. No podemos olvidar que en la medida en que la captura de dióxido de carbono exige una autorización integral desde el punto de vista medioambiental, en esta fase la intervención autonómica es también fundamental. Por último, corresponde de nuevo a la Administración del Estado aprobar el plan definitivo de gestión posterior al cierre y proponer al Consejo de Ministros la transferencia de responsabilidad al Estado. En definitiva, señorías, un régimen en el que la cooperación entre las administraciones públicas va a ser fundamental para el adecuado desarrollo de las tecnologías de captura y almacenamiento, cuya regulación discutimos hoy en esta Cámara.


Concluyo reiterando la oportunidad de este proyecto de ley. Por un lado, es cierto que se trata de trasponer una directiva comunitaria a lo que estamos obligados, pero, además, creemos que es imprescindible dotar al

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almacenamiento geológico de CO2 del marco legal adecuado para tener una garantía y una seguridad jurídica desde una perspectiva medioambiental y también para dar certidumbre a las correspondientes inversiones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Sin duda, señorías, estamos ante una apuesta de futuro. La lucha contra el cambio climático es una prioridad para este Gobierno y no podemos permitirnos quedarnos atrás en el desarrollo e implementación de una tecnología que, estamos convencidos, va a contribuir a reducir las emisiones en los próximos años, como convencido estoy de que el debate parlamentario, el diálogo y el consenso que ese debate supone, va a mejorar el contenido del proyecto de ley que hoy presento, algo por lo que de antemano quiero dar las gracias a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro del Interior.


Para la defensa de la enmienda del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.


El señor Pérez Rubalcaba ha demostrado que tiene habilidad para hablar de casi todo, y hoy ha hablado bien de CO2. Pero el señor Pérez Rubalcaba ha demostrado la fe; la fe que tienen algunos en la ciencia, en que de aquí a veinte años solventaremos qué hacer con los residuos -que es lo mismo que nos decían hace veinte años con los residuos radiactivos de alta actividad, exactamente igual-; la fe en la ciencia que solventará cómo almacenar, en este caso CO2, con garantía cien por cien, cuando -y usted lo sabe, señor Pérez Rubalcaba- esto puede acabar suponiendo una hipoteca para generaciones futuras. Seguramente es el signo de nuestro tiempo, un tiempo y unas generaciones que han optado por tecnologías inmaduras, la nuclear es un ejemplo, pero en este caso el almacenamiento de CO2 puede serlo también y puede hacer que en las próximas décadas o, por qué no, en los próximos siglos, cuando los nietos de los nietos de nuestros nietos tengan que gestionar determinadas realidades, lo que hoy aparecen como certidumbres técnicas aparezcan como algo que no se puede resolver. Digo esto porque creo que el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo lo que hace es apostar por empaquetar el dióxido de carbono, el CO2, por almacenar en el subsuelo y por una política que nosotros entendemos que es cortoplacista y que, además, da instrumentos e incluso incentivos para políticas continuistas en materia energética.


El almacenamiento de CO2 o de carbono es el atajo para no tener que hacer los deberes que se tienen que hacer en materia energética. Es la tentación que expresa el Gobierno, y creo que también la mayoría de la Unión Europea, hacia las respuestas fáciles y baratas por delante de las propuestas a medio y a largo plazo que representen la modernización energética. Por eso presentamos esta enmienda a la totalidad, porque entendemos que la opción es técnica, pero lo que expresa es la renuncia a un cambio de modelo y a una lucha contra el cambio climático que signifique una reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero. Entendemos que la estrategia 2020 está bien y que debería ir más allá, pero lo que constatamos es que la opción del Gobierno, cuando plantea el texto que discutimos, lo que intenta es que esa estrategia tenga menos ambición. No lo decimos nosotros, como explicamos en la enmienda de devolución; la Agencia Internacional de la Energía establece que para que esta tecnología sea útil en la lucha contra el cambio climático, en 2050 se deberían haber puesto en marcha como mínimo 6.000 proyectos de almacenamiento, cada uno de los cuales debería inyectar un millón de toneladas de CO2. Pero viene el Gobierno y nos habla de la fe en el almacenamiento -porque se trata de fe-, cuando la Agencia Internacional de la Energía, por las proporciones que dice que expresa para que esto sea realmente viable, lo que nos está explicando y aclarando es que en la actualidad esto más que fe es simplemente una quimera.


