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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 166, de 20/05/2010
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2010 IX Legislatura Núm. 166
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 157
celebrada el jueves, 20 de mayo de 2010


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-Ley 7/2010, de 7 de mayo, por el que se crea el Fondo de apoyo a la República Helénica y se autoriza un crédito extraordinario por importe de 9.794.387.450 euros para su dotación. (B.O.E. núm. 112, de 7 de mayo de 2010). (Número de expediente 130/000030.) ... (Página 5)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 24-1, de 17 de abril de 2009. (Número de expediente 121/000024.) ... (Página 16)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 63-1, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000063.) ... (Página 27)

Página 2


- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 64-1, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000064.) ... (Página 27)

- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 65-1, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000065.) ... (Página 27)

- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 66-1, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000066.) ... (Página 27)

- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 67-1, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000067.) ... (Página 27)

- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 68-1, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000068.) ... (Página 28)

- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 69-1, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000069.) ... (Página 28)

- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 70-1, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000070.) ... (Página 28)

- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 71-1, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000071.) ... (Página 28)

- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 72-1, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000072.) ... (Página 28)

- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 73-1, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000073.) ... (Página 28)

- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 74-1, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000074.) ... (Página 28)

- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 75-1, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000075.) ... (Página 28)

- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 76-1, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000076.) ... (Página 28)

Página 3


- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 77-1, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000077.) ... (Página 28)

Declaración institucional:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (Votación.) ...
(Página 39)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Votación.) ...
(Página 39)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Votación.) ... (Página 40)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. ... (Página 39)

Real Decreto-ley 7/2010, de 7 de mayo, por el que se crea el Fondo de apoyo a la República Helénica y se autoriza un crédito extraordinario por importe de 9.794.387.450 euros para su dotación. ... (Página 39)

La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a promulgar el real decreto-ley.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Ridao i Martín y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Montoro Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 39)

Proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general ... (Página 39)

Presenta la iniciativa el señor ministro de Fomento (Blanco López), en nombre del Gobierno.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, Ridao i Martín y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.


Intervienen los señores Perestelo Rodríguez, Macias i Arau i Ayala Sánchez.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 40)

Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 41)

Página 4


Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 41)

Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 41)

Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 41)

Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 41)

Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 41)

Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 41)

Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 41)

Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 41)

Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 41)

Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 41)

Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 41)

Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. ... (Página 41)

Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. ... (Página 41)

Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. ... (Página 42)

La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), presenta a la Cámara los proyectos de ley reseñados.


En defensa de las enmiendas a la totalidad intervienen la señora Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Rudi Úbeda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.


Declaración institucional. ... (Página 39)

Por el señor secretario (Barrero López), se procede a dar lectura de una declaración, firmada por todos los grupos parlamentarios, de apoyo a la candidatura de Ponferrada como sede de los Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Ruta del año 2013.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 39)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 7/2010, de 7 de mayo, por el que se crea el Fondo de apoyo a la República Helérina y se autoriza un crédito extraordinario por importe de 9.794.387.450 euros para su dotación, se aprueba por 321 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.


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Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 39)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, así como el texto del dictamen.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 40)

Sometida a votación la enmienda a la totalidad al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, se rechaza por 11 votos a favor, 165 en contra y 151 abstenciones.


Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad a los proyectos de ley del régimen de cesión de tributos del Estado y fijación del alcance y condiciones de dicha cesión a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Principado de Asturias, Murcia y Comunitat Valenciana, se rechazan por cinco votos a favor, 172 en contra y 148 abstenciones.


Se levanta la sesión a la una y diez minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 7/2010, DE 7 DE MAYO, POR EL QUE SE CREA EL FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA Y SE AUTORIZA UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 9.794.387.450 EUROS PARA SU DOTACIÓN. (Número de expediente 130/000030.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2010, de 7 de mayo, por el que se crea el Fondo de apoyo a la República Helénica y se autoriza un crédito extraordinario por importe de 9.794.387.450 euros para su dotación. Para la defensa de las razones que han llevado al Gobierno a promulgar el presente real decreto-ley tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, tengo el honor de comparecer en esta sesión del Pleno del Congreso para presentar en su debate de convalidación el Real Decreto-ley 7/2010, de 7 de mayo, por el que se crea el Fondo de apoyo a la República Helénica y se autoriza un crédito extraordinario por importe de 9.794.387.450 euros para su dotación.


La crisis financiera internacional ha subrayado algo que todos sabíamos, el elevado grado de interrelación que existe entre las economías de todos los países y por esa razón ha exigido la búsqueda de una respuesta coordinada por parte de los gobiernos para poder atender los desafíos que esta crisis ha planteado. Esta interrelación ha conducido también a la adopción de una medida histórica en la integración económica de la Unión Europea, el mecanismo europeo de estabilización, que, aunque no es objeto propiamente del real decreto-ley, me permitirán que mencione al final de mi intervención. Pertenecemos a una área económica que hace más de cincuenta años que se está construyendo, un área que dio un salto de gigante con la creación de la unión económica y monetaria y la aparición en el día a día de nuestros ciudadanos de una moneda común, el euro, moneda común que es una fortaleza pero que también es un reto para seguir construyendo una mejor coordinación. Este decreto-ley ha de enmarcarse no solo en la situación difícil que está atravesando Grecia, sino en la situación difícil que está atravesando la zona euro en su conjunto y en la necesidad de adoptar una decisión de apoyo financiero ante una situación de potencial riesgo sistémico.


En el caso de Grecia, la evolución de su economía en los últimos años se ha venido caracterizando por una serie de desequilibrios externos e internos, en particular una deuda pública de un nivel muy elevado y una deuda exterior que aumentaba significativamente. Además, hay que resaltar la existencia de fuertes debilidades estructurales de su sistema estadístico. Por último, la necesidad de realizar un ajuste interno se ha visto exacerbada por la crisis internacional. Ya en diciembre de 2009, el Consejo de la Unión Europea advirtió a Grecia que no había dado pasos efectivos para la reducción de su déficit. En este caso, como saben, el tratado dispone que se formule una advertencia para que adopte las medidas necesarias. La penalización de los mercados ante esta situación llegó a poner en duda la capacidad de Grecia para hacer frente a sus obligaciones. La percepción de un incremento del riesgo de impago soberano en un estado miembro de la zona euro podría tener repercusiones sistémicas en el

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resto de los Estados, principalmente a través de los mercados de bonos y del sector financiero, afectando así a la credibilidad del euro.
Señorías, la salvaguardia de la estabilidad de la eurozona requiere una intervención rápida y significativa y ningún Estado miembro ha de dudar a la hora de adoptar las medidas necesarias para lograr este objetivo.


El 16 de febrero, el Consejo Ecofin decidió avanzar en el procedimiento de déficit excesivo en Grecia, marcando un calendario en el que el Gobierno de este país habría de cumplir con las medidas recomendadas. Desde ese momento, las finanzas públicas griegas pasaron a estar sometidas a una supervisión continua. El objetivo del Gobierno griego pasó a ser reducir el déficit público desde el 12,75 del PIB en el año 2009, que era el dato entonces reconocido, hasta el 8,7 en el año 2010; más adelante sabríamos que el déficit en realidad ha sido de al menos el 13,65 por ciento.
Además de cumplir con las medidas planteadas en el calendario, el Gobierno griego anunció entonces medidas adicionales por valor de 2 puntos porcentuales del PIB. Los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro reafirmaron de nuevo el 25 de marzo su voluntad de actuar de manera resuelta y coordinada, si fuera necesario, para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro en su conjunto. Además, acordaron poner en marcha un esquema de ayuda a Grecia con financiación mayoritariamente europea, aunque incluiría una financiación procedente del Fondo Monetario Internacional. Los Estados miembros de la zona euro estaban dispuestos a contribuir con préstamos coordinados bilaterales. Se fijó además el procedimiento a seguir en su caso, partiendo de la necesidad de que Grecia solicitara la activación de este mecanismo de financiación.


El 14 de abril Grecia pide formalmente la implicación del Fondo Monetario Internacional en el sistema de ayudas acordado y el 23 de abril la activación del mecanismo de apoyo de la Unión Europea. El 2 de mayo, representantes de los Estados miembros de la zona euro decidimos activar el mecanismo de apoyo a Grecia a través de préstamos bilaterales coordinados por la Comisión por un importe de 80.000 millones de euros.
Las aportaciones de los países de la zona euro deben hacerse en función de su participación en el capital del Banco Central Europeo, excluyendo, como es obvio, Grecia. El mecanismo de ayuda incluye también financiación por parte del Fondo Monetario Internacional en el marco de un acuerdo de derechos de giro por importe de otros 30.000 millones. Y se prevé asimismo que el desembolso se realizaría antes de que se cumplan las obligaciones de pago de Grecia, previstas para el 19 de mayo, hecho que, como saben, ya ha tenido lugar y el Gobierno griego lo hizo público ayer.
En este primer desembolso y ante la urgencia del procedimiento han participado diez Estados miembros, puesto que Bélgica, Irlanda, Finlandia, Eslovenia y Eslovaquia no han podido concluir sus procedimientos internos y por tanto van a participar en los siguientes desembolsos, con una cuantía superior a la que les correspondería en función de la clave acordada.


Los instrumentos que se han utilizado para articular el mecanismo de ayuda europeo son, en primer lugar, un acuerdo entre acreedores firmado entre los Estados miembros de la Eurozona, excepto Grecia, mediante el cual se habilita a la Comisión a actuar en su nombre para la administración y organización de los préstamos bilaterales coordinados, acuerdo que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado jueves, 13 de mayo. En segundo lugar, un acuerdo de servicio de préstamo firmado por la Comisión en representación de los Estados miembros de la zona euro, en los términos recogidos en el mismo como prestamistas, y la República Helénica y el Banco de Grecia como prestatario y agente del mismo. En este acuerdo de servicio de préstamo se regulan las provisiones legales, como son los derechos y obligaciones de prestamistas y prestatario, acuerdo que ha sido igualmente publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado jueves, 13 de mayo. Ambos acuerdos, como conocen, están siendo aplicados provisionalmente por España. Finalmente, los elementos de condicionalidad se recogen detalladamente en un memorando de entendimiento firmado por Grecia y la Comisión en nombre de los Estados miembros de la Eurozona. El paquete financiero global de ayuda tiene así un montante total de 110.000 millones de euros, a desembolsar en tres años, de los que 80.000 serán aportados por los Estados de la zona euro y los 30.000 restantes por el Fondo Monetario Internacional.


La contribución de España a este programa de ayuda corresponde al 12,24 por ciento del total y resulta en una cifra de 9.794.387.450 euros, de los que el primer año se habrán de desembolsar 3.672.895.290 euros. El tipo de interés previsto será la suma del Euribor a tres meses aplicable en cada fecha de pago, más trescientos puntos básicos si han transcurrido menos de tres años desde la fecha de desembolso o cuatrocientos puntos básicos si han transcurrido más de tres años. El sistema de apoyo a la economía griega está sometido a una fuerte condicionalidad. Es precisamente esa condicionalidad la que constituye la principal garantía para la devolución del préstamo. Ello ha supuesto además que el Gobierno griego haya tenido que adoptar un programa de decisiones adicionales. La piedra angular de este programa es el severo ajuste fiscal exigido. El objetivo, reducir el déficit público en el año 2014 por debajo del 3 por ciento y que el ratio deuda-PIB pueda comenzar a descender a partir del año 2013. Quiero recordar que el ratio deuda-PIB está en este momento por encima del 120 por ciento.


Señorías, es en este contexto en el que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de mayo el Real Decreto-ley 7/2010, por el que se crea el Fondo de apoyo a la República Helénica y se autoriza un crédito extraordinario por el importe ya mencionado. Hemos considerado que el mejor instrumento para canalizar la ayuda a Grecia es la creación de un fondo sin personalidad jurídica.


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La gestión del mismo se realizará por la Secretaría de Estado de Economía a través de una cuenta abierta al efecto en el Banco de España, cuyo saldo conformará posición con la cuenta general del Tesoro y la dotación se irá transfiriendo a dicha cuenta según las necesidades de financiación del fondo. La primera orden de libramiento por parte de la Comisión se recibió el 13 de mayo y ese mismo día se procedió a acordar la puesta en marcha de la transferencia correspondiente, realizada finalmente el día 18 de mayo. Me gustaría señalar que, dada la inexistencia de crédito en los Presupuestos Generales del Estado para esta finalidad, con este real decreto-ley se autoriza asimismo el correspondiente crédito extraordinario por el importe de la dotación total del fondo. Esta ayuda se financiará con deuda pública. No obstante, no se trata de un aumento en la deuda neta, ya que el fondo se utiliza para adquirir un activo, el préstamo a Grecia, por el cual se percibirán intereses. Los rendimientos del préstamo que se conceda y las devoluciones del principal se ingresarán en la cuenta del fondo y posteriormente se transferirán a la cuenta general del Tesoro. En este real decreto-ley se previó además un mecanismo de anticipo para ayudar a superar las situaciones de desfase de tesorería hasta el momento en el que se encontrase operativo el mecanismo conjunto de ayuda. De esa habilitación se ha hecho uso con Francia, con Luxemburgo y con Chipre, mediante la concesión de un préstamo por parte de España de 750 millones de euros a un día, que ya han sido reintegrados por el Gobierno griego junto con sus intereses, que ascienden a 27.604,17 euros.


Asimismo, señorías, el real decreto-ley prevé el control parlamentario de la actividad del fondo, debiendo el ministerio que dirijo remitir a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados un informe anual sobre la actividad del Fondo de apoyo a la República Helénica. Este fondo se controlará además a través de auditoría pública. En relación con la utilización de la figura del real decreto-ley para regular este Fondo de apoyo a la República Helénica, la urgencia se justifica en la necesidad de atender de forma inmediata la solicitud de ayuda económica formulada por Grecia y, en consecuencia, de dotar los correspondientes instrumentos para hacer posible dicha actuación por parte de España. La concesión de esta ayuda requería en nuestro caso de una norma con rango de ley que crease el crédito presupuestario extraordinario y que autorizase la posibilidad del préstamo a corto plazo como anticipo, para contribuir a superar el posible desfase de tesorería en que pudiera incurrir Grecia hasta el momento en que se encontrase operativo el programa conjunto de ayuda europea. Este programa conjunto de ayuda europea ya se encuentra operativo y por tanto, como ya he dicho, Grecia ha procedido al reembolso de este anticipo proporcionado por España.


La situación crítica en la que se encuentra Grecia y su urgente necesidad de liquidez justifican que no haya podido utilizarse el mecanismo legislativo ordinario, que hubiese demorado en exceso la formalización del préstamo y su desembolso inmediato. Estas son, por tanto, las razones de extraordinaria y urgente necesidad que motivan la autorización del crédito extraordinario mediante un real decreto-ley. El día 18 se ha producido el primer desembolso en el marco de la ayuda conjunta con los países de la zona euro. Se ha transferido, por tanto, a la cuenta del Banco Central Europeo gestionada por la Comisión la cantidad de 1.931.911.723,45 euros, desde la que se ha hecho llegar al Banco de Grecia, junto con las aportaciones de los demás países de la zona euro.
Señorías, ningún Estado miembro de la Eurozona puede permitirse no participar en la ayuda a Grecia. De hecho, todos los países de la Eurozona lo estamos haciendo, porque las consecuencias para la estabilidad del euro hubieran sido muy negativas para todas nuestras economías.


Quiero resaltar aquí, para finalizar, la importancia que están teniendo las decisiones que estamos adoptando. La Unión Europea se ha dotado de un mecanismo para asegurar la estabilidad financiera de Europa y en particular del euro y está demostrando al mundo su capacidad de respuesta. La adopción de este mecanismo exige, como saben, un esfuerzo adicional a los Estados miembros para acelerar el proceso de consolidación fiscal de nuestras cuentas públicas. La Unión Europea ha sabido reaccionar para solventar un caso concreto, como ha sido el de Grecia, por medio de un mecanismo de apoyo financiero ad hoc, pero también ha sido capaz de implementar un marco institucional que permitirá la aplicación ordenada y predeterminada de medidas a otros casos, si ello fuese necesario, porque, como conocen, el 7 de mayo tuvo lugar una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo, en la que se reafirmó el compromiso de asegurar la estabilidad, unidad e integridad de la unión económica y monetaria, y el Consejo Ecofin de 9 de mayo acordó la articulación de un instrumento financiero para intervenir en defensa del euro cuando ello sea necesario, con capacidad para movilizar hasta 750.000 millones de euros. Es una decisión histórica sobre la gobernanza económica del euro y nos parece un paso fundamental en la tarea de seguir construyendo Europa.


Por todo ello, señorías, y en el convencimiento de que comparten la decisión adoptada por el Gobierno en los términos en los que me he referido a ella, espero que ratifiquen con su voto la vigencia del real decreto-ley que hoy les he presentado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno.


¿Desean utilizar el turno en contra o ir al de fijación de posición? (Pausa.) Fijarán posición todos los grupos, comenzando por el Grupo Mixto. Tiene la palabra doña Uxue Barkos.


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La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.


Señorías, señora vicepresidenta, compartimos, cómo no, el objeto y el objetivo del real decreto que nos traen hoy, cuando menos en su enunciado; por descontado. Lo que no compartimos son algunas de las herramientas que se utilizan, por decirlo de manera más clara, las condiciones que se imponen a la ayuda económica; ahí es donde lógicamente mantenemos diferencias. Nos traen, como digo, esta mañana uno de los argumentos que, a nuestro entender, dan razón de ser a la Unión Europea, como es en este caso la ayuda a uno de sus socios en forma de fondo de apoyo, a Grecia, un crédito por 9 millones de euros. Así resumido, insisto, como corresponde a los portavoces del Mixto -una cuestión de tiempo evidente-, parece que el asunto no permite mucho margen a la reflexión, pero lo cierto es que a nuestro entender, en opinión de Nafarroa Bai, en casos como este toca poner en valor y desde la izquierda los derechos adquiridos. Si no somos capaces -y en esto seguramente estamos de acuerdo para el conjunto de los socios y ante la crisis actual- de responder con corresponsabilidad desde la defensa del Estado del bienestar, desde un uso responsable del gasto, todos estos derechos pierden su valor de ser y de alguna manera este es un debate que subyace en el tema que hoy nos ocupa. Si ante una crisis de estas características no somos capaces de cambiar las reglas de juego, habrá perdido el actual Estado del bienestar y por lo tanto habrán perdido las iniciativas progresistas de construir nuestro mundo.


Es por lo tanto la de Nafarroa Bai, yo señalaba, una posición crítica no tanto, insisto, ante la herramienta que el Gobierno nos propone, sino ante las condiciones que han acordado los socios europeos. No nos oponemos, ni mucho menos, a la ayuda directa a Grecia en forma de crédito -e insisto en ello, porque creo que es importante que quede clara en este sentido la posición-, lo que no podemos aceptar, por ejemplo -para que sea expresiva y clara nuestra posición-, es que las condiciones con unos socios europeos sean más duras que las que en su día se decidieron en el rescate del sistema financiero. Este es un punto de inflexión que nos impide votar con ustedes y, no pudiendo decir por lo tanto que no, la posición de Nafarroa Bai es de abstención. Esto en lo que se refiere al contenido de la propuesta, señora vicepresidenta, porque en lo que respecta a las formas -no es tanto un mensaje dirigido a la Vicepresidencia económica que usted ostenta, sino al conjunto del Gobierno y desde luego al presidente- hoy es un día más en que seguimos jugando a la geometría variable parlamentaria.


Ocurre que en estos momentos empezamos a asomarnos a lo que a nuestro entender es ya el abismo de esa geometría, el abismo que supone cuando lo que está en juego es materia tan sensible como esta que nos ocupa, materia asumida fuera de esta Cámara pero sin tener la mayoría suficiente, aunque hoy se pase con holgura. Estamos asistiendo constantemente y de una manera especial en las últimas semanas a una suerte de juego en el que la falta de mayoría parlamentaria trasciende ya no solo las paredes de esta Cámara, sino los límites del Estado al que representamos. Por lo tanto, entendemos que empieza a ser ya una temeridad, en la que, como hasta ahora, se juega con la salud, por cierto, política de su grupo parlamentario, del Grupo Parlamentario Socialista, pero en la que además se juega el crédito de una institución como la que ustedes presiden y sobre todo se juega con la efectividad de medidas como la que hoy nos está proponiendo, insisto, más o menos holgada en la sesión de hoy. Pero lo que no se puede permitir el Gobierno -no podemos comprenderlo, e insisto en ello, vicepresidenta, es un mensaje que nos gustaría que usted trasladara- es que, ante las medidas que a partir de hoy empiezan a llegar a esta Cámara, la resolución de cuestiones como el déficit público del Estado, se siga jugando sin la mayoría parlamentaria necesaria para hacer frente con una cierta holgura y serenidad parlamentaria a situaciones como la que estamos viviendo.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora vicepresidenta, el Bloque Nacionalista Galego no se puede oponer a ayudar a Grecia, y no solo por una cuestión de solidaridad, sino porque un hipotético impago de la deuda por parte de Grecia afectaría a toda la zona euro y sus consecuencias por lo tanto se harían sentir en todos los Estados, particularmente también en el Estado español. Pero que nos solidaricemos con Grecia no significa que estemos de acuerdo con los criterios políticos y económicos acordados para esta ayuda y sobre todo que se manifiestan en este real decreto, igual que en el Plan de rescate del que ustedes nos han informado. Desde nuestro punto de vista y una vez analizados los mismos, este Plan de ayuda está vinculado a un plan de ajuste brutal de claros contenidos antisociales, es una manifestación del predominio en la Unión Europea de las políticas monetaristas y de estabilidad presupuestaria sobre cualquier otra consideración. Lo hemos hablado en muchas ocasiones en relación con el propio Estado español.
Nosotros pensamos que no es posible una moneda común sin convergencia real y un determinado grado de cohesión en índices de desarrollo humano entre los países que forman la unión monetaria.


