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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 144, de 09/03/2010
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2010 IX Legislatura Núm. 144
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 135
celebrada el martes, 9 de marzo de 2010


ORDEN DEL DÍA:

Prórrogas de plazo ... (Página 5)

Exclusión en el orden del día ... (Página 5)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley del Fondo para la Promoción al Desarrollo. (Número de expediente 121/000051.) ... (Página 5)

Modificación en el orden del día ... (Página 5)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas:

- Del Parlamento de Cataluña, de adición de un apartado al artículo 759 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 15-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 125/000015.) ... (Página 5)

Página 2


Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la aplicación del tipo reducido del IVA a los servicios de fontanería, pintura, electricidad y carpintería. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 217-1, de 18 de diciembre de 2009. (Número de expediente 122/000194.) ... (Página 11)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo de las negociaciones que llevan a cabo los agentes sociales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 343, de 26 de febrero de 2010. (Número de expediente 162/000599.) ... (Página 18)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las ayudas urgentes para todos aquellos municipios afectados por los graves daños y pérdidas causados por el temporal de nieve, lluvias y los fuertes vientos sufridos en el mes de diciembre de 2009 y enero de 2010. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 333, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 162/000558.) ... (Página 24)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la regulación del derecho a decidir sobre la propia vida. (Número de expediente 173/000120.) ...
(Página 29)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas concretas que va a tomar el Gobierno dirigidas a reducir de forma urgente el déficit público. (Número de expediente 173/000121.) ... (Página 35)

Declaración institucional ... (Página 40)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.) ... (Página 40)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 40)

Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 41)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 41)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Prórrogas de plazo ... (Página 5)

El señor presidente somete a la consideración de la Cámara la prórroga de los trabajos de la subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años, lo que se aprueba por asentimiento.


Exclusión del orden del día ... (Página 5)

El señor presidente somete a la consideración de la Cámara la exclusión del orden del día de la sesión del próximo jueves día 11 del punto número 42 referido al proyecto de ley del Fondo para la promoción al desarrollo, lo que se aprueba por asentimiento.


Modificación del orden del día ... (Página 5)

El señor presidente solicita la conformidad de la Cámara para alterar el orden del día en el sentido de que dos interpelaciones referidas a la señora ministra de Sanidad y Política Social puedan examinarse de manera sucesiva y conjunta, lo que se aprueba por asentimiento.


Página 3


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas ...
(Página 5)

Del Parlamento de Cataluña, de adición de un apartado al artículo 759 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjui- ciamiento Civil ... (Página 5)

Los señores Pelegrí Aixut, y Comín Oliveres, representantes del Parlamento de Cataluña defienden conjuntamente la toma en consideración de la proposición de ley.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vañó Ferre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Pedret y Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 11)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la aplicación del tipo reducido del IVA a los servicios de fontanería, pintura, electricidad y carpintería ... (Página 11)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Montoro Romero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley ... (Página 18)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo de las negociaciones que llevan a cabo los agentes sociales ... (Página 18)

Defiende la proposición no de ley el señor Membrado Giner, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Villalobos Talero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Tardà i Coma y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Membrado Giner.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las ayudas urgentes para todos aquellos municipios afectados por los graves daños y pérdidas causados por el temporal de nieve, lluvias y los fuertes vientos sufridos en el mes de diciembre de 2009 y enero de 2010 ... (Página 24)

Defiende la proposición no de ley la señora Quintanilla Barba, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Fernández Davila y el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto y la señora Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Quintanilla Barba.


Página 4


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 29)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la regulación del derecho a decidir sobre la propia vida ... (Página 29)

Defiende la moción el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Cervera Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Tardà i Coma.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas concretas que va a tomar el Gobierno dirigidas a reducir de forma urgente el déficit público ... (Página 35)

Defiende la moción el señor Martínez-Pujalte López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Martínez-Pujalte López.


Declaración institucional ... (Página 40)

Por el señor secretario segundo se procede a dar lectura de una declaración institucional, suscrita por todos los grupos de la Cámara, de apoyo a la candidatura de Tarragona como sede de los XVIII Juegos del Mediterráneo.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.) ... (Página 40)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de adición de un apartado al artículo 759 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se aprueba por 335 votos a favor.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 40)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la aplicación del tipo reducido del IVA a los servicios de fontanería, pintura, electricidad y carpintería, se aprueba por 335 votos a favor.


Proposiciones no de ley. (Votaciones.) ... (Página 41)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo de las negociaciones que llevan a cabo los agentes sociales, con la incorporación de la enmienda de Esquerra Republicana más la primera enmienda de Convergència i Unió, se aprueba por 175 votos a favor y 159 abstenciones.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las ayudas urgentes para todos aquellos municipios afectados por los graves daños y pérdidas causados por el temporal de nieve, lluvias y los fuertes vientos sufridos en el mes de diciembre de 2009 y enero de 2010, se aprueba por 334 votos a favor y una abstención.


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 41)

Sometido a votación el punto 1 de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre regulación del derecho a decidir sobre la propia vida, se rechaza por ocho votos a favor, 320 en contra y siete abstenciones.


Sometido a votación el punto 2 de la misma moción, se rechaza por siete votos a favor y 328 en contra.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas concretas que va a tomar el Gobierno dirigidas a reducir de forma urgente el déficit público, se rechaza por 145 votos a favor, 170 en contra y 20 abstenciones.


Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


PRÓRROGAS DE PLAZO.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Señorías, como asuntos previos, en primer lugar someto a la consideración de la Cámara la prórroga de los trabajos de la subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años. La Mesa propone al Pleno, y la Junta de Portavoces ha dado su conformidad, que se amplíe por un plazo de seis meses. ¿Lo acuerdo así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado.


EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN AL DESARROLLO. (Número de expediente 121/000051.)

El señor PRESIDENTE: Someto a SS.SS. la exclusión del punto del orden del día número 42 referido al proyecto de ley del fondo para la promoción al desarrollo. ¿Queda excluido? (Asentimiento.) Así se acuerda.


MODIFICACIÓN.


El señor PRESIDENTE: Por último, solicito la conformidad de la Cámara para alterar el orden del día en el sentido de que dos interpelaciones referidas a la señora ministra de Sanidad y Política Social puedan examinarse de manera sucesiva y conjunta. ¿Dan su conformidad sus señorías? (Asentimiento) Así se acuerda.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE ADICIÓN DE UN APARTADO AL ARTÍCULO 759 DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de expediente 125/000015.)

El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día. Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Del Parlamento de Cataluña de adición de un apartado al artículo 759 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Tiene la palabra, en nombre de la delegación del Parlamento de Cataluña, en primer lugar, el honorable señor diputado don Josep Maria Pelegrí, diputado del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Pelegrí Aixut): Muchas gracias, señor presidente.


Comparezco ante esta Cámara designado por el Parlamento de Cataluña, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, para dar cuenta de la proposición de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil como después explicaré. Hoy es una oportunidad para que los partidos políticos, los poderes públicos, las instituciones demos unas muestras de mayor cercanía a la ciudadanía, de mayor proximidad. Hoy puede ser un día de orgullo político, de aquellos días en los que los políticos hacen bien su trabajo, de parlamentarismo y de un parlamentarismo de proximidad.
¿Cuál es el motivo que nos trae a esta Cámara hoy? Les voy a explicar cuál es el marco. Primero, una Comisión de Peticiones del Parlamento catalán. Segundo, la comparecencia, la petición de un matrimonio mayor, dos personas mayores con un hijo dependiente con muchas dificultades, un hijo único incapacitado, con autismo de Kanner. Tercer elemento, un juez que se negó a dictaminar su incapacidad fuera del juzgado. El Parlamento catalán aprobó por unanimidad proponer a SS.SS. una proposición de ley para adicionar un nuevo apartado al artículo 759 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Sabido es el principio de que no hay mayor desigualdad que tratar a todo el mundo igual. No todo el mundo es igual, todos tenemos nuestras circunstancias y nuestras condiciones. Esta es una propuesta en positivo que no va contra nadie, que no va contra nada,

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simplemente pretende mejorar y dar mayor confianza al propio sistema.
Pretende evitar la igualdad que genera el perjuicio, la igualdad que genera tener desconsideraciones hacia determinadas personas.


¿Cuál es el núcleo de la propuesta que presentamos hoy aquí? Que la Ley de Enjuiciamiento Civil diga, establezca, disponga, que el médico forense y el juez magistrado deben personarse en el lugar de residencia, en el domicilio o en el centro asistencial de la persona. ¿En qué circunstancias? Cuando se constaten las graves dificultades de desplazamiento del presunto incapaz mediante la aportación, por supuesto, del correspondiente certificado médico u otro medio de prueba adecuado.
¿Cuál es el objetivo? Entre otros, buscar, garantizar la protección de los más débiles, de aquellos derechos que puede tener el presunto incapaz. Se trata de un acto de justicia, señorías, se trata de un acto de necesidad, evitar el desamparo de personas que pueden necesitar protección y que tienen derechos a proteger. Desde nuestro humilde punto de vista, la propuesta es acertada, la propuesta es oportuna, la propuesta es necesaria. Hemos constatado un vacío legal que debe ser repuesto y esta propuesta puede ser la solución.


Antes de finalizar mi parlamento, quiero hacer dos consideraciones finales. Primero, es el primer caso en el que se propone por parte del Parlamento catalán, y concretamente de la Comisión de Peticiones del Parlamento catalán, una proposición de ley para que el Congreso de los Diputados proceda a modificar una normativa del Estado. Por tanto, constato con satisfacción la validez de los instrumentos de que se dotan las instituciones, en este caso instrumentos que se ponen y que están a disposición de los ciudadanos. Y la segunda consideración es que nosotros en el Parlamento de Cataluña, tanto en la Comisión de Peticiones, como también después en el propio Pleno del Parlamento, conseguimos la unanimidad en todo el proceso. Desearía alcanzar también esa unidad del Congreso de los Diputados y de las Cortes Generales para tramitar esta proposición de ley.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores y diputados.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pelegrí.


Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Antoni Comín.


El señor COMÍN OLIVERES: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, si me lo permiten, desearía empezar mi intervención expresando la profunda impresión que me produce intervenir en esta Cámara, y no solo por un motivo evidente, que es el hecho de que hablo por primera vez ante esta institución, que es la máxima expresión de nuestra democracia, sino que mi emoción se debe a un motivo más personal que, si me lo permiten, quiero compartir con ustedes, y es que en este Congreso fueron en su día diputados don Jesús Comín Sagüés, mi abuelo, y más tarde don Alfonso Comín Ros, mi padre. (Aplausos.) Uno era diputado por Zaragoza en las listas de la Comunión Tradicionalista, es decir, el Partido Carlista en las Cortes de la República, y el otro fue diputado por Barcelona en las listas del PSUC, es decir, el Partido Comunista, en una de las primeras Cortes de la actual democracia. Solo quería transmitir que por este motivo esta intervención tiene una especial transcendencia para mí.


Más allá de las confesiones íntimas, que espero no me tengan en cuenta, quiero expresar, como el diputado que me ha precedido, la satisfacción que supone para nosotros presentar esta iniciativa legislativa del Parlamento de Cataluña ante esta Cámara, porque más allá del contenido los diputados que la aprobamos en su día en Barcelona entendemos que es el resultado de un ejercicio casi inigualable de participación ciudadana.
Pero empecemos por el contenido, que no es poco importante, lo resumiré brevemente, porque ya lo ha expresado el diputado señor Pelegrí. El Parlament de Catalunya propone una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que pide la adición de un nuevo apartado 1 bis) al artículo 759 de la ley. ¿Por qué? Porque este artículo dispone que en los procedimientos de incapacitación es obligado que el tribunal examine personalmente al presunto discapacitado y que, por tanto, nunca se resuelva el procedimiento sin previo dictamen pericial médico, acordado por el tribunal. Pero, ¿qué pasa? Que la ley no es lo bastante clara a la hora de exigir que el juez se desplace al lugar de residencia, al domicilio o al centro donde reside el discapacitado, cuando las circunstancias físicas o psíquicas o la situación médica del afectado le impidan desplazarse hasta el juzgado. Por este motivo, el Parlamento por unanimidad de todos sus diputados -insisto en la unanimidad- propuso esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento de Civil, con el fin de que de ahora en adelante tanto el médico forense como el juez magistrado -no me detengo en esto, ya ha sido explicado- tengan que desplazarse al lugar de residencia del discapacitado cuando haya un certificado médico que así lo justifique.


Además del contenido de la propuesta, entendemos que el propio proceso por el cual la propuesta ha llegado hasta aquí le confiere un valor muy especial y si me lo permiten detallaré muy sucintamente este proceso. En el origen de esta proposición de ley está la petición de un ciudadano de Cataluña, que ejerció su derecho de petición ante la Comisión de Peticiones del Parlament de Catalunya, de la que yo tengo el orgullo de ser presidente. Por tanto, en cierto modo es en calidad de presidente, no solo en calidad de miembro del Grupo Socialistes-Ciutadans pel Canvi, de la Comisión de Peticiones, y en representación de todos sus diputados, que yo me dirijo hoy a todos ustedes. Como bien saben SS.SS. nuestra Constitución reconoce el derecho de petición dentro del catálogo de derechos fundamentales, concretamente en el artículo 29.1, y la Comisión de Peticiones es el órgano del cual se ha dotado la mayoría de parlamentos de nuestro país, y también este Congreso, para

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que este derecho fundamental sea efectivo. Por tanto, tal y como recoge la ley orgánica que desarrolla el derecho de petición, las comisiones de peticiones de los parlamentos o del Congreso son órganos de participación directa de nuestros ciudadanos en la vida política. La petición fue admitida a trámite ya hace algunos años y dado el indudable valor que consideramos que tenía, la Comisión acordó convocar al peticionario para que compareciese ante la misma para exponer su caso. El caso era claro, ha sido ya explicado. Un hijo afectado por el autismo de Kanner, un juez o una jueza competente en el proceso de incapacitación que rechazaba la posibilidad de acudir al lugar de residencia del enfermo, a pesar de que se había acreditado de manera fehaciente que para el hijo enfermo suponía un riesgo, para él, para sus familiares, para el personal de las dependencias judiciales, suponía un riesgo desplazarse hasta allí. Ante esta situación, el juez o jueza decidió suspender provisionalmente el proceso de incapacitación y a consecuencia de esto el enfermo quedó de manera indefinida en una situación de desprotección porque su discapacidad no fue reconocida, lo cual impidió beneficiarse de todas las protecciones que nuestro sistema de protección social prevé para este tipo de ciudadanos. Visto el caso, la Comisión decidió por unanimidad asumir la petición y promover la correspondiente modificación legislativa. Fue elevada al Pleno del Parlament de Catalunya, que la aprobó por unanimidad, y desde hoy ya está en esta misma Cámara.
Esperamos que también el Congreso sea capaz de repetir la unanimidad que en su momento manifestó el Parlamento catalán. El resumen del proceso, por tanto, sería éste. Lo que empezó como una petición individual en ejercicio de un derecho fundamental culmina hoy con el inicio de una modificación de una ley orgánica. Creo que es difícil encontrar un ejemplo más acabado de participación ciudadana; un caso en el que son nuestros representados quienes nos impulsan en nuestra labor como representantes. Este caso demuestra más que sobradamente la utilidad y la necesidad de órganos que abran las instituciones a la iniciativa de la ciudadana.


Voy acabando. La naturaleza y las funciones de las comisiones de peticiones adquieren todo su sentido precisamente cuando nos llegan problemas que, para ser resueltos, requieren de la modificación de una ley. Sin lugar a dudas, son casos excepcionales, pero son casos que, sea como fuere, requieren la atención de una institución parlamentaria. Es importante no confundirse, no se trata de modificar leyes ad casum, no se trata de cambiar leyes para adaptarlas a casos individuales, lo que sería una mala técnica legislativa, sino que se trata de todo lo contrario, de que los casos particulares nos permitan mejorar aquellas leyes en la medida en que estos casos nos permiten poner de manifiesto insuficiencias e imperfecciones de las mismas. Después de todo lo dicho -acabo, señor presidente-, entenderán SS.SS. que quiera terminar mi intervención haciendo un recordatorio, desde esta tribuna, de los señores Vendrell. Lo más admirable de su actuación es que, cuando presentaron su petición ante el Parlamento catalán, su problema ya estaba resuelto y ellos quisieron hacer la petición solo para que nadie más tuviera que pasar por las dificultades y los sufrimientos por los que ellos pasaron. Por tanto, el caso de los señores Vendrell se trata de un ejemplo totalmente admirable de civismo.


Gracias, señor presidente, por su generosidad en el tiempo; gracias, señores diputados. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Comín.


Para fijar la posición, por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra, en primer lugar, don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Benvinguts, senyors diputats del Parlament de Catalunya, benvinguts al Parlament espanyol. Señorías, ciertamente, tal como han relatado los compañeros diputados del Parlament de Catalunya, se trata de poner en valor la petición, la reclamación y el ejercicio de civismo que llevó a cabo un ciudadano catalán, el señor Vendrell, ante la Comisión de Peticiones del Parlament de Catalunya, lo cual me permite poner en valor la labor del Parlament de Catalunya, que tomó, en Comisión, la decisión de asumir la demanda de este ciudadano por unanimidad, lo cual me permite poder felicitar a todos los grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya por esta iniciativa. De hecho, todos hemos reclamado, mil y una veces, la necesidad de que las administraciones públicas contribuyan a convertir los juzgados en entes muy funcionales. De hecho, reclamamos que hay que informatizar todos los procesos judiciales, pero se nos olvida reclamar a veces que hace falta humanizar a los jueces, humanizar la función profesional de los jueces. Ciertamente, asumo el riesgo de generalizar, esto es evidente y generalizar es un ejercicio cotidiano que todos hacemos. Pero sí que nos sirve como botón de muestra de que, si a veces la función profesional estuviera más humanizada o se fuera más diligente en estar al servicio de la ciudadanía, quizá no haría falta cubrir aquellos resquicios legales que hacen posible el sufrimiento agravado de unos padres, en este caso, que vieron cómo no podían tramitar la incapacitación -que, como ustedes saben, es algo fundamental y prioritario para los padres de una persona con discapacidad, en este caso una discapacidad muy profunda, tal como ya se ha relatado-, porque tenían dificultades. Ustedes saben que es un procedimiento necesario para garantizar la viabilidad social de esta persona una vez que los padres o los tutores ya han muerto. Por tanto, esto es importante remarcarlo, aun cuando también me gustaría -repito- poner en valor esta iniciativa del Parlament de Catalunya, lo cual demuestra hasta qué punto son necesarias unas instituciones funcionales, modernas y que tengan reglamentos

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que permitan que las iniciativas ciudadanas tengan una traslación inmediata a las tribunas de debate.


Lo que nos lleva hoy a esta tribuna es una solicitud que no debería ofrecer demasiadas dificultades; tal como se ha relatado, se trata solamente de añadir un nuevo apartado al artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de que si una de las partes solicita que el magistrado o el juez se desplace al domicilio por considerar la familia que el traslado de esta persona hasta el juzgado puede provocar un problema de todo tipo -físico o psíquico-, el ciudadano no se vea doblemente penado. Repito que no debería ofrecer ninguna dificultad, no debería existir ninguna resistencia por parte de los grupos parlamentarios; al contrario, creo que estamos ante una iniciativa que lo que debe exigir es agradecimiento al Parlamento de Cataluña y por encima de todo agradecimiento por el ejercicio de civismo de este ciudadano catalán, el señor Vendrell, que hago extensible -este orgullo y este agradecimiento- al conjunto de su familia. Así pues, creo que no habrá ninguna dificultad para que tenga el consenso de esta Cámara. Por cierto, quisiera también felicitar al Grupo Socialista porque, al menos desde que yo estoy en esta Cámara, por primera vez va a votar favorablemente una iniciativa parlamentaria aprobada por el Grupo Socialista en el Parlament de Catalunya (Varios señores diputados: ¡No!) Si no es la primera vez, quizá es la segunda, pero creo que es la primera. En todo caso, creo que puede ser un buen síntoma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señores representantes del Parlament, quiero felicitarles por su iniciativa, por la oportunidad y sobre todo por la cualidad de la misma.


Señor presidente, no soy capaz de hacer un discurso tan largo como los que me han precedido en el uso de la palabra, a pesar de mi vocación a la exuberancia verbal, porque este pedimento me parece tan obvio y tan poco cuestionable que bastaría con decir que, evidentemente, sí hay que acometerlo. Parafraseando el discurso del señor Tardà -es un mundo que no me resulta desconocido- a mi también me resulta rechazable este poder taumatúrgico de la jurisdicción, de la Administración de Justicia, rodeado de togas, actuando desde estrados, desde la lejanía, e incluso imponiendo cierto miedo en la solemnidad del ejercicio de la función jurisdiccional. Desde esa perspectiva esto se incardina en una aproximación a las necesidades ciudadanas, que es lo que debería caracterizar esencialmente el ejercicio de la función jurisdiccional.


En cuanto al pedimento concreto, ha sido glosado por los representantes del Parlamento de Cataluña perfectamente, porque está previsto por la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 1/2002, en el artículo 759: Cuando una práctica o una diligencia judicial no se puede realizar en la sede del juzgado, se puede realizar fuera de la sede del juzgado. Así lo prevén los artículos 335 y 356 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Qué duda cabe de que cuando una persona a la que se le va a incoar un procedimiento de incapacitación no puede trasladarse para la realización de las pruebas y reconocimientos periciales a la sede del propio juzgado, tiene que ser el juzgado el que se traslade al lugar donde está el que va a ser incapacitado o los parientes que también tienen problemas de movilidad o de acceso a la sede jurisdiccional para ejercitar el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. Señores representantes del Parlamento de Cataluña, si no aprobáramos esta proposición que ustedes nos traen en sus propios términos, estaríamos impidiendo muchos procesos de incapacitación. Estaríamos vulnerando el derecho y el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional previsto en el artículo 24 de la propia Constitución. Solo me queda felicitarles por la oportunidad, vinculada a cierto suceso concreto, que ustedes han glosado y especificado pero que ha provocado una interpretación de la ley mucho más acorde a los requerimientos de la justicia que al propio tenor literal de la ley. La potestad jurisdiccional puede existir cuando la potestad posibilita impartir justicia y ejercer la tutela jurisdiccional que es debida. Cuando la potestad jurisdiccional impide el reconocimiento de derechos -que en este caso afectan a los discapacitados, pero que se podría aplicar a otros casos también- la justicia tiene que ajustarse a estos requerimientos, a estas dificultades y hacer algo tan sencillo como trasladarse físicamente al lugar donde la impartición de la justicia material se tiene que producir. Esto no es discutible. Yo he hecho un ejercicio, señor presidente, con toda honestidad se lo voy a reconocer, de buscar elementos de refutación del contenido de esta proposición, de esta iniciativa que nos llega del Parlamento de Cataluña. No se me ha ocurrido ningún argumento. Igual hay algún grupo más imaginativo que el que yo represento que pueda encontrar argumentos para establecer elementos de refutación. Lo dudo, porque estamos hablando del contenido esencial de un derecho como es el de la tutela judicial efectiva. Es un derecho indisponible, un derecho que compromete a todos los poderes del Estado y también al Poder Judicial. Por tanto, enhorabuena al Parlamento de Cataluña por la oportunidad y por la pertinencia de lo que aquí se nos presenta.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Jané.


