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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 158, de 27/04/2010
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2010 IX Legislatura Núm. 158
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 149
celebrada el martes, 27 de abril de 2010


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para regular la flota pesquera artesanal irregular. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 180-1, de 17 de abril de 2009. (Número de expediente 122/000159.) ... (Página 5)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera y Sra. Fernández), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para que todos los productos y servicios relacionados con la cadena alimenticia tributen al 4 por ciento. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 228-1, de 26 de febrero de 2010. (Número de expediente 122/000205.) ... (Página 13)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el enfoque de género en el diálogo social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 375, de 16 de abril de 2010. (Número de expediente 162/000634.) ... (Página 19)

Página 2


- Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la igualdad de género en la actividad laboral. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 78, de 7 de octubre de 2008. (Número de expediente 162/000201.) Cuyo texto fue publicado en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 29, de 9 de junio de 2008. (Número de expediente 161/000146.) ... (Página 19)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prórroga de las ayudas contempladas en el Plan 2000E. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 371, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 162/000627.) ... (Página 25)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al incremento de la dotación económica del régimen de ayudas para la adquisición de vehículos Plan 2000E. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 375, de 16 de abril de 2010. (Número de expediente 162/000637.) ... (Página 25)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre las propuestas del Gobierno en relación con las modificaciones de la política común de pesca. (Número de expediente 173/000134.) ... (Página 29)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para combatir y erradicar la delincuencia en los menores. (Número de expediente 173/000135.) ... (Página 33)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de acelerar el desdoblamiento de la N-II en las comarcas de Girona. (Número de expediente 173/000136.) ... (Página 38)

Prórroga de plazo ... (Página 42)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 42)

Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 42)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 43)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 5)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para regular la flota pesquera artesanal irregular ... (Página 5)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor García Díez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno en contra de la toma en consideración interviene el señor Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.


Replica el señor García Díez y duplica el señor Díaz Díaz.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Perestelo Rodríguez y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera y Sra. Fernández), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para que todos los productos y servicios relacionados con la cadena alimenticia tributen al 4 por ciento ... (Página 13)

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Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Tomé Muguruza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Mármol Peñalver, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de Ley ... (Página 19)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el enfoque de género en el diálogo social ... (Página 19)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández), relativa a la igualdad de género en la actividad laboral ... (Página 19)

Defienden conjuntamente las proposiciones no de ley las señoras Calvo Poyato, del Grupo Parlamentario Socialista y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; las señoras Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Calvo Poyato y Fernández Davila.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prórroga de las ayudas contempladas en el Plan 2000E.... (Página 25)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Con-vergència i Unió), relativa al incremento de la dotación económica del régimen de ayudas para la adquisición de vehículos Plan 2000E ... (Página 25)

Defienden conjuntamente las proposiciones no de ley los señores Delgado Arce, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Alique López, del Grupo Parlamentario Socialista.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 29)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre las propuestas del Gobierno en relación con las modificaciones de la política común de pesca .... (Página 29)

Defiende la moción la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Carro Garrote, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para combatir y erradicar la delincuencia en los menores ... (Página 33)

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Defiende la moción el señor Ferrer Roselló, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Ferrer Roselló.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Con-vergència i Unió), sobre la necesidad de acelerar el desdoblamiento de la N-II en las comarcas de Girona ...
(Página 38)

Defiende la moción el señor Xuclà i Costa, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Montserrat Monserrat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Fernández Iruela, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Prórroga de plazo ... (Página 42)

El señor presidente informa de que con el acuerdo de la Junta de Portavoces se ha solicitado prórroga hasta el 30 de junio del presente año de la subcomisión del Régimen Electoral General para estudiar las modificaciones al Régimen Electoral General en la Comisión Constitucional, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 42)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para regular la flota pesquera artesanal irregular, se rechaza por 165 votos a favor, 172 en contra y seis abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera y Sra. Fernández), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido para que todos los productos y servicios relacionados con la cadena alimenticia tributen al 4 por ciento, se aprueba por 173 votos a favor, 167 en contra y dos abstenciones.


Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 42)

Sometida a votación la enmienda transaccional a las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el enfoque de género en el diálogo social, y la del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández), relativa a la igualdad de género en la actividad laboral, se aprueba por 340 votos a favor.


Sometida a votación por segunda vez la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prórroga de las ayudas contempladas en el Plan 2000E, se aprueba por 173 votos a favor y 172 en contra.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al incremento de la dotación económica del régimen de ayudas para la adquisición de vehículos Plan 2000E, se aprueba por 173 votos a favor y 172 en contra.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 43)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre las propuestas del Gobierno en relación con las modificaciones de la política común de pesca, se aprueba por 345 votos a favor.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para combatir y erradicar la delincuencia en los menores, se aprueba por 152 votos a favor, 182 en contra y 11 abstenciones.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán

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(Convergència i Unió), sobre la necesidad de acelerar el desdoblamiento de la N-II en las comarcas de Girona, se aprueba por 345 votos a favor.


Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA REGULAR LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL IRREGULAR. (Número de expediente 122/000159.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, para regular la flota pesquera artesanal irregular. Para la defensa de la proposición tiene la palabra don Joaquín García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Señor presidente, señorías, siendo este un tema técnico, voy a intentar que comprendan todas SS.SS. el alcance político y, sobre todo, social de esta proposición.


La Ley 9/2007, de 22 de junio, sobre regularización y actualización de inscripción de las embarcaciones pesqueras en el Registro de buques y empresas navieras y en el Censo de la flota pesquera operativa, tiene como objeto lo que su propio título indica: permitir la regularización y actualización de estos dos registros, el primero, dependiente del Ministerio de Fomento y, el segundo, del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.


Señorías, consideramos acertado el espíritu de esta ley, pero a la vista de las dificultades existentes durante los últimos tres años en los que esta ley ha estado en vigor, desde nuestro grupo parlamentario, desde el Grupo Popular, creemos necesario y urgente articular las medidas conducentes a la actualización de los registros en que están inscritos los buques pesqueros, fundamentalmente sin discriminación, ya que la fiabilidad de la información es esencial para poder llevar a cabo un control exhaustivo de la flota. También lo consideramos necesario y justificado por tratarse de irregularidades que afectan casi exclusivamente a la flota de bajura, menor de 15 metros de eslora total, denominada también en algunos casos flota artesanal.


Hemos de advertir, señorías, que de un problema como el que hoy tenemos -la existencia de embarcaciones ilegales o irregulares, con las que han vivido durante muchos años afectados y administraciones y que han sufrido distintos procesos o intentos de regularización- podemos pasar a tener a corto plazo un gran problema. Porque, señorías, la ley actual y su generalizado incumplimiento va a provocar que miles de marineros, de pescadores puedan verse abocados a un amarre forzoso o a quedar ilegales, y este gran problema queda precisado en el artículo 9 de esta ley que dice textualmente y así lo cito: A aquellas embarcaciones que no superen el procedimiento de actualización o cuyos armadores no hayan solicitado su inicio se les dará de baja de oficio en el Censo de la flota operativa pesquera y en el Registro de buques y empresas navieras, de modo que no podrán ser autorizados ni despachados para el ejercicio de la pesca. Ni más ni menos. En esta carrera contrarreloj, a las comunidades autónomas se les hace partícipes del problema, pero no se les han dado instrumentos para buscar soluciones, eso sí, salvo la capacidad para ampliar los plazos para regularizarse; plazos que ya han ido aplicando distintas comunidades autónomas durante seis meses y que vencen a finales de este mes. Algunas de ellas han anunciado otros seis meses de plazo, y ahí se acaba el plazo máximo, porque según la Ley del procedimiento administrativo estas prórrogas no podrán superar, en ningún caso, la mitad del plazo legal que da la ley, que es de dos años. Por tanto, a finales de octubre de este año todas las embarcaciones que no alcancen su regularización quedarán amarradas y sus tripulantes en el paro o convertidos en ilegales.


Nos preguntamos qué harán algunas comunidades autónomas cuando se encuentren con cientos de embarcaciones ilegales o amarradas a puerto. A esta cuestión, y desde un planteamiento a nuestro juicio excesivamente optimista, el secretario general del Mar en una de sus recientes comparecencias en esta Cámara reconocía el problema al tiempo que se escudaba en que la regularización emprendida estaba yendo mejor que procesos anteriores, que se regularizaban más expedientes ahora que en procesos previos, y esto, señorías, es lisa y llanamente falso porque, utilizando los mismos datos que el secretario general del Mar daba en su comparecencia, de las tres mil solicitudes presentadas aproximadamente el 60 por ciento fueron despachadas negativamente. Si nos remitimos a los datos más actuales que vamos conociendo, vemos que esto va en progresión exponencial, porque de los 867 expedientes informados recientemente por la Secretaría General del Mar, y que pertenecen a la Comunidad Autónoma de Galicia, 291 lo han sido de forma favorable, pero el 66 por ciento, 576, lo han sido de forma desfavorable.


En este momento, quiero hacer un paréntesis para desmentir algunas afirmaciones que se realizaron en esta Cámara, concretamente por el portavoz socialista en materia de pesca, que me seguirá en el uso de la palabra, en las cuales culpaba de esta paralización al Gobierno de la Xunta de Galicia, al Gobierno del Partido Popular en aquella comunidad autónoma. Para desmentirlo solamente daré cifras, cifras recabadas oficialmente, publicadas y disponibles desde la semana pasada. Entre junio

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de 2007 y abril de 2009, la Xunta del Gobierno bipartito remitió a la Secretaria General del Mar 600 expedientes. En abril de 2009, el nuevo Gobierno en Galicia del Partido Popular se encontró con que estos expedientes no habían sido ni tan siquiera mecanizados. Desde aquella fecha, abril de 2009, hasta ahora, abril de 2010 -insisto, gobernando el Partido Popular-, se mecanizan 2.439 expedientes y se remiten al ministerio 1.341, además de los 600 remitidos por el Gobierno anterior.
Si las sumas no fallan, el nuevo Gobierno de la Xunta de Galicia del Partido Popular ha remitido en un año más del doble de expedientes de los que remitió el anterior Gobierno en dos años. Estos son hechos, señor Díaz, son cifras, no son interpretaciones, no son conjeturas. ¿Quién bloquea a quién? Por tanto, como primera conclusión, puedo afirmar que en torno a 1.800 embarcaciones pasarán a ser ilegales o quedarán amarradas, definitivamente, en puerto, con unos 5.000 pescadores -y digo esta cifra porque por cada embarcación en muchos casos hay dos o tres personas ligadas a ella- amenazados por el paro.


Nos preocupa este problema y por eso traemos esta iniciativa. Mi grupo presentó el pasado mes de marzo una proposición no de ley para la reforma de la política pesquera común, en la que coloca en situación destacada este planteamiento. Hoy tendremos ocasión en este Pleno, con motivo de una moción del Grupo Mixto, de conocer parte de nuestras iniciativas.
Esta propuesta de modificación de la Ley 9/2007, como algunos conocen, ya ha sido motivo de más de un debate en esta Cámara. Pero el Gobierno no ha tenido nunca en cuenta ninguno de los puntos aprobados en Comisión, bien por proposiciones no de ley, bien por otras iniciativas. Aspirábamos -pero a la vista está que era mucho aspirar- a que fuera el Gobierno quien promoviera la modificación de la ley, pero al no hacerlo ha tenido que tomar la iniciativa, una vez más, el Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, tenemos iniciativas, tenemos propuestas; estamos cansados de escuchar que el Partido Popular siempre torpedea las iniciativas del Gobierno. Estamos cansados de hacer iniciativas y propuestas en materia de pesca y de ver cómo el Gobierno no toma en consideración ninguna de ellas.


Nuestra propuesta distingue claramente entre embarcaciones menores y mayores de 15 metros de eslora. En debates anteriores habíamos pedido que en la regularización de las embarcaciones de la flota artesanal -es decir, aquellas menores de 15 metros- se pudiera proceder a este sistema de regularización sin aportar bajas en contraprestación. Este argumento fue duramente criticado por el portavoz socialista en la Comisión cuando debatimos este asunto. También nos dijeron que estábamos obsesionados con otro asunto y es que no solamente no se aportaran bajas, sino que los que hubieran tenido regularizaciones en procesos anteriores ahora no fueran excluidos de la ley. Evidentemente, ambos aspectos nos preocupan y siguen siendo algo fundamental en nuestra propuesta. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) No solo lo dice el Grupo Parlamentario Popular, lo están reclamando las cofradías de pescadores de toda España, lo está reclamando el sector pesquero. Ustedes justificaron su rechazo basándose en supuestos agravios comparativos. Permítanme que les diga, señorías, que no hay agravios comparativos respecto al propietario que sí ha comprado bajas para regular su embarcación, porque aquel que lo haya hecho tendrá reconocida su embarcación con el tonelaje y potencia resultante y podrá aspirar y obtendrá ayudas por paradas temporales o en su caso, si procede, por el desguace de su embarcación.


Para el caso de regularizar sin aportar bajas, nuestra propuesta se basa en el establecimiento de un régimen de gestión diferenciada para las flotas artesanales, algo que ya propone el Libro Verde de la reforma de la política pesquera común, según nos ha dado a conocer recientemente la Comisión Europea. Abundando en este aspecto, les quiero decir que no hay ningún agravio comparativo, porque han sido muy escasas las embarcaciones que se han regularizado hasta ahora con aportación de bajas; casi se cuentan con los dedos de una mano. Donde sí se producen agravios, pero en sentido contrario al que ustedes apuntaron, es cuando a unos pescadores se les permite que una embarcación aumente de potencia y de arqueo y a otros que están en el mismo puerto, pero que adquirieron esa embarcación a un tercer propietario que en su día se había acogido ya a un proceso de regularización, esta ley les impide regularizarse. Esto no es lo más grave; lo más grave, como ya les dije, serán las consecuencias.


Además de lo dicho, señorías, lo establecido en la Ley 9/2007 es hoy de cumplimiento prácticamente imposible, y yo me pregunto, y les pregunto ¿dónde hay actualmente en el mercado embarcaciones para que las puedan comprar los pescadores que quieren regularizar y ofrecer como permuta? ¿Dónde está ese potencial? Porque no existe, señorías, no existe; y aun existiendo en el mercado, me pregunto si estaría justificado el coste al que sometería a un pescador. A ambas cosas les digo que no. Deberíamos tener un poco más de sensibilidad si queremos que los planteamientos expuestos, que las leyes se cumplan, porque, si no, lo que vamos a conseguir es que muchas poblaciones costeras dentro de muy poco tiempo se van a convertir en museos de lo que hubo algún tiempo.


Me voy a referir ahora a las embarcaciones que no son artesanales, a las que superan los 15 metros de eslora, y aquí esta muy clara nuestra propuesta. La hemos explicado y ha sido bien acogida. Proponemos que la baja que se aporte pueda utilizarse para compensar a varias embarcaciones al mismo tiempo y que esta baja pueda pertenecer a cualquier censo y caladero, algo muy diferente a la situación actual. En la actualidad, la situación es muy restrictiva y los casos también se cuentan con los dedos de una mano. Se nos dijo entonces que nuestra propuesta sería prohibida por la Unión Europea. En el escaso tiempo que resta, les daré algunos argumentos contundentes para evitar que caigan

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en la tentación de volver a repetir aquella argumentación, porque sería un error.


La Unión Europea lo que controla es el nivel de referencia, que se mide en tonelaje y potencia de nuestra flota. Eso lo marca el Reglamento comunitario 2371/2002. Tengo que decirles que España tiene su nivel de referencia muy por encima de su nivel real de flota, pudiendo con el margen actual absorber los incrementos que se pudieran producir por la regularización que estamos proponiendo aquí. Cifras oficiales de las que pueden disponer SS.SS. y que no tengo tiempo para leer, pero que pongo a su disposición, comentan a fecha 6 de abril -cifras de la Comisión Europea-, en cuanto al arqueo, toneladas o GT, como cada uno quiera denominarles, que nuestro nivel de referencia está muy por encima del real de la flota y tenemos una diferencia a favor de más de 26.778 GT. En cuanto a la potencia, también estamos sobrados, con una diferencia a nuestro favor de más de 90.798 kilovatios. Ha habido muchas más situaciones posteriores en las que no voy a abundar, donde esa diferencia se ha hecho todavía mayor. Por tanto, no es entendible que estemos promoviendo ahora aquí algo que no pueda ser aceptado y que, por otra parte, se permitan incrementos de tonelaje en otros conceptos. Señorías, a la flota artesanal, que es el principal problema de esta iniciativa, le resolvemos su problema con un margen de 500 GT -y acabo de decir los miles de GT y kilovatios que tenemos de margen-, y con 500, le sobra en este momento a la flota artesanal para resolver su problema.


Por último, no tengo ningún temor a que el Registro de Marina Mercante ponga algún pero a esta iniciativa, porque desde luego los responsables de este registro ya se han manifestado en apoyo a la regularización de la flota porque lo que realmente les preocupa es la seguridad, y estas medidas van a favor de la seguridad de la flota pesquera.


Termino definitivamente, presidenta. Señorías, sé, como les dije al principio, que es una cuestión muy técnica, que hay muchas cifras y datos, pero detrás de todo ello hay muchas personas, muchas vidas, hay, yo diría, muchas humildes gentes de la mar, que son las más afectadas en este momento por una ley de imposible cumplimiento. Es así, de imposible cumplimiento. Por todo lo expuesto, creo que está más que justificado que nuestra proposición de ley pueda ser tomada en consideración. No estamos cerrados en posiciones intransigentes, todo lo contrario, creo que la toma en consideración va a permitir abrir un debate, un debate amplio, donde debe prevalecer lo más importante y es que se ponga fin a esta pesadilla de pescadores de pequeñas embarcaciones y a otros asalariados que trabajan en estas embarcaciones y, aprovechando esta situación, podamos de paso mejorar la seguridad de estas embarcaciones.


Hoy, con la presentación de esta iniciativa, lo que hace el Grupo Parlamentario Popular es abrir una puerta, una puerta importante para encontrar soluciones a estos problemas que padecen muchas de nuestras gentes de la mar; como les decía, las más humildes.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor García Díez, por favor.


El señor GARCÍA DÍEZ: Señora presidenta, terminaba ya pidiéndoles en nombre de nuestro grupo, probablemente de muchos de aquellos pescadores, que ningún grupo vote hoy en contra, que ningún grupo cierre hoy la puerta que abrimos con esta iniciativa; que se tome en consideración es nuestro deber, yo diría que es nuestra obligación.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Y por eso les doy las gracias a todos ustedes por adelantado.


Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor García Díez.


El Grupo Socialista ha solicitado utilizar el turno en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley y para hacerlo en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Díaz Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Gracias, presidenta.


Señorías, salgo a consumir un turno en contra porque creo que es grave crear alarma social y el Partido Popular basa su propuesta en alarma social, o sea, en asustar a la gente del mar con que viene el lobo, y esta vez viene de verdad. Con calma -con la calma que el tiempo me permite-, voy a intentar explicarles cómo vemos nosotros la situación.


Siempre se habla de la singularidad del sector pesquero y el debate de hoy es una prueba de esa singularidad, no sé si positiva. Así, es un hecho objetivo que muchas embarcaciones pequeñas y medianas sufrieron numerosas transformaciones desde el momento de su construcción hasta la actualidad.
En unos casos se amplió la capacidad, en otros muchos casos se modificó la eslora y en otros se modificó todo. En muchos casos estas modificaciones no fueron registradas legalmente. El resultado es que en este momento la situación real de los barcos y su situación registral no coincide ni en el censo de flota operativa ni en el registro de buques del Ministerio de Fomento. Esta realidad peculiar hay que corregirla por exigencias de la Unión Europea para controlar el esfuerzo pesquero y también por intereses internos de las comunidades autónomas y del Estado, que deben disponer de registros fiables; también interesa a los armadores legalizar su situación.


En esta línea, en junio de 2007 se aprobó por amplio consenso -también con el voto del Grupo Parlamentario Popular- la Ley 9/2007, de regulación de embarcaciones pesqueras. Era el tercer intento de regulación. El

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primero lo abrió el Gobierno del Partido Popular en 1999 y en ese decreto se contemplaban compensaciones a las embarcaciones para regularizar ampliando potencia, capacidad y arqueo. El segundo intento es también del Partido Popular, en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2003. En esa regulación, señor García Díez, ya no se contempla ningún tipo de compensaciones a las embarcaciones que se regularicen debido a que un reglamento de la Unión Europea lo prohíbe expresamente, porque dice que España agotó ya la capacidad de excedente a repartir. Desde el año 2003 las embarcaciones que se renuevan en este país tienen que entregar una compensación por el aumento que puedan realizar. La ley vigente contempla, no obstante, pequeñas compensaciones para las embarcaciones de menos de 15 metros de eslora; y también mayores para las embarcaciones claramente artesanales, que son las que tienen menos de 10 metros de eslora.


Además, dice que no se ha hecho nada, pero en octubre de este año se ha aprobado un decreto por el que se incrementa la potencia de las embarcaciones en más de un 50 por ciento como media. Y aun en una PNL que se aprobó con el voto en contra de mi grupo, este diputado se comprometió con la portavoz en aquel momento del BNG a estudiar los casos concretos de percebeiros y bateeiros. A 25 de abril, la situación de aplicación de la ley, señorías, es la siguiente: la Secretaría General del Mar recibió ya 2.454 expedientes -repito, 2.454-, y les recuerdo que en la memoria de la Ley de 2007 se esperaba regularizar 2.442 embarcaciones. Hay ya más expedientes que las perspectivas iniciales, pertenecientes a todas las comunidades autónomas: hay 1.943 de Galicia; 220 de Andalucía; 15 de Asturias; 63 de Baleares; 17 de Cataluña; 151 de Canarias, etcétera. Es un dato indicativo de que el proceso está saliendo adelante, de que el número de embarcaciones supera lo previsto y de que, en principio, no hay razón para paralizar el proceso. Le voy a hacer una aclaración, señor García Díez. La Secretaría General del Mar ha emitido informe en el 97 por ciento de los casos. Para Galicia únicamente en el 60 por ciento.
¿Por qué? Porque la mayoría de las embarcaciones gallegas, en total 1.043, llegaron a partir del 1 de marzo de este año.


En el proceso de regulación están participando las comunidades autónomas y los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Las comunidades afectadas han pedido prórroga para la resolución del proceso entre seis y doce meses y, en concreto, para Galicia -que a ustedes les preocupa- hasta octubre del año 2010.


Por todo lo expuesto, creemos que no es coherente realizar una modificación en el articulado de la ley cuando se están tramitando la mayoría de los expedientes y se están notificando ya resoluciones.
Ustedes parten de un error de base -que yo creo que es un error intencionado, por lo que veo aquí-, que es crear alarma social al decir que la ley ya no está en vigor y que dentro de unos meses una gran parte de los pescadores van a tener que amarrar sus barcos. La ley está en vigor y aún es pronto para sembrar alarmas anunciando bajas de oficio que aún no están reguladas. Además, ustedes no tienen en cuenta que en la propia ley, en su disposición final segunda, se habilita al Gobierno para que en caso necesario pueda regular futuras actuaciones de regulación de inscripciones en el censo de flota operativa y en el registro de buques.
Será al final del proceso, señor García Díez, a la vista de los casos pendientes de regulación, cuando el Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas y el sector, estudie la solución que corresponda para las embarcaciones que no estén reguladas, pero nunca con agravio comparativo para las que regularon su situación de acuerdo con la ley. La verdad es que de no ser por la alarma social no entendería la razón última de su propuesta, porque ¿creen ustedes lógico que cuando un proceso está avanzado se cambien las reglas del juego y que los que se quedan a última hora tengan ventaja sobre aquellos que desde el año 2003 -2003, señor García Díez-, vienen regulando sus embarcaciones, aportando bajas necesarias, para hacer coincidir sus características reales con las que figuran en registros y censos?

Hay un agravio comparativo también, señor García Díez, para los armadores que han construido o modernizado embarcaciones teniendo que aportar bajas. Deben saber que incrementar la capacidad extractiva es ilegal desde el punto de vista de la Unión Europea y, por ello, compensar los incrementos con bajas es lo normal. Decimos muchas veces aquí, señor García Díez, que no hay peces y que debemos aumentar la capacidad extractiva. La defensa de la pesca sostenible está también en estos temas. No entendemos la referencia a las embarcaciones de más de 15 metros de eslora que, como decía usted, se cuentan con los dedos de una mano y tienen nombres y apellidos. En la ley se contempla una sola regularización en la vida útil de un barco y ustedes suprimen esta cláusula para favorecer las regulaciones en cadena. Es una forma de promover inseguridad jurídica a la hora de regularizar y el año que viene yo puedo volver a intentar regularizar mi embarcación porque hice incrementos que no estaban previstos. Es otra forma de incrementar la anarquía en el sector y de favorecer el incremento de capacidad.
Pretenden, con nuevos plazos, alargar el problema.


