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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 118, de 29/10/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2009 IX Legislatura Núm. 118
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 110
celebrada el jueves, 29 de octubre de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley del contrato de transporte terrestre de mercancías.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 11-1, de 31 de octubre de 2008. (Número de expediente 121/000011.)... (Página 11)

- Proyecto de ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 12-1, de 5 de diciembre de 2008. (Número de expediente 121/000012.)...
(Página 15)

- Proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 23-1, de 3 de abril de 2009. (Número de expediente 121/000023.)... (Página 21)

- Proyecto de ley de servicios de pago. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 25-1, de 17 de abril de 2009. (Número de expediente 121/000025.)... (Página 24)

Página 2


- Proyecto de ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios [procedente del proyecto de ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios (121/000016) y la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en orden a una mayor agilidad de los desahucios por falta de pago, y de ayuda a situaciones de alta vulnerabilidad social (122/10)] "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 32-1, de 6 de julio de 2009.
(Número de expediente 121/000031.)... (Página 25)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 31-1, de 1 de julio de 2009. (Número de expediente 121/000032.)...
(Página 29)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:

- Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 5 de febrero de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 141, de 29 de mayo de 2009. (Número de expediente 110/000092.)... (Página 40)

- Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República del Perú sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 6 de febrero de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 142, de 29 de mayo de 2009. (Número de expediente 110/000093.)... (Página 40)

- Protocolo número 13 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, hecho en Vilna el 3 de mayo de 2002 y Declaración que España formulará en el momento de su ratificación. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 171, de 31 de julio de 2009. (Número de expediente 110/000109.)... (Página 40)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Afganistán para el patrocinio de una Unidad del Ejército Nacional Afgano, hecho en Kabul el 28 de julio de 2008. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 177, de 7 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000113.)... (Página 40)

- Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el tránsito de equipos militares y personal a través del territorio de la Federación de Rusia con motivo de la participación de las Fuerzas Armadas del Reino de España en los esfuerzos de estabilización y reconstrucción de la República Islámica de Afganistán, hecho en Madrid el 3 de marzo de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 178, de 7 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000114.)... (Página 40)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley por el que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 37-1, de 18 de septiembre de 2009.
(Número de expediente 121/000037.)... (Página 45)

- Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 38-1, de 18 de septiembre de 2009. (Número de expediente 121/000038.)... (Página 45)

Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:

- Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 63.2. (Número de expediente 410/11.)...
(Página 61)

Página 3


Prórroga de plazo... (Página 63)

Enmiendas del Senado. (Votación.)... (Página 63)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.)...
(Página 65)

Votación de conjunto... (Página 67)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.)... (Página 67)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Afganistán para el patrocinio de una Unidad del Ejército Nacional Afgano, hecho en Kabul el 28 de julio de 2008. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 177, de 7 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000113.)... (Página 67)

- Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el tránsito de equipos militares y personal a través del territorio de la Federación de Rusia con motivo de la participación de las Fuerzas Armadas del Reino de España en los esfuerzos de estabilización y reconstrucción de la República Islámica de Afganistán, hecho en Madrid el 3 de marzo de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 178, de 7 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000114.)... (Página 67)

- Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 5 de febrero de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 141, de 29 de mayo de 2009. (Número de expediente 110/000092.)... (Página 68)

- Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República del Perú sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 6 de febrero de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 142, de 29 de mayo de 2009. (Número de expediente 110/000093.)... (Página 68)

- Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, hecho en Ginebra el 7 de febrero de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 160, de 3 de julio de 2009. (Número de expediente 110/000103.)... (Página 68)

- Canje de notas con aplicación provisional entre la Unión Europea y Kenia sobre condiciones y modalidades de entrega de personas sospechosas de haber cometido actos de piratería, y detenidas por la fuerza naval Eunavfor dirigida por la Unión Europea, así como de las propiedades incautadas en posesión de Eunavfor, de Eunavfor a Kenia y con vistas a su trato después de la entrega, hecho en Bruselas el 23 de abril de 2009, así como Declaración de España en el Acta del Consejo. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 166, de 31 de julio de 2009. (Número de expediente 110/000104.)... (Página 68)

- Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Turquía sobre empleo remunerado de los familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Estambul el 5 de abril de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 167, de 31 de julio de 2009. (Número de expediente 110/000105.)... (Página 68)

- Convenio multilateral iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Iquique (Chile) el 6 de julio de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 168, de 31 de julio de 2009. (Número de expediente 110/000106.)... (Página 68)

- Acuerdo entre el Ministerio de Defensa de la República Francesa, el Ministerio de Defensa del Reino de Bélgica, la ministra de Defensa del Reino de España, el ministro de Defensa de la República Italiana, el ministro de Defensa Nacional de la República Helénica y el Secretario General del Consejo de la Unión Europea Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad Común (PESC), relativo a la puesta a disposición de la Unión Europea de las imágenes del Helios II, hecho en Bruselas el 10 de noviembre de 2008, así como Declaración del Reino de España. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 169, de 31 de julio de 2009. (Número de expediente 110/000107.)... (Página 68)

Página 4


- Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y la financiación del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 y Declaración que España formulará en el momento de su ratificación. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 170, de 31 de julio de 2009. (Número de expediente 110/000108.)... (Página 68)

- Protocolo número 13 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, hecho en Vilna el 3 de mayo de 2002 y Declaración que España formulará en el momento de su ratificación. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 171, de 31 de julio de 2009. (Número de expediente 110/000109.)... (Página 68)

- Acuerdo entre España y Canadá relativo a los programas de movilidad de jóvenes, hecho en Ottawa el 10 de mayo de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 172, de 31 de julio de 2009. (Número de expediente 110/000110.)... (Página 68)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Islandia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, La Haya 18 de marzo de 1970. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 173, de 31 de julio de 2009. (Número de expediente 110/000111.)... (Página 69)

- Acuerdo entre Irlanda, el Reino de los Países Bajos, el Reino de España, la República Italiana, la República Portuguesa, la República Francesa y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el que se crea un centro de análisis y operaciones marítimas en materia de drogas, hecho en Lisboa el 30 de septiembre de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 174, de 31 de julio de 2009. (Número de expediente 110/000112.)... (Página 69)

- Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Trinidad y Tobago sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Puerto España el 17 de febrero de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 179, de 7 de septiembre de 2009.
(Número de expediente 110/000115.)... (Página 69)

- Canje de notas de fecha 12 de mayo de 2009, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 180, de 7 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000116.)...
(Página 69)

- Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador sobre la participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Quito el 25 de febrero de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 181, de 7 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000117.)... (Página 69)

- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa en el ámbito de las situaciones de emergencia y de protección y seguridad civiles, hecho en Madrid el 28 de abril de 2009.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 182, de 7 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000118.)... (Página 69)

- Enmienda al artículo 38 de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), hecho en Cartagena de Indias (Colombia) el 29 de noviembre de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 183, de 7 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000119.)... (Página 69)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Corea sobre protección de la información clasificada en materia de defensa, hecho en Seúl el 23 de marzo de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 184, de 7 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000120.)... (Página 69)

- Canje de notas, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Cabo Verde sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Praia el 8 de abril de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 186, de 18 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000121.)... (Página 69)

Página 5


- Acuerdo sobre servicios aéreos entre el Reino de España y Australia, hecho en Canberra el 24 de junio de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 187, de 18 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000122.)... (Página 69)

- Canje de notas, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid y Asunción el 13 de mayo de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 188, de 18 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000123.)... (Página 69)

- Canje de notas, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Islandia sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid y París el 31 de marzo de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 189, de 18 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000124.)... (Página 69)

- Actas finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 (CMR-07), firmadas en Ginebra el 16 de noviembre de 2007, así como Reservas y Declaraciones que España formuló en el momento de su firma.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 190, de 18 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000125.)... (Página 69)

- Acuerdo entre el Reino de España y Nueva Zelanda sobre participación en determinadas elecciones de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Wellington el 23 de junio de 2009. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 191, de 18 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000126.)... (Página 70)

- Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la República de El Salvador, hecho en San Salvador el 29 de octubre de 2008. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 192, de 18 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000127.)... (Página 70)

- Convenio penal sobre la corrupción (Convenio número 173 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999, así como Declaración y Reserva que España formulará en el momento de su ratificación. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 193, de 18 de septiembre de 2009. (Número de expediente 110/000128.)... (Página 70)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 70)

Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación.)... (Página 70)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Enmiendas del Senado... (Página 11)

Proyecto de ley del contrato de transporte terrestre de mercancías...
(Página 11)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Seco Revilla, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proyecto de ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora... (Página 15)

Página 6


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto; Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Corcuera Plaza, del Grupo Parlamentario Socialista.


Interviene el señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


Proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio... (Página 21)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proyecto de ley de servicios de pago... (Página 24)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proyecto de ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios [procedente del proyecto de ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios (121/000016) y la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en orden a una mayor agilidad de los desahucios por falta de pago, y de ayuda a situaciones de alta vulnerabilidad social (122/000010)]...
(Página 25)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas... (Página 29)

Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social... (Página 29)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila y Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Interviene la señora Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales... (Página 40)

-Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 5 de febrero de 2009... (Página 40)

-Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República del Perú sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 6 de febrero de 2009... (Página 40)

Página 7


-Protocolo número 13 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, hecho en Vilna el 3 de mayo de 2002 y Declaración que España formulará en el momento de su ratificación... (Página 40)

-Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Afganistán para el patrocinio de una Unidad del Ejército Nacional Afgano, hecho en Kabul el 28 de julio de 2008... (Página 40)

-Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el tránsito de equipos militares y personal a través del territorio de la Federación de Rusia con motivo de la participación de las Fuerzas Armadas del Reino de España en los esfuerzos de estabilización y reconstrucción de la República Islámica de Afganistán, hecho en Madrid el 3 de marzo de 2009... (Página 40)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Bermúdez de Castro Fernández, la señora Rodríguez-Salmonez Cabeza y el señor Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y los señores Quijano González, Cuadrado Bausela y Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas... (Página 45)

-Proyecto de ley por el que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias... (Página 45)

-Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas... (Página 45)

Interviene la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), para presentar ante el Pleno el proyecto de ley por el que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y el proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas.


En defensa de las enmiendas a la totalidad intervienen las señoras Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.


Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados... (Página 61)

-Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 63.2... (Página 61)

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista.


Página 8


Prórroga de plazo... (Página 63)

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, se propone al Pleno una ampliación del plazo a la subcomisión de la reforma de la Ley 23/2007, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, lo que se aprueba por asentimiento.


Enmiendas del Senado. (Votación.)... (Página 63)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de contrato de transporte terrestre de mercancías; proyecto de ley por el que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico; proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; proyecto de ley de servicios de pago y proyecto de ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.)...
(Página 65)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como el texto del dictamen.


Votación de conjunto... (Página 67)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 185 votos a favor, 146 en contra y cuatro abstenciones.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.)... (Página 67)

Sometidos a votación conjunta y separada del resto de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores el Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Afganistán para el patrocinio de una unidad del Ejército Nacional Afgano, hecho en Kabul el 28 de julio de 2008 y el Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el tránsito de equipos militares y personal a través del territorio de la Federación de Rusia con motivo de la participación de las Fuerzas Armadas del Reino de España en los esfuerzos de estabilización y reconstrucción de la República Islámica de Afganistán, hecho en Madrid el 3 de marzo de 2009, se aprueban por 331 votos a favor, cinco en contra y una abstención.


-Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 5 de febrero de 2009... (Página 68)

-Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República del Perú sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 6 de febrero de 2009... (Página 68)

-Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, hecho en Ginebra el 7 de febrero de 2006... (Página 68)

-Canje de notas con aplicación provisional entre la Unión Europea y Kenia sobre condiciones y modalidades de entrega de personas sospechosas de haber cometido actos de piratería, y detenidas por la fuerza naval Eunavfor dirigida por la Unión Europea, así como de las propiedades incautadas en posesión de Eunavfor, de Eunavfor a Kenia y con vistas a su trato después de la entrega, hecho en Bruselas el 23 de abril de 2009, así como Declaración de España en el Acta del Consejo... (Página 68)

-Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Turquía sobre empleo remunerado de los familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Estambul el 5 de abril de 2009... (Página 68)

Página 9


-Convenio multilateral iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Iquique (Chile) el 6 de julio de 2007... (Página 68)

-Acuerdo entre el Ministerio de Defensa de la República Francesa, el Ministerio de Defensa del Reino de Bélgica, la ministra de Defensa del Reino de España, el ministro de Defensa de la República Italiana, el ministro de Defensa Nacional de la República Helénica y el secretario general del Consejo de la Unión Europea Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad Común (PESC), relativo a la puesta a disposición de la Unión Europea de las imágenes del Helios II, hecho en Bruselas el 10 de noviembre de 2008, así como Declaración del Reino de España... (Página 68)

-Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y la financiación del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 y Declaración que España formulará en el momento de su ratificación... (Página 68)

-Protocolo número 13 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, hecho en Vilna el 3 de mayo de 2002 y Declaración que España formulará en el momento de su ratificación... (Página 68)

-Acuerdo entre España y Canadá relativo a los programas de movilidad de jóvenes, hecho en Ottawa el 10 de mayo de 2009... (Página 68)

-Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Islandia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, La Haya 18 de marzo de 1970... (Página 69)

-Acuerdo entre Irlanda, el Reino de los Países Bajos, el Reino de España, la República Italiana, la República Portuguesa, la República Francesa y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el que se crea un centro de análisis y operaciones marítimas en materia de drogas, hecho en Lisboa el 30 de septiembre de 2007... (Página 69)

-Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Trinidad y Tobago sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Puerto España el 17 de febrero de 2009... (Página 69)

-Canje de notas de fecha 12 de mayo de 2009, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro... (Página 69)

-Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador sobre la participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Quito el 25 de febrero de 2009... (Página 69)

-Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa en el ámbito de las Situaciones de Emergencia y de Protección y Seguridad Civiles, hecho en Madrid el 28 de abril de 2009...
(Página 69)

-Enmienda al artículo 38 de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), hecho en Cartagena de Indias (Colombia) el 29 de noviembre de 2007... (Página 69)

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-Acuerdo entre el Reino de España y la República de Corea sobre protección de la información clasificada en materia de defensa, hecho en Seúl el 23 de marzo de 2009... (Página 69)

-Canje de notas, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Cabo Verde sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Praia el 8 de abril de 2009... (Página 69)

-Acuerdo sobre servicios aéreos entre el Reino de España y Australia, hecho en Canberra el 24 de junio de 2009... (Página 69)

-Canje de notas, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid y Asunción el 13 de mayo de 2009... (Página 69)

-Canje de notas, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Islandia sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid y París el 31 de marzo de 2009... (Página 69)

-Actas finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 (CMR-07), firmadas en Ginebra el 16 de noviembre de 2007, así como reservas y declaraciones que España formuló en el momento de su firma...
(Página 69)

-Acuerdo entre el Reino de España y Nueva Zelanda sobre participación en determinadas elecciones de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Wellington el 23 de junio de 2009...
(Página 70)

-Convenio básico de cooperación entre el Reino de España y la República de El Salvador, hecho en San Salvador el 29 de octubre de 2008... (Página 70)

-Convenio penal sobre la corrupción (Convenio número 173 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999, así como Declaración y Reserva que España formulará en el momento de su ratificación... (Página 70)

Sometidos a votación el resto de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores, se aprueban por asentimiento.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 70)

Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley por el que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se rechazan por 156 votos a favor, 172 en contra y nueve abstenciones.


Sometidas a votación las enmiendas de totalidad al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, se rechazan por 155 votos a favor, 172 en contra y nueve abstenciones.


Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación.)... (Página 70)

Sometido a votación el dictamen de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 63.2, se aprueba por 333 votos a favor y dos en contra.


Se levanta la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Desearía comunicar a SS.SS. que, por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, en la tramitación de las enmiendas del Senado, en la fijación de posición, contará cada grupo con cinco minutos. Y la votación de la Ley orgánica sobre derechos y libertades de extranjeros, por su carácter orgánico, requiere votación de conjunto y obligación reglamentaria de anunciar su hora. No se producirá esta votación antes de las 13 horas del día de hoy.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DEL CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS.
(Número de expediente 121/000011.)

El señor PRESIDENTE: Iniciamos el estudio de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías. En primer lugar el Grupo Mixto. ¿Desea intervenir algún diputado del Grupo Mixto? (El señor Perestelo Rodríguez pide la palabra.) Señor Perestelo, dígame.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señor presidente, había pedido intervenir en el turno de fijación de posiciones en relación con el proyecto de ley.
Entiendo que el Grupo Parlamentario Mixto no tiene ninguna enmienda viva.


El señor PRESIDENTE: No, el único turno en enmiendas del Senado es de fijación de posición.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, deseo manifestar la posición de Coalición Canaria, dentro del Grupo Mixto, de apoyo al proyecto de ley. Con sus enmiendas, Coalición Canaria ha atendido las demandas del sector y se han incorporado muchas de ellas por consenso y por transaccionales con el Grupo Socialista. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia.) Sin embargo, señorías, hay una enmienda de Convergència i Unió que Coalición Canaria apoya y por tanto va a mantener la posición en relación con los servicios de emergencias en carretera. A nosotros nos parece que es un buen proyecto de ley y, con esa salvedad, que se debatirá en el Pleno de hoy, vamos a apoyar esta iniciativa.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, vamos a someter a la aprobación definitiva un proyecto de ley que, en su elaboración y en su tramitación, ha gozado de un amplio consenso, no solo en el sector afectado sino también con la totalidad de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara y en el Senado. Con el proyecto se pretende, y creo que se consigue, la actualización del régimen del contrato de transporte por carretera, que hasta ahora venía regulado en el Código de Comercio en vigor, sin apenas variaciones desde el año 1885. Por tanto, celebramos la aprobación definitiva del texto, que se producirá en esta Cámara.


Respecto a las enmiendas del Senado, nuestro grupo parlamentario, pese a que votará a favor de todas ellas, porque han sido igualmente fruto del consenso en la Cámara Alta, tenemos una objeción importante en una de ellas y la vamos a votar en contra, por lo que pediremos votación separada de esa enmienda. Como decía, pediremos esa votación separada porque se añade una nueva disposición adicional sexta sobre el Reglamento 1361/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, sobre derechos y obligaciones de los viajeros de ferro-carril. En primer lugar, votaremos que no porque esta enmienda nada tiene que ver con el objeto del presente proyecto de ley. No obstante, el motivo principal para pedir la votación separada es para poder poner un no con mayúsculas al objetivo de esa disposición adicional, que no es otro que acogerse a las exenciones temporales de cinco años, prorrogables hasta los quince, previstas en el propio reglamento para la plena exigibilidad de las obligaciones que en dicha norma se imponen a las empresas ferroviarias y a los administradores de infraestructuras ferroviarias. El reglamento tiene por objeto establecer normas aplicables a: la información que deben facilitar las empresas ferroviarias a la celebración de contratos de transporte, a la expedición de billetes y a la instauración de un sistema informatizado de datos y reservas para el transporte ferroviario; a la responsabilidad de las empresas ferroviarias y sus obligaciones en materia de seguros para viajeros y sus equipajes; a las obligaciones de las empresas ferroviarias para con los viajeros en cada retraso, entre otras. Esta enmienda, que ha sido propuesta por el Grupo Socialista en el Senado, es decir, a instancias del Gobierno, nos parece un insulto a los usuarios de ferrocarriles, sobre todo a los usuarios de Renfe, que padecen día tras día el mal funcionamiento de esta empresa de transportes, especialmente o al menos en Cataluña. Soy usuario habitual y sé exactamente lo que me digo.


El Gobierno, señorías, debería ser el primer interesado en la entrada en vigor de ese reglamento europeo, hacer todo lo posible para que entre en vigor cuanto antes y no pretender aplicar exenciones temporales.
Señorías, hace tan solo unos meses el servicio de Cercanías de Barcelona era día sí y día también noticia por su deficiente funcionamiento. A pesar de que los problemas de Cercanías de Barcelona han desaparecido un poco de la primera línea de fuego mediática, siguen existiendo en la actualidad en Barcelona y hasta el tramo que termina en Portbou. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Pero los problemas no solo derivan de la red de Cercanías de Barcelona. Yo soy

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diputado por una circunscripción, la de Girona, en la que hace unos meses se ha constituido una plataforma ciudadana de usuarios del servicio de Renfe que vienen a denunciar, mediante acciones concretas, el deficiente funcionamiento de este servicio. Mientras todo ello sucede, el Gobierno pretende prorrogar la obligación que le impone la Comisión Europea sobre la trasposición del Reglamento sobre los derechos de los usuarios de los transportes de ferrocarril, cuando debiera tener especial interés en que el mismo entre en vigor en todos sus extremos. Por ello, señorías, votaremos no, por no compartir lo dispuesto en la citada disposición adicional.


Manifestada nuestra oposición a esta reforma concreta introducida en el Senado, votaremos favorablemente el resto de las enmiendas introducidas en la Cámara Alta, por ser, como decía, fruto del consenso.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, agradezco las felicitaciones preventivas de su grupo parlamentario, basadas en intuiciones ciertas, me imagino, de que lo que voy a explicar tiene algún tipo de enjundia. Muy agradecido, señor Villarrubia, por su felicitación anticipada y espero no defraudarle ante las expectativas generadas.


Señor Canet, quiero decirle que a nosotros nos gustaría ser usuarios de ferrocarril de alta velocidad, aunque nos insulten, pero esa es una cuestión colateral y ajena a lo que estamos aquí debatiendo. Y con relación a las enmiendas del Senado, quiero comentar que las enmiendas no han empeorado el contenido del proyecto de ley tal como salió del Congreso de los Diputados, salvo en un aspecto que comentaré específicamente sobre la obligación de rescate en supuestos de siniestros. Pero tampoco ha resuelto algunos de los problemas vinculados a la seguridad jurídica o requerimientos de seguridad jurídica que en su momento invocamos. Este es un contrato -contrato de transporte de mercancías, el contrato de transporte en definitiva- de naturaleza compleja, cuyo sinalagma no es de fácil identificación, de tracto sucesivo, y además de naturaleza híbrida, puesto que participa de características o tiene contenidos de derecho civil, otros de derecho mercantil, e incluso incorpora aspectos del derecho del trabajo, del derecho laboral. Además, funciona el régimen de tracto sucesivo y carece de la bilateralidad de la generalidad de los contratos, puesto que no hay dos partes contratantes, sino varias, que se superponen en obligaciones cuya definición resulta un tanto deletérea en el contenido del proyecto de ley y que no ha sido corregido en el Senado. No obstante, hay un nivel de concertación con el sector importante, que no careció de conflictividad antes de llegar a los puntos de consenso con el sector, que de alguna forma configuraron también el proyecto de ley.


Hay instrumentos de derecho internacional público que convalidan el contenido de este proyecto de ley -en concreto, el Convenio de transporte internacional de mercancías por carretera y las Reglas Uniformes CIM del año 1999-, pero no se terminan de corregir cuestiones tan importantes como la identificación exacta de su naturaleza jurídica y el carácter no escrito que se admite en cuanto a su configuración. En materia de derecho mercantil, en materia de derecho civil, en régimen de obligaciones y contratos, tal como está configurado nuestro ordenamiento jurídico, la oralidad es una extravagancia, es una excentricidad. No es concebible un contrato no escrito y un contrato no escrito donde no se consignan exactamente -dada la bilateralidad de la mayoría de los contratos y particularmente este- las obligaciones de las partes. La oralidad es una excentricidad absoluta, que provoca numerosos problemas de inseguridad jurídica. Pero es que, además, el proyecto de ley se contradice a sí mismo, porque admite la anulación o la nulidad del contrato por irregularidades en la conformación del mismo, cuando sin embargo previamente no exige la obligatoriedad de la escritura. Desde esa perspectiva, esta contradicción es una contradicción in terminis, pues no ha sido removida, desafortunadamente, en el Senado, y bien que lo lamentamos.


En segundo lugar, en cuanto se establecen también relaciones de transporte continuadas o duraderas con una empresa, estas deberían también formalizarse por escrito. También se recurre a la excéntrica oralidad que se invoca en una norma de esta naturaleza, donde los problemas de seguridad jurídica o atenientes a la seguridad jurídica y a la exacta identificación de las contraprestaciones y obligaciones de las partes no deberían posibilitar que esto ocurra así. Pero ustedes han optado por esta fórmula un tanto espiritualista, que yo no puedo dejar de decirles que no respeto, en tanto en cuanto yo soy muy tributario de los paradigmas de nuestro régimen de obligaciones y contratos, tal como están configurados en el derecho civil y también en el derecho mercantil.


Para ir acabando, señora presidenta, en este precepto hay un error que debe ser objeto de rectificación. Cuando existe un error, valga la redundancia, en relación con la identificación del porteador, se exonera al porteador de toda suerte de responsabilidades y se deja o se priva al cargador de cualquier posibilidad de realizar acciones para reivindicar los derechos que contractualmente le corresponden, a pesar de que este régimen contractual se puede llegar a basar en la oralidad, y vuelvo a realizar manifestaciones específicas de la extravagancia de un contrato oral de estas características. Pues bien, aquí se produce un problema no de seguridad jurídica, sino de manifiesta indefensión.


Por último -y, señora presidenta, sé que lo que voy a comentar provocó risas la última vez que lo dije-, el transporte por bicicleta no es en absoluto extravagante ya por su dimensión, por su dimensión fáctica.
Quién no ha

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visto entre los diputados aquí presente contratos de transporte realizados mediante el uso de este tipo de vehículos, donde se compagina una actividad físicamente saludable con una actividad de naturaleza lucrativa. Piénsenlo, por favor, porque este es también un sector que requiere una regulación importante, a pesar de las escasas dimensiones del vehículo utilizado como por la cuantía de los transportes a través del uso de la bicicleta u otros del tipo de instrumentos similares a este, que ya en el mercado existen de facto. Dicho esto, señora presidenta, nos felicitamos por los consensos insuficientes, pero relevantes, conseguidos en el Senado. Y muchas gracias, por ser tan generosa en la aplicación del tiempo.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió valora muy positivamente las enmiendas presentadas por nuestro grupo en el Senado, relativas a la introducción en esta Ley del Contrato de Transporte Terrestre de normas especiales del contrato de auxilio y rescate en carretera. Es esencial que en esta ley haya un capítulo específico que regule el auxilio en carretera. En la Comisión de Seguridad Vial se ha hablado de esto durante toda la pasada legislatura; incluso se aprobó una proposición no de ley, que el Gobierno no cumplió. Ahora, finalmente, se ha introducido este capítulo, que valoramos de manera muy positiva, como también valoramos de manera muy positiva la introducción de una nueva disposición adicional cuarta, en la que de manera expresa se prevé que, en la aplicación de las causas y presunciones de exoneración previstas en esta ley, en el contrato de auxilio y rescate en carretera, se tendrá en cuenta la concurrencia de circunstancias de urgencia, protección de la seguridad vial y restablecimiento del tráfico. Entendemos que esto era necesario, como lo es también la introducción en este ámbito de una nueva letra g) en el artículo 49. Todas estas enmiendas van a tener el apoyo entusiasta de Convergència i Unió.


Lamentamos, no obstante, el trato que se ha dado en esta ley que regula el contrato de transporte terrestre de mercancías al sector de los transitarios. No se han acogido sus legítimas pretensiones. Quiero destacar simplemente una, pero lo suficientemente importante para ser resaltada en este trámite final. Nosotros pedíamos una modificación del apartado 2 del artículo 5, para no imponer la contratación en nombre propio a determinados intermediarios del transporte, entre ellos, a los transitarios. Entendíamos y entendemos que imponer esa contratación en nombre propio supone introducir un factor de rigidez en el mercado de la intermediación en el transporte, que es totalmente inapropiado e inconciliable con la liberación que conviene implantar en la prestación de esta clase de servicios. También lamentamos la introducción en el Senado de algunas enmiendas, como las relativas al apartado 2 del artículo 10, el artículo 28, la enmienda al artículo 62 o la enmienda al artículo 79. Saben bien los ponentes del Grupo Socialista que, cuando hablábamos de dolo o circunstancia equiparable al dolo, esto es lo que habíamos, si me lo permiten, incluso pactado. Finalmente, la redacción que va al BOE, si esta Cámara hoy no lo remedia y no vota en contra de esas enmiendas, es una redacción que innova un nuevo concepto jurídico que es absolutamente poco objetivo. Cuando habla de que una actuación dolosa es querida, todos sabemos lo que es, pero o con una infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asumido. Señorías, esto es dar trabajo a los abogados y es abrir litigios de futuro. Sabemos lo que es hablar de dolo, hay sentencias que especifican hablar de circunstancia equiparable al dolo, pero hablar de una infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asumido... ¿Qué interpretaciones vamos a tener de estos nuevos artículos? Nosotros lamentamos que se hayan introducido de esta forma en el Senado y nuestro grupo va a votar en contra.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jané.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, venimos hoy al debate final de una ley que ha sido presidida por el consenso en su trámite en este Congreso, fundamentalmente también en el Senado, a pesar de algunas manifestaciones esta mañana con relación a determinados artículos.


Al Partido Popular le hubiera gustado que hubiéramos tenido una regulación distinta de algunos de los apartados de esta ley y nos hubiera gustado que se hubiera ampliado y completado con cuestiones determinantes e inevitables, como es la regulación del transporte terrestre de pasajeros, que nos parece una laguna imperdonable en nuestro ordenamiento. Ya instamos en su momento, y volvemos a hacerlo hoy, la necesaria regulación por parte de este Congreso e instamos al Gobierno a que no abandone la regulación del transporte terrestre de pasajeros. Asimismo, como ha dicho el señor Jané, nos hubiera gustado que la intermediación de los artículos 5 y 6 del proyecto hubiera tenido un trato diferente y se hubiera regulado en una legislación específica, puesto que además abarca todos los modos de transporte y trasciende del transporte terrestre de mercancías.


Ello no ha sido posible, no fue posible en el Congreso y no ha sido posible en el Senado, pero queremos dejar constancia de esta circunstancia, al tiempo que analizamos las cuestiones concretas de las enmiendas del Senado, que nos gustaría que no sirvieran para perder rigor jurídico en un texto que tiene armazón, que ha

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tenido un tratamiento creemos, desde el punto de vista doctrinal, bastante básico. Por tanto, vamos a votar que sí a unas determinaciones de las que han venido del Senado y a otras que no. Hay algunas que además nos parecen innecesarias. La modificación del artículo 10, introduciendo un numerus apertus en los posibles contenidos de la carta de porte, no aporta nada, ni siquiera desde el punto de vista didáctico; no obstante, lo apoyaremos. No así la reforma del artículo 28, porque creemos que perdemos garantías jurídicas y desequilibra las prestaciones en perjuicio del cargador; creemos que aquí se rompe la necesaria equiparación de fuerzas entre los distintos sujetos del contrato. La propia definición del artículo así lo denuncia.


Vamos a votar a favor del artículo 39, aunque no entendemos qué ayuda establece que el precio sea el usual para el tipo de transporte. Y, evidentemente, sí que creemos que no se puede incorporar al texto legislativo la causa de presunción de exoneración del artículo 49, porque, a pesar de lo que ha dicho esta mañana aquí el señor Jané, nos parece que es muy difícil considerar las operaciones de auxilio y rescate de vehículos averiados o accidentados como un contrato de transporte de mercancías. Es trascendental, es importante, tiene que estar dentro de nuestro ordenamiento, tenemos que tener una clara visión de la importancia de este auxilio, pero no es un transporte de mercancías por carretera. Y en cuanto a la discusión que pueda salir del artículo 62 y, consecuentemente, del 68, hay que reconocer que tuvimos un gran debate en el Congreso sobre este artículo. Nos propone el Senado sustituir intencionadamente -es verdad que está definido en nuestro ordenamiento- por otra nueva terminología, que dista mucho de la que venía en el proyecto inicial. El Grupo Parlamentario Popular considera que se puede delimitar mejor la definición que se da en el artículo 68.
Consecuentemente con lo que habíamos dicho, nos parece que la introducción del capítulo 8º bis se sale fuera del marco, reducido claramente, como hemos denunciado, del contrato de transporte terrestre de mercancías. Creemos que este no es su lugar adecuado, con independencia de que lo establecido en la disposición adicional cuarta parece suficiente para velar por la intencionalidad del transporte de los vehículos averiados o accidentados, y por tanto pensamos que debe salir del texto de la ley que hoy aprobamos definitivamente.


Una última mención...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): La última, señor Ayala, porque ya ve que no tiene tiempo.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Sí, señora presidenta. Son los cinco últimos segundos.


Quiero hacer una referencia a la incorporación del transporte por bicicleta, que tanto interesa al señor Olabarría.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Un poquito más rápido que yendo en bicicleta, por favor.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Mi grupo lo apoyará, solo sea por la intencionalidad, que parece presunta, del pluriempleo que el señor Olabarría quiere obtener con ella.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ayala.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Seco Revilla.


El señor SECO REVILLA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, quiero dedicar los primeros segundos de mi intervención a dos reconocimientos que me parecen de justicia en toda la tramitación de este proyecto de ley. El primero es para el letrado de la Comisión, Pepe Codes, porque creo que ha hecho un trabajo encomiable y más allá de lo que profesionalmente le es exigible; y el segundo para mi compañero de grupo, Jesús Quijano, por su dedicación incansable y por su docto criterio, que aparece destilado por toda la ley.


La posición del Grupo Socialista -lo señalo ya- es apoyar decididamente todas las enmiendas que vienen del Senado, con excepción de tres, que voy a enumerar muy rápidamente. La primera es la que se refiere al artículo 28. Desde nuestro punto de vista, excluye el necesario deber de guarda que se impone al porteador y que se deriva en nuestro ordenamiento jurídico privado como una obligación necesaria de la posesión que tiene el transportista. El riesgo que con la enmienda del Senado se pretendía conjurar no es tal, no existe ninguna suerte de responsabilidad objetiva para el transportista, quien se va a ver exonerado en todo caso si acredita actuar diligentemente, si hay vicio propio de la mercancía, además de caso fortuito o fuerza mayor. En coherencia, mi grupo va a votar en contra de la enmienda presentada al artículo 28 y abogará por la recuperación de la redacción original. Cuestión distinta es la del contrato de auxilio y rescate en carretera. Este contrato no debe estar en la Ley del contrato de transporte de mercancías y por tanto votaremos en contra de la enmienda que introdujo un nuevo capítulo 8º bis. Tampoco vamos a admitir o no aceptamos el nuevo artículo 49.1.g), porque entendemos que rompe la uniformidad con las reglas del CMR en lo que afecta al catálogo de exenciones de responsabilidad y porque creemos que la previsión está suficientemente recogida en la nueva disposición adicional cuarta, que sí vamos a apoyar.


Quiero hacer breve mención a tres enmiendas que sí están recogidas y que vamos a apoyar en la parte del Senado. La primera de ellas ya se ha mencionado por el señor Olabarría y por el señor Ayala y es la previsión en la disposición adicional quinta del contrato de transporte

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en bicicleta. Entendemos que con esta enmienda -parafraseando al amigo Olabarría- no es una disposición que vaya a tener la enjundia que tuvo el Código de Justiniano en la historia del Derecho, pero todo mi grupo desea que tenga gran utilidad práctica en la vigencia que hoy se va a alumbrar.
También quiero mencionar la nueva incorporación del artículo 10.2 a un catálogo de menciones, además de las mínimas, que están en el 10.1, que son potestativas y que se pueden incluir en la carta de porte, lo que desde luego es conforme con su naturaleza no obligatoria, su contenido flexible y su carácter netamente negocial. Mención aparte haremos sobre el nuevo apartado 4 del artículo 39, que establece la regulación del precio de porte en defecto de pacto. Y, en lo que respecta al añadido que se introduce en los artículos 62 y 79, he de significar la particular satisfacción que le produce a mi grupo, por la aprobación en el Senado, y por unanimidad además, con los votos también de Convergència i Unió, de la pérdida del beneficio de limitación de responsabilidad, no solo cuando el porteador actúe dolosamente sino también en los casos en que, sin ser propiamente dolosos, denoten un actuar extraordinariamente negligente con lo que hemos venido en llamar la infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asumido.


Para acabar, reitero una vez más la voluntad de mi grupo de aceptar las enmiendas introducidas en el Senado, con excepción de las que atañen al artículo 28, al 49.1.g) y el capítulo VIII bis, y acabo insistiendo en la trascendencia de la ley que hoy aprobaremos, que, en palabras del ministro de Fomento en esta misma tribuna, nos permitirá disponer de una de las regulaciones más moderna y armonizada de nuestro entorno.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Seco.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO, EN MATERIA SANCIONADORA. (Número de expediente 121/000012.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señora presidenta, señorías, intervengo en nombre de Unión del Pueblo Navarro en este debate sobre las enmiendas introducidas en el Senado en el modificado texto articulado de la Ley de Tráfico.


