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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 134, de 22/12/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2009 IX Legislatura Núm. 134
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 126
celebrada el martes, 22 de diciembre de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno aclare su postura en torno a la posibilidad de cerrar páginas web sin autorización judicial, tal y como recoge la disposición final primera del anteproyecto de ley de economía sostenible. (Número de expediente 172/000138.) ... (Página 4)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez González), sobre la necesidad de despolitizar la gestión y los órganos de dirección de las cajas de ahorro. (Número de expediente 172/000139.) ... (Página 10)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al impulso de la política de becas y ayudas al estudio universitario.
(Número de expediente 172/000140.) ... (Página 15)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-Ley 14/2009, de 4 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas. (B.O.E. núm. 293, de 5 de diciembre de 2009). (Corrección de errores en B.O.E. núm. 301, de 15 de diciembre de 2009). (Número de expediente 130/000023.) ... (Página 20)

Página 2


Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 42-1, de 1 de octubre de 2009. (Corrección de error en BOCG, serie A-42-7, de 2 de noviembre de 2009). (Número de expediente 121/000042.) ... (Página 24)

- Proyecto de ley por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 26-1, de 5 de junio de 2009. (Número de expediente 121/000026.) ... (Página 31)

- Proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (procedente del Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 22-1, de 3 de abril de 2009. (Número de expediente 121/000022.) ... (Página 34)

- Proyecto de ley de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 164-1, de 13 de marzo de 2009. (Número de expediente 122/000142.) ... (Página 38)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (Votación.) ...
(Página 40)

Enmiendas del Senado (Votación.) ... (Página 40)

SUMARIO

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


Interpelaciones urgentes ... (Página 4)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno aclare su postura en torno a la posibilidad de cerrar páginas web sin autorización judicial, tal y como recoge la disposición final primera del anteproyecto de ley de economía sostenible ... (Página 4)

Formula la interpelación el señor Lassalle Ruiz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Contesta la señora ministra de Cultura (González-Sinde Reig), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Lassalle Ruiz y duplica la señora ministra de Cultura.


Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez González), sobre la necesidad de despolitizar la gestión y los órganos de dirección de las Cajas de Ahorro ... (Página 10)

Formula la interpelación la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.


Contesta la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), en nombre del Gobierno.


Replica la señora Díez González y duplica la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al impulso de la política de becas y ayudas al estudio universitario ... (Página 15)

Defiende la interpelación la señora Riera i Reñé, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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Contesta el señor ministro de Educación (Gabilondo Pujol), en nombre del Gobierno.


Replica la señora Riera i Reñé y duplica el señor ministro de Educación.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 20)

Real Decreto-ley 14/2009, de 4 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas ... (Página 20)

La señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (Espinosa Mangana), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a presentar para su convalidación el real decreto señalado, con el fin de adoptar medidas excepcionales y urgentes para paliar los daños producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Enmiendas del Senado ... (Página 24)

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 ...
(Página 24)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Montoro Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proyecto de ley por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios ... (Página 31)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; las señoras Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Nadal i Aymerich, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (procedente del Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo) ... (Página 34)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición de ley de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios ...
(Página 38)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Tarruella Tomàs; el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 40)

Página 4


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 14/2009, de 4 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, se aprueba por 342 votos a favor.


Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 40)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.


Sometidas a votación en bloque las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, se aprueban por 341 votos a favor y una abstención.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.


Se someten a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.


Se levanta la sesión a las dos y veinticinco minutos de la tarde.


Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO ACLARE SU POSTURA EN TORNO A LA POSIBILIDAD DE CERRAR PÁGINAS WEB SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL, TAL Y COMO RECOGE LA DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE. (Número de expediente 172/000138.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Primer punto: interpelaciones urgentes. La primera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno aclare su postura en torno a la posibilidad de cerrar páginas web sin autorización judicial, tal y como recoge la disposición final primera del anteproyecto de ley de economía sostenible.


Para presentar y defender su interpelación tiene la palabra don José María Lassalle.


El señor LASSALLE RUIZ: Señor presidente, señorías, señora ministra, probablemente ya no se acordará, porque acumula en muy poco tiempo demasiados follones, pero hace siete meses, el pasado 28 de mayo, compareció en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados; entonces era usted la flamante ministra de Cultura y nos dibujó las líneas maestras de la política cultural que iba a impulsar desde su departamento. (Rumores.) ¿Sabe cuánto tiempo le dedicó a hablar de una ley de propiedad intelectual? En su exposición inicial, nada. Cuando le reproché este silencio y el portavoz del PNV le preguntó por la ley Sarkozy sobre Internet, entonces usted reaccionó y nos dijo dos cosas: una, que no creía que tomar medidas punitivas en Internet fuese una solución; (Rumores.) dos, que lideraría usted la protección de la propiedad intelectual y vendría aquí, al Congreso de los Diputados, con pautas clarísimas.


Siete meses después usted no ha liderado nada, ya que otros le han dado las cosas servidas sin consultarle. (Rumores.) Siete meses después usted no tiene pautas...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Lassalle. Les rogaría que tengan la bondad de guardar un mínimo de respeto hacia el orador. Adelante, señor Lassalle.


El señor LASSALLE RUIZ: Gracias, señor presidente. Siete meses después usted no tiene pautas clarísimas ni tampoco las tienen su partido ni su Gobierno. De todo lo sucedido hay tan solo dos hechos ciertos: que usted ha dicho una cosa y la contraria, y que el presidente del Gobierno la ha desautorizado públicamente.


Señorías, la propiedad intelectual en Internet no puede regularse de la forma que el Gobierno socialista ha pretendido hacerlo: primero con ocultación, después con distracción, y finalmente con descoordinación.
Ocultación, porque al anunciar el anteproyecto, el pasado viernes 27 de noviembre, no dijeron que contenía medidas de lucha contra la piratería en Internet. Distracción, porque cuando plantearon el debate público del anteproyecto incluyeron estas medidas en el furgón de cola de la ley, fuera del articulado y dentro de una disposición final primera. Y descoordinación, porque cuando se conocieron las medidas y se produjo un primer debate en la opinión pública y en Internet usted dijo una cosa, que no se tocaría una coma; el ministro de Justicia otra, que el cierre de páginas web contaría siempre con control y autorización judicial, y el presidente del Gobierno otra, que el Gobierno no cerraría ninguna web.
Lejos de aclarar, el presidente Zapatero confundió más, pues si quien decidió colgar del anteproyecto las medidas fue, como parece, su jefe de gabinete, su secretario

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general de la Presidencia o ambos a la vez -y en cualquier caso sin el concurso de la ministra de Cultura-, ¿por qué dijo el presidente que no se cerraría ninguna web si el apartado primero de la disposición final primera introduce una nueva letra e) en el artículo 8.1 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información, permitiendo que se restrinja y en su caso interrumpa la prestación del servicio de Internet a una página web mediante un procedimiento administrativo? ¿Lo dicho por el presidente significa que se suprimirá en el trámite de debate del anteproyecto la redacción de ese apartado? Por cierto, ¿se introducirá la medida propuesta en su tesis por el ministro de Justicia de que habrá de hacerlo con intervención judicial? Tesis que unas semanas después la secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías del PSOE ratificó, al decir en un diario nacional que hemos dejado claro que el partido solo tiene una opción, la de la autoridad judicial. Pero el portavoz de Cultura en el Congreso, el señor Torres Mora, elípticamente dio a entender que no sería así en un artículo titulado Menos virtuales, más virtuosos, al defender la oportunidad de la regulación, sosteniendo por lo visto el empeño virtuoso y republicano de definir en términos políticos republicanos el modelo de Internet, es decir, sin control judicial. ¿En qué estamos, señorías del Grupo Socialista, se va a cerrar o no una página web? ¿Se va a hacer con intervención administrativa a secas, con supervisión cautelar de los tribunales, con control judicial a posteriori?

Liderar, lo que se dice liderar, me reconocerá, señora ministra, que usted no lo ha hecho hasta el momento, y usted, como digo, particularmente. No le voy a recordar lo que ya se ha dicho desde el punto de vista de mi partido después del último follón en el que se ha metido o le han metido.
En cualquier caso hoy, a pesar del suma y sigue de follones que ha provocado en los últimos meses, tiene la oportunidad de ejercer desde esta tribuna su cargo, el de ministra de Cultura. Espero que no vuelva a echar balones fuera armando bronca como el otro día en el Senado. Hoy tiene la oportunidad de aclararnos cuáles son esas pautas clarísimas que, como nos anunció hace siete meses en la Comisión de Cultura, tienen su Gobierno y su partido para proteger la propiedad intelectual. Hágalo porque si no nos tendremos que quedar con la inquietante huella digital que su Gobierno y el Grupo Socialista vienen arrastrando desde hace un año. ¿Sabe que en noviembre de 2008 su grupo, de la mano del señor Simancas, trató de lograr la aprobación de una PNL que solicitaba ordenar la circulación de contenidos en Internet sin cobertura legal ni intervención judicial? Afortunadamente, gracias a la presión negociadora de nuestro grupo y de otros grupos de esta Cámara, ustedes se autoenmendaron y finalmente apoyaron una transaccional que impedía esta inquietante iniciativa. ¿Por qué vuelven ahora a las andadas? ¿Por qué los ciudadanos no pueden asistir con transparencia a un debate legal, sensato, amplio y específico que trate de encontrar un punto de equilibrio y justicia entre los sectores que se ven afectados al regular la propiedad intelectual en Internet? ¿Por qué recurren a un procedimiento administrativo dependiente del Ministerio de Cultura que permite restringir y en su caso interrumpir el acceso a una página web sin control judicial, cuando esta medida así planteada podría suponer una vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información, a la privacidad o al secreto de las comunicaciones? ¿Por qué adoptan una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual sin respeto a esta Cámara, que creó el pasado mes de mayo una subcomisión de la Propiedad Intelectual para analizar con detalle este problema? ¿Acaso no recuerda usted, señora ministra, que dijo, cuando supo de la creación de la subcomisión, que confiaba mucho en ella, que era una oportunidad muy buena para conocer lo que se debía modificar de la ley, apostillando que era una magnífica herramienta? ¿Para qué, señora ministra? ¿Para demostrar que el Gobierno no cuenta con este Congreso de los Diputados? ¿Para evidenciar que prefiere un trabajo cocinado de cualquier manera en Presidencia del Gobierno sin contar con usted, sin voluntad de consenso y por la puerta trasera de una ley mastodóntica que impide un debate transparente sobre la propiedad intelectual? ¿Y le sorprende que el otro día dijera en su blog el señor Sevilla que esta ley se hacía de tapadillo, con una solución mal redactada y peor explicada? ¿O si lo prefiere, el señor Torres Mora escondiéndose debajo de la escasamente virtuosa capucha de un secretismo de gabinete presidencial, que excluye un debate parlamentario que consensúe una protección eficaz de los derechos de autor y de la creación en general?

Señor presidente, señorías, señora ministra, las razones que están detrás de todo esto son que ustedes son los responsables, por su inacción y pasividad, de la vulneración masiva que sufre la propiedad intelectual en nuestro país. Ustedes son los responsables de que España lleve ya dos años en la Watch List del Congreso de los Estados Unidos; ustedes son los responsables de que este año también lo esté, según el Special Report de 30 de abril de este año. Estamos condenados cuando menos a permanecer en la Watch List, en ese G-33 de la piratería junto a Bielorrusia, Bolivia, Brunei, Turkmenistán o Uzbekistán; es más, ustedes -y ojalá que no sea así- pueden ser los responsables de que España pase a la Priority Watch List y tenga que soportar sanciones comerciales en el mercado norteamericano. Si así fuera, el daño que esta situación podría ocasionar al proceso de internacionalización de nuestras industrias culturales sería responsabilidad suya, señora ministra, y de su Gobierno por supuesto, y suya sería también la responsabilidad de las pérdidas económicas y de los puestos de trabajo que esa situación generaría.
Ustedes son responsables de esta vergonzosa situación, porque quieren arreglar de cualquier manera esta situación, porque este Plan integral del Gobierno para la disminución y eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual, de 8 de abril de 2005, es papel mojado por culpa de ustedes, de su Gobierno y del Grupo Socialista.


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Este plan fue aprobado con un presupuesto de más de 13 millones de euros, del año 2005 al año 2011. En él se preveía la adopción de medidas para concienciar a la sociedad sobre este asunto, incluso planes intensivos de formación continua para jueces, fiscales y policía judicial en materia de propiedad intelectual. No le digo cómo han ido proveyendo año tras año las partidas comprometidas porque da vergüenza analizar el nivel de incumplimiento presupuestario exhibido por su Gobierno en este campo, en el que por lo visto nos quieren dar lecciones ahora a todos los demás.
Ahora quieren precisamente salir de cualquier manera de este asunto, incluso administrando reproches a diestro y siniestro, olvidando que el primer Gobierno que tomó medidas para atajar la piratería fue el Gobierno del Partido Popular, que en 2000 creó la Comisión Interministerial de Lucha contra la Piratería. Espero, por tanto, que cuando suba a esta tribuna no nos afee nada ni mucho menos venga a plantearnos un debate ideológico sobre el modelo de Internet. Por lo visto ustedes han descubierto ahora las excelencias de la propiedad; de hecho, se creen los únicos con derecho a defenderla, después de que dejaran el marxismo en el año 1979 y se hicieran republicanos, para así no definirse a través de Marx, sino a través de Rousseau; curiosamente Rousseau, que consideraba la propiedad como el origen de la desigualdad humana.


Señorías, seamos un poquito más serios. España necesita una protección eficaz de la propiedad intelectual. Tenemos que dar seguridad jurídica a nuestra creación, a las industrias de contenido que utilizan también Internet, que es el soporte universal de la lengua castellana y su proyección internacional. El futuro estratégico de España está subordinado al acierto o al fracaso institucional con el que abordemos esta cuestión. La protección de la creación es una cuestión de Estado. Si queremos estar a la altura de las circunstancias, hay que ser ambiciosos y desplegar un esfuerzo conjunto en este campo; un esfuerzo que sume y no reste, también a la oposición; un esfuerzo que contribuya a que todos los sectores implicados -industrias de contenido, operadores, consumidores y usuarios- se pongan de acuerdo a la hora de impulsar la cultura española digital; un esfuerzo que proteja a la propiedad intelectual pero que abarate el ADSL, que favorezca el desarrollo de nuevos modelos de negocio en la red, y por supuesto que fije un marco de garantías legales y judiciales que permita a los usuarios de Internet y a los titulares de derechos de propiedad sentirse protegidos frente a cualquier intromisión ilícita.


Este modelo que ustedes plantean no puede fundarse en un procedimiento administrativo pues, como decía el otro día Gregorio Peces-Barba -uno de nuestros ponentes constitucionales y uno de los intelectuales más relevantes de la izquierda democrática española-, las medidas propuestas por su Gobierno no son posibles dentro del marco de nuestra Constitución, porque afectan al ejercicio y a los límites de nuestros derechos fundamentales, y esa decisión solo corresponderá al Poder Judicial y en ningún caso a un órgano administrativo. Señorías, queremos que se protejan los derechos de autor, pero con un debate transparente, en esta sede parlamentaria, y no por la puerta falsa de una descomunal y alambicada ley de economía sostenible que hace inviable un análisis detallado sobre cómo salvaguardar la propiedad intelectual en Internet.
Queremos que se proteja la propiedad intelectual, pero que se haga con medidas veloces y contundentes que decida un juez, a poder ser un juez especializado. Se puede hacer y se debe hacer, porque aquí, en el respeto al Estado de derecho y a la Constitución nos encontraremos, fuera de aquí, jamás.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lassalle.


Señora ministra de Cultura, tiene la palabra para contestar la interpelación.


La señora MINISTRA DE CULTURA (González-Sinde Reig): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, a lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de estar al frente de proyectos llevados a cabo por equipos de decenas de personas, equipos que contenían todo tipo de intereses, vocaciones y opiniones, y en cada proyecto siempre se vive un breve tiempo, un pequeño proceso en el que las diferentes partes intercambian sus puntos de vista y se llevan a cabo los ajustes necesarios para que todo el mundo pueda sentirse cómodo, y pueda desarrollar su tarea en las mejores condiciones posibles. En esa secuencia nos encontramos ahora de cara al objetivo de vincular con garantías los derechos de todos en la red: vincular, por ejemplo, el derecho de todo ciudadano a tener un blog con el derecho de todo músico a vivir de su música. Sucede en política que el guión no está escrito, se escribe diariamente aquí, en el Parlamento, por eso es común en nuestra sociedad la expresión luz y taquígrafos -o taquígrafas-, que refleja la transparencia del debate que hoy compartimos, un debate en el que interactúan nuestros valores, nuestras ideas y también nuestros análisis y propuestas.


Durante las últimas semanas se está debatiendo apasionadamente sobre la cuestión que hoy tratamos en esta Cámara; he seguido con interés lo dicho en los medios de comunicación tradicionales: en la prensa escrita, en las emisoras de radio y en las diferentes cadenas de televisión. Como es lógico, también he prestado atención a las opiniones expresadas por los ciudadanos en la red, desde los comentarios a las noticias en los medios digitales, los blogs, los foros, Facebook, Tuiter y demás. Los argumentos expuestos son fácilmente comparables a los que se están dando en las naciones de nuestro entorno; es una muestra más del modo en que simultáneamente los primeros tiempos de esta era digital están transformando a todos los países industrializados. A día de hoy todos los gobiernos y todos los parlamentos de nuestro continente se encuentran en nuestra misma situación, debatiendo el modo en que pueden vincularse con garantías los derechos de todos en la red; y al trabajar cada

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uno elige también cuál es el método, cuál es la actitud más adecuada para sus fines. En todo momento he mantenido una escucha activa, he tratado de incentivar la participación. Soy consciente de que hubo quien criticó mi decisión de reunirme con algunos referentes de la red española; dijeron que no era necesario dar ese paso; también sé que hubo quien criticó esa reunión precisamente por lo contrario; dijeron que el paso no era suficiente; pero, señorías, fue un paso, y hasta donde yo sé fue la primera vez que la responsable de Cultura de un gobierno convocó a algunos referentes de la red de su país, fue un primer paso y habrá más; habrá más pasos hacia el entendimiento. Por eso quiero ratificar en esta Cámara que mantengo abiertas todas las vías al diálogo, a todas las partes. Y quiero también felicitar a las formaciones políticas que quisieron reunirse posteriormente con los mencionados referentes de la red y también con diferentes grupos de propietarios de derechos y contenidos culturales.


El diálogo es el método, es la única manera de conciliar la búsqueda de intereses parciales hacia la consecución del bien común; en todo momento me he esforzado para establecer las condiciones que permitan llevar a cabo un debate sereno, creo que es la actitud más adecuada, y dan fe de ello todas las declaraciones que he llevado a cabo durante las últimas semanas; cada palabra ha sido pronunciada con todo el cuidado que merece.
Estamos tratando una cuestión que despierta numerosas sensibilidades, y por eso es conveniente la prudencia, pero también compartimos un tiempo que ofrece oportunidades, y por eso es conveniente la responsabilidad. No podemos ni paralizarnos ni debemos actuar dejándonos llevar por la ansiedad. No es mi voluntad dirigir el Ministerio de Cultura a golpe de titular. En democracia el liderazgo se conjuga abriendo diálogos y cerrando acuerdos. Por tanto, diálogo y serenidad para tratar un escenario que efectivamente es muy complejo. Son numerosos los actores, los intereses muy diversos, y en no pocas ocasiones contrapuestos. Es un escenario que exige lo mejor de sí a todas las partes que demandan madurez política, y esta Cámara tiene que dar ejemplo. Por eso, señorías, no creo que nos encontremos ante una misión imposible. Es necesario que alcancemos juntos un consenso satisfactorio para toda nuestra sociedad, y he de decir, tras haberle escuchado, que a pesar de todo estamos muy de acuerdo en lo fundamental. Siempre hemos ido de la mano en todo lo referente a la propiedad intelectual con nuestras diferencias salvables, pero también con ese mismo objetivo que señalaba, y confío en que estrecharemos también nuestras manos para garantizar los derechos de todos en la red. Confío porque sé que compartiendo los mismos principios podemos compartir también la misma actitud. Fue lo que confirmé mientras preparaba esta intervención al repasar el "Diario de Sesiones" y al leer lo que su antecesora en la portavocía, la señora Rodríguez-Salmones, le dijo a mi antecesora en el ministerio, la señora Calvo, en esta misma Cámara hace tan solo cuatro años: España está en lo que podríamos llamar el top ten de la piratería. Estoy segura, y entono por delante cierto mea culpa, de que nosotros cuando estuvimos en el Gobierno posiblemente pudimos hacer más; y decía: señora ministra, va a tener todo nuestro apoyo.


Señorías, creo que esa es la actitud que esperan los ciudadanos de nosotros, y que esas palabras son valiosas para el futuro. No son las únicas. Hay otras palabras que bien pueden contribuir a centrar el debate en sus justos términos. Don Alejo Vidal-Quadras, vicepresidente popular del Parlamento Europeo, consideró que el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre las garantías de los usuarios en Internet era muy bueno. Después fue preguntado por los efectos que tendrá el acuerdo para los usuarios que descarguen contenidos sujetos a derecho de autor, y su respuesta fue la siguiente: en ese caso no se podrá cortar la conexión a Internet sin que puedan defenderse según el principio de presunción de inocencia. Se les juzgará como corresponde, aunque sea a nivel administrativo -dijo-, con todas las garantías procesales, y todo esto antes de tomar la decisión. Creo que la protección del usuario está plenamente garantizada. Es verdad que lo votado con satisfacción por su formación política en Bruselas no parece coincidir con lo que venimos escuchando. Sin embargo, no seré yo quien vea en la expresión de diferentes opiniones falta de previsión, ausencia de coherencia o una señal de debilidad; más bien opino lo contrario. Creo que la pluralidad de cualquier organización es proporcional a su fortaleza. Por eso considero lógico que las opiniones en su grupo no sean plenamente coincidentes, máxime en un tema tan complejo. Es natural que tengan que pulirse aristas, que tengan que producirse ajustes. Primero se alcanzó un acuerdo a escala europea, un marco común con el denominado paquete Telecom, y ahora es el momento de configurar el modelo español. Podríamos haber dicho: que inventen ellos; podríamos haber hecho un corta-pega, haber copiado y pegado el trabajo de otros gobiernos sobre nuestra legislación, y adoptar cualquiera de los modelos de nuestro entorno, que por cierto, y creo que conviene subrayarlo, ofrecen menos garantías a los usuarios de la red de las que ya están plenamente consolidadas en España.
Sin embargo nuestro Gobierno ha optado por configurar un modelo diferenciado y diseñado a la medida de nuestra sociedad. La decisión es que entre todos actualicemos nuestro código. Creo que disponer de un modelo propio equivale a crear un acceso directo para que nuestra economía disponga de más ventajas competitivas, pero también considero que nuestro modelo debe ser propio por convicción, y estoy convencida de que solo pueden vincularse los derechos de todos si impulsamos el civismo. Tengo la convicción de que en cualquier sociedad el grado de respeto al esfuerzo de los creadores y de todos los trabajadores que nutren nuestra cultura es un indicador preciso para medir el civismo. Ese respeto al esfuerzo de los demás no va a aumentar desconectando a ningún ciudadano de la red. Tampoco disminuyendo la velocidad de ninguna

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conexión. Es cuestión de civismo. Sé muy bien que la red española se encuentra entre las más activas y las más vitales. Internet está transformando el modo en que trabajamos y nos comunicamos; está cambiando nuestra forma de vida; las redes sociales nos mantienen en contacto con los nuestros y agilizan la forma de organizarnos; los blogs propician el mayor intercambio de ideas en tiempo real que nunca haya vivido nuestro país y sin duda deben ser respetados y fomentados. Los beneficios materiales e inmateriales, como muy bien señalaba, de esa participación ciudadana en la red son claros. Pero también lo son las oportunidades. La red española está en condiciones de asumir una posición de liderazgo cívico. La impunidad con la que algunos sitios webs están especulando con el talento de los demás, vulnerando masivamente los derechos de autor, desprecia nuestra cultura, desprestigia y retrasa la red española, daña nuestra economía y perjudica a toda nuestra sociedad. Por eso hemos de seguir actualizando nuestra legislación.