Existe un ejemplo de almacenamiento geológico de CO2 que no supera la antigüedad de una década y hoy no existe experiencia para saber qué pasa con estos almacenamientos a medio y largo plazo. Paradójicamente, en lugar de adoptar medidas que lo que hagan es facilitar un cambio en el modelo energético que apueste claramente por las renovables, que haga un apuesta por el ahorro, la eficiencia y la gestión de la demanda, lo que tenemos no es la presentación del texto de una ley de ahorro y eficiencia -texto pendiente-, lo que hoy no tenemos es precisamente estrategias de gestión de la demanda. Los contadores inteligentes aún están pendientes.
Me acuerdo que lo planteábamos en los años 2004 y 2005 y nos decían que no se podía hacer rápidamente. Los acuerdos voluntarios de las eléctricas, las eléctricas no lo cumplen, en cambio sí nos vienen con la fe en la ciencia, que contrasta poderosamente con lo que explica la Agencia Internacional de la Energía.


Saben ustedes, además, que la captación va a significar el depósito en la biosfera, en los océanos, en los almacenamientos geológicos, en los depósitos agotados de gas y de petróleo y en vetas de carbón, pero saben también que hoy no se puede corroborar que ese almacenamiento no va a suponer en el futuro emisiones a la atmósfera porque tecnológicamente no se ha avanzado lo suficiente. Pese a ello, nos traen este texto y no nos traen otros textos. Por eso presentamos la enmienda a la totalidad, porque la propuesta política del Gobierno en materia energética y en materia de lucha contra el cambio climático no permite reducir nuestra dependencia energética del exterior. Saben ustedes que nuestra balanza comercial hoy es deficiente por la fuerte dependencia energética del exterior. En cambio, en eso no hay recorrido. Donde hay recorrido es en una política de parches,

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donde se ubica este texto que nos traen. A esto se le añade que esta tecnología es muy cara y que además va a tener costes adicionales a largo plazo, fruto de los controles y de las comprobaciones necesarias para garantizar la retención del dióxido de carbono. Por último, entendemos que lo que va a suponer es que muchos de los recursos que hoy se tienen que orientar a estrategias de ahorro y eficiencia y a mayor impulso de renovables se van a destinar a I+D+i en captura, cuando en un momento como el actual lo que hay que hacer es optar y escoger. Y por lo que tiene que optar y escoger este país es precisamente por esas estrategias de ahorro y eficiencia, por modificaciones de la Ley del Sector Eléctrico. Eso también forma parte de la renuncia de la socialdemocracia, decir que no hay que gobernar sectores estratégicos. Ustedes lo hicieron en la legislatura anterior cuando decidieron en la Ley del Sector Eléctrico mantener la ley Piqué sin intervenir siquiera. Y lamentablemente esto va a suponer que tengamos menos recursos.


Hay también argumentos ambientales para decir que no vamos por el buen camino. El CO2, ustedes lo saben, queda almacenado en la biosfera, en los océanos y en los almacenamientos geológicos, pero ustedes saben también que existe un riesgo de fuga que no se puede acreditar hoy; el riesgo de fuga continúa siendo una certidumbre que ustedes no pueden ignorar. En cambio, en el capítulo 3 del proyecto hablan del impacto ambiental fruto del retorno a la atmósfera y reconocen que en caso de fuga los problemas serían graves, por ejemplo, en el entorno marino, con un impacto biológico extraordinario que tiraría por tierra la ley que hace un momento estábamos discutiendo, y en esto no entran. Es más, lo que hacen ustedes es que al cabo de veinte años quien responderá en caso de fugas no será la empresa que ha almacenado sino el Estado. Bendito negocio. Es como la responsabilidad civil de la industria nuclear; una responsabilidad civil limitada porque simplemente no se puede acreditar que seguro que no hay accidentes. Y ahora lo que hacemos es aprobar un texto en el que al cabo de veinte años, si hay fugas, el padre Estado lo solventa. Vaya lógica privada. Hacen negocio almacenando pero, eso sí, si el negocio no funciona, si hay fugas, entre todos les pagamos la fiesta.
Pues miren, este modesto diputado y este modesto grupo parlamentario les dicen que por aquí no, que ni lo entendemos ni lo compartimos. Es incomprensible que el Estado asuma el global de los riesgos derivados de estos proyectos. Por todo ello, porque entendemos que la ley supone la renuncia a estrategias efectivas en materia de ahorro y eficiencia de lucha contra el cambio climático; por motivos ambientales, por lo que puede suponer fugas posteriores, especialmente en zonas marinas, y por la hipocresía de un modelo que privatiza ganancias pero socializa riesgos -es el Estado el que solventará los riesgos de aquí a veinte años- presentamos la enmienda a la totalidad. Sé que nos van a criticar, lo sé, pero también sé que la estrategia del almacenamiento, tal y como la plantean, es una estrategia equivocada que dilata los riesgos a generaciones futuras pero que expresa la irresponsabilidad de una generación -la presente- y, lamentablemente, de las formas de hacer en la lucha contra el cambio climático.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Voy a ser muy breve para fijar posición en nombre del Bloque Nacionalista Galego, dado que gran parte de los argumentos son coincidentes con los del grupo que ha presentado esta enmienda de devolución. El BNG apuesta por la elaboración de una estrategia de lucha activa contra el cambio climático y por la reducción de las emisiones a través del incremento de la eficiencia energética, la reducción del consumo y la promoción de energías renovables. Desde nuestro punto de vista, la captura y almacenamiento de dióxido de carbono es una tecnología que en la actualidad presenta importantes cuestiones por resolver tanto en lo que se refiere a su viabilidad económica como a su viabilidad ambiental.


