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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 100, de 08/09/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2009 IX Legislatura Núm. 100
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 92 celebrada el martes 8 de septiembre de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 4)

Exclusión del orden del día ... (Página 5)

Modificación del orden del día ... (Página 5)

Exclusión del orden del día ... (Página 5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los incentivos fiscales a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 173-1, de 3 de abril de 2009. (Número de expediente 122/000150.)... (Página 5)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para revisar la cuantía del coste salarial subvencionado para los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 221, de 15 de junio de 2009. (Número de expediente 162/000446.)... (Página 13)

Página 2


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre montes sostenibles. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 244, de 31 de julio de 2009. (Número de expediente 162/000468.)... (Página 18)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el impulso de las políticas de protección a las personas en situación de desempleo.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 235, de 6 de julio de 2009. (Número de expediente 173/000083.)... (Página 23)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reforma del sistema educativo español. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 235, de 6 de julio de 2009. (Número de expediente 173/000084.)...
(Página 29)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votaciones.) ... (Página 34)

Proposiciones no de ley. (Votaciones.) ... (Página 34)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votaciones.) ...
(Página 35)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), relativa a la posición del Gobierno en relación al traspaso de las competencias exclusivas en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. (Número de expediente 172/000104.)... (Página 35)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 4)

Exclusión del orden del día ... (Página 5)

El señor presidente somete a la consideración de la Cámara la exclusión del orden del día del Pleno de hoy de la toma en consideración de la proposición de ley de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de forma que se reconozca al autor el derecho de explotación de su obra bajo las denominadas licencias libres, solicitado por la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo que se aprueba por asentimiento.


Modificación del orden del día ... (Página 5)

El señor presidente propone que la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, Sra. Barkos, al Ministerio del Interior, relativa a la posición del Gobierno en relación al traspaso de las competencias exclusivas en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, pase a ser examinada en el Pleno de esta tarde, después de las votaciones, lo que se aprueba por asentimiento.


Exclusión del orden del día ... (Página 5)

El señor presidente propone la exclusión del punto número 29 del orden del día correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre una política integral de la prostitución, lo que se aprueba por asentimiento.


Página 3


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los incentivos fiscales a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas ... (Página 5)

Defiende la proposición de ley el señor Montoro Romero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley ... (Página 13)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para revisar la cuantía del coste salarial subvencionado para los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo ... (Página 13)

Defiende la proposición no de ley la señora Sánchez Rubio, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Vañó Ferre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre montes sostenibles ... (Página 18)

Defiende la proposición no de ley la señora De Lara Carbó, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Oria Galloso, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora De Lara Carbó.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 23)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el impulso de las políticas de protección a las personas en situación de desempleo ...
(Página 23)

Defiende la moción el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


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A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Campuzano i Canadés.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reforma del sistema educativo español ... (Página 29)

En defensa de la moción interviene el señor Gómez Trinidad, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Alegría Continente, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votaciones.) ... (Página 34)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los incentivos fiscales a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, se rechaza por 154 votos a favor, 170 en contra y nueve abstenciones.


Proposiciones no de ley. (Votaciones.) ... (Página 34)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para revisar la cuantía del coste salarial subvencionado para los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo, se aprueba por 335 votos a favor.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre montes sostenibles, se aprueba por 333 votos a favor y dos abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votaciones.) ...
(Página 35)

Sometida a votación la enmienda de sustitución, presentada por los grupos Socialista, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y proponente, a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el impulso de las políticas de protección a las personas en situación de desempleo, se aprueba por 188 votos a favor y 147 abstenciones.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reforma del sistema educativo español, se rechaza por 146 votos a favor, 187 en contra y dos abstenciones.


Interpelaciones urgentes ... (Página 35)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), relativa a la posición del Gobierno en relación al traspaso de las competencias exclusivas en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra ... (Página 35)

Formula la interpelación la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.


Contesta el señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba), en nombre del Gobierno.


Replica la señora Barkos Berruezo y duplica el señor ministro del Interior.


Se suspende la sesión a las ocho y diez minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a tomar juramento o promesa a los nuevos diputados; en consecuencia, les ruego tengan la bondad de guardar silencio. En sustitución de don Gabriel Mato Adrover, pregunto a don Manuel Domínguez González si jura o promete acatar la Constitución.


El señor DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: Sí, juro.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En sustitución de don Ramón Jáuregui Atondo, pregunto a doña María Teresa Rodríguez Barahona si jura o promete acatar la Constitución.


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La señora RODRÍGUEZ BARAHONA: Sí, prometo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En sustitución de don Juan Fernando López Aguilar, pregunto a don Ángel Víctor Torres Pérez si jura o promete acatar la Constitución.


El señor TORRES PÉREZ: Sí, prometo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En sustitución de doña Magdalena Álvarez Arza, pregunto a don Daniel Pérez Morales si jura o promete acatar la Constitución.


El señor PÉREZ MORALES: Prometo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En sustitución de don José María Michavila Núñez, pregunto a doña Inmaculada Guaita Vaño si jura o promete acatar la Constitución.


La señora GUAITA VAÑO: Sí, juro. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En sustitución de don Jordi Sevilla Segura, pregunto a doña Susana Ros Martínez si jura o promete acatar la Constitución.


La señora ROS MARTÍNEZ: Prometo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Don Manuel Domínguez González, doña María Teresa Rodríguez Barahona, don Ángel Víctor Torres Pérez, don Daniel Pérez Morales, doña Inmaculada Guaita Vaño y doña Susana Ros Martínez, han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena y bienvenidos. (Aplausos.)

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA, DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DE FORMA QUE SE RECONOZCA AL AUTOR EL DERECHO DE EXPLOTACIÓN DE SU OBRA BAJO LAS DENOMINADAS LICENCIAS LIBRES.
(Número de expediente 125/000010.)

El señor PRESIDENTE: También con carácter previo y por ser preceptivo reglamentariamente, someto a la consideración del Pleno la exclusión del punto del orden del día que figuraba en primer lugar, correspondiente a la proposición de ley de la Comunidad Autónoma de Extremadura de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Ha sido solicitado por la Comunidad Autónoma de Extremadura que esta proposición de ley resulte excluida de este Pleno. ¿Se acepta por SS.SS.? (Pausa.)

Además de los saludos, ¿aceptan SS. SS. que se excluya del orden del día? (Asentimiento.)

Muchas gracias.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


El señor PRESIDENTE: Igualmente, propongo a SS.SS la modificación del orden del día consistente en que la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto de la señora Uxue Barkos al Ministerio del Interior, sobre el traspaso de competencias exclusivas en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, pase a ser examinada en el Pleno de esta tarde después de las votaciones. ¿Están de acuerdo SS.SS? (Asentimiento.) Así se hará.


EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE UNA POLÍTICA INTEGRAL DE LA PROSTITUCIÓN. (Número de expediente 172/000108.)

El señor PRESIDENTE: También propongo la exclusión del punto 29 del orden del día correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre política integral de la prostitución. ¿Acuerda la Cámara su exclusión? (Asentimiento.) Queda acordada.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LOS INCENTIVOS FISCALES A LOS AUTÓNOMOS Y A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
(Número de expediente 122/000150.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a incentivos fiscales a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Para la defensa de la proposición de ley tiene la palabra don Cristóbal Montoro.


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El señor MONTORO ROMERO: Señor presidente, señorías, nuevo curso parlamentario. En primer lugar, quiero dar mi enhorabuena y mis felicitaciones a todos los nuevos diputados que se incorporan esta tarde.
Comenzamos el curso parlamentario con la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a favorecer fiscalmente a las pequeñas y medianas empresas y promover la constitución, el trabajo, el empeño y el esfuerzo de los autónomos en España. Esta es una cuestión esencial para luchar, para salir de la crisis económica que está viviendo nuestro país. Empezamos el curso con una propuesta bien concreta, señorías, con una rebaja fiscal. Empezamos el curso marcando cuál es nuestra bandera, nuestra insignia, nuestras propuestas económicas para hacer frente a la peor crisis de empleo que ha vivido España bajando los impuestos.


Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular insistimos en que no hay mejor momento para acometer el favorecimiento, el impulso de las actividades económicas de nuestro país y bajar los impuestos a los emprendedores en España en el momento que estamos atravesando. Estamos ya inmersos en plena crisis económica; aquella crisis que fue negada sistemáticamente por el Gobierno socialista hoy es una cruda realidad y estamos en la encrucijada de la salida, de las soluciones a la crisis económica. Hay que escoger señorías, y el Partido Socialista y el Gobierno socialista no tienen nada más que un camino como respuesta a la crisis, que es aumentar el gasto público, tirar de la chequera de todos los españoles, arrojar la casa por la ventana de los españoles en las circunstancias que estamos viviendo. Siempre la solución más fácil, la solución de gastar lo que corresponde al dinero que tienen los ciudadanos, que tienen los españoles. Y la salida de la crisis no puede ser el gasto y el endeudamiento como estamos comprobando.


Señorías, llevamos año y medio de legislatura, llevamos año y medio de empecinamiento de una política económica y de una política presupuestaria. Llevamos año y medio en el que el saldo es 1.500.000 de puestos de trabajo perdidos, señorías, casi 2.000.000 de personas que han ido al paro. Se ha duplicado el número de hogares en los que no entra ninguna fuente oficial de renta, que no tienen ninguna renta reconocida y están cerca de la marginación social. Se han cerrado más de 100.000 empresas en nuestro país. Ese es el balance de una crisis y el balance y expresión del fracaso de una política económica y de una política presupuestaria que ha hecho de la apuesta por el gasto público, que ha hecho en definitiva del incremento de la deuda pública la fallida solución y cerrada salida a la crisis económica que está viviendo España.
Es el momento, por tanto, de rectificar, es el momento de apostar por quienes son realmente nuestras fuentes de riqueza, de empleo, de bienestar y de solidaridad, porque cuando ellos fallan, cuando esas pequeñas y medianas empresas se hunden, cuando los autónomos en nuestro país se ven obligados a cerrar sus negocios, el Estado quiebra, el Estado falla en su recaudación. Estamos ante la situación presupuestaria y fiscal peor que ha vivido la Hacienda pública española, señorías, y no hay ni un punto de exageración en mis palabras. Nunca habíamos atravesado una situación como la que está cruzando nuestro país en términos de pérdida de recaudación, en términos de pérdida de ingresos del Estado. El déficit público en España se acerca a unas proporciones sencillamente pavorosas. Da vértigo ver a España sumida en ese déficit público del 10 por ciento que anuncian todos para este año y para los años siguientes, en definitiva, un déficit público y un incremento de deuda pública que hace insostenible cualquier modelo o planteamiento de crecimiento económico creador de empleo en nuestro país.


Cuando eso ocurre, ¿qué escuchamos por parte del Gobierno socialista? Volvemos a oír la música que ha sonado antaño tanto tiempo durante gobiernos socialistas en esta Cámara, señorías: nada nuevo bajo el sol.
Los gobiernos sucesivos que tuvo España durante la época socialista reaccionaron ¿anunciando qué? Anunciando deuda pública para financiar nuestras prestaciones sociales; eso es lo que hacían y eso es lo que ha vuelto a hacer sin ningún empacho el presidente del Gobierno el pasado domingo en un acto público, en un acto social, señorías, diciendo a los españoles y al mundo entero que en España las prestaciones sociales se financian con deuda pública; qué tremendo error para la credibilidad y para la confianza que tiene que tener nuestro país y para recuperar el crédito internacional que nos permita salir de este profundo agujero en el que estamos inmersos. Pero, bueno, allá cada uno. El que levante el puño, es su cuestión, pero el problema no es puño arriba o puño abajo, el problema es el agujero en el que nos están metiendo, señorías, que realmente es un agujero del que nos va a costar mucho salir a los españoles, aunque una vez más los españoles tenemos capacidad de hacerlo, tenemos un potencial para hacerlo, como hemos demostrado en nuestra historia. Ahora vuelve el Gobierno socialista a donde le gusta estar al Gobierno socialista, subiendo los impuestos a los españoles y, además, lo hace argumentando nada menos que un término como el de la solidaridad, como si pagar impuestos fuera un acto solidario, señorías, como si fuera un acto voluntario. Además de ese hallazgo para la Hacienda pública, lo que voy a recordar esta tarde en la Cámara es que este método, este procedimiento, es el usual, el normal en los gobiernos socialistas.


El ministro Solchaga incrementó el IVA en los Presupuestos Generales del Estado para el año 1992 del 12 al 13 por ciento, señorías, en plena crisis económica, e incrementó los impuestos sobre los hidrocarburos y sobre las labores del tabaco, los impuestos especiales. No contento con eso, el ministro Solchaga a mitad de ejercicio promovió la aprobación por el Gobierno de un decreto-ley que, con efectos retroactivos, incrementaba hasta en 3 puntos los tipos y las retenciones del IRPF, y además subía el tipo impositivo al 15 por ciento; año 1993; por cierto, el Tribunal Constitucional declaró

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inconstitucional la subida del IRPF una vez que estaba mediado el ejercicio porque el devengo se produce desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año natural correspondiente.


¿Dónde está ahora el Gobierno del señor Zapatero? Donde estuvo el Gobierno González: subiendo los impuestos en medio de una crisis económica, en medio de una pérdida importantísima, gravísima, de puestos de trabajo. Y así, ¿cuál fue el resultado, se recaudó más o se recaudó menos? El resultado fue recaudar menos, el resultado fue incrementar el déficit público, el resultado fue en definitiva que España llegó a tener tasas de paro del 25 por ciento. ¿Han aprendido algo SS.SS. del Grupo Socialista? (Rumores.) ¿Para qué? ¿Para qué molestarse intelectualmente, señorías? Si las cosas van de rositas, van solas, si las fórmulas están inventadas, y los fracasos y los experimentos también están experimentados sobre el pellejo, el cuerpo social de España, señorías.