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El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quería dar la benvinguda a dos ilustres diputados del Parlamento de Cataluña, al diputado don Josep María Pelegrí y al diputado don Antoni Comín. Bienvenidos, benvingut al Congreso de los Diputados.


Como nos decía el diputado Pelegrí en su intervención inicial, más allá del contenido estricto que es necesario y que vamos a apoyar de esa modificación puntual concretamente del artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la proposición de ley que hoy nos trae el Parlament de Catalunya tiene una significación especial porque supone un nuevo concepto de parlamentarismo. Se decía en la intervención inicial y yo quiero ahondar en ello. En los parlamentos, en este Congreso de los Diputados también, tenemos comisiones de peticiones que sirven para recibir propuestas y para denunciar en ocasiones aspectos de nuestro ordenamiento jurídico que deberían modificarse. Es en la Comisión de Peticiones del Parlament de Catalunya donde tiene acogida una propuesta de una familia catalana que ve en la Ley de Enjuiciamiento Civil un obstáculo para poder realizar ese proceso de incapacitación, por la imposibilidad de desplazarse al juzgado la persona presuntamente incapaz que debe ser sometida a ese proceso y que se encuentra con que no puede realizarlo. ¿Por qué? Porque no era un imperativo legal, como ahora sí que lo va a ser si esta proposición de ley es tomada en consideración, el hecho de que o bien el juez magistrado o bien el médico forense tuvieran que desplazarse, si fuera necesario, al lugar donde está ese presunto incapaz. Por tanto, estamos en la línea correcta, estamos tomando en consideración una proposición de ley que viene a ser reflejo directo de lo que la ciudadanía nos ha pedido por la vía de acudir al Parlamento y realizar una petición. Por consiguiente, más allá del contenido concreto, que compartimos -y esperamos desde Convergència i Unió que pueda tener también aquí el apoyo unánime del Congreso de los Diputados y después, iniciada su tramitación, del Senado y que las Cortes Generales puedan aprobar esta iniciativa-, hoy debemos congratularnos de que una iniciativa de la sociedad que acude al Parlamento, a su Comisión de Peticiones, pueda llegar a trasladarse en una proposición de ley del Congreso de los Diputados y después del Senado. Creemos que es un buen ejemplo a seguir. Entendemos que hay una asignatura pendiente en ocasiones en esta misma Cámara: poner en valor la Comisión de Peticiones.
En muchas ocasiones se dice que es casi como un buzoneo en el sentido de que van llegando propuestas o cartas de los ciudadanos y simplemente se da traslado a los grupos. Pero es algo más que esa función de trasladar peticiones, es analizarlas y concretarlas en un texto legislativo que después pueda ser aceptado. Por ello, en ese sentido nosotros le damos nuestro apoyo, felicitamos a los dos diputados por su intervención y por haber trasladado hoy al Congreso de los Diputados esa propuesta que al final dará respuesta a casos anónimos que hoy no conocemos, pero es una propuesta que pasa de ser una denuncia concreta a convertirse en una solución global para cualquier ciudadano que pudiera encontrarse en esa situación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Francisco Vañó.


El señor VAÑÓ FERRE: Gracias, señor presidente.


Damos la bienvenida a los diputados del Parlamento catalán y también a la iniciativa, pero con unos matices, y déjenme que haga un análisis un poco más global de la misma. Si analizamos bien, como los juzgados no son accesibles vamos a tratar de que se resuelva en el domicilio particular de las personas con discapacidad. Si esto estuviese pensado para situaciones excepcionales y para que sea en el ámbito donde se desarrolla el día a día del discapacitado, o admitimos que para situaciones muy graves de discapacidad en personas gravemente afectadas, sería una solución. Pero yo creo que esto es una excepcionalidad y en el fondo se está constatando un fracaso en el desarrollo de la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, que en su disposición adicional sexta habla de las condiciones básicas de accesibilidad. Yo creo que lo que se debería tratar de hacer por todos los medios para la inmensa mayoría de estas personas con discapacidad sería habilitar, tal y como indicaba esta ley, todas las instituciones públicas y por supuesto también los juzgados.
Decía que en la disposición final sexta se establecen unas condiciones mínimas de accesibilidad, en dos años tenía que haber aprobado el Gobierno unas condiciones básicas de accesibilidad y en el espacio de cinco a siete años todas las instituciones públicas deberían ser accesibles.


Yo creo que es el momento de situar las políticas de discapacidad, concretamente la discapacidad, en la esfera de los derechos humanos al amparo de la Convención de Naciones Unidas a favor de las personas con discapacidad, del 13 de diciembre de 2006, convención que fue firmada, así como su protocolo, por este Parlamento. Tenemos que pasar de los servicios sociales a los derechos sociales. La recepción de la convención de Naciones Unidas tiene que dar pie en esta legislatura a modificar aquellos aspectos que yo creo que todavía están pendientes en nuestro ordenamiento jurídico y que chocan con el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Concretamente el artículo 9º habla de la accesibilidad y de que los Estados deben ser los que provean las circunstancias para que todos los entornos, productos, bienes y servicios sean accesibles para todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Yo creo que en esta legislatura los legisladores debemos acometer la regulación de un nuevo procedimiento de provisión de apoyos para la toma de decisiones

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que, según el artículo 12 de la misma convención, en igualdad de reconocimiento como personas ante la ley, y el artículo 13, de acceso a la justicia, de la convención deben ponerse en marcha. Los retoques no es lo que prevé la convención. La primera reacción ha sido desaconsejar la toma en consideración de la proposición de ley. No obstante, nuestro grupo ha demostrado su vocación por apoyar y mejorar -y aprobar, por supuesto- todo lo que signifique avances en el ámbito de la discapacidad por pequeños que sean. Aprovechamos la iniciativa del Parlamento de Cataluña y queremos ser consecuentes con la unanimidad que allí hubo, por lo que vamos a votar a favor de la toma en consideración, pero sí queremos instar al Gobierno ya en el trámite parlamentario correspondiente a que cumpla el mandato de la Ley 1/2009, en sus disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, de remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley en este sentido en el plazo de seis meses, ya superado. Señores, se ha de derogar el procedimiento actual de incapacitación y sustituirlo por otro de provisión de apoyos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vañó.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Jordi Pedret.


El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente.


Las primeras palabras son obligatoriamente de rito -pero no es solo rito- para saludar al honorable diputado señor Pelegrí y al ilustre diputado señor Comín en esta misión de representación del Parlamento de Cataluña, que actuó por unanimidad, y parece que estamos configurando aquí también una clara unanimidad. Cada vez que me corresponde subir a la tribuna en una ocasión de este tipo digo lo mismo -SS,SS lo oirán la primera vez, y a los demás pido disculpas-: es importantísima la distribución de la capacidad de iniciativa legislativa que se prevé en nuestro ordenamiento.
La visión plural y diversa de nuestro país, que es plural y diverso, tiene una plasmación concreta en la capacidad de iniciativa legislativa de los parlamentos autonómicos, que en este caso además incorpora el hecho de provenir de una tramitación en la Comisión de Peticiones, por tanto de la visión más plural aún, más diversa aún, de los ciudadanos, que llevan en el último minuto a esta tramitación en la Cámara.
Tramitación en la Cámara porque es absolutamente indiscutible la competencia de esta Cámara, de las Cortes Generales, en virtud del artículo 149.1, regla 6ª, de la Constitución española, al tratarse de un asunto procedimental, procesal. Además creemos que son realmente adecuados el momento y el fondo. Adecuado el momento porque viene cuando están en el calendario político todas las reformas tendentes a hacer de la Administración de Justicia un auténtico servicio público y al servicio de los ciudadanos. El contenido material de la proposición que nos llega del Parlamento de Cataluña tiende claramente a esto, a hacer de la Administración de Justicia un servicio al ciudadano concreto y no una visión separada, distante, mayestática de la justicia. Por eso nos interesa mucho. Está también en el calendario político porque desde la entrada en vigor el día 3 de mayo de 2008 en España de la incorporación al ordenamiento interno de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas discapacitadas y su protocolo facultativo -que también se autorizó a ratificar al Gobierno por parte del Congreso- está en funcionamiento un grupo de trabajo interministerial para elaborar los proyectos de desarrollo de la necesaria adaptación de nuestra legislación a esta convención, y estoy en condiciones de poder anunciar que en este mes de marzo va a rendir su informe al Consejo de Ministros. Es, por tanto, adecuadísimo el tiempo. Pero está también en el calendario legislativo, señores diputados del Parlamento de Cataluña, puesto que lo introdujo en el calendario legislativo la disposición final primera de la Ley 1/2009, de Reforma del Registro Civil, que establece la necesidad de proceder a modificar los procedimientos de incapacitación para convertirlos en procedimientos de modificación de la capacidad de obrar, y lo que ustedes dicen está absolutamente en esta línea. Quiero manifestar que desde nuestro punto de vista esto no es en absoluto incompatible con dar cumplimiento a todos los requisitos de accesibilidad que sean necesarios, puesto que se trata, en el caso concreto que se va a convertir en norma general, de algo que no tiene que ver con la accesibilidad, que es perfectamente compatible con ella. Se trata de que cuando las condiciones psíquicas, en este caso, impidan que cierta persona se pueda desplazar de su lugar de residencia habitual, de la institución en la que se encuentra, el servicio público de justicia atienda esta necesidad trasladándose él. Es por tanto perfectamente compatible con los requerimientos de la Convención de Naciones Unidas sobre personas con discapacidad. Sin embargo, como saben ustedes, en la tramitación parlamentaria que seguramente empezará esta tarde con la admisión a trámite de su proposición habrá que hacer algunas modificaciones para extender el ámbito de aplicación y modificaciones casi seguras desde el punto de vista terminológico, para adecuarlo al mandato al legislador futuro que se contiene en la disposición adicional octava de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal, que establece determinada terminología a utilizar en el futuro por los legisladores.


Con ello, señorías, queda claramente justificada la posición del Grupo Parlamentario Socialista, al que represento en este trámite, que se reflejará en la votación favorable a la admisión a trámite de la proposición, la felicitación al Parlamento de Cataluña por haberla traído aquí, más la reflexión que creo que debemos hacer sobre la utilización futura de la Comisión de Peticiones que tenemos en esta casa.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedret. Muchas gracias también a los señores comisionados del Parlamento de Cataluña.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA LA APLICACIÓN DEL TIPO REDUCIDO DEL IVA A LOS SERVICIOS DE FONTANERÍA, PINTURA, ELECTRICIDAD Y CARPINTERÍA. (Número de expediente 122/000194.)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, para la aplicación del tipo reducido del IVA a los servicios de fontanería, pintura, electricidad y carpintería. Para la defensa de la proposición de ley tiene la palabra don Cristóbal Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, haciendo uso legítimo de la iniciativa legislativa, presenta a la Cámara, en forma de proposición de ley, la necesidad de reducir el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, para las actividades relacionadas con los servicios de fontanería, pintura, electricidad y carpintería a fin de promover más actividad económica desde el reconocimiento a la actividad que realizan estos profesionales, que han sido realmente maltratados en la crisis económica, a la que también se ha vilipendiado llamándola crisis del ladrillo.
Detrás de ese título hay mucha actividad económica, hay muchas personas que ejercen con toda capacidad y con toda profesionalidad muchos oficios, hay muchísimos puestos de trabajo, hay empresas dispuestas a invertir, pequeñas empresas dispuestas a promover el crecimiento económico y el bienestar de nuestro país. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Se trata de aplicar lo que entendemos como una filosofía de política económica realmente primaria. El Estado recaudará más bajando impuestos y recaudará más IVA promocionando un IVA inferior en aquellas actividades que tienen que protagonizar la recuperación económica, la salida de la crisis de la economía española. No saldremos de la crisis subiendo impuestos, señorías. Esa es la forma de entender las causas y las consecuencias de esa crisis y esa es la forma de entender la propia experiencia en política económica y en política tributaria que tienen el Grupo Parlamentario Popular y el portavoz que hoy ocupa la tribuna. Nunca recauda más el Estado que cuando hay empleo, cuando hay actividad económica; de ahí la oportunidad política de presentar esta proposición de ley, que trata de favorecer la actividad y el empleo, de favorecer materias económicas que en definitiva son las que nos tienen que sacar de la crisis económica. Además estamos ocupando un tiempo en el que el Gobierno socialista está promoviendo un diálogo político fuera de esta Cámara, fuera del Congreso de los Diputados, para tratar de llegar a acuerdos políticos que promuevan una política económica que no puede ser otra que la de la rectificación de la política económica del Gobierno socialista, que ha agravado la crisis y ha promovido la gravísima destrucción de puestos de trabajo que ha experimentado nuestro país. Por eso, el sentido político de esta iniciativa va más allá de la extensión de un tratamiento fiscal que ya tienen las obras de albañilería dedicadas a la reparación de nuestras viviendas, nuestros locales comerciales y nuestros locales industriales. Va también en el sentido de residenciar aquí, en el Congreso de los Diputados, lo que debe ser el epicentro de ese diálogo y ese debate político para salir de esta crisis económica en la que seguimos inmersos. Es aquí, lugar en el que reside la delegación de la soberanía popular -no la soberanía popular, que en una democracia la tiene siempre el pueblo-, donde debemos abordar por tanto las grandes cuestiones que necesita nuestro país, las grandes decisiones de política económica para superar esta crisis de una manera definitiva.


La propuesta que hoy traigo al Congreso de los Diputados la promovimos en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.
Entonces, el Gobierno socialista, haciendo uso de la potestad que le otorga la Constitución, vetó esta iniciativa por considerarla negativa, reductora de los ingresos tributarios para el año 2010. Ahora conocemos por declaraciones públicas que al Gobierno socialista le gusta esta iniciativa en el marco negativo de subir el IVA para todas las actividades y en definitiva para todos los consumidores en nuestro país.
Le complace la reducción del IVA para estas actividades, la ve coherente con lo que está proponiendo. Desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos que insistir en que nosotros nos oponemos radical y frontalmente a la subida del impuesto sobre el valor añadido en el ejercicio 2010, puesto que ello traerá más crisis, más paro y en definitiva menos ingresos para la Hacienda pública, menos recaudación para el Estado. Por tanto, señorías, el valor de la proposición que hoy traemos a esta Cámara es iniciar un nuevo rumbo para la política económica y para la política tributaria en España. Por eso también pedimos a SS.SS., a los representantes de los grupos políticos, obviamente, que apoyen esta propuesta que presentamos desde el Grupo Parlamentario Popular. En este sentido ya les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a traer aquí en forma de iniciativas todas sus propuestas de rectificación de la política económica del Gobierno, como también durante la tarde de hoy tendremos ocasión de examinar en el debate público parlamentario y finalmente de votar, que es el acto parlamentario fundamental. También les propongo, señorías, en la tarde de hoy que llevemos a cabo una tramitación urgente de esta proposición de ley, porque no se puede anunciar que va a bajar el IVA para determinadas actividades y no hacerlo, ya que eso paraliza

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automáticamente la emisión de facturas. Por tanto, hacerlo ya es urgente además de importante, y un apoyo claramente mayoritario o unánime esta tarde despejaría, clarificaría la voluntad de esta Cámara en términos de favorecer esas actividades económicas. Por otro lado, también favorecería implantar en esta Cámara que bajando impuestos se promueve más actividad económica, que bajando impuestos el Estado recauda mejor, que bajando impuestos se lucha mejor contra el fraude. Todos sabemos que en estas actividades también hay mucho fraude porque ha habido mucha gente que ha perdido su puesto de trabajo y no puede estar en el registro general de la Seguridad Social. En consecuencia, con estas medidas tratamos de que afloren de la economía sumergida y paguen los tributos que se devengan de su actividad. Por tanto, señorías, espero, y por eso detengo aquí mis explicaciones, una actitud positiva de todos los grupos políticos representados en esta Cámara, y especialmente del Grupo Socialista, puesto que es aquí, insisto, en el seno de este Congreso de los Diputados, donde tenemos que llevar adelante esto que desde el Gobierno se nos está presentando como un diálogo político, como la búsqueda de un pacto. Hoy, en su fijación de posición frente a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular y en las votaciones al final de la tarde es el momento de decirles a los españoles sobre qué queremos pactar, si sobre subir o bajar impuestos. La propuesta del Grupo Parlamentario Popular es muy clara, expresa: bajar impuestos, sí; subirlos, no en las condiciones que estamos atravesando. En definitiva, no es la forma de corregir el problema del paro y de llevar más recursos a la Hacienda del Estado.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Montoro.


A esta proposición de ley no se ha presentado ninguna petición de grupo para ejercer el turno en contra. Por tanto, pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.


Señorías, empezaré por decir que el buenismo en política es tan hermoso como ineficaz. No sé si era el objeto de la proposición del Partido Popular -espero que no y no tengo ninguna otra duda-, pero es la primera reflexión que nos sugiere en Nafarroa Bai la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular para reducir el tipo de IVA a los servicios de fontanería, pintura, electricidad y carpintería. Buenismo porque solo así se comprende este intento de intervención, si es que, insisto, era el objeto, sobre un sector afectado de manera tan evidente, tan socialmente extendida por los modos y maneras de la economía sumergida. Por eso planteo desde la tribuna -y lo hago en nombre de mi grupo- cómo se va a conseguir el pago de un tipo reducido -en este caso es lo que se nos propone- sobre un no pago. He de decirle, señor Montoro, que esta reflexión es la misma que le hacíamos a la vicepresidenta señora Salgado el pasado jueves en la sede del Ministerio de Fomento, cómo conseguir un pago reducido del IVA sobre la costumbre bien extendida del no pago, y la verdad es que la vicepresidenta no nos supo responder. Yo agradecería enormemente por parte del portavoz del Grupo Popular, en este caso proponente de la iniciativa que nos trae ahora a la tribuna, una explicación al respecto, e insisto, por si no me había escuchado, señor Montoro, en cómo conseguiremos una actitud proactiva hacia el pago reducido del tipo sobre el no pago, que es lo que de una manera extendida se está produciendo en el conjunto de la sociedad.


En cualquier caso, es cierto que ustedes presentaron esta iniciativa allá por el mes de diciembre del pasado año, exactamente, según consta en el registro, el 18 de diciembre de 2009, lo que les otorga una cierta garantía sobre la paternidad de la iniciativa, y esto quiero reconocerlo en la tribuna. Pero eso mismo les obliga, señor Montoro, a reconocer en el Partido Socialista, en cualquier caso, el encuentro con algunas de las propuestas que se realizan desde el Partido Popular y, por lo tanto, el encuentro en algunos de los foros que les propone en estos momentos el Gobierno en torno a este tipo de iniciativas. Por nuestra parte, y es lo que vengo a reseñar desde esta tribuna, votaremos la iniciativa que hoy nos plantean. Eso sí, quiero reconocerlo, desde el escepticismo respecto a que efectivamente pueda ser un reactivador del consumo. En este sentido, señor Montoro, como portavoz de Nafarroa Bai, en este caso del Grupo Mixto, quiero hacer una reflexión desde la tribuna. No es cierto -no lo ha sido en ninguna crisis y no lo es en esta- que una bajada de impuestos reactive el consumo. Señor Montoro, quiero recordar que una bajada de hecho del IRPF, como han sido los 400 euros, no ha supuesto en el año 2008 una reactivación del consumo en el conjunto del Estado. Creo que es una reflexión que debemos hacer todos para el mejor encuentro, el mejor análisis y la mejor actitud propositiva de medidas contra la crisis. No es cierto que en crisis como esta, en la que la confianza del consumidor está afectada de manera tan plena, sea posible reactivar el consumo por la medida directa de la bajada de impuestos.


Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Barkos.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego considera que esta iniciativa es una razón más para insistir en que es necesario un debate y una reflexión global sobre el conjunto del sistema fiscal y el papel que

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juega en el mismo el impuesto sobre el valor añadido. Para fundamentar esta posición me voy a basar en la propia exposición de motivos del grupo proponente para justificar la medida de aplicar el tipo reducido del IVA también a servicios de fontanería, pintura, electricidad y carpintería.
El grupo proponente apela a que esta medida aumentaría las bases de la recaudación tributaria, desincentivaría la economía sumergida e incentivaría el consumo. En primer lugar, nos gusta escuchar por boca del Grupo Popular que es necesario aumentar las bases de la recaudación tributaria, porque para el Bloque Nacionalista Galego el equilibrio y la sostenibilidad de las finanzas públicas no se pueden conseguir desarmando el Estado, desarmando las políticas públicas. Y eso conlleva también la necesidad de reflexionar sobre qué reformas hay que introducir en el sistema fiscal para que cumpla una de sus funciones, que es asegurar la recaudación suficiente para proveer las políticas públicas. Desde nuestro punto de vista, eso no pasa, como propone el Partido Popular, por rebajas fiscales indiscriminadas y sistemáticas, sino que pasa también por incrementar la progresividad del sistema fiscal para distribuir de manera más justa la carga fiscal desde el punto de vista social. No nos parece, por tanto, suficiente para aumentar las bases de la recaudación con desincentivar la economía sumergida, tampoco llega con medidas que contribuyan a desincentivar la economía sumergida para luchar contra el fraude fiscal. Nosotros pensamos que la lucha contra el fraude fiscal tiene que ser una prioridad en las políticas fiscales del Gobierno y para ello son necesarios también medios e instrumentos que permitan su persecución efectiva, su represión, si ustedes lo prefieren, y desde luego medios e instrumentos que vayan más allá de las tímidas medidas anunciadas por el Gobierno. Y por supuesto que a la hora de valorar el impacto del sistema impositivo en el consumo, y con ello en la reactivación de la demanda y en la reactivación de la economía, es importante reflexionar sobre si es pertinente operar sobre los impuestos indirectos, sobre si es pertinente subir el IVA, como el BNG ha planteado en muchas ocasiones en esta Cámara, que ha planteado la necesidad de este debate. Como consideramos necesario en este contexto abordar también un debate global sobre qué bienes y servicios tienen que acogerse a los distintos tipos del IVA, no un debate por parcelas porque eso hace que perdamos perspectiva global. Piensen ustedes, señorías, que al mismo tiempo que hoy se propone esto, también hay grupos políticos que estaban proponiendo la necesidad de que el turismo se acoja al tipo reducido o el grupo que represento propone que se priorice la necesidad de que sean los productos alimentarios en su conjunto los que se beneficien del tipo superreducido. Por tanto, es necesario superar un debate por parcelas en lo que al IVA afecta y reflexionar sobre el sistema fiscal en su conjunto y sobre qué reformas son necesarias, que desde nuestro punto de vista pasan por bajar algunos impuestos, en particular los indirectos por su carácter injusto desde el punto de vista social y por su impacto negativo en el consumo, pero pasa también claramente por incrementar la progresividad en otros impuestos.