Sobre las emisiones contaminantes existe una evidencia compartida por todos, su necesaria reducción. Apostar por el almacenamiento no es más que una medida cortoplacista que no incide en la clave de la cuestión pues no supone reducción alguna en la emisión de CO2. Supone aceptar por tanto propuestas que únicamente tratan de esconder el problema sin garantía alguna de resolverlo definitivamente y dejando a las generaciones futuras una hipoteca ambiental más esperando que sean ellas las que encuentren la solución definitiva. Además, esta tecnología está en fase de investigación y, por tanto, necesita importantes cantidades de recursos para su desarrollo con el riesgo que esto conlleva, pues apostar por esta tecnología puede suponer abandonar otras investigaciones sobre energías limpias a largo plazo o para conseguir una reducción del consumo energético. Por este motivo apoyamos esta enmienda a la totalidad. El actual proyecto de ley solo contribuye a camuflar las emisiones actuales pues no enfrenta el principal problema, que es conseguir su reducción efectiva. Además, el hecho de que exista riesgo de fuga con el gran impacto ambiental que ello conllevaría y que sea el Estado el que asuma los riesgos derivados del mismo refuerza nuestra posición de apoyo a esta enmienda a la totalidad. En consecuencia, el Bloque Nacionalista Galego votará a favor de la devolución de este proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra don Joseba Agirretxea.


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El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.


Si me permite, intervengo muy brevemente desde el escaño para decir que mi grupo no va a apoyar la enmienda a la totalidad. En este sentido, evidentemente esta no es la solución al problema del cambio climático, esta no es la solución al problema del mix energético, esta no es una solución para que el CO2 desaparezca de nuestro planeta, pero es una solución más, es una alternativa más, es un mecanismo más y es una tecnología más, y poniendo en la balanza los riesgos y las bondades que puedan existir creo que verdaderamente la apuesta merece la apuesta. Es más, tal y como se ha puesto de manifiesto en la exposición del proyecto de ley no podemos estar sin una ley de esta índole, entre otras cosas porque tiene que haber una cobertura legal y una cobertura jurídica para este tipo de tecnología y para el desarrollo de dicha actividad.


Se trata de una trasposición de la directiva 2009/31 y evidentemente con la obligación de dicha trasposición necesitamos plantear una solución también de esta índole. Yo comprendo perfectamente los argumentos que ha podido dar el compañero Joan Herrera e incluso puedo compartir algunos de ellos, pero no puedo ser tan maximalista porque ese maximalismo me llevaría a que en otras situaciones también tuviéramos que aplicar lo mismo. Por tanto, creo, entiendo e incluso acepto los argumentos y los temores que pueda tener no solamente desde un punto de vista ecológico sino también económico, puesto que tampoco se ha hecho una valoración global de lo que esto costaría y si desde dicho planteamiento tendríamos más beneficios que perjuicios.