La Ley de servicios de la sociedad de la información fue aprobada bajo el Gobierno de Aznar. Aquel Gobierno decidió en 2002 que una autoridad administrativa -el antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología- pudiera solicitar la desconexión a la red de un usuario, el cierre de sitios webs o la retirada de contenidos. Ningún dirigente de su formación política se rasgó las vestiduras entonces en aras de la libertad de nadie. Señorías, hay escándalos que en ocasiones parecen selectivos y fue el Gobierno socialista quien en 2007 modificó esa ley ampliando las garantías. Ahora el acuerdo europeo -igualmente votado por su grupo- también contempla esa desconexión a Internet, el cierre de sitios webs o la retirada de contenidos a través de acciones judiciales o puramente administrativas.
En España estamos debatiendo sobre la configuración de nuestro modelo. Ya he ratificado que ningún ciudadano será desconectado de la red sin la intervención de un juez. Estamos debatiendo para alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes, para que los derechos de todos puedan ser protegidos con las máximas garantías y con la mayor velocidad posible. Serán las Cortes Generales quienes tengan la última palabra. Por el momento el debate está abierto aunque, lógicamente, queramos ir deprisa.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señor Lassalle, tiene la palabra.


El señor LASSALLE RUIZ: Señor presidente, señorías.


Señora ministra, después de escuchar su intervención no me queda claro que tengan unas pautas clarísimas sobre lo que se va a hacer. Clarísimas, desde luego que no. Lo que veo es que recurre ahora a una estrategia de dilación y de intento de conciliación -no solamente respecto de los internautas y el debate generado en la opinión pública- que obvian lo que en este caso es fundamental para resolver el problema, el liderazgo en la resolución del mismo. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Liderazgo -insisto- escaso. Aducen las contradicciones de la oposición en este tema, cuando se han caracterizado básicamente por una absoluta descoordinación ministerial entre los propios órganos de gobierno con el Ministerio de Cultura y también con el Partido Socialista, o entre su portavoz y la secretaría de innovación tecnológica del Partido Socialista. No sabemos muy bien cuál es la posición y la claridad del Grupo Socialista en este tema. Nos reprochan presuntas contradicciones cuando el documento del paquete telecom no plantea ninguna contradicción. Lo que ahí se está diciendo es que, para el supuesto en el que se proceda a un corte de Internet por alguna de las legislaciones nacionales, tendrá que reconocerse una serie de derechos contenidos en esa declaración a lo que se añadirá la legislación interior de cada Estado. Si hubieran entrado en la regulación de la legislación interior de cada Estado se hubieran vulnerado los tratados de la Unión. Y en este caso el legislador español puede adoptar perfectamente, señor ministra, la intervención judicial porque, a la vista de los artículos 18 y 20 de la Constitución, solo parece posible llevar a cabo este tipo de acciones con una intervención judicial de por medio, lo cual no implica ninguna contradicción. Y no alegue lo que ha dicho un eurodiputado o un militante del Partido Popular. Aténgase a lo que han dicho las personas con competencia y cualificación institucional para hablar en nombre del Partido Popular. Desde el presidente nacional hasta el portavoz del partido y de este grupo ha habido una constante reiteración en cuanto a que la intervención judicial es imprescindible para nosotros porque es una cuestión de garantías, de garantías de un Estado de derecho y de garantías asociadas a nuestra Constitución. De igual manera que somos muy claros en la defensa de la Constitución en todos los ámbitos, también lo somos en este, porque Internet es un instrumento a través del cual está circulando una serie de contenidos que son arropados por un contenido plástico, que son derechos fundamentales y usted no puede intervenir si no tiene una actualización de esa intervención con una medida cautelar de un juez. Queremos saber cuál va a ser la posición del Grupo Socialista en este campo. Dado lo que usted ha dicho, lo que ha dicho el ministro de Justicia y lo que ha dicho el presidente del Gobierno, que prácticamente nadie ha entendido, habida cuenta de que todo esto se ha cocinado, como parece, sin su consentimiento y dentro de Presidencia del Gobierno, querríamos saber cuál es su posición. A lo mejor se lo tendríamos que preguntar al señor Torres Mora, en la medida en que probablemente tiene más relación directa que S.S. con el gabinete. Lo importante es saber dónde estamos y a día de hoy no lo sabemos escuchándole a usted.


En cuanto a la referencia que ha hecho a la Ley de la sociedad de la información que adoptó el Partido Popular

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en el Gobierno, los supuestos que ahí se regulan están hablando de ilícitos penales, señora ministra, es decir, de ilícitos tipificados en el Código Penal, frente a los cuales se adoptan medidas de intervención en la red. Señoría, de lo que estamos hablando aquí no es de ningún ilícito penal. Usted mismo se encargó -mejor dicho, su Gobierno- en la legislatura pasada de que desapareciera como ilícito penal. No venga ahora hablando de contradicciones; contradicciones las suyas.


Finalmente, ¿acuerdo? Por supuesto. ¿Voluntad de entendimiento? Por supuesto. Se lo he dicho, para nosotros esta es una cuestión de Estado, porque el éxito o el fracaso institucional con el que abordemos este tema repercutirá directamente en el éxito o en el fracaso de España como potencia cultural. Para nosotros España es muy importante y su contenido cultural también. Y termino, en el año 2006, antes de que España entrara en la Watch List, precisamente doña Betina Rodríguez-Salmones planteó en esta Cámara a la entonces ministra, señora Calvo, una interpelación parecida a la que yo formulo ahora. En esa interpelación se pretendía el cumplimiento del plan integral que ustedes han incumplido y se requería la dotación de presupuestos adecuados para crear órganos judiciales especializados en materia de propiedad intelectual.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Lassalle, por favor, tiene que acabar.


El señor LASSALLE RUIZ: Termino. Perdone, señora presidenta.


¿Y sabe lo que pasó? Que ustedes rechazaron esa posibilidad. ¿Por qué? Pregúnteselo a la entonces ministra o al propio gabinete de la Presidencia del Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Lassalle.


Señora ministra de Cultura.


La señora MINISTRA DE CULTURA (González-Sinde Reig): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, durante mi primera intervención he informado a esta Cámara sobre el objetivo del Gobierno, he analizado el contexto y la etapa de debate en la que nos encontramos; he mencionado el ordenamiento jurídico que enmarca nuestra labor; he explicado por qué nuestro país ha de tener una estrategia propia en la red; he expuesto cuál es nuestro método, cuál es nuestra actitud y he puesto de manifiesto que, a pesar de todo, nuestros grupos parlamentarios coinciden en lo fundamental para vincular con garantías los derechos de todos en la red. Creo que mis palabras pueden ser fácilmente entendidas como una invitación serena y constructiva. Ese es mi propósito, ser constructiva, porque para que nuestra sociedad avance no basta con que coincidamos en principios básicos, sino que es necesario que alcancemos consensos, puntos de encuentro entre nuestras diferencias. No abordaré, por lo tanto, cuestiones menores, mensajes más destinados a marchitarse en un teletipo que a sembrar ideas para el futuro de nuestro país y tampoco me enredaré señalando lo que vemos los españoles todos los días. El foco de cuestiones como la falta de liderazgo está fijado donde está fijado, lejos del equipo de Gobierno, que es un equipo leal, unido, que trabaja en coordinación. Por eso quiero agradecer en esta Cámara el respaldo del presidente del Gobierno a la defensa de la cultura de nuestro país.


Pero vayamos al grano. Durante esta semana se ha barajado con bastante frecuencia el término seguridad jurídica respecto al futuro de los autores. Señoría, le propongo un primer punto de encuentro para superar esa carta, que de tanto manipular se ha quedado marcada. Acordemos que azuzar el miedo generando incertidumbre mediática no es precisamente el mejor camino para garantizar la sensación de seguridad de ningún ciudadano. También se ha cuestionado la oportunidad de que el tema que hoy nos ocupa se aborde en el marco del anteproyecto de ley de economía sostenible. Señoría, le propongo un segundo punto de encuentro. Pasemos de cuestionar la oportunidad a plantearnos la necesidad. Acordemos la necesidad de que el modelo productivo de nuestro país se oriente hacia la sostenibilidad y la inteligencia. Acordemos, con vistas a esa necesidad, que hemos de sincronizar dos impulsos: el impulso a la sociedad del conocimiento con el impulso a la cultura de España. Esa sincronización y la respuesta a los retos que plantea nuestro tiempo dan sentido a la presencia de este aspecto en el anteproyecto de ley de economía sostenible y orienta gran parte de la agenda de nuestro ministerio.
Apenas hace unos días en la Biblioteca Nacional hemos presentado el proyecto Enclave, una iniciativa ejemplar para extender el acceso en la red a nuestras letras, y hemos anunciado el descenso del IVA para los libros digitales del 16 al 4 por ciento. Son dos ejemplos que reflejan la capacidad de innovar, de adaptarse y de ligarse al crecimiento que tiene nuestra cultura.


La cultura no solo fortalece nuestra economía, también nutre y amplía nuestra libertad. Por eso le propongo un tercer punto de encuentro.
Acordemos dedicar todo nuestro empeño a garantizar a las actuales y a las próximas generaciones de ciudadanos que merece la pena dedicarse a la creación, que en la vida merece la pena tener ideas, que merece la pena asumir riesgos, emprender proyectos y ser creativo. Acordemos dedicar toda nuestra voluntad política a dignificar, a proteger y a poner en valor a los autores y a los trabajadores de la cultura de nuestro país.
Acordemos una declaración; declaremos la cultura de España zona libre de crispación.


Sé muy bien que alcanzar esos tres puntos de encuentro no está precisamente fuera de sus posibilidades; como también estoy segura, señorías, de que todos los españoles conocen el historial de los diferentes gobiernos constitucionales. Nuestra democracia es todavía muy

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joven, no ha habido tiempo para el olvido. Por esta razón plantearse, aunque solo sea por un segundo, que una ministra de Cultura -que cualquier ministra o ministro de este Gobierno- puede tener la intención de recortar los derechos de un solo ciudadano, no solo es incompatible con la trayectoria de este Gobierno, no solo es incompatible con la trayectoria de cualquier Gobierno socialista, es simplemente incompatible con nuestras señas de identidad, es sencillamente incompatible con la realidad y seguiremos demostrándolo cuantas veces sea necesario. Se lo dije una vez y se lo repito hoy, señoría. Nosotros garantizamos y defendemos todos los derechos y los derechos para todos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. DÍEZ GONZÁLEZ), SOBRE LA NECESIDAD DE DESPOLITIZAR LA GESTIÓN Y LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO. (Número de expediente 172/000139.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Díez González, sobre la necesidad de despolitizar la gestión y los órganos de dirección de las cajas de ahorros. Para formular la interpelación tiene la palabra la señora Díez González.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidenta, señorías, señora vicepresidenta, la politización de las cajas de ahorros es un hecho indiscutible para todos nosotros. Los recientes acontecimientos en Caja Madrid, por poner un ejemplo, han sido un espectáculo lamentable y bochornoso que ha alcanzado extremos inimaginables y la intervención del Banco de España en la Caja de Castilla-La Mancha y lo que allí se descubrió después ha puesto negro sobre blanco la necesidad de actuar en esta materia con urgencia.


Después de más de dos décadas de aplicación de la Ley orgánica reguladora de las cajas de ahorros, que fue aprobada el 2 de agosto de 1985, los partidos políticos se han convertido en los únicos representantes y definidores de los intereses y estrategias de las mismas. No solo mandan en las cajas en virtud de su representación en las administraciones locales y autonómicas, sino también a través de las asambleas de impositores, siendo los impositores independientes una minoría, como todos ustedes saben. Los sindicatos hacen lo propio en las citadas asambleas mediante la representación que la ley reconoce a los empleados.
Las comunidades autónomas han asumido un fuerte protagonismo en los órganos rectores de las cajas de ahorros y han realizado modificaciones legales en sus órganos de gobierno, en la mayoría de los casos, aumentando el peso de las representaciones públicas en los mismos, al añadir una cuota significativa de representación de la propia comunidad autónoma, llegando incluso a dotarse de veto para poder realizar una fusión, aspecto que ya fue criticado en otro debate anterior.


El resultado es que hoy las cajas de ahorros, que gozan de la confianza de muchos millones de españoles y representan más de la mitad del sistema crediticio español, se han convertido en entidades financieras cuasi públicas bajo el control y la tutela de las administraciones autonómicas y locales. No discutiré el ordenamiento de las cajas, eso formará parte de otro debate, pero me interesa contextualizar la situación. La necesaria adecuación de las cajas de ahorros a la nueva situación económica provocada por la crisis no solo pasa por los procesos de fusión que se están llevando a efecto actualmente o los que se inicien en el futuro, sino también por una profesionalización de la gestión, una distribución más equilibrada de los órganos de dirección de los diferentes grupos intervinientes: administraciones públicas, impositores, empleados, bonistas y cuotas principales. También es necesario que los partidos políticos puedan estar atentos a los intereses de la sociedad y de lo que ocurre en unas instituciones importantísimas de carácter económico, pero también de carácter social. Por tanto, parece conveniente abordar la mejora del marco regulador de las cajas de ahorros, con el fin de incrementar su pluralidad, garantizar la representación de todos los agentes sociales y económicos, dotarlas de mayor grado de independencia y profesionalización de la gestión y una mayor transparencia, con una menor vinculación política en el sentido partidario del término -insisto, en el sentido partidario del término-, que no en el sentido mayúsculo de su categoría; todo ello, sin perder sus fundamentos y objetivos, a la vez que se mejora la dotación de recursos a las mismas para así afrontar mejor la actual crisis financiera y las nuevas exigencias que se preparan a nivel intercontinental y que van a obligar a todas las entidades financieras a reforzar su propio capital.


Señora vicepresidenta, quisiera destacar algunos problemas del modelo actual, en una reflexión en la que estoy segura de que podemos ponernos de acuerdo. Quizá no nos pongamos de acuerdo a la hora de tomar las decisiones o en el tiempo de tomarlas, pero es una reflexión en la que apunto cuestiones que yo creo que son de consenso y de entendimiento general. El modelo actual contribuyó a financiar la última fase de la burbuja inmobiliaria y por eso acumulan mayor tasa de morosidad. Han puesto en marcha proyectos regionales partidarios disparatados. Un ejemplo podría ser el aeropuerto de Ciudad Real, facilitando créditos arriesgados a empresarios afines al poder político. Veinte empresarios debían a Caja de Castilla-La Mancha 3.000 millones de euros. Han sido utilizadas como instrumento político en operaciones empresariales, lo que ha producido peligrosas perturbaciones en sectores estratégicos; otro ejemplo es la Caixa, Gas Natural, Endesa, ejemplo del pasado, pero relativamente reciente. Han recortado más

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la concesión de crédito a familias y empresas, según datos del Banco de España, por la mayor gravedad de sus problemas. Como puede verse, es manifiesta la interferencia partidaria en la raíz de sus problemas y es esa interferencia política la que dificulta hoy las soluciones, como son las fusiones entre cajas de distintas comunidades, por el veto autonómico al que antes hice referencia. Quiero recordar que estamos hablando de instituciones financieras en las que merece la pena garantizar lo fundamental del objetivo para el que fueron creadas. No se discute eso, sino, al contrario; hay que cambiar la situación precisamente para garantizar lo fundamental del objetivo, porque las cajas llevan a cabo una obra social, con parte de beneficios, valorada socialmente; porque tienen un efecto de dinamización económica de los territorios; porque tuvieron como objetivo evitar la exclusión financiera de algunos grupos; porque introducen un factor de competencia en el sector financiero, que disminuiría si caen en manos de los bancos. Por eso no entramos con esta iniciativa en su naturaleza o actividades. Me interesa mucho, señora vicepresidenta, que se quede con esta idea: no entramos en su naturaleza o actividades, sino en la necesidad de corregir la politización de sus órganos rectores. Ese es el objetivo de la interpelación y será el de la moción. Aspecto este sobre el que existe no solo un amplio consenso social, sino una imperiosa necesidad de ponerlo en marcha.


Quiero plantearle alguna reflexión más concreta sobre la reforma de los órganos rectores. A nuestro juicio, esta reforma debe centrarse en despolitizarlos sin necesidad de entrar, como decía, en el debate de cambiar la naturaleza de las cajas. No se trata de definirnos ahora sobre su privatización o no, sino de iniciar de forma urgente la despolitización de su gestión. El otro es un debate distinto sobre el que nos pronunciaremos, si se produce en su momento. Lo que proponemos no implica que las cajas pierdan su carácter social, sino al contrario, convertir a estas en instituciones solventes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Es evidente que poca obra social puede hacerse, si no somos capaces de cambiar el rumbo actual. De las 45 cajas asociadas en la CECA, 11 reducen sus ganancias más de un 50 por ciento, y las previsiones de morosidad se duplican en el conjunto de ellas. No parece un panorama muy sostenible. De otro lado, la reforma debe garantizar también el fin de los abusos y la confusión producida por la Lorca -de hace más de dos décadas- con las modificaciones del año 2002, las leyes autonómicas, los estatutos de autonomía..., en fin, todos los retoques que han ido sumándose y desvirtuando su propio objetivo. Es necesario, igualmente, abordar de forma urgente una reforma que respete los principios del buen gobierno corporativo de unas instituciones que, como decía antes, representan más de la mitad del sistema financiero español.


Señora vicepresidenta, la idea principal que defiendo y que definen las propuestas que estamos formulando -que pasarán a formar parte de la moción consecuencia de esta interpelación- consiste en separar la obra social, donde tiene sentido la presencia de los representantes políticos, para decidir los fines a los que se dedica mediante la creación de un nuevo consejo social de la actividad bancaria, para lo que el consejo de administración debe profesionalizarse y gozar de independencia. Para conseguir ese objetivo, le quiero plantear la siguiente reflexión y propuestas de reforma.


El consejo de administración reproduce en la actualidad -como sabe usted muy bien- la composición de la asamblea, de donde provienen todos sus miembros, salvo pocas excepciones, y tiene, por tanto, la misma relación de fuerzas. Nuestra propuesta sería crear un nuevo órgano, al que podríamos llamar consejo social consultivo, en el que se integrarían los representantes de las administraciones públicas y las entidades y corporaciones de derecho público para que, junto a otros, pero estando representados, decida sobre la estrategia general que deben regir los fines y usos de la obra social. Así, la composición del consejo de administración tendría las siguientes características: estaría formado exclusivamente por consejeros profesionales a los que se les exigirían requisitos de experiencia en el sector financiero o conocimientos académicos, además de incompatibilidades. Aunque algunos de los miembros del consejo pudieran ser propuestos por los distintos grupos representados en la asamblea, tales como los impositores, trabajadores, tenedores de renta fija o propietarios de cuotas participativas, nadie sería propuesto por las administraciones públicas. Respecto de la asamblea general, nuestra propuesta iría encaminada a democratizar la elección de sus miembros para garantizar una representación plural de los distintos grupos interesados; regular el sistema de elección de los representantes de los trabajadores de forma que estos elijan directamente -me importa este matiz- y que los representantes de los impositores se elijan por sorteo entre las candidaturas individuales representadas en vez de tener que agruparse en listas únicas.


Voy finalizando, señora vicepresidenta, señorías. Hay otras reformas que a mi juicio son imprescindibles, y es urgente que las abordemos ya. En primer lugar, habría que eliminar el derecho de veto de las comunidades autónomas a las fusiones entre cajas de diferentes comunidades. Es imprescindible, a mi juicio, esta modificación, si queremos reestructurar el sector con criterios económicos y de sostenibilidad, salvar cajas en apuros e impedir el control regional, más interesado -como desgraciadamente estamos viendo- en no perder cuota de poder que en salvar el negocio y el objetivo social de las cajas de ahorros. En segundo lugar, ceder al Banco de España las funciones de regulación y supervisión de las cajas que hoy tienen las comunidades autónomas, que no pueden estar en los órganos rectores y legislar sobre ellos, es un enorme contrasentido. El resultado de esta situación absurda es que las comunidades autónomas han introducido reformas para aumentar su propia representación y convertirla así en hegemónica. Las cajas actúan como bancos y, si actúan como bancos, han de

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estar sujetas a las mismas exigencias a las que están sujetos los bancos.
En tercer lugar, mayor transparencia, imponiéndose, por ejemplo, la obligación de rendir cuentas públicas de manera trimestral. En cuarto lugar, incrementar las sanciones con carácter personal -con carácter personal- a los miembros de los órganos de administración que incurran en conductas negligentes; o sea, fin de la impunidad colectiva y fin también de la impunidad personal y particular.


Señora vicepresidenta, a mi juicio, urge tomar decisiones para despolitizar los órganos de control y de gobierno de las cajas de ahorros y esta diputada le interpela para conocer cuáles son sus planes al respecto.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.


Tiene la palabra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, agradezco el tono de su intervención y sus sugerencias. Decía S.S. que no quería hablar del marco normativo actual de las cajas de ahorros, pero precisamente es el marco normativo actual el que creo debe comentarse, porque ese marco normativo -y, desde luego, la Ley 31/1985, de regulación de las normas básicas sobre los órganos rectores de las cajas de ahorros- es el que ha contribuido en parte al éxito de las cajas de ahorros en nuestro país. Han sido un pilar esencial de nuestro sistema financiero porque, además de su papel como entidades de crédito, han tenido y tienen una importante labor social y cumplen fines de interés público general. Por ello, el carácter específico de las cajas de ahorro, no solo se refleja en esa función social, sino en su configuración, y la configuración, señoría, remite a la distribución territorial. El reparto competencial está establecido en la Constitución española. El reparto competencial que establece la Constitución española en materia de cajas de ahorros dice que corresponde al Estado dictar la legislación básica para que exista un mínimo común denominador para todas las cajas dirigido a asegurar los intereses generales, pero añade que corresponde a las comunidades autónomas dictar la normativa autonómica de desarrollo para introducir las peculiaridades que cada comunidad autónoma estime convenientes, dentro del marco competencial que en esta materia le asigne su estatuto. Por tanto, la regulación de las cajas de ahorros está recogida en la Constitución y va más allá de la legislación básica estatal. Este es un elemento relevante que no debe perderse de vista cuando se hace referencia al marco normativo de las cajas de ahorros.


Deben recordarse también algunos elementos que se pueden calificar como definidores de nuestro actual modelo, que forman parte de lo que he señalado como mínimo común denominador. La regulación actual de las cajas de ahorros se ha fundamentado en un principio que podría denominarse como democratizador y, por supuesto, en el principio de profesionalización. El modelo vigente ha tratado de democratizar los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, conciliando esa democratización con las exigencias de una gestión eficaz, que -ésta sí- debe de hacerse bajo criterios estrictamente profesionales. La aplicación de este concepto de democratización lleva a la configuración de los órganos de gobierno y decisión de las cajas de ahorros, en concreto, a su máximo órgano de decisión: la asamblea general. Este órgano lleva la representación de los estamentos sociales más íntimamente vinculados a la actividad de las cajas de ahorros: las corporaciones municipales, los impositores, el personal que hace posible con su trabajo el normal desarrollo de la actividad y la corporación fundadora como ente fundador. Estos sectores existen en toda caja española y, a ellos, cada comunidad autónoma puede añadir los que estime convenientes: parlamentos autonómicos, sector empresarial, sindical o cámaras de comercio. Además, nuestro ordenamiento garantiza en principio la profesionalización, porque en la legislación básica estatal se han establecido unos requisitos generales de elegibilidad de los consejeros generales, de los vocales del consejo de administración y de los miembros de la comisión de control, y también se han establecido las causas que impiden la elección y las causas de incompatibilidad. Se ha limitado el plazo de los mandatos para evitar las interferencias económicas y políticas en los órganos rectores y para reafirmar de esta manera su autonomía e independencia de cara al mejor funcionamiento de la entidad. Creo, por tanto, que en este momento tenemos una configuración normativa que puede entenderse que conjuga como un mínimo común denominador con competencias autonómicas, democratización y profesionalización. Es un marco normativo cierto y conocido y dentro de él las cajas de ahorros han venido desempeñando un papel esencial para nuestro sistema financiero. Además, han tenido y tienen esferas de actuación específicas como algunos patrones específicos de comportamiento que las han caracterizado desde su nacimiento: la lucha frente a la exclusión financiera o la obra social, a la que usted ha hecho referencia, que creo que es un paradigma de las actuales tendencias de responsabilidad social corporativa.


