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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 130, de 03/12/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2009 IX Legislatura Núm. 130
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 122
celebrada el jueves, 3 de diciembre de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo), sobre los planes y proyectos del Gobierno en las costas de Canarias. (Número de expediente 172/000131.) ... (Página 6)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el suministro eléctrico y los entes locales. (Número de expediente 172/000136.) ... (Página 10)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 45-1, de 23 de octubre de 2009.
(Número de expediente 121/000045.) ... (Página 15)

Página 2


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:

- Acuerdo entre la Unión Europea y Australia sobre el tratamiento y la transferencia de datos, generados en la Unión Europea, del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas a los servicios de aduanas de Australia, hecho en Bruselas el 30 de junio de 2008, y declaración que España formuló en el momento de su firma. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 203, de 13 de octubre de 2009. (Número de expediente 110/000134.) ... (Página 32)

- Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos, hecho en Bruselas el 23 de julio de 2007 y en Washington el 26 de julio de 2007, y declaración que España formuló en el momento de su firma. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 204, de 13 de octubre de 2009. (Número de expediente 110/000135.) ... (Página 32)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Filipinas sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Manila el 24 de marzo de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 196, de 25 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000129.) ... (Página 31)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión del Principado de Liechtenstein al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 197, de 25 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000130.) ... (Página 31)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Albania sobre cooperación en la lucha contra la delincuencia, hecho en Tirana el 20 de mayo de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 200, de 13 de octubre de 2009. (Número de expediente 110/000131.).... (Página 32)

- Convenio entre el Reino de España y la República de Mali en materia de lucha contra la delincuencia internacional organizada, hecho en Madrid el 16 de octubre de 2008. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 201, de 13 de octubre de 2009. (Número de expediente 110/000132.) ...
(Página 32)

- Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y Jamaica, hecho en Kingston el 17 de febrero de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 202, de 13 de octubre de 2009. (Número de expediente 110/000133.) ... (Página 32)

- Convenio entre el Reino de España y la República Federal de Nigeria para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Abuja el 23 de junio de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 206, de 23 de octubre de 2009. (Número de expediente 110/000136.) ... (Página 32)

- Acuerdo entre España y Jamaica relativo al trabajo remunerado de los familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Kingston el 17 de febrero de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 208, de 30 de octubre de 2009. (Número de expediente 110/000137.) ... (Página 32)

- Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Ka- zajstán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Astana el 2 de julio de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 209, de 30 de octubre de 2009. (Número de expediente 110/0000138.) ... (Página 32)

- Acuerdo entre el Reino de España y Nueva Zelanda relativo al programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas, hecho en Wellington el 23 de junio de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 210, de 30 de octubre de 2009. (Número de expediente 110/000139.) ... (Página 32)

Página 3


- Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bridgetown el 15 de octubre de 2008. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 211, de 30 de octubre de 2009. (Número de expediente 110/000140.) ... (Página 32)

Tramitación directa y en lectura única:

- De la proposición de ley de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación al tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007. (Número de expediente 122/000182.) ... (Página 34)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 38)

Avocación por el Pleno ... (Página 38)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios Internacionales. (Votación.).... (Página 38)

Propuesta de creación de subcomisiones:

- Propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda, de creación de una Subcomisión para dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 250, de 8 de septiembre de 2009. (Número de expediente 158/000029.) ... (Página 40)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
(Votación.) ... (Página 40)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Interpelaciones urgentes ... (Página 6)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo), sobre los planes y proyectos del Gobierno en las costas de Canarias ... (Página 6)

Defiende la interpelación el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.


Contesta la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (Espinosa Mangana), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Perestelo Rodríguez y duplica la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el suministro eléctrico y los entes locales ... (Página 10)

Defiende la interpelación el señor Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Contesta la señora ministra de Vivienda (Corredor Sierra), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Canet i Coma y duplica la señora ministra de Vivienda.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 15)

Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual ... (Página 15)

Página 4


Defiende el proyecto de ley la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz), en nombre del Gobierno.


En defensa de las enmiendas a la totalidad presentadas, intervienen los señores Llamazares Trigo y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Cortés Martín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor López Águeda, del Grupo Parlamentario Socialista.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 31)

Acuerdo entre la Unión Europea y Australia sobre el tratamiento y la transferencia de datos, generados en la Unión Europea, del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas a los servicios de aduanas de Australia, hecho en Bruselas el 30 de junio de 2008, y Declaración que España formuló en el momento de su firma ... (Página 32)

Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos, hecho en Bruselas el 23 de julio de 2007 y en Washington el 26 de julio de 2007, y Declaración que España formuló en el momento de su firma ... (Página 32)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista y Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto.


Tramitación directa y en lectura única ... (Página 34)

De la proposición de ley de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 ... (Página 34)

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Becerril Bustamante, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 38)

Sometidas a votación las enmiendas de devolución del proyecto de ley general de la comunicación audiovisual, se rechazan por 149 votos a favor, 177 en contra y 10 abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página 38)

Sometida a votación la propuesta de avocación presentada para este proyecto de ley, se rechaza por 159 votos a favor y 177 en contra.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.) ... (Página 38)

Sometidos a votación conjunta el Acuerdo entre la Unión Europea y Australia, y el Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, sobre el tratamiento y la transferencia de datos, se aprueban por 326 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones.


Página 5


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Filipinas sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Manila el 24 de marzo de 2009 ... (Página 31)

Declaración de aceptación por España de la adhesión del Principado de Liechtenstein al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ...
(Página 31)

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Albania sobre cooperación en la lucha contra la delincuencia, hecho en Tirana el 20 de mayo de 2009 ... (Página 32)

Convenio entre el Reino de España y la República de Mali en materia de lucha contra la delincuencia internacional organizada, hecho en Madrid el 16 de octubre de 2008 ... (Página 32)

Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y Jamaica, hecho en Kingston el 17 de febrero de 2009 ... (Página 32)

Convenio entre el Reino de España y la República Federal de Nigeria para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Abuja el 23 de junio de 2009 ... (Página 32)

Acuerdo entre España y Jamaica relativo al trabajo remunerado de los familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Kingston el 17 de febrero de 2009 ... (Página 32)

Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Astana el 2 de julio de 2009 ... (Página 32)

Acuerdo entre el Reino de España y Nueva Zelanda relativo al programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas, hecho en Wellington el 23 de junio de 2009 ... (Página 32)

Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bridgetown el 15 de octubre de 2008 ... (Página 32)

Sometidos a votación el resto de los convenios de la Comisión de Asuntos Exteriores, se aprueban por 335 votos a favor y uno en contra.


Propuesta de creación de subcomisiones ... (Página 40)

Propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda, de creación de una subcomisión para dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito ... (Página 40)

Sometida a votación la creación de la subcomisión, se aprueba por 336 votos a favor.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
(Votación.) ... (Página 40)

Sometidas a votación las enmiendas a la proposición de ley de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación del Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007, se rechazan por 27 votos a favor, 308 en contra y una abstención.


Página 6


Sometido a votación el texto de la proposición de ley, que ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia y en lectura única, se aprueba por 336 votos a favor.


Se levanta la sesión a las doce y cuarenta minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. PERESTELO), SOBRE LOS PLANES Y PROYECTOS DEL GOBIERNO EN LAS COSTAS DE CANARIAS. (Número de expediente 172/000131.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


Punto VII: Interpelaciones urgentes. Tiene la palabra para defender la interpelación sobre los planes y proyectos del Gobierno en las costas de Canarias don José Luis Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, a nadie podrá extrañar que las aguas marítimas, el litoral y las costas hayan sido desde siempre uno de los centros de atención de Coalición Canaria en esta Cámara. No en vano Canarias, con más de 1.545 kilómetros de costa, el 20 por ciento del total español, es seguramente la comunidad autónoma más condicionada por su situación marítima, por su necesidad de una constante relación con el mar, que al tiempo es nuestra gran barrera y nuestra gran oportunidad en muchos órdenes. Más del 95 por ciento de los municipios canarios son costeros, la mirada marítima es indisociable a todos los isleños del mundo, forma parte de su identidad, tanto como para sentir profundamente su ausencia cuando han de vivir en el interior del continente.


Baleares y Canarias representan apenas el 2,4 por ciento de la superficie española y no alcanzan por poco el 8 por ciento de su población, pero sí contienen el 37 por ciento de la longitud del litoral español. Ambos archipiélagos están abocados al turismo como anclaje fundamental, no ya solo de su desarrollo sino también de su propia supervivencia, y en ese ámbito del pasado, del presente y del futuro, el mar y el litoral son esenciales, nos jugamos como nadie en su protección y en su racional aprovechamiento. Pero la condición archipielágica y en nuestro caso ultraperiférica no han sido hasta ahora suficientes motivos para que el Estado atribuya a los archipiélagos mayor capacidad en el gobierno del litoral con las diferentes técnicas: de transferencias, de delegación o incluso la fórmula de encomienda de competencias. Nadie, nadie -repito- puede extrañarse de la continuidad de nuestras demandas en materia marítima y aérea dada la condición atlántica y ultraperiférica de Canarias, sus dos definitorios esenciales. Lo que seguramente sorprenderá a cualquier observador ajeno a la realidad española es comprobar algo inaudito en el país que presume de ser un modélico país descentralizado, que la Dirección General de Costas, ahora con la nueva moda Dirección General de Sostenibilidad de las Costas y el Mar, sigue fuertemente centralizada en uno de los puntos más alejados de la costa de España. Es bien conocido que aquí en Madrid, como reza la canción, no hay playa, pero sí hay Dirección General de Costas para gobernarlas a muchos cientos o miles de kilómetros de distancia. Y ese es un handicap con el que han debido trabajar diez de las quince comunidades autónomas, las diez que son bañadas por el Mediterráneo o por el Atlántico y que tienen una intensa relación con el mar, pero ninguna depende tanto de él como Baleares y Canarias, porque además de sus condiciones paisajísticas, pesqueras, deportivas, medioambientales, turísticas o de ocio, en los dos archipiélagos el mar es también el nexo vital para la comunicación y el transporte. El litoral nos condiciona por los cuatro puntos cardinales y es asimismo fuente de oportunidades para lograr ese desarrollo sostenible que ahora inunda los buenos propósitos de todos los gobiernos. La incidencia de las actividades y del uso de la costa es absolutamente transversal en los archipiélagos. Pocas actividades se sustraen a su influjo y es por ello que la llamada estrategia para la sostenibilidad de la costa, que ustedes iniciaron en el año 2007, debía haber procurado un abordaje integral de todos los condicionantes, expectativas y problemas costeros, y debía haberse comenzado por los dos archipiélagos, que son sistemas independientes del peninsular, que abarcan casi la mitad del litoral español y que tienen una gran repercusión en la vida de los isleños. Sin embargo, nada de eso se conoce; esa estrategia para la sostenibilidad está durmiendo el sueño de los justos. En la reciente estrategia integral para Canarias aprobada por el Gobierno se dedican treinta contadas líneas, y no a una estrategia, ni siquiera a un plan o una visión global de la problemática costera de Canarias, sino a algo tan prosaico y escueto como es el título: Actuaciones en costas. En estas líneas se reconoce la capacidad de regeneración de las costas y playas para estimular las posibilidades turísticas de Canarias. Se dice que existe un convenio con Canarias con una inversión media de 20 meuros anuales y que seguirá en los tres próximos años, y punto. No hay estrategia, ni planes, ni proyectos concretos con claros compromisos de financiación plurianual.


Nosotros aspiramos a que, si somos capaces en esta Cámara de convenir un diagnóstico de la actual situación y de sus posibilidades en esta materia, podamos iniciar

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un proceso que nos conduzca a una estrategia integral para la sostenibilidad de las costas canarias que prime su recuperación y conservación, pero también su sostenibilidad social, económica y medioambiental en unos momentos en los que Canarias precisa de todo el estímulo posible para reducir sus altos niveles de paro y recualificar su oferta turística. La ausencia de esa estrategia ha posibilitado el desorden histórico en la gestión de las costas de España, apenas mitigado por la Ley de Costas de 1988 y reforzado sin embargo por una fuerte presión inmobiliaria que afectó mucho más al arco mediterráneo que a Canarias. Es preciso reconducir esta situación con el esfuerzo público necesario que en nuestro caso revitalice la oferta turística, que seguirá siendo el motor principal de Canarias en las próximas décadas. Por mucho que diversifiquemos el tejido productivo, incluso si se orienta a actividades logísticas y de transporte, las costas vuelven a estar ahí, como elemento fundamental a tener en cuenta.


En esta interpelación vamos a apuntar algunos de los aspectos que debieran contenerse en esa estrategia, más allá del proceso en marcha sobre la ordenación competencial que conducirá en el futuro al traspaso a Canarias de las competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, de sus playas y costas, como fue unánimemente aprobado y aceptado por el Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias al consensuar el nuevo proyecto de Estatuto de Autonomía y la Ley de Transferencias a Canarias, Lotraca, que abordaba esta cuestión. Que ambos proyectos hayan quedado en suspenso por otras cuestiones no quiere decir que no sea bueno incrementar la corresponsabilidad de los gobiernos español y canario en la gestión de las costas. En cualquier caso, el elemento central de dicha estrategia debe ser el plan de regeneración de costas y playas de Canarias, consensuado con el Gobierno de Canarias y que representa un avance notable de lo que ahora es el llamado Convenio de costas, claramente insuficiente en sus resultados por falta de compromiso de las administraciones implicadas. Reclamamos un plan de regeneración de playas y costas para mejorar el desorden actual, la falta de eficacia del convenio. A veces hay que insistir en obviedades para no confundir conceptos, ni confundir a los ciudadanos. Una cosa es un convenio y otra es un plan. El convenio existe desde el año 1998 y tenía una dotación de 35.000 millones de pesetas de entonces. Se decía que había la intención de invertir 5.000 millones anuales durante siete años y a día de hoy, once años después, todavía no se ha rematado. Es imprescindible diseñar un nuevo plan, porque desde que se firme hasta que estén aprobados y adjudicados los primeros proyectos pueden pasar tres, cuatro o cinco años, y queremos que tenga la fuerza y el compromiso de un plan consensuado y con esfuerzos mancomunados de las tres administraciones -central, autonómica e insular-, con actuaciones concretas, plazos realistas y dotaciones anuales seguras, porque hasta ahora la dotación del convenio se ha ido estirando como un chicle, incorporando algunas novedades, pero está lejos de ser lo que Canarias y España necesitan en el perímetro de más del 20 por ciento de sus costas.


Señorías, Canarias ha hecho un esfuerzo importante por preservar sus costas, mucho más quizá que otras partes del territorio. Más del 30 por ciento del litoral está protegido y, a pesar de la llamada litoralización de la economía, con la urbanización se ha ocupado un 30 por ciento de su franja litoral frente al 70 por ciento, por ejemplo, del litoral mediterráneo. Así que queremos un plan de futuro serio, dotado financieramente y con plazos, y demandamos ayudas para que Canarias pueda ejecutar el actual, porque aunque algunas corporaciones insulares han actuado eficazmente, otras no han desarrollado sus proyectos por falta de presupuesto. Es ahí donde el Estado, en épocas de crisis, debe ayudar. En 2006 se firmó una revisión de ese convenio, pero sin dotación financiera nueva y es obvio que es momento de mejorar, actualizar y concretar las actuaciones. Lo que no puede ocurrir es que los retrasos en la ejecución del convenio eximan al Estado del lanzamiento de un nuevo plan para la próxima década en Canarias, porque la gente que vive en nuestras islas lo necesita. En esa estrategia integral que planteamos deberán tener cabida igualmente los puntos de la moción del senador Alfredo Belda, aprobada ayer en el Senado, tendente a incrementar la seguridad del litoral canario, especialmente abrupto y acantilado, de forma que los desprendimientos se reduzcan y que, en cualquier caso, exista una señalización y cerramiento adecuado en aquellas zonas no seguras. En ciertos casos, los propios proyectos del ayuntamiento o de los cabildos para asegurar el acceso a zonas costeras encuentran pocas facilidades para las autorizaciones de la Dirección General de Costas. Por eso se han de estudiar fórmulas de delegación o encomienda de competencias a la comunidad autónoma para agilizar las actuaciones previstas en el litoral.


En definitiva, señorías, es preciso articular un abordaje más integral de todas las políticas públicas realizadas sobre las costas canarias, que conjugue el interés de su preservación con la necesidad de mejorar su uso humano, sobre todo en unos tiempos en los que Canarias está obligada a recualificar su oferta turística y a optimizar su sistema de transporte marítimo, clave para convertir el archipiélago tanto en un mercado único como en una plataforma logística intercontinental. Sin ambos procesos no sería posible retornar a la senda de creación de empleo y bienestar.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Para contestar la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.


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La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señorías, antes de exponer los programas y los proyectos que viene desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en las costas de Canarias, quiero expresar en esta Cámara mi pesar por los tristes sucesos acaecidos en Tenerife el pasado 1 de noviembre en la playa de los Guíos, en el municipio de Santiago del Teide, así como transmitir mis condolencias a las familias de las dos mujeres fallecidas como consecuencia de los desprendimientos producidos en los acantilados.


Señoría, en su intervención ha tratado usted de centrar el tema de las costas en Canarias en dos aspectos diferentes. Por una parte, en la ordenación competencial y, por otra parte, en los esfuerzos del Estado en inversiones en las costas. Voy a empezar por el primero. Es necesario partir de una consideración inicial: en qué consiste el dominio público marítimo-terrestre y las competencias de las diferentes administraciones que inciden en él. Señorías, como saben, el dominio público marítimo-terrestre es un amplio patrimonio natural de titularidad estatal sobre el que confluyen competencias de las diferentes administraciones territoriales: la estatal, la autonómica, la local y a veces también la internacional, así como multitud de intereses; de ahí la complejidad de su ordenación y gestión y la prioridad absoluta de la conciliación, coordinación y armonización en el ejercicio de todas esas competencias.
En consecuencia, tenemos que contemplar las reglas de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en función de lo previsto para los distintos ámbitos materiales para determinar a quién corresponde actuar en cada caso y con respecto a cada cuestión concreta.
Efectivamente, el marco jurídico español en materia de costas lo conforman esencialmente la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre. La Ley de Costas vino a cumplir el mandato de la Constitución de 1978, que en su artículo 132.2 declaró que son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Asimismo, la vigente Ley de Costas, cuyo objetivo es básicamente la gestión, conservación y protección de este patrimonio natural y tan sensible, vino también a desarrollar los principios establecidos en el artículo 45 del texto constitucional y recogió los criterios contenidos en la recomendación del Consejo de Europa sobre protección de zonas costeras en la Carta Europea del Litoral, de la Comunidad Económica Europea.
Ciertamente, el Estatuto de Autonomía de Canarias vigente, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, modificado por Ley Orgánica 14/1996, de 30 de diciembre, en su artículo 30.15 define sus competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio y de litoral, urbanismo y vivienda.
Pero, a diferencia de otras comunidades autónomas, Canarias no ha aprobado una modificación de su Estatuto de Autonomía que amplíe el ámbito de competencias en esa materia a la gestión del dominio público marítimo-terrestre. De acuerdo con ello, el requisito indispensable para ampliar el ámbito de competencias de Canarias en cuanto se refiere a la gestión del dominio público marítimo-terrestre es la modificación del Estatuto en términos similares a Cataluña, Andalucía y Baleares o, en su caso, la aprobación de una ley orgánica de transferencia con este contenido. Esto en cuanto al primer aspecto que usted señalaba. Pero quiero decirle que, dado ese entramado competencial al que yo hacía referencia, el Gobierno ha querido apostar por un modelo concertado, un modelo en el que pueda participar precisamente la comunidad autónoma, y lo hemos hecho a través de los convenios de gestión integral del litoral, como los realizados no solamente en Canarias, sino también en Asturias, en las Islas Baleares, en Cantabria, en Galicia o en Valencia. La ventaja del citado modelo de gestión reside en el hecho de que se crean comisiones que constituyen foros de encuentro y discusión, tanto a nivel político como técnico, que se han revelado como mecanismos eficaces para la toma de decisiones y la solución pacífica de los problemas.


Más allá del aspecto competencial -he tratado de hacer rápidamente una aclaración-, hay un tema que me preocupa y que usted no citó aquí, por lo menos yo así lo he interpretado. Cuando hablaba de la importancia que tiene el mar para Canarias, cuando hablaba de la importancia que tiene la costa para Canarias, cuestión que yo comparto con usted, habló de actividades económicas, pero en ningún momento le he oído -y perdone si no fue así- que la costa es un espacio de extrema sensibilidad y fragilidad, lo que nos obliga a adoptar medidas encaminadas a su conservación y protección. Esas son las medidas que responden a la política del Gobierno para recuperar el litoral español, en colaboración con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos de las zonas afectadas.


Hechas estas precisiones, quiero decirle que el Gobierno ha cumplido en todo momento con el convenio al que usted hacía referencia, convenio que efectivamente venía del año 1998 y que cuando se inició la pasada legislatura estaba sin cumplir en su mayor parte. Pero este Gobierno lo ha cumplido y ha tenido además que recuperar parte de las actuaciones que no se habían llevado a cabo y firmar un nuevo convenio el 4 de febrero de 2006. Este convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias, con un título genérico -para la gestión integral y sostenible de la costa-, finalizó las actuaciones convenidas en el convenio anterior y cumplió con los compromisos adquiridos de infraestructuras en materia de costas en Canarias. Actualmente, con los datos que tenemos, tanto del año 2008 como los que tenemos a fecha de hoy, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha invertido en las islas Canarias más de lo convenido en el citado convenio, con la excepción de un proyecto de Fuerteventura,

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en el que hemos tenido un problema puntual, donde faltan 500.000 euros que está previsto que se ejecuten en el año 2010 y tienen su dotación correspondiente.


