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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 125, de 24/11/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2009 IX Legislatura Núm. 125
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 117
celebrada el martes, 24 de noviembre de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Exclusión en el orden del día:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo), sobre los planes y proyectos del Gobierno en las costas de Canarias. (Número de expediente 172/000131.) ... (Página 5)

Inclusión en el orden del día:

- Comparecencia, de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz) ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las actuaciones de Gobierno para la liberación del buque Alakrana. A petición propia (número de expediente 210/000056), y de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 210/000055), Vasco (EAJ-PNV) y Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (número de expediente 210/000059.) ... (Página 5)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- De los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación al Tratado

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de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 203-1, de 23 de octubre de 2009. (Número de expediente 122/000182.) ... (Página 5)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 111-1, de 30 de mayo de 2008. (Número de expediente 122/000093.) ... (Página 12)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de un enfoque europeo a las políticas de inclusión de la población gitana y apoyar la celebración en España de la segunda cumbre europea sobre la inclusión de la población gitana. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 273, de 16 de octubre de 2009. (Número de expediente 162/000507.) ...
(Página 19)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre puesta en marcha de los controles al Sistema de Interceptación de las Comunicaciones (Sitel), utilizado por el Gobierno desde diciembre de 2004. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 290, de 13 de noviembre de 2009. (Número de expediente 162/000519.) ... (Página 24)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la futura reserva marina de interés pesquero de Palamós (Girona). (Número de expediente 173/000103.) ... (Página 30)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 34)

Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 35)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 35)

Elección de miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE:

- Elección de miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE. (Número de expediente 276/000009.) ... (Página 35)

Elección del presidente de la Corporación RTVE:

- Elección del presidente de la Corporación RTVE. (Número de expediente 276/000009.) ... (Página 36)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Exclusión del orden del día ... (Página 5)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del punto número 27 de la presente sesión, que corresponde a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, Sr. Perestelo, sobre planes y proyectos del Gobierno en las costas de Canarias, lo que se aprueba por asentimiento.


Inclusión en el orden del día ... (Página 5)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, y lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara incluir en el orden del día del próximo miércoles la comparecencia de la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, a petición propia y de los grupos Popular en el Congreso, Vasco y Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, lo que se aprueba por asentimiento.


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Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)

De los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación al Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007 ... (Página 12)

En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley intervienen los señores Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista; Arias Cañete, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud ... (Página 19)

En defensa de la proposición de ley interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de Ley ... (Página 24)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de un enfoque europeo a las políticas de inclusión de la población gitana y apoyar la celebración en España de la segunda cumbre europea sobre la inclusión de la población gitana.


En defensa de la proposición no de ley interviene el señor Muñoz Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Muñoz Gómez.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre puesta en marcha de los controles al Sistema de Interceptación de las Comunicaciones (SITEL), utilizado por el Gobierno desde diciembre de 2004 ... (Página 30)

Defiende la proposición no de ley el señor González Pons, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Díez González, Oramas González-Moro y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.


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A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor González Pons.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 30)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Con-vergència i Unió), relativa a la futura reserva marina de interés pesquero de Palamós (Girona) ... (Página 30)

En defensa de la moción interviene la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Sánchez Ramos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Canet i Coma y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Fernández Iruela, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto y Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 34)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Vasco y Mixto, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación al Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, se aprueba por 333 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, se aprueba por 173 votos a favor, 147 en contra y 20 abstenciones.


Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 35)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de un enfoque europeo a las políticas de inclusión de la población gitana y apoyar la celebración en España de la segunda cumbre europea sobre la inclusión de la población gitana, se aprueba por 340 votos a favor.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre puesta en marcha de los controles al Sistema de Interceptación de las Comunicaciones (Sitel), utilizado por el Gobierno desde diciembre de 2004, con la incorporación de la enmienda de la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 148 votos a favor, 173 en contra y 19 abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 35)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la futura reserva marina de interés pesquero de Palamós (Girona), se aprueba por 335 votos a favor y cinco abstenciones.


Elección de miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE ... (Página 35)

Se procede a la votación por el sistema de papeletas.


Elección del Presidente de la Corporación RTVE ... (Página 36)

Se procede a la votación por el sistema de papeletas.


Se suspende la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, les pido, por favor, un poco de atención porque les voy a explicar los acuerdos de esta mañana de la Junta de Portavoces que introducen cambios en el orden del día que obra en su poder. En primer lugar, hoy, sobre las siete de la tarde y tras el examen del punto que estemos viendo en ese momento, pasaremos

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a examinar los puntos IV y V del orden del día, que respectivamente son la elección de miembros del Consejo de Administración de la Corporación de Radiotelevisión Española y la elección del presidente de dicha corporación. Esto quiere decir que el punto del orden del día fijado para esta tarde que no pueda ser examinado pasará a integrar el orden del día del jueves próximo y, en consecuencia, finalizaremos el orden del día de hoy sobre las veinte o veintiuna horas de esta tarde.


EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PERESTELO), SOBRE LOS PLANES Y PROYECTOS DEL GOBIERNO EN LAS COSTAS DE CANARIAS. (Número de expediente 172/000131.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): En el orden del día de mañana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, se ha solicitado por el Gobierno un aplazamiento. Expresado a su vez el parecer favorable unánime de la Junta de Portavoces en su reunión de hoy, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto número 27, que se corresponde a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Perestelo, sobre los planes y proyectos del Gobierno en las costas de Canarias. ¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia.


INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 203 DEL REGLAMENTO.


- COMPARECENCIA, A PETICIÓN PROPIA, DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ), PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO PARA LA LIBERACIÓN DEL BUQUE ALAKRANA. (Número de expediente 210/000056.)

- COMPARECENCIA URGENTE DE LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ), SOLICITADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO PARA QUE UNA VEZ CUMPLIDO UN MES DEL SECUESTRO DEL BUQUE ALAKRANA POR PARTE DE PIRATAS SOMALÍES Y COMO PRESIDENTA DE LA "COMISIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PESQUERO ALAKRANA", ACLARE CUÁLES SON LAS ACTUACIONES QUE HA LLEVADO A CABO EL GOBIERNO FRENTE A ESTE SECUESTRO, CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS, Y CUÁLES SON LAS PERSPECTIVAS ACTUALES RESPECTO A LA LIBERACIÓN DE LOS TRIPULANTES DEL BUQUE. (Número de expediente 210/000055.)

- COMPARECENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ), SOLICITADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS VASCO (EAJ-PNV) Y DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, PARA QUE EXPLIQUE LA GESTIÓN EN EL SECUESTRO DEL ATUNERO ALAKRANA. (Número de expediente 210/000059.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Igualmente, mañana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la inclusión como último punto del orden del día previsto para el próximo miércoles 25 de noviembre, de un nuevo apartado relativo a la comparecencia, a petición propia, de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las actuaciones del Gobierno para la liberación del buque Alakrana, que se sustanciará junto con la solicitud de comparecencia presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la solicitud de comparecencia de los grupos parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la inclusión en el orden del día del apartado de referencia.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO (EAJ-PNV) Y MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 8/1994, DE 19 DE MAYO, POR LA QUE SE REGULA LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, PARA

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SU ADAPTACIÓN AL TRATADO DE LISBOA DE 13 DE DICIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 122/000182.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Efectuadas estas aclaraciones, pasamos al punto I del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, las de los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán de Convergència i Unió, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007.


En primer lugar, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moscoso.


El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Muchas gracias.


Señora presidenta, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la proposición de ley de modificación de la Ley 8/1994, que regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación al Tratado de Lisboa. Es esta una proposición que respaldamos todos los grupos de esta Cámara y también del Senado, porque la Entesa de Progrès está asimismo en el acuerdo alcanzado en la Comisión mixta. Hoy, señorías, es un gran día para el europeísmo y para el parlamentarismo.
Para Europa es un gran día porque este es el primer acto formal, el primer acto institucional en el cual se tiene en cuenta la entrada en vigor de un hecho alta y largamente deseado, como es la adopción definitiva del Tratado de Lisboa tras ocho años de trabajos y esfuerzos.
Al mismo tiempo, señorías, es un día importante para el parlamentarismo como explicaré a continuación. Es un gran día para el europeísmo porque a pocos días de la entrada en vigor del nuevo tratado y a un mes escaso de la Presidencia española de la Unión Europea, vivimos un momento crucial para Europa; una etapa nueva se abre ante nosotros en la cual el nuevo tratado, un tratado democratizador, un tratado que refuerza a Europa en todos los aspectos y un tratado que hemos deseado y trabajado por él con fuerza, va a entrar en vigor. Y es un momento en el cual la Presidencia española va a ser la que lleve las riendas de Europa en un momento tan ilusionante. ¿Por qué digo que es un día importante para la democracia y el parlamentarismo? Porque aprobamos hoy una norma que permite profundizar en la democracia en Europa. Una norma que va a permitir que los parlamentos nacionales participen en la Unión Europea de esos asuntos relacionados con la Constitución, porque esta norma desarrolla los dos protocolos: el Protocolo sobre los cometidos de los parlamentos nacionales y el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad del Tratado de Lisboa.


Señorías, al final de la pasada legislatura la Comisión Mixta para la Unión Europea aprobó un informe, un informe en el que trabajamos durante dos años y en el que se contenían las recomendaciones sobre cómo adaptar el Parlamento español, las Cortes, a las exigencias democráticas de la entonces Constitución europea. La Constitución europea no salió adelante aunque España la ratificó, pero ha salido adelante el Tratado de Lisboa, Tratado de Lisboa que reproduce de manera intacta ambos protocolos citados. En esta legislatura la Comisión Mixta para la Unión Europea creó una ponencia de trabajo, una ponencia de estudio de la cual se obtuvo el texto que hoy debatimos, un texto que fue objeto de aprobación por unanimidad y un texto que fue sujeto a muchas sesiones de trabajo y a un intenso análisis. Quiero agradecer el trabajo en ambas legislaturas a todos los portavoces, a todos los grupos de ambas Cámaras; y en particular, de mi grupo, a la diputada doña Meritxell Batet Lamaña.


El objeto de esta proposición de ley, señorías, es ampliar la relación de competencias de la Comisión Mixta para la Unión Europea incorporando las referidas a los parlamentos nacionales por el Tratado de Lisboa. Conforme al nuevo tratado, los parlamentos nacionales tienen la potestad de emitir dictámenes motivados sobre la aplicación o posible vulneración del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas al comienzo del procedimiento legislativo comunitario. En concreto se habla de un plazo exacto de ocho semanas. Los efectos jurídicos de estos dictámenes que adoptarán los parlamentos nacionales dependerán del número de los mismos que los aprueben, y podrán exigir desde el reexamen de la iniciativa hasta, incluso en mayorías reforzadas, su veto y su remisión de nuevo al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo. Hay que recordar que el Parlamento Europeo con el Tratado de Lisboa tiene equidad legislativa, es decir legislará en igualdad de condiciones con el Consejo Europeo. Sin duda, y más aún en un país como el nuestro, el elemento fundamental de esta proposición es el mecanismo de consulta que los parlamentos nacionales, en este caso las Cortes Generales a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, van a realizar a los parlamentos nacionales que poseen competencias legislativas, esto es a los parlamentos autonómicos. También se confiere a la Comisión mixta conforme a esta ley, la potestad de solicitar del Gobierno la interposición ante el Tribunal de Justicia Europeo de un recurso de anulación contra un acto legislativo europeo por infracción del principio de subsidiariedad.


Una tercera potestad es que bastará con que solo un parlamento nacional, uno, decida que es necesario detener algún acto legislativo comunitario en materia de modificación de las reglas sobre las tomas de decisiones.
Esto es, si el Consejo Europeo decide cambiar algún tipo de norma de decisión comunitaria de mayorías, lo que se conoce como una revisión simplificada de los tratados, bastará con que un solo parlamento nacional se oponga. Asimismo, la proposición de ley que hoy debatimos confiere a la Comisión Mixta para la Unión Europea la

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evaluación de las actividades tanto de Eurojust como de Europol, aunque deja abierta la posibilidad, como es de justicia por otra parte, de que en esta Cámara y en el Senado también las comisiones legislativas correspondientes, esto es la Comisión de Interior y la Comisión de Justicia, puedan intervenir. En definitiva, es el primer instrumento de un nuevo tratado, un nuevo tratado que abre las puertas a una nueva Europa, una Europa más democrática, una Europa más parlamentaria, una Europa con más competencias, una Europa en la que desaparecen las políticas intergubernamentales y se comunitarizan tantas cuestiones que antes se decidían a nivel de Gobierno, una Europa con nuevas instituciones -ya hemos conocido los nombramientos-, una Europa que va a contemplar la creación del servicio europeo de acción exterior, una Europa que otorga rango de ley a la Carta de Derechos Fundamentales y tantas y tantas novedades que durante la Presidencia española tendremos la oportunidad de ir conociendo e ir desarrollando.


Señorías, decía al principio que hoy es un gran día para el europeísmo porque por fin formalizamos en España y en el resto de Europa -pero en particular en nuestro país- el nuevo tratado. Y también es un gran día para el parlamentarismo porque no todos los días el Parlamento, las Cortes, renuevan sus medios, sus funciones y sus instrumentos. Es importante también decir lo que no es esta proposición de ley; se trata de una nueva función del Parlamento y es un procedimiento para controlar el principio de subsidiariedad y no para controlar el contenido de las normas comunitarias. Esto es, que decida siempre la instancia que sea más adecuada para que la medida política sea efectiva. Tampoco es un procedimiento que vaya a servir de control al Gobierno o de control a los gobiernos autonómicos, no lo es, sino que es una función de los parlamentos, de los parlamentos nacionales en coordinación con los parlamentos regionales, con independencia de su relación con los gobiernos. Tampoco es, señorías, un procedimiento para dirimir conflictos de interés o conflictos sectoriales, sino para contribuir a dirimir qué Administración está mejor capacitada para llevar a cabo una decisión concreta, pero no para discutir cuál es la que corresponde según el ordenamiento jurídico de cada país. Y, por supuesto, no es un instrumento para obstaculizar o paralizar los trabajos de la Unión Europea como algunos creen tener. Se trata de un instrumento muy potente, un instrumento parlamentario, un instrumento que debemos aprender a utilizar desde la Comisión Mixta para la Unión Europea y desde las Cortes en general, que debemos aprender a desarrollar. Y también quiero recordar que ya hemos comenzado a utilizarlo porque estamos realizando un segundo ensayo de esta norma que aprobaremos próximamente. Con esta proposición de ley, señorías, damos la bienvenida al nuevo tratado -y es el primer acto formal e institucional-. Un tratado que como decimos es una magnífica noticia, un tratado que nos va a permitir a los europeístas acercarnos más al sueño europeo de la unión política, esa Europa política, esa Europa de una unión federal en la que creemos todos -yo al menos desde hace mucho tiempo-. Esto es una buena noticia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Moscoso.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Arias Cañete.


El señor ARIAS CAÑETE: Señora presidenta, señorías, la proposición de ley de adaptación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea al Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, es el fruto de unos trabajos parlamentarios realizados con el máximo grado de rigor técnico y consenso político, que se iniciaron el 27 de septiembre del año 2005 y hoy afrontan sus últimas etapas. El 27 de septiembre de 2005 la Comisión Mixta para la Unión Europea acordó la creación de un grupo de trabajo en su seno que estudiase la aplicación por las Cortes Generales del sistema de alerta temprana previsto en el Protocolo de subsidiariedad que acompañaba al tratado por el que se establecía una constitución para Europa. La falta de ratificación por parte de algunos Estados miembros del tratado constitucional llevó, como saben SS.SS., a la suscripción el 13 de diciembre de 2007 por los jefes de Estado y de Gobierno de un nuevo tratado llamado de Lisboa que, con alguna modificación, recogía la regulación del referido tratado constitucional en lo referente al control de subsidiariedad. Consecuentemente, el grupo de trabajo tuvo que adaptar su informe a las previsiones del Tratado de Lisboa y, tras analizar las repercusiones parlamentarias del sistema de alerta temprana y las distintas soluciones adoptadas por otros parlamentos de la Unión Europea, realizó un informe con sus propuestas que fue aprobado por la Comisión Mixta para la Unión Europea en su sesión de 18 de diciembre de 2007. La disolución de las Cámaras con motivo de las elecciones generales impidió culminar los trabajos parlamentarios y, por ello, iniciada la presente legislatura la Comisión Mixta para la Unión Europea creó en su seno una ponencia de estudio de los efectos para las Cortes Generales del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que acompaña al de Lisboa.


El pasado 24 de marzo, la Comisión mixta aprobó el texto de la proposición de ley que hoy debatimos. Esta proposición de ley permite al Parlamento español, por vía de la Comisión mixta, responder a los nuevos retos y oportunidades que el Tratado de Lisboa ofrece a los parlamentos nacionales y va a permitir acercar la realidad comunitaria a los debates de nuestras Cámaras. Es una proposición de ley ambiciosa y equilibrada.
Ambiciosa porque trata de responder a todas las posibilidades de actuación política que el nuevo tratado confiere a nuestro Parlamento, y equilibrada porque es respetuosa con las competencias y funciones de los parlamentos autonómicos y con las funciones que deben seguir perteneciendo

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al Pleno y a las comisiones legislativas competentes de las Cámaras. A partir de la entrada en vigor de esta proposición de ley, corresponderá a la Comisión Mixta para la Unión Europea emitir, en nombre de las Cortes Generales, con arreglo a lo dispuesto en la normativa aplicable, su dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad.
El principio de subsidiariedad se incluye en los tratados con la finalidad de contrarrestar un supuesto efecto expansivo de las competencias de la Unión frente a los Estados miembros, restringiendo las facultades de la Unión para ejercer competencias no exclusivas. Se conforma pues el principio de subsidiariedad no como un mecanismo de atribución de competencias, sino de la manera en que ciertas competencias han de ser ejercidas por la Unión. Así, en aquellos ámbitos que no son de la competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en el caso de que y en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida a escala de la Unión.


Al regular el procedimiento de emisión de este dictamen, que debe efectuarse en el plazo de ocho semanas desde que el acto legislativo europeo fuere transmitido a las Cámaras, se ha tenido en cuenta la intervención de los parlamentos autonómicos, cuyo dictamen debe producirse en las primeras cuatro semanas de las ocho disponibles. En la primera experiencia piloto sobre el control de subsidiariedad realizada en nuestro país sobre la decisión marco del Consejo Europeo relativa a la interpretación y traducción en los procesos penales, que fue aprobada el 8 de julio -ya en vacaciones parlamentarias- y transmitida el 20 de julio, a pesar del periodo estival siete parlamentos autonómicos -Galicia, Murcia, Aragón, Cataluña, País Vasco, Madrid y Asturias- han intervenido en el procedimiento, lo que pone de manifiesto el alto interés de nuestros legislativos autonómicos en analizar la legislación comunitaria y pronunciarse sobre el cumplimiento de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. La Comisión mixta no solo emitirá este dictamen motivado, sino que en el caso de que, pese al dictamen, la Comisión Europea siguiese adelante, cuando se reflejara vulneración del principio de subsidiariedad podrá la Comisión mixta solicitar del Gobierno la interposición ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de un recurso de anulación.