Como manifestó en un artículo reciente el catedrático de economía aplicada Josep Oliver Alonso, una unión que tolera e indirectamente estimula la divergencia entre sus miembros no puede existir en el largo plazo. Se pretende, señora ministra, enmascarar con este horizonte que se presenta el origen de la crisis para justificar la imposición del recetario ultraliberal, que busca desmantelar

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las políticas públicas atribuyéndola a su excesivo gasto público. Grecia, España y Portugal tienen el gasto público, incluyendo el gasto público social, más bajo de la UE a quince, tanto si lo medimos en porcentaje del PIB como en el gasto público per cápita, o en el porcentaje de la población adulta que trabaja en el sector público. Todos estos países están a la cola de la UE a quince. La prioridad, desde nuestro punto de vista, debe ser la regulación de los mercados, la lucha contra los movimientos especulativos de capital y no aplicar las mismas políticas de ajuste duro que el FMI dictó para Sudamérica en las décadas de los ochenta y los noventa. Señorías, todos recordamos que dichas recetas de ajuste incluyeron la privatización de las empresas públicas, la desregulación de los mercados financieros, la eliminación de cualquier tipo de proteccionismo y la privatización de la economía de los países subdesarrollados, basada en las exportaciones en lugar del consumo doméstico, y que afectaron negativamente a los sectores populares de los países ayudados por el FMI. No creemos, por lo tanto, señorías, señora vicepresidenta, que estos deban ser los criterios que primen en la política que hay que llevar en la Unión Europea, en la política que hay que implementar en este Plan de ayuda a Grecia y, por supuesto, no estamos de acuerdo tampoco con las medidas que se plantean para el Estado español.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora vicepresidenta, el presidente del Gobierno se esforzó en esta Cámara hace unos días en subrayar que la profundidad del deterioro de la crisis económica en Grecia y la nuestra son difícilmente comparables. Y es cierto, porque hoy estamos debatiendo un préstamo extraordinario -al que no nos vamos a oponer-, entre otras cosas, porque los sucesivos gobiernos conservadores en Grecia intentaron, de forma consciente, sostenida y deliberada, falsear sus datos sobre su realidad económica, con una recaudación de impuestos que a duras penas alcanzaba el 4,7 por ciento del PIB y con una deuda disparada de cerca del 125 por ciento de su PIB, que puede llegar en 2012 al 138 por ciento, mientras que en el mismo periodo en la zona euro se estima que llegue al 84 por ciento. Pero, dicho todo esto, la crisis griega, más allá de las objetivas diferencias existentes con nuestro caso, ha puesto de relieve -y esto quiero subrayarlo hoy, señora vicepresidenta- algunas de nuestras debilidades y algunos de los problemas de nuestra economía, empezando por la ausencia de un auténtico liderazgo económico y, en particular, por la incapacidad de este Gobierno para alcanzar un consenso mínimo a la hora de afrontar algunas reformas necesarias para realizar los ajustes que sean oportunos, pero no solo por la vía del gasto sino también por la vía de los ingresos, y además de forma equitativa.


Perdóneme, señora vicepresidenta, que aproveche su presencia en la Cámara para decirle que ayer escuché al presidente del Gobierno anunciar que, en su momento, va a subir los impuestos a las rentas más altas. Por cierto, después de haberlo negado, como San Pedro, no tres sino muchas más veces, como corresponde a quien llegó a decir en su día que bajar impuestos era de izquierdas o que propuso un tipo único de IRPF o que fue corresponsable con el PP de algunas contrarreformas fiscales que supusieron un grave ataque a la progresividad de nuestro sistema tributario. No en vano, señora vicepresidenta, en un impuesto como el IRPF el 4 por ciento de los contribuyentes aportan el 33 por ciento de la recaudación y el 20 por ciento se obtiene del uno por ciento de los declarantes; creo que esa es la prueba más evidente de lo que acabo de decir. La pregunta es, señora vicepresidenta, si se trata de un nuevo globo sonda o si se trata de una nueva improvisación por parte del Gobierno. Nosotros hemos planteado, usted lo sabe, una reforma fiscal progresiva, un ajuste impositivo equitativo, que haga efectivamente que paguen más los que más tienen, en lugar de hacer descansar, como ustedes están haciendo en este momento, todo el peso de la crisis en los sectores más débiles, en los pensionistas y en las personas dependientes. ¿Cómo? Restituyendo el impuesto sobre el patrimonio para las rentas más altas, subiendo el tipo marginal del IRPF, incrementando el impuesto sobre sociedades para las veinte empresas que ganan más de 1.000 millones de euros al año y también restituyendo el impuesto sobre el valor añadido para bienes de lujo y suntuarios. Porque el problema de este Gobierno, señora vicepresidenta, no es solo lo que hace, que es recortar el gasto social y el gasto productivo en infraestructuras, sino sobre todo y especialmente lo que no hace, porque si este Gobierno hubiera podado durante los dos últimos años algunas ramas, no solo con algunas reformas sino también, entre otras cosas, con una reforma fiscal progresiva, quizá no hubiera tenido que sacar el hacha y ensañarse con los pensionistas, con los dependientes y talar todo un árbol, como el del Estado de bienestar, que hemos ido forjando estos últimos años. Por mucho que el Gobierno se empeñe en dar explicaciones justificativas en orden a las exigencias de los mercados, a las lacras del euro -cosa que evidentemente no vamos a negar-, si en toda una generación, señora vicepresidenta, vamos quizá a vivir en la penumbra con un Estado de bienestar en estado crítico es también porque a este Gobierno le ha faltado prudencia y le ha faltado sensatez. Y no solo al Gobierno, que lógicamente es el más responsable -el primero que pone la cara es el que recibe la bofetada-, sino también ha faltado por parte de la oposición, porque ni unos pueden matar el enfermo, señora vicepresidenta, ni otros esperar que el cadáver transite por delante de su puerta. Y mientras Europa ha dado un paso, nosotros hemos dado un auténtico traspié. El presidente

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del Gobierno se ha driblado a sí mismo, se ha mareado con la pelota en los pies, se ha quedado sin política propia, su proyecto ha naufragado auténticamente. Ha cambiado su política debido a la fuerte presión, debido a que la Unión Europea le ha conminado a renunciar a sus convicciones, y ello nos parece preocupante, de todo lo cual, evidentemente, hablaremos en los próximos días. Pero, señora vicepresidenta, sin negar nuestro apoyo a este decreto ley, he querido significar claramente que son carpetas muy distintas lo que hoy estamos discutiendo y lo que vamos a discutir dentro de unos días en razón de este ajuste que ustedes han presentado, al cual ya significo y subrayo nuestra firme oposición desde esta tribuna.


Muchas gracias, señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, ustedes vienen a presentarnos unas propuestas para Grecia que tienen la misma música de las propuestas que nos han planteado aquí: la manera de salir de las crisis, ajustes duros y ajustes hacia los que menos tienen. De hecho, Europa ha exigido a Grecia y también a España lo mismo que exige el Fondo Monetario Internacional, y por eso nosotros no estamos de acuerdo ni con las características del Plan de rescate de Grecia ni con sus propuestas de ajuste. Lo cierto es que hoy existen otros nuevos mecanismos de disuasión masiva. Ayer el presidente Zapatero hablaba de los impuestos a los más ricos. Me recordaba al ministro Blanco cuando este verano anunciaba impuestos también a los más ricos para acabar subiendo el IVA a tutiplén. Ustedes dijeron que hacían una propuesta de ajuste en España que exigía a todo el mundo, pero en cambio se olvidaron precisamente de las rentas altas, de la reforma en el impuesto sobre sociedades, para eso que venimos nosotros pidiendo desde hace tanto tiempo, que es que las diecinueve empresas que ganan más de 1.000 millones de euros paguen más, o para conseguir diferenciar sociedades que funcionan de las que simplemente sirven para que algunos paguen menos impuestos, o planteando una subida del IRPF para las rentas altas o reformas en torno al impuesto sobre el patrimonio. De eso se olvidaron. ¿Y qué es lo que encontramos hoy? Un titular, una bonita declaración, sin saber cuándo se concreta y a la espera de que vengan tiempos mejores. No, la responsabilidad de un Gobierno progresista es hacer políticas de ajustes no solo por el gasto sino también por la vía del ingreso. Cuando ustedes hacen que sea un dogma que la política de ajuste solo se tiene que hacer por el gasto, están renunciando a la recuperación económica y lo están haciendo con profunda insolidaridad, inequidad y de forma clara e injusta.


¿Cuál es el problema? Que hoy discutimos el Plan de rescate a Grecia después de semanas de indecisión, cuando Europa se encontraba ante el abismo y finalmente los gobiernos europeos decidieron ayudar a Grecia, pero hubo un plan de ajuste de caballo. Usted sabe que en un país como Estonia se aplicaron medidas similares porque las mandataba el Fondo Monetario Internacional, y usted sabe tan bien como yo lo que ha pasado con Estonia: escenarios de recesión del 13 por ciento, porque si se retiran todos los estímulos la economía no tira. ¿Y cuál es el problema? Que ustedes vienen y nos dicen: aprueben ustedes el Plan de rescate de Grecia, y les tenemos que decir que no, que ni hablar, porque el Plan de rescate a Grecia tiene esas recetas, esas medidas, es ese jarabe que impedirá al Gobierno griego ocuparse de las necesidades de los más afectados por la crisis económica. Son recetas que pagan los asalariados, los funcionarios, cuando la crisis la han provocado las entidades financieras. Son propuestas y un plan de austeridad que acabarán por hundir el propio plan de rescate porque este último está diseñado para evitar la quiebra del Estado griego, pero las condiciones impuestas a Grecia le impiden crecer en los próximos años. Y ustedes, acríticamente, dicen: sí, ese es el plan, esas son las propuestas, esas son las medidas.
Lo que va a pasar es que harán saltar por los aires el déficit público e incluso dispararán su ratio de deuda-PIB. Como les decía, el plan diseñado para Grecia aplica las mismas medidas que las del corralito argentino o las que se aplicaron a Letonia haciendo caer su PIB. El plan de austeridad lleva inevitablemente a la quiebra del Estado griego, a una quiebra aún más profunda. Yanis Varoufakis, director del departamento de Política Económica de la Universidad de Atenas, decía que podían ser otras las soluciones, que Grecia no puede escapar de la suspensión de pagos y que las medidas no pueden ser estas. Y desde el Banco Central de Grecia, Stelios Fountoukidis decía que hay una posibilidad de suspensión de pagos no solo porque no haya liquidez en la caja actualmente, sino por la depresión económica. ¿Y ustedes qué les plantean? Que no salgan del agujero, esa es su propuesta. El acuerdo está haciendo saltar por los aires toda concepción de solidaridad. ¿Cómo puede ser que ustedes les estén prestando a los griegos a un interés del 5 por ciento? ¿Esa es la solidaridad europea? No me hagan reír. Esa es la indecencia europea, que exige a los griegos lo que no les ha exigido a los bancos. ¿Usted quiere que aplaudamos? Eso no es ser solidario. Eso es ser un nuevo tahúr, no sé si del Misisipi. Pero esto realmente hace que quien lo pase mal -muy mal- sean griegos y griegas.


Acabo ya, presidente, diciendo que el plan de rescate, ese plan de rescate que dicen que exige Europa pero que les va bien a las entidades financieras alemanas y francesas para recuperar la deuda que tienen en Gracia, es el plan que les va bien a esas entidades financieras, pero no es el plan que les va bien ni a los europeos ni a los griegos. De la misma manera que no nos van nada bien -nos van fatal- sus propuestas a posteriori.


Muchas gracias, presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señora vicepresidenta, trae el Gobierno para su convalidación un real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros y publicado hace dos semanas, toda una eternidad en los turbulentos momentos económicos y financieros en que nos encontramos. Es un real decreto-ley, como ha explicado la vicepresidenta, por el que se crea un fondo de apoyo a Grecia al que el Gobierno español ha de aportar casi 10.000 millones de euros en un periodo de tres años, financiado este importe con deuda pública. Es un real decreto-ley que deriva de un compromiso en el ámbito de la Unión Europea adoptado por el Consejo Europeo de 25 de marzo con el fin de evitar o minorar el impacto que sobre la economía y especialmente sobre el euro pudiera derivarse de un impago de la abultada deuda griega.
Europa adoptar por primera vez una decisión de calado económico con el fin de evitar un riesgo sistémico que pusiese en cuestión al euro, auténtico corazón y motor económico de la Unión. Tras muchos dimes y diretes, en los que no es momento ahora para entrar, tras las resistencias iniciales de algunos países relevantes como Alemania, al final se decidió salir a socorrer a la economía y al Gobierno griegos, exigiéndole como contrapartida esfuerzos considerables para la contención del gasto público, medidas que incluso han supuesto graves altercados sociales. Así se da un paso importante en la cohesión política de la Unión, porque la decisión, aun siendo de carácter económico, ha sido posible merced a un acuerdo político de los presidentes de la zona euro.


La medida está ahí a pesar de algunas críticas relevantes como la del prestigioso economista Joseph Stiglitz, que acusó a los países de la zona euro de falta de solidaridad por prestar a Grecia dinero a tipos superiores a los que dichos países lo consiguen en el mercado. Entendía Stiglitz que no se puede hacer negocio con la mala situación de un país de la Unión si de verdad se cree en esta unión política. Pero el propio presidente Zapatero nos dijo en esta Cámara que con esta operación se iba a ganar dinero y que supondría recursos adicionales para la Hacienda pública. Egoísta o no, era la primera medida, el aperitivo para lo que se desataría con posterioridad. Los mercados, los déficits abultados de muchos países y la debilidad económica del euro han llevado a la Unión Europea a adoptar medidas para evitar los ataques especulativos a la moneda comunitaria. Precisamente el fin de semana del 7 al 9 de mayo es cuando se aprueba un fondo de 750.000 millones de euros y se le exige al Gobierno español también por parte de Europa una rebaja sustancial de su déficit público. Grecia, por lo tanto, era el aperitivo, pero el Estado español era ya un plato fuerte y Europa no estaba dispuesta a correr más riesgos.


Tras la exigencia europea, el presidente Rodríguez Zapatero anunció en esta Cámara la pasada semana las medidas que previsiblemente concretará y aprobará hoy mismo en la reunión del Consejo de Ministros. Por eso decía antes que en apenas dos semanas han pasado muchas cosas en los mercados y sobre todo en el ámbito de la gobernanza económica de la Unión Europea, especialmente en la Eurozona. También hemos visto que otros países como Italia, Reino Unido, etcétera, van adoptando medidas de control de las cuentas públicas antes de que les ocurra lo mismo que al Gobierno español. La soberanía política y económica está cada vez más en Europa y quizá esta crisis sirva para dar un salto cualitativo importante en la cohesión económica y política europea, aunque también existe el riesgo, que hay que evitar por todos los medios, de que la unión económica y política salte por los aires. Me imagino que en un par de semanas estaremos debatiendo sobre la convalidación de otro real decreto-ley que contemple las medidas que propone el Gobierno socialista para cumplir con los requerimientos europeos de control de déficit público, así que hoy no voy a referirme a dichas medidas porque tiempo tendremos, no ya en el debate sino me temo también que en el ínterin de aquí al debate, de fijar nuestra posición al respecto. Ahora estamos hablando del Real Decreto-ley 7/2010, a cuya convalidación nuestro grupo votará favorablemente. Creemos que el apoyo a Grecia es necesario e imprescindible desde una perspectiva europeísta. Además, hace dos días ya se ha librado el primer préstamo por parte del Ministerio de Economía y Hacienda por importe de 1.941 millones de euros, tal y como la vicepresidenta ha señalado desde esta tribuna.
Estamos, pues, convalidando tarde este real decreto-ley. Hubiera sido deseable hacerlo antes de transferir esta cantidad, pero, en todo caso, dado el apoyo, yo creo que en este sentido es irrelevante.


Quisiera, sin embargo, plantear algunas dudas que me surgen al analizar el real decreto-ley, aunque la vicepresidenta ya ha hecho alguna aclaración en su intervención. A pesar de que en su día pudimos leer en la prensa que estos préstamos a Grecia se realizarían al 5 por ciento de interés, el real decreto nada dice al respecto. Hoy nos ha dicho la vicepresidenta que va a ser al Euribor trimestral más 300 puntos básicos en caso de ser un préstamo inferior a tres años, y si es superior a tres años va a ser al Euribor trimestral más 400 puntos básicos. Nos preocupa que si se financia con deuda pública sería necesario también conocer los plazos exactos de la devolución de los préstamos para hacer conciliar las emisiones de deuda pública con el plazo, insisto, de los préstamos, de manera que la devolución de los mismos permita hacer frente al pago de intereses y a la amortización de la deuda. De lo contrario podría ocurrir, una vez devuelto el préstamo, que la deuda pública siguiera viva sin amortizarse, con el coste adicional que ello pueda suponer. No obstante, esta es una cuestión técnica y de encaje de

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las emisiones de los préstamos de los mercados que seguro que los técnicos del tesoro lo tienen resuelto o lo van a hacer razonablemente bien.
Espero, sinceramente, que estas cuestiones sean aclaradas. Por lo demás, como ya he comentado, votaremos favorablemente la convalidación de este real decreto-ley, en solidaridad con los ciudadanos y el Gobierno griego, para hacer frente a los ataques especulativos o no al euro y para avanzar en una Europa cada vez más cohesionada económica y políticamente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a ser la de votar favorablemente el Real Decreto-ley 7/2010, por el que se crea un fondo de apoyo a la República Helénica y se autoriza un crédito extraordinario por un importe de más de 9.000 millones de euros para su dotación. Vamos a votar favorablemente sobre la base de las siguientes consideraciones. En primer lugar, señorías, porque estas medidas -con la aprobación de este crédito extraordinario de más de 9.000 millones de euros- han sido adoptadas en el seno de la Unión Europea y deben ser apoyadas por mi grupo parlamentario, que considera que el acuerdo europeo es necesario para asegurar la estabilidad económica de la Eurozona. En segundo lugar, señorías, porque las medidas de apoyo a Grecia adoptadas por la Unión Europea son una apuesta por el euro, por mantener la moneda europea fuerte y es una inversión para mantener y crear en el seno de la Unión Europea una economía competitiva. Al mismo tiempo, somos conscientes de que el coste de esta medida no es únicamente el previsto en este real decreto-ley, ya que entendemos que estos más de 9.000 millones de euros van a tener el coste añadido de las medidas que tengamos que realizar en España, que, como SS.SS. saben, fueron anunciadas por el presidente del Gobierno la semana pasada y suponemos que las va a aprobar el Consejo de Ministros esta semana. Por último, entendemos que es evidente que el problema llevaba el nombre de Grecia, pero a nadie se le escapa que los riesgos de contagio eran reales y que España estaba en los primeros puestos de candidatos a padecer este contagio. Después de la larga y dura negociación mantenida en las últimas semanas entre la Unión Europea y Grecia con el objetivo de garantizar la aplicación de claras medidas de austeridad en el presupuesto griego, la Unión Europea ha exigido -y no únicamente a Grecia sino también a España y a Portugal- la adopción inmediata de medidas de austeridad presupuestaria por ser estos dos Estados los que la Unión Europea considera que tienen mayor riesgo para el futuro del euro. Por tanto, señorías, hemos de estar preparados para asumir el esfuerzo que va a suponer acometer estas medidas que nos permitan afrontar la situación en la que nos encontramos, con convencimiento de que podemos hacerlo desde el realismo y no desde la improvisación.


De esta perspectiva, me gustaría hacer una serie de consideraciones, aprovechando la convalidación de este real decreto, sobre las últimas declaraciones hechas ayer por el presidente del Gobierno respecto al anuncio de una política de incremento fiscal para las rentas más altas.
Señora vicepresidenta -con el máximo respeto a usted y, por descontado, al presidente del Gobierno-, desde mi grupo parlamentario le recomendaríamos rigor y diligencia, mucho rigor y mucha diligencia en la aplicación de las medidas orientadas a reducir el déficit público y de las medidas complementarias que habrá que adoptar para incrementar los ingresos, que es en lo que seguramente no piensa con estas manifestaciones el presidente del Gobierno. Si nosotros fuéramos capaces o si el Ejecutivo fuera capaz de plantear medidas orientadas a que de los casi 5 millones de españoles que están en esta situación desgraciada de paro, al menos un millón, 1,5 ó 2 millones de personas pudieran incorporarse en los próximos meses al mercado de trabajo, probablemente no tendríamos que recurrir a estos anuncios publicitarios, estas medidas ideológicas que van única y exclusivamente en la dirección de contentar a la parroquia. En definitiva, todos sabemos perfectamente -cuando digo todos quiero decir los expertos económicos- que si prometemos un incremento de impuestos para las rentas altas o para los más ricos -esto queda muy bien desde la óptica de defender a los menos ricos e ir contra los que son ricos o de intentar plantear estas famosas políticas, que nosotros consideramos del siglo pasado, de la división entre izquierdas y derechas-, pero cada día el paro aumenta, al final no habrá recaudación posible. Sinceramente, desde Convergència i Unió les pedimos seriedad, máximo rigor y que puedan manejar la situación económica española, que es muy difícil y delicada. Planteen medidas con rigor, medidas serias, porque si van en esta dirección y los diferentes grupos parlamentarios somos consultados sobre estas propuestas que van a realizar, probablemente encontrarán el consenso y la posibilidad de salir airosos en las votaciones que se van a efectuar en esta Cámara para poder resolver esta delicada situación. Ahora bien, si contradecimos lo que en algunos casos ha manifestado usted, señora vicepresidenta del Gobierno, de no ir en la dirección de plantear más presión fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en la restauración del impuesto sobre el patrimonio, vamos en mala dirección. Se generará desconfianza e incertidumbre, y lo que necesita la economía española, señora vicepresidenta, es confianza y serenidad y no anuncios electorales desde la óptica de la publicidad, porque esto no lleva a ningún sitio.


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Probablemente, señora vicepresidenta, ustedes ganaron las últimas elecciones generales haciendo anuncios electorales en la dirección de regalar los 400 euros y el cheque-bebé, y ahora resulta que estamos pagando todos estas consecuencias y este despilfarro electoral que ustedes plantearon hace aproximadamente dos años y que generaron un agujero que nosotros estimamos en una cantidad que podría oscilar entre 10.000 ó 12.000 millones de euros. Yo sé, señora vicepresidenta, que usted está en la dirección correcta, y desde Convergència i Unió les pedimos seriedad. El horno no está para bollos, los mercados están muy atentos a las evoluciones y a las declaraciones que hace el Gobierno. El Fondo Monetario Internacional concretamente esta semana ha visitado a los diferentes grupos parlamentarios, y quizá la única obsesión que tenía era saber si habría posibilidad de conseguir consenso en las medidas adoptadas por el Gobierno. Nosotros estamos en el fondo de acuerdo en reducir el déficit público, aunque tenemos matizaciones respecto a los planteamientos que han hecho ustedes, pero si no van en la dirección de aplicar rigor y seriedad va a ser muy difícil que aquí podamos encontrar consenso y resolver una situación en relación con la cual mi grupo parlamentario está dispuesto a arrimar el hombro siempre y cuando haya seriedad y rigor y planteamientos serios. No estamos por la labor de anuncios publicitarios de ricos y pobres, de derechas e izquierdas, sino que queremos intentar resolver la situación de estos 5 millones de personas que se encuentran en paro, que están pasando verdaderas dificultades para llegar a fin de mes, y queremos buscar soluciones para que de estos 5 millones de parados que existen en España podamos pasar a 3 millones lo más rápidamente posible. No vale prometer incrementos de impuestos para determinadas capas de las rentas españolas cuando estamos en una situación de un 20 por ciento de paro. Por tanto, señora vicepresidenta, va usted a contar con nuestro voto favorable en este real decreto, pero al mismo tiempo no nos vamos a cansar de reiterar que queremos rigor y seriedad en las políticas económicas que se puedan implementar en el futuro, pues sin este rigor y esta seriedad no vamos a conseguir la confianza necesaria de los mercados internacionales y de los agentes económicos españoles para invertir y generar ocupación.


Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Popular tiene la palabra don Cristóbal Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Señor presidente, señora vicepresidenta segunda del Gobierno, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular quiere manifestar su apoyo, su sí a la ayuda financiera a la República Helénica, a Grecia. Lo hacemos en defensa propia. Lo hacemos en defensa del euro. El euro es nuestro proyecto como europeos, nuestro proyecto como españoles. El euro es estabilidad, el euro es el club de la estabilidad económica, y lo que está ocurriendo con Grecia y con España, señorías, es que son países que han incumplido las reglas de la estabilidad económica, señora vicepresidenta. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Por eso ahora tenemos que salir en ayuda financiera de Grecia y por eso anteayer, después del Ecofin presidido por el Gobierno de España, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios urge a tres países de la Unión Europea a reducir el déficit público -tres países, señoría; no menciona a más-: Grecia, Portugal y España. ¿Dónde estamos, señora vicepresidenta? ¿Dónde nos ha colocado su Gobierno, señora vicepresidenta? ¿Dónde está su discurso político? ¿Pro-europeo? ¿Pro-euro? ¿O está situándonos en el filo de la navaja? ¿Quién ha advertido sobre lo que se nos venía encima, señora vicepresidenta? Lo hemos hecho quienes hemos anunciado, como dije la última vez que ocupé este estrado, esta tribuna, con toda lealtad a la sociedad española y al Gobierno de España, qué clase de crisis económica está viviendo nuestro país y cómo había que corregir esa crisis económica, y también los que hemos dicho desde el comienzo que no íbamos a salir de esta crisis económica con un discurso público, con un discurso político de incremento del gasto, de incremento de la deuda y, ahora, de subida de impuestos, señorías.


Señora vicepresidenta, su responsabilidad es grande en el momento que estamos viviendo. Su responsabilidad es alta como miembro de un gobierno donde usted -la misma que está declarando estos días y a estas horas que el Gobierno no piensa subir más impuestos- vuelve a quedar desautorizada por el presidente del Gobierno, ayer mismo, anunciando que habrá subida de impuestos, a los ricos, nos dicen ahora. El mismo Gobierno que subió los impuestos especiales sobre carburantes y sobre tabaco, a los ricos, claro; a los ricos les subieron los impuestos ya este año. El mismo Gobierno que sube el IVA a partir del 1 de julio, a los ricos también, señora vicepresidenta. Y el mismo Gobierno que ahora anuncia otra subida más de impuestos para sacarnos ¿de dónde? ¿De la falta de confianza que tiene la sociedad española? ¿Del crédito internacional perdido? ¿Usted sabe lo que está haciendo? ¿Usted tiene peso específico en este Gobierno? ¿Usted lanza mensajes de fiabilidad y de confianza dentro y fuera de España o usted se pliega continuamente a decisiones de su presidente del Gobierno, el mismo que nos ha llevado a esta situación?

Señorías, quiero decir a la Cámara esta mañana que España no es Grecia.
España no es Grecia por muchas razones. Ahora se alude continuamente al tamaño de nuestra economía, pero no es el tamaño de nuestra economía, señoría. España no es Grecia porque España desde que hizo los deberes del euro ha creado ocho millones de puestos de trabajo, porque tenemos una estructura de empresa familiar, de pequeña y mediana

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empresa, de autónomos, que son los autores de ese gran avance de España en materia de creación de empleo. Eso no lo ha hecho ningún país de la Unión Europea, señorías, al mismo tiempo que nos hemos internacionalizado como nunca antes habíamos vivido en nuestra historia ese proceso. Hemos pasado, desde que nos pusimos a trabajar para introducir a España en el euro, de tener invertido fuera de España el equivalente al 6 por ciento de nuestro producto interior bruto a tener hoy el 46 por ciento de nuestro producto interior bruto fuera de España, creando empleo en casa como nunca lo habíamos hecho. ¿Y qué ha ocurrido con esta crisis, señorías? Por eso nosotros no somos Grecia, pero sí somos Grecia en términos de perder nuestro crédito internacional, sí somos Grecia en términos de intervención europea sobre nosotros; y no nos digan que Europa somos todos; unos más que otros, como se está demostrando en esta crisis europea, señorías. Tenemos un grado de intervención como país como nunca antes lo habíamos tenido en España, gracias a su Gobierno, y gracias a su Gobierno ahora nos imponen el ajuste, ¿sobre quién? Sobre la parte más débil de la sociedad, la que ya está pagando la crisis. Ahora nos anuncian el ajuste sobre los pensionistas, el ajuste sobre los servidores públicos, el ajuste ¿sobre quién? Sobre los parados, subiéndoles el IVA una vez más. Señoría, España no es Grecia porque ya ha hecho un ajuste económico y social de una envergadura como no se ha hecho en ningún país europeo. Desde que comenzó esta crisis, señora vicepresidenta, 2,3 millones de personas en España han perdido su puesto de trabajo; 2,3 millones desde el tercer trimestre del año 2007 a acá. Ha aumentado la plantilla del sector público en 200.000 funcionarios más, mientras que en el sector privado han perdido su empleo 2,3 millones de personas, y hoy tenemos 4,6 millones de parados en España. Por eso, porque hemos hecho ese ajuste social, tampoco somos Grecia, señoría. Pero estamos haciendo ese ajuste y ahora vienen más ajustes, ¿como consecuencia de qué? Como consecuencia de la pérdida de crédito, del crédito y de la confianza de España en sí misma y de su imagen internacional. Situación no grave, señorías, la que estamos abordando esta mañana, situación gravísima, gravísima, y frente a una situación así no se reacciona con recortes sociales impuestos desde fuera, se reacciona con reformas, con cambios, con propuestas de actualizar y, al actualizar, de normalizar nuestro sector público con leyes que regulen el aumento del gasto público, que lo disciplinen, como se está haciendo en Alemania, señorías, con rango constitucional; con leyes de estabilidad presupuestaria, reforzando el pacto de estabilidad -quiero oírla hablar así, señora vicepresidenta-. Hay que introducir la normalización de los presupuestos de los Estados en la Unión Europea, y no como ustedes, que han relajado la Ley de Disciplina Presupuestaria.


Hay que volver a la ley del déficit cero en España, señorías, hay que bajar los impuestos selectivamente a quienes nos tienen que sacar de esta crisis, hay que abordar la reforma laboral cuanto antes, señoría, con decisión, con valentía. No es valentía y decisión decirle a los pensionistas que les vas a meter mano en sus pensiones; no es valentía o decisión decirle a la gran mayoría de esos servidores públicos, incluidas las Fuerzas de Seguridad del Estado, a los policías o a los guardias civiles, que les vas a bajar un 5 por ciento el sueldo porque el Estado español no puede hacer frente a esas responsabilidades, señoría, cuando no es capaz de disciplinar el conjunto de las actuaciones del sector público en España. Por eso hay que hacer esas reformas, y la reforma bancaria, la reforma del sector crediticio, para ganar confianza internacional. Ustedes arrastran los pies en las cuestiones más importantes que tiene España delante; como arrastran, confunden y perjudican a esa imagen internacional con los anuncios que hacen en materia de política energética. ¿Dónde está su política energética, señora vicepresidenta segunda del Gobierno? Eso es lo que ayuda a Grecia, hacer un país fiable. Necesitamos, señorías, no más recortes, sino volver al crecimiento económico creador de empleo. Le voy a decir una cosa -y al señor Marugán también, fiel keynesiano que iba defendiendo la política presupuestaria que nos ha llevado a estos recortes; señor Marugán, estoy interesadísimo por ver los argumentos que va a desarrollar usted en esta tribuna-, esto es grave, pero ya lo hemos vivido en esta Cámara. Hemos vuelto a los noventa, a la alta tasa de paro, al alto déficit público, al alto endeudamiento del Estado, y hemos vuelto, señorías, a la pérdida de crédito internacional de España en los mercados financieros. A eso hemos vuelto, señorías, ahí es donde nos sitúa siempre el Gobierno socialista y es el momento de la responsabilidad y de la alternativa de gobierno. Hay otra política económica, señoría, la política de las reformas, y no la política de los recortes. No más subidas de impuestos, señoría, porque los pagan siempre los mismos, los pagan las clases medias, los pagan los más necesitados de nuestro país, y lo que necesita nuestro país, España, en este momento, señoría, es más confianza, más fe en sí misma y en definitiva avanzar sobre un cambio de gobierno, que es en definitiva el Gobierno que está lastrando la pérdida de confianza en Europa y en España.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Montoro.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados,el señor Montoro ha tenido la virtud de deleitarnos una vez más con el consabido desahogo que es habitual en sus intervenciones parlamentarias. Yo creo que no ha hablado aquí de nada de lo que hoy nos traía el orden del día; pero, bueno, él se ha divertido y ha hecho el uso que consideraba oportuno de esta tribuna del Congreso de los Diputados.


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A mí me gustaría poner de relieve algunos hechos novedosos que creo yo que son importantes. Nosotros debatimos hoy un decreto-ley que mi grupo va a apoyar, en el cual se aborda el rescate de la economía de uno de los Estados miembros de la zona euro. No es frecuente que se produzcan este tipo de iniciativas. Nosotros hemos vivido en las últimas semanas una situación desafiante por parte de quienes han querido poner de rodillas a un Estado de la Unión Europea, y ese desafío tenía como destino averiguar si había capacidad de resistencia en Europa, y en concreto en la zona euro en la defensa de la moneda única, y lo hacían porque el euro es un vínculo entre los miembros de la Unión que adquiere una enorme significación política y económica.


La señora Salgado ha dicho que Grecia se enfrentaba a un cóctel explosivo y ha puesto de relieve los datos de esa reunión. Y el primer ministro griego, hace menos de un mes, en la isla de Kastelorizo hacía una declaración en la que decía: heredamos un barco a punto de hundirse, un país sin credibilidad, un país que había perdido el respeto de sus socios, una economía expuesta a la compasión y al apetito de los especuladores. Lo dijo recordando que el anterior primer ministro, el señor Karamanlis, líder de la derecha nacional, había incurrido en algo más que en lenidad fiscal, y se había comportado como un político corrupto y mendaz, incapaz de gestionar su propia autonomía y sus obligaciones internacionales. Debido a ello Grecia parecía abocada a hacer realidad aquella expresión de Tennessee Williams en Un tranvía llamado deseo: que la hacía depender de la caridad de los extraños. Y Grecia ha estado durante meses viendo en qué medida podía evitar ser víctima de la caridad de los extraños. Hoy tiene una difícil situación -me recuerda a una de las tragedias de Esquilo- y tiene que hacer un esfuerzo hercúleo para evitar la quiebra y para no ser la primera de las naciones que encabeza la salida de la zona euro.


Sorprendentemente, las críticas que se oyen en torno al rescate de Grecia dejan a un lado los dilemas morales que pudieran plantearse a la hora de salvar a banqueros negligentes y a defraudadores financieros. Esos dilemas no existen en este caso, y en este caso lo que existe es una actitud exigente derivada de la enorme incompetencia del Gobierno anterior que plantea graves dificultades a un pueblo. Y así lo ha dicho el primer ministro, el socialista Papandreu: el tiempo que no nos han concedido los mercados, nos lo dará el apoyo de la zona euro. Y es verdad, así ha sido. El señor Azpiazu ha recordado algunas de las resistencias que hubo que vencer, pero la Unión se tomó en serio la protección de los intereses comunes y de la moneda común, y hoy la nación griega tiene delante de sí una dura odisea, un duro camino, pero la Unión Europea también tiene un conjunto de problemas. La zona euro es para todos los tiempos, para los tiempos buenos y para los tiempos malos.


La semana pasada Felipe González decía que la Unión Europea tiene que hacerse responsable de sí misma, y que cada uno de nosotros tiene que hacer lo que le corresponde. Nosotros tenemos delante un panorama en el cual hemos visto cómo los Estados han venido en rescate del sistema financiero, con un volumen cuantioso de dinero puesto por parte de los contribuyentes, que les ha obligado a desequilibrar su cuenta financiera.
Los extremistas de derechas, que tan abundantes hay en esta Cámara, son los únicos que todavía no se han enterado de que los Estados aquí y fuera de aquí han tenido que hacer frente a muchas más necesidades con bastantes menos recursos. Esos mismos extremistas de derechas ignoran que la velocidad, la voracidad, la desmesura con que actúan en los mercados requiere un cierto orden y, por qué no decirlo, estamos viendo cómo aquellos que fueron ayudados muerden la mano que les dio no hace tiempo de comer.


Hoy nos encontramos con una fase siguiente de la crisis, la fase que afecta a la deuda soberana. Los Estados se endeudaron para evitar la quiebra de los grandes bancos, los Estados se endeudaron para hacer una política que evitara el desplome de la demanda privada. Pues bien, pese a esos méritos, hoy los Estados están siendo acusados por quienes se han visto ayudados por ellos. Eso es lo que estamos viendo en este momento, que los organismos internacionales recomiendan a los gobiernos que actúen con rapidez acelerando los programas de consolidación fiscal, que diseñen medidas, tanto en la inversión como en el gasto corriente, para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hemos vivido, señorías, la primera crisis, una gran crisis en la zona euro, que ha planteado la necesidad de crear un sistema transparente de solución de la crisis, ha planteado la necesidad de reducir los desequilibrios internos y la revisión de los planteamientos sobre la supervisión financiera. Hoy sabemos que la estructura que heredamos de Maastricht es incompleta, que ni el PEC ni la regla de nuevo apoyo han funcionado adecuadamente, que es necesario un nuevo marco institucional. Poco a poco vamos sabiendo cuán seria fue la crisis hace dos semanas, y que las perturbaciones no se conjuraron única y exclusivamente en el mercado de deuda, sino en el conjunto de los mercados financieros, y que fue la actitud contundente del Ecofin la que hizo que se conjurara esta situación, que de haberse ido de las manos, hubiera debilitado la zona euro y nos hubiera llevado a una crisis que habría afectado al conjunto de la Unión. Esas drásticas decisiones, tomadas en Presidencia europea, han cambiado las perspectivas futuras de la zona euro, le han dado sostenibilidad. En esta semana hemos mostrado el apoyo al Gobierno de Grecia. Hemos dejado claro que, a través de un poderoso mecanismo europeo de estabilización, se van a proporcionar recursos a los países miembros de la zona euro que tengan dificultades.
Le han dicho a los gobiernos que favorezcan los planes de sostenimiento, para de esta forma poder consolidar las decisiones comunes. Martin Wolf, conocido analista del Financial Times, decía que a partir de ahora será más caro el coste de las apuestas que se establezcan contra la deuda de los países miembros de la Unión Europea.


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Voy terminando. De las muchas declaraciones que se han hecho a lo largo de las últimas semanas no tengo inconveniente en recoger la de la señora Merkel, que no tiene conexiones ideológicas con mi grupo ni conmigo, y que de alguna manera viene reclamando la primacía de lo político sobre lo económico. La señora Merkel ha dicho recientemente -lo ha dicho en el Financial Times- que esta es la batalla de la política contra los mercaderes; los especuladores son nuestros adversarios y desde luego tenemos que actuar contra ellos todos unidos. Valoro mucho estas palabras, pero valoro fundamentalmente el elemento diferencial que tienen las mismas. Ni a Aznar, ni a Rajoy, ni a Montoro, ni a Cospedal ni a Pons se les hubiera ocurrido nunca hacer un planteamiento de esta naturaleza -termino de verdad-; cuando escucho a cualquiera de ellos llego a la conclusión de que están clavados en el túnel del tiempo, que no son otra cosa que la pura representación del pensamiento fósil.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 48/2003, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PUERTOS DE INTERÉS GENERAL. (Número de expediente 121/000024.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto VII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, en concreto sobre el proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general. Para presentar la iniciativa tiene la palabra el señor ministro de Fomento en nombre del Gobierno.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Gracias, señora presidenta.


Señorías, ayer tuve ocasión de dirigirme a ustedes en la Comisión de Fomento. Como ya les informé, nos proponemos introducir medidas concretas, cambios profundos y reformas estructurales -algunas de las cuales ya están en marcha- para reducir el gasto y mejorar la eficiencia en la construcción y en la gestión de nuestras infraestructuras del transporte. Estamos impulsando reformas estructurales para mejorar la calidad de los servicios y la competitividad de nuestra red de transportes, es el caso de la nueva Ley de Puertos. Señorías, como saben todos ustedes, el sistema portuario de titularidad estatal es un instrumento esencial en la economía de España; el 85 por ciento de las importaciones y la mitad de las exportaciones de nuestro país se mueven a través de nuestros puertos; la actividad total del sistema portuario supone el 20 por ciento del PIB del sector del transporte español, que representa el 1,1 por ciento del PIB nacional; genera un empleo directo de más de 35.000 personas y de unas 110.000 de forma indirecta.


El proyecto de ley que hoy debatimos constituye la oportunidad para avanzar sobre los pilares de la productividad, la competitividad y la eficiencia en un marco de justicia social y de sostenibilidad ambiental.
Esa es la apuesta a la que responde la Ley de puertos de interés general del Estado. La primera condición para tal reforma estructural es sumar voluntades y concitar capacidades. Por eso la recta final en la tramitación de este proyecto de ley se ha afrontado desde el diálogo, el encuentro y el acuerdo. Acuerdo en el seno de la comunidad marítimo-portuaria, entre los sectores económicos implicados, entre los trabajadores portuarios y entre las instituciones municipales y autonómicas, sin olvidar, claro está, a los representantes políticos, que tienen la responsabilidad de aprobar las leyes. Porque, señorías, anuncio ya que esta será la Ley de Puertos con más participación en su proceso de elaboración y con más apoyo parlamentario de la democracia. No ha sido fácil; este proyecto ha estado parado durante más de dos años con alto riesgo de encallar, por eso tengo que reconocer y agradecer la altura de miras y el esfuerzo desarrollado por los grupos parlamentarios. Las valiosas aportaciones incorporadas han satisfecho las necesidades y expectativas que la comunidad portuaria y el conjunto de la sociedad española manifestaron, porque, señorías, por primera vez en nuestra historia reciente contaremos con una ley portuaria sin apellidos políticos. Por eso yo quiero agradecer singularmente la actitud y la colaboración del Partido Popular.


La ley de 1992 fue una ley socialista y las leyes de 1996 y de 2003 fueron leyes populares; sin embargo, la Ley de Puertos de 2010 no tendrá más apellidos que el del consenso y el del interés general. El grado del acuerdo alcanzado es amplio, y aún puede serlo más en lo que queda de tramitación parlamentaria. Esa es la voluntad y esa es la invitación al diálogo que el Gobierno hace al resto de grupos políticos que todavía no tienen satisfacción plena con esta ley, porque cuanto más amplio sea el acuerdo, más garantías habrá para la estabilidad de la ley y para su eficacia futura.


Este proyecto, señorías, da el paso definitivo hacia el modelo del futuro del sector portuario, apostando por tres principios: mayor autosuficiencia financiera de los puertos con un régimen de tasas más flexible; mayor autonomía de gestión de la Autoridad Portuaria en lo relativo al suelo, las infraestructuras y los servicios portuarios; y control económico financiero bajo criterios de racionalidad y equilibrio.
Además, cada Autoridad Portuaria se responsabilizará del cumplimiento de su propia rentabilidad anual objetiva. De esta manera se logra el equilibrio entre el control de la gestión económica financiera a nivel del sistema y la autonomía de gestión de

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cada Autoridad Portuaria. En suma, alcanzarán el objetivo de ser más competitivos en una economía global.


Señorías, las autoridades portuarias gozarán de mayor libertad tarifaria en un marco moderno homologado con Europa. Superarán así anteriores rigideces y resultarán, en conclusión, más atractivas para la iniciativa privada. La ley permite establecer mayores bonificaciones sobre aquellos tráficos de especial interés estratégico para cada puerto. Otros elementos serán la calidad y la eficiencia como claves de presente y de futuro. Con la nueva ley se premia la buena gestión, y se bonificará la superación de los niveles de productividad actuales. Apostamos además por unos puertos comprometidos con el entorno socioeconómico. El puerto reforzará los lazos con el tejido empresarial al que sirve, integrándose con las áreas urbanas y metropolitanas, potenciando su hinterland. Todo ello en aras del sostenimiento económico de sectores tan estratégicos para el país como el de la automoción y el turismo, o de tanto calado social como el de la pesca.


Señorías, asimismo el proyecto de ley de puertos introduce tres conceptos adicionales que se consideran capitales para ganar el futuro. Primero, una apuesta por la sostenibilidad. Cada puerto presentará anualmente sus indicadores de gestión medioambiental, y dará cuenta de sus avances bonificando las buenas prácticas ambientales. Segundo, el fomento de la intermodalidad, llevando a la plena integración de los puertos en el sistema de transporte. Y el tercero aboga por las grandes alianzas entre puertos como parte de su inserción en las grandes rutas marítimas y en la formación de nuevos corredores. Estamos por tanto ante un nuevo proyecto de ley de puertos que encara el presente bajo pilares sólidos de cara al futuro. Es una apuesta de responsabilidad, porque es una ley pactada entre los dos grandes grupos mayoritarios de esta Cámara, y con ánimo de abrirse -lo reitero una vez más- a todos los grupos parlamentarios.
Señorías, es el momento del acuerdo y de la responsabilidad en un sector vital como es el portuario. Por eso, estamos convencidos de que todos pueden ser partícipes del modelo portuario del futuro.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


A este dictamen de Comisión se mantienen enmiendas por parte de cuatro grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, Coalición Canaria valora el esfuerzo de diálogo que se ha producido, primero en la ponencia y después en la Comisión de Fomento. Coalición Canaria entiende que se ha llegado a aproximaciones importantes en relación con las cincuenta y cinco enmiendas que había presentado a este proyecto de ley. A nadie se le escapa la importancia que para Canarias tiene una ley que afecta a sus puertos. Sin embargo, recogiendo las palabras del señor ministro del consenso y de la incorporación de todos a este proyecto de ley, quiero manifestarles, señorías, que si bien ha habido esfuerzo de consenso ha habido poca generosidad con los grupos minoritarios de la Cámara. Se han subsumido enmiendas de los grupos minoritarios. ¿Qué significa subsumir enmiendas de los grupos minoritarios? Pues que se han copiado por los dos grandes partidos las enmiendas que hemos presentado estos grupos minoritarios y, lejos de admitir las enmiendas de los grupos minoritarios, como si fuera esto algún problema para la ley, aparecen como enmiendas de los dos grupos mayoritarios o como enmiendas transaccionales de los dos grupos mayoritarios. En otros casos, cuando no fue posible porque quizá no cayeron en los temas que se planteaban por los grupos minoritarios, recurrieron a la enmienda transaccional, modificando una sola palabra o modificando muchas veces una sola sílaba o algún acento, para incorporarlas como enmiendas transaccionales de los dos grupos con el minoritario que presentaba esa enmienda. Creo que, por lo menos, ha habido poca cortesía parlamentaria en cuanto al reconocimiento de la diversidad de la Cámara en el desarrollo de los trabajos de la ley.