Señor presidente, acabo mi intervención diciendo que es necesaria también la aplicación de una tecnología de esta índole aunque no es la solución.
Hay que buscar soluciones y sobre todo nos tenemos que implicar en todos los ámbitos, pero la pregunta es: y mientras seguimos emitiendo CO2, ¿qué hacemos? Porque las soluciones últimas las conocemos, pero ¿y mientras tanto? Por tanto, para ese mientras tanto necesitamos soluciones; esta puede ser una de ellas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Agradecemos al señor Herrera su enmienda a la totalidad porque nos permite mantener de nuevo en el Pleno un debate en relación con las políticas y las legislaciones que afectan al cambio climático y esto es algo que siempre refuerza el nivel de visibilidad de esta política. Decía el señor ministro en su intervención que este proyecto de ley forma parte del paquete de clima y energía promovido por la Unión Europea -de hecho estamos hablando de la trasposición de una directiva-, y es que el Parlamento Europeo y la propia Unión Europea han apostado por la tecnología de almacenamiento de CO2. Es razonable que si esta tecnología se está desarrollando tengamos un marco legal que sitúe las condiciones en las que debe desarrollarse la misma, que establezca la intervención del Estado, el correspondiente régimen sancionador y las precauciones necesarias. Lo absurdo sería que, activando el conjunto europeo ese tipo de tecnologías, no hubiese un marco legal que las regulase. Además, decimos esto desde la convicción de que en el camino hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles, tecnologías como el almacenamiento de CO2 forman parte de tecnologías de transición. Por tanto, señorías, sabemos que en las próximas décadas el petróleo, el gas y el carbón van a continuar haciendo funcionar nuestras economías, y esa tecnología en concreto puede ayudarnos a minimizar las consecuencias negativas que tiene para el cambio climático la utilización de las mismas.


El señor Herrera decía, amparado en la tradición de su fuerza política, que su posición respondía al principio de precaución. Sabemos los riesgos asociados a ese almacenamiento de CO2 y yo creo que al señor Herrera debemos decirle que una visión extrema del principio de preocupación impediría tomar cualquier tipo de decisión. Anthony Giddens, en su sugerente libro La política del cambio climático, insinúa quizás transitar del principio de precaución al principio de probabilidad. Desde ese punto de vista podríamos apostar perfectamente por las condiciones que hoy nos permiten la técnica y la tecnología, eso sí, no digo en la fe, pero sí en la confianza de que la humanidad en términos de desarrollo tecnológico ha tendido a mejorar. Por tanto, no desde la fe pero sí desde la confianza en la ciencia estamos convencidos de que esta tecnología nos va a ir bien.


Termino, señorías. No busquemos contenido ideológico en los debates sobre el uso de las tecnologías nuclear, renovables o de almacenamiento de carbono. Las tecnologías no tienen contenido ideológico. No es que el almacenamiento sea de derechas o conservador y los parques eólicos sean de izquierdas; no, lo que hay es tecnología, hay intereses, hay riesgos, hay opciones políticas, pero no hay contenido ideológico en esa discusión, al menos en el resto de Europa no lo hay. Apelo, en todo caso, al consenso al que hacía referencia el ministro Pérez Rubalcaba. Estoy convencido de que el trámite parlamentario va a permitir mejorar el texto, lo saben los portavoces socialistas. A Convergència i Unió le preocupa fundamentalmente encontrar un buen encaje en materia competencial y estoy convencido de que en los trámites parlamentarios estas cuestiones van a resolverse y que algunas de las legítimas preocupaciones que manifestaba el señor Herrera también van a encontrar buen encaje durante la tramitación del proyecto de ley.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Popular tiene la palabra doña María Teresa de Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la enmienda a la totalidad al proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, y lo hará por un doble motivo: de un lado, porque no compartimos los argumentos del grupo proponente para su rechazo expuestos por el señor Herrera en esta tribuna ni la motivación de su enmienda y, de otro, porque nuestro grupo parlamentario considera que para conseguir los objetivos de reducción de emisiones que plantea la Unión Europea en 2020 y en 2050 es necesario adoptar un amplio abanico de medidas y considerar todas las opciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre las que se encuentra la captura y almacenamiento de dióxido de carbono.


Decía, señorías, que no compartimos los argumentos utilizados por el señor Herrera cuando habla de estrategias cortoplacistas en materia energética, de respuestas fáciles y baratas, y nos asombra que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Izquierda Verde, que siempre cita los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el famoso IPCC, en sus predicciones sobre los posibles efectos adversos de cambio climático, ignore ahora la opinión de esos mismos expertos que ya en el año 2005 tenían un informe en el que apuntaban que esta sería una opción apropiada para los países que tienen un número considerable de fuentes de dióxido de carbono adecuadas para su captación y que necesitan cumplir sus objetivos de desarrollo en un entorno en el que el carbón está restringido. Este es, señorías, el caso de España.