No podemos pretender, señor García Díez, comandar la política pesquera de la Unión Europea si somos incapaces de presentar un censo operativo de embarcaciones creíbles. Queremos dirigir la Unión Europea y no sabemos realmente cuál es nuestro censo de embarcaciones. La anarquía que se predica por algunos en el sector no nos prestigia en los foros en los que tenemos que demandar ayudas para nuestros pescadores. Con todos los respetos, esta propuesta parece que no tiene otro objetivo que enredar.
¿Me entiende bien? Enredar. De aprobar su propuesta, se paraliza el proceso por los armadores a espera de lo que pase con la ley. Es una

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irresponsabilidad plantearlo. Piense ya que en estos momentos hay una ley en tramitación en Comisión. Va a entrar pronto otra ley también de carácter general. ¿Cuándo se va a aprobar esta norma? ¿Cuándo se realiza la regulación de la que hablan ustedes? Ustedes ya cumplieron trayendo el tema tres veces a esta Cámara. Ya saben los afectados, a los que ustedes se dirigen, que ustedes se interesaron por ellos. Ya cumplieron. Ahora, como dicen ustedes, es tiempo de trabajar en otras cosas.


Por último, les pediría que no siguieran engañándonos con el sector, en especial con la bajura. El problema es que no hay peces para tantos barcos y en épocas de bonanza tampoco hay tripulantes. Aumentar la potencia y la capacidad es aumentar esfuerzo. Esa es su propuesta, y lo único a lo que contribuye es a aumentar el esfuerzo pesquero y a reducir los días de pesca, no a mejorar la calidad de vida de los hombres del mar. En la bajura, en la pesca artesanal, en las zonas altamente dependientes de la pesca hay que buscar soluciones de desarrollo integral que contemplen la diversificación económica, con la pesca no como eje sino como un vector más. Por todo lo dicho, pido el voto en contra de esta propuesta en nombre de la coherencia y de la racionalidad.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Díaz.


Señor García Díez, ¿desea utilizar su turno de réplica? (Pausa.) Tiene usted cinco minutos.


El señor GARCÍA DÍEZ: Desde el escaño, presidenta.


Señor Díaz, me ha preocupado, pero lo dejaré para el final, que hable usted de crear alarma social. Mi intervención no ha ido en ningún momento ni tan siquiera bordeando ese concepto de alarmismo, sino que he dado cifras oficiales y rigurosas. No he hecho especulación en ningún momento, he dado datos que usted mismo o cualquier miembro de esta Cámara puede constatar en las publicaciones que he citado. Me habla de un amplio consenso en la aprobación de esta ley. Evidentemente era un paso, pero yo he dicho que tres años después nuestro grupo ha percibido -quiero pensar que también otros, y especialmente la sociedad del sector pesquero- las dificultades para cumplir con esta ley. Por cierto, en el año 1998, mediante una circular del ministerio, se produjeron más regularizaciones -yo lo llamaría un proceso silencioso de regularización- que con esta ley en los tres años que lleva en vigor. Habla también, señor Díaz, de que desde que se aprobó un decreto recientemente -supongo que hace mención al Real Decreto 1549/2009- ha mejorado mucho la situación. Yo le he dicho en mi intervención que las cifras iban en el mismo camino, en la misma dirección: 66 por ciento de expedientes resueltos negativamente, 34 por ciento a favor. Me habla de PNL aprobadas en Comisión, y yo le pido que me diga una sola PNL o un solo apartado de una PNL del Partido Popular que haya sido tomada en consideración por este Gobierno en asuntos relacionados con el sector pesquero, con uno solo me conformo.


Nadie, señor Díaz, habla aquí de paralizar el proceso. Todo lo contrario, lo que no queremos es, como usted ha dicho aquí, que el Gobierno espere al final para tomar medidas a la vista de los resultados. ¿Y cómo reacciona cuando a finales de octubre, agotados los plazos de regularización, quede el problema de estas 5.000 personas o de estas 1.800 embarcaciones ¿Cómo lo regula? ¿Cómo reacciona al final? Señor Díaz, al final, en octubre, igual usted -y yo le invito a ello- tiene que ir a algún puerto de España, a alguna de las zonas costeras de España donde nuestros marineros artesanales faenan a diario y explicarles a esas 5.000 personas que el PP, en abril de 2010, creó alarma social y por eso se generó el problema que en octubre no tendrá solución (Aplausos.) Eso es lo que va a tener que hacer usted en el mes de octubre. Si eso es enredar, señoría, le puedo asegurar que vamos a seguir enredando, no tres veces, como dice usted que hemos traído esta iniciativa a esta Cámara, sino las que haga falta con tal de hacerles entrar en razón.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor García Díez.


Señor Díaz Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.


Señor García Díez, dice usted que no pretenden alarmar y están hablando de 5.000 afectados en el mes de octubre; por favor, por favor. Usted sabe que hay 2.400 embarcaciones a regularizar y 2.445 solicitudes. Entre ellas están algunas que fueron regularizadas y que pretenden entrar en una segunda regularización. No hay problema en regularizar embarcaciones, el proceso está abierto y se va a cumplir, y con la alarma social no se arregla nada, lo único que se hace es crear inquietud. Su propuesta, lo único que haría sería paralizar el proceso hasta que se apruebe una nueva ley, porque se trata de una proposición a tramitar y, hasta que no se aprobara una nueva ley, no entraría en vigor. En consecuencia todo el proceso se paraliza y nos vamos a ir a dos años más sin ninguna garantía.


Usted me ha hablado de 1998. Ese año ustedes, desde el Gobierno, hicieron regulación con compensaciones al cien por cien. Pero en el año 2003 ya no hubo ninguna compensación porque la normativa comunitaria lo prohibía, como ahora. En 2003 ustedes hicieron una regulación y se cuentan con los dedos de una mano los que se acogieron a ella porque no había compensación. Y ahora, en el año 2010, piden que volvamos a 1998, cuando la Unión Europea no ha cambiado las condiciones. No engañen ustedes diciendo que se puede seguir incrementando cuando esa posibilidad no existe. La única posibilidad es que ustedes dejen de enredar y colaboren para que el sector no albergue falsas esperanzas, para que el sector se regularice. Y, terminado el plazo de regulación, ¿ustedes creen que este diputado, el grupo que lo sustenta,

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el Gobierno, si hubiera 5.000 afectados iba a poner la puerta al día siguiente? ¿Ustedes creen que alguien se suicida políticamente? Si hubiera 100, 200, 300 afectados, que son los que puede haber, habrá que regular, que ver lo que se hace con ellos, que es de alguna manera lo que está previsto en la ley, pero habrá que verlo de acuerdo con las comunidades autónomas afectadas en ese caso. ¿Creen que ahora no se dice y mañana se van a la calle todos? No es así. Cuando llegue el momento, habrá que estudiar, caso por caso, lo que pasa y buscar una solución, pero en todo caso será una solución para una minoría y no para el conjunto, que se está regulando normalmente, pese a que ustedes están animando a que no sea así. Si ustedes, que votaron positivamente la ley en su momento, hubieran contribuido al buen desarrollo de la misma, es posible que hoy la regulación estuviera bastante más avanzada, pero ustedes juegan con una mano a decir que sí y con la otra mano a decir todo lo contrario. Esa es una manera de hacer política que algunos no compartimos porque esa manera les puede ser rentable a ustedes para unos cuantos votos pero no es rentable para el sector.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Díaz.


Para fijar posiciones en nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene en primer lugar la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, permítanme en primer lugar que hoy, 27 de abril, felicite a todas las Montserrat que hay en este Congreso.


A Coalición Canaria cualquier intento de regular una actividad económica que es practicada de modo no regular -sin entrar en detalles de por qué se producen estas circunstancias- nos parece una idea interesante, casi siempre nos parece aconsejable para un buen gobierno al servicio de los ciudadanos, de ahí que podamos valorar de manera positiva esta iniciativa que hoy nos presenta el Partido Popular a través del señor García Díez.
En muchas actividades económicas persisten situaciones no deseables que son consecuencia de históricos problemas que afectan a la relación de la Administración con los ciudadanos. La modificación y adaptación de normativas se hace con tal rapidez que muchas veces el interesado se ve sobrepasado por la maraña legislativa, dejándolo a su pesar fuera del ordenamiento reglamentario, lo que produce efectos negativos para la libre competencia y que no desea quien se encuentra en esa situación irregular. Por ello debemos valorar cualquier esfuerzo legislativo para conseguir ese objetivo. La Ley 9/2007, de 22 de junio, constituyó un loable esfuerzo para conseguir ese objetivo pero es evidente -y de ahí esta iniciativa que debatimos- que no consiguió regularizar toda la actividad, cierto es que en algún caso por falta de interés o falta de información de los propios afectados, pero la mayor parte de las veces porque la ley seguía dificultando la regulación por el complejo proceso que como acto reglado recogía la propia ley. Por eso saludamos esta iniciativa que pretende simplificar, hacer más fácil el proceso de ampliar los objetivos y, como consecuencia, que no existan excusas en el sector para la completa regularización, que sin duda aportará beneficios a los interesados y, qué duda cabe, también al sector en su conjunto.
Consideramos que es un buen proyecto de ley que permite ofrecer un mayor marco de regulación que la ley anterior pero que además no es una amnistía, sino que establece canales de regulación y cautelas como las que se plantean en el propio artículo 2.2, y da facilidad para llegar a los interesados con el aumento de plazo a seis meses después de la entrada en vigor de la presente ley. Por eso creemos que es una buena iniciativa.


Señor Díaz, portavoz del Grupo Socialista, creemos que la incertidumbre que usted plantea queda resuelta con la firme voluntad de la Cámara de tramitar en el más breve plazo posible esta iniciativa, porque no tiene por qué estar esta ley más de dos meses en el Congreso de los Diputados para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, no generar esa incertidumbre o no generar una situación de espera de los interesados para poder regularizar. Yo creo que esto no para ningún proceso de regularización, sino que, por el contrario, ofrece canales más rápidos y más ágiles para su regularización.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.


Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, en el momento de la tramitación de la Ley 9/2007, concretamente en el trámite de enmiendas, presentamos una en el sentido de modificar los parámetros que en la misma se recogían en relación con la potencia de los motores de las embarcaciones, concretamente de aquellas que tenían menos de 15 metros de eslora o menos de 12 metros de eslora.


Señorías, si la memoria no me falla, únicamente fue nuestro grupo el que presentó una enmienda en esta dirección, motivo por el cual la Ley -que finalmente es aprobada- de regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el registro de buques tuvo así una tímida o ligera mejoría, como llamamos nosotros en su momento, pero que efectivamente recogía mejor de lo que inicialmente hacía el proyecto del Gobierno la realidad, la problemática de las embarcaciones que están trabajando tanto en la pesca de bajura como el caso concreto del marisqueo a flote

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o el trabajo en las bateas de mejillones que antes se ha nombrado aquí.


Cuando el BNG habla de pesca, necesariamente tiene un sesgo hacia la realidad de Galicia porque es la que más conocemos, y eso fue lo que hizo que presentáramos esta enmienda, del mismo modo que fue lo que hizo que presentáramos otras iniciativas que fueron progresivamente mejorando la situación. La última iniciativa del Bloque Nacionalista Galego fue la aprobada hace aproximadamente quince días -por cierto, como se dijo, con los votos en contra del Grupo Socialista- y recoge la necesidad de reconocer una mayor capacidad de potencia a las embarcaciones de menos de 15 metros de eslora, fundamentalmente aquellas que tienen que dedicarse a la pesca de bajura o a la extracción de percebe o al trabajo en las bateas de mejillones. ¿Por qué lo delimitamos? Lo delimitábamos así en nuestra proposición no de ley y consideramos que es necesario delimitarlo porque es conveniente que tampoco se extrapole este tipo de iniciativa o de defensa de esta mayor capacidad de potencia de los motores a otras embarcaciones que no tengan razones fundadas para que así sea. Las razones fundamentales que nosotros esgrimimos para que a estas embarcaciones a las que yo acabo de hacer referencia tenga que reconocérseles más capacidad de potencia que la que se establece en la normativa es porque, siendo necesario para la actividad que hacen que su tamaño sea pequeño, en cambio, por razones de seguridad, precisan que el motor tenga más potencia de lo que se establece en el reglamento porque se ha comprobado en distintas ocasiones que, bien por temporales, bien por circunstancias que obligan a las personas que trabajan en estas embarcaciones en aquellos sectores que acabo de comentar, tienen necesidad de salir apresuradamente de esos lugares y la potencia del motor no se lo permite. De ahí que insistiéramos en esto, aun reconociendo que en la orden de octubre hay una mejora en relación con la anterior, pero insuficiente no desde el punto de vista del BNG, sino desde el punto de vista del sector.


La propuesta que presenta el Grupo Parlamentario Popular y que acaba de defender el señor García Díez va en una dirección si no exactamente igual, sí similar a la que plantea el BNG y podríamos además, en caso de que saliera adelante, presentar enmiendas con aquellas cuestiones que son para nosotros importantes, como la delimitación de las embarcaciones a las que se tendría que reconocer ese derecho de mayor capacidad propulsora. Además, señorías, desde nuestro punto de vista la cuestión es urgente pero, teniendo en cuenta, no lo que acaba de decir el señor Díaz en relación con los compromisos a estudiar, sino el compromiso adquirido por el Gobierno, después de que fuera aprobada esta proposición no de ley hace quince días, de avanzar en ese reconocimiento de acuerdo a la realidad que se está manifestando por estos sectores del marisqueo a flote, de pesca de bajura o del mejillón, esperamos que efectivamente...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, por favor.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, señora presidenta.


... en muy poco tiempo el Gobierno resuelva esto y que lo resuelva a través de una orden. Por tanto, sin estar en contra de la propuesta que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular, vamos a abstenernos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo muy brevemente y no para entrar en discusiones técnicas, sino para fijar la posición de los partidos que integramos el grupo. Entendemos los argumentos de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Sabemos que los procesos de regularización en el registro de buques y empresas navieras son complicados, que tienen efectos secundarios, fundamentalmente sociales. Tampoco dudamos de que la cercanía de la fecha límite pone en aprietos a personas concretas, no solo a empresas, y comprendemos que las exigencias legales vigentes pueden hacer más difícil el proceso de regularización para algunos colectivos. Por tanto, es evidente que modificar la ley, como se propone, podría resultar positivo para algunos sectores. Solamente mirando la posibilidad de ampliar el periodo de solicitudes queda claro que podría ser una mejora para algunos sectores, pero también es cierto que el proceso de regularización, como se ha explicado antes, viene de lejos y que se ha dado la oportunidad de adecuar la realidad individual al texto de la ley. Por tanto, si tenemos en cuenta estos condicionantes, dudamos que dar luz verde a esta proposición de ley sea la solución mejor o la menos mala en este momento, por ejemplo, pensando en quienes han puesto empeño, preocupaciones y dinero en adecuarse a lo que indicaba la ley. No nos parece del todo justo cambiar las reglas del juego ahora, con el partido en marcha, aunque, insistimos, no entramos en las discusiones que se han expuesto con vehemencia por ambos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, y las intervenciones posteriores. Por tanto, nuestro voto no será afirmativo a la toma en consideración de esta proposición de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.


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El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.


Ante esta proposición de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Popular, yo no voy a meterme en guerras, ni en descalificaciones, ni en alarmismo, porque no creo que sea el momento, y también está el aprecio que le tengo al señor García Díez, y él lo sabe, porque más de una vez hemos llegado a acuerdos en distintas cuestiones; es una persona interesada en el mundo de la pesca y eso es importante. En cualquier caso, hoy mi grupo no va a poder apoyar su proposición, y voy explicarle por qué y creo que me va a entender perfectamente.


El objetivo de la proposición de ley es modificar la Ley 9/2007, de 22 de junio. Esta modificación parte de un reconocimiento; se reconoce que muchos buques están en situación irregular, lo que es importante. Por tanto, partimos del reconocimiento de que una situación irregular, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, requiere el cambio de la ley.
Se pide -permítanme quizá reducir, aunque no quiero que me tachen de reduccionismo- que, como algunos no han cumplido la ley, no que se cumpla la ley tal y como dicta, si no que se cambie la ley para satisfacer a los que no la han cumplido. Ya sé que sería excesivamente reduccionista para usted, pero explicaré por qué lo digo. ¿Qué pasa entonces con los que han cumplido la ley? Es decir, aquellas personas, aquellos armadores, aquellos pescadores, aquellos buques que han seguido a rajatabla lo que se pedía en la ley, ahora, si se aprobara esta proposición que usted plantea -permítame la expresión-, se quedarían con la cara pasmada y dirían: ¿para qué hemos hecho nosotros todo este esfuerzo?

Le voy a comentar. En primer lugar, ustedes piden que se cambie el artículo 2. La ley actual exige que en las bajas a aportar -SS.SS. saben que para construir un barco se tiene que aportar el arqueo correspondiente- se deben cumplir los criterios que literalmente dice la ley, aplicables a la construcción y modernización de buques pesqueros.
Ahora, si se tomara en consideración esta proposición de ley para cambiarla, se suprimiría este requisito, supongo que para poder aportar bajas de cualquier modalidad y tipo. Es decir, que la baja de un bacaladero o de un arrastrero congelador, sin derechos, podría subsanar las irregularidades de 500 embarcaciones de pequeño porte, por ejemplo.
Nosotros no estamos de acuerdo. En el mismo artículo también se establecen las irregularidades de arqueo para buques menores de 15 metros -en la ley actual se contempla que la irregularidad sea compensada mediante el incremento de la eslora-. Para el cálculo de arqueo en buques de menos de 15 metros, para evitar medir los volúmenes de cada uno, se admite una fórmula en la que el arqueo está en función de la eslora, etcétera. Es un tema técnico. Ahora lo que ustedes pretenden es que los buques con esloras menores de 15 metros no aporten bajas, es decir, que pueden tener el arqueo que quieran, sin ninguna aportación de bajas, lo que nos lleva a prescindir de las tolerancias recogidas en la ley. Es decir, sale un poquito gratis de una manera o de otra.


También piden que se suprima el artículo 3, con lo cual un buque puede solicitar su regularización durante toda su vida. Y, como en el caso de los de menos de 15 metros digamos que ha salido gratis, pues adelante, y en el caso de más de 15 metros de eslora siempre habrá restos de algún buque arrastrero congelador o algún bacaladero para hacerse con la parte de ese arqueo. Seguimos pensando que no es justo. Es más, la ley que se aprobó hacía que las comunidades autónomas hicieran cumplir esa ley. Por ejemplo, en mi comunidad autónoma, estando mi partido en el Gobierno, siendo una ley aprobada por un partido que no era el mío, hizo cumplir la ley a todos los armadores y a todos los barcos. Es más, en estos momentos en Euskadi todos los barcos están en situación regular. Igual me dirá que hay uno o dos que no, pero no más. ¿Por qué? Porque el Gobierno vasco de entonces hizo los deberes e hizo cumplir la ley a todos. No tenemos problemas. Por tanto, los que ya han cumplido la ley, ¿qué dirían ahora si modificáramos esto?

También piden que se derogue el artículo 6, lógicamente el apartado 4.
Nosotros creemos -y no voy a alargarme mucho más- que no es lo más conveniente. Entiendo perfectamente que usted quiera dar una solución a aquellos barcos, a aquellos armadores, a aquellos pescadores que por lo que fuere han quedado en una situación irregular, pero yo diría que muchos más han cumplido la ley y han regularizado tal y como se pedía.
Creo que habría que buscar fórmulas para solucionar el problema de los que no tienen esa regularización, pero quizá sería injusto que cambiáramos la ley para aquellos que no han cumplido la ley. Son ustedes los que constantemente dicen que ha de cumplirse la ley; habría que predicar con el ejemplo. No me voy a alargar más. Solamente decirle que mi grupo no va a apoyar su proposición. Entendemos que la situación de algunos barcos pueda ser complicada, pero eso no supone que en estos momentos tengamos que llegar a este tipo de modificaciones.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señorías, Convergència i Unió va a votar que sí a esta toma en consideración. Este sí, este voto afirmativo, va más allá, señor García Díez, del contenido expreso de la proposición de ley, que es un contenido que viene a modificar, a superar para determinado tipo de embarcaciones, para la pequeña flota -para entendernos-, aspectos de la ley que son, como decía el portavoz del Grupo Popular en su intervención inicial, de imposible

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cumplimiento. Ese concepto, aplicado a un sector sensible, como el sector de la pesca, lleva a Convergència i Unió a votar que sí. Debemos reflexionar sobre la normativa que regula el sector pesquero. Si me lo permiten, es una obligación incluso moral. En un momento delicado, de crisis económica, que el sector pesquero padece de manera directa, cualquier modificación que pueda introducir aspectos legales no tan imperativos debe merecer nuestra aprobación. Porque el sector, si de algo se queja, no es únicamente de la crisis económica que vive, sino también de los impedimentos legales, normativos y burocráticos que cada día vienen a perjudicar más su propia realidad profesional. Por tanto, es un sí a que reflexionemos y replanteemos la normativa que día a día vamos imponiendo a un sector, sector característico de nuestro país, característico de nuestra historia y que evidentemente está en ese momento crítico, incluso se utilizaba la metáfora de que no queremos que esto acabe siendo una realidad de museo. Queremos defender a ese sector y, por tanto, sí a una toma en consideración que nos va a permitir enmendar la propia proposición de ley y aspectos que en este momento no están dando la solución adecuada. Cierto es que es una ley joven, cierto es que no le hemos dado el tiempo suficiente de rodaje, pero cierto es también que aprobamos normativas que en ocasiones, cuando después deben aplicarse, causan perjuicios elevados en ámbitos concretos. No quiero recordar una vez más los aspectos relativos, por ejemplo, a tripulaciones mínimas en otras normativas, que han venido a castigar directamente al sector de la pesca. No quiero referirme a aspectos como las propias revisiones a veces de los ejes de cola, que han venido a perjudicar de manera muy directa a una flota, la mediterránea, que no sale tantas horas, por lo que esa revisión no debería de ser igual, y por eso siempre pedimos esa especificidad. En breve, el próximo 1 de junio, vamos a tener quizás un ejemplo más de aquello que a Convergència i Unió le gustaría evitar. Quizás el próximo 1 de junio, cuando se decidan a aplicar realmente toda la normativa relativa a mallas y redes, con esos 40 milímetros, o el propio torzal de 3 milímetros, esa normativa impuesta, una vez más van a causar un perjuicio y una alarma al sector. Por tanto, cada día tenemos ejemplos de leyes imperativas. No dudo que, en ocasiones, cumpliendo las propias directivas comunitarias, pero cierto es también que nosotros, como país pesquero, en el ámbito de una península donde hay muchísimo litoral y muchísima flota pesquera, debemos tener una especial sensibilidad en todo aquello que después viene aquí como una imposición más a un sector que vive directamente una situación de crisis económica no deseada y también de crisis de una forma de vida y de realizar una actividad. ¿Que hay que reciclarse? Siempre, pero también hay que ayudarles normativamente. De ahí que desde Convergència i Unió, sin entrar en la dialéctica del debate que ha tenido lugar esta tarde con un turno en contra que respetamos por lo autorizado de los argumentos del portavoz del Grupo Socialista en materia de pesca, que es una persona sensible ante este sector, también debe entender el Grupo Socialista que en esta circunstancia y en este contexto nuestro voto afirmativo lo es en relación con que una vez tomada en consideración esta proposición de ley podamos entre todos introducir enmiendas que huyan de esa normativa imperativa que tanto está sufriendo el sector de la pesca.