Quiero decirle algo más. El conjunto de proyectos y obras del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino para los próximos años en Canarias tiene un presupuesto estimado de 338 millones de euros. Si S.S.
lo desea, puedo facilitarle el importe previsto de las distintas actuaciones, desagregado por objetivos estratégicos, en cada una de las islas dado que en el tiempo de que disponemos sería imposible citarlos todos y cada uno de ellos. Además, en Canarias estamos invirtiendo en otros programas dentro de nuestra política de protección de recursos, como son las dos reservas marinas de interés pesquero existentes y la próxima creación de una reserva marina de La Gomera. También estamos finalizando el programa de deslindes, muy importante para la protección de la costa, encontrándonos en este momento en la provincia de Las Palmas con el 95,2 por ciento deslindado y en la de Tenerife con el 98,7 por ciento.


Como puede apreciar S.S. desde el Gobierno seguimos trabajando con especial dedicación en Canarias, sin escatimar esfuerzos, acometiendo las actuaciones necesarias para la mejora de la franja litoral y respetando las características medioambientales y paisajísticas de cada zona, con un claro objetivo: facilitar el uso y disfrute de la costa a todos los ciudadanos, cumpliendo la Ley de Costas con el máximo respeto competencial. Y desde luego, señoría, espero que reconozca usted el esfuerzo de este Gobierno con las costas de Canarias y que no lo confunda con incumplimientos que se pudieron llevar a cabo por gobiernos anteriores.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Tiene la palabra en turno de réplica don José Luis Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Gracias, señora ministra, por la respuesta. Por supuesto, creo que en mi primera intervención reconocía el esfuerzo y el trabajo de su ministerio, pero a veces no solo es inversión sino que falla la coordinación, quizá influye eso que decía antes de la distancia a la hora de tomar decisiones a muchos kilómetros de las costas donde hay que intervenir.


Hablaba usted de competencia y hablaba de la ley refiriéndola a la propia Constitución. Por supuesto, nosotros defendemos la Constitución, somos constitucionalistas y, por tanto, tenemos claro ese marco y esa referencia a la Constitución que la propia ley señala en relación con el dominio público marítimo-terrestre. Lo que pasa, señorías, señora ministra, es que desde Canarias percibimos que no se aplica por igual ese criterio desde la demarcación de costas correspondiente o desde la propia Dirección General de Costas. Usted sabe que Canarias son unas islas cuya dependencia del turismo es fundamental y que una serie de eventos internacionales se utilizan como reclamos precisamente de esta tierra turística. Estoy hablando, por ejemplo, de los conciertos en la playa, que los vemos cada día en la opinión pública y en Canarias encontramos muchas dificultades para poderlos ejecutar, quizá por los criterios de aplicación de la misma ley -que debiera ser igual para todos- en este en el territorio de Canarias. Además, usted sabe que muchas veces las ejecuciones de los proyectos dependen de esas dificultades que usted planteaba en su intervención y que se resuelven mucho más rápidamente con ciertos signos políticos en las instituciones que tienen que aplicar en cada territorio insular esas decisiones.


Usted hablaba de un modelo concertado de gestión, de una colaboración.
Pero, señora ministra, su antecesora en el cargo, la señora Narbona, se comprometió en el Senado con Coalición Canaria a trabajar con todas las instituciones para resolver el problema de la ocupación ilegal del dominio público marítimo-terrestre. Las instituciones canarias -en aquel momento había en el Senado dos presidentes de cabildos de Canarias- manifestamos nuestra posición de colaboración con el Gobierno a la hora de establecer un programa de recuperación de ese dominio público marítimo-terrestre atendiendo a las particularidades y a las peculiaridades de cada una de las zonas, porque no todas las ocupaciones del litoral eran exactamente iguales ni producían un efecto perverso en el sentido de la libre ocupación del litoral para todos los ciudadanos.
Por cierto, en mi intervención sí hice referencia a la sensibilidad y a la preocupación que tenemos por la conservación de las playas. Decía en mi intervención: una estrategia integral para la sostenibilidad de las costas canarias que prime su recuperación y su conservación. En un inciso le diré que tenía también una referencia al desgraciado accidente en Guía de Isora, pero por generar un mayor clima de confianza y no inculpar una Administración a otra, obvié esa referencia, aunque, por supuesto, compartimos ese sentimiento de pesar con los familiares de las personas afectadas. Como decía, la señora Narbona se comprometió a hablar con los cabildos, con el Gobierno, en ese plan de recuperación; después, se tomó la decisión unilateral de costas sin contar con las instituciones canarias. Además, usted hacía referencia a una cosa que nos parece importante -el otro día hubo una iniciativa de Convergència i Unión en este sentido-, como es la reserva marina de la Gomera. Precisamente, en La Palma hay una reserva marina a iniciativa de su ministerio, que es el ejemplo de lo que puede significar la colaboración institucional. No es fácil conciliar los intereses de los profesionales de la pesca con los deportivos o con el interés ciudadano. Por tanto, conseguirlo solo es posible si colaboramos todos, y ahí hay un ejemplo claro de colaboración; luego sigue abierta esa colaboración. Por eso le planteaba que si en este momento no se entiende una transferencia o una delegación, podríamos hablar de encomienda de gestión de costas. Es cierto, nuestro

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Estatuto lo contempla, pero no se ha modificado. Ya le decía que está aprobado por todas las fuerzas políticas en Canarias, pero por razones que no entiendo -usted a lo mejor está más cerca de entender esas razones- no se ha aprobado ese Estatuto en esta Cámara; ni siquiera la Ley de Transferencias lo trata. Hablamos de convenios, hablamos de inversión; por supuesto, atenderé gustosamente esa deferencia de decir que los programas se van a ejecutar y, sobre todo, sabe que va a contar siempre con la colaboración de nuestro grupo en la ejecución de esos programas. Pero hoy estamos hablando no solo de programas -y le invitamos a la reflexión-, yo le planteaba un plan estratégico de las costas de Canarias que no solo sea inversión, que sea también sensibilidad, sostenibilidad, recuperación del dominio público marítimo-terrestre y, sobre todo, disfrute de los ciudadanos de ese patrimonio que es de todos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Señoría, si la intención suya es retomar un convenio de colaboración donde se integren todas las necesidades de costas, estoy abierta a hacerlo, pero tenemos que hacerlo con absoluta lealtad y voy a darle y reiterarle algún dato concreto. Usted planteaba en esta segunda intervención -y también en la primera- la necesidad de recuperar el dominio público marítimo-terrestre. Pues bien, yo le daba los datos en mi primera intervención y ahora se los doy un poco más amplios. En primer lugar, recuperar el dominio público marítimo-terrestre supone hacer los deslindes. A 23 de noviembre en la provincia de Las Palmas, con una longitud de dominio público marítimo-terrestre de 740,32 kilómetros, el total deslindado es el 95,2 por ciento; en la provincia de Tenerife, con una longitud de 676,16 kilómetros, el total deslindado supone el 98,7 por ciento. Esa lealtad tenemos que hacerla en los dos ámbitos y le recuerdo que desde el Gobierno hemos tenido que impugnar ante el Tribunal Constitucional, por invasión del ámbito competencial, una de las leyes de Canarias. Me estoy refiriendo a la Ley 7/2009 y en concreto a los aspectos que afectan a la declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral de Canarias. Señoría, estoy dispuesta a concertar y a llevar a ese convenio lo que sea necesario dentro de los ámbitos competenciales, de las necesidades que tiene Canarias y de las inversiones que, como le digo, están programadas, pero tiene que entender que también debemos obtener lealtad por la otra parte. Además, quiero decirle que la Ley de Costas se está aplicando con rigurosidad y mediante estudios técnicos, no hacemos cosas aleatorias. También le digo que, en relación con esas buenas prácticas, de los miles de recursos planteados ante los tribunales únicamente son estimados el 3 por ciento de ellos. Pero más allá de lo que usted pueda considerar, de nuevo le ofrezco mi colaboración y le digo que muchas veces las dificultades para llevar a cabo las obras en costas no son retrasos ni falta de dotación presupuestaria. Si cojo el listado de las obras pendientes en estos momentos en Canarias, que están programadas dentro de esos casi 400 millones de euros que le decía, el 90 por ciento están pendientes porque no tenemos disponibilidad de terrenos; disponibilidad que, como usted tiene que comprender, debemos obtener de los ayuntamientos correspondientes dado que no somos titulares del suelo en el que se quieren ejecutar muchas de las obras.


Para finalizar, quiero reiterarle que el ministerio no solamente ha mantenido sus compromisos sino que está invirtiendo más de lo que se había convenido. Creo que ese modelo de gestión concertada de litoral es un mecanismo eficaz para la toma de decisiones, para desbloquear expedientes o actuaciones en cuya evolución técnica o administrativa hubiera podido surgir algún problema, algún desencuentro o alguna complicación, y en ese foro se puede aclarar y se pueden interpretar.
Estoy convencida, señoría, de que si ustedes quieren hacer un nuevo convenio como el que teníamos hasta ahora, lo podemos hacer. Recuerde que el anterior ha dado sus frutos y que podrá darlos también en un futuro.
En todo caso, le garantizo que si hacemos uno nuevo, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino cumplirá con sus compromisos de la misma forma que hemos cumplido con el anterior.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y LOS ENTES LOCALES. (Número de expediente 172/000136.)

El señor PRESIDENTE: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para la defensa de su interpelación tiene la palabra don Francesc Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, el proceso de implantación en nuestro país de las políticas económicas aprobadas en la Unión Europea ha significado implementar y completar el denominado proceso de liberalización del mercado energético, pero los resultados nos parecen en algunos casos relativamente perversos, y no en un solo ámbito. El que nos ocupa en esta interpelación que presentamos es precisamente el ámbito municipal, seguramente el servicio más directo a la ciudadanía. Soy concejal y he constatado en mi ayuntamiento y en muchos

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otros de mi provincia, pero también en otras que he consultado, las dificultades de adaptación de muchos entes locales a la nueva situación, en muchos casos por encontrarse en situaciones que rayan la indefensión debido a ciertas prácticas comerciales de las que hablaré en esta interpelación. Recordemos de entrada el marco legal, que es difícil, insisto, ya desde un buen inicio, sobre todo el referido a los ayuntamientos. El Decreto 485/2009, de 3 de abril, que regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica, estableció que a partir del día 1 de julio de este año 2009 las tarifas integrales de energía eléctrica quedaban extinguidas. La legislación establece también que los contratos de suministro eléctrico de potencia hasta 10 kilowatios inclusive pueden acogerse al mercado libre o bien permanecer en la tarifa de último recurso (TUR) a través de una comercializadora de último recurso. En cambio, los contratos que superen los 10 kilowatios deberán acogerse forzosamente al mercado libre a través de una comercializadora; no obstante, dicho límite de potencia podrá ser modificado por orden del ministro de Industria, Turismo y Comercio. Además, para agravar la situación legal, mientras los ayuntamientos culminan los expedientes correspondientes para contratar el suministro -y con muchas dificultades, como le insistiré- serán penalizados con un 5 por ciento trimestral mientras no se pasen al mercado libre. Puede llegarse hasta el 20 por ciento de penalización en abril del año 2010, pues la norma así lo establece precisamente para estimularlos a que lo hagan. Por tanto, la subida de la tarifa eléctrica está siendo para la mayoría de ayuntamientos muy elevada y no se ven soluciones a corto plazo. Además, los consumidores, no solamente los ayuntamientos, pueden verse obligados a tener que abonar unos nuevos derechos de contratación como si de nuevos usuarios se tratase teniendo en cuenta lo establecido por la Orden 1659/2009, de 22 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que dice literalmente: En estos casos, transcurridos seis meses sin que el consumidor contrate el suministro en el mercado libre, se considerará rescindido el contrato entre el consumidor y el comercializador de último recurso, siendo de aplicación a estos efectos lo establecido en otro artículo del mismo real decreto. Por tanto, el marco legal, como acabo de describirle, no es precisamente favorable para los ayuntamientos en especial ni para muchos consumidores. De hecho, ya se preveían unos efectos bastante nocivos. A título de inventario, hay unos cuantos titulares de prensa que resumo en uno, el de La Vanguardia del día 25 de junio de este año en curso -o sea poco antes de la entrada en vigor-, que literalmente decía a toda página: La reforma de la tarifa eléctrica amenaza a miles de ayuntamientos.


Los efectos a corto y medio plazo serán importantes y lo están siendo para la inmensa mayoría de la población y sobre todo para los entes locales, que tienen la obligación, no lo olvidemos, de prestar servicios esenciales a la sociedad. Especialmente, los ayuntamientos se encontrarán a expensas de los intereses privados de las empresas comercializadoras, y en ese detalle sencillamente hay que acudir a la práctica, a preguntar qué es lo que está pasando, para darnos cuenta de que estos intereses de las empresas comercializadoras, legítimos, están chocando a veces con los también muy legítimos intereses de los ciudadanos a quienes sirven los entes locales. Esta situación ha provocado irremediablemente que los ayuntamientos con potencia contratada superior a los 10 kilowatios y por tanto sin derecho a tarifa de último recurso, tengan que iniciar la contratación del suministro eléctrico con una comercializadora y negociar las tarifas. Esto en una situación de incertidumbre para las corporaciones locales. ¿Por qué esa incertidumbre? Yo le podría dar algunos motivos: debido a su carácter público gozan de menor movilidad a la hora de hacer cambios. O por ejemplo, que los suministradores de mercado libre no se están mostrando demasiado interesados en ofrecerles contratos -y que pasen por tanto a formar parte de su cartera de clientes-, porque estigmatizan a menudo a los consistorios como morosos.
O sea, acudiendo a determinadas dificultades financieras están posponiendo las ofertas o los contratos con los ayuntamientos, y en un momento, a nadie se le esconderá y menos a usted, señora ministra, de dificultad de financiación de los entes locales, la situación puede convertirse en peligrosa. Y, precisamente, esta estigmatización de la que le hablaba coincide con otras prácticas anticompetitivas de las compañías comercializadoras que ha cuestionado la propia Comisión Nacional de la Competencia, que ha advertido que se producen estas prácticas en un momento crítico del proceso liberalizador de tarifas y que podrían estar, precisamente, interfiriendo en el proceso -no solamente referido a ayuntamientos sino también a las pymes-, por ejemplo con la suspensión temporal del acceso telemático a los datos necesarios para gestionar el cambio de compañía. En conclusión, a partir del 1 de julio los clientes con consumos inferiores a 10 kilovatios pueden elegir entre un suministro de último recurso por parte de una de las cinco comercializadoras designadas por el Gobierno -que son precisamente a las que la Comisión Nacional de la Competencia ha abierto expedientes- y el suministro de una comercializadora en el mercado libre. Pero no podrán escoger los consumidores que sobrepasen esa cifra de 10 kilovatios, y en el caso de los ayuntamientos la inmensa mayoría están en ese segundo supuesto. Y el último recordatorio legal sería la referencia a que el alumbrado público de los municipios es una obligación que viene establecida en la ley ya desde el año 1985.


Por tanto, esos malos augurios que en ese titular de periódico ya se anunciaban en el mes de junio de este año, se están cumpliendo. En algunos casos, especialmente en lo que concierne a ayuntamientos y otras instituciones públicas, los intentos de acogerse al mercado libre -al que están obligados- están topando con dificultades notables al no encontrar ofertas que puedan asumir sus finanzas, o simplemente negarse por activa o

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por pasiva las comercializadoras a ofertarles contratación en el mercado libre. Prueba de ello son las bajas cifras de contratos que ha acogido el mercado libre firmados en algunas provincias del Estado español. Antes le he comentado que en Gerona, que -digamos- hemos trillado la situación, el comentario es taxativo, hay muchas dificultades de oferta. Hemos hecho una pregunta al Gobierno, de la cual no tenemos todavía respuesta, para ver si esa media es la que corresponde al conjunto del Estado, pero por nuestras indagaciones parece que se acerca bastante. Le podría dar muchos ejemplos de municipios, no solamente de mi circunscripción, pero en las versiones de los alcaldes o responsables de las haciendas locales las frases más repetidas son: Nos pusimos en contacto con compañías antes del 1 de julio y no hemos recibido respuesta hasta ahora; ninguna compañía se ha dirigido a nosotros para hacernos ofertas. En definitiva, pasan los días y siguen pagando ese recargo que anunciábamos del 5 por ciento trimestral, que puede llegar hasta el 20 por ciento. La situación, además de ser probablemente injusta, señora ministra, deriva en un sobrecoste de la factura eléctrica para muchos municipios, especialmente grave en momentos de dificultades financieras, y la consecuencia puede llegar a ser una menor calidad en la prestación de servicios. En conclusión, desde mi grupo consideramos que hay que hacer algo y el Gobierno tiene en sus manos posibilidades. No podemos plantearnos que habrá que esperar a que falte luz en algún servicio básico para que se pueda llegar a actuar.
Algún alcalde ha comentado que parece que la situación se rige por el principio -en relación con las diferencias de criterio con las compañías- de tú compras a quien quieres y yo vendo a quien quiero. Una máxima que en el caso de los entes públicos es terriblemente injusta y lesiva para los intereses de los ciudadanos, con el riesgo de que los más perjudicados sean los más débiles. A nuestro juicio, señora ministra, el Gobierno tiene instrumentos en su mano, pensamos que debe actuar y poner en práctica estos mecanismos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Señora ministra de Vivienda.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Gracias, señor presidente.


Señorías, señor Canet, la energía por su peso y por su trascendencia económica es uno de los sectores estratégicos sobre los que más resulta necesario actuar, como ayer mismo dejó patente el presidente del Gobierno en su extensa exposición ante esta misma Cámara. Por una parte, para superar la actual situación de crisis financiera y económica modernizando la estructura de nuestro PIB para lograr un nuevo equilibrio entre sectores productivos. Y por otra parte, para sentar las bases de una recuperación que coadyuve al establecimiento de un nuevo modelo productivo basado en la sostenibilidad y que sea menos dependiente desde el punto de vista energético. Tomando como referencias estas dos premisas el Gobierno viene trabajando para establecer, como sabe muy bien y ha expuesto en su intervención, un marco regulatorio que permita a los ciudadanos y a las empresas de nuestro país disfrutar de un entorno energético estable, competitivo, sostenible y seguro. Precisamente por ello, hemos acometido una serie de reformas, modificaciones que, dando respuesta a los requerimientos dispuestos por la Unión Europea para consolidar el mercado interior, permitan a nuestro país disfrutar de un sector eléctrico liberalizado en beneficio de los consumidores, que pueden gozar de una mayor competencia y, por tanto, de unos precios más asequibles y de una mayor calidad de servicio. Me estoy refiriendo, como recordaba usted mismo, al real decreto por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso, destinado fundamentalmente a particulares y a familias y, en segundo lugar, al Real Decreto-ley 6/2009, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se regula el bono social, del que podrán beneficiarse 5 millones de consumidores. Como decía usted, con la desaparición de las tarifas integrales y la entrada en vigor de este suministro de último recurso, hemos dado el último paso normativo de un proceso que ha durado una década y que, como sabe muy bien, no en todos los países se ha producido de la misma manera. Hay economías, como las del Reino Unido o los países nórdicos, que han optado por suprimir totalmente las tarifas puesto que sus gobiernos han creído que la propia competencia garantizaba la satisfacción de la demanda eléctrica a los ciudadanos, por entender que de esta forma está suficientemente garantizado el acceso al suministro eléctrico a los consumidores más vulnerables. Sin embargo, nosotros hemos opinado de otra manera y hemos optado por un modelo que establece salvaguardas. Con ello queremos evitar que el paso de un sistema regulado a otro liberalizado pueda tener consecuencias adversas para los pequeños consumidores y familias que en los momentos iniciales de creación de este nuevo mercado pueden sufrir los costes de transacción de un sistema a otro y reciben menos ofertas de contratos al tener menos facilidad para acceder a la información y para gestionar el cambio de suministrador. En este sentido, haciendo uso de la habilitación expresa que comprende la normativa europea, con la que se permite a los países miembros imponer a las empresas obligación de servicio universal, establecimos la tarifa refugio conocida como último recurso, que es la que el Gobierno ha determinado para el suministro obligatorio a los consumidores que, cumpliendo con determinados requisitos, decidan permanecer en el mercado a un precio regulado en lugar de buscar un suministrador en el mercado libre.


Como decía usted, el pasado 1 de julio el suministro de electricidad, a diferencia de otros servicios como la telefonía móvil y fija, Internet, el gas natural, la gasolina y los gasóleos, era una actividad regulada cuya comercialización se desarrollaba por empresas distribuidoras

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con una tarifa preestablecida. Con los cambios producidos, a partir de esa fecha las empresas distribuidoras se dedican exclusivamente a construir, mantener y operar las redes, así como leer contadores y facilitar el servicio de averías, correspondiendo la venta del servicio a las comercializadoras, que compiten en régimen de libre competencia en un mercado al que tienen acceso todos los consumidores de baja tensión, es decir, de menos de 10 kilovatios, que así lo deseen y, con carácter obligatorio, como usted recordaba, todos los consumidores que tienen contratada una potencia superior a 10 kilovatios. Es un mercado que apenas tiene cinco meses de vida, que debe desarrollarse y, para favorecerlo, la Comisión Nacional de la Energía publica en su página web la lista de comercializadores que operan en el mercado libre y también hace públicas estas ofertas para que los consumidores dispongan de la máxima información posible y, además, se les facilitó la lista de estos comercializadores a los consumidores junto con su factura eléctrica. Con este nuevo sistema conviven, por una parte, el mercado libre y, por otra parte, la tarifa de último recurso presentada por cinco grandes comercializadores en nuestro país y desde el 1 de julio los consumidores de menos de 10 kilovatios pueden tener la opción de acudir al mercado libre o de acogerse a esta tarifa con el comercializador que consideren oportuno. Asimismo, y para determinadas circunstancias excepcionales como la quiebra de la comercializadora, la tarifa de último recurso es una tarifa refugio para quienes reciban este suministro del mercado libre.
Complementariamente, como sabe, hemos puesto en marcha el mecanismo de bono social, que congela la tarifa hasta 2012 para más de 5 millones de consumidores, para aquellos que tengan potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios, familias numerosas, perceptores de pensiones mínimas y aquellos que tengan a todos los miembros del hogar en paro. En todo caso, es importante dejar claro de nuevo que los beneficiarios del bono social deben estar acogidos a la tarifa de último recurso y referirse el suministro a vivienda habitual.