Dicho esto, el BNG manifiesta su disposición favorable a la admisión a trámite de la proposición de ley por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque nos parece incongruente que se aplique el tipo reducido a actividades intensivas en mano de obra de albañilería sin contemplar los servicios incluidos en esta proposición. Y, en segundo lugar, porque además esta medida es coherente con las propias propuestas formuladas por el Gobierno, en particular en lo que afecta a la necesidad de apostar por la rehabilitación de viviendas acompañada de estímulos fiscales que así lo incentiven, propuestas que no han contado con el rechazo de ninguna fuerza política. Por ese motivo, y pese a las reservas que nos merece el planteamiento global en materias fiscales del Grupo Popular, vamos a votar a favor de la admisión a trámite de esta medida concreta.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


La verdad es que es difícil para un no creyente decidirse entre el ajuste de Zurbano y el milagro de Montoro. Es muy difícil. Comprenderán SS.SS.
que mi grupo parlamentario no puede compartir una propuesta ante la crisis económica en la que se pretenda incrementar el IVA y reducir drásticamente el déficit, siendo los primeros en desempleo y también los primeros de la clase en recorte presupuestario. Para nosotros no es la solución a la crisis. Muy al contrario, pensamos que del entorno se deduce que es posible una salida a la crisis más solidaria, por una parte con un reparto de los impuestos más progresivo, con una lucha de verdad contra el fraude y también con el mantenimiento de la inversión pública para evitar la recaída en la crisis, que es el principal riesgo que corren nuestras economías. Pero por otra parte nosotros no podemos estar tampoco de acuerdo con la propuesta que hoy nos trae aquí el Grupo Parlamentario Popular por boca de su portavoz, el señor Montoro.
Podríamos, además de llamarla una propuesta milagrosa, llamarla una propuesta virtuosa. Es decir, según el señor Montoro, en plena crisis rebajamos los impuestos, aumenta la actividad económica y aumentan los ingresos del Estado. Dentro de lo que pueden denominarse las creencias está bien, pero como propuesta rigurosa a nosotros nos parece que no forma parte de una política económica alternativa y sólida. En nuestra opinión, si el Partido Popular tuviera la responsabilidad de gobierno estoy seguro de que no se le ocurriría -como no se le ocurre a la derecha alemana en estos momentos- plantearse una rebaja de impuestos

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como principal estrategia para reactivar la economía y para conseguir recuperar el empleo. Por lo tanto, en nuestra opinión, no parece muy adecuada esa medida. Sin embargo, alguna propuesta concreta en materia de rebaja impositiva puede ser adecuada en un determinado sector; una propuesta que sea selectiva y que vaya encaminada a un objetivo definido.
En ese sentido se puede interpretar la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular -por eso no vamos a rechazarla de plano- y también la propuesta del Gobierno. Ambas -una propone la rebaja del IVA y la otra la rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas- parecen ir encaminadas a reactivar el sector de la vivienda a través de la rehabilitación. Ahora bien, nosotros tenemos dudas razonables sobre esta cuestión. Creemos que en ese sector precisamente este tipo de medidas ni van a hacer aflorar el fraude -que es muy importante- ni tampoco van a conseguir un estímulo suficiente para paliar los efectos desastrosos que ha tenido la crisis financiera y la crisis del sector inmobiliario.
Desconfiamos y somos escépticos, como otros grupos parlamentarios, de la potencialidad de esta iniciativa.


Nosotros hemos propuesto en la mesa de negociación una iniciativa que signifique realmente un plan de rehabilitación que contemple inversión pública, créditos del Instituto de Crédito Oficial; un plan potente que vaya destinado, por una parte, a la inversión en rehabilitación y fundamentalmente a la sostenibilidad de las viviendas en nuestro país, que tienen grandes déficits para cumplir las directivas europeas y las propias leyes en materia de cambio climático y, por otra parte, que permita retornos suficientes para que la inversión pública sea sostenible. Nosotros creemos que en estos momentos hay condiciones para hacer un plan de choque que suponga dos millones de rehabilitaciones en viviendas, que utilice presupuesto público de gasto directo y del Instituto de Crédito Oficial y que obtenga no solamente avances en materia ambiental, que son cuantificables, sino también avances desde el punto de vista de los retornos, que permitan un gasto sostenible. No estamos hablando de ajustes -que he dicho antes que no somos muy favorables en estos momentos de crisis- ni de milagros ni de círculos virtuosos; estamos hablando de propuestas viables, y nosotros la hemos puesto encima de la mesa de negociación y no renunciamos a que sea una propuesta que pueda contar con un acuerdo mayoritario.


Pero a mí me llama la atención, señorías, la intervención del señor Montoro, no porque se apunte, frente a la propuesta del pacto de Estado, al minimalismo económico -en este caso concreto a una rebaja del IVA en una materia muy concreta-, sino porque pretende ser también un marco alternativo al pacto de Estado. Creo que por parte del Partido Popular es un error estratégico salir de la dinámica del acuerdo global frente a la crisis a una propuesta minimalista en el ámbito parlamentario para hacer un regate en corto; a mi grupo parlamentario le parece un recurso táctico de cortos vuelos por parte del Partido Popular. Si el Gobierno se ha equivocado, en nuestra opinión, proponiendo en la mesa de negociación un ajuste no a la carta, sino un ajuste ya como un menú prácticamente obligado, con escasas modificaciones por parte de los grupos que participamos en las conversaciones, el Partido Popular también se equivoca si se margina de esa negociación y se sitúa únicamente en la iniciativa corta, parlamentaria y táctica, que no va a tener grandes consecuencias en esta Cámara. Seguramente se podrá apuntar hoy que no solamente el Gobierno, sino también el Partido Popular, está dispuesto a respaldar la política de rehabilitación, pero en nuestra opinión ni una ni otra conseguirán paliar los efectos que se están produciendo en el sector de la vivienda. Creemos que solo una iniciativa pública fuerte -y eso significa renunciar a un ajuste duro- puede recuperar nuestra economía y evitar recaídas, y en concreto en el sector de la vivienda rehabilitar las viviendas y conseguir paliar los efectos del retroceso del sector de la vivienda en nuestro país. Esa es nuestra opinión, la opinión de mi grupo parlamentario.


Votaremos favorablemente la toma en consideración de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, pero consideramos que no es la respuesta que en estos momentos necesitan los ciudadanos. No lo es el ajuste, no lo es tampoco la propuesta milagrosa por la cual rebajando impuestos necesariamente se va a recuperar la actividad económica y el empleo, y sí lo es, comparativamente en nuestro marco, en el marco de la Unión Europea, una propuesta que conjugue, por una parte, unos presupuestos justos -un reparto de las cargas y de los beneficios más equilibrado- y la reactivación de la economía mediante la iniciativa pública, no renunciando a la iniciativa pública y, por otra parte, medidas concretas en materias como la rehabilitación, pero no únicamente destinadas a hacer aflorar el fraude mediante rebajas fiscales, sino con medidas que tengan que ver con la iniciativa presupuestaria y con un cierto nivel de ejemplaridad pública, no con la legalización del fraude. Creemos que en estos momentos es más importante la ejemplaridad y la lucha contra el fraude que la legalización del fraude, aunque reconozcamos que el actual ambiente lo facilita.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señores y señoras diputados, la iniciativa en forma de proposición de ley que trae el Grupo Popular hoy a esta Cámara nos parece oportuna y adecuada en el momento económico en que nos encontramos. Como hemos reiterado en multitud de ocasiones, la característica principal de la crisis económica en el ámbito estatal es el peso excesivo en la estructura productiva del sector de la construcción y en especial del subsector de la vivienda, cuya burbuja ha explotado dejando en evidencia las

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carencias de la economía y generando una legión de parados en los distintos oficios y gremios que configuran el sector de la construcción de viviendas. Así, multitud de albañiles, fontaneros, electricistas, pintores, carpinteros y un largo etcétera han perdido su trabajo y no tienen muchas perspectivas de recuperarlo al menos a corto plazo.


Sabemos que los tiempos en los que era fácil buscar trabajo en el sector e incluso obtener ingresos razonablemente elevados no van a volver. Tenemos que ser conscientes de la nueva situación y adoptar medidas. En este sentido, a medio y largo plazo, hay que trabajar a través de la formación para que muchas personas que conforman los actuales colectivos tengan posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo en otros sectores, en aquellos sectores que dinamicen la actividad económica. Sin embargo, a corto plazo, hay que reconocer cuál es la problemática de este sector y hay que adoptar medidas en busca de soluciones satisfactorias, al menos para parte o para gran parte de los muchísimos afectados. Bajar el tipo de IVA, como plantea el Grupo Popular en su iniciativa, va en la adecuada dirección, en la de incentivar la contratación de estos colectivos para las obras en viviendas y rehabilitación de las mismas, propuesta también planteada en el seno de las reuniones del palacio de Zurbano por parte del Gobierno. No se trata tanto de impulsar un sector en crisis, el de la vivienda, como de incentivar la actividad de muchos trabajadores que hoy están en paro.


Paralelamente, esta rebaja impositiva puede y debe contribuir a aflorar parte de las actividades del sector que hoy se encuentran sumergidas. La economía irregular, la chapuza, la pregunta de con IVA o sin IVA, o el ya me quitarás el IVA, son tanto más comunes cuanto mayor sea la intensidad de la crisis y mayores sean los tipos impositivos del impuesto. Hay que luchar contra el fraude y la economía sumergida y esta rebaja impositiva puede conducir en parte a ello. Además hay que exigir a la Administración tributaria que utilice recursos económicos y personales al servicio de la lucha contra el fraude fiscal. No solo hacer planes sino actuar de verdad y ofrecer resultados al respecto. Es posible que esta iniciativa se apruebe hoy en esta Cámara, el Grupo Vasco la va a votar favorablemente.
Es también posible que duerma el sueño de los justos en algún cajón del Congreso hasta que el Gobierno traiga una iniciativa con similares objetivos. En todo caso, la reducción del tipo impositivo del IVA que se plantea en esta proposición de ley creemos que va en la dirección de crear empleo y, por tanto -insisto-, vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que hace referencia a la aplicación del tipo del IVA reducido para todos los servicios de fontanería, pintura, electricidad y carpintería, va a ser la de votar favorablemente. Y esto por varios motivos, señorías, en primer lugar, porque esta es una iniciativa que, conjuntamente con otros grupos parlamentarios, ya la habíamos presentado en diferentes ocasiones ante esta Cámara.
Concretamente, en la reciente negociación que mantuvimos sobre la Ley de las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, las Socimi, llegamos incluso a pactar con el Grupo Parlamentario Socialista unas enmiendas que presentó nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, concretamente las enmiendas números 118 y 119, que justamente van en la dirección de posibilitar esto al Gobierno en un futuro inmediato.
Esto probablemente va a posibilitar que, para la aplicación de esta iniciativa, no hayamos de esperar a la tramitación después de la toma en consideración, porque sinceramente pienso que se va a votar favorablemente por la mayoría de los grupos parlamentarios. Tal como les decía, negociamos una enmienda, que está perfectamente delimitada en una disposición adicional segunda, por la cual hay un compromiso por parte del Gobierno de plantear en el momento que el Gobierno pudiera considerar oportuno, la posibilidad de que para determinados servicios de rehabilitación pudiera aplicarse el IVA reducido. Ya sé que lo de la paternidad en este caso es lo de menos, pero sí es importante recalcar que no solamente el Grupo Parlamentario Popular, sino también otras fuerzas políticas hemos planteado esta iniciativa, y no solamente la hemos planteado sino que la hemos incorporado en la legislación.


Hay un segundo aspecto importante desde nuestro punto de vista en relación con esta toma en consideración. Todos sabemos que si hemos de esperar el trámite de la Comisión, con la presentación de enmiendas en el Congreso y en el Senado, para cuando llegue el momento de su aprobación, para que pueda ser legislativamente una realidad, habríamos perdido muchísimos meses y habríamos dejado de generar y de potenciar una industria importantísima, como es la industria de la rehabilitación. Por tanto, señorías -y este es un mensaje que va dirigido al Grupo Parlamentario Socialista, al grupo parlamentario que da soporte y apoyo al Gobierno-, lo más importante en el día de hoy, independientemente de que podamos aprobar esta iniciativa, es que el Gobierno se comprometa en esta Cámara para que esta iniciativa de rebajar el IVA en todos aquellos temas de rehabilitación y reparación de viviendas sea de aplicación inmediata y que en un brevísimo espacio de tiempo, una semana o máximo quince días, esta medida pueda ser de aplicación en todos los trabajos de rehabilitación que se puedan producir en este sector de la economía española.


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Por tanto, nosotros vamos a votar -repito- favorablemente esta iniciativa, pero vamos a apremiar al grupo parlamentario que da soporte al Gobierno para que no se duerman en los laureles e inmediatamente puedan convencer al Gobierno para que, a través de un real decreto-ley o de un decreto -no sé exactamente cuál es la iniciativa adecuada-, pueda ser de aplicación en un plazo máximo de quince días. También entendemos que el Gobierno, cuando ponga en marcha el IVA reducido a las obras de rehabilitación de vivienda, debería ser generoso. Incluso le diría que tendría que ser más generoso que la proposición de ley que hoy estamos debatiendo. Nosotros entendemos que esta proposición es más ambiciosa, porque plantea la posibilidad del IVA reducido a los servicios de fontanería, pintura, electricidad y carpintería, pero nosotros le diríamos al Gobierno que fuera más generoso y planteara las mismas posibilidades o los mismos mecanismos que ha planteado la directiva comunitaria, que realmente es muchísimo más amplia que la que presenta el Grupo Popular y va en la dirección de cubrir todos aquellos servicios relacionados con la renovación y la reparación de la vivienda. Por tanto, este es un concepto muchísimo más amplio que el que hoy estamos tomando en consideración.
Incluso les diría que tendrían que ir un poco más allá. La directiva también prevé que las personas que realicen las obras y aporten materiales para su ejecución, en el caso de que los aporten, su coste no exceda del 20 por ciento de la base imponible de la operación. Esto no lo plantea la directiva, lo plantea la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular. En este caso también la directiva es muchísimo más generosa que lo que plantea el Grupo Parlamentario Popular ya que propone un aspecto más amplio en el sentido de que puedan ser excluidos todos aquellos materiales que supongan una parte importante del valor del servicio suministrado. Por lo tanto nosotros entenderíamos, en esta disposición inmediata que seguramente va a plantear el Gobierno para que esto que estamos hablando en estos momentos sea una realidad, que incluso se planteara la posibilidad de -independientemente de poder dar una definición muchísimo más amplia de todos aquellos aspectos de rehabilitación, como son la renovación y la reparación de la vivienda- establecer unas limitaciones más amplias, que excedan de este 20 por ciento de la base imponible, ya que justamente la directiva plantea una parte importante del valor del servicio; una parte importante del valor del servicio podríamos considerar un 30 ó 40 por ciento. Estas son las dos matizaciones importantes que hace nuestro grupo parlamentario.


Finalmente quiero manifestar, señorías, que ya iba siendo hora de que el Gobierno se diera cuenta de que el sector de la construcción no es única y exclusivamente el sector de la construcción de las viviendas de protección oficial, de las residencias de segunda vivienda o de la construcción de viviendas nuevas sino que hay otro sector importantísimo al que nunca se le ha dado la importancia que debería tener en la economía española, que es el sector de la rehabilitación. Este grupo parlamentario siempre ha mantenido que el sector de la rehabilitación era una industria fundamental que podría acoger una gran parte de lo que no se va a construir en el futuro, ya que tenemos una industria auxiliar, complementaria del sector de la construcción -que son todos estos sectores o subsectores que intentamos reforzar, es decir los sectores complementarios como la fontanería, la pintura, la electricidad, la carpintería-, que tiene que jugar un papel importantísimo en lo que hoy estamos intentando definir y consensuar todas las formaciones políticas: poner en marcha, de una vez por todas, la industria de la rehabilitación.
Desde esta perspectiva, quisiera que fuéramos capaces de llegar a un acuerdo todos los grupos parlamentarios para aprobar esto testimonialmente, porque ustedes saben perfectamente que para ponerlo en marcha harán falta siete u ocho meses. No solamente le pido esto al Grupo Parlamentario Socialista sino que también le pido que inste al Gobierno al que da apoyo a que en el plazo máximo de una semana o diez días tenga el valor político de plantear legislativamente, en el Boletín Oficial del Estado, una iniciativa que va justamente en la dirección de generar puestos de trabajo directos, de combatir la economía sumergida y también de potenciar una musculatura consistente e importante en la industria de la rehabilitación de viviendas, y también orientada a mejorar la eficiencia, los aspectos medioambientales, energéticos e hídricos.


Señorías, muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, señora presidenta.


Señorías, es un dato bien conocido que en todos los países hay señales de cambio de tendencia, de inicio de recuperación, pero también es un dato que aún no se crea empleo en Europa -ni siquiera en Francia o en Alemania- y desde luego tampoco en Estados Unidos o en el Reino Unido, países que, como España, han tenido también una crisis inmobiliaria además de, en su caso, una crisis financiera. También creo que ha quedado claro que a lo largo de este año y medio en España las medidas que se han tomado se han concentrado, por un lado, en tejer una red lo más tupida posible por debajo de los españoles para que nadie quede sin ayuda o asistencia en momentos tan duros y, por otro lado, en poner en marcha un paquete de estímulos fiscales, tanto de disminución de ingresos como, sobre todo, de aumento de los gastos para mitigar el fuerte impacto de esta crisis mundial, y creo -no me da tiempo a explicarlo hoy- que tenemos razones para decir que lo hemos hecho razonablemente bien.
Tenemos un déficit, señorías, sí, pero -y

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esto es otra verdad que el Partido Popular se esfuerza en olvidar y de la que hablaremos más adelante esta tarde, por lo que no me voy a extender- solo quiero recordarles que el aumento del déficit es la consecuencia de la crisis, no su causa. Es verdad también, señorías, que hay una realidad muy dura: 4.000.000 de parados, de gente que quiere y no puede trabajar.
Aunque la mayoría de estos parados tienen algún tipo de ingreso, es evidente que ahora mismo nuestra gran prioridad es el empleo, impulsar el crecimiento de la economía para volver cuanto antes a la creación de empleo. Con este objetivo, el Gobierno ha presentado unas propuestas a todos los partidos en las conversaciones que conocemos como del palacio de Zurbano, con dos tipos de medidas: unas, de choque, inmediatas, para hacer frente a lo que es más urgente, crear empleo y reactivar el crédito y, otras, de más largo recorrido, que es nuestro combate de fondo, para asegurarnos de que España crezca en productividad, en empleos estables y de calidad y en actividades sostenibles. La proposición de ley del Partido Popular que hoy nos presenta tiene que ver, según dicen, con las propuestas de carácter inmediato, no por ello para nosotros menores o de poca importancia. Estamos -parece que hay acuerdo entre todos los partidos- con el diagnóstico de que la pérdida de empleo se inició de forma masiva en el sector de la construcción y que es en este sector donde la recuperación va a ser más difícil. También sabemos que no volveremos a las cifras de construcción de viviendas anteriores; no es que no podamos, es que no queremos, porque consideramos que sería suicida para el futuro de nuestro modelo productivo. Pero sabemos que debemos hacer más y que debemos intentar relanzar actividades que compensen la caída de la construcción, como pueden ser -y atiendan bien a los ejemplos, porque son relevantes, señorías- la rehabilitación de viviendas o actuaciones relacionadas con la mejora de la eficiencia energética o la adecuación funcional, por ejemplo, a personas con dependencia.


Señorías, lo que el Partido Popular nos ha traído hoy aquí con su proposición de ley es el equivalente a recibir una caja envuelta, con un tarjetón que pone: reducción del IVA para rehabilitación de viviendas.
Pero la realidad, y en esto coincido con muchos de los portavoces que me han precedido, es que cuando se abre la caja lo que hay dentro poco o nada tiene que ver con lo que dice el tarjetón, con lo que se anuncia. Se lo voy a demostrar, no es solo una afirmación. Por ejemplo, la rebaja que ustedes proponen al IVA de los trabajos de fontanería, de carpintería, la sacan explícitamente del ámbito de la rehabilitación. Señor Montoro, lea por lo menos los documentos que ustedes presentan en esta Cámara. La rebaja se podría aplicar -estoy citando su propuesta- con la condición de que la rehabilitación haya finalizado como mínimo dos años antes. Le aseguro que no es un error suyo, señorías del PP. En el contexto en que está redactado, esta exclusión de la rehabilitación tiene sentido, porque ustedes no están hablando de rehabilitación de viviendas. Pero hay más.
Ustedes también sacan su propuesta del ámbito de la necesaria inmediatez que de nuevo todos los portavoces han reconocido, porque -lo siento, pero es así-, si lo lee detenidamente, sus rebajas no entrarían en vigor hasta el año que viene, luego no son medidas para crear empleo ahora, que es cuando más se necesita. Por tanto, tampoco son medidas que estimulen el consumo.


A mi grupo le parece que la propuesta que hace el Gobierno es más efectiva. Se la voy a explicar. El Gobierno propone una reducción del IVA del 16 al 7, y luego, en el mes de julio, del 18 al 8, para obras de rehabilitación en un sentido amplio que he explicado anteriormente -ahorro, eficiencia energética, obras para adecuación a las necesidades de las personas-, junto -esto es importante- con otra rebaja, esta vez en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, del 10 por ciento de las obras de este tipo que se realicen en las viviendas. Nos parece que esta combinación, esta doble rebaja del IVA en un tipo de obras específicas más una desgravación temporal en el IRPF, sirve al objetivo de un incentivo rápido y eficaz, sirve mejor al objetivo de creación de empleo ahora y además crea empleo en aquellas actividades que necesitamos -ahorro energético y calidad de vida para las personas- y sirve también más para la lucha contra la economía sumergida, porque existe un incentivo, la desgravación en el IRPF, para aflorar actividad económica.
Por cierto, la lucha contra la economía sumergida es una de las preocupaciones del Partido Popular en su exposición de motivos, pero luego la olvidan completamente.


Mi grupo dice sí al enunciado del tarjetón, sí al anuncio de medidas para impulsar la rehabilitación de viviendas y a la vez mejorar nuestro ahorro energético y nuestra calidad de vida, y dice no al contenido concreto de su propuesta. Vamos a aceptar a trámite esta proposición de ley, pero vamos a intentar transformar su contenido, y en esta necesidad creo que coincidimos con la mayoría de los portavoces. Nos proponemos llenar de contenido esta caja que nos han enviado con las propuestas presentadas por el Gobierno, propuestas que queremos que sean moduladas, matizadas y enriquecidas con las aportaciones de todos los partidos, todos los que se sumen al pacto, claro está. Así pues, señorías del Partido Popular, por favor, olvídense de una vez de su populismo fiscal; populismo falso y peligroso, como todos, que solo persigue rebajas fiscales siempre, en cualquier lugar, sin importarles las circunstancias ni las consecuencias, simplemente porque creen que esto les dará más votos. Por favor, súmense al pacto, hagan propuestas que de verdad sean viables y efectivas, no cualquier propuesta como esta, y trabajen, al igual que lo hacemos los socialistas, por la recuperación de nuestra economía y por el bienestar de todos los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Colldeforns.


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PROPOSICIONES NO DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE APOYO DE LAS NEGOCIACIONES QUE LLEVAN A CABO LOS AGENTES SOCIALES. (Número de expediente 162/000599.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la toma en consideración de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre apoyo de las negociaciones que llevan a cabo los agentes sociales. Para defender esta proposición de ley en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señora presidenta, señorías, hace un mes que las organizaciones sindicales más representativas -Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras-, junto a la CEOE y Cepyme en representación de los empresarios, firmaron el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para los años 2010, 2011 y 2012. Para este grupo parlamentario es un acuerdo muy importante, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social y desde el punto de vista ciudadano, porque es un acuerdo que garantiza, por primera vez tras cinco acuerdos en esta materia, un incremento salarial a tres años en consonancia con nuestra situación económica y con las perspectivas de crecimiento que se vislumbran.