Esta proposición de ley, como ha dicho el anterior portavoz que ha utilizado esta tribuna, no se limita al simple control de la subsidiariedad sino que regula también la facultad de oposición de las Cortes Generales a las iniciativas tomadas por el Consejo Europeo de autorización al consejo para que se pronuncie por mayoría cualificada en lugar de unanimidad o para que adopte actos legislativos por el procedimiento ordinario en vez de por un procedimiento especial -las llamadas en el argot comunitario cláusulas pasarela-, si bien esta facultad de oposición corresponderá al Pleno del Congreso y al del Senado a propuesta de la Comisión mixta, al igual que las oposiciones a las decisiones del consejo relativas a la determinación de los aspectos del derecho de familia con implicaciones transfronterizas que puedan ser objeto de actos adoptados mediante el procedimiento legislativo ordinario. Finalmente, esta proposición establece que la participación de las Cortes Generales a la hora de evaluar las actuaciones de Eurojust y a la hora de supervisar políticamente Europol, se realicen con carácter general a través de la Comisión mixta pero en su caso con intervención de las comisiones legislativas competentes de cada Cámara. La disposición final de esta proposición de ley establece que su entrada en vigor será simultánea con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, lo que es lógico dado que a partir de dicha fecha deberán ponerse en marcha las nuevas funciones de los parlamentos nacionales con respaldo legislativo suficiente.


Señorías, el Tratado de Lisboa y la proposición de ley cuya admisión a trámite hoy debatimos, abren una nueva etapa en la historia de las relaciones entre los parlamentos nacionales y las instituciones comunitarias. El proceso continuo de cesión de soberanía y de competencias a favor de la Unión Europea tiene que tener como contrapartida garantías de un ejercicio responsable de las mismas. Esta proposición, por lo tanto, cumple una doble función: prepara nuestras Cámaras para responder a los nuevos retos constitucionales europeos y, al mismo tiempo, es una ocasión para que el debate y las normas comunitarias ocupen espacio suficiente en nuestro quehacer parlamentario nacional. Es una ocasión de aproximar lo que se negocia, discute y legisla en la Unión Europea a nuestros ciudadanos, y puede contribuir a reducir el desinterés que muchos votantes manifiestan en los comicios europeos. El trabajo parlamentario que tendremos que asumir en el futuro es inmenso, y espero de la sensibilidad de las Mesas de nuestras Cámaras que sepan arbitrar los medios materiales y personales necesarios para garantizar el rigor y la eficacia en el cumplimiento de las nuevas funciones que asumiremos en un futuro, en el que ya no serán una o dos experiencias piloto al año las que tendremos que analizar y dictaminar, sino la totalidad de la legislación que la Comisión Europea, en uso de su facultad e iniciativa, pueda poner en marcha.


Quiero terminar esta intervención agradeciendo el excelente trabajo parlamentario realizado por nuestros diputados y diputadas, senadoras y senadores en los grupos de trabajo y ponencias, tanto en la anterior como en la presente legislatura, que han permitido elaborar el texto que hoy debatimos; a los letrados de la Comisión mixta por su inestimable asistencia técnica y a los distintos grupos políticos por el apoyo pleno que han prestado a esta iniciativa. Por todo lo expuesto, solicito en nombre de mi grupo parlamentario al Pleno de esta Cámara su voto favorable para la toma en consideración de esta proposición de ley.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Arias Cañete.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de (Convergència i Unió) como grupo cofirmante y coautor de esta proposición de ley de modificación de la Ley 8/1994, de creación de la Comisión Mixta Congreso-Senado para asuntos relacionados con la Unión Europea.
Permítanme una consideración previa sobre la singularidad de esta ley, porque en el marco del principio de autorregulación y autonormación del Parlamento estamos ante una comisión no creada por modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados, en este caso del Congreso y del Senado, sino por una ley referida a las comunidades autónomas que supuso la creación por ley de una nueva comisión en las Cortes Generales, Comisión que durante todos estos años se ha ocupado de los asuntos referidos a nuestro marco de convivencia, nuestro marco de trabajo y nuestro marco de elaboración de grandes elementos normativos como es la Unión Europea. Pues bien, esta Unión Europea de larga trayectoria está a las puertas de dar un nuevo salto hacia delante en su construcción política y en su construcción jurídica. Dentro de una semana justa, el día 1 de diciembre, va a entrar en vigor el Tratado de Lisboa.
Afortunadamente la entrada en vigor del Tratado de Lisboa supone dejar atrás ocho años de ensayos, de pruebas y de intentos de dotar a la Unión Europea de un nuevo marco casi constitucional del nuevo tratado internacional con la incorporación de elementos y de rasgos de carácter fundacional como la Carta de Derechos Humanos, como el nuevo sistema de codecisión y como los papeles reforzados del Parlamento Europeo. Por fortuna, el martes de la próxima semana Europa abre una nueva etapa llena de potencialidades y de posibilidades, entre las cuales se recoge también el desplegamiento con todas sus posibilidades del principio de subsidiariedad, principio del cual trae causa esta modificación legislativa, principio que ha sido perfectamente descrito en las intervenciones que me han precedido por parte del diputado don Juan Moscoso del Prado y por parte del diputado don Miguel Arias Cañete. Este es un trabajo que hemos hecho colectivamente en la Comisión mixta y, como pueden comprender, también los principios que la informan son compartidos por parte de los distintos grupos.


En todo caso, este es un buen momento para recordar y subrayar que el principio de subsidiariedad es un principio que está en los momentos precisamente de la fundación, de los primeros pasos de la actual Unión Europea, y que este principio de evaluación previa, de chequeo previo de los paquetes normativos de la Unión Europea por parte de los Estados miembros, en el caso del Estado español no podía quedar reducida únicamente a una evaluación por parte de las Cortes Generales, del Congreso y del Senado, de la Comisión mixta y eventualmente de un voto en el Pleno de las dos Cámaras. Estamos ante un Estado compuesto con más de veinticinco años de aciertos, estamos en un Estado con una distribución competencial y, como recordábamos el martes de la semana pasada a esta misma hora cuando discutíamos el proyecto de modificación del Estatuto de Extremadura, son muchos los estatutos de autonomía de esta segunda ola que contemplan la calificación de competencias exclusivas concurrentes y compartidas por parte de las comunidades autónomas. Por lo cual es absolutamente lógico que también haya una evaluación de este principio de subsidiariedad de los proyectos normativos de la Unión Europea por parte de las Cortes Generales, pero también, como apuntaba el presidente de la Comisión de la Unión Europea, el diputado señor Arias Cañete, en estas primeras semanas por parte de los parlamentos autonómicos que en el ámbito de las competencias recogidas en los estatutos de autonomía elevarán a la Comisión Mixta Congreso-Senado sus sugerencias y los puntos de vista de los distintos parlamentos autonómicos, que tendrán que ser conciliados finalmente por esta Comisión mixta, teniendo muy en cuenta que aquellas competencias en las cuales hay competencia exclusiva de las comunidades autónomas, el tratamiento y la evaluación de las sugerencias por parte de la Comisión mixta tendrá que atender a este carácter de competencias exclusivas de las comunidades autónomas.


Nos parece que este es un buen mecanismo de acercamiento de la producción legislativa comunitaria a los ciudadanos, de debate con carácter previo.
Alguien ha dicho que también puede ser un instrumento para que los parlamentos con elementos notables de carácter euroescéptico puedan frenar la tramitación. Afortunadamente hay un tiempo tasado, pero los parlamentos podrán hacer llegar sus sugerencias y sus puntos de vista con carácter previo. Hoy por hoy este Parlamento, como tantos parlamentos de los Estados miembros y las comunidades autónomas, hace un gran número de trasposición de directivas comunitarias bajo el nombre de proyectos de ley remitidos por el Gobierno, y muchas veces sin tener una conciencia por parte del legislador ni tener una conciencia por parte de los ciudadanos de que esta fuente legislativa tiene un carácter previo que es la fuente primaria, la fuente legislativa europea a través de las directivas o de la normativa de aplicación directa como son los reglamentos.


Quiero terminar, señora presidenta, señorías, subrayando lo que han destacado los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.


La aprobación de esta proposición de ley, su entrada en vigor con el Tratado de Lisboa, supone un reforzamiento notable de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea; supone delegar de forma absolutamente consciente por parte de este Pleno de la Cámara, que va a votar afirmativamente esta proposición de ley, una gran cantidad de trabajo y una gran cantidad

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de competencias, en aplicación del principio de subsidiariedad, en esta Comisión Mixta, que necesitará recursos materiales y humanos, necesitará especialización entre sus miembros para afrontar los debates sectoriales sobre las distintas materias, que serán evaluadas con carácter previo por parte de la Comisión Mixta antes de elaborar el informe. El paralelismo es inexacto, pero lo que supuso en su momento la creación de la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado como gran foro de discusión de los temas autonómicos en la Cámara de representación territorial, hoy la aprobación de esta modificación legislativa supone la creación de una gran comisión de asuntos europeos, en la cual habrá una reverberación de asuntos que se tratan de forma ordinaria en las distintas comisiones de este Congreso de los Diputados y en las distintas comisiones del Senado.


Por esto, y en coherencia con la condición de grupo cofirmante de esta iniciativa, no solo les pido el voto favorable, que está garantizado por parte de los distintos grupos, sino que tomen conciencia de lo que supondrán los trabajos de la Comisión Mixta en esta nueva etapa, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa -afortunadamente- y de los mecanismos de alerta temprana y del principio de subsidiaridad.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Xuclà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.


Como ya resulta difícil aportar datos o formular reflexiones novedosas tras las doctas y exhaustivas intervenciones de los ilustres portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, haré una intervención en la que, sin perjuicio de destacar los aspectos comunes, incluiré una referencia a alguna cuestión puntual que nos separa y que probablemente se hará efectiva durante la tramitación de la proposición que hoy inicia su andadura en las Cortes Generales.


Como bien han hecho constar los portavoces anteriores, la proposición de ley que hoy sometemos a la consideración de la Cámara tiene por objeto adaptar la Comisión Mixta para la Unión Europea, que lleva ya quince de años de andadura en las Cortes Generales, a las previsiones del Tratado de Lisboa. Este tratado, que fue aprobado el 13 de diciembre del año 2007, ha culminado recientemente el proceso de ratificación y entrará en vigor en los próximos días. Una de las principales novedades que el Tratado de Lisboa incorpora al complejo institucional europeo tiene que ver con la revalorización de las Cámaras legislativas de los Estados miembros, a las que se reconocen nuevas competencias, sobre todo en el control del principio de subsidiariedad, pero también en algún otro aspecto del funcionamiento de las instituciones europeas. La proposición de ley que hoy nos ocupa busca precisamente incorporar esta novedad a la regulación de la Comisión Mixta de la Unión Europea, reformando a tal efecto la Ley 8/1994, de 19 de mayo, que la creó y que la ordenó por primera vez hace ya quince años.


El contenido de la proposición de ley -lo digo de entrada y sin rodeos- podía haber sido muy diferente e incluso -lo reconozco sin ambages- más satisfactorio para el grupo que ahora represento si el Gobierno hubiese suscrito una declaración similar a la que el Reino de Bélgica incluyó en el Tratado de Lisboa con el número 51. Me refiero a aquella en la que se especificaba que Bélgica, en virtud de su derecho constitucional interno, entenderá que las referencias que el Tratado de Lisboa y sus protocolos, fundamentalmente el primero y el segundo, hacen a las Cámaras de los Parlamentos nacionales incluirán tanto a la Cámara de representantes y al Senado del Parlamento federal como a las asambleas parlamentarias de las comunidades y regiones. Algunos, en el momento procesal oportuno, solicitamos al Gobierno que lo hiciese, que suscribiese también para el caso español una declaración similar o equivalente a esta que el Reino de Bélgica incorporó al Tratado de Lisboa, pero el Gobierno se negó. El Reino de Bélgica es el Reino de Bélgica y el Reino de España es el Reino de España y, aunque en el debate interno se insiste con frecuencia en la idea de que el sistema de descentralización vigente en España es el más profundo, el más ambicioso de todo el orden mundial, a la hora de la verdad solemos descubrir que hay otros Estados que son más ambiciosos a la hora de proyectar al exterior la estructura compuesta interna del Estado. Una declaración de este tipo hubiese servido para proyectar también hacia el exterior la estructura compuesta del Estado, pero el Gobierno decidió no hacerlo y estos son los bueyes con los que hemos de arar. Una vez excluida, por tanto, esta posibilidad, la adaptación de la Comisión Mixta de la Unión Europea a los requerimientos del Tratado de Lisboa apenas ofrece dificultades más allá de las que de carácter técnico o jurídico puedan plantearse en torno a la definición de las reglas que han de regir las relaciones entre los diferentes parlamentos que operan en el Estado español. A este respecto, la proposición de ley opta por asignar un papel protagonista a la Comisión Mixta de la Unión Europea, a la que el artículo tres de la proposición atribuye el grueso de las nuevas funciones que el Tratado de Lisboa reconoce a los parlamentos nacionales, sin perjuicio, obviamente, de que el Congreso y el Senado puedan avocar para sí el conocimiento y la votación de algunas de estas cuestiones. Será, por tanto, en principio la Comisión Mixta de la Unión Europea, que al ser mixta participa de la naturaleza, de la esencia de ambas cámaras legislativas, la que se ocupe de controlar la aplicación del principio de subsidiariedad a través del sistema conocido como de alerta temprana y también la competente para solicitar al Gobierno la presentación del recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia por

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infracciones del principio de subsidiariedad, participar en los procedimientos de revisión simplificada de los tratados, recibir información sobre las solicitudes de adhesión a la Unión Europea y participar en las actividades de Eurojust y Europol. Nada tenemos que objetar a todo ello. Esta adaptación era imprescindible, era necesaria una vez que el Tratado de Lisboa ha cumplido el proceso de su aprobación y por tanto con esta proposición de ley damos el primer paso para hacer efectiva esta adaptación.


Sin embargo, hay un punto de la proposición de ley que mi grupo no acaba de compartir y que adelanto que enmendará a lo largo de la tramitación en las Cortes Generales. El protocolo nº2 del Tratado de Lisboa, el relativo específicamente al control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establece que cuando la Comisión proponga un acto legislativo, promoverá amplias consultas que incluirán, cuando proceda, la dimensión regional y local de las acciones previstas. Pues bien, la proposición de ley que hoy tramitamos establece a este respecto que tan pronto como reciban una iniciativa legislativa de la Unión Europea, el Congreso y el Senado se la remitirán a los parlamentos de las comunidades autónomas a fin de que estos examinen y en su caso puedan remitir a las Cortes Generales un dictamen motivado. Hasta ahí no hay discrepancia, estamos absolutamente de acuerdo. Nuestra discrepancia surge en el punto 3 del artículo 6, cuando la iniciativa define la fuerza vinculante que ha de acompañar a los dictámenes emitidos por los parlamentos autonómicos en relación con la Comisión Mixta para la Unión Europea. El texto de la proposición de ley se limita a establecer en este punto que la Comisión Mixta incorporará a su dictamen motivado la relación de los dictámenes emitidos por los parlamentos de las comunidades autónomas y las referencias necesarias para su consulta. Es decir, hará algo así como de fedatario público, dejando constancia en su propio dictamen de cuáles son los dictámenes emitidos por los parlamentos autonómicos y de cuál es el sentido en el que estos se pronuncian. Esta previsión está bien, pero a nuestro juicio resulta insuficiente. En nuestra opinión sería necesario precisar que cuando hablamos de materias de competencia autonómica, cuando nos desarrollamos en el ámbito competencial autonómico, la Comisión Mixta para la Unión Europea, si recibe un número suficiente de dictámenes negativos, debería hacerlos suyos. Es decir, que los dictámenes negativos de los parlamentos autonómicos en materias de su competencia -de competencia autonómica- habrían de ser vinculantes para la Comisión Mixta de la Unión Europea y, por tanto, las Cortes Generales habrían de remitir a la Unión Europea un dictamen motivado que se limitara a recoger la posición fijada por el número que pudiéramos establecer de dictámenes emitidos en sentido negativo por los parlamentos autonómicos. Se trata, por tanto, de atribuir en estos casos a los dictámenes de los parlamentos autonómicos fuerza vinculante -insisto- cuando operamos sobre materias que son de competencia autonómica y constatemos la existencia de un número suficiente de dictámenes negativos emitidos por los parlamentos autonómicos. Esta reclamación la planteamos durante el proceso de redacción de la proposición de ley en la ponencia constituida al efecto en la Comisión Mixta para la Unión Europea aunque fue desatendida por los grupos mayoritarios. Anuncio que volveremos a plantearla durante la tramitación con la esperanza de que las Cámaras corrijan un planteamiento que no guarda, a nuestro juicio, sintonía con el modo de funcionamiento de un Estado descentralizado. Con todo, y más allá de esta pequeña discrepancia que hoy acabo de exponer, y que haremos patente durante la tramitación de la proposición a través de la formulación de la enmienda correspondiente, con este trámite cumplimos con la obligación de adaptar la Comisión Mixta para la Unión Europea al Tratado de Lisboa y damos por tanto satisfacción al tratado en el ámbito institucional interno, poniendo en marcha los mecanismos necesarios para su plena efectividad y aplicación en el ámbito interior del Estado español.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Erkoreka.


No hay solicitud de intervención por parte del Grupo Mixto. Pasamos por tanto al turno de fijación de posición. Para hacerlo, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, la proposición de ley que hoy estamos examinando debe entenderse como una ampliación de la relación de competencias, de las facultades de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea como consecuencia de las competencias que han sido conferidas a los parlamentos de los Estados miembros de la Unión por el Tratado de Lisboa y consiguientemente como un instrumento que juzgamos mucho más eficaz y efectivo de salvaguarda, de protección ante las instituciones de la Unión Europea del denominado principio de subsidiariedad.


Los avances en esta proposición de ley, que han sido objeto de discusión y debate durante meses en el seno de la Comisión Mixta, se concretan, en primer lugar, en el control de la aplicación del principio de subsidiariedad por parte de las iniciativas legislativas europeas, es decir, el conocido sistema de alerta temprana, desarrollado por uno de los protocolos anejos al Tratado de Lisboa, mediante la práctica de la emisión de dictámenes motivados por parte de los parlamentos estatales al inicio del procedimiento legislativo comunitario. Por tanto, ello es lo que va a suponer en caso de oposición -pongamos por caso- de estas Cortes Generales que el Consejo en su día deba pronunciarse por mayoría cualificada para adoptar cualquier acto o cualquier iniciativa legislativa.


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En segundo lugar, otros aspectos novedosos y relevantes son que esta proposición de ley encomienda, una vez aprobada con carácter general, a la Comisión Mixta las funciones que el Tratado de Lisboa atribuye a los distintos parlamentos en relación a la evaluación y al examen de las actividades de Eurojust y también la supervisión de la actividad de Europol, si bien deja abierta la posibilidad para que intervengan otras comisiones ad hoc en esta Cámara o también en el Senado.


Finalmente, quisiera destacar que cuando la Comisión Mixta así lo considere oportuno podrá solicitar al Gobierno la interposición del correspondiente recurso de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por infracción del principio de subsidiariedad, requerir información sobre cualquier solicitud de adhesión a la Unión Europea por parte de cualquier Estado y también participar de forma activa en los procesos de revisión simplificada de los tratados.