Permítanme que, sin perjuicio de la valoración que nos merece el resto de enmiendas introducidas en la Cámara Alta, me concentre en esta breve introducción en la enmienda introducida en el Senado por mi colega la senadora de Unión del Pueblo Navarro María Caballero, a quien quiero desde esta tribuna agradecer su trabajo y acierto por haber conseguido mejorar el texto con la inclusión de esta modificación que tanto ha sido y está siendo reclamada por las instituciones y la sociedad navarra en su conjunto. Es una enmienda, señorías, que obtuvo el apoyo de todos los grupos de la Cámara Alta, salvo el del Grupo Socialista, y para la que volvemos a pedir la colaboración y coherencia de los grupos que hace escasamente unos días la apoyaban en el Senado. No hace ni un mes que el Parlamento Foral de Navarra, con motivo del debate sobre el estado de la comunidad, por unanimidad de todos sus miembros, también del Grupo Socialista navarro, aprobaba una propuesta de resolución por la que se pedía avanzar en el acuerdo para el traspaso de la competencia en materia de tráfico. La enmienda que sometemos a votación no pretende resolver la cuestión competencial jurídica, bien conocida por esta Cámara, que debe tener sus propios cauces legales -forales, si me lo permiten- oportunos, pero sí debe servir para solucionar un problema funcional que se produce ante la concurrencia de dos policías, una nacional como es el Guardia Civil, y otra regional como es la Policía foral, en un mismo entorno de actividad como son las carreteras navarras.


El Senado hace una semana aprobó incorporar una nueva disposición adicional con la siguiente redacción: "En la Comunidad Foral de Navarra, sin menoscabo de lo previsto en el artículo 71 de la presente ley, atendiendo a la singularidad de su régimen foral por el que esta comunidad es titular de las carreteras que conforman la red viaria, que desarrolla políticas activas de reducción de la siniestralidad vial, y que dispone del Cuerpo de la Policía foral como policía propia que ejerce en la actualidad funciones compartidas con la Guardia Civil de tráfico, de vigilancia del tráfico, transportes y de la seguridad vial, hasta que no se haga efectiva la transferencia para el ejercicio en exclusiva de las competencias ejecutivas en materia de tráfico y de circulación de vehículos a motor, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra será competente para la imposición de las sanciones administrativas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor y seguridad vial correspondientes a las denuncias que formule la Policía foral. Esta facultad implica la de instruir el expediente así como la de dictar la resolución que le ponga término, incluyendo los recursos correspondientes en vía administrativa y ejecutar la sanción, percibiendo en su caso el importe de las multas". Señorías, Navarra en virtud de su Régimen Foral

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es titular de la red viaria que recorre su territorio, desarrollando políticas activas de reducción de la siniestralidad vial. De igual modo, el Cuerpo de la Policía foral ejerce en la actualidad de manera compartida con la Guardia Civil de tráfico las funciones de vigilancia del tráfico, transportes y de la seguridad vial, y ello conforme a las competencias que al respecto ostenta Navarra de forma compartida. La disposición adicional tercera a este proyecto de ley recoge la obligación en el ámbito de la Administración General del Estado de destinar el importe de las sanciones económicas, obtenidas por infracciones a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico. En el caso de Navarra, ejerciendo el Gobierno de Navarra en la práctica la competencia de manera compartida y llevando a cabo las políticas activas de reducción de la siniestralidad vial, no se producen ingresos por el concepto de multas, ya que las multas que pone la Policía foral son también recaudadas por la Administración del Estado.


En UPN creemos que resulta coherente con el espíritu de la ley y del propio proyecto de ley que la recaudación de las multas de tráfico de la Policía foral se efectúe por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y contribuya por ello a los esfuerzos presupuestarios que ya se hacen para reducir la siniestralidad vial, así como a la simplificación de su tramitación. Señorías, esta es la razón lógica y la justificación a la enmienda presentada por UPN, y para la que pedimos el voto favorable de la Cámara.


En todo caso, no quisiera terminar sin agradecer expresamente el voto de los grupos que sabemos que la van a apoyar, pero sí debo pedir coherencia política a los grupos que se puedan plantear oponerse a la misma.
Esperamos una lógica coherencia con el sentido del voto mantenido en el Senado hace una semana, porque lo contrario sería difícil de explicar habiendo transcurrido escasamente una semana. Y obviamente tengo que pedir coherencia a aquellos partidos de nuestra comunidad que muestran posicionamientos favorables e incluso recogen en sus programas electorales el contenido básico de esta enmienda.


Por último, no quisiera terminar sin agradecer igualmente el trabajo de los diputados de todos los grupos que hicieron posible la Ley 17/2005 que ahora intentamos mejorar, porque al menos en materia de tráfico, circulación y seguridad vial, aunque siempre se podrían hacer mejor las cosas -es verdad-, la siniestralidad se ha reducido de forma objetiva y ostensible.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Salvador, debe acabar.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Eso, en definitiva, es lo más importante, lo cual nos permite pensar y defender -se lo digo sinceramente- que cuando en esta casa las cosas se hacen medianamente bien la sociedad española siempre sale ganando. Espero que eso no se nos olvide.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Salvador.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, finalizaremos hoy el trámite de reforma de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en su segunda vuelta, con la concreción de aquellos aspectos que no fueron abordados en la anterior reforma de la ley por la que se introdujeron la modalidad del carné por puntos y otras circunstancias importantes, que después de unos años de vigencia se han mostrado perceptibles en algunos aspectos. Con esta reforma, pues, se abordan estos aspectos y las lagunas existentes en la anterior regulación.


Esta ley instrumental, como se ha explicado, generó en el Congreso un elevado grado de consenso, pese a que fue difícil -hemos de reconocer que en los primeros instantes en la ponencia no parecía posible el consenso, habitual por otra parte en los temas de seguridad vial-, pero finalmente el consenso se consiguió. En el Senado se han introducido diferentes enmiendas que a nuestro juicio desvirtúan en buena parte el consenso conseguido en el Congreso, y por esta razón mayoritariamente nuestro grupo va a votar desfavorablemente las enmiendas del Senado, no todas evidentemente porque algunas creemos que han sido fruto del consenso, pero, como decía, muchas de ellas nos parece que desvirtúan lo que se logró en el Congreso, y por tanto vamos a votar en contra y voy a hacer referencia a algunas de ellas.


En primer lugar la enmienda al apartado 4 del artículo 9 bis, por la que se establece la potestad de los titulares de los vehículos en renting de comunicar al registro de vehículos el arrendatario o bien identificarlo.
Dicha potestad no nos parece a nosotros que tenga razón de ser, y creemos más pertinente que el texto quede tal y como salió de esta Cámara, es decir con la obligación del conductor de comunicar al registro la identidad del arrendatario, sin que quepa la potestad introducida por el Senado.


Tampoco vemos adecuada la supresión en el artículo 59 bis 1 de que los ayuntamientos o la Agencia Tributaria puedan facilitar el nuevo domicilio del titular de la autorización administrativa para conducir, en caso de que este haya modificado el domicilio inicialmente notificado a la Dirección General de Tráfico. Entendemos primordial que todas las sanciones puedan ser bien notificadas, y para ello es preciso que la Dirección General de Tráfico pueda conocer el domicilio correcto donde practicar las domiciliaciones.


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No vemos igualmente motivación suficiente para considerar infracción muy grave aparcar en una zona de carga y descarga. Sí compartimos y compartíamos el texto inicial que vinculaba la infracción muy grave a la peligrosidad del aparcamiento, y no nos parece que se dé la circunstancia en el caso de los vehículos estacionados en zonas de carga y descarga.
Tampoco creemos que deba ser preceptivo que puedan cometer infracciones muy graves los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando pongan en peligro la seguridad vial, porque estaríamos coartando el ejercicio precisamente de sus funciones, que es lo que prevé la modificación introducida en el artículo 65.5, m).


Otra cuestión que nuestro grupo no va a apoyar es la obligatoriedad de adjuntar las imágenes en el boletín de denuncia por parte de los agentes de la autoridad; podríamos compartir que se remita esta documentación en un momento posterior, pero en ningún caso de forma sistemática a la imposición de la sanción por parte del agente de la autoridad. Nos parece algo fuera de toda lógica, y lo que es peor de toda virtualidad. No apoyaremos tampoco -porque no acertamos a ver la necesidad- que se excepcione mediante la modificación del artículo 76.2 a las sanciones muy graves de la posibilidad de notificación de la denuncia en un momento posterior al de la comisión de la infracción por parte del conductor. No creemos necesaria esta discriminación respecto del resto de infracciones.


En cuanto al plazo de prescripción de las sanciones pecuniarias previsto en el artículo 93.4 -y que sabemos que es bastante controvertido y conflictivo-, pensamos que el plazo adecuado es de cuatro años para equipararlo al de la prescripción de otras sanciones pecuniarias de otras administraciones, cuyo plazo de prescripción precisamente es de cuatro años Por lo demás, aceptaremos el resto de enmiendas introducidas por el Senado, que como he dicho antes son bastantes, y por tanto nos felicitamos -y lo reitero al final de mi intervención- por la aprobación definitiva de esta ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Canet.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro, a nosotros nos parece que el Senado ha realizado una buena función; no es por hacer una reflexión apologética de la llamada Cámara Alta, del sistema bicameral español, pero baste con que a veces no se produzcan determinados quebrantos como para que uno manifieste su satisfacción por esta razón. Dicho lo cual tenemos que comentar, señor ministro, que hay una disposición adicional quinta nueva que hace referencia a la atribución a la Policía foral navarra de competencias en materia de tráfico. Al señor Salvador le vamos a decir que sí le vamos a aprobar su enmienda, no sin dos reservas mentales que dimanan de su argumentario, que es el de la senadora que consiguió su penetración en el texto del proyecto de ley en el Senado. No tengo la convicción de que sea una competencia compartida la de la Policía foral, creo que es exclusiva en materia de tramitación de sanciones pecuniarias, e incluso que estarían dentro y protegidas por el Convenio Económico de Navarra las exacciones y tasas dimanantes de los expedientes administradores sancionadores.
Ustedes la consideran compartida, pero en cualquier caso esta es una reflexión que hacen ustedes y que nosotros vamos a apoyar, porque evidentemente se deben reconocer explícitamente como, por cierto -y nos felicitamos, señor ministro-, se han reconocido las competencias autonómicas de la Comunidad Autónoma Vasca en materia de tráfico y las competencias de los mossos d'Esquadra como policías integrales con competencias exclusivas en materia de tráfico en el trámite del Senado, cosa por la cual nos felicitamos.


No obstante, señor ministro, señorías, tengo que decirles que todavía apreciamos en los fundamentos ontológicos de este proyecto de ley un cierto regocijo en la utilización del derecho punitivo para corregir, casi como mecanismo absoluto de corrección, esta patología social que está configurada por los todavía altos índices de siniestralidad y de accidentalidad en nuestras carreteras. Señor ministro, es que recurrimos siempre al derecho punitivo y solo al derecho punitivo. No le voy a refutar esta posición de su Gobierno, entre otras cosas porque a usted le avalan las cifras. La reducción de la siniestralidad prácticamente convalida todo lo que usted hace, pero todo lo que usted hace puede tener problemas también de interpretación jurídica, al margen de que nos felicitemos todos de la importante reducción de la siniestralidad. Ya sabe que el derecho punitivo tiene efectos disuasorios de las conductas aberrantes a corto plazo; luego con el tiempo el cuerpo social termina metabolizando el componente de disuasión punitiva, y son las otras medidas, que no terminamos de articular o perfilar bien, las que producirían reducciones de esta patología social a medio y largo plazo. A pesar de este regodeo del derecho punitivo, la ley en términos generales es buena, aunque hay aspectos que no voy a decir que sean inconstitucionales -no me atrevería a hacer una manifestación de esta naturaleza, entre otras cosas porque esto es una atribución del Tribunal Constitucional-, pero rayan en los umbrales que consideran el Tribunal Constitucional y su jurisprudencia peligrosos con relación a la aplicación del derecho punitivo, en distintos ámbitos que le voy a glosar muy rápidamente, señor ministro, porque ya me ha hecho una invocación a la brevedad y austeridad en el uso de la palabra la señora presidenta antes de subir a esta tribuna. En primer lugar, con relación a la identificación del comitente de la infracción, hay una generalización de los sujetos que pueden ser comitentes de la infracción, pero por otra parte también una reducción dudosamente constitucional o con algunos problemas de antijuridicidad. Le voy a decir cuáles; por

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ejemplo, se identifica al titular del vehículo con el que se comete una infracción y al conductor habitual. Si no es posible identificar al comitente de la infracción se atribuirá la responsabilidad al titular o al conductor habitual, pero sin que haya una constancia fehaciente de que estos o alguno de los dos haya sido el que realmente ha cometido la infracción. Por otra parte, se incrementan algunas infracciones o algunas conductas que antes no se consideraban infracciones. Hay una que es paradigmática, que a mí me llama mucho la atención, porque esto generaría por mi parte en este momento una imputación de naturaleza personal, una especie de autoinculpación, y es cuando se dice que las matrículas tienen que ser identificables perfectamente. Reconozco que yo mismo no siempre las llevo suficientemente limpias como para que la identificación del número de matrícula sea fácil; no sé si otros diputados son más pulcros, más limpios que yo mismo, y hacen un cumplimiento irrestricto de este requerimiento o de esta nueva infracción. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Pero hay elementos que se mueven en el umbral de lo que la jurisprudencia constitucional establece como límites razonables del ius puniendi del Estado o del ejercicio del derecho punitivo del Estado. Hay otras materias, por ejemplo cuando se detiene un vehículo -voy acabando, señor presidente- y se atribuye paradójicamente la responsabilidad al conductor habitual, como si el titular del vehículo no lo utilizara nunca. Esta es una paradoja que ya me explicarán ustedes a qué se debe, por qué se produce la traslación de la responsabilidad al conductor habitual, si lo habitual precisamente es lo contrario, que sea el titular del vehículo el que lo conduzca. Estas son algunas cuestiones...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Dicho lo cual, señor presidente, permítame, aunque sea fuera de tiempo, felicitar a los grupos parlamentarios y a los miembros del Senado por haber hecho una buena ley que esperemos, señor ministro, contribuya a ir reduciendo todavía más los índices de siniestralidad en nuestras carreteras, que es lo que en definitiva todos pretendemos.


El señor PRESIDENTE: Muy amable, muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro del Interior, señor director general de Tráfico y autoridades del Ministerio del Interior que nos acompañan en la tribuna, quería empezar esta intervención con un dato relativo a qué pasaba antes de la legislatura en que se aprobó el permiso por puntos. En el año 2003 teníamos desgraciadamente 5.399 víctimas mortales; el año pasado, a cifras cerradas ya por el Observatorio de seguridad vial, tuvimos 3.100. Quiere esto decir que teníamos una media de más de 14 víctimas mortales diarias y hemos pasado a 8. Siguen siendo muchas, pero debemos reconocer que se ha hecho una labor que ha tenido unos efectos. Por tanto, esta es la primera valoración inicial desde Convergència i Unió tras el balance que ya podemos hacer de esa ley del permiso por puntos, y que hoy se ajusta en determinados aspectos, y de manera muy clara se ajusta en los aspectos relativos a la velocidad. Creo que es importante realizar entre todos una valoración inicial de dónde estábamos y dónde estamos.


El segundo aspecto que quería destacar es que valoramos positivamente la labor realizada en el Senado, y también el cambio final que en materia de velocidades implica la nueva ley. Vamos a explicar este cambio. En Cataluña, señorías, se pierden muchos puntos como consecuencia de pasar el límite de velocidad. En Cataluña se pierden muchos puntos porque el Gobierno catalán establece unos límites de velocidad en las autopistas que nosotros, desde Convergència i Unió, nunca hemos compartido. No compartimos el límite a 80, incluso a menos, en las autopistas.
Entendemos que la ciudadanía tampoco lo entiende y pensamos además que causa una gran pérdida de puntos. ¿Qué pasaba hasta hoy con la ley vigente? Cuando el límite en una autopista catalana era de 80, si un conductor iba a más de 100 perdía dos puntos. ¿Qué pasará a partir de ahora? Que si el límite es de 80, solo perderá dos puntos si va a más de 130. Es un cambio sustancial. Repito, antes por ir a 100 en una autopista, cuando el límite fuera de 80, ya se perdían dos puntos, y ahora solo se perderán esos dos puntos si se va a más de 130. Por tanto es un avance importante, como lo es también lo que nos pedía el RACC y sobre lo que finalmente se ha acordado una transacción en el Senado, a través de una enmienda de nuestro grupo parlamentario, que es dejar muy claro que hay márgenes de error en los radares, dejar muy claro que no porque una persona se pase en un kilómetro va a recibir ya la sanción debido a que hay márgenes de error, y en la propia ley que hoy aprobamos se dice que los instrumentos -radares de medir- se van a regir por la Ley de Metrología donde están esos márgenes de error. Que quede claro también este elemento importante. De la misma manera que quede claro que, a partir del día siguiente a la publicación de esta ley en el BOE, entrarán en vigor los efectos favorables que la misma implica en cuanto a pérdida de puntos y en cuanto a suspensión del permiso de conducir; en estos dos ámbitos, pérdida de puntos y suspensión, entran en vigor las novedades de la nueva ley no a los seis meses ni a los veinte días, sino al día siguiente de su publicación en el BOE. Por tanto esos conductores catalanes que están perdiendo puntos en la autovía de Castelldefels que sepan que al día siguiente de la publicación en el BOE de esta ley se va a aplicar este nuevo baremo, que es más acorde con el sentido común, y que sepan también aquellos que habían impugnado esa pérdida de puntos anteriormente que hemos convenido que, si

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alguien había perdido puntos con anterioridad a esta ley y lo tiene impugnado, puede directamente ver que su proceso se termina y esa pérdida no tendrá efectos. Se van a anular los procesos ya abiertos, por lo que entendemos también que es un balance positivo.


Se termina el tiempo; quiero simplemente destacar un aspecto novedoso de esta ley. Para muchos ciudadanos que han visto durante tantos años que se les suspendía su permiso de conducir por un período de tiempo determinado, que tenían una suspensión del permiso de conducir, debemos destacar que a partir de hoy, a partir de esta nueva ley que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE no habrá más suspensiones del permiso de conducir, se eliminan las suspensiones del permiso de conducir. ¿Esto es mucho o es poco, señor presidente? Solo el año pasado hubo 120.000 suspensiones del permiso de conducir, que a efectos de meses son 150.000 meses de permiso suspendido para nuestros conductores, que dejarán de tener efecto a partir de la nueva ley.
Esperemos que esa mayor madurez que hemos tenido en la aplicación de las normas sobre seguridad vial, que ha dado sus resultados, se traduzca en que esta nueva ley que hoy aprobamos siga dándolos en el futuro.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


Por el Grupo Parlamentario Popular para fijar posición tiene la palabra don Federico Souvirón.


El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, hoy no hay acuerdo. El Grupo Parlamentario Popular se ha esforzado, siempre que se ha traído a debate algún asunto relacionado con la seguridad vial, en trabajar a favor del acercamiento de posiciones entre los grupos parlamentarios, consciente de que la unión parlamentaria en un asunto de la gravedad social de la inseguridad vial es un valor en sí mismo, pero lo que hoy se trae a debate no tiene que ver demasiado, tiene poco que ver con la seguridad vial. En realidad de lo que estamos tratando es de facilitar a la Administración la recaudación rápida de las sanciones de tráfico, a costa de los derechos y garantías de los ciudadanos, que la Constitución Española entiende que son los derechos que deben regir en las relaciones entre Administración y administrados. Y ahí ni debemos estar ni queremos estar, porque -como bien decía el senador Peral en su intervención en el Senado- no son incompatibles los conceptos de seguridad jurídica y de seguridad vial, antes al contrario nos parece que son absolutamente indisociables.
Creemos que de lo que estamos en realidad hablando hoy aquí es de un nuevo reglamento general urgente de recaudación de multas de tráfico, aunque intente disimularse como una reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, un reglamento que viene a equiparar las sanciones administrativas en materia de tráfico con los impuestos y con las tasas, y que por tanto va a identificar cada vez más las sanciones administrativas de tráfico con el impuesto de circulación; parece que en sus consecuencias se considerara que las sanciones de tráfico son un nuevo impuesto de circulación. El reglamento, que está más preocupado por recaudar la sanción que por saber quién es el responsable de la misma, que elimina instituciones como el recurso de alzada, que elimina plazos a la hora de que los ciudadanos puedan recurrir y ejercer su derecho, nos parece que es una barbaridad en términos jurídicos, con la que no podemos estar de acuerdo, y que debemos incluir en el listado de adherencias indeseables al Estado de derecho que se están produciendo en estos años, y que sin ninguna duda habremos de eliminar cuando el Gobierno sea popular.


En cuanto a las enmiendas del Senado ahí se ha producido un extraño vaivén. Ojalá hubiera venido a este debate el proyecto de ley que salió votado por mayoría en Comisión en el Senado; ese sí que era una acuerdo válido; ahí sí que se seguían respetando los derechos y garantías de los ciudadanos, y ahí sí que hubiéramos estado hoy de acuerdo, y todos, en el consenso, pero en el corto espacio entre la aprobación en Comisión y la aprobación en el Pleno de nuevo el poder de convicción del Gobierno actuó, y nos encontramos con esta situación que nos parece absolutamente rechazable.


Hay algunas enmiendas del Senado -el Senado ha trabajado mucho y bien- sobre las que quiero llamar su atención. Espero que al menos esas sean aceptadas hoy y que por lo tanto se vote a favor de lo que acordó el Senado. Se trata de asuntos como la ampliación del plazo para alegar de quince a veinte días o la prescripción de cuatro años a uno, como tiene que ser. Suprimamos esta especie de ley del embudo por la cual se acortan los plazos al administrado y se le amplían los plazos a la Administración. También hablamos de la fijación del domicilio en el que hay que recibir las notificaciones, que sin ninguna duda es una expresión de seguridad jurídica; o la revisión de la señalización en el plazo de un año, que además es un compromiso que ya se adoptó en la aprobación del Código Penal, sin que hayamos tenido hasta ahora ninguna noticia; o la inclusión, por qué no, de la responsabilidad de los funcionarios y de las administraciones en este tema. Se nos llena la boca al decir que la seguridad vial es un problema de responsabilidad compartida. Hagamos que se comparta; si tampoco estamos inventando nada, si ya lo dice la Ley de Procedimiento Administrativo. Por tanto, no sé por qué se quiere huir de eso. Se refiere también a que las infracciones graves sean notificadas, en la medida de lo posible, en el momento en que son impuestas.


Señorías, lamentamos mucho que se produzca este desencuentro en este asunto. Vamos a votar a favor de todas las enmiendas del Senado que vienen a restablecer, aunque no sea en la medida en que queríamos, los derechos y garantías del ciudadano. Esperamos seguir hablando en el futuro de seguridad vial, y seguir entendiéndonos como habíamos hecho hasta ahora.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Souvirón.


Por el Grupo Socialista para fijar la posición tiene la palabra don Juan Carlos Corcuera.


El señor CORCUERA PLAZA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, en numerosas ocasiones en los últimos años los grupos parlamentarios hemos expresado nuestra satisfacción por el hecho de que las políticas llevadas a cabo en materia de seguridad vial hayan sido capaces de forjar consensos. En numerosas ocasiones todos hemos coincidido en que las actuaciones que puedan prevenir un accidente, un herido, un muerto deben quedar al margen de cualquier confrontación partidista.


Este es el último trámite de la ley, y quisiera iniciar mi intervención agradeciendo el trabajo realizado y la buena voluntad mostrada por todos los grupos parlamentarios, incluso por aquellos que han expresado sus dudas. Quisiera agradecer especialmente la contribución que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha realizado con sus enmiendas, que han sido aceptadas en una práctica totalidad; agradecimiento que hago extensivo a su portavoz, don Jordi Jané, así como al resto de portavoces que han apoyado la ley, como don Francesc Canet y don Emilio Olabarría; también a don Federico Souvirón, del Grupo Popular, aunque no la haya apoyado. Qué duda cabe que, además de los parlamentarios que hoy hemos hablado desde la tribuna, son muchas las personas que han intervenido en la tramitación de la ley. Quisiera agradecer todo el trabajo y esfuerzo realizado por mis compañeras del Grupo Socialista en la ponencia de la ley, doña Eloisa Álvarez y doña Pilar Alegría. Pero la ley tiene también su propia historia, y es la de las personas que trabajaron antes y después de que viniese a esta Cámara; han trabajado muy activamente, fundamentalmente con el Grupo Socialista, pero también con el resto de grupos. Quisiera hacer especial mención de ellas: de don Ramón Ledesma, subdirector general de Ordenación Normativa de la DGT; de don Pere Navarro, director general de Tráfico; de doña Iluminada Redondo y doña María Ángeles González, del Ministerio del Interior, y de don Justo Zambrana, subsecretario del ministerio.


Señorías, en seguridad vial como en tantas cosas en la vida una medida lleva a la siguiente. Con la ley que hoy aprobamos cerramos el círculo iniciado con la puesta en marcha del permiso de conducir por puntos, y la modificación del Código Penal. La verdad es que el actual procedimiento sancionador es largo y farragoso: entre cinco meses y dos años de plazo para que las resoluciones sean firmes y puedan retirarse los puntos. ¿No les parece excesivo, señorías? El principal objetivo del proyecto de ley es simplificar el procedimiento y hacerlo comprensible al ciudadano, pero sobre todo hacerlo respetando las garantías y derechos de los infractores. Reglas del juego claras y transparentes son sin duda la mejor garantía de seguridad jurídica para el ciudadano.


Hay novedades muy interesantes en esta ley. En primer lugar, se incorpora la Administración electrónica al procedimiento sancionador para hacerlo más ágil. El tradicional concepto de domicilio físico se transforma ahora en domicilio virtual dejando atrás la incertidumbre que constituía el hecho de no saber de la existencia de expedientes sancionadores por no haber recibido notificación alguna. ¿Qué mejor garantía que esto? Como alternativa a la publicación en el BOP, las nuevas tecnologías aportan una web certificada que recibe el nombre de tablón edictal de sanciones de tráfico. Allí es donde el ciudadano podrá consultar todas las notificaciones de tráfico de cualquier administración de toda España. ¿No les parece esto una importante mejora en las garantías del ciudadano? En segundo lugar, se actualiza el permiso de conducir por puntos simplificándolo sobre la base de la experiencia adquirida en los tres años de aplicación. Se han reducido de 27 a 20 los supuestos de pérdida de puntos en un intento de simplificarlo. Se suprime, por ejemplo, la pérdida de puntos por estacionar en el carril bus o por no llevar el alumbrado, que si bien siguen teniendo sanción económica, ya no van a detraer puntos. En tercer lugar, se suprime la suspensión del permiso de conducir como sanción, al quedar esta subsumida por el carné por puntos.
Ahora, transcurridos más de tres años de aplicación del permiso por puntos y constatada su eficacia como elemento disuasor para las conductas contrarias a la seguridad vial, parece razonable su supresión.


Hay importantes novedades también respecto a las multas. Podrán pagarse en la carretera y con tarjeta de crédito para facilitar el trámite a los infractores que quieran dar por finalizado el procedimiento. Señorías, no se trata de una ley recaudadora. El importe de las sanciones se mantiene e incluso el descuento por pronto pago pasará del 30 al 50 por ciento.
Con esta misma voluntad de favorecer al conductor, el proyecto prevé la entrada en vigor de la ley al día siguiente de su publicación en el BOE, pero para los únicos efectos favorables de la supresión de la suspensión del permiso de conducir y la pérdida de puntos.


Quisiera destacar tres importantes enmiendas que se han introducido en el Senado y agradecer también la labor allí realizada. Se incorpora la segunda notificación tanto postal como electrónica; se suprime la medida de prohibición del uso del vehículo; se recoge de forma expresa la obligación del alumbrado y los elementos reflectantes para las bicicletas por la noche como infracción leve. También quisiera acabar esta intervención, con el poco tiempo que me queda...


El señor PRESIDENTE: No le queda ninguno, señor diputado.


El señor CORCUERA PLAZA: Dos segundos, señor presidente.


Es una ley con la que todos ganamos, señorías. Las Cortes ponen en mano de las administraciones una herramienta potente y moderna. Les corresponde a ustedes, a

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todas las administraciones competentes, hacer un buen uso de ellas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Corcuera.


Señor ministro del Interior, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Hago uso de la palabra muy brevemente para comentar a la Cámara -lo saben bien los grupos parlamentarios- que este es el último proyecto de ley relativo a la seguridad vial que tramitaremos probablemente en esta legislatura. En la anterior cambiamos el carné de conducir y pusimos el carné por puntos; posteriormente modificamos el Código Penal para endurecer algunas sanciones. Con este cambio del procedimiento sancionador cerramos lo que podríamos llamar el paquete regulador en materia legislativa en lo que se refiere a la seguridad vial.


Saben bien SS.SS. que esta ley ha sido trabajosa. Hemos dedicado mucho tiempo en el Ministerio del Interior porque afecta a mucha gente, desde luego a muchos ciudadanos, a 24 millones de conductores, pero también a muchas administraciones. Conviene recordar hoy aquí que el 75 por ciento de las multas que se tramitan en nuestro país son multas que corresponden a los municipios. Por esa razón se concensuó la ley con la Federación de Municipios y se discutió a fondo con los dos grandes ayuntamientos españoles, Madrid y Barcelona, hasta alcanzar un consenso, un consenso que posteriormente se ha extendido a esta Cámara, y creo que hoy podemos decir que el Congreso y el Senado se suman en las grandes líneas, en los grandes principios a este gran texto de ley.


Es un texto de ley que, como han recordado los portavoces, pretende esencialmente hacer un régimen sancionador más inmediato. Todo el mundo está de acuerdo en que cuanto más cerca esté el castigo -si se me permite la expresión- de la infracción tanto mayor es su valor pedagógico.
Finalmente castigamos no por el placer de hacerlo, sino para que la gente no lo vuelva a hacer. Todo el mundo reconoce que es más eficaz el régimen sancionador, por tanto, se hace un régimen sancionador, como recordaba el señor Corcuera, más fácil de entender para los ciudadanos, más fácil de gestionar para la Administración, más transparente y con más garantías.
Creo que esto merece la pena resaltarlo aquí. Con ello ganamos todos.
Desde luego ganan las administraciones, que van a poder gestionar mejor, todas, insisto, el Estado, los municipios y también algunas comunidades autónomas. Se me olvidó decir que la ley se había hablado también con el Gobierno catalán y con el Gobierno vasco, que tienen competencias en materia de tráfico, por tanto, con todos aquellos que la vamos a utilizar. También ganan los ciudadanos. Por poner un ejemplo, presidente, y ya termino, creo que si un ciudadano comete una infracción, entiende que la ha cometido y quiere pagarla, lo tendrá mucho más fácil y le va a resultar más barato. Si siente que al imponérsele la infracción se han lesionado sus derechos, podrá recurrir mejor y más eficazmente, porque tiene más instrumentos para hacerlo. Ahora bien, si el ciudadano quiere aprovechar la oscuridad administrativa y, con la ayuda de alguna compañía que se dedica a ello, evitar la multa aun habiendo cometido la infracción, ese sí lo va a tener más difícil. Esa es la realidad de lo que hoy estamos haciendo aquí. Si la quiere pagar porque entiende que ha incumplido, lo podrá hacer más rápido y más barato; si quiere recurrir porque entiende que sus derechos han sido lesionados, lo podrá hacer mejor; si quiere aprovechar la hojarasca administrativa para escabullirse, lo va a tener peor. Esa es la realidad de la ley. Todos ganamos y, sobre todo, señorías, gana la seguridad vial.


Termino diciendo algo que me parece muy importante y que han recordado los distintos portavoces. Gracias a las innovaciones que se han hecho en estas Cámaras, hoy podemos decir que nuestras carreteras son claramente más seguras. Señorías, en el año 2003 perdieron la vida en las carreteras que dependen del Estado más de 4.000 españoles y este año espero que podamos acabar con menos de 2.000 accidentes mortales en nuestras carreteras. Estamos hablando de 2.000 personas que no han perdido la vida gracias, entre otras cosas, no solo pero entre otras cosas, a los consensos alcanzados en esta Cámara. Esa es una buena razón para que hoy, desde el Ministerio del Interior, agradezcamos a todos los grupos parlamentarios su trabajo, un trabajo de cinco años que hoy culminamos con esta ley.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro del Interior.


- PROYECTO DE LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO. (Número de expediente 121/000023.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Para la fijación de posición, el Grupo Mixto no ha solicitado intervenir. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Desde el escaño, señor presidente, y de forma breve quiero fijar la posición de nuestro grupo que como ustedes saben fue crítica precisamente presentando una enmienda a la totalidad a dicha ley. La presentamos porque era la trasposición de una mala directiva, la Directiva Bolkestein, relativa a los servicios de mercado interior y aprobada en el marco de la estrategia de Lisboa, una directiva que se pulió debido a las reivindicaciones

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sindicales y de otros actores sociales garantizando que no afectase, por ejemplo, a las relaciones laborales o a elementos básicos, pero una directiva que cuando se traspuso, cuando el Gobierno quiso aprobarla mediante la presente ley, lo que hizo fue ser más papista que el Papa y, en vez de limitar la directiva, flexibilizó aún más aquello que venía de Europa. Resulta curioso que lo hiciesen en un contexto -el de la crisis económica, el de la crisis financiera, el de la ineficiencia de los mercados- en donde las actuaciones del sector financiero no han ido por buen camino; en un contexto en que las actuaciones depredadoras del sector multinacional y los abusos de los oligopolios en el sector de los servicios públicos requerían algo más que autorregulación.


La ley vuelve del Senado sin grandes modificaciones y con alguna enmienda en contra de la cual, ya anuncio, vamos a votar, pero si he pedido la palabra es para manifestar que, lamentablemente, en el trámite parlamentario, esta ley lo que hace es ir mucho más allá de la directiva europea o, dicho en román paladino, el Gobierno decide hacer méritos ante la Unión Europea y ante las políticas neoliberales europeas siendo más papista que el Papa, por lo cual esta ley no ha mejorado en su trámite, y todos aquellos elementos que denunciamos y que no voy a exponer ahora porque ya aludimos a ellos en el debate de totalidad se mantienen. De ahí nuestra postura crítica en torno a la ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Nuestro discurso es simétricamente contrario al realizado, con todo respeto, por el señor Herrera anteriormente. Entendemos que es una correcta adecuación no de la directiva como tal, dada la naturaleza jurídica de esta peculiar directiva y la dialéctica entre las directivas que se basan en los conceptos de norma mínima, norma más favorable a la hora de su aplicabilidad. La adaptación de la directiva es correcta por parte del legislador español y desde esa perspectiva no tenemos ninguna objeción que hacer y manifestamos nuestro voto positivo.


Señor presidente, otra era nuestra opinión respecto a la Directiva de Servicios cuyo debate se inicia esta tarde en la Comisión de Economía del Congreso. Ahí tenemos más reservas, tenemos más dudas, pero dentro de esa dialéctica de norma mínima, norma más favorable, no entendemos que haya elementos regresivos en cuanto al ordenamiento jurídico español en relación con las distintas materias que en esta directiva se trasladan al mismo. Por tanto, señor presidente, nuestro voto es favorable.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Nuestro Grupo Parlamentario (Convergència i Unió) también valora positivamente todos aquellos aspectos relacionados con el proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en el que podríamos destacar cuatro o cinco aspectos que nosotros consideramos relevantes como podrían ser la inclusión de supuestos en la definición de razón imperiosa del interés general, de acuerdo con la directiva y la jurisprudencia europea. Al mismo tiempo, también consideramos relevante adecuar la redacción de la directiva en relación con el requisito prohibido de tarifas obligatorias mínimas o máximas, que podría conllevar efectos perversos, como se especifica en la justificación de la enmienda, así como también la posibilidad de prever la creación de ventanillas únicas, posibilitando que cada administración pública en el ámbito de sus respectivas competencias instrumente su ventanilla, y también la posibilidad de incluir que la elección de la lengua de formalización del contrato de prestación de servicios corresponde al consumidor. Finalmente, también es interesante desde nuestro punto de vista que se haya podido modificar la redacción del proyecto de ley en relación con el requisito de prohibir la naturaleza económica de acuerdo con la directiva. En cuanto a la redacción del proyecto de ley, podría contemplar genéricamente muchos supuestos distintos a los previstos en esta directiva. Por tanto, también vamos a votar en esta misma dirección.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL BELDA: Gracias, señor presidente.