La moderación salarial planteada no lastrará teóricamente el crecimiento y, lo que es más importante, es un síntoma de que este acuerdo va a dar una garantía de paz social y compromiso con el país de enorme importancia. Además, señorías, el acuerdo contempla por primera vez una cláusula de inaplicación. Es decir, el incremento salarial pactado allí donde la estabilidad económica podría tener algunas consecuencias negativas para el mantenimiento del empleo no podría ser aplicado en acuerdo con la representación de los trabajadores tanto en el ámbito de la empresa como en el ámbito salarial del sector, lo que es el equivalente a la posibilidad de que las cláusulas de descuelgue salarial, sectorial y empresarial se puedan generalizar en función del mantenimiento del empleo en las empresas. En una etapa de crisis como esta, con un fuerte aumento del desempleo, los firmantes han sido conscientes, han arrimado el hombro y han introducido además otros elementos de enorme importancia para la negociación colectiva.


En segundo lugar, señorías, hay una apuesta clara por mantener el empleo y la actividad productiva para evitar cierres y aminorar expedientes de regulación a través de la negociación, planteando la flexibilidad interna de las empresas en horarios, jornada, vacaciones, clasificación profesional, formación continua y conciliación laboral. Avanzar por ese camino es para nosotros fundamental para garantizar la competitividad de las empresas y de los sectores, pero también es fundamental para el mantenimiento del empleo y para reducir los efectos sociales que una crisis como esta siempre tiene. Señorías, ¿ustedes se imaginan el efecto positivo que el desarrollo de la totalidad de estos acuerdos en las empresas hubiese podido tener para la erradicación de algunos ERE que en este momento se están negociando? Seguramente muchos de los trabajadores que están acogidos hoy a ERE no tendrían por qué haberlo hecho si se hubiesen desarrollado adecuadamente acuerdos de estas características.


En tercer lugar, señorías, hay una clara orientación para promocionar a través del desarrollo de la negociación colectiva la estabilidad del empleo, la causalidad en los contratos temporales, limitando su encadenamiento en un mismo puesto de trabajo y evitando la temporalidad innecesaria de algunas contrataciones de empresas. Este acuerdo, señorías, es un poderoso mensaje político que tranquiliza mercados y da confianza a los ciudadanos, pero además, con su desarrollo, puede ser un perfecto instrumento de ajuste del mercado de trabajo en las empresas sin tener que recurrir a las contrataciones precarias o a los despidos masivos al primer síntoma de caída de pedidos o de la pérdida de demanda.
Desarrollarlo adecuadamente puede suponer un avance enorme en la flexibilidad interna de las empresas y en el enriquecimiento de la negociación colectiva. Por eso, señorías, este es un acuerdo bipartito entre empresarios y sindicatos que responde al más puro estilo de la negociación colectiva, que quiere decir que la autonomía de las partes ha hecho lo que ha considerado oportuno, que es una característica esencial recogida constitucionalmente y posteriormente en el Estatuto de los Trabajadores.


Este acuerdo también tiene como objetivo que los protagonistas del mismo tengan fundamentalmente la capacidad para desarrollarlo posteriormente.
En ese sentido es en el que va la proposición no de ley que este grupo parlamentario ha presentado. Tiene como objetivo apoyar el acuerdo, que los protagonistas del mismo tengan el respaldo de la Cámara sin interferencias, sin presiones, sin buscar nada más que la valoración positiva del mismo y el aval para seguir trabajando en ese sentido y en su desarrollo. Por eso, de las enmiendas presentadas, aceptamos la realizada por Esquerra Republicana de Catalunya en tanto que plantea el respeto a esta Cámara para hacer las actuaciones legislativas que se consideren oportunas. También nos parece aceptable el apartado 3, aunque no así el apartado 4 de la enmienda planteada por Convergència i Unió. Y no consideramos aceptable en absoluto la enmienda del Grupo Popular, porque creemos que, por un lado, interfiere y da un mandato excesivamente rígido en el tiempo y, por otro, determina los contenidos de un proyecto de ley sobre la reforma del mercado de trabajo, que tendrá que desarrollarse como fruto del acuerdo de la mesa de diálogo social.


Señorías, para nosotros el diálogo social es importante, es un activo de la sociedad española que ha funcionado bien en nuestra reciente historia, aunque para algunos el aparente retraso debe ser acelerado con mandatos e interferencias. Para nosotros es preciso dar a los interlocutores

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apoyo en su trabajo y confianza en las conclusiones. Para que eso se siga dando, es preciso que haya voluntad política de todos, no solo del Gobierno, compromiso de todas las partes interesadas y respeto a la libertad de trabajo, dando el apoyo institucional necesario.


Para el Grupo Parlamentario Socialista es importante el apoyo de la Cámara a esta iniciativa que han hecho organizaciones tan dispares como las empresariales y sindicales. Es importante porque es la forma de avalar no solo lo acordado, sino también el desarrollo del acuerdo, que es la parte que queda en estos momentos por hacer. El compromiso de la Cámara, indudablemente, va a ser un acicate para que eso siga avanzando. Por ello, señorías, les pido su apoyo y su voto para esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Membrado.


A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por varios grupos. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señora presidenta.


La verdad, señor Membrado, es que cuando leí el texto de su propuesta pensé que no estaba hablando el Grupo Socialista y menos usted, que tiene una larga experiencia sindical. En primer lugar, porque daba la sensación -se desprende de su escrito e incluso de sus palabras- de que era la primera vez a lo largo de toda la democracia que las centrales sindicales y la patronal firmaban un acuerdo, cuando desde el año 1980 llevamos unos cuantos acuerdos interconfederales. Parece cuando menos sorprendente por qué quería usted traer esto aquí. No lo hemos hecho nunca, entre otras cosas, porque la función prioritaria y primordial de las centrales sindicales y de la patronal es precisamente esto, la firma de acuerdos interconfederales sobre salarios, sobre jornada, sobre dualidad del mercado de trabajo. Todas las materias a las que usted ha hecho aquí referencia se han analizado y están contempladas en otros acuerdos interconfederales. Le diría más, hasta el Estatuto de los Trabajadores se hizo al inicio de un acuerdo interconfederal entre UGT y la patronal, porque Comisiones Obreras no lo firmó. De ahí nace el Estatuto de los Trabajadores del que hoy celebramos su treinta cumpleaños, y ya va siendo hora de que le metamos mano y le demos un poquito de capa para quitarle las arrugas que tiene en estos momentos. Si resulta que los sindicatos y la patronal están haciendo lo que es su obligación, la misión fundamental en su trabajo cotidiano y la justificación de su propia existencia, que es acordar entre los dos lo que han convenido en este acuerdo interconfederal, como en los otros que firmaron anteriormente, que son muchos, no me explico por qué está esto aquí. Tampoco entiendo, señor Membrado, por qué el año pasado usted no trajo aquí una proposición no de ley hablando de la irresponsabilidad de las centrales sindicales y de la patronal porque no firmaron el acuerdo de salarios el año pasado, y usted lo sabe igual que yo. No tiene ningún sentido que el Parlamento interfiera en la absoluta autonomía de las dos partes. Por eso Izquierda Unida ha planteado la enmienda que ha presentado, porque es una interferencia en la autonomía y la libertad de ambas partes, porque es una cuestión en la que ni el Gobierno ni el Parlamento tienen absolutamente nada que decir, señor Membrado. Lo tienen que decir los que lo han dicho. Pero, claro, usted ha traído esto aquí por algo. No va a ser para que yo le diga esto, usted lo ha traído por algo. Y, claro, al final uno descubre por qué el Partido Socialista trae esto aquí. El Partido Socialista y el Gobierno socialista tienen ahora mismo un problema, y es que hay una especie de venid y vamos todos, donde estamos todos metidos en el mismo bombo, para que todos seamos responsables de todo lo que pasa en este país. Aquí el Gobierno no se equivoca; aquí el Gobierno no hace una mala política económica; aquí el Gobierno no hace una mala política respecto al mercado laboral; aquí el Gobierno no hace una mala política industrial. No, no, aquí resulta que todos somos corresponsables de la ineficiencia, ineficacia y falta de capacidad y de liderazgo del Gobierno socialista. Todos somos responsables. (Aplausos.) Sí, señor Membrado, me da pena pero es así. En el fondo, y usted lo ha dicho aquí muy claro -lo ha dejado clarísimo-, tenemos que dar nuestro apoyo porque de esas negociaciones tienen que salir las soluciones del mercado laboral, la necesidad de esa reforma laboral de la que el presidente habla permanentemente; anoche en la televisión afirmó -espero que sea cierto- que en dos meses está resuelto el problema laboral dentro del diálogo social. No, señor Membrado. Usted lo que hace es traernos aquí una proposición no de ley para que los sindicatos y la patronal, la oposición y todo el mundo seamos responsables de sus fracasos. No, señor Membrado, no; de los fracasos del Gobierno socialista es responsable el Gobierno socialista y la única solución que esto tiene es que convoquen ustedes elecciones (Rumores.) porque entonces ya vendrán otros a resolver los problemas que ustedes son incapaces de resolver.


Señor Membrado, me parece impresentable que venga usted esta tarde al Parlamento con cantos sobre cuestiones respecto a las que si yo fuera miembro de UGT le llamaría para decirle: ¿Y tú quién eres para meterte en mi responsabilidad? Una cosa es el diálogo social a tres bandas, donde el Gobierno debería estar haciendo lo que no está haciendo, y lleva dos años en un fracaso del diálogo social brutal que estamos pagando todos. Lo que debería estar haciendo en este momento el Gobierno es instar a las partes, aunar y convencer a las partes de la necesidad de esa reforma laboral que se supone que está contemplada en ese documento que el Gobierno presentó a bombo y platillo a las centrales sindicales y a la patronal y que forma parte del diálogo social. Señoría, yo he asistido a muchos diálogos sociales en los años que llevo en el Parlamento, muchos, y es la

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primera vez en mi vida que veo un documento que no propone nada. Hace un análisis como si estuviera en la Universidad Pompeu Fabra y hemos acabado. Ese no es el papel del Gobierno. El Gobierno tiene la obligación de proponer medidas concretas y negociarlas con los sindicatos y la patronal dentro del diálogo social para la reforma laboral, que es lo que interesa e importa a esta Cámara. Por tanto, su propuesta de venid y vamos todos, todos estamos en el mismo saco, aquí todo el mundo es responsable de todo y entre todos tenemos que resolver los problemas porque... Pero vamos a ver, de las más de 130 medidas que dijo el señor presidente que había presentado, ¿cuál de ellas no ha sido aprobada aquí en el Parlamento? Tiene respaldo parlamentario para hacerlo, ¿por qué no lo hace? Por incapacidad. Y ahora todos juntitos somos responsables de la ineficiencia y de la ineficacia del Grupo Socialista y sobre todo del Gobierno socialista.


Por eso nosotros, señor Membrado, hemos presentado esta enmienda, para salvar la cara de esta casa, y las enmiendas que le han presentado van en la misma dirección. Ayer el presidente del Gobierno dijo que en dos meses estaba aquí en el Congreso de los Diputados la reforma laboral, y le quiero decir que si usted hubiera mirado la enmienda del Grupo Popular con unos ojos menos sectarios y más realistas se habría dado cuenta de que forma parte de ese papel que el Gobierno ha remitido a las centrales sindicales y a la patronal; eso sí, sin líneas rojas, que es lo que más le gusta ahora al ministro de Trabajo.


Le digo lo siguiente, y es que esto que usted ha traído hoy aquí es una vergüenza para las centrales sindicales y para la patronal, y lo siento mucho pero este grupo parlamentario respeta la independencia tanto de unos como de otros y la capacidad de firmar acuerdos interconfederales orientativos para la negociación colectiva con todos los añadidos que tiene este acuerdo confederal, insisto, ninguno de ellos novedoso; lo único novedoso es que se dan seis meses de plazo para resolver algunos problemas. Tal vez usted busque la ayuda ahí y dice a ver si lo resuelven ellos, porque ustedes son incapaces de resolverlo. Lo que siento mucho, porque estoy convencida de ello, es que ni en dos meses ni en tres ni en cuatro van ustedes a traer la reforma laboral que necesita nuestro país.
¿Saben ustedes quiénes lo vamos a hacer? Nosotros. De nuevo seremos nosotros los que resolvamos los problemas que ustedes han creado.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Villalobos.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta. Señorías, la señora Villalobos tenía razón cuando le planteaba al señor Membrado el sentido de esta iniciativa. A mi grupo, cuando vio que en el orden del día de esta tarde se incorporaba esta proposición no de ley, se le escapaba el sentido político que tenía la misma, entre otras cosas, porque el debate que iba a suscitar era básicamente un debate sobre la capacidad que tiene el Gobierno para hacer frente a la crisis económica y al desempleo. Por tanto, era un debate que, en términos de aquello que interesa al Gobierno, no sé si le va a ser demasiado útil. Es evidente que no es la primera vez que las centrales sindicales y la patronal llegan a acuerdos en materia socioeconómica, es más, eso ha sido, en buena parte, uno de los éxitos de estos últimos treinta años de historia colectiva. Entre aquellas cuestiones que España puede exhibir, está precisamente un alto grado de acuerdo entre organizaciones sindicales y patronales. Pero, señorías, en este debate de hoy también debemos empezar a afirmar que eso que ha sido un éxito hoy quizá es también un problema porque, a la espera de que el Gobierno llegue a acuerdos en el marco del diálogo social en materia de empleo, van pasando las semanas, van pasando los meses, van pasando los años y la situación tiende a complicarse, a eternizarse y, si me permite, a pudrirse. Por tanto, aquello que ha servido para impulsar reformas laborales en estos últimos años, para impulsar el Pacto de Toledo, hoy quizá sea un problema para dar respuesta a nuestras necesidades. En este sentido, una de las enmiendas que les planteamos desde Convergència i Unió es la de establecer un plazo para que ese diálogo social dé algún resultado. Y si en ese plazo no se produce, que el Gobierno asuma sus propias responsabilidades. Eso quiere decir que el Gobierno traslade a las Cámaras un proyecto de ley con las medidas que debemos ser capaces de acordar en materia de empleo para dar salida a esa crisis. Insisto, aquello que ha sido un éxito hasta ahora quizá sea un problema, también, si me permiten SS.SS., por las propias responsabilidades de los agentes sociales. Uno tiene la sensación, cuando lee y observa las posiciones que mantienen tanto la patronal como los sindicatos, que quizá las visiones de unos y otros son hoy demasiado parciales, demasiado tácticas, demasiado orientadas a la generación de algún tipo de expectativa y quizá lo que conviene en ese diálogo social es pensar más en el bien común, pensar más en el interés general.


Precisamente, señor Membrado, pensar más en el interés general y pensar más en el bien común es la principal responsabilidad del Gobierno. Por tanto, si ese diálogo social fracasa va a existir una responsabilidad de las partes, pero una principal responsabilidad del Gobierno por no haber sabido construir las condiciones políticas para ese acuerdo. Permítame, señor Membrado, que le recuerde cuatro cuestiones básicas para que este diálogo social llegue a buen puerto que, a nuestro entender, no se producen. En primer lugar, un buen diagnóstico del Gobierno sobre la situación socioeconómica. No tenemos un buen diagnóstico del Gobierno sobre lo que le está pasando a la economía española. En segundo lugar, un Gobierno que esté dispuesto a arriesgar,

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que esté dispuesto a plantear los problemas que tenemos, aunque a veces puedan sonar mal, aunque puedan chirriar, pero que asuma esa capacidad de riesgo; un Gobierno que tenga la inteligencia política para poner de acuerdo posiciones basadas en intereses contradictorios, al menos en el corto plazo. El Gobierno, en estos dos años, no ha tenido la inteligencia política para hacer eso, ni tampoco la ha tenido recientemente en relación con el Pacto de Toledo, casi cargándose ese buen instrumento de construcción de la reforma de las políticas de pensiones. Finalmente, un Gobierno que esté dispuesto a gobernar, que quiere decir que cuando no haya acuerdos con las partes sea capaz de tomar medidas y enviarlas a las Cámaras. Señorías, no vemos eso en sus capacidades, al menos en estos dos años no hemos sido capaces de verlo. En todo caso, la hora de la verdad va a llegar en las próximas semanas.


Yo le agradezco que hayan aceptado nuestra enmienda número 2. Lamento que no hayan aceptado nuestra segunda enmienda a esta proposición no de ley, porque, más allá de urgir a plazos, lo que también necesitamos es que en algunas materias de empleo, que quizá no dependen del diálogo social, el Gobierno empiece a tomar medidas. Nosotros les proponíamos algunas; a ustedes, por lo que veo, no les interesan. Mala suerte, pero mal para los trabajadores y para las empresas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en primer lugar, tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Intervengo muy brevemente, puesto que vamos a compartir el tiempo con el compañero Gaspar Llamazares. Nosotros celebramos que el Grupo Socialista haya tenido a bien aceptar nuestra enmienda, dicho sin ningún complejo por nuestra parte, porque siempre hemos valorado como un avance del Estado democrático la existencia del diálogo social. Es más, nosotros siempre hemos dicho que es una suerte que existan los sindicatos.
Asimismo, en más de una ocasión hemos pedido a la patronal la misma responsabilidad que han demostrado los sindicatos en estos años de democracia, de manera que algunos comportamientos de la patronal a veces pueden ser interpretados como torpedos en la línea de flotación de la mesa del diálogo social, y apelo a la última astracanada de un dirigente de la patronal reivindicando un contrato para jóvenes que, francamente, nos retrotraía a la historia. Lo decimos con toda la legitimidad de aquellos, como nosotros republicanos, que hemos cuestionado también la representación actual de la mesa del diálogo social y esto ha sido motivo a veces de alguna disfunción con otros partidos políticos de ámbito estatal. Aunque pudiera parecer redundante, entendíamos que era necesaria la presentación de esta enmienda por cuanto queda fijado todo aquello que celebramos y que instamos a que sea funcional respecto a los avances en la mesa del diálogo social y a los acuerdos alcanzados el 9 de febrero que se tienen que desplegar. Creemos que todo ello debe quedar muy fijado, que debe llevarse a cabo, sin perjuicio de la responsabilidad que tiene este Parlamento a la hora de legislar. Históricamente, a veces nos hemos sentido un tanto secuestrados -si quieren pueden entrecomillarlo con trazos gruesos- por el ritmo de este Parlamento, por la falta de diligencia en la negociación de la mesa del diálogo social.


Damos nuestro apoyo total y absoluto a los acuerdos alcanzados y agradecemos que se haya visto bien la aceptación de nuestra enmienda.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.


Tiene ahora la palabra por el mismo grupo el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya apoya esta iniciativa, apoya el acuerdo entre los sindicatos y la patronal en torno a la negociación colectiva, si bien tenemos dudas razonables con respecto a la oportunidad y al contenido de la iniciativa. Respecto a la oportunidad, porque lo hemos visto hoy aquí. Hemos visto hoy aquí que esa pretendida unanimidad en el apoyo al acuerdo de la negociación colectiva no es tal. Y con respecto al contenido, porque hay dos partes diferenciadas en la iniciativa; una de ellas es la que tiene que ver con los acuerdos bilaterales patronal-sindicatos y otra, la parte final, es la que tiene que ver con lo que podemos denominar responsabilidad también de la propia Administración. Mezclar las dos cosas no resulta muy conveniente porque, como hemos visto aquí, aumenta en cierta medida la confusión. Lo que se ha demostrado hoy en esta Cámara, y se viene demostrando a lo largo de este periodo, son dos cuestiones que a mi grupo le gustaría dejar claro.
En primer lugar, el problema de la crisis económica de este país no es el modelo laboral. Señorías, no volvamos otra vez a lo mismo. En este país tenemos muchos problemas: el modelo inmobiliario, el modelo financiero, podemos decir incluso el modelo empresarial, pero no ha sido un problema el modelo laboral para la crisis y no es una cuestión imprescindible y urgente para salir de la misma. Ese es un planteamiento de Izquierda Unida-Iniciativa que hemos venido haciendo durante todo este tiempo y que tenemos muy claro.


Hay otros grupos parlamentarios y hay poderes económicos en este país que intentan hacer hincapié en la necesidad de la reforma laboral. Primero, para acusar a los trabajadores injustamente de ser los causantes de la crisis y, segundo, porque quieren doblarle el brazo a los sindicatos.
Está muy claro. Se pretende que de esta crisis

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salgan más debilitados los derechos sociales, salgan más debilitadas las izquierdas y salgan más debilitadas las organizaciones sindicales.
Nosotros, miren, no estamos de acuerdo. Creemos que los sindicatos tienen un papel muy importante en la concertación social. Esperamos buenos resultados de la concertación social y esperamos que no haya ni programas impuestos ni programas ocultos. Es decir, no nos gusta la presión con un programa oculto sobre la concertación social como está ocurriendo en estos momentos y no nos gustan las amenazas de que si la concertación no tiene lugar en dos meses impongo mi programa. Allá cada cuál quien lo haga, pero desde luego será un fracaso no solamente de la izquierda sino también un fracaso desde el punto de vista de la salida de la crisis.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor Membrado, primeramente déjeme decirle que cuando vimos esta proposición no de ley no dejamos de sentir sorpresa, porque efectivamente es novedosa una propuesta de estas características en las diferentes ocasiones en que se ha dado el diálogo social. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Dejando claro que valoramos en su justa medida el diálogo social y la importancia que este tiene, así como los acuerdos alcanzados entre Comisiones y UGT y la patronal, también tenemos que decirle que una de las razones por las que no podemos apoyar la proposición no de ley que usted nos presenta es porque ese diálogo social -ya lo hemos dicho en otras ocasiones- está cojo. Nosotros entendemos que dos centrales sindicales pueden firmar un acuerdo con la patronal y otras no, pero en lo que no estamos de acuerdo, señor Membrado, señoras y señores diputados del Grupo Socialista, es que ya de principio se excluya a otras centrales sindicales representativas -aunque no lo sean en todo el territorio del Estado- de ese diálogo social o, por lo menos, se tenga en cuenta la posición que puedan tener en relación con los asuntos que se tratan en esa negociación. Hace muy pocos días tratábamos una pregunta con el ministro de Trabajo. Cuando se deja fuera a una central sindical -yo voy a hablar desde el punto de vista de Galicia-, a una central sindical como es la nacionalista que representa el 30 por ciento de los delegados y delegadas sindicales, se está dejando también al margen a ese número tan importante de trabajadoras y trabajadores.


Señor Membrado, señorías, además de no poder votar favorablemente a esta propuesta por esas razones que desde nuestro punto de vista son importantes y que inciden en la consideración democrática o no del diálogo social, hay otras cuestiones que tampoco nos permiten apoyar la propuesta que usted nos hace. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista la generalidad de los acuerdos alcanzados entre ambas partes crea un problema que evidentemente va a ser necesario resolver a través de la negociación colectiva, que será donde se concreten los acuerdos.
Efectivamente, de conformidad con esa concreción de objetivos que se marcan en el acuerdo alcanzado será donde nosotros podremos alcanzar otrosacuerdos o no.