La actuación de las cajas de ahorros se debe enmarcar -usted lo ha hecho- en el conjunto del sistema financiero, en el mundial y en el español.
Todos compartimos el análisis en relación con la crisis económica actual y el papel del sistema financiero, pero dos años después del inicio de la crisis ha quedado manifiesta la notable capacidad de resistencia de nuestro sistema financiero, muy en particular si lo ponemos en relación con los países de nuestro entorno. Ello nos ha llevado a desconocer con carácter general o a obviar que algunas entidades

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pudieran experimentar dificultades, como de hecho las están experimentando, en particular como consecuencia de la persistencia de problemas de liquidez y de financiación debido al deterioro relativo de sus activos o al aumento de la morosidad. Por ello, hemos trabajado desde el inicio de la crisis para reforzar nuestro sistema financiero y también lo han hecho los grupos parlamentarios acordando una hoja de ruta que se está siguiendo en estos momentos. Es en ese contexto, en el contexto de un amplio acuerdo sobre la hoja de ruta que debiera seguir nuestro sistema financiero, en el que se aprobó el Real Decreto-ley sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, que SS.SS. convalidaron el pasado 8 de julio.


Se creó así el Fondo de reestructuración ordenada bancaria, el FROB, y se estableció el marco jurídico en el que se abordarían las posibles operaciones de reestructuración. Quiero recordarle que nuestro modelo propone tres fases: en primer lugar, la búsqueda de una solución privada por parte de la propia entidad de crédito sin intervención de otro agente; en segundo lugar, la adopción de medidas para afrontar debilidades que pudieran afectar a la viabilidad de entidades de crédito con participación de fondos de garantía de depósito de las distintas entidades de crédito, bien sea de las cajas, bien sea de los bancos, bien sea de las cooperativas; en tercer lugar, procesos de reestructuración con intervención del FROB. Por tanto, señoría, tenemos un marco político y normativo cierto para desarrollar actuaciones, para fortalecer nuestro sistema financiero; un sistema financiero que está en este momento ajustando su tamaño al de las perspectivas de negocio futuras. En nuestra opinión, ese ajuste debe producirse lo antes posible para que la futura actividad crediticia favorezca la recuperación de la actividad. Por ello, durante el primer semestre del año 2010, el Gobierno, en colaboración con el Banco de España, va a colaborar para que el FROB sea de verdad una ayuda efectiva a este proceso de restructuración y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito en general y muy en particular de las cajas de ahorro, que son las entidades que en este momento deben llevar a cabo procesos de reestructuración.


Quisiera señalar que en el real decreto-ley no se hace mención alguna a la naturaleza de las cajas de ahorros o a cuestiones como la politización de su gestión o sus órganos de dirección, porque las actuaciones del FROB se guían en todo momento hacia la consecución de los fines que establece la norma: incrementar la confianza en el sistema financiero nacional y su fortaleza y solvencia, de manera que nuestras entidades de crédito sean sólidas y puedan proveer crédito con toda normalidad. Por eso la prioridad ahora está clara en este marco normativo cierto del que nos hemos dotado: procurar que se produzcan las operaciones que sean necesarias en el sector con la ayuda en este proceso, de acuerdo con sus competencias, del Banco de España y, con posterioridad y de manera que no interfiera en ese proceso de reordenación, el Gobierno va a promover, como ya ha anunciado el presidente del Gobierno y con el necesario consenso, cambios regulatorios que incluirán en su caso la reforma de la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorros para reforzar su funcionamiento, porque, señorías, el éxito del modelo de cajas no nos debe mover a la autocomplacencia. El entorno de negocio al que se van a enfrentar en el futuro las cajas de ahorros va a ser más complejo y presenta importantes retos para el sector, retos que desde luego aconsejan una reforma normativa, que se abordará a lo largo del año 2010 con una finalidad mucho más amplia que la que S.S. plantea, puesto que se trata de mejorar el marco legal de las cajas para fortalecer su eficiencia y capacidad para operar en mercados competitivos. Si me lo permite, el debate no es por tanto la politización o despolitización, sino que se tengan en cuenta con toda claridad los principios de eficiencia, racionalidad y solvencia financiera y que a esos principios responda la actuación de los gestores.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta.


Señora Díez, su turno de réplica.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Señora vicepresidenta, como dije inicialmente en mi primera intervención, no entramos con esta iniciativa en la naturaleza de las cajas de ahorros o en sus actividades pero sí en la necesidad de corregir la politización de sus órganos rectores. Usted negó esa necesidad al inicio de su intervención y prácticamente durante toda ella para terminar diciendo al final que después de varias cosas, sí, hay que reformar los órganos rectores de las cajas de ahorros.


Señora vicepresidenta, me preocupó que durante su intervención avalara usted el funcionamiento de las cajas de ahorros y hablara del éxito de estas y del sistema financiero español en su conjunto. Es cierto que el conjunto del sistema financiero español ha resistido mejor que otros de países de nuestro entorno. Lo sabemos, no hace falta insistir en algo en lo que estamos todos de acuerdo, pero también es cierto, señora vicepresidenta, que las cajas de ahorros, que representan más del 50 por ciento del sistema financiero español, están en una gravísima situación.
Negar esa evidencia y ampararnos para negarla en que el conjunto resiste mejor y en que las cajas tienen la confianza de millones de ciudadanos es negar una realidad y no prepararnos para enfrentarnos con urgencia y con eficiencia a evitar que el problema sea de características mucho mayores.
Esto me recuerda los debates iniciales de hace año y medio sobre si había crisis o no la había o cómo la llamábamos. Este es un problema que preocupa realmente a todos los agentes económicos y sociales, a todo el que escribe sobre esta cuestión y creo que ustedes no son ajenos a ello.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)

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Que la politización está en el origen de muchísimos de los problemas que hoy tienen las cajas de ahorros es algo innegable. En la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, veinte empresarios de dicha caja debían 3.000 millones. La politización en el sentido peyorativo, en el sentido negativo del término está en el origen del problema: que se han dado créditos a personas que no estaban avaladas por su profesión o por los proyectos que presentaban o por su trayectoria y eso hay que corregirlo, eso está en el origen de los problemas que hoy soportan las cajas de ahorros. Más de veinte cajas de ahorros están en este momento en procesos de fusión y muchos de esos procesos se están estropeando por las interferencias partidarias. Usted lo conoce bien porque su Gobierno, el Gobierno, nuestro Gobierno, me consta, ha tenido que intervenir para resolver problemas en el buen sentido de la palabra. Esta politización partidaria, no profesional, está estropeando una parte del sistema financiero. Ha estropeado una parte del sistema financiero muy sensible y muy importante para España. Por tanto hay que iniciar un proceso de revisión, de modificación de los órganos y de su composición, de profesionalización. Decía usted algo así -lo he apuntado- como que en principio está garantizada la profesionalización. Pero es que no tiene que estar garantizada en principio. Tiene que estar garantizada.


Usted citaba el FROB. Sabe que he sido muy crítica con él, con la forma en la que se ha organizado y estructurado y con las condiciones en las que se destinan los fondos. Es un instrumento que puede tener un enorme éxito para salvar -permítame la expresión- a las cajas de ahorros cuyos gestores han hecho bien su trabajo, pero que corre el riesgo -como se está produciendo- de dar dinero a los que lo han hecho mal y por tanto primar la mala gestión. Yo condicionaría el destino de los fondos, es decir, que una caja recibiera fondos del FROB, a que hubieran hecho bien los deberes y a que todas la orientaciones que el Gobierno ha de dar para que se estructuren correctamente los órganos de decisión y de control de las cajas hayan sido seguidas, porque si no, insisto, estamos premiando a los malos gestores y castigando a los buenos. Por tanto, a mi juicio señora vicepresidenta, han sido los errores, la politización en la política de créditos, los que están detrás de los agujeros de muchas entidades financieras. Las cajas de ahorros son más del 50 por ciento y están en crisis y hay riesgo de que se nos abra ahí un agujero muchísimo mayor que el que tenemos si no actuamos con celeridad. Falta profesionalización, sobra politización en el sentido partidario del término y, por último, esta capacidad de veto que se ha dado a las comunidades autónomas no apunta en el buen sentido sino en el contrario.
Por eso, señora vicepresidenta, la urjo no solo a que tome decisiones, sino a que reconozca la gravedad de la situación. No por eso va a ser más grave, sino al contrario, eso va a ayudar a que tomemos las decisiones correctas y a que lo que es un problema hoy no sea dentro de nada un problema sobre el que ya nos habremos puesto de acuerdo a la hora de calificarlo, pero no habremos tomado las decisiones previas para evitar que se produzca.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Señora vicepresidenta del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, tengo que comenzar mi intervención negando que las cajas de ahorros estén en gravísima situación y lo quiero hacer con absoluta rotundidad. Las actuaciones que se están desarrollando en este momento en el proceso de reestructuración, que como sabe está tutelado por el Banco de España en el ejercicio de sus competencias, podríamos calificarlas de actuaciones previas a un momento en el que previsiblemente puedan incrementarse esos índices de morosidad, como poco a poco van haciéndolo, también derivado de las dificultades que pueden tener en los próximos años por, precisamente, la crisis del sector inmobiliario, que generaba una buena parte de su negocio crediticio, pero desde luego tengo que comenzar negando la afirmación que usted ha hecho de que estén en gravísima situación. Cuando hay una entidad que está en grave situación se produce lo que tuvo lugar en el caso de la Caja Castilla-La Mancha, una intervención o actuación rápida por parte del Banco de España en el ejercicio de sus competencias y no estamos en este momento en ese escenario ni mucho menos.


Quisiera decirle además que la legislación vigente ni politiza ni despolitiza las cajas de ahorros en el sentido en el que usted creo que está utilizando esa palabra. Por tanto, en mi opinión, mucho más importante que la regulación son las actuaciones que se desarrollan al amparo de la misma y por eso, señoría, creo que nos podremos poner de acuerdo en que las actuaciones de los órganos de gestión de las cajas de ahorros deben guiarse por los principios de solvencia, de eficiencia y de racionalidad. Las cajas de ahorros están desarrollando un papel esencial en nuestro sistema financiero, porque en general han actuado atendiendo a esos principios. Eso no quiere decir que no haya aspectos que sean susceptibles de mejora, pero nosotros pensamos que el momento para hacerlo es una vez que se haya ordenado el sector, una vez que se haya adecuado su tamaño a la realidad económica actual. En ese momento, habrá tiempo para plantear una eventual reforma de la regulación de las cajas de ahorros, un proceso, le insisto, que creo que debe ser fruto del máximo consenso posible, que ha de ser independiente del actual proceso de reestructuración y que ha de abordarse en un momento posterior.


No le oculto que esta reflexión hecha desde el Gobierno de España, no hacer modificaciones que puedan afectar a la gestión de las cajas de ahorros en el

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momento de reestructuración, nos gustaría que fuera también un criterio relevante en las actuaciones de las comunidades autónomas en las competencias que tienen sobre las cajas de ahorros. Si todos estamos de acuerdo en que no es el momento para modificar el marco normativo, sino para acometer con urgencia pero desde luego con fortaleza el proceso de reestructuración, creo que primero debe ser el proceso de reestructuración y después la modificación del marco normativo; una modificación que iría a mejorar el funcionamiento y la capacidad de acción de las cajas de ahorros; una modificación que también se incorpora en las normas que nosotros en este momento estamos discutiendo, porque quisiera recordarle que en nuestro proyecto de ley de economía sostenible reforzamos la capacidad de supervisión del Banco de España sobre los riesgos de carácter sistémico, ampliamos las obligaciones de información de las entidades financieras, velamos por que las políticas de remuneración sean coherentes con una gestión prudente del riesgo y reforzamos la transparencia y el buen gobierno de las entidades de crédito. Por tanto, señoría, creo que estamos dando los pasos para que esa reforma, que podremos sin duda discutir en el futuro y para la que espero contar con su colaboración, pueda producirse en un momento en el que el proceso de reestructuración de las entidades de crédito haya finalizado. Como sabe, nosotros pensamos que ese proceso debe plantearse en todo caso en el primer semestre del año 2010 por múltiples razones, pero entre otras porque creemos que así el sistema financiero resultante será todavía más sólido para el futuro.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora vicepresidenta.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA AL IMPULSO DE LA POLÍTICA DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO UNIVERSITARIO.
(Número de expediente 172/000140.)

El señor PRESIDENTE: Interpelación urgente del Grupo Catalán, relativa al impulso de la política de becas y ayudas al estudio universitario. Para su defensa tiene la palabra doña Inmaculada Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presentamos esta interpelación porque cada día que pasa sin solucionar la insuficiente dotación de becas universitarias es un día más que nos alejamos de ser competitivos en la educación superior de nuestros jóvenes. La política de becas universitarias es fundamental para el éxito de la escalera social, para la implementación exitosa del proceso de Bolonia y para contribuir a unas generaciones mejor formadas a través del acceso a la formación superior sin discriminación por rentas. Más inversión hoy son más garantías para afrontar el futuro.


Hoy, señor ministro, hay dos ejes en los que se hace evidente a nuestro entender la carencia en la política de becas: el primero, la escasez de recursos que se destinan a las becas universitarias, que merman nuestra competitividad y la igualdad de oportunidades, y el segundo, la persistencia de una gestión centralizada, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional, y de una situación discriminatoria en términos de recursos hacia Cataluña. No solo la salida de la crisis sino la transformación de nuestra estructura de crecimiento de nuestra competitividad pasan por una apuesta clara y decidida por un conocimiento y por una formación marcada por la calidad y la excelencia. Hemos de hacer que nuestros estudiantes sean competitivos a nivel global. Para ello son imprescindibles recursos y un modelo de gestión más descentralizado que nos permita también mejorar los indicadores y reforzar la estructura productiva. Una formación y una investigación de excelencia requieren de medios, de infraestructuras, de instrumentos y de unos principios que orienten el modelo hacia un modelo equitativo y competitivo.


Déjeme entrar, señor ministro, en el primero de los ejes a los que he hecho referencia, el relacionado con los recursos. Al referirnos a los recursos no puedo negar el esfuerzo de los últimos años para incrementar la dotación en materia de becas y ayudas al estudio universitario. Desde el año 1999 hasta hoy el presupuesto destinado a becas ha crecido en más de un 50 por ciento. Sin embargo, entendemos que ello es del todo insuficiente. Así lo demuestran las cifras del Eurostat al señalar que nuestro modelo de becas y ayudas se encuentra a la cola de Europa tanto en eficacia del modelo como en extensión a la población universitaria.
Solo el 15,5 por ciento de los estudiantes universitarios españoles -excluyendo el País Vasco- recibe algún tipo de ayuda según datos de su ministerio, y la cuantía media de la ayuda para el curso 2008-2009 rondó los 3.000 euros anuales. En este sentido existe un enorme diferencial inversor entre lo que se destina en España a becas y ayudas al estudio universitario, 0,08 por ciento del PIB, y lo que destina la media de la OCDE, un 0,25 por ciento. Somos conscientes, señor ministro, de que este diferencial es muy grande para poder asumirlo de golpe. No obstante, queremos poner de manifiesto la necesidad de incrementar sustancialmente los recursos.


En los Presupuestos Generales del Estado para 2010 solo se ha producido un tímido incremento -insuficiente- en la partida de becas universitarias que no alcanza los 50 millones, siendo el total del incremento de las becas de 100 millones de euros, recursos, repito, del todo insuficientes para las becas dadas tres circunstancias: la situación actual de crisis y la transformación que estamos obligados a hacer en términos económicos; la situación crítica para muchos jóvenes en lo relativo a oportunidades de empleo y de formación y la necesidad

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de potenciar el sistema universitario y el modelo que nos marca Bolonia.
Por último en este apartado, quiero hacer referencia a que un sistema de becas bien dotadas ha de contemplar e incorporar la movilidad exigida por el nuevo espacio europeo de Educación Superior, que debe ser facilitada también por infraestructuras adecuadas y entendida no solo a nivel estatal sino a nivel europeo.


Otro aspecto en el que quisiera detenerme es el del marco de los recursos.
La actual insuficiencia de recursos, señor ministro, se ve muy a menudo acrecentada por la inexistencia de criterios de corrección interterritoriales destinados a evitar situaciones discriminatorias como las que se dan actualmente respecto a Cataluña, donde el porcentaje de estudiantes beneficiarios de becas y ayudas al estudio respecto a la población estudiantil es muy inferior al de la mayoría de las comunidades autónomas y al de la media estatal, situación que no aporta equidad al sistema, y ello me permite entrar en el segundo de los ejes, el relacionado con las competencias.


Señor ministro, si hasta el momento en mi intervención me he referido a la precaria situación del modelo de becas en el conjunto del Estado, déjeme que le diga que en Cataluña lo es aún más. El análisis de esta situación en términos de recursos evidencia la discriminación respecto a Cataluña porque, en primer lugar, cómo explica usted, señor ministro, que teniendo en Cataluña el 15,4 por ciento del total de la población universitaria del Estado tan solo recibamos el 8,8 por ciento de los recursos destinados a becas. En segundo lugar, cómo se explica que la media de estudiantes que reciben beca en Cataluña sea un 50 por ciento inferior a la media del conjunto del Estado. Otro dato: el número de estudiantes universitarios que obtuvieron beca en España en el curso 2006-2007 fue de 174.191, en Cataluña fue de 16.422, es decir, el 9,2 por ciento del total del Estado, siendo los universitarios catalanes en este curso el 12,74 por ciento. Sobre la base de estas cifras contrastadas y rubricadas por la CRUE, ¿cómo se explican estos efectos discriminatorios del sistema? Desde nuestro grupo parlamentario pensamos que deben cambiarse las bases que establecen los criterios bajo los que hay que otorgar las becas y ayudas al estudio, que hoy dependen única y exclusivamente del ministerio, y entre estas bases contemplar criterios como el diferencial de renta per cápita. No es de ninguna forma justificable que diferenciales entre comunidades autónomas en términos de coste de vida perjudiquen a ciudadanos con menos recursos afectados por unos criterios no equitativos que los penalizan por su comunidad de residencia.


Con relación al traspaso de competencias en materia de ordenación y gestión de becas, señor ministro, quiero pedirle una vez más su compromiso en hacerlo efectivo a lo largo del año 2010 y es que más allá de la razón legal y en el ejercicio de las propias competencias, creemos que la mejor forma para mejorar la gestión de este sistema pasa justamente por permitir que sea cada comunidad la que pueda ajustar los criterios para la concesión de las becas. Urge, en definitiva, un esfuerzo más decidido en la transformación y dotación del sistema de becas, así como la transformación de su gestión, acercándola al territorio y a la población estudiantil, especialmente ahora, en un momento de crisis económica, en el que el capital humano es nuestro principal recurso y nuestra principal preocupación.


Por último, quisiera hacer unas consideraciones en relación con los criterios de asignación de las becas. La implantación y adaptación del sistema universitario español al espacio europeo de Educación Superior, su nueva metodología, evidencian la urgente necesidad de adaptar nuestro sistema de becas al nuevo modelo de formación. Con Bolonia debemos plantear alternativas que a nuestro juicio pasan en primer lugar por aumentar la eficiencia en el gasto de las universidades, en ocasiones sobredimensionadas, pero sobre todo pasa por apostar claramente por un nuevo modelo de becas universitarias que en los grados incorpore las becas salario otorgadas sobre la base de criterios de excelencia y equidad. El actual sistema está marcado por una pluralidad de ayudas y becas con baja dotación presupuestaria y criterios de acceso más restrictivos. El cambio está en apostar por un sistema más justo y más homogéneo en términos de cifras y resultados, lo que implica a nuestro entender más racionalidad, más recursos y más descentralización.


Entendemos que debemos apostar en lo cuantitativo por una mayor apertura de las becas salario a los jóvenes y, en lo cualitativo, por activar incentivos de excelencia en el ámbito del rendimiento académico que permitan potenciar y estimular el talento. La excelencia no puede discriminar por rentas y promover la excelencia significa garantizar la igualdad de oportunidades a la formación superior.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.


Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, estoy completamente de acuerdo con usted acerca de la enorme importancia que va a tener el impulso y la mejora de nuestro sistema de becas para la completa adaptación de la universidad española al espacio europeo de Educación Superior. Es más, considero absolutamente fundamental para el éxito futuro de nuestro país esta mejora e impulso de las becas y ayudas universitarias. Creo en la dimensión social de la educación -y la defiendo- y la política de becas es decisiva. Sé que compartimos esta posición.


Estamos debatiendo durante las últimas semanas sobre la imperiosa necesidad de modificar nuestro patrón de crecimiento, nuestro modelo productivo, donde la educación tiene que jugar un papel central y donde las universidades, con la generación y transmisión del conocimiento, la investigación, la innovación y la transferencia

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de ese conocimiento de la sociedad, van a ser piezas centrales de este desafío que tenemos como país. Sin embargo, debemos de ser conscientes de que no todos los estudiantes llegan a la universidad en las mismas condiciones de partida, y nuestras convicciones, las convicciones que he citado nos obligan a actuar. Debemos, pues, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios y también a lo largo de la vida o trayectoria universitaria, así como dar más facilidades a los estudiantes para que puedan tener una mayor dedicación en los estudios universitarios mediante la generalización de las llamadas becas salario.


Las becas y ayudas universitarias representan la cara más visible de la dimensión social de la política universitaria del Gobierno y he dicho en más de una ocasión que para nosotros las becas y ayudas no son una política más, son una auténtica prioridad. Son la mejor garantía para eliminar barreras sociales, económicas y geográficas que impiden o dificultan el acceso y el mantenimiento en la universidad, determinantes para la equidad. Quizás el esfuerzo y el talento de cada estudiante desde esta posición de equidad determinará su futuro para alcanzar, como se ha dicho, la calidad y la excelencia.


Efectivamente, nuestro país ha hecho un gran esfuerzo en materia de becas en los últimos años. Desde 2005 obtener una beca es un derecho si se cumplen determinados requisitos económicos y académicos. Esto es absolutamente decisivo, es una conquista social extraordinaria y ha implicado un mayor esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno y de todos. Así, el presupuesto global de becas ha pasado de 821 millones en 2005 a 1.393 millones para el próximo año 2010. En relación con las becas y ayudas universitarias, mientras que en el curso 2004-2005 se destinaron 530 millones de euros, en el último curso 2008-2009 hemos alcanzado la cifra de 726 millones de euros. Cuando hablamos de becas y ayudas cualquier cantidad siempre nos parece insuficiente; a mí también me lo parece. Y no solo me parece insuficiente sino, sobre todo, mejorable. Es necesario mejorarla. Pero también tenemos que tener en consideración de donde venimos, la distancia que hemos de recorrer en un menor plazo con respecto a los países de nuestro entorno. Por ello el Gobierno sigue trabajando, haciendo un esfuerzo importante en materia de becas y ayudas, especialmente en el ámbito universitario. Para el año 2010, el Gobierno ha incrementado su presupuesto en 7,51 por ciento en relación con el año anterior y considero que debemos poner en valor esta cuantía que se hace en una situación presupuestaria y económica complicada. Pero es cierto que hay que mejorar la gestión porque el año académico no coincide con el año presupuestario y hemos solicitado a las comunidades autónomas, a las universidades, que agilicen las gestiones burocráticas para dar respuesta a esta urgencia y confiamos, basándonos en hechos, en que va a suceder así.