Intervengo también desde el escaño. Aquí vuelve del Senado la norma más importante dentro del proceso de trasposición de la Directiva de Servicios. Es la ley paraguas, es la ley que tiene que decir a todos cómo tienen que trasponer. El texto que salió del Congreso fue un texto en el que se aproximaron bien las posiciones de los distintos grupos, pero especialmente fuimos muy exigentes desde el Grupo Popular mejorando sustancialmente el texto y por esta razón ese es el texto que debe mantenerse, puesto que ha sido de una enorme utilidad e incluso ha sido muy apreciado por el propio Gobierno con las mejoras que el Grupo Popular ha introducido. Otra cuestión será el proceso legislativo de aplicación de esta normativa al conjunto de normas del Estado, que es el que empezará esta tarde en Comisión, en el que las diferencias con el Gobierno son mucho más importantes, especialmente porque hay determinadas cuestiones como puede ser el comercio minorista o como pueden ser los colegios profesionales, en los cuales los planteamientos del Gobierno no coinciden con los que el Partido Popular

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hace. En este sentido, sobre la ley paraguas nuestro grupo mantiene el texto que salió del Congreso y el resto del proceso legislativo llevará una discusión mucho mayor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nadal.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Meritxell Batet.


La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señor presidente.


Señorías, permítanme empezar mostrando la satisfacción por estar en la fase final del trámite parlamentario para la aprobación definitiva de una ley que traspone la Directiva de Servicios haciendo realidad una oportunidad para el sector. La ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio forma parte del núcleo medular del proceso real de integración europea. Todos debemos ser conscientes de que estamos en un momento importante de la integración y de la construcción de la Unión Europea, ya que confluyen tres regulaciones muy interrelacionadas y de gran profundidad: el conocido proceso de Bolonia, las cualificaciones profesionales ya traspuestas en España y, en relación con el ejercicio profesional, el proyecto de ley que hoy debatimos aquí junto con dos proyectos de ley adicionales que están en tramitación, la ley del comercio minorista y la conocida como ley ómnibus, de modificación de 47 leyes de nuestro ordenamiento jurídico.


Señorías, con la incorporación de estas normas comunitarias a nuestro ordenamiento, estamos liberalizando el sector servicios, pero también estamos construyendo Europa. Los objetivos principales de la directiva y por tanto del proyecto de ley que hoy aprobamos son, en primer lugar, un cambio de la concepción en las relaciones entre administraciones públicas y ciudadanía, así como un cambio también en la relación entre las propias administraciones públicas, articulando la exigencia de cooperación interadministrativa, la simplificación de la Administración y la modernización de la misma. En España ya hemos avanzado mucho en esta misma dirección. Hoy damos un paso importante y lo damos con un amplio consenso de la Cámara. En segundo lugar, la ley busca la homologación entre Estados miembros no permitiendo discriminación alguna para conseguir un auténtico mercado único de servicios. En tercer lugar, se pretende conseguir la liberalización y la potenciación de la competencia en la Unión Europea. Por último, este proyecto de ley ofrece garantía y mejora de la calidad de los servicios para la ciudadanía de la Unión, para los usuarios, para los clientes y para los consumidores. Que la calidad llegue a todos por igual es un objetivo de este grupo parlamentario. Sin calidad, la Unión Europea no será fuerte ni ocupará el lugar de liderazgo que le corresponde en la economía mundial. Estoy segura de poder afirmar que muchos de los que estamos hoy aquí y una inmensa mayoría de los ciudadanos compartimos estos objetivos.
Establecidos los objetivos, se trata, pues, de reflexionar sobre hasta qué punto nuestra realidad está a la altura de esta meta. Creo que el diagnóstico también sería compartido.


En primer lugar, nuestras normas no responden a estos objetivos, por lo que debemos adaptar nuestro ordenamiento jurídico, y en segundo lugar, debemos trabajar todos, también el sector servicios, para que estos objetivos sean una realidad. Pasar de lo jurídico a lo real es un salto imprescindible y que demasiado a menudo en este país no damos. Así, con la aprobación de este proyecto de ley, daremos un primer paso fundamental pero no suficiente para conseguir estos objetivos y empezar a cambiar el diagnóstico. Nos tendremos que enfrentar a nuevas realidades y nuevos retos que necesitan respuestas. Nosotros contamos con el apoyo de esta Cámara. Las tres ponentes de este proyecto de ley, las diputadas Gastón, Colldeforns y yo misma, estamos convencidas de que los cambios profundos -así lo dije en la Comisión-, los cambios estructurales de un país se deben hacer aunando puntos de vista, sumando visiones diferentes, incorporando reflexiones diversas. Creo sinceramente que todos los grupos parlamentarios han contribuido a mejorar el texto y este grupo político así lo quiere reconocer.


Para finalizar, quisiera trasladarles un mensaje de fondo. En un momento difícil como el que estamos viviendo, son importantes las medidas de choque que se puedan tomar, que han sido muchas, desde las ayudas al automóvil al plan de inversión local, pero al Gobierno también se le pide que tenga visión de futuro, que sea capaz de tomar medidas a medio y largo plazo, que transforme la realidad para enfrentarnos así a los problemas futuros de otra manera. Eso es lo que estamos haciendo, una reforma de calado, un cambio de paradigma, una reforma estructural de la que tanto hablamos. Sin duda, la nueva regulación facilitará la creación de empresas, el crecimiento y el empleo, elevará la calidad de los servicios y garantizará los derechos de los consumidores y de los destinatarios de los servicios. Por eso, desde este grupo parlamentario pensamos que ha sido y es importante que el máximo de grupos de la Cámara se sumen al consenso y especialmente que lo haga el Grupo Popular.
Celebramos que ello haya sido posible. En esta reforma de calado, que afectará a la economía del país a medio y largo plazo, agradecemos a los ponentes este ejercicio de responsabilidad. Esperamos y confiamos que continuarán haciéndolo en los sucesivos proyectos de ley que suponen la concreción y el despliegue de esta ley marco de principios generales que hoy aprobamos en el Congreso de manera definitiva, contribuyendo así a las reformas estructurales, como decía, que España tanto necesita. Señor Delgado, señor Nadal, han estado a la altura. Sabemos que si quieren, pueden. Solo esperamos que sigan construyendo país, porque estamos seguras de que los ciudadanos lo valorarán. No es -pensamos- el momento del tacticismo, sino el momento del interés general.


Gracias. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Batet.


- PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE PAGO. (Número de expediente 121/000025.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de servicios de pago. ¿El Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds desea intervenir? (Pausa.) No desea intervenir. Muchas gracias, señor Herrera.
¿El Grupo Vasco, PNV? (Pausa.) Tampoco desean intervenir. ¿El Grupo Catalán desea hacer uso de la palabra, don Josep? (Pausa.) No desean intervenir. Por el Grupo Popular don Juan Manuel Albendea tiene la palabra.


El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, a este proyecto de ley de servicios de pago se han incorporado dos enmiendas aprobadas por el Senado. Una corresponde al Grupo Parlamentario Popular y la otra al Grupo Parlamentario Socialista. La enmienda de mi grupo propone añadir un segundo párrafo en el apartado 2 del artículo decimosexto del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. Dicho apartado establece que en los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación contractual se halle en una situación concursal, el importe neto de las operaciones financieras amparadas en el acuerdo debe incluirse en el concurso como crédito o deuda de la parte incursa en dicha situación. Por otro lado, cabe recordar que dicha norma contiene una regulación diferente a la Ley Concursal, en la medida que ampara la declaración de vencimiento anticipado por motivo del concurso, lo que sin embargo está vedado en el régimen concursal general. Con la legislación actual podemos encontrarnos básicamente en dos situaciones derivadas de contratos amparados en el citado real decreto-ley, de una parte, la de aquellos acuerdos de compensación contractual vencidos con anterioridad a la declaración del concurso y, de otra, la de aquellos que continúan desplegando su actividad con posterioridad a su declaración y en los que la parte no concursada no ha ejercitado su falta de vencimiento anticipado.


El objeto de esta enmienda no es, pues, ni modificar la Ley Concursal ni ampliar el régimen especial contenido en el artículo decimosexto del real decreto-ley incluyendo nuevas singularidades, sino precisamente garantizar la adecuada coordinación entre ambas disposiciones legales a través de una remisión legal expresa que sancione la aplicabilidad de los artículos 61.2 y 62.4 de la Ley Concursal al supuesto de los acuerdos que sigan en vigor, una vez que alguna de las partes contratantes hubiera sido declarada en concurso. Por todo ello, pido a la Cámara que apoye esta enmienda que nos viene del Senado.


En el Senado se ha aprobado también una enmienda del Grupo Socialista, que mi grupo va a apoyar, de cuya explicación hago gracia a SS.SS. porque estoy seguro de que lo hará con más rigor que yo el portavoz socialista.
Únicamente quiero advertir que en dicha enmienda se hace referencia a la ministra de Economía y Hacienda. Estoy seguro de que los servicios de la Cámara habrán advertido la anomalía y, como corrección técnica, la sustituirán por el Ministerio de Economía y Hacienda, no vaya a ser que el día que en lugar de haber una ministra en la calle Alcalá haya un ministro no pueda aplicarse la norma.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albendea.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña María José Vázquez Morillo.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señor presidente.


Señorías, el proyecto de ley de servicios de pago, como se ha dicho anteriormente, tiene por finalidad la trasposición de la Directiva 2007/64 del Parlamento Europeo y del Consejo para su incorporación al ordenamiento jurídico español. La tramitación parlamentaria de este proyecto de ley ha estado cargada de colaboración en todo momento, negociando las enmiendas que se han presentado en las dos Cámaras para sacar adelante el mejor texto posible de una ley que seguro va a contribuir a reforzar y proteger los derechos de los usuarios de los servicios de pago. Facilita además la aplicación operativa de los instrumentos de la zona única de pagos en euros, lo que se ha denominado la SEPA, que probablemente estará finalizada en 2010 y que va a suponer que los servicios de pago que se presten en el ámbito de la Unión Europea se realicen como en un territorio sin fronteras. Vuelve del Senado esta ley, como ha dicho el señor Albendea, con dos enmiendas que si bien, efectivamente, no tienen nada que ver con el proyecto de ley de servicios de pago, sí mejoran algunas leyes con las modificaciones que se ha tenido a bien introducir en este momento. La enmienda introducida por el Grupo Socialista añade una disposición final de modificación de la Ley 211/1964, sobre la regulación de emisiones de obligaciones por sociedades que no hayan adoptado la forma de sociedades anónimas, asociaciones u otras personas jurídicas. La introducción de esta disposición final pretende abaratar los costes en las emisiones de valores públicos cuando se extienda el derecho de deuda del Estado. Tengo que decirle al señor Albendea que si ha visto la modificación introducida en la ley, no dice para nada ministra de Economía; en un principio hubo un texto en ese sentido, pero la redacción de esta disposición final nueva, aunque no la tengo realmente, no nombra ministra de Hacienda ni siquiera ministerio, solamente aquellos valores a los que se les extienda el régimen de deuda del Estado, así que por esa parte, tranquilo, que no habrá ningún ministro al que haya que llamarle ministra.


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Me gustaría hacer una aclaración a este proyecto de ley por los comentarios que ha habido, incluso publicaciones en prensa, después de su tramitación en el Senado, y hace referencia a la regulación sobre las tarjetas de crédito. Hemos leído en la prensa que esta ley impone la obligación de cobrar un porcentaje a los consumidores por parte de los beneficiarios de una orden de pago. Quizás esta equivocación venga por la enmienda que introdujo en el Senado el Grupo Popular, en la que proponía que se prohibiera por ley el cobro de alguna cuota por parte de los beneficiarios de una orden de pago. Tengo que decir que eso no es así, es completamente incorrecto porque esta ley no modifica para nada la situación actual. Lo que sí decía el Grupo Popular es que si se prohibía expresamente el cobro por ley, aumentaría el uso de tarjetas de crédito en nuestro país. Además decía que una vez que hubiera aumentado el uso de tarjetas de crédito, el Gobierno derogaría esta cláusula por real decreto. Nosotros no consideramos que esta sea una forma muy correcta de proceder por parte del Gobierno en este caso y además, si la norma es buena, por qué derogarla. Quizá habría que temer que hubiera abusos cuando hubiera aumentado el uso de las tarjetas de crédito. Ni a mi grupo ni, a la vista del rechazo, al resto de los grupos en el Senado nos ha parecido adecuada esta enmienda y creemos que quedándonos así los consumidores y la asociación de comerciantes estaremos más protegidos ante una posible subida de las cuotas por parte de la asociación bancaria a los comerciantes si esta prohibición se establece. De todas maneras la ley prevé que reglamentariamente el Gobierno podrá prohibir o limitar el cobro de estos gastos y esto gracias a una enmienda que introdujo en el Congreso Convergència i Unió; por lo tanto, si en algún momento se considera oportuno prohibir estos gastos, el Gobierno podrá hacerlo, pero hoy por hoy no creemos que el uso de las tarjetas de crédito aumente, puesto que en nuestro país es prácticamente inexistente el cobro de una cuota por parte de los comerciantes a los usuarios de la tarjeta.


Finalmente, termino ya reiterando el agradecimiento a todos los grupos por el consenso para esta ley que sin duda va a redundar en una mejora y en el estímulo de la competencia entre los mercados nacionales y, sobre todo, va a permitir la igualdad de oportunidades para competir. Además, garantiza un sistema común de derechos y obligaciones en la utilización de los servicios de pago.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez.


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE FOMENTO Y AGILIZACIÓN PROCESAL DEL ALQUILER Y DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS [PROCEDENTE DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS (121/000016) Y LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, EN ORDEN A UNA MAYOR AGILIDAD DE LOS DESAHUCIOS POR FALTA DE PAGO, Y DE AYUDA A SITUACIONES DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL (122/000010)].
(Número de expediente 121/000031.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de eficacia energética de los edificios... (El señor Albendea Pabón pide la palabra.)

Señor Albendea.


El señor ALBENDEA PABÓN: Señor presidente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con cordialidad, me ha contradicho en una cosa que no es cierta. Me ha dicho que la enmienda no habla de la ministra de Economía y Hacienda. Yo tengo aquí el Boletín Oficial del Senado del 15 de octubre de 2009 que dice expresamente en la disposición adicional primera que el régimen recogido en esta ley no será de aplicación a las emisiones de valores de entidades públicas a las que la ministra de Economía y Hacienda... Puede que sea una errata del boletín, pero...


El señor PRESIDENTE: ¿Queda satisfecho ya, señor Albendea?

El señor ALBENDEA PABÓN: Sí, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: El proyecto que les leía antes de que usara la palabra el señor Albendea es del que ahora vamos a estudiar las enmiendas del Senado.


Por el Grupo Parlamentario Mixto no hay ningún señor diputado; por tanto, no harán uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidente.


Señoras diputadas, señores diputados, subo a la tribuna porque entiendo que hoy es un día triste. Triste porque en la legislatura pasada, en un contexto de bonanza económica, a una proposición de ley de Convergència i Unió que pedía el desahucio exprés cuando las cosas iban económicamente bien el Gobierno dijo que no, que no tocaba, que no era el momento; y no era el momento porque entendían precisamente que se tenía que proteger, por supuesto al inquilino, y también al titular de la vivienda, pero que, en cualquier caso, lo que no se tenía que hacer era avanzar en el desahucio exprés, en la pérdida de tiempo y de garantías en el

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desalojo de las personas que están en una vivienda y que no pagan. La cuestión es que, en plena crisis económica y de forma sorpresiva, contradiciendo los criterios que habían planteado el Gobierno y el Partido Socialista en la legislatura anterior, en esta legislatura se aprueba la propuesta de Convergència i Unió -se ha aprobado el proyecto de ley- para que, en plena crisis económica y cuando mucha más gente no puede hacer frente al pago de su vivienda, aprobemos el desahucio exprés.
Creo que no es la mejor tarjeta de presentación en lo que se refiere a la sensibilidad social del Gobierno. Es más, es una sorprendente actitud comparada con la actitud que tuvo el Gobierno en la legislatura anterior y que sobre todo contrasta con este relato y este discurso de la fuerte sensibilidad social.


He subido a la tribuna para decir que nosotros lo lamentamos y que lo lamentamos prácticamente en solitario. Entendemos que necesitamos más garantías para el titular de la vivienda a quien lo que le sucede es que no le pagan. Por supuesto que sí. Pero esas mayores garantías tienen que venir de la mano de fondos del Estado para garantizar que eso no ocurra.
Entendemos a su vez que allí donde el desahucio se produce con los tiempos apropiados esto no ha supuesto un incremento de las políticas de vivienda. Les pongo el ejemplo del funcionamiento de los juzgados en la ciudad de Barcelona, donde el desahucio se ha producido con tiempos razonables y este factor no ha supuesto precisamente un incremento en el acceso a la vivienda.


Nosotros decimos que lo que hacemos hoy es aprobar una medida que puede dejar en la calle a mucha gente y que puede hacer que esta gente que se queda en la calle se quede sin colchón social alguno. En el debate de totalidad de esta ley don Pere Macias decía que no habrá problema porque en definitiva estas personas donde tienen que ir es al parque público de vivienda; ese parque público de vivienda que quizá exista en el país imaginario del señor Macias pero que no existe hoy en la España real. Por eso decimos que este proyecto de ley llega en el peor de los momentos. Y no sé si en la legislatura anterior tenía mucho sentido, pero lo que decimos es que en esta legislatura precisamente es un atentado. Sí, es un atentado a la mínima sensibilidad social. Se puede y se debe legislar para dar garantías al propietario, pero se debe garantizar que aquellas personas que entran en una situación de paro y, por lo tanto, en una situación de riesgo de exclusión social, no vean agravada su situación.
Hoy el riesgo de exclusión social no es un relato ni un discurso, es una realidad señoras diputadas y señores diputados. La pregunta es: ¿Qué garantía han introducido en esta ley para que esto no pase? No he visto ninguna, ninguna. Y lo que he visto es que avanzábamos en esta línea.


Para acabar, quiero decir que, en rehabilitación de edificios, la ley queda muy lejos de lo que nosotros pedíamos en rehabilitación energética de edificios, en eficiencia, etcétera, y por tanto creo que hemos desaprovechado otra oportunidad. No sé si la futura ley de economía sostenible aprovechará esa oportunidad; en todo caso, como venimos escuchado tanto sobre la sostenibilidad pero con tan pocos hechos, continuaremos esperando.


Nada más, presidente, gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, he quedado un tanto deprimido después de escuchar las lúgubres reflexiones del señor Herrera. Quiero decir que no podemos compartir esta visión tan pesimista de las virtualidades de este proyecto de ley y nos preocupan los ítems contrarios, precisamente, las dificultades de acceso a la vivienda de alquiler que son claras en el Estado español. La vivienda de alquiler tiene grandes virtualidades, facilita la elección de vivienda del ciudadano adecuándola a sus capacidades económicas, a sus requerimientos de movilidad geográfica, se vincula mejor al ciclo vital de las personas, lo cual provoca una patología sobre la que me gustaría que el señor Herrera reflexionase con más detenimiento, que es la consistente en que en el Estado español solo el 11 por ciento del parque de viviendas son viviendas en alquiler cuando la media de los países de la Unión Europea llega hasta el 40 por ciento. Algo estamos haciendo mal y esta ley contribuye a remover alguna de las cuestiones que se están haciendo mal para que el parque de viviendas de alquiler en el Estado español sea tan manifiestamente escaso e insuficiente. ¿Qué estamos haciendo mal? Uno de los problemas son los procedimientos de desahucio que inhiben a los propietarios a poner en el mercado de viviendas de alquiler sus propiedades, sus inmuebles, tanto en el ámbito de las propiedades urbanas como de las rústicas. Además, nos tenemos que ajustar, señor presidente -y hay que decirlo rápido porque sus invocaciones a la brevedad en el uso de la palabra obligan a comprimir mucho los discursos-, a los requerimientos de la nueva Ley de oficina judicial que fortalece las competencias de los secretarios en los órganos judiciales atribuyendo a sus decretos la facultad de la finalización de pleitos en materias de alquiler por razones de desahucio o por pleitos de otra naturaleza, por ejemplo, mediante el efecto producido por los decretos que dictan los secretarios cuando, por falta de pago de la renta, el no pagador -el arrendatario incumplidor- pone a disposición del secretario judicial las cantidades adeudadas al arrendador. Esto es un requerimiento que nos obliga desde una perspectiva de coherencia normativa con la nueva Ley reguladora de la oficina judicial. Pero, también hay que agilizar los procedimientos de desahucio, tengo la convicción -y el señor Herrera seguro que comparte esta opinión- de que la dificultad de remover a un inquilino incumplidor a través de los complejos procedimientos tuitivos de desahucio contra el

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propietario y a favor del inquilino hace pertinente esta invocación que se realiza en esta enmienda del Senado al proyecto de ley, donde se identifican los procedimientos de desahucio por impago de la renta a los procedimientos de desahucio por expiración de la obligación del contrato de arrendamiento. Nos parece buena la mención y no comparto sus lúgubres reflexiones respecto a la virtualidad de esta posibilidad de agilizar los desahucios en materia de arrendatarios incumplidores.


En el otro aspecto de esta ley, que es importante, vinculado a la estrategia española del cambio climático y energía limpia, nos parece muy pertinente, señor presidente, y con esto acabo, una enmienda introducida en el Senado donde se establecen -partiendo del presupuesto de que el consumo energético del Estado español en el ámbito de las viviendas llega al 17 por ciento, cantidad en absoluto despreciable- elementos de renovación de las energías en el ámbito urbano, de las viviendas, mediante la invocación o la exigencia a las administraciones públicas para que, en el marco de sus respectivas competencias, fomenten la renovación de las instalaciones eléctricas en el ámbito doméstico, mediante las disposiciones legales pertinentes, como instrumento de ahorro y de eficiencia energética. Esta es una mención particularmente relevante, ya que obliga también a controlar la funcionalidad de esta nueva mención mediante la creación de un cuerpo de inspectores que evalúen o controlen la buena gestión del nuevo fondo que se crea y que se gestionará por las comunidades autónomas.


En definitiva, los dos ámbitos: por una parte, la posibilidad de potenciar el mercado de viviendas de alquiler y, por otro, reducir las exigencias energéticas en el ámbito de las viviendas, son elementos que en opinión de nuestro grupo parlamentario mejoran notablemente la ley y merecen nuestro apoyo y voto positivo a las enmiendas del Senado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, hoy debatimos una ley -la enviaremos ya al BOE tras la aprobación final de este Pleno de la Cámara- que tiene su origen en una proposición de ley de Convergència i Unió; en ocasiones se pierde el rumbo del autor de la iniciativa. El Gobierno ha intentado apropiarse de la autoría de esta iniciativa y, cuando se aprueba en el Senado, lanza una nota de prensa explicando las bondades de la nueva normativa impulsada, se decía, por el Gobierno. El Gobierno también la ha impulsado, pero después de Convergència i Unió. Es una iniciativa que tiene su origen ya en la pasada legislatura. Si repasáramos los "Diarios de Sesiones" se vería que este mismo portavoz que les habla la defendió ya en la pasada legislatura; después se defendió en el Senado por parte del entonces senador Pere Macias; se tomó en consideración en el Senado, entró en el Congreso y, después, la ministra Chacón anunció también que el Gobierno la iba a impulsar; finalmente, la ministra Corredor la ha coimpulsado en esta legislatura, después de que Convergència i Unió la hubiese defendido.


¿Por qué Convergència i Unió propuso este cambio normativo? Todos afirmamos que el número de alquileres en nuestro país es bajo; realmente las cifras así lo demuestran: como media europea hay un 40 por ciento de vivienda en alquiler, en España el alquiler representa tan solo el 11 por ciento. Algo está pasando aquí, porque se alquila mucho menos. Hay una cultura distinta, la ciudadanía prefiere la compra-venta, prefiere la propiedad, pero hay otro factor que incide en que haya menos alquileres, que es el temor del propietario, que quizá alquilaría, a tener después un procedimiento de desahucio poco ágil si el arrendatario no le paga. Lo que hace esta ley es agilizar el desahucio en casos de falta de pago.
Esta es una necesidad que muchísimos propietarios piden, y muchos, si saben que existe esta posibilidad, van a poner sus viviendas en alquiler; habrá más oferta, y si hay más oferta también se abaratarán los precios.
Por tanto, en nada es negativa esta nueva normativa que impulsó Convergència i Unió en su día.


También quiero rendir homenaje hoy a una persona. Para Convergència i Unió esta es la ley Martínez Saurí. Tuvimos un diputado, Santiago Martínez Saurí, que propuso la práctica totalidad de las normas que hoy se modifican y después el Gobierno siguió sus pasos. Es bueno también reconocer hoy aquí la autoría intelectual del abogado, ex diputado de nuestro grupo, Santiago Martínez Saurí, y la labor que ha realizado en este ámbito.


Es cierto -el señor Herrera lo decía- que estamos en un momento de crisis económica, de graves angustias sociales, y los poderes públicos deben atender los supuestos de necesidad social que se den, como el de las personas que no pagan su renta de alquiler, no por capricho sino porque están en una situación desesperada; pero también es cierto que no debe exigírsele al propietario, porque a veces la propietaria es una viuda que tiene ese alquiler como complemento a su pensión de viudedad muy baja, que no cobre el alquiler. No, no, hay que garantizar el cobro del alquiler y, por tanto, el desahucio cuando no se pague, pero también pedir a los poderes públicos que, a través de la asistencia social, tengan en cuenta la desesperación de muchas familias que pueden encontrarse en una situación límite. Por tanto, no desconocer esta situación desesperada pero tampoco decir que esa desesperación la tenga que asumir el propietario de una vivienda en alquiler cuyo inquilino no paga, porque ese propietario lo que va a exponer al conjunto de la sociedad es que por qué alquiló su vivienda, que es mejor no alquilar, y así estaremos en ese círculo vicioso, en ese, repito, 11 por ciento de vivienda de alquiler en España frente al 40 por ciento de la Unión Europea. Esperemos que esta ley tenga sus resultados de justicia hacia aquellos que ven que sus

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rentas no se pagan y por tanto tienen un quebranto económico en sus propiedades, pero que dé también sus resultados en la ineludible dinamización del alquiler y en su necesario abaratamiento a partir de esa mayor oferta. Esperemos que ese desahucio más ágil sea también una garantía final para el conjunto de la ciudadanía.


Finalmente, quiero agradecer a todos los portavoces su colaboración en la tramitación de la proposición de ley y, después, de este proyecto de ley; de ambos, pero primero de la proposición. Quiero agradecerles a todos su colaboración y también a don Marcos Vaquer, del Ministerio de Vivienda, que es el inspector de las negociaciones en esta casa cuando se trata de vivienda porque él, con muy buen estilo negociador, intenta, enmienda a enmienda, buscar la mejor redacción posible; también a él le debemos agradecer el fruto final de la ley que hoy vamos a aprobar.


Señor presidente, señorías, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Pablo Matos.


El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la enmienda aprobada por el Senado a la nueva disposición adicional tercera correspondiente a la creación del fondo económico destinado a sufragar la inspección de las instalaciones eléctricas en el ámbito doméstico.
Estamos completamente de acuerdo con el fomento de la renovación de este tipo de instalaciones que colaboren en el ahorro y la eficiencia energética. Y nos vamos a abstener en las enmiendas correspondientes a los apartados 2 y 18 del artículo 2º y a la nueva disposición transitoria segunda que trasponen, creo que con poca fortuna, las nuevas facultades del secretario judicial. Pero lo que sí deseamos que quede absolutamente claro e inequívoco en relación con las modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que el Gobierno nos propone es que estas modificaciones no son las que veníamos reclamando desde el Partido Popular hace ya cuatro años. Cuatro años reclamando modificaciones legislativas que dieran plena seguridad jurídica al contrato de arrendamiento; cuatro años reclamando modificaciones legislativas que de verdad invitaran a incorporarse al mercado de alquiler a los cientos de miles de viviendas vacías, que invitaran a aquellos propietarios que renuncian voluntariamente a una renta a percibir una renta, por pequeña que esta sea, porque arrendar una vivienda hoy en día en nuestro país es una auténtica aventura. Cuatro años y cuando al fin el Gobierno accede nos propone una modificación ridícula, completamente ineficaz y además sin aceptar ninguna de las propuestas que le hemos hecho desde el Partido Popular.


Señorías, la única modificación en la Ley de Arrendamientos Urbanos es la ampliación de los supuestos de denegación de prórroga en el caso de que el propietario necesite la vivienda para sus familiares en primer grado o para su cónyuge en los supuestos de sentencia de divorcio, pero incomprensiblemente mantienen el requisito de haberlo hecho constar en el contrato. Es decir, en vez de contemplar con normalidad una circunstancia sobrevenida, como puede ser un divorcio, obligan al propietario a establecer en el contrato, al tiempo de firmarse, que prevé divorciarse antes de los próximos cinco años. Ustedes saben que esto es completamente ridículo, y que se acabará convirtiendo solamente en una cláusula que se establecerá en el contrato con mejor o peor estilo. Las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se proponen no cabe duda que mejoran el proceso de desahucio, pero ustedes también saben perfectamente que el acortamiento o la supresión de plazos y trámites y de notificaciones o la posibilidad de simultanearlos, sin duda bien intencionados, no van a tener ninguna eficacia ante el colapso que se vive en la Administración de Justicia en nuestro país.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular apoyó la toma en consideración tanto de la proposición de ley de CiU como del proyecto del Gobierno, que se refundieron en un solo texto. Presentó a la proposición de ley 14 enmiendas, y al proyecto de ley, 13 enmiendas en el Congreso y 15 en el Senado. De estas 42 enmiendas solo fueron aceptadas dos. Estos datos reflejan la voluntad del Partido Popular de aportar apoyo político y hacer propuestas novedosas que incentiven el mercado de alquiler, pero también reflejan la inequívoca voluntad del Gobierno y del Partido Socialista de rechazar las propuestas y el apoyo que venga del Partido Popular. Puestos a rechazar hasta nos rechazaron la propuesta más novedosa, la creación de un registro central de inscripción de sentencias firmes de desahucio. No se trataba de un registro de morosos, de deudores, se trataba de un registro de sentencias firmes de desahucio que permitiera al propietario conocer si la persona a la que le va a alquilar la vivienda de su propiedad ya ha tenido antecedentes de obligar a un arrendador a instar el auxilio judicial para poder recuperar la posesión de la misma. Esta medida expulsaría del mercado a los profesionales del impago, a aquellos que entregan la fianza, pagan un mes de alquiler y luego viven gratis el tiempo que la lentitud de la justicia les permite.
Desde esta tribuna anunciamos la presentación en la próxima semana de una proposición de ley de creación de este registro central de sentencias firmes de desahucio.


Señorías, les apoyamos en la necesidad de dotar de seguridad jurídica al contrato de arrendamiento. Ustedes han rechazado todas nuestras enmiendas y aprueban una ley que de verdad no va a servir para nada, y para proyectos que no sirven para nada jamás les daremos nuestro apoyo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matos.


Por el Grupo Socialista para fijar posición tiene la palabra doña Ana María Fuentes.


La señora FUENTES PACHECO: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Herrera, yo tampoco estoy feliz. Estaría feliz si la situación económica fuese otra, si todos y cada uno de los ciudadanos, a los que representamos en esta Cámara, tuviesen acceso a una vivienda digna, pero sí estoy satisfecha. Es el concepto psicológico que aplicamos cuando entendemos que hemos hecho nuestro trabajo y que además lo hemos hecho bien. Yo entiendo el proyecto de ley de fomento del alquiler y la eficiencia energética como un trabajo añadido a todos los que se están poniendo en marcha por parte del Gobierno, y entiendo que el Gobierno de la nación ha dado un gran impulso con este proyecto de ley que va a favorecer la movilidad laboral, que va a favorecer la emancipación de los jóvenes y que además va a favorecer la toma de decisiones personales, que sería imposible si no modificamos las pautas que existen actualmente.
Estoy satisfecha porque creo que hemos hecho un trabajo colectivo que ha mejorado tanto el proyecto de ley que presentó el Gobierno en esta Cámara como la propuesta que también se había votado favorablemente en esta Cámara. Tenemos que poner en valor que hemos aumentado el número de alquileres y eso se ha hecho porque por parte del Gobierno se han puesto en marcha medidas como la creación de la Sociedad Pública de Alquiler, la renta de emancipación o un nuevo Plan Nacional de Vivienda que incluye modificaciones importantes y apuesta de un modo directo por el alquiler.
En 2008 hemos aumentado de una forma muy significativa los alquileres, llegando al 18 por ciento de aumento. Estamos, ya no tenemos el 11 por ciento, como decía anteriormente usted. Pero no estoy feliz porque veo cómo otros países de la Unión Europea tienen un 40 por ciento. A ese porcentaje aspiramos nosotros. Lo que sí está claro es que este proyecto es equilibrado y permite una mejor situación para arrendador y para arrendatario, que además va a permitir que los avales y las garantías que hasta ahora se estaban imponiendo por el arrendador sean menores porque este va a tener mayor seguridad jurídica. Lo que está claro es que hemos modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Propiedad Horizontal para hacer más flexible el mercado. Por lo tanto, tengo claro que esta norma va a dar más agilidad y eficacia a los procesos judiciales de desahucio. Ese era el objetivo de esta ley: hacer que una parte importantísima, la parte jurídica que apoya los alquileres fuese más sensible. Además hemos resuelto un problema esencial y es que los arrendadores podrán resolver el contrato de alquiler si lo necesitan tanto para sus hijos como para sus padres o cónyuges. Por supuesto, señor Matos, tendrá que hacerse con una cláusula.
Estamos haciendo que sea posible jurídicamente y para que las cosas sean posibles jurídicamente la claridad es algo importantísimo. De ahí que se exija que esté previamente establecido. Estamos intentando ponderar dos derechos: el derecho del arrendador y el del arrendatario.


Por último, vamos a votar favorablemente dos enmiendas, las que hacen referencia a la adaptación del proyecto de ley a la nueva oficina judicial que tenemos en la ley orgánica, pero votaremos en contra de la enmienda que proponía CiU en el Senado, en primer lugar, porque se grava a todas y cada una de las familias, sin distinguir cuál es su renta, y en segundo lugar, porque encarece la compra y al mismo tiempo el alquiler; es decir estaríamos haciendo la vivienda más cara y sería más difícil que acabáramos con el stock existente actualmente y, por tanto, con la crisis del sector inmobiliario. Estaríamos haciendo mal si en esta ley pusiésemos chinitas en el camino de la recuperación económica y además sería un contrasentido que estuviésemos reformando una vivienda que posteriormente se va a vender y que no sabemos cómo va a ser reformada.
Hoy no es un día de felicidad pero sí de plena satisfacción para el Grupo Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Deseo anunciarles que, tras la intervención del señor Albendea, he ordenado la comprobación de lo que se manifestaba y, puede estar tranquilo señor Albendea, se ha producido la corrección. También puede estar tranquila la señora Vázquez porque no faltaba a la verdad con su afirmación. El señor Albendea me ha pedido que si, lo deseaba, retirase su intervención del "Diario de Sesiones". Le agradezco su cortesía y su caballerosidad pero la mantendremos en esos términos.


Muchas gracias.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número de expediente 121/000032.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto IX del orden del día, dictámenes de Comisiones. Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley orgánica sobre derechos y libertades de extranjeros en España y su integración social.


Corresponde en primer lugar la palabra a las señoras Barkos y Díez, que no se encuentran en el hemiciclo. Entiendo que renuncian ellas dos a la palabra y la tendría la señora Fernández Davila. (Pausa.) ¿Y el señor Perestelo? (Asentimiento.) También. Perdón, aclárenme. ¿Quién va a intervenir por el Grupo Mixto? Ustedes dos. En primer lugar, tiene la palabra la señora Fernández

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Davila, pero entiendo decaídas las solicitudes de palabra de las señoras Barkos y Díez. Lo digo para que SS.SS. puedan usar su tiempo.