Mención aparte merece -y con ello quisiera acabar mi intervención- un apartado de esta proposición de ley, que llevó a nuestro grupo, tanto a Esquerra Republicana como a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a expresar serias dudas en cuanto a su contenido. Me refiero a lo concerniente a la intervención de los distintos parlamentos o asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que se articula finalmente con carácter general en esta proposición de ley a través de la remisión a estas instancias legislativas autonómicas de todas las iniciativas legislativas de la Unión Europea, con la consiguiente posibilidad de que puedan emitir dictamen, que deberá ser tenido en cuenta por parte de la Comisión Mixta Congreso-Senado. Esta proposición de ley en origen fue impulsada y elaborada sin tener en cuenta la complejidad legislativa y también competencial de un Estado compuesto, del Estado autonómico, pues, si bien es cierto que se reconoce la obligación de informar con carácter general a los parlamentos autonómicos y de que estos efectúen el correspondiente dictamen, también es verdad -y creo que todavía no se consigue al cien por cien con la redacción final de este texto- que no se garantiza el carácter vinculante de los dictámenes que emitan esos parlamentos autonómicos. Además, en caso de que se diera traslado a las instancias europeas de estos dictámenes emitidos por las asambleas o parlamentos autonómicos, tampoco se garantiza que se haga en los términos expresados por la comunidad autónoma. En conclusión, estos dictámenes o bien no van a trasladarse o bien, si se hace, será a través de un dictamen propio emitido por las Cortes Generales que pueden llegar a desatender los argumentos del dictamen emitido por la asamblea o parlamento autonómico. Este era el motivo de discordancia, de desacuerdo de nuestro grupo, que se mantiene hasta el día de hoy, pero que no es óbice, no es ningún obstáculo para que nuestro grupo se adhiera a esta iniciativa, incluso la hubiera suscrito, y la va a votar favorablemente.
Reconocemos que ha habido algunas mejoras significativas en cuanto al texto primitivo, pero hubiéramos deseado la incorporación de otras fórmulas de control mucho más real y efectivo del principio de subsidiariedad por parte de las autonomías, que en muchos casos, como es sabido, teniendo en cuenta las competencias legislativas, sobre todo en el ámbito de la competencia exclusiva, son las que deben no solo aplicar, sino también ejecutar las directrices de la Unión Europea, especialmente cuando afecta a sus competencias, lo cual, en caso contrario, genera una cierta incertidumbre e inseguridad jurídica. Esperamos y deseamos que ello no se dé. Por tanto, nuestro grupo va a votar a favor de esta iniciativa, se adhiere y -repito- incluso la hubiera suscrito de haberlo podido hacer.


Muchas gracias, señora presidenta, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 15/1997, DE 25 DE ABRIL, SOBRE HABILITACIÓN DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 122/000093.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.


Para la defensa de su proposición de ley tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, presento en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya una proposición de ley para revisar y, en su caso, modificar la denominada Ley 15/1997, de nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de Salud. Hablando en plata, lo que pretendemos es parar los pies a la privatización de nuestro Sistema Nacional de Salud, en el cual criterios básicos que contempla el artículo 45 de la Constitución dentro del derecho a la protección de la salud, como son la universalidad, la accesibilidad y la gratuidad del sistema sanitario, se encuentran en estos momentos en peligro, en particular en comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana. Por eso esta iniciativa pretende modificar la Ley 15/1997, que es en sí misma un monumento a la inseguridad jurídica; primero, elaborada como decreto; luego, como ley y finalmente, contestada y recurrida en cada uno de los momentos en que se han producido iniciativas al calor de esta ley e incluso más allá de esta ley.


Mi grupo parlamentario no pretende abrir hoy aquí un debate -aunque estamos dispuestos a ello- sobre

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formas de gestión empresarial o pública, que son legítimas y que en todo caso serán motivo de debate en el ámbito de las comunidades autónomas.
Cuando hemos tenido oportunidad de gobernar en comunidades autónomas hemos defendido la forma de gestión pública; hemos vinculado, por ejemplo, las fundaciones al sistema regional de salud -como en el caso de Asturias-, o hemos promovido la defensa del sistema público frente a estos modelos de gestión privada. Pero no se trata en estos momentos de hablar de formas de gestión, estamos hablando de privatización material del sistema de salud, bien a través de las denominadas iniciativas de financiación privada, que privatizan un determinado hospital después de ofrecer a la iniciativa privada la inversión, bien a través de iniciativas de privatización, como es la concesión de toda un área de salud a una determinada empresa de seguros que se encarga de gestionarla.
En nuestra opinión estas dos iniciativas van más allá de un legítimo debate en relación a los modelos de gestión y se introducen directamente en la privatización del sistema sanitario. Además, llama la atención, señorías, que está privatización se produzca precisamente en un sistema de salud que es reconocido a nivel internacional como un sistema de calidad que garantiza las prestaciones por encima de la media al conjunto de los ciudadanos y que además tiene un aceptable nivel de accesibilidad.
Pues en este sistema de salud, y no en otro, es donde se están realizando estas iniciativas de privatización. Quiero llamarles la atención, porque cuando nosotros vamos, otros vienen; y quiero llamarles la atención en relación a las modestas modificaciones que están teniendo lugar en Estados Unidos, donde recientemente el presidente Obama ha propuesto cosas como las siguientes. En primer lugar, un nuevo impuesto a las familias y a las personas que ganan por encima de 500.000 o de un millón de euros destinado específicamente a mejorar la atención pública en materia sanitaria. Se trata de un país donde además se ha ampliado la cobertura del Medicaid, es decir, se ha producido una ampliación muy importante para que exista una mayor cobertura pública. Por otra parte, es un país donde se introduce también un nuevo seguro público para que compita a la baja con los seguros privados y garantice la prestación casi universal del sistema de salud. Pues, señorías, cuando Estados Unidos va hacia un sistema cada vez más universal y con una mayor presencia del sistema público, en nuestro país -con un sistema de calidad, pero con deficiencias- nos permitimos su privatización. Señorías, por eso esta iniciativa. En absoluto queremos restar ningún tipo de competencia a las comunidades autónomas en cuanto a los modelos de gestión, pero sí contestamos la competencia de las comunidades autónomas en cuanto a la privatización del conjunto del sistema sanitario. Y es que nuestra Constitución en su artículo 45 y la posterior Ley Básica de Sanidad dicen algo muy claro: no solamente existe un sistema público por su financiación pública. Según el profesor Menéndez Rexach, existe un sistema público por su financiación pública y por su provisión mayoritariamente pública. Pues bien, en algunas comunidades autónomas se está proponiendo la privatización del conjunto de la red o de una parte muy importante de la misma, negando el carácter público de la provisión y por tanto el servicio público en materia sanitaria, e introduciendo la competencia mercantil en ese servicio público de salud, degradando el funcionamiento del servicio público, sus objetivos de calidad de la asistencia y también la propia eficiencia del Sistema Nacional de Salud.


Daré algunos datos en relación con estos sistemas de gestión y sus resultados en Inglaterra y en nuestro propio país. Señorías, respecto a la inversión en nuevos hospitales por parte de la iniciativa privada, los estudios son evidentes. Lo que han costado esos hospitales -hablando de eficacia en materia económica- ha sido entre 3 y 4 veces el costo que significaba la inversión pública directa, es decir, desde el punto de vista de la eficacia económica, una eficacia ruinosa. En segundo lugar, estos costos fijos hospitalarios han supuesto rebajas importantes tanto de la inversión anual por parte del sistema de salud como del gasto corriente y de la innovación en el sistema de salud. Los ingleses consideran entre el 20 y el 30 por ciento de rebaja de gastos operativos del sistema como consecuencia de estas llamadas inversiones privadas en nuevos hospitales. Pero no queda ahí la cosa, señorías, no se reduce únicamente a materia de gestión económica, sino que la gestión operativa tiene que ver también con los resultados sanitarios. En estos nuevos modelos los recursos disminuyen. El recurso cama, por ejemplo, se ha disminuido a la mitad en cada una de las regiones y distritos donde se ha puesto en marcha este sistema; la mitad del recurso cama. Después, para mantener un cierto nivel de beneficios, se ha producido una selección negativa de los pacientes. En los Estados Unidos el presidente Obama criticaba que se seleccionaba a los pacientes y se les negaba un seguro cuando tenían determinadas patologías. Pues bien, en estos sistemas de atención privada, en estas privatizaciones de nuestro sistema sanitario, se selecciona y se acoge a los pacientes menos complejos y se deriva a los pacientes más complejos al resto del sistema sanitario. Es decir, se produce un rasgo de inequidad en el sistema sanitario, y en algunos casos de inequidad grave cuando las áreas de salud son áreas muy voluminosas o cuando los niveles terciarios del sistema -los hospitales del tercer nivel- quedan muy distanciados del conjunto de los hospitales comarcales.
Esa es la realidad, un deterioro económico del sistema y un deterioro de la calidad de la asistencia sanitaria con estos modelos de privatización.


Pero, señorías, como he dicho antes, no son solamente razones constitucionales, razones de eficacia o razones sanitarias; son razones de fondo en relación con los retos que tiene nuestro sistema de salud.
Pero al margen de los retos de los sistemas de salud en el ámbito internacional cabe preguntarse -he hecho una comparación con el sistema de salud liberal por antonomasia, el norteamericano- si estos modelos ayudan en algo a la

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mejora de nuestro sistema de salud; es decir, si los grandes retos de nuestro sistema de salud pasan hoy por la privatización del sistema de salud, por la conversión de un interés general en un interés o en un negocio particular. Nosotros creemos que no, que nuestro sistema de salud es un sistema universal que ha dado una cobertura digna al conjunto de los ciudadanos, que significa también un compromiso importante desde el punto de vista de la cohesión social en materia de redistribución e igualdad en nuestro país y que las reformas que tengan que tener lugar en el mismo deben mantener el espíritu y la letra del Sistema Nacional de Salud. Es decir, que sean coherentes con la Constitución y con la Ley Básica de Sanidad, que tengan por objetivo mejorar la universalidad, la cobertura, la accesibilidad del Sistema Nacional de Salud, y no ir en sentido contrario.


Señorías, tenemos por delante -lo hemos aprobado hace pocos días- el reconocimiento del derecho universal y de la gratuidad del conjunto del sistema sanitario; lo reconocemos en las leyes, pero en la práctica todavía no. Tenemos por tanto pendiente una asignatura en materia de universalidad, pero también tenemos pendientes asignaturas respecto a la accesibilidad del sistema. Cada vez es más evidente que, si bien hay un acceso a las prestaciones sanitarias, la falta de acceso a las políticas de salud y también a otras políticas sociales hace que en nuestro país haya diferencias importantes tanto en la esperanza de vida como en la calidad de vida entre los ciudadanos. Hoy se puede decir que entre determinados barrios de Madrid o entre determinados barrios de este país hay diferencias de esperanza de vida que están en torno a los siete y ocho años, y entre sectores sociales hay diferencias incluso mucho mayores, diferencias que incluso duplican esta cantidad y que llegan hasta los quince años. Por tanto, tenemos también un reto en materia de accesibilidad, como también lo tenemos en materia de financiación sanitaria. Seguimos siendo un país que utiliza muy eficientemente los recursos, pero en materia de financiación sanitaria los recursos son todavía escasos y una parte importante de esa financiación es ineficiente: se dirige hacia un gasto farmacéutico excesivo por escaso desarrollo de la atención primaria y también a innovaciones tecnológicas cuya calidad no ha sido demostrada, sobre todo desde el punto de vista de las políticas de salud. Por tanto, hay muchas materias sobre las que discutir y muchas materias en las que acordar, por lo que creemos que no son un buen mensaje estas medidas de privatización unilateral del sistema.


Señorías, y termino, uno de los valores fundamentales que tiene nuestro sistema de salud son sus profesionales. Son valores muy importantes la formación de los profesionales y también la cultura profesional, la cultura de los trabajadores del sistema sanitario. Señorías, la privatización en marcha de las facultades de Medicina de manera silenciosa y sin ninguna garantía de calidad es algo que está ocurriendo en nuestro país de manera acelerada. Por otra parte, estos experimentos de privatización con champán se pueden hacer con gaseosa y no se deben hacer con un buen sistema sanitario público ya que están provocando un desasosiego en los profesionales del sistema sanitario público y están rompiendo la cultura de servicio público de nuestro sistema sanitario. Es un hecho lo suficientemente grave para que les paremos los pies en esta Cámara, para que reconsideremos esta ley y para que, a partir del reconocimiento de que esta ley es un monumento a la inseguridad jurídica y también ha servido de puerta para la privatización del sistema, recuperemos los mejores valores de nuestro sistema sanitario público, que están en la Constitución, que están en la Ley de Sanidad y que están sobre todo en los valores de cohesión de la ciudadanía española.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Ningún grupo ha expresado su intención de utilizar el turno en contra y por tanto pasamos al de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, como no podía ser de otra manera, el Bloque Nacionalista Galego anuncia el voto favorable a la proposición de ley que acaba de defender el señor Llamazares. Y no puede ser de otra manera porque en su momento, en el año 1996, cuando fue aprobado el Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio, el Bloque Nacionalista Galego ya tenía muy claro que este real decreto iba a incidir muy negativamente en la gestión de la sanidad y concretamente en el desarrollo del modelo sanitario público. En su momento lo manifestamos y también en cada ocasión que en Galicia -que era donde afectaban directamente estos nuevos modelos de gestión- se iban implementando estos modelos nuestra organización política manifestó su posición contraria. Años después -trece, catorce años después-, la valoración que podemos hacer es que teníamos razón cuando nos oponíamos a estos nuevos modelos de gestión en la medida en que no sirvieron para mejorar la calidad asistencial y en todo caso sirvieron para crear desigualdad y no mejorar en aquellas cuestiones que el sistema público de salud necesita mejorar. Coincide también el BNG en que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios públicos, pero eso no quiere decir que no tenga muchísimas cosas que mejorar, y con estas nuevas formas de gestión que hoy se pretenden desde luego no se va a conseguir que mejoren.


Es verdad que la ley que hoy pretende modificar esta propuesta que acaba de defender Izquierda Unida, que es la Ley 15/97, venía a dar rango de ley al real decreto del que acabo de hablar, siendo la única diferencia que hacía en relación con el mismo la limitación de estas formas de gestión, es decir que tenían que ser de titularidad pública. No discuto que esto significara una mejora

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respecto a lo que en principio se planteaba en el real decreto; de hecho, significó que estos nuevos entes públicos de gestión privada que se incorporaron en la sanidad tuvieran o pudieran tener control público, control parlamentario, lo que no era así inicialmente. Estas nuevas formas de gestión no sirvieron para mejorar el sistema público de salud sino que sirvieron en todo caso para perjudicarlo, sobre todo teniendo en cuenta la inequidad que se creó en el resto del territorio del Estado en tanto que cada comunidad autónoma, de acuerdo con las competencias que tienen para gestionar la sanidad, y teniendo en cuenta la discrecionalidad de la Ley 15/97, hizo uso distinto en unos sitios que en otros, y por esa razón en algunos lugares la sanidad pública no está al mismo nivel que en otros sitios. Pero nosotros no criticamos solamente estas nuevas formas de gestión sino que el Bloque Nacionalista Galego también critica, con conocimiento de causa, muchos de los conciertos que la sanidad pública establece con centros privados. Recuerdo que en una ciudad como la mía, Vigo, tuvimos que luchar durante muchos años para que la mitad de la población de esa ciudad tuviera el mismo derecho a la sanidad pública que tenía la otra mitad. Es decir, la ciudad estaba dividida entre un centro hospitalario del sistema público y otra mitad estaba atendida dentro de lo que es la atención pública pero en un centro privado que no tenía en absoluto las mismas condiciones de calidad asistencial que tenía el centro público. Por eso nosotros, con conocimiento de causa, seguimos diciendo que es necesario que se modifique no solo lo que acaba de plantear el señor Llamazares sino también lo que se plantea en el punto número 1 de la Ley 15/97. Lo que se plantea en la proposición de ley que estamos debatiendo hoy es mucho más grave incluso que esto que yo estoy comentando en relación con el conocimiento que tenemos de estas nuevas fórmulas de gestión en comunidades o en Galicia, nuestro país, porque precisamente lo que se trata de evitar en este caso es aquello que se recoge en el apartado 2 de la Ley 15/97, que no es ni más ni menos que lo que están haciendo en estos momentos la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana: que una entidad privada pueda gestionar el servicio público. A nosotros nos preocupa no solamente porque esto afecte a los ciudadanos de Madrid y Valencia, cuya posición contraria a estos modelos de gestión ya conocemos, sino que nos preocupa también que en Galicia el Gobierno actual del Partido Popular también recurra a estos nuevos sistemas. De hecho, en estos momentos está planteando algunas formas de construcción de centros hospitalarios semejantes a los que plantea la Comunidad de Madrid, y el Bloque Nacionalista Galego no lo puede compartir. Desde luego el Bloque Nacionalista Galego va a mantener su posición total y absolutamente contraria a estas formas de gestión o a estas formas de tratar la sanidad pública.


Nosotros vamos a apoyar la propuesta de Izquierda Unida, pero también queremos plantearle, señor Llamazares, que en el trámite de enmiendas vamos a enmendar también ese apartado número 1, porque si bien vemos que esta proposición de ley es una oportunidad para limitar o para cortar esas formas de gestión que están privatizando la sanidad pública -porque en realidad no es más que un modelo privatizador de la sanidad pública-, también pensamos que lo que se recoge en el apartado número 1, por mucho que eufemísticamente se hable de externalización de los servicios públicos, realmente es también una privatización, y me vuelvo a referir a lo que conocemos directamente sobre cómo se fueron desarrollando estas cuestiones en Galicia. Por cierto, durante los cuatro años de gobierno bipartito algunas de estas cuestiones fueron reconducidas, y tenemos que decir que esa reconducción fue muy positiva para la sanidad pública, para la atención a los pacientes, para la calidad asistencial, pero sobre todo también fue positiva desde el punto de vista económico en la medida en que se pudo demostrar que al ser llevados a cabo por la gestión pública estos sistemas de nuevas tecnologías que estaban siendo llevados a cabo con una gestión privada, no se encarecía para nada el servicio y en cambio sí lo mejoraba. Por ello, señor Llamazares, volvemos a repetirle nuestro voto favorable, pero también nuestra disposición a enmendar ese punto número 1.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Llamazares, trae usted una proposición de ley que al fin y al cabo trae a colación y a debate algo tan intrínseco como puede ser cuáles son las funciones y los deberes de la sanidad pública, qué queremos de la sanidad pública, qué le pedimos a la sanidad pública, cuáles son sus objetivos y cómo se debe organizar, que esa es otra cuestión. Creo que la sanidad pública, sin duda alguna, es uno de los ejes vertebradotes de la sociedad del bienestar. No hay duda y mi grupo así lo ha defendido, así lo cree y así lo va a transmitir. Es más, es aquel proceso que se da por el que la beneficencia pasa a ser sanidad pública, que creo que es un criterio muy importante y un gran desarrollo de la sociedad occidental.
Mi grupo es uno de los grupos que defienden a ultranza la sanidad pública, sin duda alguna así lo hemos demostrado no solamente en esta Cámara sino también en mi comunidad autónoma, en mi país, donde hemos estado gobernando hasta ahora y excepto en un periodo hemos tenido la cartera de Sanidad, y así lo hemos demostrado en toda nuestra labor.