De nuevo en el informe de síntesis del año 2007 se recoge la captura y almacenamiento de dióxido de carbono como ejemplo escogido de las principales tecnologías, políticas y medidas de mitigación sectoriales.
También, señorías -ya se ha dicho aquí-, la Unión Europea para alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones apuesta por esta alternativa como una tecnología que contribuirá a mitigar el cambio climático.


No compartimos, señor Herrera, su punto de vista, sus apreciaciones y su visión miope que solo apuestan por las energías renovables y la eficiencia energética y niegan sistemáticamente otras alternativas y nuevas opciones tecnológicas. Desde el Grupo Parlamentario Popular apostamos, señorías, por las energías renovables dentro de un mix energético español. ¡Claro que sí!, si fue un Gobierno del Partido Popular el que aprobó el primer plan de energías renovables y el que estableció el marco legal para su desarrollo. Sí a las energías renovables, dentro de un mix energético del que todavía carecemos y que nosotros deseamos que sea lo más amplio posible -este es nuestro punto de vista, lo más amplio posible- y en él deben estar representadas todas las fuentes primarias de energía, incluyendo también la energía nuclear. Sí a la eficiencia energética que usted propone, por supuesto que sí, pero también fue un Gobierno del Partido Popular el que elaboró la primera estrategia de ahorro y eficiencia energética. Por consiguiente, sí a las renovables, sí a la eficiencia energética pero dentro de un marco legal estable, no como las actuaciones y como la situación en la que nos tiene el Gobierno en este momento, que han causado una inseguridad jurídica sin precedentes, de tal manera que las empresas del sector están huyendo de España, algo especialmente grave en estos momentos de crisis que padecemos. Llevamos casi tres años, señorías, esperando en esta Cámara un proyecto de ley de eficiencia energética y energías renovables, anunciado por el Gobierno a finales del año 2007 y prometido reiteradamente con distintos plazos. Sin embargo, este proyecto de ley se va retrasando por el sectarismo del presidente del Gobierno. Como conocen SS.SS., el proyecto de ley citado se ha pospuesto finalmente a la aprobación del proyecto de ley de economía sostenible, esa ley que debía cambiar el modelo productivo español y que en la actualidad se encuentra paralizada en estos momentos en esta Cámara. No compartimos, señor Herrera -lamento que se haya ido, parece que no quier oír a los que están en su contra-, su propuesta de limitar los recursos de la investigación a esas dos áreas. La reducción de emisiones de dióxido de carbono exige de actuaciones decididas de muchas fuentes y el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías especialmente en el ámbito energético. Olvidan ustedes que entre las dificultades que comporta hacer frente al cambio climático están su carácter global y la desconexión territorial entre emisiones e impactos. Olvidan ustedes, señorías, que los efectos de las emisiones sobre el sistema climático son independientes del país donde se encuentre la fuente emisora. Olvidan ustedes, señorías, que el carbón está muy repartido en el mundo y que ya son varios los países en vías de desarrollo y desarrollados que han anunciado que seguirán utilizándolo como fuente de energía primaria. Tampoco compartimos los argumentos ambientales que ha dado el señor Herrera, ya que los yacimientos agotados de gas y petróleo son una opción segura y fiable de almacenamiento porque han mantenido petróleo o gas y con frecuencia dióxido de carbono durante millones de años, y han sido y siguen siendo muy bien estudiados. Por cierto que este proceso se está utilizando desde finales de los años 70 en Estados Unidos con éxito total.


Casualmente no se ha referido el señor Herrera a los acuíferos salinos profundos, formaciones geológicas con un enorme potencial de almacenamiento presentes en la mayoría de los países y también en España, señorías. La inyección en esos acuíferos ya se ha aprobado con éxito en Noruega, que ha puesto en marcha el primer proyecto comercial. En cualquier caso la selección de los emplazamientos

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es un factor esencial para garantizar que el dióxido de carbono almacenado permanezca confinado indefinidamente. Como el señor Herrera conoce, el Instituto Geológico Minero de España participa desde hace muchos años en distintos proyectos para identificar estas formaciones susceptibles de servir de almacén. Se calcula que en España existe una capacidad de almacenamiento de 23 gigatoneladas de dióxido de carbono en las cuencas sedimentarias. Esa cifra equivale a más de cien años de las emisiones totales que se producen en España de seguir al ritmo actual de producción.