Muchas gracias.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


En esta intervención, además de dar por defendidas las enmiendas de las señoras Barkos y Díez, que no pueden estar en este momento, vamos a defender las 42 enmiendas que nos quedan vivas de las 64 que presentamos a este proyecto de ley. En el breve tiempo que tenemos vamos a hacer referencia, no a todas las que nos quedan vivas pero sí a algunas de ellas porque tienen importancia. Concretamente, en la número 27 al artículo 31.3 presentamos unas modificaciones porque nos preocupa que en el caso de aquellas víctimas que soliciten autorización de residencia, una vez obtenida la orden de protección y no dispongan de contrato de trabajo u oferta de colocación, su situación personal les impida trabajar. Entendemos que no debe ser de aplicación en estos casos lo que en el proyecto de ley se propone en el artículo 31.2 ya que a la mujer víctima de violencia de género o doméstica que solicita autorización de residencia no se le debería pedir que acreditara medios de vida suficientes sin necesidad de realizar actividad lucrativa. Del mismo modo, queremos explícitamente defender la enmienda número 85, que solicita la supresión de la disposición adicional segunda. Lo hacemos por el reconocimiento del principio de igualdad de trato ya que creemos que los familiares de españoles han de ser incluidos en el ámbito de aplicación del real decreto sobre entrada de libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la UE y de los otros Estados partes del acuerdo con la Unión Europea. Para nosotros esto es importante. Lo hemos defendido en otras iniciativas anteriormente a este proyecto de ley y mantenemos la enmienda. También mantenemos las enmiendas 42 y 45 que están relacionadas con cuestiones del padrón municipal, donde las personas extranjeras tendrán que inscribirse. Este apartado sancionador se excede y sanciona a personas cuyos datos, por alguna omisión, no consten correctamente en el padrón. En nuestra opinión, la Ley de Extranjería no debería incluir sanción en aspectos que están contenidos en la legislación para todos los ciudadanos del Estado, sean inmigrantes o no. Entendemos que no se debe dar a los inmigrantes un tratamiento diferente. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Señorías, la enmienda que defendemos y que va a motivar que no podamos votar favorablemente este proyecto de ley es la número 68 al artículo 62.2, que está relacionada con los días de internamiento en los centros correspondientes. No parece razonable que una persona que presuntamente ha cometido un acto delictivo y que está pendiente de extradición pueda verse privada de libertad más de cuarenta días, mientras que en el proyecto de ley las personas extranjeras que únicamente están pendientes de una expulsión de tipo administrativo estén retenidas más de sesenta días. Hemos presentado diferentes alternativas para llegar a acuerdos con el grupo mayoritario de la Cámara, pero en esta cuestión no ha sido posible. Cuando defendimos la enmienda de devolución, dijimos que había aspectos fundamentales, uno de los cuales era este que acabo de defender.


Aprovechando lo que nos resta de tiempo, quiero manifestar los grandísimos avances producidos en el trámite de este proyecto de ley en ponencia, que han mejorado la Ley de Extranjería y que hacen que hoy venga a esta Cámara en unas condiciones muy distintas porque garantiza, desde el punto de vista jurídico, una mayor protección a los inmigrantes, de manera especial a los menores, de lo que el proyecto del Gobierno inicialmente recogía. Asimismo, se incorporan cuestiones muy importantes relacionadas con la violencia de género o la trata de blancas, asuntos que, como manifestamos en el debate de totalidad, eran fundamentales.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, tiene que acabar.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta.


En la medida en que hemos avanzado mucho en estos aspectos, el Bloque Nacionalista Galego anuncia su abstención a este proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, Coalición Canaria va a apoyar este proyecto de ley. Lo manifestamos cuando se debatió la enmienda a la totalidad y también en la Comisión. En este momento quisiéramos agradecer el trabajo, la colaboración y la sensibilidad de la portavoz del Grupo Socialista, señora Esteve, en este tema. Su trabajo ha posibilitado no solo el diálogo con el Gobierno, positivo, sino también el entendimiento con Coalición Canaria a la hora de afrontar el tema, quizá, para nosotros más preocupante de todo este proyecto de ley. Me refiero a los menores extranjeros no acompañados. Incorporar al preámbulo la filosofía que siempre ha defendido Coalición Canaria en Canarias y también en esta Cámara nos parece un paso importante, aunque no decisivo. Creemos que se puede avanzar un poquito más y que habría que haber hecho un esfuerzo mayor para lograr la cotutela y para lograr algo importantísimo que el propio comisario, vicepresidente de la Comisión Europea, señor Barrot, planteó en Canarias en una visita sobre la corresponsabilidad de los países miembros con los menores inmigrantes, con los menores

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extranjeros no acompañados. Para nosotros, reitero, significa un avance importante.


Sabíamos que en el proyecto de ley inicialmente no existía esa voluntad, por lo que valoramos el trabajo de la señora Esteve en este tema. También valoramos positivamente el plan estratégico que se realizará en los próximos años y lo que mandata el proyecto de ley en relación con la financiación para la atención de estos no menores extranjeros no acompañados. Son menores que necesitan una asistencia educativa y formativa que no pueden ser asumidas de forma exclusiva por una comunidad autónoma o por una institución pública. Por ese motivo, el compromiso de un plan plurianual que permite afrontar estas necesidades significa un avance que posibilita el acuerdo y el voto favorable de Coalición Canaria, que es el que vamos a dar a este de proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Perestelo.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene, en primer lugar, la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, hoy estamos en un contexto de crisis y en un contexto de crisis en materia de inmigración lo que toca es el discurso sobre la integración. ¿Con qué nos hemos encontrado? Con una ley que habla de un discurso duro sobre la inmigración, exactamente lo contrario de lo que toca en un momento como el actual. Lo cierto es que en esta ley tenemos más que un botón de muestra. En los CIE, en los Centros de Internamiento para Extranjeros, nos hemos encontrado con que lo que ha importado es la ampliación de la retención en los centros de internamiento a partir de una sanción administrativa. Hemos pasado de cuarenta a sesenta días, cuando la directiva no decía nada sobre la materia.


En reagrupación familiar se han olvidado de los derechos de la familia y para reagrupar hoy se tarda ya no dos años, sino cinco. Se ha evitado que la reagrupación se pueda producir en los ascendientes que tengan menos de 65 años y, por supuesto, se han olvidado de la reagrupación para los españoles que tienen hoy menos derechos que un ciudadano comunitario para reagrupar un familiar extranjero. ¿Qué ha primado en ambos casos? El discurso duro porque sabemos que para la expulsión lo que hace falta no son veinte días más, sino -y la policía lo dice- más recursos y porque sabemos que para la reagrupación no se trataba de un problema de política migratoria pues afecta a centenares de personas. Pero lo que importaba en ambos casos era un discurso duro.


Se ha mantenido la disposición adicional cuarta, aquella que el Gobierno del Partido Popular aprobó; aquella que hablaba de la no admisión a trámite; aquella que permitía que los ciudadanos extranjeros no tuviesen el derecho en materia administrativa que nos asiste a todos los ciudadanos, que nos digan sí o no por parte de la Administración ante un recurso que hemos presentado. Se ha mantenido y se mantiene con claros vacíos la consagración del no acceso a la educación no obligatoria, del no acceso a las políticas de vivienda a aquellos que no hayan residido más de cinco años. Es grave el mantenimiento de sanciones en torno a la solidaridad, con infracciones sobre el empadronamiento y sobre la hospitalidad. Se limita la asistencia jurídica gratuita, manteniendo el requisito de hacer, por ejemplo, una nueva solicitud cuando se agote la vía administrativa. Se tiene que demostrar que se carece de recursos. En el arraigo social no se avanza o, como mínimo, no se consolida garantizando que por ley ese arraigo sea como máximo de tres años. En el derecho de voto no hay avances y en el compromiso para que los ciudadanos puedan acceder por igual a la nacionalidad, tampoco hemos avanzado.


Este es el balance y este es el contexto. La realidad es que hoy por parte del Gobierno se prima el discurso duro antes que la realidad, y tenemos muchos ejemplos. Hay que reconocer que se han producido avances en la tramitación de la ley y quiero agradecer la actitud de todos los ponentes, de todos, y, para empezar, del grupo mayoritario, de Esperança Esteve y de Óscar Seco. Si no se ha ido más allá, si se han mantenido las líneas rojas del discurso duro es porque el Gobierno ha dicho que esas líneas rojas no se podían traspasar, pero sé que ha habido un esfuerzo para garantizar que haya más derechos en los CIE, para conseguir que la reagrupación familiar lleve parejo el permiso de trabajo para garantizar, en definitiva, que hubiese avances respecto a una mala redacción.


La ley empezó muy mal con el anteproyecto, continuó mal con el proyecto y, de hecho, nosotros presentamos una enmienda a la totalidad que no era solo la enmienda a la totalidad de nuestro grupo, que era la enmienda a la totalidad de las ONG que trabajan en materia de inmigración, de la absoluta mayoría de las ONG que trabajan en materia de inmigración y que hoy nos acompañan. Queríamos que los elementos que allí se planteaban se sustanciasen, pero nos hemos encontrado con que no hemos podido avanzar.
Nuestro grupo va a continuar trabajando codo a codo con las ONG y hablando con el Gobierno. Sabemos que la presentación de la enmienda a la totalidad seguramente fue el factor infranqueable que hizo que el Gobierno, aquello que nuestro grupo planteaba, aquello que las ONG querían, aquello que el sentido común demandaba, finalmente no pudiese ser visto y solventado. Por eso nuestro grupo va a mantener aquello que dijo en la enmienda a la totalidad, sabiendo que se ha trabajado mucho y que se ha mejorado, pero entendiendo que esas líneas rojas del discurso de la dureza, de un discurso que habla de una realidad que luego no puede llevar a la práctica, sean esas líneas rojas de sesenta días en los centros de internamiento...


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Herrera, por favor, tiene que acabar.


El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señora presidenta.


Esas líneas rojas dificultan la reagrupación. Eso se ha querido mantener.
Lamentamos que esto haya sido así. Esta ley, con estos temas y con muchos más que no tengo tiempo de explicar, pero que he explayado en la Comisión...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera. Ha acabado su tiempo.


El señor HERRERA TORRES: Eso hará que mi grupo parlamentario...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Herrera, no tiene la palabra.


Señor Tardà, por favor.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, durante años Esquerra ha reclamado una modificación profunda de la Ley de Extranjería, del Partido Popular, para dotarnos de un texto legislativo acorde con un Estado democrático avanzado, una ley para encarar el gran reto de convertir el fenómeno de la inmigración, la presente y la futura, en una oportunidad para todos, para quienes han nacido aquí, para aquellos que llegaron en los últimos años y para quienes se incorporarán a nuestra sociedad en un futuro; una ley garantista en cuanto a derechos, respetuosa respecto a los marcos estatutarios y que a la vez mandatara resolver con plazos aquellos ámbitos que no pudieron asumirse de inmediato.


Señorías, el proyecto de ley que presentó el ministro Corbacho no hacía honor a un gobierno socialista. Por esta razón decidimos presentar una enmienda a la totalidad, para obligar al Gobierno a corregirse; en definitiva, aunar la contundencia parlamentaria con el llamamiento a la reflexión de las ONG y a la movilización popular, todo ello para contribuir a socializar el debate de los derechos de los inmigrantes en la calle y en los medios de comunicación. De ahí nuestro reconocimiento a las entidades de inmigrantes del Vallès occidental, que anduvieron 600 kilómetros hasta llegar a este Parlamento y entregar sus demandas. Al fin el Gobierno ha tenido que corregir un tanto el tiro, pero solo un tanto.
A la vez debemos reconocer los republicanos que no hemos culminado nuestras aspiraciones.


Vayamos por partes. Ciertamente, el texto que va a aprobarse en términos generales respeta el marco competencial estatutario y ello ha sido debido en gran medida gracias al empuje de los partidos catalanes. El catalanismo político ha actuado en este ámbito de acuerdo con los contenidos del pacto nacional y la Llei d´Acollida, a aprobar, como con la actuación del Gobierno catalán, cuya política inmigratoria dirige Esquerra Republicana. Aún así, todavía quedan algunos déficits en el ámbito autonómico que exigen mantener una serie de enmiendas a votación.
De hecho, lamentamos que también en esta ley, una vez más, la actividad de los diputados catalanes haya tenido que centrarse mucho en convencer a la izquierda española de que debe respetar los estatutos de autonomía.
País Valencià, Illes Balears y Catalunya concentran el 25 por ciento de la población inmigrante y no podemos permitirnos leyes que pongan palos a la rueda de nuestro autogobierno.


Señorías, decía anteriormente que no hemos podido culminar nuestros objetivos porque el inmovilismo del Gobierno en algunas cuestiones ha sido extraordinario, al menos hasta el día de hoy, y ello tiene una explicación. El Gobierno diseñó y redactó una ley pensando en atraer al Partido Popular. Conseguir que modificara la ley hasta alcanzar un texto aceptable, de acuerdo con las exigencias reales de justicia, resultaba una proeza. Quedarán, pues, en el tintero sin resolver cuestiones tan importantes como el mismo reagrupamiento familiar. ¿Cómo pretenden que los republicanos legitimemos que solo puedan reagrupar ascendientes los emigrantes con permisos de larga duración? ¿Cómo pretenden que los republicanos aceptemos la no consagración de la total igualdad de derechos entre autóctonos e inmigrantes en cuanto a la vivienda, educación y sanidad? ¿Cómo pretenden que los republicanos aceptemos la ignominia de prolongar sin más hasta sesenta días el plazo de internamiento de las personas inmigrantes en los centros de internamiento? ¿Cómo vamos a aceptar los republicanos que se nieguen en redondo a modificar el Código Civil, a fin de que las personas no provenientes de las repúblicas sudamericanas no tengan que esperar hasta diez años para solicitar la nacionalidad? ¿Cómo íbamos a aceptar los republicanos que la ley no remitiera a modificaciones para que todos los residentes pudieran ejercer el derecho al sufragio en las elecciones municipales?

Señorías, Esquerra ha mantenido una actitud de denuncia de los déficits y de presión al Partido Socialista, convencidos de la necesidad de empujarlo antes, ahora y después de la aprobación de la ley hacia posiciones más comprometidas con los derechos de los ciudadanos y en especial con los más desfavorecidos, en este caso los inmigrantes. A la vez, Esquerra ha mantenido una actitud de diálogo desde el primer día, de ahí el número de transaccionales que cuelgan de sus enmiendas. Diputados y diputadas del Grupo Socialista, hagan un ejercicio de reflexión política sobre la necesidad de corregir, si no hoy, sí en el Senado.
Hasta el último día Esquerra estará abierta al diálogo. Acepten al menos reconocer la modificación del Código Civil, pongamos fechas y pactemos discutir, posteriormente, los años de residencia a exigir. Acepten cuarenta días de internamiento y pactemos qué excepcionalidades pudieran asumirse. Concreten cómo materializar la superación de la reciprocidad para garantizar el sufragio en las elecciones municipales y pactemos su calendario.


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Señorías, esta es la posición de los republicanos catalanes. Por ello, en el día de hoy, manifestamos que no vamos a votar a favor de esta ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Rafael Hernando.
(Pausa.)

Perdón, señor Olabarría, no le habíamos incluido en el turno de intervenciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría. ¿Es en turno de enmiendas o en fijación de posición?

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Hay enmiendas vivas.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Proceda, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Procedo con mucho gusto, señora presidenta.


En relación con esta ley, y después de haber escuchado atentamente las reflexiones del señor Tardà y la invocación a los republicanos -tampoco sé cuando habla de los republicanos a quiénes se refiere, yo no creo que haya demasiados monárquicos en esta Cámara-, considero que es una obiter dicta que en todo caso no afecta a los contenidos que vamos a debatir a continuación.


Quiero empezar mi intervención felicitando especialmente a la portavoz del Grupo Socialista, señora Esteve, y a sus compañeras y compañeros, porque en esta ley se ha hecho parlamentarismo. No es habitual que haya parlamentarismo y que los proyectos de ley que presenta el Gobierno sufran transmutaciones esenciales en los trámites parlamentarios. Yo llevo muchos años en esta Cámara y le aseguro que no estoy acostumbrado a una actuación tan noble y legitimadora incluso del parlamentarismo y de la institución parlamentaria, que ha provocado modificar elementos ontológicos del proyecto de ley que en su día presentó el ministro de Trabajo, señor Corbacho, y cuya ausencia en este momento lamento y no comprendo. Además de esta circunstancia, quiero agradecer a todos los portavoces su trabajo, porque todos han hecho aportaciones relevantes. No nos olvidemos del letrado de la Comisión que ha tenido que gestionar más de 700 enmiendas con un esfuerzo realmente loable y tampoco me gustaría que quedara fuera de los agradecimientos que mi grupo parlamentario considera pertinentes. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Han logrado ustedes una transmutación de tal voluntad, no sé si con acuerdo del Gobierno, sin acuerdo del Gobierno, al margen del Gobierno, con el Gobierno o contra el Gobierno, me da lo mismo, que nos han admitido cuestiones tan sensibles en materia de derechos humanos y libertades públicas -mediante la aceptación de enmiendas de nuestro grupo- como la supresión de la posibilidad de suspender el internamiento por habeas corpus o por asilo -cuestión no irrelevante-; más garantías jurídicas al contemplar la actuación en el ámbito de la instrucción sumarial de dos jueces de instrucción; en materia de reagrupación, la supresión de trabas al empleo durante el primer año de las personas reagrupadas cuando estas sean cónyuges e hijos; una reforma importante de la disposición adicional cuarta para posibilitar solicitudes de residencia a personas en situación de persecución por violencia de género, trata de personas, explotación laboral y tráfico ilícito. En el ámbito del proceso de infracciones, yo le agradezco, señora Esteve, que hayan aceptado la dulcificación de las aristas más punitivas de un proyecto de ley que, si por algo se caracterizaba originariamente, era por esto. Han reducido la gravedad e incluso los tipos de infracción o las conductas meritorias de ellas. La incorporación de cooperativismo es algo particularmente sensible para mi grupo parlamentario, dada la implantación de grupos cooperativos importantes en Euskadi, cosa que yo agradezco. Me gustaría escuchar por su boca o por la de quien vaya a intervenir en nombre de su grupo parlamentario que en materia de distribución de menores no acompañados realmente se van a introducir en la ley elementos objetivos de distribución entre las comunidades autónomas de estos menores porque es inasumible la situación existente en la actualidad. La Comunidad Autónoma del País Vasco no puede tener 640 menores no acompañados, la Comunidad canaria no puede tener 1.300 menores no acompañados en sus servicios asistenciales, la Comunidad de Madrid tiene que tener más de 128 y la Comunidad de Valencia tiene que tener más de 100. Esto es manifiestamente injusto y quiero oír que realmente este programa se va a corregir mediante la introducción de elementos objetivos.


Dicho lo cual, señor presidente, aquí ha habido debates cruzados de naturaleza ontológica y filosófica y he discrepado -esto es una novedad para mí- con mi amigo el señor Campuzano por primera vez en la historia.
Es raro, es realmente una extravagancia casi discrepar con el señor Campuzano, cuyo fenotipo progresista le reconocemos todos los diputados que le conocemos desde hace muchos años en esta Cámara. Sus reticencias al multiculturalismo, a la necesidad de incorporar incluso las proyecciones de los planes europeos aprobados por la Unión Europea en su documento del año 2004 relativo a las políticas de integración de inmigrantes desde la perspectiva de la bidireccionalidad, la no exigencia o la consideración de la multiculturalidad y de la interacción entre el extranjero y los ciudadanos españoles como un bien en sí mismo y las enmiendas que han sido aceptadas con estos planteamientos filosóficos a mi grupo pero que paradójicamente han coincidido con la aceptación de enmiendas de signo filosóficamente contrario de su propio grupo, nos hacen dudar sobre la identidad filosófica de esta ley. Ya hablaban Kant y sus seguidores de la imposibilidad metafísica de ser y no ser al mismo tiempo. Yo no sé qué es o qué no es, o se es multicultural o no se es multicultural; veremos a ver cuando se hayan integrado

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fácticamente las sentencias qué dimana de ahí. Señor Campuzano, el multiculturalismo es un bien en sí mismo y la exigencia a los extranjeros de requerirles el aprendizaje o la asunción de los derechos y libertades fundamentales del Estado español es una extravagancia.


Le voy a proponer un ejercicio intelectual que luego podemos hacer usted y yo: salimos a la calle y preguntamos a los españoles que deambulen por ella que nos expliquen a los más carpetovetónicos, a los más españoles, que nos glosen cuál es el contenido de los artículos 14 a 29 de la Constitución, los que prevén los únicos derechos fundamentales que la Constitución española reconoce y proclama. Si hay uno solo que nos glose cuáles son los derechos previstos entre los artículos 14 a 29 de la Constitución, uno solo, yo retiro todo lo que he dicho respecto a sus planteamientos filosóficos y aceptaré que usted tiene razón, pero sé que nadie los va a decir. Por no hacer otro esfuerzo que nos provocaría una situación difícil y delicada en esta Cámara. Mejor no hacer este ejercicio incluso entre los diputados aquí presentes pidiéndoles que nos glosen cuál es el contenido esencial de los artículos 14 a 29 de la Constitución. ¿Por qué les tenemos que exigir a los extranjeros que lo sepan si no lo saben los españoles? ¿Esos mecanismos de integración metacultural a los extranjeros qué elemento de legitimidad tienen y sobre todo cómo se materializan? ¿Usted no compartirá lo del contrato de adhesión que preconizaba el Partido Popular? Contrato de adhesión que obligaba a los extranjeros a metabolizar o integrar en su propio componente intelectual, en el ámbito de su psique, los elementos metaculturales de una metacultura española terriblemente deletérea. ¿Esto cómo se concreta? ¿Cómo se materializa este contrato, hay que hacer un curso de sevillanas, aprender a hacer tortilla de patatas correctamente? ¿Cuál es el elemento, cuál es la contraprestación para el cumplimiento de algo que tiene naturaleza contractual, tal como la preconizaba el Partido Popular mediante la exigencia de contraprestaciones a los extranjeros de carácter obligatorio, como son las cláusulas de los contratos?

No creo que usted pueda admitir que estas teorías son razonables como fundamentación filosófica de la ley. S.S. conoce perfectamente que las últimas doctrinas desde McLuhan pasando por Caldwell a Moore y autores modernos establecen que la interacción con los extranjeros, la interacción con los diferentes, es un elemento incluso de definición del concepto de nación. Ya el concepto de nación no se define con los conceptos clásicos de nación de las escuelas de John Stuart Mill, de Max Weber, de Grof, etcétera, una historia comunizada, unos elementos de identidad como la lengua; ya se definen con otros conceptos como la interacción con realidades diferentes como puede ser la que aporten los extranjeros. Los extranjeros nos aportan también, mejoran nuestra metacultura, y la multiculturalidad es un bien en sí mismo.


Señor presidente, dejándonos ya de reflexiones de naturaleza metafísica, dada la escasez de tiempo de que disponemos para hablar de estas cosas, consideramos metafísicamente imposible también, cuando el ministro presentó la ley, realizar el esfuerzo jurídico que se pretendía, que es introducir y sintetizar en una misma ley los requerimientos de las directivas 2003/86 y 2309 en el Plan Europeo de Integración del año 2004 y la sentencia del Tribunal Constitucional 326/2007. Ya le dijimos que ni Carnelutti es capaz de realizar una integración de elementos tan contradictorios como los consignados por estas sentencias, estos planes y el contenido material de estas directivas. Pues se ha podido hacer. Igual somos mejores que Carnelutti o tenemos más habilidad o más versatilidad en el ámbito de esta Cámara para acometer operaciones de esta dificultad ontológicamente y que rayan lo imposible, pero lo hemos conseguido razonablemente bien.


Las enmiendas competenciales de mi grupo parlamentario han sido aceptadas todas sin ninguna excepción, desde las relativas a las vulneraciones que se consignaban en materia de integración, en materia de adopción internacional, incluso algunas que afectaban al propio concierto económico en relación con los expedientes sancionadores o a los expedientes de reconocimiento de derechos, las exacciones y tasas dimanantes de las mismas, todas han sido objeto de aceptación. Y como partido nacionalista no solo ha sido el catalanismo nacionalista, como usted decía, señor Tardà; el nacionalismo vasco ha contribuido también con sus enmiendas a la remoción de las aristas o de las vulneraciones competenciales que originariamente esta ley consignaba. Pero en materia de derechos fundamentales, del sistema troncal de derechos fundamentales de los extranjeros, se ha avanzado mucho. Afortunadamente, se han removido limitaciones que contradecían el contenido material de las sentencias del año 2007 en materia de acceso al sistema educativo, aunque todavía tenemos algunas dudas respecto a las enseñanzas no obligatorias; en materia de acceso a los servicios asistenciales; en materia de acceso a los servicios sanitarios; en materia de circulación, aunque todavía hay una mención terriblemente preocupante o perturbadora en opinión de mi grupo que es esa facultad exorbitante que posee el Ministerio del Interior de limitar por causas que no se tasan o no se especifican la libertad de circulación. Pero en materia de derechos y deberes tengo que decirle que todavía hay tres temas que deberemos intentar resolver en el Senado.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, debe ir acabando.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente. En el ámbito de las mujeres víctimas de violencia doméstica en relación a las cuales su victimario haya sido absuelto, si obran en manos de la Administración indicios, a pesar de que en sede judicial no haya sido posible probar el maltrato, la Administración tiene que buscar un procedimiento para evitar que esa mujer sea expulsada si está en situación irregular. En otras

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materias como el arraigo y el reagrupamiento de ascendientes han sido enmiendas de mi grupo también y de otros grupos parlamentarios las que han edulcorado las aristas más conservadoras y reaccionarias de esta ley.


Yo le dije que para hacer una ley igual que la de 2000, para reformar la ley de 2000, nos podíamos haber ahorrado el viaje de traerla cuando la presentó el ministro Corbacho. Ahora, no nos tenemos que ahorrar el viaje consistente en la que ahora vamos a aprobar y que va a meritar el voto afirmativo de mi grupo parlamentario.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Rafael Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Señorías, señor presidente, estamos en el final del trámite legislativo en el Congreso de la Ley Orgánica de Extranjería, a expensas de lo que determine el Senado, en su caso. Por tanto, señorías, es el momento de preguntarnos si responde el texto aprobado a las expectativas o a las intenciones declaradas del Gobierno o acaso a las necesidades de implementar en nuestro país un nuevo modelo que favorezca la inmigración ordenada y legal, vinculada al empleo y la integración de las personas que vienen buscando una oportunidad a nuestro país de acuerdo a nuestra capacidad de acogida.


¿Servirá acaso la nueva ley para lo que parece que en esta materia eran las prioridades del Gobierno y cuenta, por lo tanto, con los instrumentos para frenar las avalanchas como pretendía el señor Rubalcaba, para que todos los ilegales sean devueltos a su país como quería la vicepresidenta, para que no vengan más trabajadores extranjeros o que la voluntad del último que ha llegado se imponga a la de los que ya están aquí, como declaró el señor Corbacho recientemente? ¿Acaso servirá para favorecer la expulsión a sus países de los extranjeros que mantengan conductas antisociales, como dice el programa electoral del Partido Socialista? Señorías, evidentemente no. No es que nosotros coincidamos con esos discursos, pero hay que reconocer que este texto es una mera reforma cosmética continuista con la política de estos últimos cinco años, que ha convertido el fenómeno de la inmigración en el tercer problema a juicio de los españoles, incluso en ocasiones por delante de los problemas del terrorismo. Señoría, eso que ha sido reconocido por el propio portavoz del Partido Socialista en Comisión sirve para determinar que no se ha avanzado y que se ha perdido una oportunidad para cambiar realmente en nuestro país el modelo de llegada de los extranjeros.


Desde nuestro grupo hemos presentado 60 enmiendas basadas en la experiencia de un fenómeno que ha sido muy intenso en los últimos años, basado en el Pacto europeo de inmigración, enmiendas encaminadas realmente a modificar el modelo de una inmigración masiva instaurada en los últimos años por el Gobierno socialista en base a la reforma de la ley, que se hizo vía reglamento, y que ha convertido a España, desgraciadamente, en el coladero de la Unión Europea, en el paraíso de las mafias que trafican con personas y en el territorio de la Unión Europea donde menos consecuencias tiene la comisión de delitos, siendo incluso ciertamente tolerante en el caso de los reincidentes.


Nuestras enmiendas pretendían desde el principio acabar con un sistema de entrada que ustedes saben que es un fraude, distinguiendo entre el visado turístico o el visado de aquellos que vienen a buscar un empleo, para acabar con un sistema de entrada que en la actualidad prima que el trabajador extranjero que miente o entra ilegalmente obtenga mayores beneficios que aquellos que lo quieren hacer de forma ordenada, utilizando por tanto los instrumentos legales que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para ello. Por eso pretendíamos crear ese nuevo visado de búsqueda de empleo para los extranjeros, como también queríamos establecer instrumentos que favorecieran el retorno voluntario y la inmigración circular, asunto en el cual no se ha producido ningún avance en el texto. Señorías, prohibir las regularizaciones masivas e imponer legalmente, de acuerdo con el pacto europeo, la regularización caso a caso acabaría, a nuestro juicio, con la esperanza de aquellos que creen que llegando ilegalmente, tarde o temprano, serán regularizados. Para ello pretendíamos, además, restringir el arraigo, un sistema que con el tiempo se está mostrando perverso porque otorga papeles de forma casi automática por el simple hecho de estar aquí durante tres años. Es decir, una estancia que muchas veces es clandestina, como sea y a costa de lo que sea, es lo que les convierte en personas vulnerables a todo tipo de explotación como vemos cada día que sucede en nuestro país. Un sistema que se presta a todo tipo de abusos y que el Gobierno mantiene en sus términos reglamentarios, a pesar de que hoy es el principal reclamo de las mafias para seguir con su macabro tráfico de muerte y delincuencia.
Señorías, es el "papeles para todos los que aguantan", y me parece que eso no es nada positivo.


Nosotros creemos, y tengo que decirlo aquí, que existe una íntima conexión entre la inmigración ilegal y la delincuencia. Por eso, creemos que se ha perdido una oportunidad para combatirla al no aceptar las numerosas enmiendas que hemos presentado, destinadas precisamente a expulsar de España a aquellas personas que no vienen a nuestro país a trabajar o a buscar una oportunidad de desarrollo personal, sino que vienen a nuestro país a delinquir. Por tanto, seguimos sin entender por qué en el texto aprobado en Comisión -que ahora parece que ustedes han modificado aquí de forma chapucera a última hora- se preveía la reducción de diez a cinco años para el caso de aquellas personas que supusieran una amenaza grave para el Estado, una amenaza grave para la sociedad española equiparándolo a los casos previstos para las infracciones administrativas. ¿Por qué, señorías, no han considerado la reincidencia como un agravante? ¿Por qué no estiman causa de expulsión

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preferente la comisión de delitos como el vandalismo, la agresión, el hurto, la posesión de drogas, el acoso sexual, la venta de pornografía a menores o discapacitados, el allanamiento de viviendas sin violencia, la calumnia o delitos graves que, por ser en grado de tentativa o frustración, no implican en ocasiones una pena de prisión superior al año?

Señorías, no me digan que estoy vinculando inmigración a delincuencia. (La señora Esteve Ortega: ¡Sí, sí!-Varios señores diputados: Sí, lo estás haciendo.) No, estoy vinculando inmigración ilegal, inmigración ilegal.
Quien ha vinculado inmigración de todo tipo a delincuencia ha sido el señor Corbacho. Tres meses antes de tomar posesión en el ministerio y cuando era alcalde de Hospitalet afirmaba: Ha cambiado la escuela, los bloques y el espacio público, está cambiando la economía y está creando una realidad nueva que nos hace estar a todos más inseguros y nos hace sentir más inseguros. Yo jamás sería capaz de decir esto de forma generalizada con la inmigración, con todos los inmigrantes, como ha mantenido el señor ministro antes de serlo. Además, señorías, en todo el sistema sancionador se establece la posibilidad de eludir el proceso de expulsión mediante el pago de multas, que se aumentan, lo que tampoco a mi juicio hay por donde cogerlo porque favorece a los que están inmersos en redes.


Señoría, uno de los elementos esenciales, a mi juicio el principal, debería ser el fomento de la integración. El proyecto de ley de forma reiterativa contempla numerosas obligaciones de las distintas administraciones del Estado -la Administración General, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los cabildos- pero, señorías, desgraciadamente no contempla en ningún momento las obligaciones de los inmigrantes que llegan a nuestro país para con el país. Por eso nosotros creemos que era muy importante que se manifestara este compromiso. Por eso nosotros, señorías, entendemos que muchos deberes y pocas obligaciones es lo que contempla el actual proyecto de ley, algo contrario al pacto europeo, que ha insistido precisamente en equilibrar los derechos y las obligaciones de las personas que vienen a nuestro país. Nosotros creemos que el inmigrante tiene que ser también un sujeto activo que busque su integración. A eso es a lo que va dirigido un contrato de integración que pretendíamos y queríamos incorporar como un compromiso no solo del Estado para con el inmigrante, sino también del inmigrante para con el Estado.


Por otra parte, quiero decirles a ustedes que no me parece que favorezcan la integración de las personas que vienen a nuestro país a trabajar los sistemas de sanción que ustedes imponen para frenar y dificultar la empleabilidad de aquel que busca un empleo. Ese sistema de sanciones que ustedes trasladan, basado en la vinculación del inmigrante a un territorio o a una profesión, a nuestro juicio lo único que favorece es la dificultad para encontrar una alternativa al empleo cuando se produce una situación de crisis económica como la que actualmente vivimos y, por tanto, no creemos que eso sea positivo. Imponer sanciones por movilidad, transferir competencias en materia de expedición de permisos iniciales de trabajo a algunas comunidades autónomas, así como esa potestad de sanción y recaudación a las mismas nos parece un disparate. Como lo es aún mayor la facultad conferida a las comunidades autónomas para formalizar acuerdos internacionales con países extranjeros. Señoría, no es que esto sea de dudosa constitucionalidad, sino que evidentemente va a debilitar la acción del Estado en el extranjero. Tampoco el modelo organizativo administrativo ha supuesto un avance en esta materia.


El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, debe acabar.


El señor HERNANDO FRAILE: Voy acabando, señor presidente.


No nos parece adecuado. A los viejos problemas de dispersión de los diferentes ministerios se han aumentado y se sumarán las decisiones unilaterales de algunas comunidades autónomas y la exclusión de la Federación Española de Municipios y Provincias y de los ayuntamientos de estos organismos.


No puedo acabar, señorías, mi intervención sin manifestar nuestra preocupación por la forma en que se ha resuelto el conflicto planteado por Coalición Canaria sobre la tutela de menores. Transferir o dar la posibilidad de transferir la tutela de los menores de las comunidades autónomas a organizaciones no gubernamentales nos parece un camino inadecuado para quitarse, en este caso, al menor de encima. No entiendo cómo en este asunto el Partido Socialista ha aceptado un disparate como este.


El señor PRESIDENTE: Señora Hernando, debe acabar.


El señor HERNANDO FRAILE: Acabo ya, señor presidente. Me va a permitir un minuto por la importancia del tema.


El señor PRESIDENTE: No, señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Medio minuto, señor presidente.


Nosotros les ofrecimos un pacto de Estado, nosotros les ofrecimos la mano tendida para llegar a un acuerdo; ustedes solamente nos han aceptado una de las 60 enmiendas. Cuando nosotros gobernábamos, nosotros acordábamos con ustedes en esta materia. Ustedes solo han demostrado soberbia en la actuación, intolerancia en la tramitación y chapuza, hasta el punto de que hoy mismo tenga que intervenir el letrado para corregir algunas cuestiones legales.


Señorías, como decía el príncipe siciliano en El Gatopardo, algo ha de cambiar para que todo siga igual, y desgraciadamente los graves problemas que tenemos y que afectan al control de las entradas y salidas y a la

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inmigración masiva y al efecto llamada, siguen latentes en este proyecto de ley, no se modifican y desgraciadamente eso promoverá que nuestro partido tenga en el futuro la intención -y ya se lo aviso aquí- de cambiar una ley en la que no se ha contado con nosotros y en la que se ha perdido una oportunidad para todos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Abordamos efectivamente el debate de las enmiendas al dictamen de la Comisión. Convergència i Unió se siente satisfecha de este procedimiento: más de 50 enmiendas de las poco más de 60 que hemos presentado han sido aceptadas durante la tramitación. Por tanto, señorías, mi grupo ya anuncia nuestro voto favorable a este proyecto de ley. Agradecemos también el esfuerzo que ha hecho la ponente del Grupo Socialista, doña Esperança Esteve, y otros ponentes para procurar que el texto que vamos hoy a votar y discutir sea mejor que aquel que inició su tramitación. Y agradecemos asimismo al Gobierno -nos acompaña la señora Rumí-, a sus colaboradores y al propio ministro de Trabajo, la capacidad de entendimiento que ha tenido con Convergència i Unió. Las principales cuestiones que nos preocupaban en este proyecto de ley han sido resueltas.


