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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 102, de 10/09/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2009 IX Legislatura Núm. 102
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 94 celebrada el jueves 10 de septiembre de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas. (Continuación.)... (Página 2)

Interpelaciones urgentes. (Continuación):

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fracaso de su política económica para crear empleo, frenar el incremento del paro y la caída de la afiliación a la Seguridad Social, y dar cobertura a las personas en situación de desempleo. (Número de expediente 172/000109.)...
(Página 6)

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2008:

- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2008. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 146, de 4 de junio de 2009. (Número de expediente 260/000002.)... (Página 11)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Preguntas. (Continuación.) ... (Página 2)

De la Diputada doña Celia Villalobos Talero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Qué cree el ministro de Trabajo que puede hacer por el empleo en España? ... (Página 2)

Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Cómo tiene previsto hacer frente el Gobierno a la situación de la Seguridad Social? ... (Página 4)

Pregunta de la Diputada doña M.ª Concepció Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la señora ministra de Sanidad y Política Social: ¿Comparte el Gobierno la opinión de la Organización Médica Colegial cuando dice que se está creando una alarma y angustia exagerada en torno a la gripe A? ... (Página 5)

Interpelaciones urgentes. (Continuación.) ... (Página 6)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fracaso de su política económica para crear empleo, frenar el incremento del paro y la caída de la afiliación a la Seguridad Social, y dar cobertura a las personas en situación de desempleo. ... (Página 6)

Formula la interpelación el señor Echániz Salgado, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Contesta el señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Echániz Salgado y duplica el señor ministro de Trabajo e Inmigración.


Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2008. ... (Página 11)

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2008. ... (Página 11)

El señor Defensor del Pueblo (Múgica Herzog), presenta a la Cámara los aspectos más destacados del trabajo de la institución durante el ejercicio de 2008.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); los señores Tarno Blanco y Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.


Se levanta la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


PREGUNTAS. (CONTINUACIÓN):

- DE LA DIPUTADA DOÑA CELIA VILLALOBOS TALERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿QUÉ CREE EL MINISTRO DE TRABAJO QUE PUEDE HACER POR EL EMPLEO EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000652.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Seguimos examinando el punto del orden del día referido a preguntas al Gobierno. En primer lugar, corresponden las preguntas al señor ministro de Trabajo e Inmigración y para formular la por ella presentada tiene la palabra doña Celia Villalobos.


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La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, presidente.


Señor Corbacho, dadas las circunstancias en las que está este país en este momento, ¿cómo cree que puede contribuir el ministro de Trabajo a la creación de empleo?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Villalobos.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, el Ministerio de Trabajo que dirijo y el conjunto del Gobierno, como usted bien sabe, venimos desarrollando políticas e impulsando medidas para salir de la crisis cuanto antes reactivando la economía y manteniendo la protección social, con un objetivo prioritario, salir de la crisis lo antes posible, y así lo seguiremos haciendo. Seguiremos dirigiendo todos nuestros esfuerzos para conseguir este objetivo, que es salir de la crisis lo antes posible.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Señor Corbacho, no hace demasiado, hizo usted unas declaraciones en el sentido de que poco podía hacer usted para la creación de empleo. Eso demuestra claramente la resignación en la que se encuentra usted sumido, que por otra parte es entendible, para algunos, para mí no, pero para algunos sí: 4.300.000 parados, un índice de paro del 18,5 por ciento, una destrucción de empleo en lo que va de legislatura de 1.500.000 personas, y usted se ha resignado a las políticas de mitigar -mientras se pueda, señor Corbacho- la situación de estos parados. Pero usted tiene una labor importantísima en las políticas activas de empleo. Señor Corbacho, aparte de quejarse por las esquinas, aparte de dejarse avasallar por la ministra de Economía, por el presidente del Gobierno, por el ministro de Industria, tiene usted la obligación de formar e informar a su propio Gobierno de determinadas cuestiones. El papel que usted ha jugado en el diálogo social es auténticamente penoso. ¿Cómo permite usted que el presidente del Gobierno descalifique a uno de los sectores más importantes en la negociación del pacto social? ¿Qué papel va a jugar usted a partir de ahora? ¿Cómo es posible que usted le transmita al presidente del Gobierno que la necesidad de una reforma laboral simplemente significa el abaratamiento del despido, como dijo aquí ayer el presidente del Gobierno? Entiendo que el señor Zapatero, que dice saber de todo pero que no sabe de nada, diga que la reforma laboral es abaratar el despido, pero no que usted no le haya hecho entender al presidente del Gobierno ...(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora VILLALOBOS TALERO: ...que la reforma laboral va mucho más allá de lo que significa el abaratamiento del despido, que tiene usted que hacer una reforma profunda en la formación ocupacional, en la negociación colectiva y tiene usted que hacer una reforma en la contratación. Este país no puede soportar el índice de temporalidad que tiene. Es uno de los problemas de la competitividad de nuestro sistema económico y usted tiene la obligación de resolver estos problemas, pero, claro, el problema no es solamente usted, señor Corbacho; usted y el Gobierno al que pertenece se han instalado en la resignación, que es lo que están haciendo ustedes con estas medidas. No ha hecho usted absolutamente nada por incrementar el empleo y las políticas activas de empleo. Señor Corbacho, debería decirle a usted que se vaya, pero con usted se tendría que ir el Gobierno completo. (Un señor diputado: ¡Muy bien! - Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Villalobos.


Señor ministro de Trabajo e Inmigración.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señor presidente.


Señoría, en ningún momento he dicho que no se puede hacer nada, sino todo lo contrario. Desde este Gobierno y este ministerio estamos haciendo, seguiremos haciendo y haremos todo lo que esté en nuestras manos y en nuestra competencia para resolver el problema del empleo. Ahora bien, debemos hacerlo conjuntamente, no solamente desde el Gobierno o desde la Administración General del Estado; debemos hacerlo también con el resto de las comunidades autónomas y ya lo estamos haciendo.


A mí no me ha avasallado nadie. Señora Villalobos, usted me conoce poco, yo jamás me dejaría avasallar por nadie. Téngalo usted claro. Pero, en un Gobierno, no confunda usted la necesaria coordinación, impulso y máxima responsabilidad que ostenta el presidente del Gobierno en el ejercicio de su responsabilidad con pretender creer que eso es avasallar a ningún ministro. En el diálogo social el Gobierno no ha culpabilizado a nadie, pero el diálogo social no se ha llevado a término porque algunos han hecho imposible que se lleve a término. En cualquier caso, no quiero mirar al pasado, quiero mirar hacia el futuro y en ese futuro estoy convencido de que el diálogo social volverá a la mesa para seguir trabajando entre todos.


A usted le preocupa la temporalidad y a mí también, pero es curioso, le voy a dar un dato que probablemente usted desconoce. Ustedes estuvieron gobernando en este país ocho años y en ese periodo la temporalidad se mantuvo

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en el 30 por ciento. Es curioso que durante todo ese tiempo ustedes no fueron capaces de bajar la temporalidad, y ahora que estamos en el 25, fíjese que no hago ninguna mención de ello. Durante este tiempo hemos seguido trabajando, tomando medidas como los ERE de suspensión en lugar de extinción u otras múltiples medidas para la protección social. Ya sé que a ustedes eso de la protección social les produce una cierta alergia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON TOMÁS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿CÓMO TIENE PREVISTO HACER FRENTE EL GOBIERNO A LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL? (Número de expediente 180/000653.)

El señor PRESIDENTE: Última pregunta para el señor ministro de Trabajo e Inmigración. Para formularla tiene la palabra don Tomás Burgos.


El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, presidente.


Señor ministro de cada vez menos trabajo en España, con resultados que avergonzarían al cínico más redomado, la política de este Gobierno se traduce en los peores resultados económicos y sociales de nuestra historia. A eso contribuyen 142.000 cotizantes menos en el último mes a la Seguridad Social, más de 1.136.000 cotizantes menos en un año, con un superávit de la Seguridad Social que ha caído más del 33,3 por ciento en seis meses, con ingresos del sistema que crecen cero y gastos que crecen por encima del 7,2 y con unas cotizaciones que se desmoronan. Ante cada día peores resultados y aún peores presagios, ¿cómo tiene previsto hacer frente el Gobierno a esta situación de la Seguridad Social?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burgos.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señor presidente.


Señoría, pese a la gravedad de la crisis, la situación de la Seguridad Social es buena, como presumo que usted debería saber dado que pertenece a la Comisión del Pacto de Toledo. Esto se debe en gran medida -y así me gustaría que usted también lo reconociera- a la política desarrollada por este Gobierno desde el año 2004. Por ello, el Gobierno apuesta por continuar esta política mejorando la acción protectora de la Seguridad Social en el presente y continuar realizando una gestión que contribuya a reforzar el sistema de nuestra Seguridad Social con garantía para el presente y el futuro.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Burgos.


El señor BURGOS GALLEGO: Señor ministro, ustedes están haciendo lo contrario de lo que se debe. Aumentan desequilibradamente el gasto; recortan brutalmente el tan necesario superávit; disminuyen sin parar los cotizantes y el peso de las cotizaciones en la financiación del sistema; rompen la contributividad y sobrecargan la Seguridad Social con gastos que no le corresponden. No hay equilibrio posible, señor ministro, cuando los gastos crecen mucho y los ingresos nada. ¿Qué sistema va a ser sostenible con un 20 por ciento de paro que usted ya nos anuncia? Menos trabajo y menos cotizaciones son menos pensiones. Más pobreza, más déficit y más impuestos serán menos pensiones en el futuro. Es el axioma Zapatero que nos va a perseguir como una mancha negra en nuestro próximo futuro. La verdad es que su consunción como ministro va paralela al deterioro de nuestra situación económica, pero le pido que no convierta el Pacto de Toledo en pura filfa, actuando por puro capricho y sin consenso general. Gobiernen con todos, no amenace usted ahora con eliminar bonificaciones en un acto de castigo a los empresarios. Más diálogo con todos y menos monólogo con los fieles, señor ministro. No tense aun más la cuerda, no acabe destrozando también irresponsablemente el Pacto de Toledo. Traiga los debates sobre las pensiones mínimas o sobre las cotizaciones al ámbito en el que deben estar, que es el Pacto de Toledo. Si son ustedes una calamidad para la crisis, no se conviertan además en unos inútiles para el futuro de este país.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señor presidente.


Mire usted, quien da y quita la razón son los ciudadanos. De momento, la razón que a ustedes les dieron en las pasadas elecciones hace que estén en la oposición, y en treinta años de democracia solamente en ocho tuvieron el privilegio o la suerte de estar en el Gobierno. Por tanto, no tenga usted tanta prisa. Espérese a que haya elecciones a ver qué es lo que sucede. Mucho me temo que usted continuará ahí y yo aquí.
(Aplausos.)

Como usted bien sabe, nunca he negado que la crisis económica tiene una incidencia en las cuentas de la Seguridad Social, pero, señor diputado, seamos serios. Ya sé que pedirle un cierto rigor y seriedad a usted es un poco complejo. ¿Puede usted calificar la situación de la Seguridad Social de desastrosa cuando hace un mes acaba de presentar el resultado de sus cuentas y ha arrojado un superávit presupuestario este año de 8.600 millones de euros? ¿Puede usted calificar eso de desastroso?

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¿Puede usted calificar de desastrosa una Seguridad Social que tiene un fondo de reserva de 58.000 millones de euros? ¿Puede usted calificar de desastrosa una Seguridad Social que sigue teniendo más de 18 millones de afiliados? ¿Puede usted calificar de desastrosa una Seguridad Social que tiene un ratio de 2,6 cotizantes por pensionista? ¿Puede usted calificar de situación desastrosa que este ministro hiciera una previsión a primeros de año de que acabaríamos el ejercicio con el 0,3 por ciento de superávit y acabaremos el ejercicio con cerca del 0,5? ¿Por qué introducen ustedes incertidumbre en algo que está saneado y que tiene una buena solidez? Dejen ustedes, ya sí, de jugar con las pensiones y con la seguridad de más de 8 millones de personas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA CONCEPCIÓ TARRUELLA TOMÀS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL: ¿COMPARTE EL GOBIERNO LA OPINIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL CUANDO DICE QUE SE ESTÁ CREANDO UNA ALARMA Y ANGUSTIA EXAGERADA EN TORNO A LA GRIPE A? (Número de expediente 180/000643.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Sanidad y Política Social. Para formularla tiene la palabra doña María Concepció Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, la pasada semana el presidente de la Organización Médica Colegial, el señor don Juan José Rodríguez Sendín, aseguró que España está inmersa en una epidemia de miedo, que se está creando una alarma y una angustia exagerada en torno a la gripe A/H1N1. ¿Comparte el Gobierno estas declaraciones?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, efectivamente en las últimas semanas se ha incrementado la atención de los medios de comunicación y de los ciudadanos en torno a la situación y evolución de la epidemia. Es razonable no solo porque estamos en presencia de un virus que es nuevo -una nueva enfermedad-, sino porque esta enfermedad tiene un carácter global. Como sabe, continuamos con una situación clínica en la que prácticamente la totalidad de los casos cursan con un cuadro leve, con una evolución favorable, y responden bien a los tratamientos convencionales. En cualquier caso, la obligación del Gobierno es trabajar para anticipar cualquier eventualidad y preparar a los servicios sanitarios ante un posible incremento de la incidencia. Por ello nos preparamos para hacer frente a cualquier eventualidad.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Señora ministra, estamos de acuerdo en que debe seguir trabajando como ha hecho hasta ahora. Reconocemos que ha hecho una buena gestión de coordinación con las comunidades autónomas en el tema de la gripe, pero también compartimos estas declaraciones del presidente de la Organización Médica Colegial y de muchos médicos blogueros, principalmente de atención primaria, que se han unido para dar unas pautas en la Red y tranquilizar a la población porque, como dicen, se han unido todos contra la imagen apocalíptica que se está dando de la gripe A.


Le he dicho que usted lo ha gestionado bien porque ha sabido coordinar, pero nos preguntamos si es necesario hacer una rueda de prensa para decir que cuando un niño tiene la gripe no se le lleve al colegio hasta pasadas veinticuatro horas sin fiebre y que se quede en su casa. Eso, señora ministra, lo recomienda cualquier profesional sanitario. Eso es de sentido común y cualquier padre debería hacerlo. Contra esta gripe hay que actuar igual que contra la gripe convencional. La diferencia está en que las administraciones y los profesionales sí deben estar preparados, por el número de personas a las que va a afectar. Por ese motivo creo que usted debe continuar trabajando internamente con todos ellos: con las administraciones, con los profesionales, con las entidades científicas, con todos, porque la percepción social del riesgo de contagiarse y de morir con gripe A no tiene nada que ver con la realidad. La calma es un mensaje fundamental; es absurdo crear miedo y, créame, la gente empieza a tener miedo o a pasar de todo y no creerse nada. Si la gripe nos va a afectar a la mayoría solo de una forma leve, el mensaje debe ser de confianza y sobre todo debe haber mucha confianza en los buenos profesionales que tenemos. Debemos estar expectantes, debemos estar alerta, tenemos también que informar y prevenir, pero lo que tenemos que hacer es marcar protocolos de comportamiento ...


El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señora Tarruella, pasó su tiempo.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Señoría, desde el primer momento hemos hecho un esfuerzo permanente no solo de coordinación, como usted reconoce, sino para desarrollar una política informativa de transparencia y

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rigor para evitar falsas especulaciones. Hemos querido dar siempre una respuesta proporcionada a la situación basada en la evidencia científica de la evolución de la propia enfermedad. Sin duda está en la obligación del Gobierno, además, insisto, de prever todos los escenarios posibles como así estamos haciendo desde el primer día.