Señor presidente, señorías, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR JORQUERA Y SEÑORA FERNÁNDEZ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO PARA QUE TODOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CADENA ALIMENTICIA TRIBUTEN AL 4 POR CIENTO. (Número de expediente 122/000205.)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Jorquera, para modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para que todos los productos y servicios relacionados con la cadena alimenticia tributen al 4 por ciento. Tiene la palabra para la defensa de la proposición de ley el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, la presente proposición de ley tiene por objeto aplicar el tipo del 4 por ciento del IVA a las operaciones relacionadas con las actividades primarias y que tienen incidencia en la cadena alimenticia, con el propósito de mejorar la fiscalidad del sector alimentario y con ello introducir una rebaja en el precio final de los alimentos. Las razones que fundamentan esta nueva regulación que proponemos son las siguientes. En primer lugar, corregir la aplicación desigual de tipos reducidos del IVA a determinados productos y operaciones relacionados con la cadena alimentaria. Desde la entrada en vigor del IVA se consolidó un tratamiento fiscal desigual a las operaciones relacionadas con la producción agraria y pesquera que tienen incidencia en la cadena alimentaria, sin que haya razones a nuestro juicio que lo fundamenten. Así, tributan al 4 por ciento el pan, las harinas panificables, la leche, los quesos, los huevos y prácticamente todos los alimentos vegetales, mientras que tributan al 7 por ciento el resto de productos relacionados con la cadena alimentaria, como la carne, el pescado, el agua o las conservas. Y lo mismo ocurre con la entrega de bienes o los servicios prestados en el seno de la cadena alimentaria a los agricultores, ganaderos y pescadores. Esta distinción es artificial y arbitraria puesto que, por ejemplo, ante un plato de lentejas tendríamos productos por los que tributamos

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al 4 por ciento y otros al 7 por ciento. La citada diferenciación impositiva no tiene justificación si la relacionamos con la composición actual de la cesta de la compra. En esta los alimentos suponen casi el 34 por ciento del total del gasto y dentro de los mismos el mayor peso lo tiene la carne, que representa el 12,7 por ciento del gasto total de la cesta de la compra; seguida de la leche, con el 6,2; el pan, con el 4 por ciento, y el pescado y las frutas y hortalizas, con el 3,6 por ciento; es decir, dos de los productos más consumidos, la carne y el pescado, que representan nada menos que el 47,6 por ciento del gasto en alimentación aún tributan al 7 por ciento y a partir del segundo semestre de este año lo harán al 8 por ciento.


La aprobación de esta proposición de ley supondría a partir de su entrada en vigor en el próximo ejercicio presupuestario una importante rebaja en el coste de la cesta de la compra, especialmente en el apartado de la alimentación. Este es el segundo objetivo que persigue esta proposición de ley: beneficiar a los consumidores que en una situación de crisis económica verían reducido el precio de productos básicos. Con estas medidas, por un lado, favorecemos una composición más equilibrada de la cesta de la compra en lo que a los productos alimenticios se refiere, y por otro amortiguamos el impacto que sobre los precios y el consumo en general tendrá la subida del IVA aprobada y que entrará en vigor en este segundo semestre. Pero hay un tercer objetivo, señorías: contribuir a mejorar la situación del sector pesquero y de producción cárnica, ambos con un peso muy relevante en la economía de Galicia y de otras comunidades. Son dos sectores productivos que están atravesando una profunda crisis anterior al inicio de la actual crisis económica que no ha hecho más que acentuar los graves problemas que padecían. Estos sectores deben tener, en nuestra opinión, la consideración de sectores estratégicos. No se puede apostar por la modernización económica y por el cambio de patrón de crecimiento desde la destrucción del sector primario; ningún país avanzado lo ha hecho, señorías. El sector primario debe tener la consideración de estratégico porque es el que asegura la suficiencia y la calidad alimentaria, aprovecha y pone en valor recursos propios y su actividad es básica para la preservación del medio y el equilibrio territorial. Es, en definitiva, el mejor instrumento para luchar contra la desertización poblacional y paisajística de nuestro campo. Y para mejorar la situación de este sector no solo es necesario corregir la orientación de las políticas agrarias y de desarrollo rural, son necesarias también políticas de estímulo fiscal que contribuyan a su recuperación.


Señorías, el Bloque Nacionalista Galego nunca ha practicado el populismo fiscal, nunca nos hemos apuntado al recurso fácil de pedir que bajen todos los impuestos. He de recordar que como consecuencia del último debate de política general, se aprobaba una resolución propuesta por el Bloque Nacionalista Galego, que en su primer punto instaba al Gobierno a reformar el sistema tributario, de manera que se incremente su carácter progresivo y se garantice la recaudación suficiente. Con este planteamiento hemos formulado propuestas concretas para introducir mayor progresividad en la tributación de las rentas del capital. También hemos propuesto establecer un nuevo tramo del IRPF para las rentas del trabajo superiores a los 95.000 euros. Asimismo, hemos propuesto la creación de un impuesto para las grandes fortunas o la modificación de la tributación de las Sicav. Además, hemos defendido medidas para reducir el escandaloso volumen de fraude fiscal. Lo hemos hecho, señorías, porque no se puede atender a las políticas públicas si no se asegura una recaudación suficiente. El BNG cree en la necesidad de políticas públicas ambiciosas y dotadas de recursos suficientes para asegurar la universalidad y la calidad de los servicios públicos y las políticas de protección social que garanticen la cohesión. No se puede aspirar a disfrutar de servicios y de prestaciones sociales como las de los países nórdicos, por poner un ejemplo, con un sistema impositivo más propio de países no desarrollados.
Como hemos manifestado en reiteradas ocasiones, en el Estado español no hay un problema de excesiva presión fiscal. El problema del sistema impositivo del Estado español es el reparto injusto de las cargas fiscales. Además, señorías, las políticas públicas a las que hemos hecho alusión son más necesarias en un contexto de crisis, tanto para proteger a los sectores que más están sufriendo sus consecuencias como para que tengan un efecto anticíclico impulsor de la recuperación económica.


Señorías, los impuestos tienen otras finalidades, no simplemente la recaudatoria. La política fiscal puede servir en determinados contextos para estimular con incentivos fiscales las actividades económicas necesitadas de impulso. En el Pleno de la semana pasada esta Cámara aprobaba el llamado decreto de Zurbano, un decreto que contenía medidas de estímulo fiscal a la rehabilitación de la vivienda o a las actividades de atención a la dependencia. Con la introducción de estos estímulos fiscales, en un contexto de subidas impositivas, el Gobierno está reconociendo que aún queda margen para operar en el terreno fiscal.
Creemos, sinceramente, que el sector primario no está menos necesitado de estímulos. Todavía es más importante la función redistributiva que debe tener el sistema impositivo para que contribuya a la corrección de las desigualdades, a un reparto más justo de la riqueza existente. Por eso el BNG siempre ha sido partidario de operar sobre los impuestos directos en vez de elevar los indirectos. Los impuestos indirectos no discriminan en función de la renta del consumidor. Además, elevar la imposición sobre el consumo penaliza, sobre todo, como hemos expuesto en reiteradas ocasiones en los debates económicos en esta Cámara, a las rentas medias y bajas, pues son estas las que tienen que destinar un porcentaje mayor de sus ingresos a satisfacer sus necesidades básicas de consumo. Pero, señorías, no se alarmen, no pretendemos reabrir el debate sobre la subida del IVA.


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Nuestra posición es conocida, y respetamos la posición mayoritaria de esta Cámara. Ahora bien, si se actúa sobre los impuestos indirectos, si se actúa sobre el IVA, debe darse un tratamiento distinto a los productos que forman parte de las necesidades básicas de consumo. Si se aprueba esta proposición, se introducirán elementos correctores que garantizarán una mayor equidad en la subida aprobada del IVA (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.); si se aprueba esta proposición los grandes beneficiados serán los consumidores, en particular los de rentas más bajas al ver reducido el coste final de productos básicos. Además, señorías, la modificación que proponemos permitiría amortiguar el efecto negativo que presumiblemente la subida del IVA puede tener en su repercusión en los precios y en el consumo. Por estas razones, señorías, solicito el apoyo de los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara para la admisión a trámite de esta proposición de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


Ningún grupo ha mostrado su disposición a utilizar el turno en contra, por lo que vamos a pasar a fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Señora presidenta, la Ley del IVA establece una escala de tipos en función de la mayor necesidad del producto o servicio que grava. Los tipos actuales del 16, del 7 y del 4 por ciento serán vigentes hasta que opere la subida del IVA acordada en los pasados presupuestos del Estado. En el tipo del 7 por ciento, como ha explicado el portavoz el BNG, también encontramos productos de la cadena alimentaria. Con el tipo superreducido del 4 por ciento se gravan, entre otros, bienes y servicios calificados como de primera necesidad: pan, leche, quesos, huevos, verduras, frutas, hortalizas, etcétera, que además no deben haberse modificado de ninguna forma, es decir, no se incluyen los que proceden de la agricultura ecológica, aunque se escuchan demandas que van solicitándolo. En la proposición de ley que nos plantea el Bloque Nacionalista Galego vemos como finalidad que todos aquellos productos que formen parte de la cadena alimenticia tributen al tipo superreducido del 4 por ciento. Nos parece que el Bloque Nacionalista Galego tiene toda la razón en lo que plantea, sobre todo cuando afirma que existen algunas disfunciones en el impuesto, pues no parece lógica la diferenciación del tipo entre los huevos o la leche y entre la carne y el pescado. No entendemos por qué unos son considerados alimentos de primera necesidad y los otros no a efectos de aplicación del impuesto. Es más, la rebaja del tipo impositivo del IVA en todos los productos de la cadena alimenticia va a favorecer, como se ha dicho, la cesta de la compra para todos aquellos consumidores con menos poder adquisitivo que se verán beneficiados con esta rebaja de tipos.


En segundo lugar, lo que pretende el Bloque Nacionalista Galego es que se aplique un IVA superreducido a todas aquellas prestaciones de servicios realizadas a favor de los titulares de las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas que sean necesarias para el ejercicio de la actividad; siendo de gran importancia a nuestro entender. Este importe superreducido afectará de forma directa a las rentas de sector agrario; un sector que está muy contrariado por la reciente subida del IVA. Es un incremento que va a suponer a su vez un importe incremento de precios no solo para el consumidor final sino para el sector, ya que el incremento afectará también a todos aquellos productos que el empresario agrario necesita para producir. El incremento se va a producir para este sector porque, a diferencia de otros sectores de actividad económica, no puede repercutir el IVA de sus gastos, puesto que la gran mayoría de agricultores y ganaderos están acogidos al régimen especial del IVA y no podrán compensar el IVA soportado con el IVA repercutido. Señorías, como saben bien, el IVA ha sido considerado por el sector agrario como uno de los factores, entre otros muchos, que ha provocado una disminución de la renta agraria desde la entrada de España en la Unión Europea. Según las estadísticas oficiales, la renta agraria en el Estado español disminuyó un 8,5 por ciento en el año 2008, y con la grave crisis que atraviesa no solo el sector sino toda la economía del Estado, estos datos van a incrementarse cuando el sector sufra las consecuencias en la subida de los tipos impositivos del IVA. Por ello, lo que propone la proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego puede ayudar a paliar esta situación y el voto evidentemente va a ser favorable a la toma en consideración.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Intervengo muy brevemente y desde el escaño para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en relación con la proposición de ley del BNG sobre la modificación de la Ley del IVA, para que los productos y servicios relacionados con la cadena alimentaria tributen al 4 por ciento. Plantear hoy una rebaja de la tributación indirecta genera desde luego un debate apasionante, dada la situación económica en que nos encontramos. Pero puesto que el grupo proponente plantea que la entrada en vigor de la medida sea el próximo ejercicio, eso hace que el debate se pueda llevar a lo largo del año con cierta tranquilidad. Esto permitirá que los productos alimenticios y bienes de primera necesidad moderen sus precios, algo que sin duda redundará

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en beneficio de aquellas personas y familias más necesitadas, que a tenor de los datos del paro que hemos podido conocer hoy son cada vez más y más numerosas. Por tanto, insisto una vez más en que nuestro grupo va a votar favorablemente esta iniciativa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ i LLIBRE: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego, de modificación del IVA para que todos los servicios relacionados con la cadena alimenticia puedan tributar al 4 por ciento. Esta es una iniciativa inteligente ya que desde esta perspectiva podríamos valorar a lo largo del trámite parlamentario por qué unos determinados alimentos básicos del sector de la alimentación tributan a un tipo superreducido del 4 por ciento, y por qué hay otros que están tributando casi más del cien por cien, no llegamos al cien por cien pero se pasa del 4 al 7 por ciento. Al mismo tiempo, hay otros servicios básicos que se están prestando a las diferentes familias y hogares españoles como podrían ser los suministros de agua, gas y electricidad -que no tienen absolutamente nada que ver con esta iniciativa parlamentaria pero que lo hemos presentado a lo largo de esta legislatura y de la anterior en reiteradas ocasiones-, y no entendemos cómo es posible que aspectos y servicios tan básicos como estos de agua, gas y electricidad en España estén sujetos a un IVA del 16 por ciento y en algunos países de Europa lo estén al 7 por ciento. Por tanto, vale la pena entrar en este debate para intentar reordenar si cabe en el sistema de tributación determinados aspectos que hacen referencia a productos alimenticios.


Si hacemos un pequeño repaso de cuál es la predisposición o las directrices a las que va encaminada la directiva 2006/112/CE, podremos ver que pueden estar sujetas a tipos reducidos del IVA -o sea a tipos reducidos del 7 por ciento- las entregas de bienes y prestaciones de los siguientes servicios, y allí dice los productos alimenticios incluidas las bebidas -pero con exclusión de las bebidas alcohólicas- para consumo humano o animal, los animales vivos, las semillas, las plantas y los ingredientes utilizados normalmente en la preparación de productos alimenticios, los productos utilizados normalmente como complemento o sucedáneo de productos alimenticios. También en este caso se prevé por parte de la Unión Europea la posibilidad de que tributen a un IVA reducido los suministros de agua, gas y electricidad. Desde una perspectiva general, señorías, y más con un futuro incremento del tipo general y del tipo reducido para todas aquellas entregas de productos alimentarios que no tributan al tipo superreducido, se incrementará del 7 al 8 por ciento a partir del 1 de julio de este año. En este caso, también por este motivo, consideramos muy acertado que la proposición de ley que hoy estamos debatiendo aborde, única y exclusivamente, la tributación al tipo superreducido. Por tanto, entendemos que aquí sí cabría la posibilidad de incorporar o corregir algunos aspectos básicos de productos alimenticios que necesariamente, si no hay esta modificación, van a pasar del 7 al 8 por ciento, cuando probablemente si prosperara esta toma en consideración y después fuéramos capaces de llegar a un acuerdo en la Comisión correspondiente, podrían tributar no al 8 por ciento sino al 4 por ciento. Elementos y aspectos básicos que quizá redundarían en un gran beneficio para todas las economías domésticas.


Lo ha explicado muy bien el señor Jorquera, portavoz del Bloque Nacionalista Galego, en el sentido de cuáles eran los tipos de alimentos que tributaban al 4 por ciento y los ha definido como los bienes considerados de primera necesidad el pan, la leche, los quesos, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, los tubérculos y los cereales. Pero este listado no engloba otros alimentos, de forma que la carne, el pescado o incluso el agua tributan al tipo reducido del 7 por ciento que, con la subida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, pasarán irremisiblemente al 8 por ciento. Desde nuestro punto de vista, señorías, la proposición de ley aborda varios temas que deberíamos contemplar y que también deberíamos analizar para ver si es posible la toma en consideración de esta proposición de ley. Desde esta perspectiva, nos podríamos preguntar si queremos que todos los alimentos tributen al tipo superreducido o solo los de primera necesidad. Esta es una primera cuestión, un primer interrogante que deberíamos plantearnos. Otra cuestión que nos podríamos preguntar, la segunda, es qué alimentos deben considerarse de primera necesidad y, por ello, tributar al tipo superreducido. Hay algunos productos, como podrían ser la carne y el pescado, que ahora no tributan al tipo superreducido, que tributan al 7 por ciento y que van a pasar irremediablemente al 8 por ciento. Por consiguiente, también nos podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿no consideran SS.SS. que la carne y el pescado son productos alimenticios de primera necesidad?

Por este motivo, señorías, dado que la normativa comunitaria nos habilita para que determinados alimentos que podríamos considerar de primera necesidad no tributen al tipo superreducido y sí lo hacen al tipo reducido, que es prácticamente entre un 80 y un 90 por ciento más de incremento, vale la pena aprobar y tomar en consideración esta iniciativa parlamentaria, a la que he calificado de inteligente, que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


A continuación, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Tomé Muguruza.


El señor TOMÉ MUGURUZA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, la proposición de ley que estamos debatiendo esta tarde plantea un tema sin duda interesante que es objeto de debate periódico cuando se aborda el impuesto sobre el valor añadido, el papel que juegan los distintos tipos reducidos que la legislación de este impuesto permite. Por una parte, es conocido que un impuesto como el IVA funciona mejor armonizado, también en materia de tipos. Eso es lo que de alguna forma aspira a conseguir el debate y el proceso de armonización comunitaria, simplificar la gestión del impuesto, simplificar las transacciones intercomunitarias, dificultar por la vía de la armonización de tipos los esquemas de fraude que a veces se debaten. Al mismo tiempo, hemos asistido a lo largo de casi una década en el seno de las instituciones comunitarias a un interesante debate a este respecto, pues hay que reconocer la realidad de actividades y sectores cuyo desarrollo se ve beneficiado y favorecido por la existencia de tipos reducidos. El debate comunitario terminó con la publicación del informe de la Comisión de mayo de 2007, cuyas conclusiones se vieron recogidas en la Directiva 47 de 2009. En esta directiva se consolidaba el concepto que se había venido consolidando a lo largo de los últimos años de la conveniencia de favorecer con tipos reducidos de IVA, el desarrollo de sectores de servicios de proximidad, destinados a consumidores finales, a economías domésticas, intensivos en mano de obra capaces, por tanto, de generar empleo en cantidad importante, favorecer la incorporación al mercado de trabajo de personas y combatir también la economía sumergida, etcétera. Se consolidaron también los tipos reducidos para sectores como la alimentación, el sector alimentario o el sector de los servicios sociales. Actualmente, son siete los países en la Unión Europea que tienen un tipo superreducido, cinco de los cuales lo aplican a los alimentos, sin contar con el caso de Reino Unido o Irlanda, que siguen manteniendo un tipo cero para los alimentos.


La historia en España es distinta. La legislación vigente fue introducida en el año 1993, en medio también de una importante crisis económica, cuando entonces el Gobierno socialista incrementó el gravamen del IVA nada más y nada menos que en un 25 por ciento, 3 puntos, hasta el 15 por ciento; y probablemente buscando un cierto equilibrio a este importante incremento a la presión recaudatoria que tan malos efectos tuvo, introdujeron el tipo superreducido y el tipo reducido del IVA para los alimentos. Con carácter general, los alimentos tributan al 7 por ciento -tributarán al 8 por ciento-, mientras que determinados alimentos -el pan común; la leche; el queso, pero no el yogur; el pan común, pero no los panes especiales; las verduras; las hortalizas; los huevos; las legumbres, pero no las proteínas de origen animal, como pueden ser la carne o el pescado- se vieron beneficiados con este tipo superreducido.
El legislador parece que quería favorecer lo que luego se ha puesto de moda como política dietética y a veces se denomina dieta ovolactovegetariana. Ahora se pide favorecer una dieta más próxima a la del común de los españoles, que incluya la carne, los pescados, los productos transformados, y nuestro grupo no se va a oponer a la toma en consideración de esta proposición de ley.


Nos preocupa, sin embargo, que en el proceso de debate quede claro el coste de esta iniciativa. Nos ha dicho el señor Jorquera que es una importante rebaja de impuestos -no la ha cuantificado- y nos gustaría que el representante del grupo que defiende al Gobierno aclare esta posición.
En cualquier caso, hablando de rebajas de impuestos que afectan al IVA, es clara la posición del Partido Popular. En primer lugar, nos hemos opuesto a la subida del IVA. Los motivos han sido muchas veces debatidos.
Nos parece una medida muy perjudicial para la recuperación de la economía española, y así lo pusieron de manifiesto en su momento la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, importantes analistas internacionales. Recientemente, acaba de ser publicado un importante estudio de cinco reconocidos profesores universitarios que, aplicando modelos económicos y econométricos, con las limitaciones que tienen estos modelos, a la situación española concluye que la subida de un punto del IVA puede costar 0,5 puntos de crecimiento o 0,75 puntos de empleo. Lo denomina una subida de IVA demasiado cara demasiado pronto. Nuestra política en materia de IVA es actuar selectivamente, facilitar la liquidez de las empresas permitiendo que no se ingrese el IVA de las facturas no cobradas, favorecer mediante el IVA el desarrollo de sectores intensivos en creación de empleo de forma coherente con las últimas recomendaciones a nivel europeo en sectores como los sociales, de apoyo a la dependencia o también el sector del turismo y sectores intensos en mano de obra, como pueden ser los de pintura, fontanería, electricidad o carpintería. Nuestro grupo también está favoreciendo en materia de IVA la reducción del tipo que están pagando actualmente los agricultores, como suministros de gas o electricidad, o el aumento de la compensación por IVA a los ganaderos. Estas son las prioridades con las que nuestro grupo abordará la tramitación de esta iniciativa que, por otra parte, debe servir para que, a través del debate de aquellos conceptos a los que se aplican los tipos reducidos o superreducidos, avancemos en la clarificación y la mejora de nuestro sistema de imposición directa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tomé.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mármol Peñalver.


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El señor MÁRMOL PEÑALVER: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy nos trae a este Pleno una proposición de ley el Bloque Nacionalista Galego por la que se pide la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para que todos los productos y servicios relacionados con la cadena alimenticia tributen al 4 por ciento. Me gustaría hacer algunas consideraciones previas porque creo que son relevantes para las decisiones que podamos tomar en esta Cámara. La primera de ellas, que no por menos obvia no es necesario recordarla, es que la causa del problema, señorías, no está en el IVA -el IVA lleva así desde que España entró en la Unión Europea-, el problema evidentemente es la crisis económica. La segunda consideración que quiero recordar, señorías, es que el IVA es un impuesto europeo. Esto también parece una obviedad, pero es necesario recordarlo en esta Cámara. Debemos ser conscientes de que ciertas modificaciones -y esta es una de ellas- solamente pueden hacerse dentro o en el marco de una directiva que lo autorice. Tenemos que ser conscientes de que el Parlamento español no es soberano para modificar algunos aspectos concretos del IVA. Nos guste o no, esta es la realidad, y el margen que tenemos es muy reducido. Sería bueno recordar también, señorías, que la subida de impuestos de 2002 elevó la presión fiscal en el año 2003 hasta el 35, 48 por ciento del PIB. Ahora es del 30,9 por ciento; la media de la Eurozona es del 39,9 por ciento; Francia tiene un 42,9 por ciento; Italia un 42,8 por ciento y Alemania un 39,6 por ciento.


Si entramos más profundamente en la materia que hoy nos trae aquí, que es la de incluir toda la cadena alimenticia en la lista del IVA superreducido, vemos que, tal y como se dice en la exposición de motivos de esta proposición de ley, se aplica el tipo superreducido del IVA, el 4 por ciento, al pan común, harinas panificables, leche, queso, huevos, fruta, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, mientras que es cierto que a otros alimentos, como pueden ser la carne, el pescado o incluso el agua, actualmente se aplica el 7 por ciento. Con esta proposición de ley, señorías, por ejemplo, el caviar también tributaría al 4 por ciento. La proposición ha de ser valorada, en primer lugar, en función de su propia motivación. Generalizar las dificultades de la población en el acceso a los alimentos no solo no refleja adecuadamente la situación real de nuestro país, sino que es a todas luces una visión un tanto exagerada. Pretender además que una hipotética rebaja del IVA se trasladaría de forma inmediata y automática al consumidor no deja de ser una bienintencionada suposición, contraria por otra parte a las experiencias de países comunitarios, que insisten en que las rebajas impositivas tienen un reducido efecto en los precios finales de bienes y servicios.