Por tanto, la apuesta por la liberalización y la competencia es clara y lo es porque, como le decía al principio, creemos que la competencia garantiza precios más bajos y mayor calidad en el servicio. A medida que el mercado libre vaya madurando se irán consolidando en un periodo razonable de tiempo, beneficiando a todo tipo de consumidores y estamos seguros que también a los entes locales a los que se refería específicamente usted en su intervención. Porque nosotros lo entendemos así, en línea con las instituciones europeas, hemos modificado la legislación respetando el espíritu y la letra de la legislación europea estableciendo, por un lado, el mercado liberalizado, ajustándolo a los parámetros internacionales para desarrollar y consolidar el mercado único y, por otra parte, para preservar los derechos y los intereses de los consumidores más vulnerables.


Por lo que se refiere específicamente a los entes locales, es importante recordar que el colectivo de consumidores a los que la directiva europea permite establecer la obligación de servicio universal, que es la tarifa de último recurso, está tasado y acotado. En concreto, la norma europea restringe su aplicación a los consumidores domésticos y a las pequeñas empresas. Por eso, en el proceso de trasposición de la directiva europea a la normativa española el Gobierno ha optado por utilizar como referencia los 10 kilovatios de potencia máxima, dado que un elevado porcentaje de ese tipo de consumidores se encuentra por debajo de los niveles de potencia contratada. Hemos conseguido, por una parte, incluir a 20 millones de consumidores bajo el paraguas de la tarifa de último recurso y, por otra, convencer a Bruselas de que el sistema establecido por el Gobierno de España incentiva lo suficiente la competencia, ya que cerca del 70 por ciento de la energía está en condiciones de ser negociada con las comercializadoras que no suministran el último recurso.
Además, la directiva no permite en ningún caso establecer precios regulados para otros colectivos que no sean los expresamente citados, ni siquiera tomando en consideración circunstancias como el uso que se dé a la energía ni en atención a la naturaleza pública o privada de los consumidores afectados. Por ello, desde el pasado 1 de julio los consumidores que no cumplan los requisitos exigidos para poder acogerse a la tarifa de último recurso, entre ellos los entes locales, deben buscar un comercializador en el mercado libre. Este cambio en el nuevo modelo beneficia al conjunto de los consumidores porque incrementa la libertad de elección, como hemos comentado a lo largo de la exposición, en segundo lugar porque el precio regulado que representa la tarifa de último recurso sirve de referencia como precio máximo a las compañías comercializadoras que operan en el mercado libre para realizar sus ofertas a los consumidores, en tercer lugar porque permite la elaboración de ofertas hechas a la medida de las necesidades de cada perfil de consumidor y en cuarto y último lugar, porque fomenta el ahorro y la eficiencia energética, incentivando un consumo más responsable por parte de consumidores domésticos, empresas y administraciones públicas en beneficio del bienestar económico, social y medioambiental.


Señoría, pese a las dificultades iniciales que lógicamente se producen como consecuencia del paso de un mercado regulado a uno libre a medio y largo plazo, las ventajas que se derivan de este proceso de transformación son incuestionables, especialmente para los consumidores de energía. Por ello, hemos procedido a poner en marcha una reforma que nos demandaba la normativa europea y que nos demandaba el sentido común de quienes desde la responsabilidad tenemos la obligación de trabajar por un modelo económico más sostenible, un marco más sostenible que no admite más demora ni en cuanto a su implementación ni en cuanto a su consecución. Desde el punto de vista energético, no solo estamos contribuyendo a la liberalización del mercado de la electricidad, sino también al fomento del ahorro y la eficiencia energética entre los consumidores, ahorro y eficiencia energética que ya están encontrando una

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amplia cobertura gracias a las políticas transversales del Gobierno, por ejemplo el Plan de Ahorro Energético 2008-2011 y políticas, por ejemplo, para la eficiencia energética en edificios y hogares, como las que están contenidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación. Un ahorro y una eficiencia energética que vamos a consolidar como vector de crecimiento y de progreso gracias a la estrategia de economía sostenible que ayer presentó el presidente del Gobierno en esta Cámara. Un conjunto de políticas públicas para las que, por supuesto, contamos y vamos a seguir contando con la participación activa de los entes locales, que deben estar en el vértice de la construcción de una economía más sostenible económica, social y medioambientalmente hablando y desde la colaboración, la responsabilidad política y el entendimiento.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señor Canet.


El señor CANET I COMA: Señor presidente, señorías.


Señora ministra, comparto con usted que las buenas intenciones han presidido la implementación del proceso de liberalización del mercado eléctrico, pero como pasa tantas veces, la realidad nos obliga a cambiar el rumbo, como mínimo a modificarlo levemente o a dar un giro brusco, y en ese caso que le comentaba en concreto, algunos cambios son necesarios.
Cuando le hablaba de que la propia Comisión Nacional de la Competencia ha intervenido con anuncios claros de que está estudiando determinadas prácticas que afectan bastante especialmente a los ayuntamientos, creo que es una prueba de que alguna cosa no está funcionando. Titulares como por ejemplo: inspeccionan la patronal eléctrica por un presunto acuerdo contra las pequeñas compañías, aparentemente no afectaría a los usuarios pero sí que afecta evidentemente. En fin, teniendo en cuenta que todo es mejorable e insistiendo en la buena voluntad que le vemos al Gobierno en su intento de evitar esos problemas, haré algunas reflexiones a raíz de lo que usted ha comentado y de propuestas de resolución, que es como creo que deben ser las interpelaciones.


En primer lugar, es cierto que en algunos casos los ayuntamientos, si me permite la expresión muy vulgar, se han ido buscando la vida al amparo de instituciones supramunicipales, y lo que está ocurriendo es que se buscan soluciones negociando con las compañías de forma agregada a través de consejos comarcales, diputaciones etcétera, pero esta no debería ser la solución a afrontar. Planteamos desde mi grupo algunas de las propuestas posibles en la dirección de evitar esos problemas. La primera, por ejemplo, podría ser considerar, de hecho y legalmente, los servicios esenciales municipales como alumbrado público, centros de educación obligatoria, guarderías, residencias y centros de tercera edad, centros de servicios sociales, edificios municipales, edificios públicos en general y albergues que tengan una potencia contratada mayor o menor de 10 kilowatios como afectados por la tarifa de último recurso, con la obligación, por tanto, de las comercializadoras de último recurso de prestar el suministro a estas corporaciones locales. Una solución a lo mejor más intangible sería que el Gobierno mediara en la situación, apremiando a las operadoras del sector a ofrecer condiciones asumibles a los ayuntamientos para poder acogerse al mercado libre, por lo que le decía antes de que no estén siempre estigmatizados y tengan dificultades para encontrar ofertas asumibles a sus economías, especialmente los ayuntamientos medianos y pequeños. También una medida posible podría ser paliar las dificultades de estos entes públicos con una suspensión sine díe de la penalización prevista, incluso siendo resarcidos por no haberse integrado en el mercado libre todavía para no perjudicar gravemente a las finanzas locales. Una última observación. Se puede perfectamente actuar en el caso de las licitaciones. Los ayuntamientos se pueden encontrar que cuando licitan estos contratos no siempre encuentran colaboración en correspondencia. Por tanto, una posible manera de ayudarles y de facilitarles un contexto para conseguir cumplir con la obligación que marcaba el decreto es que, por ejemplo, si un ayuntamiento licita como mínimo dos veces los contratos de suministro eléctrico y los mismos quedan desiertos, la compañía de suministro eléctrico que dé el servicio actualmente tenga la obligación de mantener el suministro en las condiciones del proyecto de licitación. Evidentemente, los precios mínimos para la licitación a fin de poder acogerse a lo establecido deberían ser los precios actuales con un incremento aproximadamente del 5 por ciento, y naturalmente el ayuntamiento se tendría que obligar a convocar otra licitación antes de los veinticuatro meses después de la última.


En definitiva, como le decía al principio de mi intervención, el Gobierno tiene a su alcance mecanismos, si tiene el propósito, para corregir la situación, para beneficiar a los entes locales, y sin que ello signifique merma en absoluto del proceso de liberalización del mercado eléctrico.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Gracias, señor presidente.


Señoría, no será este el Gobierno al que pueda reprochársele falta de sensibilidad con las entidades locales, puesto que es el Gobierno que ha generado la mayor inversión de la historia en un solo año para los municipios. Recuerdo brevemente los 8.000 millones de euros destinados a los municipios en el ámbito del PlanE, los 3.000 millones de euros destinados también a los

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municipios para la inversión directa que gestionan varios ministerios, o los 5.000 millones de euros recientemente aprobados en fondos de inversión que lleva anexos la ley de economía sostenible. Además, como sabe, se han puesto en marcha líneas del ICO para favorecer el descuento de facturas precisamente para los proveedores de los ayuntamientos y medidas que también se van a poner en marcha para evitar que la morosidad sea una dificultad añadida para la gestión de las entidades locales. Por tanto, y a pesar de todo ello, somos muy conscientes de las dificultades por las que atraviesan los entes locales en el proceso de adaptación a esta nueva normativa. En esta misma medida en que somos conscientes, tenemos que cumplir el imperativo legal europeo no solamente por responsabilidad política sino también porque el nuevo modelo energético competitivo sostenible y seguro así nos lo demanda. Conseguir aunar ambos objetivos es posible, y por ello, como sabe muy bien, estamos siguiendo con especial interés el proceso de transición del marco regulado al marco del mercado libre de nuestras entidades locales. En este sentido, durante las últimas semanas desde el Ministerio de Industria se ha lanzado una nueva campaña de comunicación dirigida a facilitar a las administraciones públicas el proceso de selección de las comercializadoras que se ajuste más a las normas de contratación pública. Como saben, además está disponible la oficina de cambios de suministrador, que informa y asesora en este tipo de procesos, y respecto a los plazos para adaptarse a la nueva regulación del mercado libre, como sabe, se han dado nueve meses en un primer plazo hasta el 1 de abril de 2010 y otros seis meses en segundo plazo hasta el 1 de noviembre de 2010, con lo cual quince meses parece un plazo razonable para que todos los consumidores y también los entes locales puedan contratar este nuevo servicio. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) A este respecto estamos constatando que en términos generales el proceso de adaptación de los entes locales al mercado libre se está solventado de forma razonablemente satisfactoria, siendo diversas las soluciones que se han adoptado, algunas de las cuales las ha comentado usted en su intervención. Algunas corporaciones han decidido asociarse con el objeto de tener y asegurarse ofertas más atractivas y competitivas en el mercado, y otras estudian la posibilidad de crear comercializadoras propias como vía posible para negociar sus contratos. Agradezco las aportaciones que ha realizado al ministerio a través de su intervención. Como sabe, el ministerio está en contacto permanente con los entes locales para informarles y asesorarles en las posibilidades que haya dentro del estricto cumplimiento de la legalidad internacional. En cualquier caso, el proceso de adaptación se va imponiendo y genera un conjunto de ventajas económicas que empiezan a ser percibidas por todos los consumidores y también por los entes locales. Quiero destacar, por su trascendencia para nuestra economía en términos de bienestar y empleo, la creciente consolidación del mercado de servicios energéticos, que va a reportar múltiples beneficios a las entidades locales por su potencial de ahorro en iluminación y en otros servicios esenciales. La ley de economía sostenible, y más ampliamente la estrategia para la economía sostenible, impulsará definitivamente este tipo de servicios.


Señorías, estamos trabajando para impulsar un mercado de servicios energéticos en el que los entes locales, como demandantes, obtengan importantes ventajas que redunden directamente en la mejora de las cuentas públicas y en la calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos. Por ello, estamos poniendo en marcha con entes locales un conjunto de proyectos piloto de mejora de la eficiencia energética en general y del alumbrado en particular que serán gestionados por estas empresas de servicios energéticos; proyectos que además no van a tener coste alguno para los ayuntamientos, ya que será la propia empresa la que realice las inversiones, que recuperará con los ahorros futuros de energía; ahorros que están en la base de la política energética de este Gobierno, en cuya apuesta por la competitivad y la sostenibilidad de nuestro modelo energético no tienen cabida ni el despilfarro ni la inequidad intergeneracional ni la falta de respeto del medio ambiente. En esto creemos y en esto trabajamos. Desde luego, para lograr estos objetivos no podemos ni queremos prescindir de la cooperación con los ayuntamientos, que para nosotros es imprescindible.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. (Número de expediente 121/000045.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto VIII del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. En concreto, del proyecto de ley general de la comunicación audiovisual. Para defender el texto del proyecto de ley en nombre del Gobierno tiene la palabra la vicepresidenta primera del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señorías, hoy comparezco ante ustedes con una doble satisfacción. En primer lugar, la de poder debatir en esta Cámara una ley general audiovisual tantas veces y durante tantos años prometida y comprometida por los sucesivos gobiernos de la nación y que nunca hasta hoy había conseguido llegar al Parlamento a pesar de haber existido innumerables borradores. En segundo lugar, me satisface presentarles lo que será, si así se decide, una

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buena ley, una ley moderna, necesaria, equilibrada, garantista y liberalizadora. Es un texto que, como todo en esta vida, es mejorable, y de eso se trata. Es un buen punto de partida para que, con las modificaciones, matices, supresiones e incorporaciones necesarias que SS.SS. consideren, podamos conseguir regular de una vez por todas de una manera global y coherente el sector audiovisual en nuestro país.


Cuatro vectores nos han guiado a la hora de redactar este proyecto de ley: el interés general y la protección y garantía de los derechos básicos de los ciudadanos; la voluntad de dinamizar, liberalizar y dar seguridad jurídica al sector audiovisual, en permanente y trepidante evolución tecnológica; un escrupuloso respeto al juego competencial que establece nuestra Constitución en materia audiovisual, ya sea al regular la comunicación audiovisual pública o privada de ámbito estatal como la normativa básica en la materia aplicable al conjunto del sector; finalmente, la necesidad de adaptación de toda la normativa existente, dispersa y a veces obsoleta o confusa, en un solo texto que asuma plenamente los criterios y la normativa europea. Todo ello lo hemos hecho dentro de un absoluto espíritu de consenso. Este proyecto de ley debe entenderse como una parte muy importante de la reforma audiovisual emprendida por el Gobierno ya en la legislatura pasada, con la aprobación en el año 2006 de la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal y complementada con la reciente Ley de financiación de la Corporación de Radiotelevisión, y responde a un compromiso siempre aparcado, como he dicho, por los sucesivos gobiernos de uno y otro signo.
El proyecto de ley nace, pues, con la vocación de aprobar una asignatura pendiente de nuestra democracia desde hace dos décadas y con vocación de permanencia al menos por dos décadas más. Hoy finalmente el proyecto de ley comienza a debatirse en esta Cámara después de superar el disenso y alcanzar un acuerdo básico con el sector. Señorías, quiero dejar claro que ese acuerdo básico se ha trabajado y en principio existe. Pero este proyecto de ley es también fruto de una amplia labor de consulta con todos los agentes implicados que venimos desarrollando desde hace varios años. Ninguna parte interesada de la industria audiovisual o de los consumidores puede decir que no haya sido consultada o escuchada, a nadie se le han cerrado las puertas. Durante estos años las aportaciones han sido numerosísimas, incluyendo las evoluciones en los planteamientos iniciales, fruto de la realidad evolutiva del sector. Tengan por seguro, señorías, que desde luego se han tenido en cuenta y se han incorporado muchas de esas aportaciones.


La primera plasmación de todo ese esfuerzo de diálogo y consenso fue el anteproyecto de ley, aprobado en primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado 26 de junio. En el trámite de audiencia posterior el articulado del anteproyecto ha sido mejorado tanto por el debate en el seno del Consejo de Ministros como por las aportaciones realizadas por numerosos agentes, muy especialmente por las aportaciones de las instituciones y los órganos implicados en el trámite preceptivo de audiencia, por supuesto el Consejo de Estado, pero también la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia y la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Por tanto, el texto que ha llegado a esta Cámara goza ya de una cierta madurez y de un consenso básico y estamos seguros de que será perfeccionado aún más en el trámite parlamentario. En muchas de las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios se adivinan ya las sugerencias y peticiones de colectivos sociales y de ciudadanos. Sepan ustedes, señorías, que el Gobierno ya ha hecho un gran esfuerzo por atender sus peticiones, pero está claro que hasta el último minuto de la tramitación de este proyecto de ley los grupos parlamentarios -estoy segura- estarán abiertos a incorporaciones o modificaciones, siempre que no rompan con la filosofía del texto y no impidan el consenso. Aunque ahora es el tiempo del Parlamento, que es al que incumbe y corresponde tomar las decisiones, desde luego el Gobierno no eludirá el debate punto por punto, palabra por palabra, de todo lo que SS.SS. nos planteen. Esta ha sido, es y será nuestra voluntad; una voluntad de diálogo, de negociación, de acuerdo y de consenso.


Decía al principio de mi intervención que uno de los referentes básicos que preside este proyecto de ley, por no decir el referente básico, es el interés general. Este es un texto garantista, señorías, un texto que regula la actividad audiovisual pensando sobre todo en el interés general, en el respeto y en el reforzamiento y protección de los derechos de los ciudadanos con garantías de control democrático. Esa ha sido, en esta materia también, una de las preocupaciones fundamentales de la Comisión Europea, plasmada en sucesivas directivas de servicios de comunicación audiovisual, conocidas como de televisión sin fronteras.
Como SS.SS. saben, la última de diciembre de 2007 ha de ser incorporada y se ha de hacer la trasposición a la normativa española antes de que finalice el año en curso. En ella, entre otras cosas, se hace una revisión de las normas básicas que deben regular la publicidad en televisión, se fijan determinadas obligaciones a los servicios de comunicación audiovisual relativas a la protección de los menores y personas con discapacidad, de fomento de la industria audiovisual europea, y se garantiza el derecho a la información frente a situaciones de contratos de exclusividad. Todo ello, como no podía ser de otra manera, está incluido en este proyecto de ley, pero hemos querido ir más allá en algunos aspectos, como son los relativos a la garantía de accesibilidad de personas con discapacidad o la protección de la infancia, así como a la obligatoriedad de reserva a la producción de obras europeas en las distintas lenguas españolas y a las ayudas a la industria cinematográfica.


Señorías, como todos ustedes saben, las garantías serían papel mojado si no hubiese organismos encargados del control democrático de su respeto y cumplimiento.


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Así nos lo pide Bruselas y así lo entiende el Gobierno de España. Por eso, este proyecto de ley prevé la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como autoridad independiente, con capacidad sancionadora, encargada del control y seguimiento del cumplimiento de esta ley, la transparencia y el pluralismo del sector y la independencia e imparcialidad de los medios públicos estatales, así como del cumplimiento de sus funciones de servicio público. Será un consejo en el que sus miembros, como se comprometió el Gobierno, tendrán un origen parlamentario sustentado en una mayoría cualificada de dos tercios del Congreso de los Diputados. Para despejar temores y suspicacias, quiero dejar claro, señorías, que la competencia del futuro Consejo de Medios Audiovisuales es exclusivamente sobre la comunicación audiovisual de ámbito estatal. No solo no solapa las atribuciones de los consejos audiovisuales de ámbito autonómico, sino que el texto del propio proyecto de ley que hoy debatimos habla expresamente en su artículo 47.3 de coordinar necesariamente sus actividades con las autoridades audiovisuales autonómicas; incluso habla, señorías, de convenios de colaboración.


En relación con el debate sobre la integración del CEMA -Consejo Estatal de Medios Audiovisuales- en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o de la creación de un organismo convergente, como SS.SS. saben, este es un debate que ya tuvo lugar en esta misma Cámara con motivo de la tramitación de la Ley 7/2009, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, hace apenas cinco meses y entonces se desestimó. Nada ha cambiado, a nuestro juicio, desde entonces. En el Gobierno creemos que hay que separar la garantía de los derechos de los ciudadanos y de cuantos intervienen en el mundo audiovisual de las cuestiones que afectan a los soportes tecnológicos. Coincido con algunas de SS.SS., y en este caso con el Grupo Parlamentario Popular cuando dice en su texto de presentación de la enmienda a la totalidad que la comunicación audiovisual no es una de las competencias del Estado en materia de telecomunicaciones. Efectivamente, es otra cosa y como tal debe tratarse y se trata en este texto. Sobre si ha de regularse o no como un derecho fundamental, señorías, solo quiero recordarles que este tema ya fue sometido a consideración del Consejo de Estado, que en su dictamen 1387 de este año, y sobre la base de la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional, afirmó que esta materia no entra propiamente en el ámbito reservado a la ley orgánica, ya que la finalidad es regular servicios de comunicación audiovisual en tanto que instrumentos de comunicación pero no la determinación de elementos esenciales para el ejercicio del derecho constitucional derivado del artículo 20 de la Constitución. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No me quiero olvidar, señorías, de que en la regulación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales se contempla también la creación de un comité consultivo de apoyo que garantice la participación de colectivos y asociaciones ciudadanas y permita a la ciudadanía exigir ante las autoridades competentes la adecuación de los contenidos al ordenamiento constitucional vigente. Pero en todo caso, señorías, este proyecto de ley no es solo un instrumento de garantías, de derechos y de control democrático, que lo es y muy importante, o es, digamos, el instrumento más importante, sino que pretender dar una respuesta seria y responsable al sector ha de hacerse desde un proyecto de ley, desde el punto de vista de la liberalización, la dinamización y la seguridad jurídica. Sí, señorías, seguridad jurídica. Porque la inseguridad jurídica la crea la inexistencia de normas o su dispersión o la incoherencia o la falta de regulación. Creemos que esta es una ley clara, y eso es seguridad jurídica. Es clara en sus objetivos, clara en su articulado, clara en sus definiciones y perfectamente acorde, por cierto, con las directivas comunitarias y las leyes españolas. Así lo ha reconocido el propio Consejo de Estado.