Es evidente que hubiese sido ideal el consenso, pero un consenso basado en ideas dispersas y en ideas contradictorias es imposible; es quizá mejor un acuerdo entre algunos, en este caso entre el Grupo Socialista, el Grupo de Coalición Canaria, el Grupo Vasco, Convergència i Unió y algún otro grupo de la Cámara, que un consenso que desdibujase el sentido de la orientación de esta política. Difícilmente, con algunos planteamientos de otros grupos, Convergència i Unió podía alcanzar un acuerdo en esta materia y especialmente con aquellos que hace muy pocas semanas han recurrido ante el Tribunal Constitucional el traspaso de las competencias en materia de inmigración al Gobierno de Cataluña. Es muy difícil llegar a consensos con quien hoy impide que se pueda desarrollar el autogobierno de Cataluña.


Convergència i Unió ha apostado desde siempre en esta materia por una inmigración vinculada a las necesidades del mercado de trabajo; que contemple el derecho a la reagrupación familiar de manera razonable y justa; que introduzca la necesaria contención del flujo migratorio después de diez años de intensa presión migratoria; que apueste por la integración de la nueva inmigración, lejos de cualquier tentación multiculturalista y de cualquier visión esencialista de la identidad -sobre eso, después, señor Olabarría, si me lo permiten, me entretendré un poco-; que promueva y facilite la cualificación de la inmigración que ya convive entre nosotros y que mejore el marco de garantías legales para todos desde la perspectiva de la igualdad de derechos y deberes. Desde ese punto de vista, el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo responde en buena parte a estos planteamientos de Convergència i Unió.


¿Qué cuestiones hemos priorizado durante la tramitación parlamentaria? En primer lugar, todo aquello que está vinculado con el autogobierno y específicamente con el autogobierno de nuestro país, de Cataluña. Hemos procurado acomodar la legislación de extranjería a la realidad del nuevo Estatuto de Autonomía catalán y de otros estatutos de autonomía; y ahí coincido con el señor Tardà en que efectivamente la complicidad catalanista entre todos ha permitido que garanticemos aquellas competencias que el artículo 138 del nuevo Estatuto reconoce a Cataluña.
Y además hemos ampliado la participación de las comunidades autónomas en toda una serie de ámbitos que expresamente no estaban contemplados en los estatutos de autonomía de nueva generación. Hablo de la participación en la renovación de la residencia temporal, en la concesión del arraigo, en la obtención de la residencia de larga duración, en la reagrupación familiar, en la nacionalidad y en la contratación en origen, nuevos ámbitos de participación de las comunidades autónomas. Y además, señorías, hemos singularizado el autogobierno de algunas de esas comunidades autónomas en esta ley, porque en algunas materias no van a ser todas las autonomías las que tengan esa capacidad de intervención, sino algunas de ellas. En concreto, la ley limita la posibilidad de la existencia de servicios para la contratación en origen a aquellas comunidades que en sus estatutos tengan reconocidas expresamente las competencias de autorización de trabajo, hoy por hoy, Cataluña y Andalucía. Además, para Euskadi y para Cataluña se han asumido funciones de control de orden público de la Policía vasca y de la Policía catalana.
Hemos singularizado nuestro nivel de autogobierno y, señorías -creo que eso desde la perspectiva catalanista tiene un enorme valor político y simbólico-, por primera vez las comunidades autónomas van a participar en los procesos de obtención de la nacionalidad por residencia. Nos parece que el marco del Estatuto de Cataluña, más las modificaciones que hemos introducido en esta ley, van a permitir, si en Cataluña existe la voluntad política correspondiente, la construcción de una política nacional propia de inmigración y explorar la vía catalana de la integración de la nueva inmigración. Señorías, nuestras ambiciones en esta materia, como ustedes pueden suponer, no se agotan con aquello que hemos introducido en esta ley, vamos a continuar trabajando en los próximos años.


En segundo lugar, hemos insistido en esta tramitación en incorporar la idea de esfuerzo de integración, en incorporar la idea de que la integración exige la asunción de los valores básicos de la sociedad, la idea de que sin conocimiento de los idiomas que se hablan en nuestras sociedades la integración no es posible, y nos hemos alejado del multiculturalismo. Señor Olabarría, las sociedades

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son multiculturales, pero las políticas multiculturales que tan solo abundan en las diferencias, que tan solo condenan a las personas a vivir en su comunidad de origen y que apuestan por comunidades separadas, han sido políticas que en Europa han fracasado. Infórmese sobre Gran Bretaña y Holanda -y quizá viaje allí-, paradigmas de las políticas multiculturales durante estos últimos años, y compruebe cómo la izquierda, la derecha y el centro de esos países han dado marcha atrás en esas políticas. Porque es inaceptable que, en términos de integración, en términos de promoción social, en términos de movilidad social, una persona no conozca la lengua del país donde vive. Viaje usted a Alemania y conozca las reflexiones que el Gobierno de la gran coalición ha hecho en materia lingüística. Señor Olabarría, no me imagino ni un Euskadi ni una Cataluña conformadas por comunidades separadas: en un sitio los vascos, en otro los castellanos, en otro los ecuatorianos, en otro los marroquíes, en otro los bolivianos y allí los senegaleses; al menos en Cataluña no me lo imagino. El multiculturalismo refuerza esa idea de comunidades separadas. En la ley hemos incorporado ese concepto de esfuerzo de integración, valores básicos y conocimiento de lenguas, porque ese modelo de sociedad es el que, al menos en Cataluña, durante el siglo XX ha tenido éxito; es el que está basado en la existencia de un tronco central que configura la identidad catalana en el que las aportaciones de los nuevos ciudadanos transforman y renuevan esa identidad pero que en sus aspectos fundamentales continúa siendo la que la identifica como una sociedad nacional. Le recomiendo, señor Olabarría, que lea a Anna Cabré, quizás una de las demógrafas más sabias de Cataluña y del conjunto de España, que identifica muy bien el modelo catalán en el que se basan estas enmiendas que a usted tanto le preocupan.


Creo, señorías, que hemos adoptado un modelo que se aleja del puro formalismo hueco que nos planteaban algunas enmiendas del Grupo Popular y que, además, no es ni paternalista ni asistencialista, porque precisamente aquello que hoy está dificultando la integración de buena parte de la inmigración es el excesivo asistencialismo y el paternalismo de algunas administraciones públicas y, con todo respeto también, señorías, de algunas organizaciones no gubernamentales. En este sentido, nos sentimos satisfechos del modelo que configura la ley.


Por otro lado, señorías, la ley mejora sustancialmente aspectos de movilidad de trabajadores cualificados, aspectos vinculados a las empresas españolas con vocación internacional que van a tener mayor capacidad de trasladar a sus trabajadores, facilita la movilidad de los investigadores y apuesta por la concatenación de las campañas de temporada, aunque he de decirles que en términos de movilidad vamos a necesitar en los próximos tiempos hacer una reflexión a fondo sobre qué modelo necesitamos para evitar que el modelo de inmigración laboral sea el que hemos vivido en estos diez últimos años, basado en la entrada masiva de trabajadores en condiciones irregulares dispuestos a trabajar por sueldos bajos en sectores de poco valor añadido. Ese no es el modelo de futuro que una economía competitiva y productiva va a necesitar en la próxima década.


Hemos apostado también por la cualificación de las personas extranjeras que viven entre nosotros, y he de destacar la referencia que hace el proyecto de ley a la necesidad de convalidar los títulos de los ciudadanos extranjeros que residen con nosotros, y hemos mejorado sustancialmente las garantías de las personas de origen extranjero con un valor muy importante, las mejoras en los centros de internamiento, creando por primera vez un juez con funciones específicas de control de los mismos.


Señorías, nos parece que esta es una buena reforma en el actual contexto y con la actual correlación de fuerzas, convencidos de que en los próximos tiempos vamos a continuar necesitando reformas de nuestro marco legal, entre otras cosas, porque la respuesta a la política migratoria hoy cada vez más está en Europa, y la Unión Europea -y especialmente con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa-, a través de sus directivas, nos va a obligar a todos los Estados de la Unión a continuar avanzando en una política europea más común, más coordinada, más integrada. El pacto europeo es una buena referencia, responde también a las ideas de fondo de Convergència i Unió. Por tanto, no vivimos esta reforma desde la preocupación, sino que estamos convencidos de que vamos a necesitar más reformas si queremos gobernar inteligentemente lo que es seguramente el principal reto de las sociedades europeas en este siglo XXI.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Esperanza Esteve.


La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, presidente.


Señorías, hemos llegado al final de una etapa, con mucho trabajo realizado por parte de todos los grupos. Se han presentado 732 enmiendas, que ponen de manifiesto que esta ley no nos deja indiferentes, a nadie, y a través del análisis de las mismas podemos ver, hemos podido ver, cómo entendemos cada uno de nosotros, no solo el fenómeno de la integración, sino el modelo de la sociedad que queremos, qué visiones mantenemos.


Mi grupo tenía claro que el trámite parlamentario debía de ser un espacio importante para la negociación y para el acuerdo, y hemos cumplido. Lo comprometimos en el debate de totalidad; había camino por recorrer, voluntad para valorar, otras visiones para incorporar el mayor número de enmiendas, con la convicción de que el texto de salida sería mucho mejor, y así es. No en vano el 40 por ciento de las enmiendas han sido aceptadas; son muchas, casi 300, lo cual implica el esfuerzo de aproximación que hemos hecho, sobre todo desde mi grupo, pero también el de ustedes al aceptar buena parte

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de las transaccionales. Todas no se podían aceptar, es una obviedad, y hemos optado por aquellas que más sintonizaban con el modelo que defendemos. Porque señalo que, siendo verdad que había una buena voluntad de partida, es cierto, señor Hernando, que, aun deseando el consenso, a veces se hace imposible porque nuestros marcos de referencia, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo nos orientamos en nuestra sociedad, es claramente distinto, por eso se nos hace difícil, porque también detrás de cada uno de nosotros existen valores, visiones y una manera de entender la política y una manera de entender el Gobierno. (Aplausos.)

Desde nuestra responsabilidad hemos creído que era bueno seguir avanzando en un modelo como usted decía, señor Campuzano, intercultural, entre culturas, un poco de todos y un muy mucho del conjunto, basado en derechos y deberes, y sujetos todos los que vivimos en España a la Constitución y a las leyes para poder seguir construyendo convivencia, bienestar y cohesión social. No me gusta el discurso en negativo: no está esto, esto está mal, esto está mal, esto está mal. La mirada en lo que está bien, en lo que avanzamos, en las expectativas positivas es lo que nos hace avanzar como país y como grupos humanos, no viendo siempre aquello a lo cual no hemos podido llegar, señor Tardà. En nuestra reflexión interna -y me van a dejar que la comparta con ustedes- nos dábamos un ejemplo, nos explicábamos un ejemplo con los compañeros, que esta ley tenía que ser buena para Taoufik Chaib, amigo mío; para Fátima Radisi, amiga mía; para Lu Feng, para Chan Xiang, para Carmen Rosa Pedraza, una colombiana maravillosa, pero también para Julio Herrera, Lidia Rodríguez, Javier Moreno, Nuria Casamitjana, Jon Goikoetxea o María Couto; todos los que conformamos este Estado. (Aplausos.) No hablan ustedes de la sociedad receptora; no hablan ustedes de cómo vamos a construir convivencia poniendo solo el acento en procurar no se sabe bien qué bienestar porque este es un concepto relativo.


Estaba leyendo hace poco a Tzvetan Todorov -se lo recomiendo; me lo pasó mi amiga Montse Colldeforns-, que hace un análisis en La memoria, ¿un remedio contra el mal? Consideramos bueno todo lo que nosotros hacemos y malo todo aquello que está en los otros. Pues no, ni lo uno ni lo otro, porque dentro de nosotros hay errores y dentro de nosotros hay aciertos.
Reconocerlo es bueno porque elimina obstáculos, porque nos hace entender, no solo aquí sino como organización, como sociedad, entre grupos. De ahí que esta formación política ponga el acento en la regularidad -sí señor, en la regularidad-, en el conocimiento mutuo y el esfuerzo de todos con los derechos y los más derechos. No podemos aceptar que haya alguien que se arrogue los derechos que son más derechos que los derechos de otros, porque no es así. Como socialistas nos sentimos orgullosos y a la vez humildes y a la vez decepcionados porque a veces no podemos llegar más allá, pero nuestra lucha por los derechos en esta sociedad es una realidad. Hemos luchado y seguiremos luchando por la igualdad, por unos derechos sociales para todos y para las garantías jurídicas de todos, y esto se refleja en buena parte en esta ley, con el esfuerzo, con la ilusión, con el ahínco que hemos puesto en la atención a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. Este es un derecho que hemos defendido desde el primer día. (Aplausos.) Hemos luchado contra la trata, la explotación sexual y la explotación laboral, que por primera vez aparece en una ley. Hemos defendido la protección de los menores y hemos luchado contra la discriminación y por el ejercicio de derechos de asociación, reunión y participación, recurridos por nosotros en la Ley 4/2000 e incorporados ahora. Pero también hay que poner la mirada en otros aspectos, como decía Carles Carmpuzano: la movilidad de las personas investigadoras, científicas, trabajadoras de especial cualificación, que son imprescindibles en un mundo cada vez más global.


Señor Hernando, usted ha hecho hincapié en el contrato de integración, en el temor a las regularizaciones masivas, en la delincuencia. No tantos temores; descárguese la mochila y veamos en positivo. ¿Sabe por qué no lo hemos podido aceptar? Porque con el contrato de integración creemos que se fomenta un modelo que consideramos negativo para la buena convivencia, que es el objetivo, el asimilacionista: yo te examino, te digo si estás bien y reúnes las condiciones suficientes y yo, que estoy aquí, te voy a decir si me vales o no. Esto ha fracasado en otros países, como en Francia. Mire las segundas generaciones; es pan para hoy pero no estamos mirando el futuro.


Señores Herrera y Tardà -con diferencias, pero me dirijo a los dos-, hemos incorporado buena parte de sus enmiendas, hemos aumentado las garantías en los CIE y no quiero minusvalorarlo. Los 60 días son importantes, pero estamos diciendo una falacia cuando decimos que todas las personas que van a estar internadas van a estar 60 días, porque no es verdad. Un juez, que garantiza, va a determinar cuánto tiempo es el mínimo necesario, y otro juez va a velar, como garantía jurídica, para que las cosas se hagan de acuerdo a la ley, con la seguridad jurídica de todas las personas, con asistencia social, con asistencia sanitaria, con el derecho a la entrada de las organizaciones sociales. Hemos hecho unos grandes avances, pero ustedes siempre ven el vaso medio vacío y le aseguro que lo lamento, porque seguro que estamos bastante de acuerdo. Pero hay formas que no nos gustan y se las voy a decir. Consideramos que tanto fomentar un modelo proteccionista, proteccionista, proteccionista, que solo ve a una parte de la sociedad -y pienso que usted debe ver a un grupo reducido de personas y se lo respeto-, ¿sabe a lo que lleva? Al multiculturalismo, queriendo pensar en un modelo intercultural. Lo creo así y así se lo quiero señalar. Hay demandas que son inasumibles. No es uno más progresista por decir que mañana el derecho a voto para todos. ¿Sabe qué estamos haciendo, que hoy va también en el plenario? Firmando convenios.
Desde Exteriores se está haciendo un esfuerzo importante para

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conseguir que 800.000 personas puedan votar en las próximas elecciones municipales. (Aplausos.) Hace años esto no era verdad. Si miramos atrás no estaba; si miramos al futuro sí que va a estar. Seguimos negociando con muchos países del África subsahariana. No vamos a dejar de hacerlo, porque coincidimos con usted en que el pleno derecho de ciudadanía se adquiere también con la participación política. Por tanto, se trata de luchar por los derechos. No nos vamos a quedar aquí. Vamos a seguir avanzando, explorando todas las posibilidades legales, políticas y diplomáticas para conseguir la extensión de este derecho fundamental para todos. Pero no se puede hacer todo en un día. Esto es un camino, es un proceso y hay que gobernarlo. Quien diga lo contrario no está diciendo la verdad. No queremos ni multiculturalismos ni conflictos que lleven al rechazo de la sociedad receptora, de la cual poco se ha hablado. La interculturalidad es aquello que se construye día a día entre todos poniendo cada uno de su parte y respetando.


No voy a seguir. Me dice ya el presidente que debo ir acabando. Señor Olabarría, ¿qué le digo a usted que ya no sepa, con lo que hemos trabajado? Señor Campuzano, hemos coincidido mucho. Pero en contra del modelo contratista excluyente, el esfuerzo de integración es incluyente, forma parte del proceso de integración y por eso lo hemos aceptado.
Quiero acabar con unas palabras especiales para personas especiales, señor presidente. A las organizaciones que hoy nos acompañan, su papel es fundamental. Tienen todo mi respeto y les pido su crítica y también su colaboración para seguir trabajando, pero también para ayudarnos a difundir esta ley de acuerdo con su contenido real. Nos ha sorprendido que hasta el último día se sigan manejando por algunas personas aspectos que se corresponden con el anteproyecto, inexistentes ya en el proyecto, fomentando el rumor y la mala imagen. Ayudémosles a decir la verdad, lo que hemos hecho, con la crítica correspondiente pero también con su trabajo. Finalmente, a la secretaría de Estado, doña Consuelo Rumí, quiero hacerle llegar mi reconocimiento y mi amistad y mi afecto a todo el equipo, a los que están aquí y a los que no la acompañan. La verdad es que ha sido magnífico. Al letrado don Ignacio Gutiérrez, al que hemos mareado hasta la saciedad...


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe acabar.


La señora ESTEVE ORTEGA: Acabo.


Y a mis compañeros, don Óscar Seco y don Antonio Hernando. Hemos aprendido los unos de los otros y estoy segura de que además hoy nos apreciamos más. En todo caso, déjenme decirles que este es mi sentimiento y el sentimiento de mi grupo. Y les pido su ayuda.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LOS NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDENTES EN EL TERRITORIO DEL OTRO, HECHO EN MADRID EL 5 DE FEBRERO DE 2009. (Número de expediente 110/000092.)

- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ SOBRE PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LOS NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDENTES EN EL TERRITORIO DEL OTRO, HECHO EN MADRID EL 6 DE FEBRERO DE 2009. (Número de expediente 110/000093.)

- PROTOCOLO NÚMERO 13 AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS, HECHO EN VILNA EL 3 DE MAYO DE 2002, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA FORMULARÁ EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN. (Número de expediente 110/000109.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE AFGANISTÁN PARA EL PATROCINIO DE UNA UNIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL AFGANO, HECHO EN KABUL EL 28 DE JULIO DE 2008. (Número de expediente 110/000113.)

- CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE EL TRÁNSITO DE EQUIPOS MILITARES Y PERSONAL A TRAVÉS DEL TERRITORIO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA CON MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL REINO DE ESPAÑA EN LOS ESFUERZOS DE ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE AFGANISTÁN, HECHO EN MADRID EL 3 DE MARZO DE 2009. (Número de expediente 110/000114.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a examinar el punto X del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Exteriores sobre convenios internacionales.


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Si les parece a SS.SS., vamos a dar la palabra a los grupos que la han pedido. Algunos de ellos lo han hecho con solicitud de intervinientes diferenciados. Concretamente, el Grupo de Esquerra Republicana ha pedido dos intervenciones; el Grupo Popular, tres; y el Grupo Socialista, dos.
En una sola intervención y por el mismo tiempo podrán dividírselo quiénes así lo han solicitado. De modo que, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana -Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds don Joan Herrera por un tiempo de cinco minutos.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidente.


Intervendré de forma breve, compartiendo el tiempo con don Gaspar Llamazares, para hacer mención de los convenios. Concretamente, del canje de notas con Colombia, Perú, Trinidad y Tobago, Chile, Ecuador, Cabo Verde, Paraguay, Islandia, Nueva Zelanda y El Salvador. Este canje de notas va a permitir el derecho de voto en las elecciones municipales, es cierto, pero demuestra que se tiene que ir más allá de la vía del artículo 13.2 de la Constitución. Nos tenemos que felicitar porque haya ciudadanos de estos países que puedan votar cumpliendo con la Carta europea por la integración de las personas inmigrantes en las próximas elecciones municipales, pero creo también que tanto esta Cámara como el Gobierno deberían interrogarse sobre qué trabajos van a hacer -en referencia a lo que decía la señora Esteve hace un momento- con la República Popular China. ¿Van a hacer un canje de notas para que los españoles puedan votar allí y los chinos puedan hacerlo aquí? La respuesta es no. Y no lo van a hacer porque hay países que padecen dictaduras, y lo que no puede ser es que el artículo 13.2 signifique esa doble impunidad del ciudadano que no puede votar en su país de origen y que, además, nunca podrá votar aquí porque nunca podrá tener acceso al derecho de voto. ¿Qué van a hacer con los países del África subsahariana que son Estados inviables y con los que no se puede realizar esa firma? ¿Qué van a hacer con Marruecos, con Pakistán? Lo digo, porque hoy la no superación del artículo 13.2 lo que conlleva precisamente es a una sociedad de desiguales, con emigrantes de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría. Nosotros pedimos que se abra esta reflexión en torno al artículo 13.2, como lo hicimos con una proposición no de ley firmada con el Grupo Socialista en el año 2005, negociada con el entonces portavoz don Diego López Garrido, para que avancemos en esta línea, cómo lo hemos intentado en la Ley de Extranjería y cómo entendemos que se tiene que avanzar. Son positivos estos acuerdos y vamos a votar favorablemente, pero ponemos de manifiesto una cosa: existe una limitación extraordinaria que supone que hoy consagremos la extraterritorialidad de las dictaduras que afectan a los ciudadanos cuando viven allí, pero que también les afecta cuando vienen a vivir y a trabajar a nuestro país, no pudiendo, en ningún caso, en aplicación estricta del artículo 13.2, votar en las elecciones municipales.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Tiene ahora la palabra por el mismo grupo y el mismo tiempo don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Mi intervención, muy breve, tiene que ver con los puntos 51 y 52, es decir, con el convenio y con el acuerdo en relación con la presencia de tropas españolas en Afganistán. Tanto el uno como el otro lo que pretenden es dar continuidad a la presencia de nuestras tropas en la zona. En nuestra opinión, nuestras tropas en Afganistán que en estos momentos, dentro de la misión de la ISAF, estaban en una labor de reconstrucción y seguridad, cada vez más se ven arrastradas a una situación bélica, a una situación de confrontación, debido a la estrategia de Libertad Duradera y a la respuesta de las organizaciones de resistencia armada y de las organizaciones de Al Qaeda. Por todo ello, nuestro grupo no va a votar estos dos convenios porque consideramos que no es el tiempo de la lógica de la guerra, del incremento de tropas en la zona o de la falta de reflexión, sino que es el tiempo de la reflexión, del cambio hacia una estrategia de carácter político y civil y, en consecuencia, de retirada de nuestras tropas en la zona para dar lugar a lo que podríamos denominar el predominio del derecho internacional y el predominio de la autodeterminación sobre la ocupación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Querría intervenir en relación también con los canjes de notas entre el Reino de España y distintos Estados miembros para el ejercicio de voto en las próximas elecciones municipales. Quiero partir del recordatorio de que el conjunto de los grupos parlamentarios representados en la anterior legislatura votamos favorablemente una moción en la cual reconocíamos que el voto de inmigrantes en las elecciones municipales era un buen instrumento de integración en nuestras sociedades. Aquella declaración de carácter político que se formuló en la anterior legislatura tuvo una primera expresión al inicio de esta legislatura cuando el día 30 de julio del año 2008 en la Comisión Constitucional la vicepresidenta primera del Gobierno invitó a los distintos grupos parlamentarios a explorar el desplegamiento del artículo 13.2 de la Constitución española, referido al principio de reciprocidad en

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el voto de personas de terceros países en España. Desde el día de la invitación al desplegamiento del artículo 13.2 con una reflexión compartida de los distintos grupos parlamentarios hasta la fecha de hoy, lo que nos hemos encontrado es que el Gobierno, a partir del mes de febrero, empezó a firmar unos convenios con distintos Estados miembros que precisamente la semana pasada fueron discutidos y votados en la Comisión de Asuntos Exteriores y hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados.


Respecto a este asunto permítanme, señorías, que les traslade dos reflexiones, una de imposible capacidad de enmendar a corto plazo. Quizá el artículo 13.2 de la Constitución española no es el mejor mecanismo para el reconocimiento del derecho de voto de los inmigrantes en España, porque el artículo 13.2 de la Constitución española significa dejar al criterio de la legislación de terceros países la posibilidad de que españoles puedan votar en terceros países y a la inversa, que ciudadanos de terceros países puedan votar en España. El artículo 13.2 de la Constitución española supone una vía adoptada por el Gobierno para permitir el derecho de voto en las elecciones municipales que hará imposible que algunos ciudadanos con larga permanencia y residencia en España puedan votar nunca en España porque sus marcos legislativos de sus Estados de origen no se lo permiten. Déjenme apuntar que quizá deberíamos revisar la vía del artículo 13.2. En segundo lugar, aquella invitación que formuló la vicepresidenta del Gobierno de que los distintos grupos parlamentarios reflexionáramos sobre los mecanismos de integración de las personas de terceros países en las elecciones municipales se ha producido de forma muy insuficiente. Nos hemos encontrado directamente con los canjes de notas y los acuerdos que estamos discutiendo en la Comisión o en el Pleno. Creemos que es el momento oportuno de trasladar que cualquier acuerdo para la incorporación de personas de terceros países en los censos de las próximas elecciones municipales se tiene que basar, como mínimo, en dos criterios. En primer lugar, en un criterio de identidad o de mucha proximidad en los sistemas democráticos o de aproximación a dichos sistemas democráticos y, en segundo lugar, en el cumplimiento de unos principios de universalidad en la capacidad del voto, del reflejo en estos terceros países del derecho de voto de los españoles, siempre que se cumplan los criterios mínimos de igualdad que se contemplan en la Constitución española. Señorías, para decirlo de otra forma, consideramos inconveniente y no viable que se considerara la posibilidad de aceptar que españoles pudieran votar en terceros países y que España defendiera el derecho de voto de españoles en terceros países cuando estos terceros países impusieran criterios como el voto censitario, el voto sometido al hecho de haber contraído matrimonio y el voto sometido al hecho de ejercer determinadas profesiones. Consideramos que esto no pasaría el filtro mínimo de los criterios de constitucionalidad y de igualdad y que esto se debe discutir precisamente en las Cortes Generales, en estas Cámaras.


Señor presidente, voy a hacer también una muy breve referencia al punto 47 del orden del día. Es un sentimiento que mi grupo parlamentario comparte con todos los grupos parlamentarios, con todos los señores diputados y diputadas. Señorías, hoy es un gran día porque España ratifica en el Congreso de los Diputados el protocolo número 13 del Consejo de Europa, por el cual España definitivamente queda adherida a un instrumento de derecho internacional por el cual se produce la abolición de la pena de muerte en cualquier tipo de circunstancia. Sus señorías saben perfectamente que la Constitución española contempla únicamente el caso de la pena de muerte en situación de guerra y que además se produjo en la anterior legislatura una modificación del Código Penal para eliminar también esta previsión, pero desde un punto de vista de jerarquía normativa no es lo mismo la modificación de una ley orgánica, evidentemente sometida a la Constitución, que la incorporación de un instrumento de derecho internacional del Consejo de Europa, por el cual la previsión constitucional de la posibilidad de la pena de muerte en caso de guerra queda definitivamente abolida dentro de nuestro marco legislativo. Creo que es un buen día. España ha impulsado distintas iniciativas. Hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del año pasado impulsada por todos los Estados de la Unión Europea, pero muy especialmente por España y por Italia, en vistas a una moratoria universal de la pena de muerte y a la abolición definitiva de la pena de muerte en todo el mundo y, sin duda, España hoy da un paso muy positivo en esta dimensión abolicionista de la pena de muerte.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.


Por el Grupo Popular, en primer lugar, tiene la palabra don José Antonio Bermúdez de Castro.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a intervenir en relación con los convenios del canje de notas para, por mor de la reciprocidad, conceder el derecho de sufragio a los extranjeros que viven entre nosotros. Señorías, cuando en julio del pasado año la vicepresidenta del Gobierno en la Comisión Constitucional anunció que el Gobierno iba a impulsar convenios o acuerdos internacionales con determinados países para reconocer el derecho de sufragio en elecciones municipales a los extranjeros residentes de forma permanente en España y que el contenido de dichos acuerdos, especialmente en lo relativo a la interpretación de la condición de reciprocidad establecida en nuestra Constitución, iba a ser objeto de consenso, mi grupo apoyó y secundó sin reservas dicha iniciativa. Y digo sin reservas porque siempre hemos manifestado nuestra posición favorable a que los extranjeros que conviven entre nosotros puedan votar en elecciones municipales, eso sí, cumpliendo el mandato constitucional. Confiábamos en ese compromiso

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de consenso del Gobierno porque esta es una materia muy importante, señorías. Afecta de manera muy significativa al cuerpo electoral. De llevarse a cabo e impulsarse todos estos convenios, más de 650.000 extranjeros -cifra del Gobierno, por cierto- podrán votar por primera vez en las próximas elecciones municipales. Es muy importante porque -reitero- afecta también a la correcta comprensión y alcance del mandato constitucional, de la condición de reciprocidad contenida en el artículo 13.2, y es muy importante porque nos afecta a todos, porque es el Reino de España, no el Gobierno, el Reino de España quien suscribe dichos acuerdos. Por eso, si ese compromiso de consenso que nos lanzó el Gobierno sirvió para impulsar dichos acuerdos, mi grupo entiende que ese mismo compromiso debe reflejarse también en el contenido de los mismos.


En relación con el requisito de reciprocidad, mi grupo ha manifestado ya en sede parlamentaria cuál es nuestra posición. Nosotros nunca hemos abogado por una interpretación restrictiva, señor Llamazares. No consideramos que el requisito de reciprocidad deba conllevar obligatoriamente una igualdad o identidad absoluta en todos los términos y condiciones en que deba desarrollarse el reconocimiento bilateral del derecho de sufragio, pero tampoco abogamos por convertir dicho requisito constitucional en un concepto retórico, vacío de contenido. La reciprocidad, señorías, no es un elemento formal, es un elemento sustancial a la hora de suscribir dichos convenios. Tiene que haber bilateralidad, similitud, equilibrio, simetría, semejanza básica, correspondencia mutua, equivalencia, y esos conceptos no son flexibles, sino que tienen un significado jurídico muy preciso. Por eso no cabe aplicar en esta materia un relativismo jurídico a la carta en aras de alcanzar determinados objetivos por muy loables que sean. Porque en el ánimo de permitir el derecho de sufragio en elecciones municipales a todos los extranjeros que viven con nosotros, podríamos incurrir en una discriminación con nuestros compatriotas que viven en esos países y, lo que sería aún más grave, forzar, conculcar los límites constitucionales, y eso nuestro grupo parlamentario nunca lo va a respaldar. Por eso, tiene que haber unas condiciones mínimas y, a nuestro juicio, las condiciones que se imponen en los nueve convenios que el Gobierno trae hoy a esta Cámara a ratificación son razonables; por ciento, compartidas por la mayoría de los expertos en esta materia, como tuvimos ocasión de comprobar en las jornadas que sobre este tema se desarrollaron en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Por eso, nuestro grupo parlamentario va a apoyar los convenios que hoy se someten a ratificación por esta Cámara.


Faltan aún por entrar algunos convenios con determinados países, tal y como anunció el ministro de Asuntos Exteriores, y en algunos de ellos puede haber objeciones de fondo. Hemos pedido al Grupo Socialista -ayer mismo en la subcomisión para la reforma de la Ley Electoral- que traslade al Gobierno nuestra preocupación sobre el contenido y condiciones que se recogen en algunos acuerdos pendientes aún de debatirse en esta Cámara, porque, a nuestro juicio, ese contenido y esas condiciones pudieran ser inaceptables y conculcar el principio de reciprocidad, bien por su indeterminación, bien porque discriminan a nuestros compatriotas.
Esperamos que el Gobierno recoja el guante que en el día de ayer lanzamos varios grupos parlamentarios y que busque el consenso con todos. Lo contrario, a nuestro juicio, sería una irresponsabilidad, un pésimo precedente y podría crear una brecha política en una materia tan importante que debería de contar con el respaldo de todos los grupos políticos. Señores del Grupo Socialista, no nos obliguen a ello; mejor por consenso. Señorías, mejor por consenso.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.


También por el Grupo Popular tiene la palabra, por tiempo de dos minutos, la señora Rodríguez-Salmones.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidente.


Nos parece importante hacer explícito no solo con nuestro voto, sino verbalmente la aprobación y la importancia que le damos a los puntos 51 y 52, concretamente a colaborar con el Ejército de Afganistán en formar y patrocinar una unidad de su ejército. Ayer le pedíamos al Gobierno mayor claridad en su compromiso en la participación española en Afganistán y hoy creemos que es precisamente en esta línea, en la línea de la lucha contra el terrorismo. Las imágenes del atentado de Pakistán son tremendas -y por eso hoy nos parece importante hablar de esta cuestión- y las estamos viendo todos. Precisamente ahí está nuestro ejército, e igual que ayer dijimos que apoyábamos, aunque no aplaudíamos, hoy queremos mostrar sencillamente nuestra lealtad al esfuerzo que estamos realizando haciendo explícito nuestro apoyo a estos convenios.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.


También por el mismo tiempo, don Francesc Ricomá.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo con mucha brevedad. A buen entendedor, pocas palabras bastan.
Esta es una expresión que bien podríamos asignar al protocolo sobre el convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte. Tiene solo tres artículos de contenido. Queda abolida la pena de muerte, no se autoriza excepción alguna, no se admite reserva alguna. Con ello se pone el fin a 26 años en los que regía una excepción, que autorizaba la pena de muerte en casos de guerra o en peligro inminente de guerra. Nos congratulamos de este punto y final. Creemos que es un acto de coherencia democrática.


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El respeto a la vida es una cuestión de principios asociada a las convicciones democrática. El propio Estado de derecho ya articula aquellos mecanismos que pueden ser necesarios para castigar a aquellas personas que puedan atentar contra la seguridad, contra la convivencia, contra las normas. Esa es la característica del Estado de derecho, que, respetando un derecho fundamental, como es el derecho a la vida, el propio Estado tenga aquellos mecanismos necesarios para corregirlas. Por tanto, creemos que este convenio da un carácter de normalidad democrática, incorpora a las normativas de los Estados una cuestión fundamental y se gana en calidad democrática, que es el primer paso que deben seguir los Estados. El segundo es intentar trasladar ese cariz, esa visión democrática, como concepción a la hora de regir las sociedades, a aquellos países que no tienen la suerte de gozarla como nosotros.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ricomá.


Por el Grupo Socialista, en primer lugar tiene la palabra don Jesús Quijano.


El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Con toda brevedad, porque me referiré exclusivamente al grupo de acuerdos reguladores del ejercicio del derecho de voto en elecciones municipales.
Quiero destacar básicamente dos ideas en relación con algunos planteamientos que se hicieron en la parte inicial del debate, donde se traslucía algún tipo de insatisfacción por lo que estos convenios significan en la extensión del derecho de voto. He de recordar algo que es absolutamente obvio para todas SS.SS., que estos acuerdos están hechos desde la perspectiva de la reciprocidad que hoy por hoy establece el artículo 13.2 de la Constitución; digo más, desde una perspectiva de interpretación amplia y flexible, como creo que se ha señalado ya en alguna intervención. Porque hay una reciprocidad mínima, que es la que se exige aquí, que supone que en el otro país esté reconocido el derecho de voto, pero luego hay condiciones no siempre equivalentes en cuanto al ejercicio o los requisitos de ejercicio de este derecho de voto, y España, en estos convenios, debo decir que actúa con criterio generoso, estableciendo un principio de igualdad de trato para los nacionales de todos aquellos países, con independencia de que sus condiciones sean distintas en cada caso y teniendo en cuenta que en algunos casos esas condiciones en otros países son bastante más restrictivas que las que exige España para reconocer el derecho de voto aquí. Por tanto, estamos ante un avance yo creo que importante en esta línea de interpretación amplia de la reciprocidad, sabiendo que el requisito de la reciprocidad está ahí.