Además del incremento presupuestario, se han introducido una serie de novedades para el año 2009-2010. Se han elevado en un 3,6 por ciento los umbrales de renta familiar, lo que va a permitir que un mayor número de estudiantes puedan obtener beca en la convocatoria general. Ese incremento de umbral para las becas salario es de un 6,7 por ciento, por lo que habrá más estudiantes de familias con menor nivel de renta que van a poder tener derecho a esta beca. Como le decía, se ha implantado una nueva modalidad -la beca salario- destinada a los estudiantes con menor renta para que puedan tener una mayor dedicación a los estudios. Se ha fijado su cuantía para el próximo curso en 2.800 euros, pero puede llegar a alcanzar los 6.956 euros si se complementa con otras modalidades.
También estamos lejos de lo que queremos y trabajaremos en esa dirección.
Hemos introducido mejoras y medidas de compensación para los estudiantes universitarios con discapacidad aplicando deducciones específicas en la renta de la unidad familiar que es tenida en cuenta para obtener las ayudas. Se han puesto en marcha ayudas para los titulados universitarios en desempleo para que puedan realizar un máster en universidades públicas, y para el pago de dichas matrículas el Gobierno ha destinado un presupuesto de 70 millones de euros, de los que 49 corresponden a la convocatoria anual y a los dos ejercicios presupuestarios y 21 millones ya han sido distribuidos entre las comunidades autónomas.


Señoría, usted ha puesto el acento en la necesidad de mejorar las becas de ayudas para favorecer la movilidad. Estoy completamente de acuerdo. La creciente movilidad de estudiantes y profesores universitarios va a ser fundamental para conseguir un sistema universitario más moderno, y el Gobierno viene haciendo un gran esfuerzo en esta materia que ha permitido que, durante el curso pasado 2008-2009, 61.803 estudiantes hayan disfrutado de alguna beca o ayuda para movilidad con un importe global de 258 millones de euros. Las becas de movilidad de la convocatoria general, así como las Erasmus, las Séneca, las Faro y otras modalidades vienen a ser garantía para afrontar el reto de la internacionalización y de la modernización además del beneficio individual que se promueve para los estudiantes que tienen la oportunidad de conocer otras lenguas, otras culturas y otros países. Pero estamos lejos de cualquier euforia y sabemos que aquí hay un enorme desafío. Como usted sabe también, el Gobierno está impulsando los llamados préstamos renta. Consideramos de enorme importancia esta modalidad de ayudas y hemos de explicar bien en qué consiste. Son ayudas para aquellos estudiantes que no pueden acceder a las ayudas a fondo perdido para estudiar un máster y que se han demostrado muy eficaces en otros países. Para el próximo curso 2009-2010 el Gobierno ha presupuestado una cuantía de 75 millones ampliables y, además, este año la convocatoria tiene una novedad importante ya que podrán solicitar dicha ayuda quienes quieran hacer un doctorado.


Tiene usted razón, señoría, hay un enorme diferencial desde el 0,08 por ciento, y nos hemos fijado el desafío de llegar al 0,2 por ciento del producto interior bruto en el año 2015. Debemos converger con la media europea

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por lo que, como usted decía en su intervención, tenemos que hacer un mayor esfuerzo en los próximos años. Confiamos, porque los presupuestos también se aprueban en este lugar, en el apoyo de los grupos parlamentarios y en el suyo en concreto para lograrlo. Tengo que decir que, como ministro de Educación, comparto la necesidad de estos recursos, pero a la par, como ministro, que lo soy, del Gobierno de España, entiendo también que haya que equilibrar con otras prioridades. En la última cumbre de los ministros de Educación Superior, de los países del espacio europeo de Educación Superior, en Lovaina, nos pusimos como meta que para el año 2020 un 20 por ciento de los estudiantes universitarios europeos debían haber estudiado en una universidad de otro país. Es un desafío enorme y la sociedad española debe estar a la altura de este reto. Como país, tenemos que hacer una reflexión sobre nuestro sistema de becas y ayudas universitarias, de sus fortalezas y sus debilidades, un análisis compartido conjuntamente por el Gobierno, las comunidades autónomas y las universidades para construir un modelo. Quizá necesitamos un nuevo modelo que garantice mejor la igualdad de oportunidades, que se adapte mejor al Estado autonómico, que fomente la movilidad y el aprendizaje de idiomas y que elimine las posibles ineficiencias y deficiencias del modelo. Por eso se va a constituir el observatorio de becas, ayudas y rendimiento académico y, después de los informes favorables del Consejo de Universidades y de la Conferencia general de política universitaria, hemos iniciado los trámites administrativos para que sea aprobado próximamente en el Consejo de Ministros. Un observatorio no es un simple mirador, sino un instrumento de mejora, y el observatorio va a permitir hacer una valoración global, como usted solicita, del conjunto de las becas y ayudas, tanto estatales como por parte de las comunidades autónomas, para adoptar las medidas imprescindibles para mejorar el modelo. En este sentido, dentro del nuevo modelo de financiación de las universidades que se está ultimando, se está trabajando en esta propuesta de un nuevo modelo de becas y ayudas, adaptadas al nuevo espacio.


Señorías, señora Riera, finalmente, en relación con la gestión de las becas por las comunidades autónomas, y en particular por Cataluña, hemos de recordar que desde el año 2005 se ha venido suscribiendo un convenio entre el Gobierno de España y la Generalitat para la gestión de becas y ayudas. Ya el curso pasado se estableció un nuevo convenio de gestión, que pretende consolidar un sistema que permite el pleno ejercicio de las competencias autonómicas y la garantía de igualdad y equidad en el acceso a las becas en el conjunto de los territorios. El convenio para el curso 2009-2010 ya ha sido firmado, y desde aquí quiero agradecer el esfuerzo conjunto de coordinación de ambas administraciones.


Conozco la posición de su grupo parlamentario sobre becas y ayudas -usted ha expuesto aquí sus argumentos- y, según los datos de que disponemos, las becas universitarias concedidas a estudiantes catalanes en el último curso son 33.051, lo que supone el 10 por ciento del total de becas y ayudas concedidas a universitarios en nuestro país. Entiendo su argumento, porque usted considera que han de ser más y supongo que el resto de los grupos de las comunidades autónomas tienen una valoración similar, pero, en relación con la renta per cápita, hemos de atender a todos los argumentos para hacer una valoración adecuada. Soy consciente de que el sistema de becas y ayudas debe garantizar la equidad y la igualdad en el conjunto de las comunidades autónomas y analizarlas conjunta y globalmente. No deseamos ninguna discriminación y queremos proximidad, pero valoremos conjuntamente las bases y los criterios. No creemos en un sistema de reparto de becas, sino en un sistema de distribución de becas, que incluye una noción de equidad y de justicia, atendiendo a todos los parámetros y no solo a parámetros cuantitativos en relación con el número de estudiantes. Se están dando pasos en esa dirección como la elevación de los umbrales, lo que ayudará a incrementar el número de beneficiarios en el conjunto del Estado y especialmente en Cataluña. En cualquier caso, tenemos que constituir este observatorio de becas para dar respuesta a la demanda que aquí ha sido señalada, para diseñar un nuevo modelo que tenga en consideración estos elementos expuestos aquí por usted. Lo haremos y lo hacemos. Le agradezco sus aportaciones y sus propuestas, que tomaremos en consideración a la hora de avanzar hacia ese nuevo modelo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, agradecemos sus palabras y el contenido de la exposición y, sobre todo, compartimos la prioridad en la política de becas y ayudas universitarias. Quiero decirle, desde nuestro grupo parlamentario, que contará con nuestra plena implicación y complicidad en la construcción de un sistema universitario cualitativo y marcado por la excelencia, objetivos que creo que compartimos. Pero para ello son imprescindibles mejoras cualitativas en el modelo y mejoras cuantitativas en los recursos. A ello responde la interpelación que hemos presentado.


En relación con sus palabras, señor ministro, déjeme hacerle algunas precisiones. En mi intervención no he dejado de evidenciar los avances que en términos de mejoras de recursos se han registrado, pero también hemos evidenciado que estos son insuficientes. Son insuficientes en el actual contexto de crisis económica en el que no puede recortarse allí por donde hemos de construir la vía del crecimiento y de la competitividad, que es la formación y el conocimiento; además, no puede

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recortarse en pleno proceso de implantación del espacio europeo de Educación Superior.


Respecto a la situación de Cataluña, le aportaré un nuevo dato. Ante la gran diferencia a la que he hecho referencia en mi intervención -50 por ciento aproximadamente- que existe entre los estudiantes que reciben beca y la media estatal, según nuestros cálculos basados en el informe de la CRUE de 2008, el número de estudiantes catalanes con beca debería aumentar un 21 por ciento para cubrir aproximadamente este déficit del 50 por ciento que mantenemos. Más allá de las cifras, que podemos compartir teniendo en cuenta los ejercicios de los que hablamos, creo que compartimos que existe una discriminación hacia Cataluña. Estamos en una situación deficitaria a nivel estatal en términos de recursos y -repito- ante una situación discriminatoria hacia Cataluña antes ya de completar la implantación del espacio europeo de Educación Superior. Una vez completado el proceso, la urgencia de reconducción de las dotaciones será aún más evidente, y más grave si no se hace, y podríamos poner en riesgo el mismo proceso y también la formación y las oportunidades para muchos jóvenes y para nuestro sistema.


Señor ministro, desde nuestro grupo parlamentario queremos evidenciar fundamentalmente tres puntos. En primer lugar, la asignación de los recursos y la determinación de las bases de los criterios es hoy competencia estatal, pero entendemos que debe modificarse hacia una mayor descentralización, hacia criterios orientados a la excelencia y a la equidad y hacia criterios que incorporen elementos correctores de la inequidad respecto al coste de la vida. En segundo lugar, como hemos señalado en nuestra interpelación y reiteramos, queremos evidenciar que la gestión de las becas y las competencias de ejecución que pertenecen a la Generalitat de Cataluña, pero que no se han transferido aún, suponen a fecha de hoy unos costos adicionales acumulados para la Generalitat de más de 3 millones de euros. Lo dejamos encima de la mesa porque es una realidad. En tercer lugar, queremos incidir en la necesidad de incrementar los recursos destinados a becas y que han de ser incrementos que supongan mayor inversión y no solo más gasto.


Necesitamos una universidad moderna, competitiva, capaz de formar personas y capaz de transmitir el conocimiento generador del bienestar. En este contexto de crisis pedimos y exigimos al Gobierno la voluntad y el compromiso firmes en la transformación y dotación del sistema de becas, acercándonos más a Europa. Hemos de cumplir los compromisos, señor ministro. Mejoremos, por tanto, las dotaciones de recursos para las becas, cumplamos con los compromisos en términos de transferencias y vayamos hacia una descentralización que acerque la realidad universitaria al territorio, reconduciendo la discriminación actual que sufre Cataluña y que hoy para nosotros es insostenible. Estos son los objetivos que perseguimos con nuestra interpelación. En la prioridad en la política de becas nos tendrá a su lado.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Gracias, señor presidente.


Agradezco mucho su tono educado y cordial -no esperaba otra cosa en esta tribuna-, pero quería decirle, señoría, que no se recortan recursos en becas. Quizá no se incrementan lo que desearíamos, pero entendemos la urgencia y las prioridades que los presupuestos señalan y establecen.
Estamos en un país donde hemos de atender con todo rigor y seriedad también otras prioridades que, por cierto, se debaten en este mismo lugar. Hay que insistir en la idea de que la mejora del modelo de becas y ayudas exige un análisis compartido, un esfuerzo conjunto entre el Estado, comunidades autónomas y universidades.


En relación con el número bajo de becas y ayudas en nuestro país, hemos de recordar el considerable lastre histórico que padecemos y tomar en consideración la diferente estructura universitaria en comparación con otros países donde hay más becarios, pero el importe de las becas debe también valorarse junto con el importe de las matriculas, que es superior, o con el modelo de financiación, que es distinto del nuestro, o con la colaboración de la sociedad también en la financiación de las universidades o también de acuerdo con las políticas sociales más avanzadas que permiten una mayor movilidad por los costes indirectos de estudiar fuera de la ciudad de origen. Por eso es imprescindible centrarnos en modelos de financiación equilibrada que den cuenta de toda esta complejidad. Las becas no deben ser vistas como un elemento aislado y separado de todo el modelo de financiación. En definitiva, debemos poner en valor el enorme esfuerzo de la sociedad española que ha permitido en los últimos años que centenares de miles de universitarios puedan acceder y terminar sus estudios universitarios. Hemos pasado de 200.000 universitarios a un millón y medio. La prioridad de las becas no está cuestionada. Podemos analizar la distribución de los recursos y ver los criterios, pero, insisto, las becas requieren distribución y no un mero reparto aritmético, porque la elevación del umbral de las becas aumentará el número de estudiantes universitarios que tendrán acceso a las mismas y nuestras estimaciones son que más de 95.000 estudiantes universitarios estarán en condiciones de obtener una beca salario y más de 540.000 podrán tener beca de matrícula gratuita.


Respecto a las demandas de Cataluña en relación con estas becas, hay que insistir en la idea de aguardar a la próxima constitución del observatorio de becas y ayudas, que va a permitir una evaluación global del modelo, distinguir claramente entre becas y ayudas e introducir las mejoras correspondientes. Algunas de ellas pueden ir en la línea de las demandas que usted ha señalado, como puede ser la introducción de fórmulas de ajuste para determinar umbrales y cuantías teniendo en cuenta

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la renta. Consideraremos todo eso, señoría, garantizando, en cualquier caso, que las comunidades con menor nivel de renta no se vean afectadas negativamente. Si hay discriminación, lucharemos contra ella, pero lo veremos analizando todos y cada uno de los factores y no como elementos aislados.


Hay que hacer referencia al recurso que presentó la Generalitat al Tribunal Constitucional del real decreto del año 2007 sobre el nuevo modelo de gestión de becas, que abre la vía para traspasar a las comunidades autónomas los medios y servicios necesarios para el pleno ejercicio de sus competencias, y que en parte ha paralizado este proceso.
Nuestra voluntad es llegar a un acuerdo razonable, que permita el traspaso de la gestión de las becas en los términos que se establecen en la legislación y la jurisprudencia. Atenderemos con mucho cuidado sus razones, pero el recurso de la Generalitat hace referencia a que no se consideran territorializables las becas de movilidad entre comunidades autónomas y las becas de la UNED. También hay que esperar a la propuesta del nuevo modelo de financiación del sistema universitario. Todo esto lo atendemos ya, y lo haremos con celeridad y con seriedad, pues estas consideraciones deben hacerse en el seno de la Comisión mixta de financiación del sistema universitario español, pero no dude de que este asunto es prioritario. Estamos en ello con los cauces y niveles de dialogo de que disponemos y que hemos señalado. Contando también con ustedes -por eso agradezco su intervención-, continuaremos impulsando la política de becas y ayudas, pero desde esta decisión de que es irrenunciable la dimensión social de la educación, en la que creemos, y que el sistema de becas debe garantizar la cohesión social y territorial.
Creemos en esa dimensión social de la educación, trabajamos conjuntamente con convicción por ello y sé que contamos con ustedes para hacerlo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 14/2009, DE 4 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA EN DETERMINADAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS. (Número de expediente 130/000023.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el segundo punto del orden del día. Convalidación o derogación de reales decretos-leyes, en concreto del Real Decreto-ley 14/2009, de 4 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas.


Para presentar el real decreto-ley y argumentar acerca de la urgencia que ha llevado al Gobierno a dictarlo tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Señor presidente, señoras y señores diputados, comparezco en esta Cámara para exponer las razones que han llevado al Gobierno a adoptar medidas excepcionales y urgentes para paliar los daños producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas mediante la aprobación del Real Decreto-ley 14/2009, de 4 de diciembre.


Señorías, las adversas condiciones climatológicas de los últimos años y la persistencia de la falta de precipitaciones del año hidrológico 2008-2009 han tenido, entre otras cosas, como consecuencia directa la disminución de las aportaciones de recursos hídricos. Para paliar esta situación se han venido adoptando diversas medidas de índole normativa que, tras varias prórrogas, caducaron el pasado 30 de noviembre. Esa continuada escasez de precipitaciones en los ámbitos afectados ha tenido como resultado que determinadas cuencas hidrográficas hayan sufrido graves problemas durante el año hidrológico 2008-2009 en el suministro de agua, tanto para los abastecimientos a las poblaciones como para las explotaciones agrícolas de regadío. A fecha 1 de diciembre la situación era de un bajo nivel de reservas existentes en los embalses para usos consuntivos, es decir, para abastecimiento a la población y regadíos, que solo alcanzaban el 36 por ciento, cuando la media de los últimos diez años superaba, en la misma fecha, el 40 por ciento. A primeros de diciembre la situación más desfavorable se presentaba, a pesar de las lluvias de los últimos días, en las cuencas de los ríos Tajo, Segura y Júcar, con reservas globales del orden de apenas el 25 por ciento, pero también en áreas significativas de las cuencas del Duero, Guadiana, Guadalquivir y Ebro con un nivel ciertamente preocupante.


Sobre la base de la situación expuesta, se hacía necesaria y conveniente la adopción de medidas efectivas. En primer lugar, el real decreto-ley establece las medidas de apoyo a los titulares de derechos de agua para riego y abastecimientos mediante la exención de las exacciones relativas a la disponibilidad de agua en el año 2008-2009, siempre y cuando hayan dispuesto en la pasada campaña de una dotación igual o inferior al 50 por ciento de la facilitada en un año normal. En segundo lugar, se establecen, con carácter de urgencia, las medidas oportunas para la regulación de las transacciones de derechos de aprovechamiento de agua, en especial en la cuenca del Segura, para la reasignación voluntaria de dichos derechos. El intercambio de derechos de agua entre usuarios de diferentes cuencas, de manera que las cuencas excedentarias puedan aportar recursos adicionales a las deficitarias, con la consiguiente compensación económica a los cedentes, se ha manifestado como

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experiencia positiva en los últimos años. En tercer lugar, se establecen, dentro de la normativa, medidas para facilitar la gestión, concediendo atribuciones a las juntas de gobierno y a los presidentes de las confederaciones hidrográficas para modificar temporalmente las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, sea cual sea el título habilitante que haya dado derecho a esa utilización.
Concretamente podrán tomarse las siguientes medidas: reducir las dotaciones en el suministro, modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos, imponer la sustitución de la titularidad o de parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen y de calidad, modificar las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertido, modificar temporalmente las asignaciones y reservas previstas en los planes hidrológicos, exigir a los usuarios la instalación inmediata de dispositivos de modificación mediante modulación, regulación y medición, y adaptar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos. Como se puede apreciar, se trata de medias específicas dirigidas y orientadas a la contención de la demanda. En todo caso, nuestro objetivo es reducir aún más las pérdidas de agua y mejorar la eficacia en la gestión, buscando un ahorro y un mayor control que permita aumentar la disponibilidad y mejora de la gestión de los escasos recursos. Al ser el regadío el principal usuario, en este apartado también se centran los principales esfuerzos de mejora de la eficacia, impulsando obras de modernización de regadíos por un importe de más de 611 millones de euros. En cuarto lugar, y en relación con el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, dadas las circunstancias excepcionales en las que se encuentra, también se plantea conceder la exención de las exacciones relativas a la tarifa de conducción de las aguas correspondientes al año 2009. En quinto lugar, y con el fin de agilizar la ejecución de las obras, que tiene una relación directa en la lucha contra la sequía, se introducen las declaraciones de interés general y de utilidad pública en determinadas obras.


Señorías, es conveniente recordar que el conjunto de las decisiones incluidas en esta norma solo han podido adoptarse cuando se ha cerrado el año hidrológico y se ha conocido y constatado la tendencia del presente otoño. En cuanto a la urgencia, obedece, como es obvio, a razones evidentes para evitar el posible incremento de los daños producidos por la sequía. En definitiva, señorías, creo que está suficientemente justificada la necesidad y oportunidad de las medidas planteadas y, por ello, solicito el respaldo de los distintos grupos parlamentarios y su apoyo a la convalidación de este real decreto-ley. Con su convalidación y aplicación inmediata conseguiremos reducir aún más las pérdidas de agua, favorecer la continuación de estrategias -ya en marcha- de gestión y control de la demanda, así como impulsar nuevas obras de modernización y mejor gestión de las infraestructuras. Finalizo, señorías, señalando que sin duda se trata de un conjunto de medidas que contribuyen a paliar con carácter de urgencia una situación difícil y apostando, al mismo tiempo, por el aprovechamiento óptimo y sostenible de nuestros recursos hídricos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Díez. (Denegaciones.) No desea intervenir, magnífico.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Herrera.
(Suena el móvil del señor Herrera Torres.) Tiene la palabra y el teléfono.


El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.


Tengo la palabra, y por eso subo a la tribuna para ejercerla, para decir que en el real decreto, señora ministra, echamos en falta algunas cosas.
Encontramos que todo lo que plantean es simplemente razonable, lo hemos hecho en otros lugares. Usted sabe cómo se ha afrontado la sequía, por ejemplo, en Cataluña, y todo lo que ustedes plantean, en otra medida y en otra dimensión, se hizo precisamente con los reales decretos en torno a la sequía. La realidad es que este real decreto se justifica por cinco años consecutivos de sequía dado que las reservas globales en cuencas como las de los ríos Tajo, Segura y Júcar se encuentran en un 25 por ciento y en las del Duero, del Guadiana y del Guadalquivir, e incluso las del Ebro, en un 36 por ciento, pero nosotros queríamos usar este turno de palabra para decir que echamos en falta otras medidas. Se lo digo porque entendemos que un real decreto de estas características, si realmente quiere hacer frente a la sequía, y a la sequía grave en determinadas zonas, tendría que hablar de las medidas de reducción de la demanda, de los beneficiarios del real decreto, y que esos beneficiarios también tienen que ser -sí lo sé- ecosistemas acuáticos, y que se tienen que hacer restricciones sobre, por ejemplo, las dotaciones de agua para la agricultura, señora ministra. En un país en el que aún se multiplican los planes de regadío, deberían adoptarse medidas que más drásticas que las que se plantean, por supuesto, yendo más allá o dotando de protección, por ejemplo, a los humedales y a los ríos protegidos; se deberían restringir las extracciones de agua que se dan y, por supuesto, todo ello con la colaboración de las comunidades autónomas, respetando las competencias, pero entendiendo que se debe ir mucho más allá, señora ministra.


¿Cuál es el problema? Que en su ministerio conviven dos ministerios, a veces contrapuestos, el de agricultura y el de medio ambiente y tengo la impresión de que priman excesivamente los intereses de una agricultura, que nosotros entendemos que está más que agotada, porque con la extensión de regadíos no se va hacia un modelo de agricultura de alto valor añadido; este es nuestro punto de vista. Por eso entendemos precisamente que el real decreto, que es bien intencionado y en el que

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coincidimos con cada una de las medidas, es un real decreto que se queda, como le digo, a medio camino.


Por todo ello vamos a votar a favor, porque entendemos que lo que se plantea en ningún caso es negativo. También le digo que no vamos a votar a favor de la tramitación como proyecto de ley porque lo que planteamos nosotros solo puede salir adelante a partir del liderazgo del Gobierno.
Hoy en el Congreso no hay una correlación de fuerzas -se lo digo francamente- a favor de nuestras tesis porque sabemos precisamente que esas tesis solo podrían venir de un cambio de políticas por parte del ministerio. Por eso precisamente creemos que el real decreto avanza en buen sentido, pero no en el sentido más ambicioso.


Por último, algunas de las medidas que se adoptan, por ejemplo, en las Tablas de Daimiel, son positivas; el no tener que compensar para que haya una aportación hidráulica suficiente para su mejora. Ahora bien, sería hora de que desde su ministerio se hiciese una reflexión: ¿Qué pasa con las Tablas? ¿Por qué se están secando? ¿Cuáles son las políticas en materia hidráulica, en materia de agotamiento de los recursos hídricos, de los acuíferos, del exceso de regadíos que se producen en la zona, que son la principal causa de que en las Tablas de Daimiel estemos ante un desastre ecológico de tales proporciones que no sabemos si tendrá vuelta atrás?

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Joseba Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.