No puede dejar de hacerse referencia tampoco a la oportunidad en la actual situación de adherirse a la corriente de bajada de impuestos de algunos de los grupos de esta Cámara. Si se acometiera una sistemática bajada de impuestos deberíamos hacernos algunas preguntas, como por ejemplo cómo se sufragarán los gastos del Estado o qué partidas concretas del gasto han de suprimirse para hacer frente a las minoraciones de ingresos -¿es sostenible la permanente pretensión de menor ingreso para un mayor gasto?- o cómo afectaría esta posición de bajada de impuestos a la imagen y credibilidad de nuestras cuentas públicas. Señorías, en una situación como la actual no podemos olvidar algunas cuestiones: el IVA reducido en España actualmente es del 7 por ciento, es también uno de los menores de la Unión Europea y se aplica a un mayor número de productos que en el resto de la Unión, más del 40 por ciento de productos. En el Grupo Socialista estamos convencidos de que las políticas que estamos aplicando son las adecuadas porque tenemos dos objetivos relacionados: luchar contra el desempleo e iniciar el camino de la recuperación económica con garantías de que el crecimiento será sostenible. Deseamos también que el Gobierno mantenga la protección social, que siga haciendo inversión productiva para reactivar la economía y cumpla el Pacto de Estabilidad; y sin haber superado la presión fiscal que teníamos ni superarla en el futuro, hoy tenemos muchas más políticas sociales, prestaciones sociales y protección social que cuando salió del Gobierno el Partido Popular, que no hizo nada en materia de política social. Señorías, este Gobierno ha sido y seguirá siendo un gobierno preocupado por la estabilidad social y por que nadie se vea abandonado a su suerte en una situación como la actual, y tanto el Gobierno como el Grupo Socialista trabajan y seguirán haciéndolo para que los desempleados y las familias con más necesidades tengan políticas sociales; para que se siga incrementando el gasto en becas; para que ese medio millón de ciudadanos que no tenían ninguna ayuda en una situación de falta de autonomía personal, que hoy con la Ley de Dependencia sí la tienen, la sigan viendo incrementada; para que los pensionistas de este país estén tranquilos y sepan que sus pensiones seguirán incrementándose, sobre todo los que reciben una pensión mínima; para que los jóvenes que cobran la ayuda a la vivienda por alquiler, hoy 120.000, sean cada vez más; para que las personas que estén en situación de desempleo, que son las que más nos preocupan al Grupo Socialista, tengan garantizados los subsidios y además tengan la protección del nuevo subsidio de 420 euros; para que nuestras empresas y autónomos tengan acceso al crédito y puedan salir en condiciones óptimas de la crisis y además generando empleo.


Hoy hemos sabido que los ingresos impositivos se han incrementado por primera vez en dos años. Señorías, tenemos en el Grupo Socialista la voluntad y el compromiso firme de que no sean los débiles y los más vulnerables los que paguen la crisis. Por ello, debemos preocuparnos también para asegurar la continuidad del gasto social y como consecuencia evitar que un déficit excesivo de los presupuestos pueda poner en peligro el conjunto de la política social que hemos afrontado desde el Grupo Socialista y desde el Partido Socialista.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Mármol.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DIÁLOGO SOCIAL. (Número de expediente 162/000634.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ), RELATIVA A LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA ACTIVIDAD LABORAL. (Número de expediente 162/000201.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el enfoque de género en el diálogo social. A esta proposición no de ley se ha acumulado otra del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la igualdad de género en la actividad laboral. En primer lugar, para defender la del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Calvo Poyato.


La señora CALVO POYATO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, como bien ha dicho la presidenta, presentamos un texto conjunto de lo que originariamente eran dos textos de proposiciones no de ley con el Grupo Mixto, con la señora Fernández Davila. Me van a permitir SS.SS.
que empiece agradeciendo la actitud de acuerdo, de comprensión y yo diría que de complicidad prácticamente unánime de la Cámara para trasladar desde aquí un mensaje a la sociedad a la que servimos en torno a un asunto gravísimo para la vida cotidiana de muchísimas mujeres de nuestro país que son ciudadanas y trabajadoras en el mercado laboral y que sufren discriminaciones que podríamos calificar, en el marco de nuestro Estado de derecho, de nuestro modelo constitucional y de la leyes de desarrollo de igualdad de género en los últimos años, de irritante. Digo bien irritante porque estamos hablando de la discriminación en el acceso a los puestos de trabajo, del mantenimiento en esos puestos de trabajo con discriminaciones de amplia gama entre las que se incluye la discriminación salarial, es decir, desigual salario a igual trabajo, a igual currículum, a igual responsabilidad en los puestos laborales, y que corresponden además a una incorporación en términos históricos relativamente recientes de las mujeres a los ámbitos del trabajo remunerado y de la independencia económica, y por eso resulta todavía más incomprensible y más sangrante.


En los últimos tiempos hay quienes ponen en duda que esta discriminación exista, y nosotros queremos remitirlos directamente al informe de febrero de 2009 de la Organización Internacional del Trabajo, donde queda absolutamente claro que esta es una discriminación evidente y real en cualquier lugar del planeta. Para quienes piensen que evitar la injusticia que supone para las mujeres estar desmotivadas frente a la posibilidad de acceder a un empleo y la discriminación en el mismo puesto de trabajo en relación con los derechos y comodidades que tienen los varones lo podemos conseguir exclusivamente con las leyes puestas en marcha, con las que tenemos pendientes por hacer y, naturalmente, colocando el enfoque de género en estos momentos cruciales en el documento objeto de debate en el diálogo social, tendríamos que decirles que nos equivocamos todos. Son costumbres, son inercias sociales, son tópicos, son ambientes que proceden del patriarcado, del machismo imperante, que a veces nos conduce a asumir que muchas de las soluciones estarían simple y llanamente en la aplicación de las leyes que ya tenemos.


En los últimos años hemos traspuesto dos directivas fundamentales para la igualdad de género en el ámbito laboral, en el mercado de trabajo de las mujeres españolas, las directivas de 2002 y 2004. Hemos hecho dos modificaciones del Estatuto de los Trabajadores relativas a la igualdad obligatoria de las condiciones de trabajo de las mujeres y de los hombres, y hemos hecho dos leyes orgánicas que obligan y que protegen, especialmente la Ley de igualdad entre hombres y mujeres en su capítulo IV, dedicado específicamente a estas cuestiones. Aun así, existe la discriminación, existe la desmotivación de muchas mujeres para pelear en un puesto de trabajo cuando sabemos -y todos los datos lo indican- que las mujeres españolas en este momento, estadísticamente hablando, están mejor preparadas que muchos varones, tienen mejores currículos para optar a los mismos puestos de trabajo, y sin embargo acaban teniendo incluso menores salarios en los mismos puestos de responsabilidad. No cabe más que insistir, seguir desarrollando legislación, tomar medidas como el plan en este momento vigente de la autoridad central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que está en este momento investigando cada año del orden de 3.000 empresas para propiciar las correspondientes sanciones de la autoridad laboral a aquellas empresas que incumplen lo que en términos puramente constitucionales tendríamos que llamar la obligación de la igualdad ante la ley de todos los españoles, en este caso de las mujeres trabajadoras.


Quiero agradecer las enmiendas que se han presentado a los dos textos iniciales y al texto definitivo que someteremos a votación, porque han sido admitidas todas, salvo una cuestión puntual del diputado señor Salvador, de la Unión del Pueblo Navarro, con el que acabo de hablar para pedirle su apoyo y su voto al texto. Espero que este texto sea votado unánimemente por esta Cámara en relación con el apoyo de todos y cada uno de los elementos que en este momento, en el segundo texto de diálogo social, de 12 de abril, ya están colocados y que tienen que producir sus frutos en la misma dirección en la que todos hemos estado trabajando, no solamente en esta iniciativa de plenario sino también en otras iniciativas

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en la Comisión de Igualdad e incluso en otras iniciativas de las Cortes Generales, también del Senado, en la anterior legislatura. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Necesitamos la coordinación de las competencias que están transferidas a las comunidades autónomas, también la vigilancia específica de las políticas territoriales de las comunidades autónomas, y necesitamos sobre todo un ambiente distinto y una mirada diferente sobre el prestigio del trabajo de las mujeres, sobre las necesidades de las mujeres en relación con su independencia económica, especialmente de las mujeres jóvenes, que compiten con cualificaciones profesionales excelentes en un mercado de trabajo difícil y sabiendo, por el ambiente normal de los tiempos en los que nos ha tocado vivir, que en muchos casos tienen que salir adelante con la elección de su maternidad a veces en solitario. Estamos hablando de un giro de nuestra conciencia, estamos hablando de un cambio de comportamiento y no solamente de la aplicación de la ley en relación con el principio constitucional de igualdad de trato ante nuestras propias leyes.


Por todo ello, mi grupo quiere mostrar su agradecimiento, en primer lugar, a la señora Férnandez Davila, por la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a través de la señora diputada, para presentar un texto conjunto; a Convergència i Unió, porque la señora Pigem, como sabemos todos en la Comisión de Igualdad, mejora mucho con sus enmiendas el texto que habíamos iniciado; al señor Tardà, porque nos obliga a incidir un poco más en las exigencias que tenemos en este texto; al señor Agirretxea, por su oportuna enmienda de supresión, que así ha sido entendida; al Grupo Parlamentario Popular, a la señora Álvarez, porque finalmente hemos conseguido también ajustar un texto en el que obligamos en la negociación colectiva a la corresponsabilidad de las tareas personales y laborales de los hombres y las mujeres; y finalmente también agradecemos la comprensión del señor Salvador para apoyar este texto, comprendiendo, como comprendo, la enmienda que proponía, particular y focalizada en un asunto muy concreto que seguramente será objeto de tratamiento en otro momento y no en el texto ni en el debate que hoy presentamos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Calvo.


También como proponente tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, alcanzar el objetivo de la igualdad de género en la actividad laboral ha sido desde el inicio de los años ochenta una constante lucha del movimiento feminista y en particular frente de batalla de las mujeres sindicalistas, que lograron introducir en las centrales sindicales la variante de género entre las reivindicaciones laborales y también protagonizaron la denuncia de muchos casos de discriminación ante los tribunales. Cabe mencionar sentencias de distintas magistraturas de trabajo, como la de Vigo, de Cordelerías Mar -que menciono por ser de una importancia trascendental en mi experiencia de defensora de los derechos de las mujeres-, que es una sentencia que reconoce la existencia de discriminación por razón de género en las categorías profesionales puesto que mantenían la diferencia por sexo y en esa distinción justificaban la diferencia salarial. Esta sentencia, señorías, fue de las primeras de la década de los ochenta que va en esta dirección. También en esta década que acabo de comentar, y sobre todo en los primeros años, en relación con la discriminación y desigualdades entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, abunda la doctrina del Tribunal Constitucional. Resulta de gran importancia la sentencia 145/1991 del Tribunal Constitucional, en la que queda total y absolutamente clara la discriminación por la definición sexista de las categorías profesionales, dejando claro asimismo que el principio constitucional de no discriminación en materia salarial incluye no solo la máxima de a igual trabajo igual salario, sino también a igual salario por trabajo equivalente o de igual valor, según la naturaleza y condiciones de la prestación y al margen de las categorías profesionales en que se incluyan. A pesar de la abundante jurisprudencia que sobre esta cuestión existe en el ordenamiento jurídico español así como en el de la Unión Europea, y a pesar de que a través de la negociación colectiva se han dado pasos importantes en esta materia, sigue existiendo discriminación laboral por razón de género y las mujeres continúan -continuamos- padeciendo discriminación laboral y sobre todo salarial. La diferencia salarial entre hombres y mujeres es un hecho irrefutable; datos del INI y estudios de diferentes centrales sindicales así lo atestiguan. La ganancia media por hora trabajada continúa siendo un 30 por ciento menos que la de los hombres. Se dan diferentes factores que condicionan el acceso de las mujeres al mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres y que les perjudica a la hora de obtener la misma retribución salarial que sus compañeros trabajadores: factores que a priori podríamos definir de estructurales y que suponen una evidente discriminación salarial, y factores a posteriori que significan una discriminación laboral. Entre los factores a priori -y nos basamos, señorías, en estudios de centrales sindicales que están perfectamente contrastados- podríamos incluir la edad -el salario aumenta con la edad; las mujeres tienen una presencia relativa entre los trabajadores jóvenes, que son los que cuentan con los salarios más bajos-; el nivel educativo; el tipo de contrato -duración indefinida o duración determinada-; el tipo de jornada laboral; la ocupación- un mayor porcentaje de asalariadas se concentra en aquellas ocupaciones en que la ganancia es inferior-. Entre los factores a posteriori resultan significativos los que se enumeran a continuación: desigualdad en la valoración de los trabajos equivalentes que realizan los hombres y las mujeres

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-la desvalorización del trabajo realizado por las mujeres es una realidad incontestable-; sistemas de retribución arbitrarios y sistemas de promoción arbitrarios; definición sexista de categorías profesionales. Si bien, señorías, es necesario superar los problemas a priori que inciden en la discriminación de las mujeres en el ámbito sociolaboral, es en aquellos factores que denominamos a posteriori en los que es preciso centrar esta proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego porque significa un modo de discriminación intolerable, incluso a veces invisible, y que debe quedar erradicado en el plazo más corto posible de tiempo. A pesar de lo que se dice en la sentencia del Tribunal Constitucional a la que hemos hecho alusión, la 145/1991, en relación con la valorización del trabajo y la definición sexista de las categorías profesionales, a pesar de lo recogido en la Ley orgánica 3/2007, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y a pesar asimismo de que a través de la negociación colectiva se ha mejorado mucho en la desaparición de la discriminación en las categorías profesionales, continúan existiendo convenios de empresas y sectores que mantienen esta discriminación. Sirva de ejemplo el caso del convenio estatal de la conserva de pescados de salazón.


Hemos hecho referencia a aquellas cuestiones que desde nuestro punto de vista son positivas y que se han alcanzado y mejorado a través del tiempo, porque eso también significa que es posible mejorar aquello que queda pendiente de igual manera que lo hicimos en lo anterior. Llama la atención, señorías, que a pesar de su gravedad la discriminación salarial de las mujeres nunca haya sido objeto ni siquiera de debate en los procesos de diálogo y concertación social entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Por eso, en nuestra proposición no de ley hacemos especial hincapié en la necesidad de que la discriminación salarial y laboral de las mujeres sea motivo de debate en el diálogo social y en cualquier acuerdo de concertación social y laboral. En ese sentido, queremos comprometer al Gobierno para, a través de él, comprometer también a las otras instancias, independientemente de que sabemos que, por ejemplo, las centrales sindicales están trabajando en esa dirección, pero a pesar de eso nunca se ha incorporado en el orden del día de los debates del diálogo social. Por eso saludamos muy positivamente el acuerdo al que hemos llegado esta tarde entre todos los grupos parlamentarios. Todos han presentado alguna enmienda a las proposiciones no de ley que presentamos el BNG y el Grupo Socialista.
Pensamos que el texto al que hemos llegado de manera transaccionada con todos ellos puede ser un paso hacia delante, de manera que después de que este tema ya ha sido tratado en Comisión hace aproximadamente un año y que en ese momento también se instó al Gobierno a trabajar para que se tratara en el diálogo social; que ya denunciamos también desde esta tribuna hace unos pocos meses, cuando el Gobierno daba cuenta de algunos de los acuerdos alcanzados en el diálogo social, que no estaba presente la cuestión de la discriminación salarial de las mujeres, esperamos que después de este acuerdo alcanzado esta cuestión sea definitivamente motivo no solamente de debate sino que sea fundamental para llegar a acuerdos entre las diferentes partes que concurren en ese diálogo social.
El acuerdo al que hemos llegado hoy con todos los grupos lo hacemos con esa idea, pero así como hasta ahora hemos defendido la necesidad de eliminar toda discriminación salarial y laboral de las mujeres, vamos a seguir trabajando hasta que definitivamente quede erradicada. Sabemos que no es fácil, sabemos que es así, que no es fácil, por lo mucho que se ha trabajado hasta ahora, pero también sabemos que no es imposible y por eso continuaremos en esta labor.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Joseba Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo muy brevemente para hacer constar nuestro apoyo a esta iniciativa. Llegamos a este punto porque teníamos dos proposiciones que se han convertido en un único texto, como no podía ser de otra manera -y además nos alegramos de ello-, que es el que vamos a debatir y votar y es el único texto conjunto. Mi grupo enmendó para que se eliminara un punto, como ha dicho antes la proponente, y estamos contentos de que haya ocurrido eso precisamente, porque considerábamos que sobraba y no beneficiaba en absoluto al texto. Para ir al hilo de la cuestión, creo que son importantes cuestiones como estas, en primer lugar, porque nuestra función debe basarse en tres apartados. El primero es, denunciar; tenemos que denunciar el hecho de que exista discriminación por motivo de género en las relaciones laborales, en las contrataciones, en los puestos de trabajo, en la empresa, en el mercado de trabajo, por lo que nuestra primera función ha de ser la de denunciar. En segundo lugar, debemos debatir. Tenemos que debatir cuáles son las medidas que hay que tomar y cuáles son los mecanismos para evitar e impedir que esto vuelva a suceder o que suceda, generando una arquitectura legal que se preste a ello y que permita que no se vuelvan a dar esta serie de cuestiones. En tercer lugar hay que hacer cumplir lo que ya está acordado, aprobado y consensuado, porque podemos denunciar y podemos generar una arquitectura legal, pero si no la hacemos cumplir, de poco vale. Hoy nos viene una proposición que, por muy loable y muy interesante que sea, y a veces seguramente sea necesaria, no deja de ser una reiteración de algo que es obligación del Gobierno en algunas cuestiones. Porque la ley lo dice y hay que hacer cumplir la ley, y a veces, desgraciadamente, tenemos que traer cuestiones que lo que pretenden es precisamente eso: que se cumpla la ley. Hoy parece que soy el más legalista de todos, porque es la segunda vez que subo a esta tribuna pidiendo que se

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cumpla la ley. En el fondo estamos pidiendo al Gobierno que de alguna manera eso se cumpla. Este es un tema de todos, no es una cuestión que afecte solamente a los ejecutivos o a las mujeres. Siempre he dicho que la igualdad es sobre todo una cuestión de hombres, porque la responsabilidad a la cual han llegado ha hecho que en sus manos haya estado que esas dinámicas discriminatorias se rompan. Hay cuestiones que no por no ser ilegales son correctas. Creo que ya hemos superado la fase de la legalidad y la ilegalidad y tenemos que llegar a la fase de la corrección, que es lo que se pide en una sociedad democrática y occidental del siglo XXI. Vayamos, pues, a dar un paso más en pos de la igualdad, porque la igualdad tampoco puede ser una isla, es decir, no puede ser que ciertos ámbitos tengan todos los conceptos, tanto legales como políticos, correctos en los que la igualdad se ajuste a la medida, pero que sea solamente una especie de oasis alrededor del cual la desigualdad y la discriminación campe a sus anchas. Y no estoy hablando solamente de los ámbitos públicos, porque sobre todo en los ámbitos privados es donde hay que hacer hincapié.


Por supuesto que votaremos a favor del texto transado, porque además es interesante que se lleguen a ciertos acuerdos en esta materia, ya que si no poco vamos a hacer. Hay un apartado que nos interesa y creemos que es importante que se haya incidido en él, que es el segundo apartado del tercer punto, porque considero que las comunidades autónomas ya son mayores o deberían serlo -algunas sí lo son- y tienen autonomía en materia de igualdad. Algunas incluso tienen leyes de las más avanzadas en esta sociedad en materia de igualdad que contemplan la raíz de la cuestión y que atajan lo que en la mayoría de los casos genera la desigualdad. Los poderes públicos tienen muchas obligaciones, pero los privados también tienen una serie de obligaciones morales, sociales que deben cumplir para que esto no se dé. Es una pena que se tengan que reiterar cuestiones que mi grupo considera que ya se deben dar por hecho sin necesidad de traerlas una y otra vez, a veces porque hay que decirle al Gobierno que hay que cumplir o que tiene que hacer cumplir la ley, y otras veces porque hay que pedirle a la sociedad que sea consciente de ello.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


En más de una ocasión hemos coincidido en que inmigrantes, personas mayores, jóvenes, personas discapacitadas y mujeres son las víctimas de la crisis económica. Sobre esos colectivos pesa la agudización de la situación económica crítica que atravesamos. Por esta razón no debe perderse el enfoque de género en las mesas del diálogo social. No se puede permitir que la crisis erosione los logros que en materia de igualdad se han alcanzado -que se han alcanzado algunos- y el Gobierno debe garantizar que no se va a dar ni un solo paso atrás. No es solamente una cuestión de agentes sociales; también es una cuestión de responsabilidad de gobierno y por eso con nuestra enmienda -que la diputada socialista ha anunciado que aceptaban- pretendíamos que no solamente se incluyera una invitación a la responsabilidad de los agentes, sino también una exigencia al Gobierno para que todos a una podamos avanzar en una situación de crisis que repercute en los colectivos más vulnerables, como es evidente que lo es todo aquello que compete al mundo laboral relacionado con las mujeres. De hecho, estamos hablando hoy día de un diferencial del 30 por ciento; no es broma, a pesar de todos los avances todavía estamos hablando de un porcentaje de un 30 por ciento de diferencial entre salarios por trabajos masculinizados y trabajos feminizados. Aquí también habría que hablar -aunque no hay tiempo- de esta trampa que a veces desde el empresariado ha hecho, incluso pervirtiendo un poco las leyes. Es cierto que hemos alcanzado mayores logros y avances desde la legislación, pero hay algunos puntos negros que competen a la interpretación por parte del empresario y a veces aquí no se han hecho los deberes, aun cuando se ha avanzado. El mismo Estatuto de los Trabajadores en el artículo 28 y en el 22.4 prohíbe la discriminación y hay sentencias al respecto, algunas de ellas muy famosas. No digo el nombre de la marca, pero ustedes recordarán una sentencia muy famosa que tenía que ver con una empresa de perfumes y colonias que hacía lo que luego quedó claro que era un verdadero fraude de ley. Por eso, hemos introducido en nuestra enmienda algunas otras variables junto a la acertada iniciativa parlamentaria de los nacionalistas gallegos Entendemos que es importante que donde no llega la legislación y donde no llega incluso la jurisprudencia, tiene que llegar la fiscalización de la Administración. Por eso, es importante crear un servicio especializado de inspecciones de trabajo destinadas a un seguimiento de las políticas de igualdad laboral y, en concreto, de los contratos laborales de las mujeres, que pueda actuar como órgano técnico y asesor para agentes sociales, Administración pública, empresarios y trabajadores, sin perjuicio de las otras funciones que puede tener encomendadas la Inspección de Trabajo, que son muchas y que muchas veces no alcanza a cubrir todos los objetivos. Ciertamente, por un lado, está todo aquello que compete a la inspección y, por otro, todo aquello que compete a la educación, a la pedagogía, incluso del mundo sindical, que a veces se ha dejado arrastrar por tendencias o culturas predominantes, hoy en día bastante superadas.


Para nuestro grupo parlamentario las dos enmiendas convergen; creo que han hecho un buen trabajo las dos compañeras, tanto la del Grupo Socialista como la del Bloque Nacionalista Galego. Nos han presentado una

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transaccional que, además, suma otras aportaciones. Es evidente que hay que felicitarse de todo ello porque, además, estamos convencidos de que en este ámbito puede más la voluntad política que todo aquello que está legislado o se ha convertido en ciencia a través de la jurisprudencia. En ese sentido, debo decirles que es muy importante la transparencia, puesto que existe un fenómeno de emulación. Ya que hablamos de la excelencia de las relaciones laborales, la responsabilidad de las empresas y la responsabilidad de los agentes sociales, es muy importante que se avance y se publiciten los avances, pues es evidente que el enfoque de género debería convertirse en un acicate para la rentabilidad de los productos de todo aquello que compete, por ejemplo, al mundo de la industria. Hay que superar situaciones tan vergonzosas como aquellas a las que he aludido anteriormente. Acuérdense de aquel sinsentido que al dar por hecho que un mozo de almacén tenía mucha fuerza y hacía un trabajo que convencionalmente estaba masculinizado respecto del trabajo preciso de una mujer que se dedicaba a envasar, el mozo de almacén cobraba más porque tenía más fuerza, y aquella mujer, que tenía un trabajo preciso de envasado de productos- repito, no voy a decir la marca de los perfumes- cobraba menos. Esto ya no puede ser, y creo que hacemos un buen trabajo superando este déficit.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para fijar nuestra posición respecto de las dos proposiciones no de ley que han presentado el Grupo Socialista y el Grupo Mixto. Señorías, este es un tema muy importante, pero es un tema que no podemos desligar del contexto de crisis económica en el que estamos inmersos. Es decir, que siendo un tema muy importante, lo es más que hay 2 millones de mujeres paradas y que hay 17 puntos de diferencia en la tasa de actividad entre hombres y mujeres. Realmente este tema tan importante, que es la realidad de una desigualdad salarial y una desigualdad en la incorporación al mercado de trabajo, quedaría en el vacío, señorías, si no intentáramos empezar la casa poniendo unos buenos cimientos, es decir, arreglando la crisis económica para que de verdad esa igualdad sea efectiva porque podamos crear puestos de trabajo y hacer que esos 2 millones de mujeres paradas puedan reincorporarse o incorporarse por primera vez a un puesto de trabajo. Porque, señorías, en el discurso de la señora Calvo -a quien agradezco que haya recogido el sentir de prácticamente todas las enmiendas que se han presentado porque el tema merecía la pena-, se le ha olvidado recordar que, insisto, para que esto sea una realidad, como toda esta Cámara pretende y hoy vamos a apoyar, necesitamos trabajar también en un giro importante en determinadas políticas que favorezcan el crecimiento económico y la creación de empleo. Ha dicho S.S. que todavía puede haber personas que tengan dudas sobre la desigualdad; yo creo que no. Creo no la hay porque el 71 por ciento de la sociedad ya está reconociendo que hay discriminación respecto de las mujeres y España es el primer país de la Unión Europea -también en esto estamos en el ranquin de lo negativo-, en la Unión Europea, insisto, en discriminación. La propia Comisión Europea está trabajando en este momento en estos dos pilares: crisis económica y trabajo a favor de la igualdad salarial respecto de las mujeres.