Citaba también el señor Herrera en su enmienda que existe un evidente riesgo de fuga y, señorías, las probabilidades de que esto suceda son remotas cuando se elige el emplazamiento adecuado y con las investigaciones previas que señala el proyecto de ley. No olvidemos además que el dióxido de carbono, al que muchos indebidamente y con ignorancia llaman gas contaminante, no lo es, ni es contaminante ni es tóxico, y las emanaciones lentas de dióxido de carbono en espacios abiertos son inocuas. En cualquier caso existen ya excelentes metodologías de análisis de posible control de fugas, concretamente en el estudio piloto en Ketzin (Alemania). Por consiguiente, el proyecto de ley al que muestra hoy su oposición el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds traspone simplemente una directiva europea adaptándola a nuestra realidad y el marco jurídico posibilita el despliegue de la captura y almacenamiento de carbono pero no obliga a implantarlo, será la industria española, que es la que debe reducir emisiones, la que lo decidirá.


Podemos decir sobre este proyecto de ley que, exceptuando algunos detalles que hemos enmendado, estamos básicamente de acuerdo con él, porque nuestro grupo parlamentario apuesta por la reducción de emisiones, por las nuevas tecnologías y por todas las opciones que sirven para combatir el cambio climático y que permiten un desarrollo sostenible.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Fernando Moraleda.


El señor MORALEDA QUÍLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere aprovechar este turno de fijación de posición, primero, para felicitarnos de que podamos tener en el Pleno la oportunidad, como algún otro portavoz ha señalado, de discutir de uno de los aspectos que tendrá un papel esperemos que relevante en la lucha contra los efectos del cambio climático aunque en la fijación estaba previsto que pudiéramos desarrollar este debate en Comisión. Nuestra negativa, por tanto, a la enmienda a la totalidad no tiene que verse como una negativa a no entrar a debatir, establecer criterio, objetivar todos y cada uno de los argumentos que los distintos grupos, en particular el proponente de la enmienda a la totalidad, han puesto de manifiesto. No nos trae desde luego la fe, no somos un grupo que nos caractericemos precisamente por tener una fe sin recurrir en todo caso al discurso de los enciclopedistas, ni tampoco nos trae ninguna intención de atajo a lo que es una convicción. Decía Einstein con acierto que es más difícil combatir un prejuicio que dividir el átomo. Es el momento de los argumentos para combatir prejuicios, es el momento de las convicciones para combatir actos irreflexivos de supuestas fes.


Estamos ante la trasposición de una directiva comunitaria, de un paquete de energía y cambio climático, del único espacio regional del mundo que tiene una posición de liderazgo político en la lucha de los efectos contra el cambio climático. Se puede criticar y es legítimo que la ambición de la Unión Europea no es suficiente, pero si se compara con la ambición de cualquier otro bloque político, es la mayor ambición de lucha contra el cambio climático en todo el planeta. Desde ese compromiso de la Unión Europea, desde esa posición de liderazgo, este proyecto de ley de almacenamiento geológico de CO2 descansa en el mayor consenso político-científico en la lucha contra los efectos de cambio climático, que no tienen otras actividades que está desarrollando la Unión Europea en su paquete energético en particular. El G-8, el G-20 y el grupo intergubernamental de Naciones Unidas están de acuerdo en que esta es una técnica de transición para la mitigación en los efectos del cambio climático. Se han aducido otros elementos de seguridad. Me refiero a la declaración de Einstein sobre los prejuicios, pero sobre todo espero que los argumentos finales no sean establecer una relación entre el uso de la energía nuclear y la utilización de residuos con la captación y almacenamiento de CO2, y aunque solo sea por una lección básica de química acerca de lo cual tengo una poquita autoridad moral para opinar, si demonizáramos el CO2 estaríamos demonizando la respiración humana, estaríamos demonizando el ciclo vital que permite a la naturaleza vivir.