Por otra parte, señorías, vivimos en un momento especialmente importante para el sector audiovisual. No solo está inmerso, como el conjunto de la actividad económica, en una dura crisis, sino que además estamos a las puertas de un reto tecnológico de primer orden. Estamos a cuatro meses del llamado apagón analógico y entrando de lleno en la era digital. Era y es más necesario que nunca que el sector disponga de una normativa clara, útil, acorde con los tiempos, que dé seguridad y garantice el desarrollo del sector; un sector en crecimiento y con indudable futuro y proyección.
El Gobierno ha querido y quiere contribuir a ese futuro aportando unas reglas del juego que abran caminos y den seguridad y confianza a las empresas. Esa es la razón por la que, sin renunciar a ese texto que codifica toda la normativa en la materia y aporta elementos nuevos, el Gobierno ha regulado con carácter de urgencia aquellos aspectos que se consideraba que no podían esperar a la tramitación de la ley, pero que ahora por coherencia se incorporan al texto. El Gobierno tiene la obligación de poner las condiciones necesarias para favorecer el desarrollo del sector, porque implica más riqueza y más empleo para nuestro país. Ello hay que hacerlo, y así lo hace este texto, desde el punto de vista de la liberalización de la actividad, porque así lo entiende Europa y así lo entiende este Gobierno. Supone, pues, suprimir trabas, suprimir burocracia y límites a la industria en un contexto de mayor libertad para los prestadores de servicio de comunicación audiovisual. Eso se traduce en el establecimiento de un régimen jurídico suficientemente flexible para adaptarse al dinamismo del sector, diferenciando entre aquellos que solo precisan de comunicación previa, por estar liberalizada su actividad, a aquellos otros que, por utilizar espacio radioeléctrico público a través de ondas hertzianas y tener capacidad limitada, necesitan de licencia previa otorgada en concurso público. En el caso de los servicios de comunicación de ámbito estatal se contemplan las condiciones para la concesión, arrendamiento, cesión, renovación o extinción de las licencias. En este sentido, el texto pretende posibilitar la creación

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de grupos empresariales audiovisuales fuertes, con capacidad de competir en el mercado europeo internacional bajo los principios de titularidad europea, reciprocidad y respeto al pluralismo y la libre competencia en el mercado radiofónico y televisivo. Así, se reconoce el derecho a poseer participaciones significativas en varios prestadores de servicios estatales de comunicación televisiva, pero limita ese derecho si en el momento de la fusión o compra se acumula más del 27 por ciento de la audiencia. Además, un solo titular no podrá tener participaciones significativas en prestadores de servicios de comunicación televisiva que acumulen más de dos múltiples, hoy ocho canales, y en todo caso se garantiza un mínimo de tres operadores privados estatales.


El proyecto aborda también los aspectos relacionados con la libertad de información y el respeto a las normas de competencia, para evitar posiciones de dominio sobre la opinión pública en la compra de derechos exclusivos y conflictos que desestabilizan al sector y provocan consecuencias negativas para el interés de los ciudadanos. Asimismo, el texto que hoy debatimos refuerza la seguridad jurídica de las concesiones, ampliando a quince años el periodo de concesión de licencia y permitiendo la renovación automática si se cumplen determinados requisitos. En la redacción de este proyecto de ley, señorías, hemos tenido muy presente el futuro de los nuevos modelos de negocio y la necesidad de poner los instrumentos legales necesarios para permitir su desarrollo en condiciones de seguridad y de pluralidad. Por ello, el Gobierno regula las fórmulas de televisión de pago o de acceso condicional como un derecho de los titulares de las licencias de la TDT, pero teniendo en cuenta por encima de todo el interés general y, en consecuencia, el derecho de los ciudadanos a tener una oferta en abierto plural, gratuita y amplia y que alcance, por supuesto, a contenidos de alto interés general. Por eso el texto limita el pago al 50 por ciento de los canales concedidos a cada licencia.


El Gobierno en este proyecto de ley también asume un papel decidido en la promoción, el apoyo y la implantación de las nuevas tecnologías y posibilidades audiovisuales, regulando la alta definición, la interactividad o la televisión en movilidad. Señorías, no estamos pensando en un modelo de televisión tradicional, todo lo contrario, estamos pensando en las nuevas posibilidades que abren las nuevas tecnologías, posibilidades de negocio y de comunicación; estamos pensando en el futuro, en la línea, por cierto, marcada por las instituciones europeas. Por eso hemos diseñado un texto flexible y abierto a posibles evoluciones tecnológicas que ahora se vislumbran pero que ni siquiera se prevén. Por cierto, señorías, muchas de estas materias van a ser desarrolladas reglamentariamente. Por tanto, no se debe presuponer que la reserva para los servicios de comunicación audiovisual televisiva en movilidad -y esto se lo digo fundamentalmente a los señores de Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya- sea únicamente en exclusiva para cobertura estatal. Este es un problema técnico que habrá que abordar en su momento en función de las posibilidades reales y de las disponibilidades del espacio radioeléctrico. Pero tiempo al tiempo.
Asimismo, señorías, el texto reconoce el derecho de acceso a los prestadores de servicios audiovisuales, a los servicios de comunicación electrónica en condiciones plenas de interactividad, a las emisiones en cadena de los servicios de comunicación radiofónicos y a los servicios de comunicación audiovisual comunitaria sin ánimo de lucro ni finalidad comercial, siempre y cuando haya disponibilidad del espacio público radioeléctrico.


Otro de los aspectos que me gustaría subrayar aquí y ahora es el hecho de que este proyecto de ley mantiene un absoluto y escrupuloso respeto al marco competencial que establece la Constitución española. Porque, señorías, es la Constitución la que determina ese marco y no el hecho de que una ley, sea cual sea su origen, sea aprobada antes o después de otra, ni tampoco es aplicable el principio en materia competencial de prior tempore, potior iure. La función del Estado en un ámbito de competencias compartidas como es el audiovisual no es, como afirman algunos de ustedes en su enmienda a la totalidad, reforzar o complementar las legislaciones autonómicas, sino dotar de unos criterios generales y de una normativa básica al conjunto del sector. Una ley ordinaria, como la Ley General de Comunicación Audiovisual, no puede regular materias que están reservadas a las comunidades autónomas mediante leyes orgánicas como son los estatutos de autonomía, pero, como decía al principio de mi intervención, este proyecto de ley que hoy traemos a esta Cámara para su debate de totalidad sirve también como norma básica no solo de la actividad de las empresas privadas sino también, y en el ámbito de competencias que establece la Constitución, como marco legal del conjunto de las radios y televisiones públicas en España. En este sentido, quiero destacar que el texto propuesto se alinea con la normativa europea sobre servicios públicos de radiodifusión, sobre compatibilidad de su financiación con el tratado en lo relativo a ayudas estatales y sobre control por organismos independientes del cumplimiento de la misión de servicio público encomendado. Así, el título IV traslada los elementos esenciales de la comunicación sobre aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión, aprobada recientemente, en julio de este mismo año, por la Comisión Europea. Aquí, señorías, tampoco hay invasión de competencias. En este caso las competencias no son autonómicas ni estatales, son comunitarias. Los Estados, en función de su modelo competencial, son quienes definen el modelo de financiación del servicio público de radio y televisión, señorías, pero es la Comisión Europea quien debe determinar finalmente si las ayudas estatales para esa financiación son compatibles o no con el tratado de la Unión y quien debe definir con exactitud los requisitos para esa compatibilidad. Ese es esencialmente el contenido del título IV de esta ley. No hay conflicto de competencias, la financiación de las televisiones públicas de

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ámbito autonómico corresponde a cada comunidad autónoma en el marco de la normativa europea sobre ayudas estatales. En todo caso, señorías, les reitero que si se encuentra algún aspecto concreto en el que pueda producirse esa competencia siempre estaremos predispuestos, como no puede ser de otra manera, al diálogo.


Ya acabo. Como dije en el Consejo de Ministros -hace ahora un mes- esta es una ley necesaria, deseada, liberalizadora, moderna, garantista e imprescindible para el sector y la industria audiovisual española. Espero que así lo entiendan también SS.SS., y que con todas las matizaciones y aportaciones que sean necesarias y que SS.SS. nos hagan demos entre todos -espero que así sea- una respuesta a esta necesidad demandada ya desde hace tantos años.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno.


Vamos a examinar ahora las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto. En primer lugar, para defender la suya, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, a veces la espera no trae como consecuencia la satisfacción, sino la frustración. Esta, señorías, es la ley de la frustración en relación con la ordenación de nuestro sector audiovisual. El contexto de la ley, señora vicepresidenta del Gobierno, es que hoy conocemos que no solamente su iniciativa de nuevo modelo de financiación de Radiotelevisión Española ha desestabilizado la dirección de la misma, provocando la dimisión de su presidente, sino que además ahora ese modelo de financiación está en cuestión por parte de la Unión Europea. Es decir, ha logrado usted algo muy difícil, desestabilizar financieramente al líder público de la radiotelevisión y a su dirección. Buen resultado, fiasco de la iniciativa del Gobierno en materia de política audiovisual.


La ley que se nos presenta la podríamos denominar ley Berlusconi, ley Uteca o ley Frankenstein; ley Berlusconi porque se corresponde con los intereses de un sector de la iniciativa privada de nuestro país, no se corresponde con las necesidades generales; ley Uteca porque es una parte de Uteca con la que usted ha negociado en Moncloa desde hace ya meses; y por otra parte ley Frankenstein porque los distintos contenidos de la misma al final componen una norma que en nuestra opinión no ordena el sector, sino que acumula, establece un puzzle con iniciativas previas tomadas por su Gobierno: la iniciativa que ha tenido que ver con las fusiones, la iniciativa de la TDT de pago, y la reciente iniciativa de nuevo modelo de financiación de Radiotelevisión Española. Es decir, lejos de ser una ley que ordena un sector, es una ley que recoge ya decisiones previas -hechas además con una parte del sector- tomadas por parte del Gobierno. El objetivo de esta ley, en nuestra opinión, no es ordenar el sector audiovisual, sino mantener un sector oligopólico -como lo es en estos momentos-, hacer una foto fija del sector audiovisual en beneficio de la iniciativa privada de carácter multinacional, y desgraciadamente privar a la radiotelevisión pública del necesario liderazgo en el futuro de la TDT, del apagón analógico.


Señorías, nuestro sector audiovisual en estos momentos es manifiestamente mejorable, es un sector oligopólico con dos compañías muy importantes que poseen una buena parte del sector; un sector con una muy baja calidad, donde existe un impacto muy importante de la publicidad y un bajo nivel de contenidos; un sector con un empleo muy precario, los trabajadores del sector audiovisual tienen un modelo de contratación de los más precarios del conjunto de los sectores económicos del país; y al mismo tiempo, un sector donde no existe participación alguna de los usuarios. Esa es la fotografía del sector. Pues bien, la propuesta que nos trae el Gobierno es una foto fija que mantiene la asimetría de poder, la asimetría de poder empresarial y asimismo la asimetría entre el poder empresarial y el interés general en el sector audiovisual. Eso es lo que nos propone hoy mismo el Gobierno, y por eso nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad, una enmienda de devolución.


Señorías, por no hacer, el Gobierno ni siquiera traspone lo mejor de la directiva europea. El Gobierno por ejemplo en materia de publicidad, si se mantiene el texto tal y como está, defiende que en una hora de televisión podrá haber veintinueve minutos de publicidad, entre publicidad directa, indirecta y patrocinios. Eso es en nuestra opinión no solamente negativo para los ciudadanos, degrada totalmente la comunicación, sino negativo para los propios intereses del sector audiovisual y del sector publicitario. Esperamos que esta cuestión, que es un abuso, la publicidad abusiva se modifique en la negociación que tenga lugar en esta Cámara, y de esos veintinueve minutos lleguemos al menos a lo que plantea la propia directiva comunitaria, que limita esta publicidad en torno a doce minutos; la duplicamos en nuestra norma, y por tanto no establecemos ninguna reordenación en esta materia.


En segundo lugar, lejos de ser una ley que introduzca en un marco de liberalización lo que podemos denominar la reordenación del sector, la responsabilidad de los operadores, mantiene la irresponsabilidad de los operadores en cuanto a los contenidos, que se traslada a los propietarios, y en el caso de la publicidad a los anunciantes, es decir, consagra la irresponsabilidad del sector, en nuestra opinión, con esa legislación soft, con esa legislación no adecuada para ordenar un sector de carácter liberalizado.


En cuanto a la autoridad audiovisual, señorías, buena autoridad esta en la que se carece prácticamente de capacidad, es decir, de competencia, y también de capacidad de sanción. Es lo mismo que si en materia de

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tráfico no hubiera competencia por parte de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior, y no hubiera sanción, sino recomendación. Es lo que se nos propone en esta visión light, en esta visión muy suave de la autoridad audiovisual; y por otra parte, en nuestra opinión, no se desarrollan aspectos esenciales. No se desarrolla el servicio público -cuestión que nos parece esencial- y no se desarrolla la responsabilidad editorial, que deberían ser dos cuestiones fundamentales para compensar la liberalización del sector; el Gobierno lo deja a iniciativa reglamentaria, y nos parece un hecho grave. Pero lo más grave es esa foto fija del sector que atribuye a los que participan en él una licencia por quince años; no tiene parangón en el marco de la Unión Europea, señorías.
Esa licencia por quince años es un cheque en blanco, una foto fija que no permite reordenar el sector audiovisual. Por todas esas razones mi grupo, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, ha presentado enmienda de devolución. Considera que esta ley debe ser una ley más participada en su elaboración, no hecha únicamente con una parte, sino con el interés general. También debe ser una ley que responda al interés general, y por tanto que reordene un marco de liberalización, y no una ley que mantenga una foto fija de la situación del sector. En nuestra opinión, debe ser una ley que también permita el liderazgo de la radiotelevisión pública, no que lo limite.


Termino, señoría. En esta materia tiene usted una gran responsabilidad. Si finalmente, además de la desestabilización de la dirección, se produce un cuestionamiento por parte de la Unión Europea de la financiación de Radiotelevisión Española, ustedes tendrán una grave responsabilidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, la política audiovisual española de este Gobierno y de algunos anteriores, en nuestra opinión, se ha caracterizado hasta el día de hoy, en primer lugar, por una ausencia de definición estratégica, incluso por un alto grado de improvisación, pero en segundo lugar también por un cierto servilismo hacia determinados grupos de comunicación. Lo cierto es que la normativa audiovisual es hasta el día de hoy un auténtico conjunto de retales que en muchos casos se han ido tejiendo de forma subrepticia, por la puerta de atrás, con urgencia, además casi siempre en verano, sin previo debate y con una alargada sombra, muy poderosa, de intereses partidistas planeando por encima. Tanta improvisación, por ejemplo, lleva a que ayer mismo Bruselas haya dicho que está a punto de imponer un correctivo al Gobierno sobre la financiación de Radiotelevisión Española, al cuestionar las tasas que por ley se imponen a los operadores de televisión y de telecomunicaciones para pagar el futuro de Radiotelevisión Española; tiempo al tiempo. Es más, si en la anterior legislatura el plan del Gobierno consistía básicamente en crear un grupo de comunicación afín, una especie de yate Britannia que lanzara salvas de honor y exhibiera el pabellón del Gobierno cuando así le conviniera, en la actual legislatura al parecer se trata de evitar el hostigamiento de los grupos privados de la derecha mediática audiovisual, y en segundo lugar de no interferir claramente en el reparto del pastel audiovisual, a saber a cambio de qué oscuros intereses, aun a pesar de acabar quizá desballestando el sector público audiovisual; en primera instancia ha sido Radiotelevisión Española y posteriormente pueden ser las televisiones autonómicas. No en vano hace muy pocos días, en el marco de las jornadas anuales de las televisiones privadas, su presidente no solo agradecía la lealtad y la generosidad del Gobierno con este sector, sino que planteaba abiertamente una vez más la exigencia de eliminar la publicidad de las televisiones autonómicas.


En esa misma dirección han ido recientemente distintas piezas desgajadas con carácter urgente de esta Ley General Audiovisual, me refiero al decreto-ley de fusión de televisiones, me refiero a la supresión de la publicidad de Televisión Española, me refiero también a la televisión digital de pago. Y ahora este proyecto de ley se carga literalmente lo que hace tres años y por amplio consenso fue un modelo de radiotelevisión de titularidad estatal, es decir, en solo tres años cambiamos de dirección, redireccionamos la brújula y también modificamos lo que fue el consenso acerca del mandato marco, suscrito hace dos años y que nuestro grupo saludó como muy positivo. Por tanto, la política audiovisual de este Gobierno -y a los hechos me remito- está más subordinada a los intereses del sector privado que no al bien público y al interés general, como aseguraba hace unos minutos la vicepresidenta, y este debate que estamos hoy sustanciando está precisamente viciado por este conflicto de intereses.


Señorías, este proyecto de ley, que ya no es una medida puntual de actualización tecnológica, sino que se trata de un auténtico andamiaje comunicativo y también industrial, para nosotros tiene algunos rasgos que son claramente regresivos y muy preocupantes. En primer lugar, constituye una seria amenaza para el servicio público. De hecho, lo que esta ley hace es impedir que lo público pueda competir en igualdad de condiciones con lo privado, porque esta ley impone condiciones, pero básicamente todas ellas al sector público y no al privado. En segundo lugar, ignora la pluralidad lingüística y cultural del Estado, a pesar de que las televisiones de ámbito estatal gozan de un bien de dominio público, en este caso el espectro radioeléctrico en régimen de concesión administrativa. Solo hay en esta ley, señora vicepresidenta, algunas obligaciones más que genéricas en relación con la cultura y la lengua distinta de la lengua española. Y en tercer lugar, como consecuencia de todo ello, esta ley

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consolida y refuerza la parte del sector audiovisual que ha ido gravitando básicamente en torno a la capital del Estado, en torno a los grandes grupos y medios de comunicación estatales. Y todo ello es posible a partir de qué. A partir de una concepción más que discutible sobre el sector audiovisual, como si se tratase de una actividad económica más.
Señorías, no se trata de una actividad solo económica. El Gobierno invoca en esta ley un título competencial, la planificación de la actividad económica general, mientras que la directiva que estamos hoy trasponiendo, la 2007/65, dice muy claro que los servicios de comunicación audiovisual son no solo una actividad económica, sino también y sobre todo una actividad de carácter educativo y cultural, que tiene como objeto preservar la libertad de información, la diversidad de opinión y el pluralismo de los medios de comunicación. En cambio, la liberalización que impone este proyecto de ley y la planificación de la actividad económica que se invoca por parte del Gobierno deviene en esta ley en la auténtica coartada para rebajar al mínimo las responsabilidades de los medios de comunicación social en el ámbito cultural, en el ámbito ciudadano y en el ámbito lingüístico. Y en segundo lugar, señora vicepresidenta, justifica de forma clara, clarísima, una invasión competencial de un espacio que debo recordar que en Cataluña ha permitido regular, hasta el día de hoy de forma exclusiva, los medios de comunicación, dotándose no solo en Cataluña de una auténtica autoridad audiovisual, como es el Consejo Audiovisual, sino también definiendo claramente el servicio público y estructurando una corporación de medios de comunicación públicos en Cataluña. Lo que esta ley pretende es cepillar el sector audiovisual catalán hasta dejarlo sin madera, y nosotros difícilmente vamos a consentirlo.


Mención aparte merece una última pieza que para mi grupo es muy sensible, y que forma parte entre otras cosas del debate que en esta Cámara hemos tenido y de distintos mandatos sobre la reciprocidad de la emisión de las diferentes televisiones públicas en otros territorios. Me refiero al caso de la reciprocidad en las emisiones de TV3-Canal Nou; me refiero genéricamente a la reciprocidad de las emisiones de aquellas televisiones de ámbito autonómico que comparten identidad de cultura y lengua. Cierto es que este proyecto de ley contempla de forma genérica esa posible reciprocidad, pero la condiciona no solo a la existencia de un convenio, como es lógico, entre ambos territorios, sino también a la autorización del Gobierno. Además no da ni una sola solución técnica, como por ejemplo la habilitación de un múltiplex adicional para aquellas comunidades autónomas que comparten -insisto- dominio lingüístico. No deja de ser paradójico en pleno siglo XXI, por no decir alucinante, que hoy se pueda ver en Cataluña Al Yazira y todavía no se pueda ver, por ejemplo, Canal Nou.


Finalmente hay otras cuestiones que, para no cansarles, trataremos a través de las distintas enmiendas parciales y que intentaremos corregir: la limitación de la duración de las interrupciones de publicidad, a lo que ya aludía mi compañero Gaspar Llamazares; la lucha contra las emisoras ilegales; el reconocimiento de los medios de comunicación sin afán de lucro; la integración del Consejo Estatal de Medios en el órgano regulador, la CMT; la televisión de movilidad y la accesibilidad por parte de los discapacitados a los medios de comunicación. Pero nuestra prioridad -y por eso hoy el Gobierno nos ha obligado a presentar esta enmienda a la totalidad- es evitar que esta ley sea una auténtica Loapa audiovisual, una Loapa competencial, y también una Loapa desde el punto de vista industrial, cultural y lingüístico. Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Para la defensa de la enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Miguel Ángel Cortés. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

El señor CORTÉS MARTÍN: Gracias, señor presidente.