Señorías, la enmienda que han presentado estos dos grupos evidentemente mejora, y mucho, las iniciativas presentadas separadamente con anterioridad. Agradecemos, insisto, que se recoja prácticamente el sentir unánime, desde luego los tres pilares fundamentales que había para el Partido Popular. En primer lugar, la implicación de la Inspección de Trabajo, porque aquí, más que una desigualdad en los convenios -y no voy a entrar en ese debate porque sería tanto como reconocer que son inconstitucionales y el artículo 14 no lo permitiría-, lo que hay es una desigualdad real a la hora de aplicar, sobre todo en las empresas privadas, ese tipo de convenios. Ahí, quien tiene que actuar es la Inspección de Trabajo; y ahí, a través de las competencias que tienen las comunidades autónomas en el marco de la negociación que se hace siempre de los planes territoriales, es donde hay que impulsar que la Inspección de Trabajo controle e incremente lo que ya se está haciendo en materia de control de las discriminaciones salariales, y por tanto, entendemos que eso queda perfectamente recogido. También, desde luego, queda recogido el tema de que haya un informe a través de la enmienda que ha presentado Convergència i Unió, que nos parece muy pertinente, y de la nuestra propia y, por tanto, insistimos en dar las gracias. Por último, le agradezco especialmente a la señora Calvo que haya tenido la sensibilidad de encontrar un punto de encuentro en algo que para nosotros es muy importante, como es que se haya incluido por primera vez el que se empiece a hablar en el marco de la negociación colectiva y del diálogo social de la corresponsabilidad. Sin corresponsabilidad, señorías, es muy difícil conseguir un principio de derechos para las mujeres, de igualdad y de libertad, porque para conseguir la igualdad y la libertad hay que tener independencia económica -y coincido con su frase de que en aquello que es bueno podemos todos coincidir- y no hay independencia para la mujer si no hay una independencia económica, no hay igualdad y no hay libertad. Por tanto para alcanzar eso necesitamos forzosamente tener la corresponsabilidad y, señorías, no nos podemos permitir el lujo de perder el 50 por ciento del talento español y más que nada del mejor talento español.


Señorías, yo creo que hay que incluir todo esto en el diálogo social, en un diálogo social que desde el Grupo

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Parlamentario Popular esperamos que sea más fructífero que hasta ahora, pues hasta ahora ha sido inodoro, incoloro e insípido. Y esperamos que al final veamos la luz, puesto que el ministro Corbacho nos dijo que a final de abril iba a haber algún acuerdo, no ha habido nada, incluso se ha desconvocado para hoy... Unas veces se habla del modelo austríaco, otras se retira, el señor Campa dice que eso no vale. En fin, parece que esto del diálogo social es el manto de Penélope y ya sabemos para lo que estaba el manto de Penélope, teje y desteje para ganar tiempo. Queremos saber para qué quiere ganar tiempo el Gobierno, si es para distraernos a todos. En cualquier caso, quien está perdiendo con este ir y venir del diálogo social es sin duda el conjunto de la sociedad española. Termino, señorías, como empecé, desde luego dándole las gracias a la señora Calvo por su talante y por su capacidad de negociación, pero también diciendo, señorías, que es necesario un giro de 180 grados en materia de política económica, para que no se cumplan las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que dice que hasta 2016 no vamos a crecer al 2 por ciento y por tanto no vamos a empezar a crear empleo neto, porque el Partido Popular no se resigna a esa situación y porque si no este debate, en el que hoy coincidimos todos, lo estaremos dejando colgado en el vacío porque no seremos capaces de cumplirlo si no somos capaces de crear empleo.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Mercè Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, desde Convergència i Unió coincidimos con los grupos proponentes en que uno de los obstáculos más persistentes en la consecución del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres es sin duda ninguna la discriminación directa o indirecta en el acceso o la permanencia, la retribución y la promoción en el mercado laboral. La discriminación salarial afecta a todas las franjas profesionales y es tremendamente difícil de erradicar como lo demuestran los resultados de un estudio, publicado en la web del Instituto de la Mujer, que se llama La mujer en cifras, que refleja que en los últimos veinte años -nada más y nada menos que veinte años- esta situación, la de la retribución, la de la discriminación salarial, está estancada sin que se puedan constatar avances al respecto. Por ello, desde Convergència i Unió venimos apoyando cuantas iniciativas se hacen para dar un vuelco a esta situación y también vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera, las que estamos viendo hoy porque persiguen un objetivo común, en el que estamos todos comprometidos, que es avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres. Ello no obstante, hemos querido hacer alguna aportación al respecto que hemos traducido en enmiendas a las iniciativas que inicialmente se habían presentado.


Una primera aportación sería constatar que esta no es ni la primera ni la única vez que la Cámara se pronuncia a este respecto -se ha señalado ya aquí-, y es que en esta legislatura, sin ir más lejos en la Comisión de Igualdad, se ha tratado el tema en diversas ocasiones y se han aprobado medidas dirigidas al Gobierno que todavía no han sido implementadas. Por ello, mi grupo parlamentario entiende que es necesario reiterar hoy al Gobierno los mandatos en su día aprobados y a ello obedecen en parte las enmiendas que hemos presentado. Es cierto también que por primera vez la Ley de Igualdad regula y contempla instrumentos para poder hacer un diagnóstico de la situación y para, una vez identificadas las causas de la discriminación y su impacto para las empresas, abordar las soluciones de la manera más certera posible. Pero es también indudable que para que ello sea efectivo es necesario un urgente desarrollo reglamentario de la ley que dote de contenidos y metodología a los planes de igualdad y que determine la manera en que las empresas de menos de 250 trabajadores han de dar cumplimiento a la obligación de erradicar las discriminaciones en sus respectivas organizaciones. Necesidad de desarrollo reglamentario de la Ley de Igualdad sería, pues, la segunda consideración que queríamos apuntar. Es también importante comprender -y esta sería otra reflexión- que uno de los problemas fundamentales en el marco de la concertación social es la necesidad de que las personas que trabajan para sindicatos y patronales tengan formación adecuada y suficiente acerca del contenido del concepto legal de discriminación indirecta y puedan, por tanto, no solo detectarla sino también adoptar e implementar las medidas adecuadas para su efectiva erradicación. Por último, y puesto que la mayor parte de complementos salariales que provocan las discriminaciones son complementos variables indiciados a tiempos de trabajo efectivo, que en las razones para la escasa promoción laboral de las mujeres muchas veces hay una decisión empresarial temerosa ante determinadas opciones de vida de las personas trabajadoras, como la maternidad y los correspondientes permisos, o que no hay suficientes políticas activas ni de selección que atraigan a las mujeres hacia las profesiones mejor pagadas, debemos insistir una vez más en que en el origen de muchas de las causas de la discriminación salarial radica la conciliación de la vida familiar y laboral; radica que la conciliación de la vida familiar y laboral sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Por tanto, debemos seguir avanzando en la incentivación de un reparto equitativo de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres.


Finalmente, se nos propone una redacción transaccional de síntesis entre las dos propuestas en la que se incorporan también buena parte de las enmiendas presentadas. A la vista de la redacción, finalizo expresando la satisfacción de que se haya acogido una parte sustancial de

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las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario, reiterando el apoyo a dicha transacción y deseando que el alcance de lo que hoy aprobamos, que es una proposición no de ley, se traduzca en la letra concreta de lo que vamos a aprobar y que, más allá de esta letra, se traduzca en un mensaje unívoco y claro, tanto para el Gobierno como para los interlocutores sociales, de que la igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo o por un trabajo de valor equivalente es y ha de ser un objetivo primordial y urgente en la consecución de la igualdad y que a ello deben y debemos seguir aplicándonos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


Por favor, señora Calvo, para la tramitación ¿me podría decir exactamente qué enmiendas acepta S.S.?

La señora CALVO POYATO: Sí, señor presidente. Solamente estaríamos pendientes de si se retira la enmienda del diputado del Grupo Mixto de Unión del Pueblo Navarro. Todas las demás han sido asumidas en el texto que ahora llevaremos a la mesa, que es el texto definitivo de la votación.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. La señora Fernández Davila, ¿coincide con lo manifestado por la señora Calvo?

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Pues si son tan amables, hágannos llegar el texto definitivo que someteríamos a votación aceptando enmiendas, no por tanto texto transaccionado.


Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PRÓRROGA DE LAS AYUDAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN 2000E. (Número de expediente 162/000627.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA AL INCREMENTO DE LA DOTACIÓN ECONÓMICA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PLAN 2000E. (Número de expediente 162/000637.)

El señor PRESIDENTE: A continuación se van a debatir conjuntamente las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el Plan 2000E. En primer lugar, para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prórroga de ayudas contempladas en el Plan 2000E, tiene la palabra don Celso Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Gracias, señor presidente.


Señorías, defiendo en nombre del Grupo Parlamentario Popular la proposición no de ley que hace referencia a las ayudas directas para la adquisición de vehículos. De todos ustedes es conocida la importancia que tiene el sector de la automoción en nuestro país, bien sea por las empresas fabricantes de vehículos, las distribuidoras o la industria auxiliar del automóvil de componentes. En España hablamos de 350.000 empleos directos e indirectos que están viéndose seriamente amenazados por la crisis, una crisis que no es de ahora, que ya se evidenció en el año 2008. Aquí, en esta misma Cámara, nosotros defendíamos en mayo de 2008 el establecimiento de un nuevo Plan Prever. Aquellas iniciativas nuestras fueron rechazadas y concluyó el año 2008 con un descenso de matriculaciones pavoroso de 450.000 unidades. Los representantes del Gobierno socialista no tuvieron cintura en aquel momento para arbitrar partidas presupuestarias de estimulación al sector. Era abril de 2009 y preguntábamos en esta Cámara al ministro Sebastián sobre si iba a establecer ayudas, al igual que lo hacían Alemania o Francia, para estimular las ventas del automóvil, y la respuesta que encontramos fue que no era necesario y que si querían lo hicieran las comunidades autónomas. Lo cierto es que hasta mayo de 2009 el mercado español acumulaba un retroceso del 42,7 por ciento y se evidenciaba el fracaso del Plan VIVE. Por tanto, se puso de manifiesto una negación de la crisis y una soberbia por parte del Gobierno socialista en atender las peticiones del sector. Tuvimos que esperar al debate sobre el estado de la Nación del 12 de mayo de 2009 para el anuncio propagandístico del presidente Zapatero en el que nos hablaba de una ayuda de 2.000 euros, eso sí, poniendo 1.000 euros los concesionarios, a través de las ayudas de los fabricantes, 500 euros las comunidades autónomas y tan solo la cuarta parte el Gobierno. Pero, en definitiva, aunque consideramos estas ayudas insuficientes y tardías las apoyamos, porque era necesario evitar lo que se estaba produciendo, que era mucho empleo perdido y muchos coches sin vender.


El Plan 2000E ha tenido luces y sombras. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que era rentable implantar ayudas directas al automóvil y que sería positivo desde el punto de vista del empleo, y lo ha sido, porque se han mantenido entre 5.000 y 10.000 empleos y, por eso, se han ahorrado prestaciones por desempleo de unos 100 millones de euros. Ha sido rentable también desde el punto de vista de incentivación de la demanda, porque tenemos un incremento de las ventas de automóviles solo en este primer trimestre 2010 de un 44,5 por ciento y 145.000 operaciones acogidas. También ha sido rentable desde el punto de vista fiscal, porque se ingresaron muchos millones de euros por el impuesto de

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matriculación y también por los impuestos de sociedades y, sobre todo, por no tener que pagar prestaciones por desempleo o por otro tipo de cargas fiscales. Por tanto, el superávit del Estado es indiscutible. ¿Cuáles han sido las sombras? Indudablemente, la mala gestión del Plan 2000E, en cuanto que solo ha sido posible gracias al apoyo financiero de los concesionarios de automóviles, que adelantaron a los compradores el importe íntegro de sus ayudas. Pero lo cierto es que, como ya denunciamos hace poco en esta misma Cámara, todavía no se ha producido el reembolso de las ayudas relativas y adelantadas por los concesionarios por la deficiente gestión que está haciendo la Fundación Fitsa, la elegida por el Ministerio de Fomento, que tenía que haber abierto una aplicación informática el primero de enero y no lo hizo hasta el 25 de marzo. Por tanto, tenemos una enorme preocupación y exigimos al Gobierno el reembolso íntegro de las ayudas de las subvenciones adelantadas por los concesionarios, porque lo que no puede ser es que queden fueran del plan empresarios que han ayudado a que este plan saliera adelante y que solo por la inoperancia del Gobierno socialista se les esté perjudicando.


Es imprescindible también destacar aquí que ha habido una pésima publicidad institucional del Plan 2000E en orden a trasladar a los ciudadanos que estas ayudas tributan desde el punto de vista fiscal.
Señorías, las ayudas del Plan 2000E, tanto las que se pagan desde la comunidad autónoma como desde el Estado, están sujetas a tributación en el IRPF como ganancia patrimonial y tributarán en la renta general en una escala entre el 24 y el 43 por ciento, lo cual supone pagar una media de 240-250 euros al fisco. Esto no era conocido por la inmensa mayoría de las personas que acudieron a este plan, que se han visto sorprendidas ahora cuando se ha producido su declaración de la renta. Señorías, el Plan 2000E genera unos volúmenes de ingresos que hacen innecesaria esta tributación, por eso nosotros estamos estudiando ya en este momento una proposición no de ley para que todas las ayudas y subvenciones públicas estén exentas del impuesto sobre la renta y no solo una parte de ellas, como sucede en la actualidad, o al menos que se informe a todos los ciudadanos de lo contrario y así evitaríamos sorpresas desagradables. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Señorías, pedimos claramente hoy aquí en esta Cámara una prórroga del Plan 2000E. Primero, porque el presupuesto se está agotando. Todo indica que en el próximo mes de mayo concluirá su presupuesto y, desde luego, hay muchas más oportunidades de financiar operaciones en este país. En segundo lugar, porque ya se aprecia un debilitamiento de las ventas. Los primeros datos de estas tres primeras semanas de abril ya evidencian una ralentización de las ventas, lo cual está generando una enorme preocupación en el sector, porque, además, el primero de julio en este país se va a producir una subida del IVA que va a representar en cualquier compra de coches un 2 por ciento, con lo cual se va a producir un fuerte encarecimiento del precio que dificultará. Señorías, también es importante que prosiga el PlanE porque España tiene un parque automovilístico con una antigüedad de más de quince años, solo superada en Europa por Grecia, y esto tiene una incidencia en la contaminación y en la seguridad vial. Señorías, es necesario incentivar la demanda mediante el establecimiento de una prórroga del Plan 2000E. Nosotros la ciframos. Cuando decimos en nuestra proposición no de ley hasta el 2011 estamos pensando a comienzos de 2011, pero entendemos que mantenerla en todo caso durante este año 2010 solo traería para el sector beneficios, para el empleo la posibilidad de que se sigan manteniendo muchos puestos de trabajo y para la rentabilidad de las arcas fiscales del Estado todo van a ser beneficios. No hay más que ver los resultados y el balance fiscal de estas ayudas. Producen un retorno muy positivo a las arcas públicas y no producen ningún perjuicio. Por eso, señorías, les pido que respalden esta proposición no de ley, al igual que la que va a defender a continuación mi compañero de Cámara, señor Sánchez i Llibre.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Delgado.


Efectivamente, como esta proposición no de ley, relativa al incremento de la dotación económica del régimen de ayudas para la adquisición de vehículos Plan 2000E, se debate acumuladamente con la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra en nombre de su grupo el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, efectivamente nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una proposición no de ley relativa al incremento de la dotación económica del régimen de ayudas para la adquisición de vehículos del Plan 2000E. Básicamente pedimos una prórroga del Plan 2000E, previsto en el año 2009, que ya se efectuó y que tuvo unos resultados muy positivos para el sector del automóvil. Coincide con el planteamiento de la exposición de motivos que ha propuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Celso Delgado; va en la misma dirección. Cuando hubo tentativas de llegar a pactos de Estado, que posteriormente desembocaron en unos acuerdos económicos denominados los acuerdos económicos de Zurbano, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ya hizo los planteamientos oportunos e indicó en esta Cámara que en esos acuerdos económicos, que considerábamos positivos e interesantes para dotar de confianza al sector y a la economía productiva española, faltaban dos aspectos básicos. Uno de ellos era posponer el incremento del IVA para el sector turístico y aplazarlo tres meses, hasta el 1 de octubre del año 2010. El otro aspecto relevante y muy significativo para nuestro grupo parlamentario era convencer al Gobierno -cosa que fue totalmente imposible- de incorporar estos acuerdos

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económicos de Zurbano en el real decreto-ley. Tanto es así que hace aproximadamente quince días, aprovechando la sesión de control parlamentario, el portavoz de nuestro grupo parlamentario, el señor Duran i Lleida, hizo una pregunta al Gobierno en la que básicamente recogía las sensibilidades del sector del automóvil, tanto de los fabricantes como de los concesionarios y de los vendedores, para intentar convencer y sensibilizar al presidente del Gobierno de que era totalmente necesaria una prórroga de este Plan 2000E. La contestación del presidente del Gobierno fue la siguiente: He tomado nota de su petición -estaban allí los tres ministros que forman parte de la comisión- y seguro que en el proceso de diálogo tendrá usted una respuesta adecuada. Tomamos nota de su petición, aunque sabe cuál es la posición del Gobierno, que las ayudas han de tener un carácter extraordinario. Estoy seguro de que el llamado tridente verá una respuesta adecuada en el proceso de diálogo que tenemos abierto en Zurbano. Hemos intentado por todos los medios conseguir un apoyo, una contestación positiva del famoso tridente, básicamente del ministro de Industria, señor Sebastián, y de la vicepresidenta económica del Gobierno. Es posible que aquí existan posiciones diferentes pero realmente quien tiene la última palabra en todos los gobiernos es siempre el ministro de Economía y Hacienda. La contestación que hemos podido obtener del Ministerio de Economía y Hacienda es que en Europa -siempre ponen ese ejemplo- ya se han dejado de dar las ayudas orientadas al incremento del consumo. Lo que no dicen a continuación los señores del Gobierno -ustedes lo tendrían que saber- es que afortunadamente en Europa todas las decisiones importantes para resolver la situación crítica de las crisis económicas de los diferentes países europeos se empezaron a tomar muchísimo antes de lo que las tomó el Gobierno español.


Todas SS.SS. recordarán perfectamente que una serie de iniciativas que planteamos tanto Convergència i Unió como el Grupo Parlamentario Popular, orientadas básicamente a implementar en España en el mes de febrero o marzo del año pasado las ayudas al Plan Renove, no fueron aprobadas por la mayoría de grupos parlamentarios pero al final la economía española, en este caso el Ministerio de Industria, no tuvo otro remedio que ir a remolque de lo que habían hecho países tan importantes como Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera. Ahora nos vamos a encontrar con la misma situación. Hoy probablemente el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno habrá convencido a una serie de grupos parlamentarios para que voten en contra de una iniciativa que, en definitiva, dentro de tres o cuatro meses vamos a tener que volver a votarla, o el Gobierno se va a ver obligado forzosamente a tomar una decisión como la que adoptó el año pasado con tres o cuatro meses de antelación, con un grave perjuicio -diría yo- para la industria automovilística española. Por lo tanto, señoras y señores diputados, estamos ante una situación importante, relevante, en la que el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno no va a votar positivamente. Aunque perdiera todas las mociones, todas SS.SS. saben que nosotros hemos dicho siempre que en el reino de los cielos hay cantidad de mociones aprobadas, tanto de un signo como de otro, que no son de obligado cumplimiento para los grupos parlamentarios que dan soporte a los diferentes gobiernos. Estamos ante una situación en la cual probablemente no va a resultar positiva esta iniciativa presentada por Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular pero es posible -ojalá me equivoque- que si dentro de tres o cuatro meses, aprovechando la coyuntura negativa del incremento del IVA, hay un descenso significativo de las ventas a los consumidores en general en los diferentes concesionarios de automóviles, el Gobierno se va a ver obligado a buscar todos aquellos recursos que hoy dice que no tiene; tendrá que intentar recomponer desde cualquier epígrafe las diferentes partidas presupuestarias en las cuales están configurados los Presupuestos Generales del Estado español para intentar resolver una situación que hoy podríamos solucionar con consenso, dando una señal de confianza interesante a los agentes económicos y sociales. Sin embargo, una vez más, en vez de dar signos positivos de confianza, volvemos a decir que no es el momento, que no es oportuno generar recursos, pero dentro de tres o cuatro meses todo el debate de hoy seguramente va a darnos la razón a aquellos grupos que confiamos en una serie de iniciativas que han dado un resultado muy positivo para la industria automovilística española.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Como a estas proposiciones no de ley no se han presentado enmiendas, pasamos por tanto al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, queremos dejar claro que desde nuestro grupo hemos estado siempre de acuerdo con medidas de impulso a la demanda en este sector. Quiero recordar que el Govern de la Generalitat desde finales del año 2008 ha sido partidario -lo ha dicho- de poner en marcha medidas de impulso a la demanda. El conseller hizo pública la intención el día 8 de enero del año 2009 en el documento titulado Propuesta de medidas inmediatas de rescate del sector de la automoción en el marco del plan integral del sector de la automoción. Pese a que inicialmente el Gobierno del Estado no contempló esos incentivos a la demanda, el Consejo de Ministros del día 22 de mayo aprobó el Plan 2000E, al cual se adhirió el Govern de la Generalitat, que además añadió un plan propio, el denominado Autocat, con el incentivo

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de compra de una gama más amplia de vehículos. Los resultados fueron satisfactorios, por ello, visto que el sector no había salido de la crisis y que los fondos se estaban agotando, desde el Govern de la Generalitat se solicitó que estas ayudas se ampliasen. En el mes de octubre de 2009 el Gobierno anunció que se ampliarían las ayudas hasta finales de año y a lo largo de 2010; lógicamente también el Govern de la Generalitat se adhirió a la medida. Queremos recordar, igual que lo hemos hecho con la historia de estas medidas, que desde el Govern de la Generalitat siempre se ha dicho que eran necesarias solo coyunturalmente.
De todas formas, como digo, se ha insistido en que estas medidas deberían ser limitadas en el tiempo. En el último año Cataluña habrá incentivado a través del Plan 2000E y del Autocat casi 40 millones de euros y el Estado español unos 200 millones de euros. Los resultados están a la vista en las estadísticas de venta de coches de los últimos meses. Somos conscientes de que asociaciones del sector están a favor de prorrogar las ayudas de apoyo a la demanda hasta finales del año 2010. Argumentan que los 100 millones de euros para el conjunto del Estado y los 12 para Cataluña han resultado insuficientes, entre otras cosas porque 72 horas después de poner en marcha el operativo del Plan 2000E se presentaron la mayoría de las peticiones, en Cataluña el 70 por ciento. Además, el prorrateo impidió que muchos concesionarios pudieran validar operaciones ya reservadas. Se dice que los concesionarios podrían dejar de cobrar 2,5 millones de euros. Atendiendo a esta última circunstancia podríamos entender una ampliación para aquellas operaciones que hubieran sido reservadas hasta el día 1 de abril. También podríamos estar en parte de acuerdo en prorrogar ayudas hasta final de año, pese a considerar que los objetivos básicos previstos ya se han conseguido (reducción de stocks, recuperación de la actividad industrial y renovación del parque automovilístico). Se ha incidido favorablemente en las cifras de empleo, eso sí, insistimos, con una intensidad que debería ser menor por parte de las administraciones públicas. En resumen, estamos de acuerdo con la filosofía que impregna las medidas del Plan 2000E, pero entendemos que deben ser coyunturales y limitadas en el tiempo, por ello no acabamos de ver la necesidad de lo que se propone en las dos proposiciones no de ley que hoy debatimos. Insistimos, no estamos en contra de los estímulos fiscales en la demanda, pero quizá ahora sería el momento de apostar también por otros sectores productivos que generen más valor añadido. Por tanto, estando de acuerdo con el fondo de la cuestión, pensamos que es hora de cambiar el rumbo, por eso no daremos nuestro voto favorable a estas proposiciones.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.