Vayamos a los argumentos. Mitigación. En 2009 España ha mantenido la senda correcta en sus compromisos de mitigación. En nuestro país se ha emitido un total de 372,4 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, un 8,2 por ciento menos que en el año 2008. Este descenso sitúa a España en los valores de 1999. Los últimos datos sobre la tendencia de disminución de emisiones nos certifican que en el primer cuatrimestre del 2010 seguimos con esta disminución. Puede achacarse -y ese es un argumento que hay que tomar en consideración- que la disminución de los gases de efecto invernadero procede de la crisis económica, de la disminución de actividad, en particular de las actividades vinculadas a la emisión de gases de efecto invernadero. Una parte sí pero no todo responde

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a eso, puesto que la generación de electricidad ha crecido un 5 por ciento y se han disminuido las emisiones en un 20 por ciento. Ello es debido al menor uso del carbón, es verdad que por la situación meteorológica pero también por el aumento proporcional de la energía eólica.


Vayamos al segundo argumento, al argumento central que mantiene el ponente de la enmienda a la totalidad, que es una excusa, un atajo este proyecto de ley y esta tecnología puesto que puede poner en duda el principio fundamental de cambiar nuestro mix energético y dar prioridad a una nueva política energética. Veamos los datos. Desde el año 2005 España ha mejorado su intensidad energética en más de un 13 por ciento, a pesar del fuerte crecimiento económico registrado durante los primeros años y tras un periodo -es bueno que esto lo escuche el Partido Popular- de casi diez años de estancamiento. Un perfil de crecimiento económico vinculado a una disminución de las emisiones demuestra, por la gestión socialista, que la electricidad limpia es posible, sobre todo propiciada por el incremento del 12 por ciento de las energías renovables y un descenso significativo de las fuentes fósiles, en particular, un 24 por ciento en el carbón, un 6,6 por ciento en el petróleo y un 10,6 por ciento en el gas natural. El compromiso del Gobierno de alcanzarlo en el año 2020 no solo lo conseguiremos sino que les adelanto que en los próximos días se presentará ante la Comisión Europea el Plan de energías renovables 2011-2020, entre cuyas previsiones se encuentra que España alcance en 2020 un consumo final bruto con origen renovable del 22,7 por ciento; recuerde, 2,7 puntos más que las obligaciones que tenemos con la Unión Europea en el paquete 20/20/20. Estamos cumpliendo con nuestro cambio en el mix energético, cambiando estructuralmente nuestro mix, haciéndonos menos dependientes de los combustibles fósiles y disminuyendo nuestra intensidad energética.


Vayamos al tercer último argumento: la seguridad. Sobre la seguridad comparto una de las consideraciones hechas acerca de la fe y las convicciones. El Grupo Socialista nunca ha tenido la tentación de sustituir a los científicos, sino que trata de hacer política con el desarrollo científico y pensar a continuación en los ciudadanos. No tenemos en nuestra bibliografía -recuerdo cuando tuvimos el problema de la encefalopatía espongiforme bovina- ninguna recomendación científica sobre el valor del caldo en la dieta española, existiendo la enorme preocupación que existía en nuestro país acerca de la posible enfermedad.
Ni está en nuestra bibliografía tratar de suplir a los científicos estableciendo una alarma que provocó una crisis gravísima y un enorme problema económico a la industria del aceite de orujo de oliva cuando se retiraron miles y miles litros de este aceite por la aparición de trazas de benzopireno en los mismos, haciendo que el Estado en estos momentos tenga que pagar la irresponsabilidad de aquella política que siendo ministra quiso ser científica. Los científicos tienen que determinar las bases para la actuación política, y es el grupo intergubernamental de Naciones Unidas, sobre el que se asienta la actuación política más relevante contra los efectos del cambio climático -me gustaría que estuviera el señor Herrera, pero se ha disculpado porque tiene una reunión con los agentes sociales-, el responsable de esta publicación sobre captación y almacenamiento de dióxido de carbono. En esta publicación no solo establece todos los mecanismos de garantía científica, sino que además recomienda que la acción política se lleve a cabo a través de las actuaciones de mitigación. Quiero señalar a SS.SS.
que este estudio de Naciones Unidas establece como el mayor despliegue de esta tecnología la segunda parte del siglo en el que nos encontramos, de manera que cualquiera que crea que esta tecnología se va a aplicar mañana, con los riesgos que pueda suponer para la opinión pública la mentalidad acerca de determinadas energías no suficientemente conocidas, no es cierto. Esta es una tecnología que estará desplegada y desarrollada, insisto, en la segunda mitad del siglo. Quiero señalarles al respecto que el Grupo Socialista está de acuerdo con el Grupo de Iniciativa Verds en el cambio del mix energético, pero no podemos hacer desaparecer de la noche a la mañana el consumo de petróleo, el consumo de carbón ni el de gas natural. No lo decimos nosotros, lo dice la Agencia Internacional de la Energía que indica que en el 2030, sobre todo en los países emergentes, esos serán los principales combustibles que se producirán, en un marco que no disminuirá sustancialmente en los próximos ochenta años. Por tanto, cambiemos esa realidad para que efectivamente podamos encontrar otra que sea un cambio real al mix energético y a la captación y almacenamiento de CO2.