¿Y cuál es la diferencia en esa historia de la evolución tributaria en España? Que el primer Gobierno del Partido Popular cambió las cosas y comenzó su legislatura, su mandato rebajando los impuestos, cambiando el tratamiento fiscal de las plusvalías en España, mejorando sustancialmente el tratamiento fiscal de las empresas familiares en nuestro país, rebajando los módulos a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, y en definitiva creando un régimen tributario del impuesto sobre sociedades en nuestro país que no existía y que es el que ahora pedimos a la Cámara, a través del apoyo a esta proposición que trae el Grupo Parlamentario Popular para seguir insistiendo en lo que fueron las premisas, las condiciones básicas de una política que permitió a España crecer y crear empleo como nunca antes lo había hecho en la historia, señoría.


Sin embargo, la historia se repite. El Gobierno socialista no tiene dinero; no tiene dinero para pagar los servicios públicos básicos de los españoles; el Gobierno socialista no tiene dinero, no tiene dinero y responde en su mejor estilo: subiendo los impuestos. ¿A quiénes? A las clases medias, señorías. (Una señora diputada: ¡No!) Eso es realmente lo que ustedes acometen y ahora comprometen realizar una vez más, señoría.
(Aplausos.) Están -y llevamos toda la legislatura en ello- en el mismo error, pero confío en que algún día -y alguno de ustedes estaba sentado ya en esos bancos- aprendan de su historia y de su experiencia.


En el Grupo Parlamentario Popular estamos haciendo la misma apuesta desde el comienzo de legislatura. La proposición de ley que traemos hoy a la Cámara está registrada desde el comienzo de la legislatura, señorías, hace año y medio; fue la primera iniciativa que registramos en esta Cámara; por eso nadie con un mínimo conocimiento de causa puede decir que el Grupo Parlamentario Popular no ha traído soluciones a los españoles; las hemos traído y lo hemos hecho hasta el punto de que el Gobierno socialista esta misma proposición de ley la ha vetado en reiteradas ocasiones, en todo un ejercicio de lo que es la democracia, la esencia de la democracia: ejercer el derecho constitucional de veto a las iniciativas de la oposición; esa es la democracia del Grupo Socialista y en definitiva la democracia de un Gobierno que teme a esta propuesta. Por eso yo quiero insistirles, señorías, y pedir a los grupos parlamentarios que apoyen esta proposición de ley, que lancen un mensaje de confianza, de fiabilidad a quienes nos tienen que sacar de esta crisis económica, a los emprendedores, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Por ahí se sale de la crisis. Si hubiéramos hecho esto desde el principio y hubiéramos practicado una austeridad en el gasto público, hoy no tendríamos que estar llorando por la destrucción de 1.500.000 puestos de trabajo.


Por tanto, este es nuestro planteamiento político del comienzo de la legislatura y seguiremos en ello. Seguiremos plantando un dique, realmente una frontera, una barrera y esperamos contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para evitar que el Gobierno socialista suba los impuestos en una dificilísima situación como la que estamos atravesando. El pueblo español quiere solidaridad, sin duda alguna.
Entiende que la solidaridad empieza por tener un puesto de trabajo, empieza por tener la capacidad de generar renta y, a partir de ahí, apoyar a los que no la tienen y apoyar a los que la han perdido. Esa es la solidaridad que el Gobierno socialista no puede ni llegar a entender, y esa es la diferencia de la España del Partido Popular con la España del Partido Socialista. Nosotros apostamos por la España de las oportunidades, por la España del empleo y por la España de la igualdad de oportunidades para que todas las personas realmente puedan desarrollar su proyecto vital a través de su esfuerzo, de su mérito y de su trabajo, y frente a ello lo que encontramos es un Gobierno que ha derrochado el dinero de los españoles y ahora quiere subirles los impuestos. Señorías, su voracidad presupuestaria no tiene límites, excepto los límites que seamos capaces de establecer en nuestra conducta, en nuestro comportamiento político en esta Cámara.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.


Para fijar su posición, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, tomamos la palabra para posicionar a nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, en relación con la proposición de ley que el Grupo Popular acaba de defender. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) En relación con esta cuestión tenemos que decir que podemos valorar de manera positiva lo que denominaríamos los dos primeros puntos, es decir, la medida que supone incentivar nuevos desempleados para que se constituyan en trabajadores autónomos o se incorporen a cooperativas. Además

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tenemos que decir que nos parece que es una medida que sería limitada en tanto que si es cierto que existe un problema de empleo -porque eso no se puede negar-, también es cierto que el problema de empleo existe además en el sector de autónomos. Por tanto, desde nuestro punto de vista, sería una medida limitada en el sentido de lo que pudiera ser de operativa o de útil en estos momentos. Por otro lado, recordamos que no hace muchos meses que se incorporó a ley una medida semejante, aunque no en el mismo nivel que hoy el Grupo Popular nos plantea.


Por otra parte, el segundo punto, que sería que se incremente la condición de pyme a efectos de impuestos de sociedades de 8 a 12 millones de euros, puede ser una medida que podríamos no valorar de manera negativa. Pero evidentemente, cuando entramos en el tercer punto, que sería la reducción del tipo impositivo del impuesto de sociedades para las pymes, que pasarían del 25 por ciento actual al 20 por ciento, señorías, el Bloque Nacionalista Galego sí tiene problemas, de la manera que ya lo hemos anunciado en otros debates parecidos a este, el problema de que no nos parece oportuno.


Desde nuestro punto de vista, el problema de las pymes no es que haya un impuesto sobre sociedades alto. Es falsa la fotografía que nos pretende trasladar el Partido Popular en numerosos debates en esta Cámara, fijando parte de las responsabilidades de la grave situación económica, como decimos, en un supuesto impuesto alto sobre sociedades. Recordemos que la Ley 35/2006, que modificó parcialmente la Ley del Impuesto sobre Sociedades, contempló precisamente la reducción en 5 puntos del tipo general del gravamen, del 35 por ciento al 30 por ciento. Para las pequeñas y medianas empresas, cuyo tipo se hallaba en el 30 por ciento, se pasó a un tipo de gravamen del 25 por ciento para la base comprendida entre cero, 120 y 200 euros, y me refiero a miles, y en un 30 por ciento sobre el exceso. Por otra parte, debemos reflexionar sobre la competencia fiscal que a nivel europeo se viene produciendo con este tipo de impuestos, en la cual varios países están rebajando el tipo del gravamen.
La actuación más aconsejable sería instar a la armonización de este impuesto, de manera que cese la competencia fiscal que se está produciendo entre los Estados miembros de la Unión Europea. Son numerosas las veces en las que el Partido Popular nos presenta diversas reformas tributarias, con el objetivo de rebajar la presión fiscal, pero en ninguno de estos casos la medida se acompaña con el consiguiente impacto en la recaudación pública ni se explicitan los programas de inversión pública que se deberían suprimir con tales reformas. Por lo tanto, no cabe otra conclusión más que el Partido Popular está manteniendo una actitud irresponsable y demagógica a la hora de afrontar los debates en materia tributaria.


Por otra parte, debemos reflexionar sobre la competencia fiscal que a nivel europeo se viene produciendo con este impuesto, en la cual, como decía con anterioridad, todos los países están rebajando el gravamen. De ahí que la valoración que el Bloque Nacionalista Galego hace con relación a la posición que tenemos que mantener en el día de hoy ante esta proposición de ley, se centra en propiciar condiciones ventajosas para pymes y autónomos que ayuden a superar la difícil situación económica, así como el núcleo central de la proposición de ley que se encuentra en la reducción en 5 puntos del tipo impositivo para las pymes, pasando por lo tanto del 25 al 20 por ciento. En esto el BNG asume que, en una situación de crisis como la actual, se deben tomar medidas e intentar mantener el tejido productivo, que en gran medida se nutre de pymes y autónomos. Así, una medida como la capitalización de la prestación por desempleo para los trabajadores que quieran constituirse en trabajadores autónomos, se trata de una medida a considerar e incluso a apoyar, como dijimos al principio. Sin embargo, como también comentamos, en cuanto a la medida más relevante de esta proposición, que es la relativa a una reducción de puntos del 5 por ciento en el impuesto sobre sociedades para las pymes, el Bloque Nacionalista Galego tiene que decir, como ya lo hemos hecho en reiteradas ocasiones ante esta reducción de impuestos, que por las razones que ya expusimos no podemos votar a favor.


Por lo tanto, como acabo de anunciar, el sentido de nuestro voto a la admisión a trámite de esta proposición de ley va a ser negativo, ya que por nuestra parte sería completamente contradictoria una posición diferente con relación al debate que siempre hemos mantenido en las cuestiones relacionadas con la rebaja de impuestos. Después de lo expuesto, quiero dejar otra vez clara la posición en contra de nuestro grupo a esta proposición de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señor Montoro, no le voy a sorprender; nuestro grupo tampoco va a votar a favor de su proposición de ley, y no lo vamos a hacer por parte del contenido -hay aspectos de la proposición de ley con los que estamos de acuerdo-, pero incluso con más razón por su alegato. Digamos que ustedes han presentado una proposición de ley en la que plantean un discurso en favor de la nostalgia de los buenos gobiernos del Partido Popular y nosotros no creemos que fuesen esos, los suyos, buenos gobiernos. Pero en una cosa estamos de acuerdo y es que el Gobierno tiene que escoger hacia dónde quiere caminar. Lo cierto es que por el momento no ha escogido, al menos nosotros lo vemos así. No está en el camino de la salida insolidaria a la crisis que le marca la CEOE, no está en el camino del abaratamiento del

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despedido, no está en el camino de más contratos flexibles que acaban siendo temporales, pero tampoco está en el camino de una salida neokeynesiana, de una economía verde, sostenible y verde, no está en el camino de una fiscalidad más justa. Aún no ha decidido hacia dónde avanzar y eso es lo que a nosotros nos falta.


¿Cuál es la realidad? Que hoy en Europa hay quien sale de la crisis, cierto es, pero quien sale de la crisis es quien tiene capacidad para hacer políticas públicas. De hecho, en la última cumbre del G-20 lo que se anunciaba era más gasto público para más políticas públicas, para más gasto social, para más cohesión y para cambiar el modelo de crecimiento, el patrón de crecimiento. Lo cierto es que España está en la cola y está en la cola con Irlanda, es decir, está en la cola con aquellos que tienen menos presión fiscal, esto es, menos capacidad de maniobra. Usted lo sabe bien, España tiene hoy el 32,8 por ciento de presión fiscal y la disminución de la presión fiscal se debe en parte a la crisis, pero no solo a la crisis, sino también a las sucesivas reformas fiscales que se produjeron en el pasado: IRPF, impuesto sobre sociedades, insólita -como mínimo por parte de un gobierno de izquierdas- supresión del impuesto sobre patrimonio, cheque de 400 y cheque de los 2.500. Eso ha hecho que estemos en un nivel de presión fiscal propio de las Repúblicas Bálticas, en el 32,8 por ciento. La pregunta es: ¿Estando a la cola de presión fiscal, es decir, estando a la cola en capacidad y en margen de maniobra, se puede hacer una buena política? Nosotros creemos que no, que necesitamos una salida solidaria a la crisis y que esa salida significa, en primer lugar, acabar con lo que es injusto fiscalmente. ¿Y qué es injusto? Pues muy sencillo. Es injusto, por ejemplo, que un futbolista pague la mitad de fiscalidad que cualquier otro ciudadano porque se le aplique la Ley Beckham. Estaremos de acuerdo en acabar con lo injusto. ¿Y qué es injusto? La Sicav, ese chiringuito financiero que antes era controlado por los inspectores de Hacienda y que hoy es controlado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores sin haber abierto expediente alguno. Eso es injusto, que las grandes fortunas tributen al uno por ciento. Es injusto, claro que sí, que las rentas de capital tributen mucho menos que las rentas de trabajo. No lo digo yo, no lo decimos nosotros, lo decía el programa socialista no ahora, sino en el año 2004, y lo razonable por tanto es que se equiparen esas rentas de capital con las de trabajo. Eso se tendrá que solventar. Pero además de en lo injusto, en lo que tendremos que ganar es en una salida solidaria a la crisis y eso, por supuesto, significa que las rentas más altas tributen más. ¡Si lo hacen en el Reino Unido, si lo plantea la Administración Obama, si lo dice el SPD alemán! La cuestión es que si lo hacen y lo dicen todos esos, también se tendrá que hacer aquí y nosotros lo planteamos, claro que sí. Y por supuesto habrá que plantear políticas distintas para cambiar el patrón de crecimiento. El patrón de crecimiento se cambia con propuestas concretas que se hacen por parte de la Administración Sarkozy, fijando un precio por tonelada de carbono consumida por ciudadanos o por empresas. El patrón de crecimiento se hace con una fiscalidad ambiental que grave los cambios de uso en el suelo -lo hemos planteado en una proposición de ley presentada con Greenpeace, Ecologistas en Acción, Adena y Comisiones Obreras, una proposición de ley de fiscalidad ambiental- o haciendo que las bolsas de plástico no solo sean un instrumento a abolir por los ciudadanos, sino que se graven, como se hace en Irlanda.