Ahora bien, vista la proposición que usted nos trae hoy a la Cámara, creo que mi grupo no puede apoyarla tal cual está por varias cuestiones. La primera, creo que nosotros, de la misma manera que hemos defendido la sanidad pública, hemos defendido la autonomía que cada

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comunidad autónoma tiene para organizar su sanidad de la manera que estime más conveniente. Un sistema sanitario es completo cuando tiene la pública y la privada compenetradas; por lo tanto, no podemos diferenciar de una manera gratuita. Si un sistema público funciona bien, funciona bien, pero si en algunos lugares no funciona bien, señor Llamazares, no hace falta cambiarlo todo. Habrá que dar soluciones en aquellas comunidades en las que no funciona bien y habrá que llamar la atención a aquellas comunidades que no hacen los deberes bien, no tenemos que cambiar todo el sistema. Además, no sé si nosotros podemos desde aquí cambiar aquello que está transferido y cuya competencia la tiene cada comunidad autónoma. Por lo tanto, se debe dar solución en aquellos lugares en los que esté funcionando mal el cometido de la sanidad pública, porque no se esté organizando bien, porque no se estén gestionando bien los recursos, etcétera. En Euskadi en el año 1998 se aprobó la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi, y le voy a leer sus tres puntos más importantes para que usted vea cómo en mi comunidad tenemos organizado este tema, que creo que es bastante interesante. En Euskadi, por ejemplo, la concertación de la sanidad pública y la privada funciona bien y los usuarios así lo determinan. Es una concertación que está bien engrasada, que funciona bien, tanto en la derivación como cuando los pacientes así lo han estimado. ¿Por qué? Porque entre otras cosas la sanidad privada, o la que conocemos como privada, al fin y al cabo tampoco funciona por libre, funciona sobre la base de una homologación, de unos criterios, de un reglamento, de un sistema que son las propias autoridades sanitarias las que lo regulan. Dice el primer punto de la ley de la que le estoy hablando: Relaciones jurídicas con instituciones privadas para la provisión de servicios sanitarios. Las relaciones entre el departamento competente en materia de sanidad y cualquier entidad privada para la provisión de servicios sanitarios se instrumentalizarán previa homologación de acuerdo con lo que al respecto establece la legislación general básica y la presente ley. Dos: El concierto sanitario podrá celebrarse tras tener en cuenta la utilización óptima de los recursos públicos. Además de las cláusulas de derechos y obligaciones recíprocas de las partes en cada concierto sanitario, quedará asegurado el respeto a los derechos instrumentales y complementarios de los usuarios referidos en la presente ley. Por último dice: Los centros privados concertados estarán obligados a cumplir los extremos fijados para los servicios públicos en el artículo 19.2 de esta ley. Creo que de un universo concreto no podemos generalizar para todos.


Sé cuál es su voluntad, señor Llamazares, cuando presenta esta proposición no de ley. Sé lo que persigue e incluso podría estar de acuerdo en lo que persigue, porque creo que es de justicia exigir que la sanidad pública, sea en una comunidad autónoma, en dos, en tres o en cuatro, funcione como debe funcionar, dé el servicio que debe dar, atienda aquello para lo que está creada, pero generalizar y cambiar en todas un sistema que en algunas funciona bien o que hasta ahora ha funcionado muy bien no creo que sea la solución. Por tanto, usted entenderá mi posición, independientemente de que creo que es excesivamente atrevido querer meternos en terreno ajeno, porque en este caso es terreno ajeno. Usted sabe perfectamente que las comunidades autónomas tienen capacidad, porque así se lo da la ley, para organizar su sanidad como estimen oportuno. Por tanto, mi grupo no le apoyará, aunque entiende perfectamente qué es lo que usted persigue.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.


Desde Convergència i Unió, señor Llamazares, tengo que compartir también, como acaba de hacer el compañero del Grupo Parlamentario Vasco, que usted con esta proposición de ley que nos trae hoy aquí a debate nos plantea un tema difícil y sobre todo complicado para algunas comunidades autónomas.
Entendemos perfectamente desde Convergència i Unió -incluso los compartimos con usted- algunos de los argumentos que en la exposición de motivos se plantean, aunque entienda usted también que, sinceramente, no todos. Compartimos con usted todo lo referente a que la sanidad pública, universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado de bienestar y uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad. Pero usted conoce también que en Cataluña el sistema catalán de salud está basado en el concierto. Hoy en día -le gusta mucho a la consejera Geli decirlo y lo compartimos con ella-, todo el sistema catalán es un sistema de conciertos, porque desde la promulgación de la Ley del Instituto Catalán de la Salud es también con este instituto con el que se conciertan algunas prestaciones de la sanidad. Por tanto, nosotros consideramos que en Cataluña este sistema de conciertos históricos funciona bien. Compartimos con usted que quizás haya también una falta de financiación autonómica, y asimismo compartimos, como no podía ser de otra manera, lo relativo a la calidad, la excelente calidad, de todos los profesionales del sistema, pero entramos también en el tema de las competencias autonómicas.


Usted nos propone una modificación de la Ley 15/1997 que desde nuestro punto de vista invade estas competencias. Por este motivo principalmente y por lo que le acabo de decir acerca de que en Cataluña la sanidad con conciertos funciona y funciona bien, de manera ya histórica y que todos los ciudadanos de Cataluña han refrendado y dicen que están contentos con este tipo de sanidad, es por lo que nuestro grupo parlamentario no puede apoyar esta proposición de ley que hoy nos traen aquí. Entendemos sus motivos, repito, entendemos que quizás

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ustedes crean que en algunas comunidades autónomas esto no funciona o no funciona de manera determinada, pero creemos que tampoco es el momento ahora mismo -se lo digo a usted, uno de los promotores, que preside y coordina la subcomisión por el Pacto para la sanidad, porque todavía nos faltan algunas conclusiones de las que podríamos extraer motivos o quizás decisiones importantes- de modificar esta ley. La inoportunidad en estos momentos y la posible invasión de competencias que nosotros consideramos que plantea esta proposición de ley, repito, son los motivos por los que no vamos a apoyar esta toma en consideración.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Tarruella.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Mario Mingo.


El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, señora presidenta.


Señor Llamazares, entiendo muy bien que en su ámbito ideológico usted presente esta proposición de ley, lo comprendo, pero no lo comparto en absoluto. Yo creo que usted parte de dos errores fundamentales cuando plantea esta proposición de ley, y ya llevó una proposición de ley recientemente a la Comisión de Sanidad. Los dos errores son: el primero, que la ley de 1997 privatiza la sanidad, lo que no es verdad; y el segundo es el argumento de que los ciudadanos están en completo desacuerdo con este modelo, y usted sabe que todos los medios y todas las encuestas muestran que la mayor parte de los ciudadanos no convalidan para nada ese aserto, es más desconocen cuál es el modelo de gestión. Lo que los ciudadanos quieren, con independencia de cuál sea el modelo de gestión sanitaria, es que la asistencia sanitaria que reciben sea universal, sea eficaz, tenga calidad, sea rápida, sea cercana y, fundamentalmente, que sea gratuita. Si nosotros aprobáramos hoy en este Congreso de los Diputados su proposición de ley, que modifica la Ley 15/1997, de nuevas fórmulas de gestión, estaríamos haciendo algo que desde mi punto de vista es una barbaridad. Estoy seguro de que no saldrá y eso espero por el bien del Sistema Nacional de Salud, señor Llamazares, porque lo que usted pretende es desmantelar el Sistema Nacional de Salud en la actualidad después de doce años de gestión, doce años de mejoras de resultados, porque la totalidad de las comunidades autónomas, señor Llamazares, utilizan diferentes formas de gestión para llevar a cabo la asistencia sanitaria. Y lo hacen fundamentalmente por dos razones que todos los que estamos en el ámbito sanitario conocemos muy bien: primero, porque tenemos una gran insuficiencia financiera -y este sí comparto con usted que es uno de los problemas del Sistema Nacional de Salud, lo ha puesto de manifiesto recientemente el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que ha venido a concretar que entre 2003 y 2007 hubo 11.000 millones de euros de déficit en el Sistema Nacional de Salud, y que en el año 2020 podríamos encontrarnos con 50.000 millones de déficit; este es un asunto que compartimos-, pero, ¿cuál es la otra razón de peso por la cual todas las comunidades autónomas sin excepción utilizan diversas formas de gestión para llevar a cabo la gestión sanitaria? Pues no es otra que el coste- efectividad. No es otra que dar respuesta a lo que los ciudadanos nos demandan. Porque, repito, ¿qué es lo que quieren los ciudadanos, señor Llamazares? Lo que quieren es que se les atienda pronto, que se les atienda cerca de su lugar de residencia, que cuenten con los mejores medios diagnósticos y terapéuticos, que los resultados médicos y quirúrgicos y de epidemiología y de higiene sean los mejores, que porque estén en una comunidad autónoma no reciban una asistencia sanitaria peor que en otra y, en definitiva, que no les cueste cuando les atiendan y les tienen que atender. Eso es lo que está sucediendo con las distintas fórmulas de gestión. Porque leyendo bien su exposición de motivos, señor Llamazares, sorprende que sean las comunidades del Partido Popular, y en concreto Madrid y Valencia, las únicas responsables de este desaguisado.


Dos detalles. Fíjese que en los muchos años que llevo en este Congreso de los Diputados no he hablado de las comunidades autónomas ya que tengo un criterio de enorme respeto por que el Sistema Nacional de Salud en su conjunto es total. En la Comunidad de Madrid en los últimos seis años, y se lo digo porque soy diputado por Madrid, se han construido 8 nuevos hospitales; se han construido 64 nuevos centros de salud; hay 2.000 camas nuevas hospitalarias, todas ellas de habitaciones individuales; se han contratado 2.200 médicos nuevos y más de 5.000 enfermeras; las listas de espera son las menores en todo el Estado y vamos a tener próximamente algo que demandan todas las comunidades autónomas, que es la libre elección de médico y centro. Y en la Comunidad Valenciana hay 13 nuevos hospitales; 65 nuevos centros de salud, y las esperas quirúrgicas se han reducido en un cien por cien en los últimos diez años. Pero no quiero centrarme más en Madrid y en Valencia. Vamos a centrarnos en el resto de las comunidades autónomas, y por primera vez en muchos años en este Congreso de los Diputados voy a hablar de ellas. Lo que usted dice que es neoconservadurismo, neoliberalismo y privatización de la sanidad en unos territorios en otros dice que es criterio social. Y yo le digo que hay que ser coherente. En Andalucía, la Consejería de Salud tiene concertados 6 hospitales de referencia con las clínicas Pascual; el hospital de referencia de Aljarafe, en Sevilla, que da servicio a 300.000 ciudadanos, es de titularidad privada; en los últimos dieciocho años la Comunidad de Andalucía solo ha abierto 2 nuevos hospitales con gestión estrictamente pública. En Asturias, su tierra, el hospital de referencia del área sexta de Asturias, la Fundación privada Hospital Grande Covián, la Fundación Hospital de Jove y el nuevo Hospital de Mieres tienen métodos de contratación público-privada. Baleares exactamente lo mismo. Castilla-La Mancha tiene conciertos

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en Toledo, Ciudad Real, Albacete, Puerto Llano y Alcázar de San Juan. Y lo más importante de todo, donde ustedes gobiernan, donde llevan siete años gobernando, en Cataluña -y ni una crítica por mi parte a ninguna de las comunidades autónomas que desarrollan los nuevos modelos de gestión porque me parece muy bien-, la gran parte de la red hospitalaria de uso público, el 90 por ciento de los centros de salud mental y más de 30 centros de atención primaria están gestionados por órdenes religiosas. Un tercio de los hospitales y la mitad de las camas hospitalarias en Cataluña son de gestión privada. El centro emblemático del Instituto Catalán de Salud, que es el Hospital General de Cataluña, que pertenece a una mutualidad, se ha vendido recientemente a uno de los más importantes operadores hospitalarios privados de España. Por tanto, que cada comunidad autónoma utilice las nuevas fórmulas de gestión en relación con la mejor calidad y la mejor atención de los ciudadanos.


Nuestro grupo va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición, y lo hace con todo el cariño del mundo, señor Llamazares, por dos razones. Primero, porque no es necesario, no es intrínsecamente serio y no es coherente. En segundo lugar -perdóneme, pero se lo tengo que decir con toda rotundidad y directamente-, usted es el presidente de la Comisión de Sanidad de este Congreso de los Diputados; usted preside la subcomisión en la que estamos debatiendo lo que es más importante para el futuro en un posible pacto de Estado para la sanidad. Me parece incoherente que usted presente esta proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Espero y deseo profundamente que no salga adelante.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Mingo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Grande.


La señora GRANDE PESQUERO: Muchas gracias, señora presidenta.


Voy a intentar hablar no muy alto, porque no puedo, pero sí muy claro en nombre de mi grupo. Señor Llamazares, no sabe hasta qué punto mi grupo comparte sus inquietudes por el peligroso camino que han escogido algunos responsables autonómicos para gestionar sus competencias en materia sanitaria. Sé que me creerá si le digo que estamos muy preocupados y atentamente vigilantes por el cariz que están tomando las cosas en algunas comunidades autónomas de nuestro país, como así lo corroboran innumerables iniciativas parlamentarias autonómicas y las reiteradas protestas de dirigentes socialistas, algunos de los cuales están sentados en estos bancos, sobre todo en las comunidades autónomas de Madrid y de Valencia. (Aplausos.) Estoy segura de que me cree y de que me cree toda la Cámara, porque mi grupo y el partido al que representamos tienen más que comprobada su hoja de servicios en la defensa de la sanidad pública.
No creo que sea necesario recordar que han sido gobiernos socialistas los impulsores de leyes que han instaurado derechos básicos para el bienestar de los ciudadanos de nuestro país, o a lo mejor en este momento de vacas flacas sí sea necesario que recordemos que este Gobierno no ha escatimado recurso alguno para garantizar los derechos sociales, a diferencia de los presupuestos de algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, sin ir más lejos -aunque es un poco lejos-, la mía, Canarias: consejero de Economía y Hacienda del Partido Popular y consejera de Sanidad del Partido Popular. ¿Sabe cómo ha ajustado su presupuesto la Comunidad Autónoma de Canarias? Recortando 130 millones de euros en sanidad, en educación y en política social, y nos dice todavía el señor Soria que la gestión de la sanidad no va a tener problemas. (Aplausos.)

También compartirá conmigo el señor Llamazares que debemos ser respetuosos con las normas vigentes, y tanto la Constitución como la Ley General de Sanidad reconocen la asunción de competencias en materia de sanidad y basándose en estos títulos competenciales todas las comunidades autónomas han recibido el traspaso de las funciones y servicios del antiguo Insalud, del que solo queda el actual Ingesa en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por tanto, son las comunidades autónomas las que legítimamente deciden cómo prestar los servicios sanitarios a su población y desde luego lo hacen de manera diversa y variada, como hemos escuchado en esta tribuna.


La pregunta sería: ¿todas las comunidades autónomas aplican esta Ley, la 15/1997, de igual forma? La respuesta en mayúsculas es: No, señorías, no.
Hay comunidades autónomas que utilizan formas de gestión que se rigen por el derecho privado, desde luego, pero a través de fundaciones, entes públicos o consorcios, que mantienen en todo momento, señor Mingo, el control público y, lo que no es menos importante, son entidades sin ánimo de lucro. Son los casos, entre otros, que usted ha citado aquí, de Cataluña y Andalucía. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque frente a esto tenemos otras modalidades de gestión indirecta, que retuercen, estrujan, estiran como un chicle y llevan al límite a esta Ley, a la 15/1997, y que están consiguiendo que la sanidad privada no sea un complemento de la pública como creemos los socialistas, como hacemos los socialistas en nuestras comunidades autónomas, en las que gestionamos lo público, y donde no llegamos, donde hay que mejorar y complementar, hacemos conciertos -no le tenemos ningún miedo- con la privada.
(Aplausos.) Otra cosa es, señor Mingo, que la privada sustituya a la pública, que no sea complementaria, que sea sustitutiva, y usted entiende perfectamente lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque se va destrozando poco a poco, se va socavando la pública, cambiando camas públicas por privadas, diciendo que hemos puesto en funcionamiento 3.000 camas. ¿Por qué no me dice cuántas han quitado en la Comunidad Autónoma de Madrid?

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(Aplausos.) ¡Dígamelo, señor Mingo, dígamelo! Y socavamos el sistema público de salud, que es un ejemplo para muchos países y un orgullo para los ciudadanos españoles.


Esto es lo que se hace en las comunidades autónomas de Madrid y de Valencia fundamentalmente (Aplausos.), de Madrid y de Valencia, sí, señores del Partido Popular. ¿Y cómo lo hacen? Pues muy fácil, a través de la contratación de sociedades mercantiles, que son entidades con ánimo de lucro -una gran diferencia-, que reciben una cesión de la Administración sanitaria pública para la gestión y provisión de servicios no sanitarios y/o sanitarios para una población determinada. Lo gestionan todo, desde una tos hasta una operación a corazón abierto. La titularidad por lo general no es pública, es privada y esta es la gran diferencia. De esta fórmula existen hasta cuatro modalidades diferentes, entre las que se encuentran el modelo Alzira y los hospitales de Denia, Torrevieja y Valdemoro. Es el mismo modelo que se quiere aplicar a los hospitales en proyecto: en Móstoles, en Villalba y en Torrejón, y también las concesiones de obra pública a las que responden los siete nuevos hospitales construidos en Madrid. Como verán SS.SS., en Madrid y Valencia, Comunidad Autónoma de Madrid, Comunidad Autónoma de Valencia.
No hay duda de que la señora Aguirre y el señor Camps, mal que les pese, tienen algo más en común que los presuntos casos de corrupción de la trama Gürtel, sus espías y su endeudamiento espectacular, y es que comparten -el señor Camps y la señora Aguirre- su afán de privatización de la sanidad pública con una consigna clara: destrozar lo público para luego decir a los ciudadanos que da igual lo privado que lo público y con ello hacer una vez más un buen negocio de lo que es un derecho de ciudadanía y que tenemos que defender. (Aplausos.)

Este grupo parlamentario está convencido de que esto hay que pararlo y que esta Cámara debe encontrar la fórmula legislativa adecuada. Permítame, señor Llamazares, que le diga que no estamos plenamente de acuerdo con su propuesta tal y como viene escrita en el orden del día, pero respetando las competencias autonómicas garantizadas por la ley, necesitamos hacer algo para poner coto a esta locura privatizadora que cada día aleja más al paciente del centro del sistema. ¿Y sabe qué ocurre? Que el paciente deja de ser el centro del sistema y pasa a serlo la factura que produce ese paciente, la enfermedad de ese paciente. (Aplausos.) Esa es la diferencia. Además, está dejando a los ciudadanos de Madrid y Valencia una deuda que ellos, los de ahora, y sus descendientes van a tener que pagar. La van a tener que pagar y esta vez no será una deuda que puedan atribuir a nadie porque es responsabilidad de los actuales gobernantes de Madrid, de Valencia y de alguna otra comunidad autónoma que les sigue de cerca.


Parece no solo oportuno sino también coherente, en la línea de la proposición no de ley que aprobamos no hace un año sobre el mismo asunto -por cierto, con el voto de toda la Cámara menos del Grupo Popular-, que este grupo parlamentario apoye la toma en consideración de esta proposición de ley para que en el ejercicio de nuestra responsabilidad sigamos manteniendo una sanidad universal, pública, gratuita, equitativa y de calidad (Aplausos.), pero de verdad, señor Mingo, de verdad, no solo en los titulares de prensa, de verdad, señor Mingo. Vamos a apoyarla y vamos a votar con toda la satisfacción del mundo.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. (Prolongados aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Grande.


PROPOSICIONES NO DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE IMPULSO DE UN ENFOQUE EUROPEO A LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA Y APOYAR LA CELEBRACIÓN EN ESPAÑA DE LA SEGUNDA CUMBRE EUROPEA SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA. (Número de expediente 162/000507.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al debate del punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar la del Grupo Parlamentario Socialista sobre impulso de un enfoque europeo a las políticas de inclusión de la población gitana y apoyar la celebración en España de la segunda cumbre europea sobre la inclusión de la población gitana. Para defender esa proposición no de ley tiene la palabra el señor Muñoz Gómez.