Por último quiero señalarles que veremos este proyecto de ley en Comisión, donde inicialmente estaba previsto que estuviera. Les adelanto que el Grupo Socialista ha estudiado ya las enmiendas que se han presentado a este proyecto de ley. Les garantizo que detrás de esa discusión tendremos un proyecto de ley que espero que sea innovador, en lo que se refiere a ser uno de los principales y primeros países en la trasposición de esta directiva; que España sea pionera en la investigación, que España sea pionera en energías renovables, como ya lo es, que España sea pionera en suministrar energía limpia, porque ya es posible.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moraleda.


Anunciada la votación orgánica para las trece horas, se suspende la sesión hasta ese momento.


Eran las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a la una de la tarde.


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ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 19/1988, DE 12 DE JULIO, DE AUDITORÍA DE CUENTAS, LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DE MERCADO DE VALORES Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1564/1989, DE 22 DE DICIEMBRE, PARA SU ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA COMUNITARIA. (Número de expediente 121/000046.)

El señor PRESIDENTE: Votamos en primer lugar las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria.


En primer lugar, votamos la enmienda al artículo único que incorpora el artículo 8 ter de la Ley de Auditoría de Cuentas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 166; en contra, 175; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, votamos el resto de enmiendas a este proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 341.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


- PROYECTO DE LEY SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN ESPAÑA. (Número de expediente 121/000056.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la única enmienda del Senado al proyecto de ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 333; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. (Número de expediente 122/000147.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos las enmiendas del Senado a la proposición de ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.


Votamos, en primer lugar, la enmienda por la que se incorpora una nueva disposición adicional titulada "Nueva línea de crédito ICO-Morosidad Entes Locales".


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 177; en contra, 164; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

A continuación votamos la enmienda al último párrafo de la disposición transitoria segunda desde "en el plazo máximo de tres meses" hasta "en la presente disposición transitoria".


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 25; en contra, 317.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación votamos el resto de enmiendas a esta proposición.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 342.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad. (Aplausos.)

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY SOBRE SIMPLIFICACIÓN DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA ENTRE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL.
(Número de expediente 121/000049.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley

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sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.


Votamos en primer lugar el dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor 336; en contra, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por tratarse de una iniciativa de carácter orgánico, pasamos a votar de conjunto, sabiendo SS.SS. que debe obtener la mayoría absoluta de los miembros de derecho de la Cámara, es decir 176 votos para poder ser aprobada. En esos términos comienza la votación de conjunto de esta iniciativa orgánica.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 334; en contra, seis; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Habiendo alcanzado la mayoría absoluta, queda aprobada la votación de conjunto a que se ha sometido el dictamen.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO. (Número de expediente 121/000059.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la enmiendas de devolución presentada al proyecto de ley de protección del medio marino.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 10; en contra, 318; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda a la totalidad.


- PROYECTO DE LEY DE ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE DIÓXIDO DE CARBONO.
(Número de expediente 121/000078.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la enmienda de devolución al proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, nueve; en contra, 327; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de devolución.


AVOCACIÓN POR EL PLENO.


El señor PRESIDENTE: Existe solicitud para que el Pleno de la Cámara se pronuncie acerca de la avocación de la deliberación y votación final por el Pleno de este proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.


Comienza la votación sobre la avocación al Pleno. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 342.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la avocación al Pleno de la Cámara.


PROPUESTA DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN.)

- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. (Número de expediente 158/000005.)

El señor PRESIDENTE: Por último sometemos al Pleno la propuesta de creación, en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, de una subcomisión para el fomento de la economía social en los términos acordados por la propia Comisión de Economía y Hacienda, que recuerdo a SS.SS. consiste en que, en el plazo de una semana desde su constitución, debe haber emitido informe.


¿Aprueba la Cámara por asentimiento esta subcomisión de una semana? (Asentimiento.) Queda aprobada.


Se levanta la sesión.


Era la una y diez minutos de la tarde.

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