Todo ello se tendrá que hacer combinándolo con concretas bajadas de impuestos que compensen a aquellos que están haciendo los deberes. Por eso decimos que es posible la bajada de impuestos -¡claro que sí!- a la pequeña y a la mediana empresa, por supuesto que sí, pero a aquellas que tengan y apuesten por un patrón de crecimiento determinado, no de forma indiscriminada, entendiendo que se tiene que apostar por aquella pequeña y mediana empresa que pasa apuros, por aquella que mantiene la ocupación o por aquella que está haciendo los deberes precisamente para cambiar el modelo de crecimiento. Y lo que habrá que hacer también -y creo que esto no lo han planteado ustedes con contundencia- es acabar con el principal problema que hoy tiene la pequeña y la mediana empresa, que es la falta de crédito proveniente de las entidades financieras. Esa falta de crédito -que no ha llegado ni a la mediana ni a la pequeña empresa ni a las familias- se debe en parte a que los planes de ayuda a las entidades financieras pactados entre el Gobierno y la oposición, entre el Gobierno y el Partido Popular, no exigían nada a estas entidades financieras. Pues eso también se tendrá que abordar.


Por tanto, no es que estemos en contra de cualquiera bajada de impuestos.
Puede ser que una bajada de impuestos concreta y certera sea de de lo más afortunada, pero lo que no vamos a hacer es votar hoy una proposición de ley que tiene una letra y una música. (Rumores.) Y la letra y la música es que ustedes quieren que salgamos de la crisis como salen las derechas, que es con un Estado con menos capacidad de maniobra, con unos servicios públicos más depauperados y con esa presión fiscal que ustedes dicen que tiene que bajar pero que no nos da margen de maniobra. Por eso no vamos a votar a favor, por eso nos vamos a oponer.


Por supuesto que estamos de acuerdo con determinadas medidas que aquí se plantean; por ejemplo, la posible capitalización de la prestación por desempleo para los parados que decidan convertirse en autónomos y ser pequeños emprendedores. Claro que sí. Y estamos de acuerdo con muchas otras medidas; por ejemplo, que aquellos expedientes de regulación de empleo que reciben una indemnización superior a los veinte días por año trabajado no tributen IRPF, cosa que hoy está ocurriendo y no pasa en el País Vasco y en Navarra. Con muchas otras medidas podemos estar de acuerdo. Pero de lo que se trata y el debate que tenemos es cómo salimos de la crisis. El problema está en que el Gobierno no se decide. No es un problema de improvisación, no. Es un problema de decisión, de orientación, de saber

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hacia dónde se camina. Eso es lo que nosotros -muy modestamente y con toda la fuerza que podamos tener- en este periodo de sesiones y en los presupuestos vamos a intentar, que este país haga lo que hacen otros, que es ganar margen de maniobra para más políticas públicas, para más políticas sociales y para conseguir, en definitiva, salir de la crisis; sin descartar la reducción de impuestos, pero entendiendo que eso tiene que ir compensado con el incremento de determinadas rentas y sobre todo con un patrón de crecimiento distinto que tiene que significar también una fiscalidad distinta, como han hecho otros países.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, una vez más el Grupo Parlamentario Popular nos trae a esta Cámara una proposición de ley relativa a incentivos fiscales a los autónomos y a las pymes cuyo fin es minimizar el impacto de la crisis económica en las pymes y en los autónomos, colectivos que por su heterogeneidad, diversidad y fragmentación atraviesan por una situación más difícil si cabe que la dramática situación que comparten el conjunto de empresas y ciudadanos. Por cierto, una situación que no prevé cambios sustanciales a corto plazo y que irá empeorando en términos de desempleo, indicador sintético de la profundidad de la crisis.


Compartimos, pues, como no puede ser de otra manera, la proposición del Grupo Parlamentario Popular que es sin duda la del resto de grupos parlamentarios y compartimos también muchas de las críticas que se le están haciendo al Gobierno en el sentido de que no asume las riendas de la situación y que no la aborda con la serenidad y la seriedad necesarias. Este planteamiento debe conducirnos a una profunda reflexión y a la adopción de medidas de política económica y quizá de política tributaria entre las que cabe considerar las que el Grupo Parlamentario Popular trae hoy a esta Cámara, pero necesitamos un marco de referencia.
Este es el debate que nuestro grupo plantea y el que creemos que es imprescindible. Aunque sea tarde, al Gobierno no le va a quedar más remedio que abordarlo si no desea que el deterioro económico sea irreversible.


Sin embargo, y por el contrario, no creemos que plantear continuamente medidas de política económica sin un marco y un diagnóstico adecuado nos lleve a alguna parte que no sea la confusión. Más allá de rebajar el tipo del impuesto de sociedades en unos puntos porcentuales a los ciudadanos autónomos y a las pymes, lo que les interesa de verdad es que la actividad económica y el empleo se recuperen y vuelvan a tener beneficios. Hoy el problema es que cae la actividad, caen los beneficios, cae la recaudación y lo único que sube de manera alarmante es el desempleo. Es preciso actuar lo antes posible y con el máximo consenso, pero en este camino las modificaciones, como las que plantea hoy el Grupo Popular a través de esta iniciativa, no son la mejor manera. Por ello nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la votación de esta toma en consideración de proposición de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular trae a debate a esta Cámara una iniciativa parlamentaria similar a la que presentó Convergència i Unió el pasado 16 de diciembre de 2008, que plantea modernizar los incentivos fiscales orientados básicamente a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores para que pudieran tener un tipo de incentivo fiscal similar a los incentivos fiscales que tienen algunos países de la Unión Europea, los más próximos y que son más competitivos respecto de la economía española, como pueden ser los franceses, los holandeses, los ingleses, etcétera, para rebajar el tipo de sociedades del 30 al 25, del 25 al 20 e, incluso, Convergència i Unió planteaba para todas aquellas pequeñas y medianas empresas, para todos aquellos emprendedores que en el día de mañana tuvieran la vocación de estar al servicio de la economía productiva, de generar riqueza y de crear puestos de trabajo, tener un tipo competitivo del 15 por ciento. Esta iniciativa parlamentaria -repito- se debatió el pasado 16 de diciembre y, desgraciadamente, tampoco contó en aquella ocasión con los votos favorables de la mayoría de la Cámara. Hoy estamos debatiendo una iniciativa similar en la que el Partido Popular también plantea una rebaja de los tipos impositivos, básicamente los que hacen referencia a las pequeñas y medianas empresas, y por este motivo Convergència i Unió, analizando los planteamientos de la iniciativa presentada por el Grupo Popular, la va a votar favorablemente.


Señores del Partido Socialista, hoy tendrían que analizar la gran oportunidad que tienen en la votación que se va a producir con posterioridad a este debate de dar un signo positivo de confianza a los mercados españoles, en el sentido de dar un signo de esperanza para que a todas aquellas pequeñas y medianas empresas, para que a todos aquellos emprendedores que hoy tienen grandes dificultades de financiación, de liquidez y para ser competitivos en los mercados internacionales, pudiéramos proporcionales un instrumento que les pudiera generar confianza, porque, señores de la mayoría, señores representantes del Partido Socialista español, no pueden olvidar que lo que necesita la economía de mercado en

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España es confianza y, si hay confianza, lógicamente puedes generar inversión y, si generas inversión, al mismo tiempo se puede proceder a la creación de puestos de trabajo. Es cierto que en el último debate sobre el estado de la Nación el señor Zapatero anunció la rebaja del tipo del impuesto sobre sociedades para las pequeñas y medianas empresas, y no es menos cierto, señorías, a pesar del anuncio que hizo el presidente del Gobierno, señor Zapatero, en el sentido de que bajaría el impuesto sobre sociedades del 30 al 25 por ciento y del 25 al 20 por ciento, que a mes de septiembre del año 2009, cuando han pasado tres meses desde el debate del estado de la Nación -en el que todos aquellos anuncios que el señor Zapatero formuló quedaron muy bien mediáticamente y seguramente desde la perspectiva electoral pudieron incrementar la credibilidad del señor Zapatero-, hoy el impuesto sobre sociedades sigue sin rebajarse, sigue sin cumplirse o sigue incumpliendo reiteradamente otra promesa más del señor Zapatero sobre la rebaja del impuesto sobre sociedades. No sabemos cuál va a ser la posición del Grupo Parlamentario Socialista, la vamos a escuchar atentamente, pero seguramente va a ser la de no apoyar esta iniciativa parlamentaria en el sentido de que en los próximos meses o en los próximos Presupuestos Generales del Estado el Partido Socialista va a proceder a la rebaja del impuesto sobre sociedades. Al mismo tiempo nosotros querríamos plantearles algunas objeciones que van en la siguiente dirección.


En el discurso del debate del estado de la Nación el señor Zapatero dijo que rebajaría el impuesto sobre sociedades a todas aquellas empresas que no hubieran procedido a una rebaja de sus plantillas ordinarias a lo largo del incremento de la actividad productiva. Por lo tanto, nosotros entendemos que sería interesante que si hay una rebaja sustancial del impuesto sobre sociedades fuera absolutamente para todas las pequeñas y medianas empresas, es decir, que no hubiera límites, que no hubiera cortapisas y que esta rebaja del impuesto sobre sociedades fuera inmediatamente puesta en práctica para poder generar confianza.
Justamente hoy están presentes en la tribuna de invitados una serie de emprendedores del Rotary Club Vilassar de Mar-Burriac, que están expectantes ante esta propuesta que se está debatiendo en la Cámara para ver si es posible que se hagan realidad estos anuncios propagandísticos que en su momento hizo el señor presidente Rodríguez Zapatero de que se rebajarían los impuestos. No es menos cierto, señorías, que si ha habido en esta Cámara algún grupo parlamentario que se ha especializado en traer a colación una serie de aspectos orientados básicamente a incrementar la actividad productiva, a defender a los empresarios autónomos, a defender a los pequeños y medianos empresarios y a defender a los emprendedores ha sido Convergència i Unió. Convergència i Unió lo puso en práctica justamente en el año 1993, cuando estaba como ministro de Economía el señor Solbes. Dimos también otro paso de gigante con el Partido Popular en el año 1996 al intentar modernizar las bonificaciones fiscales que existían en aquellos momentos a los tipos que estaban imperantes en la Unión Europea. Tampoco es menos cierto que en la pasada legislatura Convergència i Unió colaboró activamente en la rebaja del impuesto sobre sociedades del 35 al 30 por ciento y del 30 al 25 por ciento para las pequeñas y medianas empresas, en colaboración, en aquellos momentos, con el Partido Socialista y con el vicepresidente económico de aquel entonces, señor Solbes.


Por lo tanto, señorías, estamos ante un gran momento. Independientemente de cuál sea la formación política que haya planteado esta iniciativa, hace aproximadamente siete u ocho meses Convergència i Unió, hoy el Partido Popular, pienso que si queremos dar un signo de confianza, si queremos generar inversión y puestos de trabajo, hoy es el gran momento para votar favorablemente esta toma en consideración, para que en un futuro inmediato esta confianza, esta generación de inversión y esta generación de puestos de trabajo sea el primer síntoma de la recuperación de la actividad económica.


Hay otros aspectos importantes que nosotros también quisiéramos destacar -y justamente mañana nuestro portavoz lo va a dejar muy claro-, porque nosotros lógicamente estamos de acuerdo con una rebaja en los tipos impositivos del impuesto sobre sociedades, pero no estaríamos de acuerdo, señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, en que ustedes rebajaran este impuesto sobre sociedades para seguidamente incrementar otros impuestos directos, como el impuesto sobre la renta de las personas físicas o sobre las rentas de capital, porque entenderíamos que haríamos un mal negocio para la economía española, crearía más desconfianza, crearía más desempleo y no generaría la inversión que necesita la economía española.


Señoras y señores diputados, señora presidenta, nosotros desde Convergència i Unió, siendo objetivos y consecuentes con nuestra posición en todos aquellos aspectos que se refieren a la modernización impositiva para todas las pequeñas y medianas empresas, para todas las pymes, para todos los emprendedores y para todos los empresarios autónomos, vamos a votar favorablemente esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y, al mismo tiempo, pedimos al Grupo Parlamentario Socialista que sea consecuente y apoye este iniciativa porque -no lo duden, señorías- la mayoría de los miles de pequeños y medianos empresarios se lo agradecerán.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, señoría.


Mi grupo, como ya esperaba el señor Sánchez i Llibre, se va a oponer a la toma en consideración de esta proposición

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de ley y por varias razones: unas que tienen que ver con el contenido de esta misma proposición y otras relativas al contexto y la oportunidad del debate sobre política fiscal. Esta proposición de ley -no lo ha explicado el señor Montoro- es una proposición de ley corta, tiene dos partes: una dedicada al impuesto sobre sociedades de las pymes y otra dedicada a la capitalización para la prestación del desempleo. Empiezo por la segunda para decir que lo que propone ya está hecho. Ustedes dirán que ya lo proponían, pero la posibilidad de pasar del 60 al 80 por ciento en la capitalización como pago único en la prestación por desempleo está vigente desde el día 19 de agosto en que se publicó en el BOE y forma parte del acuerdo alcanzado en la mesa de trabajo con los autónomos; mesa que se ha reunido -y me gustaría recordárselo- porque ha sido este Gobierno el que de verdad ha mostrado su compromiso con más de 3 millones de trabajadores autónomos aprobando el Estatuto del Trabajador Autónomo, que ya ha dado sus frutos. (Aplausos.) La verdad es que si uno se lee esta proposición de ley no hay ninguna otra -ninguna otra- medida pensada para los autónomos, a pesar de lo que afirme el señor Montoro.