La opinión del presidente de la Organización Médica Colegial quiso contribuir, y así se lo reconozco, a trasladar un mensaje de tranquilidad necesario dirigido a los ciudadanos y de confianza en los profesionales, como en todo momento he hecho desde el Ministerio de Sanidad y Política Social. No dejo de pedir que entre todos sigamos haciendo ese importante ejercicio de responsabilidad para no generar -coincido con usted- una alarma social injustificada que pueda confundir a la población; por eso son necesarios transparencia, rigor informativo, conocimiento basado en la evidencia científica y calma, porque esta es una enfermedad que hasta el momento cursa de manera leve. Estoy segura de que voy a poder contar con la colaboración de todos ustedes, porque efectivamente, aunque esta enfermedad cursa de manera leve, con síntomas leves, y se cura con tratamientos convencionales, tenemos que proteger la salud de nuestros ciudadanos y preparar los posibles escenarios para las eventuales incidencias que esta gripe pueda tener en nuestra población.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL FRACASO DE SU POLÍTICA ECONÓMICA PARA CREAR EMPLEO, FRENAR EL INCREMENTO DEL PARO Y LA CAÍDA DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, Y DAR COBERTURA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO. (Número de expediente 172/000109.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VII del orden del día para examinar las interpelaciones urgentes. Finalmente ha quedado solamente una interpelación, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el fracaso de la política económica para crear empleo, frenar el incremento del paro y la caída de la afiliación a la Seguridad Social y dar cobertura a las personas en situación de desempleo. Para formular la interpelación tiene la palabra don José Ignacio Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, si existe un elemento que pudiese resumir el fracaso sin paliativo de las políticas, especialmente las económicas, de este Gobierno, ese sería sin duda el empleo. Aún recuerdo cuando tras más de diez años de caída del paro, desde el 23 por ciento de 1996, y le mostraba al ministro mi preocupación por el entonces incipiente incremento del desempleo, tras la creación de 5 millones de empleos por el Partido Popular, con gran aire de suficiencia, recién llegado de Hospitalet, el señor Corbacho me decía que nunca la peor cifra del paro del PSOE superaría a la del PP. ¿Recuerda estas palabras, señor Corbacho? Hoy el paro, señor ministro, ha aumentado un cien por cien desde su contundente afirmación y supera ya el 18 por ciento. Aún recuerdo también cuando le preguntaba que si lo del pleno empleo iba a ser igual que los 800.000 puestos de trabajo de Felipe González y el ministro Corbacho me aseguraba, visiblemente enojado, que jamás superaríamos los 3 millones de parados en toda España. Hoy, señorías, España tiene más de 4.300.000 parados según la EPA, más de 4.100.000 parados, si lo prefiere, según la tasa de paro registrado, más los DENO, más los demandantes de empleo específicos, y usted, señor ministro, y su presidente han batido todos los récords nacionales, todas las plusmarcas históricas, intermensuales, intertrimestrales e interanuales, con máximos tristemente históricos. Lo que en mayo, en junio o en julio era fruto del éxito del PlanE y de sus políticas, ahora es culpa de la estacionalidad. Es la segunda vez, señor ministro, que lo hacen en veinte años y si alguien en los años noventa pudo pensar que el paro era fruto de una casualidad, hoy ya sabe bien que socialismo es sinónimo de políticas equivocadas, de políticas trasnochadas y de políticas fracasadas que no dan buenos resultados en ningún lugar del mundo y que aumentan las desigualdades, la injusticia y el retroceso social.


Señor ministro, quizá su sectarismo le impida reconocerlo, pero al 80 por ciento de los españoles preocupados por el paro y por la posibilidad de perder su empleo no, ni tampoco a los más de 4 millones de parados ni a las más de 1.200.000 familias con todos sus miembros en paro y sin recursos. A usted le encanta buscar culpables fuera en lugar de mirarse en el espejo. Usted ha dicho que de nuestro paro tienen la culpa los neoliberales americanos, los bancos, las cajas y la CEOE, sin pararse a pensar por qué Francia, Alemania o Reino Unido no han incrementado su paro significativamente y España lo ha más que duplicado.


Esta es la historia, señor ministro, de un gran fracaso, el fracaso de pasar de 2 a 4 millones de parados en un año y medio, el fracaso de cientos de miles de empresas y autónomos cerrados y de la caída brutal de la recaudación para las políticas sociales, de la caída brutal de los ingresos para la Seguridad Social y de los aplazamientos de cuotas, cerca de 8.000 millones, señor ministro, a las cuentas de nuestro sistema público de pensiones. El fracaso de no dotar por primera vez, señor Corbacho, desde que lo creó el Partido Popular, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El fracaso del diálogo social por no haber sabido usted liderarlo, por tomar parte, por buscar solamente una foto y por despreciar a los interlocutores,

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precisamente al único interlocutor que puede crear empleo en esta sociedad, porque no obtuvieron precisamente esa foto. Fracaso en la recolocación y en la modernización en los servicios públicos de empleo por no modernizarlos, por desaprovechar consciente y alevosamente la colaboración del sector privado solamente por la presión de unos sindicatos con intereses personales en la materia y por una calcificación ideológica absolutamente trasnochada. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Es la crónica, sí, señor ministro, de un gran fracaso, como que solamente el 15 por ciento de los parados recibe formación; como el de que la calidad de la enseñanza hace estragos en nuestra sociedad, en las nuevas generaciones, por un sistema educativo lamentable; como el que del total de parados de la zona euro, 15 millones, 4,3 sean españoles, uno de cada cuatro, o que de los nuevos parados, 2.700.000, el 1,3 (1.300.000) sean compatriotas: o el fracaso de los expedientes de regulación de empleo que se han multiplicado por 15 en un solo año; o el de que solo pudiéramos desbloquear los 19.000 millones a cuenta del Fondo Social Europeo para paliar el desempleo porque el presidente Zapatero no asistió a la cumbre de Praga para el empleo por no tener que recoger el Óscar a la peor dirección de escena laboral del continente; o el de que nos hayamos gastado el doble de lo presupuestado en políticas pasivas, cuatro veces más que hace dos años, casi un 4 por ciento del producto interior bruto, porque usted y su presidente, señor Corbacho, no han hecho sus deberes.


¿Sabe usted, señor ministro, lo que se tiene que gastar en paro por no hacer las reformas necesarias? Yo se lo voy a decir. Se va a gastar usted el doble, el doscientos por cien de lo que España se gasta en cuatro de las políticas clásicas del Estado juntas, el doble de todo el gasto en Justicia, más el doble de todo el gasto en Defensa, más el doble de todo el gasto en seguridad ciudadana y más el doble de todo el gasto en política exterior, el doble de la suma de los cuatro ministerios.
¿Verdad, señor ministro, que un poco menos de demagogia y un poco más de reformas le supondrían un gran ahorro y una gran alegría a los ciudadanos, sobre todo ahora que les quiere subir los impuestos? ¿Verdad que algunos sindicatos y este Gobierno nos están saliendo muy caros a todos los españoles, señor Corbacho?

Señor ministro, esta es la crónica de un gran fracaso y podría continuar dando cifras hasta consumir el tiempo hasta del propio Defensor del Pueblo y mucho más. Lo importante, lo relevante es que un Gobierno inteligente, un Gobierno responsable o las dos cosas ya habría tomado nota de lo que pasa en este momento, en lugar de rezar para que no le aumente la población pasiva, cosa que tristemente va a ocurrir por efecto del desánimo y porque las dificultades laborales alargarán la etapa de formación. Señor ministro, España tiene un mercado laboral arcaico y en algunas materias incluso anterior a la Constitución. Los mecanismos de ajuste de nuestro mercado de trabajo español frente a esta crisis no funcionan. Es tan rígido que se absorben los ajustes económicos destruyendo empleo, en lugar de ajustando la productividad, ajustando los salarios o ajustando los picos de la demanda. Porque las decisiones individuales de producción de las empresas, señor ministro, responden a un sistema de incentivos de cada economía y la legislación laboral resulta que es uno de los más importantes de todos ellos, y usted no quiere entenderlo desde el momento en que asumió la responsabilidad del Ministerio de Trabajo.


En España, señor ministro, hay un colectivo de trabajadores muy bien protegido, mejor incluso que en otros países, pero lo que ni usted ni los sindicatos dicen es que existe una segmentación, que existe una dualidad que permite que junto a estos conviva un importantísimo número de contratos temporales sin ninguna protección, que han sido los paganos de esta situación y de la falta de reformas por su parte. ¿Y a quién favorece esta situación? Pues favorece a los trabajadores cualificados, que tienen contratos fijos, con alta protección, mediana edad y gran experiencia profesional. ¿Y a quién perjudica, señor ministro? Pues perjudica gravemente a los más jóvenes, a los trabajadores menos cualificados, con contratos temporales y bajísimo nivel de protección.
Quizá, señor ministro, está haciendo falta un sindicato que defienda los intereses de estos trabajadores, un sindicato moderno que se ocupe de los más débiles, de los más desprotegidos y que no impida que vuelvan al mercado laboral.


Señorías, la estructura del mercado laboral español es una gran injusticia intergeneracional que está aumentando y amenazando el futuro de una generación entera de jóvenes españoles, que es lo mejor que tenemos para el futuro, que son la generación Ni-Ni: ni formación ni empleo, jóvenes que tienen una tasa de desempleo cercana al 40 por ciento, que se ha duplicado en un año, marginando del mercado laboral a 800.000 de ellos en un solo ejercicio y que son nuestra mejor capacidad de rejuvenecer, de dinamizar nuestra economía y que los estamos arrumbando a la marginalidad y a la exclusión social. Señorías, están ustedes defendiendo a un pequeño grupo a costa de perpetrar una gran injusticia generacional y, por si fuera poco, agotado el margen de los temporales en este segundo trimestre, por primera vez en catorce años se ha destruido empleo indefinido -por primera vez en catorce años-, nada más y nada menos que 135.000 empleos.


Decía usted a la señora Villalobos hace unos minutos que el Partido Popular tuvo una tasa alta de temporalidad, y es cierto que tuvimos una tasa alta de temporalidad, pero la diferencia es que nosotros creamos 5 millones de empleos y usted tiene 4.300.000 parados; esa es la diferencia entre nosotros y ustedes. Por este motivo, señor ministro, nosotros, junto a una gran parte de la sociedad española, entre la que está el gobernador del Banco de España, el comisario económico de la Unión Europea, el propio secretario de Estado de Hacienda, señor Campa, el señor Trichet y tantas instituciones

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y expertos nacionales e internacionales, les estamos reclamando una reforma de nuestras instituciones laborales, a ustedes que son el Gobierno, a ustedes que han sido elegidos por los ciudadanos para gobernar, y no me repita lo del despido libre. Mire, no, no queremos el despido libre. ¿Le ha quedado claro? No lo queremos. Y no me repita entonces lo de y cómo lo hacemos nosotros o eso de que no le digo como lo haríamos nosotros. Sí, se lo digo: reformando los servicios públicos de empleo, aumentando las políticas activas de empleo. ¿Sabe, señor Corbacho, cuántos funcionarios del INEM alemán se dedican a los parados? Un funcionario por cada 33 alemanes parados. ¿Sabe cuántos parados españoles tiene que atender un funcionario español? 300; 23 frente a 300.
¿Eso lo entiende, señor ministro? También reformando la negociación colectiva y personalizada, descentralizando el nivel más cercano a los trabajadores, disminuyendo el absentismo, incorporando las agencias privadas de colocación, mejorando la flexibilidad y la seguridad, adecuando salarios y productividad, mejorando la formación, dando formación a ese 85 por ciento de los ciudadanos parados que no la tienen, mejorando la Administración para no estar a la cola de la legislación emprendedora de todo el mundo conocido. Mire usted, señor ministro, liderando el diálogo social y no frustrándolo, dejando de ser los más conservadores y reaccionarios de todo el mundo occidental; con políticas que en este país ya crearon 5 millones de empleos y no con malas políticas económicas que siempre acaban en el subsidio, señor Corbacho.


Señorías, en un año y medio el Gobierno socialista ha combatido la crisis de dos maneras, con el principio goebbeliano de si no puedes negar las malas noticias intenta inventar otras y a través de una orgía de medidas inútiles, frías e irresponsables. Señor ministro, se ha montado una fiesta de medidas a la que no han invitado a los españoles que ha sido como echar gasolina al fuego y ahora quieren que la paguemos entre todos, todos menos los ricos, que para eso tienen las Sicav, y tampoco ustedes, que para eso han aumentado la Función pública en 109.000 funcionarios en un año.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Echániz, por favor.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Termino, señora presidenta.


Hemos superado los 3 millones de funcionarios y han superado en altos cargos el 7,6 por ciento. Que paguen otros. Que paguen los mileuristas de este país, que son la mayoría, que paguen los que más están sufriendo sus políticas erróneas. Quizá ese sea el motivo por el que los españoles son los europeos que peor valoran la actuación de su Gobierno para luchar contra la crisis y contra el paro.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señor Echániz.


Para contestar a la interpelación tiene la palabra el señor ministro de Trabajo e Inmigración.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señora presidenta.


Señor Echániz, le pediría, si es posible, que hiciera el ejercicio de decir una cosa y veinte segundos después no afirmara la contraria. Porque ha manifestado en esta tribuna hace un momento que uno de los grandes problemas son los servicios públicos de empleo y que hay que modernizarlos. Ha citado como ejemplo la ratio de los servicios públicos de empleo alemán y no ha acabado la frase cuando ha añadido que lo que hay que hacer es contener el gasto público y no aumentar el número de funcionarios. ¿En qué quedamos, señor Echániz? ¿Modernizamos los servicios públicos de empleo del Estado y de las comunidades autónomas y aumentamos el ratio para compararnos a Alemania o nos quedamos en la contención del gasto público y del crecimiento de los funcionarios? Una cosa u otra, las dos a la vez -créame- es totalmente contradictorio.
(Aplausos.)

Señor diputado, siempre es de interés poder debatir en esta Cámara sobre el principal problema que afecta al conjunto de la sociedad, que no es otro que el paro, y explicar tantas veces como sea necesario las actuaciones que el Gobierno ha llevado a cabo y tiene previsto desarrollar para seguir combatiendo esta situación y retornar cuanto antes a una senda de crecimiento económico y de empleo. Lo que sucede es que su grupo siempre plantea este debate en unos términos tan catastrofistas y tan poco objetivos que enseguida queda claro que realmente no les interesa el debate constructivo para buscar propuestas eficaces contra la crisis. Ustedes no hacen en esta materia una labor de oposición, que es la que les corresponde, sino de confrontación y crispación permanente y a las pruebas me remito, a su propia intervención de hace unos minutos. No han aportado ni antes ni hoy y mucho me temo que ni mañana ni una sola propuesta y así es muy difícil hacer un debate serio y sereno ni en el terreno de las ideas ni en el de las propuestas.
Voy a intentar, una vez más, contextualizar esta interpelación para situar el tema y que nos permita profundizar en él.


No hace falta que me hable de la gravedad de la crisis económica, señor diputado, pues de ella somos conscientes y este ministro lo es en primera persona, pero también lo es este país y todos los países de nuestro entorno. Este Gobierno es muy consciente de ello y por eso, precisamente, ha situado en el epicentro de sus políticas, en la prioridad de sus políticas, resolver la situación económica y el mantenimiento de las políticas sociales. Sabemos que el aumento del desempleo ha dejado en dificultades a muchas familias y a muchas pequeñas y medianas empresas.
Esa es y va a seguir siendo nuestra principal preocupación y nos gustaría que también fuese la suya y la de su grupo, pues la labor de

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quienes desempeñamos responsabilidades y tareas de representación pública es actuar con la adecuada objetividad para realizar propuestas y alternativas. Señor diputado, esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros hemos propuesto y aplicado más de cien medidas para afrontar la crisis y seguiremos trabajando para impulsar todas las que sean necesarias. Ustedes, como ya les he dicho, no han puesto nada y solo trabajan para obstaculizar la acción del Gobierno, criticándolo todo y sin aportar ninguna alternativa. Le diré que cada día que pasa, les guste o no, la situación va mejorando en materia económica. Si hace un año todas las noticias que se iban conociendo día a día eran negativas porque la crisis estaba en su fase central, ahora cada vez son más las noticias favorables y esperanzadoras para salir de la crisis, como lo atestiguan las recientes declaraciones de representantes de organismos internacionales. Aunque muy lentamente, estamos comenzando a revertir la situación. En materia económica el descenso de los tipos de interés ha aliviado el pago de las hipotecas. Las ventas de algunos bienes representativos, como los automóviles, también apuntan signos de mejora.
Y lo más importante de todo es que hay un dato que atestigua y confirma lo que acabo de decir, que la confianza de los consumidores se sitúa en los niveles del año 2007. Es posible que ustedes no perciban la mejoría y esa es otra prueba de que su grupo está en otras cosas.