Hay otra cuestión también, señor Membrado. En su exposición de motivos, usted, recogiendo parte de los acuerdos, dice que se refiere al empleo y se señala como objetivo fundamental su mantenimiento y recuperación; el fomento de la estabilidad y la reducción de la temporalidad mediante la promoción de la contratación indefinida; el uso adecuado de las modalidades contractuales y la lucha contra el encadenamiento injustificado de contratos temporales, así como el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación y el fomento de la contratación de jóvenes. Por cierto, algo que nosotros hemos trasladado al Congreso de los Diputados y que fue aprobado en una moción en la Comisión de Igualdad, como era incorporar al diálogo social la igualdad concretamente en el aspecto salarial entre hombres y mujeres, no formó parte de los acuerdos, y es importante tenerlo en cuenta.


En cuanto a lo que acabamos de conocer de su propia exposición y de los acuerdos alcanzados, señorías, les diré que esto que nos dicen aquí y que se plasma en el documento firmado forma parte del último acuerdo o, mejor dicho, de la última aprobación que se hizo en las Cortes Generales sobre la Seguridad Social. En la modificación última que se aprobó de la Seguridad Social y en la relacionada con las reformas laborales en su momento estaban estas cuestiones que se tratan aquí. Si realmente se va a llevar a cabo, porque ahora hay un acuerdo entre patronal y dos centrales sindicales, se va a trasladar ese acuerdo a la negociación colectiva y ahí se va a verificar lo que en este momento ya se recoge por ley, evidentemente nosotros estaremos de acuerdo, pero queremos saber cómo va a ser cuando se negocien. Si lo que usted nos traslada aquí es la petición de apoyo a estas cuestiones para que cuando el Gobierno nos traiga la reforma tengamos que apoyar la propuesta, no le podemos decir que sí, porque primero tendremos que saber cuáles son las propuestas que nos hace el Gobierno y, a continuación, actuar sobre las mismas. Por lo tanto, señor Membrado, no entendemos cómo se nos puede intentar pedir el apoyo para algo que está muy genéricamente firmado, ya que además hay que verificarlo mediante la negociación colectiva que, por cierto, entendemos que puede generar una situación de conflicto grave, porque evidentemente queda muy en el aire.


Muchas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente, señorías.


Señor Membrado, vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley que presenta su grupo, aunque no deja de resultar un tanto paradójica, paradojas que han sido identificadas por algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Ustedes hacen una invocación buenista, bien intencionada para los valores del diálogo, pero una invocación inconcreta, deletérea, que no se sabe si es buena, mala o regular. ¿Por qué? Es como hacer una invocación a los valores de la higiene personal o a los valores de la bondad, a los valores de la ética.
Esto en principio depende de en qué se concrete o en qué se materialice el resultado final del diálogo. El diálogo es siempre bueno pero desde la perspectiva de instituciones de contrapoder, como han sido tradicionalmente las organizaciones sindicales y patronales en relación con las actuaciones gubernamentales, forma parte igual del signo de los tiempos, en donde todo es deletéreo, no se sabe quién desarrolla y qué roles en concreto, si son de contrapoder, si son de adhesión al poder, si son de mantenimiento del orden, si son de reconfiguración del orden.
Estamos todos inmersos en esta confusión, y esto se muestra en la torpeza y un tanto en el desorden que ustedes están manifestando a la hora de presentar propuestas. La relativa a las pensiones la realizan unilateralmente y la presentan a la Comisión Europea y al Pacto de Toledo una vez aprobada; la relativa a la reforma del mercado de trabajo la presentan a los interlocutores sociales y no la presentan en la Cámara.
Están esperando a que los interlocutores sociales la provean de encarnadura, de contenido material. En la relativa a la crisis económica se ha creado una especie de comisión de crisis formada por una serie de vicepresidentes y ministros, miembros de la Administración, miembros de los interlocutores sociales y representantes de todos los grupos parlamentarios buscando simetrías imperfectas, y queremos saber a qué conclusiones llegan. En este contexto les pediría un poco de orden, un punto de pulcritud, a la hora de presentar propuestas y a la hora sobre todo de articular metodologías razonables de trabajo.


En primer lugar, señor Membrado, usted ha glosado las bondades del diálogo y estamos perfectamente de acuerdo con lo que usted ha dicho, sobre todo con el diálogo que se ha concretado en los acuerdos a los que usted se ha referido entre UGT, Comisiones Obreras, la CEOE y la Cepyme, relativos a los incrementos salariales, particularmente para los años 2010, 2011 y 2012. Nosotros le hemos comentado muchas veces -y usted me ha refutado y nos ha criticado por mantener estas posiciones- que uno de los aspectos más importantes para afrontar los azotes o los quebrantos de esta crisis económica, o de cualquier crisis económica, es articular una adecuada política de rentas. No se puede articular una adecuada política de rentas -y ustedes refutaban sistemáticamente esta afirmación- sin una adecuada articulación del contenido o del componente que configuran las retribuciones laborales. Las retribuciones laborales dimanan de la convención de la negociación colectiva laboral. Desde esa perspectiva, sin negociación colectiva laboral y sin acuerdos interprofesionales que a su vez traspasara sus requerimientos en cascada a los convenios colectivos, el componente retribución laboral era un componente imprevisible y la política de rentas era de imposible articulación.
Ustedes han corregido esta posición que mantenían antaño contraria a la articulación de una adecuada política de rentas como instrumento de lucha contra la crisis económica, y yo les felicito por ello. Bienvenidos al consenso que nosotros preconizábamos a través de la negociación colectiva laboral. Le voy a decir más. Usted sabe que el derecho del trabajo y las relaciones laborales cada vez están menos articulados por normas de naturaleza legal o dimanantes de la actividad legislativa, de los órganos con competencia normativa, y más por normas de origen o de naturaleza convencional, por convenios colectivos. Luego aquí sí que adquiere una dimensión y relevancia importantes su invocación a la negociación colectiva laboral, pero la negociación tiene que ser plena y tiene que ser completa. De nuevo nos encontramos con los interlocutores de siempre, con los cuatro a los que ustedes recurren sistemáticamente: la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, CEOE y Cepyme, mientras usted se olvida de que hay otras organizaciones sindicales y patronales que ostentan la condición de mayor representatividad sindical. Usted tiene la obligación de conocer, y sé que conoce, y si me dice que no me está engañando, cuál es la determinación que la Ley Orgánica de Libertad Sindical establece respecto a la ostentación de la categoría jurídica de mayor representatividad sindical o de organización sindical o patronal más representativa, artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, disposición adicional sexta del Estatuto de Trabajadores, aquellas organizaciones que en las elecciones sindicales si son de ámbito estatal superen el 10 por ciento del total de representantes electos y si son de ámbito autonómico el 15 por ciento y 1.500 más. Aquí faltan ELA-STV, falta la Intersindical Gallega y faltan otras organizaciones. Solo así se complementa la interlocución desde la perspectiva de los requerimientos normativos de leyes, incluso orgánicas, que desarrollan la Constitución en este ámbito.


En segundo lugar, señor Membrado, que hay que configurar desde una perspectiva de responsabilidad institucional por parte de los sindicatos y de las organizaciones empresariales los incrementos salariales en los tres próximos años es indudable. Usted ha hecho apología de esta reflexión, nosotros lo hacíamos otrora. El señor Llamazares ha dicho que no, sigue todavía refutándolo. Desde luego, señor Membrado, no le arriendo las ganancias sobre lo que vaya a dimanar de las negociaciones -acabo con esto, señor presidente- con relación a las reformas del mercado de trabajo que

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ustedes han incorporado a la negociación entre interlocutores sociales y cuyo final, cuyo contenido material, todavía desconocemos, es una incógnita. Esta invocación buenista al diálogo social, a la interlocución entre los representantes o los agentes sociales, me parece bien, lo que pasa es que no sabemos qué va a resultar de ahí. Según lo que resulte, podremos tomar una posición de forma más favorable o de forma menos favorable. Desde luego se va encontrar con nuestra oposición si el derecho del trabajo pierde sus fundamentos ontológicos más característicos, que es su carácter tuitivo hacia los trabajadores porque la relación entre trabajadores y empresarios no es una relación entre iguales, no es bilateral, el sinalagma del contrato laboral es imperfecto. Si ustedes van a tolerar que esto se modifique se van a encontrar con nuestra oposición sistemática, si esto no va a ser así y podemos agilizar o flexibilizar nuestro mercado de trabajo, lo que es ilegítima e innecesariamente inflexible, se van a encontrar con nuestra conformidad. Cautelarmente, señor Membrado, le puedo adelantar que va a contar con nuestro apoyo favorable a una proposición que tiene y que posee, a tenor de lo que he dicho, claros y también oscuros.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Señor Membrado, ¿tiene la bondad de decirnos si acepta alguna enmienda para su inclusión en la votación?

El señor MEMBRADO GINER: Aceptamos la enmienda que nos ha presentado el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) aceptamos la primera.


El señor PRESIDENTE: ¿No entran en contradicción, a su juicio?

El señor MEMBRADO GINER: No, son complementarias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Membrado.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS AYUDAS URGENTES PARA TODOS AQUELLOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LOS GRAVES DAÑOS Y PÉRDIDAS CAUSADOS POR EL TEMPORAL DE NIEVE, LLUVIAS Y LOS FUERTES VIENTOS SUFRIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 Y ENERO DE 2010. (Número de expediente 162/000558.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las ayudas urgentes para todos aquellos municipios afectados por los graves daños y pérdidas causados por el temporal de nieve, lluvias y los fuertes vientos sufridos en el mes de diciembre del 2009 y enero del 2010. Para su defensa tiene la palabra doña Carmen Quintanilla.


La señora QUINTANILLA BARBA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, debatimos esta tarde una proposición no de ley que mi grupo parlamentario presentó el pasado mes de diciembre, cuando acaecieron las primeras inundaciones a causa del primer temporal, con graves consecuencias de este ya largo invierno y que afectó a varias comunidades autónomas. Aunque desde entonces se han aprobado varias iniciativas, con el respaldo también de nuestro grupo parlamentario, que han incluido algunas de las medidas que pedíamos inicialmente en nuestra proposición no de ley, hemos querido mantener vivo el debate y autoenmendarla con una enmienda de sustitución, porque entendemos que esta iniciativa es complementaria a las que ya se han puesto en marcha hasta la fecha para paliar las tremendas consecuencias de los sucesivos temporales de lluvia, nieve y viento que han azotado, una y otra vez, a prácticamente toda España y que han dejado sin vivienda a cientos de familias, han arrasado cultivos y han provocado grandes destrozos en carreteras y otras infraestructuras necesarias para la vida normal de muchos de nuestros pueblos.


Precisamente hoy, en esta tribuna y en este debate, desde nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Popular, queremos mandar un mensaje de solidaridad, apoyo y compromiso con las numerosas familias afectadas en las diversas comunidades autónomas de España. En los últimos meses, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Canarias, en Galicia y en Cataluña, en definitiva, en casi toda España, hay decenas de familias que lo han perdido todo, que llevan ya tres meses sin dejar de mirar al cielo para ver cuándo la climatología les va a dar una tregua, poder limpiar lo que queda de sus viviendas y recuperar su vida normal. Además, hay miles de agricultores que ven impotentes cómo han perdido sus cultivos, cosechas enteras, y que en estos momentos no solamente han perdido sus cosechas, sino que tampoco tienen la posibilidad ni siquiera de sembrar una nueva cosecha, porque todo está inundado por el agua. Por ello, por todas las familias afectadas y por nuestros agricultores es por lo que nuestro grupo ha mantenido y autoenmendado esta iniciativa.


¿Qué es lo que pretendemos con esta iniciativa? Lo que pretendemos, señorías, es dar un paso más allá y sumar más medidas a las que ya se han puesto en marcha, gracias a la ampliación del real decreto del año 2005, por parte del Consejo de Ministros, el pasado 15 de enero, cuando aprobó medidas para Andalucía, Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas, y también mediante el real decreto-ley, que se debatió en esta Cámara, cuya publicación está pendiente ya hoy, como proyecto de ley, en el Boletín Oficial del Estado. Iniciativas que, vuelvo a recordar, no se habían aprobado

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aún cuando presentamos nuestra proposición no de ley. Pretendemos, señorías, adecuar el contenido de nuestra iniciativa a las necesidades reales de los damnificados, a las necesidades de las personas que han sufrido en su vida estos temporales durante estos dos últimos meses.


Queremos por tanto que se valoren, que se evalúen y se compensen de forma inmediata los daños tremendamente cuantiosos provocados por los temporales que han tenido lugar a finales del año 2009 y que todavía sufrimos en estos momentos. Según los datos que tenemos de las distintas organizaciones agrarias, solamente en Andalucía los daños suponen 1.500 millones de euros -insisto, 1.500 millones de euros- y en Castilla-La Mancha alrededor de 400 millones de euros. También queremos que se agilicen los pagos, que se tomen medidas rápidas que hagan posible que los damnificados puedan recibir su dinero y sus ayudas, porque no queremos que suceda como en otras ocasiones, como ocurrió en Galicia o en Canarias donde las percepciones de las ayudas se fueron retrasando sine díe con claro perjuicio para los afectados y cuyo futuro en estos momentos depende exclusivamente de que lleguen estas ayudas.


Además es necesario que establezcamos un plazo, que nos pongamos a trabajar porque no solamente están afectados por la catástrofe que en este momento están sufriendo sino también por la crisis económica que estamos padeciendo. También debe contemplarse de forma específica que en estos momentos los reales decretos recojan las graves inundaciones que han padecido las tierras de España. Por eso es importante, señoría, que esta proposición no de ley la aprobemos todos los grupos parlamentarios y además es necesario que con nuestra iniciativa veamos cómo queremos estudiar el establecimiento de ayudas directas a los agricultores y ganaderos afectados, con independencia de que tengan o no aseguradas sus producciones o sus cabañas ganaderas en el vigente Plan de seguros agrarios combinados.


También mediante esta iniciativa queremos establecer planes en colaboración con las comunidades autónomas para el acondicionamiento de los cauces de los ríos, especialmente en aquellas cuencas donde se han provocado las inundaciones. Somos conscientes todos, señoras y señores diputados, de que los cauces de nuestros ríos no están limpios y debemos tener el compromiso de limpiarlos para que el agua corra y que cuando se desembalsen los pantanos no tengamos las inundaciones que están anegando desgraciadamente las cosechas de los agricultores. Por eso es importante esta iniciativa que además quiere también decir algo, quiere decir que el Gobierno tiene que solicitar inmediatamente la compatibilidad de las ayudas nacionales con las ayudas de la Unión Europea a través de los fondos de solidaridad y los fondos comunitarios de contingencia. España necesita las ayudas económicas de la Unión Europea; así como cuando el río Elba en Alemania se desbordó también los alemanes recibieron las ayudas de la Unión Europea, tenemos que hacer compatibles las ayudas nacionales con las ayudas de la Unión Europea.


Es imprescindible, como no puede ser de otra manera, que nos pongamos a trabajar y aceleremos la ejecución de programas y de realización de los mapas del sistema de cartografía de las zonas que se han inundado. Es necesario, hoy más que nunca, que en colaboración con las comunidades autónomas acondicionemos los cauces de los ríos, porque hoy más que nunca no se pueden volver a repetir las situaciones que se están dando en nuestros campos y en la vida de miles de familias de las distintas comunidades autónomas de España.


El Grupo Parlamentario Popular, en el sentido claro de seguir apoyando a todas las familias, a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, conoce las enmiendas que han presentado tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. En estos momentos estamos trabajando en redactar una enmienda transaccional, de consenso entre todos los grupos parlamentarios, porque, hoy más que nunca, las familias afectadas por estos temporales, los agricultores y los ganaderos afectados de toda España necesitan que esta Cámara apoye esta iniciativa para que, con el consenso de todos los grupos parlamentarios, la vida normal y la tranquilidad vuelvan a sus vidas. Por eso, señorías, vamos a trabajar con el consenso de todos los grupos parlamentarios y con el compromiso claro de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: A usted. Muchas gracias, señora Quintanilla.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra don Joan Ridao para defender su enmienda.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, esta es una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, como se ha dicho, el pasado mes de enero en razón de la alerta provocada por aquellas fuertes lluvias, viento y nieve que recordarán que asolaron Andalucía y Castilla- La Mancha, con efectos también devastadores en otras comunidades autónomas, en el norte peninsular, en los Pirineos, que afectó de manera extraordinaria la vida de las personas pero también los cultivos, la pesca, las infraestructuras y, en general, al conjunto de la actividad económica de estos territorios. Recuérdese, a modo de ejemplo, que hasta 33 carreteras fueron cerradas y cortadas en Andalucía, Cádiz, Jaén, etcétera.


El PP hoy solicita evaluar los daños -vamos a apoyar una transacción con otros grupos parlamentarios-, estimar la eventual declaración de zona catastrófica, emprender las oportunas reparaciones, incluso habilitar algunas ayudas económicas, incluyendo los beneficios fiscales que sean necesarios. Los hados maléficos o el azar han querido que hoy discutamos sobre esta cuestión, al día siguiente de un enorme temporal de nieve que ha vivido Cataluña, una monumental nevada que ha hecho

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la vida mucho más complicada a miles y miles de personas en Cataluña durante estas últimas horas, poniendo a prueba su paciencia con cortes en las carreteras. La AP-7 está en este momento con colas de 50 kilómetros entre Girona y la frontera; el transporte público ha tenido graves anomalías; los suministros eléctrico y telefónico se han visto afectados.
Señorías, por momentos se han revivido en Cataluña algunos episodios no muy lejanos que ustedes recordarán, cuando las cercanías o el suministro eléctrico estallaron con particular virulencia en la cara de los miles de usuarios en Cataluña, cuando muchas infraestructuras que son básicas se nos deshacían literalmente en las manos, sobre todo gracias a la infrainversión acumulada durante muchos años en Cataluña por el conjunto de administraciones. Quiero decir también que lo que ayer y hoy se ha vivido en Cataluña es un hecho excepcional, como lo fue hace unos meses, este mismo invierno, en Alemania, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Canarias, etcétera. El aviso de meteorología adversa creo que funcionó, incluso se activaron los planes de emergencia oportunamente el pasado domingo, otra cosa es -hay que reconocerlo- que el alcance del temporal ha desbordado a todo el mundo. Lo digo porque era previsible que el debate de hoy discurriera, particularmente el de Cataluña, sobre si la Generalitat afinó o no en sus previsiones, si insistió en la alerta, si extremó las precauciones, cuando, señorías, quiero decir claramente que lo prioritario hoy por hoy es aunar esfuerzos, trabajar para restablecer la plena normalidad y no intentar sacar tajada electoral de lo que es un legítimo cabreo, incluso inquietud y malestar por parte de muchísima gente. Lo digo, además, reconociendo sin ningún tipo de ambages, sin ningún complejo y con toda modestia, incluso pidiendo perdón si hay derecho a hacerlo desde esta tribuna, que las carreteras han sido una auténtica ratonera, que el transporte público ha atrapado a miles de usuarios y que ha habido un déficit de información, una ausencia de información en muchos casos, pero también admitiendo que este colapso mayúsculo no fue debido a que no hubiera máquinas quitanieve o depósitos de sal o de potasa, sino sobre todo al hecho de que la tormenta fue arreciando, sobre todo cuando coincidió con la hora punta de la salida del trabajo y de las escuelas.


Hemos presentado finalmente dos enmiendas porque, en primer lugar, lo que está pasando con las compañías eléctricas en Cataluña no tiene nombre.
¿Cómo es posible que a estas alturas unos pocos centímetros de nieve provoquen el desplome de toda una línea de alta tensión de 220.000 voltios en medio de la principal autopista de todo el Estado, en medio del tronco central de la AP-7? Quiero recordar que hace muy poco, en enero, en Tarragona un simple temporal dejó a miles y miles de personas sin servicio. Habrá que ver si hay realmente un caso fortuito o una causa de fuerza mayor, si ha habido o no negligencia en el mantenimiento de la línea de alta y baja tensión, si los planes de emergencia son suficientes y se ha previsto la disponibilidad de equipos electrógenos y de generadores suficientes, y si de todo ello se deriva eventualmente algún tipo de responsabilidades para Red Eléctrica y las empresas suministradoras.


Finalmente emplearé un segundo para decir que, en segundo lugar, hay que evaluar otra situación, el papel de las concesionarias de autopistas, que ayer, en el caso de Acesa, acabaron levantando las barreras, aunque lo hicieron tarde y, por tanto, colaborando con el caos que se provocó. Creo que nunca deben ser las concesionarias, sino las autoridades de Protección Civil, las que deban aconsejar o incluso obligar a levantar barreras en circunstancias como estas. Esa es una enmienda que proponemos porque habrá que plantearlo en el marco de una eventual reforma de la Ley de autopistas, es la segunda enmienda que nuestro grupo propone y para la que pide su apoyo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Para la defensa de su enmienda tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervendré muy brevemente, porque compartimos el tiempo con el señor Perestelo, para manifestar nuestra posición favorable a la propuesta que acaba de defender la señora Quintanilla. En principio nos preocupaba la limitación temporal a la que se restringía la propuesta, pero la autoenmienda que el propio Grupo Popular ha presentado recoge la misma cuestión que nosotros planteábamos en nuestra enmienda y nos parece más acertada. Además, la señora Quintanilla ya nos ha anunciado su disposición a llegar a un acuerdo con todos los grupos, idea que compartimos, porque el problema que plantea la proposición no de ley se vivió en todo el territorio del Estado, aunque cada uno de nosotros lo conozcamos mejor de acuerdo a las vivencias que tenemos por la cercanía al territorio, como es el caso del Bloque Nacionalista Galego con relación a los problemas de Galicia, que fueron muy graves, y no solamente en el mes de diciembre, sino quizás los más graves en el mes de febrero e incluso en parte de marzo. Por eso vamos a apoyar el acuerdo al que finalmente se llegue en esta Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Para fijar la posición, por el Grupo Mixto tiene la palabra don José Luis Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Brevemente quiero fijar la posición de Coalición Canaria con relación a esta proposición no de ley del Grupo Popular. En el pasado verano un incendio en la isla de La Palma afectó a numerosos ciudadanos que incluso promovieron la visita del propio presidente del Gobierno a La Palma. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Recuerdo que en el mes de agosto el Gobierno aprobó un decreto-ley

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que fue ratificado en esta Cámara y se aprobó su tramitación como proyecto de ley. Durante el trámite se habló en esta Cámara de una serie de inundaciones que se habían producido en Cataluña que aconsejaban su tramitación como proyecto de ley. En ese trámite en el Congreso se produjeron también nuevas situaciones con circunstancias climatológicas adversas en el Valle de la Orotava, en Tenerife, que se incorporaron en la tramitación del proyecto de ley. Aun así, en su trámite en el Senado se produjeron, en el mes de diciembre, nuevas circunstancias de dificultades en numerosas partes del territorio que aconsejaron una redacción de la ley en el sentido de que el ámbito de aplicación sería desde el mes de marzo hasta el día de entrada en vigor de la ley.
Posteriormente se han producido nuevas situaciones que llevaron al Grupo Popular a presentar la proposición no de ley que estamos tramitando en estos momentos, y en el día de ayer incluso se produjeron nuevas circunstancias que aconsejaron algunas enmiendas cuya aceptación ha sido ya anunciada por parte de la proponente, y se está trabajando en una transaccional por todos los grupos. ¿Qué nos indica esto, señorías? Pues que las circunstancias climatológicas se producen sin previsión y que es necesario establecer un marco para que en cada momento actúe el Gobierno al que corresponda establecer estos criterios de ayudas. Señorías, lo más grave de todo esto es que a día de hoy aparece en la prensa de Canarias que los afectados por el incendio -ya lo he mencionado al comienzo de mi intervención- del verano del año pasado todavía no han recibido las ayudas. Por tanto, mientras sigamos tramitando en este Congreso proposiciones o iniciativas de este tenor pero no se hagan las modificaciones legales y presupuestarias ni sobre todo se agilicen los trámites administrativos, las ayudas, por mucho que lo deseemos todos los grupos que intervienen, no llegarán a los afectados. Por eso, Coalición Canaria va a apoyar esta iniciativa. Entiende que es necesaria, pero también que es preciso que se afronte este tema con la agilidad que requiere un funcionamiento más activo de la Administración pública, de manera que estas ayudas lleguen de verdad a los afectados en el tiempo que tienen que llegar. Estamos hablando de siete meses, y los afectados por el incendio de la isla de La Palma todavía a estas alturas no han recibido esas ayudas, a pesar del real decreto, de la tramitación como proyecto de ley ya aprobado y publicado en el boletín o de la PNL que podamos aprobar hoy conjuntamente todos los grupos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Perestelo.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Díaz.