En este debate no hablamos solo de una ley más del sector de las telecomunicaciones, estamos hablando de la libertad de expresión y de comunicación, y del derecho a comunicar y recibir información, que es un derecho no solo de los medios, sino de todos los ciudadanos, a los que para nada se ha tenido en cuenta en todo este proceso.


Nos ha presentado la señora vicepresidenta, bien es verdad que con escaso entusiasmo, un proyecto de ley anticuado, superado por la realidad, obsesionado por controlar a los medios audiovisuales, que pone en peligro la libertad en la red, incluso antes de que nos enterásemos de los planes que tienen para Internet, aprovechando la ley de economía sostenible.
Tenemos ante nosotros un proyecto de ley que es una amenaza para la libertad de expresión y de comunicación, y de cuya estructura y redacción lo menos que se puede decir es que resulta manifiestamente mejorable. Eso creo que sí lo ha reconocido la señora vicepresidenta. Por todo ello, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda de totalidad y pide la devolución al Gobierno. Lo lamentamos porque este proyecto de ley es además una ocasión perdida, ya que en España hace falta una ley general audiovisual, hace falta una norma que cree un marco estable de libertad, de seguridad y de garantías en el que se pueda desenvolver un sector en permanente evolución, sujeto a constantes innovaciones, que ahora atraviesa una crisis severa, como tantas otras víctimas de la política de Rodríguez Zapatero. Pero el texto que ha remitido el Gobierno es un mal proyecto, muy malo, aunque hay que reconocer que es coherente con la política audiovisual socialista. Lo único que le importa a este Gobierno respecto de los medios de comunicación es su control, que se sepan y sientan dependientes del Gobierno, que tengan que buscar su favor o temer su represalia. Durante las dos legislaturas socialistas

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se ha usado con las televisiones el viejo método del palo y la zanahoria, en negociaciones monclovitas interminables con las que han estado entreteniendo al sector durante años.


Empezaron diciendo que primero había que abordar el estatuto de Radiotelevisión Española; nombraron a aquel comité de sabios, y con esa excusa tuvimos para un par de años sin Ley General Audiovisual. Tras el informe del comité, y siguiendo sus recomendaciones, se aprobó en 2006 la Ley de la radio y televisión de titularidad estatal, pero lo que tenía vocación de estabilidad y supuestamente había costado tanto lograr lo cambiaron de un plumazo este año, como parte del toma y daca de las negociaciones de la señora vicepresidenta, suprimiendo la publicidad en Televisión Española. Siguieron mareando la perdiz sin la menor visión de conjunto. Así, primero se otorgaron más canales para favorecer el pluralismo, y después, sin mover un músculo del rostro, se facilitan las fusiones, también para favorecer el pluralismo y que donde había cinco ahora hay tres. Cuando ya las cosas se complicaron, aprobaron en menos de seis meses dos reales decretos-leyes y una ley, tramitados todos ellos con urgencia, para regular de manera fragmentaria aspectos sustanciales del sector. Por entonces llevaba tiempo circulando un texto de ley general audiovisual que podrían haber traído a la Cámara hace mucho tiempo, pero no lo hicieron, porque de haberlo hecho, ¿cómo iba a conseguir la señora vicepresidenta que el sector estuviese pendiente de ella? Mejor en pequeñas dosis y cuando ya no hay más remedio. Esta ley, que llega con cinco años de retraso, podrían haberla titulado ley residual audiovisual, pero aunque residual, el Gobierno no se ha privado de marcar su impronta, dando salida a sus filias y fobias y a su concepción antiliberal de la libertad de expresión.


En cuanto a las formas tampoco ha habido sorpresas, más que para los que se quieren seguir dejando engañar por este Gobierno, tanto en la exposición de motivos como en la intervención de la señora vicepresidenta, que en reiteradas ocasiones ha hablado de acuerdo, de voluntad de consenso, de que así es como se ha hecho. La verdad es que, si no supiésemos a estas alturas que este Gobierno es incompatible con la verdad, tendríamos que estar sorprendidos en este momento. Ni siquiera ha habido diálogo. Por no haberlo, señora vicepresidenta, ni siquiera con el ministro de Industria, teórico responsable de la materia que anunció en su primera comparecencia, en junio de 2008, que presentaría esta ley.
Mejor dicho, él anunció dos leyes: una general audiovisual y otra del Consejo General de Medios.


No ha sido mucho mayor el respeto que han tenido por la Corporación de Radiotelevisión Española, si bien en este punto hay que felicitar a la señora vicepresidenta que ha conseguido, después de constantes humillaciones, que dimita su presidente, que estaba actuando con unos límites de independencia intolerables para quien quiere controlar todo y a todos. Desde luego no ha habido ninguna conversación con la oposición, con quien resulta imprescindible, si se pretende que la ley sea un marco estable de futuro. Quede constancia de que en este momento no solo no hay acuerdo, sino que ni siquiera ha habido atisbo de conversaciones con el primer grupo de la oposición y próximo Gobierno de España. Y la única asociación con la que el Gobierno ha negociado este proyecto de ley, la patronal de las televisiones privadas, ha declarado que se ha sentido engañada en el tramo final de las larguísimas conversaciones. Síntoma inequívoco de que no ha habido diálogo y menos acuerdo, y que la señora vicepresidenta no ha dicho la verdad en la tribuna, es que al menos a mi grupo parlamentario le han llegado casi seiscientas enmiendas de más de 40 asociaciones que se sienten afectadas por la ley, y que no han sido consultadas en todo este proceso, que parece marcado exclusivamente por la agenda personal de la señora vicepresidenta. Esta ley, sin embargo, señor presidente, requería y requiere el acuerdo. Cualquier Gobierno con sentido de responsabilidad lo habría buscado para una norma que afecta de manera directa a un derecho fundamental, a la libertad de expresión y de comunicación, reconocida y protegida en el artículo 20 de la Constitución. Su texto sin embargo evita esta afirmación, porque tendría consecuencias de calado, como que solo un juez pueda adoptar medidas que supongan la interrupción del servicio de comunicación audiovisual o la retirada de contenidos audiovisuales.


Ustedes, para que los medios no se vayan a creer que pueden hacer lo que quieran, lo que hacen es redactar un proyecto de ley que configura un ente administrativo, dependiente de la señora vicepresidenta, que puede decidir sobre cuestiones vitales para las televisiones o cualquier medio que comunique contenidos audiovisuales. Frente a su concepción de la libertad de expresión y de comunicación como una concesión administrativa, que por tanto ha de estar sujeta al control político, nosotros pensamos que los límites a la libertad de expresión y comunicación deben estar en los demás derechos fundamentales y en el Código Penal, y que la intervención administrativa debe limitarse escrupulosamente a la ordenación del espectro radioeléctrico y a la policía del mismo, así como a la protección del consumidor y del usuario; del consumidor y usuario adulto exclusivamente en cuanto a los mensajes publicitarios, y de los menores en tanto que consumidores y usuarios más vulnerables respecto de los contenidos que puedan dañarles. Este es también el sentido de la antigua Directiva de Televisión sin Fronteras y de la actual Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. No hay más títulos habilitantes para la intervención administrativa, sin embargo, según el texto del Gobierno, la intervención administrativa puede afectar a cualquier contenido y se establece un régimen sancionador en el que la inseguridad es la regla, y la puerta a la arbitrariedad queda abierta de par en par. Podría ser que se les haya escapado, pues la redacción ya digo que es muy mala. Pero es muy sintomático de lo que estoy diciendo la redacción del artículo 10.3 del proyecto que dice: "La libertad de prestación

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del servicio de comunicación audiovisual se ejercerá en colaboración con las administraciones públicas." Señora vicepresidenta, un derecho fundamental de todos los ciudadanos no se ejerce conjuntamente con las administraciones. Todas las declaraciones de derechos fundamentales, desde la del buen pueblo de Virginia en 1776 hasta la fecha, lo que hacen es garantizar el ejercicio de ese derecho frente a la Administración y al poder político, como control de ese poder y como defensa de los ciudadanos. Es posible que esto le suene a chino o a cubano, pero ese es también el sentido del artículo 20 de nuestra Constitución. Y puesto que se cita en el texto algunas veces el Convenio europeo de derechos humanos, este convenio -y casualmente también en el artículo 10- dice: Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir y comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas. Note bien la diferencia. Ustedes dicen que tiene que ser en colaboración con la Administración; el convenio europeo dice que sin injerencias de las administraciones públicas. Veo por su cara que no lo nota, y eso resulta inquietante, muy preocupante y un síntoma claro de cuál es su concepción. Porque esta concepción, señora vicepresidenta, es la que explica la creación de un consejo estatal de medios audiovisuales que no tiene mucho que envidiar a la legislación chavista en la materia o a regímenes como China, Cuba y algunos otros países de la Alianza de Civilizaciones. Por si acaso algún miembro de la Cámara no se ha leído con detenimiento el proyecto de ley, ese órgano vigilará no solo a los medios de comunicación que utilizan el espectro y están sujetos por esta causa a una licencia, sino incluso a aquellos que no usan el espectro radioeléctrico y a los que se impone un régimen de comunicación previo que, en realidad, suena a autorización. Y lo que es peor, podrá retirar la licencia y cerrar a quien incumpla alguno de los preceptos de esta norma -lo que a todas luces debe ser la facultad exclusiva de los jueces-, pero sin llegar a la retirada de la licencia o al cierre del medio, que en el sector audiovisual sería lo que en la prensa tradicional es el secuestro de una publicación. El consejo estatal previsto por el Gobierno podría imponer sanciones de hasta un millón de euros por comportamientos tan sujetos a una interpretación arbitraria como -cito el proyecto- la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Las preguntas que surgen son: ¿De forma manifiesta para quién? ¿cuáles pueden ser esas causas de cualquier otra circunstancia personal o social que lleva acarreadas esas consecuencias? Puesto que les gusta la memoria histórica, les recuerdo que el franquismo acabó con el diario Madrid a base de multas; y esta es otra vía para tener bien controlados a los medios. Con el régimen sancionador que contemplan y que pretenden aplicar, no solo a las televisiones y a las radios tradicionales sino también a los medios en Internet e incluso a los blogueros, deben pensar que han encontrado una magnífica forma de tener a raya a los que ejercen su libertad de expresión y pueden llegar a molestar, a no ser que se plieguen a los derechos del poder. Ni siquiera hace falta censurarles porque ya se encargarán ellos de autocensurarse.


Señor presidente, por si estas razones fueran pocas para justificar una enmienda de totalidad, el proyecto de ley, siguiendo con esa coherencia que le inspira, es una expresión de las filias y fobias de este Gobierno.
La fobia a la libertad de los internautas, es decir, de los ciudadanos que son difíciles de controlar, y a la libertad en la red; o la fobia a las operadoras de telecomunicaciones entendidas como las vacas nutrices a las que se puede ordeñar para que paguen sus apaños una vez que les ha funcionado en la financiación de Radiotelevisión Española, aunque está por ver qué es lo que dice ahora Bruselas. Si el paso por la Cámara no lo remedia, cualquier internauta que intercambie vídeos, cualquier red social por la que circulen contenidos audiovisuales, no digamos sitios como Youtube u otros por el estilo, incluso los periódicos digitales que cada vez más incluyen informaciones o publicidad audiovisuales, vídeos, documentales o incluso miniseries, están inmersos de lleno en la definición sobre los sujetos de esta ley, sometidos a su sistema de sanciones y potencialmente obligados a las inversiones a que se refiere el artículo 5. Ya anuncio que una de nuestras enmiendas irá dirigida a acotar con mucha precisión a los sujetos de la Ley General Audiovisual, dejando claro que están excluidos los internautas y las redes sociales reguladas por la Ley de servicios de la sociedad de la información y los operadores de telecomunicaciones que están regulados por la Ley General de Telecomunicaciones.


Nos oponemos también, señor presidente, al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales en el que se une la obsesión del Gobierno por el control de la sociedad con la afición al gasto público. Tenemos la experiencia de lo que cuestan los consejos autonómicos -este sería aún más caro-, y es de todo punto prescindible porque se podría usar un órgano que ya existe, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que tiene prevista en su seno una comisión audiovisual donde se podrían residenciar las atribuciones estrictamente necesarias, potenciando la autorregulación y el autocontrol, remitiendo al Código Penal para los comportamientos delictivos y dejando en manos de los jueces las cuestiones fundamentales que afectan a derechos y libertades fundamentales.


El proyecto de ley del Gobierno, por mucho que nos haya intentado contar la señora vicepresidenta, está hecho con retrovisor, hasta tal punto que no hay una sola referencia a Internet, del que solo se ocupan para perjudicarle. Internet es ya el medio de comunicación audiovisual más utilizado y lo será más en el futuro. Sin embargo, el proyecto de ley utiliza unos conceptos tan generales y ambiguos que los internautas, las redes

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sociales, los blog o los diarios digitales se sienten amenazados por él, como han puesto de relieve sus asociaciones en el día de ayer de forma trompetera. Y eso antes de enterarse de la que les han jugado con la ley de economía sostenible, donde muy al estilo suyo -por la puerta de atrás y de tapadillo- vuelven a intentar lo que no consiguieron en la Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información: que se pudieran retirar contenidos de Internet sin intervención judicial. No sé si la señora vicepresidenta frecuenta la red, pero si lo hace -y lo ha hecho estos días- habrá visto cómo se ha organizado una auténtica rebelión de quienes se sienten una y otra vez agredidos por este Gobierno y a los que ya no pueden seguir engañando con medias verdades, porque los internautas no se fían de ustedes ya que les han dado demasiadas pruebas de sus intenciones.


Para el Partido Popular, señor presidente -y termino-, es fundamental la protección de la infancia, de la juventud y de los espectadores en general en tanto que consumidores. La forma en que lo hace este proyecto de ley es otra de las pruebas de que no está pensado para el futuro. Una de las grandes diferencias entre el entorno analógico y el digital es que los espectadores ya no son consumidores pasivos sino unos usuarios muy activos. Disponen del mando y de otras herramientas digitales que les permiten elegir los contenidos que quieren ver y los que no, así como configurar su receptor. Con la tecnología analógica no cabía otra posibilidad más que acudir al horario y a las recomendaciones por edades; con la tecnología digital se puede etiquetar y filtrar los contenidos indeseados. Lo que hace falta es dar información a los usuarios para que se puedan proteger solos o para que los padres puedan hacerlo respecto de sus hijos menores. Este sistema no solo es posible y mejor sino que no aplicarlo es querer cerrar los ojos a la realidad, pues los últimos estudios dicen que, por ejemplo, los jóvenes...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Cortés, por favor.


El señor CORTÉS MARTÍN: Termino, señora vicepresidenta.


... pasan más tiempo frente a su pantalla de ordenador que frente a un televisor y en Internet no hay licencias ni franjas horarias para seguir según qué tipo de programación ni minutaje en publicidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Queremos, señora vicepresidenta, que no haya Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y propondremos una alternativa que dote a España de una normativa audiovisual pensando en el futuro, respetuosa con la libertad de expresión y de comunicación y con la libertad de empresa, garante de los derechos de los ciudadanos, no solo como público pasivo sino como sujetos activos de una comunicación audiovisual en la sociedad de la información. Una alternativa que limite el intervencionismo de los políticos de turno y permita que el sector audiovisual se desarrolle en libertad y aproveche todas las potencialidades de los creadores, de los que trabajan en él y de los que lo utilizan para su trabajo y su ocio. Por su forma de hacer las cosas han logrado que esta ley, que debería ser un marco estable que diera seguridad jurídica...


El señor PRESIDENTE: Señor Cortés.


El señor CORTÉS MARTÍN: ... al modelo audiovisual del futuro a partir del apagón analógico, llegue al Parlamento con unos sectores enfrentados a otros y con una absoluta falta de consenso entre las fuerzas políticas.
Si quieren hay tiempo, pero mucho me temo que no hay voluntad.


El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, debe acabar.


El señor CORTÉS MARTÍN: Lo que han hecho con la ley de economía sostenible es buena muestra de por dónde apuntan. Por eso pedimos la devolución al Gobierno y que vuelva a la Cámara un texto a la altura de los tiempos y de las necesidades de un sector que necesita libertad y seguridad. Por nosotros no va a quedar.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cortés.


Para la fijación de posición, en primer lugar por el Grupo Mixto tiene la palabra doña Ana Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señora vicepresidenta, hoy traemos una ley que ha tardado lo suyo. Hemos tenido que aprobar previamente esa Ley de medidas urgentes donde ya Coalición Canaria introdujo una transitoria importante, donde garantizábamos la cobertura de TDT en Canarias y el mismo derecho de los herreños, gomeros o palmeros a tener el mismo nivel de cobertura. En este momento, con la ley que se nos presente, se deroga dicha transitoria y se habla de satélite. Desde luego, nosotros en esta ley vamos a volver a presentar una enmienda para que quede garantizada esa cobertura de la TDT en Canarias.


Por otro lado, en los temas que también afectan a Canarias, la protección de menores nos parece vital. Los menores canarios tienen el mismo derecho que los menores de la Península a tener sus derechos protegidos y, en ese sentido, habrá que buscar la fórmula en la que los horarios en Canarias sean los mismos pero eso no vaya en menoscabo del acceso a toda la programación de aquellas televisiones que no tienen desconexión. Y por último -después entraré en la ley general-, el tema más importante respecto a Canarias es el de la relación de banda ancha y servicios audiovisuales. La banda ancha representa el principal cuello de botella para el

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desarrollo de los servicios audiovisuales y no debemos olvidar que los expertos vaticinan que a medio plazo la televisión hoy herziana será en gran parte distribuida por cable, es decir, mediante banda ancha. Es una realidad que la oferta de servicios audiovisuales en Canarias es inferior a la del resto del Estado español, especialmente en aquellos programas y contenidos que se transportan por redes de telecomunicación en general, y que para su distribución la banda ancha es un elemento clave. La oferta de servicios audiovisuales en Canarias, o bien se encuentra limitada o simplemente no existe. Solo aquellos operadores para los cuales no cuenta el sobrecoste de su transporte a Canarias, como es el caso de Telefónica, ofrecen los mismos servicios. Para el resto de los operadores -ONO, Orange o Jazztel- el sobrecoste de este transporte les obliga a reducir su oferta o simplemente a no ofrecer estos servicios en Canarias. Por tanto existe un déficit de competencias en Canarias motivado por este mayor coste de producir la banda ancha en un territorio alejado y además fragmentado, con una mayor dispersión poblacional. Esta circunstancia de carácter estructural debe ser compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, dado que el marco legal existente no permite otras opciones, con objeto de evitar que Canarias sea discriminada respecto al resto del Estado español y evitar así una posible brecha audiovisual. Un sobrecoste que no es nuevo para Canarias y que está reconocido y admitido por el Estado y la Unión Europea pues también se produce en otros sectores como la energía y el transporte. Dado que los servicios de telecomunicaciones sobre los que se basan los servicios audiovisuales son servicios de interés general, no servicios públicos salvo el acceso a la telefonía y el acceso funcional a Internet, y no siéndole aplicable por tanto el concepto de servicio universal, parece lógico dar una solución similar a la que se ha dado en estos sectores mencionados y especialmente, por similitud, al sector de transporte y con el aval jurídico de la Unión Europea por la condición de ultraperificidad de Canarias.


Nos parece una ley muy importante, en la que se plantea la protección de los menores y el mayor acceso de los discapacitados; pero es asimismo importante mejorar determinados aspectos en cuanto a discapacidad a lo largo del proceso de enmiendas. También habría que definir muy bien la estructura de ese órgano importantísimo que es el Consejo Audiovisual en el nuevo marco de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, es decir, las competencias, el ámbito y la composición del Consejo Audiovisual.


La ley quizá ha estado más enfocada hacia el tema televisivo y en el tema de radios habrá que hacer algunas enmiendas que permitan la viabilidad de un servicio profundo y esa peculiaridad sobre todo en aspectos publicitarios y en otros también importantes en el ámbito de la radio pues la ley generaliza en muchos artículos; también en el plazo de presentación de enmiendas tendremos que corregirlo. Quizá hay poco desarrollo de la alta definición, que es un tema muy técnico pero importantísimo, usted mismo lo dijo en su exposición; como digo, esta alta definición quizá requiera un mayor desarrollo en el ámbito parlamentario.


Por último -y termino, señor presidente-, hay un tema que se refiere a la experiencia que hemos tenido las comunidades autónomas y el Estado con el uso ilegal del espectro. En este momento, tanto por interés de las comunidades como del Estado, hay que llegar a un acuerdo y a partir de la aprobación de esta ley las televisiones ilegales, las radios ilegales, el uso ilegal del espectro tiene que quedar claro. Tiene que quedar claro cómo va a actuar el ámbito competencial de las comunidades autónomas y del Estado e impedir, a partir de la aprobación de esta ley, que se use ilegalmente el espectro.