Estas mejoras en el contexto económico, a las que sin duda han colaborado las múltiples acciones del Gobierno, también han tenido su concreción y su apunte en el paro. Señor Echániz, es verdad -S.S. lo ha puesto de manifiesto- que el paro ha aumentado en este mes de agosto, pero S.S. en sus análisis siempre obvia cosas evidentes. Usted no ha dicho, por ejemplo -no creo que haya sido un olvido porque le presumo buen conocedor de ello-, que desde que tenemos la serie Sispe, la serie histórica de la estadística del paro en este país, desde 2001 a 2008, el paro siempre aumenta en el mes de agosto. Si cogemos esa serie histórica desde el año 2001 al 2008, lo ha hecho en 42.000 personas, pero si vamos a la serie histórica del año 2004 al 2007 -un momento de fuerte crecimiento económico-, la media del paro subió siempre en agosto en 51.000 personas.
Y si comparamos el dato del paro del mes de agosto del año 2009 con el del 2008, S.S. convendrá conmigo en que ha sido un mes mejor. Por tanto, señor Echániz, el paro en el mes de agosto ha subido siempre, con gobiernos del Partido Socialista y con gobiernos del Partido Popular. Lo mismo ha sucedido con las afiliaciones a la Seguridad Social. Si coge esa serie estadística, convendrá conmigo en que la afiliación a la Seguridad Social siempre ha caído en 152.000 personas en el mes de agosto, habiéndolo hecho este año en 142.000. Señor diputado, situemos las cosas en su contexto.


¿Esto significa que hay que restarle importancia al dato del paro del mes de agosto? En absoluto. ¿Hay que calificarlo de negativo? Por supuesto, porque venimos de una situación en el último año de una fuerte destrucción de empleo y cualquier dato negativo que se produzca en un mes tiene incidencia sobre la serie inmediata del último año. ¿Quiere decir esto, por tanto, que los datos del desempleo en lo que llevamos de año han sido todos de signo negativo como sucedió en el último trimestre? Evidentemente, no. ¿Quiere esto decir que ya hemos pasado la crisis económica? En absoluto. ¿Que estamos todavía en ella y que los próximos meses seguirán siendo negativos para el empleo? Probablemente, sí. En ese sentido no podemos dejar de tomar medidas, de saber cuál es la situación del presente, pero no por ello debemos dejar de reconocer que hay algunos signos de carácter positivo.


¿Qué ha hecho y qué está haciendo el Gobierno? Trabajar en tres direcciones. La primera, a corto plazo. Ustedes critican mucho el PlanE y el impacto que ha tenido en la generación de empleo. Pregúntele a las 400.000 personas que están empleadas hoy si tienen la misma opinión. Creo que no. Ellas van a tener la opinión favorable y positiva de que han podido tener trabajo. (Aplausos.) Ustedes critican también el déficit del Estado, pero pregúntele a esas personas que, habiendo perdido el empleo, sabiendo que se había agotado el dinero de las prestaciones, hoy tienen la seguridad de que hay un gobierno que no les abandona, aunque eso signifique, efectivamente, pagar una factura de 30.000 millones de euros.
Sí, señor, 30.000 millones de euros, que es lo mínimo que puede hacer una sociedad desarrollada para ser solidaria y acompañar a aquella persona que ha perdido el empleo. (Aplausos.) ¿Qué van a hacer ustedes con la medida de los 421 euros? Déjense de demagogia. ¿Van a dar apoyo o no lo van a dar? Si van a hacerlo, háganlo ya, y felicítense de que el Gobierno haya tomado una medida que ha sido mejorada con la negociación de los sindicatos y con algunos grupos en esta Cámara para que pueda ayudar a esa persona que se encuentra en esa situación.


Me interpela usted y me dice: Al parado hágale un itinerario, un curso de formación y oriéntelo para la búsqueda del trabajo. Yo le pregunto: ¿Y a su compañera, Esperanza Aguirre, qué le deja usted? ¿Le piensa decir a su compañera, Esperanza Aguirre, que haga eso o a ella la dispensa? Le recuerdo que es ahí donde debe hacerse el itinerario y donde debe hacerse la formación. Con esta medida de los 420 euros es la primera vez que se pone en relación la política pasiva con la política activa, porque para poder recibirla hay que venir de la contributiva, pero por la primera oficina que pasa es por la oficina de la comunidad autónoma con la obligación de suscribir un acuerdo y hacer un itinerario para la formación y para el empleo. Espero que la señora Esperanza Aguirre, en lugar de tirar balones fuera, se ponga al frente de sus servicios públicos de empleo, que son tan importantes como los que tiene el Estado, y no deje a ningún parado de la Comunidad de Madrid o de Valencia o de Murcia sin formación y sin itinerario, porque esa es una responsabilidad de todas y de todos los que tenemos responsabilidades de gobierno.


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Señor Echániz, sintetizo. La situación económica es grave y ha tenido una repercusión sobre el empleo muy negativa, sin duda. Otro día hablaremos, porque ya me interpelará usted otra vez, de por qué España tiene un diferencial superior respecto de la media de la Unión Europea. Ya hablaremos otro día, pero es evidente que la situación del paro continuará siendo la principal preocupación. Reitero lo que le he respondido a su compañera de escaño. Este ministro tiene confianza en el futuro y también en el diálogo social, pero para que el diálogo social sea un éxito todos tendremos que dejar algo en el camino en beneficio de apostar por un proyecto que en el que, sin ser el proyecto de ninguna de las partes, todos nos podamos ver relativamente reflejados.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Echániz, su turno de réplica.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro de Trabajo, no se enoje porque le interpele. Ha dedicado tres cuartas partes de su intervención a otra comunidad autónoma, como suele ser usual en usted. Ya sabemos que a S.S. no le gusta que le interpelen. Lo pudimos ver todos los españoles cuando una persona de su confianza política que cobra de su ministerio amenazó a un periodista de la televisión pública (Rumores y protestas.), en un intento de impedirle que cumpliera con su obligación y con su responsabilidad en una sociedad democrática. (Aplausos.) Permítame que el diga, señor ministro, que esas actitudes de prepotencia son propias de un régimen sin libertades (Rumores.) y, en cualquier caso, son propias e intolerables en un Estado democrático. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)

Señor Corbacho, su última genialidad ha sido decir que usted no tiene las competencias para luchar contra el paro. Después del estupor que sentimos todos los españoles, déjeme recordarle que usted forma parte del Consejo de Ministros, por si no lo sabe. Usted puede impulsar leyes y reformas, y tiene en sus manos el Boletín Oficial del Estado. Si el ministro de Trabajo de España no tiene los medios, ¿me quiere decir, señor Corbacho, quién los tiene? Estamos ante un cuadro de auténtica emergencia social, y el Gobierno de España nos dice que no tiene nada que ver y que no tiene nada que hacer. Señor Corbacho, esta es una grave dimisión de responsabilidades.


Señor ministro, hoy en España hay menos bienestar que cuando ustedes llegaron al Gobierno. (Rumores.) Hoy hay más diferencias sociales, más pobres, más excluidos y más gente desesperada. Ustedes han creado nuevos pobres en España, con Zapatero ha aumentado la exclusión social en España. Ustedes, señor Corbacho, han podido escuchar a las organizaciones no gubernamentales decir que las peticiones de auxilio, de alimentos y de artículos básicos son las más altas en cuarenta años. Además, la asistencia para hacer frente a los alquileres, a las hipotecas y no perder la vivienda ha crecido en un 65 por ciento. Ahora mismo hay en España 200.000 familias a punto de embargar, y las organizaciones no gubernamentales dicen que se dirigen a ellas por indicación de la Administración. Hay que ver, señor Corbacho, ¡por indicación de la Administración! Los fondos públicos para poder ayudar están congelados desde el año 2007, cuando las cosas iban bien. ¡Es un disparate, señor Corbacho!

Quiero denunciar aquí también la hipocresía de esos políticos que como usted presumen de su compromiso activo con los más desfavorecidos, de progresismo, y luego los envían a Cáritas para que los socorran. Los mismos que alimentan una parte de su acción política en una ofensa gratuita y facilona a quien ayuda a través de sus ONG a esa gente.
Señorías, gracias a este Gobierno estamos volviendo a una situación, a un estado de subsidios y de beneficencia. Están ustedes jugando con las cosas de comer. La convergencia real ha caído; el sueldo medio en España ha caído según la encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística; los datos demuestran el empobrecimiento de nuestro país, la muy preocupante realidad social española y la alarmante falta de respuesta de la Administración pública. Y mientras tanto ustedes festejan 4 millones de parados en Rodiezmo, con el puño en alto y hurtando los trabajos y el consenso de la Comisión del Pacto de Toledo. ¡Qué le parece a usted, señor ministro!

Señorías, este Gobierno ha tirado la toalla. Es un Gobierno fatalista, está resignado, de brazos caídos, ha roto el diálogo social y solo echa balones fuera. Se trata de un gobierno pasivo para el que desde luego el empleo no es una prioridad, un gobierno que busca más justificaciones que soluciones. Usted, señor ministro, está noqueado, no solo por la acción de la oposición; no. Tampoco por los 4.300.000 parados que tiene ni porque no sabe qué hacer en este momento; no, no lo está. Está noqueado, señor Corbacho, por su propio Gobierno. Habla usted de los 420 euros, pero en una sola semana el presidente del Gobierno le ha desautorizado, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista le ha rectificado por la fecha de esos 420 euros y la vicepresidenta económica del Gobierno le ha llamado la atención por decir que el 20 por ciento del paro y los 4 millones y medio de parados están al caer si aumenta la población activa.
Señor ministro, entre su presidente, los sindicatos y la inutilidad de sus medidas está en un callejón sin salida. Y con estos mimbres le toca liderar la recuperación del empleo en Europa durante la Presidencia española de la Unión Europea ¡A usted, señor ministro, tiene guasa!

Señor Corbacho, va a ser usted el actor secundario -ya sabe quién va a ser el principal- de la historia del mayor fracaso político contemporáneo. Le quedan dos alternativas: comience esta misma tarde con las reformas que España necesita o siga el ejemplo de los ex ministros

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de Cultura y Administraciones Públicas, porque España necesita ya y a gritos un Gobierno serio y responsable.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Echániz.


Señor ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Señor diputado, le invito a repasar... (Un señor diputado: No se le escucha.- Pausa.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señores diputados, tranquilos que esto se puede arreglar. (Rumores.)

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Corbacho Chaves): Gracias, señora presidenta.


Señor diputado, simplemente le invito a que repase el "Diario de Sesiones" del Congreso de los Diputados y compruebe cuántas veces este ministro ha comparecido en Comisión, en Pleno, cuántas preguntas ha respondido, y después en todo caso pida disculpas por su afirmación de que a este ministro parece que le molesta que le interpelen o comparecer ante el Parlamento. Va a descubrir -y usted lo sabe- que la mayoría de las veces, excepción hecha por supuesto de las interpelaciones en que no ha lugar reglamentariamente, mis comparecencias siempre han sido a petición propia. Señor Echániz, no vaya usted por ahí porque ese no es el caso.


Este ministro y este Gobierno evidentemente tienen medidas, y muchas, y las estamos utilizando todas. Cuando mencione una declaración mía hágalo en todo su sentido y no saque la frase de su contexto. Porque si la pregunta al ministro es si de esta crisis se puede salir con los instrumentos que tiene el propio ministro, la respuesta, señor diputado, no puede ser otra que de esta crisis debemos salir globalmente todos porque globalmente hemos entrado en ella. Y si es una crisis tan profunda que supera incluso la acción propia de los gobiernos y de los Estados, usted comprenderá que supera la acción de cualquier ministerio. Esa es la realidad, señor Echániz, que no tiene nada que ver con las medidas. Este Gobierno y este ministerio han propuesto y han tomado medidas, y citaré una muy importante. Usted ha hablado antes de Alemania en relación con España. Ha dicho que en Alemania se ajustan los horarios y en España se ajustan las plantillas. Tiene usted razón, se la doy: más de 1.400.000 trabajadores en Alemania en estos momentos tienen reducción horaria, esa misma situación trasladada a España significaría que a setecientos u ochocientos mil trabajadores se les habría extinguido el contrato. Pero a continuación añade que en Alemania es posible hacer una reducción sobre horarios y no sobre plantillas porque su modelo productivo lo permite y eso en España no es posible porque aquí, cuando el que está haciendo la construcción deja de tener expectativas de vender pisos, no ajusta horarios, sencilla y llanamente rescinde los contratos, deja las estructuras y la grúa para volver a recuperar la obra cuando haya expectativas de compra. Eso es lo que en España ha destruido más de 700.000 puestos de trabajo. Y ante esa situación, ¿qué podemos hacer? Le daré un dato, señor diputado. Este ministro llegó al consenso del diálogo social y al no ser posible, lo trajo a esta Cámara. Citaré un detalle del real decreto-ley que está en trámite, los ERE, que se puede asimilar a ese ejemplo que ha puesto. Gracias a esa medida hemos pasado en el año 2008, cuando el 53 por ciento de los ERE que se presentaban era de extinción, al 19,8 y hemos pasado de un 41,8 por ciento de ERE en suspensión al 67,3 por ciento. Esa es la medida que está preservando el tejido productivo. Esa es la medida que está haciendo el ajuste de la economía. Y esa es una medida impulsada por este Gobierno. Le daré otro dato. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es posible que a usted le parezcan poco 421 euros. Pero le recuerdo -y tómese la molestia de mirarlo- que la media de las rentas de inserción social en España es de 398 euros y la mayoría de las comunidades autónomas tienen el 62 por ciento de rentas de inserción social respecto del Iprem o del SMI. Si usted cree que es poco, ya sabe lo que tiene que hacer, dar instrucciones a su partido para que allí donde gobiernan las incrementen para como mínimo situarlas al mismo nivel en que lo hemos hecho nosotros.


Critican nuestras políticas sociales y cuando este Gobierno apuesta por las políticas sociales nos critican el gasto y el exceso del gasto público. Señor diputado, o una cosa o la otra. Lo que no es posible es la cuadratura del círculo que quieren hacer ver a los ciudadanos. No es posible bajar los impuestos y mantener las políticas sociales. Usted lo sabe, los ciudadanos también y ya le anticipo que eso es imposible. Si bajan los impuestos inmediatamente se produce una bajada inevitable de las políticas sociales y un retroceso del Estado del bienestar como se demuestra allí donde gobiernan.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2008:

- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2008. (Número de expediente 260/000002.)

El señor PRESIDENTE: Ruego a los servicios de la Cámara que inviten al señor Defensor del Pueblo a pasar al salón de sesiones. (Pausa.)