Vayamos con la primera parte, que es la que parece que interesa también a Convergència i Unió. Ustedes proponen una rebaja en el impuesto sobre sociedades para las pequeñas y medianas empresas, pero su proposición tiene tres defectos. El primero es aumentar el número de empresas, pequeñas y medianas, en España no por la vía de impulsar su creación, sino por el simple expediente de elevar al alza el requisito para ser considerada pequeña y mediana empresa. En estos momentos es de 8 millones de euros y ustedes quieren aumentarla a 12 millones, les recuerdo que son 2.000 millones de las antiguas pesetas. ¿Qué significa esto? Que en el momento de pedir rebajas para las nuevas pymes en realidad a ustedes no les preocupan las pequeñas y medianas empresas, ustedes lo que quieren es que las grandes empresas pasen a tributar menos. (Aplausos.)

Lo ha dicho el señor Sánchez i Llibre, en lo único en que estaría de acuerdo mi grupo es en ayudar a las verdaderamente pequeñas; esto fue lo que anunció el presidente Zapatero en el debate sobre el estado de la Nación del 12 de mayo. Fíjese, señor Montoro, se propuso una rebaja del impuesto sobre sociedades -volveré sobre ello más tarde- que creemos que tiene sentido discutirlo en un marco más amplio. Mi grupo cree que lo que a usted le preocupa es hacer lo de siempre, rebajar los impuestos a las grandes empresas utilizando a las pequeñas y la crisis como excusa, porque vienen proponiendo esto no desde el principio de la legislatura sino desde mucho antes, desde que no había crisis. Por tanto, no me digan que es una medida para salir de la crisis, porque para ustedes sería la medida que sirve para todo, con crisis, durante y después.


Pero existen otras razones para oponernos a su aceptación a trámite. No hoy, pero se ha dicho otras veces en la Cámara que en materia fiscal los debates deben hacerse con claridad, con honestidad, señor Montoro, conscientes de los posibles defectos directos e inmediatos, pero también los indirectos y a medio plazo, y los cambios, si debe haberlos, puesto que las circunstancias cambian, deben hacerse, en la medida de lo posible, sin perder de vista esta interrelación y su complejidad. Mi grupo quiere este debate, pero lo tendremos en el marco más amplio de los Presupuestos Generales del Estado y de la ley de economía sostenible, y mi grupo defenderá los cambios necesarios, moderados, limitados, orientados siempre a la mejora de nuestro sistema fiscal, y aunque sea una verdad de Perogrullo, a veces hay que recordar a la derecha de este país las verdades de Perogrullo, señor Sánchez i Llibre, señor Montoro.
El Gobierno no impone nada. Las modificaciones se aprobarán después de un debate en esta Cámara y, si se aprueban, lo será porque así lo decide la mayoría de los representantes de los españoles. El Gobierno no impone nada. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

La derecha de este país y todo el mundo se ha encargado de presentar los impuestos como una carga intolerable. Para nosotros, no. Para los socialistas son un instrumento para alcanzar los objetivos de una sociedad más justa y solidaria. (Aplausos.) Nosotros aspiramos a que sean considerados, no ya quizás -sería una utopía- la contribución gozosa pero sí por lo menos la contribución responsable, convencida, consciente para ayudar a crear esta sociedad que nosotros queremos, una sociedad avanzada en la que nadie nunca se quede atrás, ni siquiera en tiempos de crisis. A veces me pregunto que ustedes no saben para qué sirven los impuestos. En la proposición de hoy, ¿han estimado ustedes lo que significaría de pérdida de recaudación? Quedándonos cortos, más de 8.000 millones de euros. ¿Sabe usted cuánto es esto? Siete veces lo que va a costar extender a 1 de enero las ayudas a los parados que se han quedado sin contribución. Yo le pregunto a usted y al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que la va a apoyar: ¿Qué más deberíamos recortar para evitar un déficit, una pérdida de ingresos de 8.000 millones? Para que se hagan una idea, este año vamos a gastar en dependencia 2.000 millones de euros. ¿Están ustedes proponiendo poner a cero durante cuatro años la Ley de Dependencia? A esto le llamo yo una gran irresponsabilidad. Esta mañana he escuchado su campaña de radio sobre los impuestos y me preguntaba: ¿Sirve esta campaña para salir de la crisis? ¿Sirve siquiera un poquito para salir de la crisis? La respuesta es no, claro. Entonces, señorías, ¿tienen ustedes otra idea mejor? Esta tarde no le he oído ninguna.


Señorías, termino. Les pido una cosa. Les pido que mañana escuchen al presidente del Gobierno de España en comparecencia en esta Cámara, que le escuchen sin prejuicios, con la mente abierta, con la voluntad de trabajar para los españoles para salir de la crisis, recuperar el empleo cuanto antes y estar más fortalecidos que nunca. Porque en una cosa le voy a dar la razón: estamos en una encrucijada; hay indicios claros de que lo peor de la crisis ya ha pasado y es momento de esforzarnos para

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tomar la buena dirección. Nosotros, los socialistas, tenemos ideas y convicciones y necesitamos el esfuerzo de todos. Aunque parezca mentira, incluso necesitamos el esfuerzo del Partido Popular. Colaboren y, por una vez, cojan el remo y rememos todos en la misma dirección.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Colldeforns.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA REVISAR LA CUANTÍA DEL COSTE SALARIAL SUBVENCIONADO PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.
(Número de expediente 162/000446.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para revisar la cuantía del coste salarial subvencionado para los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo. Para la defensa de la proposición tiene la palabra la señora Sánchez Rubio.


La señora SÁNCHEZ RUBIO: Gracias, señor presidente.


Señorías, el acceso al empleo de las personas con discapacidad es uno de los problemas que más dificultades supone para la integración de este colectivo. Ha sido así en momentos de bonanza económica y crecimiento en el empleo, y lo es especialmente ahora, en que la destrucción de empleo es una de las peores consecuencias de la crisis. Hablamos de más de 3.800.000 personas con discapacidad, de las que más de 2.300.000 están en edad laboral, según la última encuesta de discapacidad, autonomía personal y dependencia.


Datos como la tasa de empleo y la de actividad ponen en evidencia las dificultades laborales de este sector. La tasa de empleo es menos de la mitad de la alcanzada por el resto de la población; pero los datos, señorías, ponen igualmente de manifiesto que las medidas de acción positiva adoptadas por el Gobierno han ido dando sus frutos. Las medidas de fomento contempladas en la Ley para la mejora del crecimiento y del empleo, de 2006, que recoge bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad, han supuesto un incremento importante en el número de contratos. Igualmente ha pasado con la tasa de actividad, que es la mitad entre las personas con discapacidad respecto al resto de la población, aunque asimismo se ha ido incrementando la demanda de empleo de las personas con discapacidad en estos años.


La integración de estas personas a través del empleo se había abordado en el pasado adoptando medidas puntuales, aprobadas en no pocas ocasiones por medio de diversas leyes, de medidas fiscales y administrativas, así como de planes de empleo, entre los que existía cierta dispersión. El Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno entienden que las propias características laborales del sector exigen un abordaje integral, y así quedó plasmado en la estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad 2008-2012, que se aprobó en septiembre de 2008 con un presupuesto de 3.700 millones de euros. Es preciso poner de manifiesto que esta estrategia inaugura una nueva forma de abordar el trabajo en materia de integración laboral de las personas con discapacidad, estrategia que marca como objetivo remover las barreras de todo tipo que aún dificultan el acceso al empleo de las personas con discapacidad: barreras educativas, de formación, barreras en general de accesibilidad; por tanto un nuevo sistema de trabajo.


La iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista va dirigida precisamente al empleo protegido que recoge esta estrategia global de acción para el empleo. Está dirigida precisamente a bonificar, a subvencionar a los centros especiales de empleo para mantener los puestos de trabajo. Los centros especiales de empleo cuentan con diversas subvenciones, básicamente en tres ejes: la financiación parcial de proyectos generadores de empleo, con ayudas para las unidades de apoyo a la actividad profesional, y el apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo, que incorpora la adaptación de los mismos; medidas también para el equilibrio financiero y de saneamiento financiero de los centros, y algo muy importante como es el cien por cien de la bonificación de las cuotas empresariales de la Seguridad Social. Solamente estas dos medidas han supuesto una inversión de 366 millones de euros en 2008. Son 1.775 centros especiales de empleo que dan trabajo a 52.631 personas, una plantilla que se ha duplicado desde el año 1999. Y son empresas, señorías, que no escapan a la crisis y que estamos dispuestos desde el Grupo Socialista y desde el Gobierno socialista a apoyar para evitar la pérdida de empleo de personas especialmente vulnerables por su discapacidad. Pero al referirnos a la situación económica que atravesamos una vez más es necesario que situemos a cada uno en su sitio. Nos encontramos aún ante una crisis que tiene su origen en el ámbito financiero, y cuya dimensión es de carácter global. Ante este panorama internacional, repito, nuestro Gobierno ha hecho lo que debía, emprendiendo una serie de medidas tendentes a paliar la situación a corto y medio plazo: el Plan extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral; los programas de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, entre otros; el Plan español para el estímulo de la economía y del empleo; el Plan integral de la automoción y el Real Decreto de medidas urgentes para el mantenimiento del fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. Y próximamente tendremos la oportunidad de debatir el real decreto-ley que amplía la protección por desempleo de los trabajadores que han

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agotado las prestaciones y los subsidios, y se encuentran en situación de necesidad por carecer de otras rentas. Señorías, el Gobierno ha tomado medidas de gran calado para paliar la difícil situación de los afectados por una crisis que azota con mayor virulencia a los sectores más vulnerables de la sociedad.


En lo que se refiere a los centros especiales de empleo, en el mes de julio el Gobierno aprobó la distribución territorial de 40,5 millones de euros para la inserción laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo, y 4,4 millones de euros para la promoción de actividad cooperativa y sociedades laborales gestionadas por las comunidades autónomas. Hablamos, señorías, de fondos para las políticas activas de empleo dirigidos a este colectivo especialmente vulnerable, y que se está viendo muy afectado por esta situación de crisis. Como medida más global se aprobó en el mismo Consejo de Ministros del 10 de julio el III Plan de acción para las personas con discapacidad, que establece la estrategia del Gobierno para esta legislatura en materia de discapacidad.
Por ello no nos cabe ninguna duda de que haremos también un esfuerzo en aras de ampliar el coste salarial subvencionado para los puestos de trabajo ocupado por personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, para fomentar que sigan desempeñando su labor social y evitar la destrucción del empleo protegido. Es muy importante, señorías, evitar que se destruyan estos puestos de trabajo que tanto esfuerzo ha costado crear. Por ello esperamos contar con el apoyo de los grupos parlamentarios de la Cámara. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, hemos acogido las enmiendas que se han presentado y hemos elaborado una enmienda transaccional que esperamos sea apoyada por el resto de los grupos parlamentarios. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Rubio.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por los grupos, en primer lugar y por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Celebramos la iniciativa del Grupo Socialista de revisar la cuantía del coste salarial subvencionado para los puestos de trabajo de los centros especiales de empleo. Ciertamente están viviendo una situación muy difícil de crisis, inmersos en un escenario de pérdida de puestos de trabajo, lo cual atendiendo a la naturaleza de estos trabajadores es evidente que supone una situación muy preocupante. Entendemos el esfuerzo que hace el Grupo Socialista de reconocer que estaban un poco dormidos, puesto que en el real decreto del mes de marzo parecía que no existían los centros especiales de empleo, cuando hay 51.000 personas que están ocupadas ya, y ustedes saben que es el ejemplo vivo de lo que han sabido construir miles de familias, miles de personas, colectivos territoriales a lo largo de muchos años que han ido arrastrando a los poderes públicos en la implicación de este tipo de empresas. Debo decirles que a nuestro entender la proposición no de ley adolece de falta de ambición, puesto que incluso ustedes no son capaces de concretar, de ser más explícitos en el porcentaje al que debería llegarse. Enmendamos esta iniciativa porque creemos que debería llegarse al 75 por ciento, que como saben hace años que esas aportaciones están congeladas. Esto es básico: ser capaces de reconocer que durante la tramitación parlamentaria de este real decreto, es decir, aprovechando esta oportunidad -en las próximas semanas se va a debatir este real decreto- podamos conseguir introducir este incremento en el porcentaje de la aportación.


En segundo lugar pretendemos que ustedes aprueben un fondo para transferir recursos a las comunidades autónomas, en proporción al número de trabajadores ocupados en este tipo de empresas, con la finalidad de que los centros puedan afrontar los nuevos retos de viabilidad económica y también de competitividad. Esto es fundamental para que estas empresas puedan encarar los retos de la crisis y de la poscrisis, es decir, hacerlas funcionales, modernas y competitivas, ser viables económicamente. Además, también enmendamos su iniciativa parlamentaria con dos requerimientos: desplegar la legislación para que los trabajadores de este tipo de empresas que se vean inmersos en un proceso de tramitación de expediente puedan acogerse a la jubilación anticipada, o bien, tal como ustedes plantean también -y lo reconocemos-, que puedan tener acceso a la incapacidad permanente -que es lo que reclamamos nosotros- si ha sido sobrevenida. Es decir, ustedes en la transaccional que nos ofrecen recogen el espíritu de todo aquello que hemos enmendado, pero falta a nuestro entender concreción. Ciertamente no concretan el porcentaje -aun cuando reconocen que debe solucionarse, tal como pedimos nosotros, durante la tramitación parlamentaria del real decreto-, no reconocen la necesidad de la creación de un fondo en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio, y finalmente, respecto a desplegar lo que ya contempla la Ley General de la Seguridad Social, nos remiten una vez más a la vía muerta del Pacto de Toledo; incluso el redactado francamente nos parece de muy poca ambición.