Esperamos que el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno sean sensibles a los temas de Canarias porque es necesario que cuando se produzca ese apagón analógico los canarios sigan viendo la televisión y que al final en El Hierro, en La Gomera, en La Palma, en Fuerteventura, en Lanzarote, en Tenerife o en Gran Canaria tengamos todos el mismo grado de cobertura que a nivel nacional. Y que en la banda ancha haya también una situación de igualdad de los canarios con el resto de los españoles.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señores diputados, señora vicepresidenta, el BNG no discute la necesidad de esta ley que debe de encauzar la gran dispersión normativa existente y poner fin a la inseguridad jurídica en el sector audiovisual, pero tenemos discrepancias importantes con el método seguido y con algunos de los contenidos más sustantivos de este proyecto de ley. En cuanto al método, desde nuestro punto de vista, lo lógico hubiese sido definir primero el marco propiciando un diseño consensuado del sector audiovisual presidido por el interés general, para una vez definido desarrollar toda la legislación específica que de él se deriva. Sin embargo, el Gobierno ha seguido el camino inverso, ir dando soluciones parciales a determinadas demandas de algunos operadores que han ido configurando a retazos un mapa audiovisual que ahora se pretende encajar en una ley general que nace en gran medida condicionada por este proceso. Y por lo que respecta a los contenidos, dos son las cuestiones que concentran nuestras preocupaciones. La primera, el reconocimiento efectivo de la diversidad lingüística y cultural existente en el Estado español y el respeto a las competencias autonómicas. Los medios de comunicación y la comunicación audiovisual en particular tienen una extraordinaria importancia en la normalización

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política, lingüística y cultural de un país. Por eso, pensamos que el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a una comunicación audiovisual que refleje su realidad inmediata y la diversidad lingüística y cultural existente debe de tener una mejor protección. Se debe asegurar la emisión en las distintas lenguas existentes en el Estado y se debe dotar también de mayor protección a la producción audiovisual en los distintos idiomas, algo que además -si me permite el apunte- serviría en parte para compensar los desafortunados efectos de la Orden Ministerial de desarrollo de la Ley del Cine contestada desde amplios sectores.


La comunicación audiovisual es una competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, pero hasta el momento el espacio de actuación de las comunidades autónomas ha sido escaso y la facultad del Estado de dictar la legislación básica ha significado la plasmación de un diseño claramente uniformador. Para el BNG el nuevo marco debe posibilitar el desarrollo por parte de las comunidades autónomas de políticas propias para el sector audiovisual y debe contemplar su participación efectiva en los diseños estatales en la medida en que tienen evidentes repercusiones en su ámbito territorial. Por eso, pensamos que las comunidades autónomas deben de ser consultadas en el otorgamiento de licencias de cobertura estatal a fin de asegurar, por ejemplo, un mínimo de horas en desconexión y que se respete la singularidad cultural y lingüística de cada territorio. Abogamos por una participación conjunta del Estado y las comunidades autónomas en la planificación y gestión del espectro radioeléctrico y consideramos que se deben delimitar de forma más clara los fines, funciones y facultades del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales para evitar cualquier posibilidad de invasión competencial.


En segundo lugar, nos preocupa de manera fundamental la defensa de los intereses generales en la ordenación del sector que deben prevalecer sobre una visión exclusivamente mercantilista. La liberalización permitida en el proyecto de ley puede acabar afectando al pluralismo de la comunicación audiovisual, que es una condición esencial para el cumplimiento de la libertad de expresión y formación a la que tienen derecho todos los ciudadanos. Por tanto, la pluralidad no debe referirse a que el servicio se preste por una diversidad de medios, sino que debe afectar a que en todos ellos se refleje el pluralismo ideológico, político, cultural y lingüístico como deber inherente al servicio de comunicación audiovisual tanto a nivel de prestación pública como privada. Para proteger los intereses generales creemos que la regulación y supervisión pública debe ser más exigente. Se deben establecer límites más estrictos que corrijan la tendencia a una concentración empresarial excesiva y deben regularse de una manera mucho más exhaustiva los derechos del espectador. Por último, el BNG aboga por una televisión pública con vocación mayoritaria. El texto del proyecto debe ser reformulado en esa orientación, pero en cualquier caso debe quedar claro que las orientaciones previstas para los prestadores públicos audiovisuales de ámbito estatal no tiene por qué ser de aplicación para los prestadores autonómicos.


Señorías, como habrán podido constatar, muchas de nuestras preocupaciones y críticas coinciden con los fundamentos de una de las enmiendas de devolución presentadas. Nosotros, pese a ello, hemos escogido otro camino. Valoramos el ofrecimiento al diálogo hecho por el Gobierno, no nos vamos a oponer por ello a la admisión a trámite del proyecto y procuraremos corregir a través de la presentación de enmiendas parciales mucho de los aspectos a los que me acabo de referir. En cualquier caso, señorías, señora vicepresidenta, anunciamos ya de antemano que si en el trámite de enmiendas no se introducen modificaciones importantes, cualitativas, respecto al proyecto presentado esta ley no contaría con nuestro apoyo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señora vicepresidenta primera del Gobierno, vengo en nombre de mi grupo a fijar la posición del mismo en relación con el debate de totalidad del proyecto de ley general de comunicación audiovisual, un proyecto de ley esperado por el sector desde hace mucho tiempo para ordenar en un texto legal toda una variada, dispersa y confusa normativa.
Un proyecto de ley que afecta, por tanto, a muchos y diversos sectores, tanto en sus capacidades de actuación como en sus cuentas de resultados, que ordena actividades y recursos económicos. Ahí están los prestadores de los servicios audiovisuales, televisiones y radios, productores de cine, prestadores de servicios de telecomunicaciones, publicistas y anunciantes, televisiones autonómicas, los responsables de la liga de fútbol profesional y un largo etcétera. Un proyecto de ley también obligado por la necesaria transposición de la Directiva Europea 2007/65, de servicios de comunicación audiovisual, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007. Un proyecto de ley que, según señala su preámbulo -al igual que apela a superar el disenso-, la falta de consenso había impedido hasta el momento llevarlo adelante. El Gobierno, señora vicepresidenta, nos lo tendrá que explicar muy despacio y muy bien para que lo podamos entender. Nuestro grupo parlamentario, al igual que el resto de los grupos de esta Cámara, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con los diferentes colectivos afectados por este proyecto y todos, unánimemente y sin excepción, nos han transmitido sus preocupaciones y desacuerdos con el texto que hoy debatimos.


Por tanto, señora vicepresidenta, de consenso nada de nada. Las televisiones privadas, los publicistas, los servicios

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de telecomunicaciones, los productores, el mundo del fútbol, las televisiones autonómicas, son algunos de los que nos han hecho llegar sus quejas y preocupaciones. Usted nos ha dicho esta mañana que han trabajado por el consenso, que han apelado al espíritu del consenso y que a nadie se le han cerrado las puertas. Pues bien, la mayor parte de ellos nos han dicho que ni siquiera han sido recibidos ni atendidas sus demandas por parte del Gobierno, un Gobierno que tanto apela al consenso. Ni siquiera el mundo de las televisiones privadas, que se supone que han tenido una mayor relación con él, está satisfecho. Nadie, nadie está contento.
Señora vicepresidenta, son ustedes únicos en la búsqueda de los consensos y acuerdos, pero es que tampoco han tenido la delicadeza de explicarnos el proyecto a los grupos parlamentarios. Al Grupo Vasco ni siquiera le han pedido su apoyo, nos han ignorado simplemente. ¿Esa es la forma en la que entienden el consenso? Ustedes hablan del método de geometría variable para buscar apoyos parlamentarios. Me imagino que en este caso habrán alcanzado un acuerdo con alguno o algunos grupos de esta Cámara para sumar más de 175 votos. Eso no es consenso, eso es salir del apuro como se puede. Si me permite acuñar una expresión para este debate exclusivamente, lo suyo no es la geometría que, aunque sea variable, es precisa y rigurosa, sino la geótica, la gestión caótica: hoy paso el mal trago y mañana ya veremos. Ese, desde luego, no es nuestro estilo.


Además, han interrumpido bruscamente el plazo de presentación de las enmiendas, cuya ampliación habíamos pedido muchos grupos de esta Cámara y que precisamente lo habíamos hecho para avanzar en el conocimiento del proyecto y en el acuerdo. El Gobierno ha debido pensar que no es bueno que los demás grupos de esta Cámara estemos enterados de lo cocinado en Moncloa, nos prefieren desinformados y manipulables. Por tanto, señora vicepresidenta, un cero absoluto en la gestión política del proceso.


Sin embargo, y a pesar de que podamos incluso parecer ingenuos hasta el extremo, nuestro grupo parlamentario no ha presentado enmienda a la totalidad a este proyecto, y no lo hemos hecho porque creemos que a lo largo de los próximos meses tendremos la oportunidad de corregir el texto sustancialmente a través de las enmiendas parciales que nuestro grupo parlamentario va a presentar, algunas de ellas relativas al respeto necesario al marco competencial, a los estatutos de autonomía. Sabe usted, señora vicepresidenta, que nuestro grupo es muy sensible a este tipo de cuestiones y no permitiremos intromisiones ni invasiones competenciales. Si no se subsanan al final estas y otras cuestiones clave para nuestro grupo parlamentario, no tendremos ninguna duda en oponernos al dictamen de este proyecto. Pero queremos darles, aunque no se lo merezcan, un margen de confianza. Por si desean buscar el apoyo del Grupo Parlamentario Vasco en algún momento del proceso, voy a adelantarle algunas de las preocupaciones de nuestro grupo en relación a este proyecto. De esta manera pueden ir avanzando, si lo desean, en un posible acuerdo con nuestro grupo.


Me preocupa profundamente cómo se ha extendido el concepto de legislación básica en materia de medios de comunicación, artículo 149.1.27 de la Constitución, normas que debieran formularse en términos estrictos máxime si, como señala el propio Consejo de Estado, la finalidad es regular los servicios de comunicación desde su perspectiva de instrumentos de comunicación. La plasmación de las normas básicas debería reducirse puesto que la regulación de unos instrumentos no está dentro de las previsiones constitucionales de atribución competencial estatal. En este orden de cosas, el artículo 5 -el famoso y controvertido artículo 5, como usted bien sabrá-, dedicado a la regulación del derecho de diversidad cultural y lingüística, debería respetar el contenido de la normativa autonómica, toda vez que el citado artículo se extiende y afecta tanto a los prestadores de televisión de cobertura estatal como autonómica.
Igualmente en el tratamiento del pluralismo lingüístico demandaremos un mayor protagonismo en la actuación de las comunidades autónomas que el que les concede el proyecto. Tampoco entendemos el sentido de la autorización estatal previa ni los criterios que van a utilizar para otorgar o no dicha autorización cuando dos comunidades autónomas convengan entre ellas prestarse recíprocamente servicios de televisión.
Me estoy refiriendo al artículo número 40.


En cuanto al organismo regulador que se crea, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, también nos genera nuestros recelos y preocupaciones. Nos preocupa la delimitación competencial entre el consejo estatal y los organismos autonómicos, particularmente el catalán pero que en un futuro también puede ser el vasco. Tal y como está en el proyecto, el Estado se atribuye la competencia para intervenir en el caso de emisiones en cadena con efecto supraautonómico cuando el título habilitante lo hubiera proporcionado la comunidad autónoma, como puede suceder por ejemplo en el caso de determinadas emisoras de radio de frecuencia modulada. En nuestra opinión, el texto debería recoger con toda claridad que la atribución del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales se refiere exclusivamente a la supervisión del sector audiovisual y en el ámbito de las comunidades del Estado, ya que en nuestra opinión no queda totalmente claro. No voy a extenderme en otras intromisiones e invasiones competenciales porque tendremos tiempo para ello, pero quería poner sobre la mesa estas cuestiones. Y quiero plantear una cuestión: no solo nos preocupan las cuestiones competenciales, compartimos las preocupaciones que nos han transmitido en relación al euskera en la programación, la concreción del texto cuando se refiere a lo que se denominan las lenguas oficiales de España. Compartimos las preocupaciones de los anunciantes, consumidores y usuarios de televisión, queremos que se aplique la directiva y que no se superen los 12 minutos de publicidad por hora en lugar de 29 minutos a los que puede llegar la propuesta. Compartimos

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también las preocupaciones de los operadores de telecomunicaciones; de la liga de fútbol profesional, que quiere poner en valor un producto propio como es el fútbol; del mundo del cine y de los productores, que ven cierto riesgo en el futuro de la producción cinematográfica, e incluso nos preocupan también las propias televisiones privadas. Presentaremos en este sentido enmiendas relativas a todos estos ámbitos para subsanar lo que entendemos que son deficiencias del proyecto.


Como le decía al principio, no hemos presentado enmienda a la totalidad porque queremos dar un margen de confianza al Gobierno, creemos que es posible y que es necesario modificar el fondo del texto del proyecto y para ello nuestro grupo se presta a trabajar intensamente. No vamos a votar, pues, a favor de las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, aunque coincidamos en muchas de las motivaciones por ellos planteadas. Tampoco podemos votarlas en contra, lo que nos situaría, junto con el Gobierno, en la defensa de un proyecto que hace aguas por muchas partes. Por tanto, nos vamos a abstener, eso sí, una abstención crítica y expectante que da al Gobierno un margen de maniobra, pero que en el caso de que no se solventen las cuestiones que son clave para nuestro grupo, como decía antes, no tendremos reparos en oponernos frontalmente y votar en contra del proyecto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán su portavoz don Josep Antoni Duran i Lleida.


El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, utilizo este tiempo para fijar la posición de manera breve de nuestro grupo parlamentario en torno a las enmiendas a la totalidad y, de hecho, en torno al proyecto de ley que el Gobierno presenta a esta Cámara. Como es conocido en función de ello fijamos simplemente posición. Nuestro grupo parlamentario no ha presentado enmienda a la totalidad; ello no significa que esté de acuerdo con el conjunto del proyecto de ley y la prueba es las enmiendas que va a presentar, que de hecho tiene ya preparadas, cuando finalice el plazo precisamente en el día de hoy al proyecto de ley correspondiente y motivo de discusión. No obstante, consideramos necesaria esta ley por tres razones. En primer lugar, porque traslada, y es su obligación, la Directiva 2007/65 de servicios de comunicación y audiovisual del Parlamento Europeo y la del Consejo del 11 de diciembre de 2007. En segundo lugar, porque sin duda los cambios tecnológicos en el ámbito digital requieren una respuesta que esta ley da, independientemente de que estemos o no de acuerdo con todos sus planteamientos, y la irrupción de Internet en el ámbito audiovisual también es otra de las características que obligan al Gobierno y a esta Cámara a enfocar un proyecto de ley que regule todo lo referente a lo audiovisual. Hay una tercera razón que avala, señorías, la necesidad de esta ley. Si ustedes recuerdan en esta misma Cámara, y esta misma tribuna daría memoria de ello, en las diversas iniciativas que a lo largo de los últimos tiempos hemos elaborado sea a través del Decreto Ley de Fusiones con tramitación parlamentaria, sea a través del Decreto de Ley de la TDT de Pago, sea a través de la Ley de Financiación de Televisión Española, era unánime la voz de los diversos grupos parlamentarios reclamando la presencia o el envío por parte del Gobierno de una ley audiovisual a esta Cámara. Es más, todos repetíamos que necesariamente hubiera sido mejor esperar a regular esos aspectos que acabo de señalar hasta la presencia de este proyecto de ley hoy en esta Cámara. Si eso era así en el pasado, tiene todo sentido, a nuestro juicio, que consideremos necesaria también por esta razón la presencia y la presentación por el Gobierno de este proyecto de ley. No simplemente consideramos necesario el proyecto de ley, con independencia de su contenido que ya he dicho que vamos a enmendar, y voy a referirme a algunos aspectos a lo largo de mi intervención, sino que lo consideramos necesario también desde la perspectiva de la urgencia por dos motivos. En primer lugar, porque la directiva así nos lo impone y, en segundo lugar, porque es necesario que esta ley esté lista para el apagón analógico porque si no crearíamos un vacío legal que conllevaría problemas técnicos que espero, así estoy convencido, que de tramitarse y aprobarse esta ley, esta y sus contenidos podrían subsanar.


Vamos a presentar, como decía antes, señorías, más de cien enmiendas a este proyecto de ley. Una buena parte de estas enmiendas van a ser competenciales. Entendemos que el redactado actual del proyecto de ley invade competencias. Queremos preservar las competencias de las comunidades autónomas y las competencias incluso de los municipios en sus respectivos ámbitos en el ámbito audiovisual. Entendemos que las televisiones autonómicas no deben verse afectadas por esta legislación más allá de lo que suponga legislación básica, así como también entendemos que respecto de los consejos audiovisuales ya existentes, como es el caso de Catalunya del CAC, tampoco deben ver invadidas sus competencias a partir del texto de este proyecto de ley del que hoy iniciamos su trámite parlamentario en esta Cámara a través de este debate a la totalidad. Se habló antes, y también nosotros asumimos, de la necesidad de que se garantice la reciprocidad de emisión y, por tanto, de visión de televisiones autonómicas mediante el convenio respectivo en aquellos supuestos en que se dé la circunstancia de comunidades autónomas limítrofes o con lengua común a los efectos de que aquello que parecía razonable, y durante mucho tiempo ha sido posible, se normalice nuevamente y, por tanto, se puedan ver esas televisiones en sus respectivas comunidades autónomas. Nos parece, no obstante, en referencia a esta

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reciprocidad, que el Estado no debe autorizarla, sino que debe poner a disposición, de ese posible convenio entre comunidades autónomas mediante sus televisiones autonómicas de territorios limítrofes o/y con una lengua común, el espectro para que ello sea posible. En nuestras enmiendas, señorías, vamos a hacer referencia también a la necesidad del pluralismo lingüístico que la ley, por supuesto, contempla en algunos casos, pero que nosotros consideramos manifiestamente mejorable.


No estamos, señorías, de acuerdo con el trato que esta ley da al cine.
Esta no es una ley del cine, es una ley que regula lo audiovisual y que presenta algunas obligaciones que comportan al sector audiovisual la necesidad de corresponder económicamente a la industria del cine, algo que hace más de diez años viene sucediendo, algo por lo que se han dispensado más de 1.000 millones de euros y, en cambio, hay que decir que el cine español no ha mejorado en términos generales. No me refiero al cine de los Almodóvar, Amenábar o Trueba, que no se han beneficiado precisamente de esta obligación, y que si lo han hecho no ha sido de la forma en que se prescribe en el proyecto de ley hoy objeto de discusión en el trámite de sus enmiendas a la totalidad. Eso sí, esa obligación que nosotros consideramos excesiva lo que ha hecho es crear muchas películas, algunas de las cuales, o una parte importante de ellas, ni siquiera han visto su estreno. Otro aspecto que también queremos remarcar en el ámbito de las obligaciones de cine es la singularidad que esta ley presenta respecto a las televisiones autonómicas en relación con los medios privados, en la medida en que se restringe a las televisiones autonómicas la obligación de invertir ese dinero en películas cinematográficas y no se les permite invertir ese dinero en series televisivas o en producciones propias de televisión. Estos días en Catalunya, a raíz de una serie de éxito, Pamano, se ha repetido hasta la saciedad que con esta ley no sería posible haber producido por parte de TV-3 esa serie. Por tanto, con una de nuestras enmiendas vamos a intentar paliar esta limitación que presenta el proyecto de ley de cara a lo que es la producción por parte de las televisiones autonómicas de series y de producciones televisivas.


Nos preocupa también, señorías y señora vicepresidenta, el control que se pueda ejercer ante la concesión de licencias audiovisuales en cuanto a su revocación en los supuestos que prevé la ley en su artículo 28.3, redactado actual, como en la revocación del punto 30.2, o también la supresión de la licencia en algunos casos previstos como sanciones del artículo 59.1, y en el despliegue de las enmiendas que presentamos y defenderemos en el momento oportuno se verá cuál es nuestra posición exacta al respecto. Al igual que han anunciado otros portavoces en este trámite, nuestro grupo parlamentario va a presentar un paquete de enmiendas que sitúan también a la radio en el centro de este proyecto de ley, en tanto que entendemos que existe una cierta orfandad respecto a este medio de comunicación. Este grupo parlamentario se manifiesta en contra de voces que se han escuchado en la defensa de sus enmiendas a la totalidad a favor del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales; otra cuestión es que debamos debatir si este consejo tiene una asignación orgánica al Ministerio de la Presidencia, tal y como establece el proyecto de ley o bien tal como se establece en algunas de nuestras enmiendas. Estamos dispuestos a hablar de ello, de la CMT, por razones que también explicamos en nuestras exposiciones y justificaciones de las enmiendas. Debo decir que hay razones para defender ambos modelos. En el derecho comparado encontraremos también ambos modelos reflejados en distintos países de nuestro entorno, por lo que será objeto de debate, y en función de cuál sea este debate fijaremos nuestra posición al respecto.


En definitiva, señorías, esta es una ley que en los términos actuales no podría ser aprobada por nuestro grupo parlamentario, pero esperamos y confiamos en que exista el diálogo necesario con el Gobierno, a través de ese paquete de enmiendas que he anunciado y que hoy vamos a presentar, que ojalá nos permita coincidir con los planteamientos del Gobierno y hacer en su conjunto y como síntesis una ley audiovisual que dé respuesta a los retos de presente y principalmente de futuro.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Duran.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Oscar López Águeda. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, debatimos hoy de nuevo -y van muchas ya en las últimas dos legislaturas-, sobre la reforma del sector audiovisual; de hecho, hoy debatimos una norma que es la clave de bóveda, la culminación, la cúpula de toda una tarea legislativa desarrollada a lo largo de seis años que ha supuesto la reforma de todo el sector audiovisual español, evidentemente para adaptarlo al entorno europeo pero también a la transformación del sector audiovisual, que es uno de los más afectados por la revolución tecnológica. En estos seis años hemos reformado la radio y la televisión públicas; hemos impulsado la televisión digital terrestre; hemos adelantado incluso la puesta en marcha de la televisión digital terrestre en España al año 2010, mientras que el resto de Europa lo hará en 2012; hemos liberalizado el sector impidiendo a la vez la concentración en pocas manos con la normativa que hemos aprobado recientemente; hemos apostado por el pluralismo y por la multiplicación de canales analógicos y también digitales. Ahora debatimos, como digo, la culminación de toda esa tarea legislativa.