La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero empezar trasladando nuestra solidaridad y nuestro apoyo a todas las personas que se han visto o que se están viendo afectadas por los temporales de lluvia, viento y nieve que azotan nuestro país desde el pasado mes de diciembre. También quiero trasladar nuestro reconocimiento a todos los servidores públicos, a los servicios de emergencia, a los funcionarios de todas las administraciones públicas que con su profesionalidad están contribuyendo a que los daños de los temporales no sean mayores.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley en la que se solicitan ayudas urgentes para los municipios afectados por los temporales. En un principio la proposición no de ley acotaba las ayudas a las fechas comprendidas entre enero y diciembre, y a través de una autoenmienda también las ha ampliado hasta finales del mes de febrero, pero nos hemos encontrado con la realidad de que desgraciadamente hoy mismo sufrimos las consecuencias de estas condiciones meteorológicas adversas, por lo que hemos entendido que el límite temporal marcado por el Grupo Popular en la autoenmienda queda un poco desfasado y estamos trabajando en una transaccional para acomodarlo a la realidad. A mi grupo parlamentario sobre todo no le gustaría que esta iniciativa se convirtiera en un intento de sacar ventaja partidista a una situación dramática que están viviendo muchas personas, y afortunadamente ese no es el espíritu de la proposición no de ley y no lo hemos encontrado en ningún grupo. Menciono esto porque el hecho de debatir hoy esta proposición no de ley puede dar la idea o la sensación de que, frente a uno de los mayores temporales que está sufriendo nuestro país tanto por la virulencia como por la prolongación en el tiempo del mismo, no se ha hecho nada, y eso no es así. Se han tomado medidas: se ha aprobado un real decreto en Consejo de Ministros, hemos aprobado en esta misma Cámara un proyecto de ley, en estos momentos tiene también lugar una reunión entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Junta de Andalucía para adoptar más medidas ante los graves daños económicos que esta lluvia está produciendo, y aquí estamos hoy todos y todas debatiendo para acordar también nuevas medidas que se incorporen a esa enmienda transaccional y que ofrezcan soluciones a la situación que están viviendo muchas personas.


A mi grupo le gustaría fundamentalmente poner en valor que el pasado 18 de febrero aprobamos por unanimidad de esta Cámara un proyecto de ley en el que se contemplan ayudas directas, beneficios fiscales, beneficios laborales, créditos preferenciales y también un compromiso de inversión de las administraciones públicas en la recuperación de las zonas afectadas. Ahí entran todos los empresarios, empresas turísticas, agricultores, ganaderos. Nunca se había previsto tan amplio número de actuaciones para catástrofes naturales como la que estamos viviendo, y eso lo hicimos todos juntos, todos los grupos parlamentarios por unanimidad. También quiero recordar que dentro de ese proyecto de ley aprobamos modificar la delimitación temporal de aplicación

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del mismo, desde el 1 de marzo de 2009 hasta su entrada en vigor. El proyecto de ley, señorías, todavía no ha entrado en vigor. Quiere esto decir que incluso los daños que están produciendo los temporales ahora mismo y los que, ojalá no, puedan ocurrir mañana estarían dentro de esas ayudas que hemos aplicado. Quiere esto decir que los temporales que afectaron a Galicia, a Euskadi y a todo el norte de España la semana pasada o los que esta noche han afectado a Cataluña están también recogidos dentro de este proyecto de ley que aprobamos por unanimidad.
Pero no solo queremos ceñirnos a ese proyecto de ley. Mi grupo parlamentario está de acuerdo con todas las ayudas que se convengan en coordinación con las comunidades autónomas y que supongan beneficiar a estas provincias que están pasando por esta situación.


Desde el Grupo Parlamentario Socialista no tenemos más que congratularnos por el espíritu de consenso y de acuerdo del proyecto de ley aprobado el 18 de febrero pasado y por la proposición no de ley que vamos a transaccionar y, por tanto, a aprobar todos. Los ciudadanos que se están viendo afectados tienen hoy que tener en cuenta algo. La ciudadanía valora siempre muy positivamente la búsqueda de acuerdos, pero el consenso adquiere mayor importancia cuando se trata de dar respuesta a necesidades como la pérdida de su hogar, su cosecha o la empresa donde realiza su actividad. Por tanto, estamos profundamente satisfechos con el acuerdo que otra vez más va a alcanzar esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Sánchez Díaz.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, mi grupo va a sumarse a lo que parece que va ser la unanimidad de la Cámara en esta proposición no de ley, pero me gustaría hacer el relato de la fijación de posición de mi grupo. Aunque no lo parezca, desde la presentación de la proposición no de ley hasta donde vamos a acabar han ido ocurriendo cosas, que no sé quién las está llevando, y vamos a acabar en la unanimidad, que es muy bonito, pero la historia es la historia y conviene recordar paso a paso qué es lo que ha ocurrido. La fijación de posición de mi grupo se basa en tres tipos de consideraciones. La primera recuerda que las desgracias a las que proposición no de ley originaria intentaba hacer frente, instando al Gobierno a tomar una serie de medidas, contaban ya con un marco legislativo específico desde el que hacerles frente, es decir habíamos aprobado ya una ley en cuyo marco se podía hacer frente a las desgracias a las que la proposición no de ley intentaba dar respuesta. Una segunda consideración es que dicho marco específico, ese que aprobamos por unanimidad el 18 de febrero, proviene, por decirlo de alguna manera, de una larga tradición, concretada en reales decretos que el Gobierno de turno ha ido aprobando cada vez que una desgracia, una catástrofe, un incendio o una inundación ha tenido lugar en una parte del territorio. La tercera es que el Gobierno, por razones que no termino de explicarme con claridad, no había echado mano hasta ahora de la tradición ni, lo que es más extraño, de esa proposición de ley aprobada el 18 de febrero pasado.
¿Qué decía ese proyecto de ley que aprobamos? En el punto 1.4 decía: El Gobierno, mediante real decreto, podrá declarar, con delimitación de los municipios y núcleos de población afectados, la aplicación de las medidas previstas en esta ley a otros incendios y tormentas de características similares que hayan acaecido o puedan acaecer en cualquier comunidad o ciudad autónoma desde el 1 de marzo de 2009 hasta la entrada en vigor de esta ley. Ahí tenía perfecto encaje dar respuesta a las desgracias a las que la proposición no de ley del Grupo Popular pretendía hacerlo, pero no sé por qué el Gobierno no ha aprobado un real decreto, porque de acuerdo con esa ley tendría que aprobarlo. Desde de la perspectiva de la ley aprobada recientemente y por unanimidad, lo que hubiera tenido pleno sentido desde el grupo promotor es que el Gobierno hiciera un real decreto-ley de acuerdo con esta ley, y punto. Eso era lo que a nuestro juicio habría tenido la lógica perfecta de decir: Acabamos de aprobar un marco entre todos en el que figura que incluso en el tiempo son abarcables estas desgracias a las que se intenta hacer frente, digamos pues al Gobierno que aplique un real decreto-ley. No fue por ahí el Grupo Popular en su origen. Mi grupo estima que incitar al Gobierno siempre está bien por si se duerme; aunque se duerma un poquito está bien. Desde ese punto de vista nosotros éramos partidarios de que se hubiera presentado una iniciativa, aunque no lo éramos excesivamente en los términos en que la misma se había presentado.


La segunda consideración es que esta es una larga historia. No estamos improvisando nada, tanto es así que mi grupo se ha quejado en repetidas ocasiones de que inventamos demasiado cada vez, de que lo que no puede ser es que según se acerquen o se alejen las desgracias no sé si de mi territorio o de cualquier otra circunstancia, amplíe, reduzca o extralimite en algunos casos los tipos de ayuda. Debe haber un marco que el Gobierno habrá de aplicar además con una cierta discrecionalidad, algo que nosotros siempre hemos defendido. Ahora bien, hemos dicho al Gobierno que si, primero, existe un marco y, segundo, lo aplica con una cierta discrecionalidad, lo tercero que debe hacer es venir a dar cuenta aquí de cómo lo ha aplicado en cada caso. Esa ha sido la filosofía con la que mi grupo ha apoyado permanentemente todos los reales decretos en esta dirección.


En todo caso, insistimos en que se ha producido a partir de esa primera proposición no de ley un movimiento en todas las direcciones: se ha ampliado hacia otro tipo de medidas que no figuraban en la ley, se han ampliado en el tiempo aspectos que en principio se abarcaban en la ley pero que han tenido lugar estos días.


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Mi grupo, apoyando la proposición no de ley que al parecer va a ser transaccionada por todos, quiere decir que sigue en el mismo posicionamiento. En primer lugar, hace falta de una vez un esquema claro para que cada vez que ocurran las desgracias cada cual no invente demasiado, porque el Pacífico está ya demasiado inventado. En segundo lugar, entendemos que establecido ese marco general el Gobierno tiene y debe tener diligencia en la aplicación del mismo cada vez que ocurran las desgracias y, en tercer lugar, algo que el Gobierno viene incumpliendo sistemáticamente, que después de haber aplicado con una cierta discrecionalidad ese marco general debe dar cuenta a este Congreso sobre lo que en cada caso ha hecho. Entre tanto, seguimos con esta historia y también en nuestra posición de apoyar lo que al parecer el resto de los grupos va a apoyar esta tarde.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, nuestro grupo va aprobar lo que parece que va a ser la transacción de este punto del orden del día, y lo va a hacer porque de entrada nos parece absolutamente positivo que en un tema de esta trascendencia, que afecta a tantos miles de ciudadanos, los portavoces y diputadas y diputados de las distintas fuerzas políticas sepamos llegar a acuerdos. Cuando hoy mismo aún muchos ciudadanos, especialmente en Cataluña, están sufriendo los avatares de las inclemencias meteorológicas no parecía lógico que aquí nos pusiéramos a discutir por cuestiones de metodología. En cualquier caso, la asunción de la parte de la enmienda socialista que hace referencia al proyecto de ley aprobado el 18 de febrero que va a entrar en vigor mañana, que por tanto casualmente da entrada también a los efectos negativos y a la consecuente corrección de los daños de las nevadas de Cataluña, es un aspecto positivo a tener en cuenta.


Simplemente quisiera incidir en dos cuestiones a las que siempre nuestro grupo hace referencia cuando hablamos de estas situaciones de emergencia, en primer lugar, la estabilidad y el trato por igual a todos los ciudadanos. En este sentido me apunto absolutamente al razonamiento del diputado Beloki con relación a que no hay que estar en cada caso inventando y viendo hasta dónde llegamos, qué nos hemos olvidado o qué podemos hacer. Debemos tener un marco suficientemente claro -en este sentido el proyecto de ley aprobado recientemente, el 18 de febrero, es positivo- a partir del cual los ciudadanos sepan perfectamente cuáles son las prestaciones -por decirlo de alguna manera-, las indemnizaciones, las ayudas que desde el punto de vista de la Administración General del Estado se les puede dar. Este es un punto importantísimo a tener en cuenta. En este sentido, el hecho de que se haya asumido esta posición unánime nos parece muy positivo. Segunda cuestión -puede venir a cuento perfectamente porque no está recogido en los propios textos-, no debemos desaprovechar nunca cualquier ocasión como estas inclemencias, estos incidentes que se producen por estas causas meteorológicas para poner encima de la mesa una petición de que ante estas situaciones se pueda ayudar desde el punto de vista de las administraciones -estamos obligados a hacerlo y para ello aprobamos este tipo de instrumentos-, pero hay que contar siempre mucho con la colaboración, con la participación de los propios ciudadanos. Todo aquello que estimule que los sentimientos de solidaridad, la participación ciudadana, la generosidad colectiva en todas estas situaciones sea premiado, sea tenido en cuenta y coadyuve a salir más pronto de estas situaciones de desgracia, creo que es algo que vale la pena tener en cuenta. Por tanto, más allá de aquello que tiene que hacer el papá Estado, la mamá comunidad autónoma y el padrino ayuntamiento, que lo tienen que hacer, es que a los propios ciudadanos, a pesar de que no hay que dejarlos nunca solos, hay que decirles que las cosas solo se consiguen con el esfuerzo. En estos momentos nuestro país, en cualquier caso, necesita permanentemente este discurso del esfuerzo; solo vamos a salir de ciertas situaciones cuando todos demos lo mejor de nosotros mismos, repito, con la ayuda del papá Estado por descontado.
Esto supongo que lo vamos a aprobar con el concurso de todos los grupos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Macias.


Entiendo, señora Quintanilla, que el texto que se pasará a votación será el de la transaccional, que le ruego haga llegar a la Presidencia para que se pueda repartir a los grupos.


La señora QUINTANILLA BARBA: Sí, señora presidenta, en estos momentos vamos a redactarla y la haremos llegar a la Mesa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA REGULACIÓN DEL DERECHO A DECIDIR SOBRE LA PROPIA VIDA. (Número de expediente 173/000120.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto IV del orden del día. Mociones consecuencia

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de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la regulación del derecho a decidir sobre la propia vida. Para defender esta moción, tiene la palabra en nombre de su grupo el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, con su permiso, permítanme que me dirija a los compañeros del Grupo Socialista para mostrar nuestra disconformidad, de hecho lamentamos que no hayan atendido nuestras demandas. Saben que nosotros somos los primeros en felicitarles y animarles cuando trabajan a favor de ganar, de conquistar nuevos derechos, de avanzar en una sociedad más justa y en una sociedad más moderna. De manera que hoy lamentamos no solamente que ya nos hayan dicho que no, cosa que entendemos, puesto que no forma parte de su programa electoral, luego no tienen ninguna obligación de atender a nuestras razones, lo reconozco; pero entenderán que nosotros reivindiquemos la necesidad de que ustedes, precisamente porque existe demanda social y porque nuestra sociedad está suficientemente madura para metabolizarlo, presenten un proyecto de ley que regule la eutanasia.
Sabemos que ustedes no atienden a nuestras demandas, aun cuando debo decirles que yo, ojeando el "Diario de Sesiones" del año 2002 he encontrado una intervención del diputado Barrero López que me parece genial, una lección magistral de aquello que reivindicamos desde la izquierda atendiendo a lo que hoy nos atañe. Decía el diputado Barrero: Una vida impuesta contra la voluntad del titular puede estar amparada en valores tan respetables como son los valores religiosos, pero no está amparada en valores constitucionales. A quien aborrece la vida ¿qué le queda? Porque eso no es vida tenemos que darle la oportunidad de una decisión que ampare su libertad y su dignidad. Dice el "Diario de Sesiones" que allí arrancó aplausos del Grupo Socialista, y entiendo además que del resto de la izquierda que había en aquel momento en esta Cámara, lo cual viene a dar la razón cuando yo les decía que forma parte de su ADN y del nuestro aquello que reivindicamos. Repito que el texto del diputado es excelente. Es más, en el año 2004 ustedes en su programa electoral ya no hablaban de presentar un proyecto de ley, pero mencionaban la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados que permitiera debatir sobre el derecho a la eutanasia. Es decir, habían dado un paso atrás, pero seguían hablando de derecho y apelaban a la constitución de una comisión. Era un cierto paso atrás, pero no nos alarmemos. En esta legislatura en su programa electoral no aparece ni el derecho ni la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados.
Ello no quita que cuando hablamos con ustedes seguimos coincidiendo en lo mismo. Es decir, ustedes y nosotros seguimos pensando que es necesario, aun cuando en el programa electoral de su partido no figuraba esta propuesta.


Estamos discutiendo sobre la idoneidad, estamos haciendo un debate de oportunidad, por eso lo lamentamos todavía más. Si el problema no es conceptual, si solamente es un problema de carácter táctico -si me permiten la expresión-, ¿cómo es que no han tenido la valentía de presentar una mínima transaccional a nuestra segunda demanda, que ya no iba dirigida al Gobierno, sino al conjunto de la Cámara, instando a la creación de una comisión no permanente para que durante los dos años que nos quedan para finalizar la legislatura podamos avanzar? No están por el proyecto de ley, lo entendemos; no están por la comisión no permanente, nos cuesta más entenderlo. No aceptan siquiera avanzar un mínimo con la presentación de una transaccional, a cuya redacción conjunta les hemos invitado hasta hace cinco minutos para que al menos podamos discutir en el marco de una subcomisión cómo podemos avanzar, cómo podemos no solamente socializar el debate, sino institucionarlo, que es lo que nos interesa.


Se me ocurre una derivada de su indolencia -dicho con todo respeto- en estos momentos. Si somos capaces de institucionalizar el debate durante estos dos años, en el caso de que gobernara la derecha -ojalá no ocurra-, una vez que el debate hubiera profundizado -supongo que en el Parlamento no hay temas tabúes-, difícilmente la derecha podrá obviar o le costará mucho más dejar a un lado este debate; habremos ganado posición. A su actitud táctica, mi respuesta táctica también, lo reconozco; pero también estamos hablando de política, luego el tacticismo es importantísimo. Y si ustedes gobiernan, que es lo que yo deseo, y durante los dos últimos años de la legislatura -repito- hemos institucionalizado el debate y hemos hecho caer los últimos tabúes que son utilizados por la derecha y por la Iglesia católica, para ustedes será más dulce el tránsito en la próxima legislatura para presentar el proyecto de ley, que es en lo que ustedes y nosotros coincidimos. Entenderán que estemos un tanto molestos, pero porque estamos perdiendo el tiempo. La derecha no va a modular su posición ultrademagógica, que hemos visto en la Ley de la interrupción del embarazo; lo vimos también en otras leyes anteriores, por ejemplo la ley que permitía a las parejas homosexuales contraer matrimonio, no porque ustedes crean que su posición puede modular y moderar a la derecha van a conseguir este objetivo. Yo todavía les insto a ver si, como se dice en el argot futbolístico, en el último minuto de la prórroga es posible que usted suba aquí y diga que al menos podamos transaccionar, si no la creación de la comisión no permanente, sí la creación de una subcomisión a fin y efecto de poder avanzar para que en la próxima legislatura tengamos una ley que regule el derecho a morir con toda la dignidad.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.


A esta moción se han presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para defenderlas

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tiene la palabra, en nombre de su grupo, la señora Grande Pesquero.


La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señora presidenta.


El derecho a una muerte digna contempla muchas y delicadas facetas que requieren actuaciones diversas y de muy amplio calado y no deberíamos solo circunscribirlo a la cuestión puntual de cómo debe regularse la eutanasia en el Código Penal. Decía el filósofo e historiador francés del siglo XIX -por cierto, declarado blasfemo europeo- Ernest Renan, que el acto más importante de nuestra vida es la muerte. No sé si el más importante, pero desde luego creo que es el más relevante y quizá el más difícil. Precisamente por ello, los responsables públicos tenemos la obligación de que la muerte sea un momento lleno de sosiego y de dignidad. Este es el objetivo que ha guiado al Partido Socialista desde que llegó al Gobierno y para alcanzarlo cada año ha ido poniendo los medios necesarios para que hoy en España la muerte digna y la lucha contra el dolor sean un derecho real de los pacientes. Hemos debatido muchas veces en esta Cámara sobre el derecho a decidir sobre la propia vida y coincido con usted, señor Tardà, en muchas de sus apreciaciones, pero tengo que decirle que también suscribo las palabras del ministro de Justicia en esta tribuna el otro día cuando decía que el arte de la política es hacer lo posible y lo necesario. Para mi grupo parlamentario lo necesario en estos momentos, antes del debate moral y de plantear un debate legal, es que deberíamos resolver el debate asistencial. En este sentido es en el que hemos presentado una enmienda de sustitución que es lo que me gustaría defender.


Nos emplazaba, señor Tardà, el otro día y esta tarde al final de su interpelación al Grupo Socialista a avanzar en este momento porque, nos decía, tenemos en nuestro ADN la posición progresista y por aquello de que no sabemos qué va a pasar dentro de dos años. Permítame que le diga que con su colaboración, la de su grupo y la de la mayoría de las fuerzas políticas presentes en esta Cámara, seguiremos avanzando y consiguiendo nuevos derechos de ciudadanía dentro de dos, de tres y de muchos años más porque, señoría, el pueblo español, aunque profundamente preocupado por una situación económica que atravesamos en este momento, llegado ese momento no se dejará dar gato por liebre. Porque, además, podremos presentar a los ciudadanos una buena hoja de servicios en cuanto a avances en derechos sociales, en la consolidación y la defensa de muchos derechos que, aunque algunos de manera farisea denostan y critican en público, no dudan de usar de tapadillo; derechos sociales que, aun en una situación económica como la actual, el Gobierno mantiene contra viento y marea y que otros hubieran recortado inmediatamente con la disculpa del ahorro del gasto público; derechos como el de la dignidad en el momento de la muerte en el que también podemos ver claramente las diferencias.
Mientras que en una comunidad autónoma como Andalucía está tramitándose un proyecto de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, en otra comunidad autónoma como Madrid su anterior responsable sanitario actuó como un auténtico Torquemada contra un grupo de profesionales sanitarios que en el hospital de Leganés hacían su trabajo intentando aliviar el dolor de pacientes terminales para que su muerte llegara con sosiego y dignidad. Esa es la diferencia, señorías, y esa es la realidad. Es precisamente por esa iniquidad por lo que mi grupo parlamentario cree que antes de introducir cambios en el Código Penal es necesario continuar trabajando y avanzando en el desarrollo de estrategias sanitarias que den una respuesta de calidad, integral y coordinada con respeto a la autonomía y los valores de la persona que se encuentra en el final de su vida. Por eso, el Gobierno y el Ministerio de Sanidad y Política Social siguen trabajando en dos ejes fundamentales.
Por un lado, en la regulación y difusión de las instrucciones previas para asegurar la eficacia en todo el Estado de este testamento vital manifestado por los pacientes y, por otro lado, en la estrategia sobre cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud, que está basada en la tradicional actividad de los profesionales sanitarios para aliviar el dolor y el sufrimiento y entronca con la filosofía humanista de la asistencia sanitaria; estrategia, por cierto, suplementada con 8 millones de euros adicionales precisamente el mismo día 24 de febrero, en el que se debatía en esta tribuna su interpelación. Es cierto que hemos mejorado mucho, pero aún queda mucho trabajo por hacer, y es a ese trabajo conjunto al que convoco a SS.SS. y por lo que solicito que nuestra enmienda sea aceptada.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Grande.