Simplemente quería intervenir para fijar nuestra posición en relación con la iniciativa del Grupo Popular y de Convergència i Unió que se ha debatido conjuntamente y decir que vamos a votar favorablemente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A continuación, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Como ya he repetido en más de una ocasión desde esta misma tribuna, el sector de la automoción es clave para la economía española en términos de producto interior bruto, de empleo, de productividad, de tejido industrial asociado y de contribución a la balanza comercial. Por eso precisamente el Gobierno socialista desde el primer momento en el año 2008 se puso a trabajar y lo ha dotado con una importante cantidad de dinero del presupuesto público para mantener el tejido productivo y también la competitividad de las empresas españolas del sector. El resultado ha sido positivo: se ha incrementado la producción, se van a fabricar nuevos modelos de vehículos en plantas como la de Renault, Seat y Nissan, y además en el año 2010 se continúa apostando por el sector de la automoción, de tal manera que se abre una línea de avales por importe de 1.000 millones de euros precisamente para fomentar la inversión en el sector y también en términos de empleo; eso por el lado de la oferta.


Por el lado de la demanda, desde el primer momento fue este el primer país de la Unión Europea que puso en marcha ciertas medidas, con el Plan VIVE en el año 2008 y en 2009 y 2010 con el Plan 2000E, y recuerdo a todos SS.SS. que está vigente. El Plan 2000E empezó a cumplir sus objetivos en el año 2009, de tal manera que a partir de septiembre se logró revertir la tendencia decreciente de las matriculaciones. De igual manera en el año 2010 los datos son muy favorables hasta el punto de que en los tres primeros meses se ha incrementado la matriculación en un 45 por ciento y en el mes de marzo ha sido en el que en términos interanuales se ha producido un mayor avance; desde el año 1987 concretamente ha aumentado un 64,3 por ciento. Pero SS.SS. también deberían conocer que la venta de vehículos de carga, por tanto industriales, que no tienen ayudas del Plan 2000E, también se ha incrementado durante el mes de marzo en un 15 por ciento. Les invito a hacer una reflexión que me parece muy interesante.
Si nos remitimos a los datos del INE, podemos comprobar cómo la caída de las matriculaciones en el año 2009 respecto a 2008 fue del 17,9 por ciento, sin embargo la caída de la producción fue del 6,7 por ciento, es decir cayó menos la producción que las matriculaciones, y eso se debe fundamentalmente a que la industria del automóvil en España tiene una cierta tendencia exportadora, de tal manera que entre

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el 80 y el 90 por ciento de los vehículos que se fabrican en España se exportan. Les recuerdo que solo uno de cinco vehículos que se consumen en España se fabrica en territorio nacional o, dicho de otra manera, cuatro de cada cinco vehículos que se consumen en España se importan. Señorías, cuando está vigente el Plan 2000E -algo que no he oído a ninguno de los proponentes de la moción, ni a CiU ni al Grupo Popular- y las ventas están funcionando bien no es el momento propicio para la propuesta que ustedes hacen, porque además podría confundir no solo a los ciudadanos sino al propio mercado. Lo lógico sería -esto es importante y es algo que tampoco ha dicho algún portavoz, pero que hemos hablado entre nosotros- que el Gobierno, a la vista de la evolución del mercado, tomase la decisión correspondiente, la de prorrogar, no prorrogar y, en cualquier caso, mencionar en qué términos. Sería lo lógico una vez que el Plan 2000E, como digo, todavía está vigente.


Por otro lado, señores del Grupo Popular, ustedes se pavonean todos los días diciendo que están a favor de reducir el déficit público, pero semana tras semana desde esta tribuna nos proponen aumentar el gasto público en un ejercicio de irresponsabilidad y de demagogia política. Una cosa y la otra son incompatibles, sobre todo cuando ustedes proponen incluso que bajemos la recaudación. Hoy incluso usted mismo decía que están preparando una proposición no de ley, una propuesta, para suprimir del IRPF las ayudas públicas. Solamente les falta poner en saldo a Hacienda. Ustedes son unos irresponsables. Cuando dicen que quieren que se reduzca el gasto público y al mismo tiempo que se reduzca el déficit público, ¿sabe lo que nos están diciendo? Nos están diciendo que ustedes lo que harían es lo mismo que han hecho cuando han gobernado, reducir el gasto social, pero eso no lo vamos a hacer.


Por último -ya termino, presidenta- hace unos meses le dije al Partido Popular que lo que tenían que hacer era proponer a la presidenta de la Comunidad de Madrid que aplique el Plan 2000E en su comunidad. Hoy ya no se lo voy a repetir porque todo el mundo sabe que, aparte de esa incoherencia de proponer aquí lo que no hacen en la Comunidad de Madrid, eso supone otra cosa más grave, y es que el señor Rajoy no tiene liderazgo ni autoridad en su partido, sobre todo con la señora Esperanza Aguirre.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alique.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA COMÚN DE PESCA. (Número de expediente 173/000134.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto III del orden del día: Mociones consecuencias de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las propuestas del Gobierno en relación con las modificaciones de la política común de pesca. Para defender la moción, en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, subimos a esta tribuna para defender la moción que presentamos en la tarde de hoy, consecuencia de la interpelación que hicimos a la ministra de Medio Marino la semana pasada relativa a la política común de pesca, con la reforma de la política común de pesca que está en proceso en este momento. En la interpelación, señorías, hacíamos una valoración de muchas de las reflexiones que se recogen en el libro verde, al mismo tiempo que abordábamos aquellas cuestiones que el sector pesquero está planteando de manera genérica en todo el Estado español. Incidimos -no podía ser de otra manera como Grupo Nacionalista Galego que somos- en la realidad que el sector pesquero representa en Galicia tanto por la vinculación económica como por el PIB. Hablábamos del 10 por ciento, un 25 por ciento más de lo que supone la cuestión pesquera en la Unión Europea. Hay un dato nuevo que no dimos el otro día -dábamos muchos- de que representa el 11 por ciento de los puestos de trabajo, de la población ocupada en las diferentes actividades que se generan a partir de la pesca.


Señorías, la moción que presentamos incluye 15 puntos. Todos ellos son fundamentales para que el Gobierno los tenga en cuenta a la hora de defenderlos ante las instancias comunitarias, de manera que el acuerdo que se alcance en esta reforma de la política de pesca común sea aquella que necesita un sector -no solo el de pesca gallego sino del Estado español- que permita la sostenibilidad y la viabilidad del sector en el futuro. Por eso nos parece importante que se garantice la gestión diferenciada entre la pesca artesanal y la pesca de altura, porque en este momento se están dando grandes disfunciones en esa gestión -sobre todo en la cuestión artesanal- en la medida en que desde la Unión Europea se hace una política que demuestra el desconocimiento que se tiene de la pesquería de litoral, de ahí la irracionalidad de las directrices que emanan de la Unión. Hay otra cuestión en relación con lo que acabamos de decir que nos parece importante. Esa reforma de política común que se haga en la Unión Europea ha de tener en cuenta políticas completamente distintas a las que se hicieron en los últimos años, ya que orientaban a la reducción de la flota vía desguace de embarcaciones. Nosotros entendemos que ni Galicia ni las flotas pesqueras del Estado español pueden continuar por ese camino, porque desde que la política común de pesca está en vigor la flota gallega, cuando menos, está reducida

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en casi un 50 por ciento y desde luego no puede ser así. Decía antes que, inevitablemente cuando hablamos de la pesca gallega, desde el BNG tenemos que hacer un sesgo a la realidad de Galicia por esos datos que dábamos en el momento de la interpelación -que no vamos a repetir-, porque la dependencia que tiene Galicia de la pesca, como manifestamos en su momento, es fundamental. De ahí que hubiera cuestiones, que defendimos ante la ministra en el momento de la interpelación, que forman parte de nuestra moción y que están relacionadas con el derecho que entendemos que debe tener la comunidad gallega, las comunidades autónomas del Estado español, los países del Estado español, las comunidades que tienen responsabilidades o competencias en la actividad pesquera para que tengan asimismo competencias a la hora de defender el sector en las instancias comunitarias. En la moción presentamos un punto que va en ese sentido.


Hemos hecho esfuerzos -no solamente desde el BNG sino, tengo que reconocerlo, desde otros grupos parlamentarios, de manera especial desde el Grupo Socialista- para, partiendo de la moción que nosotros presentamos, llegar a un acuerdo de transacción. Este punto, tal como acordamos en la transacción, no recoge exactamente lo que presenta el Bloque Nacionalista Galego pero es un gran avance que en el día de hoy se pueda apoyar algo que diga que es necesario avanzar en el derecho de participación, decisión y objeción de las comunidades autónomas en la adopción de decisiones que afecten a las zonas costeras en materia de pesca. Esto nos parece importantísimo, igual que los otros 15 puntos que vamos a votar hoy. De nuestra propuesta inicial que constaba también de 15 puntos, 11 se recogen exactamente igual en la transacción que hacemos, 3 tienen una ligera modificación consecuencia de propuestas del Grupo Socialista y del Grupo Vasco y 2 están resumidas en la redacción que acabo de leer y que tienen relación con ese derecho que defendemos de que quien tiene esa vinculación pesquera tenga ese derecho a objetar y a decidir en la Unión Europea en cuanto a la realidad de la pesca.
Señorías, el texto que finalmente se somete a votación recoge asimismo el espíritu, no de manera literal, de lo que se plantea en las enmiendas de Convergència i Unió. En la medida en que dicho grupo ofrece un planteamiento específico para las embarcaciones o para la flota del Mediterráneo y nosotros también hacemos esa concesión, porque presentamos una moción para toda la flota del Estado y queremos llegar a un acuerdo con todos los grupos, estamos incorporando las enmiendas de Convergència i Unió.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, por favor.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Asimismo queda incorporada la enmienda, a mayores que la que nosotros presentábamos, del Grupo Popular, que sería el último punto de la transacción. Señorías, entendemos que hoy podemos llegar a un acuerdo importante para que el Gobierno lo tome en cuenta en este proceso de reforma de la política común de pesca, a la hora de defender las políticas que son necesarias para que el sector pesquero del Estado español tenga futuro.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


A esta moción se han presentado enmiendas por parte de cuatro grupos. En primer lugar, para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señora presidenta, intervengo desde el escaño muy brevemente ya que las enmiendas que mi grupo ha presentado han sido incorporadas en el texto que hemos transaccionado. Ha sido un texto con el que no hemos tenido problemas para llegar a un acuerdo; creo que eso es interesante.


Solamente quiero comentar cinco puntos sobre los que me gustaría fijar la posición. Nosotros apoyaremos esta moción, como no podía ser de otra manera. No voy a repetir las cuestiones que la interpelante ya ha citado y sobre las que ha profundizado en su explicación porque estamos de acuerdo. Sobre todo quiero hacer hincapié en algo en lo que la señora Fernández ha incidido. Creemos que el espíritu y la letra de esta moción contemplan claramente que las comunidades autónomas con litoral, las comunidades autónomas, los países que componen el Estado español que tienen no solamente costa sino también competencia en materia pesquera, tienen que participar en los ámbitos de decisión de la Unión Europea.
Esta es una petición que mi grupo lleva haciendo veinte años, y poco a poco se está consiguiendo que podamos participar en aquellos ámbitos en los que se decide la política pesquera de la Unión Europea. Al fin y al cabo afecta a todos, pero lo que no puede ser es que decidan aquellos a los que no les afecta. Es importante que este punto aparezca en esta moción. Nosotros estamos muy contentos de plantear esta cuestión en esta moción. También, diciendo que estamos de acuerdo con todo lo que es el espíritu y la letra de esta moción, nos hubiera gustado que en otro punto se hubiera especificado mejor la diferencia entre la pesca de bajura y la pesca de altura, porque el concepto de artesanal es algo que tampoco está muy definido ni siquiera en la Unión Europea y hablamos de oídas. Todos entendemos algo parecido, pero no entendemos lo mismo, en cuanto al concepto de pesca artesanal. Nos hubiera gustado que se hubiera recogido el concepto de pesca de bajura y pesca de altura. Creemos que es muy importante también, como dice esta moción, que se incentive la capacidad productiva del sector pesquero en vez de incentivar el abandono y el desguace como alternativas viables dentro del sector pesquero. El abandono y el desguace no son una alternativa de la pesca, sino una desgracia que se da más de una vez cuando no hay otra solución.


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Lo que hay que incentivar es la producción y la pesca, dentro de los límites sostenibles, etcétera, que no voy a reiterar, porque me parece que ya están sobradamente mencionados. Por último, como en uno de los puntos que aparece en esta moción sobre las competencias que las comunidades autónomas tienen en ciertas materias, hay que garantizar que se respete esas competencias (la inspección del litoral, las tallas mínimas, etcétera) tal como quedan reflejadas. Sobre los demás puntos no tengo nada que añadir, porque mi grupo está de acuerdo, y votaremos a favor de esta moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.


Para defender las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.


El señor SÁNCHEZ RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta.


Fijo la posición del Grupo Parlamentario Popular en esta moción, a la que damos mucha importancia por significar una oportunidad de oro para la reforma de la política pesquera común y también porque nos jugamos mucho en ella. Por eso tenemos que hacer valer que somos la primera potencia pesquera europea y el primer país consumidor de pescado. Nuestros problemas en la pesca vienen desde la primera negociación de la entrada en el Mercado Común Europeo y no nos pueden imponer otra vez una mala negociación de una noche en la que cuando nos dimos cuenta nos quedamos sin algodón, sin remolacha y con un aceite muy tocado.


Mi grupo considera fundamental que la estrategia española sea consensuada con el sector y con las comunidades autónomas. Dice la ministra que lo ha hecho pero no es cierto; no es cierto porque el sector lo desconocía y se enteró por la página web de la Comisión Europea. Se colgó en su página web y fue cuando el sector tuvo conocimiento. A nuestro juicio no es de recibo mandar una comunicación sin que la conozca el sector y sin que se tratara en la conferencia sectorial de las comunidades autónomas.
Seguramente lo trataron con sectores afines y subvencionados y con comunidades del mismo color, pero lo cierto es que se ha ninguneado a este Parlamento y sus decisiones, y hoy precisamente este Parlamento da un ejemplo de consenso con esta moción que presenta el Bloque Nacionalista Galego. El Grupo Popular no cambia de postura de una semana a otra, como ha ocurrido con motivo de la proposición de ley presentada hoy por mi grupo. Nosotros no mercadeamos con el voto como sí ha ocurrido. Nuestro voto no depende del proponente o de su ideología; nuestro voto depende de que beneficie o no al sector pesquero. Esas actuaciones, esos votos interesados no son rentables para el sector pesquero. Así, nuestra actitud ha sido organizar un grupo de trabajo con el sector y con expertos que han debatido ampliamente sobre todos estos problemas de la pesca, y cuyas conclusiones se han recogido en una proposición no de ley muy completa que se registró antes que esta moción y que se verá posteriormente. Con esta proposición no de ley pretendemos frenar el desmantelamiento progresivo del sector pesquero y poner fin a la discriminación en cuanto a la libertad de circulación de capitales, bienes y servicios. Pretendemos la recuperación de nuestros caladeros, la erradicación de la pesca ilegal y la regulación de los bajos precios que están impidiendo que la pesca sea rentable. Pedimos una discriminación positiva para la flota pesquera artesanal.


Respecto a los puntos de la moción, compartimos la defensa de un desarrollo pesquero sostenible y que exista un equilibrio entre cuestiones económicas, sociales y medioambientales. Esto es muy importante. Se citó aquí la semana pasada pero no viene recogido en la propuesta y por eso nosotros lo hemos incorporado en la transacción. En este sentido tenemos que mostrar aquí nuestra preocupación por que la ministra esté priorizando los temas medioambientales sobre los demás: sobre los pesqueros, sobre los socioeconómicos y sobre la agricultura. Un ejemplo reciente es el desorbitado interés que la ministra ha tenido por la entrada del atún en la Cites desoyendo el sector y a este Parlamento que había votado lo contrario y alineándose con colectivos y países sin interés pesquero en el atún. También hemos incorporado por tercera vez, después de haberlo rechazado el Grupo Socialista dos veces, que las almadrabas sean beneficiarias de la ayuda. Respecto a la flota artesanal, somos partidarios de un tratamiento diferenciado por su importancia socioeconómica en sectores muy de-pendientes.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Sánchez Ramos, tiene que acabar.


El señor SÁNCHEZ RAMOS: Tenemos que decir, para terminar, que estamos deseando que pase ya el semestre de la Presidencia española y se termine el complejo presidencial rayano en el catetismo político para que el Gobierno pueda dedicarse a nuestros problemas, que falta nos hace. El Grupo Parlamentario Popular pide a la responsable que se vaya quitando ya el uniforme de la Presidencia europea y poniéndose el de ministra de pesca que, por cierto, se lo pone muy poco y así le va al sector pesquero.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez Ramos.


Señor Sánchez i Llibre, ¿desea defender las enmiendas de su grupo? (Pausa.) Es el único de su grupo presente en la sala, por eso le pregunto.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Las vamos a dar por defendidas.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Para defender las del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Carro Garrote.


El señor CARRO GARROTE: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, debo decir que la moción que presenta el BNG se enmarca dentro de un proceso de conformación de opinión sobre una reforma necesaria recogida en el libro verde por la propia Unión Europea en la que vienen trabajando desde abril del año pasado tanto la Comisión como el Gobierno español, que ha puesto en marcha un amplio proceso de consultas, con participación de todos los agentes del sector, las comunidades autónomas y las organizaciones no gubernamentales no relacionadas con el medio marino, con el objetivo de consensuar una posición común que el Gobierno de España defenderá ante la Unión Europea.
También bajo la Presidencia española se va a celebrar la conferencia sobre la reforma de la política comunitaria de pesca en La Coruña los días 2 y 3 mayo, en colaboración con la Comisión y, posteriormente, una reunión informal de ministros en la ciudad de Vigo los días 4 y 5. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por tanto, el primer valor que debemos proteger en el debate de hoy, señorías, es la necesidad de un amplio consenso, por lo que hemos alcanzado una transaccional, aceptada por todos los grupos, que puede contribuir a este objetivo en la misma línea que se han expresado los representantes sectoriales.


Desde el año 1983 la política comunitaria de pesca ha pretendido una explotación sostenible de los recursos pesqueros, pero a día de hoy necesita una reforma. La Comisión ha lanzado un proceso de consultas abierto que considera los problemas motivados por el círculo vicioso en que nos encontramos. Existe un exceso de capacidad de pesca que deriva en una sobrepesca que, a su vez, provoca una bajada de precios. Esta bajada de precios contribuye a la fragilidad económica del sector, que se ve abocado a aumentar su capacidad de pesca y volvemos al principio. Esta situación está afectando negativamente a los caladeros y pone en peligro todo el sistema económico y medioambiental. Es necesario romper este círculo vicioso. También coincidimos con el libro verde en la necesidad de que la política comunitaria de pesca siga promoviendo a escala internacional el principio de pesca responsable y sostenible. Es cierto el exceso de capacidad de la flota, pero también lo es que las distintas flotas bajo pabellón español tienen una situación diferente en razón de sus particularidades y las de los caladeros en los que desarrollan su actividad. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino apoya el principio de que las ayudas públicas a tal fin se extiendan a colectivos que hoy se encuentran excluidos, como son las mariscadoras, las almadrabas o los rederos. Señorías, el Gobierno y el Grupo Socialista consideran conveniente mantener un régimen diferenciado para las flotas costeras artesanales. La pesca de bajura ha de reconocerse como el sistema de pesca que más y mejor distribuye las rentas y el que mejor fija la población al territorio. Es necesario que este régimen extractivo diferenciado parta de una visión integral del sector extractivo, visión que debe contemplar los sistemas de gestión específicos, la defensa de las zonas costeras dependientes, la comercialización y la transformación de sus productos, la incorporación de los jóvenes al sector y su formación y capacitación y el mantenimiento de unas condiciones adecuadas y saludables en el ejercicio de la actividad pesquera.


En materia de gobernanza, desde la última reforma de la política comunitaria se han dado pasos importantes, en particular con la creación de los consejos consultivos regionales y la participación de las comunidades autónomas en los órganos comunitarios. Esta dinámica está ayudando a mantener una mayor cercanía con el sector, una mayor corresponsabilidad de las comunidades autónomas con el Gobierno y la Unión Europea y un mayor acierto en las medidas adoptadas. También es necesario responsabilizar a las comunidades autónomas en las cuestiones que son de su competencia, como el apartado comercial, la capacidad inspectora, etcétera.


Otra cuestión que plantea la moción es revisar el sistema de topes admisibles de capturas y cuotas derivado del principio de estabilidad relativa. Señorías, un sistema de gestión de la actividad pesquera sobre la base del esfuerzo pesquero y del establecimiento de techos máximos de esfuerzos fijados a nivel comunitario para las diferentes pesquerías podría resultar un sistema más objetivo y fácil de controlar. Nadie duda de que debamos pescar mejor, por eso estamos convencidos de que el futuro económico y social de la pesca depende del buen estado del medio marino en el que se desenvuelve, y para ello es necesario disponer de buenos asesoramientos científicos. En definitiva, señorías, con la aprobación de esta iniciativa contribuiremos a fortalecer la posición del Gobierno español en la negociación de la nueva política comunitaria de pesca, por lo que agradezco, tanto al grupo proponente como a los que se suman a la transacción, su apoyo en una cuestión tan importante para un país costero como España y, si me lo permiten, señorías, también para Galicia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Carro.


Turno de fijación de posición. Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra don Francesc Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.


Intervendré desde el escaño con brevedad. Es lógico que los sectores económicos relacionados con la pesca estén preocupados por el devenir de la nueva política pesquera común y también es lógico que esta Cámara

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discuta sobre qué papel y qué intereses debe defender el Estado español en materia de pesca. Además, según el calendario previsto, este año deben conocerse las conclusiones del debate que se ha iniciado, así como los análisis sobre el impacto de la aplicación de la norma comunitaria. A principios de 2011 está previsto que la Comisión presente su propuesta definitiva, que deberá ser aprobada en el año 2012. Por ello encontramos muy adecuado el tema que nos ha planteado el Bloque Nacionalista Galego.
Vamos a apoyar su moción porque beneficia al conjunto del sector pesquero del Estado español y lo haremos por tres razones fundamentales: En primer lugar, porque prevé dotar de más poder a las comunidades autónomas en decisiones que afectan a sus zonas costeras. En segundo lugar, porque pretende revalorizar la pesca artesanal, reconociéndola como una actividad productiva y como modelo de pesca sostenible y, en tercer lugar, porque pretende acabar con los privilegios de determinados Estados de la Unión Europea en lo que se refiere a las cuotas de pesca basados en un principio de estabilidad relativa acordado antes de la entrada del Estado español en la Unión Europea. Vamos a dar nuestro apoyo al texto original del BNG y lógicamente también se los daremos a la transacción a la que se ha llegado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA COMBATIR Y ERRADICAR LA DELINCUENCIA DE LOS MENORES. (Número de expediente 173/000135.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para combatir y erradicar la delincuencia en los menores.


Para su defensa tiene la palabra don Vicente Ferrer.


El señor FERRER ROSELLÓ: Presidente, mis primeras palabras son para saludar en la tribuna a los padres y familiares de Sandra Palo, Salvador Cortés, Cristina Martín y Marta del Castillo.