Intervendré brevemente desde el escaño para decir que mi grupo apoyará este real decreto como ha hecho otros años, entre otras cosas porque la situación dramática generada por la sequía es una situación que, aunque no la conozcamos en mi país, en otros lugares sí. Visto lo que está cayendo estos últimos días, parece un poco surrealista que estemos hablando de sequía, pero el tema es el que es y creo que no da para muchas frivolidades. El Gobierno puede hacer muchas cosas, pero lo que no puede hacer es que llueva, ni por medio de reales decretos ni por leyes ni por unanimidad. Quizá algún lleguemos a esa capacidad, pero, por ahora, por mucho que el presidente Zapatero tenga muchas capacidades, esta todavía no la tiene. De todas formas, quiero decir que, ya que no se puede hacer que llueva y que año tras año elaboramos reales decretos de medidas urgentes para luchar contra la sequía, tendríamos que empezar a pensar en si esto ya deja de ser algo coyuntural y empieza a convertirse en algo estructural. Y cuando algo empieza a ser estructural, las medidas quizá no deban ser ni urgentes ni por medio de reales decretos, sino por otra serie de planteamientos que hagan frente a situaciones que ya no son coyunturales sino que se convierten en parte del paisaje no solo medioambiental, sino también económico. Por lo tanto, y vista la situación, quizá pidamos al ministerio una serie de iniciativas para que no todos los años vengamos con lo mismo, porque la sequía -con el problema del cambio climático, que parece que es algo tan importante aunque algunos lo nieguen- se convertirá en algo para quedarse, y cuando esto es así, las medidas también deben ser permanentes. Pedimos asimismo que se tengan en cuenta las competencias que tienen las organizaciones de cuenca, sobre todo, pero también las de las comunidades autónomas y que se sea muy elegante a la hora de poner en marcha estas medidas sin que se extralimiten y sin que las competencias que las comunidades autónomas tienen puedan ser sobrepasadas.


Para finalizar, quiero decir que lo que está en cuestión ahora es un nuevo modelo de agricultura para tiempos de sequía y que lo que tenemos que plantearnos es que este modelo de agricultura es válido para cuando tengamos mucha agua, pero qué hacer con ese modelo de agricultura cuando no la hay.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señora ministra, nuestro grupo, como no podía de ser de otra manera, va a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley. Se trata de un conjunto de medidas urgentes, necesarias para dar salida a situaciones que en estos momentos son complejas desde el punto de vista de la falta de recursos para abastecer e incluso para poder restablecer el equilibrio ecológico en las Tablas de Daimiel. En cualquier caso, señora ministra, hoy no es el día para un debate sobre el tema del agua, nosotros sí creemos que es un debate pendiente y seguramente usted conocerá que a lo largo de los casi dos siglos de existencia de esta casa la de pertinaz sequía ha sido la expresión, nombre y adjetivo, que en más ocasiones ha sido pronunciada. Por tanto, es un problema pendiente, no resuelto, y con las amenazas de cambio climático y siendo como son las precipitaciones en España menores, más dispersas y más aleatorias, me temo que, por desgracia, esta expresión se va a tener que repetir. Hoy, en todo caso, no quiero entrar en esta cuestión, tiempo habrá, aunque sabe usted que desde el punto de vista de nuestro grupo de Convergència i Unió habría que plantearse seriamente algunas cuestiones sin apriorismos, sin concesión a la demagogia, con seriedad y con una apelación muy responsable a tener una sostenibilidad de recursos; repito, una apelación responsable, palabra que por desgracia muchos han quemado.


Muchas gracias y vuelvo a decir que vamos a votar afirmativamente la convalidación.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Carmen Quintanilla.


La señora QUINTANILLA BARBA: Señor presidente, muchas gracias.


Señorías, debatimos hoy un real decreto en el que se votan una serie de medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía.
Anticipo ya que nuestro grupo parlamentario va a apoyarlo y lo va a hacer, señorías, por un doble motivo. Por un lado, porque consideramos que es necesario y absolutamente prioritario para el sector agrario, dado que los agricultores han sido los grandes perjudicados no solo por la sequía sino por la deficiente política de agua llevada a cabo por el Gobierno socialista. Y vamos a votar a favor porque son medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de las poblaciones afectadas por la falta de agua, como ya indica este real decreto-ley, situación que viene repitiéndose año tras año.


No obstante, señorías, en esta Cámara ya se han debatido reales decretos-leyes similares a este desde el año 2005 y sin embargo seguimos debatiendo reales decretos sin que el Gobierno haya puesto en marcha medidas que solucionen los problemas de la escasez de agua de forma definitiva. De esos años unos han sido muy secos y otros menos, pero la realidad es que sigue faltando agua en las cuencas deficitarias y en aquellas zonas donde las actuaciones que estaban previstas en el Plan Hidrológico Nacional se han desechado o se han retrasado injustificadamente. Hoy este real decreto es una muestra evidente más del gran fracaso del Gobierno socialista en políticas de agua. Sin embargo, señorías, nuestro grupo va a apoyar este real decreto por responsabilidad, aunque nuestro apoyo no puede ser un cheque en blanco al Gobierno porque efectivamente este real decreto-ley va a ayudar a paliar la sequía y los problemas de agua en España.


Yo quisiera analizar muy brevemente este real decreto-ley en su anexo II, simplemente en ese punto porque no me quiero extender. En el anexo II tiene coincidencias claras en la relación de actuaciones declaradas de interés general y en las que se procede a la declaración de utilidad pública y de urgente ocupación de bienes y servicios. También coincide claramente en dicho anexo II con las actuaciones contempladas en el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional del año 2001. Es decir actuaciones ya previstas por un gobierno, el Gobierno del Partido Popular, que fueron desechadas o retrasadas de forma injustificada por el Gobierno socialista o bien que se desecharon o demoraron injustificadamente. Hoy son válidas esas medidas iguales que las del Plan Hidrológico Nacional. Esa es la práctica habitual del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Una práctica que nos lleva a afirmar que el Gobierno carece de planificación hidrológica y, desde luego, sin esta planificación no puede desarrollarse una verdadera política de agua en este país. Por eso, es importante que reflexionemos, que demos la importancia que tiene a este real decreto y que reflexionemos en cuestiones claves. ¿Cómo vamos a solucionar los problemas de agua en España? ¿Vamos a poner en marcha las medidas que la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino anunció en su comparecencia de junio de 2008? ¿Va a explicar el ministerio la política de trasvase? ¿Cuándo y cómo? ¿Vamos a solucionar el problema del sector agrario que sufre una situación dramática agravada en el último año con la subida de las tarifas eléctricas y que además grava sus explotaciones cuando tienen que pagar durante todo el año y no solamente en época de riego?

Me gustaría que hoy, cuando el Grupo Parlamentario Popular dice sí, como no puede ser de otra manera, a este real decreto-ley, se entienda que le exigimos al Gobierno socialista, hoy más que nunca, que haga una verdadera planificación de agua más allá de este real decreto-ley, porque miles de personas, millones de agricultores y de ciudadanos así se lo están demandando al Gobierno socialista.


Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Quintanilla.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Alejandro Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño para fijar posición favorable a la convalidación de este real decreto-ley en la misma línea en la que lo han hecho todos los grupos parlamentarios. Como ya se ha puesto de manifiesto por la señora ministra, efectivamente, España padece una situación de grave sequía durante los últimos cinco años que está poniendo en situación crítica algunos de los sistemas de abastecimiento de distintos ámbitos territoriales del Estado. Por eso, aunque algunos siguen discutiendo los efectos del cambio climático, la verdad es que aquí en España, y también en otras zonas del planeta, cada vez llueve menos y, por tanto, lo serio es tomar decisiones. Decisiones estratégicas como las que debería haber tomado la cumbre del clima de Copenhague y medidas estructurales de coyuntura como las que se adoptan en este real decreto-ley. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

La sociedad española tiene que ser consciente de la situación crítica de los embalses en este momento en España, estamos a un nivel del 36 por ciento de capacidad en el conjunto de todos los embalses españoles. Y algunas de las cuencas, especialmente el Tajo, el Júcar y el Segura, están en una situación de extrema gravedad. Los embalses de cabecera del Tajo que abastecen a las comunidades autónomas de Madrid, Castilla La-Mancha y Extremadura -que mantienen los acuerdos con el país vecino, Portugal, y que abastecen también amplias zonas

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del territorio de Levante- están en este momento al 14 por ciento. De ahí que el Gobierno haya traído este real decreto-ley que contempla una serie de medidas eficaces que tienen que ver con exenciones de tarifas de riego; medidas para facilitar las transacciones de derechos de agua de unas cuencas a otras, especialmente para facilitar la situación de dificultad de la cuenca del Segura; medidas para facilitar la gestión de las autoridades de las confederaciones hidrográficas, especialmente para poder realizar sondeos extraordinarios en las zonas que tengan problemas de abastecimiento este verano; medidas que contribuyan a disminuir la demanda con una inversión de más de 600 millones de euros en obras de modernización de regadíos en quince provincias de España y con una actuación que va a suponer ahorros importantes de agua; medidas para resolver los problemas que tiene el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y medidas de declaración de obras de interés general con 19 proyectos en otras tantas provincias españolas para resolver problemas de sequía. Obras importantísimas que resuelven problemas de abastecimiento en prácticamente todas las comunidades autónomas. Pero quiero referirme especialmente a la solución del problema en zonas de la cuenca del Tajo en la provincia de Toledo, también en diversas comarcas de la provincia de Cáceres y especialmente en la provincia de Ávila, que dio lugar a diversas intervenciones en la zona de La Adrada y que definitivamente van a tener resueltos los problemas de abastecimiento con la aplicación de este real decreto-ley.


Agradecemos la posición de todos los grupos políticos, especialmente y por una vez el apoyo que, aunque crítico, ha dado el Partido Popular, y deseamos que las medidas de este real decreto puedan ponerse en marcha con la mayor brevedad posible.


Muchas gracias. (Aplausos.)

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2010.
(Número de expediente 121/000042.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alonso.


Pasamos al punto III del orden del día: Enmiendas del Senado. En primer lugar, las del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, respecto a este proyecto de ley de presupuestos que viene ya del Senado para el año 2010, Coalición Canaria no estaba de acuerdo en el momento en que entró en el Congreso, sobre todo porque después del Consejo de Ministros celebrado en Canarias el Plan Canarias que anunció el presidente necesitaba una ficha financiera, la primera del año 2010, y los presupuestos no tenían las cantidades que necesitaba Canarias, una comunidad autónoma que tiene el mayor paro de la Comunidad Europea, donde hay islas que están ya en el 29 por ciento de paro y donde los sectores tanto agrario, industrial como turístico están en una situación muy complicada. Después de la negociación en el Congreso pudimos conseguir que se priorizara esa situación de paro en Canarias y tres planes de empleo por casi 175 millones de euros, 25.000 millones de las antiguas pesetas, que van a intentar paralizar en el año 2010 la destrucción de empleo en Canarias y sobre todo empezar una recuperación importante con un proyecto de formación y de creación de centros profesionales a través del Ministerio de Educación en las zonas turísticas que nos permita recuperar para el sistema educativo a jóvenes que en su momento, en el momento del boom turístico y de la construcción, lo abandonaron. Como digo, con esa inversión importantísima en el plan de empleo del Ministerio de Educación intentamos reforzar sobre todo en las zonas turísticas la vuelta al sistema educativo de miles de jóvenes canarios porque su única oportunidad en los próximos años es tener una nueva formación.


En ese proyecto de presupuestos hay un plan importante para la renovación de las infraestructuras de los municipios turísticos, un plan de reindustrialización y, por fin, a partir del 1 de enero, la subvención al transporte de mercancías aumentará, como saben ustedes, un 10 por ciento más, lo que va a permitir al sector agrícola competir en igualdad de condiciones con respecto al resto de los productos de origen, como en el caso del tomate marroquí, que precisamente es noticia en estos momentos, pero también a nuestro sector industrial. Tenemos por fin unas partidas referidas al compromiso del Gobierno de asumir el proyecto del tren al sur de Tenerife y al sur de Gran Canaria, que son proyectos importantísimos del Ministerio de Fomento y que afectarán a la movilidad y a un modelo de desarrollo sostenible de nuestras islas, y sobre todo esperamos que a partir de este año puedan salir adelante todos los proyectos de innovación, investigación y desarrollo de Canarias, como es el Instituto de Astrofísica de Canarias y el instituto de vulcanología, porque gracias a la enmienda que todos los grupos apoyaron en el Senado se puede cumplir el compromiso de su creación en el año 2010. Dos millones de canarios, que representan el 29 por ciento de parados en islas como Lanzarote y Fuerteventura y el 28 por ciento en el resto de las islas, necesitaban este presupuesto.


Quizás no es el mejor presupuesto para España, pero es el presupuesto que necesita Canarias este año 2010. Igual que otros años fueron buenos para España y malos para Canarias, este año, después del esfuerzo conjunto del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo de Coalición Canaria, son los presupuestos que necesita Canarias para el año 2010. Por eso, Coalición Canaria los va a apoyar, y esas dos enmiendas que se han introducido en el Senado, tanto la que se refiere a la creación

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del instituto de vulcanología como la que garantiza que no se abrirán expedientes de lesividad a las subvenciones al transporte que se dieron en el año 2006 por un error del ministerio, permiten decir que Canarias en el año 2010 mejora su posición y que el Gobierno y todos vamos a tener un presupuesto para crear empleo y formar a los canarios para intentar salir de la crisis más reforzados.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, pese a las enmiendas introducidas por el Senado, el Bloque Nacionalista Galego mantiene su valoración negativa del proyecto de presupuestos que hoy previsiblemente aprobará definitivamente esta Cámara. Pensamos que es un proyecto de presupuestos mal orientado para hacer frente a una situación de crisis económica como en la que estamos, como ya expusimos a lo largo de la tramitación parlamentaria en esta Cámara; discrepamos de las reformas impositivas introducidas en la medida en que el mayor esfuerzo fiscal se concentra sobre todo en las rentas medias y bajas y no en las rentas altas, incidiendo en uno de los rasgos más negativos del sistema fiscal español, su falta de equidad, su falta de justicia social y por lo tanto de cumplir la función redistributiva que hay que asignarle. Además consideramos particularmente desacertada la subida del IVA en la medida en que, aparte de su carácter injusto, penaliza el consumo y de esa manera dificulta la recuperación de la demanda y por lo tanto la reactivación de la economía. Discrepamos además de algunas prioridades de gasto. Hay que destacar que el gasto social -excepción hecha del gasto social reglado, del gasto social al que el Gobierno está obligado por ley- desciende; desciende el gasto en inversión productiva, desciende el gasto en capítulos tan importantes para modificar el patrón de crecimiento como el I+D+i, y desciende por primera vez en diez años la inversión contemplada para Galicia. Desde nuestro punto de vista, son unos presupuestos más preocupados por corregir el elevado ritmo de incremento de la deuda y retornar lo antes posible a un escenario de estabilidad presupuestaria que por impulsar la reactivación económica y en un contexto de crisis, en un contexto donde la recuperación económica no se ha iniciado y por lo tanto está muy lejos de poder consolidarse, nosotros creemos que esta segunda tiene que ser la prioridad.


En cualquier caso, a lo largo del trámite parlamentario y una vez rechazadas las enmiendas de devolución, a través de distintas enmiendas el Bloque Nacionalista Galego ha contribuido a introducir mejoras en este proyecto de presupuestos que consideramos que no son menores. Hemos contribuido a mantener la deducción de 400 euros para las rentas más bajas, hemos dado apoyo a la reforma de la Ley Beckham, que desde nuestro punto de vista es una reforma que desempeña un papel moralizante en lo social porque era auténticamente escandalosa la tributación que se contemplaba para grandes figuras del deporte; sobre la base de una enmienda del Bloque Nacionalista Galego se ha llegado a una transacción que establece una prórroga del Plan 2000E para el año 2010, y a través de enmiendas presentadas y negociadas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, hemos conseguido incrementar la inversión inicialmente contemplada en Galicia en cerca de 40 millones de euros. Creo, sin ningún tipo de autocomplacencia por nuestra parte, que hemos sabido conjugar una actitud crítica al mismo tiempo con capacidad de negociación y de diálogo, eso es lo que demandan los ciudadanos de las fuerzas políticas.
Por ser justos, en ese aspecto también hay que destacar la actitud de disposición al diálogo del Grupo Socialista, porque pese a nuestra posición crítica con respecto a los presupuestos, pese a nuestro rechazo global a los mismos, el Grupo Socialista ha mantenido en su tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado, una actitud claramente abierta al diálogo y a llegar a acuerdos con el Bloque Nacionalista Galego que sabemos reconocer, y si me lo permiten, señorías, quiero personificarlo en la figura de Francisco Fernández Marugán, que ha desempeñado un papel muy importante en esta tramitación parlamentaria.


En cualquier caso, pese a que estamos satisfechos de las mejoras introducidas, no son de suficiente calado para que se modifique nuestra valoración global con respecto al proyecto de presupuestos. Vamos a dar apoyo a las enmiendas introducidas por el Senado que han sido fruto de acuerdos de transacciones suscritos por grupos que representan la mayoría de la Cámara en la medida en que entendemos que introduce mejoras positivas y, por lo tanto, este será nuestro sentido de voto.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Saben SS.SS. que nuestro grupo ha presentado una enmienda a la totalidad a este presupuesto porque entendíamos que no era el presupuesto que necesitaba el país, ni en lo fiscal ni en el gasto ni en las medidas para cambiar el patrón de crecimiento. Tengo que decir que si tuviésemos que volverla a presentar lo haríamos, porque ese presupuesto, después del debate en Pleno, en Comisión, en el Senado, no es el presupuesto que necesita el país, ni la sociedad ni la economía, porque no aborda la política fiscal desde una perspectiva progresista, porque

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no encara la reforma fiscal ambiental y porque no entra en materia de gasto. Se puede resumir de muchas maneras, pero la más sencilla es que hoy en materia fiscal se mantiene lo inequitativo de la propuesta original. Se mantiene así, señores diputados, señoras diputadas, la subida del IVA y, en cambio, no se ha querido acometer, por ejemplo, la reforma fiscal sobre las rentas más altas o entrar en los bonus, como ha hecho la Administración de Gordon Brown, o controlar mejor qué pasa con la Sicav, esas sociedades donde las grandes fortunas tributan al uno por ciento. No se ha querido entrar, como nunca se ha entrado en este país en la reforma fiscal ambiental, haciendo que la ley de economía sostenible sea un buen titular, pero un titular que no va acompañado de una buena práctica. Y aquello de que las rentas más altas hagan el esfuerzo más significativo quedó en titular de verano, pero no en práctica presupuestaria.


Claro, esta política fiscal después no se ha acompañado de una política de gasto adecuada; una política de gasto que se ha situado en el terreno de la frustración. Si en lo fiscal teníamos desorientación, en el gasto hemos tenido frustración. Frustración porque en materia de I+D+i nos hemos encontrado con unas reducciones drásticas en capítulos tan importantes como en materia de renovables. El Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético ha bajado sus partidas y podría continuar con multitud de ejemplos. En el Fondo de Inmigración se han disminuido los recursos que se necesitaban. En rehabilitación de viviendas se destinan 120 millones de euros, y hay aspectos como educación infantil o FP donde hacía falta más recursos y no se respetan ni las memorias económicas de las leyes aprobadas. Es por eso que, desde nuestro punto de vista, tenemos que decir que hoy aquellos elementos que nos llevaban a decir no a este presupuesto se mantienen. Eso no significa que hayamos renunciado a cambiar las cosas. Hemos denunciado las cosas cuando no nos gustaban, pero hemos intentado mejorar el texto en los márgenes que era posible y, en parte, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido con que la eliminación del cheque de los 400 euros no afectase a las rentas más bajas. Hemos garantizado que haya una modificación de la conocida como Ley Beckham, garantizando que los futbolistas sí tributen como cualquier hijo de vecino. Solo los futbolistas, pero es un paso.
Hemos garantizado que haya inversiones, por ejemplo, en política industrial, planteamos la inversión en Terres de l'Ebre, o hemos garantizado, por ejemplo, que haya una consolidación de las inversiones para la descontaminación de Flix. Hemos garantizado inversiones en el conjunto del Estado, pero, lo reconozco, eso no ha hecho ni ha garantizado la reorientación del presupuesto permitiendo que pueda ser un presupuesto que podamos votar. Hemos hecho política, sí, diciendo que no cuando un presupuesto no nos gustaba. Hemos dicho que no y mantenemos el no, pero no hemos renunciado a cambiar aspectos y tengo que decir, lo decía el portavoz del BNG, que la tarea del señor Fernández Marugán ha facilitado precisamente que aquellos que estábamos en el no pudiésemos influir, y hemos influido parcialmente mucho menos de lo que quisiéramos, pero hemos influido precisamente para una mejora parcial del presupuesto que no supone en ningún caso que podamos dar el apoyo.


El Gobierno hoy tiene los mismos apoyos que tenía cuando el presupuesto salió de esta Cámara. El Gobierno hoy tiene los mismos apoyos que tenía cuando tuvimos el debate de totalidad. Hoy lo que tengo que decir es que el Gobierno continúa sin tener el apoyo ni de Iniciativa Verds ni de Izquierda Unida en este presupuesto porque no es el presupuesto que el país necesitaba. En el debate de totalidad decíamos que el presupuesto modestamente tenía que optar y nosotros lo que anunciábamos es que hay veces que la izquierda habla contra los poderosos, apela al que más tiene para después hacer una reforma, por ejemplo, fiscal que a quien deja indemne es a quien más tiene, y eso, decíamos, generaba frustración. Por eso, muy modestamente tengo que decirles hoy lo que les decía en el debate de totalidad. Continuamos teniendo la voluntad de que ustedes cambien la política económica, pero constatamos, después de la ley de economía sostenible, que esa política económica va por los mismos raíles.
Nosotros no vamos a renunciar a intentar cambiarla pero decimos que, lamentablemente, con el presupuesto no hemos podido.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Herrera.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta económica, antes que nada, en nombre de Esquerra Republicana, quisiera dejar claro que estos presupuestos no han tenido ni tienen el apoyo de Esquerra a pesar -y bien lo sabe el Grupo Socialista- de nuestra predisposición a negociar. Estos presupuestos, como ya han significado otros portavoces, tienen los mismos votos que tenían; los votos del Grupo Socialista, del Grupo Vasco PNV y de Coalición Canaria -es decir, sus legítimos socios presupuestarios-, a pesar de esa maniobra envolvente del Grupo Socialista en estas últimas horas que pasa por aparentar que tiene más apoyos de los que realmente tiene este presupuesto. No ha habido en ningún caso en su paso por el Senado ninguna indulgencia plenaria que permita hablar de un acercamiento entre Esquerra y el conjunto de la izquierda parlamentaria al Gobierno. Estos presupuestos continúan, pues, en pecado mortal porque el Gobierno no muestra arrepentimiento alguno. Debo decir que las enmiendas introducidas en el Senado mejoran levemente el proyecto presupuestario pero no lo sanan, porque estas cuentas continúan ancladas en un escenario macroeconómico ficticio, voluntarista, con unas previsiones francamente inalcanzables. Son los presupuestos de la crisis

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pero no contra la crisis porque suponen además una clara regresión fiscal que amenaza no solo la recuperación económica sino a las cada día más menguantes y sufridas clases medias y porque, a pesar de lo dicho, no son ni unos presupuestos sociales ni enteramente austeros.


Cierto es que nuestro grupo presentó en el Senado un veto y lo retiramos en el contexto de un acuerdo con ocho grupos políticos más, permitiendo no solo su tramitación -y por tanto demostrando la utilidad del Senado como Cámara territorial- sino también para incorporar algunas mejoras en materia de infraestructuras, de política social e incluso de medio ambiente. Pero sobre todo retiramos aquel veto porque no compartíamos, como no compartimos hoy, el veto que formuló el Partido Popular y Convergència i Unió, ambos coincidentes grosso modo en sostener que la salida de la crisis económica vendrá de la mano de bajar impuestos y facilitar el despido. Obviamente ni a Esquerra ni al resto de grupos y de fuerzas comprometidos se nos puede asimilar a dicha posición. Nuestro compromiso, señorías, empezaba y acababa aquí porque desgraciadamente el proyecto, a su paso por el Senado, no ha visto alteradas las principales carencias y limitaciones que ya expusimos en su día cuando presentamos la correspondiente enmienda a la totalidad, a pesar de los datos de la evolución de la económica, del mercado de trabajo y de la percepción en este momento de los agentes económicos más relevantes que nos confirman en nuestra posición francamente crítica y de rechazo a este presupuesto.