Termino diciendo que, indudablemente, si detrás de alguna de las expresiones había algún deseo o alguna aspiración de que algún día la reciprocidad no sea necesaria, porque hayamos llegado a un reconocimiento de un principio de ciudadanía en el que estén incorporados los derechos políticos, con independencia de la nacionalidad de las personas, que sepan que yo me apunto también a ese principio. Y el día en que lleguemos a ese camino -ojalá que por consenso-, incluso para modificar el artículo 13 y eliminar la reciprocidad, yo también me felicitaré de ello.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quijano.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Jesús Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Muchas gracias, señor presidente.


Me voy a referir a uno de los acuerdos que se proponen, que es un acuerdo entre España y Afganistán. Por cierto, me voy a referir al aspecto concreto y al contenido concreto de ese acuerdo. Lo que recoge ese acuerdo es la participación de España en la formación de una compañía, de un batallón, de las Fuerzas Armadas afganas, con todo lo que significa -ya lo hemos hablado aquí, en sede parlamentaria-, 52 militares españoles van a participar en la formación de ese batallón, España va a correr con los gastos de la formación de la base, del equipamiento, etcétera.


¿Por qué estamos de acuerdo en el Grupo Socialista? Básicamente por dos razones. La primera, porque nos lo ha pedido, señorías, Naciones Unidas; nos ha pedido que hagamos esto. Y los pocos países que tienen capacidad en el mundo para responder a esta llamada de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre ellos España, lo acordaron así en la Conferencia de Londres de febrero del año 2007. En segundo lugar, porque va en la línea de lo que algunos Estados, algunos países, algunos líderes -entre ellos, el presidente Zapatero-, siempre han priorizado en la estrategia de Afganistán, que es hacer que los afganos sean capaces de protegerse a sí mismos con sus propias Fuerzas Armadas.
Por tanto, va en esa línea.


Termino, señor presidente. Señorías, en Afganistán ha habido dos estrategias básicas. Una, la de los neoconservadores americanos, de formar a los señores de la guerra para que hicieran el trabajo sucio; nefasta estrategia. Dos, esta, la que han apoyado líderes internacionales como el presidente Zapatero, que los afganos sean capaces de dar protección a sus ciudadanos. Y hoy ha habido un gran cambio, señorías, y es que Estados Unidos se ha sumado a esa estrategia; en Estados Unidos ha habido un cambio, hay un nuevo presidente, que es Obama, y que apoya esta estrategia. Por eso, señorías, es imposible que hoy se pueda decir lo mismo que ayer. Imposible. Hoy hay una estrategia basada, no en una prioridad a lo militar, sino en una prioridad a la capacidad del pueblo afgano para defender su propia libertad y su propia seguridad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadrado.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Jordi Pedret.


El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente.


Se abusa en demasía del calificativo de histórico para determinados días y, por tanto, no lo calificaré así, pero hoy es un día importante. Es un día importante en cuanto las Cortes Generales, nuestra Cámara, va a autorizar, previsiblemente -estoy convencido de que será así-, al Gobierno para ratificar la definitiva abolición de la pena de muerte.
Empezamos el camino hace tiempo, con la Constitución de 1978, con la precaución que se mantenía respecto a lo que pudieran disponer las leyes especiales para tiempo de guerra. Hace ya años que venturosamente esta misma Cámara modificó la legislación española infraconstitucional y en este momento no existe, en ninguna rama de nuestro ordenamiento, en ningún supuesto, ninguna posibilidad de aplicación de pena de muerte ni de condena a esta pena. Creo que es algo enormemente importante, señorías, porque soy de los que opino -y estoy convencido de que somos la mayoría, por no decir todos, en esta Cámara los que lo pensamos- que la pena de muerte es algo radicalmente contrario a la justicia. La pena de muerte no es la aplicación de la justicia, la pena de muerte es la venganza, es algo tan antijurídico, conténganlo las leyes que lo contengan, como los propios delitos con los que se castiga.


Hemos ido avanzando en el ámbito de la abolición, el trabajo de España ha sido constante, está impulsando en todos los ámbitos competentes la moratoria para la aplicación de la pena de muerte. Es uno de los objetivos de Naciones Unidas. No hay más que recordar la intervención del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en la última Asamblea General de Naciones Unidas al respecto, para tener claro cuál es la postura de España, del Gobierno socialista, del Grupo Socialista, pero del conjunto de España, respecto a la pena de muerte. Hay que destacar, además, que lo que hoy vamos a autorizar, la ratificación, es el producto de trabajos realizados en el Consejo de Europa, entidad internacional que tiene más que acreditada su sensibilidad por los temas de derechos humanos y su sensibilidad en todos los temas referentes a la salvaguarda de las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos. Este, cuya ratificación autorizaremos hoy, es, si no la cumbre, un muy alto exponente de la actividad en pro de los derechos humanos.


Con ello, señorías, quiero significar simplemente -y agradezco a los grupos que han pedido intervenir sobre este tema- que había que solemnizar, había que dejar en el "Diario de Sesiones" el hecho de que a partir de hoy va a desaparecer totalmente de nuestro ordenamiento, por el juego de la prelación de normas a través de este convenio internacional, la posibilidad de aplicación de la pena de muerte.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedret.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y SE MODIFICAN DETERMINADAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de expediente 121/000037.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 121/000038.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el punto XI del orden del día: debates de totalidad de iniciativas legislativas.


Por acuerdo de la Junta de Portavoces y de la Presidencia se debaten acumuladamente los puntos 67 y 68, proyectos de ley sobre financiación de las comunidades autónomas. (Pausa.) La señora vicepresidenta segunda del Gobierno tiene la palabra.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, tengo el honor de presentar ante el Pleno de esta Cámara, con motivo del debate de totalidad, el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, y el proyecto de ley por el que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la presidencia.)

Deseo comenzar poniendo de relieve la importancia de las normas sobre las que en el día de hoy SS.SS están llamadas a pronunciarse, dado que articulan en dos textos legales un pilar central de la construcción de nuestro Estado autonómico, como es el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las ciudades con Estatuto de Autonomía, proponiendo un nuevo modelo. Los textos que hoy les presento son el resultado colectivo de un ingente y largo proceso de negociación, un proceso en el que ha participado un elevado número de actores cuyos esfuerzos creo que deben ser agradecidos, esfuerzos que se han visto plasmados en un nuevo modelo que plantea una mejora en el sistema de financiación autonómica desde el convencimiento

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de que sus beneficiarios deben ser los ciudadanos de nuestro país.
(Rumores.)

Señorías, ya en el año 2004, y muy poco después de tomar posesión el primer Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, se puso de manifiesto una coincidencia mayoritaria de las comunidades autónomas en la idea de que los recursos disponibles resultaban insuficientes para atender sus necesidades. En aquel momento, el debate se centró fundamentalmente en la financiación sanitaria, pero la realidad es que esta argumentación de falta de recursos provenía del conocimiento de los datos de la primera liquidación del sistema de financiación que había aprobado en el año 2001 el Partido Popular. (Rumores.) Estos datos, que tardaron tres años en conocerse y cuando el Gobierno que los aprobó ya había cesado en sus responsabilidades, evidenciaban que el sistema de financiación autonómica, además de insuficiente en sus recursos, no aportaba los mecanismos que permitieran su actualización, lo que ya suponía no que en origen fueran limitados, sino que además esta carencia se agravaba con el transcurso del tiempo. La inexistencia de mecanismos realmente aplicables para reconocer los crecimientos de población, la falta de toma en consideración de todas las variables que han de recoger sus necesidades, como la adecuada consideración del envejecimiento o la incorporación de la población escolar, elementos estos que faltaban en el modelo, así como la evidente exigencia de la necesidad de mejorar algunos aspectos clave, como el tratamiento de la dispersión, la superficie o la insularidad en el cómputo de los servicios públicos, eran todos ellos factores que requerían una intervención, no solo...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señora vicepresidenta.


Señorías, les ruego, por favor, un poco de silencio, para que se pueda atender a la persona que está en la tribuna. Gracias.


Siga, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias.


Decía que, no solo desde el punto de vista del volumen de recursos, sino fundamentalmente desde el de la búsqueda de un sistema más igualitario y más equitativo. El Gobierno adoptó una serie de medidas para paliar las insuficiencias del modelo en vigor, como las relativas a la mejora de la financiación sanitaria derivadas de la II Conferencia de Presidentes, en el año 2005. En esa legislatura, la legislatura anterior, comenzó el debate sobre el modelo aprobado en el año 2001, unánimemente cuestionado por todos los gobiernos autonómicos de todos los colores políticos. Y en esa legislatura también se iniciaron los trabajos dirigidos a su revisión. (Rumores.)

Como SS.SS conocen, el pasado 15 de julio culminaron estos trabajos y el proceso de negociación para la reforma del vigente sistema de financiación. Ha sido más de un año de conversaciones y encuentros con las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía y tres sesiones plenarias del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en lo que ha sido, como ya he tenido ocasión de comentar en otros momentos aquí en esta Cámara, el proceso de negociación de un sistema de financiación con mayor transparencia y participación, proceso en el que se han conjugado la bilateralidad y la multilateralidad necesarias. El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera para la reforma del sistema de financiación fue respaldado con el voto afirmativo de la mayoría de las ciudades con Estatuto de Autonomía y las comunidades autónomas de régimen común. Quería recordar que en el consejo están representadas todas ellas, que están gobernadas por partidos de signo muy distinto, algunos de ellos con reflejo en grupos parlamentarios de esta Cámara. Quisiera destacar que ninguna comunidad autónoma votó en contra y, por tanto, que ningún Gobierno autonómico se opuso al acuerdo. Es precisamente este acuerdo el que hemos trasladado a los dos proyectos de ley que se debaten hoy.


Estas iniciativas legislativas vienen a resolver problemas que se pusieron de relieve en el funcionamiento del actual sistema, principalmente problemas derivados de los crecimientos demográficos asimétricos en el territorio en los años de vigencia del actual modelo, crecimientos que van desde los cientos de habitantes en Asturias a los 60.000 en Galicia o hasta los más de 1.240.000 en Cataluña. (Rumores.) El modelo que está plasmado en las iniciativas legislativas que hoy les presento no avanza exclusivamente en la correción de las deficiencias del vigente. Se refuerzan, además, las prestaciones del Estado del bienestar, en beneficio, como no podía ser de otra manera... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señora vicepresidenta.


Señorías, siento mucho tener que volver a decírselo. No sé si no me han entendido antes, pero les recuerdo que para el orador y para aquel que quiere atender al orador es mucho mejor que estemos con silencio y con respeto. Muchas gracias.


Siga, por favor, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.


Como no puede ser de otra manera, es coherente con las disposiciones que sobre financiación se contienen en todos los estatutos de Autonomía, incluidas las últimas reformas de los mismos.


Señorías, me permitirán que me refiera a los ejes básicos de esta reforma.
Como primer elemento que querría ponerles de relieve, se refuerzan las prestaciones del Estado del bienestar y, por tanto, se refuerzan las políticas sociales dirigidas a todos los ciudadanos, en

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especial a aquellos que más apoyo requieren de las administraciones públicas. La aprobación de las leyes que hoy se debaten supone la ampliación de los recursos destinados a la prestación de servicios públicos en aproximadamente 11.700 millones de euros, una ampliación de los recursos destinados a los servicios públicos que ha sido, permítanme que se lo recuerde, una pretensión constante que han manifestado y manifiestan muchas de SS.SS. en sus propuestas e intervenciones. Estos recursos se asignan a las comunidades autónomas en función de criterios y objetivos basados en las necesidades de su población, una población que en España ha crecido en más de 6 millones de personas entre el año 1999 y el año 2008. Entre los criterios se sitúa un especial énfasis en los crecimientos de población registrados entre el año base, 1999, y el primer año de aplicación de este nuevo sistema, criterio por el que se asignan 3.675 millones, y también en las necesidades de la población dependiente, a las que se dedican 1.812 millones de euros. Otros 1.812 millones de euros se distribuyen para atender las necesidades de la población, primando los factores que, como la extensión del territorio, la población en edad escolar, la insularidad o el envejecimiento, suponen unas mayores necesidades de atención social. Por último, se complementan también las necesidades derivadas de la elevada dispersión poblacional, de la escasa densidad de población y de la existencia de otras lenguas cooficiales. Estas aportaciones y su integración en el sistema se realizan de manera gradual y compatible con el marco de la política de estabilidad presupuestaria establecido para nuestro país.


Como elemento clave del nuevo modelo se crea el fondo de garantía de servicios públicos fundamentales. Este fondo garantiza la financiación idéntica por habitante ajustado para los servicios públicos fundamentales del Estado del bienestar: la sanidad, la educación y los servicios sociales esenciales. Este fondo se financia con los recursos tributarios cedidos a las comunidades autónomas en un 75 por ciento y con un importante volumen de recursos adicionales aportados por el Estado y a los que me acabo de referir. Asimismo se incrementa la equidad y la suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias autonómicas. Partiendo del reconocimiento del statu quo, el fondo mencionado permite la actualización de las principales variables representativas del gasto, de manera anual, para un mejor ajuste a las necesidades; se mejoran las variables de gasto y sus ponderaciones, dando entrada a la población en edad escolar, reformando el concepto de población protegida equivalente en sanidad, para atender mejor los costes de envejecimiento de la población y elevando también la consideración de las variables no poblacionales -dispersión, insularidad y territorio-, para garantizar la suficiencia dinámica del sistema y optimizar la asignación de recursos en relación con los servicios financiados.


En el nuevo modelo van a existir dos nuevos fondos de convergencia autonómica que se van a financiar por el Estado con 3.772,5 millones de euros. Sus objetivos son reducir las diferencias de financiación per cápita y facilitar la convergencia entre comunidades en niveles de renta y atienden especialmente a aquellas comunidades autónomas que presentan una dinámica poblacional que puede dificultar su crecimiento económico futuro. Por otro lado, se aumenta la autonomía y la corresponsabilidad, elevando las cesiones de tributos en los impuestos actualmente compartidos: el IRPF, el IVA o los impuestos especiales, y también se incrementan las competencias normativas de las comunidades autónomas en IRPF. Al mismo tiempo, se mejoran los mecanismos de coordinación y colaboración entre las distintas administraciones tributarias implicadas.
Finalmente, señorías, este modelo introduce elementos dinámicos para dar estabilidad y capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos; ello se consigue mediante una actualización anual automática y permitiendo además que, de manera quinquenal, se proceda a la evaluación de los elementos estructurales del sistema por un comité permanente de evaluación, que, como se sabe, se trata de un órgano creado por el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera a los efectos de proponer posibles ajustes.


Señorías, hoy se somete a la consideración de esta Cámara, tras las enmiendas a la totalidad presentadas, la plasmación del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera en los correspondientes proyectos de ley, uno orgánico de modificación de la LOFCA y otro, de carácter ordinario, para el desarrollo del sistema de financiación. Por un lado, se modifican determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas. En especial, me estoy refiriendo a la nueva regulación de las cesiones de tributos, que se elevan del 33 al 50 por ciento en el IRPF, del 35 al 50 por ciento en el IVA y del 48 al 50 por ciento en los impuestos especiales. Me refiero también a las nuevas competencias normativas en el IRPF y a la incorporación en nuestro ordenamiento de la figura del nuevo fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, instrumento que da cumplimiento a lo que dispone el artículo 158.1 de nuestra Constitución, que prevé la garantía de un nivel mínimo igual para todos en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Por otro lado, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera recoge todo un sistema de recursos, instituciones y procedimientos, que constituyen el modelo de financiación propiamente dicho que se va a aplicar a las comunidades autónomas de régimen común y a las ciudades con Estatuto de Autonomía y por eso se requiere un nuevo texto legal que, con rango ordinario, recoja la totalidad de estos aspectos, tanto financieros como fiscales, al igual que se hizo en el año 2001, mediante la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, a cuyo texto ha de sustituir.


Señorías, el procedimiento de presentar dos proyectos legales, uno para la reforma de una ley orgánica y otro para la aprobación de una nueva ley ordinaria, es el que se ha utilizado en la aprobación del sistema vigente y es

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el procedimiento recomendado por el Consejo de Estado, por entender que es el más conveniente y respetuoso con el marco constitucional en los supuestos de interrelación entre preceptos de naturaleza orgánica y preceptos de naturaleza ordinaria, como es el caso que nos ocupa. Tras su aprobación será preciso reunir las comisiones mixtas establecidas en los distintos estatutos de Autonomía, para que, una vez aceptado por cada una de ellas el nuevo sistema de financiación, se concreten determinadas cifras para su aplicación a cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de Autonomía. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Si con su voto, señorías, aprueban la continuación de la tramitación parlamentaria de estos proyectos que hoy les presento contribuirán al logro de tres objetivos que querría resaltar: en primer lugar, permitirá la mejora estructural del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía, dando respuesta a los problemas de ajuste a las necesidades de la población, elevando su autonomía y corresponsabilidad, reduciendo las diferencias en los niveles de financiación y renta per cápita y garantizando a todos los ciudadanos la igualdad en la prestación de la sanidad, la educación y los servicios sociales esenciales. Además, se reforzarán las políticas del Estado del bienestar, gracias a la aportación global al sistema de un importe en el entorno de los 11.700 millones de euros. Por último, se permitirá que lleguen cuanto antes estos recursos a la sanidad, la educación o los servicios sociales prestados por las comunidades autónomas, lo cual, si siempre es importante, resulta esencial en la estrategia de las políticas contra la crisis, en especial dadas las dificultades que todos los niveles de gobierno están soportando en sus finanzas públicas.


Adicionalmente, y en relación con este último aspecto, quería remarcar un último elemento de gran importancia para la estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas que la aprobación de los presentes proyectos de ley va a permitir articular. En concreto, se trata de la instrumentación legal del acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que la Administración General del Estado va a facilitar a las comunidades autónomas el aplazamiento y el fraccionamiento de la devolución de las liquidaciones negativas del año 2008 y del año 2009 que se derivan de la aplicación del sistema de financiación actualmente en vigor. La importancia y el beneficio para las comunidades autónomas de esta medida es incuestionable, puesto que se prevé que en estos momentos las liquidaciones negativas asciendan a alrededor de 6.000 millones de euros para el año 2008. Esta cifra, de acuerdo con la legislación actual, debería ser reintegrada por las comunidades autónomas en el año próximo, en 2010. En esta misma línea hay que destacar el compromiso del Estado de aportar lo antes posible los recursos adicionales comprometidos, de manera que, una vez que se acepte el modelo de financiación en las respectivas comisiones mixtas, se puedan aportar 6.300 millones en el año 2009 y 7.650 millones en el año 2010.
Quisiera señalarles que estos 7.650 millones están, por supuesto, previstos en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo.


Para concluir, como SS.SS. conocen, el esfuerzo de todos los que han participado ha sido grande, las dificultades han sido numerosas, pero estoy convencida de que el trabajo que entre todos hemos realizado ha ministro erecido la pena, porque finalmente los beneficiados con este nuevo modelo de financiación autonómica y con su contribución a la mejora del Estado del bienestar van a ser todos los ciudadanos. Por eso, señorías, confío que, con responsabilidad y, sobre todo, con coherencia, como no podía ser de otro modo, se pronuncien con su voto sobre la continuación de la tramitación parlamentaria de estos proyectos de ley.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Rumores.)

Examinamos a continuación las enmiendas a la totalidad. Los dos proyectos se tramitan conjuntamente, aun cuando se votarán de modo separado.
(Rumores.)

Silencio, por favor.


Tiene la palabra por el Grupo Popular, para defender sus enmiendas, doña Soraya Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, para cualquier ley es deseable el mayor grado de consenso posible, pero naturalmente las legítimas discrepancias ideológicas dan lugar a que en muchos casos ese consenso no sea posible, y prevalezcan en cada momento las visiones de la mayoría. No es el caso de las leyes que hoy nos ocupan. Hay cuestiones -y esta es una de ellas- en las que el mayor grado de acuerdo no solo es conveniente, sino imprescindible. ¿Por qué? Porque, señorías, lo que aquí estamos discutiendo es, ni más ni menos, cómo se reparten entre todos los recursos que entre todos aportamos. Los ciudadanos, en este caso como contribuyentes y como destinatarios de servicios públicos, deben sentir que su esfuerzo es administrado con equidad, con justicia, con transparencia y con eficacia.
Por ello es necesario un acuerdo muy superior al de otras leyes, acuerdo entre las fuerzas políticas aquí representadas, y acuerdo también entre las comunidades autónomas a las que este reparto afecta. Pues bien, en cualquiera de las dos dimensiones -y las dos son muy importantes- la ley que usted trae, señora vicepresidenta, concita a su alrededor un consenso inferior al que en su día consiguieron los acuerdos y la norma que hoy sigue vigente. (Rumores.) Le recuerdo, señoría, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó por unanimidad de las quince comunidades y las dos ciudades autónomas afectadas los acuerdos de julio de 2001, y que la ley en que aquellos tuvieron reflejo en ese trámite -el mismo en el que ahora nos encontramos- logró a

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su favor 288 votos, es decir, 288 votos contrarios a las enmiendas de devolución. Después haremos el test de resultado, señora vicepresidenta.
(Rumores.) Muy lejos, señorías, del apoyo de tan solo nueve comunidades y una ciudad autónoma conseguido por el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera en que se basa la ley que hoy debatimos; muy lejos también del apoyo que en esta Cámara va a tener -y lo veremos- esta ley.
Esta falta de consenso sería por sí misma un motivo suficiente para que el Gobierno reflexione y retire este proyecto de ley, y lo reenvíe a la Cámara, una vez logrado un acuerdo global. Pero, señorías, con ser importante, no es este el único motivo en el que se basa nuestra enmienda de devolución.


Decíamos que una ley debe procurar al menos un respaldo no menor que la ley que viene a sustituir, cosa que -como hemos visto- no se da en el presente caso, pero las leyes también deben responder a un principio de oportunidad. ¿Responde este proyecto de ley, estos proyectos de ley a ese criterio? ¿Es oportuna en estos momentos una reforma como la que aquí se plantea? Desde todos los ámbitos le han recordado la antigua máxima que recomienda en tiempos de tribulación no hacer mudanzas. Una norma como esta, de contenido esencialmente financiero, no parece que se aborde en las mejores condiciones en un tiempo de penuria fiscal como el que estamos atravesando. Y no se lo digo yo, señora Salgado; se lo han dicho muchos, y entre otros el ex presidente del Gobierno y ex secretario general del Partido Socialista, don Felipe González Márquez, y se lo han dicho con razón. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Sáenz de Santamaría.


Les ruego tengan la bondad de guardar silencio por cortesía a la oradora y por respeto a nosotros mismos.


Señora Sáenz de Santamaría, puede proseguir.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Se lo han dicho; se lo ha dicho el señor González con razón. Cuando los fondos escasean tan drásticamente y hay tantos frentes que atender, es el peor momento para incitar disputas entre las comunidades por el reparto de unos menguantes recursos públicos. Señorías, las administraciones públicas han perdido la tercera parte de sus ingresos desde 2007. Con esta realidad prometer a las comunidades autónomas unos recursos adicionales de 11.000 millones de euros, cuando en realidad los Presupuestos Generales del Estado para 2010 les recortan 10.000 millones -y usted debería conocerlo bien-, es lisa y llanamente una tomadura de pelo. (Aplausos.) Las comunidades autónomas, gestoras de servicios tan esenciales como la sanidad y la educación, creyéndose su oferta, han generado entre los ciudadanos unas expectativas de mejora inmediata de las prestaciones públicas, y ahora viene la terrible verdad: deben explicar por qué en lugar de tener más recursos van a disponer de menos. Bien que se guardaron ustedes de esperar hasta que el nuevo modelo pasara el trámite del Consejo de Política Fiscal y Financiera para advertirles a todas ellas que debían a la Administración Central del Estado 8.000 millones de euros de los anticipos recibidos en 2008, por sus malas previsiones, señoría. Un disparate, señora vicepresidenta; un auténtico disparate.


Esta reforma de la financiación autonómica se ha hecho de espaldas a la crisis. Hoy mismo hemos vuelto a conocer un dato negativo de nuestra economía, un descenso del 4,1 por ciento en el último año, según el Banco de España. La profunda crisis económica que atraviesa nuestro país es desconocida por los proyectos de ley que debatimos hoy. Es un ejercicio tan absurdo como inútil aprobar este proyecto sin tener en cuenta que se dispone de muchos menos recursos, y aunque la mejoría de la economía se produzca en algún momento -usted no sabe cuándo- tardaremos en alcanzar los niveles de recaudación de un pasado inmediato. Bases irreales, expectativas frustradas, irritación generalizada, y una profunda desconfianza son el resultado de la inoportunidad de esta reforma; razones más que suficientes para pedir la devolución de este proyecto de ley. (Aplausos.)

Pero no queda ahí la cosa, señorías. Usted misma, señora vicepresidenta, ha hablado de transparencia. Pues bien, la transparencia y este proyecto de ley son cosas antagónicas. La forma en que se negoció, su falta de concreción en las cifras y la oscuridad de los procedimientos hacen imposible entrar en el fondo de la cuestión. De esos 11.000 millones virtuales que se les prometen a las comunidades autónomas no hemos conseguido saber, a estas alturas, cómo será su reparto, y no será porque no se lo hayamos preguntado, señora Salgado, sino porque usted se ha negado a explicarlo. Para disipar el tono oscurantista que sobrevuela sobre este proyecto de ley tiene usted una fácil solución esta mañana. La disposición final única dice: La presente ley orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2009. Pues bien, finalizado el mes de octubre y presentadas ya las cuentas de ingresos y gastos del mes de septiembre, no debería usted tener el menor problema en subir a esta tribuna y explicarle a los diputados las partidas que corresponden a todas y cada una de las comunidades y ciudades autónomas para este año, y su comparación con las del año pasado. Si no lo hace tendremos que pensar que oculta algo, y si quiere ocultar algo es porque ese algo es inconfesable, alguna situación de agravio comparativo que pretende escamotear a la opinión pública. (Aplausos.) Como estoy convencida de que S.S. no quiere pasar por encubridora de un fraude de esta naturaleza, espero que nos informe en este mismo debate sobre las cifras que una vez más le estamos demandando. Esta falta de transparencia -si usted no la remedia, señora Salgado- es otra de las razones que nos obligan a pedir la devolución al Gobierno de estos proyectos de ley.


A todo esto habría que añadir los resultados de su propuesta. El Gobierno dice que se dota de más recursos

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a la financiación autonómica. Como hemos visto, es falso. Están descendiendo como consecuencia de la mala política económica que usted practica. El Gobierno dice -lo ha dicho usted hoy aquí- que se garantiza por primera vez la financiación de los servicios públicos esenciales: educación, sanidad y servicios sociales. Dice usted misma que esta financiación será igual por habitante, al corregirse los problemas de la financiación. Nuevamente falso. Las comunidades autónomas recibirán la misma financiación que antes, ya que la suma de ese fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, el fondo de suficiencia global, y lo que resta de la cesión de impuestos equivale a los recursos que obtendrían en 2007. Por lo tanto la población está contemplada de la misma forma que en el modelo vigente, y no se garantiza un mínimo de financiación para estos servicios, por lo que si los ingresos caen -como lo están haciendo- hay menos recursos para los servicios básicos que forman parte del Estado del bienestar. El Gobierno dice -también ha presumido usted de ello aquí- que se aumenta la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Falso otra vez. El sistema propuesto no premia al que, con sus buenas políticas económicas y de austeridad, consigue que su región sea más dinámica, y además castiga al que baja los impuestos.
Esto último supone una agresión al concepto de autonomía consagrado en nuestra Constitución, y a la libertad democrática de proponer rebajas de impuestos como parte esencial del programa político de cualquier comunidad autónoma. El Gobierno tiene el atrevimiento -usted hoy no lo ha dicho, y tanto, pero lo han repetido- de indicar que este sistema es más solidario -todavía más falso, señoría-, cuando en realidad los fondos adicionales para el sistema -esos 11.000 millones de los que usted presume- se reparten de forma arbitraria, mediante fórmulas específicas negociadas por debajo de la mesa, beneficiando especialmente a las de mayor nivel de renta. Al final lo verdaderamente relevante de este modelo es el reparto arbitrario y aún desconocido de 11.000 millones, y el debilitamiento correspondiente de la Administración Central del Estado.
Estos efectos perniciosos serían por sí solos motivo suficiente para pedir la devolución de estos proyectos de ley.


¿Cómo, señoría, deberían haber hecho ustedes las cosas? Les voy a hablar de nuestra alternativa. Tendrían que haber hecho un ejercicio totalmente diferente. En las circunstancias actuales de emergencia fiscal es preciso iniciar un amplio consenso político, social y territorial. Un consenso que defina de forma realista cuánto vamos a poder recaudar en los próximos años, cuánto hay que ir disminuyendo la deuda pública y qué reducción del déficit es necesaria año a año para poder hacerlo.
Elaborado este escenario a medio plazo, el conjunto de las administraciones públicas tendrían que redefinir unos parámetros de gasto para hacerlos compatibles con las reducciones del déficit y las deudas definidas previamente. Ese ejercicio de austeridad -austeridad, señoría- supondría precisar qué servicios públicos y qué prestaciones han de mantenerse a toda costa. Y no creo que fuera difícil ponernos de acuerdo: sanidad, educación, servicios sociales, justicia, seguridad, desempleo, por citar algunos. La financiación debe recibirla la Administración que tenga las competencias, ya sea la Administración Central, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, los grandes olvidados, señoría, de esta reforma. (Aplausos.) Todo esto hace imprescindible un gran acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas y con todas las comunidades autónomas. Le hemos ofrecido ya en esta Cámara y en más de una ocasión sumarnos a este esfuerzo, pero hasta ahora ustedes lo han rechazado. No obstante, nosotros mantenemos nuestra oferta. Señora Salgado, es posible que las cuentas le puedan salir hoy políticamente en esta Cámara. Dicho de otra manera, puede ser que usted consiga los 176 votos que al final necesitan para aprobar el proyecto de ley orgánica, pero lo que es seguro es que las cuentas no les saldrán ni a las comunidades autónomas ni a España ni al conjunto de los españoles. (Aplausos.)

Señorías, ¿cuáles son los principios que inspiran esta reforma? Es obvio que no la guía el interés general, puesto que se rechaza el consenso; el interés general, aquello que nos interesa a todos, señoría, no es lo que determina exclusivamente el Gobierno, y menos cuando no se molesta en encontrar un acuerdo global. No es el interés general lo que busca esta reforma, es el interés particular del Gobierno, la conveniencia del Gobierno. Eso significa que ha convertido una reforma que debiera ser un fin en sí misma en un instrumento para otros fines. No hacen una reforma porque sea necesaria, sino porque le conviene a usted; porque les conviene para solventar sus propias necesidades, y la emplean como un instrumento al servicio de una política partidista. ¿Qué otros principios la inspiran? ¿La justicia, la igualdad, la solidaridad, la eficiencia económica? Es evidente que no. Y no es que yo quiera imponerle mis principios aquí, es que son los principios que inspiran nuestra Constitución. (Aplausos.) Han aceptado ustedes un juego muy peligroso: el de que los impuestos y los derechos correspondan a las comunidades autónomas y, peor aún, que esos derechos no sean los mismos para todos los españoles. Nunca hemos tenido que repetir tantas veces que España es una nación de ciudadanos libres e iguales. Los ciudadanos son los únicos sujetos de derechos en España, son los que encarnan las necesidades y pagan de su bolsillo los impuestos, y esos ciudadanos, porque así lo dice la Constitución y porque así lo quiere la mayoría de los españoles y nosotros con ellos, son iguales ante la ley, vivan donde vivan, piensen como piensen y voten lo que voten. (Aplausos.) Tienen los mismos derechos, las mismas necesidades básicas, y merecen el mismo trato.
(Rumores.)

Termino ya. España es muy diversa, señoría, pero eso no está reñido con la igualdad de derechos. Lo que no puede ser, y no vamos a admitir, es que con la excusa de diferencias legítimas se fomenten desigualdades injustas, por mucho que le convenga al Gobierno. (Rumores.) Termino. Lo que no se puede hacer, señoría, es presentar

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esta reforma injusta e insolidaria que impone por ley la desigualdad, y que su partido siga hablando de igualdad, justicia y solidaridad. Eso es sencillamente proclamar una cosa y hacer la contraria. Esa conducta tiene en el diccionario un nombre, señoría: se llama engaño.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.


Por el Grupo Mixto tiene en primer lugar la palabra doña Rosa Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Señorías, señora vicepresidenta, examinamos hoy el modelo de financiación autonómica que es producto de un acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña, que se extiende al resto de las comunidades autónomas para disimular, y que reparte así los restos del naufragio, los restos de este Estado menguante: un tercio para Cataluña y el resto para el conjunto de comunidades autónomas.


Basamos nuestras dos enmiendas a la totalidad en que el nuevo modelo es una oportunidad perdida para establecer un sistema verdaderamente basado en la igualdad y la solidaridad entre españoles. Señora vicepresidenta, un sistema que aspire a garantizar la igualdad y la solidaridad no puede poner límites a ambos principios, o somos iguales o no lo somos. No podemos ser iguales al 75 o al 80 por ciento porque entonces sencillamente no somos iguales. El peligroso concepto de nivelación parcial es, a mi juicio, un torpedo a la línea de flotación del principio de igualdad, y quiebra también el de solidaridad. Si realmente se desea un sistema que otorgue a todos los ciudadanos el derecho de contar con los mismos servicios públicos en cualquier lugar de España, entonces la financiación per cápita, corregida la población por los factores que se estimen convenientes, tiene que ser exactamente la misma para todas las comunidades autónomas. ¿Por qué la justicia, el medio ambiente, las políticas activas de empleo y otras tan importantes como estas no son considerados servicios fundamentales, y se decide no aplicar en ellos el concepto de igualdad? ¿Bajo qué concepto de solidaridad cabe que se liguen los recursos para financiar servicios públicos a la capacidad o esfuerzo fiscal, término en sí mismo falaz, pues solo las personas contribuyen, no las comunidades autónomas, a la renta per cápita? ¿Más dinero para las regiones que más tienen? ¿Más inversión en los barrios en los que sus habitantes cotizan más porque tienen las rentas más altas, trasladado a otro nivel? ¿A eso llaman ustedes, señora vicepresidenta del Gobierno, solidaridad? Si realmente se hubiera querido diseñar un sistema conforme a los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, lo procedente hubiera sido determinar el coste per cápita de prestar toda la cesta de servicios comunes, teniendo en cuenta todos los factores que influyen en ese coste, y dar a cada comunidad exactamente lo mismo por habitante. A partir de esa financiación cada comunidad autónoma ejercería su autonomía para destinar esos recursos a los fines que estime más convenientes, pero siempre partiendo de una igualdad de capacidad financiera garantizada por el Estado. En otro caso, señora vicepresidenta, habrá ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, dependiendo del lugar de residencia o, lo que es peor, del color político del Gobierno de turno y sus relaciones con el Gobierno de España.


En segundo lugar, el modelo es también una nueva oportunidad perdida para diseñar un sistema estable y duradero. Si el anterior modelo demostró en pocos años los desequilibrios que generaba en forma de diferentes niveles de financiación per cápita, el de ahora no resuelve esa carencia, pues asume en su propia concepción que habrá esas diferencias y que incluso pueden agravarse con el tiempo, dado que solo una parte, la nivelación parcial, permanecerá igual para todas las comunidades autónomas. ¿Qué ocurrirá? Que las comunidades llamadas ricas exigirán dentro de un tiempo que se avance por el camino abierto, reducir el porcentaje de nivelación, y las comunidades con una renta per cápita menor de sus habitantes exigirán que se eliminen las diferencias que las divergencias en el crecimiento económico puedan poner de manifiesto. Y así y todo se dirimirá, como casi siempre y desgraciadamente, en función de quién tenga más fuerza y peso político y pueda doblegar y obligar al Gobierno de la nación a ceder a su favor. En definitiva, más bilateralidad, más arbitrariedad, más amiguismo y menos igualdad.