La Ley General Audiovisual es una norma importantísima, que es verdad que articula la reforma del sector y dota a España de una normativa audiovisual acorde con los tiempos, coherente, dinámica, liberalizadora y

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con garantía de control democrático, respeto y refuerzo de los derechos de los ciudadanos, de los prestadores y del interés general, o lo que es lo mismo, una norma demandada ampliamente por el sector a lo largo de lustros para que este país por fin pudiera tener una sola norma que diera seguridad jurídica al sector. Es una ley valiente porque ningún gobierno ha sido capaz, a pesar de haberse comprometido diferentes formaciones políticas en distintos programas electorales, de poner en marcha esta ley, una ley que garantice, como digo, derechos por supuesto a los operadores de televisión, pero también y básicamente a los ciudadanos. Es una ley que crea ese consejo de medios audiovisual, del que hemos debatido largo y profundamente en esta Cámara y fuera de ella, que por fin nos homologa a Europa y que tiene que contemplar, cómo no, las nuevas novedades tecnológicas que se han expresado aquí por la vicepresidenta, como la televisión de movilidad, la alta definición y todo aquello que está revolucionando el sector audiovisual.


La pregunta es cómo se puede estar en contra de una ley que define los distintos objetivos del sector audiovisual, que regula derechos: derechos del público, derecho a una comunicación audiovisual plural, derecho a la diversidad cultural y lingüística, derecho a la comunicación audiovisual transparente, los derechos del menor, los derechos de las personas con discapacidad, derechos de los ciudadanos; derechos también de los prestadores, derechos a tener una libertad de dirección editorial, por tanto, libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de expresión y también derecho de acceso de los ciudadanos e incluso derecho de autorregulación del sector que, como todos ustedes saben, ya venía practicándolo en algunos ámbitos, especialmente en la publicidad. Por tanto, es una buena ley que homologa toda la legislación referente al sector, que nos homologa a Europa y que crea también un consejo audiovisual independiente, perfectamente definido y con un régimen sancionador perfectamente establecido también por la ley. Por eso, reconociendo que es una ley importante, necesaria y demandada, y sabiendo que es una tarea difícil, que es una ley difícil que ningún gobierno puso en marcha, pediría altura de miras a todos los grupos políticos, muy especialmente a los que han presentado enmiendas a la totalidad, porque, repito, ningún gobierno ha sido capaz de presentarlo y este ha traído esta propuesta que deberíamos sacar adelante.


Permítanme que les diga que me cuesta más comprender las enmiendas a la totalidad que ha presentado la izquierda hoy aquí, me cuesta más entenderlas. Les digo por qué. Creo que en política es importante tener coherencia y defender un modelo, y yo no entiendo que Izquierda Unida o Esquerra Republicana no hagan suyo este modelo, que no estén de acuerdo en tener más pluralismo en televisión, que no estén de acuerdo en regular definitivamente las televisiones sin ánimo de lucro, que es una vieja demanda de sus grupos políticos tener por fin una regulación para las televisiones sin ánimo de lucro, o que haya un consejo audiovisual que pueda ordenar el sector; por cierto, Cataluña ha sido vanguardista en esto, el Consejo Audiovisual Catalán ha ido por delante y por fin España tiene su Consejo Audiovisual. No entiendo que no se pueda estar de acuerdo con que se pueda regular definitivamente la publicidad y que se le dé la vuelta al discurso y se diga que se amplía el número de minutos de publicidad. No, señor; doce minutos de publicidad y doce minutos para establecer un límite en algo que ahora no lo tenía, que es la telepromoción y que está incluida dentro de un programa con los mismos contenidos, con los mismos presentadores e, incluso, con el mismo escenario; un límite que hasta ahora no existía, por tanto, se establece un límite a esa forma de publicidad que, por cierto, es creciente.


Respondiendo a algunas de las intervenciones que se han hecho por parte de los enmendantes a la totalidad de la izquierda, les diré que si se defiende la televisión pública lo primero que habría que hacer es reconocer en esta tribuna que Televisión Española hoy es líder. Una vez más ayer conocimos el dato de Televisión Española y hoy es líder en audiencia, cuando no lo era hace cinco o seis años. Quien defiende la televisión pública lo peor que puede hacer es magnificar informaciones a medias o informaciones exageradas sobre un informe que hace la Comisión -porque es normal que lo haga y se hace siempre en estos casos- que no predetermina nada y, lo que es más, ni siquiera ha impuesto medidas cautelares. En consecuencia, no se puede entender que se les dé ese sentido catastrofista a los mismos que vienen diciendo que se va a acabar con la televisión pública, pero que hoy la televisión pública es líder y, por cierto, tiene una financiación suficiente y garantizada que no tenía hasta la fecha.


Ha habido también otra enmienda a la totalidad que viene por parte de la derecha. Aquí hay una profunda contradicción y, permítanme que lo diga, también un poquito de hipocresía. Les voy a hacer una cita literal. Es verdad -he dicho que no es la primera vez que se debate hoy aquí- que ha habido muchos debates en esta Cámara sobre la creación del Consejo Audiovisual. La última de ellas fue a iniciativa de Convergència i Unió que sí que es un partido coherente. Siempre ha defendido que haya un consejo audiovisual y, por tanto, hoy aquí no presenta una enmienda a la totalidad. (Rumores.) Les voy a leer la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha sido siempre partidario de contar en España con un consejo audiovisual independiente, que vele por la adecuación legal de los contenidos audiovisuales y por la idoneidad de los mismos en atención a las ofertas de radio y televisión de ámbito estatal que tenemos a nuestro alcance.
Escuchen bien: El Parlamento y su "Diario de Sesiones" de forma singular es un fiel y reiterado testigo de que esta posición de nuestro grupo parlamentario -el Grupo Parlamentario Popular- se viene manteniendo en el tiempo con una fidelidad, compromiso y convicción realmente indiscutible.
Fin de la cita, que diría don Mariano Rajoy. No se entienden, señorías, los cambios, los vaivenes y las hipocresías de

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un partido que cambia de la noche al día en los distintos debates en esta Cámara a lo largo de los años y sobre algo que su partido estuvo a punto de poner en marcha desde el Gobierno. Pero no lo hizo durante ocho años, cuatro de ellos con mayoría absoluta; no lo hizo. No se entiende que diga una cosa y la contraria. No se entiende esta enmienda a la totalidad.


Parece también una broma de mal gusto que el Partido Popular nos hable de control de los medios de comunicación. Es una broma de mal gusto. Parece también que deberíamos aclarar que en esta reforma a la que me he referido y que culmina hoy con la Ley General Audiovisual sería bueno que hablemos claro a todos los ciudadanos para que nos entiendan. He dicho que en los últimos seis años hemos reformado el sector público audiovisual de este país. Donde había una televisión pública endeudada y manipulada, hay una televisión pública líder en audiencia, sin deuda y que recibe el premio al mejor informativo del mundo, del planeta hace tres días. Ese es el primer cambio. Donde había un solo operador en televisión digital terrestre -que, por cierto, quebró-, hoy hay seis operadores en televisión digital terrestre. Pluralismo. (Rumores.) Donde había dos cadenas analógicas libres de pago, dos cadenas nacionales analógicas gratuitas, hoy hay cuatro. Donde había inseguridad jurídica y falta de una normalización del sector, hoy hay con esta ley una seguridad jurídica. Y donde no había un órgano independiente para regular el sector, hoy lo va a haber gracias a esta ley. En ninguna de esas reformas -que han salido adelante afortunadamente- ha votado a favor el Partido Popular. Cuando se escriba la historia de la reforma audiovisual de este país habrá que contar que el Partido Popular no votó nunca a favor de ninguna de las normas que nos han permitido avanzar y homologarnos al sector europeo. No es exacto; una vez votó a favor el Partido Popular: para el reparto del Consejo de Administración de Televisión Española. Y me aventuro más. Espero que no vuelva a ocurrir lo mismo y que el Partido Popular no vuelva a votar favorablemente solo la composición del Consejo Audiovisual, porque entonces estará dando a la ciudadanía un mensaje muy complicado que es que al Partido Popular no le interesa reformar nada ni poner en marcha órganos pero sí le interesa estar en el reparto de los órganos. (Continúan los rumores.)

Quiero referirme también a la reflexión que se ha hecho sobre la concesión de licencias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Un momento, señor López.


Por favor, un poco de silencio porque con este ruido ambiental no pueden escuchar al orador.


El señor LÓPEZ ÁGUEDA: La concesión de licencia se basa en el uso de un espectro de bien público como es el espacio radioeléctrico de nuestro país de interés general. Por supuesto que sí. Claro que también en esto los pronunciamientos del Partido Popular en relación con la libertad de los concesionarios estarían bien si no fuera porque conocemos también cómo concede licencias de televisión en sus comunidades autónomas. O la reflexión que se hacen sobre Internet. Quiero recordar que el Partido Popular es el que recientemente, hace solo un mes, trajo a esta Cámara una propuesta para que los menores de 14 años no pudieran estar en las redes sociales ni los menores de 18 sin consentimiento. Tuvo que retirarlo finalmente porque se le rebeló toda la red. Esa es la propuesta de su partido y la apuesta por la libertad, por las redes y por Internet.
Les agradecería que mantuvieran el mismo discurso en público que en privado. Yo sé bien lo que dicen todos ustedes en privado sobre los contenidos de la televisión, sobre la falta de regulación, sobre la telebasura, sobre ciertos contenidos ofensivos para los menores, etcétera..., pero sería bueno que mantuvieran el mismo discurso en público. Creo que eso es bueno. En todo caso, después de escucharle me queda más claro que esta ley es buena y es necesaria, porque ha dicho usted que el Partido Popular lo arreglará, y para eso hay dos problemas: el primero, que no lo hizo cuando estuvo en el Gobierno durante ocho años y, el segundo, que para eso tiene que volver a gobernar, y eso sí que es un problema, señorías. En todo caso, me quedo con la voluntad de acuerdo expresada por el resto de grupos. Creo que se ha presentado una buena ley, una ley necesaria, una ley demandada por el sector, una ley que garantiza derechos a los ciudadanos y que seguramente, como hemos dicho siempre, y como bien ha reconocido la vicepresidenta, todo es mejorable, y podemos mejorar en esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor López.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN MANILA EL 24 DE MARZO DE 2009. (Número de expediente 110/000129.)

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000130.)

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- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ALBANIA SOBRE COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN TIRANA EL 20 DE MAYO DE 2009. (Número de expediente 110/000131.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE MALI EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA INTERNACIONAL ORGANIZADA, HECHO EN MADRID EL 16 DE OCTUBRE DE 2008. (Número de expediente 110/000132.)

- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y JAMAICA, HECHO EN KINGSTON EL 17 DE FEBRERO DE 2009. (Número de expediente 110/000133.)

- ACUERDO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AUSTRALIA SOBRE EL TRATAMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE DATOS, GENERADOS EN LA UNIÓN EUROPEA, DEL REGISTRO DE NOMBRES DE LOS PASAJEROS (PNR) POR LAS COMPAÑÍAS AÉREAS A LOS SERVICIOS DE ADUANAS DE AUSTRALIA, HECHO EN BRUSELAS EL 30 DE JUNIO DE 2008, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA FORMULÓ EN EL MOMENTO DE SU FIRMA. (Número de expediente 110/000134.)

- ACUERDO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE EL TRATAMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE DATOS DEL REGISTRO DE NOMBRES DE LOS PASAJEROS (PNR) POR LAS COMPAÑÍAS AÉREAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, HECHO EN BRUSELAS EL 23 DE JULIO DE 2007 Y EN WASHINGTON EL 26 DE JULIO DE 2007, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA FORMULÓ EN EL MOMENTO DE SU FIRMA. (Número de expediente 110/000135.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN ABUJA EL 23 DE JUNIO DE 2009. (Número de expediente 110/000136.)

- ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y JAMAICA RELATIVO AL TRABAJO REMUNERADO DE LOS FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN KINGSTON EL 17 DE FEBRERO DE 2009. (Número de expediente 110/000137.)

- CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN ASTANA EL 2 DE JULIO DE 2009. (Número de expediente 110/000138.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y NUEVA ZELANDA RELATIVO AL PROGRAMA DE VACACIONES Y ACTIVIDADES LABORALES ESPORÁDICAS, HECHO EN WELLINGTON EL 23 DE JUNIO DE 2009. (Número de expediente 110/000139.)

- ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS DEL CARIFORUM, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN BRIDGETOWN EL 15 DE OCTUBRE DE 2008. (Número de expediente 110/000140.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto IX del orden día: dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. ¿Algún grupo expresa su voluntad de intervenir? (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.) Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds pide la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Llamo su atención, señorías, en relación a la autorización del acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre transferencia de datos de pasajeros por las compañías aéreas al departamento de seguridad de los Estados Unidos. Esta es una iniciativa del período Bush que permanece y, en nuestra opinión, debería ser rechazada por esta Cámara. En primer lugar, vulnera el principio de reciprocidad, puesto que mientras la Unión Europea ha de garantizar la transferencia de datos de los pasajeros que tengan origen y destino en Estados Unidos, Estados Unidos no se comprometen en la misma medida para el supuesto de los países de la Unión Europea en caso de que exijamos algún tipo de reciprocidad. En segundo lugar, vulnera los derechos de intimidad de los

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ciudadanos, vulnerando derechos fundamentales. En la vertiente de la finalidad de la transmisión de datos de pasajeros, se aumenta mucho más allá de la previsión de terrorismo a delitos afines, delitos graves y delitos que tengan que ver, no con la legislación europea, sino con la legislación de Estados Unidos, un buen monumento a la falta de correspondencia en materia de derechos. En relación con las garantías de protección de intimidad y de otros derechos y libertades fundamentales, no se exige que se cumpla la normativa de la Unión Europea. Es más, se reconoce expresamente que existen diferencias con la legislación norteamericana en cuanto a la regulación de la protección de la intimidad y, en todo caso, se remite a la legislación norteamericana. También resulta excesiva la información. Se piden por parte de los pasajeros europeos diecinueve datos que tienen que ver con información, con viajes, con ventajas, con la información del equipaje y observaciones generales.
Pero hay un supuesto que se llama, supuesto de necesidad, en el cual Estados Unidos puede acceder a datos tales como los que hacen referencia, señorías, llamo su atención, al origen racial o ético, a las opiniones políticas, a las convicciones filosóficas o religiosas, a la pertenencia al algún sindicato, al estado de salud del pasajero o a la vida sexual del viajero. Se permite al Departamento de Seguridad de Estados Unidos transferir datos obtenidos a compañías aéreas de terceros países y a terceros países, en consecuencia, con términos muy amplios tras un examen por parte del Departamento de Seguridad. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Nos encontramos de nuevo ante un acuerdo en que lo que se pretende es validar la visión de la política unilateral y preponderante de los Estados Unidos de América en las relaciones internacionales en perjuicio de las relaciones de colaboración y reciprocidad, y también ante una posible vulneración del derecho a la intimidad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. En definitiva, nos parece inaceptable votar a favor de este convenio, que más que en convenio es un pacto de adhesión.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Para fijar posición del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ricomá.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo con toda brevedad. Estamos hablando de un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos que tiene su origen en mayo de 2004, que fue renovado en octubre de 2006 y lo que se pretende hacer ahora es una nueva renovación, pero dotándole de un tiempo de vigencia superior al que venía siendo habitual. Por tanto, no es una novedad, sino que es un acuerdo internacional que lleva prácticamente ocho años de vigencia.
Desde el punto de vista español, es cierto que en este acuerdo confluyen dos circunstancias que tenemos que considerar: una de fondo, importante, y otra no menos importante de forma.


Me referiré a la de fondo, que no es otra que la lucha antiterrorista.
Desde la parte americana se evidencia una especial sensibilidad para garantizar la seguridad desde la prevención también en lo que se refiere al transporte aéreo. Señorías, esto es totalmente comprensible si tenemos en cuenta lo que sucedió el 11 de septiembre en Nueva York y en Washington, donde precisamente fueron utilizados como armas letales aviones con tripulación y pasajeros dentro. De ahí que el objeto principal de este acuerdo sea el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad de Estados Unidos.


Hay otra circunstancia, la de forma, a considerar y es que este acuerdo internacional tiene que encajar perfectamente, tiene que tener totales garantías de que su cumplimiento vaya plenamente asociado a las exigencias del procedimiento constitucional y sobre la protección de datos. Señorías, para el Grupo Parlamentario Popular el respeto a la Constitución es algo esencial, en todo nivel y para cualquier ámbito. Es un tema que está de mucha actualidad política. También en este tema el Grupo Parlamentario Popular quiere ser coherente. Por ello vamos a apoyar la firma de este acuerdo, entendiendo la sensibilidad que lo motiva -insisto, los atentados del 11 de septiembre- y, además, con la declaración que el Gobierno de España formula de no vinculación mientras no exista la plena seguridad de su encaje constitucional.


Por cierto, señor Llamazares, es un acuerdo idéntico al que vamos a aprobar también en esta sesión que hace referencia a Australia, y sobre el que Izquierda Unida no ha manifestado su oposición, lo que nos lleva a concluir que quizá el problema de Izquierda Unida no sea la temática en sí, no sea el acuerdo en sí, sino que el problema sea, como siempre para ellos, Estados Unidos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ricomá.


Por el Grupo Socialista el señor Moscoso tiene la palabra.


El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, brevemente intervengo desde el escaño. Como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, el señor Ricomá, este es un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos que comenzó a fraguarse en su primera versión en el año 2002, poco después de los atentados del 11 de septiembre. Es un acuerdo que se enmarca, en el tercer pilar de la Unión Europea, en el ámbito de cooperación policial y judicial, en el ámbito de carácter penal. Hay que recordar que ya entonces este acuerdo fue objeto de una larga negociación que dio lugar a un primer acuerdo, el del año 2004, acuerdo que el Tribunal

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de Justicia Europeo anuló por deficiencias jurídicas. Esta anulación me parece relevante, puesto que demuestra que la Unión Europea ha sido desde el primer momento muy cuidadosa a la hora de verificar las garantías de ese tipo de acuerdo. Ese acuerdo anulado llevó a un segundo acuerdo, el de 2006, que tuvo una duración breve, que fue renovado en 2007 y que es el que ahora debatimos. Debido a esta anulación del Tribunal de Justicia Europeo y a las garantías europeas exigidas por parte de la Unión, su negociación se derivó a la normativa europea, que es la que ha marcado buena parte de sus contenidos. Debo recordar también que España, a la hora de la firma del acuerdo en 2006 y en 2007, invocó el artículo 24.5 del Tratado de la Unión Europea, que estipula que España no se sentirá vinculada por el mismo hasta que no se verifiquen todas las garantías constitucionales de su contenido, que es lo que se ha hecho conforme a los dictámenes que el Gobierno ha manejado y que también exige, por supuesto, la ratificación de esta Cámara, del Congreso de los Diputados.


Quiero terminar diciendo que la Unión Europea, en la carta de explicación que el departamento de Seguridad Nacional americano acompaña a este convenio, entiende que las garantías sobre protección de datos son suficientes y que en cualquier caso se informará siempre del manejo de cualquier tipo de información que no sea la exclusivamente contenida en el billete aéreo.


Muchas gracias.(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso.


Señor Jorquera, aunque no es en el orden que reglamentariamente está establecido, tiene dos minutos.


El señor JORQUERA CASELAS: Señor presidente, tiene razón, pero levanté la mano para poder fijar posición, dado que se suscitó un debate con respecto a una cuestión sobre la que inicialmente no pensábamos intervenir.


Quiero decir muy brevemente, fijando la posición del Bloque Nacionalista Galego -que no tiene por qué ser compartida por el resto de los compañeros del Grupo Mixto-, que recientemente hemos tenido un debate en esta Cámara, a raíz de una iniciativa del Grupo Popular, en la que apelaban, con respecto al sistema de escuchas telefónicas, a que la seguridad no podía ser pretexto para poner en peligro la debida protección de derechos fundamentales. Señorías, por este camino, apelando al 11 de septiembre, algunos van a conseguir que volvamos a cantar el Cara al sol. (Rumores.) Nos parecen inaceptables los términos de ese acuerdo; por mucho que se trate de prorrogar en el tiempo un acuerdo que ya tenía vigencia, los términos nos parecen total y absolutamente inaceptables. Por lo tanto, votaremos en contra y exigimos también votación separada del acuerdo entre la Unión Europea y Australia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 8/1994, DE 19 DE MAYO, POR LA QUE SE REGULA LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, PARA SU ADAPTACIÓN AL TRATADO DE LISBOA DE 13 DE DICIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 122/000182.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el último punto del orden del día, introducido por acuerdo de la Cámara, proposición de ley de modificación de la ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007.


Se ha presentado, en el procedimiento especial de tramitación, una enmienda por parte del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra el señor Ridao para su defensa.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, como es sabido, esta proposición de ley que estamos sustanciando por la vía de urgencia y por el procedimiento de lectura única constituye una ampliación -por decirlo así- de las facultades de la Comisión Mixta para la Unión Europea, como consecuencia de las competencias que han sido conferidas por parte de la Unión Europea a los parlamentos de los distintos Estados miembros y por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa precisamente este pasado martes. Consiguientemente, constituye un instrumento que va a ser más eficaz y más efectivo para la salvaguarda ante las instituciones europeas especialmente del denominado principio de subsidiariedad. Porque ciertamente la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se concreta en algunos ámbitos, como el de la supervisión de Europol, la evaluación de la actividad de Eurojust y también la posible petición de información de la propia Comisión Mixta para la Unión Europea, por lo que se refiere a los procesos de adhesión de nuevos Estados y en relación con los procedimientos de revisión simplificada de los tratados constitutivos. Pero hay un aspecto relevante al que se refiere esta proposición de ley, que es el control -insisto- de la aplicación del principio de subsidiariedad por parte de las iniciativas legislativas europeas, por lo que viene a denominarse el Sistema de Alerta Temprana, desarrollado por uno de los protocolos anejos al Tratado de Lisboa, mediante la práctica de dictámenes motivados por los parlamentos estatales al inicio del procedimiento legislativo comunitario, pero también por esta Cámara, a la hora de solicitar o de instar al Gobierno a que interponga

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recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de cualquier norma emanada de la institución europea por infracción del principio de subsidiariedad.