Nosotros reconocemos, repito, que del texto que ustedes presentaron en el registro a esta transaccional hay de hecho un recorrido, que han caído del caballo, y han reconocido que el ministro Corbacho ni se acordó de que existían los centros especiales de empleo; ahora ustedes caen del caballo, reconocen que hay que incorporarlos en la tramitación parlamentaria de este real decreto, pero falta a nuestro entender recorrido, y debido a la gravedad del momento económico y a la situación precaria y difícil que están atravesando estos centros especiales de empleo, repito, creemos que ustedes deberían

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ir un poco más allá, y espero que todavía sean capaces a lo largo de la tarde de ser un tanto más justos con nuestras reivindicaciones, que son las de estos centros, y a ver si es posible que todavía pueda mover un poco más su voluntad a lo largo de la tarde.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Vañó.


El señor VAÑÓ FERRE: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, antes de nada permítanme una licencia, y es que me sorprende -y quiero resaltarlo en esta Cámara- que por fin la discapacidad ya forme parte del paisaje, porque ha llamado mucho más la atención que el señor Sánchez i Llibre aparezca con muletas que el hecho de que salga una silla de ruedas, lo cual significa que la discapacidad forma ya parte de esta Cámara.


Pasando ya a la iniciativa que hoy nos trae el PSOE, en primer lugar, como siempre, queremos dar la bienvenida a iniciativas de este tipo, que esperemos que el Gobierno del Partido Socialista tenga vocación de llevar a cabo porque es necesaria, y es casi imprescindible en grupos de riesgo de exclusión social como es el caso de las personas con discapacidad. En ese sentido cualquier avance siempre ha sido bienvenido por nuestra parte, siempre ha sido aplaudido y siempre ha sido apoyado; por lo tanto de antemano sepan que van a tener nuestro voto favorable a cualquier avance por pequeño que sea en este campo; la necesidad es tan perentoria que creemos que todo lo que suponga seguir adelantando, aunque sea muy poco espacio, vamos a apoyarlo. No obstante, dada la situación laboral hoy en día y la crisis que hay en España, creemos que ya que se presenta esta iniciativa, teniendo en cuenta que los índices de paro de las personas con discapacidad implican al resto de la sociedad, y que el índice de inactividad es de más de un 66 por ciento, es el momento de aprovecharla y llevar adelante una serie de mejoras que realmente favorezcan esa integración de las personas con discapacidad. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Se ha citado aquí, y yo quiero recalcarlo porque quizá da una idea exacta de la situación, que hay más de 1.700 centros especiales de empleo con más de 53.000 trabajadores. Los centros especiales de empleo, como todos sabemos, son un paso previo para la integración laboral de las personas con discapacidad, y en muchísimos casos el cauce idóneo para la integración laboral en centros ordinarios de trabajo, que es en última instancia la pretensión de las personas con discapacidad. En mayo de 2009 había descendido la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo más de un 12 por ciento, y el riesgo según la Federación empresarial de centros especiales de empleo es que 13.000 personas, debido a los ERE que estaban en marcha, podrían irse al paro, por lo tanto queremos fomentar, apoyar y ayudar a que el empleo de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo sea lo más efectivo posible.


Insisto una vez más, abierto el melón de la reforma de las mejoras para estas personas y estos instrumentos que se han mostrado tan eficaces para conseguir empleo, creemos que deberíamos ser más ambiciosos y no tan cicateros porque, aunque sea bienvenida la iniciativa, nos parece corta, y ya que nos ponemos en marcha nuestra sugerencia ha sido recoger una iniciativa que el Partido Popular presentó, a través de una proposición no de ley para que se viese en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad, en la que proponíamos unos avances para los centros especiales de empleo de manera que se consolidase y se aumentase el empleo de las personas con discapacidad. Esta proposición no de ley que se presentó el 7 de abril, dado que no se ha visto, la hemos incorporado como enmienda a la PNL presentada por el Partido Socialista.
Verdaderamente creemos que el Partido Socialista, si tal y como está pregonando entiende que los temas sociales son de importancia, debe recoger estas propuestas, estas enmiendas, tanto la nuestra como las del resto de los grupos, porque creo que mejoran sustancialmente la vocación de emplear a personas con discapacidad. Por otro lado, ya que el Gobierno está haciendo un dispendio tirando del déficit público en grandes cantidades y en muchas ocasiones con poca eficacia, dado que en este caso se han revelado los centros especiales de empleo como cauce idóneo y como instrumentos operativos para crear empleo, creemos que por el importe y por la eficacia de los mismos la propuesta debería ser apoyada.


En esta tribuna nosotros siempre hemos demostrado nuestra vocación de llevar adelante cualquier medida sobre discapacidad. En este caso en aras de ese acuerdo tácito, pero siempre con la vocación de acuerdo que hay entre todos los grupos políticos pertenecientes a la Comisión de Discapacidad, vamos a apoyar la enmienda transaccional que se ha negociado entre varios grupos, donde se recogen dos de las tres propuestas que nosotros sugeríamos al Grupo Socialista, e insisto en que aunque nos parece que podría ser más ambiciosa, en aras de seguir adelantando, como he dicho al principio, vamos a apoyar esa enmienda transaccional, pero esperemos que sea con la vocación, como he dicho, por parte del Gobierno de llevarla a cabo y que no sea un brindis al sol, y además en un tiempo razonable.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Vañó, por favor, tiene que acabar.


El señor VAÑÓ FERRE: Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario

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Mixto, que va a compartir su tiempo, tiene en primer lugar la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Habíamos comunicado a la Mesa que dábamos por defendida la enmienda presentada por UPyD, por la señora Díez, y por tanto se fijaba posición a partir de esta intervención. Si quiere lo podemos hacer en este mismo turno, y así ya ahorramos tiempo en el debate.


Quienes conocemos los centros especiales de empleo somos conscientes de la importancia de esta iniciativa. Conocemos el valor y el trabajo que se está realizando, sobre todo lo que significa la integración en la vida social de la discapacidad. Lo entendemos también, como el portavoz del Partido Popular decía en este caso, como un centro puente hacia una forma de trabajo ordinario, y por ello queremos felicitar a la diputada Sánchez Rubio por esta iniciativa. Es un paso importante, independientemente de que se concrete más o menos la transacción de esta iniciativa, pero sí significa una apuesta y un compromiso con la discapacidad por parte del grupo mayoritario de la Cámara, y por tanto del grupo que da soporte al Gobierno, lo que tiene que significar también una implicación del Gobierno en acercar y resolver los temas que se planteen en la iniciativa.


Por tanto nuestro grupo, Coalición Canaria, independientemente de la variedad de fuerzas del Grupo Mixto, quiere mostrar el apoyo a la iniciativa, tanto en la forma inicialmente planteada como en la forma transaccional que en este momento se está debatiendo, independientemente, como decía antes, de que se pudiera concretar más, se pudiera ampliar y se pudiera temporalizar. También quiero desearle éxito para conseguir los objetivos. Los vemos a veces poco definidos. El acceso a los créditos ICO para estas empresas va a estar condicionado siempre por los avales, y va a dificultar enormemente a estas empresas que puedan acceder a esos créditos ICO. Dejarlo así, sin temporalizar, sin expresar el porcentaje de participación, cantidades a poner en marcha desde un principio en la aplicación de estas políticas indudablemente no deja de ser la manifestación de un deseo que, como decía, vamos a apoyar. También vamos a desear, como decía antes, que se viabilice y se pueda poner en marcha que estas empresas reciban esta ayuda, y sobre todo que estas personas discapacitadas puedan encontrar un lugar de trabajo que les permita acceder al trabajo ordinario, que es lo que deseamos todos.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la señora Sánchez nos plantea una iniciativa oportuna en el tiempo y en el momento. Efectivamente los centros especiales de empleo están viviendo la crisis con mucha dureza. Al menos en Cataluña diversos centros especiales de empleo están viviendo expedientes de regulación de empleo, y precisamente el viernes estaba yo comiendo con responsables del Centro Especial de Empleo Icaria, que están en un proceso de estas características, con cerca de 30 jóvenes con discapacidad intelectual que han tenido que irse a sus casas. Y esa no es una cuestión menor porque en el contexto del empleo con discapacidad en España buena parte de la ocupación de las personas con discapacidad están en el empleo protegido y no están en el empleo ordinario: cerca de 17.000 personas en el empleo ordinario y más de 50.000 en el empleo protegido. Y eso, señorías, en un contexto en el que, por un lado, buena parte de los instrumentos de apoyo al empleo protegido que se empezaron a impulsar a mediados de los años noventa o algunos de ellos a mediados de los años ochenta están congelados en sus cuantías. Existe una reivindicación de hace tiempo de poner al día ese conjunto de ayudas que los gobiernos de España en diversas legislaturas han ido impulsando. Además en un contexto muy claro de que ese modelo de centros especiales de empleo, que durante este periodo ha tenido un éxito muy importante, está en crisis desde antes de esta crisis económica. Ese modelo muchas veces fundamentado en la elaboración de trabajos manipulados vinculados a la empresa ordinaria a partir de la apertura a la competencia global ha entrado en crisis. Son muchos los centros especiales de empleo que en los últimos tres o cuatro años venían planteando la necesidad de ir hacia otro modelo en este campo. Por tanto a la crisis económica, que está afectando a esa destrucción de empleo y a esos expedientes de regulación, añadámosle la congelación de esas políticas públicas de ayudas a esos centros y esa crisis estructural de ese modelo.


En este sentido la iniciativa que ustedes plantean es oportuna, pero es parcial; se lo recordaba el señor Tardá exhibiendo un listado de cuestiones que hay que resolver. También es evidente, señorías, que la tramitación del proyecto de ley, el antiguo real decreto que el Gobierno aprobó en el mes de marzo es una excelente oportunidad para que determinados compromisos que desde hace tiempo venimos manifestando, algunos de ellos incluso contenidos en la estrategia de empleo para las personas con discapacidad, se traduzcan en el correspondiente cambio normativo. La enmienda que Convergència i Unió ha planteado, y que la señora Sánchez ha aceptado en su literalidad, pretende impulsar que estas medidas -la actualización de las subvenciones al mantenimiento de puestos de trabajo- se concreten en ese proyecto de ley, y seguramente también otras medidas.


Señorías, el debate que nos plantea la señora Sánchez nos debe permitir abrir en las próximas semanas y meses, con las asociaciones del mundo de la discapacidad, con las empresas ordinarias y con el tejido de los centros

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especiales de empleo, la necesidad de ir a una actualización a fondo de la Lismi en materia de empleo. El modelo que se dibujó en los años ochenta, que en el año 97 tuvo un impulso importante, que ha permitido llegar a estas cerca de 50.000 personas contratadas, es un modelo agotado.
Necesitamos plantear un modelo de empleo para las personas con discapacidad adaptado a las empresas de hoy en día, a las necesidades de las personas de hoy en día. En las próximas semanas y meses mi grupo va a plantear iniciativas en este sentido, desde la convicción de que el modelo ha sido útil, pero con claroscuros, porque es de vergüenza, es de escándalo que hoy no sepamos el grado de cumplimiento de la cuota de reserva contemplada en la Lismi o que hoy, como el señor Tardà ponía de manifiesto, continuemos sin haber resuelto la cuestión del envejecimiento de las plantillas de los centros especiales de empleo, incorporada en nuestra legislación desde hace unos cuantos años, y que el Gobierno aún no ha trasladado. Necesitamos esta puesta al día de esas políticas, pero necesitamos respuestas urgentes frente a la crisis. El correspondiente proyecto de ley en trámite será una oportunidad excelente para esas soluciones de urgencia, desde una condición, que es la que todos compartimos: que el empleo, también para las personas con discapacidad, sea garantía de dignidad, de reconocimiento de su efectiva condición de ciudadanos. La cuestión de fondo que compartimos es esa, y por tanto coincido con el señor Vañó en que hay que hacer ese esfuerzo de llegar a acuerdos en esta materia.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.