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Octavo punto del orden del día: Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a su gestión realizada durante el año 2008. Damos la bienvenida a don Enrique Múgica para que pueda cumplir con la exposición del Informe del Defensor del Pueblo correspondiente al ejercicio 2008.
Cuando el señor Defensor del Pueblo acabe su exposición reglamentariamente debe abandonar el salón de sesiones. Por ello y recordando alguna información del año pasado en que alguien atribuyó a descortesía del Defensor del Pueblo no escuchar las intervenciones de SS.SS, ya advierto que si las ha de escuchar tendrá que ser por procedimientos distintos del presencial porque el Reglamento se lo impide. De modo que no es descortesía sino cumplimiento del Reglamento.
Una vez hecha esta advertencia le doy la palabra a don Enrique Múgica.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Señor presidente, señorías a mí me gustaría que el Reglamento no fuera así, pero qué le vamos a hacer.
Recuerdo que el señor Labordeta respecto a esto, después de una intervención del Defensor, dijo que era una descortesía que Enrique Múgica no estuviese escuchando lo que él y los demás señores diputados y diputadas iban a decir. Luego se le explicó que así lo establecía el Reglamento. Afortunadamente en sus memorias -que son excelentes y que recomiendo- hay un capítulo en el que pide excusas al Defensor del Pueblo por haber hecho esas manifestaciones. Señor presidente, muchas gracias por recordarlo.


Con esta comparecencia culmina la serie de presentaciones parlamentarias ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo y ante los Plenos de ambas Cámaras de la memoria actual de la actividad de la institución del Defensor del Pueblo referida al año 2008. El objetivo de esta intervención parlamentaria es el de transmitir a SS.SS de manera directa los aspectos más destacados de lo que fue el trabajo de la institución durante ese ejercicio. Una labor que intenta poner de manifiesto tanto las inquietudes mostradas por los ciudadanos en sus quejas y solicitudes como los problemas que plantea el cumplimiento del mandato constitucional de supervisión de las actividades de las administraciones públicas asumido por este alto comisionado de las Cortes Generales.


Por lo que hace a las cifras estadísticas globales destaca el incremento tanto del número de expedientes gestionados como del total de personas que han acudido a formular sus quejas ante el Defensor del Pueblo. En el año 2008 se inició la tramitación de 23.899 expedientes de queja, incluidos los de carácter individual, los de carácter colectivo y los de oficio. Eso supone un número cercano al 32 por ciento respecto del ejercicio anterior del año 2007. En cuanto a los ciudadanos que acudieron al Defensor las cifras son aún más elevadas. Lo hicieron, en conjunto, 92.338 personas, 53.650 más que en el año 2007, debido, sobre todo, al notable aumento de las quejas colectivas. También aumentaron, aunque de forma más moderada, las quejas individuales y las quejas de oficio se mantuvieron en una cifra sensiblemente igual a la del año anterior. La gran mayoría de las quejas se formuló directamente ante la institución, pero en torno a un 10 por ciento se recibió por conducto de los comisionados parlamentarios autonómicos de diversas entidades y organismos. Destacan, en cuanto a su número, las enviadas por el Valedor do Pobo gallego, el Defensor del Pueblo andaluz, el Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana, el Procurador del Común de Castilla y León y el Sindic de Greuges de Catalunya.


Teniendo en cuenta los sectores de la actividad supervisados, las quejas muestran el contenido característico de las preocupaciones ciudadanas.
Durante el ejercicio 2008, las materias más frecuentes sobre las que se han recibido quejas son, por este orden, las que afectan a la Administración económica, que comprende, entre otros, los ámbitos relacionados con los impuestos, suministro de energía y de las telecomunicaciones; a continuación se sitúan las materias referidas a la sanidad y a la política social, incluidos los problemas relativos al consumo; los problemas en la Administración de Justicia y en la actividad del Registro Civil; el urbanismo, la vivienda y el medio ambiente; la seguridad ciudadana y vial; la materia de policía e interior y la Administración penitenciaria; la educación, tanto en lo que afecta a recursos como a contenidos de la enseñanza; la inmigración y los problemas que afectan a la situación del personal al servicio de las administraciones públicas.


De las quejas formuladas, se admitió a trámite más del 53 por ciento, un porcentaje algo más elevado que en anteriores ejercicios. Los motivos más frecuentes de inadmisión fueron los de la ausencia de indicios de irregularidad administrativa y la coincidencia con una actuación judicial sobre el mismo asunto. Es importante volver a señalar el hecho de que en todos los casos, sin excepción, se proporcionó información puntual al ciudadano sobre las características de su reclamación. Se le orientó adecuadamente y se le suministró información adicional y complementaria que podría serle de utilidad, incluso cuando el contenido de algunas peticiones no podía ser tramitado como expediente de queja en los términos legalmente previstos. Insisto sobre esta cuestión para aclarar algunas posibles dudas manifestadas en sede parlamentaria sobre supuestas situaciones de falta de contestación. Por otro lado -y estoy seguro que SS.SS. lo comprenden muy bien-, aquellas cartas o manifestaciones por escrito dirigidas exclusivamente a expresar opiniones inequívocamente injuriosas o de contenido absolutamente inteligible, no pueden ser objeto de respuesta. Afortunadamente, este tipo de cartas o comunicaciones se reciben solo excepcionalmente.


El texto del informe contiene la alusión debidamente reservada bajo número de referencia a las quejas de tipo individual en cada uno de los apartados de gestión. Las

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quejas de tipo colectivo respaldadas por un número significativo de ciudadanos y las investigaciones de oficio aparecen brevemente resumidas en el informe. Destacan entre las colectivas con mayor número de peticionarios la queja formulada por un número o grupo de usuarios de la llamada tarifa eléctrica nocturna, denunciando los perjuicios sufridos por las modificaciones en la facturación, y la planteada por un elevado número de funcionarios y usuarios de bibliotecas públicas que manifestaban su disconformidad con la aplicación de un canon sobre el préstamo de libros establecido en la normativa europea.


Las resoluciones de la institución dirigidas a las administraciones supervisadas fueron 432 en total, de las que 125 eran recomendaciones de alcance general, otras 190 eran sugerencias relacionadas con el caso concreto que se había planteado, 113 eran recordatorios legales de deberes y otras cuatro eran advertencias de carácter puntual. Aunque solo en buena parte de esas resoluciones se recibe el parecer de las distintas administraciones en el mismo ejercicio en el que le son formuladas, es frecuente también que las oportunas respuestas se retrasen. Por eso, en esta presentación sobre el informe de 2008 ofrecemos la estadística más actualizada posible. De acuerdo con ella, de las 315 resoluciones formuladas que exigen una contestación del organismo administrativo destinatario, 211 habían sido aceptadas, 74 rechazadas por distintas razones y tan solo 30 quedaban pendientes de respuesta. Esto supone que, en conjunto, la aceptación de las resoluciones del Defensor se sitúa para el año 2008 aproximadamente en un 67 por ciento, un porcentaje total superior al de ejercicios anteriores.


Sobre las peticiones para interponer recurso de inconstitucionalidad, de las 21 solicitudes recibidas se decidió presentar el oportuno recurso en dos ocasiones, después de meticulosos estudios de los ordenamientos jurídicos y de los derechos afectados. Una, sobre la disposición adicional sexagésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008; una disposición, recuerdo a SS.SS. que modificaba uno de los requisitos para el acceso al Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas. Y otra, sobre la disposición adicional décimoprimera de la Ley de Presupuestos para el ejercicio de 2008 de la Generalitat Valenciana, en la que habilitaba el silencio administrativo como respuesta en los procedimientos de reconocimiento de la situación de dependencia y en la tramitación de las prestaciones para las personas dependientes.


En el obligado capítulo sobre las administraciones que han incumplido su deber de responder a los requerimientos del Defensor del Pueblo se distingue, señorías, entre aquellas administraciones verdaderamente entorpecedoras que han persistido en su actitud a lo largo de muchos meses y las que se han retrasado notoriamente en responder. Entre las primeras he de destacar la actitud nada colaboradora de los ayuntamientos pontevedreses de A Estrada y A Guarda y los de Barreiros, en Lugo, Burgos, Cartagena en Murcia, Cercedilla en Madrid, Comares en Málaga, Gordoncillo en León, La Adrada en Ávila, Llanes en Asturias, Puerto de la Cruz y Santa Úrsula en Tenerife, Puerto del Rosario en Las Palmas y Turís en Valencia. En cuanto a los retrasos en la respuesta debida al Defensor, destacan determinadas peticiones de información que no han sido atendidas a pesar de haberse requerido en varias ocasiones. En la Administración General del Estado esta situación se ha producido con relación a varios expedientes tramitados con la Dirección General de Asuntos y Asistencias Consulares, con la Secretaría de Estado y la Secretaría General de Infraestructuras, con la Dirección General de Aviación Civil y con la Secretaría de Estado de Justicia. En el nivel de la Administración autonómica hay que señalar los notables retrasos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en concreto, la Dirección General del Menor y de la Familia y del Instituto Canario de la Vivienda y la Consejería de Vivienda, de la Consejería de Vivienda y Suelo de la Comunidad Autónoma de Galicia y de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. También se produjo falta de respuesta en la Administración local, como es el caso de los ayuntamientos de Burgos y Ciudad Real y de la Diputación Provincial de Zamora, así como de determinados organismos como el Colegio de Abogados de Badajoz.


Cada uno de los sectores sobre los que el Defensor del Pueblo ha ejercido la supervisión derivada del mandato constitucional podría generar toda una serie de reflexiones acerca de la situación y el vigor de los derechos fundamentales en España. El objetivo de este informe es poner de manifiesto las deficiencias e insuficiencias que pueden y deben subsanarse en el ámbito de las Administraciones Públicas. Pero la extensión de esos problemas no puede tomarse como un extenso memorial de agravios. Se trata, más bien, de todo un esfuerzo por colaborar en la convivencia democrática, dando satisfacción concreta a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos.


Antes de resumir ese conglomerado de quejas recibidas durante 2008 debe tenerse en cuenta, señorías, la extraordinaria variedad de los asuntos sobre los que versan, los miles de problemas analizados en la institución y su entidad cuantitativa y cualitativa. Por otro lado, la actividad del Defensor del Pueblo tiene unos límites ciertos, implícitos en el alcance de su mandato y en la consecuente dimensión de los recursos disponibles.
En algunas ocasiones -más de las que hubiéramos deseado- se nos achaca que nuestros análisis y propuestas se quedan solo en eso: en el proceso de investigación y en la formulación de alternativas adecuadas, y que no damos un paso más. Sinceramente no sé hacia dónde. Una adecuada interpretación del mandato constitucional que consiste literalmente en supervisar la actividad de la Administración para después informar a SS.SS. nos impide ir mucho más lejos en nuestra labor.


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A veces, incluso nos tememos que nuestras actuaciones de indagación y nuestras resoluciones lleguen hasta el límite mismo de ese mandato, con el objetivo de hacer más estimulante y eficaz nuestra misión, exigiendo un cambio de actitud en algunas administraciones y hasta promoviendo cambios en la legislación.


Por bajar al terreno de lo concreto, permítanme tan solo citar un par de ejemplos, aunque podría aducir cientos de ellos. No hace muchos meses los medios de comunicación informaron sobre la aceptación por parte de la Administración central del derecho a la bonificación en las tarifas aéreas de los ciudadanos extranjeros cónyuges de españoles o de ciudadanos comunitarios residentes en los archipiélagos de Baleares y Canarias y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Esta cuestión había sido objeto de seguimiento a lo largo de varios ejercicios por parte de la institución, que había recomendado esa inclusión. Se habían agotado todos los medios que la normativa ofrece al Defensor para hacer valer su criterio. Más allá de esa labor de sugerencia solo queda que la Administración concernida adapte sus decisiones, como en este caso, a los principios del derecho comunitario y de no discriminación. Esta institución, además, transmitió a la Administración su criterio de que el derecho a la bonificación corresponde también a cualquier ciudadano extranjero no comunitario residente legal en los archipiélagos y se le pidió que estudiara el impacto económico de tal medida. La Administración en el año 2008 ya aceptó el parecer del Defensor y anunció la aplicación efectiva para este año, incluyendo una asignación presupuestaria específica. Pero, de acuerdo con las quejas recibidas más recientemente, esta medida no ha sido adoptada, y de hecho se sigue negando esta bonificación a los ciudadanos de terceros países residentes en Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla. Nos encontramos ante uno de esos supuestos de vinculación de las recomendaciones a los criterios de oportunidad económica y temporal de los órganos potestativos, ante lo que no cabe sino reiterar la recomendación en cada momento oportuno y hacer el seguimiento de las medidas correspondientes. Pondré otro ejemplo, esta vez concerniente a la Administración de Justicia. Durante los últimos años hemos venido haciendo hincapié en los informes preceptivos sobre los numerosos problemas que aquejan al funcionamiento del Registro Civil, tanto en sus servicios centrales como en los periféricos y en las oficinas consulares. Se han formulado varias recomendaciones y se ha intercambiado multitud de comunicaciones con la Secretaría de Estado de Justicia. Ahora, si me permiten la expresión, la pelota está en otro tejado. La Administración, efectivamente, ha anunciado planes de informatización y una nueva gestión de los medios materiales y humanos dedicados a la tarea del Registro Civil; tan solo nos queda supervisar la puesta en marcha de esos planes y medidas. Seguiremos en actitud vigilante, pero en ningún caso tenemos instrumentos más allá del auctoritas que se deriva de nuestros razonamientos y resoluciones para hacer ejecutar lo propuesto y para que de una vez por todas se superen las disfunciones que durante tanto tiempo han venido perjudicando a los ciudadanos que tardaban meses y hasta años en realizar los trámites más elementales relacionados con su estado civil. Como resultado de la supervisión, se elaboran las propuestas, se mantiene una relación de colaboración y estímulo con las administraciones, con los poderes del Estado y con los ciudadanos, incluso se llevan a cabo estudios monográficos especializados, y a veces se divulgan en los medios de comunicación -cuya participación e interés son de agradecer- los problemas y las posibles soluciones y se da cuenta a las Cortes Generales al incluirlos en el informe anual preceptivo, y sobre todo se sigue controlando la efectividad de las sugerencias y recomendaciones admitidas en su caso por las distintas administraciones. Es verdad que todavía podríamos hacer algo más directo o más concreto, como elaborar planes de ejecución o programas de actuación administrativa o propiciar campañas masivas de sensibilización ciudadana. Ahora bien, estarán de acuerdo conmigo, señorías, en que debemos respetar aquí, como en las innumerables cuestiones que reclaman nuestra atención, la estructura y las competencias de nuestro Estado de derecho así como los valores superiores de su ordenamiento jurídico. Por otro lado, la modestia de nuestros recursos nos impediría en cualquier caso una labor plenamente eficaz en esta dirección, y ahora, que nos los van a recortar, todavía más.


Tras esta breve digresión que me parecía de todo punto necesaria, permítanme volver a la estricta presentación del informe cuyo texto fue puesto a disposición de SS.SS. antes del verano. Continúo con el examen de la parte más sustantiva relacionada con la supervisión de los distintos sectores de la Administración a partir de las quejas presentadas. Por supuesto, se trata de un análisis breve y referido a los aspectos más significativos estudiados en el año 2008. Como ya he tenido oportunidad de comentar en varia ocasiones, las dificultades de la Administración de Justicia tienen carácter crónico prácticamente desde los inicios de la actividad del Defensor del Pueblo. A pesar de ello, puede decirse que en el año 2008 esos problemas han adquirido una destacada notoriedad, en buena parte debido a la huelga de funcionarios de los órganos judiciales en determinadas comunidades autónomas. Después de los paros laborales producidos en la Comunidad de Madrid, se planteó una huelga en comunidades a las que aún no se habían transferido las oportunas competencias: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias, además de las ciudades de Ceuta y Melilla. Las consecuencias de estos paros encontraron fiel reflejo en las quejas de los ciudadanos al extenderse los perjuicios y retrasos ocasionados a miles de expedientes en tramitación o pendientes de ser instruidos.