La realidad, señorías, es testaruda. Igual que en octubre los índices de confianza estaban por los suelos no hay razones para el optimismo, como indican por cierto distintas agencias de rating de la deuda pública sobre la base de la más bien escasa credibilidad de los planes de ajuste fiscal del Gobierno. Y porque, señorías, para generar confianza, hace falta algo más que esperar desde el Gobierno que amaine el temporal; hace falta un auténtico programa económico integral, coherente y modernizador. El Gobierno, a sabiendas de que el verdadero lastre de nuestra economía es su falta de competitividad, ha fiado todas las cartas de la recuperación económica a un mero ajuste fiscal con el objetivo de reducir el deterioro del déficit público y con una política fiscal que juzgamos no solo de errática sino de una auténtica montaña rusa, donde finalmente se demuestra que ni los ricos van a pagar más ni con la recaudación se van a dedicar más recursos al gasto público, porque lo cierto es que el gasto público en este presupuesto baja un 4 por ciento. Además, difícilmente el impulso de nuestro modelo económico va a encontrar acomodo en unas cuentas del Estado cuando se mantiene la reducción significativa de las políticas dirigidas a sectores productivos; valgan como ejemplos la reducción de las partidas en el capítulo de I+D+i o la disminución de la inversión en infraestructuras. Finalmente, la política social del Gobierno en este presupuesto no es coherente. Hay una vez más un empeño por el gasto social paliativo, que aparenta defender a los más desfavorecidos, pero que empobrece a los que no lo son. Hay que pagar el paro, sí, pero no hay nada más antisocial que la ausencia de medidas innovadoras en el campo de la política activa de ocupación y la reducción drástica de otras políticas sociales, que bajan un 55 por ciento.


El Gobierno -y con esto sí que acabo- nos pide algunos sacrificios. Nos pide austeridad, nos pide que paguemos más impuestos, pero no vemos por ningún lado qué sacrifico hace él. El Gobierno no renuncia al gasto inútil ni tampoco a quemar los muebles para calentar la casa y la Administración del Estado no se adelgaza ni lucha de forma decidida contra el fraude fiscal, motivos más que suficientes para mantener nuestro rechazo a las cuentas, aún admitiendo que ha habido algunas mejoras leves gracias, entre otras cosas, a los buenos oficios y a la dirección del Grupo Socialista en esta Cámara, pero con ello no sanan unos presupuestos que son malos y que merecen nuestro voto en contra.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Pausa.) Renuncia a intervenir.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señora ministra, vicepresidenta, sustanciamos en estos momentos el último trámite de los Presupuestos Generales del Estado para 2010. Leía esta mañana en un periódico una apelación al viejo profesor, a Tierno Galván, que decía que la Ley de Presupuestos Generales del Estado es la única ley cuyo objetivo es precisamente que no se cumplan. Esto trae a colación un interventor que tuve en el Ayuntamiento de Olot, quien de forma más pragmática decía: Los presupuestos, al final, acaban siendo simplemente unos supuestos previos. Hago estas reflexiones porque para Convergència i Unió los presupuestos son y deberían ser sobre todo la respuesta de la Administración a la situación económica. Los presupuestos para el ejercicio 2010 deberían constituir el principal elemento del Gobierno para afrontar la crisis. Llegados a este punto, uno se pregunta cuáles son las misiones que estos presupuestos deberían tener. En primer lugar, lógicamente, proteger a los ciudadanos más afectados por la crisis y, en segundo lugar, contribuir a reactivar la economía, lo cual para Convergència i Unió significa salvaguardar los elementos de la economía productiva.


La pregunta que nos hemos formulado a lo largo de todo el trámite mi compañero Josep Sánchez i Llibre, mi compañero del Senado, Vilajoana, y yo mismo ha sido la siguiente: ¿Cumplen estos presupuestos estos dos objetivos? La respuesta del primero es muy parcial, y en este sentido hoy vamos a tener una prueba más de esta parcialidad. En el Senado, un error -por cierto, todos

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cometemos errores- del Grupo Socialista logró que, por ejemplo, se aprobaran partidas destinadas a sufragar acciones de integración en favor de los inmigrantes, subvenciones políticas activas de empleo o programas para el fomento del trabajo autónomo y autoempleo para complementar de alguna manera el incumplimiento del primer objetivo, un objetivo que podemos llamar social. Sin embargo, hay un gran acuerdo en cuanto a que el segundo de los objetivos, el de salvaguardar nuestra economía productiva, los Presupuestos Generales del Estado lo incumplen de forma mucho más ostentosa. Leamos hoy cualquier medio de comunicación. El que haya utilizado hoy el transporte público para venir y haya tenido tiempo de hojear la prensa, habrá visto cómo periódicos de todo signo constatan que sigue sin haber financiación para las pequeñas y medianas empresas, sigue sin darse respuesta a la morosidad - desde la filas de la mayoría se está saboteando de manera alevosa la proposición de ley de morosidad que nuestro grupo ha presentado-, se sigue destruyendo empleo, se sigue destruyendo a los emprendedores -cada día hay menos autónomos en España-; hay una atonía total en vivienda -creo que esa es la expresión más ajustada- y ningún atisbo de recuperación, y hay, lógicamente, la promesa de más impuestos.


Por otra parte, como sabe muy bien la señora vicepresidenta y supongo que es consciente de ello, cada vez tenemos menos márgenes presupuestarios.
Repaso de la prensa de hoy mismo: Aumento del diferencial del coste de nuestra deuda en relación con los países más solventes; por tanto, aumento de la prima de riesgo y amenaza de que próximamente las agencias de rating tomen decisiones que no van a ser positivas para nuestra economía. Los márgenes, señora ministra, son cada vez menores. Estos presupuestos suponen un endeudamiento astronómico de las empresas públicas.


Hace cuatro años felicitábamos a la señora ministra, la añorada Magdalena Álvarez, porque logró desendeudar a Renfe. Renfe quedó con una deuda de cero euros. Pues en tan solo cuatro años y medio Renfe ya tiene una deuda de 5.500 millones de euros, y encima los Presupuestos Generales del Estado que ustedes van a aprobar no le da ni siquiera dotación el año que viene para sufragar el contrato-programa de Cercanías en toda España. Que se endeude Renfe. Por tanto, estamos cada vez con menos márgenes para poder cumplir con los objetivos de los Presupuestos Generales del Estado.


Saben también, señoras y señores diputados, que Convergència i Unió ha denunciado -mi compañero Josep Sánchez i Llibre lo ha hecho desde esta tribuna- el incumplimiento de los presupuestos en relación con el Estatut de Autonomía de Catalunya; incumplimiento que, por cierto, una vez más tiene relación con la disposición adicional tercera del propio Estatut, la que prevé unas inversiones en Cataluña que con estos presupuestos van a quedar desfasadas en 3.500 millones de euros. Esto es lo que hay.


El paso de los presupuestos por el Senado ha supuesto una serie de mejoras introducidas todas ellas a partir de unos errores en una votación. He hecho mención ya a algunas de ellas, pero quiero repetirlas para que todos los que voten en contra sean conscientes: partida de acciones de integración a favor de los inmigrantes, 131 millones de euros -quien quiera votar en contra que lo haga-; subvención a Cruz Roja Española para la atención de asentamientos de inmigrantes llegados a costas españolas, 5 millones de euros; ayudas al colectivo de personas con discapacidad, 15 millones de euros; políticas activas, 50 millones de euros; programas de fomento del trabajo autónomo y del autoempleo, 7 millones de euros. Y luego hay toda una serie de partidas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de las cuales la más importante es la de 30 millones destinados al ICEX para incrementar los recursos destinados a la internacionalización de las pymes. Sepan ustedes, señoras y señores diputados, lo que hoy pueden votar -o no-, que podría significar una leve mejora de estos Presupuestos Generales del Estado.


Convergència i Unió desde la primera intervención hasta hoy se manifiesta radicalmente contrario a estos presupuestos. Son unos malos presupuestos para el Estado español, son unos pésimos presupuestos para Cataluña y son unos pésimos presupuestos para la economía productiva, para nuestras empresas, para nuestros autónomos y para la generación de empleo. Por tanto, queremos corresponsabilizar a todos los diputados que los voten afirmativamente de este carácter de mal instrumento para la situación económica.


A menudo se ha hecho una apelación a Convergència i Unió, a su conocida responsabilidad, a su vocación de participar en la gobernabilidad del Estado y desde el primer día se nos pidió que contribuyéramos con esta responsabilidad a que los Presupuestos Generales del Estado se aprobaran.
El Gobierno ha encontrado otros apoyos, la geometría variable tiene estas circunstancias, pero para Convergència i Unió, hoy, el ejercicio de responsabilidad consiste en decir alto y claro que este es un pésimo instrumento económico para una pésima situación económica.


Señoras y señores diputados, a veces se apela a que nunca es tarde, nunca es tarde para dar un giro radical a la política económica. Pues nosotros hoy queremos decir que sí, que ya es tarde, que están cerrando muchas empresas -grandes, pequeñas y medianas empresas-, que tenemos muchos desempleados, y ni siquiera somos capaces de darles a estos parados una nueva formación. Todo ello lleva a Convergència i Unió, con la máxima responsabilidad, con el ejercicio del máximo nivel de responsabilidad, a denunciar estos presupuestos. Son unos malos presupuestos para unos tiempos que no son buenos. Ojalá que algún día el Gobierno recapacite.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Macias.


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Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Señora presidenta, señor presidente del Gobierno, señoras y señores miembros del Gobierno, señorías, estamos cerrando el año, el año parlamentario y el año político, y este año 2009 ha sido el de la peor crisis económica que ha vivido España en su historia. Tengo que recordar, cuando abordamos la votación final de los presupuestos para 2010, que este año lo vamos a cerrar también con los presupuestos más falsos de la democracia en España, los presupuestos que presentó el Gobierno socialista en esta Cámara hace un año en el mes de diciembre cuando realizábamos una votación similar a la que hoy vamos a protagonizar.


Este año es la culminación de la crisis que le ha costado el puesto de trabajo a 1.850.000 personas en España, señor presidente, 2.350.000 han ido al paro, se han cerrado 300.000 empresas en nuestro país, el déficit público está al borde de alcanzar el 10 por ciento del producto interior bruto, no hay crédito para las pequeñas y medianas empresas de los bancos, todo el crédito disponible está siendo absorbido por las administraciones públicas. Excelente balance, señor presidente del Gobierno. Este es su balance, este es el saldo de política económica y de política presupuestaria que está realizando el Gobierno socialista en esta Cámara, señorías. (Aplausos.)

Habrá que pedir responsabilidades a alguien. ¿O es que no es responsable el Gobierno? ¿No es responsable el presidente del Gobierno, que hace pocos días, en un acto triunfal de balance del año 2009, llegó a afirmar que si no hubiera sido por la política presupuestaria de este Gobierno la tasa de paro en España habría subido dos puntos más? ¿A usted quién le hace las cuentas, señor presidente del Gobierno? ¿Está diciéndole a los españoles que en vez de haber ido al paro 2.350.000 personas habrían ido 2.850.000 personas si no es por estos presupuestos que se cierran en el año 2009? ¿Eso es verosímil, eso es creíble, eso es fiable? Este es el problema, señorías; tenemos un Gobierno sin credibilidad, un Gobierno sin fiabilidad, un Gobierno encerrado en una posición triunfalista.


Señor presidente del Gobierno, yo no sé si el mundo pertenece al viento, pero que en España hay la peor recesión de empleo que ha vivido nuestro país eso sí que lo saben todos los españoles. Baje usted de la nube, gobierne de una vez este país y realmente lleve adelante las políticas económicas que necesita España para volver a ser un país fiable, de confianza y con protagonismo en la escena europea e internacional. Pero, señorías, no tenemos nada de esto, sino palabras huecas; tenemos, en definitiva, optimismos no fundados y unas expectativas que no son las que traza el Partido Popular, sino todos los analistas dentro y fuera de España. El consenso de previsión económica para el año que viene es de recesión, señor presidente. Eso es lo que dicen prácticamente la unanimidad de los predictores económicos dentro y fuera de España.
Anuncian para 2010 un año de recesión y, en consecuencia, de destrucción de puestos de trabajo. ¿Y qué nos trae el Gobierno a la Cámara? Unos presupuestos que vuelven a despilfarrar el gasto público al mismo tiempo que reducen la inversión pública productiva y la inversión en I+D. Nos trae a la Cámara unos presupuestos que suben los impuestos, y lo dicen como un acto de solidaridad para aquellos ciudadanos que peor están pasando la crisis. Es decir, la política económica del Gobierno socialista manda a la gente al paro y a continuación ustedes les suben los impuestos. Y después, señor presidente del Gobierno, querrán que esa gente también les vote. Esa gente, que es la que ha perdido el puesto de trabajo, se lo está diciendo. Porque usted anunciaba que en marzo de 2009 habría una recuperación económica y lo que hubo fueron elecciones, las cuales perdió el Partido Socialista con este Gobierno; en junio hubo otras elecciones importantes al Parlamento Europeo que también perdieron, y desgraciadamente esta secuela, este historial de derrotas del Partido Socialista en la democracia española se está asentando sobre las bases de la peor recesión económica, la más destructora de puestos de trabajo que ha vivido España.


Señorías, estos son los hechos y estas son las predicciones. Para el año próximo la predicción se completa diciendo que habrá una recesión económica en torno al 0,5 por ciento del producto interior bruto, lo que culminará, por tanto, el periodo recesivo más largo de nuestra historia, que llevará la tasa de paro al 20 por ciento. Eso lo dicen todos los predictores, no lo dice el Partido Popular ni su portavoz de Economía.
Por cierto, no me negarán que tuvimos bastante razón cuando desde el comienzo de la legislatura dijimos la verdad a los españoles, no como otros que, fundados en su triunfalismo, nos han sumido en esta recesión, la peor de nuestra historia y la más destructora de puestos de trabajo.
¿Cuántos parados son el 20 por ciento de una población activa que, en el caso de España, ha llegado a estar entre 22 y 23 millones? ¿No son cerca de 5 millones de parados? ¿Esa es la cosecha que realmente ustedes están buscando con esta política económica, con la política del despilfarro público, del déficit, de la deuda y de subir los impuestos? Además, ¿no habíamos quedado, señorías, en que bajar los impuestos era de izquierdas, señor presidente del Gobierno? No, ahora ya no se sabe si subir los impuestos es de izquierdas, de derechas o medio pensionista, como le recordó el señor Rajoy desde esta tribuna. Señorías, ustedes no tienen política económica, no tienen una política de fiabilidad, y eso es lo que está resintiéndose en España. Hoy traen, a través de una enmienda del Senado, nada menos que la modificación del estatus jurídico de las cajas de ahorro, y lo hacen de tapadillo en una enmienda del Senado que permite la bancarización de las cajas de ahorro en nuestro país. Señorías, eso es lo que traen, una política, en definitiva, con falta de fiabilidad y de confianza, una política que no es capaz de recuperar el tono vital de la sociedad española y en la que estos presupuestos nos asoman al

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acantilado del déficit y de la deuda y nos convierten en uno de los países que está perdiendo el crédito internacional a marchas forzadas. La propia Comisión Europea advierte y coloca a España como país de riesgo en términos de insostenibilidad. Ese es el resultado de una política económica y presupuestaria que también tiene colaboraciones en esta Cámara, pero de ello también habrá que pedirles cuentas, en definitiva, a discursos políticos que están apoyando la mayor destrucción de puestos de trabajo de nuestra historia, señorías.


Esto ya no es cuestión de barreras ideológicas. No hay un presupuesto bueno para Canarias y un presupuesto bueno para España, señorías; hay un presupuesto bueno para España y un presupuesto bueno para Canarias, para Cataluña, para Andalucía, para las dos Castillas, para la Comunidad Valenciana y para Galicia o para Asturias, señorías. Si el presupuesto es negativo va a provocar más recesión y más pérdidas de puestos de trabajo, y la responsabilidad es de SS.SS. que, con su voto, permiten que vaya adelante, que se favorezca y que se aplique esta política económica que, ciertamente, es la más desafortunada y la más desatinada que ha vivido España en términos de pérdida y de retroceso económico y en términos de pérdida de bienestar.


Para ustedes, los socialistas, lo de crear empleo nunca ha sido su fuerte, señor presidente; usted recibió una herencia y la malgastó. Pero en lo de subir los impuestos, ahí sí que le voy a reconocer una maestría inconmensurable. En llevar al país al paro, al déficit público y a la deuda son ustedes unos maestros. Ya estamos donde ciertamente acostumbran a situarnos. Frente a ello, tengo que reclamar desde esta tribuna que otra política es posible; la política de la austeridad; la política de reducción de impuestos a quienes nos tienen que sacar de la crisis, a las familias más endeudadas y a los emprendedores; y la política de reformas estructurales, sin las cuales, incluida la reforma laboral, España no despejará un horizonte realmente mucho más sereno y más fiable en términos de recuperación de la confianza dentro y fuera de casa.


Señorías, muchas gracias por su atención. Señora presidenta, muchas gracias de nuevo por su paciencia. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Montoro.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, los plenos que se desarrollan en esta parte de este periodo de sesiones suelen tener un fuerte contenido económico. En este caso estamos asistiendo a la aprobación de un bloque de normas que permitirán la aplicación en España de directivas comunitarias, conocidas por nosotros como la ley paraguas o la ley ómnibus. Hemos podido reformar el mecanismo de financiación autonómica de las comunidades de régimen común, a la vez que hemos garantizado estabilidad jurídica al régimen del Concierto Económico que se aplica en el País Vasco y vamos a aprobar la ley de presupuestos del año 2010. Esta es una ley importante desde el punto de vista político y económico, dado que permite que se desarrolle con normalidad la actuación financiera del sector público. Este es el indicativo de que la Cámara autoriza un conjunto de decisiones al Poder Ejecutivo para que pueda llevar a cabo el combate contra la crisis económica. Por tanto, en un momento condicionado por la aceleración y por la ansiedad, estas Cortes Generales han conseguido encontrar un mecanismo mediante el cual vamos a ser capaces de cumplir una parte importante, la más importante, de las funciones que nos están encomendadas. Y lo hemos hecho a través del diálogo y del entendimiento, que fue un planteamiento que nosotros hicimos desde el primer momento en que se inició la tramitación parlamentaria. Mi grupo lo puso de manifiesto en el momento en que discutimos el límite de gasto. Ese diálogo fructificó a lo largo de las últimas semanas de los meses de octubre y noviembre, cuando la ley de presupuestos, con su articulado y sus estados numéricos, superó los trámites de Comisión y Pleno.


Rechazadas las enmiendas, con el apoyo del PNV y de Coalición Canaria, entramos en una fase donde pudimos incorporar un conjunto de enmiendas propuestas a iniciativa del conjunto de las fuerzas representadas en esta Cámara. Lo mismo ha sucedido en el Senado y, por tanto, tenemos que poner de manifiesto dos hechos. Estos son nuestros presupuestos, los nuestros, los que presentó el Gobierno del Partido Socialita y los que aprobó el Grupo Parlamentario Socialista. Los presupuestos no se prestaban a una crítica de fondo, porque entre otras cosas concentraban el aumento del gasto en la prestación de desempleo, que es con mucho el primer problema que tiene esta sociedad. Son unos presupuestos que confiaban más en la acción estimuladora del gasto que del ingreso, aunque auspiciaban una moderada subida de los impuestos, y entraban a formar parte del propósito que hemos manifestado reiteradamente de ir reduciendo a lo largo de los próximos años la cuantía del presupuesto. Ahora bien, si estos son nuestros presupuestos, no es menos cierto que a lo largo de la tramitación hemos ido incorporando numerosos puntos de vista, a través de enmiendas parciales, propuestos por grupos que están representados en el Congreso y en el Senado. Por lo tanto, señoras y señores diputados, lo primero que tengo que decir, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, es que expresamos nuestro más sincero y profundo agradecimiento a todos aquellos que nos han ayudado en esta fase de tramitación de los presupuestos. (Aplausos.- El señor presidente ocupa la Presidencia.) En segundo lugar, tendría que decirles que sin la aportación de sus enmiendas estos presupuestos tendrían menos posibilidades que los que estamos debatiendo en este momento, y que ya están camino del Boletín Oficial del Estado.


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Expresado este reconocimiento a esos grupos que nos han ayudado en el Congreso y en el Senado en todas y cada una de las fases de la tramitación, viene a mi memoria una idea que ya hace años expresó Abraham Lincoln: cuando la casa está dividida se sostiene con mayores dificultades; creo que en este caso tenemos muestras palpables de este fenómeno. Todos sabemos que la derecha nacional es incapaz de encontrar un lugar para el sosiego donde vivir y convivir con las demás fuerzas políticas, y esa incapacidad para encontrar un lugar a favor del sosiego les lleva la mayor parte de las veces hacia una tentación cainita y hacia una crispación constante de la vida política. Ese duelo está lleno de episodios que todos conocemos y que no quisiera dejar de recordar en la mañana de hoy: la constante agresividad a los sindicatos, a los que, en primer lugar, se acusa de que no han montado una bronca al Gobierno, pero inmediatamente después se les culpa de la traición a los trabajadores y de la burla al conjunto de los españoles. Eso sí, todo envuelto en referencias doctrinales apoyadas en el señor Reagan.


Vivimos en un mundo en el cual se tiene un alto grado de integración social, donde el diálogo, el acuerdo y el consenso van tejiendo un conjunto de relaciones que hacen que exista una fuerte animadversión al conflicto social, y solo desde el extremismo político se defienden las estrategias que auspician y favorecen la fragmentación social. Hoy son muchos los ciudadanos que quieren mantener los logros alcanzados y los que están convencidos de que siguiendo las políticas de Montoro y de Rajoy será imposible que esto suceda en el próximo futuro. Señorías, desde el despecho no se puede pedir a la gente sencilla que subestime el poder destructivo de las malas ideas; en modo alguno se puede incurrir en semejante error. Hay que señalar que quienes nos llevaron a esta situación no tienen autoridad política ni jurídica ni moral para decirnos cómo se tiene que salir de este atolladero. (Aplausos.) Hoy, una vez más, hemos tenido la demostración de esa enorme intransigencia política.


Creemos, como lo creen otros gobiernos y otros partidos del mundo, que vivimos una gran contracción que ha sido posible atenuar gracias al protagonismo de lo público. No hemos tenido la oportunidad de encontrar opciones distintas a las nuestras. Lo último que hemos escuchado aquí al diputado que me ha precedido en el uso de la palabra es que esta crisis se podía haber evitado, y créanme que no dejo de sorprenderme de un argumento de esa naturaleza. ¿Quién podía haberla evitado? ¿Cómo podría haberse evitado? Sinceramente conozco a pocos dirigentes políticos que hayan sido capaces de decir a estas alturas de la vida, después de dos años de crisis, una simpleza de esta naturaleza. (Aplausos.) Pero además, cuando uno pregunta a los conservadores españoles qué tendrían que hacer para salir de esta situación, dicen que no es sensato hacer propuestas cuando se está en la oposición. Es decir, lo que nos dice la derecha política española es que los españoles primero la tienen que plebiscitar, y una vez la hayan plebiscitado ella sola dirá cómo, con quién y en qué condiciones va a hacer la política económica, sin querer comprometerse con nadie. Señoras y señores diputados, ese es un escaso bagaje democrático. Por tanto: simplismo, escaso bagaje democrático, y poca ambición política. Ninguna ambición política, en alguna medida un raquitismo político muy señalado. En el fondo se espera que sea un gran fracaso colectivo el que permita que de nuevo los conservadores vuelvan al poder. Nosotros no estamos por eso, sinceramente no estamos por eso.
Creemos que la derecha española está instalada permanentemente en el mito de Sansón y los filisteos, (Rumores.) y cree que es mejor que avance la crisis a que el Gobierno tenga un éxito en el combate a la misma. Debe ser porque entienden que es la única forma de llegar al Gobierno.