Concretamente en esta cuestión y relativo, por tanto, al control del principio de subsidiariedad, nuestro grupo parlamentario ya expresó durante el trabajo y debate en ponencia y en Comisión algunas reservas, algunas dudas, en relación con el papel de las comunidades autónomas, sobre todo aquellas que tienen competencia exclusiva en algunas materias en relación con la articulación -insisto- de las comunidades autónomas en ese proceso de revisión y de control del principio de subsidiariedad y en relación también con la posibilidad de emitir dictámenes con carácter vinculante ante esta Comisión Mixta para la Unión Europea para ser elevados o trasladados a las propias instancias europeas.


Pensamos que esta proposición de ley en origen fue impulsada, fue elaborada, quizás, sin tener realmente en cuenta la complejidad de un Estado compuesto, la complejidad incluso legislativa y competencial del Estado de las autonomías, pues, si bien reconoce la obligación de informar con carácter general a los parlamentos y asambleas autonómicas y de que estos consiguientemente puedan efectuar el correspondiente dictamen, no garantizaba en ningún caso una intervención decisiva, como no garantiza ahora el carácter vinculante de los dictámenes que emitan los distintos parlamentos autonómicos y, en caso de que se dé traslado a las instancias europeas, tampoco se garantiza que se haga en los términos expresados por los parlamentos y asambleas autonómicas. En conclusión, ante una eventual infracción del principio de subsidiariedad, puede que ser que la Comisión Mixta de las Cortes Generales en relación con la Unión Europea no tenga en cuenta y, por tanto, no traslade a Europa los criterios de los distintos parlamentos o asambleas autonómicas o, si lo hace a través de un dictamen propio de esta misma Comisión, puede ser que no se atenga a los argumentos del dictamen autonómico.


Hay evidentemente algunas mejoras sustanciales como consecuencia de la negociación en relación con el texto inicial de esta proposición de ley, pero queremos hacer mucho más real y efectivo el papel de las comunidades autónomas y también el carácter vinculante de los dictámenes que emitan.
Por tanto, hemos presentado dos enmiendas al artículo 6. La primera, al apartado 3, por la cual se solicita que en la Comisión mixta se apruebe un dictamen motivado sobre la vulneración de este principio de subsidiariedad, que incorpore en todo caso la relación exhaustiva y prolija de todos los dictámenes emitidos por los parlamentos autonómicos.
Y una segunda enmienda -y con ello acabo, señor presidente-, también de modificación al artículo 6, en este caso de adición de un nuevo apartado, para que cuando el dictamen aprobado por el Parlamento de una comunidad autónoma se refiera a materias de competencia exclusiva de la misma sea remitido directamente por parte de esta Comisión mixta, en este caso por parte del presidente del Congreso de los Diputados y el presidente del Senado, ante las distintas instancias europeas.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Vasco para fijar posición tiene la palabra el señor Erkoreka.
(Rumores.) Yo les rogaría tengan la bondad de bajar el volumen de sus conversaciones, por respeto al compañero que va a hacer uso de la palabra.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.


Señorías, en el trámite de toma en consideración de la proposición de ley que hoy debatimos, hace poco más de una semana, expuse ya las razones que motivaban el apoyo de mi grupo parlamentario a esta iniciativa, que resulta obligada ya tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) En aquel momento anticipé también nuestro propósito de aprovechar la tramitación en la Cámara para enmendar su articulado, con el fin de volver a plantear una reivindicación que ya expresamos, aunque sin éxito, en la ponencia que en su día se constituyó en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea para dar forma a esta proposición. Como podrán suponer, me refiero a aquella reivindicación en la que planteábamos la necesidad de que los dictámenes motivados que eventualmente pudieran emitir los parlamentos autonómicos en materia de su competencia tuvieran una relevancia mayor que la que el texto inicial de la proposición les asigna en los procesos de consultas abiertos por la Comisión para evaluar el impacto de los actos legislativos comunitarios, en el principio de subsidiariedad. Sin embargo, señorías, la extrema celeridad con la que se ha tramitado la iniciativa, unida a un pequeño error de coordinación que se ha producido en el seno de mi grupo parlamentario, ha hecho que no registráramos en tiempo y forma la enmienda que anuncié. Afortunadamente, otro grupo parlamentario, el de Esquerra Republicana, sí lo ha hecho y, afortunadamente también para nosotros, lo que ha registrado Esquerra Republicana son dos enmiendas que se encuentran en plena sintonía con los objetivos que el Grupo Parlamentario Vasco persigue en esta materia. Por tanto, anuncio nuestra adhesión a esta enmienda, cuyos presupuestos paso a defender muy brevemente.


El texto original de la proposición se limita a establecer a este respecto que en todo caso, es decir, cualquiera que fuese el titular de la competencia que se viera afectada por la iniciativa legislativa europea, la Comisión Mixta para la Unión Europea se limitará a incorporar a su dictamen la relación de dictámenes emitidos por los parlamentos de las comunidades autónomas y las referencia necesarias para su consulta. El papel que se le asigna es, por tanto, el de un mero notario; la Comisión Mixta para la Unión Europea ha de limitarse a dar fe de que existen dictámenes autonómicos y a proporcionar, en su caso, la dirección en la que pueden localizarse.


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Según la iniciativa, esto debe ser así independientemente de que la competencia afectada por el acto legislativo europeo sea compartida, sea concurrente o sea exclusiva de las comunidades autónomas. A juicio de mi grupo parlamentario, este esquema no respeta la complejidad del Estado autonómico. La fórmula por la que opta la proposición de ley podría ser válida para aquellos supuestos en los que los poderes estatales y los autonómicos actúan de manera compartida o concurrente, pero no en los casos en los que los parlamentos autonómicos dictaminan sobre materias de competencia autonómica exclusiva, y muy especialmente de aquellas en las que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, la competencia autonómica puede ser calificada de exclusiva en sentido estricto, que en algunos casos efectivamente ocurre así. En estos supuestos la proposición de ley debería permitir que los parlamentos autonómicos remitiesen sus dictámenes directamente a la autoridades comunitarias, lo que tendría perfecto encaje en el Protocolo segundo del Tratado de Lisboa, cuando estableciese que en los actos legislativos se tendrán en cuenta el principio de subsidiariedad, incluidas en su caso la dimensión regional y local, o cuando menos sería necesario que la proposición de ley obligase a la Comisión Mixta de la Unión Europea a hacer suyos los dictámenes autonómicos cuando la mayoría de estos se pronunciasen en una determinada dirección. Ni es lógico, ni tiene sentido, ni es respetuoso con el modelo vigente de distribución de competencias que, en materias de competencia exclusiva autonómica, en las que lo que está en juego es la dimensión regional del principio de subsidiariedad, la decisión sobre emitir dictamen o no hacerlo corresponda exclusivamente a las instituciones centrales del Estado y que, en su caso, la voz de los parlamentos autonómicos quede reducida exclusivamente a la referencia del dictamen emitido por la Comisión Mixta para la Unión Europea.


Pedimos a la Cámara que acepte estas dos enmiendas, que suscribimos plenamente, haciendo que la proposición de ley sujeta a debate se acomode a las estructuras institucionales de un Estado compuesto, integrado por comunidades autónomas, que en algunas materias pueden ser titulares de competencias que el propio Tribunal Constitucional ha titulado como exclusivas en sentido estricto.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Erkoreka.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, fue el martes de la semana pasada, durante el debate de toma en consideración de esta proposición de ley, cuando en nombre del Grupo Parlamentario Catalán fijé el voto favorable, como grupo cofirmante, de este proyecto que adapta las previsiones del Tratado de Lisboa y del principio de subsidiariedad a la legislación española, con lo cual no me quiero repetir sobre los argumentos de fondo. Sí me quiero posicionar en nombre del Grupo Catalán respecto a las enmiendas planteadas por parte del Grupo... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señor Xuclà.


Señorías, es imposible escuchar al orador que está en el uso de la palabra. Por favor les ruego que moderen un poco el volumen de sus conversaciones para que todos podamos convivir, el orador interviniendo en el uso de la palabra, como tiene, y ustedes resolviendo sus problemas, que imagino que deben ser de lo más urgentes. Si no me atienden ni cuando les digo esto, es difícil que luego lo podamos conseguir.


Señor Xuclà, cuando pueda.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Decía que sí que quiero fijar posición respecto de las enmiendas presentadas por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Los parlamentarios que habitualmente hemos trabajado durante el último año en la Comisión mixta en la elaboración de esta proposición de ley, el diputado Perestelo, el senador Anasagasti y yo mismo, en las distintas reuniones hemos insistido en el carácter indispensable de la incorporación de la voluntad de los parlamentos de las comunidades autónomas en el dictamen final de la Comisión Mixta Congreso-Senado de la Unión Europea en los exámenes del principio de subsidiariedad. Estos parlamentarios, que creemos en el Estado de las autonomías y también en el movimiento regional en la Europa de los pueblos, hemos conseguido, fruto de este trabajo, la incorporación del artículo 6.3, en el cual obligatoriamente la Comisión mixta, cuando apruebe el dictamen, también incorporará referencias de los dictámenes trasladados por parte de las comunidades autónomas.


El grupo enmendante ha presentado dos enmiendas. La primera con un texto que reproduce prácticamente de forma casi literal lo incorporado en el apartado 6.3. La segunda enmienda es respetuosa con el diseño constitucional y con el bloque de constitucionalidad. Ciertamente, los estatutos de Autonomía reformados en la anterior legislatura y en esta legislatura incorporan dos conceptos relevantes en este debate. Todos incorporan la definición de competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, en segundo lugar, capítulos referidos a la relación directa entre las comunidades autónomas y la Unión Europea. Sin ir más lejos, la semana pasada, en el debate de toma en consideración del Estatuto de Extremadura, también analizamos un artículo referido a la relación directa entre comunidad autónoma y Unión Europea, con lo cual la enmienda es pertinente, porque, en la distribución competencial, es oportuno que en aquellas materias en las cuales la comunidad autónoma

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tiene competencia exclusiva pueda hacer llegar a los órganos colegislativos europeos, al Consejo y al Parlamento Europeo, los puntos de vista del nivel autonómico en el ámbito de sus competencias. Por eso vamos a votar favorablemente las enmiendas y, evidentemente, el dictamen final de esta aportación, de esta modificación legislativa, que es una gran aportación a los primeros pasos de esta nueva era europea, que es la era del Tratado de Lisboa.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Xuclà.


Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Becerril.


La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Gracias, presidenta.


Hablamos unos instantes de Europa. No es un asunto de los que más interesa en esta Cámara -eso es evidente-, pero ha entrado en vigor el Tratado de Lisboa y eso debe suponer que en los próximos tiempos la Unión Europea se convierta en un verdadero actor global, con una política exterior, con una presencia internacional, con un mayor peso en la economía mundial, con una mayor actuación, más resuelta y más eficaz en materia de creación de empleo, y con una mayor acción para elevar el nivel de las personas, el conocimiento, la formación, la capacidad. También en materia de seguridad, también en materia de lucha contra el terrorismo, el Tratado de Lisboa da a las instituciones europeas mayor competencia, mayor capacidad. Esperamos que la Unión Europea en los próximos tiempos mire menos hacia sí misma, hacia sus problemas de funcionamiento, y más hacia el exterior.


La proposición que tratamos hoy en esta Cámara establece un procedimiento de actuación de la Comisión Mixta para la Unión Europea para que el Parlamento nacional, las Cortes Generales y las comunidades autónomas, a través de sus parlamentos, participen más en la acción europea, controlen mejor, conozcan mejor, estén mejor informados y llegue mejor su voz a las instituciones europeas. Nos parece que es una proposición correcta y la vamos a firmar. El único pequeño problema que trae esta proposición es que estas Cortes Generales van a tener que trabajar más, mucho más, y con mayores medios que los que ahora tenemos, para desarrollar una acción interesante y capaz en los asuntos europeos.


No vamos a aceptar las enmiendas que ha presentado el Grupo de Esquerra, porque nos parece que es suficiente la participación de las comunidades autónomas y de las Cortes Generales en la toma de decisión de los actos legislativos europeos; aumentar esa participación estaría muy bien, pero desde luego haría que la Comisión mixta no pudiera funcionar, y me temo que la Unión Europea tampoco.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Becerril.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.


El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Intervengo de nuevo, esta vez para defender la posición de mi grupo en el procedimiento de lectura única, que ya debatimos la semana pasada, para modificar la Ley 8/1994, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea para adaptarla al Tratado de Lisboa, en particular a los protocolos 1 y 2; el primero, sobre el cometido de los parlamentos nacionales y el segundo, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señorías, quiero recordar, y ya lo ha dicho la portavoz del Grupo Popular, que esta semana, el día 1, el martes pasado, entró en vigor el Tratado de Lisboa, tratado que ha costado años de esfuerzos, años de negociaciones y años de trabajos, en los cuales este país, esta Cámara, por su marcado carácter europeísta, y muchas personalidades, han trabajado con mucha intensidad. (Aplausos.) Creo que debemos todos estar satisfechos por este tratado que, como digo, el martes entró en vigor, con cierta discreción.
Es un tratado que, además de lo que incluye esta ley que hoy debatimos, va a incorporar importantes avances; es un tratado que democratiza Europa; un tratado que refuerza derechos y libertades; un tratado que amplía el ámbito de materias que se van a discutir por mayoría y que va a poner fin a la paralizante unanimidad; un tratado que comunitariza todas las políticas y elimina los dos pilares intergubernamentales; un tratado que va a poner en marcha el servicio europeo de acción exterior y que va a instaurar la iniciativa ciudadana; un tratado que refuerza los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo y que también va a permitir que los países que deseemos avanzar mediante cooperaciones reforzadas, por ejemplo en materias como la seguridad y la defensa, lo hagamos.


Estamos debatiendo por segunda vez en esta Cámara los protocolos 1 y 2.
Quiero recordar que esta proposición de ley es el resultado de muchos meses de trabajo, tanto en esta legislatura como en la anterior -en la anterior, mediante un informe y, en esta, mediante una ponencia-, y que su texto, su contenido, se pactó y vino a esta Cámara con el apoyo de todos los grupos, tanto del Congreso como del Senado. El objetivo, como se ha dicho, es crear el mecanismo que va a permitir a los parlamentos nacionales, en este caso al Parlamento español, a las Cortes Generales, vigilar la aplicación de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. En España, un país como el nuestro, tan descentralizado, un país en el que contamos con 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, es evidente que este procedimiento no podía realizarse sin prestar la atención que merecen las comunidades autónomas y los parlamentos autonómicos. Y así se ha hecho, señorías. (Rumores.)

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El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Así aparece en el artículo 6, artículo 6 que ha sido objeto de enmienda y que fue también objeto de largos y sosegados debates. Hay que recordar que cuando el Parlamento nacional, a través de la Comisión mixta, entienda que se vulnera el principio de subsidiaridad, siempre se incorporará al informe tanto la relación de parlamentos autonómicos como la vía para facilitar su consulta y localización. Este fue el texto que pactamos, un texto muy respetuoso, tanto con el tratado y con los protocolos como con la realidad constitucional española. (Rumores.) Como se ha dicho, la ley regula otras cuestiones, la potestad también de pedir al Gobierno que interponga un recurso de anulación de un acto jurídico europeo ante el Tribunal de Justicia Europeo, el control de la modificación de los cambios sobre los usos de mayorías, las llamadas pasarelas comunitarias, y también las actividades de Eurojust y Europol, por supuesto. en coordinación con las comisiones legislativas. (Rumores.)

Señorías, no todos los días los parlamentos renuevan sus métodos, renuevan sus sistemas, se actualizan y refuerzan la capacidad de los ciudadanos de intervenir en la legislación, más aún en la legislación comunitaria.
(Rumores.) Hay que recordar que este procedimiento no es más que un procedimiento de control del principio de subsidiariedad, no es un procedimiento para dirimir competencias competenciales, no es un procedimiento para obstaculizar la acción de la Unión Europea, ni del Gobierno, sino para profundizar, desde el diálogo y el consenso, en la construcción de Europa. (Rumores.)

El tratado ha entrado en vigor hace dos días. Por cierto, habrá que reformar la disposición final, que establece que esta ley entrará en vigor con el tratado, porque el tratado ya ha entrado en vigor; es una pequeña corrección técnica y se lo digo a los señores letrados.
(Rumores.) Esta ley entra en vigor junto con el tratado y a las puertas de la Presidencia española, cuyos objetivos y prioridades, entre otra otras, va a ser poner en marcha este tratado. Estoy convencido, señorías, y termino, de que el año que viene, cuando celebremos el 9 de mayo el Día de Europa en el 60º aniversario de la Declaración Schuman, estaremos ya con una Presidencia española a todo gas, con unas instituciones europeas renovadas por el tratado ya plenamente vigentes y con muchos sueños y esperanzas renovadas.(Rumores.)

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso.


Señor Moscoso, y SS.SS. que han hablado con anterioridad: En nombre de quienes tenían interés en escucharles, les pido excusas. Es difícil encontrar un grupo humano que falte tan gravemente al respeto de quien está en la tribuna. (Aplausos.) Y debo decirles que, si hemos de seguir de este modo, la Mesa y la Presidencia considerarán que las votaciones se produzcan inmediatamente después de la discusión de los asuntos para mejorar la imagen en lo que a respeto y atención se refieren.


Muchas gracias. (Fuertes aplausos.)

Votaremos dentro de dos minutos. (Pausa.)

Señorías, vamos a comenzar las votaciones.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. (Número de expediente 121/000045.)

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos el punto VIII. Debates de totalidad. Proyecto de ley general de la comunicación. Votación de las enmiendas de devolución.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 149; en contra, 176; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


AVOCACIÓN POR EL PLENO.


El señor PRESIDENTE: Votación de la propuesta de avocación que se ha presentado a la Presidencia para este proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 159; en contra, 177.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la avocación.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.)

- ACUERDO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AUSTRALIA SOBRE EL TRATAMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE DATOS, GENERADOS EN LA UNIÓN EUROPEA, DEL REGISTRO DE NOMBRES DE LOS PASAJEROS (PNR) POR LAS COMPAÑÍAS AÉREAS A LOS SERVICIOS DE ADUANAS DE AUSTRALIA, HECHO EN BRUSELAS EL 30 DE JUNIO DE 2008, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA FORMULÓ EN EL MOMENTO DE SU FIRMA. (Número de expediente 110/000134.)

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- ACUERDO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE EL TRATAMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE DATOS DEL REGISTRO DE NOMBRES DE LOS PASAJEROS (PNR) POR LAS COMPAÑÍAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, HECHO EN BRUSELAS EL 23 DE JULIO DE 2007 Y EN WASHINGTON EL 26 DE JULIO DE 2007, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA FORMULÓ EN EL MOMENTO DE SU FIRMA. (Número de expediente 110/000135.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos el punto IX. Dictámenes de la Comisión de Exteriores sobre convenios internacionales.


Votamos, a solicitud del señor Llamazares, de manera separada el Acuerdo de la Unión Europea con Australia y conjuntamente con este el Acuerdo de la Unión Europea con Estados Unidos sobre el tratamiento y transferencia de datos del registro de nombres de pasajeros. ¿Se puede hacer así, señor Llamazares? (Asentimiento.) ¿Alguna oposición a que se voten conjuntamente estos dos convenios? (Pausa.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 326; en contra, siete; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los dos acuerdos.


- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN MANILA EL 24 DE MARZO DE 2009. (Número de expediente 110/000129.)

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000130.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ALBANIA SOBRE COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN TIRANA EL 20 DE MAYO DE 2009. (Número de expediente 110/000131.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE MALI EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA INTERNACIONAL ORGANIZADA, HECHO EN MADRID EL 16 DE OCTUBRE DE 2008. (Número de expediente 110/000132.)

- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y JAMAICA, HECHO EN KINGSTON EL 17 DE FEBRERO DE 2009. (Número de expediente 110/000133.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN ABUJA EL 23 DE JUNIO DE 2009. (Número de expediente 110/000136.)

- ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y JAMAICA RELATIVO AL TRABAJO REMUNERADO DE LOS FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN KINGSTON EL 17 DE FEBRERO DE 2009. (Número de expediente 110/000137.)

- CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN ASTANA EL 2 DE JULIO DE 2009. (Número de expediente 110/0000138.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y NUEVA ZELANDA RELATIVO AL PROGRAMA DE VACACIONES Y ACTIVIDADES LABORALES ESPORÁDICAS, HECHO EN WELLINGTON EL 23 DE JUNIO DE 2009. (Número de expediente 110/000139.)

- ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS DEL CARIFORUM, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN BRIDGETOWN EL 15 DE OCTUBRE DE 2008. (Número de expediente 110/000140.)

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El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos el resto de dictámenes de la Comisión de Exteriores. ¿No se solicita votación separada de ninguno de ellos? (Pausa.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 335; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los dictámenes sometidos a votación.


PROPUESTA DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:

- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PREVISIONES DEL REAL DECRETO-LEY 9/2009, DE 26 DE JUNIO, SOBRE REESTRUCTURACIÓN BANCARIA Y REFORZAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO. (Número de expediente 158/000029.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, para seguir el mismo orden del cuadernillo que tienen los portavoces, votamos la propuesta de creación de una subcomisión para dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto 9/2009.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 336.


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
(VOTACIÓN.)

- DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 8/1994, DE 19 DE MAYO, POR LA QUE SE REGULA LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, PARA SU ADAPTACIÓN AL TRATADO DE LISBOA DE 13 DE DICIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 122/000182.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos las enmiendas a la proposición de ley de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 27; en contra, 308; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el texto de la proposición de ley, que ha sido tramitada por este procedimiento de urgencia y lectura única. ¿Alguna observación a la votación así propuesta? (Pausa.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 336.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.

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