En la jurisdicción penal la situación puede considerarse aún más complicada a consecuencia de diversos

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factores, particularmente por efecto de una mayor litigiosidad y de determinadas reformas legales, por ejemplo, la nueva tipificación de conductas en los delitos contra la seguridad vial. Por otro lado, los medios de comunicación vienen haciéndose eco con frecuencia de las consecuencias muy negativas y a veces trágicas derivadas de la incapacidad de algunos órganos judiciales para asumir en condiciones adecuadas la carga de trabajo que se les presenta. Como es sabido, y en esta institución lo llevo manifestando ya desde hace varios años, la reforma y modernización de la organización administrativa de la Justicia es una tarea de los poderes públicos que no admite más demora, puesto que la eficacia del conjunto del ordenamiento constitucional y, por ende, la vigencia de los derechos y deberes fundamentales depende en gran parte de que los jueces y tribunales puedan desarrollar su trabajo en condiciones idóneas. En ese sentido, cabe destacar el inicio de dos investigaciones de oficio en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio de Justicia. La primera de ellas para reunir información suministrada por los responsables de la organización judicial en el ámbito estatal sobre la situación general de los retrasos en procesos y ejecutorias penales. La segunda, para conocer las posibles disfunciones en el sistema general de protección a las víctimas de agresiones por parte de sus parejas o ex parejas.


El volumen de la población penitenciaria se ha incrementado en 2008 respecto del año anterior en un 9,67 por ciento, uno de los mayores aumentos registrados en los últimos tiempos. En total, 73.589 personas se encontraron internas en nuestros centros penitenciarios en el mes de diciembre. Por otro lado, continuando con el programa periódico de visitas a estos centros para comprobar su situación general durante el año 2008, se visitaron las prisiones de Jaén, Cuenca, Segovia, Palma de Mallorca, Ibiza, Granada, Ocaña 1, Ocaña 2, Lanzarote, Las Palmas, Estremera y Puerto 3. Uno de los elementos que sigue preocupando con prioridad es el número de fallecimientos de internos en prisión, también en progreso creciente, especialmente por lo que atañe a suicidios. En el informe se apuntan dos probables explicaciones para este incremento, observado año tras año, en la tasa de suicidios en prisión, y es que el incremento de la población penitenciaria implica un endurecimiento de las condiciones de vida y la insuficiente atención psicosocial prestada a los internos, una atención que podría haber ayudado a detectar las situaciones de riesgo en las que se encontraban algunos de los fallecidos.


De las quejas sobre seguridad ciudadana, aquellas referidas a las denuncias por supuestas actuaciones indebidas de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, destacan algunas por su especial importancia cualitativa. El primer aspecto que merece reseñarse es la satisfactoria respuesta en términos generales que habitualmente ofrecen los responsables de los distintos cuerpos ante estas denuncias y la sistemática reacción del ministerio fiscal, tratando de comprobar los indicios disponibles en cada caso. A esto hay que añadir, no obstante, que se siguen apreciando ciertas actitudes de resistencia, especialmente en la Administración local, lo que empaña la transparencia imprescindible para poder aclarar o dilucidar hasta el más mínimo gesto de conducta inadecuada por parte de los agentes policiales. También debe apuntarse la mayor frecuencia de quejas relacionadas con la actuación de los vigilantes privados de seguridad. Sobre esto último es muy necesario dedicar el mayor esfuerzo posible a la tutela pública de la actividad de seguridad privada, a la que se debe exigir el más alto grado de profesionalidad para evitar tener que enfrentar situaciones de abuso de los derechos de los ciudadanos por un lado, así como la aparición de escenarios de riesgo para la seguridad de los propios trabajadores dedicados a esta actividad.


Por lo que hace a la materia de tráfico y seguridad vial, las quejas referidas a los procedimientos sancionadores continúan siendo los más frecuentes. Sobre este particular la institución llamó la atención sobre la necesidad de manejar los instrumentos de notificación de las sanciones de tráfico y de facilitar a los ciudadanos el acceso telemático a la información sobre sus expedientes. Afortunadamente, esta cuestión ha sido acogida favorablemente y debemos saludar con satisfacción las nuevas medidas incluidas en el texto de la reforma de la Ley de Tráfico.


En materia de inmigración y extranjería, muchas de las actuaciones llevadas a cabo en 2008 han puesto de manifiesto la creciente necesidad de ampliar y superar el enfoque económico y laboral para dar la importancia que merecen los aspectos familiares y sociales que afectan a los inmigrantes en una perspectiva global de los derechos humanos.
Algunos de los problemas habituales tratados en las quejas revelan cierta confusión en el contenido de determinadas decisiones administrativas que tardan en adaptar ciertos aspectos de la normativa europea, por ejemplo, en relación con los derechos de los familiares de ciudadanos comunitarios. Así ha ocurrido en algunas decisiones de prohibición de entrada en territorio nacional, incluso de progenitores de niños españoles o con la tramitación de visados y autorizaciones de regreso.
Por otro lado, la situación de los muchos menores extranjeros no acompañados que llegan hasta el territorio español es objeto de constantes actuaciones por parte de la institución. Quiero volver a llamar la atención sobre la necesidad de que todas las administraciones coordinen adecuadamente sus intervenciones para evitar que se produzcan verdaderas situaciones de vulneración de los derechos más elementales de esos menores.


La mayoría de las quejas que llegan hasta el Defensor del Pueblo en materia de educación apuntan de una u otra manera a la insuficiente dotación de recursos económicos dedicados a la realización efectiva del derecho fundamental a la educación. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) En

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la educación no universitaria destacan un año más asuntos tratados ya en informes anteriores: deficiencias en algunas instalaciones escolares o insuficiente oferta de plazas en el primer escalón de educación infantil.
Ya se ha insistido en otras ocasiones sobre la importancia de dar cumplimiento al dictado de la Ley Orgánica de Educación para que las administraciones ofrezcan un número suficiente de plazas educativas a niños de hasta 3 años para cubrir la demanda social existente, así como para que se garantice en términos reales la gratuidad del segundo ciclo hasta los 6 años. Además, ambos aspectos revisten capital importancia para la eficaz conciliación de la vida laboral y familiar. En el nivel de la educación superior, el año 2008 se ha caracterizado por las protestas organizadas acerca del denominado proceso de Bolonia, paradójicamente, cuando los plazos para la implantación del mismo ya se están cumpliendo.
Al margen de la variedad de opiniones sobre las ventajas y los inconvenientes de este proceso para la universidad española, resulta lamentable que las medidas y los planes de adaptación se hayan llevado hasta el momento de una manera tan poco transparente. La realización de los objetivos de este proceso puede suponer un cambio verdaderamente histórico para la universidad en nuestro país, un cambio que a buen seguro influirá en multitud de cuestiones de tipo social y cultural. Por todo esto resulta poco comprensible que las distintas administraciones educativas responsables hayan mantenido una conducta hasta cierto punto de opacidad, sin abrir dicho proyecto al debate general, poniendo a disposición de los actores directamente afectados y de toda la sociedad los elementos de información imprescindibles y con una antelación suficiente.


Las quejas referidas a la Administración sanitaria durante 2008 se han centrado en asuntos ya tratados en anteriores ocasiones, con ligeras variaciones de intensidad según la comunidad autónoma de que se trate.
Por ejemplo, la diferencia en el régimen de ordenación de prestaciones entre unas administraciones autonómicas y otras es cada vez más notable.
Esa diferencia se aprecia, entre otros, respecto a los siguiente aspectos: nuevas terapias y dispensación de medicamentos, calendario de vacunas, salud mental, enfermedades raras o poco frecuentes, consejo genético, cuidados paliativos y tratamiento del dolor, atención bucodental, cirugía de reasignación de sexo, atención podológica a pacientes diabéticos y terapias contra el tabaco, para dejar de fumar.


Respecto a los problemas de retraso para la obtención de la prestación sanitaria, el número de quejas ha descendido. Aunque se aprecien también importantes diferencias entre unos territorios y otros, atendemos a esas mismas quejas. A estos efectos debe ser señalada la inconveniente utilización de las llamadas agendas cerradas en varios centros sanitarios, lo que perturba el derecho de los pacientes a conocer la fecha en la que serán atendidos, especialmente en la Comunidad Autónoma de Madrid. También ha de destacarse la recepción de un significado número de quejas de usuarios y profesionales expresando su inquietud por un proceso calificado como de externalización de los servicios sanitarios, cuya progresión podría llegar a vulnerar los principios básicos del sistema de salud en España, es decir, los principios de universalidad, gratuidad, financiación pública y equidad.


Con relación a las políticas sociales, es necesario aludir a la tramitación de numerosas quejas por la notoria lentitud en la aplicación de la llamada Ley de Dependencia. La acumulación de solicitudes de prestación para los niveles de gran dependencia, por ejemplo, cuyo reconocimiento y ordenación debería haber finalizado en el año 2008, ha desbordado a las distintas administraciones encargadas de esa cuestión y no se han podido cumplir las expectativas generadas. En este ámbito, es obligado insistir en la necesidad de armonizar las acciones de intervención de las distintas administraciones autonómicas en materia de dependencia, para alejar así el peligro de la desigualdad entre los ciudadanos por causa del territorio en el que se domicilien. En la parcela de la Administración laboral, el brusco deterioro de la economía a partir del año 2008 ha provocado un estremecedor incremento del número de desempleados y, por tanto, de solicitantes de las correspondientes prestaciones y subsidios relacionados con el desempleo, así como una masiva afluencia de personas en las oficinas de los servicios públicos competentes. En consonancia, se han recibido muchas quejas de ciudadanos por las largas esperas para presentar sus solicitudes o por la tardanza en percibir la prestación económica correspondiente. Además del seguimiento habitual de estas cuestiones, en el año 2008 se inició una investigación general con la colaboración de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal para conocer el plan de medidas previsto para paliar estos problemas. En términos generales, puede decirse que la organización de las administraciones ha sido positiva, al menos en cuanto a las decisiones efectivas para reforzar las plantillas que atienden a las setecientas oficinas que aproximadamente hay en España.


Por lo que concierne a los aspectos fiscales y a la actividad económica en general, las quejas de los ciudadanos en materia de declaración y liquidación de impuestos y tributos son bastante numerosas todos los años, especialmente en relación con la declaración-liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En el año 2008 destacan las peticiones referidas a las inexactitudes detectadas en los borradores de la declaración que elabora la Agencia Tributaria, que ha introducido mejoras para la campaña de impuestos este año. Con relación a otras cuestiones de actividad económica general, merece ser destacada la investigación de las quejas por las modificaciones en la tarifación del consumo eléctrico y las relacionadas con la eliminación de la tarifa nocturna unificada a la que se habían acogido

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muchos usuarios particulares, invirtiendo sumas de dinero importantes en adaptar sus hogares a una modalidad ahorrativa de consumo eléctrico. La investigación seguida sobre estas quejas pone de manifiesto que el proceso de información pública a los ciudadanos ha sido insuficiente más allá de las campañas publicitarias generales.


Por otro lado, señorías, se viene prestando una sostenida atención a las muchas quejas de los ciudadanos por la deficiencia del acceso a los servicios de telecomunicaciones. En otros asuntos, a lo largo de los últimos años el Defensor del Pueblo se ha interesado por la preparación y efectiva aprobación de una carta de derechos de los usuarios de las telecomunicaciones, la cual está siendo estudiada por los servicios de la institución. Estoy convencido de que a lo largo del presente año podremos valorar el alcance y la aplicación práctica de este nuevo instrumento jurídico. En todo caso, conviene insistir una vez más en la necesidad de avanzar decididamente con el apoyo de todos los sectores públicos en el proceso de reducción para nuestro país de la llamada brecha tecnológica.


En cuanto afecta al apartado que el informe dedica a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el urbanismo y la vivienda, resulta sorprendente comprobar mediante las investigaciones llevadas a cabo la disparidad existente entre la creciente preocupación ciudadana por los problemas ambientales y la lentitud con que algunas administraciones afrontan sus deberes de protección; una disparidad que también se puede observar entre un discurso teórico cargado de referencias a la idea de desarrollo equilibrado usado como argumento para la intervención sobre el territorio y una potestad administrativa que protege insuficientemente los valores medioambientales. En ese sentido, vuelven a destacar las investigaciones en materia de valoración ambiental y los problemas de contaminación acústica, así como los asuntos ligados a la protección de espacios naturales, cuyo contenido enlaza en ocasiones con los proyectos de desarrollo urbanístico.


Con relación al urbanismo, se han seguido denunciando proyectos de planificación excesivamente desarrollista que no responden a la ordenación apropiada del territorio, tanto en lo referido a la consolidación o regularización de las zonas urbanas como a los procesos de expansión y desarrollo allí donde realmente pueden ser necesarios. Por otro lado, respecto a la gestión urbanística, las quejas ponen de manifiesto que continúa la lentitud y burocratización de los procesos, unos vicios que en ningún caso pueden achacarse a la imprescindible participación ciudadana. Por último, la gestión de las licencias urbanísticas es también frecuente motivo de queja por la percepción que transmiten los ciudadanos sobre una excesiva discrecionalidad de las administraciones responsables. Posiblemente el sector de la vivienda es el más castigado por la coyuntura de crisis económica que atraviesa España. Se trata de un sector en el que esas crisis se manifiestan con especial intensidad. Las quejas ciudadanas durante el año 2008 se repiten por la insuficiente oferta de viviendas de protección pública destinadas a los ciudadanos con rentas más bajas. En ese sentido, conviene tener en cuenta el plan estatal vigente que prevé una mayor inversión a este respecto y esperar también a que las medidas adoptadas por las administraciones autonómicas den resultados que palien las graves dificultades de los ciudadanos para el acceso a una vivienda digna a pesar de la crisis actual.


La buena administración caracterizada por nuestra Constitución bajo los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación depende en gran medida de quienes prestan directamente sus servicios a las distintas administraciones públicas. Sin restar un ápice de importancia a la definición de las líneas de actuación del impulso organizativo que corren a cargo de los distintos órganos de dirección, lo cierto es que la salud del sistema de gestión administrativa obedece en gran parte a la motivación y a las condiciones de trabajo de los millones de funcionarios y empleados públicos que desarrollan su actividad en nuestro país. De manera genérica, como pueden comprobar SS.SS. tan solo con ojear el informe, se han tramitado quejas relacionadas con las plantillas de personal, con las relaciones de puestos de trabajo y las condiciones laborales, también sobre la movilidad y las peticiones de traslado de esos servidores públicos, o sobre el acoso laboral, un fenómeno que afortunadamente parece haberse contenido pero que sigue siendo objeto de una amplia investigación iniciada por la institución en colaboración con todas las administraciones autonómicas. Además, respecto a cada uno de los sectores de actividad y en relación con todos los niveles administrativos, se han intentado resolver los problemas que se venían planteando dando traslado a los responsables de cada órgano o departamento las situaciones expuestas y recomendando, cuando se consideraba preciso, lo más adecuado al derecho del interesado.


A modo de ejemplo, continuando con lo expuesto en uno de los puntos anteriores, el conflicto vivido en el contexto de la Administración de Justicia durante el año 2008 responde en buena parte a lo que el personal del sector considera unas muy difíciles condiciones de trabajo. La eventualidad incluso de que algunos titulares de los órganos jurisdiccionales hayan acudido al instrumento de la huelga para reivindicar su situación laboral, expresa muy claramente la imposibilidad de separar la calidad de un servicio administrativo de las circunstancias laborales y personales de quienes los asumen. Esa misma reflexión vale para los trabajadores de la sanidad o de la educación. Respecto a los primeros, se siguen con mucho interés y preocupación las situaciones de riesgo personal y hasta de violencia que llega a sufrir el personal de la sanidad, especialmente en el ámbito hospitalario. En cuanto al ámbito de la educación, se han estudiado con detenimiento los esfuerzos realizados para que pueda darse cumplimiento a las previsiones del Estatuto básico del empleado público sobre la constitución

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de la correspondiente mesa sectorial de negociación, como vienen reclamando insistentemente las organizaciones de representantes de esos trabajadores, lo que sin duda beneficiará al propio sector educativo en el nivel no universitario.