Para nosotros hay otras opciones que de alguna manera queremos poner en marcha, y ya las hemos puesto de relieve en el debate de los presupuestos y seguiremos haciéndolo a lo largo de las próximas iniciativas parlamentarias. Lo peor de la crisis ha pasado y lamentablemente esta situación la están soportando aquellos que no generaron semejante incertidumbre. Pero en este momento y en esta sociedad hay que trabajar en el corto, en el medio y en el largo plazo para posibilitar que la economía recoja y regrese cuanto antes al nivel potencial que tenía anteriormente, y eso lo tiene que hacer tratando de reducir al máximo posible la destrucción de empleo, tratando de encontrar aquello que nos conduzca por la senda de fortalecer la competitividad, aumentar la capacidad de adaptación a un entorno cambiante, intensificar la cohesión social e impulsar un cambio profundo de un modelo productivo para hacerlo más equilibrado y más estable. Estos presupuestos están en esa dirección.
Estos presupuestos benefician al conjunto de los ciudadanos, muchos de ellos votantes de partidos democráticos, y por tanto votantes del Partido Popular, quienes han podido observar que el partido que les representa no ha tenido el más mínimo interés en apoyar sus intereses ni en apoyar este tipo de iniciativas que tanto les favorecen.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN LEGAL DE LA COMPETENCIA DESLEAL Y DE LA PUBLICIDAD PARA LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. (Número de expediente 121/000026.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y

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de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente y desde el escaño para anunciar nuestro apoyo a las dos enmiendas que ha introducido el Senado. Recordemos que el proyecto de ley cuyas enmiendas introducidas en el Senado sometemos a votación incorpora al ordenamiento jurídico español el espíritu de dos directivas europeas, una de 2005, relativa a prácticas comerciales desleales, y otra de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. A partir de la entrada en vigor del proyecto de ley, el spam telefónico, los mensajes publicitarios que induzcan a confusión, las presiones sobre un eventual comprador serán prácticas prohibidas. Por tanto, y como decía que se han traspuesto con acierto las dos directivas que he referido, valoramos las dos enmiendas que se han introducido en el Senado prácticamente por consenso. En la primera se va a permitir la devolución de productos siempre que tras su devolución puedan, por su estado, volver a comercializarse evitando de esta forma una pérdida para la empresa vendedora que no tiene por qué soportar. Es decir, devolución sí, pero no de cualquier forma. Y con la segunda enmienda introducida en el Senado se fija un plazo de dos meses, a partir de la entrada en vigor de la ley, para que las empresas pongan en marcha los sistemas oportunos que permitan dejar constancia de que el consumidor ha rechazado que se realicen propuestas comerciales por medios de comunicación telefónica o telemática. Ambas nos parecen muy acertadas, mejoran el texto y por tanto las vamos a votar a favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Concepcio Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.


Desde Convergència i Unió también nos felicitamos de que hoy finalice ya el trámite de este proyecto de ley que, como bien ha dicho el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, no es más que la trasposición a nuestras leyes de una directiva europea, porque se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad, y sobre todo lo que se aumenta, creo yo con este proyecto de ley, es la protección de los consumidores y de los usuarios. Como no puede ser de otra manera, después del trámite que este proyecto de ley tuvo aquí en el Congreso, donde introdujimos muchas de las enmiendas que nuestro grupo presentó, podemos decir que casi todas las enmiendas o fueron aceptadas directamente o fueron fruto de una transacción. Nos alegramos de finalizar ahora el trámite de este proyecto de ley, y nos alegramos porque además mejoramos mucho el proyecto de ley que llegó a esta Cámara.
Además, hoy con estas dos transaccionales que se presentaron en el Senado y que nos llegan hoy aquí para su ratificación, una de ellas corresponde precisamente a una enmienda de nuestro grupo parlamentario; enmienda que además fue muy bien asumida o felicitada o celebrada por los usuarios, que es la que prohibía que se pudieran hacer llamadas a los teléfonos a domicilio para hacer ofertas comerciales con números ocultos. Esta enmienda que nos llega hoy pone plazo para que las empresas puedan corregir su funcionamiento, y que se permita al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo estas propuestas comerciales de empresarios o profesionales. Por lo tanto, señorías, desde nuestro grupo parlamentario, desde Convergència i Unió votaremos a favor de estas enmiendas del Senado. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Dolors Nadal.


La señora NADAL I AYMERICH: Gracias, señor presidente.


La primera mención que quería hacer es a la complejidad de este proyecto de ley, porque tal y como se ha dicho se modifica la Ley de Competencia Desleal y también la Ley de Publicidad Ilícita a partir de dos directivas europeas. Pero se modifican también otras dos leyes, el texto refundido de la Ley de defensa de derechos de consumidores y usuarios y también la Ley del Comercio Minorista. Por lo tanto, lo primero que quiero decir es que no ha sido tarea fácil encajar las directivas en un marco regulatorio como el nuestro, en el que estas cuestiones estaban ya ampliamente desarrolladas. El nuevo marco legal incorpora avances en los cuales el Partido Popular ha presentado enmiendas que han sido recogidas -y quiero agradecerlo- por parte del grupo de la mayoría en distintos aspectos.
Primero, se clarifica la deslealtad en el sentido de que sea una conducta que viene determinada por la concurrencia de dos elementos: un comportamiento contrario a la diligencia profesional exigible en las relaciones con los consumidores, y que esta sea susceptible también de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio. Este es un concepto nuevo que ha sido ampliamente desarrollado ya por la jurisprudencia europea, y nos felicitamos porque se haya incorporado también a petición del Grupo Parlamentario Popular la protección en este sentido de aquellos colectivos más vulnerables.


En segundo lugar, se establece un régimen jurídico unitario sobre la deslealtad en las prácticas engañosas y agresivas, y se introducen mejoras en todo lo relativo al

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régimen de protección procesal de los derechos de quienes participan en el mercado. En tercer lugar, se regulan los códigos de conducta que contribuyen a elevar el nivel de protección de los consumidores al incorporar compromisos de autorregulación y también de resolución extrajudicial de conflictos. Como decía, se han introducido igualmente modificaciones en la Ley de defensa de los derechos de consumidores y usuarios y en la Ley de Comercio Minorista en cuestiones tales como una mejor regulación de la obligación de informar sobre los precios también en los presupuestos previos, y en materia de ventas promocionales.


Se han aceptado también enmiendas del Partido Popular que han mejorado sustancialmente el proyecto -señora Tarruella, las hay de Convergència i Unió, pero también del Partido Popular- en cuestiones tales como la protección de los consumidores frente al spam telefónico, una práctica cada vez más frecuente que supone en la mayoría de los casos una invasión de nuestros espacios de intimidad completamente inadmisible. Se impone ahora al empresario que realiza la propuesta la obligación de utilizar sistemas que permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo la oferta. Lo que sí tenemos que lamentar, felicitándonos por haberse aceptado nuestras enmiendas -muchas de nuestras enmiendas-, es que el Gobierno haya dejado sin tutela a sectores muy importantes de los consumidores. Fíjese, nosotros proponíamos que se incorporara al proyecto que los consumidores que se vean compelidos a aceptar condiciones contractuales objetivamente perjudiciales a sus propios intereses tuvieran protección en esta ley. Señorías, no estamos hablando de unos perjuicios hipotéticos, estamos hablando de una realidad que perjudica a sectores muy importantes de consumidores, estamos hablando de los mal llamados seguros contra la subida de tipos de interés, estamos hablando de los swap, de los clip hipotecarios. Insisto, lamentamos la falta de sensibilidad del Gobierno que se llama socialista, porque ha perdido una oportunidad espléndida para atajar en beneficio de los consumidores estas prácticas que se dan en algunos productos financieros.


Como se ha dicho, el Senado ha mandado dos enmiendas; en la primera se aplica al comercializador frente al distribuidor el mismo criterio que se aplica a los consumidores y usuarios, si hay pacto de recompra o devolución -no me extenderé en ello-, y en la segunda, una enmienda del Grupo Popular, se establece un plazo de dos meses para que se pueda producir la adecuación de los sistemas telemáticos y técnicos para que el consumidor pueda dejar constancia de su rechazo a recibir ofertas telefónicas. Termino, señor presidente, diciendo que el Partido Popular votará favorablemente las dos enmiendas que llegan del Senado, en primer lugar porque mejoran el proyecto, y en segundo lugar -y ese creo que debería ser un criterio general- porque creemos que debiera ser la regla y no la excepción que se recojan los planteamientos del Senado en esta Cámara.


No puedo terminar, señorías, sin una exigencia al Gobierno. Les exigimos que de forma inmediata, rápidamente, procedan a realizar un texto refundido porque la legislación en materia de consumidores y usuarios se ha convertido en un auténtico galimatías del que se resiente la seguridad jurídica; y en segundo lugar, queremos recordar al Gobierno que ha convertido la política legislativa en materia de defensa de consumidores y usuarios en una política de perdigonada, y quiero recordar que hay un incumplimiento del compromiso que adquirieron ya la pasada legislatura de abordar una ambiciosa y amplia reforma legislativa. Por lo tanto, señor Zapatero, un incumplimiento más de su Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Nadal.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Alberto Fidalgo.


El señor FIDALGO FRANCISCO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, permítanme solo un momento en esta sesión final de este periodo, lo justo para dar las gracias, en primer lugar, por supuesto a todos los ponentes que han participado en la tramitación de la ley, así como a los letrados y a los asesores que nos han ayudado. Cuando llegó al Congreso el proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros de 29 de mayo, sabíamos que la trasposición, como aquí se ha dicho, de las directivas europeas a nuestro derecho sobre prácticas desleales de las empresas hacia los consumidores y sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa iba a movilizar inquietudes, pero también que era una buena oportunidad para clarificar cuestiones que afectan al día a día de los ciudadanos. Basta decir que el proyecto modifica, como se ha dicho, cuatro leyes y que por lo tanto generaba una importante dificultad. Se comprenderá además que es una dificultad añadida el coincidir también en el trámite con otras leyes relacionadas y que interactúan, como la propia Ley del Comercio Minorista o la llamada ley ómnibus.


La presentación de casi cien enmiendas y el esfuerzo de síntesis y consenso permitieron remitir al Senado un texto cuyo dictamen así había sido aprobado por unanimidad, después de haberse aceptado o transaccionado tres cuartas partes de las aportaciones de los grupos, esfuerzo por supuesto que agradezco a todos y también desde luego por facilitar al Grupo Parlamentario Socialista la tramitación de la ley dentro de este periodo de sesiones.


Del trabajo de acuerdo en el Senado resultan ahora dos enmiendas transaccionales que ya han sido explicadas y para las que pido desde luego el apoyo y con ello el voto unánime de todos los grupos. Los objetivos iniciales de la ley se ven reforzados al servicio de los consumidores, ya directamente ya a través de una mejor regulación de prácticas que les afectan. Se aumenta el nivel de protección de los consumidores y de las empresas

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y profesionales que compiten legítimamente, y se contribuye al buen funcionamiento del mercado interior. También se podrán perseguir legalmente prácticas comerciales agresivas y comportamientos comerciales contrarios a la buena fe, la diligencia profesional y aquellos que distorsionen el comportamiento económico de consumidores y su capacidad de elección.


En el trámite hemos introducido sensibles mejoras, como ya se ha dicho, por ejemplo -que no se han citado- la especial tutela a los menores, la especial tutela a las personas con discapacidad o incluso evitar las proclamas falsas de bienes o servicios que pueden curar, por ejemplo, enfermedades, disfunciones o malformaciones. Con la aprobación de las dos transaccionales el Senado concluye el ciclo de elaboración legislativa iniciado por el Gobierno, que se puso en marcha a través de múltiples consultas. En esta legislatura es la segunda ley que el Ministerio de Sanidad y Consumo -ahora Ministerio de Sanidad y Política Social- envía al Parlamento en defensa de los consumidores, por lo tanto considero poco más que una falacia decir que el Gobierno no se preocupa de los consumidores cuando legislativamente es obvia la preocupación y la prioridad. Ello por supuesto da idea de esa prioridad que el Gobierno tiene, pero también da idea de la oportunidad con la que se comporta el Gobierno con respecto a las actuaciones que son necesarias para adaptarse a los nuevos retos de una economía y sociedad cambiantes. Los servicios financieros, las nuevas tecnologías de comunicación, la omnipresencia de la publicidad, la potencia enriquecedora y de desarrollo del comercio, la necesidad de humanizar el mercado y la interrelación regional y global hacen necesaria la alerta permanente, para que el equilibrio inestable y productivo entre el mercado y el consumidor continúe, y no se rompa en perjuicio siempre de los consumidores. Al fin y al cabo, señorías, nunca está de más recordar que el ser humano, capaz de relacionarse en armonía con los demás, con la naturaleza y consigo mismo, es el fin del esfuerzo acumulado de la especie: el ser humano; los demás son instrumentos y por supuesto un instrumento más es el mercado. Hoy, al final del periodo de sesiones, creo que desde aquí humildemente hemos contribuido a ese esfuerzo de la especie, un periodo de sesiones intenso, política y legislativamente, periodo intenso de preocupación económica y social y trabajo intenso del Gobierno para dar confianza y seguridad a los ciudadanos. Una pena que el Partido Popular no se haya sumado al trabajo constructivo, más bien al contrario; cuando quieren, pueden, como la ley que vamos a aprobar así lo demuestra; lo malo es que no quieren en todas las ocasiones, y sabemos perfectamente por qué. A pesar de ello, bienvenidos a los consensos cuando quieran, y por supuesto, continuaremos trabajando por la sociedad española.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fidalgo.


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA EL MANTENIMIENTO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2009, DE 6 DE MARZO). (Número de expediente 121/000022.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.


En primer lugar, por el Grupo Mixto no desean intervenir. Muchas gracias.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, desearíamos valorar algunas de las enmiendas introducidas en el Senado. Debo decir que no compartimos haber rebajado de dos a tan solo un año el compromiso del empresario de mantener el empleo a los trabajadores afectados por regulaciones temporales de empleo, si previamente el empresario se ha acogido a la bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Nos sorprende incluso la falta de argumentación que se mantuvo en el Senado, de hecho ignoramos qué parámetros se han utilizado para dicha reducción. Todos aquí celebramos lo que se aprobó en el Congreso, los dos años, no entendemos este cambio copernicano, pero tampoco entendemos -ya que nos habíamos felicitado por el acuerdo alcanzado respecto al 75 por ciento de lo subvencionado del salario mínimo interprofesional de los centros especiales de trabajo; por esto ya nosotros también en el Senado defendimos la necesidad de crear un fondo adicional para poder ayudar a la viabilidad y a los retos de estos centros especiales de trabajo- demasiado bien el nuevo punto 4 al artículo 8, puesto que a no ser que podamos oír la argumentación del diputado socialista, entendemos que más bien se tiende a minorar las obligaciones de la Administración General del Estado respecto a las obligaciones económicas de subvención a los centros especiales de trabajo.


Debo decir también que votaremos afirmativamente la enmienda del senador Sampol, de la Entesa, la enmienda Sampol, que creo que está destinada incluso a hacer fortuna, puesto que ciertamente, debido a la crisis del sector de la hostelería, los fijos discontinuos tenían un verdadero problema para poder presentar los requisitos suficientes para acogerse al desempleo, puesto que no alcanzaban los 180 días de cotización, atendiendo a la crisis económica que ha condicionado que las temporadas turísticas sean más cortas. Que además de poder alcanzar las prestaciones de jubilación y las prestaciones de invalidez, podamos también incorporar la prestación del paro para aquellas personas fijas discontinuas que

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hayan cotizado cuatro o cinco meses es un paso hacia delante, puesto que además afecta a miles y miles de trabajadores del sector de la hostelería, básicamente muchos de ellos, por ejemplo, de las Islas Baleares.


Estas son cuestiones importantes. El proceso del Senado ha sido para mejorar el texto que salió del Congreso. También es cierto que hay otros avances que no destacamos por falta de tiempo. En verdad votamos favorablemente cuando salió del Congreso. Creíamos que en aquel momento, cuando se aprobó, todavía había una coyuntura de falta de desbloqueo del diálogo social. Hoy día celebramos, incluso ayer mismo, la reunión que hubo entre las partes. Es evidente que el Gobierno ha estado un tanto secuestrado por la falta de capacidad del diálogo social. Esperemos que aquello que se aprobó en el Congreso o lo que se aprueba hoy que retorna del Senado sirva de acicate para que finalmente podamos tener un conjunto de medidas que desplieguen políticas que deben actuar para encarar la crisis económica.


Solamente pedimos que el Gobierno cumpla con todo aquello que queda mandatado, y le recuerdo por ejemplo al Grupo Socialista que hay un tema básico y fundamental en nuestras reivindicaciones que es todo aquello que afecta al mundo del trabajo de los jóvenes. Recordamos que el Gobierno por ley está obligado a presentar antes de cuatro meses un plan definitivo de nuevas contrataciones para la gente joven. Esperemos que esta vez el Gobierno cumpla y que no ocurra como ocurrió la pasada legislatura, cuando se aprobó una ley para la mejora del empleo y se incorporó una adicional que mandataba que en el plazo de nueve meses el Gobierno haría todos los deberes que debe hacer respecto al mundo juvenil, y que sin embargo no cumplió. Esperemos pues que esta vez tengamos éxito en todo aquello comprometido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.


Con este proyecto de ley han pasado varias cosas, que podríamos calificar de sorprendentes, en el Senado. En primer lugar la ley ha procreado y viene con un hijo, una hijuela, que hace referencia en el seno de una ley a una serie de medidas de fomento del empleo y de la estabilización del empleo relativa a la fusión de las cajas de ahorros o de las entidades de crédito. Tengo dudas de que la ubicación sistemática de una enmienda de estas características sea una ley relativa al empleo, lo que pasa es que me agrada que esté la vicepresidenta primera del Gobierno. He tenido la suerte de discutir sobre muchas materias, y ella siempre encuentra algún algoritmo que los juristas no somos capaces de discernir, pero ella siempre al final nos puede aclarar cuestiones tan telúricas o tan complejas como estas. En todo caso, la enmienda está bien. Había pensado ingenuamente que igual los empleados de las cajas de ahorros eran un colectivo de difícil empleabilidad, aunque están sujetos, todos sabemos que no es así, es de los más estables y con perspectivas de estabilidad en su empleo, luego esa no será la razón para ubicar aquí esta enmienda.
En todo caso entendemos que la aplicación a las entidades de crédito y a las cajas de ahorros particularmente de las previsiones de la Ley 3/2009, de 3 de abril, nos parece particularmente pertinente.


Ha ocurrido otra cosa extraña en esta ley. Ha desaparecido una enmienda que era particularmente directa para mi grupo, no solo porque mi grupo la presentó, sino porque era una enmienda que podríamos casi calificar de genoma o de genotipo progresista. Se trataba de aquella relacionada con los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, a los que les afectabaN a su vez periodos discontinuos de inactividad. Nosotros pretendimos, con suerte en el Congreso, que esta enmienda prosperara y que en los periodos inactivos de actividad de los trabajadores afectados por ERE no fueran amortizando, no fueran comiéndose la prestación POR desempleo. Posteriormente se producía lo que suele ocurrir desafortunadamente en muchos casos, que acaba el expediente de regulación de empleo con la extinción o resolución de las relaciones contractuales.
Esta enmienda -por alguna razón me imagino que más vinculada a las ciencias matemáticas que al derecho- ha desaparecido en el Senado, señor presidente. Por lo tanto, vamos a pedir votación separada de la disposición adicional decimonovena -que recibió apoyos varios, salvo el Partido Socialista todos los partidos votaron a favor de esta enmienda- para intentar recuperar en este momento algo que es tan importante para los millones de trabajadores afectados por ERE.


Hay una tercera cuestión que en el Senado no ha sido objeto de resolución desde una perspectiva conceptual -y esto no pertenece ni a las ciencias matemáticas ni al derecho-, que es la identificación o categorización jurídica de las bonificaciones de cuota. Esta ley, señor presidente, tiene dos aspectos troncales. Se trata de bonificar cuotas en contingencias comunes, que son accidentes de trabajo y enfermedad profesional, para los que contraten a trabajadores que de alguna forma estabilicen la situación de los trabajadores cuyo contrato está suspendido por un ERE o los que contraten a determinados colectivos de trabajadores que están en desempleo, percibiendo o no la prestación, o han agotado la prestación de desempleo o están percibiendo rentas de inserción de las múltiples que hay en las comunidades autónomas. En este caso, se califican o categorizan las bonificaciones de cuotas como medidas de fomento del empleo. Y esta es una de las cuestiones troncales para la transferencia a la Comunidad Autónoma vasca, que es la última que tiene pendiente esta transferencia -nos acompañan en este honroso ranquin de comunidades sin haber obtenido la transferencia las ciudades autónomas

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de Ceuta y Melilla-; es una cuestión troncal, porque si son medidas de fomento de empleo estas bonificaciones de cuotas tienen que integrar el contenido material de la competencia que se transfiere. Pero esta es una cuestión litigiosa, y ni ustedes -los miembros del Gobierno central- ni el Gobierno vasco están defendiendo esta postura. Fíjese hasta qué punto consideran que no es una prestación de Seguridad Social, aunque formalmente lo podría ser -porque así lo establece el Real Decreto Legislativo 1/1994, que regula la Ley General de la Seguridad Social-, que en este proyecto de ley están articuladas como medidas específicas de fomento de empleo.


Acabo ya porque esta no es una cuestión baladí en tanto en cuanto estamos configurando el contenido material de la transferencia en materia de políticas activas de empleo a la única comunidad autónoma que todavía no la posee y es una cuestión que no deja de provocar problemas conceptuales. Yo también invoco la inteligencia matemática de la vicepresidenta primera para que, por fin, en los algoritmos que tan bien trabaja sepa identificar que las bonificaciones de cuotas constituyen una medida de promoción del empleo y no son prestaciones de Seguridad Social.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, termina la tramitación de este proyecto de ley de mantenimiento y fomento de la ocupación y la protección de las personas desempleadas, tramitación demasiado larga desde la perspectiva de Convergència i Unió. Recordamos que este proyecto de ley se deriva de un real decreto que se convalidó el pasado mes de marzo y termina, como apuntaba muy bien el señor Olabarría, con algunas curiosidades como la incorporación de esa referencia a un proceso de fusión de las cajas que continúa demostrando que estas Cámaras legislan de manera burda y torpe, mezclando contenidos materiales en proyectos de ley de contenido muy específicos, en este caso concreto del ámbito laboral. Creo que no ayudamos a hacer leyes claras y entendibles por parte de los operadores jurídicos y que terminan primando otro tipo de consideraciones e intereses.


Más allá de esa disposición, lo cierto es que el trámite parlamentario que forzó la Cámara -es bueno también recordarlo- ha servido para mejorar sustancialmente ese real decreto-ley. Se introducen dos medidas que van a tener efectos inmediatos en los próximos días, cuando esta ley entre en vigor. Por un lado, la equiparación fiscal del coste del despido por expedientes de regulación con la indemnización por despido individual.
Acabamos con una discriminación injusta que implicaba que los trabajadores despedidos por un expediente de regulación de empleo pagasen más impuestos que los despedidos con carácter individual. El Senado ha permitido que esa medida se aplique a todos los expedientes de regulación aprobados desde marzo del año pasado. Eso mejora la situación económica de esos trabajadores y también ayuda a las empresas a gestionar mejor esos procesos. Además, ese planteamiento que hoy vamos a refrendar ha sido solicitado por los gobiernos autonómicos, que son los competentes en materia de políticas activas de empleo, porque permite gobernar mejor los procesos de crisis en las empresas a través de los expedientes de regulación. Por tanto, elemento sustancial que introducen las Cámaras y que el Senado ha mejorado. A partir de la entrada en vigor de la norma se incorpora un paquete de ayudas a los centros especiales de empleo, una enmienda defendida por Convergència i Unió y por otros grupos. La subvención salarial por un puesto de trabajo en un centro especial de empleo pasa del 50 al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, para el conjunto de los centros especiales de empleo durante los años 2009 y 2010 y para los centros especiales de empleo que contratan personas con especiales dificultades hasta el año 2011, importante medida de choque que va a aliviar la situación de muchos centros especiales de empleo, que lo están pasando muy mal en esta crisis.