Para fijar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo hubiera apoyado la proposición en su formulación original, y la va a apoyar con más entusiasmo quizá en la transacción que hemos podido conocer. Señora presidenta, se trata de cumplir con requerimientos constitucionales. Sé que en los tiempos que corren cumplir con requerimientos constitucionales raya en la épica; nosotros, a pesar de que somos tildados con frecuencia de partido no constitucionalista, no vamos a intentarlo. Hay dos preceptos que conviene invocar en este momento. El artículo 40 mandata a los poderes públicos a orientar sus políticas hacia el pleno empleo. Sobre este mandato, señora presidenta, mandato de la Constitución a los poderes públicos, no voy a hacer glosa alguna, porque se trataría de buscar un aplauso o una adhesión fácil.
Pero hay otro artículo más específico aplicable a las personas con discapacidad -en expresión del constituyente con minusvalías o afectos por minusvalías, expresión técnicamente incorrecta- que obliga a garantizar a las personas con minusvalías a acceder a todos los títulos que regula la propia Constitución, y particularmente su Título I. En este contexto todos sabemos que el desempleo no afecta a todos los colectivos o segmentos de la sociedad por igual. Hay problemas que afectan al empleo juvenil: el 39 por ciento de nuestros jóvenes no tienen posibilidades de encontrar empleo. Hay problemas que afectan a los colectivos con edades superiores a 52 años -a los de 52 años el ministro Corbacho los ha considerado ya, con una sinceridad digna de mejor causa, como inempleables-. Y hay problemas que afectan particularmente a los discapacitados. El señor Vañó lo ha dicho con la lucidez que le caracteriza en sus intervenciones en relación con estas materias: el 66 por ciento de los discapacitados que buscan empleo no tienen posibilidades. Las pocas posibilidades están afectas a los centros especiales de empleo y a las subvenciones que a su vez configuran la financiación de los centros especiales de empleo y la que glosa o la que reivindica el Grupo Socialista mediante un ejercicio de autocrítica, porque una proposición no de ley Grupo Socialista tiene que tener un cierto componente de autocrítica en relación con la política gubernamental, pues es el grupo que apoya al Gobierno, en concreto la bonificación relativa al coste salarial de las remuneraciones que afectan a los discapacitados. Desde esta perspectiva, nosotros hubiéramos apoyado, señora Sánchez, la proposición en su formulación original, aunque tiene mayor concreción la enmienda transaccional. De todas formas, el señor Tardà ha dicho una cosa también inteligente: adolece de inconcreción. Aquí le hubiesen gustado a mi grupo parlamentario -y se compromete a presentar iniciativas a este respecto- concreciones en el ámbito o en la dimensión temporal de la aplicación de las medidas y en la dimensión cuantitativa. No hay ninguna referencia. Hay referencias deletéreas, genéricas al acceso a la financiación del ICO, al acceso al estudio en el seno del Pacto de Toledo, que es una vía muerta, como nosotros hemos comentado más de una vez en lo que se refiere a la incapacidad laboral permanente y a algunas otras cuestiones, pero nos gustaría saber -si no es posible a través de esta proposición no de ley, presentaremos iniciativas parlamentarias- el tiempo de entrada en vigor y la dimensión cuantitativa de las ayudas en relación con personas particularmente afectas por los problemas de desempleo que existen.
Señora presidenta, apoyaremos la transacción. Parece que es algo inevitable en este momento, felizmente inevitable podemos decir.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.


Señora Sánchez Rubio, sería ahora su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas que se han presentado, pero entiendo que se sustancian en la transaccional que ha anunciado y que, si no se opone ningún grupo parlamentario, será el texto que se someterá a votación. (Asentimiento.)

Muchas gracias.


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DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MONTES SOSTENIBLES.
(Número de expediente 162/000468.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre montes sostenibles. Para la defensa de la misma tiene la palabra en nombre de su grupo la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Señora presidenta, señorías, vamos a hablar hoy de un tema que, desgraciadamente, se repite en debates en esta Cámara todos los años: los incendios forestales. Este verano, señorías, ha sido especialmente agresivo para nuestros montes. Los incendios han supuesto pérdidas de vidas humanas que debemos lamentar desde la responsabilidad y el compromiso de poner los medios para procurar no volver a lamentarnos.
Además, los incendios han supuesto un gran desastre ecológico al calcinarse cerca de 100.000 hectáreas en toda España. La voracidad del fuego ha arrasado no solo vidas y bosques sino también viviendas, infraestructuras municipales y tierras de cultivo y ha amenazado los municipios del entorno. Nadie ha sido ajeno a este desastre. Hemos sido testigos a través de las imágenes televisadas de los tintes dramáticos que adquieren los incendios forestales en condiciones climatológicas adversas y con abundancia de material combustible en el monte. En España existen, señorías, 25 millones de hectáreas de monte, que suponen el 50 por ciento de la superficie forestal española. De ellos, cerca del 70 por ciento son de propiedad privada. El monte, generalmente y salvo determinadas especies de crecimiento rápido, no es rentable y por ello los montes españoles no están cuidados. En España el monte arde y lo hace favorecido por la abundancia de biomasa, que se acumula en ellos año tras año de manera incontrolada, aumentando sin cesar el riesgo de incendios forestales.


Datos oficiales cifran en casi 17.000 millones de euros el coste económico asociado a los incendios en España en el periodo 1991-2008, es decir unos 1.000 millones de euros anuales. Los cálculos iniciales sitúan en 1.500 millones de euros el coste asociado a los incendios forestales de este año y el dato, señorías, todavía provisional, debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de intentar evitar esa sangría económica y medioambiental que se repite año tras año y que es especialmente grave en los momentos de crisis que padecemos. ¿Podemos permitirnos este despilfarro económico, estos daños ambientales, esta pérdida de productividad de nuestras tierras agrarias? Creo sinceramente, y estarán de acuerdo conmigo, señorías, que no debemos hacerlo.


Lo que es evidente, señorías, es que los incendios forestales son escasos cuando los bosques tienen un interés relevante para las poblaciones. Lo que es evidente es que los incendios forestales son escasos cuando se genera un mayor valor añadido de sus productos, cuando se incrementan las actuaciones preventivas y de limpieza de los montes, cuando se efectúa una mejora silvícola en las masas forestales para adaptarlas a los nuevos condicionantes climáticos, cuando se implica a la población rural en las actuaciones de prevención y aprovechamiento de los mismos. Lo que es evidente, señorías, es que miles de toneladas de dióxido de carbono se han vertido a la atmósfera procedentes de estos incendios cuando el objetivo propuesto por Kioto es justamente el contrario: consolidar e incrementar nuestro patrimonio forestal como medio de contribución a la absorción de CO2.


Estas evidencias, señorías, constituyen la base de nuestra proposición no de ley en el convencimiento de que mayores inversiones en prevención de incendios conseguirán de manera simultánea un cuádruple objetivo: primero, conservar los bosques mediante su gestión sostenible; en segundo lugar, reducir la dependencia de abastecimiento energético exterior; en tercer lugar, crear empleo en zonas rurales y, en cuarto y último lugar, luchar contra el cambio climático. Estamos hablando, señorías, de una inversión productiva de creación de empleo, de la inversión necesaria en la situación de crisis económica que padecemos.


En los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente se dedica casi el doble a extinción que a prevención y creemos que es preciso cambiar este esquema. Hace falta una fuerte inversión en política forestal, la gran olvidada del Gobierno socialista. Señores del Gobierno, sin duda con la mejor intención, constituyeron ustedes un fondo de inversión local de 8.000 millones de euros que se destinaba a obras en municipios. Estos 8.000 millones de euros, apuntados al fin y al cabo a engrosar el déficit, no han cumplido las expectativas. Es conocido que los municipios, por la premura de los plazos exigidos, han desempolvado viejos proyectos que no se habían afrontado desde los presupuestos municipales por no considerarse prioritarios ni urgentes. Son las célebres aceras renovadas, asfaltados de caminos a ninguna parte, embellecimientos sin duda positivos pero no razonables en época de crisis y tantos ejemplos que seguramente SS.SS. conocerán bien de sus circunscripciones electorales. Ahora, señorías socialistas, hemos conocido que habrá un nuevo plan de inversión local, dotado con 5.000 millones de euros, y que la anunciada ley de economía sostenible, todavía sin contenido, vendrá acompañada de 20.000 millones de euros. Por ello, señorías, al presentar esta proposición no de ley, creemos que es el momento de efectuar inversiones para una gestión forestal sostenible y para la prevención de incendios forestales; inversiones que deben ocupar un lugar preferente en este futuro proyecto de ley y en el nuevo plan de inversión local.


He visto las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios.
Estamos negociando una enmienda transaccional con el Grupo de CiU que pasaremos a todos los grupos, porque espero firmemente que todos ustedes, señorías, se adhieran al texto de esta proposición

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no de ley en el sentido de que proteger nuestros montes de los incendios es proteger a los municipios y a los ciudadanos, además de al medio ambiente. Proteger nuestros montes de los incendios y conseguir una gestión forestal sostenible es una forma útil de crear empleo. Por ello apostamos desde el Grupo Popular.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora De Lara.


A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por diversos grupos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto ha presentado enmiendas la señora Fernández Davila, que no está presente en la sala.
¿Algún miembro del Grupo Parlamentario Mixto quiere darlas por defendidas? (Pausa.) Señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.


Solicito que se den por defendidas las enmiendas de la diputada.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.


Pasamos a continuación a las del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En su nombre, tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo ha presentado enmiendas porque entiende que la redacción original de la propuesta es, digamos, de dudosa sensibilidad competencial. En nuestra opinión, los apartados 2 y 6 no atienden a la distribución competencial del país y lo que pretendemos con estas enmiendas es que dicho texto se corrija. En segundo lugar, hay que agradecer la nueva sensibilidad del Partido Popular en materia forestal.
Lo digo porque venimos de experiencias de la pasada legislatura y de las anteriores en las que los gobiernos del Partido Popular, señora De Lara, no tuvieron esa sensibilidad que hoy acreditan. Nosotros no descartamos que sea positivo el fondo que ustedes proponen. En cualquier caso, quería agradecer esa nueva sensibilidad.


Tengo que decirle que nuestro grupo, y usted lo sabe bien, ha hecho diferentes propuestas de gestión forestal, de prevención estratégica de incendios y de protección de espacios naturales. Lo ha hecho desde los Presupuestos Generales del Estado del año 2006 hasta ahora, en los que año tras año hemos solicitado la ampliación de los diferentes fondos existentes en materia de gestión forestal, el Fondo de patrimonio natural, aprovechamiento de la biomasa forestal residual del Real Decreto-ley 1/2005, el fondo anexo de la Ley de Montes, etcétera. La Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad ya creaba un fondo -usted lo sabe bien- que se destinaba a la gestión forestal sostenible, a la prevención estratégica de incendios forestales y a la protección de espacios forestales y naturales, así es que está bien lo que ustedes plantean, pero podríamos decirlo de otra manera: el fondo existe. ¿Cuál es el problema? Creo que su proposición no de ley nos permite ponerlo hoy encima de la mesa.


No necesitamos un nuevo fondo. Lo que sí necesitamos es que los fondos que existen sean efectivos, y aquí sí que hay carencias y en este caso hay una cierta coincidencia. No sería tan necesario el fondo que ustedes plantean si los fondos existentes estuviesen funcionando correctamente.
Yo creo que el problema de fondo es que en este país aún no hemos conseguido un aprovechamiento real del bosque en materia económica garantizando precisamente que no pase lo que está pasando y es que hay una ampliación de la superficie forestal, pero no hay una gestión correcta en materia de bosques. Por eso nosotros creemos que hay que darle efectividad a los fondos, dotarlos de recursos necesarios y, por supuesto, que estos recursos -y ahí es donde vemos que hay una falta de sensibilidad en la proposición de ley- sean territorializados, porque precisamente de la territorialización de esos fondos dependerá el éxito o el fracaso de la política forestal. Dicho de otra manera, el Gobierno tiene que hacer los deberes, tiene que poner en marcha la citada Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad, de la que todavía no se ha elaborado el plan estratégico ni se ha aprobado el fondo, y esa es una carencia extraordinaria.


Esperamos que finalmente pueda haber un consenso en el conjunto de la Cámara sobre la política forestal, un consenso para que se doten los fondos existentes, los que se derivan de la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad, y un consenso en materia competencial, donde la propuesta que ustedes hacen no es posible. Lo que esperamos por tanto es ese consenso con el texto de la transacción a la que dicen que han llegado entre los grupos. Vamos a ver cuál es la redacción y en función de todo eso decidiremos nuestra votación teniendo presente dos cosas, en primer lugar, que ustedes son bienvenidos; en segundo lugar, que el fondo existe, cierto es, y en tercer lugar, que el fondo está por dotar y que el plan estratégico está por desarrollarse. Por tanto, todos tendremos parte de razón en todo lo que digamos los diferentes portavoces.


Por último, quiero hacer simplemente una reflexión. Yo creo que en un momento de cambio de modelo el problema que tenemos es que hay que acertar precisamente en aquellas tareas que están funcionando. Les pongo un ejemplo. En materia del corcho y de su aprovechamiento, España es el segundo productor del mundo. Se trata de una industria redonda. Permite el aprovechamiento del bosque de encinas, un bosque que por cierto resiste muy bien ante los incendios, y permite después una transformación del producto para el embotellado. ¿No sería razonable que hubiese un plan de reconversión y de ayuda al sector del corcho? Nosotros creemos que sí.
¿Por qué pongo este ejemplo encima de la mesa? Porque entiendo que va en la línea de costes y del aprovechamiento

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del bosque. Habrá que pensar en estas materias cuando hablemos de economía sostenible.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, en nombre de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió salgo aquí a defender las enmiendas que hemos presentado a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. En nuestro programa electoral ya contemplábamos un apartado sobre el sector forestal. Desde Convergència i Unió también consideramos que la principal amenaza de nuestros bosques es su abandono. La producción comercializable es insuficiente para mantener el circuito económico de nuestros bosques y, por tanto, también su gestión. La despoblación rural, la rápida transformación de la sociedad rural a sociedad urbana constituye la principal amenaza. Además, los grandes incendios son el síntoma principal de un gran problema y en consecuencia se tendrá que fomentar una gestión forestal adecuada. Desde nuestro grupo parlamentario también estamos de acuerdo en que la política forestal ha sido la gran olvidada del Gobierno. Por eso nos parece oportuna esta proposición no de ley, nos parece correcta, pero hemos hecho unas cuantas enmiendas que creemos que mejoran y que aumentan el valor y el contenido de esta proposición no del ley del Grupo Parlamentario Popular.