El señor MUÑOZ GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías (Pronuncia palabras en romaní, cuyo texto, que entrega al "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: Bajtiarav e Romanó Temeske muyalénguere, serándile kotar o Temutnó Romanó Sombesipnasko Prabestó, o Ray Antonio Vázquez.), saludo a los representantes de la comunidad gitana encabezados por el vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, don Antonio Vázquez. Subo también a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para presentar esta proposición no de ley que quiere ser un acicate para relanzar el debate sobre el impulso definitivo que debemos dar a las políticas de no discriminación y de inclusión del pueblo gitano en Europa. El Tratado de Lisboa de 2007 en su artículo 5 proclama que en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
La Europa actual no es la misma que la del Tratado fundacional de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero de 1951. Las ampliaciones que se han ido produciendo desde

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entonces, como la que llevó a la incorporación de España en 1986 o la última ampliación que eleva el número de países integrantes a veintisiete, hacen de la Unión Europea un territorio que no es solo un mercado de productos, de servicios y de trabajo sino que es -y creo que es lo importante- un espacio social de ciudadanos libres. Con el último proceso de adhesión de nuevos Estados, Europa tienen casi 500 millones de habitantes, de los cuales 12 millones son gitanos y gitanas -en España, 700.000-. Los gitanos están presentes en la agenda política de la Unión Europea debido al reciente proceso de ampliación, que ha incrementado el interés y la preocupación de los Estados miembros, no solo por razón de número sino muy especialmente por las condiciones de vida, la pobreza, la exclusión social y la estigmatización que todavía sufre este colectivo.


En septiembre de 2008, bajo la Presidencia francesa de la Unión, se celebró en Bruselas la primera cumbre europea sobre el pueblo gitano, la European Roma Summit. El marco que ofrece la Unión Europea a la comunidad gitana es una oportunidad que ha de favorecer su inclusión, la protección de sus derechos y su identidad cultural. Señorías, el 1 de enero de 2010 la Presidencia de turno de la Unión Europea corresponde a España. Desde el año 2004 la iniciativa política y social del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con el pueblo gitano ha sido un compromiso que se prolonga en el tiempo y ha sido -por qué no decirlo- muy productivo. Como ustedes saben, el Gobierno promovió en 2005 la creación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, planes nacionales para la inclusión social y la constitución de la Fundación Instituto de Cultura Gitana. Hay que poner en valor la voluntad de consenso que siempre ha imperado en el Grupo Parlamentario Socialista y en los demás grupos de la Cámara con el objetivo de desarrollar nuevas políticas que permitan avanzar a los gitanos y a las gitanas de España. Por ese motivo hemos aceptado dos enmiendas, una de Convergència i Unió y otra de Esquerra Republicana, para las que pido lógicamente el voto afirmativo al resto de grupos, y que luego pasaremos a los letrados de la Mesa.


Para acabar quiero decir que acontecimientos como el levantamiento de muros para separar a ciudadanos gitanos de los que no lo son o la persecución a la que están siendo sometidos en algunos países nos han de hacer profundizar en los valores en los que se fundamenta la Unión Europea como son la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. La segunda cumbre europea sobre la inclusión de población gitana bajo Presidencia española que se va a celebrar en Córdoba debe ser un punto y aparte sobre todo en lo que se refiere al concepto europeo de la inclusión del pueblo gitano, y dentro de ese concepto debemos dedicar un espacio de debate y de discusión a la situación de la mujer gitana en España y en Europa.


Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Muñoz.


A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender las que ha presentado el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hace pocos días, en la Comisión de control de Radiotelevisión Española se aprobó una iniciativa de Esquerra Republicana para promover la realización de una serie documental en La Primera y en horario de máxima audiencia sobre la historia, la lengua, la cultura, la identidad y la realidad social del pueblo romanó, analizando también las causas de los problemas a los que se enfrenta este colectivo y las posibles soluciones destinadas a lograr su plena integración social. Nadie puede negar que la realización de esta serie es un paso muy importante porque intenta llevar a cabo un ejercicio pedagógico tanto para el pueblo romanó como para la población del Estado en general. La serie, en los términos en que se aprobó, va a poner de relieve la represión policial, judicial, cultural, social y política que ha padecido el pueblo gitano a lo largo de la historia en todos los territorios por donde ha pasado, y en particular en el Estado español, rayano, digo, rayano en el genocidio. De hecho, en la península Ibérica los gitanos han visto cómo se les prohibía la lengua, su manera de vestir e incluso cómo se decretaba pena de muerte para aquellos que se negaban a asimilarse a las costumbres del resto de la población -repito-, todo ello rayano en el genocidio cultural e incluso nacional. Fue una represión legalizada y legitimada por leyes especiales, que se mantuvieron vigentes durante el siglo XX, y se encargó a la Guardia Civil la represión del pueblo gitano. Como es sabido, la Guardia Civil incluso podía actuar de forma indiscriminada y, por ejemplo, exigir que un gitano demostrara mediante factura la propiedad de la ropa que le vestía, más allá de prohibir su lengua y calificarla de jerga delincuente.


Con las libertades democráticas, la igualdad de derechos no se ha hecho efectiva, porque no existe una verdadera igualdad de oportunidades y porque previamente es necesario un proceso de superación de toda la carga histórica y represiva. En la anterior legislatura, nuestro compañero diputado Pep Andreu, de madre gitana, presentó una iniciativa parlamentaria en este Pleno, que fue aprobada en los mismos términos que la que hoy se nos somete a votación y debate previo. Pues bien, se trataba de que el Estado español abanderara la reivindicación de los derechos del pueblo romanó ante la Unión Europea, realizara una campaña de difusión de su historia, cultura y lengua y dialogara con sus representantes en todas aquellas iniciativas legislativas susceptibles de afectar a su identidad.


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Las enmiendas que hemos presentado van en la línea de mantener estos objetivos. Así, en una de ellas reclamamos que en dos meses el Gobierno presente un informe sobre todo aquello que hizo a partir de la aprobación de la iniciativa parlamentaria de Esquerra en el año -atención- 2005. En el año 2005 ya se aprobó, a instancias de Esquerra Republicana, una proposición no de ley en estos términos. Ahora les pedimos que en dos meses presenten en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales un informe sobre todo lo realizado hasta el momento, porque de la calidad y del contenido de este informe sabremos si la iniciativa de hoy es honesta políticamente, coherente políticamente y oportuna políticamente, que seguro que lo es, pero lo que no vale es no rendir cuentas sobre lo hecho, de manera que ustedes no tendrán, supongo, ninguna dificultad y no pondrán ningún impedimento para aprobar una enmienda de Esquerra Republicana, que -repito- insta al Gobierno a presentar en el plazo de dos meses un informe a este Parlamento sobre todo lo que se ha hecho desde el año 2005, porque los términos de la proposición no de ley que hoy debatimos son idénticos a los que presentó Esquerra Republicana en el año 2005 y entiendo que durante estos años se habrá hecho un buen trabajo, pero como pudiera ser que no lo hubieran hecho, lo que les pedimos entonces es que ratifiquen de nuevo aquello que se aprobó en el año 2005. Entiendo que ustedes no tendrán ninguna dificultad para aceptar nuestras enmiendas por cuanto -repito- significará que su iniciativa es coherente y honesta políticamente en el día de hoy.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Hemos de agradecer al señor Muñoz Gómez esta iniciativa, que nos permite durante un cierto tiempo debatir de nuevo en la Cámara sobre la realidad del pueblo gitano, en este caso apoyando la política del Gobierno en el marco de la próxima Presidencia europea, especialmente en esta II cumbre que se va a celebrar en Córdoba. Es evidente que desde la perspectiva estrictamente interna, España tiene un recorrido de políticas en este terreno. Además, en estos últimos años se ha ido fortaleciendo un movimiento asociativo que, poco o mucho, representa la realidad del pueblo gitano en España. Es cierto que a pesar de los avances que hemos vivido continuamos aún con problemas de rechazo y de exclusión con relación a estas personas. Es evidente -y creo que ahí tiene todo el sentido esta iniciativa que se nos plantea hoy y, lo más relevante, esa próxima reunión en Córdoba- que en el actual contexto europeo, tanto en relación con los países del antiguo bloque soviético -los países de la Europa de los Veintisiete- como con algunos incidentes producidos en algunos países de la vieja Europa, mantenemos una tensión política en lo que se refiere a los derechos de las personas de origen gitano. Creo que Europa, que proclama de manera enfática y retórica demasiadas veces esa consideración de respeto a los derechos humanos en terceros países, olvida muy a menudo y en demasía que existen ciudadanos europeos, en este caso ciudadanos de origen gitano, que en los propios Estados de la Unión Europea padecen situaciones indignas de esos valores. Por tanto, ojalá esta iniciativa del señor Muñoz y sobre todo esa iniciativa europea, esa II cumbre en Córdoba, sirvan para construir una política europea decente en relación con las personas de origen gitano.


La enmienda de Convergència i Unió es complementaria al texto original que se nos ha planteado por parte del Grupo Socialista y en la medida en que en el texto de esa moción se hace referencia a que esa reunión en Córdoba tenga en cuenta especialmente la situación de las mujeres gitanas, tanto en Europa como en el conjunto del Estado español, hemos querido reafirmar que la situación de marginación de esas personas -en este caso de las mujeres- también viene derivada por su propia condición de mujeres: marginación por su condición de persona gitana y marginación por su condición de mujer. Lógicamente agradezco al señor Muñoz el hecho de que haya podido incorporar esta enmienda de Convergència i Unió en el texto que se va a someter a la consideración de la Cámara.


Para terminar, simplemente a modo de estímulo para todos, me gustaría que una iniciativa en la que llevamos meses trabajando con el señor Muñoz, con la portavoz del Grupo Popular y con otros portavoces para llegar a una declaración solemne de la Cámara sobre la realidad de la historia del pueblo gitano en España, viera pronto su luz. Sería importante que precisamente durante el semestre de Presidencia española y en el contexto de esta cumbre en Córdoba, por fin el Pleno aprobase esa declaración institucional en la que el Estado español asume también sus responsabilidades en relación con la historia del pueblo gitano.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.


En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, representantes del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, para mí, como diputada de Coalición Canaria, perteneciente a Canarias, donde vive una amplia comunidad gitana integrada en nuestra sociedad, trabajando en nuestra sociedad y sufriendo, es un honor inmenso intervenir en este momento. Fui alcaldesa

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durante diez años de la ciudad de La Laguna, en Tenerife, donde teníamos una comunidad gitana activa que participaba en proyectos sociales, que quería que sus hijos tuvieran una vida distinta a la del mercadillo, y trabajamos en el ámbito de la formación, compatible con esa actividad de los jueves, formando a mujeres -las mujeres gitanas se sacaban el carné de conducir, algo que les cambió la vida- y sobre todo trabajando en una cosa importantísima como es la igualdad de oportunidades, que tiene que venir fundamentalmente a través de unas posibilidades de formación, de educación y de integración laboral y sobre todo de un trabajo digno y de una vivienda digna. Si tenemos experiencias positivas en nuestro país como las que hemos podido tener en mi ciudad o en Canarias, es importante que se debatan y que al final haya políticas europeas en esta materia.


Una sociedad del siglo XXI, una sociedad europea que lucha por unos valores y por unas políticas determinadas no puede asumir espectáculos como el italiano. Por eso, nos parece muy oportuna en este momento la propuesta que ha traído el señor Muñoz Gómez y que vamos a apoyar, sobre todo en el aspecto importantísimo de dedicar un espacio específico de discusión sobre la situación de las mujeres gitanas en Europa y en España. Las mujeres gitanas, mujeres con grandes valores familiares, que han luchado y que toda su vida han trabajado para sacar adelante a las familias en casa y en la calle, pueden ser el motor de ese cambio que queremos todos y que la propia comunidad gitana quiere, sobre todo para su juventud y para sus niños, para que tengan las mismas oportunidades en este siglo XXI, que es lo que queremos todos. Por eso, con gran entusiasmo quiero decir que los diputados de Coalición Canaria vamos a apoyar esta moción. Queremos participar en las jornadas que se van a celebrar en Córdoba, donde haremos aportaciones obtenidas a partir de la experiencia canaria, y ojalá que el ministerio de servicios sociales se implique más, porque es muy bonito organizar jornadas, pero a veces, más que jornadas, lo que hay que hacer es trabajar y poner los dineros para centros sociales y de formación laboral, para poder trabajar en políticas específicas de vivienda y sobre todo con la gente joven. En ese sentido, las jornadas están muy bien, pero, señor Muñoz Gómez, a mí me gustaría que el ministerio correspondiente realizara una tarea mucho más activa y esperamos que estas jornadas sirvan para fijar una hoja de ruta para España, para la Unión Europea, para las comunidades autónomas y para todos los ciudadanos de este país.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, representantes del colectivo gitano, vamos a apoyar con entusiasmo la proposición no de ley que nos presentan -nos parece razonable, nos parece muy bien configurada-, pero con algunas matizaciones y algunas prevenciones que queríamos indicar al portavoz del Grupo Socialista, cuyos méritos en defensa del colectivo gitano son materialmente indiscutibles.


En primer lugar, hay algunas referencias históricas que resultan discutibles. Tengo la impresión de que la presencia del colectivo gitano en el pueblo español, en la realidad social española es anterior al siglo XV; de hecho tengo documentos fehacientes que así lo acreditan, pero es una cuestión de naturaleza cultural que podríamos corregir posteriormente. En segundo lugar, la Constitución española, en su artículo 14, proclama el principio de igualdad ante la ley. Pero hay un precepto que a mí me resulta más dilecto, más agradable, que es el artículo 9.2, que obliga, que mandata a los poderes públicos del Estado, tanto legislativos como ejecutivos, a remover todas las dificultades que impidan la efectiva igualdad de todos los ciudadanos del Estado español ante la ley. Desde esa perspectiva, esta es la invocación que a mí me resulta más sugestiva y yo recomendaría que se incorporen también los requerimientos del artículo 9.2 a la exposición de motivos de esta relevante proposición no de ley. En tercer lugar, ustedes citan que durante la anterior legislatura el Gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero promovió el Real Decreto-ley 891/2005, de 22 de julio, de creación y regulación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Me imagino que la invocación al presidente del Gobierno lo será a efectos pedagógicos o por si alguien no recuerda que era quien gobernaba en aquel momento histórico en el Estado español. Este tipo de menciones retóricas o pedagógicas estéticamente no resultan muy propicias para concitar consensos en proposiciones no de ley que, por su propia naturaleza, van a suscitar consensos de naturaleza cuasi espontánea. Ya sabemos que era Rodríguez Zapatero quien presidía el Gobierno del Estado español y resultaría un tanto redundante.


En cuarto lugar, este órgano consultivo cumple funciones importantes, como son la remoción de las desigualdades, la integración en el Estado español de los gitanos como un interlocutor relevante y que puede aportar sus requerimientos, sus pretensiones, y las reclamaciones o reivindicaciones de las desigualdades que todavía les afectan. Pero, parafraseando al señor Tardà, también me gustaría decir que cuando, en la glosa histórica que usted ha hecho de esta proposición no de ley, se habla de lo que ha ocurrido con el pueblo gitano, utilizándose eufemismos que a nosotros no nos parecen pertinentes, como la pretensión en determinados momentos de la historia de su desaparición, sería pertinente utilizar la nomenclatura que en términos jurídicos se utiliza en la actualidad, que es la expresión genocidio. Se ha intentado acabar con el pueblo gitano mediante lo que hoy constituiría un crimen de lesa humanidad, que es el de genocidio. Son correcciones de naturaleza estética en unos casos, técnico-jurídica en otros y política en otros, que mejorarían la pretensión. Pero en todo caso a

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nosotros nos parece muy pertinente que la Unión Europea se tome en serio las legítimas reivindicaciones del pueblo gitano y que el Gobierno español cree esta comisión consultiva; también nos gustaría un ajuste a la estructura compuesta del Estado español y que, en el ámbito de las comunidades autónomas, consejos homónimos o similares a este, tengan capacidad de interlocución con los gobiernos autonómicos o con los gobiernos forales, a efectos de conseguir la remoción de las dificultades o las desigualdades que todavía afectan en múltiples ámbitos al pueblo gitano.


Nos interesa de forma muy particular también la ubicación en las instituciones europeas, como un elemento de su agenda, de esta problemática, pero también nos interesa -y el portavoz del Partido Socialista lo ha dicho con lucidez- hacer una invocación a un problema que nos preocupa o nos inquieta particularmente, que es la institución del patriarcado que afecta a determinados segmentos, no a la colectividad, sobre todo al segmento más joven del pueblo gitano, y ciertos inputs y ciertas expresiones metaculturales en que todavía el dominio del hombre sobre la mujer, que dimana de la propia expresión patriarcado, puede afectar a la estructura organizativa del pueblo gitano.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya con esto acabo, señora presidenta. Desde luego, la igualdad de la mujer forma parte de las reivindicaciones que nosotros, colectivamente, hemos consensuado en esta Cámara. Desde esa perspectiva, en este ámbito, como en otros muchos, incluso al margen del ámbito de los gitanos, la igualdad entre el hombre y la mujer tampoco se ha conseguido.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es una de las reivindicaciones que a nosotros nos gustaría poner en valor y, por tanto, me felicito por la presentación de esta proposición no de ley, que vamos a votar, con las matizaciones y algunas de las reservas mentales que hemos indicado con absoluto entusiasmo.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Méndez.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señora presidenta.


Saludo en primer lugar a los representantes del pueblo gitano, entre ellos a la fundación Calí, que se encuentra en la tarde de hoy en la Cámara; a todos ellos. Creo que de la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista hay que diferenciar dos propuestas. La primera de ellas, la celebración en España de la II cumbre europea sobre la inclusión de la población gitana como continuación de la celebrada el 16 de septiembre en Bruselas, con la participación de más de 400 representantes de instituciones de la Unión Europea, los gobiernos nacionales y los parlamentos y la sociedad civil. Nada se dijo en la declaración final, muy buena por cierto, del primer encuentro, redactada a petición de la Coalición Europea de Política Gitana, sobre la continuidad de ese tipo de eventos ni de su regularidad. Nos sorprende no haber visto ningún encaje en los Presupuestos Generales del Estado sobre esta cumbre. No obstante esta apreciación, nos parece bien, muy bien, que se haga en Córdoba esta II cumbre, pero que no se utilice como instrumento de imposición ideológica por nadie. Y paso a explicar la segunda de sus propuestas.


La dedicación de un espacio específico de discusión sobre la situación de las mujeres gitanas en Europa y en España es un tema que habrá que valorar desde la óptica de los propios gitanos y gitanas, para que no se aleje de las preocupaciones que ellos tienen en España; lo que más les preocupa hoy es el fuerte impacto que la crisis económica está teniendo en sus familias. Nada se dijo en la declaración final del primer encuentro sobre la mujer gitana. Creo que el Grupo Parlamentario Socialista se encuentra algo alejado de las preocupaciones reales de las familias gitanas. Así las cosas y aunque el papel de la mujer gitana en el seno de su comunidad no es la principal preocupación para las propias mujeres gitanas, votaremos a favor de su propuesta ya que puede ser interesante la atención especial a las mujeres gitanas y el reconocimiento de sus sólidos valores familiares y respeto a la tradición, y también en algunos casos su discriminación.