En tercer lugar, el nuevo modelo es también una oportunidad perdida para que la solidaridad y la igualdad se apliquen a todas las comunidades autónomas, a sus ciudadanos. Vascos y navarros no han participado, han sido considerados al margen. Señora vicepresidenta, en ningún artículo ni disposición de la Constitución se establece que el fruto del amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales haya de tener como consecuencia un mayor nivel de recursos financieros para estas dos comunidades autónomas, más bien al contrario. Se ha asimilado cupo y aportación con mayores recursos per cápita, y esa es una grave deformación que supone un trato discriminatorio contra una parte de los españoles y a favor de otra, que es totalmente contraria al espíritu constitucional. Insistimos, pues, en la necesidad de revisar el cálculo del cupo y de la aportación navarra al hilo del nuevo sistema de financiación autonómica. Si lo hacemos, lo hacemos para todos los españoles, porque los vascos y los navarros también somos españoles. Por tanto, si se revisa el sistema de financiación, revisemos el de todos.
Ustedes han pervertido los objetivos del sistema de financiación de las comunidades autónomas. El sistema de financiación de las comunidades autónomas no es un sistema para reducir diferencias de renta per cápita ni diferencias en dotaciones de infraestructuras o ritmos de crecimiento económico. Es un sistema cuya finalidad es la de aportar un nivel tal de recursos a todas las comunidades

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autónomas que se garantice a todos los españoles el derecho a disfrutar de los servicios públicos prestados por las administraciones autonómicas en igualdad de condiciones. El instrumento que la Constitución diseña para lograr tales fines es el Fondo de Compensación Interterritorial, que por cierto ha sido olvidado y despreciado en lugar de ser potenciado.


Por último, el sistema de financiación -el nuevo y el viejo- impide poner en marcha políticas de reequilibrio financiero. Como se dice en las enmiendas de totalidad que hemos presentado, las comunidades autónomas ven liquidados los anticipos a cuenta con dos años de retraso, y les dan cuatro años más para pagar, con lo que las comunidades autónomas sufren un retraso en el impacto de la crisis y gastan más de lo que hay en realidad. Un sistema equilibrado debería ir haciendo reajustes en las entregas a cuenta en función de cómo fuera la recaudación real, y no en función de previsiones hechas el año anterior, que pueden estar totalmente equivocadas y que, como ya se ha demostrado, están completa y totalmente equivocadas.


Finalmente, sin entrar hoy en el reparto competencial y en la necesidad de revisarlo a la luz de su incapacidad para garantizar la igualdad entre españoles -no es hoy el debate-, quiero hacer una reflexión. Rechazaremos de plano cualquier sistema de financiación que aporte más de 100.000 millones a las comunidades autónomas para atender, de forma tan dispar y desigual, servicios tales como la educación o la sanidad. Rechazamos este sistema de financiación propuesto porque va de frente contra los principios de igualdad y solidaridad, independientemente de la calificación negativa que nos merece la situación de la educación, de la sanidad o de los servicios sociales. Tras los presupuestos, señora vicepresidenta, más inútiles que ha conocido esta Cámara y que salieron adelante tras pagar las correspondientes facturas a los nacionalistas, nos llega este nuevo despropósito, una nueva herramienta de debilitamiento del Estado y de fomento de la desigualdad. Revisen ustedes lo que están haciendo, no quieran pasar a la historia por haber destruido cualquier posibilidad de dejarles a nuestros hijos una sociedad más justa y más cohesionada. Rechazamos -insisto- este sistema de financiación autonómica que profundiza en la insolidaridad porque discrimina a los habitantes de las regiones menos ricas -un tercio, insisto, se va a Cataluña y el resto para las dieciséis comunidades autónomas restantes-, porque incrementa los riesgos de fraude fiscal -multiplica por diecisiete los riesgos de fraude fiscal fundamentalmente en el IRPF-, y porque favorece el despilfarro. Fíjese, hablando de cantidades que no sabemos en qué van a consistir, ustedes dicen en este modelo que multiplicarán por 2,5 lo que invierten las comunidades autónomas en políticas que llaman de fomento del bilingüismo o políticas de normalización lingüística. No sabemos qué significa eso, si multiplicar por 2,5 todo lo que se edita en una lengua distinta de la lengua común, en una lengua cooficial, o si multiplicar por 2,5 lo que se destina a la televisión en la lengua cooficial. No lo sabemos porque no lo saben ustedes tampoco. Espero que no lo sepan, que no hayan hecho un cálculo tremendo en este sentido. Por último, rechazamos este sistema de financiación porque nos parece un paso atrás en el camino de la corresponsabilidad fiscal, algo fundamental. Un paso atrás en el camino de la corresponsabilidad fiscal porque, primero, por poner solamente un ejemplo, el Estado suprime, entre comillas, a las comunidades autónomas el impuesto sobre el patrimonio, cedido con capacidad normativa a las propias comunidades autónomas, y luego se lo compensa. Las comunidades autónomas -insisto- gastan más de lo que tienen, y luego se limitan a pasar la factura al Estado. Ni es igualitario ni es justo ni es solidario ni arregla los problemas; es un paso más en este desmantelamiento del Estado de la justicia, de la igualdad y de la solidaridad. Por eso lo rechazamos y por eso con estas enmiendas a la totalidad pedimos la devolución de este proyecto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Tiene ahora la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, por mucho que el presidente del Gobierno se haya referido a esta reforma con la grandilocuente frase de que significaba reinventar el Estado de las autonomías, no estamos ante un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, sino ante una simple reforma del modelo vigente, que no corrige los problemas de fondo que ese modelo arrastraba, y que crea desde nuestro punto de vista nuevos problemas. El Estado español tiene que resolver una contradicción. Es un Estado con un alto grado de descentralización en el gasto, pero mantiene una enorme centralización en los ingresos. La mayoría de los ingresos tributarios los gestiona el Estado, condenando a las comunidades autónomas a depender de sus transferencias para costear las competencias que tienen transferidas. Frente a ese modelo, el BNG aboga por la plena territorialización de los tributos que debe conllevar la capacidad normativa y de gestión sobre los mismos. Este planteamiento es compatible con la contribución de las comunidades autónomas al sustento del Estado común y con la existencia de mecanismos de corrección de las desigualdades entre los distintos territorios. Además, tiene la virtud de favorecer la autorresponsabilización y la transparencia. Los últimos estudios disponibles del año 2007 indican que el Estado recaudó en Galicia por los distintos conceptos impositivos 12.500 millones de euros, mientras que Galicia obtuvo 8.100 millones del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, se proyecta la falsa imagen de una Galicia deficitaria, inviable por sí misma, necesitada del auxilio permanente del Estado, al tomarse como referencia tan solo lo que tributan los gallegos sobre los impuestos cedidos o los porcentajes cedidos y no sobre el conjunto del sistema impositivo.


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Más allá de nuestras discrepancias de fondo con el modelo, disentimos también de los contenidos concretos de la propuesta de reforma que hoy se somete a debate, en primer lugar porque no garantiza nuestra suficiencia financiera y condena a Galicia a perder peso relativo en el conjunto de comunidades autónomas de régimen común. Uno de los ejes básicos de la reforma dice ser el refuerzo de las prestaciones del Estado del bienestar en el marco de la estabilidad presupuestaria. Pues bien, la participación de Galicia en el fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, según nuestras estimaciones, será inferior en casi 300 millones de euros a las necesidades de gasto liquidadas en los presupuestos de la comunidad del año 2007 en lo que a educación, sanidad y servicios sociales se refiere. De los 4.900 millones de recursos adicionales del año 2009, que tienen como objetivo específico el refuerzo del Estado del bienestar, solo algo más de 168, el 3,43 por ciento, corresponderán a Galicia, es decir, la mitad de nuestro porcentaje de población ajustada. Con la reforma, Galicia seguirá perdiendo posiciones relativas. En 1999, año base del anterior sistema, la participación de Galicia en los recursos del régimen común era el 7,8 por ciento. Pasó a ser de un 7,1 por ciento en 2007, el último año liquidado, y con el nuevo sistema no llegará al 7 por ciento, al beneficiarse solo en un 5,5 por ciento del incremento de recursos. Este menor peso relativo se acentuará año tras año al convertirse la población en el principal factor de ponderación.


No negamos, señorías, que el importante incremento de población de otras comunidades deba ser compensado, pero debe ponderarse teniendo en cuenta la multiplicación de recursos, vía impuestos, que a esas comunidades les reportó el incremento de la inmigración. Frente a esta situación, el nuevo sistema sigue sin ponderar de manera adecuada factores que en Galicia tienen gran incidencia en el coste de los servicios. Es el caso de la dispersión de población. ¿Cómo es posible que la dispersión pondere un 0,6 por ciento, mientras que la superficie lo hace al 1,8? Piensen, señorías, que Galicia, representando apenas el 6 por ciento de la población estatal, tiene más de la mitad de los núcleos de población existentes en el conjunto del territorio del Estado, una singularidad con un enorme impacto en el coste de los servicios. Si la dispersión estuviese bien ponderada ¿qué razón de ser tiene destinar 50 millones de recursos adicionales para 2009 a comunidades con una dispersión superior a la media? También, señorías, es el caso del envejecimiento de la población o de la existencia de población residente en el exterior del Estado. ¿Cómo es posible que la población superior a los 65 años pondere un 8,5 por ciento y la población de 0 a 16 un 20,5? ¿Cómo es posible que los llamados residentes ausentes sean sujeto de derechos políticos y sociales y no sean tenidos en cuenta como factor de ponderación?

En cambio, saludamos muy positivamente que se incluya como factor de ponderación la existencia de un idioma propio, pero estarán de acuerdo conmigo, señorías -y eso, por supuesto, no va por usted, señora ministra-, que si eso se pondera, es porque se admite que tener un idioma propio exige de los poderes públicos políticas de promoción de este idioma que tienen un coste. El conjunto de las fuerzas políticas gallegas suscribimos que era necesario que la existencia de un idioma propio ponderase. ¿Y qué ocurre? Ocurre que el Gobierno gallego ha detraído en un 40 por ciento los recursos a la normalización lingüística; en vez de políticas de promoción de nuestro idioma, está haciendo políticas de destrucción de nuestro idioma, e incluso en esta Cámara se ha amonestado a un ministro por ejercer su derecho como ciudadano de asistir a una manifestación en defensa de nuestro idioma. Por lo tanto este aspecto lo valoramos positivamente, señora ministra.


En segundo lugar, la reforma del sistema no avanza de manera significativa en mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal. La reforma generaliza al conjunto de las comunidades autónomas unos porcentajes de cesión de los tributos que no garantizan la autofinanciación de Galicia, haciéndola depender de fuentes complementarias. El incremento de los porcentajes de cesión permitirá a algunas comunidades autofinanciar en gran medida sus competencias, mientras que en Galicia apenas dará cobertura al 66 por ciento de sus necesidades de financiación. La reforma, por lo tanto, pretende establecer la igualdad en el punto de partida y no en la resultante final, impidiendo que Galicia pueda disponer de una cesta de impuestos propios y cedidos ajustada a sus necesidades reales de financiación.


Por último, señorías, la reforma del sistema atenta contra el principio de equidad. En el sistema vigente hasta la actualidad cada comunidad obtenía recursos en función del cálculo de sus necesidades de gasto. Con la reforma que hoy se debate, en cambio, esto solo ocurre en los servicios públicos llamados fundamentales y se introducen nuevos criterios como la capacidad recaudatoria que, desde nuestro punto de vista, rompen con la pretendida equidad. Además, en los refuerzos complementarios, el fondo de competitividad tendrá una dotación sensiblemente superior a la del fondo de cooperación, es decir, el fondo destinado específicamente a la corrección de desigualdades en el nivel de desarrollo de los distintos territorios.


Señorías, además de las razones expuestas, creemos que en absoluto está asegurado que esos recursos adicionales de los que se habla se concreten en esa cantidad. Creemos que la inyección de recursos adicionales es insuficiente para satisfacer las necesidades de un sistema de financiación autonómica. Es necesario comprender que son las comunidades autónomas las que tienen transferidos los servicios públicos fundamentales en los que han visto incrementado su gasto por razones objetivas en mayor manera. Esta reforma no va acompañada de la necesaria racionalización de la estructura político-administrativa del Estado, del adelgazamiento de la Administración General del Estado que libere fondos para inyectar más recursos adicionales a las comunidades

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autónomas, que son las que tienen transferidos los servicios públicos fundamentales, pero además de las razones expuestas, señorías, la reforma establece un sistema de financiación más complejo, más opaco y, por lo tanto, menos transparente, que incluso incrementa la discrecionalidad del Estado en la asignación de recursos a las comunidades. Por estas razones el Bloque Nacionalista Galego votará a favor de la devolución de los dos proyectos de ley que se someten a debate.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señora vicepresidenta y ministra de Economía, ¿por qué ha presentado Convergència i Unió estas enmiendas a la totalidad correspondientes a estos dos proyectos de ley que establecen un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas? En primer lugar, señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, porque las dos iniciativas presentadas por el Gobierno incumplen flagrantemente y de manera total y absoluta el Estatuto de Cataluña actualmente vigente. En segundo lugar, señorías, porque castigan y penalizan a las comunidades autónomas que realizan un mayor esfuerzo fiscal y no tienen en cuenta los costes diferenciales de los servicios públicos correspondientes a sanidad, servicios sociales y educación. En tercer lugar, señorías, señora vicepresidenta, porque nosotros estimamos que este modelo que hoy presenta el Gobierno ante esta Cámara es un modelo opaco, poco transparente y, consecuentemente, poco democrático, ya que desconocemos en la actualidad cuáles son los recursos adicionales que se van a transferir a las comunidades autónomas. Todavía no sabemos el reparto de estos recursos que hoy la señora vicepresidenta ha presentado en esta Cámara. Si a esto le añadimos que es un sistema de financiación que llega tarde, ustedes comprenderán cuáles son las motivaciones por las que este grupo parlamentario ha presentado estas enmiendas a la totalidad.


Como consecuencia de estas tres consideraciones, desde Convergència i Unió entendemos que la legislación que hoy presenta el Gobierno para su aprobación es profundamente ineficaz, profundamente discriminatoria e injusta socialmente. Por tanto, en nuestro grupo parlamentario llegamos a la conclusión de que este nuevo sistema de financiación que ustedes nos proponen maltrata descaradamente a Cataluña y a todos sus ciudadanos. Lo repito porque hay algún diputado del PSC que se extraña: maltrata descaradamente a Cataluña y a todos sus ciudadanos. Con su aprobación se va a lesionar gravemente a las economías familiares y domésticas de todos los catalanes sin excepción y se va a perjudicar notablemente la calidad de los servicios básicos que se van a implementar en Cataluña desde el punto de vista de la sanidad, de los servicios sociales y de la educación. Además, señorías, señora vicepresidenta, la Generalitat, con la aplicación de este nuevo sistema de financiación desgraciadamente va a tener que devolver una parte muy importante de todos los recursos que son consecuencia de las liquidaciones adicionales que se han hecho para los ejercicios 2008 y 2009. Los dirigentes y el presidente de la Generalitat han manifestado reiteradamente que con el nuevo sistema de financiación los recursos adicionales se van a incrementar en un montante de 3.687 millones. Le preguntamos, señora vicepresidenta, cuántos de estos miles de millones adicionales que en teoría va a recibir va a tener que devolver, porque es evidente que con el principio de lealtad institucional por el que ustedes ponen el contador a cero, probablemente va a ser lo comido por lo servido. Usted en su planteamiento no ha clarificado esta situación que nosotros consideramos importantísima.


Una reflexión, señora vicepresidenta y ministra de Economía. ¿Considera usted lógico y normal que una ley orgánica tan importante como es el Estatuto de Cataluña, con el nuevo sistema de financiación que incorpora, Estatuto de Cataluña que fue pactado tras largas negociaciones entre el Partido Socialista y Convergència i Unió, que es una ley orgánica aprobada por esta Cámara y por el Senado, refrendada por el Parlamento de Cataluña y también refrendada por el pueblo catalán, ahora, con la aplicación de este nuevo sistema de financiación, ustedes la vayan a incumplir descaradamente? ¿Consideran lógico que después de este pacto tan importante y tan profundo, ahora ustedes, de la noche a la mañana, lo incumplan flagrantemente y apliquen un nuevo sistema que, como voy a explicar a continuación, no tiene absolutamente nada que ver con lo que pactamos entre el PSOE y Convergència i Unió?

Si usted me lo permite, nosotros, con el máximo respeto, consideramos que es un sistema de financiación poco democrático y, en cierta medida, lo consideramos una gran deslealtad. A esto añadimos que incluso lo consideramos, señora vicepresidenta, vergonzoso. ¿Por qué motivos tan importantes van a incumplir ustedes ahora unas leyes orgánicas que costaron muchísimo tiempo y en las que todos gastamos muchísimas energías -al menos nuestra fuerza parlamentaria y el Gobierno- y que fueron aprobadas mayoritariamente en el Congreso de los Diputados? Esto es desleal, es poco honesto, incluso es vergonzante, dicho desde la máxima amabilidad y la máxima cortesía, ya que nosotros entendemos -y se lo exigimos- que las leyes están para cumplirlas y ustedes no las cumplen.
Ustedes no las cumplen. Nosotros les exigimos que cumplan el Estatuto de Cataluña aprobado mayoritariamente en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados.


Aquí quisiéramos hacer una reflexión dirigida a los diputados del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, y a su candidata en las últimas elecciones al Parlamento

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español, que dijo reiteradamente ante las cámaras de televisión que ellos no dudarían -el PSC- en votar diferente del Partido Socialista Obrero Español siempre y cuando se tratara de aspectos que van en contra de nuestro país, en contra de nuestra Cataluña. Ahora, señores del PSC, tienen la gran oportunidad de defender los intereses de Cataluña y votar... (El señor Mas i Estela hace gestos negativos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señorías... (Un señor diputado: ¡La oportunidad es tuya!)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señorías, hemos respetado desde Convergència i Unió las manifestaciones de la señora vicepresidenta. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: ¡Señor diputado, no puede contestar de ese modo!

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente, por su amparo.


Esta misma reflexión también se la haríamos, con la máxima educación y la máxima sensibilidad, a los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya y a los diputados de Iniciativa per Catalunya, que reconsideren su posición y eviten, con su voto afirmativo a esta enmienda a la totalidad presentada por Convergència i Unió, herir mortalmente el corazón del sistema de financiación aprobado en el nuevo Estatuto de Cataluña.
Reflexionen, solamente es una pequeña reflexión, porque tanto que llenan todos sus discursos con la defensa de los intereses de Cataluña, hoy verdaderamente pueden ustedes demostrar si son capaces de defender los intereses de Cataluña en un aspecto tan importante como es la financiación.


Quiero manifestar una vez más que, por diferentes consideraciones, el PP y el PSOE, normalmente, cuando se trata de ir en contra de Cataluña, van en la misma dirección (Rumores.), por diferentes consideraciones. El PP en su momento presentó un recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña ante el Tribunal Constitucional y preveía a través de este recurso dinamitarlo, por lo tanto iban en contra de los intereses de Cataluña. Y ahora ustedes, los diputados del Partido Socialista Obrero Español y los diputados del PSC, con su voto a favor de estos proyectos de ley, van a herir de muerte el sistema de financiación de Cataluña, lo cual quiere decir que por motivos diferentes, cuando les interesa, PP y PSOE siempre van contra los intereses de Cataluña.


Hechas estas manifestaciones voy ahora a intentar demostrar en el tiempo que me queda por qué hemos hecho estas afirmaciones tan contundentes y tan razonables desde nuestro punto de vista. ¿Por qué no se cumplen las previsiones del Estatuto de Cataluña? Muy fácil, señorías. El Estatuto de Cataluña es una ley orgánica vigente que ha sido, como he dicho en mi intervención, refrendada por el Congreso de los Diputados, refrendada por el Parlamento de Cataluña, refrendada por el pueblo de Cataluña, y nosotros vemos con estupefacción, señorías, como una ley ordinaria, que es una de las leyes que debatimos en esta Cámara, lamina y dinamita algunos aspectos fundamentales de la Ley Orgánica del nuevo Estatuto de Cataluña y de su financiación. Una ley básica dinamita aspectos fundamentales del nuevo Estatuto de Cataluña, básicamente no respetando el principio de ordinalidad. No se contempla que la financiación de los servicios sociales se lleve a cabo también en función del esfuerzo fiscal similar y no se incluye el factor de corrección para determinadas necesidades de gasto de población inmigrante y de los costes diferenciales. No se contempla la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales del Estado-Generalitat como órgano bilateral. Ustedes olvidan la bilateralidad con la máxima facilidad y no existe en este nuevo sistema de financiación. No se ha cumplido tampoco en su negociación y aprobación por parte del Gobierno el principio de bilateralidad. No se prevé, señorías, la constitución del consorcio o ente equivalente con participación paritaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la Agencia Tributaria de Cataluña, su plena eficacia se difiere hasta el año 2013 y el Estatuto contempla que debe ser como máximo el año 2011. Por tanto, en cuanto a estos siete principios básicos, que no dejan de ser la columna vertebral de una ley orgánica aprobada por este Congreso, una ley ordinaria está por encima de esta ley orgánica. Por tanto, desde el punto de vista de Convergència i Unió lo consideramos totalmente inaceptable y nefasto de cara a mantener la defensa de los intereses de Cataluña.


¿Por qué hemos manifestado que este nuevo sistema de financiación penaliza a todas aquellas comunidades que hacen un mayor esfuerzo fiscal? Se lo explico muy fácilmente, señorías. La apuesta del Estatuto pretende premiar con más recursos a quien más recaude, poniendo de relieve no la igualdad en la distribución del gasto, que no tiene amparo constitucional, sino la capacidad de generar más esfuerzo fiscal. Por ello, el modelo que hoy debatimos, señorías, bajo la retórica de la igualdad, es un modelo absolutamente ineficiente, discriminatorio e injusto socialmente. Que el fondo de garantía de servicios esenciales del Estado del bienestar se distribuya solamente en función de la población, sin tener en cuenta el esfuerzo fiscal y los costes diferenciales de la vida, como establece el Estatuto, quiere decir que en las comunidades autónomas en las que los servicios son más caros, como en Cataluña, la igualdad que se pretende no se va a hacer efectiva. Dar los mismos recursos por plaza residencial en Cataluña que en Extremadura, cuando los costes son tres veces superiores en la primera que en la segunda, significa, señorías, discriminar al ciudadano de Cataluña.


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Otro tercer aspecto al que también hemos hecho mención en nuestra intervención es que este es un modelo opaco y que no corresponde al principio de transparencia. Desconocemos todavía la realidad de los recursos adicionales que suponen para las comunidades autónomas y que llegan demasiado tarde. Ni siquiera ahora, señorías, el Gobierno nos ha dicho qué incremento de recursos significa singularmente para cada comunidad autónoma y esto también lo consideramos un gran despropósito por parte del Ejecutivo. El Gobierno ni confirma ni desmiente, simplemente calla. Un ejemplo muy significativo es la aportación de nuevos recursos al sistema en los presupuestos para el año 2010, ya que solamente nos habla de 7.400 millones de euros. Si observamos algunos aspectos que se recogen en la página 17 del libro de presentación de los Presupuestos Generales del Estado, vemos que en términos relativos las aportaciones de la Administración central a las administraciones territoriales bajan en 6.000 millones de euros.


Finalmente, señorías, resulta vergonzoso el planteamiento dado al principio de lealtad institucional. El proyecto de ley ordinaria considera compensadas las obligaciones existentes, es decir, las deudas del Estado con las comunidades autónomas hasta la fecha de la aprobación del modelo -disposición adicional sexta-. Por tanto, tabla rasa. Dicho de otra manera, según el modelo acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las comunidades autónomas deberán pagar sus deudas derivadas con los adelantos que les ha planteado la Administración central del Estado, pero como principio de lealtad institucional, no se podrán resarcir de todas aquellas cargas en todos aquellos aspectos que hacen referencia a la dependencia, a la salud y también a las liquidaciones de patrimonio, cosa con la que nosotros, en Cataluña, no estamos de acuerdo.
Solamente tengo que decirles que a través de este principio de lealtad institucional, a Cataluña esto le puede costar más de 2.570 millones de euros.


Básicamente, señorías, estas han sido las consideraciones, las aportaciones y los planteamientos de Convergència i Unió en este debate del nuevo sistema de financiación, en el que hemos presentado estas dos enmiendas a la totalidad con la previsión de que nuestras manifestaciones y puntualizaciones hagan reflexionar al Gobierno sobre el gran disparate económico, fiscal y social que se va a plantear en esta Cámara en el caso de que no prosperen nuestras enmiendas a la totalidad.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra don José Luis Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, con mi limitación de tiempo no puedo hacer ningún rodeo para explicar por qué Coalición Canaria no apoya las enmiendas a la totalidad a los dos proyectos de ley que regularán la financiación autonómica y para afirmar a un tiempo que son normas lesivas para Canarias, injustas y absolutamente ignorantes de la singularidad y de los derechos históricos de Canarias. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Votamos que no a las enmiendas porque no nos podemos permitir el lujo de eliminar de un plumazo algo que ha costado cuatro años negociar y dejar así en la indigencia a las comunidades autónomas durante dos o tres años más y porque todavía son corregibles. Advierto de entrada que un régimen de financiación justo para Canarias será un régimen de financiación específico como lo es el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), o como lo es el régimen de adhesión de Canarias a la Unión Europea negociado hace veintitrés años primero y a partir de 1989 después, que la mayoría de SS.SS. no vieron pasar por esta Cámara; o como lo es el régimen especial de las regiones ultraperiféricas en Europa. Este régimen de financiación específico ha de incluir las singularidades reconocidas de Canarias, unas especificidades que cada vez tienen menos encaje en el régimen común, pero por la muy diferente fiscalidad de nuestro Archipiélago. El sentido de la justicia y el propio sentido común nos abocarán hacia él en un futuro en el marco de una relación bilateral real y eficiente del Estado con Canarias. Las negociaciones para la reforma del REF deben permitir avanzar en este sentido.


Votamos que no a las enmiendas a la totalidad, pero rechazamos la versión final de esta ley porque no se nos ha dicho toda la verdad. Se han introducido en el proyecto de ley puntos que no fueron tratados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, puntos que desnaturalizan y desvirtúan las relaciones históricas de Canarias con el Estado, puntos que desvirtúan el apoyo de mínimos que Canarias prestó a estos proyectos y que debemos corregir en el trámite de enmiendas si no queremos retroceder, desandar la historia y alejar a Canarias aún más del resto del Estado.


Es absolutamente inaceptable la disposición adicional segunda del proyecto de ley de financiación, absolutamente inaceptable. Olvidar nuestro fuero histórico y tratar de homogeneizar así a Canarias con las comunidades de régimen común no solo constituye una injusticia histórica sin precedentes, también es un contrasentido mayúsculo con los propios planteamientos del Reino de España ante la Unión Europea. Señorías, ¿cómo decirle a la Unión Europea que profundice en el trato diferenciado con las regiones ultraperiféricas si de puertas adentro se les quieren reducir drásticamente sus especificidades? ¿Por qué no consultaron siquiera esta disposición adicional segunda con los canarios? Ya nos gustaría saber, señora vicepresidenta, si está dispuesta a negociar la supresión de esta afrentante disposición

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adicional. Nosotros estamos convencidos de que deberá desaparecer de la ley si no se quiere atentar contra las históricas relaciones entre Canarias y el Estado. Se lo decíamos en agosto, señora vicepresidenta.
Sostener unas islas en medio del Atlántico es toda una ventaja estratégica para España y para Europa y no es algo que se pueda hacer sin costes. Hacer entender las implicaciones de esta afirmación es la tarea permanente de los diputados y diputadas de Coalición Canaria en Madrid y en Bruselas. Recordarlo aquí y ahora es y será una obligación inexcusable para Coalición Canaria.


Como digo, señorías, señora vicepresidenta, vamos a dar este apoyo a la tramitación del proyecto de ley, pero esperamos que este espacio de confianza, este espacio de lealtad institucional entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, entre grupos parlamentarios también, posibilite la aprobación de estas enmiendas que mejorarían sin duda el sistema de financiación y sobre todo respetarían los logros históricos de Canarias.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Perestelo.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, antes que nada, aprovecho este turno de fijación de posición de Esquerra Republicana para afirmar una vez más nuestra convicción de que el nuevo modelo de financiación autonómica desarrolla en toda su potencialidad el Estatuto catalán. No en vano este Estatuto catalán fue la liebre que propició este nuevo acuerdo de financiación para el conjunto de las comunidades autónomas, que es, sin duda, además, el mejor acuerdo posible con el vigente Estatuto catalán en la mano, por cierto, un Estatuto que fue amputado en estas Cortes con un recorte, además, señor Sánchez i Llibre, auspiciado paradójicamente por uno de los grupos de esta Cámara, el suyo, que hoy presentan una enmienda a la totalidad a esta ley. Este no es, evidentemente, por supuesto -y ustedes lo saben-, el modelo de Esquerra, el modelo que no solo auspició Esquerra sino que aprobó el Parlamento de Cataluña en su día, que era un modelo que permitía una plena capacidad fiscal dentro del marco de armonización de la Unión Europea, o sea, la gestión del conjunto del esfuerzo fiscal de catalanes y catalanas, es decir, la capacidad para gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los tributos aunque, evidentemente, con una contribución decisiva a la solidaridad interterritorial. Pero tampoco es, efectivamente, una revisión periódica más del modelo, porque quiero recordar, señorías, que hasta 2001 las sucesivas reformas fluctuaban según las coyunturas políticas, la última pactada por el PP y Convergència i Unió con un resultado perfectamente descriptible. Me remito a las balanzas fiscales, las mismas que en su día publicó el propio Gobierno, en las que se dice muy claro que el déficit fiscal durante tantos años no dejó de crecer hasta que en el caso catalán alcanzó el 10 por ciento del PIB. Y eso que en 2001, año en el que era conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, y por cierto arquitecto de aquel acuerdo entre PP y Convergència i Unió, auguró la supresión definitiva del déficit fiscal; que santa Lucía le conserve la vista muchos años. Digo esto porque el señor Sánchez i Llibre apelaba directamente a nuestro grupo. Aprovecho esta intervención para lamentar mucho la actitud de su grupo no solo hoy sino también durante todo este proceso de negociación. Su papel ha sido impropio de un partido de Gobierno y además incompatible con el estado de opinión que ha habido en Cataluña en relación con este tema, claramente favorable al acuerdo.
Convergència i Unió ha actuado durante casi dos años con tacticismo, es decir, intentando que el Gobierno catalán tropezara con este tema solo para propiciar elecciones y la alternancia política en Cataluña, y CiU actúa ahora también con un cálculo electoralista simplemente, porque no se puede olvidar que estamos en un año plenamente electoral en Cataluña.
Pero le ha salido el tiro por la culata, entre otras cosas porque sociedad civil, instituciones económicas, medios de comunicación y la mayoría de los partidos en Cataluña avalan este acuerdo. Estén muy tranquilos desde Convergència i Unió en relación con Esquerra porque nosotros vamos a dormir también muy tranquilos ya que impulsamos el Estatuto cuando ustedes no querían ni siquiera oír hablar de ello. Era la época del "Pujol, guaperas, habla lo que quieras" pero, por otra parte, también de un acuerdo con el Partido Popular en plena deriva autoritaria, antisocial y rabiosamente centralista. En segundo lugar, Esquerra salió de un Gobierno catalán porque estaba en desacuerdo con un modelo de financiación que ustedes pactaron con el PSOE y, en tercer lugar, en esta legislatura, junto al PSC e Iniciativa per Catalunya, hemos exhibido una determinación, una firmeza y un nivel de exigencia de la que ustedes no fueron nunca capaces durante la época en que gobernaron. Nunca, nunca, nunca. Por cierto, Convergència i Unió ni planteó un nuevo Estatuto ni se planteó abandonar un Gobierno porque no le satisfacía un modelo de financiación pactado por otro Gobierno ni se planteó nunca avanzar unas elecciones a pesar de los paupérrimos resultados y beneficios que obtuvo durante la etapa que ustedes gobernaron con los sucesivos acuerdos de financiación.


Evidentemente, los factores novedosos e innegables de este modelo de financiación ya han sido explicados por la señora vicepresidenta, pero quiero cifrarlos en tres cuestiones muy básicas, y con ello acabo. En primer lugar, los recursos per cápita de Cataluña se situarán por primera vez por encima de la media de las comunidades autónomas, pero no por ningún privilegio, sino en atención a ese sobreesfuerzo solidario que hace Cataluña que, por cierto, va a continuar contribuyendo en 2012

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con casi el 60 por ciento de su aportación, por tanto, no va a recortar más que -digámoslo claro- un 40 por ciento, que no está nada mal dado su actual déficit fiscal. En segundo lugar, la nivelación va a permitir que una parte de los impuestos que los catalanes van a continuar pagando -insisto- por encima de la media, reviertan en más recursos también para el Gobierno de la Generalitat, por tanto, en más y mejores servicios. En tercer lugar, este es un modelo mucho más transparente que el anterior.
El funcionamiento del principal fondo de solidaridad del sistema, el fondo de garantía de servicios básicos, va a permitir ver claramente qué es lo que se paga y qué es lo que se recibe y, por tanto, este es un mecanismo que hace plenamente visible, hace explícita, la solidaridad interterritorial y acaba con la opacidad del primitivo sistema. Y finalmente, los recursos a recibir por parte de Cataluña basándose en los resultados del año 2007 son sensiblemente superiores a los que aporta el cesto de impuestos que está en el Estatuto y en la propia ley, por lo que Cataluña va a percibir, no solo íntegramente el producto o el rendimiento de este cesto, sino también será beneficiada con la transferencia positiva de un conjunto de recursos aportados por el Estado al propio sistema.


Por tanto, con el acuerdo de financiación cerrado -insisto- de forma plenamente satisfactoria, Cataluña va a estar más cerca de cerrar la llamada carpeta catalana, la carpeta estatutaria, y, por cierto, también de dejar espacio político libre a planteamientos que superen claramente las limitaciones de este actual marco legal. Por este motivo, evidentemente, nuestro grupo, y Esquerra Republicana en particular, no puede dar en ningún caso apoyo a estas enmiendas a la totalidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracia, señor Ridao.


Por el mismo grupo parlamentario el señor Herrera tiene la palabra.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidente.


Este es un modelo poco transparente, es poco democrático, no todos los ciudadanos son iguales. Cataluña se ve perjudicada. ¿Quién lo ha dicho? Lo ha dicho quien pactó el anterior modelo de financiación, lo han dicho las dos derechas, la derecha española y la derecha catalana, lo ha dicho quien precisamente lo que hizo es que el modelo de financiación para el Estado fuese malo y para Cataluña peor. Esta es la realidad.


El problema del modelo de financiación es uno, sí: que llega tarde, que llega demasiado tarde, porque las comunidades autónomas necesitaban de ese modelo de financiación hace tiempo. El problema es que llega tarde y, además, hemos estado demasiado tiempo con el modelo actualmente vigente asfixiando a las comunidades autónomas, y lo cierto es que el modelo que pactaron Convergència i Unió y el Partido Popular lo que hizo fue incrementar el desequilibrio vertical, hacer que las comunidades autónomas tuviesen mayor gasto y que ese mayor gasto no fuese acompañado de más ingresos, ingresos que, por otro lado, sí que se producían por parte del Estado.


El acuerdo ha sido posible por dos razones: porque teníamos un instrumento y una estrategia. El instrumento, sí, poderoso, el Estatut de Catalunya, un Estatuto que mandataba precisamente ambición, que lo que significaba era un cambio de modelo, un modelo distinto, con elementos que ordenasen un modelo de financiación que no funcionaba. Y además ha habido una estrategia, la estrategia de un gobierno, el catalán, de un gobierno formado por tres formaciones, y de un gobierno que no ha aceptado la primera propuesta que venía del Gobierno del Estado. Seguramente, aquí estaban acostumbrados a otros gobiernos, los de Convergència i Unió, que a la primera propuesta se encontraban con un sí, para después inflar el globo aunque el globo apenas tuviese aire. Y al final, paradojas de la vida, seguramente a Convergència i Unió le pica, y le pica mucho, que quien haya hecho los avances nacionales en materia de autogobierno más sustanciales no hayan sido los gobiernos de Convergència i Unió, sino que haya sido precisamente el Gobierno catalanista y de izquierdas, formado por PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa. Y de ahí que ante un buen acuerdo en materia de financiación tengan una propuesta de maximalismos, liderada por el señor Mas, y hoy explicada por el señor Sánchez i Llibre.