En el punto 1 solicitamos el desarrollo del real decreto en el que se regule el funcionamiento del fondo para el patrimonio natural. La Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modificaba la Ley de Montes del año 2003, en su disposición adicional primera regulaba la creación de un fondo para el patrimonio natural con el objeto de poner en práctica aquellas medidas destinadas a apoyar la gestión forestal sostenible, la prevención estratégica de incendios forestales y la protección de espacios forestales y naturales en cuya financiación participe la Administración General del Estado. Este decreto no ha sido desarrollado y es lo que nosotros solicitamos.


En el punto 3 concretamos más la implicación de la población rural en la prevención de los incendios y proponemos promover y fomentar la creación de agrupaciones de propietarios forestales como herramienta esencial para la prevención de incendios. Las ayudas para las agrupaciones de defensa forestal son importantes al estar integradas por ayuntamientos, propietarios forestales y entidades vinculadas al territorio. Se considera esencial la participación de los grupos de voluntarios que deseen colaborar con las administraciones implicadas. Estos realizan labores de vigilancia, prevención, comunicación y colaboración en extinción.


En el punto 4 también intentamos concretar un poco más el aprovechamiento sostenible de los montes con el objetivo de generar mayor valor añadido proponiendo una estrategia orientada a la mejora de la competitividad de la cadena monte-industria, sobre todo a largo plazo. Esta futura estrategia, además de incidir en la creación de empleo, dinamiza la movilización de madera e impulsa un sector económico estratégico. Tal y como cita textualmente el Plan de acción forestal de la Unión Europea, la competitividad del sector forestal es una base necesaria para que se materialicen los múltiples beneficios que la silvicultura sostenible ofrece a la sociedad. El sector forestal posee un gran potencial de desarrollo de productos y servicios de alta calidad y valor añadido a partir de una fuente de materia prima renovable.


Hemos presentado una enmienda de adición, como punto 7, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 49 de la Ley de Montes, porque al igual que en el caso de la agricultura, es aconsejable fomentar entre los propietarios forestales la suscripción de seguros, máxime dada la intensidad de la regeneración de externalidades positivas por los bosques, la ausencia de protección exterior, la limitación de las ayudas públicas, los riesgos que afectan al capital y no a las rentas y su ubicación en las zonas más desfavorecidas con respecto a la agricultura.
Adicionalmente podría garantizarse que las primas de este seguro sean asequibles por parte de los propietarios. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Solicitamos en un nuevo punto 8, que es muy importante para nuestro grupo parlamentario, la restauración del Consejo Nacional de Bosques, así como establecer mecanismos de coordinación con el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El Real Decreto 948/2009 derogaba otro Real Decreto del año 2000 por el que se creaba el Consejo Nacional de Bosques, diluyendo así la única mesa de participación del sector forestal en un consejo que, para el ámbito del mismo, no garantiza la representatividad y el tratamiento adecuado de los temas sectoriales.
Basándonos en el acuerdo al que hemos llegado en la transaccional sobre la mayoría de estas enmiendas de adición a la proposición no de ley querríamos pedirles desde Convergència i Unió a todas SS.SS. que dieran soporte a la misma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Oria Galloso.


El señor ORIA GALLOSO: Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna para hablar sobre montes sostenibles. La Ley de Montes designa a las comunidades autónomas como las responsables y competentes en materia forestal, de acuerdo con la Constitución y los estatutos de autonomía, y clarifica las funciones de la

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Administración General del Estado, que fundamenta en su competencia legislativa básica en materia de montes, aprovechamientos forestales y medio ambiente, entre otras. En todo caso, la ley opta por la colaboración y cooperación entre administraciones dándole un papel importante a las administraciones locales en asuntos de política forestal. Por eso, cuando el Grupo Parlamentario Popular en su proposición no de ley dice que la gran olvidada del Gobierno socialista es la política forestal, les digo que las políticas forestales corresponden al marco competencial de las comunidades autónomas y que son estas las responsables de su aplicación. La Administración General del Estado elabora, coordina y ayuda en sus recursos económicos, técnicos y humanos en las políticas forestales, pero no en su aplicación, porque eso sería transgredir el marco competencial establecido por el propio Tribunal Constitucional. A menos que el Grupo Parlamentario Popular quiera volver a la etapa preconstitucional en esta materia, no entiendo muy bien qué es lo que pretende con este tipo de afirmaciones.


En el último ejercicio presupuestario del Gobierno del Partido Popular, para prevención de incendios, año 2003, se dedicaron 14.800.000 euros. En el año 2009, con el Gobierno socialista, se dedicaron 47 millones de euros. Se triplicó el esfuerzo presupuestario y de ejecución, pero no solo eso. En el dinero dedicado a la extinción de incendios, se duplicó la inversión de 36 a 67 millones de euros. Mire por dónde en algo les hemos hecho caso cuando dicen en la proposición no de ley que las mayores inversiones de la política forestal deben centrarse en la prevención de los incendios forestales. Ahí sí que les hemos hecho caso, puesto que lo hemos triplicado.


Siguiendo con las consideraciones expuestas, en la proposición no de ley hablan sobre la creación de un fondo forestal nacional. En una autoenmienda o en una transaccional que en estos momentos estamos negociando, se ha camuflado, pero la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad crea un fondo para el patrimonio y la biodiversidad destinado, entre otras medidas, a apoyar la gestión forestal sostenible, la prevención estratégica de incendios forestales y la protección de espacios forestales y naturales en cuya financiación participe la Administración General del Estado. Deja meridianamente claro que la gestión de las subvenciones que se otorguen con cargo al fondo corresponde a las comunidades autónomas a través de convenios y acuerdos en la cofinanciación. La regulación del funcionamiento del fondo a través del real decreto se hace con las comunidades autónomas, especialmente en aquellos objetivos del fondo que inciden en sus competencias. Tampoco entiendo la creación de un plan nacional de reforestación cuando ya existe y se está trabajando en estos momentos en la estrategia forestal española, en la estrategia para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal y en el propio Plan Forestal Español, donde participan las comunidades autónomas, distintas administraciones, propietarios y colectivos que tienen que ver con la gestión del monte.


Sí nos parecen razonables otras medidas expuestas en la proposición no de ley y en algunas de las enmiendas que presentan otros grupos, como la extensión progresiva de la cobertura aseguradora a nuevas especies y aprovechamientos forestales del seguro agrario combinado o incidir y potenciar el empleo de la biomasa procedente de la limpieza de los bosques y su mantenimiento como reemplazo de los combustibles fósiles, una mayor implicación de la población rural en el mantenimiento y restauración del monte para la prevención de incendios forestales o que el impulso en todo el territorio en la planificación y gestión de los montes públicos o privados dé como resultado los aprovechamientos sostenibles de madera...


El señor PRESIDENTE: Señor Oria, debe acabar.


El señor ORIA GALLOSO: Voy terminado.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


El señor ORIA GALLOSO:.los aprovechamientos sostenibles de madera, leña, corcho o frutos, siempre con el horizonte y la vista puesta en la creación de puestos de trabajo. Esta gestión del monte tiene que ser también una oportunidad para la creación de una economía sostenible en su entorno, donde se prime la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías en el quehacer diario para el mantenimiento del monte y su relación con el entorno.


Espero que la transaccional que estamos negociando llegue a buen puerto.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Oria. (La señora Fernández Davila pide la palabra.)

Señora Fernández Davila, ¿deseaba hacer uso de la palabra?

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, señor presidente. Me encontraba en una reunión y no pude estar en el momento de la defensa de la enmienda.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero agradecer la deferencia del presidente por permitirme manifestar nuestra posición, la del Bloque Nacionalista Galego, sobre la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Desde nuestro punto de vista, es importante porque en una primera lectura de esta iniciativa, dado su carácter generalista, podríamos participar si no de todos, cuando menos de algunos de los puntos que en ella se proponen. El problema es que tras una segunda

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lectura, no podemos hacerlo, entre otros motivos, por las grandes contradicciones que contiene, incluso por las injerencias competenciales que manifiesta. Valga como ejemplo relativo a las contradicciones lo que se expone y lo que el Partido Popular está haciendo en los sitios donde gobierna, como en Galicia. La proposición no de ley habla de implicar a las poblaciones rurales en la lucha y prevención de los fuegos cuando la realidad es que la Consellería do Medio Rural de Galicia está haciendo todo lo contrario, elimina las ayudas para la prevención de los fuegos forestales a las comunidades de montes y las traslada no a la prevención, sino a la extinción de los fuegos, ayudas para cuando los fuegos son ya una realidad. Con ayudas preventivas se podría hacer una campaña de limpieza de 70 u 80 hectáreas, mientras que con el gobierno del Partido Popular actualmente estaríamos hablando de 4 u 8 hectáreas por campaña.
Nos habla también de la implicación de todos para lograr un monte sustentable. La actual Consellería do Medio Rural eliminó dos líneas importantes de ayudas que existían en el Gobierno galego anterior, que eran clave para poner en valor los montes, tanto en su multifuncionalidad como en su sustentabilidad. Señorías, nos parece una grandísima contradicción lo que el Grupo Parlamentario Popular solicita del Gobierno del Estado con lo que hace en los gobiernos autónomos. Le solicita al Gobierno del Estado que actúe en aquellas cuestiones que son de competencia de los gobiernos autónomos, lo cual desde nuestro punto de vista no solo es una contradicción con la política real del Partido Popular sino que incide en sustituir la competencia autonómica por una competencia del Estado, por tanto, existe una injerencia flagrante en las competencias autonómicas.


La citada proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular se refiere al patrimonio forestal. Repetimos que el Partido Popular allí donde gobierna no se hace absolutamente nada de eso. De ahí que presentáramos la enmienda que SS.SS. ya conocen y que damos por defendida por cuanto entendemos que lo que aquí solicita el Partido Popular debe ser desarrollado por las comunidades autónomas. Le pedimos al Grupo Parlamentario Popular que recomiende a sus compañeros que gobiernan, en este caso en Galicia, que cumplan con lo que nos proponen hoy aquí. Por otro lado, que el Gobierno transfiera a las comunidades autónomas las cantidades necesarias para desarrollar esta política de prevención de incendios y de poner el monte en valor. Esas son las razones por las que no vamos a votar favorablemente a la propuesta del Grupo Popular. En todo caso, sí lo haríamos si aceptaran nuestra enmienda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Para fijar posición tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy tenemos esta proposición no de ley que nos trae el Grupo Popular pero tendríamos que diferenciar. Se habla de muchas cosas, aunque hay un denominador común: los incendios y la situación de la política forestal en su globalidad, que no es solo el tema de incendios. Los incendios son una cuestión que tiene suficiente interés e importancia como para ser tratada, pero ambos temas están lógicamente ligados, tienen relación y han de ser tratados. En un principio me gustaría diferenciar porque la situación de los bosques y del monte en su globalidad en el Estado español es algo que debe de ser debatido en profundidad, más allá de una proposición no de ley. La proposición no de ley del Grupo Popular dice que la política forestal es la gran olvidada del Partido Socialista.
Yo diría que es otra más. ¡Hay tantas olvidadas del Partido Socialista! Principalmente, todas aquellas relacionadas con el sector primario. No sé por qué pero coincidimos bastante en que se olvidan de aquello que es menos rentable económicamente. Por lo tanto, creo que es una más. No digo con esto que el Partido Popular cuando esté gobernando tampoco se olvide, seguramente sí -la señora Fernández Davila lo ha dicho-, pero estamos en el hemiciclo, el partido que gobierna es el Partido Socialista y estamos hablando de lo que estamos hablando.


Cuando hablamos de monte sostenible a qué nos referimos. ¿A un monte sin riesgos de incendio? ¿A un monte limpio? ¿A un monte productivo? ¿A un monte vivo? Cualquiera de ellos tiene un denominador común: no hay posibilidad de monte sostenible sin política forestal adecuada. Por lo tanto, la clave es la política forestal. La política forestal es clave desde la perspectiva de la gestión del territorio y el medio natural y lo que vemos es que en su globalidad el Partido Socialista -y vuelvo a reiterar que estamos en el hemiciclo y por lo tanto hablamos del partido que gobierna en el Estado español- potencia, a nuestro entender, políticas pasivas de puesta en valor del patrimonio natural y la biodiversidad, es decir, de los montes. Hay que incidir en que el monte necesita políticas activas e inversiones que ayuden a gestionar este territorio que alberga el patrimonio natural y la biodiversidad. Y se necesita mantener la actividad humana, es decir, la gestión forestal y la ganadera en los montes. ¿Para qué? Para mantenerlos limpios, evitando riesgos de incendios forestales, para conservar ecosistemas, para evitar que se pierda patrimonio natural y biodiversidad, para crecer y crear economía, puestos de trabajo y ayudar al desarrollo rural. En el fondo en el desarrollo rural está implícito esto también, porque no se debe olvidar la función productiva de los montes. En estos tiempos, ante la necesidad de fomentar las energías renovables, la biomasa forestal presenta una oportunidad que no podemos desaprovechar. El interés e implicación se demuestran poniendo dinero en los Presupuestos Generales del Estado, lo demás es cuento y palabrería.


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Se cita y con razón la grave, gravísima problemática de los incendios.
Sabemos que no es un problema únicamente del Estado español.
Recientemente ha ardido media California, es decir 75.000 hectáreas y en Grecia, en el Peloponeso, lo mismo; pero eso no es excusa. Se pueden buscar muchas razones, el clima, la sequía, los vientos, los pirómanos, etcétera. Todas ellas son verdad, pero no cabe duda de que un monte cuidado, limpio y tratado tiene muchísimo menos riesgo de incendios que aquel que está olvidado y dejado de la mano de Dios. Puede arder, pero se lo ponemos más difícil.