En el turno de fijación de posiciones el Grupo Parlamentario Mixto va a compartir su tiempo. En primer lugar, tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, estoy convencida de que hay algo que compartimos todas y todos independientemente de la ideología de cada uno de nosotros, y es nuestra convicción de querer tener una muerte digna, de morir con dignidad. Creo que independientemente de todas esas cuestiones es algo que compartimos y que queremos para todos y cada uno de nosotros. Pero desgraciadamente hablar de muerte digna en muchas ocasiones también significa hablar de conductas que están relacionadas con el suicidio en circunstancias muy especiales, de enfermedad penosa, de inconsciencia, de irreversibilidad, situaciones que efectivamente nos obligan a plantearnos el problema de la muerte asistida, de la muerte digna y la colaboración que las autoridades médicas pueden prestar en esta cuestión, siempre lógicamente respetando la voluntad fundamental, la libertad de la voluntad de los pacientes, de los enfermos

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y, en definitiva, de las personas. Cosas como estas ya las hemos dicho en otras ocasiones al defender alguna propuesta de nuestro grupo, el BNG, y al posicionarnos respecto de propuestas de otros grupos. Hoy queremos también manifestar nuestra posición favorable a la moción presentada por Esquerra Republicana y defendida por el señor Tardà, porque entendemos que aunque en estos momentos ya tenemos una ley de consentimiento informado, es necesario seguir avanzando en el asunto que nos ocupa. No entendemos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, sí la intervención de la señora portavoz, pero creemos que la cuestión asistencial es algo que ya queda por sentado que tiene que hacerse, precisamente después de la ley del consentimiento informado, independientemente de que, como usted ha dicho, haya problemas, como hubo en su momento en el hospital de Leganés. Nosotros creemos que se debe seguir avanzando porque es necesario despenalizar aquellos casos en los que las personas puedan cooperar con otras que solicitan esa ayuda, esa colaboración. Tengamos presente, señorías, que muchas veces las personas que piden ser ayudadas a morir lo hacen como un acto de justicia, porque entienden que no es justo seguir viviendo en las condiciones en que lo están haciendo. Por eso, nosotros reclamamos esa justicia, no solamente por aquellas y aquellos que en este momento la están reclamando o que ya la han reclamado y no han podido morir con esa dignidad que pretendían, sino porque cualquiera de nosotros podemos estar en esa situación en cualquier momento. Por eso, entendemos que debemos apoyar la moción de Esquerra Republicana para seguir profundizando en la despenalización de algo que a veces no nos gusta denominar como es la eutanasia.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, como si formara parte de un guión preestablecido de ingeniería social debatimos hoy una moción consecuencia de interpelación del sector de la izquierda más radical de la Cámara, relativa al reconocimiento legal de la eutanasia. Apenas quince días después de la aprobación definitiva en el Senado de la reforma más agresiva en contra de la vida humana que recordemos, la reforma que más oposición ha generado en la ciudadanía española en los últimos tiempos y que introduce en nuestra legislación el derecho a eliminar la vida humana en su primera etapa de formación. Ahora, los mismos que impulsaron esa reforma vuelven a la carga para regular este mismo derecho, derecho a eliminar una vida humana, pero esta vez aplicable a la etapa final de la vida de las personas. Y se defiende además -así lo dijo el portavoz de ERC- como un avance social, un avance de la civilización, alegando razones de humanidad, bondad e incluso dulzura en el acto de matar a otro ser humano. Quien practica la eutanasia -dice- lo hace por el bien del enfermo, por cumplir su voluntad. El Grupo Socialista ha anunciado que no secundará la propuesta de ERC ahora. Pero es obvio que si la legalización del aborto no estaba entre sus prioridades electorales, ni se esperaba que se fuera aprobar sin el amplio consenso que prometió el presidente Rodríguez Zapatero, ¿qué razón puede alegar ahora el PSOE para no aprobar esta subcomisión de estudio, si ha podido aprobar el derecho ilimitado a abortar sin consenso, sin haberlo comprometido en su programa electoral y sin fisuras dentro del propio grupo parlamentario? El Grupo Socialista no le va a aceptar la moción, señor Tardà, pero puede estar usted tranquilo porque aunque no la vayan a secundar en este momento, sabe que su negativa es meramente táctica, exclusivamente temporal. No la votarán, no por no estar de acuerdo en que se transmute una vez más un delito en un derecho, sino básicamente porque no quieren abrir otro frente social en la calle ahora. Mi partido no apoyará este supuesto avance de la civilización que ustedes pretenden. No lo hará porque para nosotros la protección de la dignidad humana no puede estar sometida a un plazo arbitrario, como hace la nueva legislación del aborto, ni puede limitarse por el hecho de que la persona viva en unas determinadas condiciones de vida, aunque estas sean muy penosas. Mi partido, frente a quien apuesta por que sea el Estado el que facilite siempre y en todo caso todas estas conductas, es partidario de un Estado que defienda la vida, que acompañe a las personas en situaciones de conflicto, que busque en definitiva soluciones más positivas que la de acudir al fracasado recurso de la muerte provocada. No estamos de acuerdo con lo que ustedes pretenden.
Votaremos hoy en contra de esta moción, como lo hicimos hace unas semanas con el aborto y lo volveremos a hacer siempre que con sus propuestas se legalice la ley del más fuerte frente al más débil.


Termino, señora presidenta. No han demostrado, señor Tardà, a mi juicio, hasta el momento ninguna empatía con el no nacido, en todo caso con los más indefensos. Han tratado al no nacido en la legislación que acabamos de aprobar más como una carga o un problema individual y colectivo, que como un regalo, como un bien objetivo.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Salvador, por favor.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Que ahora pretendan extender esta misma filosofía y apuesten por aplicar la misma medicina a nuestros mayores y enfermos, no nos sorprende.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Salvador, tiene que acabar, por favor.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Pero es obvio que nosotros nos opondremos siempre.


Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Salvador.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Señor Tardà, la verdad es que este debate ha adquirido unas dimensiones tan tenebristas, tan extremas, que es difícil buscar un punto de equilibrio sobre una reflexión que está en este momento incardinada en todos los parlamentos de nuestro contexto, en casi todos los países civilizados. Es difícil hacer una reflexión, con lo que hemos escuchado, que yo voy a hacer ahora. Señor Tardà, el legislador español está a punto de despenalizar esta conducta. Si usted analiza con detenimiento el contenido del apartado 4 del artículo 143, verá que no es gratuita la reducción en uno o dos grados de la condena que se impone al delito de auxilio al suicidio, es prácticamente una exoneración de responsabilidad penal. ¿Qué falta? Falta un discurso que genere menos renuencias que el que usted ha practicado, por no glosar otros que hemos oído por ahí detrás, cuando hablaba de la derecha con esa omnicomprensión, un poco descalificatoria con carácter general. Ha habido reflexiones ideológicas, ha habido muy pocas reflexiones técnicas, técnico-sanitarias o técnico-jurídicas, y agradezco a la señora Sánchez que haya hecho alguna de ellas. En estos contextos es fundamental el valor del consenso; para abordar un problema que tiene connotaciones jurídicas, connotaciones éticas y connotaciones sanitarias de gran profundidad, es necesario realizar un discurso y una propuesta que genere consensos o que sea proactiva al consenso. La referencia normativa que todos utilizamos es la legislación holandesa. Usted tiene razón en una de sus afirmaciones. En Holanda se reguló esta cuestión y, tras la regulación por el Parlamento holandés de la regulación jurídica de la eutanasia, ha habido diferentes mayorías parlamentarias que no han modificado el contenido de la ley y se ha interiorizado por el cuerpo social holandés, y por su cuerpo normativo, evidentemente, la normalidad de una situación de estas características. Hay situaciones dramáticas, como el caso del ciudadano gallego Ramón Sampedro, donde la persona que más le quería tuvo que recurrir a un proceso particularmente cruel, un veneno particularmente doloroso para acabar con su vida, con el doble trauma que esto implica, porque acabar con la vida del ser querido por un procedimiento particularmente doloroso es dramático. Lo que hemos oído en el Reino Unido recientemente de que un compañero de una pareja de homosexuales tuvo que asfixiar a una persona que quería morir, su pareja en concreto, asfixiándole con la almohadilla de la habitación de su hospital, es dramático. Este no es un problema sencillo, pero la complejidad del problema requiere seguramente recursos más sofisticados, recursos más depurados y discursos más proclives al consenso.


A mi grupo no le parecería mal crear una subcomisión que analice los aspectos multidisciplinares y complejos de una cuestión como esta. En este momento sabemos que no está madura esta posición, seguramente habrá que esperar algún tiempo y habrá que esperar seguramente algún otro tipo de iniciativa parlamentaria -señor Tardà, atiéndalo esto como una expresión de respeto, no como una expresión de refutación de sus tesis- quizá más sofisticada, no solo en su articulación literal, sino en su defensa, y podremos pensar en algo que preocupa, ocupa y debemos atender desde los poderes públicos del Estado. Porque el problema de la eutanasia, señora presidenta -y con esto acabo mis palabras-, es que no concierne a quien quiere acabar con su vida y no puede hacerlo, porque puede acabar con su vida quien puede hacerlo sencillamente renunciando a un tratamiento médico particularmente honoroso, es quien no puede hacerlo. El problema de la eutanasia es que compromete a un tercero y a un tercero que comete un delito penal. Este no es un problema sencillo de resolver ni acudiendo al testamento vital ni al registro de últimas voluntades ni a los cuidados paliativos ni a ninguno de los procedimientos existentes en derecho, hay que buscar otros. ¿Hay que buscar otros con esta moción? No, hay que buscar otros entre todos. ¿Es pertinente crear alguna subcomisión o alguna estructura parlamentaria que analice esta cuestión? Seguramente sí, señora presidenta. Por lo pronto nosotros, en relación con esta cuestión, nos vamos a abstener.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el diputado don Joan Tardà, en la exposición, en la defensa de su iniciativa respecto a una estrategia sobre el grupo de la mayoría y el grupo de la oposición, decía hace un momento literalmente: el tacticismo es importantísimo. Creo que a veces en el debate parlamentario se plantean temas con un cierto punto de artificialidad -y ahora vamos a repasar este tema que nos proponen para constatar esta frase-, con un punto de tacticismo que aparece como importantísimo, debates maniqueos que no son tal debate maniqueo sobre eutanasia sí, eutanasia no. Este es un debate en el que no partimos de cero, sino de un determinado marco legislativo y de un determinado contexto, y en todo caso podemos discutir algunos extremos. Quiero recordar una vez más que actualmente está vigente una legislación, el llamado testamento vital o ley de últimas voluntades, sobre el consentimiento informado; que esa ley de últimas voluntades nació de una proposición de ley precisamente planteada por parte del Senado en la legislatura 2000-2004; que esta legislación planteada

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por el Senado nacía de una iniciativa previa ya vigente aprobada por parte del Parlament de Catalunya; que aquella iniciativa -como ya hemos tenido oportunidad de discutir tantas veces- fue impulsada por un senador de Convergència i Unió, el querido Jaume Cardona, médico de profesión que estando ya gravemente enfermo defendió esta iniciativa. Ya que hoy hemos hecho recomendaciones de distintas lecturas de debates parlamentarios, quiero hacerme eco y les quiero recomendar la lectura de la defensa de aquella iniciativa legislativa -hoy ley- hecha por el querido Jaume Cardona quince días antes de su muerte. Nos hacemos eco de su posición y de su punto de vista. No partimos de cero, debemos hablar de curas paliativas, de tratamientos compasivos, de no alargamiento artificial de la vida, de suspensión terapéutica, de tantas prácticas que hoy, señorías, ya se están dando por parte de las unidades del dolor de tantos hospitales de toda la geografía española. A todo ello debemos sumar una perspectiva de despenalización sobre la cual el diputado Emilio Olabarría nos ha ilustrado hace un momento en relación con el debate que se está produciendo en estos momentos acerca del nuevo redactado del artículo 143.4 del Código Penal. Si existe ley de últimas voluntades, si existen curas paliativas, tratamiento compasivo, no alargamiento artificial de la vida y suspensión terapéutica, ¿cuál es el debate de idoneidad al cual se nos invita a participar esta tarde? Se nos invita a participar en un debate parcial y maniqueo sobre eutanasia sí, eutanasia no, a un debate sobre la eutanasia activa, definida como aquella acción positiva mediante la cual se provoca la muerte del paciente. Y esto, señorías, plantea debates profundos porque, como también se ha apuntado, esta eutanasia activa requiere del concurso de terceros. No se trata de que ninguna religión informe la moral del Parlamento, pero el Parlamento en estos asuntos y en tantos otros, a través de la legislación, sí debe tener una determinada posición moral, una moral civil, cívica a la hora de decidir y de tomar posición ante casos difíciles. La posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es de muchas dudas y muchos interrogantes sobre si los poderes públicos, con concurso de terceras personas, deben tomar cartas en la perspectiva de la eutanasia activa.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán, a la vista de la no aceptación de la enmienda de sustitución planteada por parte del Grupo Socialista, va a votar que no, va a reivindicar el capital de lo hecho por parte del Parlamento y del Grupo Parlamentario Catalán y va a invitar al grupo proponente a plantear estos casos, casos difíciles, con menos maniqueísmo y con más exactitud.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cervera.


El señor CERVERA SOTO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, estamos ante un asunto recurrente. No hace todavía ni un año que estábamos tratando este mismo asunto, esta misma temática, a cargo, por cierto, de una proposición del mismo grupo parlamentario. Y es también un asunto que recurrentemente se trata de manera excesiva con trazo grueso, mezclando conceptos diversos, conceptos que no tienen mucho que ver entre sí hablando de esta materia. Hay quienes hablan de derechos sociales, quienes hablan abiertamente de eutanasia, quienes hablamos de humanización de la asistencia sanitaria, y todo esto en su conjunto significa que esos conceptos mezclados establecen el trazo grueso con el que no debemos tratar esta sensible cuestión. Además, es un asunto que tratándolo recurrentemente de esta manera nos aleja de las preocupaciones y prioridades sociales de los españoles. Y llegamos a esta moción, señor Tardà, que es un efecto postrero de todo este proceso, lo que vimos el año pasado, lo que se vio la pasada legislatura, en unos términos formales que son un auténtico contrasentido. No se puede plantear en una moción la creación de una comisión no permanente, no una subcomisión ni una ponencia, sino ni más ni menos que una comisión parlamentaria para generar criterio sobre esta materia y, al mismo tiempo, solicitar del Gobierno de la nación que remita ya un proyecto de ley sobre esta cuestión a esta Cámara. Es un contrasentido formal, una trampa para ingenuos. Se pretende generar no otra cosa que un runrún en relación con este asunto sin demasiado rigor. Para ofrecer rigor quisiera decirles en qué contexto contemplamos nosotros esta cuestión y qué postulados son los que defendemos. Nosotros defendemos la humanización de la asistencia sanitaria en todos los momentos, pero especialmente en aquellos en los cuales exista una controversia ética que suscite en el trabajo del profesional una determinada duda. Defendemos también que el paciente debe ser considerado en todo momento como el auténtico protagonista y decisor de su proceso asistencial. Defendemos, por tanto, que la legislación positiva albergue, como así ha hecho recientemente, el concepto de autonomía del paciente, que significa que la legislación confiere al enfermo la prevalencia absoluta sobre la toma de decisiones que le son propias. Defendemos la limitación de los esfuerzos terapéuticos en situaciones terminales, especialmente cuando contravengan la propia dignidad humana. Y defendemos también la ayuda en el trance de la muerte, dentro de una coordenada de ética profesional y social, tal como defiende la propia organización médica colegial. No solo defendemos esto de una manera genérica, sino que es lo que da sentido, lo que dio sentido en el año 2002, como decía el diputado señor Xuclà, a la ley que se establece para facilitar el ejercicio de ese derecho del paciente a ser el protagonista y el decisor de todos los hechos asistenciales que le son propios.


Esta moción vuelve a apelar a ese criterio de simplificación y tergiversación terminológica, frente al que

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nosotros tenemos que clarificar las cosas. Es una simplificación y tergiversación terminológica a la que, por cierto, el Gobierno ha contribuido cuando todavía resuenan esas palabras dichas por el anterior ministro de Sanidad, Bernat Soria. Por ejemplo, él decía que hay que dar un paso más allá en esta cuestión o que hay que abrir un debate sobre el suicidio asistido o la propuesta que hizo de crear una comisión conjunta entre los ministerios de Sanidad y Justicia para tratar esta cuestión.
Estas banderías ideológicas tienen su público, por eso las vemos recurrentemente en el devenir, en la praxis, en la agenda política de determinados grupos políticos. Pero estas banderías, estos prejuicios, estos apriorismos todos los días se dan de bruces con la realidad asistencial de nuestro país, en la que se ve que los profesionales, las familias y los pacientes saben resolver situaciones límite de enorme complejidad médica, ética, social y familiar, y que se resuelven, además, de forma habitual cientos de veces al día con el debido respeto a la persona y en la consideración de los recursos que la ciencia y los cuidados son capaces de proporcionar en el trance de la muerte. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Defendemos, por tanto, la calidad de la vida. Defendemos también la muerte digna. Defendemos que los pacientes y sus familiares tengan una participación decisoria en aquello que les es propio. Defendemos, por tanto, unos cuidados paliativos que afirmen la vida pero que, al mismo tiempo, reconozcan la muerte como un proceso natural, que no debe ni acelerarse ni posponerse. Habida cuenta que ninguna de estas consideraciones están inmersas en la propuesta que hoy se nos hace, votaremos de forma negativa.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.


Señor Tardà, si es tan amable, ¿puede decir a la Presidencia si acepta S.S. para la tramitación alguna de las enmiendas presentadas?

El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, no aceptamos las enmiendas y solicitamos votación separada de los dos puntos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO DIRIGIDAS A REDUCIR DE FORMA URGENTE EL DÉFICIT PÚBLICO. (Número de expediente 173/000121.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas concretas que va a tomar el Gobierno dirigidas a reducir de forma urgente el déficit público. Para la defensa de esta moción tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo tiene un objetivo al presentar todas las propuestas económicas que cada semana vamos debatiendo en los plenos. Hoy ha planteado el portavoz del Grupo Popular, el señor Montoro, la bajada del IVA para algunos sectores, ahora planteamos una reforma que tiende a controlar el gasto público del conjunto de las administraciones, y todo con un sentido y un objetivo, que no es otro que crear empleo, generar condiciones para el crecimiento económico e impulsar la actividad para que haya más bienestar en la sociedad española. Se pueden hacer las cosas de otra manera, se puede hacer otra política presupuestaria, hay alternativas a la política presupuestaria que está haciendo el Gobierno y es posible llevarlas a cabo. Hace falta voluntad, hace falta crear confianza, hace falta un análisis cierto y firme de la situación económica y hace falta, por supuesto, un control más exhaustivo del gasto público.


La política fiscal del PSOE, la política de gasto público del PSOE, ha sido equivocada desde el minuto uno, desde el año 2004. En el presupuesto de 2005 se incrementó el gasto público el doble que en el último presupuesto del Partido Popular, y eso fue porque el señor Zapatero estaba convencido de que, como la situación era boyante y vivíamos en un mundo idílico internacionalmente, él podía hacerlo más y mejor. Y eso era más gasto público. Por eso aquella frase famosa del señor Zapatero a la presidenta de una comunidad autónoma: Por dinero no vamos a dejar de llegar a acuerdos, aquí hay dinero para todo. Y, efectivamente, el más y mejor fue un derroche de gasto público que cuando llegó la crisis hizo que la economía española tuviera una situación de mayor vulnerabilidad.
La economía española estaba peor preparada para la crisis y nos golpeó con mayor fuerza. Que España ahora doble la tasa de paro de la media europea, que en España tengamos un déficit público del 12 por ciento, que no lo ha alcanzado casi ningún otro país europeo, no es casualidad, es el resultado de una política económica desacertada. Como no se hizo nada, cuando vino la crisis los ingresos cayeron y los ajustes automáticos que el señor Marugán conoce tan bien hicieron que se incrementara el gasto público. Pero es que además el Gobierno dijo: más madera, más gasto público, más impulso fiscal, por decirlo de una manera más fina. En el presupuesto de 2005 nosotros dijimos que había que controlar el gasto público, y así se dijo en 2006, en 2007, en 2008 y por supuesto en 2009 y en 2010. Señorías, ¿les parece lógico que hoy, inicio del mes de marzo, el Gobierno esté planteando una no disponibilidad de crédito de 50.000 millones para los próximos años, o de 5.000 para este año, cuando se acaba de presentar el presupuesto? ¿No hubiera sido más lógico hacer caso y hacer un presupuesto adecuado, ordenado y además bien estructurado? Por eso, nosotros planteamos esta moción con un sentimiento constructivo, queremos colaborar para que se hagan las cosas bien, queremos que en el futuro las cosas se hagan bien,

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porque ya en la política económica del PSOE no cree, señor Fernández Marugán, ni Krugman, ese al que usted le gusta tanto citar. Ni Krugman cree en la política económica que hace el Partido Socialista.


Hay una alternativa distinta que construye la economía y el crecimiento por el lado de la oferta y no por el del gasto público. Hay una alternativa distinta y por eso planteamos esta moción, que lo que quiere es que la Ley de Estabilidad se cumpla, que es buena. La Ley de Estabilidad que aprobó el Partido Popular dio excelentes resultados, pero ustedes la cambiaron y eso se les ha ido de las manos. Por eso nosotros pensamos que hay que volver a la Ley de Estabilidad que se aprobó y proponemos en la moción que se cumpla la restricción de altos cargos y de ministerios que este Parlamento aprobó. Proponer que se cumpla lo que dice el Parlamento no es mucho proponer, pero también es verdad que mucho me temo que el Grupo Socialista vote que no a que se cumpla lo que el Parlamento ha dicho que se haga. Esto es lo segundo que proponemos.
También proponemos que la no disponibilidad de este año no sea de 5.000 millones. Si ustedes proponen 50.000 para tres años, no es lógico que para el primero sean 5.000, no digan ni siquiera en qué, salvo que el Fondo de Contingencia, que es la hucha que tienen para gastos extraordinarios, lo disminuyan. Y si hay gastos extraordinarios, ¿qué va a pasar? ¿No los vamos a cumplir? ¿No vamos a ayudar a países terceros? ¿Qué vamos a hacer? Señorías, sería bueno que hoy se aprobara la moción del Partido Popular. No tengo mucha confianza en que el Partido Socialista rectifique, porque creo que ustedes se están equivocando, y no desde que el señor Zapatero dijo que no había crisis, no; se están equivocando desde el año 2004 cuando empezaron a gastar por encima de lo que tenían, y eso ha traído una serie de consecuencias, que son paro, destrucción de afiliación a la Seguridad Social y destrucción de empresas, sobre todo de pymes y autónomos. Hay un camino para rectificar; ese camino pasa por aprobar la proposición de ley que ha presentado esta tarde el señor Montoro y pasa por aprobar esta moción. Si ustedes quieren pactar y quieren ayuda, este es el camino.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, he escuchado con atención la moción defendida brillantemente por el diputado Vicente Martínez-Pujalte, del Grupo Parlamentario Popular. He apreciado en su intervención que tenía ganas de llegar a consensuar esta iniciativa presentada por su grupo con el Grupo Parlamentario Socialista y he entendido también que esa oferta de consenso podría abarcar al resto de grupos que hemos presentado enmiendas a la moción presentada y defendida por el Grupo Parlamentario Popular. El señor Martínez-Pujalte sabe perfectamente que en esta ley hay una serie de aspectos que son inasumibles por nuestro grupo parlamentario, como es replantear una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que hace referencia a la que en su momento fue planteada por el Grupo Parlamentario Popular, lo que motivó que nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, desde el Parlamento de Cataluña instara un recurso de inconstitucionalidad. Por este motivo nos es totalmente imposible dar un voto favorable a esta cuestión. Hay otra cosa que anticipo al Grupo Popular y a los demás grupos parlamentarios que tampoco nos gusta, y es que se mezclen en temas macroeconómicos aspectos de mociones que ya se han votado en diferentes ocasiones y que -vale la pena decirlo en este caso- el Gobierno ha ido incumpliendo reiteradamente. En este sentido, no nos gusta votar otra vez la reducción de cargos de la Administración central. Es una cuestión ya votada, asumida por una parte importante de la oposición pero no asumida por el Gobierno y que por tanto es responsabilidad del Gobierno. En un debate de política económica no nos gusta bajar el nivel y volver a intentar que el Gobierno pierda determinadas votaciones. Bastante responsabilidad y bastante pena tienen por no poder cumplir con los compromisos adoptados en la Cámara. Por tanto, planteamos al Grupo Popular una enmienda, que entendemos que es una hoja de ruta que podrían asumir perfectamente y que probablemente pondría en un aprieto importante al Gobierno socialista. Se trataría de intentar, al menos de entrada, constatar un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del año 2009 al año 2011. No planteamos una culpabilidad directa, sino -diciéndolo suavemente- un incumplimiento, como consecuencia de la caída de ingresos y del aumento de los gastos derivados de la crisis económica.