Trasplantar la doctrina Aído a las mujeres gitanas no es lo que ellas quieren. Y si no lo entienden, pregunten sobre el efecto que tuvieron las palabras de Bibiana Aído en el I congreso nacional de mujeres gitanas.
Porque los gitanos son como son y no como a ustedes les gustaría que fueran. Esto no quiere decir que los gobiernos de las naciones no deban realizar los mayores esfuerzos para la erradicación de cualquier tipo de discriminación hacia la mujer, sea gitana o no lo sea, para acabar de conquistar un espacio en el que los hombres y las mujeres seamos equivalentes y sujetos de los mismos derechos y oportunidades que tanto esfuerzo nos está costando. Pero defender, entre otras cosas, el acceso a la educación y la igualdad de oportunidades de las mujeres no puede significar imponer una ideología de género a las gitanas, de forma que se intente destruir sus valores. La declaración final de la cumbre europea contenía cinco puntos, de los que la proposición no de ley solo recoge el primero, que expresaba: Uniremos fuerzas y desarrollaremos estándares europeos comunes para la integración de los gitanos. Pero nada dice del dos, y del tres, y del cuatro, que están dedicados al empleo.


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Habría que recoger la idea, que sería la más adecuada en un contexto actual de crisis, de que la pérdida del empleo o el aumento de la precariedad es la principal preocupación de las familias gitanas, por lo que habría que dedicar ese espacio específico de discusión, que el Grupo Parlamentario Socialista plantea sobre la situación de las mujeres gitanas en Europa y en España, fundamentalmente desde el punto de vista del impacto que la crisis está teniendo entre las familias gitanas.
Porque esta es la verdadera preocupación de las mujeres gitanas, no se engañen. Incluso se podría crear un espacio específico de discusión sobre el impacto de la crisis entre las familias gitanas, podría articularse sobre la creación de más y mejor empleo entre los gitanos y gitanas de Europa, con acciones como la regulación de los trabajadores autónomos no asegurados entre la población gitana; la formación de las mujeres y jóvenes gitanos para favorecer su inclusión laboral; la difusión de las medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral; la posibilidad de elaboración de un marco de regulación de la venta ambulante en cada municipio; la creación de cooperativas de trabajo en el ámbito familiar, y la difusión de la formación profesional entre la juventud gitana.


Esto es lo que realmente importa a la población gitana, estos son los verdaderos problemas de las mujeres gitanas, por lo que votaremos que sí a su propuesta, pero hemos resaltado los temas que en esa cumbre deben primar y de los que en ese espacio específico creemos que se debe hablar.
Si no fuera así, si lo único que quisieran es imponer la doctrina Aído, de destrucción de valores como el de la vida, estarían adulterando el sentido de nuestro voto. No hay que perder de vista que, según datos de la Fundación Foessa, de 1998, entre el 50 y el 80 por ciento de la población gitana se dedica a la venta ambulante y el reciclaje de materiales y que, en tiempo de bonanza económica, el índice de desempleo entre ellos era ya del 13,8 por ciento. Respecto a la calidad del empleo, el 70 por ciento aún era temporal, trabajando el 42 por ciento a tiempo parcial. Por sectores, un 75,9 por ciento se dedicaba a los servicios y un 4,7 a la industria, sectores ambos duramente afectados por la crisis.


Termino reiterando el sentido positivo de nuestro voto y sugiriendo al Gobierno que esta cumbre trate de los verdaderos temas que en este momento interesan, que no sea un brindis al sol o un guiño a un colectivo que, de momento y como política más reciente del Gobierno socialista, ha resultado agraviado con la disminución de 2 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para el Plan de desarrollo gitano.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias a usted.


Señor Muñoz Gómez, es su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.


El señor MUÑOZ GÓMEZ: Hay una aportación de Esquerra Republicana, que ya hemos concretado con el portavoz cuál es, y otra de Convergència i Unió.
Las entregaremos a la Mesa ahora mismo. Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por favor. Muchas gracias, señor Muñoz.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE PUESTA EN MARCHA DE LOS CONTROLES AL SISTEMA DE INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES (SITEL), UTILIZADO POR EL GOBIERNO DESDE DICIEMBRE DE 2004. (Número de expediente 162/000519.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la siguiente proposición no de ley: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre puesta en marcha de los controles al sistema de interceptación de las comunicaciones (SITEL), utilizado por el Gobierno desde diciembre de 2004. Para la defensa de la proposición no de ley en nombre de su grupo tiene la palabra el señor González Pons.


El señor GONZÁLEZ PONS: Señora presidenta, señorías, dice Shakespeare que es admirable tener la fuerza de un gigante, pero es tiránico servirse de ella como un gigante. Y de eso tengo la intención de hablarle esta tarde a la Cámara, de los límites a los que deben someterse los poderes gigantescos para evitar que se conviertan en poderes tiránicos. Los avances tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones han ampliado el horizonte vital de las personas, pero también, aunque no suela destacarse tanto, la capacidad del Estado para controlar y vigilar la vida privada de esas mismas personas. Señorías, cuantos más oídos tenga el Estado para oírnos y más ojos tenga el Estado para vernos, menos libres seremos en nuestra vida privada todos los ciudadanos. (Aplausos.)

Hay quien piensa que la verdadera libertad nace de la seguridad que da la esclavitud, hay quien defiende que retroceder en el derecho de la intimidad en las comunicaciones es indispensable para luchar contra el terrorismo o contra el narcotráfico. Sin embargo, aunque aceptásemos universalizar tan escuálida idea de libertad frente al Estado, seguiríamos necesitando las leyes. Las leyes son las murallas del pueblo ante la injusticia, ante el abuso o ante la improvisación del hombre que ostenta el poder. (Protestas.--Aplausos.) Por eso, hoy subo a esta tribuna, señorías, solo a reclamar una ley que en España falta, una ley orgánica que regule los límites que el Estado no puede traspasar en lo relativo a la vida privada de los ciudadanos, su intimidad y su libertad individual. Ya tenemos una Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, ya tenemos una ley orgánica que establece las condiciones en las que el CNI puede soslayar

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el carácter secreto de las comunicaciones privadas, y, sin embargo, no tenemos una ley orgánica similar para cuando la automatización de datos o la intervención de las comunicaciones las hace el Ministerio del Interior.


¿Por qué? El sistema Sitel no solo intercepta comunicaciones autorizadas por el juez, sino que registra la vida entera de las personas; la identidad de los interlocutores; los datos personales, bancarios y memoria de las llamadas del interlocutor no investigado; la localización del teléfono investigado y también la del móvil no investigado, aunque no se encuentren operativos; mensajes de texto, correo electrónico, cualquier tipo de información desprendida de la navegación por Internet.
Sitel lo graba absolutamente todo y además no discrimina la información; almacena, mezcla y conserva sin encriptar aquello que resulta relevante para la investigación judicial, junto a mucha intimidad personal que no aporta nada, incluso de personas que ni siquiera tienen algo que ver con un asunto judicializado. Señoría, los discos duros donde se registran originalmente las informaciones obtenidas por Sitel no están firmados digitalmente, ni están auditados por ninguna autoridad certificadora de su autenticidad.


Si tenemos en cuenta que en el mundo digital, como todos ustedes saben, no hay copias y que en el mundo digital una copia manipulada es un nuevo original, es fácil entender que la seguridad de que las grabaciones que llegan finalmente hoy a los jueces sean las originales es solo una cuestión de fe. En la actualidad, solo el artículo 579.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, calificado recientemente por el Tribunal Supremo como raquítico e insuficiente, en los mismos términos en los que lo calificó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, permite que la policía intervenga conversaciones telefónicas. Todo lo demás que Sitel hace no está amparado por una ley orgánica, tal y como previene el artículo 81 de la Constitución. Se dice que Sitel nunca se utiliza sin autorización judicial, pero a los jueces nunca se les aporta la información asociada a la comunicación obtenida por Sitel y, por tanto, cuando los jueces autorizan escuchas no saben que se grabará mucho más que las escuchas que les serán aportadas. El Tribunal Supremo, es cierto, ha aceptado escuchas realizadas por el sistema Sitel en diversas sentencias, pero al no ser, como se sabe, la jurisprudencia fuente del derecho penal, sin ley orgánica al respecto, el mismo Tribunal Supremo podría anular la utilización de Sitel en cualquier sentencia posterior. Debería hacernos reflexionar que tenga que ser el Tribunal Supremo el que establezca las condiciones de uso de Sitel y que no lo estemos haciendo aquí, desde la sede del legislador orgánico. Lo que me importa no es la intención de quien denuncia, sino si lo que se denuncia es cierto. Por eso debo responder cuando nos acusan de que, pidiendo una ley orgánica para todos los españoles, estamos dando argumento a los abogados de Batasuna. El pasado viernes, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, mayoritaria en su escala, emitió un comunicado en el que destacaba la necesidad de una ley orgánica que aporte seguridad jurídica a los ciudadanos frente a Sitel. Estoy seguro de que, después de los cientos de víctimas que la Guardia Civil ha puesto en la lucha contra ETA, no producirá a nadie inquietud ahora que nuestros argumentos sean coincidentes con los suyos.
(Aplausos.)

En resumen, Sitel es un buen sistema para luchar contra el crimen organizado, pero tan poderoso que su control es más cuestión de leyes que cuestión de buena fe. Ayer, el Gobierno reconoció que la regulación orgánica de Sitel es insuficiente, pero nos remitió a que esperásemos a una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Y hoy el Gobierno nos aclara que no lo considera una prioridad. Señorías, la defensa de los derechos fundamentales de los españoles no puede esperar un día, no pude esperar ni una jornada parlamentaria, no es cuestión de calendario, ni de prioridades, es simple y llanamente una cuestión de principios democráticos. (Varias señoras y señores diputados: ¡Sí, señor!-Aplausos.)

Señorías, termino. En 1984, George Orwell hace que su protagonista escriba en su diario: Libertad es poder decir que dos y dos son cuatro. Si se me concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados. Libertad para mí hoy es poder subir a esta tribuna a decir que en España hace falta una ley orgánica del derecho a la vida privada que nos proteja de los avances que las nuevas tecnologías pueden conllevar como amenazas, que nos proteja de los ojos y de los oídos del gran hermano, que, instalado en el Estado, puede convertir la libertad individual en un chiste. Si SS.SS. me conceden solo esa ley orgánica, si se me concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.


A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto. Van a intervenir tres miembros del Grupo Mixto y quiero recordarles que tienen que repartir su tiempo; por tanto, seré muy estricta en el reparto del mismo.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Estamos ante un debate sobre un tema muy serio, que desgraciadamente viene precedido de un debate nada serio. Ni el ministro del Interior tiene un teléfono, que es el 11088, que es Sitel; me parece una apelación absolutamente falta de rigor y absolutamente irresponsable; Sitel, para esta diputada que les habla, no es el 11088 del ministro del Interior, me parece que eso no es serio y desde luego no comparto esa apreciación, ni se invalidan todos los procedimientos porque pidamos que se regule por una ley orgánica, como ha dicho el Grupo Socialista refiriéndose a los procedimientos que están en marcha en relación con el terrorismo o con el narcotráfico. Eso tampoco es serio. Un país serio no debate de estas cuestiones con estas acusaciones mutuas entre el partido que gobierna y el que está llamado a sustituirle.


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Esto sí que no es serio sobre un asunto serio (Rumores.), sobre un asunto serio que nos afecta a todos.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, por favor.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Perdónenme, señores diputados del Grupo Popular, tengo derecho a decir que no es serio cómo lo han planteado ustedes y que no es serio cómo les ha respondido el grupo de Gobierno. A pesar de todo, creo que la reivindicación de que esta cuestión sea planteada a través de una ley orgánica es una reivindicación que merece la pena ser escuchada.
Y como me interesa más el fondo que la forma y a pesar de una forma que tengo que denunciar inapropiada, advierto, anuncio, mejor dicho, mi voto positivo a esta proposición que plantea el Grupo Popular. (Varios señores diputados: ¡Ahhh!)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.


Señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, Coalición Canaria cree que el sistema Sitel es legal, que el Gobierno no escucha a los ciudadanos, pero sí creemos desde luego que el sistema tiene que mejorarse y regularse. Tiene que mejorarse y regularse porque hay una percepción general en este país, de los políticos, de los periodistas, de todo el mundo, de que aquí se escucha, porque se han hecho filtraciones públicas de aspectos que afectan a la intimidad y a la vida personal de mucha gente de temas que no tenían nada que ver con los asuntos judiciales. Eso quiere decir que esos controles para destrucción de temas que no tengan nada que ver, que quede impune el que haga mal uso de la información y la filtre se tiene que regular; tiene que haber garantías en este país -por hechos que están demostrados en prensa y que hemos sufrido todas las fuerzas políticas- de que, si eso sucede, se abre un expediente de investigación reservada, se abre un expediente administrativo, se penaliza, porque eso no puede suceder y eso está sucediendo en este país.


Nosotros no compartimos desde luego parte del discurso que ha hecho alguna, no quiero decir el portavoz en este momento del Partido Popular, pero sí su organización de Valencia la semana pasada, diciendo que, si esto salía adelante, iban a solicitar la anulación de los autos del proceso Gürtel; tampoco la respuesta que ha dado el Partido Popular diciendo que eso suponía la anulación de expedientes de narcotraficantes, de expedientes de corrupción. Yo creo que se puede regular teniendo la garantía de que no tiene efectos retroactivos y teniendo la garantía para los ciudadanos de este país del derecho y la libertad a que nuestras comunicaciones sean secretas, como respalda la Constitución. Y está en la mano del Gobierno hacerlo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señora Oramas.


Señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la proposición no de ley, al margen de su contenido concreto, aborda una cuestión que para el BNG no es una cuestión menor: la tensión entre seguridad y libertad. Para el BNG seguridad y libertad no pueden contraponerse, la seguridad no puede ser una coartada para introducir recortes en la práctica en el alcance de los derechos colectivos e individuales. Por eso somos partidarios por norma de extremar las garantías para asegurar la debida protección de los derechos civiles y las libertades individuales, incluso en la cuestión concreta que nos ocupa. Distintas sentencias del Tribunal Supremo avalan la legalidad del sistema de escuchas objeto de esta proposición, pero aun así no negamos que la regulación actual pueda ser insuficiente y que sea necesario actualizarla y desarrollarla. El propio Gobierno ha manifestado su disposición a abordar esta cuestión en el marco de la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Pero, señorías, al margen de estas consideraciones, no podemos avalar que un sistema de intercepción de comunicaciones, contratado por don Mariano Rajoy cuando era ministro del Interior, pagado por doña María Dolores de Cospedal cuando era subsecretaria y puesto en marcha por don Ángel Acebes, sea utilizado ahora por este mismo partido como arma arrojadiza para deslegitimar al Gobierno y las actuaciones judiciales en curso que afectan a miembros del Partido Popular. Este proceder nos parece demagógico e irresponsable y denota por parte de ustedes muy poco sentido de Estado. Para ustedes, el sentido de Estado parece estar acotado a su uso como coartada para atacar a los nacionalismos. Señorías, hay un punto en su proposición que les delata; en él proponen regular con carácter específico las investigaciones referentes a los delitos de terrorismo, crimen organizado, pederastia y pornografía infantil, para garantizar la mayor eficiencia de la lucha contra estas graves formas de delincuencia.


Concluyo ya. Señorías, estamos de acuerdo, pero no sobraría incluir entre estas graves formas de delincuencia la corrupción en la política, para no poner trabas en el establecimiento de mecanismos, siempre dentro de la legalidad, que favorezcan la máxima eficacia en su combate.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-

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Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, confieso que este portavoz tiene sus dudas y algún escrúpulo nada angelical en relación con este tema del Sitel, sistema que, como se ha dicho, es capaz de interceptar todo tipo de comunicaciones digitales de las redes que operan en el conjunto del Estado español. Quizá ese escrúpulo, un punto ideológico, tiene algo que ver con aquellos peligros a los que el señor González Pons aludía cuando se refería a lo que modernamente se ha venido a llamar la sociedad orwelliana, es decir, el recuerdo de aquel omnipresente y vigilante gran hermano situado en el interior de la famosa habitación 101, el recuerdo en todo caso de aquella ubicua policía del pensamiento del universo literario de Orwell. Pero, dicho esto, resulta que este sistema que, como se ha dicho, fue adquirido en su día por el Partido Popular se ha revelado efectivamente eficaz, no solo aquí, sino en otros países europeos para la detección de células islamistas o en la lucha contra peligrosas redes mafiosas.


La duda que le asalta modestamente a este portavoz es por qué ese repentino e incluso obcecado interés del Partido Popular por el tema, por qué esas feroces críticas últimamente en boca del Partido Popular, que ha presentado este sistema como las orejas electrónicas del señor Zapatero, siendo como es un tema que, en abstracto, podríamos compartir y que incluso en otro contexto podríamos debatir. Creo que esa incógnita ya la ha despejado ciertamente hace unos días, el viernes pasado, la portavoz del Gobierno valenciano. No sé si víctima digamos de la ansiedad o de la preocupación que provoca en el seno del Partido Popular el caso Gürtel, tuvo un serio desliz, del que dieron cuenta los medios de comunicación, cuando admitió, sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de escrúpulo, que toda esta bronca política, mediática, tanta insistencia en que este tema se regule por ley orgánica, tiene un objeto, un propósito, que es que el caso Gürtel se convierta en un nuevo caso Naseiro, buscando la eventual anulación del proceso judicial. Por tanto, de un plumazo, señorías, se ha puesto claramente al descubierto la sibilina estrategia de defensa del señor Camps y compañía, se trataba de producir el efecto sin que se notase el cuidado. Y es más, no sé si a lo tonto a lo tonto, pero esa estrategia empezó incluso este verano cuando la señora De Cospedal, en un sitio tan poco solemne como la playa de Marbella, no sé si en una soirée estival y además rodeada de buganvillas, nos dijo que tenía constancia de pinchazos ilegales. Ahora ya sabemos que aquello no fue un golpe de calor del que había sido víctima la señora De Cospedal, sino que era algo más, era evidentemente una estrategia que el Partido Popular había diseñado de forma perfecta.


No voy a entrar en consideraciones de orden jurídico ni de orden técnico y solo quiero hacer una observación. A raíz del caso Gürtel difícilmente habrá un nuevo caso Naseiro, porque salvo evidencias en contra, que todavía el Partido Popular no ha presentado públicamente, no se trata ni de un sistema arbitrario ni se trata de un sistema del que se haga un uso indiscriminado, porque como es sabido y se ha reconocido toda interceptación viene autorizada por los jueces. En segundo lugar, porque hasta ocho sentencias del Tribunal Supremo descartan de forma clara que no se disponga de un suficiente amparo legal -por cierto, la última sentencia es de hace muy pocos días-, además de que es perfecta y sobradamente conocida la doctrina del Tribunal Constitucional, que dice que son materias de ley orgánica las que afectan directamente a los derechos fundamentales, en este caso el secreto de las comunicaciones, pero nunca los medios operativos o los aspectos técnicos, como sería en este caso el Sitel. De ahí que sería bueno, señoras y señores del Partido Popular, que abandonasen esa permanente inclinación por la confabulación político-judicial. No es la mejor manera, señores del Partido Popular, de demostrar que están ustedes dispuestos a enmendarse, como dijeron en su congreso de Valencia, y abandonar esa permanente tradición conspirativa.
Ustedes deben ser una auténtica alternativa de Gobierno, conservadora sí, pero en términos europeos.


Muchas gracias. (Protestas.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Señor González Pons, señorías, tengo hijos pequeños y tengo que ayudarles a hacer los deberes de matemáticas, y dos más dos no son cuatro en la matemática moderna; ya los esquemas aristotélicos están superados por otros esquemas conductistas en materia de matemáticas. ¿Adónde voy con esto? Formalmente su discurso ha sido impecable; formalmente usted tiene razón, materialmente no. ¿Por qué le digo que no tiene razón materialmente? Porque hay diez -no ocho- sentencias del Tribunal Supremo que convalidan la legalidad del sistema que ustedes contrataron, aunque luego no lo pusieron en práctica, entre otras cosas por invocaciones del Consejo General del Poder Judicial, que conozco perfectamente porque a la sazón era vocal, y no solo tuve la oportunidad de ser vocal en aquel momento, sino que además pertenecí a la Comisión de estudios e informes y participé como ponente en ese informe al que usted se ha referido.