Coalición Canaria mantiene una serie de enmiendas vivas que paso a defender en este turno. Permítanme, señora presidenta, señorías, que en primer lugar dé por defendidas todas las enmiendas que quedan vivas del Bloque Nacionalista Galego, perteneciente asimismo al Grupo Mixto. Como decía, muchas de las enmiendas fueron subsumidas y, sobre todo, quiero reconocer también el esfuerzo y el trabajo con la Coordinadora Estatal de Puertos. El trabajo del presidente de la coordinadora, don Antolín Goya, defendiendo una posición razonable, posibilitó la aparición de un nuevo título V y, por tanto, Coalición Canaria retira todas las enmiendas que afectaban a la organización de los trabajos portuarios. Son enmiendas que retiramos ya en Comisión y que, por tanto, no están vivas en el debate de hoy. Hoy también, por estos mismos motivos, retiramos las enmiendas números 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 82, 83 y 84. La enmienda número 31 pretendía recoger un hecho diferencial de los puertos canarios, y es un hecho reconocido en el marco de la Unión Europea, como es la ultraperificidad. Entendemos que la Ley de Puertos tiene un condicionante inicial y es una sentencia del Tribunal de Estrasburgo en relación con las bonificaciones al transporte desde puertos comunitarios a puertos canarios. Sin embargo, el Gobierno de España no defendió correctamente la posición ultraperiférica y el estatus especial de la región ultraperiférica en ese marco. Por eso en la exposición de motivos de nuestra enmienda número 31 pretendíamos el reconocimiento de la ultraperificidad, que se reconoce, pero vinculándolo a la creación de un fondo de compensación a los puertos ultraperiféricos en función de las bonificaciones que se establecen a las tasas de los puertos y buscando la suficiencia financiera de estos puertos.


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Mantenemos también la enmienda 32 al artículo 8, así como la enmienda 35, que se refiere a ampliar la exención a los grandes buques en reparación en los puertos ultraperiféricos, porque eso posibilitaría un impulso importante a estos puertos. Al artículo 17 proponemos las enmiendas 44 y 45 de modificación, la 46 de adición y la 47 de modificación de bonificaciones en puertos en que concurran determinadas circunstancias, como falta de calado, difícil acceso, etcétera. Tenemos también la enmienda 49 a la sección 5ª, que es nueva: "Especial bonificación a los buques que acrediten determinadas condiciones de respeto al medio ambiente, mejorando las exigidas por las normas y convenios internacionales". Creemos que está orientada a esas empresas navieras que hacen ese esfuerzo más allá del requerido por las autoridades comunitarias de respeto al medio ambiente. La enmienda 50 establece condiciones para mejorar la conectividad entre los puertos de los territorios insulares. La enmienda 68 incorpora un nuevo apartado al artículo 17: "Cuando el concesionario sea una entidad sin ánimo de lucro, de servicio de interés general a los puertos o que se trate de clubes náutico-deportivos sin ánimo de lucro se podrían incorporar a las bonificaciones a que se refiere el artículo 107". La enmienda 69 añade un nuevo apartado 8 al artículo 111: "Ponderación en el concurso de concesiones administrativas de que el ente solicitante o participante en el concurso se comprometa a una formación y divulgación de los deportes marítimos". También la enmienda 73 añade una disposición final nueva: "Modificación de la Ley de Costas en cuanto a la concesión de usos hoteleros en un espacio de dominio público portuario". Es un tema importante que posibilita también el desarrollo económico y la suficiencia financiera para los puertos.


La enmienda número 81 viene vinculada con la 31, que antes comentaba, en relación con la creación de un fondo de compensación como región ultraperiférica. Ese estatus de región ultraperiférica es un condicionante aceptado por la Unión Europea y, por tanto, es susceptible de ser incorporado a la ley como una situación singular de los puertos de la región ultraperiférica. Señorías, estamos en estos momentos intentando plantear una transaccional con los dos grupos mayoritarios de la Cámara en relación con la participación de los cabildos en el consejo de administración de las autoridades portuarias. Nos parece que es una injusticia, y no es acorde con el modelo de Canarias que los cabildos no estén incorporados a las autoridades portuarias. En una autoridad portuaria como Santa Cruz de Tenerife, con puertos en cuatro islas, los gobiernos insulares tienen que estar representados en ese consejo de administración. En el caso de la autoridad portuaria de Las Palmas, con tres islas, también tienen que estar representados los cabildos. Los grupos mayoritarios de la Cámara no han entendido la situación singular de Canarias y el papel de los cabildos en Canarias. Sin embargo, como decíamos, señorías, compartimos muchas de las cuestiones que se recogen en este proyecto de ley. Son importantes en estos momentos para el modelo portuario de Canarias el especial reconocimiento como región ultraperiférica en el preámbulo, en su parte dispositiva; que se incorporen las bonificaciones que no estaban incorporadas al proyecto de ley presentado por el Gobierno a los puertos ultraperiféricos -a los insulares y a los de Ceuta y Melilla- nos parece un avance importante en este proyecto de ley, una vez pasado el trámite de ponencia y de Comisión. Mantenimiento y exención de bonificaciones a la tasa de buques, de mercancías y pasajeros en todos los tráficos. Se ha transado una muy importante sobre una enmienda de Coalición Canaria que es la consideración de los puertos de Canarias como terminales logísticas o como terminales de una plataforma logística atlántica. Nos parece un avance importantísimo porque significa un reconocimiento exactamente igual para los puertos canarios, que les permite competir en igualdad de condiciones a la hora de la captación de tráficos internacionales que pueden posibilitar un incremento en los recursos económicos de los puertos para conseguir el objetivo de la ley de la suficiencia financiera.


Otra disposición, que se incorpora como enmienda de los grupos parlamentarios mayoritarios, pero que constituyó una enmienda de Coalición Canaria a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, corrige un problema que se le está planteando al sector primario con aquellos productos del anexo I del Tratado de la Unión que anteriormente al 2006 recibieron una subvención al transporte. En estos momentos el Estado ha declarado lesividad sobre esa subvención concedida y se está solicitando el reintegro de las cantidades percibidas. Creemos que es de justicia que esas cantidades no se exijan.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Perestelo, por favor, ha acabado su tiempo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Un minuto, señora presidenta.


Decía que esas cantidades no se deben exigir y, por tanto, valoramos esa incorporación.


Señorías, como digo, no podemos votar favorablemente a la ley por dos condicionantes. En primer lugar, ya hacía referencia antes a la no participación de los cabildos en los consejos de administración. Creemos que es fundamental que los cabildos formen parte de los consejos de administración y que eso no está reñido con la austeridad en el gasto de los consejos de administración. Por otro lado, el fondo de compensación que se crea es insuficiente para atender las necesidades futuras de los puertos que están con mayor nivel de bonificaciones en función de que tienen un tráfico interinsular de mucha frecuencia.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Perestelo, por favor.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señora presidenta, termino.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Ya lo ha dicho otra vez.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta. Termino.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene, en primer lugar, la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, antes de nada quiero poner de relieve, por ser un hecho casi -subrayo casi- inaudito en esta Cámara, la presentación de un total de cuatrocientas quince enmiendas suscritas conjuntamente por el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Son enmiendas que además alteran sustancialmente y de hecho desconfiguran el texto primitivo del proyecto que llegó a esta Cámara. A lo insólito de este hecho debo añadir para más inri que ambos grupos han negociado además a espaldas de esta Cámara, desaforando totalmente su actividad legislativa, y han cerrado y concluido un pacto que en nuestra opinión, señor ministro, es del todo excluyente, dudosamente democrático y que ha conllevado la no aceptación de la mayoría de enmiendas presentadas por los distintos grupos de esta Cámara.


Como usted decía y parafraseando su intervención, no es que esta ley no sea socialista o que no sea popular. Esta es una ley PPSOE, además de que es una auténtica Loapa portuaria. Es una ley privatizadora, es una ley rabiosamente centralista y es una ley antisocial; solo hay que ver los acuerdos a los que ustedes han llegado con distintos sindicatos. Señor ministro, este es además un acuerdo excepcional no solo por la naturaleza del pacto entre socialistas y populares, sino porque es un acuerdo involucionista y regresivo. Señor ministro, este pacto sellado entre dos partidos aparentemente antagónicos responde de forma clara en este caso a una concepción de Estado de modelo radial y de kilómetro cero en la que todo empieza y acaba en la Puerta del Sol; en este caso, en Nuevos Ministerios, donde tiene la sede Puertos del Estado en el madrileño Paseo de la Castellana. A la hora de la verdad, señor ministro, PSOE y PP se ponen de acuerdo si hace falta no solo para pactar en Euskadi, sino para centralizar cajas y hoy también los puertos. Paradójicamente son incapaces de llegar a acuerdos para renovar el Tribunal Constitucional o para abordar medidas conjuntamente para salir de la crisis económica. Es decir, a la hora de la verdad, señor Blanco, PP y PSOE se ponen de acuerdo en lo que es fundamental: en la unidad de mercado, en lo universal, en el diseño radial y centralista de las infraestructuras. Esa fuerza centrípeta que a ustedes siempre les acaba arrastrando al final une a PSOE y a PP y, por cierto, siempre están a partir un piñón en estos casos. En consecuencia, antes roja que rota.


Esta no es solo, señor ministro, una de las peores y más nocivas leyes de esta legislatura, además, como decía, se ha desandado una parte del camino descentralizador que se inició en el año 1992 con el establecimiento de un remedo de autonomía portuaria. Y no solo eso, sino que a aquel acuerdo le siguió posteriormente en el año 1998 la inclusión de las comunidades autónomas en los distintos órganos rectores o consejos de administración de las autoridades portuarias. En cambio, con la modificación que hoy se nos propone se pretende básicamente controlar todo desde Madrid, desde el foro, no solo el proceso de toma de decisiones fundamentales por parte de estos órganos, sino también tutelar la cooperación entre los distintos puertos, olvidando que básicamente los puertos deben competir entre sí. Señor ministro, esta es toda una declaración de intenciones de cuál es la voluntad del Gobierno, del Grupo Socialista y también del Partido Popular. La supuesta mirada, señor ministro, más empática desde la periferia incluso gallega, se acaba convirtiendo en esta ley en que Puertos del Estado va a ser poco más que un ente, por un lado, fiscalizador de la gestión de los distintos puertos y, por otro, también va a ser finalmente el ente decisorio con un poder omnímodo y con un poder absoluto. Por ejemplo, limitando prácticamente la capacidad decisoria de las distintas autoridades portuarias que se verán sometidas a todo tipo de control y de autorización incluso para la simple contratación del personal administrativo. Y no solo eso, sino que además se va a reforzar claramente el papel de Puertos del Estado, se restringe de forma drástica por motivos aparentemente económicos la participación de las comunidades autónomas que ven reducida su presencia de los actuales once vocales a cinco, mientras que se mantiene la representación del Estado y, por poner un último ejemplo, se establece un sistema de tasas que grava más aquellos puertos como Barcelona o Tarragona que se dedican a la importación y a la exportación. En consecuencia, señor ministro, esta es una muy mala ley.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor.


El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta, un segundo. La falta de autonomía de gestión de estas infraestructuras continúa siendo uno de los grandes problemas, una lacra para su competitividad y para la captación de nuevos mercados, y el modelo que proponen es decidir desde el centro, aumentar la coordinación, también el control de Puertos del Estado, mediatizar cualquier decisión autónoma y frenar la competencia entre puertos. A todas luces es el peor de los peores sistemas centralista y antieconómico. Por consiguiente, vamos a votar en contra.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Muchas gracias, señora presidenta.


Podríamos de forma resumida decir de esta ley que no la conoce ya ni su propio padre, no la conoce ni el ministerio ni el Gobierno que la elaboró. Inicialmente una ley que avanzaba, aunque tímidamente en relación con los puertos de interés general, se ha convertido no en una ley de consenso, señor ministro, no hay consenso, puede haber mayoría aplastada o aplastante, pero no hay consenso. La compararía, teniendo en cuenta ahora los descubrimientos en materia antropológica, a una ley híbrida y en relación con la política a una ley de restauración.
Recordando la Restauración borbónica esta ley en relación con lo existente es una ley más conservadora que la existente, es una ley más centralizadora que la ley que existía hasta ahora y es una ley bipartidista y corporativa dentro de los puertos de interés general. En ese sentido no avanzamos, sino que retrocedemos y respondemos a aquella máxima que decía que en España, en la España democrática, cada segunda legislatura estábamos obligados a restaurar lo que habíamos avanzado en la primera legislatura. Por tanto, una ley de renuncia del Partido Socialista a la gestión pública de los puertos y una ley de restauración conservadora centralista y corporativa. Esa es la ley que tenemos en estos momentos encima de la mesa.


En consecuencia, no va a contar con nuestro apoyo ni con el apoyo, creo, de una parte de la Cámara y, por ello, no es una ley de consenso, es una ley de mayorías. Porque, en primer lugar, esta ley supone la pérdida de autonomía de las autoridades portuarias, con elementos recentralizadores que en nuestra opinión ni son buenos ni son necesarios. En segundo lugar, porque lo más destacado es la creación de un nuevo modelo definitivamente privado en las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios o Sagep; un modelo totalmente privado que, en nuestra opinión, parece ser la respuesta del Partido Socialista al vértigo de la crisis. Ante la crisis o bien demagogia hablando de impuestos a los más ricos o hablando de la crisis como en muchas ocasiones habla el Partido Popular o bien amputación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En este caso parece ser que amputación es la receta concertada entre Partido Socialista y Partido Popular a cualquier participación pública en la sociedad de estibadores portuarios. En tercer lugar, en nuestra opinión en esta ley, lejos de superar una de las herencias del pasado que es el sindicalismo vertical en el ámbito de la estiba portuaria, se refuerza ese sindicalismo vertical y no se avanza en una participación democrática en la estiba y la desestiba. Nuestras enmiendas pretenden reafirmar un compromiso público con la estiba como sector público de importancia estratégica. Creíamos que así lo compartía el Partido Socialista hasta ahora -vemos que no-; la crisis sirve para mucho, parece que también para renunciar a principios. Además, la llamada autoprestación es inaceptable, debe eliminarse en todas sus formas y debe exigirse la misma titulación y capacitación a todos, no solamente a los trabajadores de la estiba y desestiba. Por último, debería haberse revisado el régimen de los recursos humanos con un modelo paralelo al acuerdo marco estatal de la estiba que articulase la negociación de convenios en el marco de cada sociedad de estiba. Con ello avanzaríamos en la superación de una hipoteca del pasado, de una herencia del sindicalismo vertical y, sin lugar a dudas, en la participación democrática, en la participación de los trabajadores, en la estiba y la desestiba.


Por tanto, no es una ley de consenso, es una ley de mayorías y una metáfora no de la apertura de los puertos, sino de la cerrazón de la restauración en un periodo de crisis, de la falta de imaginación en el periodo de crisis.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra don José Ramón Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, en la tarde de ayer, en una comparecencia sin precedentes -no diré que en toda la historia del parlamentarismo español que es larga, compleja y no conocida por este diputado en su detalle- por lo que se refiere a la historia parlamentaria que ha vivido este diputado -que ya va para siete años- usted, ministro del ramo -ramo que abarca también el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo y vamos a votar- afirmó, en resumen, lo siguiente: que hay un día antes y un día después en este ministerio. Dijo que hay un día antes y un día después no solo en el ministerio, sino que los va a haber en la organización y en la gestión pública de las infraestructuras del Estado. -Creo que estoy resumiéndolo bien-. También dijo que ese día antes y ese día después vienen obligados por la crisis, porque hemos caído del guindo. Ese día antes y ese día después vienen -lo dijo también- queridos por el ministro, que dibujó una situación un tanto espeluznante de lo que ha sido el ministerio en tiempos pasados. Y dejémoslo ahí -ánimo a los que no estuvieron ayer en la Comisión a que lean la transcripción de sus palabras-. Y nos espetó usted dirigiéndose a todos los grupos -especialmente al grupo de la oposición, de forma muy particular al señor Ayala-, lo siguiente: Que nadie se llame a engaño; esto no va a volver a ser lo que ha sido. Todo esto en la tarde-noche de ayer. No han pasado veinticuatro horas, señor ministro -la Comisión terminó hacia las nueve de la noche- desde esa comparecencia inusual y, señorías, he aquí en este proyecto de ley el primer desmentido de que haya un día antes y un día después. He aquí el primer desmentido en toda regla -me refiero al sistema de transportes público

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español-. Aprobada esta ley, una parte de este sistema de transportes que hace referencia al sistema portuario, va a seguir prácticamente igual.
Nada de esas revoluciones anunciadas ayer por la tarde. El análisis de los contenidos de este proyecto de ley lo demuestra con toda claridad y a ello me referiré posteriormente, pero es que hay una prueba del algodón previa -diría yo- al análisis de los contenidos del proyecto de ley. Los dos partidos tan enfrentados en la tarde de ayer en las respectivas visiones de lo que ha sido este tema en el pasado y de cómo hay que enfocarlo en el futuro vienen hoy de la mano, a menos de veinticuatro horas y en el tema objeto de lo que ayer era motivo de un enfrentamiento radical entre ambos grupos. Bueno, esto de la mano no me atrevo a decirlo, diría de la manita y lo explicaré.


Este proyecto de ley -usted algo ha dicho, señor ministro- ha tenido un recorrido de difícil calificación y ningún calificativo bueno en este Congreso. Dicho proyecto -sustancialmente el mismo- vino en la legislatura anterior, se metió en el congelador y estuvo allí. Lo presentó la ministra Álvarez. Pues bien, abierta esta legislatura, la ministra Álvarez volvió a traer aquí un proyecto de ley sustancialmente idéntico al de entonces, ha estado en el congelador dos años y ahora un día sale a la luz, de la mano, de la manita del señor Ayala. Son trescientas veinte enmiendas conjuntas de los grupos Socialista y Popular. Han sido algo así como trescientas veinte bombillas que en un mundo tenebroso, como el que estaba conociendo este proyecto de ley, han hecho luz en esta segunda legislatura. No me negarán que este hecho es un objeto político difícil de identificar, casi como un ovni. ¿A qué responde?, ¿de dónde surge?, ¿adónde va este hecho político tan absolutamente inusual? Dos grupos políticos enfrentados casi en todo -por atenernos al área en que estamos, en la visión de este tema- en la tarde de ayer, a menos de veinticuatro horas están de acuerdo. Mi grupo se ha preguntado en serio a qué se debe esto; lo ha hecho hasta por curiosidad intelectual. Es que hay que preguntarse cómo es posible que en un tema de trascendencia, en relación con el cual han estado enfrentados durante seis años y en la tarde de ayer seguían estándolo, ahora no lo estén. Lo hemos hecho por responsabilidad, no solo por curiosidad intelectual. De verdad le digo que, si el proyecto de ley que hoy sometemos a votación respondiera a los principios que enunció ayer que iban a ser los principios rectores de su ministerio y del sistema público de transportes español, mi grupo lo apoyaría ciegamente, pero no lo es. Soltó usted ayer una ley y hoy hace el reglamento, según la vieja escuela de haga usted la ley, que ya haré yo el reglamento. De esa necesaria revolución este proyecto de ley no tiene nada. De continuidad en una forma tan lamentable y tan ineficiente de seguir gestionando el sistema público de transportes en su ámbito portuario, seguimos donde estábamos básicamente. Estamos no ante un acuerdo sino ante una componenda, señor ministro, para que todo siga igual; exagero un punto, lo reconozco, casi igual. Hay algunas modificaciones, incluso con las que mi grupo estaría básicamente de acuerdo, pero eso de que estamos en un nuevo momento, nada de nada. De forma que, señor Ayala, usted gana. Usted gana con claridad. Por las razones que sea, el Grupo Socialista ha decidido que en este tema las cosas tienen que seguir estando básicamente donde estaban, que esta crisis económica, que al parecer está haciendo reflexionar tanto al ministerio - y yo le creo, señor ministro- no ha llegado al sistema portuario, porque con esta ley no va a llegar, y usted lo sabe. Le decía que si realmente el proyecto de ley respondiera a los principios que usted ayer enunció, nosotros lo apoyaríamos. Le voy a decir más: si simplemente, de forma consecuente, respondiera a algunos principios -para nosotros los esenciales- que figuran en la exposición de motivos, mi grupo lo apoyaría. Me refiero, sobre todo, a un principio -para no entretenernos-, el principio de la autonomía de las autoridades portuarias. Sí, señor Ayala, ya sé que ustedes avanzan un poquito, pero ¿cuándo llega la mayoría de edad? ¿Cuándo llega la mayoría de edad de las autoridades portuarias? ¿Cuando a usted le venga bien? ¿Cuando sea tarde? ¿Cuando haya llegado la crisis hasta donde tenga que llegar? Es cierto que en el artículo 3 ustedes dan un pequeñito paso en esa dirección, pero no es menos cierto que mi grupo ha presentado muchas enmiendas en esta dirección y ustedes no han tenido ni siquiera el mínimo interés de considerarlas. Mi grupo ha tenido claro en este proyecto de ley que no es que quisiera ninguna aventura autonomista, no, no, sino que el sistema portuario español fuera realmente autónomo y respondiera a ese principio de que cada puerto va a pagarse a sí mismo con sus responsabilidades y con sus riesgos, y de esto, señor Ayala y señor ministro, nada de nada.
Seguimos con un sistema portuario en los mismos términos. Se podrá ser irresponsable en la Autoridad Portuaria, estará el papá Estado que acudirá a través de Puertos del Estado o del que sea y, en resumen, seguiremos con un sistema portuario ineficiente, ineficaz, hasta la próxima crisis, al parecer, señor ministro. Es lamentable. Esta ya era una crisis suficiente para hacer las cosas en serio. Esa es la razón por la que mi grupo no va a apoyar este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Pere Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señor ministro, la historia de la Ley de Puertos empieza en el año 1992, cuando se pretende, con la ley aprobada e instada por el ministro Josep Borrell, acabar con un modelo de gestión centralizada y optar por un modelo de gestión descentralizada, que no autonómica, donde se le da una serie de atribuciones a cada Autoridad Portuaria. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

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Posteriormente, fruto del pacto del Majestic entre Convergència i Unió y el Partido Popular, donde participaron también Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco, se pactó un modelo de participación de las comunidades autónomas en esta gestión descentralizada. Los consejos de administración, las presidencias, tuvieron una destacada participación de las comunidades autónomas. Estamos, por tanto, ante un modelo que podemos definir como de gestión descentralizada, no de gestión autonómica, pero con una participación autonómica importante. Hoy, señor ministro, estamos ante una ley que va a iniciar la marcha atrás de forma importante en este modelo, y lo va a hacer, señor ministro -no sé si se lo han contado, uno teme que no-, a través de la autorización de toda una serie de mecanismos que incluso en las enmiendas conjuntas se describen con precisión, siempre bajo la misma justificación: para aumentar la coordinación y control por parte de Puertos del Estado. Permítame que cuente a las señoras y señores diputados algunos de estos mecanismos, todos ellos muy sibilinos, en la mejor tradición jacobina que les une a ustedes en muchas ocasiones.