Hay un segundo aspecto que también podría servir de hoja de ruta, en el caso de que aquí todos fuéramos capaces de llegar a un gran pacto de Estado que marcara una serie de objetivos para salir de la crisis, que iría en la dirección de instar al Gobierno a que en los próximos cuarenta y cinco días plantee un documento en esta Cámara para conseguir que el déficit público del 3 por ciento sea una realidad en el año 2013. Este documento realista, que recogería la previsión en los próximos cuatro años, hasta el año 2013, con un déficit del 3 por ciento, tendría que ir acompañado de una memoria explicativa respecto a las previsiones y actuaciones específicas para reducir los gastos y la previsión de la evolución de los ingresos. Entendemos que es una formulación adecuada y objetiva, que no deja de ser una hoja de ruta para que el Gobierno venga a esta Cámara con estos planteamientos y con una memoria económica.
Quizás así hoy podríamos empezar a poner los cimientos para conseguir un acuerdo sobre una moción, que a veces no sirve absolutamente para nada, pero sí al menos para escenificar que hay posibilidades de resolver la delicada

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situación económica en la que se encuentra la economía española.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor Martínez-Pujalte, no hay prácticamente ningún experto en el mundo que no reconozca que fue precisamente la apuesta de prácticamente todos los Estados de optar ante la situación de crisis económica por ambiciosas políticas de estímulo público lo que ha evitado que esta crisis económica se haya transformado en una profunda depresión.
Por eso nos preocupa muy mucho el peligro de una retirada precipitada de estas políticas de estímulo público cuando la economía en el Estado español ni siquiera ha iniciado la recuperación y sigue en un estado de recesión. Ese es el principal problema que vemos a su moción y que hace que el Bloque Nacionalista Galego tenga una discrepancia muy profunda respecto a toda la filosofía que la informa.


Si ya observamos un giro preocupante en las políticas de ajuste del Gobierno, que parece optar por priorizar la contención del gasto público en vez de atender la principal prioridad, que sigue siendo reactivar la economía y contribuir a la generación de empleo, su moción revela una obsesión, desde nuestro punto de vista, total y absolutamente excesiva de su partido por fijar como único objetivo, como única prioridad la lucha contra el déficit en vez de que las políticas públicas contribuyan, insisto, a reactivar la economía y a afrontar el principal problema que sigue teniendo el Estado español y que es el alto volumen de desempleo.
Nosotros, por supuesto, estamos total y absolutamente de acuerdo en que es necesario un equilibrio en las finanzas públicas para asegurar su sostenibilidad, pero entendemos que este tiene que ser un objetivo a medio plazo. No puede ser que las políticas a corto plazo estén centradas única y exclusivamente en ese objetivo, distrayéndonos de lo fundamental, que, insisto, tiene que ser impulsar la reactivación económica y la generación de empleo. Esta obsesión que caracteriza las propuestas del Partido Popular les lleva a proponer recuperar un concepto mucho más rígido y dogmático de lo que debe ser la estabilidad presupuestaria; les lleva a proponer intentar fijar por ley unos techos de gasto para el conjunto de las administraciones públicas que pueden hacer inviable a efectos prácticos que las comunidades autónomas, en ejercicio de su autogobierno, puedan diseñar sus propias políticas; les lleva a ignorar que las comunidades autónomas tienen asumida la gestión de servicios públicos esenciales, como es el caso de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, muy poco elásticos en cuanto a determinar el volumen de gasto y en los que la apuesta además por este servicio es indispensable para asegurar la igualdad de oportunidades y el bienestar de la población así como para incentivar la generación de empleo, porque tienen un impacto también muy importante en la generación de empleo. Por lo tanto, mucho nos tememos que lo que ustedes pretendan como receta sea precarizarlos, y desde luego el Bloque Nacionalista Galego no está a favor de una salida de la crisis que consista en no aprender ninguna lección de la misma, en definitiva, una salida de la crisis que consista en desarmar las políticas públicas. Esa sería la consecuencia, señores del Grupo Popular -grupo proponente de esta moción-, si se aplicasen sus recetas de bajada generalizada de impuestos y de recortes drásticos en la inversión pública, y nosotros consideramos que hay que mantener la inversión productiva y la apuesta por los servicios públicos y por las políticas sociales.


Sabido es, señorías, que el BNG está de acuerdo en la necesidad de una reducción y racionalización de la estructura del Gobierno para adecuarla al mapa competencial, pero el Bloque Nacionalista Galego no se deja engañar por señuelos y, obviamente, si tenemos en cuenta los contenidos genéricos de su moción, la filosofía que la informa, esto en este contexto es simplemente un señuelo. Por este motivo no vamos a votar a favor de ninguno de los puntos que ustedes incluyen en esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida tiene la palabra don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente. Señorías, señor Pujalte, mi grupo parlamentario no va a respaldar un iniciativa para recuperar el dogma del déficit público en esta Cámara, en primer lugar, porque no queremos volver al pasado, aunque hay incertidumbre, no siempre la solución es el dogma del pasado, y en segundo lugar, porque aplicar hoy, en plena crisis, esta concepción del déficit provocaría inmediatamente la recaída de nuestro país en la crisis y la imposibilidad material de recuperar la economía y el empleo. Lo decimos nosotros, que no estamos de acuerdo con la propuesta de ajuste del Gobierno, pero mucho menos con los dos huevos duros que nos propone el Grupo Parlamentario Popular. Vuelvo a la metáfora del socorrista y el bañista, porque da la impresión ahora, cuando llevamos un tiempo desde que estamos en una situación de crisis económica, de que el culpable es el Estado, el culpable es la iniciativa pública, que no ha hecho otra cosa que intentar salvar la situación y ha dedicado a ello buena parte de sus ingresos, buena parte de los ingresos del Estado, claramente disminuidos por la crisis económica. Pues bien, en vez de plantearse cómo cambiar las causas de la crisis, es decir, cómo impedir que el bañista

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vuelva a entrar otra vez en zona peligrosa, en vez de proponer modificaciones del sistema financiero o cambios en el modelo de especulación urbanística, aquí se trata de adelgazar al bañista, es decir, de que si tenemos una crisis o si continúa y se profundiza la crisis, el Estado esté tan adelgazado que se vaya al fondo con el bañista. Y, señorías, nosotros no estamos de acuerdo ni con profundizar en la crisis económica ni con que la crisis económica se lleve por delante a la Administración central, a la autonómica, a la municipal y a las políticas públicas. Esa no es la posición de nuestro grupo parlamentario. Por tanto, vamos a rechazar esta iniciativa.


Nosotros estaríamos de acuerdo si en vez de recortes, ajustes y amputaciones, que es lo que se nos propone en esta Cámara para el bañista, para quien se ha atrevido a intentar paliar los efectos de la crisis, nos propusiéramos una recomposición de los ingresos públicos, que significa, en buena medida, replantearse la lucha contra el fraude fiscal y una reforma fiscal a fondo, una reforma fiscal en la que quien más tenga más pague. Estaríamos de acuerdo también si además se mantuviese la iniciativa pública precisamente para impedir la recaída en la crisis, que todavía no está garantizada, y estaríamos de acuerdo en adoptar medidas para favorecer el empleo y cambiar el modelo económico. Pero no, la obsesión es que a la salida de la crisis los trabajadores tengan menos derechos, los sindicatos sean más débiles y, por otra parte, el Estado -y las administraciones públicas- quede claramente reducido. Señorías, no creo que ese sea el papel hoy frente a la crisis económica y tampoco creo que sea el papel de las fuerzas políticas de esta Cámara, porque se quiere ignorar de nuevo que hay una crisis económica pero sobre todo hay una crisis económica por inacción de la política en el ámbito de la economía. Si adelgazamos aun más los instrumentos de la política en el ámbito de la economía, seguramente no solamente tendremos dificultades para salir de esta crisis sino que nos veremos obligados a repetirla. Y mi grupo parlamentario no quiere salir tarde de la crisis ni salir mal ni estar obligado a repetirla.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, coincido con el Grupo Popular en que dos de los impactos diferenciales de la crisis económica española son el aumento de la tasa de paro y el deterioro vertiginoso del déficit público; un déficit público que se sitúa, como todos ya conocemos, en el 11,4 por ciento del PIB y que se ha originado tanto por un notable aumento de los gastos, como señalaba el portavoz Martínez-Pujalte, muchos de ellos asociados a la propia crisis económica, léase gastos de desempleo, como por una brusca caída de los ingresos tributarios. Ambos fenómenos, destrucción masiva de empleo y desmoronamiento de la base recaudatoria, reflejan claramente la fragilidad y la poca consistencia de la estructura productiva española. Sin embargo, discrepo de muchas de las medidas de política económica que viene planteando el Grupo Popular y en especial de algunas de las que se recogen en esta moción.


En el primero de los tres apartados en que se divide la moción el Partido Popular habla de la necesidad de impulsar un acuerdo nacional para acometer reformas que hagan viables los servicios públicos. La intención parece noble; sin embargo, el método para llevarlo a cabo nos parece inadecuado. No podemos olvidar que gran parte de los servicios públicos básicos, como educación y sanidad, por ejemplo, se encuentran en manos de las comunidades autónomas y a estas les corresponde adoptar las medidas correctoras pertinentes. En la iniciativa del Partido Popular no se habla en ningún momento de la necesidad de cooperar, coordinar y respetar el ámbito competencial autonómico, muy al contrario, da la sensación de que la reforma de la Ley de Estabilidad que propone va orientada a utilizar dicha ley de manera coactiva, reforzando los límites de endeudamiento, estableciendo techos de gasto para todas las comunidades autónomas, compromisos de gasto, etcétera, pero sin contar con las comunidades autónomas. Nos guste o no, seamos o no partidarios del palo y tentetieso, hay que respetar las reglas de juego. Además, aplicar el déficit cero, la antigua Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la actual coyuntura puede obligar a un recorte del gasto tan brutal que afecte muy negativamente al crecimiento y al empleo. En el segundo de los apartados, el Grupo Popular plantea acometer una reducción y racionalización de la estructura del Gobierno, contemplada, como señala, en cuatro iniciativas ya aprobadas en esta Cámara al respecto. Como ustedes bien saben, señores del Partido Popular, dos de ellas fueron aprobadas a iniciativa del Grupo Vasco. La primera de ellas, hace casi un año, fue una moción en la que se planteaba entre otras muchas medidas la supresión de al menos un ministerio, y una proposición de ley para modificar la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, con el fin de restringir el número de vicepresidentes y ministros del Gobierno. Si ustedes tienen tanto empeño en colgarse la medalla, no entiendo por qué semana tras semana están demorando junto al Grupo Socialista la tramitación de esta proposición de ley, única iniciativa que puede convertirse en ley y sea, por tanto, de obligado cumplimiento.
No obstante, si ustedes plantean la votación separada de los apartados a), b) y c), podríamos votar a favor de este apartado b). En relación con el último epígrafe, el c), cabe señalar que plantear hoy un recorte de 10.000 millones de euros puede ser excesivo cuando estamos a las puertas de una supuesta incipiente y débil recuperación. Hay que analizar con sumo cuidado las partidas presupuestarias que habría que recortar, de lo contrario se corre el riesgo de reducciones lineales altamente ineficientes. Plantean de forma redundante la supresión de una vicepresidencia y dos ministerios. Nuestro grupo puede estar de acuerdo con la medida, pero creemos que no es pertinente al estar

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ya contemplada en el apartado anterior. Por tanto, en el caso de votar separadamente, nuestro grupo se abstendría en este apartado. Sin embargo, creo que el Grupo Popular va a solicitar que se vote conjuntamente la iniciativa, y en este caso la posición de nuestro grupo sería la de abstenerse.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Francisco Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados, mi buen amigo don Vicente Martínez-Pujalte, después de muchas semanas sin intervenir en el Pleno del Congreso, debuta defendiendo una iniciativa que él ha dicho claramente que quiere con ella volver al pasado. En la Comisión de Economía pusimos de relieve la posición de mi grupo; esta tarde hemos oído aquí la posición de otros grupos parlamentarios y se ha señalado con buen criterio que la idea de volver al equilibrio en el ejercicio frente al equilibrio del ciclo, añadiéndole además una serie de aditamentos a ese proyecto del año 2001, no nos parece correcta. Que una derecha tan castiza como la derecha española haga este tipo de planteamiento me hace recordar aquello de: si no quieres caldo, tres tazas. Creo honestamente que también, al margen de esta actitud, pudiéramos encontrarnos con que el redactor de la moción ha sido víctima de una ensoñación de tal naturaleza que no es capaz de discernir dónde está. Que ustedes recurran a un planteamiento tan añejo como el que acaban de hacer esta noche aquí indica que son incapaces de discriminar entre ideología y política. Yo solamente les recordaré que durante mucho tiempo han dicho que no había fluctuaciones, que vivíamos el final de los ciclos, que la prosperidad iba a ser ilimitada y hoy nos encontramos con que en el mundo millones de personas han perdido sus empleos y otros tantos han ido a la pobreza. En ese sentido, este ejercicio de moviola que ustedes están defendiendo es una ilusión carente del más mínimo realismo, es una ilusión dañina. Cuando estaba tratando de analizarlo quise hacer este razonamiento desde una perspectiva suave, pero me encontré con una actitud exigente del señor Camdessus, que dijo que quienes están queriendo volver atrás, como lo hace en este momento el Partido Popular, lo que sostienen en este momento es una solución política suicida. Así lo han dicho algunos portavoces y así lo decimos nosotros.


El señor Martínez-Pujalte ha señalado que el gasto público en España se ha disparado desde el planteamiento del despilfarro. Tengo que recordar que coincido con doña Montse Colldeforns cuando ha dicho que el Gobierno de España, con la política que llevó, abrió líneas de crédito para financiar a las empresas y a las familias, puso programas extraordinarios de inversión pública, ayudó a sectores industriales en dificultades, otorgó prestaciones a los trabajadores en desempleo y vio cómo las familias felices eran todas iguales y cómo las familias infelices eran todas diferentes. Vio -porque habíamos leído a Tolstoi- en el principio de Ana Karenina que era necesario ayudar a las personas con dificultades y, como consecuencia de ello, múltiples familias y múltiples empresas han vivido gracias a las inyecciones de liquidez, a los créditos, a las subvenciones, a las transferencias y a la protección social que la política del Gobierno socialista les proporcionaba. Y en ese sentido nos encontramos con esta iniciativa que ustedes han planteado esta tarde aquí y que nosotros entendemos que es un error político porque, ¿con quién piensan aprobarla? Creo que deberían aprender a atemperar el ardor guerrero que en tantas ocasiones tienen y que se pone de manifiesto en el afán de confrontar comunidades autónomas con comunidades autónomas y en el afán de enfrentar al Grupo Parlamentario Socialista y al Gobierno con otros grupos de la Cámara. Pero no solamente es un error político sino un error económico, porque ¿de verdad se creen que pueden corregir el déficit público ocasionando deliberadamente una mayor caída de los ingresos? Esa pretendida bóveda de su alternativa tiene algo más que telarañas, tiene agujeros, está hueca. Y lo que ustedes nos presentan hoy es una excentricidad que no se viene aplicando en ningún lugar del mundo.
A mí me parece que la derecha política española debería dejar a un lado esa cruzada que tiene contra el protagonismo del Estado, debería admitir que la función del Estado es algo más que rescatar el capital y debería ser capaz de entender que los planteamientos que hace son los típicos de un doctrinario carente de sentido común y huérfano de memoria reciente.
Nosotros, señoras y señores diputados, creemos que ha habido razones bien aducidas en contra del punto b) y en contra del punto c).


Termino, señor presidente. Creo que el acuerdo entre todos es un bien protegible. Mi duda es si este tipo de iniciativas que presenta aquí el Grupo Parlamentario Popular son o continuarán siendo una manera de disimular que siguen arrojando arena en los cojinetes o si entramos en una nueva fase en la que lo que hacen es tirar piedras en el camino, ese es el dilema que ustedes plantean.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.


Señor Martínez-Pujalte, ¿podría decir a la Presidencia si acepta S.S.
alguna enmienda para su tramitación?

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, solo hay una enmienda.
No la aceptamos y pedimos la votación en bloque.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.


Suspendemos durante tres minutos antes de iniciar las votaciones.
(Pausa.)

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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de iniciar las votaciones, ruego al señor secretario segundo que tenga la bondad de leer una declaración institucional que han suscrito todos los grupos de la Cámara.


El señor SECRETARIO (Beloki Guerra): Declaración del Congreso de los Diputados de apoyo a la candidatura de Tarragona como sede de los XVIII Juegos del Mediterráneo. Los Juegos Mediterráneos están constituidos por una serie de acontecimientos deportivos y culturales que están englobados dentro del movimiento olímpico y que celebran los pueblos ribereños del mar Mediterráneo. Es precisamente en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948 cuando surge la idea de organizar unos juegos en los que participen los países de ambos lados del Mediterráneo. Los Juegos Mediterráneos se hicieron realidad en 1951, en Alejandría, gracias al impulso de Mohamed Taher Pacha, ciudadano egipcio y doctor en ciencias políticas, que utilizó el deporte como símbolo de paz en un momento complejo por el contexto de posguerra, el enfrentamiento de bloques, la guerra fría y el recuerdo reciente de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de Mohamed Taher fue poner en común las diferentes culturas existentes en torno al Mediterráneo, buscando los valores de la paz, el respeto, la tolerancia y la solidaridad.


Desde la primera edición en Alejandría se han celebrado quince ediciones más de los juegos. La segunda sede fue Barcelona y también lo ha sido Almería. Ambas ciudades han sido las dos únicas sedes de los juegos en España, en los que actualmente participan veintitrés países. La candidatura de Tarragona como sede de los Juegos Mediterráneos quiere enlazar con el espíritu de los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 1992. Aspira a representar un acontecimiento importante para el deporte catalán y español, proyectando a Tarragona, Cataluña y España entre los países mediterráneos, y también a ser una apuesta decidida para convertirse en un punto de encuentro de las culturas mediterráneas. El símbolo de los Juegos Mediterráneos son tres aros entrelazados que representan los tres continentes unidos por esta competición, con predominio del color azul que caracteriza el mar Mediterráneo.


Con la denominación de Asociación para la promoción de la candidatura de Tarragona a los XVIII Juegos Mediterráneos de 2017, se ha constituido una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de promover la ciudad de Tarragona y las poblaciones incorporadas a la candidatura como sede organizadora de los XVIII Juegos Mediterráneos y organizar, planificar, coordinar y llevar a cabo el programa de actividades necesarias para impulsar la candidatura Tarragona 2017. Esta asociación, con una amplia representación política, social, económica y cultural, participa de los valores de la paz, el civismo, la ciudadanía y la cohesión social, valores que se reflejarán en las actividades sociales, económicas, deportivas y culturales que se realizarán en la promoción de la candidatura Tarragona 2017.


Por todos estos motivos, el Congreso de los Diputados expresa su apoyo a la candidatura de Tarragona e invita a las entidades, instituciones y administraciones públicas a dar el apoyo necesario a la ciudad de Tarragona para que se convierta en la sede organizadora de los XVIII Juegos Mediterráneos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba la declaración? (Asentimiento.) Queda aprobada la declaración, a la vez que saludamos al señor alcalde de la ciudad de Tarragona, que está en la tribuna acompañándonos. (Aplausos.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(VOTACIÓN.)

- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE ADICIÓN DE UN APARTADO AL ARTÍCULO 759 DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de expediente 125/000015.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones. En primer lugar, toma en consideración de proposiciones de ley, en concreto de la del Parlamento de Cataluña, de adición de un apartado al artículo 759 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 335.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA LA APLICACIÓN DEL TIPO REDUCIDO DEL IVA A LOS SERVICIOS DE FONTANERÍA, PINTURA, ELECTRICIDAD Y CARPINTERÍA. (Número de expediente 122/000194.)

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular para la aplicación del tipo reducido del IVA a los servicios de fontanería, pintura, electricidad y carpintería.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 335.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos.)

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIONES.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE APOYO DE LAS NEGOCIACIONES QUE LLEVAN A CABO LOS AGENTES SOCIALES. (Número de expediente 162/000599.)

El señor PRESIDENTE: Proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre apoyo a las negociaciones que llevan a cabo los agentes sociales. Se vota con la enmienda de Esquerra Republicana más la primera enmienda de Convergència i Unió. ¿De acuerdo?

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 175; abstenciones, 159.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS AYUDAS URGENTES PARA TODOS AQUELLOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LOS GRAVES DAÑOS Y PÉRDIDAS CAUSADOS POR EL TEMPORAL DE NIEVE, LLUVIAS Y LOS FUERTES VIENTOS SUFRIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 Y ENERO DE 2010. (Número de expediente 162/000558.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a las ayudas urgentes para todos aquellos municipios afectados por los graves daños y pérdidas causadas por el temporal de nieve, lluvias y fuertes vientos sufridos en el mes de diciembre de 2009 y enero de 2010. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a la tramitación de la transacción presentada? (Denegaciones.) Se vota en los términos de la transacción.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 334; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIONES.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA REGULACIÓN DEL DERECHO A DECIDIR SOBRE LA PROPIA VIDA. (Número de expediente 173/000120.)

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la regulación del derecho a decidir sobre la propia vida. El grupo proponente ha solicitado votación separada. Son dos apartados, en primer lugar votamos el apartado número 1 de la moción antedicha.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, ocho; en contra, 320; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 1.


A continuación votamos el punto número 2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, siete; en contra, 328.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 2.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO DIRIGIDAS A REDUCIR DE FORMA URGENTE EL DÉFICIT PÚBLICO. (Número de expediente 173/000121.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas concretas que va a tomar el Gobierno dirigidas a reducir de forma urgente el déficit público. A petición del grupo proponente se vota en su conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 145; en contra, 170; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.

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