Para acabar con este forzosamente breve repaso del contenido del informe, únicamente me resta señalar la importancia y el incremento de las relaciones institucionales del Defensor del Pueblo durante el ejercicio 2008. Esas relaciones tienen dos finalidades principales: mantener y reforzar los vínculos con otras entidades defensoriales y acercar la figura del Defensor del Pueblo a la ciudadanía en general. Las relaciones con los demás defensores tienen una vertiente interna en la que destaca la cooperación y colaboración con los comisionados autonómicos españoles cuya máxima expresión son las jornadas de cooperación que cada año celebramos en una sede distinta. El pasado ejercicio 2008 las jornadas se celebraron en Oviedo y se centraron en los grupos marginados y en las principales cuestiones que su existencia plantea en una sociedad democrática. En la vertiente internacional destaca la participación en la consolidación de entidades supranacionales de cooperación tan caracterizadas como la Federación Iberoamericana de Ombudsman, cuyo congreso y asamblea número XIV se celebrará en Madrid el próximo 9 de octubre, y la Asociación de Ombudsman del Mediterráneo, cuyo tercer encuentro se celebrará en Atenas. En este ámbito de las relaciones internacionales, dentro de los esfuerzos para extender la influencia de nuestra institución en el mundo, debe mencionarse entre otras actividades durante el pasado 2008 la audiencia especial ante la comisión legislativa del Senado francés previa a la discusión del proyecto de ley sometido por el Gobierno, por el que se aprobó la revisión de la Constitución gala introduciendo una figura parlamentaria denominada Défenseur des Droits, de características parecidas a las del Defensor del Pueblo de España.


Quiero acabar mi intervención mostrando el agradecimiento más sincero a todos mis colaboradores y mi satisfacción por las cotas de eficacia y responsabilidad conseguidas, patentes una vez más en la confianza que miles de ciudadanos siguen depositando en nuestra labor, y que asimismo nos reiteran año tras año haciendo llegar sus preocupaciones a nuestra mesa.


Señor presidente, señorías, permítanme expresar un sentido recuerdo en homenaje al primer Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez. Joaquín Ruiz-Giménez fue uno de los hombres importantes en la transición que aportó la democracia de España y la convivencia pacífica y ordenada entre los españoles.


Muchas gracias a todos. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Defensor del Pueblo.


Cuando el señor Defensor del Pueblo abandone el hemiciclo, vamos a pasar al turno de fijación de posiciones, respecto del informe que ha desgranado el señor Defensor, por parte de los grupos parlamentarios.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Perestelo. (Pausa.) Un momento, señor Perestelo, que el señor Defensor atienda sus compromisos. (Pausa.)

Cuando quiera, señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Permítanme el saludo en nombre del Grupo Mixto al Defensor del Pueblo, Alto Comisionado de las Cortes Generales, porque seguro que al igual que muchas de las señorías sigue este debate y estas reflexiones a través de los medios internos de la Cámara. Quisiera hacer una primera reflexión sobre el formato de esta presentación. Quizás el debate en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Defensor del Pueblo pueda ser un foro adecuado donde se intercambien opiniones y consideraciones en torno a este informe, y posteriormente podría ser un dictamen de esa comisión la que pudieran ver estas Cortes Generales, tanto el Congreso como el Senado. Indudablemente, al escuchar con atención el informe del Defensor del Pueblo uno cae en la cuenta de que el Gobierno debería estar también en la presentación de este informe. Al final se trata más de un informe sobre la gestión del Poder Ejecutivo que un informe sobre la gestión del Poder Legislativo, luego parecería necesario y conveniente que el Gobierno pudiera participar y escuchar en esta Cámara el informe de la gestión de un año del Defensor del Pueblo. Por tanto, vayan dirigidas estas reflexiones desde nuestro grupo en relación con el formato de la presentación del informe del Alto Comisionado de las Cortes Generales. Un informe que cada año se centra en temas del Poder Ejecutivo, tanto del funcionamiento de la Administración General del Estado, como de la Administración de las comunidades autónomas y de la Administración local.
Y se centra además en una serie de deficiencias que se han detectado en el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos, por tanto, como decía antes, no basta con quedarse detrás de la cortina, no basta con escuchar este informe detrás de la puerta, sino que parecería necesaria y conveniente la presencia del Gobierno en este debate.


Como representante de Coalición Canaria, entenderán SS.SS que me centre en una reflexión sobre un tema de extraordinaria importancia en Canarias y que reiteradamente hemos traído a esta Cámara. Se trata de la inmigración y, sobre todo, de los menores extranjeros no acompañados. El informe dice cosas importantes; por un lado, se refiere a la determinación de la edad y parece fundamental que se avance en sistemas que permitan la integración de estos menores, sobre todo cuando pretendemos atenderlos en centros y darles la cultura y la formación necesaria. La declaración de desamparo, el alcance y la sensación de tutela es un tema que ha sido reiteradamente debatido a través de aportaciones

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que hemos realizado desde Coalición Canaria, sobre todo en cuanto al cumplimiento de la similitud, la determinación del desamparo y la tutela en relación con los menores que aparecen en desamparo en una comunidad autónoma y aquellos menores que son aportados muchas veces a esa comunidad autónoma por sistemas, por métodos o por instrumentos del Estado. -Estoy hablando de los menores inmigrantes no acompañados-.
Debemos comprobar cómo en alguna comunidad autónoma, por ejemplo Andalucía, se da un tratamiento completamente diferenciado al que se da en la Comunidad Autónoma de Canarias. Este es un largo debate que hemos tenido en Canarias, sobre todo con los representantes del Grupo Socialista que gobiernan en Andalucía y que dan un tratamiento diferente al desamparo y a la tutela del que establece el Defensor del Pueblo como marco, que es el que se presenta como sistema en la Comunidad Autónoma de Canarias pese a las necesidades presupuestarias para atender a los menores en estas condiciones.


Por eso quizá valga también otra reflexión y es que pediría humildemente al alto comisionado que no solo baste con plantear en el informe deficiencias en el funcionamiento de los servicios, sino que se podrían plantear las modificaciones legislativas que a su juicio puedan establecerse para mejorar la institución y determinadas situaciones.
Estamos en estos momentos en un tema de debate sobre la cotutela de estos menores extranjeros no acompañados con el Estado -incluso en el marco de la Unión Europea- y el parecer del Alto Comisionado puede ser interesante desde el punto de vista de las Cortes Generales en el proceso legislativo.


Podríamos seguir reflexionando sobre algunas de las cuestiones que ha planteado el Defensor del Pueblo pero concluimos con esta breve reflexión, con el saludo del Grupo Parlamentario Mixto y de todas las fuerzas que lo componen y con la valoración, de manera positiva, de la presentación del informe y su significación puesto que representa el trabajo de un año del Alto Comisionado y de todos los servicios técnicos y de apoyo que planteaba el Defensor del Pueblo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Perestelo.


A continuación, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, Izquierda Unida ya ha hecho una valoración del informe del Defensor del Pueblo de 2008 en el marco de la Comisión mixta, y en ese sentido nos parece redundante el debate que hoy podemos tener en esta Cámara. Esta situación remite al Reglamento del Congreso de los Diputados, que debería regular de forma menos burocrática y menos rígida la presencia del Defensor del Pueblo ante el Congreso y la valoración de sus informes. Sería ese uno de los aspectos que debería mejorarse en la futura reforma del Reglamento para dar mayor eficacia a los informes del mismo, y hemos tenido una buena muestra de ello a lo largo de este año con el informe sobre los centros de menores por parte de aquél ante la Comisión mixta. Ha sido un informe que demuestra una acertada reorientación del Defensor del Pueblo, de la institución y una también acertada reorientación del control parlamentario.


En segundo lugar, señorías, este informe demuestra ya la madurez de la institución y también las necesarias reformas de la misma, una institución que podemos denominar bipartidista pura y que, en nuestra opinión, debería desarrollarse como una institución parlamentaria y más adecuada a los tiempos que vivimos. De la misma manera que es necesario reformar nuestro Reglamento, una vez que se ha producido la creación de los defensores del pueblo en la mayor parte de las comunidades autónomas, una vez que han cambiado asimismo las propias administraciones a lo largo de las últimas décadas, creemos que este sería un buen momento para reflexionar sobre la organización del Defensor del Pueblo, sobre las demandas, quejas, investigaciones de oficio en el seno de la institución, sobre la cooperación con instituciones similares en el ámbito de las comunidades autónomas, sobre los recursos ante el Tribunal Constitucional y sobre la eficacia y la evaluación de las medidas e instrucciones del Defensor del Pueblo al conjunto de las administraciones. Esa sería otra de las cuestiones importantes.


Este informe de 2008 dibuja bastante bien la radiografía de un país que se encuentra entre el medioestar social y el malestar difuso. En definitiva, esa es en nuestra opinión la radiografía. La radiografía de un país que entra ya en la crisis económica y, por tanto, donde aparecen quejas en relación con el desempleo, el consumo, los conflictos colectivos y la insuficiencia de las políticas sociales y, como he dicho antes, con un malestar difuso. Pero también un país donde se producen quejas respecto a las insuficiencias del Estado del bienestar, en este caso podríamos decir del medioestar en nuestro país. Quiero referirme en concreto a algo que tiene que ver con la labor legislativa de esta Cámara en el informe de 2008 -además ha sido objeto de debate en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo-, es la deriva penal del Estado social y democrático de Derecho. Hemos debatido con otros grupos parlamentarios si eso existe o no, pero a tenor de las reiteradas informaciones, quejas e informes del Defensor del Pueblo sobre instituciones como las penitenciarias, los centros de menores y los centros de internamiento de inmigrantes, llama la atención la preponderancia de los aspectos punitivos sobre los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.
Resulta escandalosa la situación de nuestras cárceles y la situación de nuestros psiquiátricos penitenciarios; no es soportable un incremento del 10 por ciento anual en el número de ingresados, de penados, en nuestras cárceles. Señorías, no es

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soportable cuando no se incrementan los delitos en ese nivel tan alto.
Algo ocurre en nuestra legislación placebo, en nuestra legislación penal que va más allá de la naturaleza del delito y convierte el delito en una sola solución, que es la solución carcelaria. Porque este número tan importante de incremento de encarcelados también corre paralelo a la plétora en las cárceles y al incremento de los suicidios en nuestras cárceles que suben de manera pavorosa. Si queremos verlo lo vemos, si no seguimos como siempre pensando que es un problema de infraestructuras, pensando que es un problema, que lo es, de políticas de cobertura social y psicológica en las cárceles, pero sobre todo en nuestra opinión es un problema de legislación penal, que se ha convertido en una legislación placebo que ve únicamente a la cárcel como solución al delito, y que además introduce una dureza excesiva en las penas. Esa concepción penal la estamos trasladando también a instituciones no penales, porque no son penales. No son instituciones penales los centros de menores, señorías, no lo son. No deberían serlo los psiquiátricos penitenciaros y la descripción del Defensor del Pueblo mete miedo. Y no deberían serlo tampoco los centros de inmigrantes donde existen bastantes carencias en las garantías a los inmigrantes y una retención que se convierte en muchos casos en detención. Tiene que ver con nosotros este informe, tiene que ver con la legislación del Congreso de los Diputados, aunque cuando hacemos este tipo de legislaciones estemos más preocupados por los periódicos y la última información que afecta a la inquietud ciudadana, que por los derechos fundamentales de colectivos especialmente vulnerables como lo son estos a los que me he referido con anterioridad, y que me parecen también muy importantes en el informe del Defensor del Pueblo y en la respuesta que tengan que dar las administraciones y el Congreso de los Diputados a este informe.


Un segundo bloque -al que me he referido antes- podríamos denominarlo el del medioestar, que es el bloque de la insatisfacción de los ciudadanos con nuestro sistema de protección social, con los sistemas de protección al desempleo, con los sistemas sanitarios, con el sistema educativo, con el sistema de dependencia, etcétera. Y ahí hay dos problemas que no somos capaces de solucionar y que quizá no tengan fácil solución. Por una parte, adecuar nuestras ambiciones a las políticas presupuestarias, ya que muchas veces legislamos sin tener en cuenta que eso significa también presupuestar, y así nos va en materia educativa para la educación pública, en la sanidad española o en las políticas de dependencia. Sobre todo, y en los últimos tiempos, se está produciendo, en nuestra opinión, una presencia del mercado en lo que podemos denominar garantía de los derechos sociales de los ciudadanos que está afectando negativamente a esos derechos sociales; me refiero en concreto a la sanidad, a la educación y a las políticas de servicios sociales. Derechos, presupuesto y privatización es otra de las cuestiones que también aparece en este informe del Defensor del Pueblo y que deberían ser objeto de atención legislativa por parte del Congreso de los Diputados, para, por ejemplo, no legislar, como hemos hecho en la Ley del Menor, una puerta de entrada a las ONG, que se ha convertido en una privatización punitiva de la atención a los menores en nuestro país, que en algunos casos roza el escándalo.


Por último, señorías, me llama la atención, en relación con los problemas que existen en nuestro país, que conocemos a través de los medios de comunicación, que conocemos en la vida cotidiana, sobre la corrupción urbanística y la corrupción política, que no sean objeto de quejas en número sustancial por parte de los ciudadanos. Quizás sea porque vivimos una anomia en nuestro país entre lo que son los valores publicados y los valores reales, que en este momento son más modestos que los valores publicados.


En definitiva, señorías, valoramos este informe de 2008, consideramos que deben producirse reformas y también consideramos que nos concierne este informe sobre el medioestar y el malestar de los ciudadanos frente a las administraciones.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, quiero empezar mi intervención refiriéndome a las últimas palabras del Defensor del Pueblo rememorando la figura del señor Ruiz-Jiménez, que me honró con su amistad y cuyas aportaciones históricas son por todos conocidas.


Dicho esto, señora presidenta, en mi grupo parlamentario existe ya consolidado un uso consistente en conferir a esta portavocía -me refiero a la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo- un carácter fluctuante. En esta legislatura me ha sido conferido el honor de ostentar esta portavocía y la atiendo con la curiosidad de las actividades nuevas, en cierta manera. Es de las pocas comisiones a las que no había pertenecido ya en mi dilatada experiencia parlamentaria. Tengo que empezar diciendo, en relación con la intervención del Defensor del Pueblo -la que hemos oído hoy y la que escuchamos recientemente en la Comisión mixta-, que estoy de acuerdo con el señor Llamazares en que esta duplicación de trámites merita una reflexión sobre si es verdaderamente pertinente y adecuada. Yo creo que habría que acometer las correspondientes reformas reglamentarias, para no oír el mismo discurso y seguramente, por parte de los portavoces que vamos a intervenir, no responder las mismas cosas. Es una cuestión pendiente de esa lejana o utópica reforma reglamentaria que todos los presidentes del Congreso han planteado y que ninguno ha conseguido que fructifique.


Al margen de esta circunstancia, he leído detenidamente la última comparecencia del Defensor del Pueblo

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en la anterior legislatura y tengo que decir que aquella comparecencia fue la más aguerrida y la más tumultuosa de las que yo he tenido conocimiento en mi larga historia parlamentaria. Todos los portavoces intervinieron, unos pidieron su dimisión, otros su refutación, otros le pidieron que rectificara algunas de sus declaraciones; en fin, fue una situación terriblemente compleja y comprometida para el Defensor del Pueblo, que, estoicamente, tuvo que soportar este tipo de invocaciones y de descalificaciones a su labor. Yo veo que ahora el tono es mucho más sosegado. Ha expuesto el Defensor su intervención en un tono de placidez, esa placidez aburrida a la que se refería Caldwell, que es el ejercicio de la actividad política cuando está exenta de conflictividad. También ha sido una intervención agotadora, agotadora en el sentido más etimológico, es decir, ha agotado todos los temas que expone en su memoria el Defensor del Pueblo.