Primer elemento, contra los mecanismos de cooperación. La ley existente permitía que se cooperara entre Puertos del Estado y las autoridades portuarias. Por ejemplo, la política de personal hasta ahora era acordada entre unos y otros en el plan de empresa; ahora se cambia, simplemente la aprueba Puertos del Estado, se acabó la cooperación, aquí no se discute nada. Segundo mecanismo, rescate de competencias centrales por parte de Puertos del Estado; algo que los profanos no conocen, los que saben de puertos sí, el Convenio Marpol, referido a la polución marítima, que hasta ahora era competencia absoluta de la Autoridad Portuaria y ahora pasa a ser de Puertos del Estado, lógicamente de la mano del informe que debe hacer Puertos del Estado y que vincula a las autoridades portuarias.
Tercer mecanismo, libertad tutelada. En las tasas, con una gran generosidad, se dice que se van a introducir unas tasas y que aquí se van a poner los puertos. Pero resulta que estas tasas tienen que estar acordadas con Puertos del Estado, muy bien; el Ministerio de Fomento tiene que aprobarlo, muy bien; pero es que el Ministerio de Fomento tiene que fijar antes los criterios de elaboración de las propuestas en base a unos mecanismos que también tiene que fijar Puertos del Estado. A los pobres presidentes de la Autoridad Portuaria hay que darles el pésame porque les vamos a matar de un ataque al corazón con esta ley. Cuarto mecanismo, ampliación de la presión contra las autoridades portuarias a través del aumento de los recursos que puede interponer Puertos del Estado. Hasta ahora -tenía cierta lógica- se podía interponer un recurso contra aquello que se acordara en los planes de empresa. Si Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria acuerdan un plan de empresa y una Autoridad Portuaria no lo cumple, parece lógico que pueda interponer un recurso, muy bien, pero ahora se amplía a todos, contra cualquier acuerdo de Puertos del Estado, sea o no motivo de anulación o anulabilidad, lo cual sería de por sí recurrible, Puertos del Estado puede en cualquier momento imponer un recurso y este es un mecanismo de presión contra las autoridades portuarias. Más mecanismos, informes vinculantes. De forma muy sibilina, bajo el bigote del señor Ayala y bajo la sonrisa del señor Simancas, para que nadie se queje, resulta que donde antes ponía informe técnico ahora pone informe vinculante; lo que antes era un simple informe técnico, ahora es un informe vinculante. Antes había que informar las grandes obras -y está bien que se informen las grandes obras para que no suceda, señor ministro, lo que le sucede con algunos puertos que no voy a nombrar-, pero ahora cualquier obrita tiene informe vinculante de Puertos del Estado, sí señor. Más mecanismos. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que tenemos que ser austeros, el señor ministro ayer nos lo decía -prometió decir la verdad, pero sea usted un poquitín más sincero-: vamos a hacer un gran esfuerzo y vamos a cargarnos 280 cargos; muy bien, pero de estos solo hay 28 del ministerio. Señor ministro, de 280 que promete usted, el 90 por ciento se los carga de comunidades autónomas, ayuntamientos, sindicatos y representantes patronales. Muy bien, austeridad a costa de otros. Poca sinceridad le veo, señor ministro. Se introduce algo que me parece absolutamente vergonzante, un derecho de veto del representante de Puertos del Estado. Me parece que esto llega a extremos de una vigilancia importantísima. Y ustedes intentaron perpetrar en el paso entre ponencia y Comisión otro ataque -a mí me parece que al final la vergüenza que aún existe en las señoras y señores diputados llevó a que a propuesta del señor Ayala fuera retirado-, que es la capacidad de establecer un régimen sancionador contra un alto cargo expreso, algo inédito en el ordenamiento jurídico español, simplemente para amedrentar al presidente de cualquier Autoridad Portuaria. Una auténtica vergüenza que ustedes retiraron con la amenaza de que sus compañeros senadores y senadoras iban a intentar reintroducirlo. Bueno, vamos a ver qué hacen nuestros compañeros senadores y senadoras, a ver si pueden, como aquí, parar semejante atentado.


Ya ven ustedes, señorías, éste es el menú de esta ley. El señor ministro nos dice que tiene un amplísimo consenso. Yo le voy a decir el consenso que tiene, señor ministro, si no voy errado. Esta es una ley que han consensuado y en la que han trabajado -y han hecho un gran trabajo- el señor Simancas y el señor Ayala, y nadie más, de todas las fuerzas políticas que estamos aquí, se la va a apoyar, ni esa fuerza política con la que, por cierto, tampoco han contado. No la va a apoyar Convergència i Unió, no la va a apoyar el PNV, no la va a apoyar Esquerra Republicana ni Iniciativa per Catalunya ni Izquierda ni Bloque Nacionalista ni Coalición Canaria ni otros grupos parlamentarios. No se la vamos a aprobar, se quedan solos. Ya sé que suman mucho y esto evidentemente les da toda la legitimidad, pero, por favor, señor ministro, un señor ministro que promete decir la verdad, esta no es la verdad. Señor ministro, la

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semana que viene a algunos de estos grupos nos va a pedir usted que le salvemos el decreto del que va a hablar de aquí a unos momentos, no nos ningunee. Esta no es una ley que tenga ningún tipo de consenso. Esta no es una ley ejemplar de participación en ningún sentido; no nos han dado ningún juego parlamentario. Ha habido una cierta voluntad por parte del secretario de Estado que no niego, a última hora, pero nada más. Han sido simplemente subsumidas unas cuantas enmiendas, todas ellas técnicas. Los aspectos políticos que ha presentado Convergència i Unió, cero patatero, cero patatero.


Señor ministro, yo quiero que usted y la opinión pública se den cuenta de que esta no es una buena ley. Es una mala ley. Es un retroceso. Y además le daré algunos datos y le voy a retar a usted. Ayer habló de un ahorro de un 40 por ciento. Pues bien, Puertos del Estado, en solo un ejercicio -no tengo aún los datos de 2009-, el central de Puertos del Estado aumenta en un 17 por ciento su presupuesto, aumenta su personal en más de un 10 por ciento. ¿Todo esto es eficiente? Vamos a ver, vamos a seguir, yo voy a seguir y a pedir esta información y espero que se nos dé, porque desde luego usted aquí no va a reducir ni un 25 ni un 40 por ciento, va a seguir aumentando, porque para ejercer todas estas funciones usted necesita un auténtico ejército de burócratas, y tal como están las cosas en España, no puede presentarse una ley que es un auténtico monumento a la burocracia ineficaz como ejemplo de una ley acorde con nuestros tiempos. Señor ministro, esta ley es una auténtica vergüenza. Hace tan solo cuatro años -el señor Ridao seguramente es testigo presencial y el señor Sánchez i Llibre-, el señor Rubalcaba entregaba un documento, que tengo aquí, a los negociadores catalanes, que dice lo siguiente: Propuesta del PSOE para el Estatuto de Cataluña. Puertos. Las facultades de discusión de la gestión que corresponde al Estado en materia de puertos de interés general serán delegadas a la Generalitat de Cataluña por el procedimiento establecido en el artículo 150.2 de la Constitución.
Propuesta del Partido Socialista Obrero Español. En cuatro años hemos pasado de esta propuesta a esta realidad. Convergència i Unió, por descontado, señor ministro, va a votar en contra, con ganas, de esta ley y va a poner esta ley como ejemplo de retroceso claro y absolutamente contundente.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Macias, por favor.


El señor MACIAS I ARAU: Voy acabando, señora presidenta.


Y como ya hicimos en Comisión, advertimos a las dos bancadas, a la popular y a la socialista, de que si alguien quiere contar en el futuro con Convergència i Unió, que empiece a leerse nuestra enmienda 709 y que empiece a recordar esta propuesta del bueno del señor Rubalcaba.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Macias.


Pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios que no han mantenido enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señoras y señores diputados, estamos hoy en el análisis y votación de la Ley de Puertos, en la reforma de la Ley 48/2003, y tengo que comenzar mi intervención significando que el Grupo Parlamentario Popular ha hecho un ejercicio de responsabilidad y de lealtad institucional en toda la tramitación que se ha llevado tanto en la ponencia, como en la Comisión en el trámite de esta ley. El Gobierno, el nuevo ministro de Fomento, estableció con el Grupo Parlamentario Popular y también con el señor Simancas unas bases, bases que hemos mantenido a lo largo de estos meses, que hemos respetado, a pesar del cambio de circunstancias -no tengo que insistir en ello- que España está sufriendo en los últimos meses, incluso en los últimos días. Por tanto, hay que destacar ese ejercicio de lealtad y de responsabilidad. Además, señoras y señores diputados, traemos al Pleno de esta Cámara una buena ley, una ley que completa nuestro sistema portuario, que lo moderniza, que le da estabilidad y garantía al futuro de nuestro sistema portuario. Esa es la verdad y la realidad que podemos demostrar y acreditar con la lectura sosegada, profunda y nada partidista de la ley, si es que eso es lo que queremos hacer.


Señoras y señores diputados, me gustaría destacar cuáles son los principios que anuncian e informan este proyecto de ley: en primer lugar, la solidaridad. Ese principio hay que destacarlo de manera especial, porque es una solidaridad de toda la comunidad portuaria con las situaciones especiales de algunos puertos, y en primer lugar tengo que destacar los puertos canarios. La solidaridad y el sacrificio que se ha demostrado de toda la comunidad portuaria hacia la singularidad de la situación ultraperiférica de los puertos canarios hay que destacarla especialmente. En segundo lugar, hay que destacar también la solidaridad para establecer unos regímenes en aquellos otros puertos que están sometidos a competencia extracomunitaria, que también nos obligaba a establecer un régimen que les permitiera desarrollar el resto de principios que informan la ley. Por tanto, en primer lugar, hay que destacar la solidaridad y, en segundo lugar, la autonomía. Sí, hay que decirlo con la boca bien llena y con claridad, autonomía, porque los puertos españoles, a partir de la entrada en vigor de esta ley, van a ser más autónomos. Hay a quien le gustaría que fueran más autonómicos, pero van a ser más autónomos, y cualquiera que diga otra cosa, sencillamente y por derecho, está mintiendo en esta tribuna. Son más autónomos, porque tienen más libertad; son más autónomos, porque tienen más independencia para fijar sus

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condiciones financieras, sus condiciones competenciales, su libertad de competir con otros puertos, sin tener por tanto que someterse a un régimen que hasta esta fecha era igualitario; y ahora explicaremos por qué hay algunas diferencias en cuanto a la coordinación de Puertos del Estado. En tercer lugar, como tercer principio, autosuficiencia, que se manifiesta claramente en esa capacidad para decidir el régimen económico que van a emplear independientemente del resto de puertos, para lo cual tienen unos coeficientes correctores que separan el coste de cada tasa con independencia de los demás, cosa que hasta ahora no se producía, de la misma manera que tienen también libertad para establecer las bonificaciones en función de los tráficos que cada uno de ellos pueda captar sin interferencias de nadie, ni de otros puertos ni de Puertos del Estado. Por lo tanto, el cuarto principio es el de la libre competencia para que los puertos sean más competitivos y puedan establecer sus costes. En quinto lugar, potenciar la intermodalidad y los nodos logísticos que expresamente se hacen en la ley. En sexto lugar, la coordinación. Naturalmente, un sistema dentro de los puertos de interés general del Estado necesita una coordinación porque para algo está la Constitución y para algo está esa consideración de sistema portuario que responde a las necesidades nacionales con nuestra oferta común a la situación geoestratégica de España frente al resto de puertos de Europa.


Esos principios se resumen en eficiencia y sostenibilidad como valladares de todo el trámite y regulación que con la ley se consigue. ¿Cómo se articulan estos principios? Con la flexibilización de las tasas, con la ampliación de las regulaciones que se permiten a cada puerto en función de las necesidades de cada uno, liberalizando la autoprestación, ampliando las prestaciones de los servicios portuarios, liberalizando la estiba y al mismo tiempo garantizando la estabilidad del empleo y con un régimen más sensible hacia la pesca y los puertos deportivos. Señoras y señores diputados, se mejora sensiblemente la Ley de 2003, se rebajan todas las tasas y, con independencia de lo que aquí se diga, se profundiza en la autonomía de la Ley de 1996, los puertos son más autónomos que lo eran anteriormente. Aquí, señoras y señores diputados, creo que tengo que destacar el consenso que hemos alcanzado en esta ley, y no solo porque se refiera al noventa y tantos por ciento de la Cámara, no, es que además ha habido un consenso laboral y social. Y además, salvo algunas cuestiones que aquí se han querido destacar torticeramente, se ha conseguido y admitido un gran número de enmiendas y de planteamientos del resto de grupos parlamentarios. Por tanto, ha habido un diálogo intenso y constructivo. Y me van a permitir, señoras y señores diputados, que destaque sobre todo la labor del ponente del Partido Socialista, señor Simancas, que mi grupo me consienta que diga que el señor Simancas es un lujo para el Grupo Socialista y sobre todo qué buen jefe de la oposición se ha perdido la Comunidad de Madrid; señor Simancas, lo lamento, sería usted un magnífico jefe de la oposición en Madrid. (Risas.) También hay que destacar la labor del presidente de Puertos del Estado que nos acompaña en la tribuna y de todo su equipo, y de los presidentes de las autoridades portuarias con los que hemos tenido un permanente contacto para tratar de llegar al texto que hoy aprobamos aquí. También tengo que hacer expresamente una referencia a la letrada de la Comisión, cuya labor ha sido encomiable e impagable a la hora de tratar de introducir las cuatrocientas veintitantas enmiendas en el texto original del Gobierno.


Tengo que hacer alguna referencia, señora presidenta, a las intervenciones de algunos grupos parlamentarios. Cuando un nacionalista se queda sin argumentos recurre al tópico de más transferencias o de la pérdida de autonomía, y eso no es verdad; eso no deja de ser un ejercicio de cinismo político y, desde luego, una cuestión de exclusión voluntaria de lo que es el consenso. Señor Macias, no me diga usted que siga al mismo ritmo porque usted sabe que miente, y usted sabe que cuando habla de la pérdida de competencias de personal olvida que ya no hay intervención del Ministerio de Hacienda. Cuando usted dice que ahora se coordinan las tasas, se olvida de que ahora estas las fijan las autoridades portuarias, y cuando usted dice que hay un informe vinculante, se olvida que ha caído ese carácter vinculante en el trámite de la Comisión. Por tanto, señor Macias, hablar de mayor burocracia es un argumento muy simplón. Usted sabe que todas las enmiendas que aquí se han presentado, que respondían a criterios contrarios o que eran a instancia de parte, simplemente no las hemos admitido. Si algunos votantes de algunos grupos políticos supieran a qué se dedican sus representantes en Madrid en lugar de defender los intereses del colectivo que representan, a lo mejor dejarían de votarlo, porque aquí vemos cómo se presentan enmiendas contradictorias. Un mismo grupo presenta una enmienda y su contraria en razón del grupo que le pide que lo haga. Eso sí que es filibusterismo político y, desde luego, los votantes de cada una de estas comunidades autónomas tendrían que saber a qué se dedican en Madrid. Por tanto -termino, señora presidenta-, el Partido Popular está satisfecho del trabajo realizado, el Partido Popular cree que hoy estamos aprobando una ley que augura un futuro estable del sistema portuario.


Quiero hacer una última referencia, si me lo permite la señora presidenta...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muy breve.


El señor AYALA SÁNCHEZ: ...a una cuestión que aquí se ha planteado por Coalición Canaria, que, por cierto, ha tenido un grandísimo respaldo de todas las enmiendas, en cuanto a la representación de los cabildos en las autoridades portuarias. Los cabildos están dentro de la composición de las autoridades portuarias. Lo que no puede ser es que se trate de chantajear aquí con el contenido de esas autoridades portuarias. El Partido

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Popular, y creo que también el Partido Socialista, está dispuesto a que haya una clarísima redacción en cuanto a lo que ya está claro en la ley, que es que se pueden incorporar igual que lo estaban hasta ahora. En el Senado le demostraremos que aquí quien mejor defiende los intereses de Canarias no es Coalición Canaria, en este caso es el Partido Popular.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ayala.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Simancas.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora presidenta, señor ministro, señorías, no sé qué grado de repercusión pública tendrá esta ley que hoy aprobamos; probablemente poca, porque su tramitación ha estado afortunadamente exenta de la notoriedad que aporta la controversia más ácida, al menos hasta hoy, y porque, reconozcámoslo aquí, aunque sea difícil de entender, los puertos han carecido siempre del glamour y de la buena prensa capitalina que disfrutan sus congéneres en los aeropuertos y en la alta velocidad ferroviaria, por ejemplo. Ahora bien, puedo asegurarles, señorías, que la Ley de puertos de interés general del Estado será recordada como una de las leyes más importantes de las aprobadas durante esta legislatura. Porque en un país que depende de la logística portuaria para su abastecimiento, desde la energía a los bienes de equipo, pasando por muchos alimentos, y que cada jornada hace uso del mar para el transporte de más de la mitad de sus exportaciones, esta es una ley absolutamente decisiva. Día sí y día también reclamamos desde esta tribuna las reformas estructurales necesarias para apuntalar un futuro más próspero en nuestro país. Pues bien, esta ley contiene una de esas reformas estructurales de carácter estratégico, porque cada esfuerzo invertido en la eficiencia de nuestros puertos supone un paso adelante en la mejora de la competitividad de la economía española y una apuesta por el desarrollo de la sociedad en su conjunto. No sé cuántos titulares acaparará esta ley, insisto, pero les aseguro a ustedes que hoy hay muchos ojos y muchos oídos sobre nosotros. Miles de empresarios, grandes y pequeños, miles de trabajadores y miles de inversores de dentro y de fuera de nuestro país están hoy pendientes de este esfuerzo decisivo del Parlamento español para aportar la eficiencia y la productividad precisas al funcionamiento de nuestros puertos, a fin de dar vigor a la recuperación económica y posibilitar la creación de puestos de trabajo de calidad.


La comunidad portuaria venía pidiendo algo más que una ley moderna y eficaz. Nos han pedido también una ley estable y nos han pedido la seguridad jurídica que ha faltado en los últimos tiempos. Una ley estable requiere consenso entre los grandes partidos y el consenso no es fácil; aquí se ha logrado. ¿Cómo? Con una buena dosis de disposición constructiva, con generosidad, con renuncias, con la anteposición del interés general al interés propio y con esfuerzo. Se ha logrado con esfuerzo democrático, señor Ridao, porque no querrá usted mantener que el esfuerzo solo es democrático cuando acuerda usted, amparando a unos y excluyendo a otros, aquí o en Cataluña y, sin embargo, no es democrático si los que acuerdan o pactan son otros; seguro que no quiere usted decir eso. Ha habido un consenso legítimo, señor Macias, porque no querrá usted mantener que el consenso solo es legítimo si están sus diez diputados. Si están sus diez diputados en el consenso es legítimo, si están los ciento sesenta y nueve del Grupo Socialista y los ciento cincuenta y tantos del Grupo Popular no es legítimo; seguro que no quiere usted decir eso. Por tanto, ha existido esfuerzo democrático y consenso legítimo, y ojalá cunda este ejemplo. Desde luego, hay pocas oportunidades para reconocer el trabajo del rival y hoy quiero subrayar nuestro reconocimiento, como lo ha hecho el ministro, a la labor realizada en esta ley por el Grupo Popular y por su portavoz, don Andrés Ayala. Hoy, desde luego, han ayudado ustedes a hacer país, sin duda.


Hay dos elementos que merecen destacarse en el contenido de la ley.
Apostamos por un régimen tarifario competitivo. La ley rebaja los costes a los usuarios de los puertos; esto es importante. La ley proporciona margen a las autoridades portuarias para aprovechar sus ventajas competitivas, vía bonificaciones; esto es importante. Y la ley asegura la aplicación del principio de autofinanciación portuaria; esto es muy importante. La nueva ley promueve un nuevo régimen de prestación de servicios: el libre acceso reglado. Cada paso que avanzamos en la liberalización viene acompañado por una regulación garantista de la seguridad, de la calidad y de la consolidación del empleo. Señor Llamazares, no es una ley más conservadora. Es una ley más moderna, más eficiente y más lógica. Sabe usted, señor Llamazares, que le hemos acompañado muchas veces en el discurso de que, por ejemplo, los hospitales tienen que ser necesariamente instituciones públicas. Los hospitales, sí, pero, señor Llamazares, las empresas que se dedican a cargar y descargar los buques, ¿por qué tienen que ser públicas? Los hospitales, sí. Las empresas de carga y descarga de los buques ¿por qué tienen que ser públicas necesariamente? ¿Y por qué no las que cargan y descargan camiones o las ferreterías? La ley es lógica, la ley es moderna, la ley no es más conservadora. La ley avanza en el sentido de la liberalización, con reglas, porque eso incorpora eficiencia y competitividad. En definitiva, señorías, este nuevo marco jurídico, este nuevo marco regulatorio, incorpora las claves que están asegurando la mejora de la eficiencia en los nodos logísticos más avanzados del mundo: las nuevas tecnologías, la intermodalidad y la sostenibilidad ambiental.
Algunos se empeñan en situar el debate sobre esta ley en otras coordenadas.