Creo que finalmente nos tenemos que felicitar porque el acuerdo es bueno, porque Cataluña ha liderado, porque el esquema ha funcionado con Andalucía, que ha universalizado, ese es el esquema de hoy, es el esquema de la España de las autonomías, y el acuerdo aporta un modelo más justo, más digno, más transparente y más solidario. Por supuesto, la Administración General del Estado aporta más, y tenía que aportar más que lo que planteaba en un principio porque si no no era posible el acuerdo, porque si no alguien perdía, y nadie podía perder. Finalmente, se tiene más autonomía financiera, mayor suficiencia de recursos, mejor cesta de impuestos, un incremento de porcentajes, más capacidad normativa, mecanismos de nivelación. Se tiene presente el esfuerzo fiscal, claro que sí, y por supuesto quien quiera bajar impuestos o eliminar el impuesto sobre sucesiones lo podrá hacer, pero eso no irá a cargo precisamente de la solidaridad de todos, y eso es muy positivo. Por primera vez se tiene en cuenta precisamente el esfuerzo que se hace, y es paradójico que aquellos que hablan de que es un mal acuerdo el que hace que Cataluña con el actual modelo esté en el 94 por ciento de media cuando el punto de partida es el 121 y con este acuerdo nos quedamos en el 105, critiquen el modelo. Esta es la realidad y podría continuar con muchos más ejemplos.


Creo que el modelo tiene un problema que no va parejo al modelo sino a lo que le acompaña, que es una pésima representación y una peor película. La representación hasta ahora se producía en los teatros de Cataluña, hoy se ha escenificado en la tribuna del Congreso, y es aquella

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que en los teatros de Cataluña la llamaban La historia de las diez cifras o Cómo criticar lo que es mejor que lo que tú pactaste. Esta historia la ha protagonizado el señor Mas con un equipo, el de Convergència i Unió, que lideran el maximalismo más absoluto y que son capaces de dar diez cifras diferentes, algunas de ellas incorporadas al acuerdo, y a pesar de todo decir hoy que no están con el acuerdo. Seguramente les aleja de la centralidad, y por supuesto no tiene nada que ver con el análisis que hace hoy la sociedad civil, los actores económicos, el conjunto de la sociedad catalana. Esa es la pésima representación, pero a la pésima representación se le ha sumado una muy mala película; una película que en 1969 estaba bien, una película de Woody Allen, Coge el dinero y corre, pero que hoy se ha expresado en forma de farsa, expresada por el Partido Popular; un Partido Popular que sí asume el acuerdo, que coge el dinero -Esperanza Aguirre y Francisco Camps son buen ejemplo de ello- para después decir que presenta una enmienda a la totalidad y que el modelo no le sirve. Esa es la segunda película del día de hoy, es la película del Partido Popular y es lo que expresa la hipocresía y el discurso farsante que en materia de financiación se ha hecho.


Por todos estos motivos nuestro grupo votará a favor. Iniciativa e Izquierda Unida valoran como positivo el acuerdo. Por estos motivos entendemos que hoy damos un paso adelante importante.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente.


Señoras y señores diputados, señora vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda, tras un largo proceso de discusiones y demoras llegan a esta Cámara dos proyectos de ley: uno, por el que se regula el sistema de financiación de comunidades autónomas de régimen común, y dos, el de la ley orgánica de modificación de la Ley 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas. En definitiva, llega el tan esperado y teóricamente deseado nuevo modelo de financiación autonómica.
Sin embargo, lo hace con un bajísimo acuerdo, a tenor de lo que estamos oyendo hoy en esta Cámara, lo cual no es deseable para cambiar un modelo que debería contar con un amplio consenso si se desea que sea estable y pacífico en el tiempo. Tanto el Grupo Popular como el BNG como Convergència i Unió y hasta UPyD han presentado enmiendas a la totalidad, con argumentos diferentes muchos de ellos pero que coinciden básicamente en la insuficiencia de recursos para acometer con garantías las competencias de las comunidades autónomas, y con argumentos muy potentes desde las posiciones nacionalistas, como lo hace especialmente Convergència i Unió. Según el Grupo Parlamentario Catalán al menos once preceptos del Estatuto recientemente aprobados se ven afectados e incumplidos. Nos encontramos de nuevo con leyes que desvirtúan estatutos y ello, como nacionalistas, nos preocupa especialmente. El cambio de modelo de financiación ha coincidido en este caso con una grave crisis económica que está afectando de manera brusca y con una intensidad inesperada a los recursos públicos. Estos 11.700 millones de los que hablaba hoy por la mañana la vicepresidenta, que se suponen adicionales para las comunidades autónomas, pueden financiar sus competencias de manera suficiente. Aun siendo importantes estos recursos son menos de los deseables y además no se observa como contrapartida esfuerzo alguno en la reforma del gasto público y en la supresión de gastos duplicados que, aunque no solo, sí corresponden fundamentalmente a la Administración Central del Estado. También se aprecia que el nuevo sistema presenta un incremento de capacidad normativa insuficiente. Asimismo limita también la capacidad de competencia fiscal entre las comunidades autónomas ya que las rebajas impositivas se castigan con disminuciones correlativas de los diversos fondos que recoge el sistema.


¿Qué incentivos de corresponsabilidad fiscal incorpora de forma explícita este nuevo sistema? Todos los acuerdos de financiación de los últimos años, como bien saben SS.SS., se han superado con un aumento del monto total a repartir para, haciendo que nadie perdiera financiación, conseguir dejar más o menos tranquila la financiación de las comunidades autónomas. Y además, aparentando que la mayor parte de los recursos los obtiene cada comunidad autónoma, se puede seguir vendiendo que se consigue una mayor corresponsabilidad fiscal. Pero con tantos fondos tan claros en su operativa pero tan oscuros en sus efectos finales en el conjunto del sistema, no es posible saber a ciencia cierta qué resultados va a dar finalmente este modelo. Dicho de otra manera, se echa en falta en el sistema mecanismos explícitos que estimulen de forma clara la corresponsabilidad fiscal y penalicen los comportamientos fiscales irresponsables. Si funciona aceptablemente bien el sistema de concierto económico, como ustedes saben, es porque en la comunidad autónoma cuando se bajan los impuestos se obtienen menores ingresos, lógicamente, y se tiene que gastar menos porque nadie lo va a compensar. A esto en el País Vasco lo llamamos riesgo unilateral y no adivinamos que en el sistema de financiación común que quiere aprobarse haya algún mecanismo que opere más o menos de esta manera. Con tantas comunidades que tienen un rango de riqueza muy amplia, con evoluciones de la población diferentes, con estructuras poblacionales diferentes -de jóvenes, mayores-, con capacidades tributarias diversas, con retardos temporales en los datos como los que se van a producir y otros mil efectos más, ¿qué puede pasar cuando cada comunidad autónoma haga uso de sus capacidades normativas impositivas en direcciones diferentes? Nadie lo sabe, señora vicepresidenta. Pero a nuestro juicio lo peor es que ni el nuevo sistema ni la ley que lo va a hacer vigente lo han previsto y no hay que olvidar que, para que un sistema sea estable, es indispensable que incorpore

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mecanismos que provoquen incentivos cooperativos que inciten a que el sistema funcione mejor y que, a su vez, amenace las perversiones que sirven de excusa para no esforzarse nunca. Al final, la cuestión es responder bien, con transparencia y eficacia ante los ciudadanos y decirles en qué se gasta su dinero cuando se les pide peculio con más impuestos, qué compromisos adopta o en qué se va a gastar y qué necesidades se van a cubrir.


El nuevo sistema no satisface, parece ser, ni a los grupos enmendantes ni a muchas comunidades autónomas que van a tener que trabajar y gestionar con este nuevo modelo. Pero, como saben SS.SS., estas leyes no afectan ni al modelo de financiación vigente en la Comunidad Autónoma de Euskadi ni al de la Comunidad Foral de Navarra. Es decir, no afecta ni al concierto económico ni al convenio económico navarro, que hoy no son motivo de alteración alguna. De la misma manera que a la hora de votar las iniciativas de contenido fiscal y en coherencia con las posiciones y comportamientos que han venido manteniendo los responsables del Gobierno vasco en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando se han debatido y acordado cuestiones fiscales y de financiación autonómica ajenas al concierto económico, nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la votación de estas enmiendas a la totalidad. Sin embargo, antes de concluir, quisiera manifestar dos cosas: una, que un modelo de financiación no puede ser estable y duradero si no cuenta con amplios apoyos, y este parece ser que no lo tiene. Y dos, nos preocupa sobremanera la invasión competencial y el no respeto -tal y como destacan los representantes de Convergència i Unió-, especialmente en este caso del Estatut que está recurrido ante el Constitucional y que todavía tiene poco tiempo de recorrido y de vida. Y para concluir, señora vicepresidenta, creemos que el consenso y el respeto estatutario, algo que parece ser deseable y elemental, al parecer no se cumplen en estas leyes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Francisco Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados.
Las comunidades autónomas en España tienen una destacada capacidad de gestión de las políticas públicas. Como consecuencia de ello, se puede ver que una parte importante de los servicios públicos que prestan afectan a las condiciones de vida de los ciudadanos españoles. Por lo tanto, garantizar el nivel de prestación de esos servicios, preservar el Estado del bienestar, se convierte en un elemento de primordial importancia a la hora de establecer la agenda de los responsables políticos. Pero en España ocurre lo mismo que en otras muchas sociedades, y es que en los distintos territorios pueden detectarse disparidades en la renta, en el empleo y en la riqueza. En consecuencia, es necesario diseñar, establecer, mantener y perfeccionar aquellos mecanismos de cohesión que de alguna manera garantizan la calidad de los servicios públicos, y ha de cumplirse un principio que tiene toda la lógica política y que, por tanto, se recoge en la Constitución, y es que hay que establecer la percepción de los servicios en igualdad de condiciones para todos los españoles, vivan donde vivan. Esa es la posición inicial con la que el Gobierno de España aborda la reforma del sistema de financiación autonómica a la altura de los años 2008, 2009 y 2010. Eso se encuentra con un modelo anterior, el modelo del año 2001, que era un modelo que amplió en su día el margen de autonomía y que incorporó una nueva medición de las necesidades, pero que, como bien ha dicho la señora Salgado, fue víctima de una serie de circunstancias. La primera es que los ingresos crecieron menos de lo esperado, con lo cual, el riesgo en la prestación de los servicios que hemos definido como fundamentales fue importante, corrió peligro. Pero, además, no solamente eso, sino que hubo un conjunto de variables demográficas, poblacionales la mayor parte de ellos, que aumentó la necesidad de servicios públicos por parte de la Administración. Por tanto, fue un sistema que necesitaba más recursos y el mecanismo que se los proporcionaba no funcionaba adecuadamente. Eso se vio en la financiación por habitante, que abrió una brecha y dio origen a reivindicaciones de todo tipo. Había, pues, la necesidad de un nuevo paradigma que contemplara la autonomía, que contemplara la suficiencia, la nivelación, la igualación, la solidaridad y la estabilidad. Esa fue la razón fundamental por la cual muchas reivindicaciones se dirigieron a pedir el cambio y también por la que nosotros no quisimos dotar se supervivencia a un modelo que ya no servía y que de haberse mantenido hubiera constituido un grave error. Este tipo de razonamiento lo hemos hecho en la Comisión de Presupuestos y en la Comisión de Economía muchas veces y se lo hemos dicho reiteradamente al señor Montoro. Hoy nos hemos encontrado con que el portavoz del Grupo Popular no ha sido el señor Montoro sino la señora Sáenz de Santamaría. La verdad es que la subida de la jerarquía política del portavoz del Grupo Popular no ha servido para mucho porque la señora Sáenz de Santamaría ha dicho ese conjunto de cosas que nosotros estamos habituados a oír al señor Montoro en las comisiones respectivas. La primera pregunta que yo me hago aquí, con ese lenguaje directo que ustedes emplean tantas veces, es ¿cómo se ha dejado engañar usted por Montoro? ¿Cómo es posible subir aquí para decir las mismas cosas que es habitual que diga Montoro? (Aplausos.) Esperaba que usted hiciera una reflexión, hiciera un análisis e hiciera algo que tuviera mayor entidad política. Señora Sáenz de Santamaría, honestamente, de alguna manera usted ha asumido una situación que no es muy beneficiosa y me atrevería a decirle claramente que no se deje engañar usted por don Cristóbal. Está claro que don Cristóbal se equivocó hace años y que tiene una actitud persistente y permanente de no favorecer ningún tipo de acuerdo. El consenso es muy

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importante, pero no hay que confundirlo con el veto y no es la primera vez que algunos líderes del Partido Popular confunden consenso con veto.
Además, puedo comprender que usted ha tenido que dedicarse en los últimos días a otros menesteres y que vive en una organización política donde la pelea política por el poder es a muerte y, como consecuencia de ello, quizá no haya tenido la posibilidad de poner en marcha un debate, una discusión, un planteamiento de algún nivel superior al que nos acostumbra el señor Montoro. (Aplausos.) Además, señora Sáenz de Santamaría, a lo mejor deberíamos ser todos y cada uno de nosotros benevolentes con ustedes porque la preocupación de las últimas semanas la podría resumir en aquello de: Esperanza, ¡por Dios! Porque en un momento donde alguien cree que es posible fomentar las escuchas, controlar la televisión y mantener el poder y el control de la Caja de Ahorros no es muy favorable a que uno trate de levantar aquí una alternativa distinta en cuanto al modelo de Estado. (Aplausos.) Créame que cuando uno se dedica a la farragosa tarea de mantener el granero del poder, casi siempre incurre en algunas limitaciones y es la de olvidar aquellas cosas que más interesan al conjunto de los ciudadanos.


El modelo de 2001 que el Partido Popular puso en marcha, y lideró esa operación el señor Montoro, es un modelo que estaba muerto y no había ninguna posibilidad de hacerle sobrevivir. Por tanto, había que caminar en una doble dirección. Había que caminar en la dirección de aumentar la autonomía financiera de las comunidades autónomas y había que establecer y diseñar un mecanismo de nivelación que garantizara los servicios básicos a todos los ciudadanos. Y ahí están las líneas básicas de la oferta que en este momento el Gobierno presenta. Eleva la participación de las comunidades autónomas, incrementa sus competencias normativas, reforma y refuerza las administraciones tributarias y, en definitiva, se sitúa en un hecho relativamente novedoso. En cualquier nación que ha llevado a cabo procesos de descentralización política hay un acuerdo en que esa descentralización política se haga por el lado del gasto, pero no está tan claro que haya un acuerdo de que haya una descentralización por el lado del ingreso. Y como consecuencia de ello hasta bien pudiera ocurrir que hubiera acuerdos para que el gasto se descentralizara y el ingreso se centralizara. Ese modelo que ha pervivido mucho tiempo en España es un modelo bastante ineficiente, ya que da origen a una serie de inestabilidades. Como consecuencia de él, el coste político de mantener los impuestos y el sistema tributario puede que corra a cargo del Gobierno central, puede que corra a cargo del Parlamento central y los réditos del gasto público pueden estar en otro lugar. Para hacer frente a ese fenómeno, se ha venido estableciendo en la sociedad española una demanda creciente de corresponsabilidad y hemos ido a un mecanismo más estable, donde se distribuye el poder político y las administraciones territoriales tienen la potestad de introducirse en los ámbitos de la imposición patrimonial, de la renta de las personas físicas y de una parte importante del gasto. Todos los gobiernos de España pueden en este momento determinar su nivel de ingresos y establecer un patrón distributivo con arreglo a sus preferencias y ese es un avance muy importante.


El segundo avance está en el mundo de la equidad interterritorial. Si nos dedicáramos a ver la segunda derivada de una parte de las intervenciones que ha habido aquí esta mañana, podríamos decir que para unos la equidad interterritorial es escasa y que para otros es excesiva y eso obliga a algo muy importante, a que a la hora de presentar un modelo de Hacienda multinivel sea necesario que uno explicite cuál es su modelo de redistribución del gasto público. Esto es lo que hace este Gobierno. Este Gobierno parte del hecho de que todas las comunidades autónomas no tienen igual nivel de renta, de que el rendimiento del sistema tributario en estas comunidades no es el mismo y de que, no teniendo igual nivel de renta e igual rendimiento, el gasto público puede que tenga algunas dificultades. Y si tiene algunas dificultades, lo lógico es no dejarse llevar por esa situación. No parece razonable que las comunidades autónomas presten el nivel de su servicio en función del nivel de renta.
Lo que parece razonable es que el Gobierno de España contribuya a equilibrar la prestación de los servicios con transferencias de nivelación, transferencias de nivelación que se deciden en este Parlamento, que es el que, en virtud del artículo 158, tiene atribuida esa competencia.


Termino y agradezco al señor presidente su atención. Hemos puesto más recursos al servicio del sistema; hemos establecido una distribución que mantiene la igualdad de la prestación de los servicios en el territorio nacional; nos hemos movido en un mecanismo donde, junto a la autonomía de la actividad financiera de las comunidades autónomas, se posibilita la autonomía de la actividad financiera del Estado. Por tanto, estamos en un esquema en el que todos podemos avanzar para que en el Estado de las autonomías nos respetemos mutuamente y seamos capaces de prestar mejor, de forma más eficaz y justa, los servicios públicos que la sociedad española ha atribuido a cada nivel del Gobierno.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

- PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 63.2 (Número de expediente 410/000011.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día: Proposición de reforma del Reglamento

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del Congreso de los Diputados para modificar el artículo 63.2. Se ha presentado una enmienda y para su defensa tiene la palabra el autor don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Para evitar el peligro de linchamiento, defenderé esta enmienda desde el escaño. Mi grupo parlamentario está de acuerdo con la propuesta de reforma del Reglamento, que no pretende otra cosa que el que el registro de actividades sea público. Era una anomalía que era necesario superar porque no había nada que ocultar. De la misma manera, mi grupo parlamentario es partidario, al igual que ocurre con el Gobierno, de que junto al registro de actividades se hagan públicas las declaraciones de la renta y del patrimonio de los diputados. Creemos que es algo que tendrá lugar en esta Cámara más temprano que tarde y pensábamos que podía ser una oportunidad utilizar esta reforma del Reglamento. Conocemos las dificultades, conocemos los obstáculos. En primer lugar, es un trámite de urgencia y sabemos que es complicado para una enmienda de estas características. Y en segundo lugar, sabemos también que esta reforma requeriría una reforma de la Ley orgánica en materia electoral. Lo sabemos y conocemos las dificultades, pero no queremos ocultar ni nuestros objetivos ni las ansias y aspiraciones de la Cámara.


Nos preocupa que la corrupción esté llevándose como un vendaval la honestidad de la vida pública y que las medidas que mejoran la transparencia, la regulación y la honestidad de la vida pública permanezcan y pasen en silencio. Nos preocupa y por eso queremos darle importancia a esta aprobación de la reforma del Reglamento y a la que pueda acontecer en su momento, para que puedan ser públicas las declaraciones de la renta y del patrimonio. Hay que aislar a los deshonestos de la vida pública; hay que aislarlos mediante mayor transparencia, mediante medidas de regulación, mediante la colaboración con la justicia y mediante medidas también de regeneración ética y política. Por eso hemos presentado hoy aquí esta iniciativa, por eso también tenemos la mejor disposición para el acuerdo y por eso no someteremos a votación estas propuestas si no cuentan con el acuerdo de los grupos parlamentarios y las remitiremos a la Comisión del Estatuto del Diputado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


¿Entiendo retirada la enmienda de su señoría? (Asentimiento.)

¿Los demás grupos parlamentarios deseen fijar posición? (Pausa.) Grupo Parlamentario Vasco. (Pausa.) No. Grupo Catalán. (Pausa.) Tampoco. Grupo Popular. (Pausa.) Don Vicente Ferrer tiene la palabra.


El señor FERRER ROSELLÓ: Gracias, señor presidente.


Traemos hoy a la consideración de la Cámara la propuesta de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, con el objetivo de introducir un factor de transparencia en el tratamiento que la Cámara da al procedimiento de revisión del régimen de incompatibilidades de SS.SS.
Haré tres precisiones brevísimas a este respecto. Primera, el acuerdo es consecuencia del trabajo, la reflexión y la capacidad de consenso de la totalidad de los grupos de esta Cámara y de ello, indudablemente, debemos felicitarnos. En segundo lugar, constituiría una ligereza imperdonable interpretar que el acuerdo alcanzado pone fin a una era de opacidad, de oscuridad o de disimulo. Nada tenía que ocultar esta Cámara y nada tienen que ocultar SS.SS. El cumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades ha estado siempre garantizado con la medida que hoy aprobamos, tan solo hacemos público ese trabajo. Tercero, señor Llamazares, en el camino de la transparencia usted encontrará siempre un compañero de viaje, que es el Partido Popular. Hoy hago público el compromiso de mi partido de tomar en consideración las propuestas que incluía en la enmienda que hoy retira. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Tan solo le pido el mismo trabajo, la misma reflexión y la misma capacidad de consenso que nos han permitido dar el importante paso que hoy aprobamos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ferrer.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Francesc Vallès.


El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervengo simplemente para agradecer al señor Llamazares la decisión de no someter a votación la enmienda que hoy traía a este Pleno y manifestar la posición de nuestro grupo en relación con su enmienda. No solo compartimos el fondo de su enmienda, sino que la hemos liderado y abanderado en sede parlamentaria y también por parte del Gobierno. Como saben SS.SS., desde hace apenas unas semanas la declaración de bienes y patrimonio de los miembros del Gobierno, de los ministros, es pública.
Nosotros compartimos también su interés, pero entendemos que este no es el sitio ni el momento más oportuno para hacerlo.


Hoy traemos a esta Cámara una reforma del Reglamento para garantizar que la declaración de actividades de los parlamentarios sea pública. Creo que es un avance muy significativo en la transparencia y en la democracia de esta institución, de esta casa, y, sobre todo, nos acerca aún más a los ciudadanos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Precisamente porque esta iniciativa ha sido analizada, debatida, aprobada y firmada por todos los grupos, no es el momento de tratar un asunto que

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requiere una reflexión más sosegada y un debate más amplio. Mi grupo comparte, señor Llamazares, el fondo de su enmienda y le emplaza a trabajar sobre ese asunto. Precisamente porque requiere algo más que una mera reforma reglamentaria, muy probablemente también una reforma de la Ley orgánica del régimen electoral general, le emplaza a trabajar sobre esta cuestión a partir de mañana mismo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vallès.


Dentro de dos minutos iniciaremos las votaciones y aviso a SS.SS. de que se trata de cincuenta votaciones por el sistema electrónico. Les ruego que estén atentos porque hemos reducido el tiempo de votación de quince a diez segundos. Hasta dentro de dos minutos se suspende la sesión.
(Pausa.)

PRÓRROGA DE PLAZO:

El señor PRESIDENTE: Señorías, se ha solicitado a la Mesa la ampliación del plazo a la subcomisión de la reforma de la Ley 23/2007, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. La Mesa ha considerado proponer al Pleno una prórroga del plazo de dos meses. ¿Se aprueba por asentimiento de la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado.


Vamos a iniciar las votaciones.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.):

- PROYECTO DE LEY DEL CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS.
(Número de expediente 121/000011.)

El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas del Senado al proyecto de ley del contrato de transporte terrestre de mercancías. Anuncio a SS.SS. de nuevo que el tiempo de votación se ha reducido cinco segundos. Les ruego, por tanto, que estén atentos.


Votamos, en primer lugar, las enmiendas a los artículos 10, 39, 62 y 79.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 325; en contra, 10; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 28.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 11; en contra, 325; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al artículo 49.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 26; en contra, 310; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al capítulo VIII bis nuevo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 23; en contra, 312; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas a la disposición adicional sexta, que es nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 327; en contra, siete; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas a este proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 337.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO, EN MATERIA SANCIONADORA. (Número de expediente 121/000012.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, enmiendas del Senado al proyecto de ley que modifica la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. En primer lugar, votamos enmiendas al párrafo cuarto del apartado IV del preámbulo, al artículo único cuatro en relación con el artículo 9 bis 4 de la Ley sobre Tráfico, al artículo único número 6 en relación con el artículo 59 bis apartado 1 de la Ley sobre Tráfico, al artículo único siete en relación con el artículo 65.4 d), 65.5 m) y nuevo 65.8 de la Ley sobre Tráfico, al artículo único siete

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relativo al artículo 76, al artículo 80 g) y al artículo 93 de la Ley sobre Tráfico.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 149; en contra, 184; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al artículo único siete relativo al artículo 80 párrafo primero de la Ley sobre Tráfico.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 153; en contra, 180; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al artículo único 8 bis en lo relativo al apartado 4 de la disposición adicional novena de la Ley sobre Tráfico.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 19; en contra, 174; abstenciones, 144.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al resto del artículo único ocho bis.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 23; en contra, 175; abstenciones, 139.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas a la disposición adicional quinta bis.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 39; en contra, 295; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas a la disposición adicional quinta ter.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 336; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación del resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 336; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO. (Número de expediente 121/000023.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Votamos la enmienda a este proyecto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, dos; en contra, 179; abstenciones, 156.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 1

- PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DEL PAGO. (Número de expediente 121/000025.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de servicios de pago. Se votan todas las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; votos a favor, 333; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE FOMENTO Y AGILIZACIÓN PROCESAL DEL ALQUILER Y DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS [PROCEDENTE DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS (121/000016) Y LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, EN ORDEN A UNA MAYOR AGILIDAD DE LOS DESAHUCIOS POR FALTA DE PAGO, Y DE AYUDA A SITUACIONES DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL (122/000010)].
(Número de expediente 121/000031.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas de fomento y agilización

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procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.


En primer lugar, enmiendas al artículo segundo, apartado dos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 190; en contra, 1; abstenciones, 146.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo segundo, apartado dieciocho.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 188, en contra, 1; abstenciones 148.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la disposición adicional tercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 164; en contra, 173.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; votos a favor, 192; abstenciones, 145.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.):

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número de expediente 121/000032.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos las enmiendas al proyecto de ley orgánica sobre derechos y libertades de extranjeros en España y su integración social.


Enmiendas del Grupo Mixto, señora Barkos. Todas ellas se votan conjuntamente.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 16; en contra, 319; abstención, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al mismo proyecto de la señora Díez, todas conjuntamente.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 6; en contra, 323; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Fernández, todas en conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 16; en contra, 321.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, números 380 y 381.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, ocho; en contra, 320; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 382.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, ocho; en contra, 321; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 383.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, ocho; en contra 321; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 396.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, ocho; en contra, 320; abstenciones, ocho.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 404.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, ocho; en contra, 319; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 512.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 14; en contra, 232; abstenciones, 51.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Alonso Suárez pide la palabra.)

Señor Alonso.


El señor ALONSO SUÁREZ: Señor presidente, rogaría que se repitiera esa votación porque no hemos oído. (Varios señores diputados: No.) Nos conformaríamos con saber si es la enmienda 512 la que hemos votado.
(Rumores.)

Gracias.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se votaba la enmienda 512. Cualquier portavoz puede hacer cualquier aclaración. Son muchas las votaciones y puede haber errores, pero sí hay doctrina sentada en la Cámara de que las votaciones no se repiten.


Enmienda transaccional a la enmienda 518.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 188; en contra, 141; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, nueve; en contra, 319; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. Enmienda transaccional a la enmienda 157.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 191; en contra, uno; abstenciones, 145.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la enmienda 206.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 192; en contra, uno; abstenciones, 143.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la enmienda 207.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 193; abstenciones, 142.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda 215.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 192; abstenciones, 145.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la enmienda 231.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 190; en contra, tres; abstenciones, 142.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de enmiendas de este grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 16; en contra, 178; abstenciones, 143.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Se votan todas en conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 143; en contra, 192; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación del dictamen. Votamos a continuación, del dictamen, los siguientes apartados del artículo único:

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apartados 1, 2, 5, 6, 7, 9 a 12, 14, 16, 17, 19, 23, 25, 27 a 30, 32, 34, 36, 37, por lo que respecta a los apartados 1 a 6 y 8 del artículo 36 de la Ley Orgánica; 40, 40 bis, por lo que respecta a los apartados 1 a 5 del artículo 38 ter de la Ley Orgánica; 42, por lo que respecta al artículo 40.1.a) de la Ley Orgánica; 43 a 46, 48 a 50, 52, 53, 54, excepto el artículo 55.2 de la Ley Orgánica, 57 bis, 58, 60 a 65 y disposiciones adicionales. Todo eso lo votamos ahora.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 328; en contra, seis; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votamos a continuación el apartado 13 del artículo único.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 192; en contra, dos; abstenciones, 143.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votación de los apartados I, II y VI de la exposición de motivos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 335; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votación de los apartados III y IV de la exposición de motivos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 194; en contra, uno; abstenciones, 142.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votación de los apartados V, VII y VIII de la exposición de motivos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 190; en contra, 144; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votación del resto de los apartados del artículo único.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 184; en contra, 150; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votamos a continuación el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 184; en contra, 150; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: A continuación, en votación de conjunto por tener la iniciativa el carácter de orgánico, y cumplimentada la hora anunciada, según el Reglamento, votamos el conjunto con carácter de orgánico.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 185; en contra, 146; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la ley. (Aplausos.)

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.):

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE AFGANISTÁN PARA EL PATROCINIO DE UNA UNIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL AFGANO, HECHO EN KABUL EL 28 DE JULIO DE 2008. (Número de expediente 110/000113.)

- CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE EL TRÁNSITO DE EQUIPOS MILITARES Y PERSONAL A TRAVÉS DEL TERRITORIO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA CON MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL REINO DE ESPAÑA EN LOS ESFUERZOS DE ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE AFGANISTÁN, HECHO EN MADRID EL 3 DE MARZO DE 2009. (Número de expediente 110/000114.)

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El señor PRESIDENTE: A continuación votamos los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, y hacemos votación separada del Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Afganistán para el patrocinio de una Unidad del Ejército Nacional Afgano, y el Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el tránsito de equipos militares y personal a través del territorio de la Federación de Rusia. Estos dos se votan ahora de modo conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 331; en contra, cinco; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LOS NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDENTES EN EL TERRITORIO DEL OTRO, HECHO EN MADRID EL 5 DE FEBRERO DE 2009. (Número de expediente 110/000092.)

- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ SOBRE PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LOS NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDENTES EN EL TERRITORIO DEL OTRO, HECHO EN MADRID EL 6 DE FEBRERO DE 2009. (Número de expediente 110/000093.)

- CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO, 2006, HECHO EN GINEBRA EL 7 DE FEBRERO DE 2006. (Número de expediente 110/000103.)

- CANJE DE NOTAS CON APLICACIÓN PROVISIONAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y KENIA SOBRE CONDICIONES Y MODALIDADES DE ENTREGA DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE HABER COMETIDO ACTOS DE PIRATERÍA, Y DETENIDAS POR LA FUERZA NAVAL EUNAVFOR DIRIGIDA POR LA UNIÓN EUROPEA, ASÍ COMO DE LAS PROPIEDADES INCAUTADAS EN POSESIÓN DE EUNAVFOR, DE EUNAVFOR A KENIA Y CON VISTAS A SU TRATO DESPUÉS DE LA ENTREGA, HECHO EN BRUSELAS EL 23 DE ABRIL DE 2009, ASÍ COMO DECLARACIÓN DE ESPAÑA EN EL ACTA DEL CONSEJO. (Número de expediente 110/000104.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA SOBRE EMPLEO REMUNERADO DE LOS FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN ESTAMBUL EL 5 DE ABRIL DE 2009. (Número de expediente 110/000105.)

- CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL, HECHO EN IQUIQUE (CHILE) EL 6 DE JULIO DE 2007. (Número de expediente 110/000106.)

- ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA FRANCESA, EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL REINO DE BÉLGICA, LA MINISTRA DE DEFENSA DEL REINO DE ESPAÑA, EL MINISTRO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA ITALIANA, EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL DE LA REPÚBLICA HELÉNICA Y EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA ALTO REPRESENTANTE PARA LA POLÍTICA EXTERIOR Y SEGURIDAD COMÚN (PESC), RELATIVO A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DE LAS IMÁGENES DEL HELIOS II, HECHO EN BRUSELAS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008, ASÍ COMO DECLARACIÓN DEL REINO DE ESPAÑA. (Número de expediente 110/000107.)

- CONVENIO RELATIVO AL BLANQUEO, SEGUIMIENTO, EMBARGO Y COMISO DE LOS PRODUCTOS DEL DELITO Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, HECHO EN VARSOVIA EL 16 DE MAYO DE 2005 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA FORMULARÁ EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN. (Número de expediente 110/000108.)

- PROTOCOLO NÚMERO 13 AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS, HECHO EN VILNA EL 3 DE MAYO DE 2002 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA FORMULARÁ EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN. (Número de expediente 110/000109.)

- ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ RELATIVO A LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE JÓVENES, HECHO EN OTTAWA EL 10 DE MAYO DE 2009. (Número de expediente 110/000110.)

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- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE ISLANDIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, LA HAYA 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000111.)

- ACUERDO ENTRE IRLANDA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE POR EL QUE SE CREA UN CENTRO DE ANÁLISIS Y OPERACIONES MARÍTIMAS EN MATERIA DE DROGAS, HECHO EN LISBOA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000112.)

- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO SOBRE PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LOS NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDENTES EN EL TERRITORIO DEL OTRO, HECHO EN PUERTO ESPAÑA EL 17 DE FEBRERO DE 2009. (Número de expediente 110/000115.)

- CANJE DE NOTAS DE FECHA 12 DE MAYO DE 2009, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHILE SOBRE PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LOS NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDENTES EN EL TERRITORIO DEL OTRO. (Número de expediente 110/000116.)

- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LOS NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDENTES EN EL TERRITORIO DEL OTRO, HECHO EN QUITO EL 25 DE FEBRERO DE 2009. (Número de expediente 110/000117.)

- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA EN EL ÁMBITO DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIVILES, HECHO EN MADRID EL 28 DE ABRIL DE 2009.
(Número de expediente 110/000118.)

- ENMIENDA AL ARTÍCULO 38 DE LOS ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT), HECHO EN CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA) EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000119.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COREA SOBRE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA EN MATERIA DE DEFENSA, HECHO EN SEÚL EL 23 DE MARZO DE 2009. (Número de expediente 110/000120.)

- CANJE DE NOTAS, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE SOBRE PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LOS NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDENTES EN EL TERRITORIO DEL OTRO, HECHO EN PRAIA EL 8 DE ABRIL DE 2009. (Número de expediente 110/000121.)

- ACUERDO SOBRE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y AUSTRALIA, HECHO EN CANBERRA EL 24 DE JUNIO DE 2009. (Número de expediente 110/000122.)

- CANJE DE NOTAS, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY SOBRE PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LOS NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDENTES EN EL TERRITORIO DEL OTRO, HECHO EN MADRID Y ASUNCIÓN EL 13 DE MAYO DE 2009. (Número de expediente 110/000123.)

- CANJE DE NOTAS, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ISLANDIA SOBRE PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LOS NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDENTES EN EL TERRITORIO DEL OTRO, HECHO EN MADRID Y PARÍS EL 31 DE MARZO DE 2009. (Número de expediente 110/000124.)

- ACTAS FINALES DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE 2007 (CMR-07), FIRMADAS EN GINEBRA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2007, ASÍ COMO RESERVAS Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA FORMULÓ EN EL MOMENTO DE SU FIRMA.
(Número de expediente 110/000125.)

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- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y NUEVA ZELANDA SOBRE PARTICIPACIÓN EN DETERMINADAS ELECCIONES DE LOS NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDENTES EN EL TERRITORIO DEL OTRO, HECHO EN WELLINGTON EL 23 DE JUNIO DE 2009. (Número de expediente 110/000126.)

- CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, HECHO EN SAN SALVADOR EL 29 DE OCTUBRE DE 2008. (Número de expediente 110/000127.)

- CONVENIO PENAL SOBRE LA CORRUPCIÓN (CONVENIO NÚMERO 173 DEL CONSEJO DE EUROPA), HECHO EN ESTRASBURGO EL 27 DE ENERO DE 1999, ASÍ COMO DECLARACIÓN Y RESERVA QUE ESPAÑA FORMULARÁ EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN. (Número de expediente 110/000128.)

El señor PRESIDENTE: ¿Podemos entender aprobados por asentimiento de la Cámara el resto de los dictámenes de la Comisión de Exteriores? (Asentimiento.)

Quedan aprobados.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.):

- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y SE MODIFICAN DETERMINADAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de expediente 121/000037.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos las enmiendas de totalidad al proyecto de ley por el que se regula el sistema de financiación de comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 156; en contra, 172; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 121/000038.)

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación las enmiendas de totalidad al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, sobre financiación de las comunidades autónomas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 155; en contra, 172; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN.):

- PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 63.2. (Número de expediente 410/000011.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, concretamente la que modifica el artículo 63.2. Retirada la enmienda, se vota por tanto el dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 333; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.


Se levanta la sesión.


Eran las tres y diez minutos de la tarde.

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