Desde esa perspectiva, prácticamente no tengo más que decir algunas de las cosas que ya le comenté en su comparecencia en la Comisión mixta. En primer lugar, que sigo sin poder observar en la página web del ministerio las informaciones pertinentes que allí se cuelgan en las lenguas cooficiales del Estado, un Estado plurilingüe; no se utiliza ni el euskera, ni el catalán, ni el gallego, ninguna lengua cooficial, cuando, sin embargo, los informes del Defensor del Pueblo, los informes especiales, el informe general, la memoria general, se publican en lengua castellana, en alemán, en francés, en inglés y en lengua árabe. Se lo quiero recordar el Defensor del Pueblo. Esta es una invocación que nosotros hacemos sistemáticamente, pero que desde la defensoría no se termina de corregir. Esta es la primera reflexión o petición que haría al Defensor del Pueblo.


En segundo lugar, un problema, al que se ha referido el señor Perestelo, con lucidez también, y es que ya empiezan a proliferar, en demasía quizás -o no en demasía, nunca se sabe, siempre es bueno que los ciudadanos estén protegidos en cuanto al cumplimiento de los derechos y libertades que la Constitución les reconoce-, empiezan a proliferar, repito, estas instituciones de contrapoder. Nos encontramos ya con defensores del pueblo con distintas denominaciones en todas las comunidades autónomas.
Existe el del Estado, existe el Ararteko, dos Sindics de Greuges, el Justicia de Aragón, el Defensor del Pueblo andaluz y, además, por si fueran pocas las existencias de instituciones de contrapoder de esta naturaleza, nos encontramos con que en algunas ciudades también empiezan a crearse defensores de los derechos de la ciudadanía, por ejemplo en la ciudad de Vitoria y en algunas más; luego empiezan a aflorar defensorías, las llamadas defensorías de los derechos de la mujer. Hay ya un cúmulo de instituciones que se dedican a la protección y a la garantía del eficaz cumplimiento de los derechos por parte de las diversas administraciones públicas, derechos y libertades fundamentales del texto constitucional, que requieren algún tipo de ordenación y que con toda seguridad requerirá algún tipo de reforma también en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo debería limitar sus funciones de control a las actuaciones de este gran leviatán que constituyen las instituciones, órganos y Administración Central del Estado. Y deberíamos reservar a los defensores del pueblo autonómicos o de las ciudades el control del disfrute de los derechos fundamentales y libertades públicas en el ámbito de sus comunidades autónomas. Algún tipo de corrección de esta naturaleza ante la proliferación de este tipo de instituciones deberíamos iniciar o, primero, consensuar y luego, en su caso, incorporar al ordenamiento jurídico. No es posible que existan tantas y además que muchas veces se interfieran, como está ocurriendo con el Defensor del Pueblo catalán, con el Sindic de Greuges catalán, y el Defensor del Pueblo, creándose unos conflictos por todos conocidos y que en este momento no seré yo quien vaya a glosar o repetir. Esta es una primera referencia, que me gustaría que se tome en consideración y de la que me gustaría también conocer la opinión del Defensor del Pueblo, que no tuvo la amabilidad de contestar a esta cuestión cuando compareció en Comisión.


Quiero comentar también, señora presidenta, que el Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto la radiografía de la situación de la existencia del incumplimiento de los derechos y libertades fundamentales previstos en la Constitución y las disfunciones, los déficits y las atrofias democráticas con las que cualquier Estado democrático -y este también, este innombrado pequeño- convive. Su relato ha parecido o ha tenido la impresión de ser más bien la relación de quien está leyendo la memoria del Banco de Santander, de una forma un tanto aséptica o neutra. Pero las ha dicho y las hemos podido comprender, y son numerosas y son graves las atrofias que denuncia en relación con la situación de la justicia, en relación con la situación de los centros penitenciarios, en relación con la situación de la sanidad y en relación con la situación de la prestación de diversos servicios públicos que no son debidamente atendidos por las administraciones competentes. En las actuaciones de la Policía, me ha llamado mucho la atención la existencia de una cierta resistencia, en cuanto a los municipios o a la Administración local, a los requerimientos que han hecho en cuanto a prácticas abusivas en las policías locales -ahí es donde habría que centrar un poco la atención-, que actúan en un régimen de difícil o de sutil y difuso control en sede parlamentaria, tanto autonómico como estatal. Y yo he observado personalmente actuaciones abusivas de policías locales, a los que, desafortunadamente, algunos alcaldes en el Estado español han convertido en una especie de guardia pretoriana de la propia alcaldía o de él mismo, más que en servidores públicos, que es lo que cualquier policía debe ser en todo caso.


Me agrada que tenga una actitud vigilante sobre estas funciones el Defensor del Pueblo y me agrada también que tenga una actitud vigilante también sobre los problemas

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de la Administración de Justicia. Esta es una de las grandes atrofias democráticas que hay en el Estado español, atrofia que constituye que haya denunciado que exista el doble de quejas o el doble de peticiones en relación con el año anterior. Estamos ante una atrofia democrática, cuando se duplican las quejas de los ciudadanos en relación con el servicio ordinario o regular de las administraciones públicas. Esta es la primera cuestión que habría que citar. La situación de la Administración de Justicia es calamitosa. Todos lo sabemos y no se terminan de acometer normativamente algunos de los problemas o circunstancias con lo que se podría mejorar la prestación de este servicio público esencial cual es la Administración de Justicia o la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución, sobre todo en el ámbito de las ejecutorias penales, a las que se refiere acertadamente el informe del Defensor del Pueblo. En el ámbito penal existen 350.000 sentencias pendientes de ejecutar y esto ha provocado alguno de los hechos más calamitosos y circunstancias más aberrantes que hemos conocido en los últimos tiempos. Me estoy refiriendo a casos como asesinatos de niñas por pederastas y otros casos perfectamente conocidos porque han sido objeto de debate singular en esta Cámara.


¿Cuál es el problema? Cuando digo que el señor Defensor del Pueblo, cuando lee sus informes, parece que está leyendo la memoria del Banco de Santander no lo digo solo por el tono, sino porque sus informes son poco proactivos a la búsqueda de soluciones; define los problemas, pero no se puede observar soluciones o fórmulas de remoción de estos problemas. El problema fundamental de la Administración de Justicia es que en el Estado español hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 28,10 jueces, exactamente, por cada 100.000 habitantes.
Aquí está la raíz del problema que el Defensor del Pueblo debe invocar, debe criticar, pero sobre el que también podría manifestar alguna suerte de solución, puesto que esta es también una de sus funciones.


Para ir acabando, señora presidenta, en relación con lo que ocurre en nuestros centros penitenciarios -el señor Llamazares lo ha glosado perfectamente-, la situación es dramática. Se están incumpliendo preceptos de la Ley General Penitenciaria como el 2 y el 3, que obligan a la Administración penitenciaria a erigirse en garante de la vida de los sujetos a penas de privación de libertad. El número de suicidios en las cárceles españolas duplica el número de suicidios de personas no sujetas a privación de libertad. No se garantizan los derechos que proclama el artículo 15 de la Ley General Penitenciaria, que fija la necesidad de establecer evaluaciones psicofísicas de los presos y su propensión a posibles suicidios, siendo la Administración penitenciaria la garante de la vida de los internos sujetos a su custodia. No se garantizan los derechos previstos en el artículo 19 -cosa verdaderamente utópica-, que proclama el derecho de los presos a tener una celda individual. No se respetan, en definitiva, muchos requerimientos de la legislación penitenciaria, lo que ha convertido nuestro régimen carcelario en uno de los peores del derecho comparado y seguramente el peor de la Unión Europea, cuando menos de la Unión Europea de los Quince; hay países en la Unión Europea de los Veintisiete que están en una situación similar o peor.


Con esto ya acabo, señora presidenta. El señor Defensor del Pueblo, cautelarmente, preventivamente, ha dicho que no contesta a algunas reivindicaciones, quejas o reclamaciones, por considerarlas -ha dicho él- ininteligibles o insultantes. Yo le voy a decir una de las que no contesta nunca: las de las sociedades protectoras de los animales, las asociaciones antitaurinas, que de alguna forma refutan la llamada fiesta nacional, la fiesta de los toros; se dirigen recurrentemente a él para que se posicione en contra de lo que estas asociaciones califican -con la misma legitimidad para opinar que tienen los que piensan lo contrario- espectáculos un tanto telúricos, en el Estado español. El Defensor del Pueblo nunca ha contestado a estas reclamaciones. No sé si porque son insultantes, porque son ininteligibles -el concepto de ininteligible es un concepto un tanto deletéreo, es metacultural-, pero yo le pediría al Defensor del Pueblo que, ya que es objeto de reclamaciones recurrentes por parte de estas organizaciones, tenga la amabilidad de contestar.


En cuanto a lo demás, señora presidenta...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): En cuanto a lo demás, casi que no, señor Olabarría, porque ha pasado su tiempo.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias. Solo quería agradecerle el informe y la exposición tan completa y agotadora, como hemos comentado antes.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, quisiera aprovechar esta comparecencia del Defensor del Pueblo para sumarme a las palabras de condolencia por el fallecimiento de don Joaquín Ruiz-Giménez; precisamente se celebró ayer el funeral en Madrid.
Mi grupo parlamentario quiere rendirle hoy un sentido y sincero homenaje manteniendo su recuerdo en nuestra intervención. Pensamos que este debería ser un buen momento para hacer balance de la institución, por ello puede ser interesante acudir a sus inicios, acudir a los tiempos de don Joaquín Ruiz-Giménez y hacer un análisis de los objetivos que se plantearon en ese momento, para después preguntarnos dónde estamos y si hemos avanzado adecuadamente. Ya apuntábamos la

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necesidad de una reflexión en la pasada comparecencia del Defensor en Comisión; también lo dijimos al valorar el informe de 2007, aunque con otras palabras. Concretamente hablábamos de la eficacia de la institución y de hecho aplaudo hoy las palabras del Defensor, porque asimismo se ha referido a ello, lo ha apuntado, ha hecho varias reflexiones en ese sentido, y además otros portavoces que me han precedido han incidido en esta cuestión, en la eficacia de la institución, en dónde estamos y hacia dónde deberíamos avanzar.


Así, si giramos la mirada a los orígenes, resulta interesante recuperar algunas de las palabras de don Joaquín en su comparecencia ante esta Cámara, concretamente en la sesión de 17 de mayo de 1984, para presentar el informe del primer año del Defensor. Sus palabras fueron emocionantes y bonitas. Dejando a un lado la anécdota y acudiendo a lo que nos ocupa, es interesante destacar literalmente fragmentos concretos de su comparecencia. Así, al referirse a la experiencia del primer año, nos trasladaba su visión personal, diciendo lo siguiente: Honradamente, pienso que de poco serviría este denso informe si solo se vieran en él datos numéricos, problemas jurídicos o propuestas pragmáticas; todo ello es indudablemente necesario pero es insuficiente. Por sus signos de identidad, la institución del Defensor del Pueblo es ciertamente un instrumento jurídico-político que como tal ha de actuar y no un hogar benéfico para la asistencia social y humanitaria. Y más adelante dice: Pero no es menos cierto que sin un suplemento de alma, en la bella expresión bergsoniana, y sin una capacidad de solidarizarse con todo lo humano, la institución del Defensor sería infiel a su razón de ser y traicionaría el espíritu de la Constitución; en suma, no merecería existir. Indudablemente las palabras de don Joaquín Ruiz-Giménez dejan entrever la grandeza de su personalidad y a la vez los objetivos que pretendía alcanzar como servidor de la institución del Defensor. No solo eso, también se refirió al futuro, expuso su visión del mañana. Muy resumidamente, diré que perseguía que la institución en el marco de sus funciones representara un puente o instrumento de diálogo con la Administración, las instituciones y la ciudadanía, procurando en todo momento huir de la burocratización.


Pues bien, si miramos atrás y hacemos balance, podemos decir con seguridad que evidentemente hemos avanzado, pero que aún quedan muchos retos por resolver y objetivos que alcanzar. En demasiadas ocasiones los informes de la institución reflejan exhaustivamente datos, estadísticas, pero no consiguen ir más allá. Por ejemplo, no podemos adivinar si las recomendaciones realizadas cumplen realmente su fin. Esta portavoz, en nombre de Convergència i Unió, ya planteó en la comparecencia del Defensor en la Comisión varias de las cuestiones que nos preocupan. En primer lugar, la ya mencionada eficacia de la institución. Esto nos preocupa enormemente; además estoy segura de que esta es una preocupación y un objetivo que el señor Defensor y su equipo comparten con nosotros.
Repito, el informe refleja muchos cuadros estadísticos, una gran recopilación numérica, pero en el fondo de todos estos datos y números subyace una pregunta: ¿Es realmente efectiva la institución? ¿Todos los expedientes que se tramitan y que finalizan en recomendaciones, sugerencias, recordatorios o advertencias, conllevan una rectificación en la actuación de la Administración que ha recibido la recomendación? Otra pregunta: ¿Este toque de atención por parte del Defensor comporta que ese mal proceder se rectifique definitivamente por parte de la Administración?

En muchos de los casos la respuesta lamentablemente es negativa. Me consta, porque así se ha reflejado en este informe anual, que en el ejercicio de 2008 se formularon un total de 125 recomendaciones, 190 sugerencias, 113 recordatorios y 4 advertencias, es decir, 432 resoluciones. Ahora bien, creemos que lamentablemente no hemos alcanzado la eficacia que todos desearíamos, la eficacia que también se buscaba en los orígenes de la institución, a pesar de la escasez de medios de que disponían. Por ello, mi grupo parlamentario, y en su nombre esta portavoz, planteó ya en la Comisión la creación de un mecanismo para hacer un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones o sugerencias, crear una oficina o departamento que lo evaluara y así veríamos cómo se reflejan las actuaciones concretas, las pautas de conducta que la institución recomienda a las administraciones y su grado de cumplimiento y ejecución. Avanzo que en esta línea va el Sindic de Greuges de Cataluña; como usted bien sabrá, está en trámite la nueva ley que lo regule y ahí se ha previsto precisamente ese mecanismo de seguimiento al cual me refiero y que considero de gran interés.
Necesitamos una institución eficaz y debemos buscar los mecanismos para conseguirlo.


Hay otra cuestión que preocupa a mi grupo parlamentario y son las actuaciones iniciadas de oficio. Evidentemente, no le queremos restar en ningún caso legitimidad al Defensor para que las lleve a cabo, pero reivindicamos criterios transparentes en esas actuaciones. Es preciso que el Defensor actúe con criterios objetivos a la hora de iniciar esas actuaciones. ¿Por qué razón inicia de oficio un expediente concreto en detrimento de otro? Esta pregunta debe poder responderse con un argumento objetivo. Por tanto, creemos que debería establecerse un protocolo de actuación para los casos de oficio y así se aseguraría la transparencia que requiere la institución. Esa transparencia se conseguiría con un protocolo claro y conocido por todos; la ciudadanía sabría los criterios que han guiado al Defensor.


Mirando no solo al presente, sino sobre todo al futuro, quiero hacer referencia a las nuevas tecnologías. Me consta el esfuerzo que está haciendo la institución para adaptarse a ellas y prueba de ello lo tenemos en la página web del Defensor. Ahora bien, creo que no es de recibo que la página del Defensor sea accesible en inglés y en francés y en cambio no lo sea en las demás lenguas cooficiales del Estado.
Cualquier ciudadano español

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debe poder tener acceso a la web en su lengua y por ello reitero nuevamente la necesidad de que se adapte al catalán, gallego y euskera la web de la institución. Otra cuestión que nos ocupa en las últimas comparecencias es el reclamado convenio con el Sindic de Greuges de Cataluña, en cumplimiento del nuevo marco competencial previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, convenio pendiente de firmar y que nos consta que está paralizado desde hace tiempo.


Para acabar, nuestro grupo ya analizó detenidamente todos los aspectos que se contemplan en el informe del Defensor en su anterior comparecencia.
Por ello no reiteraré nuevamente cada uno de los puntos que analizamos más concretamente en ese momento.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Surroca.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Tarno.