Mire, señor González Pons, el sistema Sitel genera dudas. A nosotros nos genera dudas su congruencia con el contenido esencial del artículo 18 de la Constitución, que consagra un derecho fundamental, el derecho a la intimidad y a la dignidad de las personas, pero desde esa perspectiva el Tribunal Supremo no ha dicho lo mismo. Hay diez sentencias, una muy reciente -la ha glosado

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el señor Ridao-, y además el ponente ha sido un constitucionalista, es un magistrado de la Sala segunda, Luciano Varela, constitucionalista conocido y de reconocido prestigio, que ha comentado dos cosas que desacreditan o que de alguna forma deslegitiman su discurso, que teóricamente es impecable. En primer lugar, que no es necesaria una ley orgánica para consagrar el sistema operativo de interceptación de comunicaciones; bastaría la Ley de Enjuiciamiento Criminal; yo tengo dudas, pero lo ha dicho don Luciano Varela y yo tengo que respetar la mejor opinión del señor Varela y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a esta materia. En segundo lugar, y con relación a un caso que usted conocerá perfectamente, el de unos narcotraficantes de Orense que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Orense, recurrieron en casación a la Sala segunda del Tribunal Supremo, invocando su abogado defensor la inexistencia de ley orgánica acreditadora o legitimadora de la existencia de una ley orgánica que precisamente constituyera una garantía suficiente para la interceptación de comunicaciones. Esta es la conclusión del Tribunal Supremo: que no es precisa, basta la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acometer esta operación de interceptación mediante el sistema Sitel, que además paradójicamente -y eso, honestamente se lo digo, me llama la atención- genera mayores garantías que otros sistemas precedentes en relación al sistema de interceptación de comunicaciones de presuntos delincuentes. Pero nos encontramos con que hay un segundo argumento, consagrado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que hace referencia a que resulta indiferente -cosa que a mí también me perturba notablemente- que obren los datos interceptados en el Ministerio del Interior o en el órgano judicial mandante de la interceptación. Usted sabe que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha consagrado este criterio. A mí no me parece razonable que sea indiferente que obren estos datos en poder del Ministerio del Interior o del órgano judicial mandante de la interceptación de las comunicaciones, y desde esa perspectiva puedo comprender y puedo compartir buena parte de su argumentario, pero no es la jurisprudencia del Tribunal Supremo.


Desde esa perspectiva, ¿qué cabe hacer en este momento? Pues lo que cabe hacer en este momento es lo que yo me comprometo a hacer y lo que seguramente algún otro grupo parlamentario que me va a suceder en el uso de la palabra se va a comprometer a hacer: presentar una iniciativa legislativa que corrija la disfunción en materia de congruencia entre el contenido esencial del derecho a la intimidad, que proclama el artículo 18 de la Constitución, y los sistemas de interceptación de telecomunicaciones, que en este momento están configurados fundamentalmente por el sistema Sitel. ¿Por qué? Porque sin el sistema Sitel seguramente la operación Malaya no hubiese podido ser desentrañada ni tampoco determinadas organizaciones mafiosas. No comprendo su invocación al problema de Batasuna, hasta qué punto está involucrado, ni a qué ejemplo específico se refería usted que puede estar involucrado en su argumentario, pero que Sitel pueda grabar no solo las comunicaciones autorizadas por la autoridad judicial, sino cualesquiera otras colindantes sin ningún tipo de selección, comprometiendo el contenido esencial del artículo 18 de la Constitución, requiere o merita por lo menos una reflexión complementaria.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Mi grupo parlamentario -con esto acabo, señora presidenta-, y seguramente algún otro, se compromete a presentar una iniciativa parlamentaria, que espero cuente con su consenso y con su conformidad, para resolver esta vidriosa cuestión, no resuelta correcta o equilibradamente en ningún Estado democrático de derecho del mundo.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Desde el compromiso con el respeto a los derechos y libertades fundamentales, Convergència i Unió fijó su posición en el tema que nos ocupa desde hace tiempo, concretamente desde que en el año 2007 se reguló el sistema Sitel mediante una reforma del artículo 33 de la Ley General de Comunicaciones, que se hizo a través de una enmienda introducida por el Grupo Socialista, en el trámite del Senado, a la Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación. Ya entonces -les invito a leer el "Diario de Sesiones" de esta Cámara del día 4 de octubre de 2007- el ponente de mi grupo parlamentario en ese proyecto de ley, mi compañero Jordi Jané, justificaba el voto negativo, contrario de mi grupo parlamentario a esta enmienda por la manera en que se había hecho la regulación, sin el recorrido parlamentario usual, y sin que hubiera sido objeto de examen por el Consejo de Estado ni de ningún otro informe previo, y fundamentaba dicho voto contrario en que era una normativa que podía tener serias consecuencias que podían afectar a la intimidad de las personas; en que si era mal utilizada podía tener efectos no deseados para el sujeto que viera interceptada su comunicación; en que el operador estaba obligado a ceder un conjunto de datos, incluso con carácter previo a la interceptación judicial, y en que la interceptación podía llegar a una lista de usuarios de determinadas redes de comunicación que a lo mejor ni siquiera estaban en relación, de manera directa, con las actuaciones delictivas que se estaban investigando. En definitiva, al igual que el Grupo Vasco, votamos en contra por entender que no quedaba suficientemente

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garantizada la intimidad de la ciudadanía y la protección de sus derechos fundamentales. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Lástima, señor González Pons, que entonces, a diferencia de ahora, el Grupo Popular nada objetara al respecto y apoyara sin fisuras su validación, especialmente si, tal como se afirma ahora -por lo menos así lo he leído-, obraban en su conocimiento informes contrarios emitidos por los organismos a los que se había consultado, cuando desde el Gobierno del Partido Popular se intentó poner en marcha el funcionamiento de este sistema.


El artículo 18.3 de la Constitución nos dice que, salvo resolución judicial, se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial las postales, telegráficas y telefónicas. Nosotros, desde Convergència i Unió, hemos ido viendo con preocupación la reproducción en medios de comunicación del contenido de interceptaciones telefónicas, que al parecer formaban parte del secreto sumarial; la reproducción de conversaciones entre un abogado y su cliente, que puede vulnerar también el derecho de defensa preconizado por el artículo 24 de la Constitución; la reproducción de las conversaciones entre presuntos implicados con cualquier otra persona en conversación privada, aunque nada tuviera que ver con el objeto de las escuchas. Todo ello nos lleva a plantearnos -a ratificar en nuestro caso- aquella opinión inicial expresada en nombre de nuestro grupo por el diputado Jordi Jané.


Hasta aquí argumentos que podrían suponer una cierta coincidencia con los planteamientos que ustedes nos acaban de hacer. Pero es obligado también reconocer que Sitel ha sido y es un instrumento clave en la lucha contra el terrorismo de ETA, en primer lugar, pero también en la detección de células de terrorismo islamista radical, y en el seguimiento y enjuiciamiento de peligrosas redes mafiosas que operan en nuestro país.
También es obligado reconocer que es un instrumento avalado, como aquí se ha dicho, en diversas -numerosas ya- sentencias del Tribunal Supremo, la última del pasado 19 de noviembre, en las que se rechazaban los recursos en los que se pedía la nulidad de las pruebas, alegándose precisamente la ilegalidad del sistema; y sentencias en las que se llega a afirmar incluso que el sistema Sitel es mejor que los anteriores. Por ello no nos parece responsable fomentar o alentar un estado de opinión que extienda un manto de sospecha generalizado sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, poniendo en duda que actúen desde los límites del Estado de derecho. Creemos sinceramente que el debate no puede hacerse en caliente y con acusaciones cruzadas entre dos grupos que avalaron la actual regulación, sino que el debate exige sensatez y mesura para abordarlo en sus justos términos. Por todo lo cual, Convergència i Unió desde una actitud responsable se va a abstener en la votación anunciando, eso sí, la presentación de una iniciativa propia que, ponderándose adecuadamente el delicado equilibrio entre intimidad y seguridad, atienda los objetivos de mayor nitidez y precisión en su aplicación, y dé respuesta también a las reiteradas solicitudes que desde el Tribunal Supremo se vienen haciendo -usted lo ha mencionado- sobre la necesidad del desarrollo de, en palabras del Supremo, la raquítica e insuficiente regulación de la interceptación de comunicaciones del vigente artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Antonio Hernando.


El señor HERNANDO VERA: Señor presidente, señorías, señor González Pons, me ha alegrado que haya empezado citando a Shakespeare, porque a pesar de sus dotes interpretativas hoy ha convencido aquí a muy poca gente. En concreto, solo a la señora Díez. (Rumores.-Aplausos.) Yo creo que un exceso de interpretación produce una democracia de baja calidad.
(Rumores.) También esperaba algo más de usted aquí esta tarde: un poco de valentía en este debate y que hubiese dicho en esta tribuna lo que se ha pasado unos cuantos días diciendo por ahí fuera. González Pons: Sitel es un sistema ilegal de escuchas. No es cierto que el Grupo Parlamentario Socialista haya dicho que el cuestionamiento de Sitel anula procesos. No, ha sido el señor Pons: Pons advierte que cientos de casos pueden anularse por lo ilegal de Sitel. Sin embargo usted, hoy aquí, ha venido a hacernos un debate jurídico. Lo primero que les voy a decir es que el Grupo Parlamentario Socialista manifiesta que los derechos constitucionales y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en España están perfectamente amparados y garantizados, (Varios señores diputados: No.-Rumores.-Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular muestran sus teléfonos móviles.-Aplausos.) que lo declara y enuncia la Constitución, que lo sancionan las leyes, que lo avalan las instituciones, y que lo garantizan los juzgados y tribunales, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Rumores.) El Grupo Parlamentario Socialista no va a votar esta iniciativa...


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor HERNANDO VERA: ...porque en este país ni el Ministerio del Interior ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, señor Pons, espían ni escuchan ilegalmente ni almacenan irregularmente datos ni manipulan las conversaciones. (Varios señores diputados: ¡Oh!) Eso no se hace en este Estado. (Varios señores diputados: No, qué va.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor HERNANDO VERA: Lo del espionaje es posible que se haga dentro del PP, pero el Estado no lo

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hace, señorías. Ustedes han traído hoy un debate jurídico a esta Cámara, y vamos a hablar de leyes.


Ustedes han cuestionado la Ley General de Telecomunicaciones, pero es que la Ley General de Tele-comunicaciones es de 3 de noviembre de 2003, cuando ya se había comprado, pagado y probado el sistema Sitel, y sin embargo ni la elevaron a rango de ley orgánica ni presentaron ninguna enmienda, como les ha recordado la portavoz de Convergència i Unió. Pero es que además el artículo 33 ha sido avalado en nueve ocasiones por el Tribunal Supremo, y ustedes hasta ahora no han dicho nada. Ustedes también ponen en cuestión la Ley de conservación de datos de las comunicaciones electrónicas. Les voy a decir lo que su portavoz dijo aquí sobre este dato respecto a la conservación de datos. Dijo: para lograr una mayor agilidad y eficacia en la investigación no debería ser necesaria la autorización judicial en cada caso, puesto que no afecta al secreto de las comunicaciones. Estos eran sus principios en aquel debate.
(Aplausos.) Pero ahí no termina la cosa, señor González Pons. Le voy a hablar de más principios de los suyos. Usted recordará el proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información. Se tramitó en el año 2002.
La enmienda 172 de su grupo a lo mejor no la recuerda. Era una enmienda del Senado. Decía: pretender retener los datos de tráfico generados por las comunicaciones a los solos efectos de que pueda ser necesaria su puesta a disposición de las autoridades judiciales o policiales. Y la justificación era que esto era necesario para ser más eficaz. ¿Sabe quién era el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado en el año 2002? Usted, señor Pons. (Aplausos.) Esos eran sus principios, señor Pons. Y ahora estas son sus manifestaciones: El PP acusa al Gobierno de someterlo a escuchas ilegales y la señora De Cospedal asegura que el Gobierno ha ordenado espiar a dirigentes del Partido Popular. (Rumores.) Señorías, ustedes a estas alturas no pueden evitar que todo el mundo piense que estas iniciativas y esta campaña tienen que ver con el caso Gürtel. Lo pueden negar o no, pero lo cierto es que el periódico El Mundo publicaba el viernes pasado este titular: Camps pedirá la nulidad de Gürtel si se vulneraron sus derechos con Sitel.


Yo estoy en desacuerdo con algo que se ha dicho aquí, y es comparar Sitel con Naseiro. No son actitudes comparables. No lo es porque jamás el señor Fraga ha permitido que una estrategia jurídico-procesal, para anular unas conversaciones y anular unos procedimientos que acusaban al Partido Popular de financiación irregular, se convirtiera en una estrategia parlamentaria y política. Esa es la gran y abismal diferencia entre el señor Fraga y el señor Rajoy. En Naseiro los abogados de los imputados desplegaron toda su acción en los tribunales para defender a esos militantes y a los cargos del Partido Popular, entre ellos un tesorero del PP. Ahora, con otro tesorero del Partido Popular imputado, muchos altos cargos y representantes del PP imputados, Mariano Rajoy ha permitido que la estrategia jurídico-procesal se convierta en una estrategia político-parlamentaria, sin importarle poner patas arriba el Estado de derecho. (Aplausos.) ¡Que irresponsabilidad, señorías! Esta estrategia político-parlamentaria la han utilizado para defender a sus compañeros imputados; ellos, los imputados, a partir de hoy van a tener más defensores, por supuesto que sí, pero no mejor defensa. Su soledad parlamentaria (Varios señores diputados: ¡Oh!-Rumores.) la van a acompañar en algunos casos por abogados de muchas causas y de muchos imputados y de muchos procesados por gravísimos delitos. Señores diputados del Partido Popular, en la política como en la vida uno elige sus compañías y también su defensa. Ustedes han elegido la peor defensa posible, la defensa que debilita y deslegitima a las instituciones que velan por la seguridad de todos. (Prolongados aplausos.-Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular muestran sus teléfonos móviles.-Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por favor, señor González Pons, ¿acepta S.S. alguna de las enmiendas presentadas para su votación?

El señor GONZÁLEZ PONS: Sí, señor presidente. Acepto las dos enmiendas que se han presentado, y en virtud de la voluntad manifestada por dos grupos parlamentarios de la Cámara de consenso, por si sirviera para algo, pido votación separada de los dos puntos que tiene nuestra proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Señor González Pons, lo veremos en el intermedio que haya desde el momento en que suspendamos la sesión hasta el momento de la votación, pero si S.S. acepta alguna enmienda la votación separada es prácticamente imposible.


El señor GONZÁLEZ PONS: No, porque las dos enmiendas afectan solamente al primer punto.


El señor PRESIDENTE: Lo examinaré con S.S. en el momento que le digo.


El señor GONZÁLEZ PONS: Si no es posible antepongo la aceptación de las enmiendas a la votación separada.


El señor PRESIDENTE: Muy amable. Muchas gracias, señor González Pons.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA FUTURA RESERVA MARINA DE INTERÉS PESQUERO DE PALAMÓS (GIRONA). (Número de expediente 173/000103.)

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El señor PRESIDENTE: Pasamos a estudiar la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa a la futura reserva marina de interés pesquero de Palamós, en Girona. (Rumores.)

Tiene la palabra para su defensa la señora Surroca i Comas. (Rumores.)

Silencio, por favor. Si les parece les anuncio que, tal y como hemos acordado esta mañana, cuando acabemos de examinar esta moción se iniciarán las votaciones de lo visto esta tarde más las dos elecciones que han de hacerse, de forma nominal, secreta y en urna.


Señora Surroca, tiene la palabra.


La señora SURROCA I COMAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la moción que hoy trae a debate mi grupo parlamentario tiene por objeto primordial mejorar el proyecto de reserva marina de interés pesquero que pretende establecerse en la zona de la Costa Brava Centre, ya que por los intereses que están en juego desde Convergència i Unió estamos especialmente preocupados en que este proyecto se lleve a cabo con el máximo rigor y sensibilidad hacia las necesidades del territorio.
Las distintas medidas que proponemos con esta moción tienen como principal finalidad que se profundice en alcanzar el máximo consenso y participación con los sectores y administraciones afectadas e implicadas, además de ampliar los informes técnicos y socioeconómicos para determinar con más exactitud las posibles consecuencias directas e indirectas que puede tener el establecimiento de dicha reserva en la zona, y poder así determinar también con la máxima exactitud el alcance a proteger.


Por todo ello, y a raíz de la interpelación que formulamos la semana pasada a la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, mi grupo parlamentario ha presentado esta moción, que contempla los siguientes puntos. En primer lugar, que se inste al Gobierno a adecuar el proyecto para alcanzar el máximo consenso entre todas las administraciones y sectores implicados o afectados. Este punto -ya lo hemos mencionado anteriormente, y también lo hicimos en la interpelación- es de vital importancia, porque solo así, alcanzando ese amplio consenso y esforzándose en ello, se pueden recoger las inquietudes del territorio en la regulación de la reserva, y solo así se conseguirá un proyecto adecuado a las necesidades reales de la zona. En segundo lugar, es fundamental también ampliar los estudios que evalúen el impacto directo e indirecto de la reserva en la zona, así como los informes técnicos que justifiquen la creación de la futura reserva pesquera de las Illes Formigues. Es de destacar que nos encontramos en una zona de enorme interés turístico, que este es su fundamental motor económico, y por lo tanto debemos ser especialmente prudentes a la hora de introducir modificaciones que puedan repercutir en esos ámbitos. No podemos permitirnos más personas aumentando las listas de la desocupación de este país, y por lo tanto deberán llevarse a cabo cuantos informes se estimen oportunos para cerciorarse de la forma en que la reserva puede afectar a la economía de la Costa Brava. Además estos informes también pueden ser de utilidad para fundamentar el área concreta que debe formar parte de la reserva. Ya dijimos que su extensión debe ser la adecuada, y en parte se podrá determinar con informes técnicos que lo justifiquen debidamente.
Además estos informes deberán tener en cuenta igualmente los usos y costumbres del lugar, procurando que sean compatibles con el establecimiento o creación de la futura reserva en la medida en que sea posible. En cuarto lugar, estos informes deberán hacerse públicos siendo presentados tanto a las administraciones implicadas como a los distintos sectores. En quinto lugar -ya he hecho referencia a ello-, la delimitación exacta de la zona que constituya la reserva. Esta delimitación debe hacerse siguiendo parámetros de estricta necesidad, de ahí la importancia de los informes técnicos así como de conseguir el máximo consenso con el territorio en este punto concreto, aspecto que es fundamental. En sexto y último lugar, buscar fórmulas de colaboración entre las administraciones e instituciones. Nosotros hacíamos referencia a la figura de un consorcio, fórmula por la que abogó recientemente el conseller Llena a instancias de mi grupo parlamentario en el Parlament de Catalunya.


Este, grosso modo, es el contenido de la moción que hoy defendemos y que esperamos sea acogida por los demás grupos parlamentarios. Ahora bien, nos consta que hay varias enmiendas presentadas a nuestra moción por el Grupo Socialista, Esquerra Republicana y el Grupo Popular; a todos ellos les agradezco la voluntad y el interés de llegar a un acuerdo en esta cuestión. Tengo que decir que en estos momentos aún no hemos cerrado las negociaciones -estamos en ello-, pero de antemano les agradezco su voluntad de diálogo para procurar llegar a un consenso.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas don Aurelio Sánchez Ramos.