Señorías, hemos incorporado en este trámite algunas cuestiones que tienen que ver con la reforma laboral pendiente que habrá que implementar en los próximos meses: trasposición de la Directiva sobre ETT, necesidad de regular la recolocación derivada de los expedientes de regulación de empleo, necesidad de incorporar la iniciativa privada en los procesos de intermediación, revisión de la política de bonificaciones, prioridad del empleo de los jóvenes con revisión de los contratos en formación y de los contratos en prácticas e incorporación de la protección social a los trabajadores autónomos que no tengan cubierta hoy la situación de desempleo. Son medidas que han introducido el Congreso y el Senado que, como les decía, mejoran sustancialmente el real decreto que inicialmente aprobó el Gobierno. Señorías, el debate de esta mañana en relación con esta cuestión debe obligar a los grupos a apelar a la responsabilidad de los agentes sociales en un momento en el que el diálogo social se ha reiniciado. No sería concebible que la patronal, los sindicatos y el propio Gobierno en los próximos meses no alcanzasen un acuerdo que permitiese generar la confianza que las empresas necesitan para volver a crear empleo. Espero que todo el mundo esté a la altura y, si no, en todo caso el Gobierno y las Cámaras deberán asumir sus responsabilidades.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Popular don Ignacio Echániz tiene la palabra.


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El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, abordamos en este trámite, a su vuelta del Senado, esta ley de medidas urgentes, que deviene de un real decreto-ley de corto recorrido.
Comenzó únicamente con seis artículos y hoy, seis meses más tarde, la aprobamos definitivamente con casi treinta disposiciones gracias a su tramitación como proyecto de ley, a pesar, como han dicho mis compañeros, de la negativa del Gobierno y del Partido Socialista. De esta manera, se han permitido importantes mejoras gracias a la oposición en materias como la colaboración público-privada en la intermediación laboral, la formación continua o las políticas activas de empleo y mejoras en el tratamiento de colectivos muy importantes en el empleo, como los discapacitados, los autónomos, los jóvenes, el régimen especial agrario, los trabajadores de cooperativas o de venta ambulante. Pero, sobre todo, mejora el tratamiento de los expedientes de regulación de empleo, en un año en el que se han producido cerca de 20.000, con 500.000 personas afectadas, habiéndose incrementado en un 500 por ciento.


Señorías, esta será la última vez en que debatamos en esta Cámara sobre empleo, sobre el principal problema a ojos de todos los españoles, este año 2009 en el que el Gobierno ha batido todos los récords sin dejar una sola plusmarca por añadir a su conocido palmarés. Acabamos el año con cuatro millones y medio de parados como el peor país de la Unión Europea.
Acabamos el año con un diálogo social fracasado en el que se amenaza y se vitupera a los que crean empleo y se jalea al que lo impide, sin darse cuenta de que sin trabajo no puede haber paz social por mucho que se intente comprar. Porque la paz social no es que no existan huelgas generales sino que un padre pueda dar de comer dignamente a sus hijos.
Acabamos el año, señorías, con cerca de medio millón de empresas y de autónomos que han tenido que cerrar sus negocios, con la peor formación de toda la Unión Europea, con una Seguridad Social al límite del déficit -por eso no se ha dotado el Fondo de Reserva- y, además, con una subida de impuestos que está perjudicando sobre todo a las clases trabajadoras de este país.


Señorías, llevamos seis años de Gobierno socialista y no hay ni una sola reforma que llevarse a la boca. Sin reformas que creen empleo no hay paz social posible. Sin empresarios que confíen en el Gobierno y en sus políticas no hay empresas, y sin empresas no hay empleo; sencillamente no lo hay. Este es un Gobierno para el que es mejor ir a cinco millones de parados que desairar a unos sindicatos absolutamente desacreditados. Vale más una amenaza sindical que la ruina de miles de familias. Porque están permitiendo que haya trabajadores de primera división, como son los funcionarios que no pueden perder su empleo; de segunda división, como aquellos que tienen un contrato fijo y, por tanto, derechos; de tercera división, aquellos que tienen un contrato temporal y, por tanto, no tienen esos derechos; o de cuarta categoría, aquellos cuatro millones y medio de españoles que ni siquiera tienen trabajo. Esa es la España que ustedes han construido; una España donde hay más pobres, donde se vive peor, donde se ha desplomado el bienestar social y donde según los índices internacionales como Moody´s está aumentando el índice de miseria. Señorías, cuando un Gobierno se felicita porque en un mes se han perdido solamente 60.000 empleos es que ha perdido el norte o que no está en la realidad. Cuando innova e introduce enmiendas a la medida para una operación de bancarización de una caja de ahorros -por muy quebrada que esté esa caja- en una ley netamente de empleo para sacarle las castañas del fuego a un gobierno socialista -el de Castilla-La Mancha, que la ha arruinado- es que lamentablemente se ha perdido el pudor.


Termino, señor presidente. Hace justamente un año el señor Zapatero dijo aquí que el objetivo número uno para el año 2009 sería luchar contra el desempleo que decrecería a mediados de ese año. Resultado: un millón más de parados. Señorías, España ha pasado de ser un país envidiado y modélico, que creaba cinco millones de nuevos puestos de trabajo, a ser calificado como enfermo económicamente y como el hermano pobre de Europa.
Distintas políticas, señorías, distintos resultados. Hoy España tiene más de cuatro millones y medio de parados, un 20 por ciento de su población activa y productiva, y un gobierno fracasado. El paro se ha convertido, como dijo Zapatero, en el termómetro de su fracaso. Y ya se sabe: una tasa de paro insoportable, hace a un gobierno absolutamente insoportable.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echániz.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Jesús Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, estamos en estos momentos hablando de un proyecto de ley que emana de un real decreto, de 6 de marzo de este mismo año, que tenía como objetivo fundamental poner en marcha medidas que paliasen la protección de los trabajadores afectados por los ERE y que permitiese también la incentivación a la contratación. A pesar de lo que diga el señor Echániz, eran siete medidas que han tenido un efecto positivo en el mercado de trabajo. Desde el 8 de marzo hasta estas fechas podemos decir que casi 550.000 beneficiarios han hecho uso de estas medidas, tanto por la bonificación de los ERE como por la reposición del derecho a la prestación por desempleo, por las bonificaciones a la contratación indefinida, el aumento del contrato a tiempo parcial o la eliminación del mes de espera para cobrar el subsidio por desempleo. Fueron medidas positivas a pesar de lo que diga el señor Echániz. Y lo fundamental es que el efecto de estas medidas tiene una trascendencia en el mantenimiento de 11.700 empresas, señor Echániz.
Gracias a estas medidas 11.700 empresas están manteniendo la actividad.
El 79 por ciento de los trabajadores

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afectados por ERE mantienen en estos momentos el empleo y el 88 por ciento de los 400.000 trabajadores afectados por ERE están en estos momentos rotando en su puesto de trabajo. Seguro que no es suficiente. Podemos afirmar que podemos hacer más y estamos intentando hacerlo, pero este real decreto ha sido determinante para mantener empleo en el sector industrial, que soporta el 79 por ciento de los trabajadores afectados por expedientes y el 54 por ciento de las empresas afectadas. Estamos satisfechos con la aplicación de este real decreto como creo que lo están los 550.000 trabajadores y trabajadoras afectados por él.


Señorías, no fueron medidas acordadas en la mesa del diálogo social; por distintas valoraciones el real decreto no pudo salir con el acuerdo de todos. Hemos seguido trabajando buscando elementos que implicasen a las organizaciones empresariales y sindicales en la propia tramitación de este real decreto como proyecto de ley; de ahí las 159 enmiendas que se presentaron en el Congreso y las 83 que se presentaron en el Senado y de ahí también las trece comparecencias en prácticamente cuatro meses de debate. Han sido cuatro meses importantes para clarificar las posiciones de los distintos grupos. Ha surgido un proyecto de ley enriquecido, como decía anteriormente el señor Campuzano, con la posibilidad de pactar interpelaciones con la mayoría de los grupos y, sobre todo, con Convergència i Unió. De estas interpelaciones, de estas enmiendas pactadas conjuntamente se han recuperado temas como las bonificaciones.
Tiene que haber un proyecto del Gobierno que recoja la petición de que estas bonificaciones para la contratación en las empresas no son las adecuadas. Hay 34 modelos que, indudablemente, tienen deficiencias a la hora de su utilidad. De la misma manera, nos hemos puesto de acuerdo a través del diálogo social -algo que, indudablemente, ha estado presente en los debates sobre empleo en estos últimos meses- en que es necesario cerrar la intermediación privada, para lo cual se ha mandatado a que el Gobierno haga la trasposición de la directiva sobre ETT con un alto grado de consenso. Hemos resuelto problemas de discapacidad a través de los centros especiales de empleo a los cuales les afectaba la crisis y les afecta en el mantenimiento de los trabajadores contratados, a través de los centros de inserción o de la mejora de la bonificación del IRPF en los expedientes de regulación de empleo colectivo que hasta ahora tenían unos tipos de interés que han desaparecido entre 20 y 45 días o también la necesidad de que el Gobierno, con la participación de los agentes sociales, haga de los jóvenes uno de los problemas a resolver en los próximos meses. Todos ellos son temas importantes que responden a las necesidades de la sociedad y algunos de ellos no los podemos asumir, a pesar de que vengan como enmiendas del Senado, como es el caso de los fijos discontinuos que, desde nuestro punto de vista, se tiene que regular de una manera clara y acordada en los próximos meses.


El señor PRESIDENTE: Señor Membrado, debe acabar.


El señor MEMBRADO GINER: Señorías, el Gobierno ha tomado iniciativas en estos últimos meses, pero ninguna de ellas ha sido para rebajar prestaciones y coberturas sociales a los trabajadores y a las trabajadoras afectadas. Esta es una muestra de ello, esta es una muestra del compromiso que este Gobierno tiene con las personas que en estos momentos están más perjudicadas por la crisis, de la misma manera que no puede pasar por alto algunas de las interpelaciones que desde el Grupo Parlamentario Popular se ha hecho referente a las organizaciones sindicales.


Señores del Partido Popular, las organizaciones sindicales son organizaciones democráticas que gracias a esa independencia y a esa democracia interna pueden hacer actuaciones, que a unos les gustará más o menos, pero que responden a sus intereses privados, a los intereses de los trabajadores y nunca a los intereses de un grupo parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Señor Membrado, debe acabar.


El señor MEMBRADO GINER: Menos mal que eso es así. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Membrado.


- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.
(Número de expediente 122/000142.)

El señor PRESIDENTE: Examen de las enmiendas del Senado. Proposición de ley de modificación de la Ley 29/2007, de 26 de julio, de garantía y uso racional de medicamentos y productos sanitarios.


En primer lugar y por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila. Señora Fernández Davila, ¿no desea hacer uso de la palabra el Grupo Mixto? (Denegaciones.) Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana - Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente para saludar un avance legislativo, en nuestra opinión, que no es total ni definitivo. Creemos que quedan cosas pendientes, como la prescripción de los fisioterapeutas, pero se trata de un avance importante en la prescripción por parte del colectivo de enfermería. Señorías, hace cincuenta años se produjo el primer estudio epidemiológico que demostró la relación directa entre el tabaco y el cáncer. Pues bien, lo mismo podríamos decir respecto al trabajo en equipo en el sistema

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sanitario. Hace treinta años que es claro el trabajo en equipo en el sistema sanitario y, sin embargo, no había habido una participación en la prescripción por parte de la enfermería. Por fin hay una iniciativa que regula esta materia, que adecua la ley a la realidad de los equipos y de la atención primaria y, por tanto, para nosotros es una ley importante y positiva, aunque queden cosas por hacer. Por otra parte, reconoce un hecho evidente, la prescripción de los podólogos junto a los médicos y odontólogos. Por esta razón nuestro grupo va a votar favorablemente esta iniciativa y no votaremos a favor de aquellas enmiendas que de alguna manera la empañen. Y me refiero a una muy concreta. Mi grupo parlamentario no comprende cómo en el Senado a alguien se le ha podido pasar por la cabeza que quien vende los fármacos también los prescriba.
Es un hecho insólito, porque va en sentido contrario de la evolución de la medicina y de la sanidad. Es decir, que tiene que haber una clara separación entre quien indica, quien prescribe un fármaco, y quien lo vende.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, don Josep Agirretxea tiene la palabra.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo muy brevemente desde el escaño para felicitarnos también de que esta iniciativa salga adelante. Mi grupo la apoyará, como no podía ser de otra manera. En Comisión así se ha trabajado, y creo que es un avance y la constatación de una realidad. Quizás hasta ahora no aparecía en la ley, pero la realidad era la que era. Los usuarios son los primeros que agradecerán esta medida. Al fin y al cabo el destino final de cualquier decisión que aquí se tome tiene que ser en beneficio del bienestar y de la salud de los ciudadanos. La apoyaremos, tal y como se aprobó en la Comisión antes de que fuera al Senado. Aprovecho la ocasión para saludar a las personas que hoy han venido en representación de los colectivos agraciados, en este momento, por estas medidas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Concepción Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, hoy acaba una inseguridad jurídica relevante, existente desde el año 2006 en dos colectivos de profesionales muy importantes en el campo de la sanidad. Todo el mundo sabe que nos referimos a los podólogos y a los profesionales de enfermería. En el año 2006, cuando se aprobó la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, quedó un hueco. Se creó una grave inseguridad jurídica para el resto de los profesionales que en su quehacer diario, en su día a día, prescriben -y necesitan hacerlo- productos sanitarios y algunos medicamentos. Hoy, señorías, después de este largo proceso que ha seguido la tramitación de esta ley, podemos por fin felicitarnos. Quiero felicitar aquí a los presidentes de los consejos de los dos colectivos a los que afecta esta proposición de ley, al de los podólogos y al de los enfermeros, y quiero celebrar con ellos que por fin esta ley pueda ver la luz. La exposición de motivos de esta proposición de ley es importante. La Ley 44/2003, de 21 de diciembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, dice que las actuaciones sanitarias, dentro de los equipos profesionales, se articularán atendiendo a los criterios de conocimientos y competencia de estos profesionales que integran el equipo, en función de la actividad concreta a desarrollar, de la confianza y conocimiento recíproco de la capacidad de sus miembros y de los principios de accesibilidad y continuidad asistencial de las personas atendidas. Por fin, a partir de hoy, esto podrá ser una realidad. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Después de este largo proceso, en el que ha habido problemas de entendimiento en algunos momentos entre colectivos importantes que necesitan trabajar juntos y que, en su día a día, necesitan estar unidos, hoy por fin se terminan estos problemas y se hace justicia con este importante colectivo de enfermeros y de grandes profesionales, que son necesarios, en el día a día, para el cuidado de todos nuestros pacientes.
Los podólogos también ven reconocidos sus derechos, a lo que se les tendría que haber otorgado hace muchísimo tiempo.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Tarruella.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Mario Mingo.


El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervengo para anunciar el voto afirmativo de mi grupo parlamentario a las dos enmiendas del Senado que recogen una idea básica, que ya ha sido formulada por el señor Llamazares: que los distintos profesionales no pueden prescribir y dispensar medicamentos y productos sanitarios. Por tanto, esto mejora la proposición de ley y va a ser aprobada con la aportación del Grupo Parlamentario Popular.


Quiero dar dos rápidos mensajes, señora presidenta. Mi grupo se congratula, sinceramente, y ha colaborado de forma activa con el resto de los grupos parlamentarios para encontrar un texto que incorpore a la Ley del Medicamento las facultades de prescribir, de usar y de indicar medicamentos y productos sanitarios por parte de dos profesiones sanitarias: los podólogos y las enfermeras. Tengo que decir que el texto alcanzado ha sido fruto de

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un amplio consenso y de un numeroso trabajo a lo largo de varios meses y que sigue los criterios de la Ley de ordenación de profesiones sanitarias, como demandaba nuestro grupo en la intervención de la proposición de ley en el Pleno. (Rumores.) En segundo lugar, quiero manifestar el lamento personal por no haber logrado, con otros grupos, ni en la tramitación en el Congreso ni en el Senado, que otro grupo profesional, el de los fisioterapeutas, pueda tener facultades similares a las de los enfermeros en el ámbito de sus competencias. Con los niveles de acreditación correspondientes, con los protocolos acordados con los distintos colegios profesionales y con la supervisión de la agencia de calidad, estos profesionales tienen cabida en el Sistema Nacional de Salud. Anuncio el voto favorable de mi grupo, señora presidenta, muchísimas gracias y, a toda la Cámara, Feliz Navidad.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Mingo.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Pilar Grande.


La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo también va a votar afirmativamente esta enmienda, que permite la inclusión de los nuevos profesionales que van a prescribir o indicar medicamentos y productos sanitarios y los incluye en las incompatibilidades con la fabricación, elaboración, distribución y comercialización de medicamentos y productos sanitarios. Quiero, en nombre de mi grupo, agradecer el esfuerzo hecho a todos los portavoces que han participado en este trabajo con un espíritu constructivo y colaborador, y también a los que no apoyaron la ley, especialmente a la señora Tarruella. Ella sabe bien por qué. Hemos mantenido un debate enriquecedor que nos ha permitido conseguir un texto que va a lograr, por un lado, el amparo jurídico a una realidad que se da en el día a día de los servicios de salud de nuestro país y, por otro, mantener e incluso mejorar la calidad de la atención a los pacientes ampliando, ordenando y garantizando las competencias de estos profesionales sanitarios, y lo que no es menos importante, evitar situaciones injustas como las que estaban padeciendo históricamente los podólogos.


Desde el principio, señorías, hemos defendido que la mejor atención sanitaria es la que se presta en equipos multidisciplinares, en los que cada profesional no solo debe de hacer el trabajo para el que está capacitado, sino también ser responsable de este trabajo, y que en ningún caso el mayor desarrollo de estas competencias va en detrimento de las de otros profesionales, sino en la mejora de la propia calidad asistencial.
Creemos que aquella imagen de las películas españolas de los años setenta, de aquellas comedias en las que las enfermeras eran señoritas con cofia y medias blancas y que ejercían de secretarias del doctor, ha quedado en eso, en imágenes que hace más de treinta años ya no se ven.
Hoy la enfermería tiene un papel fundamental en nuestro Sistema Nacional de Salud. Quiero, por tanto, mostrar nuestra satisfacción porque hoy, en el último y ruidoso Pleno del año 2009, hemos podido conseguir finalizar con éxito esta larga reivindicación y quiero aprovechar también la ocasión en esta última intervención para felicitar la Navidad a todos y desear un buen año 2010, que para los enfermeros y podólogos va a ser un año muy especial. Por tanto, muchas felicidades para todos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Grande.


Iniciaremos las votaciones dentro de cinco minutos. Hasta esa hora, suspendemos la sesión. (Pausa.)

Señorías, antes de iniciar las votaciones, en nombre de la Mesa y en nombre propio, deseo a SS.SS unas felices Navidades y un próspero año 2010. Muchas gracias. (Aplausos.)

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)

- REAL DECRETO-LEY 14/2009, DE 4 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA EN DETERMINADAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS. (Número de expediente 130/000023.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos a votar la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 14/2009, de 4 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas. Votamos por tanto la convalidación o derogación del real decreto-ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 342.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia convalidado por unanimidad.


¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite el real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Pausa.) Ningún grupo lo desea, por tanto no se somete a votación.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2010.
(Número de expediente 121/000042.)

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.


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En primer lugar, enmiendas al artículo 54; a la sección 17, en lo relativo a la enmienda 2852 y a las transaccionales apoyadas en los números 46, 47, 72, 73, 74, 77, 2654, 2683, 2684, 2687, 2688, 2689, 2710, 2714, 2715, 2717, 2718, 2719, 2725, 2776, 2851 -no es la lotería-; a la sección 23, en lo relativo a las propuestas de modificación con base en las enmiendas 2039, 2075 y 2137; y a la sección 24, en lo relativo a la enmienda 51 y a las transaccionales apoyadas en las enmiendas 22, 26 y 95.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 195; abstenciones, 148.


El señor PRESIDENTE: Quedan en consecuencia aprobadas.


Habrán observado SS.SS que el tiempo de votación, con acuerdo y comunicado a los portavoces, se ha reducido. Lo digo para que todos tengan el conocimiento por si no había sido trasladado.


Enmiendas al artículo 91; al 122; al 129; a las disposiciones adicionales desde la sexagésima sexta (nueva) hasta la septuagésima (nueva); a la disposición final tercera; al anexo VI; a la sección 17, en lo referente a las enmiendas 42, 2401, propuesta de modificación con base en las enmiendas 39 y 728, propuesta de modificación con base en la enmienda 41, propuesta de modificación con base en la enmienda 2413, propuesta de modificación con base en la enmienda 2515; y enmienda al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 340; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan en consecuencia aprobadas.


Enmiendas a la disposición adicional cuadragésima séptima.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 341; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la disposición final decimoquinta (nueva).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 183; en contra, 156; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la sección 13, en lo relativo a la propuesta de modificación con base en la enmienda 37.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 338; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la sección 19, en lo relativo a la enmienda 1960.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 158; en contra, 177; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas a la sección 19, en lo relativo a la enmienda 1961.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 158; en contra, 176; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A la sección 19, en lo relativo a la enmienda 1963.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 159; en contra, 177; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A la sección 19, en lo relativo a la enmienda 1964.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 158; en contra, 177; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A la sección 19, en lo relativo a la enmienda 1967.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 159; en contra, 176; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A la sección 20, en lo relativo a la enmienda 1975.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 162; en contra, 177; abstenciones, cuatro.


Página 42


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A la sección 20, en lo relativo a la enmienda 1977.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 161; en contra, 177; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A la sección 20, en lo relativo a la enmienda 1980.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 161; en contra, 177; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A la sección 20, en lo relativo a la enmienda 1981.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343, a favor, 162; en contra, 177; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A la sección 20, en lo relativo a la enmienda 1982.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 162; en contra, 178; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A la misma sección, en lo relativo a la enmienda 1983.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 161; en contra, 178; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A la misma sección, en lo relativo a la enmienda 1984.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 161; en contra, 176; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A la misma sección, en lo relativo a la enmienda 1985.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 162; en contra, 177; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A la misma sección, en lo relativo a la enmienda 1987.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 162; en contra, 177; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A la misma sección, en lo relativo a la enmienda 1991.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 161; en contra, 178; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas procedentes del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 194; en contra, 147; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los Presupuestos Generales del Estado. (Prolongados aplausos.-Rumores.)

Muchas gracias.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN LEGAL DE LA COMPETENCIA DESLEAL Y DE LA PUBLICIDAD PARA LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS (Número de expediente 121/000026.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.


Votamos en bloque todas las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 341; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia aprobado.


Página 43


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA EL MANTENIMIENTO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS (PROCEDENTE DE REAL DECRETO-LEY 2/2009, DE 6 DE MARZO). (Número de expediente 121/000022.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.


En primer lugar, votamos las enmiendas al artículo 1.2, párrafo segundo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 165; en contra, 177; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al artículo 1.bis.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 13; en contra, 174; abstenciones, 155.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al artículo 8.4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 164; en contra, 172; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas a la disposición adicional tercera, a las disposiciones transitorias primera y tercera y a la disposición final tercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 195; en contra, tres; abstenciones, 145.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la disposición adicional decimonovena.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 328; en contra, 14; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmienda a la disposición final cuarta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 174; en contra, 159; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de enmiendas a este proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor; 342; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley mencionado.


- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.
(Número de expediente 122/000142.)

El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas del Senado a la proposición de ley de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.


En primer lugar, votamos las enmiendas al artículo único uno, pre (nuevo).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 342; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación del resto de enmiendas a esta proposición de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 342; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición de ley.


Se levanta la sesión y, de nuevo, felices Pascuas. (Aplausos.)

Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.

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