El señor TARNO BLANCO: Gracias, señora presidenta.


Sean mis primeras palabras para recordar en mi nombre y en el de mi grupo a don Joaquín Ruiz-Giménez, que tan bien sirvió a esta institución del Defensor del Pueblo.


Hoy, sin que sirva de precedente, voy a tener que dar la razón al señor Llamazares. El modelo de presentación del informe, tanto en Comisión como en Pleno, se hace repetido para el Defensor del Pueblo, pero también para los portavoces. Escuchamos las mismas quejas, las mismas recomendaciones, los argumentos repetitivos de todos los grupos: que si la página web, que si el papel del Defensor, etcétera, que se vienen acumulando en el "Diario de Sesiones", tanto del Pleno como de las comisiones. Es evidente por ello que es necesario darle un impulso en la presentación y en la relación que tiene que jugar la institución del Defensor del Pueblo con esta Cámara.


Quiero dar la enhorabuena al Defensor del Pueblo y a todos sus colaboradores por el informe serio y riguroso que han presentado a esta Cámara, que es el fiel reflejo del funcionamiento de las administraciones públicas en España. El informe no es otra cosa que una fotografía, que además se viene repitiendo año tras año, de cómo funcionan las administraciones públicas en España y de la percepción que tienen los ciudadanos del funcionamiento de esas administraciones. El informe será una auditoría social de las administraciones públicas. Hay tribunales de cuentas, hay organismos de control presupuestarios y el informe del Defensor del Pueblo se acaba convirtiendo en esa auditoría social de las administraciones públicas en España, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado. Además, en esa fotografía se refleja muy claramente cómo funcionan todas las administraciones públicas en España, cuál es su funcionamiento, cuáles son sus defectos, que además son repetidos y constantes año tras año. De ahí la importancia del Defensor en todo el Estado, porque refleja y fotografía su papel en todo el Estado, qué está pasando en las administraciones públicas en todo el Estado, y no, como algunos quieren ver de manera miope, recortando competencias, recortando el papel del Defensor del Pueblo.


En los últimos informes hemos visto cómo se está potenciando el doble papel del Defensor. Por un lado está el papel tradicional, el que podíamos llamar papel pasivo del Defensor del Pueblo, es decir, aquel de la recepción de quejas por parte de los ciudadanos, la tramitación de esas quejas y dar contestación al ciudadano sobre sus problemas. Por otro lado está el papel activo del Defensor, que son las intervenciones de oficio, que hemos visto cómo se han multiplicado y que aumentan año tras año; intervenciones de oficio que son importantísimas y que están jugando un papel esencial en la institución. Estoy de acuerdo con otros portavoces en que es necesario regular esas intervenciones de oficio.
Debería haber una clarificación sobre cómo se realiza, por qué se realiza y los criterios objetivos de esas intervenciones de oficio. Sería muy importante dado el número de esas intervenciones de oficio y cómo están aumentando, que se están convirtiendo en un eje fundamental del trabajo del Defensor del Pueblo.


Respecto a las quejas, vemos cómo crecen año tras año. Es simplemente la insatisfacción del ciudadano con el funcionamiento de las administraciones públicas lo que provoca esas quejas. Lo que nos están diciendo esas quejas es que no se hacen bien las cosas, que desde las administraciones públicas no se sirve bien al ciudadano. Eso hace que los informes sean permanentemente repetitivos; los temas son los mismos y las administraciones afectadas no corrigen las situaciones que vienen denunciando permanentemente los ciudadanos; por ejemplo, algunos asuntos como el funcionamiento de la Administración de Justicia o el mal funcionamiento de la Administración de Justicia. El informe del Defensor es durísimo: falta de medios materiales, falta de financiación, descoordinación, falta de conexiones de las bases de datos, interconexiones entre la Policía y las sedes de los juzgados, lo cual no es otra cosa que el reflejo de lo que está pasando en la justicia española, no es otra cosa que contar lo que realmente pasa en la justicia española. Mal funcionamiento que en algunos casos ha provocado situaciones graves o muy graves, que han provocado una enorme alarma social entre la ciudadanía. Hay aquí algunos que consideran un escándalo el papel punitivo del Estado. Lo que es realmente un escándalo es que los ciudadanos perciban que no se cumplen las penas, que los delincuentes están más tiempo en la calle que en las cárceles y que aquellos que cometen delitos gravísimos no pagan por sus delitos. Eso es lo que es un verdadero escándalo y es lo que tiene preocupada a una parte importante de la sociedad española.


Además de justicia, el informe habla de sanidad, de los desequilibrios territoriales en el funcionamiento de

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la sanidad española. Habla de la Ley de Dependencia, de sus enormes dificultades para su puesta en marcha, y refleja lo que venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, desde que se trajo la ley al Congreso: que los que legislan, el Gobierno, el Estado, hacen la ley, pero no la pagan, y eso provoca enormes problemas a aquellos usuarios que creían que iba a ser una panacea, aunque no acaba de funcionar. Hay que recordar que en el tema de discapacitados, de dependencia, el Grupo Popular ha presentado una proposición no de ley para que se dote al Defensor de medios materiales y humanos para atender las reclamaciones de las personas con discapacidad, ajustándonos a la Convención de la ONU sobre el derecho de las personas con discapacidad.


Año tras año se repiten las quejas sobre la obtención del DNI y del pasaporte en las oficinas policiales, y sobre el funcionamiento de los registros civiles no solamente en España, sino también en las oficinas consulares. Son quejas que se repiten año tras año y ni el Ministerio del Interior ni el de Exteriores dan solución a esos problemas que constantemente vemos repetidos en los informes. Ha insistido el Defensor en las numerosas quejas sobre el funcionamiento de la educación en España y sobre la falta de calidad de sus instalaciones; sobre las instituciones penitenciarias y el hacinamiento en las cárceles españolas, pero no es muy diferente al informe del año anterior ni al anterior. Es verdad que ha variado la forma en que se ha defendido el informe en este Pleno, porque se ha hablado más de otros asuntos que realmente de lo que decía el informe, pero el informe es el mismo, la fotografía es la misma, y las administraciones públicas o algunas administraciones públicas no corrigen las recomendaciones que aparecen en el informe. Por eso ha llegado el momento de que el Defensor evalúe a las administraciones, que no solo recomiende, sino que sea capaz a través de un control, de una oficina de evaluación de valorar la respuesta de las administraciones públicas a sus recomendaciones. El Defensor tendría que tener la posibilidad de hacer un control y seguimiento de cómo algunas administraciones públicas siguen saltándose las recomendaciones año tras año, hasta convertirse en recurrentes, informe tras informe. Ese sí que sería un papel importante que tendría que jugar el Defensor del Pueblo más allá de los informes y de las recomendaciones.


En definitiva, un año más tenemos un informe que -insistí en la Comisión y lo digo aquí- debería ser de obligada lectura por parte de los responsables públicos en España, porque no es otra cosa que una radiografía del mal funcionamiento de las administraciones públicas españolas, que en algunos casos de reiterarse tantas veces se ha convertido en un clásico de los informes, que es lo que no debe ser. Lo positivo sería que en el informe del año que viene desapareciesen esos clásicos porque el Gobierno, el Estado y otras administraciones hubiesen cumplido con las recomendaciones del Defensor.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tarno.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Heredia.


El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, sean mis primeras palabras de recuerdo a don Joaquín Ruiz-Giménez.


Como siempre, tengo que comenzar mi intervención en nombre del Grupo Parlamentario Socialista agradeciendo tanto el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo y sus adjuntos como su presencia en esta Cámara para presentárnoslo. Como cada año esta cita nos ilustra más que ninguna otra sobre la situación y sobre la salud de las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones públicas, dónde están los problemas y por dónde podemos comenzar a intentar resolverlos. En estas relaciones juega un papel de mediación insustituible el Defensor del Pueblo, como Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos y garantizados por nuestro texto constitucional. Señorías, la única forma de enfrentarse a un informe tan prolijo como este es tratar de destacar una serie de temas.


En primer lugar quiero destacar las quejas que se han producido en el ámbito de la sanidad. Coincidimos plenamente con el informe del Defensor del Pueblo cuando alerta acerca de la externalización de los servicios sanitarios, cuya progresión podría llegar a vulnerar los principios básicos de la salud en España, es decir, los de universalidad, gratuidad, financiación pública y equidad. Una crítica del Defensor que tiene algún destinatario preferente, como es la Comunidad Autónoma de Madrid. El Grupo Parlamentario Socialista apuesta decididamente por una sanidad pública y universal, que sea equiparable en todas las regiones que integran el Estado español, y lo hemos demostrado reiteradamente. No todos pueden decir lo mismo. De hecho no es casualidad que algunos destacados políticos del Partido Popular saliesen en tromba, en un gesto sin precedentes, a criticar este aspecto concreto del informe del Defensor.


También coincidimos en la honda preocupación que el Defensor muestra en relación con los problemas que plantea la aplicación de la Ley de Dependencia. Desde aquí hacemos un llamamiento a la colaboración y al respeto institucional entre todas las administraciones del Estado para llevar a buen puerto este fundamental nuevo pilar del Estado del bienestar, que creó el Gobierno socialista la pasada legislatura.


Por razones obvias nos preocupan también especialmente las quejas que se han recibido en el Defensor del Pueblo derivadas de la actual situación de crisis económica. Se han de reducir al máximo posible los tiempos de espera para recibir la prestación por desempleo, por citar solo un ejemplo. Pero también es necesario poner de relieve, como hace el propio Defensor, el esfuerzo

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que las distintas administraciones competentes han realizado mediante, por ejemplo, el reforzamiento de las plantillas de la Administración laboral.
Además en lo que llevamos de año 2009 el Gobierno ha desplegado un importante esfuerzo para paliar los efectos de la crisis en los ciudadanos. Por citar solo algunas medidas destacaré el Plan español para el estímulo de la economía y del empleo, que entre otras medias crea el Fondo de entidades locales y el Fondo especial para la dinamización de la economía y el empleo, para el que se destinan 11.000 millones de euros, se están creando más de 400.000 empleos, y ha permitido que 14.000 empresas hayan podido continuar con su actividad. Por otra parte, el Real Decreto-ley 2/2009, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, ha introducido -entre otras medidas- la reposición del derecho a la prestación por desempleo para los afectados por los ERE así como la eliminación del periodo de espera para ser beneficiario del subsidio por desempleo. Próximamente tendremos la oportunidad de celebrar el debate sobre la convalidación del Real Decreto-ley por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción, que amplía la protección mediante una ayuda de 420 euros mensuales a aquellos trabajadores que hayan agotado prestaciones y subsidios, y se encuentren en situación de necesidad por carecer de otras rentas.


También se ha prestado una especial atención a la situación de la Administración de Justicia, cuya reforma y modernización es urgente e inaplazable, tanto debido a los conflictos laborales que se han producido en las comunidades autónomas que aún no tienen transferidas las competencias, como a determinados errores judiciales que han tenido especial trascendencia en los medios de comunicación, y en consecuencia ante la opinión pública. Pero a esta problemática se le ha prestado una especial atención desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; eso sí, siempre buscando el necesario consenso entre las distintas fuerzas políticas para la reforma en temas tan delicados. En este sentido he de destacar el consenso logrado en el último periodo de sesiones para el desbloqueo de la tramitación del proyecto de ley de reformas procesales, piedra angular del que debe ser el definitivo impulso a la modernización de la Administración de Justicia, y que tiene por objeto fundamental definir un nuevo modelo de oficina judicial con el que se pretenden articular los medios personales y recursos materiales al servicio de la Administración de Justicia del modo más eficiente. Para ello el esfuerzo presupuestario realizado el pasado año va a tener continuidad en 2009, al incrementar el presupuesto en justicia en 200 millones de euros, a los que hay que añadir otros 400 millones para los próximos dos años, 200 millones por año. Lo mismo va a suceder en relación con los medios personales destinados a la Administración de Justicia. Con el Partido Socialista, entre 2005 y 2009, se han creado 1.325 nuevas plazas de jueces y fiscales, frente a las pocas más de 500 que se crearon durante los ocho años de gobierno del Partido Popular. Lo digo porque he visto al portavoz del Partido Popular muy preocupado por esta cuestión, y tengo que decirle que los socialistas le hemos dado a esta cuestión tres veces más importancia que la que le dio el Partido Popular.


Señorías, me gustaría destacar otro aspecto que recoge el Defensor del Pueblo en su informe, que es el relativo a la seguridad vial. Pongamos estos datos en positivo. Si hay un sector en el que la eficacia de la acción del Gobierno de la nación ha sido puesta de manifiesto en los pasados años este ha sido el de la seguridad vial. Por citar los datos más recientes, la campaña de verano de la DGT ha tenido como resultado que, por primera vez desde hace cuarenta y seis años, haya bajado de 400 el número de fallecidos en carretera. Entre el 1 de julio y el 31 de agosto han fallecido 377 personas, 70 menos que en 2008. Constata el Defensor en su informe que se han incrementado las quejas relativas a esta materia, pero también -y no podía ser de otro modo- reconoce la propia institución los avances que en esta materia se han producido desde el año 2004, es decir, desde la llegada al Gobierno del Partido Socialista. La implantación del carné por puntos ha tenido mucho que ver en ello, ha marcado la dirección. Vamos por buen camino, y sobre todo ahora en que se está tramitando una reforma de la Ley de Seguridad Vial, que ajusta el procedimiento sancionador para que la perdida de puntos afecte a las conductas que verdaderamente supongan un peligro para la seguridad vial, y para hacer más fácil para el infractor el cumplimiento voluntario de las sanciones que se le hayan impuesto.


Por otro lado, como reconoce el propio Defensor en su informe anual, alguna de las medidas que propugna ya han sido consideradas en el proyecto de ley por el que se modifica el texto articulado de la Ley de tráfico, circulación y vehículos a motor y seguridad vial. En definitiva, como han dicho en reiteradas ocasiones tanto el ministro del Interior como el director general de Tráfico, hemos contribuido a hacer descender las cifras de siniestralidad en nuestras carreteras, pero mientras quede una sola víctima por esta causa tendremos que seguir trabajando en esta línea.


En materia educativa denuncia el Defensor la necesidad de dotar de un mayor y más fácilmente comprensible proceso de difusión de la implantación del denominado Plan Bolonia, en orden si no a evitar por lo menos a mitigar en la medida de lo posible la conflictividad que en la comunidad universitaria ha generado la implantación de este plan europeo de educación superior. En este sentido, tanto la Comisión Europea como el Gobierno de nuestro país han iniciado campañas informativas específicas sobre este proceso.


Siguiendo con temas prioritarios a los que se ha referido el informe del Defensor del Pueblo tenemos el de inmigración y asilo. Aquí lo que pedimos es un voto de confianza. Se está tramitando en estos momentos la Ley

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Reguladora de Derecho de Asilo, que pone la primera piedra en nuestro derecho nacional en orden a crear un sistema europeo de asilo, y que además, como gran novedad, regula junto a este derecho la posibilidad de otorgar una protección subsidiaria cuando no se cumplan los requisitos de asilo o refugio, pero existan razones humanitarias que lo aconsejen. En materia de inmigración a este grupo parlamentario le siguen preocupando los eventuales brotes de racismo y xenofobia que puedan producirse. En todo caso se encuentra en tramitación el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y deberes de los inmigrantes en nuestro país, y apostamos decididamente por la integración de los mismos en nuestra sociedad. Coincidimos con el Defensor en la necesidad de prestar especial atención a determinados centros de internamiento como los de Canarias, y a determinados colectivos como son los menores no acompañados en este drama que siempre es la inmigración.


Termino. Retomando mis palabras iniciales, agradezco de nuevo al Defensor del Pueblo esta radiografía de su labor anual que hoy nos presenta, que nos permite analizar la situación de las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones públicas desde el punto de vista, siempre imprescindible, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Heredia.


Señorías, se levanta la sesión.


Eran las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.

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