Señorías, hemos abordado recientemente en dos ocasiones la cuestión relativa a la violencia de los menores. Tuve el privilegio de preguntar, y don Alfonso Alonso la ocasión de interpelar, a nuestro ministro del Interior, ímprobo esfuerzo tratándose de ese espejo de astucia y sagacidad que haría palidecer al mismísimo Fouchet. Tras una atenta lectura de los debates, uno se da cuenta de que al final la cuestión de fondo, la pregunta que nos sobrevuela a todos es: ¿piensa el Gobierno o el Grupo Socialista hacer algo al respecto? Si la posición de don Alfredo expresa la voluntad del Gobierno y de ustedes mismos, la Cámara y el país deben tomar buena nota de que han optado otra vez y también en esta cuestión por la opción de no hacer absolutamente nada. Cuando trato de explicarme ese gusto por la ociosidad que parecen compartir todos ustedes, he llegado a la conclusión que tenía razón Balmes cuando afirmaba que la pasión por la inacción tiene para triunfar una ventaja sobre las demás pasiones, y es que no exige nada. Lo digo, señorías, porque no hay otra explicación para su insistente desidia, y no la encuentro porque si sus razones para persistir en estos ocios de Capua en los que parecen refugiarse son las que expuso el ministro, permítanme que les diga que no resisten ni el más elemental análisis. Vean a qué me refiero.


Tanto el señor Alonso como yo mismo pusimos de manifiesto la preocupación de nuestro grupo por el alarmante aumento de la gravedad de los delitos cometidos por menores: delitos contra la vida, contra la libertad sexual, de violencia doméstica, etcétera, y la necesidad de que el Gobierno, la Cámara, tomen medidas al respecto y respondan con ello a la alarma social que genera la situación y al derecho de las víctimas a constatar que su tragedia lo es también de los poderes del Estado. ¿Qué respuesta nos dio el ministro? Si tengo que citarlo textualmente, fue negar la mayor. A mi juicio, escurrir el bulto, trapacear, confundir; en definitiva: rubalcabear. ¿Dónde está el truco esta vez? Muy sencillo, en primer lugar el señor ministro, aprovechando el hecho de que el número de delitos leves son naturalmente más numerosos y han disminuido un poco, suma estos con los graves al objeto de ofrecernos unas cifras de conjunto que sin ser completamente falsas no hacen otra cosa que ocultar la alarmante realidad. En segundo lugar, frente a la afirmación incuestionable de que han aumentado exponencialmente los delitos y atentados contra la vida cometidos por menores, arguye el señor ministro -más bien lo despacha- diciendo que ha disminuido el número de muertos. Pues díganle al ministro que si la falta de puntería de algunos agresores a él le tranquiliza, al Partido Popular no. Bien, señorías, si consideran innecesario que abordemos el problema de los menores en su conjunto, si consideran superfluo modificar la Ley del Menor para delitos leves, tal vez accedan a que consideremos esta posibilidad para fruslerías como el asesinato, la tentativa de homicidio, la violación o la violencia doméstica, por citar tan solo algunos de los ejemplos.


El otro gran argumento del ministro Rubalcaba y de su Gobierno es la íntima relación -íntima y curiosa- entre la acción de legislar y la temperatura del ambiente. Al parecer no se puede actuar en caliente. Muy bien, pues si es así, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que la temperatura sea la adecuada, para que despierten ustedes del letargo y se decidan a hacer algo? Miren por dónde los españoles tenemos algún dato a este respecto. Dos meses evidentemente no es suficiente: es lo que separa el asesinato de la niña de Ripollet del de Marta del Castillo y ustedes seguramente lo consideraron muy precipitado, muy caliente. ¿Les parecería razonable seis meses? No, tampoco,

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porque ese es el tiempo transcurrido entre la muerte de Marta y las violaciones colectivas de Baena e Isla Cristina, y ustedes no hicieron nada durante ese tiempo. Ni siquiera nueve meses, que es el tiempo que separa estos últimos crímenes del asesinato de Cristina Martín, parece ser suficiente para romper esa parálisis que aqueja al Gobierno del señor Zapatero. ¿Cuánto, señorías, cuánto tiempo necesitan enfriar los temas? ¿Cuál es la temperatura que los pone a ustedes en marcha? Miren, les daré una última razón para que se pongan en movimiento y es que ya solo el Gobierno puede hacer algo. Antes podíamos contar con dos firmes aliados, las familias y los colegios, pero gracias a su rancia, sectaria y obtusa progresía de asamblea de facultad, de ateneo libertario (Varios señores diputados: ¡Hala!), en este país unos y otros han perdido buena parte de su autoridad y de su capacidad para influir en la educación de los menores, de manera que ahora, enhorabuena, ya han conseguido quedarse solos (Rumores.), ¿y qué planes tienen al respecto?

Inicié mi intervención citando a Balmes y la cerraré haciendo lo propio con Burke: Para que triunfe el mal solo es necesario que los buenos no hagan nada. Pues bien ahora ya solo nos resta saber lo buenos que son ustedes y si están dispuestos a hacer algo.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ferrer.


Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar doña Rosa Díez tiene la palabra.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Buena frase la que nos ha brindado para finalizar su intervención el portavoz del Grupo Popular. Tengo para mí que los que estamos aquí somos todos buenos, que a veces no nos ponemos de acuerdo, pero que malos no somos; tengo para mí que, votemos lo que votemos en esta proposición que usted nos plantea, no nos va a dividir entre buenos y malos sino entre políticos que utilizamos nuestro sentido de la responsabilidad para votar y argumentar de una determinada manera. Luego, pongamos que todos los que estamos aquí -seguro que en eso nos podemos poner de acuerdo- somos buenos, los que apoyen su proposición y los que no la apoyen.


Desde su promulgación en el año 2000, la Ley de responsabilidad penal de los menores ha experimentado diversas modificaciones, en ocasiones para cubrir carencias o introducir mejoras pero también para endurecer la normativa al calor de la repercusión mediática y la alarma social provocada por determinados delitos de especial gravedad cometidos por menores que, como no puede ser menos, la sociedad deplora y desea prevenir y erradicar. Para tomar la decisión que nos propone el Grupo Popular, reformar la Ley 5/2000, que no tiene que ver con el enunciado de la interpelación que era preguntar qué va a hacer el Gobierno sino con una propuesta distinta, es necesario evaluar adecuadamente la normativa vigente. Si se ha producido, según las estadísticas y datos oficiales, un incremento de los delitos graves cometidos por personas menores de edad, debemos entender qué es lo que falla. ¿Es la propia normativa, que salió sin memoria económica y sin recursos suficientes, o es precisamente la falta de medios materiales y humanos que permitan la reeducación y la reinserción de menores lo que la hace fallar?

Ahora que algunos quieren revisar la memoria para cambiar la historia, les propongo que hagamos un repaso objetivo de lo que ha sido el devenir de la ley. En el año 2003 el Grupo Popular se comprometió, con el apoyo del Grupo Socialista, a realizar una evaluación de la aplicación de esta ley orgánica, oídos el Consejo General del Poder Judicial, el ministerio fiscal, las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios antes de realizar cambios orientados a sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aun siendo menores, revistan especial gravedad. Transcurridos cinco años desde su aprobación, el Partido Socialista, ya en el Gobierno, propuso nuevamente la revisión de determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, aprobando la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, que tampoco contó con una memoria económica y una dotación de medios suficientes. Cabe que lo recordemos.
El Gobierno socialista alegó entonces también que las estadísticas revelaban un aumento considerable de los delitos cometidos por menores, y aunque no habían aumentado significativamente los delitos de carácter violento, reconocía que los realmente acontecidos habían tenido un fuerte impacto social -decían-, al igual que sucede en la actualidad, hoy que estamos nuevamente en este debate. En la tramitación de dicha iniciativa -les recuerdo que estamos hablando del año 2006- el Grupo Popular, ustedes, mostró su conformidad con el incremento de delitos y faltas cometidos por menores que se aducía y la sensación de impunidad en la sociedad pero, como consta en el "Diario de Sesiones", alegaron también que tanto el reglamento de desarrollo de la Ley 5/2000, que se había aprobado el año anterior, como la reforma del 2006 carecían del oportuno régimen de financiación que garantizase su cumplimiento. Por tanto, planteaban la necesidad de recursos humanos y económicos antes de ver si había que cambiar la ley.


La responsabilidad penal de los menores, señorías, presenta frente a la de los adultos un carácter primordial de intervención educativa que trasciende todos los aspectos de su regulación jurídica y que determina considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento de las sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de los derechos de las víctimas y las garantías comunes a todo justiciable. Sin embargo, resulta evidente que la constante reforma legal de esta normativa de la que estamos hablando no está dando los resultados esperados, recomendando actuar con la necesaria prudencia y con el necesario rigor en una materia tan sumamente delicada.


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Insisto, aconsejando actuar, primera cuestión; segunda cuestión, con la necesaria prudencia; tercera cuestión, con rigor, porque estamos hablando de un tema que no se puede despachar con una proposición no de ley o con una moción, por muy positiva que sea la intencionalidad del grupo proponente. Por ello, les hemos planteado una enmienda, en la que sostenemos y pedimos al Gobierno que proceda a la evaluación de la aplicación de la Ley de responsabilidad penal de los menores como herramienta de prevención, reeducación y reinserción de menores, teniendo presente, porque no se puede prohibir el delito, que hay que pretender la prevención y, además, la impunidad. Por tanto, teniendo en cuenta esto, teniendo presente la opinión de los profesionales relacionados con la materia, como el personal sanitario, docente y voluntario especializado, amén de los informes sobre la materia de los juzgados de menores, de la Fiscalía General del Estado y de los defensores del menor, que se realice este estudio en colaboración con las comunidades autónomas, un análisis detallado de los medios materiales y humanos que tienen a su disposición, porque es más que probable, y seguramente que nos pondríamos de acuerdo si pudiéramos hablarlo relajadamente, que en la falta de dotación de medios, tanto económicos y materiales como humanos, está una parte de la explicación de la aplicación de la ley o de las inexactitudes, incompatibilidades o incompetencias, por no llegar tan lejos como queríamos que llegara, que ha tenido esta ley. Y, por último, que se elabore un informe propuesta atendiendo a las experiencias de los países de nuestro entorno y también, por qué no, a la legislación del derecho comparado.


Esta es la propuesta que les hemos hecho, aceptando la necesidad de que hablemos con serenidad de esta cuestión, que la abordemos con rigor, que no estemos todo el tiempo debatiéndonos entre lo frío y lo caliente que tienen que estar los asuntos sino que seamos capaces, en una materia tan sensible como esta, de que prime por encima de todo el interés de los ciudadanos y no tanto el titular del día siguiente. Por cierto, no acuso a nadie de pretenderlo y me autoinculpo porque a veces todos somos responsables de eso mismo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la reciente y desgraciada muerte de una niña de 13 años, Cristina Martín, a manos de una amiga de tan solo 14 años ha vuelto a reabrir, por desgracia, un debate recurrente sobre la Ley del Menor. No es la primera y, desgraciadamente, creo que no va a ser la última ocasión que este portavoz va a tener que pronunciarse. Ha resurgido, ha rebrotado este debate y las voces que reclaman el endurecimiento de esta ley. Se trata, por tanto, de este sempiterno Guadiana, que aparece siempre que se produce un hecho desgraciado, luctuoso, como el de Seseña, y que, por cierto, también desaparece y se esfuma a los pocos días, aunque no falte quien, en este contexto, creo que de forma obscena, esté instrumentalizando y utilizando el dolor de las víctimas, quien se apunte a aquello que algunos juristas han venido calificando de populismo punitivo, es decir, exigir y pedir más mano dura, un programa audaz con más penas, con penas más duras para colmar las ansias de castigo contra los responsables de tales crímenes.


En 2008 entraron en los juzgados de menores del Estado español casi 36.000 casos según la memoria del Consejo General del Poder Judicial y podríamos decir que ni el 5 por ciento son asuntos graves, es decir, lesiones, homicidios, asesinatos, violaciones, aun admitiendo que, pese a ser minoritarios, sacuden a la sociedad al tratarse de víctimas muy vulnerables, la mayoría niños. Y en contra de una cierta opinión extendida socialmente, incluso diría de un cierto cálculo partidista de parte de algunas fuerzas políticas, la mayoría de juristas y expertos coincide en que no debe rebajarse la edad penal por debajo de los 14 años ni endurecer una Ley del Menor, que el otro día reconocía el propio diputado interpelante que había funcionado razonablemente. Lo que sucede es que esta moción que estamos debatiendo no se compadece para nada con el tenor y el contenido de aquella interpelación. Por tanto, los expertos coinciden -es verdad que con matices- en que se trata de episodios totalmente aislados y nos recuerdan que, aunque los asesinos no acaben en prisión, no significa en ningún caso que estos hechos vayan a quedar impunes. Por ejemplo, la joven acusada de la muerte de Cristina Martín puede ser condenada hasta cinco años de internamiento, es decir, en un centro en régimen cerrado, y a otros tres más de libertad vigilada.
Piensen que ahora tiene 14 años y, por tanto, deberá esperar al menos hasta llegar a los 22 años para saldar totalmente sus cuentas con la justicia y con la sociedad, después de haber agotado incluso toda su adolescencia, porque, señorías, cinco años en la vida de un púber no es lo mismo que para una persona de 30, 40, 50 ó 60 años. A veces la gente, señorías, es excesivamente generosa a la hora de disponer de la vida de otras personas.


Si hoy estamos aquí es porque algunas fuerzas políticas son incapaces de plantear este debate de forma serena y responsable. Creo que, además, es una auténtica tragedia civil, un síntoma de una auténtica patología política que siempre tengamos que plantear estos temas en esta misma clave. Por cierto, la señora Aguirre el otro día pidió ante la excarcelación de El Rafita más mano dura. También recuerdo cómo el caso Mari Luz ha sido instrumentalizado para obtener rédito político al fichar al padre de la víctima, legítimamente, como presunto asesor de una fuerza política (Rumores.-La señora Solana Barras: ¡Pero bueno!) e incluso se viene pidiendo en este contexto la cadena perpetua. Por tanto,

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señorías, queda claro que hay una voluntad de utilizar esta cuestión en términos políticos y electorales.


Para concluir, quería decir que para nosotros, y creo que para el Partido Popular, la Ley del Menor funciona razonablemente bien. Está en vigor desde el año 2001 y, aunque se comprende que casos como el que estamos ventilando, el caso de Seseña, generan una dinámica difícil de entender para una parte de la sociedad, son situaciones muy excepcionales. La ley es la adecuada, y no solo eso, sino que es una ley que está en un contexto europeo, una ley que está en línea con las directrices del Consejo de Europa y de diversas convenciones internacionales. El problema no es la ley, señorías, sino el creciente incremento de la violencia gratuita, que afecta también a los menores. Por tanto, lo que hay que hacer es actuar antes de que se produzca el delito y, en ningún caso, legislar en caliente e intentar cambiar la ley cuando las cosas no van bien.


Muchas gracias, señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, quiero saludar también a los familiares de víctimas de cruentos asesinatos y delitos que nos acompañan y compartir su dolor, aunque las reflexiones que voy a realizar a continuación pudieran parecer o pudieran tener el fumus de ser contradictorias con esta sincera proclamación de solidaridad.


Señor Ferrer, decía Alejandro Dumas que le resultaba inconcebible que siendo la mayoría de los niños tan inteligentes, fueran la mayoría de los adultos tan estúpidos. No lo considere una alusión personal, porque usted conoce el respeto que le profeso y la amistad que nos une, pero esta reflexión tiene un punto de fundamento en lo atinente a la imposibilidad que hemos demostrado todos los grupos parlamentarios. Aquí hay que socializar la responsabilidad para articular un derecho punitivo en relación con los menores que pueda resultar, en primer lugar, preventivo -como algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha comentado-, y luego reparador, pero desde una perspectiva educativa, no desde una perspectiva retributiva, en la que no nos olvidemos de que si hay alguien, algún colectivo, algún segmento de esta sociedad todavía recuperable, todavía resocializable, este es el constituido por los niños, por los menores. Por cierto, no todos cometen delitos de la gravedad que usted ha glosado aquí, ni los porcentajes que usted utiliza en relación con delitos tan graves. Son los que se consignan en la Memoria del Consejo General del Poder Judicial; estamos hablando de un 7,5 por ciento de delitos que tendrían la consideración de graves en el Código Penal. Desde esa perspectiva, debo decirle que la sobreactuación no ayuda nada a mantener debates serenos sobre una cuestión tan relevante como esta; la patrimonialización del dolor, menos todavía, y las reformas en caliente son particularmente desaconsejables para resolver problemas sociales de profundidad.


Señores del Partido Popular, si en vez de esta Ley del Menor se hubiese aplicado a la menor de los sucesos de Seseña o a cualesquiera otros una ley del menor más dura, de carácter más punitivo o retributivo, no se hubiesen evitado esos delitos; si se les hubiese aplicado el Código Penal ordinario, tampoco se hubiesen podido evitar esos delitos. El elemento de prevención de las penas es muy difícil que tenga los efectos de prevención especial y general que han fracasado estrepitosamente en relación con los adultos, dado nuestro sistema penitenciario tan peculiar. Si hemos fracasado en la resocialización de los adultos, mi grupo parlamentario no va a tolerar que vendamos a los menores y que no luchemos por la resocialización de quienes todavía son objetivamente resocializables, recuperables para la sociedad: los niños y los menores.
El problema de la violencia juvenil, en la prosa amplia, en la literatura amplia de su moción, ustedes lo glosan bien, aunque luego en el fárrago de sus reflexiones introducen lo que pretenden de verdad: endurecer las penas o las medidas y reducir la edad de aplicación de las mismas.


Ustedes hablan de problemas diversos que nosotros compartimos: fallo del sistema educativo, en donde la socialización que debe proveer el sistema educativo, en algunos segmentos de los menores que en este momento están ubicados en el sistema escolar, no es más que una quimera; la falta de autoridad de los profesores, a los que se pretende convertir en las futuras leyes educativas nada menos que en una autoridad pública; la sobreprotección del menor por las autoridades educativas en relación con el cuerpo docente, con los profesores; la abdicación de las responsabilidades de muchos padres, dada la generalización del concepto de hijo premio -ahora se tienen pocos hijos desafortunadamente en esta sociedad, y es mejor y más cómodo ser un colega de su hijo que ser un padre de su hijo, con los comportamientos y obligaciones que eso conlleva-; consumo televisivo y telemático a través de la red de productos de una violencia desmesurada; consumo de sustancias estupefacientes; generalización de la práctica del botellón y muchas otras causas. Es un problema complejísimo que ustedes pretenden de nuevo reducir a la utilización del ius puniendi del Estado para su resolución.
Nosotros no compartimos esta opinión. Nos parece inadecuado, y nos parece, además, utilitarista por su parte, porque ustedes, como bien decía el señor Ridao, presentan estas iniciativas siempre en caliente, al socaire de sucesos que nos conmueven, que nos mueven la conciencia a todos.


Evidentemente, la reflexión maniquea que denunciaba la señora Díez es muy pertinente. Aquí no hay buenos o malos, tenemos posiciones diversas, seguramente mucho más ponderadas y mucho más multidisciplinares, algunas, que las que ustedes defienden en estas materias. Le voy a dar la razón en una cosa: nuestra Ley del Menor

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es una copia de las leyes escandinavas de la década de los ochenta, y el componente reeducativo y no retributivo o punitivo de la misma es una copia de esas leyes. Esas leyes en los países escandinavos ahora mismo están siendo objeto de severas reformas, porque en esos países en este momento están gobernando partidos conservadores que están atribuyendo a las leyes que originariamente copiamos un componente retributivo o punitivo; en este momento hay pocas leyes del menor más duras que las de Noruega, Dinamarca y otros países escandinavos. En todo caso, a mí esta reflexión me parece relevante, señor portavoz del Partido Popular. Mi grupo parlamentario nunca va a tolerar ni va a aceptar en términos conceptuales, y menos en términos jurídicos, en términos de derecho positivo, que un menor no es resocializable. Nosotros, dado el fracaso de la resocialización de los adultos en el sistema penitenciario, vamos a seguir luchando por la resocialización de los menores a través de una Ley del Menor como la que en este momento poseemos. Solo hace falta aplicar la ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señorías, en cada una de las legislaturas previas se ha reformado la Ley del Menor y en cada una de ellas mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha votado a favor de esas reformas. Votó a favor de las que planteó el último Gobierno del Partido Popular y también votó a favor de las que endureció el primer Gobierno del Partido Socialista. En ambas reformas y en ambas legislaturas, la reflexión que el Grupo Catalán hacía era la misma y es que no nos oponíamos a la modificación legislativa, a pesar de que en la última se endurecía la ley. No nos oponíamos a la misma, pero pedíamos medios económicos para llevar a cabo la necesaria reeducación del menor. Para nosotros este es un elemento esencial, cumplir con la Constitución en materia de menores y en materia de la necesaria exigencia de su responsabilidad penal debe conllevar medios económicos para poder realizar verdaderas políticas de reeducación y de resocialización. Nunca debemos dar un caso por perdido cuando estamos hablando de menores. El ánimo de venganza debe quedar siempre relegado ante el ánimo de querer reeducar. Por tanto, la reeducación, la resocialización es un imperativo constitucional siempre en materia penal, pero más lo es cuando estamos hablando de menores. Esta es la sensibilidad de nuestro grupo parlamentario. La sensibilidad también de nuestro grupo parlamentario en este ámbito nos lleva a una doble perspectiva. El menor delincuente, el menor que delinque, es el resultado de un fallo global de esa persona en su evolución y de la sociedad en su conjunto, pero está también el menor víctima, la familia de un menor víctima, las víctimas de la violencia.
Cuando el delito recae sobre un menor, las consecuencias son más duras, más dramáticas y requieren, por tanto, la máxima atención de esta Cámara.


Nosotros no somos -nunca lo hemos sido- partidarios de legislar a golpe de titular mediático y menos lo somos cuando estamos legislando la protección penal y la respuesta penal ante personas menores de edad.
Nunca hemos sido partidarios de ello, pero tampoco somos partidarios -y quiero aprovechar para saludar efusivamente a las personas que hoy nos acompañan en el hemiciclo- de desoír aquello que en la sociedad es un clamor y es una indignación. Tampoco podemos hacer oídos sordos en este Congreso de los Diputados a lo que la sociedad nos pide. La respuesta a lo que nos pide la sociedad no necesariamente debe ser un cambio de la ley, puede serlo, pero también pueden ser mayores medidas de protección a las víctimas, porque en ocasiones, cuando un menor es citado, a veces se le hace repetir la declaración. Aquí hay aspectos procesales que deberíamos mejorar. Hay una faceta que debemos intentar mejorar y es la referida a cuando un menor se ve sometido a una acción delictiva y está en un proceso como víctima y tiene que reiterar aquellos hechos que ya ha denunciado en ocasiones. Nuestro grupo introdujo en la normativa penal aspectos de protección a los menores en sus declaraciones en los juicios como poner las necesarias mamparas para no tener contacto visual con el agresor. Hay mucho camino por recorrer en cuanto al menor víctima.
También lo hay, según Convergència i Unió, en las medidas para reeducar a las personas delincuentes. Esa disposición adicional única de la Ley de responsabilidad penal de los menores no se está cumpliendo. Decía antes la señora Díez que fue una ley que nació sin el necesario presupuesto, no había un estudio claro de lo que iba a costar llevarla a cabo y, por tanto, hay asignaturas pendientes.


Nuestra conclusión es que nosotros no nos negamos a un cambio en la ley.
Nosotros no rechazamos ese planteamiento, pero también queremos dejar la puerta abierta, porque a lo mejor este no es ni el único ni el necesario planteamiento, debemos buscar el consenso. Mal vamos si en cada legislatura reformamos la Ley del Menor desde posiciones que no tengan un consenso, porque deberíamos llegar a un gran acuerdo parlamentario sobre cuál es nuestra legislación, cuáles son las edades más idóneas y cuál debe ser la respuesta penal. En todo caso, entendemos en ocasiones la necesidad de contundencia, pero no debemos, ni podemos olvidar nunca que el imperativo constitucional, además de a la contundencia, nos obliga a la reeducación. Esta es la posición de Convergència y Unió, que hemos defendido en la legislatura que gobernaba el Partido Popular y en la pasada legislatura, cuando también se reformó la ley, gobernado ya el Partido Socialista.