El señor SÁNCHEZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.


El Grupo Popular está de acuerdo con los términos y el contenido de esta moción del Grupo Catalán, en la que se han pormenorizado con detalle los pasos que se deben dar para la creación de una reserva marina. Ya en el debate de una reciente proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa a la creación genérica de reservas marinas protegidas, tuve la oportunidad de incorporar lo que se ha manifestado en esta moción: que es necesario definir su ubicación, las especies a proteger, la valoración científica de su conveniencia, y la repercusión en la economía general de la zona. Son cuestiones que pueden influir positiva o negativamente, y pongo como ejemplo

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el caso de la reserva marina del mar de Alborán, donde está prohibida la pesca para nuestros barcos, pero se hace la vista gorda o no se es capaz de inspeccionar la pesca de 120 barcos marroquíes que pescan en zona prohibida y con artes prohibidos, con el consiguiente perjuicio para el sector pesquero local. Estos temas a los que me referí en aquella ocasión se recogen ahora por el Grupo Catalán, pero incorporé un par de cuestiones, vía enmienda, que fueron aceptadas por el Grupo Socialista y en las que me refería, primero, a que los estudios técnicos fueran elaborados por el Instituto Español de Oceanografía, centro de reconocido prestigio internacional, para que desarrolle dichos trabajos y evalúe científicamente los efectos que podría tener la creación de la reserva sobre las especies de la zona, y sobre la mejora de la población de especies de interés comercial. Lo digo porque son muchos los estudios que hacen algunas universidades y organizaciones de cualquier tipo, ecologistas, etcétera, que se realizan a demanda de parte interesada y que no tienen la credibilidad e independencia con la que cuenta el Instituto Español de Oceanografía. Y segundo, la valoración que merece la creación de la reserva a la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, asistida lógicamente por la federación catalana y las federaciones de cofradías locales.


Como he indicado, estos dos planteamientos fueron aceptados en la transaccional a la que se llegó, y así quedó aprobada. ¿Con qué planteamientos dimos nuestro voto a la proposición no de ley? Con los mismos que el portavoz socialista dijo al acabar su intervención, al afirmar que las condiciones previas que se requieren para la creación de estas reservas son, primero, el acuerdo con el sector pesquero, fundamental; segundo, los informes científicos pertinentes, y tercero, el acuerdo con las comunidades autónomas afectadas. En eso lógicamente nos encontramos, pero vemos que después no se cumple porque si no no tendría sentido esta moción de CiU. No se ha realizado una manifestación convocada por el proceder del Ministerio de Medio Ambiente; no se conocen los informes científicos ni se conoce el posicionamiento de las cofradías. Después de esto, uno se pregunta dónde esta el acuerdo con las comunidades autónomas.


Señora Surroca, podríamos coincidir con la enmienda presentada por el Grupo Popular, pero quedan muchos sectores que deberían ser escuchados y tenidos en cuenta a la hora de establecer la reserva marina. Lo decía usted en aquella ocasión y ahora le digo que sería razonable incorporar estos dos posicionamientos del Grupo Popular para llegar a un entendimiento total. Con el objetivo de llegar al consenso y dado que la redacción es bastante generalista, apoyaremos la moción puesto que no se hace una mención concreta y específica. Siendo tan general, caben todas las posiciones y lo importante es llegar a un acuerdo y a un consenso para que sea una realidad sin ningún inconveniente para el sector pesquero o para el sector económico de la zona.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Ramos.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en primer lugar, tiene la palabra don Francesc Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.


Esquerra Republicana anuncia su apoyo al contenido de la moción que ha presentado Convergència i Unió y, si se alcanza una transacción por lo que conocemos hasta el momento, la podremos dar nuestro apoyo porque refleja lo que está ocurriendo con este tema en el territorio. Se está de acuerdo mayoritariamente con la reserva con ciertas condiciones, por ejemplo, que sea compatible, como se ha dicho, con la mayoría de actividades hasta ahora habituales como la pesca y el turismo; que la limitación básicamente sea para la pesca de arrastre; que haya diálogos sin apriorismos con otros temas como el buceo deportivo; y fundamental es que se mantenga la propuesta inicial de que la zona más cercana a la costa quede fuera de la reserva marina porque preocupan los rumores de posible coincidencia del límite de la reserva marina con el de la costa.
Otro asunto prioritario es que esa gestión pueda realizarse desde el territorio, con los ayuntamientos afectados y con la Generalitat de Catalunya en una posición mayoritaria para tomar las decisiones. Todo eso se pide en la moción de Convergència i Unió y, por tanto, cuenta con el apoyo de Esquerra Republicana. Pese a ello, hemos presentado dos enmiendas: una de modificación al apartado número 5, para precisar el alcance de la reserva -estamos pendientes de si Convergència i Unió acepta esta enmienda-; y otra, también de modificación en el apartado 6, para matizar que las fórmulas de colaboración entre administraciones e instituciones -de las que habla la moción de Convergència i Unió- se concreten en un consorcio, como pide la moción, en cuyo seno la representación mayoritaria -y esa es nuestra aportación- sea de los agentes más cercanos al territorio, a la realidad cotidiana, es decir, los municipios afectados y la Generalitat de Catalunya. Como he dicho antes, si se produce una transacción en los términos en que se ha expresado, también le daremos nuestro apoyo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias presidente.


Quiero decir que nuestra enmienda va en otro sentido. Se lo digo, señora Surroca, porque sabe usted que mañana tres directores generales de Medio Ambiente acompañados de representantes de los ayuntamientos van a hablar con el ministerio. De hecho, el Govern de la Generalitat ha planteado con el Consell Consultiu que es un tema de competencia de la Generalitat. El Gobierno de España no ha hecho todos los deberes en los estudios de delimitación y nosotros entendemos que debe avanzarse en esta figura de reserva de interés pesquero, que

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es una figura de gestión. Lo importante es que se avance con una orden ministerial, con un consorcio formado por ayuntamientos, comunidad autónoma -Generalitat en este caso- y por el Estado. Simplemente me queda hacerle una consideración, señora Surroca. Hoy existe consenso mayoritario en el territorio, ampliamente mayoritario. Esta reserva se demanda, pero en condiciones. Es importante que también lo sepa la gente del ministerio. En condiciones puede y debe significar, por ejemplo, ampliarlo a todo el término municipal de Palafrugell, incluyendo Tamariu y a partes de Begur. Porque las reservas marinas tienen que tener condiciones. Escuchen bien: tienen que tener condiciones. Y no vale, con poca sensibilidad ambiental y con nula visión económica, acabar delimitando más aún esta reserva marina. Estando de acuerdo con el trabajo del Govern de la Generalitat formado por PSC, Esquerra e Iniciativa, esperamos que se garantice que esta reserva marina -que yo creo que debería ser de competencia exclusiva de la Generalitat- tenga la viabilidad que tiene que tener toda reserva marina.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Juli Fernández Iruela.


El señor FERNÁNDEZ IRUELA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista con el fin de defender la enmienda presentada a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la reserva pesquera de Palamós. Antes de exponer el contenido de la enmienda y su objetivo, me gustaría hacer una breve historia del proceso y evolución de esta reserva de interés pesquero.


La preocupación y el debate en el territorio que afecta a la referida reserva se inicia hace más de catorce años. En un principio el debate solo lo lideró la cofradía de Palamós, pero es a partir de octubre de 2006 cuando la necesidad de regular y ordenar los usos que se vienen haciendo en el mar en ese territorio toma forma definitiva liderada en un principio por la cofradía de Palamós, Ayuntamiento de Palamós, Universidad de Girona y el propio ministerio. A partir de este momento, en el territorio y el resto de ayuntamientos se implican Palafrugell, Mont-Ras, Canonge, cámaras de Comercio de Palamós, de Sant Feliu y sectores afectados. Y se ponen a trabajar con el objetivo de ordenar los usos que se hacen en la referida zona haciendo compatible la preservación del territorio, la actividad económica y teniendo en cuenta el importante peso que tiene el sector turístico en la misma. Son numerosas las reuniones que se han realizado tanto en el territorio como en la delegación del Gobierno y en el propio ministerio, señalando que el Gobierno, en la creación de ese tipo de reservas, siempre ha tenido en consideración básicamente tres elementos. Primero, respetar el ámbito competencial. Segundo, potenciar la participación y el consenso con el resto de administraciones y sectores afectados. Y tercero, hacer compatible la preservación y ordenación de los usos con la actividad económica de la zona afectada.


Señorías, también en el marco de esta Cámara ha habido diferentes actuaciones en relación con esta reserva pesquera: proposiones no de ley de nuestro grupo parlamentario, la propia interpelación de Convergència i Unió que hoy es fruto de moción, la comparecencia del secretario general del Mar, preguntas por escrito, comparecencias de la ministra en Comisión en las que siempre se refirió a la reserva de Palamós. Debo señalar que en el programa socialista para las elecciones de 2008, uno de nuestros compromisos era la creación, de acuerdo con el resto de administraciones, de áreas marinas protegidas.


Señorías, la zona que afecta esta reserva pesquera ya hace tiempo que hace una apuesta por la preservación del territorio y el paisaje como un elemento de diferenciación y estratégico para la mejora del sector turístico. La preservación del territorio y el paisaje tiene que ser un elemento de valor añadido y de competitividad para el sector turístico.
Hay ejemplos como la protección de la montaña del Montgrí, montañas de Begur, Cap Roig y también el Plan de protección urbanístico de la costa.
La enmienda que nuestro grupo ha presentado y que ha dado como resultado la transacción que posteriormente se someterá a votación persigue, básicamente, tres objetivos. Un primer objetivo es que el Gobierno siga haciendo un esfuerzo para ampliar en lo posible ese consenso entre las diferentes administraciones y los sectores afectados, como se ha venido haciendo hasta ahora. Un segundo objetivo es que la reserva compatibilice al máximo la preservación del entorno y la actividad económica de la zona. Y un tercer elemento, importante también, es que se articule un mecanismo para el seguimiento, la gestión y el control de la reserva en la cual participen las administraciones afectadas, las instituciones y también los sectores. Acabo señalando lo importante que sería que este Pleno lanzase un mensaje claro de unidad en relación con la importancia de esta reserva para el territorio, que tiene que ser una oportunidad para el progreso sostenible del futuro.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Iruela.


Por el Grupo Mixto tiene la palabra don José Luis Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervendré brevemente para fijar la posición de nuestro grupo, Coalición Canaria, dentro del Grupo Mixto, sobre la iniciativa que nos presenta Convergència i Unió. Nos parece una gran iniciativa y lo digo desde la experiencia de haber promovido una iniciativa similar en la isla de La Palma que, fruto del consenso entre profesionales

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y deportistas, posibilitó tener una reserva marina. Valoramos la mencionada iniciativa porque recoge en cada uno de sus puntos aspectos relacionados con ese necesario consenso. No solo el consenso institucional sino también el consenso de los profesionales del sector de la pesca, de los deportistas que utilizan el mar como actividad lúdica y también planteamientos desde una perspectiva -como ocurre también en Canarias en el caso de La Palma- del desarrollo turístico de la zona. Sin ninguna duda, una reserva marina puede propiciar no solo la recuperación de una especie marina, o de la fauna marina, sino que supone también el desarrollo sostenible de ese medio que posibilita una imagen exterior mucho más atractiva para un desarrollo turístico como se contiene en la iniciativa. Como decía, Coalición Canaria quiere aprovechar esta oportunidad para felicitar a Convergència i Unió por la moción y desearle éxito en la gestión porque indudablemente hará falta mucho diálogo y mucho consenso. No es fácil conseguir un objetivo como el que contiene la iniciativa. Quiero aprovechar la presencia de la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en este momento en el hemiciclo para pedirle el apoyo del Gobierno a esta iniciativa de Convergència i Unió.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Por el Grupo Vasco, PNV, don Joseba Agirretxea tiene la palabra.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a intervenir brevemente -ya que supongo que el cónclave catalán aquí reunido solucionará el tema sin ninguna duda- para afirmar que nuestro grupo no puede convertir en elemento de controversia, en enemigo, en incompatible la defensa ecológica, la defensa de la reserva marítima con el mantenimiento de una actividad que no es solamente económica, que es ya parte de la idiosincrasia social de esa zona a la que se refiere la moción presentada por Convergència i Unió.


Mi grupo apoyará la propuesta del Grupo catalán, como no podía ser de otra manera, entre otras cosas porque creemos que es importante apelar al consenso y que la controversia y el enfrentamiento no solucionan nada, no benefician a los intereses tan loables de convertir en reserva marítima como a los de todos los pescadores de la zona que viven de ello, que pretenden que su economía sea rentable con lo difícil que es hoy en día.
Apelamos al consenso, creemos que se llegará a un consenso y que todas las sensibilidades podrán ser contempladas en el texto definitivo. Hay que buscar alternativas tanto económicas como de viabilidad ante situaciones como las que se presentan en este maravilloso lugar de la Costa Brava. Más de uno podría decir que a nosotros como vascos al fin y al cabo no nos afecta. Evidentemente no, pero creemos que es importante mostrar nuestra solidaridad.


Por último, es necesario que las partes implicadas, las partes institucionales de los ayuntamientos, la Generalitat y el Gobierno central se pongan de acuerdo y consigan lo mejor para esta zona.
Apoyaremos esta moción, como no podía ser de otra manera.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señora Surroca, ¿acepta S.S. alguna enmienda para la votación? (Pausa.)

Comenzaremos las votaciones dentro de dos minutos. (Pausa.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO (EAJ-PNV) Y MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 8/1994, DE 19 DE MAYO, POR LA QUE SE REGULA LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, PARA SU ADAPTACIÓN AL TRATADO DE LISBOA, DE 13 DE DICIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 122/000182.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones. (Rumores.) Silencio, por favor.


En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Catalán Convergència i Unió Vasco PNV y Mixto de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación al Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 333; en contra, uno; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 15/1997, DE 25 DE ABRIL, SOBRE HABILITACIÓN DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 122/000093.)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds de modificación

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de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 173; en contra, 147; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE IMPULSO DE UN ENFOQUE EUROPEO A LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA Y APOYAR LA CELEBRACIÓN EN ESPAÑA DE LA SEGUNDA CUMBRE EUROPEA SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA. (Número de expediente 162/000507.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre impulso de un enfoque europeo a las políticas de inclusión de la población gitana y apoyar la celebración en España de la segunda cumbre europea sobre la inclusión de la población gitana. Esta proposición no de ley se vota con la adición de una enmienda transaccional que ha sido presentada, repartida a los grupos y sobre la que pregunto si algún grupo se opone a su tramitación. (Denegaciones.) En tal caso, pasamos a su votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 340.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE PUESTA EN MARCHA DE LOS CONTROLES AL SISTEMA DE INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES (SITEL), UTILIZADO POR EL GOBIERNO DESDE DICIEMBRE DE 2004. (Número de expediente 162/000519.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre la puesta en marcha de los controles al Sistema de Interceptación de las Comunicaciones (Sitel), utilizado por el Gobierno desde diciembre de 2004. Esta proposición se vota con las enmiendas del Grupo Mixto, concretamente de la señora Díez. En estos términos, comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 148; en contra, 173; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA FUTURA RESERVA MARINA DE INTERÉS PESQUERO DE PALAMÓS (GIRONA.) (Número de expediente 173/000103.)

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la futura reserva marina de interés pesquero de Palamós en Girona. Sobre esta moción se ha presentado una transacción firmada por dos grupos parlamentarios. ¿Algún grupo se opone a la tramitación de la transacción? (Denegaciones.) En tal caso la moción se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 335; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE.


- ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN DE RTVE. (Número de expediente 276/000009.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a votar la elección de miembros del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE.


Señor secretario, le ruego tenga la bondad de leer el criterio que ha trasladado la Comisión Consultiva de Nombramientos favorable a la idoneidad de las candidaturas presentadas.


El señor SECRETARIO (Barrero López): Con la venia, señor presidente.


A la Mesa del Congreso de los Diputados: En el día de hoy se ha celebrado ante la Comisión Consultiva de Nombramientos la comparecencia del candidato propuesto para la elección de un miembro del Consejo de Administración de la Corporación Radiotelevisión Española, don Alberto Oliart Saussol, habiendo expresado mayoritariamente los representantes presentes de los grupos parlamentarios su criterio favorable a la idoneidad de aquel para acceder al cargo. Palacio del Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2009. José Bono Martínez, presidente del Congreso de los Diputados.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario.


¿Algún grupo, tal y como establece el Reglamento, desea hacer uso de la palabra para presentar la candidatura del señor Oliart? (Denegaciones.) Entiendo que se da por presentada. La votación se realizará por el sistema de papeletas, procediéndose al llamamiento por los señores secretarios de la Cámara. Cada diputado escribirá un solo nombre o la dejará en blanco y se procederá al escrutinio durante el cual se abrirán las puertas del salón de sesiones y el candidato que obtenga 234 votos, los dos tercios de los miembros de la Cámara, será proclamado electo.


En esos términos ruego, al señor secretario tenga la bondad de iniciar la lectura de los nombres de SS.SS. por orden alfabético. (Por los señores secretarios Barrero López, Beloki Guerra, Gil Lázaro y Villalobos Talero se procede a dar lectura de la lista de los señores diputados, quienes van depositando sus papeletas en la urna.)

Terminada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: ¿Algún señor diputado o señora diputada no ha sido llamado a votación? (Pausa.) Pueden abrir las puertas mientras efectuamos el escrutinio.


Verificado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el siguiente: votos a favor de don Alberto Oliart, 306; 28 en blanco y tres nulos. Habiendo alcanzado don Alberto Oliart Sausol un número de votos superior a los dos tercios de la Cámara, queda elegido miembro del Consejo de Administración de la Corporación de Radiotelevisión Española.


ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE.


- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE. (Número de expediente 276/000009.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a proceder a la elección del presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española. Ruego al señor secretario que tenga la bondad de leer los nombres de los doce miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión.


El señor SECRETARIO (Barrero López): Con la venia, señor presidente.


Miembros del Consejo de Administración de la Corporación Radiotelevisión Española: don Jesús Andreu Ardura; doña Teresa Aranguren Amézola; don Francesc Bellmunt i Moreno; don Manuel Esteve Ulloa; doña Rosario López Miralles; doña María Cruz Llamazares Calzadilla; don Héctor Maravall Gómez-Allende; don Andrés Martín Velasco; don Alberto Oliart Sausol; don Santos Miguel Ruesga Benito; don Miguel Ángel Sacaluga Luengo; don Josep Manuel Silva Alcalde.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Cada señor diputado podrá escribir en la papeleta un nombre de entre los doce consejeros electos y, por el mismo procedimiento, se procederá a la elección. Resultará electo quien haya obtenido al menos 234 votos.


Comienza la votación. Ruego al señor secretario proceda a la lectura por orden alfabético de los señores diputados. (Por los señores secretarios Barrero López, Beloki Guerra, Gil Lázaro y Villalobos Talero se procede a dar lectura a la lista de los señores diputados, quienes van depositando sus papeletas en la urna.)

¿Algún señor diputado no ha sido llamado a votación? (Pausa.)

Pueden abrir las puertas.


Verificado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos, 327; votos a favor de don Alberto Oliart, 296; votos en blanco, 29; nulos, dos. Habiendo alcanzado don Alberto Oliart Saussol un número de votos superior a los dos tercios de la Cámara, queda designado presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española. (Aplausos.)

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.

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