Hemos acordado con los diferentes grupos decenas de enmiendas; con el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, por ejemplo, veintiséis, que enriquecen

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la ley en lo más relevante a efectos de mejora de la competitividad, en el régimen de tarifas, en la liberalización de servicios y en el apoyo a las empresas navieras y al sector náutico deportivo y de recreo. No ha sido cero patatero, sino veintiséis; importantes y significativas. Aquí se empeñan en subrayar un supuesto conflicto competencial, a nuestro juicio sin base, en el texto de la ley. Es un juego previsible, señor Macias, pero un poco lamentable. Se pactan los intereses económicos, pero se mantiene el discurso descalificador en relación con el poder, con la influencia, con el qué hay de lo mío, con el yo, mi, me, conmigo. En fin -insisto-, es previsible, pero un tanto decepcionante.


En relación con el debate competencial solo voy a decir tres cosas.
Primero, esta ley regula los puertos de interés general del Estado y corresponde al Estado, porque así lo determina la Constitución, su regulación y su gobierno. Segundo, en esta ley que hoy aprobamos se aporta más autonomía que nunca a las autoridades portuarias, y precisamente en aquello que más importa: el establecimiento de las tarifas y los servicios, que pueden aportarles ventajas competitivas, actividad económica y empleo. Aquí es donde importa la autonomía, señor Macias y señor Ridao. Esto es lo que importa; a la mayoría le importa más esto: la ventaja competitiva, la actividad económica y el empleo y, desde luego, importa más que ese cansino discurso victimista que estamos obligados a escuchar de vez en cuando. Y tercero, señorías, la eficiencia y la competitividad en los puertos requiere autonomía y descentralización. Sí, sin duda; requiere autonomía y descentralización, pero también la eficiencia de coordinación y de control para garantizar que las decisiones y las gestiones -sobre todo las de carácter económico- se ajusten a derecho y cumplan el principio de la autofinanciación, porque si no hay coordinación y no hay control, ¿saben ustedes qué ocurre? Que debe acudir el Estado -su demonio madrileño particular, sí- con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a tapar agujeros. En Barcelona, también, señor Macias, en todos los sitios.


Respecto a los consejos de administración, señorías, todos van a tener que asumir un esfuerzo de austeridad; lo van a hacer los consejos de administración de AENA, de ADIF, de Renfe. Todos se reducen a quince miembros. ¿No pueden asumir ese esfuerzo los consejos de las autoridades portuarias si se mantienen las proporciones de representación de todos sus integrantes? Creo que ese esfuerzo de austeridad hay que pedírselo también a las autoridades portuarias, seguro que lo entienden. Por tanto, autonomía, sí, más que nunca y en lo que importa, pero el Estado, señorías, no va a hacer dejación de su competencia y de su deber en la coordinación de los puertos y en la defensa del interés general. Es su responsabilidad. En relación con las islas, espero que se reconozca, señor Perestelo, el gran esfuerzo del legislador para convertir Canarias, por ejemplo, en una gran plataforma logística competitiva. La ley establece bonificaciones para aprovechar ventajas competitivas y también compensación con la solidaridad de todos para esas bonificaciones, para que no graven la economía de los puertos canarios. Hay bonificaciones, ventajas y también compensaciones; sensibilidad, señorías, hacia la insularidad y hacia la ultraperificidad, y vamos a seguir por ese camino.
Solo espero que correspondan ustedes, con el apoyo a esta ley, a esa sensibilidad. En definitiva, señorías, esta ley importante ha tenido una tramitación larga y compleja, que ha permitido la participación de todos los sectores económicos, sociales y laborales afectados y que ha sumado más de sesenta enmiendas de los grupos minoritarios al acuerdo inicial entre PSOE y PP. Como ha dicho el ministro, es un acuerdo abierto, que esperamos se amplíe en lo que queda de tramitación legislativa.


Quiero terminar esta intervención, como han hecho también mis colegas, agradeciendo el trabajo de todos los grupos parlamentarios, especialmente de los ponentes de la ley. Asimismo, quiero hacer un reconocimiento especial a mis compañeros socialistas de ponencia, Salvador de la Encina y Gloria Rivero. Gracias al presidente de Puertos del Estado y a su colega Álvaro Sánchez, por su ayuda y empuje. Gracias a la letrada, Sylvia Martí, por su trabajo eficaz. Gracias a nuestro técnico, Ignacio García y, claro está, gracias al liderazgo del ministro de Fomento, José Blanco, artífice principal de este éxito colectivo. Enhorabuena a todos.
Muchas gracias, señora presidenta, señor ministro. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Simancas. (El señor Perestelo Rodríguez pide la palabra.)

Dígame, señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señora presidenta, quiero solicitar la palabra por el artículo 71.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Perestelo, sabe que en los debates es muy difícil que contradiciéndose en los argumentos no se citen, no se aludan, pero aquí no ha habido ningún juicio de valor en apreciación de la Presidencia. Lo siento, señor Perestelo, ha tenido usted su turno.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señora presidenta, ¿la palabra chantaje no le parece a usted suficiente acusación?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Tiene un minuto para aclarar exactamente lo que usted me está diciendo en este momento.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Quiero decirle al señor Ayala que me gustaría que en su turno pudiera explicar en qué sentido se ha sentido chantajeado por este diputado o por los diputados de Coalición Canaria. No entro en valorar su acusación

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sobre el trabajo de los diputados nacionalistas en Madrid. No tengo que darle explicaciones de mi trabajo, solo a los ciudadanos de Canarias que me han votado para estar y representarles en esta Cámara, pero sí quiero decirle que en esta ley hemos hecho aportaciones...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Perestelo, por favor, refiérase exclusivamente a lo que ha dicho para no reabrir el debate. Yo le daré la palabra al señor Ayala para que le pueda dar explicaciones.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Termino, señora presidenta, solicitando al señor Ayala que retire la acusación que ha realizado en su intervención.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Perestelo.
(El señor Macias i Arau pide la palabra.)

Esto tiene un efecto de epidemia. Señor Macias, artículo del Reglamento y dato concreto.


El señor MACIAS I ARAU: El mismo artículo y también la intervención del señor Ayala referida a mi persona con calificativos -simplemente necesito dos segundos- que me gustaría que el señor Ayala tuviera tiempo de retirar. Ya se equivocó en la ponencia, ya se equivocó en la Comisión y creo que la pasión política no debe conllevar insultos a las personas...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Macias. Ya sabe usted que la pasión política uno la administra como sabe o como puede.


El señor Ayala tendrá en este momento dos minutos para poder responder a los dos requerimientos. Cuando usted quiera.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Con muchísimo gusto contesto.


En primer lugar, le digo al señor Perestelo que después de las situaciones en las que hemos sido sensibles con Canarias, en las cuales se establece un régimen especial para Canarias...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ayala, hágame un favor. Refiérase a lo del chantaje, que es de lo que le han pedido explicaciones.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Señora presidenta, si después de todo el esfuerzo que se ha hecho y de que Canarias tiene un régimen excepcional con respecto a toda España, con una plataforma única de todos los puertos cuando los puertos tienen una posición de terminales, que ustedes nos digan que si no se incorporan todos y cada uno de los cabildos como ustedes quieren no votan favorablemente la ley, eso se llama chantaje.
Por tanto, esta es la manifestación de por qué hablando en castellano he definido así la postura de Coalición Canaria.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muy bien. Señor Ayala, ¿quiere decirle algo al señor Macias?

El señor AYALA SÁNCHEZ: Al señor Macias quería señalarle, reiterarle y repetirle que nos encontramos en muchas tramitaciones legales en las cuales su grupo presenta enmiendas absolutamente contradictorias y que responden a intereses distintos. Tendrán que aclararse a quién quieren defender en cada momento y, sobre todo según qué aprobemos o no aprobemos, qué tienen que decir en la bancada.


Muchas gracias, señor presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ayala.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000063.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000064.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000065.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000066.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000067.)

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- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000068.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000069.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000070.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000071.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000072.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000073.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000074.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000075.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000076.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNITAT VALENCIANA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000077.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto VIII del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. Igualmente para la Comunidad Autónoma de Aragón, para la Comunidad Autónoma de Canarias, para la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la de Cataluña, para la de Galicia, para la de Extremadura, de Illes Balears, de Madrid, de La Rioja, de Asturias, de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana.


A estos proyectos se han presentado dos enmiendas de totalidad, una a un proyecto concreto y la otra a todos los proyectos.


En primer lugar, tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, tengo el honor de presentar ante el Pleno de esta Cámara con motivo del debate de totalidad los proyectos de ley del régimen de cesión de tributos del Estado y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión a las comunidades autónomas de Andalucía, de Aragón, de Canarias, de Cantabria, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, de Cataluña, de Extremadura, de Galicia, de las Illes Balears, de La Rioja, de Madrid, del Principado de Asturias, de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es un debate de totalidad motivado por la presentación de enmiendas de esa naturaleza a todos los proyectos de ley por parte de doña Rosa Díez del Grupo Parlamentario Mixto y una referida a Cataluña por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Teniendo en cuenta la existencia de objetivos y de contenidos comunes en todos ellos, me permitirán que, tal como la presidenta de la Cámara ha sugerido, me refiera en mi intervención a todos los proyectos de ley en su conjunto.


Los proyectos de ley que debatimos forman parte del proceso de reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común.
Como SS.SS. conocen, el 15 de julio del año 2009 terminaron los trabajos y el proceso de negociación para la reforma del vigente sistema de financiación. Ha transcurrido más de un año de conversaciones y encuentros con las comunidades y ciudades con estatuto de autonomía y ha

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habido tres sesiones plenarias del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el proceso de negociación de un sistema de financiación con mayor transparencia y participación, conjugando la bilateralidad con la multilateralidad necesaria.


El Acuerdo 6/2009 del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 15 de julio, para la reforma del sistema de financiación fue respaldado con el voto afirmativo de la mayoría de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. Quisiera recordar que en este consejo están representadas todas las comunidades autónomas gobernadas por distintos partidos, algunos de ellos con reflejo en grupos parlamentarios de esta Cámara, que ninguna de esas comunidades votó en contra y, por tanto, ningún gobierno autonómico se opuso al acuerdo. Como saben, dicho acuerdo se materializó en los proyectos de ley orgánica y ordinaria presentados por el Gobierno a las Cortes Generales concretados en la Ley Orgánica 3/2009 y en la Ley 22/2009, ambas de 18 de diciembre.


Como saben, el nuevo sistema de financiación autonómica se estructura en torno a varios ejes básicos: el refuerzo del Estado del bienestar en el marco de la estabilidad presupuestaria; el incremento de la equidad y de la suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias autonómicas; el aumento de la autonomía y la corresponsabilidad y la mejora de la dinámica y estabilidad del sistema. En definitiva, el nuevo modelo da un impulso renovado a los principios de solidaridad y de igualdad entre todos los ciudadanos, reforzándolos mediante el establecimiento de un mecanismo explícito para garantizar de manera estable en el tiempo la igualdad en el acceso a los servicios públicos fundamentales. Con posterioridad a la aprobación de dichas leyes, y siguiendo el proceso establecido para la modificación del sistema de financiación y del régimen de cesión de impuestos, los días 21 y 22 de diciembre se reunieron las comisiones mixtas Estado-comunidades autónomas. En esas comisiones todas y cada una de las comunidades autónomas manifestaron la aceptación expresa del sistema de financiación regulado en esas leyes, acordando así mismo el texto del proyecto de ley de cesión de tributos a cada comunidad que figuraba como anexo en los propios acuerdos. Por tanto, se fue más allá -si así me lo permiten- de las mayorías alcanzadas en sede parlamentaria, porque todas las comunidades, independientemente del signo político de las mismas, en el seno de las correspondientes comisiones mixtas Estado-comunidades autónomas han aprobado el acuerdo de aceptación del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, así como la fijación del valor inicial del Fondo de insuficiencia global, la modificación del régimen de cesión y la fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a cada comunidad autónoma.


Estos proyectos de ley que discutimos hoy son el último trámite necesario para culminar el proceso de reforma del sistema de acuerdo con lo previsto en la Lofca y según la práctica seguida en todos los sistemas pactados hasta el momento. Para hacer efectiva en cada comunidad autónoma la aplicación del nuevo sistema de financiación recogido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, se exige como requisito que la comunidad autónoma acepte el sistema en Comisión mixta, tal y como se desprende de la disposición adicional cuarta, disposición transitoria segunda y tercera y disposición derogatoria de dicha ley. La aceptación implica tanto los aspectos financieros como los tributarios derivados del nuevo modelo. La necesidad de la aprobación del proyecto de ley de cesión de tributos como requisito previo a la aplicabilidad de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, viene establecida en el artículo 10.2 de la Lofca. Ese artículo señala que la cesión de tributos a las comunidades autónomas se entenderá efectuada cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma, así como en su caso las competencias normativas comprendidas en esa cesión, se establezcan en una ley específica.


Por lo que se refiere al contenido de los proyectos de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas cabe destacar que, como consecuencia de la profundización en el principio de corresponsabilidad fiscal, el régimen de cesión de tributos se ve afectado de manera que se amplían los porcentajes de cesión y las competencias normativas de las comunidades autónomas en los tributos que son objeto de cesión parcial.
Se produce una elevación del porcentaje de cesión del impuesto sobre la renta de las personas físicas del 33 al 50 por ciento; del impuesto sobre el valor añadido del 35 al 50 por ciento y de los impuestos especiales de fabricación sobre la cerveza, el vino y las bebidas fermentadas, productos intermedios, alcohol y bebidas derivadas, hidrocarburos y labores del tabaco del 40 al 58 por ciento. Se amplían, además, las competencias de las comunidades en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, incorporando la posibilidad de modificación de los mínimos personales y familiares, así como permitiendo mayores márgenes en la aprobación de la escala autonómica y las deducciones de la cuota. En relación con el impuesto sobre el valor añadido, quisiera señalar que el Gobierno se ha comprometido a trabajar con las instituciones de la Unión Europea para que las normas comunitarias que regulan este impuesto permitan el ejercicio de capacidad normativa de las comunidades autónomas en fase minorista del impuesto y con destino exclusivo a los consumidores finales. Asimismo, el Gobierno se ha comprometido, en el marco del actual procedimiento abordado por la Comisión Europea sobre el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, a proponer la modificación de la directiva por la que se reestructura el marco comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, para que si, eventualmente, fuera necesario se pueda sustituir este impuesto por suplementos autonómicos de

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tipo sobre determinados productos sujetos al impuesto sobre hidrocarburos con neutralidad financiera.


Señorías, hoy estamos dando un paso más en el desarrollo del sistema de financiación autonómica, un paso que supone un salto cualitativo en la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, que tendrán más recursos disponibles para gestionar sus competencias. Estos proyectos de ley de cesión dan rango legal a los acuerdos de la Comisión Mixta entre el Estado y las comunidades autónomas, pero no introducen ninguna modificación en el sistema de financiación acordado. Constituyen simplemente -nada más y nada menos- que un acto necesario para su cumplimiento, careciendo de sustantividad independientemente de dichas leyes. Por tanto, me permitirán que no me detenga en la valoración de los argumentos expuestos por las enmiendas a la totalidad en contra del nuevo sistema de financiación o de su proceso de negociación, porque entiendo que lo que plantean estas enmiendas es reabrir el debate parlamentario sobre leyes debatidas y aprobadas por las Cortes Generales, en concreto la Ley Orgánica 3/2009 y la Ley 22/2009. Por ello, y entendiendo que se trata de la última etapa legislativa de la modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, necesaria para su plena vigencia, y teniendo en cuenta que viene determinada por la aprobación de las citadas ley orgánica y ley ordinaria y que ha sido aceptado por todas las comunidades autónomas, espero que con su voto manifiesten su apoyo a la continuación de la tramitación parlamentaria de estos proyectos de ley que les he presentado.


Muchas gracias, señorías, muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


En turno a favor de las enmiendas de totalidad tiene la palabra, en primer lugar, doña Rosa Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, señorías, señora vicepresidenta, efectivamente estos proyectos de ley que nos traen hoy aquí consagran un sistema de financiación autonómica que también mereció por parte de Unión, Progreso y Democracia una enmienda a la totalidad porque, a nuestro juicio, es un sistema de financiación producto de la bilateralidad entre Cataluña y España, un sistema que profundiza la insolidaridad porque discrimina a los habitantes que viven en las comunidades autónomas, en las regiones menos ricas y porque incrementa el riesgo de fraude fiscal multiplicándolo por diecisiete. Esos son los motivos por lo que presentamos estas enmiendas a la totalidad, cuya argumentación se sustenta en diez razones.


En primer lugar, el método de negociación, como he dicho antes, que ha conducido a la presente reforma y, por tanto, a la elevación de los porcentajes de cesión de determinados tributos ha sido contrario al espíritu constitucional, pues se ha caracterizado por la bilateralidad impropia de nuestro sistema constitucional. En segundo lugar, tal negociación ha estado viciada desde sus inicios, pues ha venido condicionada por lo establecido previamente en materia de financiación autonómica por el Estatuto de Cataluña, de forma que el resultado final ha sido que los nuevos porcentajes de cesión son los mismos que los fijados en ese Estatuto de Autonomía de Cataluña, pendiente durante estos últimos cuatro años de sentencia del Tribunal Constitucional. En tercer lugar, este nuevo incremento en la cesión de tributos a las comunidades autónomas supone una profundización del progresivo vaciamiento del Estado -del que ayer hablamos, por cierto, con el vicepresidente tercero- tanto en materia competencial como en recursos financieros, proceso que no parece tener fin. Además, en este caso el incremento en la cesión ha venido acompañado, como la vicepresidenta nos ha recordado, de una aportación adicional de los recursos aportados por el Estado a las comunidades autónomas de 11.000 millones de euros. Este vaciamiento de los recursos del Estado merma su capacidad para articular políticas comunes a todos los españoles y para cumplir sus funciones de redistribución de recursos en aras de una mayor equidad y estabilidad económica. En cuarto lugar, este traspaso de recursos adicionales contribuirá a incrementar el mayor déficit y deuda pública del Estado en su conjunto ante la imposibilidad práctica del Gobierno central para coordinar y controlar la actuación de las comunidades autónomas en materia fiscal, tal y como ayer reconoció el vicepresidente tercero del Gobierno ante una interpelación de esta diputada. Es decir, Bruselas nos mira porque en España el Gobierno de la nación dice que no puede actuar sobre el 55 por ciento de los gastos. Dentro de nada nos darán instrucciones también al respecto. En quinto lugar, esta nueva cesión de tributos y aportación adicional de recursos refuerza, como las anteriores, la irresponsabilidad o la tentación a la irresponsabilidad de las comunidades autónomas, continuando así una senda contraria al principio de corresponsabilidad fiscal definido en la Lofca, a la que usted se ha referido. En sexto lugar, el imparable crecimiento del gasto en las comunidades autónomas no se ha materializado -y esto es importante- en un aumento similar en la mejora y ampliación de los servicios públicos y del bienestar de los ciudadanos. Conforme a esta filosofía que hoy se ratifica aquí, solo se igualan los recursos disponibles por habitante para sanidad, educación y servicios sociales, de forma que otros, como la justicia, las políticas activas de empleo o el medio ambiente, no menos esenciales para el ciudadano, quedan excluidos con esa política de nivelación que ustedes han acordado. En séptimo lugar, a pesar del incremento en la cesión de recursos a las comunidades autónomas, la Administración central sigue ejerciendo el principal papel a la hora de subir los impuestos mientras que las comunidades autónomas o pasan olímpicamente o los bajan, dando una sensación general de perplejidad al conjunto de los ciudadanos

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españoles. En octavo lugar, este nuevo sistema es más complejo y menos transparente que el anterior debido a la multiplicidad de fondos existentes para contentar a diferentes comunidades autónomas y no elimina los problemas del anterior, relativos a la diferencia de recursos por habitante, que se verán incrementados en la medida en que la evolución económica de las comunidades sea divergente. Como les decía antes, profundiza en la insolidaridad y discrimina a los habitantes de las comunidades autónomas menos ricas. En noveno lugar, la reforma no aborda la permanencia de agravios comparativos con el sistema de financiación foral, que aporta casi el doble de los recursos por habitante. Señoría, como muchas veces hemos debatido en esta Cámara y desde esta tribuna, aquello que no se puede aplicar al conjunto de los ciudadanos españoles no es un derecho, termina siendo un privilegio, y esto se consolida nuevamente con estas leyes que configuran y cierran el sistema de financiación autonómica perverso que ustedes han aprobado. En décimo lugar, el nuevo sistema y esta cesión de tributos que incorpora no contempla la mejora en la capacidad de corrección de los desequilibrios territoriales a través del Fondo de compensación interterritorial, que es el que está previsto para eso y no el sistema de financiación autonómica, tal y como prevé -insisto- la Constitución y aconseja la acelerada pérdida de fondos europeos de desarrollo regional.


En definitiva, señora vicepresidenta, señorías, el conjunto de las enmiendas a la totalidad que hemos presentado y que defendemos en un único turno consagra, a nuestro juicio, un sistema de financiación autonómico absolutamente disparatado; un sistema de financiación autonómico que se hizo de esta manera precisamente para cumplir los compromisos entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña; un sistema que estableció la bilateralidad dentro de España, más propio de un sistema confederal que del sistema autonómico, que es el que rige en nuestra Constitución, y cuyo contenido, además, por rematar, profundiza la desigualdad, incrementa el riesgo de fraude fiscal y deja sin control, sin ningún tipo de control por parte de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas. Todo ello es un despropósito, siempre, desde el punto de vista de la estructura del Estado, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del ejercicio del poder del Estado, precisamente para garantizar la unidad de mercado y el interés general. Siempre sería un despropósito, pero en una situación de crisis como la que vive España es, además de un despropósito, una enorme irresponsabilidad. Por eso presentamos estas enmiendas a la totalidad y solicitamos la devolución al Gobierno de estos proyectos de ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta segunda, señorías, como es evidente, estos proyectos de ley son consecuencia de una reforma del sistema de financiación autonómica con la que el BNG, como ya manifestamos en su momento, tiene profundas discrepancias. Desde nuestro punto de vista, con la reforma del sistema de financiación autonómica no se avanza en la medida de lo necesario a la hora de asegurar la suficiencia financiera de las comunidades autónomas; no se tienen en cuenta las necesidades específicas de Galicia, debido a la infraponderación de factores como la dispersión y el envejecimiento poblacional, que tienen un extraordinario peso en el coste de los servicios; la reforma del sistema atenta contra el principio de equidad y establece, además, un sistema de financiación más complejo, más opaco y por tanto menos transparente, que incrementa la discrecionalidad del Estado a la hora de asignar recursos a las comunidades autónomas.