Señor presidente, señorías, muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Álvaro Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la moción que debatimos hoy plantea un tema realmente difícil, sería de necios negarlo.
Hablar de cuál es el tratamiento penal adecuado para erradicar la delincuencia juvenil, qué penas y medidas deben regularse no es sencillo.
Aquí no caben dogmas, ni demagogia, ni populismo punitivo, señorías.
Quiero saludar a los familiares de las víctimas de crímenes horrorosos y en mi actividad parlamentaria me ha tocado recibir, escuchar y hablar con algunas de esas personas, atender sus problemas, escuchar sus ansiedades y compartir su dolor. Siempre me he preguntado ¿qué les puedo decir? ¿Qué les podemos decir los que estamos aquí hoy reunidos esta tarde? Señorías, lo primero que les podemos decir es que jamás culpabilizaremos a nadie de la vigencia de una ley. Jamás culpabilizaremos al Partido Popular de la Ley del año 2000, de protección penal de los menores, jamás. (Aplausos.) Les diré también que intentamos acertar, que estamos atentos a la realidad, que estamos haciendo un seguimiento y una evaluación de las leyes, que combatimos de buena fe la inseguridad y el crimen, que tienen nuestro respeto, nuestro apoyo, nuestra solidaridad -y no son palabras huecas-, que su dolor es patrimonio de todas y todos los que estamos en esta Cámara, patrimonio de todos y que, por tanto, esa dignidad no puede, ni debe ser ofendida por nadie.


Esta moción no es merecedora de nuestro apoyo, porque incurre en una serie de presupuestos falsos. Les diré algo más: no creemos en la moción que hoy nos presenta el Partido Popular; no creemos en la sinceridad de esa moción (Rumores.); no creemos que sea el instrumento para abordar un problema tan complejo que requiere que todos trabajemos juntos. Mi grupo va a votar en contra de esta moción porque, en primer lugar, es falso que haya aumentado la delincuencia juvenil (La señora Solana Barros: No, no.); está claro en la Memoria de la Fiscalía General del Estado, está claro en los datos de la Policía y de la Guardia Civil, está claro en los datos del Consejo General del Poder Judicial y es falso también que la Ley de protección penal de los menores vigente sea una ley blandengue o ineficaz. No, señorías, es una ley que en estos diez años tuvo cinco reformas, tres muy importantes, las dos últimas en el año 2003 con el Gobierno del Partido Popular y en el año 2006 con el Gobierno del Partido Socialista. La reforma de 2006 endureció todavía más los tratamientos; aumentó sanciones y medidas, como los internamientos en establecimientos cerrados; amplió el nivel de protección de las víctimas y de sus familias; estableció mecanismos de evaluación, de equilibrio entre el principio de proporcionalidad, el de retribución, pero, sobre todo, el interés del menor como interés prioritario y más digno de protección. Y esa es la filosofía de la Ley de 2006.


Señorías, esta moción es innecesaria, porque los poderes públicos garantizan la evaluación de la eficacia de nuestro ordenamiento jurídico; porque el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado o el propio Gobierno o los propios parlamentarios hacemos una tarea diaria de seguimiento y evaluación del sistema. Y, si algo hay que cambiar, se cambia. Pero no plantearemos nunca populismo punitivo; nunca mociones sin justificación y nunca nos deslizaremos, señorías, en la tentación de patrimonializar el dolor de las víctimas, porque el dolor de las víctimas es el dolor de la sociedad y el dolor de la sociedad lo representamos todos y es nuestro.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuesta.


Señor Ferrer, ¿tiene la bondad de decirme si acepta la enmienda, la única que ha sido presentada, para su inclusión en el texto de votación?

El señor FERRER ROSELLÓ: Lamentándolo mucho me es imposible, señoría.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ferrer.


Se votará en los términos del texto presentado.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA NECESIDAD DE ACELERAR EL DESDOBLAMIENTO DE LA N-II EN LAS COMARCAS DE GIRONA. (Número de expediente 173/000136.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de acelerar el desdoblamiento de la N-II en las comarcas de Girona.


Para su defensa tiene la palabra don Jordi Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo para defender esta moción consecuencia de la interpelación planteada la semana pasada ante el ministro de Fomento sobre un tema, la N-II y su desdoblamiento al paso por las comarcas de Girona, que es sin duda el déficit de infraestructuras más importante de la demarcación. Quiero empezar mi intervención recordando, una vez más, que la demarcación de Girona es la demarcación con menos kilómetros de autovía de todo el Estado; que los trabajos para el desdoblamiento de esta carretera se iniciaron en el año 1995; que algunos de estos tramos llevan diecisiete años de tramitación administrativa, sin que se haya visto aún su efectiva puesta en servicio o el inicio de las obras; algunos tramos culminarán después de veinticinco años de haber empezado los trámites en el año 1995. A veces se recuerda que la autovía entre Lleida e Igualada tardó veinte años en ser construida. Pues bien, desgraciadamente, creo que

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este tramo de la N-II requerirá aún más años. Estamos hablando de 101,4 kilómetros desde La Junquera hasta la frontera con la demarcación de Barcelona, hasta Tordera, y habría muchos motivos, señorías, para mirar el retrovisor para buscar y repartir responsabilidades. Pero, señorías, el objeto, el ánimo, el propósito de la interpelación formulada la semana pasada al señor ministro y el objetivo de la presentación de esta moción es mirar al futuro para hacer un giro radical en la gestión del desdoblamiento de esta carretera a su paso por las comarcas de Girona; un giro radical que debe y tiene que ser sinónimo de más celeridad, de más control parlamentario y, si me permiten, de más foco de los distintos grupos parlamentarios hoy interesados en esta iniciativa para dar un impulso definitivo a aquello que empezó lentamente en el año 1995 y que aún está en un panorama francamente mejorable. ¿Cuál es este panorama? El panorama es que, de estos 101,4 kilómetros a desdoblar, en estos momentos se encuentran 8 kilómetros desdoblados. La situación es que hay dos tramos: Caldes de Malavella-Sils y Sils-Maçanet de la Selva, cuyas obras fueron licitadas, pero que están paradas, en un caso, el más llamativo, desde el mes de diciembre del año 2007, por retirada de la empresa constructora, con consecuencias, evidentemente, de peligro para la conducción y de problemas para los vecinos.


Ante la actual situación económica, señorías, tenemos una gran oportunidad y es dar un impulso al desdoblamiento de la N-II. Hago referencia al Plan extraordinario de infraestructuras anunciado por el Gobierno y por el ministro de Fomento, plan que aún no ha concretado qué tramos acogerá. En el debate de la semana pasada el ministro planteaba, con una forma tan gráfica como quizás inapropiada para expresar en la moción, que se acogerían al Plan extraordinario de infraestructuras los tramos maduros que se encontraran en las distintas partes de la geografía del Estado español. Pues bien, señorías, qué tramos más maduros que dos tramos ya licitados y en estos momentos paralizados en su ejecución; qué tramos más maduros que el tramo entre Maçanet de la Selva y Tordera, que el Gobierno se comprometió a licitar en el año 2008, en el año 2009 y nos encontramos en el mes de abril del año 2010, con lo cual el compromiso -el solemne compromiso adoptado en el Pleno del Congreso de los Diputados y el compromiso que, evidentemente, vincula al Gobierno, al Ejecutivo- es que en la segunda mitad de este mismo año, del año 2010, se va a licitar, una vez enfocado el Plan extraordinario de infraestructuras, el conjunto de los 21 kilómetros comprendidos entre Caldes de Malavella y Tordera. El objetivo del Plan extraordinario de infraestructuras es terminar todas sus obras incluidas en el año 2014. Este es el horizonte temporal para la finalización de este desdoblamiento en la comarca de La Selva. También quiero recordar el compromiso del Gobierno planteado por escrito, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por quien les habla, por el que se compromete a tener desdoblado el conjunto de la N-II, a su paso por las comarcas de Girona, en el año 2015.


Señorías, se trata de salir de este bache; se trata de salir de este colapso administrativo, y quizá colapso de voluntad política, para dar un impulso definitivo a los 21 kilómetros del sur de la ciudad de Girona; para estar muy atentos a los 26 kilómetros del cuarto carril de la autopista, con funciones de variante de Girona, que debe construir la empresa concesionaria, también en un plazo breve; a las obras licitadas, pero en un estado de stand by, de parálisis entre Medinyà y Orriols y también trabajar, señorías, señores diputados, señores diputados del Ampurdán, para dar un impulso definitivo al tramo del Alt Empordà, entre Orriols y la frontera francesa.


Nos creemos este compromiso, y por eso les anuncio una enmienda transaccional firmada por el conjunto de los grupos parlamentarios de esta Cámara en la línea de lo anunciado y de lo planteado. Seremos extraordinariamente vigilantes y seremos extraordinariamente exigentes en el compromiso que hoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados, se va a adoptar.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.


Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Popular tiene la palabra doña Dolors Montserrat.


La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Popular suscribe la moción que presenta hoy el Grupo Parlamentario Catalán, porque es una buena noticia para la provincia de Girona y para toda Cataluña. En cuanto al primer acuerdo de la moción, el Partido Popular ya apoyó la moción consecuencia de interpelación que presentó el Grupo Catalán en relación con el plan de austeridad del Gobierno, donde se instó a incluir dentro del plan extraordinario el desdoblamiento de la N-II en la provincia de Girona. En cuanto al segundo punto de la moción, que propone que el Gobierno licite las obras, dentro del segundo semestre de este año 2010, de los tramos de Caldes de Malavella a Sils, Sils a Maçanet de la Selva y Tordera, también estamos completamente de acuerdo. Es más, nuestro grupo ha presentado una batería de preguntas escritas y orales en Comisión y una proposición no de ley registrada el día 29 de marzo de 2010 con el mismo objetivo que esta moción. Las obras de este tramo están paralizadas desde hace más de un año por problemas de la empresa adjudicataria. Los vecinos de los municipios de la zona se han manifestado en los pasados meses de enero y febrero cortando la N-II exigiendo que el Ministerio de Fomento retome las obras paralizadas. Varios alcaldes de municipios de la zona, así como entidades empresariales y de comerciantes, han reclamado la necesidad imperiosa de que se continúen las obras de desdoblamiento de la N-II en este tramo. La interrupción de las obras durante más de un año está

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afectando gravemente la economía de la comarca de La Selva y a la provincia de Girona, y con esta paralización están obligando a todos los ciudadanos no solo de Girona sino también de Cataluña y España que usan esta nacional a utilizar una vía no libre, de peaje. En Cataluña ya estamos acostumbrados a pagar peajes y a no tener vías alternativas libres de peaje, pero lo de Girona es un escándalo por ser la provincia que tiene el récord de tener menos kilómetros de autovía del Estado cuando es una de las provincias económicamente estratégicas de España por ser la que une España con Europa.


En cuanto al tercer punto de la moción, el Grupo Popular hemos presentado una enmienda de modificación que mejora el texto primitivo que solicita el impulso de la redacción de los proyectos constructivos de los tramos de la N-II desde el municipio de Orriols hasta la frontera francesa en un plazo máximo de nueve meses. ¿Qué pretende esta enmienda? Pretende más compromiso del Gobierno del Estado con Girona, ponerle más deberes al Ministerio de Fomento respecto a esta provincia y que el ministerio marque unos plazos porque en este caso es factible hacerlo. Se nos pone como excusa que estos tramos están paralizados por culpa de los ayuntamientos afectados por el paso del desdoblamiento, pero la culpa no la tienen los municipios por defender su territorio con los instrumentos que les ofrece la ley, sino que es el Gobierno el que tiene que hacer un esfuerzo para que los proyectos que redacta tengan el máximo consenso en el territorio, y el consenso solo se consigue con dos cosas: dialogando y pisando el territorio, dos cosas que el Gobierno no ha hecho con Girona.
Aún peor, el propio conseller de Política Territorial -ex alcalde de Girona, conseller del tripartido y parte del Grupo Socialista Catalán- ni siquiera ha mediado en esto para avanzar en el desdoblamiento de la N-II en estas comarcas.


El Partido Popular siempre ha dicho que son urgentes y necesarias las infraestructuras en nuestro país ya que contribuyen a incrementar más la competitividad económica, así como a conseguir un mayor retorno económico y social. La N-II es la conexión con Europa de todo el corredor mediterráneo, del levante, el sur y el centro de España con Europa.
Girona no puede verse lastrada por esta infraestructura, lleva esperando catorce años a que se realice su desdoblamiento y esta infraestructura es prioritaria para la economía de las comarcas de Girona, Cataluña y España. El paso de esta nacional por la provincia de Girona es el único tramo que queda sin desdoblar. Fue el Gobierno del Partido Popular el que apostó por las infraestructuras en la provincia de Girona. Fuimos nosotros los que iniciamos y ejecutamos el primer tramo del desdoblamiento de la nacional en las comarcas de Girona, así como también fuimos los que iniciamos y ejecutamos el desdoblamiento de la N-260 construyendo un tramo tan complejo como eran los túneles de Castellfollit de la Roca. Demostramos así nuestra voluntad política con Girona, inexistente en cambio en los gobiernos socialistas.


Es una lástima que no se haya aceptado nuestra enmienda, que es más completa que la propia del Grupo Socialista y que la transaccionada, pero el objetivo del Partido Popular es mirar hacia el futuro, conseguir el desdoblamiento de la N-II y que sea una realidad. Nuestro objetivo es que la puerta de España con el mundo sea una vía libre de peajes y llegar a un consenso. Por tanto, apoyaremos la moción y la enmienda transaccional para que el desdoblamiento de la N-II sea una realidad definitiva en la provincia de Girona, en Cataluña y en España.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montserrat.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Juli Fernández Iruela.


El señor FERNÁNDEZ IRUELA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo en nombre del Grupo Socialista para defender la enmienda de adición a la moción de Convergència i Unió en relación con la necesidad de acelerar el desdoblamiento de la N-II en la provincia de Girona. Señor Xuclà, el Grupo Socialista hace tiempo que mira al futuro y queremos seguir haciéndolo.


Señorías, es una enmienda -la que presenta el Grupo Socialista- que permite mejorar la propuesta de Convergència i Unió y que pretende dos grandes objetivos. Primero, dejar claro que la propuesta que hace Convergència i Unió debe contemplarse en el marco de los acuerdos entre Gobierno estatal y Generalitat de Cataluña, como no puede ser de otra manera. En este sentido, es bueno indicar que la Generalitat y el Gobierno ya hace tiempo que estaban trabajando en la necesidad de acelerar el desdoblamiento de esta carretera. El segundo gran objetivo es concretar, en la medida de lo posible, la necesidad de avanzar en la ejecución y tramitación del trayecto entre Orriols y La Jonquera, que se quedan fuera del plan extraordinario de infraestructuras. Esta enmienda permite una transacción, a la que se han sumado todos los grupos parlamentarios, que supone la incorporación del primer punto de nuestra enmienda de adición, consiguiendo dejar claro que las actuaciones en la N-II se deben realizar en el marco de los acuerdos entre el Gobierno del Estado y la Generalitat de Cataluña. Señorías, estamos de acuerdo en que el desdoblamiento de la N-II a su paso por Girona lleva un retraso importante y es una de las principales preocupaciones en el ámbito de las infraestructuras de toda la sociedad gironina y una prioridad para el progreso social y económico y para avanzar en la mejora de la movilidad; una prioridad y un compromiso compartido por el Grupo Socialista, por el Gobierno y por la Generalitat de Cataluña, como dejó claro el ministro de Fomento en respuesta a la interpelación de la que es consecuencia esta moción.


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Señorías, llegados aquí es evidente que el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat encabezado por su conseller Joaquim Nadal llevan mucho tiempo trabajando para acelerar las obras del desdoblamiento de la N-II a su paso por Girona. Por eso, en este momento estamos en disposición de poder incorporar los proyectos maduros al plan extraordinario público-privado de infraestructuras. No se puede entender de otra manera, ya que esto no se puede improvisar. El propio ministro dijo en el anterior Pleno que los primeros convenios se firmarán el 29 de abril, en relación con el plan extraordinario de infraestructuras.
Compartiendo, como no puede ser de otra manera, lo que indica la moción de Convergència i Unió sobre la necesidad de acelerar el desdoblamiento de la N-II, es bueno poner de manifiesto que ha sido el Gobierno socialista el que ha hecho el mayor esfuerzo en los últimos años en inversiones en Cataluña y en Girona, concretamente en los tramos de la N-II que van desde Barcelona hasta La Jonquera. Quiero recordarles que el tramo Caldes de Malavella-aeropuerto entró en servicio en 2007; el tramo aeropuerto-Fornells de la Selva también entró en servicio en 2007; el tramo Tordera-Maçanet de la Selva tiene el proyecto aprobado para incluir en el plan extraordinario; el tramo Maçanet-Sils es una obra adjudicada en 2005, aunque con problemas en la ejecución, pero que también se va a incorporar en el plan extraordinario; el tramo Sils-Caldes de Malavella es una obra adjudicada en 2006 y, aunque con problemas en su ejecución, también se va a incorporar en el plan extraordinario, y el tramo Medinyà-Orriols es una obra adjudicada en mayo de 2009 y que ya ha comenzado. Señorías, sin los problemas de adjudicación que he señalado anteriormente en estos momentos estaríamos hablando de más de 40 kilómetros de carretera desdoblada o en un avanzado estado de ejecución.


Señor Xuclà, compartiendo el contenido de su moción y, por tanto, la necesidad de acelerar las obras de desdoblamiento a su paso por Girona, estará usted de acuerdo conmigo en que se ha hecho un gran esfuerzo en la demarcación. Si no, podríamos preguntar al señor Xuclà y también a la señora Montserrat quién y cuándo ha realizado las obras del aeropuerto Girona-Costa Brava; quién y cuándo ha ampliado el tercer carril de la AP-7; quién y cuándo está haciendo las obras de la alta velocidad y quién y cuándo ha conseguido el traspaso de cercanías a la Generalitat. Por tanto, señorías, en este momento en Girona hay obras por más de 2.000 millones de euros. En el año 2009, la obra ejecutada en Girona fue por más de 700 millones de euros, más inversión que en los ocho años de Gobierno del PP.


Quiero acabar, señorías, poniendo de manifiesto que con el presente acuerdo trasladamos a la sociedad gironina la firme voluntad de acelerar las obras del desdoblamiento de la Nacional II, obras y actuaciones muy importantes para Girona, pero que deben hacerse en el marco de los acuerdos entre el Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Iruela.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Francesc Canet.


El señor CANET I COMA: Señor presidente, señorías, nos hemos unido a la transacción, como no podía ser de otra manera. Como diputado elegido en la circunscripción de Girona no podía hacer otra cosa, y además acepto la expresión de Jordi Xuclà de que hay que mirar con esperanza al futuro. De todas formas, no niego que nuestra adhesión a la transacción se hace sin demasiado entusiasmo, porque, como él ha recordado, la situación en la N-II en las comarcas Girona podría se calificada de cualquier cosa, kafkiana, injusta, impropia del siglo XXI y también del siglo XX. El déficit crónico de infraestructuras se ha descrito muchísimas veces, y en cada campaña electoral -y el autor de la moción lo sabe perfectamente- el tema estrella ha acabado siendo el problema de la N-II, que además se ha discutido entre promesas y reproches de unos y otros, o sea, de los dos grandes partidos mayoritarios españoles. Los datos los ha facilitado el proponente y no los voy a repetir. Las causas se han discutido, son diversas, pero la realidad es la que es, la que vivimos y sufrimos quienes hemos de utilizar esa carretera. Y la última expresión de esa realidad son los cortes periódicos de esa carretera, el último de los organizados en el cruce de Caldes de Malavella, donde se han reunido alcaldes de todos los colores políticos, ciudadanos e incluso, aunque parezca extraño, parlamentarios. Esos cortes no son otra cosa que la expresión de la impotencia de muchos años, y también de otro sentimiento: el escepticismo. No ha de extrañar que, ante lo que ahora parece una vez más que va en serio, algún medio de Girona haya titulado a toda página: "Ahora dicen que", como muestra máxima de desconfianza hacia una realidad. Y es que el señor Xuclà ha recordado que el compromiso actual del Gobierno con su petición es que en el año 2015 estará la carretera desdoblada hasta la antigua frontera. Pero de promesas la gente de Girona está ya un poco cansada. La gente de Girona sabemos que el 28 de marzo de 1983, Josep Borrell declaró que, en el peor de casos, toda la carretera, hasta La Jonquera, estaría terminada en el año 2007. Esperemos que ahora la promesa tenga mayor suerte y se concrete. Por tanto, tampoco nos ha de extrañar que las declaraciones e incluso las mociones se tomen como anuncios, por los antecedentes repetidos del pasado. Si leemos hoy las declaraciones de los últimos días, e incluso de las últimas horas, de muchos alcaldes de la zona afectada, veremos que no son precisamente de mucha alegría y de mucha confianza; algo de esperanza sí, pero no de mucha confianza. El propio conseller de Política Territorial y Obras Públicas ha dicho que la moción pactada no añade nada nuevo. En cualquier caso, y como he dicho antes, nos unimos a la transacción mirando al futuro pero sin olvidar el pasado. Y sobre

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todo nos hubiera gustado ver en la moción dos cosas que no vemos, aunque sí podamos intuir en alguna expresión habitual. Una es la concreción temporal, y especialmente la apuesta por el tramo norte, a lo que se ha referido Jordi Xuclà, pero que creemos que queda como en un limbo de indefinición, y sin ese tramo norte no será completo en absoluto el desdoblamiento de esta carretera tan importante para las comarcas de Girona, y en especial, déjeme decirlo, para mi comarca, L'Empordà.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.


Hemos finalizado el debate del orden del día. Votaremos en tres minutos.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.-Pausa.)

PRÓRROGA DE PLAZO.


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones.


En primer lugar, se ha solicitado, y con el acuerdo de la Junta de Portavoces, prórroga hasta el 30 de junio del presente año de la subcomisión del Régimen Electoral General para estudiar modificaciones al Régimen Electoral General en la Comisión Constitucional.


¿Se acuerda por el Pleno y por asentimiento la prórroga? (Asentimiento.) Queda acordada.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA REGULAR LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL IRREGULAR. (Número de expediente 122/000159.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para regular la flota pesquera artesanal irregular.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 165; en contra, 172; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. JORQUERA Y SRA. FERNÁNDEZ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO PARA QUE TODOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CADENA ALIMENTICIA TRIBUTEN AL 4 POR CIENTO. (Número de expediente 122/000205.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Jorquera y señora Fernández Davila), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para que todos los productos y servicios relacionados con la cadena alimenticia tributen al 4 por ciento.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 173; en contra, 167; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DIÁLOGO SOCIAL. (Número de expediente 162/000634.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. FERNÁNDEZ), RELATIVA A LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA ACTIVIDAD LABORAL. (Número de expediente 162/000201.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el enfoque de género en el diálogo social e, igualmente, si no hay obstáculo por parte de ningún grupo, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández, relativa a la igualdad de género en la actividad laboral. Ambas han sido enmendadas con una transaccional común. ¿Algún grupo se opone a la tramitación de la transaccional? (Denegaciones.)

En consecuencia, votamos en los términos de la transaccional las dos proposiciones no de ley anunciadas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 340.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PRÓRROGA DE LAS AYUDAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN 2000E. (Número de expediente 162/000627.)

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El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la prórroga de las ayudas contempladas en el Plan 2000E.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 172; en contra, 172.


El señor PRESIDENTE: Producido un empate, se volverá a votar, tal y como ordena el Reglamento, por segunda vez.


Votamos, por tanto, por segunda vez la proposición no de ley anunciada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 173; en contra, 172.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA AL INCREMENTO DE LA DOTACIÓN ECONÓMICA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PLAN 2000E. (Número de expediente 162/000637.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al incremento de la dotación económica del régimen de ayudas para la adquisición de vehículos, Plan 2000E.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 173; en contra, 172.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA COMÚN DE PESCA. (Número de expediente 173/000134.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la moción del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila, sobre las propuestas del Gobierno en relación con las modificaciones de la política común de pesca.


Se vota en los términos de la enmienda transaccional, si no hay ningún grupo que se oponga a su tramitación. (Pausa.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 345.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA COMBATIR Y ERRADICAR LA DELINCUENCIA EN LOS MENORES. (Número de expediente 173/000135.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para combatir y erradicar la delincuencia en los menores. Se vota en los términos de la propia moción.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 152; en contra, 182; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA NECESIDAD DE ACELERAR EL DESDOBLAMIENTO DE LA N-II EN LAS COMARCAS DE GIRONA. (Número de expediente 173/000136.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre la necesidad de acelerar el desdoblamiento de la N-II en las comarcas de Girona. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por todos los grupos. ¿Alguno se opone a su tramitación? (Denegaciones.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 345.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos.)

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las ocho y treinta minutos de la noche.

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