Centrándonos en los temas objeto de debate en el día de hoy, creemos que no se avanza suficientemente en autonomía y corresponsabilidad fiscal.
Según las estimaciones del Gobierno, con el incremento de la participación de las comunidades autónomas en los principales recursos tributarios se dará cobertura al 90 por ciento de las necesidades de financiación autonómica. Pero, señorías, esto no es así en el caso de Galicia; tan solo se cubriría el 66 por ciento de nuestras necesidades, teniendo que recurrir a los otros mecanismos contemplados en el sistema para completar nuestras necesidades de financiación. El BNG piensa que la igualdad hay que buscarla en el punto de llegada, no en el punto de partida, o, si lo prefieren, la igualdad hay que buscarla en la resultante, no en los medios para intentar llegar a esa resultante. Por ese motivo, discrepamos de la fórmula elegida, la generalización al conjunto de las comunidades autónomas de los porcentajes de cesión contemplados en el Estatuto de Cataluña. Somos enormemente respetuosos con el Estatuto de Cataluña, pero el Estatuto de Cataluña tiene que tener vigencia para Cataluña, no generalizar esta fórmula para el conjunto de las comunidades.


Formulamos la siguiente pregunta: ¿Por qué Galicia no puede tener una cesta propia de impuestos, tanto propios como cedidos, que cubran sus necesidades de financiación? ¿Por qué no puede tener unos porcentajes de cesión que se ajusten a sus necesidades? Sería más justo y, además, señorías, sería más transparente. Permítanme que les aporte un dato. En el año 2007, el Estado recaudó en Galicia por los distintos conceptos impositivos 12.500 millones de euros, mientras que Galicia obtuvo 8.100 millones de euros del sistema de financiación autonómica. Por tanto, la capacidad tributaria de Galicia es la que acabo de apuntar, lo que aporta Galicia por el conjunto de los conceptos impositivos. Sin embargo, si medimos la capacidad tributaria de Galicia, tomando como referencia solo los porcentajes cedidos

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en el IRPF, en el IVA o en el impuesto de sociedades, se crea la imagen falsa, distorsionada, de que Galicia es deficitaria y receptora de solidaridad.


Nosotros discrepamos profundamente del sistema. En cualquier caso, señorías, somos conscientes de que este es un debate ya sustanciado.
Aunque el BNG manifestó en su momento su opinión, la reiteramos y votó en consecuencia, ahora lo que estamos discutiendo son unos proyectos de ley de cesión de tributos a las distintas comunidades, consecuencia de lo refrendado por mayoría en este Congreso de los Diputados. Y si nos opusiéramos a la admisión a trámite de estos proyectos de ley, a lo único que estaríamos contribuyendo sería a agravar unos problemas de financiación de las comunidades autónomas ya de por sí graves, desde nuestro punto de vista. Por eso, aunque anuncio que el BNG presentará reformas parciales en el trámite de enmiendas a estos proyectos de ley, no nos vamos a oponer en el día de hoy a su admisión a trámite.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, señoras y señores diputados, efectivamente el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Básicamente hemos planteado esta enmienda a la totalidad por cinco cuestiones a nuestro entender relevantes. En primer lugar, porque esta ley, caso de aprobarse, representaría una gran deslealtad hacia Cataluña, ya que incumple flagrantemente, desde nuestro punto de vista, el modelo de financiación previsto en el Estatuto de Cataluña, modelo de financiación y estatuto que, como saben todas SS.SS. perfectamente, fue aprobado por las Cortes Generales y que posteriormente fue refrendado por el pueblo de Cataluña. En segundo lugar, porque a nuestro entender este modelo de financiación y esta cesión de tributos castiga y penaliza económicamente a Cataluña, pues no tiene en cuenta, señorías, el mayor esfuerzo fiscal de los catalanes; en lugar de premiar este esfuerzo fiscal, como está previsto en el Estatuto de Cataluña, se nos condena a incrementar nuestro déficit fiscal en lugar de reducirlo. En tercer lugar, hemos presentado esta enmienda a la totalidad, señorías, porque también desde nuestro punto de vista perjudica y empeora la calidad de los servicios sociales que se van a dar en Cataluña. Básicamente, va a empeorar la calidad de servicios sociales como dependencia, asistencia social, sanidad y educación, pues todos estos servicios van a disponer, señorías, de menos recursos económicos, ya que no se va a tener en cuenta en esta cesión de tributos nuestra mayor contribución fiscal en los ingresos generales del Estado con respecto a otras comunidades autónomas.


En cuarto lugar, señorías, porque desde Convergència i Unió entendemos -y lo hemos manifestado en diferentes ocasiones- que este es un modelo desleal que engaña y maltrata a Cataluña y a todos los catalanes, ya que no se cumplen diferentes supuestos, a los que más adelante me referiré, como por ejemplo la creación de un consorcio tributario paritario entre la Administración de la Generalitat y la Administración del Estado que tendría que haberse constituido antes del año 2008 y que a fecha de hoy todavía está por crear. Y voy a hacer una última consideración, lógicamente con el máximo respeto a las señorías a las que más adelante me referiré, con la máxima cordialidad por parte de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, ya que en definitiva y en realidad no deja de sorprendernos que fuerzas parlamentarias catalanas, como podrían ser los diputados del Partido Socialista de Cataluña, los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya, los diputados de Iniciativa per Catalunya, que en este caso y conjuntamente con Convergència i Unió vamos a presentar diferentes iniciativas parlamentarias en las Cortes Generales para modificar la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, de esta forma pudiéramos evitar, conjuntamente, insisto, convencer al grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, al Grupo Parlamentario Socialista, y resolver una situación angustiosa desde el punto de vista de Cataluña para poder modificar, como digo, la Ley orgánica del Tribunal Constitucional y al mismo tiempo evitar que puedan dictaminar en el Tribunal Constitucional una sentencia sobre el Estatut de Catalunya, que puedan declararse incompetentes, que se pueda resolver inmediatamente o que se pueda plantear una modificación de todos los integrantes del Tribunal Constitucional.


Nos sorprende que desde una visión política, desde una posición política conjuntamente con Convergència i Unió, los diputados a los que anteriormente me he referido con el máximo respeto, con la máxima cordialidad y apelando a su sensibilidad, podamos ir en una dirección conjuntamente para modificar un tema tan importante como es la Ley orgánica del Tribunal Constitucional y ahora todas SS.SS. van a ir en una dirección totalmente contraria a la iniciativa que vamos a presentar conjuntamente en el Senado, que va a en la dirección de mutilar y dinamitar uno de los pilares del Estatut de Catalunya, como es el eje básico de la financiación de nuestra comunidad autónoma. Me gustaría recordarles que ustedes van a ir en la misma dirección de todos aquellos grupos parlamentarios que en su

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momento plantearon un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut de Catalunya y que ahora, con su votación en contra de esta enmienda a la totalidad -ojalá yo les pueda convencer-, van a ir en la misma dirección y probablemente van a hacerle el trabajo sucio al Tribunal Constitucional; cuando llegue el momento de dictaminar, ellos podrán apreciar que, con respecto a algunos aspectos básicos que están recogidos en el Estatut de Catalunya y algunos aspectos básicos que están recogidos en el nuevo sistema de financiación, ustedes fueron aquí incapaces de ir en la misma dirección en la que íbamos quienes defendíamos la aplicación estricta del modelo de financiación de Cataluña y el respeto estricto a las competencias que están perfectamente delimitadas en el mismo. No podía dejar de decir esto en esta intervención, no podía dejar de apelar a la sensibilidad de los grupos parlamentarios catalanes a los que anteriormente me he referido, los diputados del Partido Socialista de Cataluña, los diputados de Esquerra, los diputados de Iniciativa per Catalunya, para que, conjuntamente con Convergència i Unió, podamos hacer frente común para evitar que hoy se pueda aprobar una ley que va directamente a herir mortalmente el nuevo Estatut de Catalunya, ya que van a mutilar y van a dinamitar uno de sus pilares básicos, como es el nuevo sistema de financiación.


Con base en estas consideraciones iniciales, ahora voy a detallar los contenidos, el porqué de nuestros planteamientos y el porqué de haber presentado esta enmienda a la totalidad. En primer lugar, porque decimos que incumple flagrantemente lo previsto en el Estatut de Catalunya y que nosotros consideramos como una gran deslealtad hacia Cataluña. Porque, señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, en dicha cesión de tributos y en dicha Ley de financiación, en este caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, no está presente uno de los aspectos básicos más relevantes previstos en el Estatut de Catalunya, no se contempla, señorías, el principio de ordenalidad, que es lo mismo que decir que no se garantiza que la aplicación de los mecanismos de nivelación no alteren en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de las rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de su nivelación. Este era un aspecto fundamental y relevante que habíamos defendido y que fue aprobado en esta Cámara y también en el Senado, que se pudiera mantener el principio de ordenalidad. Señorías, en este sistema que hoy estamos votando han de saber que este principio de ordenalidad no está contemplado.


En segundo lugar, tampoco se contempla que en la financiación de los servicios sociales para alcanzar niveles similares requieran que las comunidades autónomas lleven a cabo un esfuerzo fiscal similar. En este caso hay que decir que, en la mayor contribución fiscal que hace Cataluña para posibilitar unos determinados ingresos fiscales de todo el Estado español, estos esfuerzos fiscales tenían que estar perfectamente contemplados con unos porcentajes de equilibrio y no lo están en este nuevo modelo de financiación. Tampoco se incluye un factor de corrección para determinar las necesidades de gasto de población inmigrante y los costes diferenciales. Por tanto, aquí tenemos otro aspecto que va en contra de mejorar la financiación de Cataluña, ya que no se tiene en cuenta la población inmigrante y tampoco el mayor coste diferencial por tener, desgraciadamente en este caso, mayor inflación en Cataluña que la media del resto de comunidades autónomas del Estado español. Tampoco se contempla la Comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales del Estado-Generalitat como órgano bilateral de relación entre la Administración General del Estado y la Generalitat en el ámbito de la financiación autonómica. Le corresponde la concreción, la aplicación, la actualización y el seguimiento del sistema de financiación, así como la canalización del conjunto de relaciones fiscales y financieras de la Generalitat y el Estado. Como he dicho anteriormente, tampoco se prevé la constitución de un consorcio o ente equivalente con participación paritaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Agencia Tributaria de Cataluña. Tampoco alcanza la atribución prevista en el Estatuto respecto a la capacidad normativa de los tributos cedidos y no prevé la cesión de competencias normativas en el impuesto sobre el valor añadido en las operaciones efectuadas en fase minorista cuyos destinatarios no tengan la condición de empresarios y profesionales. Este era un tema importantísimo de cesión de tributos, pues dotábamos a la Generalitat de la posibilidad de que se pudiera ceder el IVA minorista, por ejemplo, en el impuesto sobre el valor añadido, y repito que no está previsto en esta ley que se va a aprobar, en caso de que no prospere esta enmienda a la totalidad. Tampoco se especifica en dicha cesión de tributos que la gestión consorciada del catastro entre la Administración General del Estado, la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos pueda ser efectiva en esta cesión de tributos que hoy el Gobierno pretende convalidar en esta sesión.


¿Por qué decimos que va a perjudicar económicamente a Cataluña? Básicamente por tres motivos. Primero, como he dicho anteriormente, porque no se incluye como factor de corrección para determinar el gasto de la población inmigrante -este es un aspecto relevante-, no se plantea desde ningún punto de vista como factor de corrección el diferencial de la fracción entre Cataluña y resto de las comunidades autónomas y, finalmente, tampoco se contempla un aspecto que para nosotros es muy importante como es que la financiación de servicios sociales para alcanzar niveles similares requiera que las comunidades autónomas hagan un esfuerzo fiscal similar. En este caso estamos en una disyuntiva que no tiene ningún sentido, que se tenga en cuenta que algunas comunidades autónomas, como Cataluña -hay otras comunidades autónomas en el Estado español-, hacen un esfuerzo superior a la media española y que, desde esta perspectiva, se pueda premiar a todas aquellas

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comunidades autónomas que hacen un esfuerzo fiscal superior y que puedan recibir ingresos complementarios, a fin y efecto de una justicia social, en función de que las pequeñas o grandes contribuciones a los ingresos generales del Estado puedan también reportar un premio a todas aquellas comunidades autónomas que han hecho sus deberes perfectamente.


De entrada, yo diría que estamos ante una situación de flagrante incumplimiento del Estatuto de Cataluña, de un flagrante incumplimiento de todos aquellos aspectos que hacen referencia a la financiación, que es uno de los ejes básicos y vertebradores del Estatuto de Cataluña. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Y por este motivo, señorías, nosotros hemos presentado esta enmienda a la totalidad, básicamente por los motivos reseñados en mi intervención, ya que entendemos que, de aprobarse esta Ley de cesión de tributos, que va a ir acompañada de la ley de financiación de comunidades autónomas, aprobada hace unos meses en esta Cámara, van a ir en la dirección de castigar y penalizar económicamente a Cataluña en todos aquellos aspectos a los que antes me he referido, ya que no se va a contemplar el mayor esfuerzo fiscal que está perfectamente delimitado y explicitado en el Estatuto de Cataluña.
También mantenemos que si se aprueba esta iniciativa se va a empeorar la calidad de los servicios sociales en Cataluña. Y finalmente, como conclusión de toda esta enmienda a la totalidad, quiero decirles que si se aprueba esta iniciativa, repito, se va a castigar, se va a maltratar y se va a originar una gran deslealtad del Estado a Cataluña, por incumplir flagrantemente leyes orgánicas que se han aprobado en este Parlamento, que han sido refrendadas por el pueblo de Cataluña. En definitiva, nosotros no estamos en la misma dirección de todas aquellas fuerzas políticas que han intentado dinamitar el estatuto ante el Tribunal Constitucional. Ustedes han de saber, señorías, o al menos algunos representantes de las fuerzas catalanas aquí presentes, que, caso de aprobar esta iniciativa, quizá están haciendo el juego sucio al Tribunal Constitucional y aquellas formaciones políticas que van en la misma dirección que ustedes pretenden hoy finalmente van a hacer un flaco servicio a Cataluña.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra don Joan Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a intentar recomponerme y mantener la compostura después de escuchar tantas sandeces por boca del señor Sánchez i Llibre; diríase que estaba hablando de otra ley distinta a la que estamos discutiendo, porque ciertamente los muchos proyectos de ley que hoy estamos considerando consisten básicamente en una mera instrumentación de carácter técnico de lo que se denomina el cesto fiscal, que constituye la base de los ingresos tributarios del sistema de financiación autonómica para el periodo que va entre 2009 y 2013.


Como se recordará, dicho sistema de financiación fue el resultado de un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009, que por cierto contó, entre otros, con el apoyo del Govern de la Generalitat de Catalunya pero también de otras comunidades autónomas, y que ha sido además configurado mediante dos leyes que fueron ya aprobadas por las Cortes, concretamente la reforma de la Lofca, en particular por lo que respecta a la cesión de tributos, pero también por la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y también de las distintas ciudades con estatuto de autonomía. Concretamente con relación a ambas leyes a las que aludía el señor Sánchez i Llibre hace un instante, quiero recordar sin ambages que Esquerra dio su apoyo en esta Cámara y lo hizo básicamente porque el modelo que ambas leyes dibujan, no solo el acuerdo político en materia de financiación sino ambas leyes, supone un avance sin duda significativo en la equidad del sistema, que por cierto no es nada insolidario, señora Díez. No es nada insolidario, es un sistema solidario; supone que Cataluña recorta escasamente un tercio de su actual déficit fiscal, pero un tercio es muy importante viniendo de donde venimos, y los recursos per cápita de Cataluña se van a situar por primera vez ciertamente por encima de la media de las distintas comunidades autónomas.


Eso es posible en atención al sobreesfuerzo fiscal que hace todavía Cataluña y que este año va a suponer unos ingresos aproximados de 2.700 millones de euros, que van a compensar la pavorosa caída de ingresos fiscales de este año. No solo no va a empeorar la calidad de los servicios que presta la Generalitat, sino que va a incrementar la calidad de los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo puede decir, señor Sánchez i Llibre, lo contrario? ¿Cómo puede decir que, teniendo prácticamente 2.700 millones de euros más en caja, van a empeorar los servicios? Hay cosas que, por grotescas y por ridículas, hacen perder todo tipo de credibilidad. Además, este es un modelo que supone un avance también en la bilateralidad, en la negociación de Gobierno a Gobierno, porque Cataluña va a contribuir de forma decisiva a la solidaridad, pero también a reforzar la financiación de competencias específicas. Este modelo no solo garantiza, como he dicho, más ingresos y mayor suficiencia financiera, sino que es un modelo más transparente que el anterior, modelo que, por cierto, Convergència i Unió acordó con anteriores gobiernos, como el del Partido Popular.


El funcionamiento, por ejemplo, del Fondo de garantía de servicios va a permitir visualizar año tras año qué es lo que aporta el Estado y qué es lo que aporta cada comunidad autónoma y va a suponer por lo demás una

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materialización prácticamente total de las potencialidades del Estatuto de Cataluña en materia de financiación, un estatuto que, por cierto, el señor Mas y el señor Zapatero redujeron sustancialmente después de un acuerdo al que llegaron el 21 de enero de 2005. Ello no impide una vez más que diga desde esta tribuna que este no es el modelo que desea Esquerra Republicana. El modelo de Esquerra es un concierto económico, cooperativo, solidario, como el que en su día acordó el Parlament de Catalunya, y que se evaporó, repito una vez más, después del acuerdo entre Convergència i Unió, el PSOE y el Gobierno español. Curiosamente, el mismo grupo que en su día auspició ese acuerdo que dilapidó y despilfarró el modelo que acordó el Parlament de Catalunya es el que hoy viene insistiendo en su oposición a este modelo. Y además lo hace desde esta tribuna e insistiendo repetidamente en interpretaciones, a ratos delirantes, sobre lo que decía el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, exhibiendo también de forma impúdica supuestas bondades interpretativas del texto estatutario. Pero créanme, no hay nada más grotesco que el festival de auténticos despropósitos que rodeó la votación final de la Lofca en esta Cámara. Porque CiU votó a favor, quiero recordarlo, aunque solo el cielo sabe -usted, señor Sánchez i Llibre, que es demócratacristiano- si aquello finalmente fue un error o un acto fallido, por decirlo en términos freudianos.


Quiero acabar diciendo que hoy se han escuchado en esta Cámara, siguiendo el mismo esquema de su oposición a este sistema de financiación, por boca del señor Sánchez i Llibre, otros argumentos a los que no voy a aludir por falta de tiempo. Solo quiero subrayar que todos esos argumentos hoy en día no hacen más que remarcar la insostenibilidad de la posición de Convergència i Unió en contra. Porque este proyecto de ley o el conjunto de proyectos de ley que estamos sustanciando se limitan a trasponer casi de forma milimétrica los acuerdos que fueron en su día adoptados por el señor Mas y el señor Zapatero, plasmados luego en algunas disposiciones adicionales del estatut. Por cierto, el gran logro en materia financiera que justificaba el pleno apoyo de Convergència i Unió a los recortes y amputaciones que experimentó el estatut que aprobó el Parlament de Catalunya. Por lo demás, lo que contienen estos proyectos son algunas referencias, algunos aspectos que tienen una clara mejora técnica. Por ejemplo, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en la fase minorista del IVA o la reestructuración europea de la imposición sobre los productos energéticos en relación con el impuesto minorista en determinados hidrocarburos. Señorías, estas leyes que estamos debatiendo, estas leyes de cesión de tributos, no solo respetan los distintos acuerdos alcanzados por el Gobierno de la Generalitat y el Estado sino que respetan la literalidad de la potencialidad de lo que todavía hoy resta en el Estatuto de Cataluña. Por eso no solo vamos a dar nuestro apoyo, sino que vamos a insistir en que es una mejora muy sustancial en lo que había hasta el día de hoy.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Sánchez i Llibre, le sientan tan mal estos papeles, que apenas se creen que rompen la unidad catalana, que explican cosas que no son y dejan de hacer de gente de Estado. Les sienta tan mal, porque usted sabe bien que lo que votamos hoy es consecuencia de una buena negociación; que la buena negociación fue posible porque tuvimos un buen estatuto; que ese buen estatuto fue posible porque hubo unidad -bastante unidad, no toda, de las fuerzas políticas catalanas-, y que esa unidad permitió hacer una buena negociación para Cataluña, pero también para el conjunto del sistema, garantizando que lo que reclamaba Cataluña se universalizase y se generalizase. La pregunta es: ¿por qué, si esto ha sido así, ustedes hacen el papel que hacen hoy? Por una razón muy sencilla y muy simple, porque ustedes para acordar necesitan una cosa: su protagonismo, por encima de la defensa de los intereses de Cataluña. Y en el acuerdo en materia de financiación no hubo consagración de su protagonismo. No, señor Sánchez i Llibre, el acuerdo y la ley que hoy vamos a admitir a trámite es un buen acuerdo para Cataluña. Es un buen acuerdo porque es un modelo y una propuesta que respeta plenamente el estatut; porque se define en un marco de bilateralidad, y obviamente reconociendo la multilateralidad posterior; porque es un acuerdo solidario por el que todos los gobiernos autonómicos van a disponer del máximo volumen de recursos por habitante; porque es un acuerdo justo; porque es un acuerdo transparente; porque fija criterios de solidaridad en un modelo en el que no había criterios de solidaridad; porque es un modelo necesario, estable, potente y porque significa más autogobierno.


Usted sabe que lo que ha dicho aquí no se corresponde con la realidad, porque un incremento en la cesión de tributos va a suponer más recursos para Cataluña y para el conjunto de comunidades autónomas. Usted sabe perfectamente que el acuerdo respeta lo acordado en el Estatut de Catalunya y sabe -lo sabe perfectamente- que eso va a suponer más instrumentos y más recursos para el desarrollo del Estado de bienestar, para garantizar respuestas y salidas a la crisis mínimamente equitativas, y que si eso no es posible es porque hay quien se preocupa más de la desfiscalización que por que este sea un buen acuerdo. Por eso, Iniciativa per Catalunya Verds va a ser coherente con lo que hemos venido defendiendo: la necesidad del estatut, la necesidad de su desarrollo y la demostración de que este estatut, que federaliza el

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Estado, no rompe nada. Lo digo hoy porque después de la sexta intentona del Tribunal Constitucional de volcar el estatuto -ese estatuto que rompía España-, hoy se demuestra que una norma que deriva del pacto del estatut, que permite avanzar en el autogobierno y en la mejora de la financiación para Cataluña -y para el conjunto del Estado-, ha supuesto una mejora para Cataluña, supone una mejora para el conjunto del Estado y no ha roto nada. Lo digo refiriéndome a aquellos que hoy aún mantienen el recurso ante el Tribunal Constitucional, obstinados en que tenían razón con aquello de que se iba a romper España, aun sabiendo que, años después de haberse aprobado el estatuto, no se ha roto nada. Si algo rompe España sería una mala sentencia del Tribunal Constitucional. Esperemos que esto no acabe pasando y que la ley que reforma la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y desbloquea el bloqueo -valga la redundancia- que se mantiene en torno al Constitucional pueda prosperar.


Por todo ello, nosotros consideramos que lo que hoy vamos a aprobar es simplemente un paso adelante de lo pactado y que hoy vamos a avanzar hacia un modelo que respeta la bilateralidad, con una nueva cesta de impuestos que permite más tributos para comunidades autónomas; con más capacidad normativa para comunidades autónomas, garantizando, por tanto, una mayoría de edad de estas; con recursos adicionales imprescindibles para hacer frente al Estado de bienestar; con mecanismos de nivelación -de los recogidos en el estatuto, en el artículo 206-; con evolución del modelo, con gradualidad y con transparencia. Por todo ello, señor Sánchez i Llibre, también señora Díez, vamos a votar en contra de sus enmiendas a la totalidad. Al señor Sánchez i Llibre quiero decirle que quien hoy está fuera del catalanismo político, quien está en un papel histriónico, quien no está a la altura de las circunstancias ni del modelo, sino a la altura estrictamente de su interés partidista y no en el interés de Cataluña es lamentablemente Convergència i Unió. Me gustaría que no se volviese a encontrar en ese papel; no por mí, no por los diputados catalanistas, sino por lo que representa su formación y también por lo que representa usted.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Vasco, PNV, don Pedro Azpiazu tiene la palabra.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño y muy brevemente para fijar la posición del Grupo Vasco en relación con el debate de totalidad sobre el proyecto de ley de régimen de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas. Como ustedes bien saben, ni la Comunidad Autónoma de Euskadi ni la Comunidad Foral de Navarra están afectadas por este proyecto de ley de cesión de tributos dado que cuentan con un régimen singular de financiación, como son el concierto económico y el convenio, respectivamente. Este proyecto desarrolla la Lofca, que afecta exclusivamente a las comunidades autónomas de régimen común. Cuando se produce esta circunstancia, nuestro grupo parlamentario, sin entrar en el detalle de las argumentaciones -sobre las que mucho tendríamos que decir, especialmente en relación con el debate de totalidad planteado por la portavoz de UPyD-, se abstiene a la hora de votar, que es lo que vamos a hacer también en este caso por respeto a las comunidades autónomas y evitando la intromisión en cuestiones que nos son ajenas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Luisa Fernanda Rudi.


La señora RUDI ÚBEDA: Señor presidente, señora vicepresidenta, señorías, tenía razón la vicepresidenta cuando en la presentación de estos proyectos de ley dice que traen causa de dos leyes ya aprobadas en esta Cámara: la Ley Orgánica 3/2009 y la 22/2009. No me gustaría a mí repetir aquí el debate que tuvo lugar -largo, prolijo y con argumentos de peso- en esta misma Cámara a finales del mes de octubre. Pero lo que sí es cierto es que algunos de los argumentos que nosotros dábamos entonces se han visto ratificados por la evolución de los acontecimientos y por la situación que vivimos hoy. Debo decirle, señora vicepresidenta, que me sorprende, que ha sorprendido a mi grupo, que usted haya subido hoy a la tribuna como si estuviésemos hablando ayer, como si estuviésemos hablando en el mes de octubre y como si la situación de España y la situación de su economía y de sus finanzas públicas fueran las mismas hoy que en el mes de octubre.


Como todas SS.SS. saben, el modelo vigente de financiación de las comunidades autónomas desde el año 2002 nació con una vocación de permanencia y además en el origen contó con mayores apoyos que los que ha tenido el modelo actual y que hoy se termina de tramitar. Habiendo nacido ese modelo del año 2002 con vocación de permanencia y si además en su momento arrancó con mayores apoyos de los que ha conseguido en su tramitación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en esta Cámara el modelo del año 2009, habría que preguntarse por qué el Gobierno inició el procedimiento de revisión. Señora vicepresidenta, señorías, desde mi grupo debemos reiterar una vez más que la apertura de ese proceso de revisión en ningún caso estuvo basada en la defensa del interés general; más bien entendemos que vino obligado por el contenido del Estatuto de Cataluña, que el señor Rodríguez Zapatero, de una manera a nuestro modo de ver poco responsable, pactó y se comprometió

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a apoyar antes incluso de ser presidente del Gobierno. Vino también obligado por las exigencias del tripartito catalán, y no son palabras que manifieste mi grupo, sino que hemos tenido la oportunidad de leerlas y escucharlas por activa y pasiva por parte de los consejeros del tripartito y, de manera muy especial, por quienes pertenecen a Esquerra Republicana de Catalunya.


¿Qué características ha tenido este proceso? Pues, señora vicepresidenta, en nuestra opinión han sido la improvisación y la irresponsabilidad. La señora vicepresidenta decía aquí esta mañana que fue el procedimiento más largo y que ha tenido dos características: la bilateralidad y la multilateralidad. Y sobre el papel ha sido así, pero no en la realidad, porque realmente ha sido un proceso bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat catalana. La multilateralidad ha entrado a posteriori, cuando ya ustedes habían cerrado el modelo y habían pactado la cantidad previa que Cataluña tenía que recibir. Ha habido improvisación, señora vicepresidenta, porque el camino se ha hecho al revés, no ha sido precedido por un estudio sosegado y sensato en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la situación de las comunidades autónomas y además en aquellos momentos tampoco se previeron los efectos de la crisis. Como le decía, señora vicepresidenta, el método de cálculo se ha hecho a la inversa: veamos a qué cantidad queremos llegar y, a partir de ahí, fijemos qué coeficientes e indicadores vamos a utilizar para llegar al final. Por tanto, el procedimiento ha sido justo el contrario del que debería haber sido.
Además hay otra cuestión, y es que ustedes han introducido en España el concepto de que los impuestos los pagan los territorios. Y, señora vicepresidenta, seguramente usted mejor que yo sabe los impuestos no los pagan los territorios sino que son pagados por los ciudadanos, y que no se recaudan los territorios sino que se recauda el esfuerzo que cada uno de los ciudadanos hace de su bolsillo para aportar al bien común. Por eso precisamente, señora vicepresidenta, por esa fórmula de cálculo de tanto queremos darle a una determinada comunidad y a ver cómo vestimos el traje para las demás, es por la que ustedes tuvieron que crear una serie de fondos que hicieran posible al resto de comunidades autónomas alcanzar cantidades que les permitieran cuando menos a unas apoyarlo y a otras abstenerse. Por eso también, señora vicepresidenta, tuvieron ustedes que dotar de un fondo de 11.000 millones especiales, y me gustaría saber con la situación de hoy cómo está la Hacienda pública y cómo el Gobierno y la Administración central piensan que van a poder transferirlos a las comunidades autónomas.


Ha habido también irresponsabilidad, señorías, porque el Gobierno ha antepuesto sus intereses electorales y de partido a los intereses generales de la nación, porque además acometió este proceso cuando ya se sabía que la crisis económica estaba encima de nosotros y también se sabía que no iba a ser pasajera. Lo sabían todos los españoles y todos los europeos -y si me apuran, todos los habitantes del otro lado de Atlántico- y solamente no lo sabía el Gobierno de España. Por tanto, se sabía que las cifras de recaudación iban a bajar. También creemos que es irresponsable porque en nuestra opinión se rompe el principio de solidaridad. Solamente voy a dar un dato. La creación del Fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales supone que las comunidades que más recaudan -en una palabra, las comunidades más ricas- detraen un 20 por ciento de su aportación a la solidaridad para las comunidades que menos tienen. También, señora vicepresidenta, ha habido irresponsabilidad porque ustedes les prometieron un incremento a las comunidades autónomas y solo después de haber alcanzado esos acuerdos recordaron y pusieron de manifiesto que todas las comunidades autónomas van a tener que devolver parte de los pagos adelantados por la bajada de la recaudación. Además, la devolución de esos pagos adelantados que van a tener que hacer las comunidades autónomas la van a hacer en cuatro años, lo que supone, señora vicepresidenta, que básicamente seguimos desplazando el déficit generado por su Gobierno en los dos últimos años y su improvisación a la hora de fijar las cantidades de cesión a las comunidades autónomas lo trasladan cuatro años más. Serán otros gobiernos en las comunidades autónomas los que van a tener a asumir la falta de control y las alegrías de su Gobierno. Señora vicepresidenta, llegados hasta aquí, solo nos cabe hacer una pregunta retórica: ¿qué hay que hacer, qué hubiera hecho un Gobierno responsable, que indudablemente no es el suyo, el que encabeza el señor Rodríguez Zapatero? La Hacienda pública española es en estos momentos insostenible. No lo digo yo, no lo dice mi grupo, lo dicen todos los expertos nacionales e internacionales.
Buena prueba de ello es el ajuste que todavía no han hecho público pero que saben que tienen que hacer. Hoy es necesario acometer la reforma no solamente por la vía de los ingresos, sino que también hay una necesidad perentoria en mi opinión de racionalizar el gasto. Existe un solapamiento de distintas administraciones que en muchas ocasiones está suponiendo duplicidades de gasto y que, sin embargo, en otros momentos deja lagunas que no son cubiertas por ninguna Administración, ni la central, ni la autonómica ni la local. Por no hablar aquí, aunque solo sea de pasada, señora vicepresidenta, de la financiación de las corporaciones locales, que siguen siendo las hermanas pobres en todo este proceso.


Nosotros pedimos en su momento desde el Partido Popular que la financiación autonómica y la financiación local llevaran un camino paralelo. Ustedes no lo han querido y ahora tienen el siguiente problema.
Por tanto, señora vicepresidenta, respecto a la pregunta retórica de qué hay que hacer además de aplicar los criterios de racionalidad del gasto, permítame que le diga algo. Han pasado ya casi treinta años desde que el Estado autonómico en España echó a andar y más de

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treinta años desde que se aprobó nuestra Constitución. Yo creo que ha llegado el momento de pararse y pensar, y de pararse y pensar todos en su conjunto, y seguramente, señora vicepresidenta, deberíamos pararnos y pensar aquellos que representamos más del 90 por ciento de los votos del conjunto de los españoles. Es preciso, en mi opinión, que analicemos qué es lo que en estos treinta años de recorrido del Estado autonómico ha funcionado bien, que han sido muchas cosas, que analicemos también qué es lo que ha funcionado menos bien, que también ha habido algunas cosas, y sobre todo que seamos capaces de diseñar un futuro autonómico y nacional sostenible para los millones de españoles. Señora vicepresidenta, ese reto lo tienen ustedes porque son Gobierno, pero no se preocupen, que si ustedes no son capaces de hacerlo, ocupados en otras cosas, el Partido Popular, el siguiente Gobierno de la nación, lo hará.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rudi.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Montserrat Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías de CIU, este es un debate que no debiera haberse producido, y no porque del tema del nuevo modelo de financiación autonómica ya todo o casi todo esté dicho, puesto que lo debatimos hasta seis veces a lo largo del trámite parlamentario, sino porque su enmienda a la totalidad, señorías, produce, por decirlo con palabras suaves, desconcierto. Si solamente estuviéramos hablando de las quince enmiendas a la totalidad presentadas por la diputada del Partido UPyD, la señora Díez, quizá todos tendríamos la sensación de que las cosas están en su sitio, de que cada diputado o diputada representa efectivamente a sus votantes. Las enmiendas a la totalidad de la señora Díez se corresponden claramente con su manifiesto fundacional, lo he leído: defienden un Estado unitario, son contrarios al ejercicio del poder político de las comunidades autónomas, quieren un único poder central en Madrid y luchan democráticamente por estos objetivos. Pero ¿cuál es la razón de ser de la enmienda a la totalidad de la Ley de cesión de tributos a Cataluña? ¿Qué persiguen? Evidentemente, que no prospere esta ley. Defienden que se produzcan las consecuencias de su no aceptación. ¿Y cuáles son? Que el nuevo sistema de financiación sería efectivo para todas las comunidades autónomas desde el 1 de enero de 2009 excepto para Cataluña, y que todas las comunidades autónomas podrían, por ejemplo, empezar a ejercer su nueva capacidad normativa en el IRPF, excepto Cataluña. Esto, señorías, es impedir el normal desarrollo del Estatuto de Cataluña y, claro, produce desconcierto. Porque si ustedes lograran que esta Cámara aceptara su enmienda a la totalidad, lo que espero que no suceda, la consecuencia sería que desde ahora mismo los catalanes tendríamos menos recursos para luchar contra la crisis, menos para nuestras escuelas, nuestros parados, nuestros enfermos, nuestras empresas, nuestras infraestructuras e incluso menos, señorías, para defender nuestra lengua. Se lo ha recordado, y bien recordado, el señor Herrera, pero sobre todo, señorías, ustedes están negando a Cataluña una mayor capacidad de autogobierno.


El Partido Popular dijo que el Estatuto de Cataluña no era constitucional, el de otras comunidades autónomas con los mismo artículos, sí. Ahora ustedes añaden que el nuevo modelo de financiación no es estatutario.
Ustedes buscan el mismo efecto que el Partido Popular, buscan que las competencias y los recursos financieros sean amputados a Cataluña y sean menores que los de otras comunidades autónomas. No sonría, es muy fácil de entender. Si prosperara su enmienda a la totalidad no participaríamos en el reparto de los 11.000 millones adicionales y tendríamos menos participación en ingresos; es así de claro. Ha hablado usted del Tribunal Constitucional, y yo también quiero hacerlo. Cuando el Partido Popular llevó el Estatuto de Cataluña al Tribunal Constitucional, además de iniciar una senda muy peligrosa para nuestro Estado de derecho, perpetró lo que podríamos llamar una especie de agresión emocional contra Cataluña, nos dejó con el miedo a perder lo conseguido, y ahora ustedes crean confusión diciendo que lo conseguido no es suficiente. Señorías, Convergència i Unió y PP crean angustia y división y, por tanto, sufrimiento y debilidad. Señorías, mi grupo quiere celebrar y defender el Estado de las autonomías como uno de los mejores activos que han permitido que hoy España sea mucho más próspera, mucho más justa y mucho más solidaria que hace treinta años. Lo dijo ayer el ministro Chaves: Queremos celebrar lo que tenemos y queremos dedicarnos y centrarnos en luchar contra la crisis y perseguir el fin último de toda política, que es el bienestar social e individual de todos los ciudadanos. Ustedes hoy están haciendo exactamente lo contrario. Veamos sus razones. En su enmienda a la totalidad UPyD cita diez, ustedes trece; pero en ambos casos la mayoría no tiene nada que ver con la cesión de tributos, sino que se corresponde con los temas ya tratados de la Lofca y su Ley de financiación. Ustedes hacen trece afirmaciones de las cuales por lo menos siete no tienen nada que ver con lo que hoy tratamos. De hecho, se dedican a recortar y pegar. Hablan de fondos estructurales, hablan de inmigración... El resto son irrelevantes o incluso falsas. Tengo limitación de tiempo para hablar de cada una de ellas, pero estoy abierta a hacerlo allí donde quieran. Señorías, su empecinamiento en impedir la aprobación del nuevo sistema de financiación no es, a nuestro entender, una mera rebequeria -que decimos en catalán-, una pataleta infantil por no ser los protagonistas del cambio. No es que no puedan aceptar que el

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mayor alcance en el autogobierno de Cataluña lo han liderado los socialistas, en Cataluña y en España. Es algo más profundo, señorías. Su empecinamiento es la manifestación de lo que podría resumirse con la expresión: la maté porque era mía. (Aplausos.) No sé si puede hablarse de machismo territorial, pero eso es exactamente lo que ustedes practican.
Están convencidos de que Cataluña es su coto de caza particular y están dispuestos a cualquier cosa antes que aceptar que otros, los socialistas, puedan tener unas aspiraciones para Cataluña distintas a las suyas.
Nosotros queremos una Cataluña abierta, comprometida con España y con Europa, llena de contenido social, contenido que une, y no retórica soberanista que separa. Ustedes la quieren cerrada, como su jardín, de su propiedad, que solamente ustedes pueden cultivar. Lo siento, ya sé que volverá a sonreír, pero me recuerdan de nuevo la actitud del Partido Popular, por ejemplo en Madrid, por ejemplo en Valencia.


Termino, presidente. Me toca agradecer la actitud del Bloque Nacionalista Galego, que, a pesar de no estar de acuerdo con el nuevo modelo de financiación, entiende que no puede frenar este acuerdo, pues ello sería contraproducente para su comunidad. Gracias por su actitud responsable y constructiva. Y debo decir al Partido Popular, que ya ha tenido su expresión de desahogo, tal como ha comentado esta mañana mi compañero Francisco Fernández Marugán, que por lo menos demuestran -o eso parece- respeto por los acuerdos bilaterales que cada uno de los gobiernos de las comunidades autónomas han cerrado con el Gobierno central. Les agradezco por lo menos esta actitud respetuosa, que ni tan siquiera el Partido de Convergència ha sabido tener. Termino, señorías, por donde he empezado.
Mi grupo lamenta de verdad que hoy hayan presentado esta enmienda a la totalidad. Nosotros votaremos en contra de ella.


Gracias, señoría. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Colldeforns.


Votaremos dentro de tres minutos. Hasta entonces se suspende la sesión.
(Pausa.)

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

El señor PRESIDENTE: El señor secretario primero va a dar lectura a una declaración que han remitido todos los grupos parlamentarios, con el ruego de que se hiciese pública, y se hace en la parte bastante y no en su totalidad, también con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios.
Adelante.


El señor SECRETARIO (Barrero López): Gracias, señor presidente.


Declaración del Congreso de los Diputados de apoyo a la candidatura de Ponferrada como sede del Campeonato de Ciclismo en Ruta 2013. El Congreso de los Diputados expresa su apoyo a la candidatura de la ciudad de Ponferrada para que sea sede de los Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Ruta del año 2013. Firmado por todos los grupos parlamentarios.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)

- REAL DECRETO-LEY 7/2010, DE 7 DE MAYO, POR EL QUE SE CREA EL FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA Y SE AUTORIZA UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 9.794.387.450 EUROS PARA SU DOTACIÓN. (Número de expediente 130/000030.)

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas, por favor.


Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2010, de 7 de mayo, por el que se crea el Fondo de apoyo a la República Helénica y se autoriza un crédito extraordinario por importe de 9.794.387.450 euros para su dotación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 321; en contra, dos; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.


¿Algún grupo desea su tramitación como proyecto de ley urgente? (Denegaciones.)

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 48/2003, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PUERTOS DE INTERÉS GENERAL. (Número de expediente 121/000024.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar el proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y prestación de servicios en los puertos de interés general. En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Mixto, concretamente del Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Todas en su conjunto. ¿Es así, señor Jorquera? (Asentimiento.)

Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 26; en contra, 301.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación votamos, también en su conjunto, todas las enmiendas de la señora Oramas y del señor Perestelo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 23; en contra, 301; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación votamos las enmiendas de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, concretamente las enmiendas 94 a 97, 102, 103, 105, 106, 107 y 109, de modo conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, diez; en contra, 310; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación, el resto de enmiendas del grupo mencionado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 25; en contra, 302.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, todas en su conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 25; en contra, 302.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. En primer lugar las números 669, 684, 710, 712 a 717 y 719.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 25; en contra, 302.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 709 del mismo grupo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 25; en contra, 302.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación votamos el resto de enmiendas de este mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 25; en contra, 301.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora el dictamen, con una pequeña corrección técnica que ha sido distribuida a todos los grupos. ¿Están de acuerdo; la tienen sus señorías? (Asentimiento.) Con esa corrección técnica observada por la Mesa comienza la votación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 302; en contra, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen con esa corrección técnica anunciada.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación tenemos en el punto VIII los debates de totalidad a las iniciativas legislativas todas ellas referidas a la cesión de tributos. Todas las enmiendas presentadas tienen como finalidad la devolución. ¿Les parece razonable que podamos votar todas las enmiendas de devolución de modo conjunto? (El señor Sánchez i Llibre: No.) No.


Segunda cuestión, ¿le parecería razonable al grupo que manifiesta su negativa que votásemos la suya separadamente, y si el resto no pone obstáculo a que así sea? (Asentimiento.) Muchas gracias. ¿Alguna otra observación? (Pausa.) Muy bien; muchas gracias.


En consecuencia, al proyecto de ley de cesión de tributos a Cataluña se han presentados dos enmiendas, una de la señora Díez y otra del Grupo Catalán. ¿Manifiesta la señora Díez su conformidad para que se vote conjuntamente o prefiere también votación separada?

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, no tengo inconveniente en que se voten separadas o juntas, lo que se pide es la devolución. Los argumentos pueden ser diferentes, como de hecho lo son, pero como el fin es la devolución, lo votamos como su Presidencia determine.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por economía procesal parlamentaria las vamos a votar de modo conjunto, gracias a la generosidad de la señora Díez.


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- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000069.)

El señor PRESIDENTE: Comienza la votación de las enmiendas de devolución del Grupo Catalán y de la señora Díez al proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a Cataluña. ¿Está claro? (Asentimiento.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 11; en contra, 165; abstenciones, 151.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de devolución.


- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000063.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000064.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000065.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000066.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000067.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000068.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000070.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000071.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000072.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000073.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000074.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000075.)

- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000076.)

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- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNITAT VALENCIANA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000077.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos el resto de enmiendas de devolución a todos los proyectos de ley que constan en el orden del día que SS.SS. tienen. Si les parece hago gracia de la lectura de todos y cada uno de ellos. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)

Comienza la votación en los términos indicados. (Rumores.) Abran las puertas solo cuando termine la votación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, cinco; en contra, 172; abstenciones, 148.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Se levanta la sesión hasta la próxima semana.


Era la una y diez minutos de la tarde.

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