En Euskadi, donde la política forestal y la gestión de los montes corresponden a las diputaciones forales, el mantenimiento y cuidado de éstos es ejemplar, porque se cree en ello y porque la política sancionadora funciona como debe de ser. Por lo tanto, colaboración toda la que haga falta, pero teniendo claro que aquello que está transferido y aquello que ya se está trabajando no se debe de tocar ni crear nuevos chiringuitos -permítame la expresión- que no se sabe exactamente qué función van a tener.


Para acabar quiero decir que si no hay ayuda al sector la madera no se convierte en competitiva y, si no es competitiva, se abandona y, si se abandona, llega el deterioro, la suciedad y el desamparo de los montes.
No hay monte vivo en el monte olvidado. La no rentabilidad sabemos que genera desidia, pero para eso están las instituciones, para velar e incentivar políticas que reactiven y regeneren nuestros montes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Señora De Lara, por favor, ¿acepta S.S. alguna de las enmiendas presentadas o se ha concretado la mención que se ha hecho a la transacción?

La señora DE LARA CARBÓ: Sí, señor presidente, la enmienda que le han entregado es la enmienda transaccional que hemos hecho con las enmiendas de algunos de los grupos.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.


Si son tan amables, se la devuelvo para que la puedan firmar, pues son las normas que estableció la Junta de Portavoces.


Muchas gracias.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL IMPULSO DE LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO.
(Número de expediente 173/000083.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el impulso de las políticas de protección a las personas en situación de desempleo. Para su defensa tiene la palabra don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Antes del verano el Grupo de Convergència i Unió defendió una interpelación al ministro de Trabajo sobre una situación que todos conocíamos como preocupante pues sabíamos que en este otoño e invierno se iba a agravar y que miles de personas verían agotada su prestación por desempleo, así como su subsidio de desempleo e iban a quedar sin protección social en la medida en que estas personas no hubieran podido encontrar empleo. Esta situación nos preocupaba no solo por esas personas -en el debate de mañana se va a tratar-, sino también por aquellos trabajadores autónomos que en ningún caso han tenido esa protección al desempleo, muy especialmente los dependientes. Y todo ello desde la perspectiva del riesgo de fractura social que la crisis en marcha plantea. Se lo decíamos al señor ministro: Lo que hasta ahora ha sido una crisis económica, en función de su agravamiento, puede también convertirse en una crisis social, en un riesgo de grave fractura social y, por tanto, el conjunto de instrumentos de la protección social debía adaptarse a esta especial y extraordinaria situación. En aquel debate subrayamos la necesidad de reordenar el conjunto de las prestaciones que el Estado gestiona en este campo orientadas a reforzar la vinculación entre políticas pasivas y políticas activas con la idea de que no solo hay que proteger a quien pierde el empleo, sino que hay que facilitar que esa persona se reincorpore al mercado de trabajo lo cual implica reforzar las capacidades de gestión de esta política por parte de las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, flexibilizar el conjunto de programas de las políticas activas y aumentar para el presupuesto del año que viene los recursos de esas políticas activas.


Esa interpelación y su consecuente moción contenía una propuesta muy concreta: la ampliación del número de beneficiarios de la renta activa de inserción, que fue diseñada a principios del año 2000 por el Gobierno central; que esa renta activa de inserción fuese gestionada por las comunidades autónomas; la necesidad de unificar en el medio plazo la renta activa de inserción con la ayuda asistencial del Estado y que esa unificación terminase con la gestión de ese nuevo subsidio por parte de las comunidades autónomas. Esa era la propuesta de Convergència i Unió ante la perspectiva de este otoño e invierno de fractura social.


El Gobierno aprobó el 13 de agosto el real decreto que intenta articular esa política y ha optado por otra línea de trabajo. Es bueno recordar que ese real decreto se aprueba en el contexto del fracaso del diálogo social, que el Gobierno ha improvisado en esta materia y que todos los grupos de la Cámara hemos vivido y vamos a vivir

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en las próximas semanas las consecuencias de esa improvisación, especialmente por lo que hace referencia a la entrada en vigor de esa norma. El conjunto de los grupos hemos coincidido en la necesidad de que esa norma entre en vigor desde el 1 de enero, pero si el Gobierno no hubiera improvisado eso ya estaría seguramente resuelto desde el 13 de agosto, y además ha evidenciado su descoordinación con las comunidades autónomas en esta materia. Los consejeros autonómicos de empleo han tenido muy poco margen para implementar esta norma y se ha generado una confusión entre los ciudadanos. Las cosas se habrían podido hacer mejor.


Señorías, la medida que pone el Gobierno en marcha, esa ampliación del subsidio en 420 euros en función de determinadas características de las personas que ya han visto agotada su prestación por desempleo o su subsidio, pone en evidencia algunas debilidades enormes de nuestro sistema de protección social, de nuestras políticas de empleo, por un lado, esa debilidad de la vinculación entre las políticas pasivas y las políticas activas. Difícilmente hoy en el funcionamiento real de los servicios públicos de empleo estamos garantizando a una persona desempleada un itinerario personalizado, con formación adaptada a sus necesidades y orientada a su reincoporación al mercado de trabajo. El real decreto incorpora que esta nueva prestación va a ir vinculada a ese itinerario de formación -filosofía adecuada-, pero hoy sabemos que tal como están los servicios públicos de empleo esa pretensión va a ser imposible de realizar. No hemos abordado la reforma de los servicios públicos de empleo que tocaba en los últimos años y las comunidades autónomas tienen escaso margen para hacer cumplir esa vinculación entre formación y subsidio. He de recordar que en la Ley de Empleo del año 2003, con acuerdo entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular, las competencias en sanción en esta materia de las comunidades autónomas fueron sustraídas y recuperadas por el Estado y hoy las comunidades autónomas no tienen mecanismos para garantizar el cumplimiento de los itinerarios de inserción. Vamos a ver si esta norma es capaz de aplicarse desde este punto de vista.


Insisto en que la moción de Convergència i Unió es de antes del 13 de agosto, antes de que el Gobierno aprobase ese real decreto. Observamos que el texto que presentamos estaba siendo superado por la realidad por lo que trabajamos de manera adecuada con el portavoz del Grupo Socialista, el señor Membrado, y con otros grupos que se han unido, especialmente el señor Llamazares y el señor Tardá, de los grupos de Esquerra Republicana e Izquierda Unida, respondiendo a la filosofía de fondo que contiene la enmienda del Partido Popular, una enmienda conjunta que básicamente pretende, en primer lugar, realizar un estudio que nos permita tener una fotografía del estado actual del conjunto de prestaciones y subsidios por desempleo para superar la actual contradicción; impulsar que la cobertura de ese real decreto sea efectiva desde el 1 de enero de 2009; flexibilizar las políticas activas, aumentar las políticas activas e incorporar en la prestación social a los trabajadores autónomos. Es una transacción que se adecua a aquello que aprobó el 13 de agosto el Gobierno, que va a corregir durante la tramitación parlamentaria de las próximas semanas y le debe permitir a la Cámara reflexionar sobre aquello que demandan los trabajadores desempleados, que no son más subsidios. ¡Claro que la gente va a necesitar subsidios! Pero lo que los desempleados necesitan son nuevos puestos de trabajo. Hay que poner el acento en la reincorporación al mercado de trabajo de quien ha perdido el empleo. Es evidente, señorías, que solo con políticas de protección social eso no va a ser posible; se va a exigir otra política económica, otra política en el campo laboral.
Espero que seamos capaces de impulsarlo en los próximos meses.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Para la defensa de enmiendas, en primer lugar por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Decía Keynes que ante la crisis lo importante no son la buenas ideas sino abandonar las viejas ideas. Pues bien, señorías, en esta iniciativa se abandona una vieja idea: la idea de que ante la crisis económica la primera medida es la restricción de la política presupuestaria y en concreto la restricción de las políticas sociales.


Venimos aquí a defender una iniciativa que ha sido transaccionada y que previamente ha sido acordada entre las fuerzas políticas de la izquierda de la Cámara, también con el Partido Nacionalista Vasco y con Convergència i Unió para prorrogar la prestación al desempleo a lo largo de la crisis económica. En primer lugar, quisiera defender lo que se ha denominado la política de subsidios. Porque no es cierto que con esta iniciativa tan solo, de manera insuficiente, estemos contribuyendo al sostenimiento de las rentas de un colectivo importante, con lo fundamental que esto es, sino que además de proteger a los más débiles, a los que están sufriendo en mayor medida la crisis, a los desempleados sin ningún tipo de protección social, con esta iniciativa contribuimos a la reactivación económica del país. Es algo que se oculta, pero esta iniciativa, estos más de mil millones de euros contribuirán, sin lugar a dudas, a reactivar la demanda y con ello la economía española. Es decir, es una medida de reactivación económica. Por si no fuera poco, es asimismo una medida de cambio de modelo. Ya que se habla tanto de cambio de modelo y que parece que estamos hablando de un modelo de automóvil, estamos en realidad hablando de un modelo social, de un modelo económico y también de un modelo de sostenibilidad. Esta medida cambia el modelo -lo he dicho al principio de mi intervención- en el sentido de que tanto en el

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periodo de crisis como en los periodos de estancamiento lo primero que sufren son las políticas sociales y propone que sean las políticas sociales las que contribuyan también a cambiar de modelo, a reactivar la economía y a proteger a los más débiles. Quiero defender esta iniciativa, aunque no es el horizonte de las fuerzas políticas que hoy represento aquí. Nuestro horizonte, junto con los sindicatos, hubiera sido pactar una modificación de la renta activa de inserción, flexibilizar la renta activa y reconocer esta prestación como un derecho. La posición de las fuerzas políticas que respaldamos esta iniciativa es más avanzada aún, incluso vincular, como se ha dicho, las políticas pasivas y las políticas activas a través de comunidades autónomas, de municipios, etcétera. Pero bien está en estos momentos la rosa tal y cual está, la iniciativa que significa que desde enero hay protección al desempleo insuficiente -pero protección al desempleo al fin y al cabo- de un colectivo importante y que ese colectivo va a contribuir a la reactivación económica y al cambio de modelo.


Me gustaría terminar mi intervención destacando, por si acaso nos sirve de enseñanza, que es cierto que esta iniciativa es fruto de una rectificación, en nuestra opinión una sabia rectificación. La cuestión de si vamos a acometer otra vez los mismos errores, si vamos a anunciar mañana mismo una reforma fiscal para que luego quede únicamente en retórica, le pongamos puertas al campo y acabe en un maquillaje fiscal.
Señorías, fundamentalmente del Partido Socialista, van a pagarla igualmente los colectivos que se sientan agraviados por esa reforma fiscal. Pero si esa reforma fiscal no es una reforma decidida a favor de la justicia fiscal y de la justicia social, seguramente generarán expectativas que luego ustedes mismos frustrarán. En este caso se ha generado una expectativa y ha estado a punto de frustrarse con la negociación y con la rectificación. La iniciativa en nuestra opinión es defendible, al igual que esperamos que sea defendible una reforma fiscal digna de tal nombre que recupere la justicia fiscal en nuestro país, más allá de coyunturas económicas o políticas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias.


Señorías, esta tarde tenemos una moción cuyo origen ha quedado extemporánea. Fue debatida como consecuencia de una moción que se discutió en el mes de junio y muchas cosas han pasado en España en este verano, entre otras la modificación que ha hecho el Gobierno en relación con la situación de los parados que no cobran ningún tipo de prestación con la aprobación del real decreto de 13 agosto. Ello ha obligado a una modificación que ha aparecido como una transaccional suscrita por tres grupos: Convergència i Unió, que es el autor de la moción, el Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta moción. ¿Por qué? Porque estando de acuerdo con el contenido global de la enmienda transaccional -salvo en dos cuestiones que ahora matizaré, una más de fondo y otra más de matiz-, todo lo que ahí se incluye, insisto, siendo loable, estaba tratado, debatido y hablado en esta Cámara a través de las múltiples Comisiones que hemos celebrado para debatir el real decreto de empleo que, como todas SS.SS. saben, se está tramitando como proyecto de ley y que esperamos que algún día pueda ser aprobado por este Pleno, antes de que venza el periodo de vigencia del real decreto. Con casi todos sus contenidos estamos plenamente de acuerdo, pero hemos presentado una enmienda centrándonos en lo que nos parece prioritario en este momento, que es la situación de las personas que han perdido cualquier prestación o subsidio, que ascienden a más de un millón.
Nuestra enmienda identifica cuáles son sus necesidades para evitar que queden en exclusión social y aplicar de inmediato las ayudas necesarias para que las oficinas de empleo o servicios públicos de empleo puedan atender estas demandas y sepan cuáles son las necesidades de todas las personas que en este momento no cobran subsidio alguno.


Enlazo ahora con la propuesta de la moción transaccional que se nos ha presentado. Recuerdo palabras del presidente Zapatero, palabras muy loables que ha reiterado en multitud de ocasiones, en las que ha dicho desde esta tribuna y desde otros foros: A nadie va a dejar el Gobierno en la cuneta. En este momento hay un 1.200.000 personas que están en la cuneta, precisamente porque el Gobierno socialista no quiso ver el origen de la crisis, no quiso poner medios a tiempo para solucionarla ni quiso adoptar las medidas necesarias para que estas personas no hubieran acabado en el paro, hubieran encontrado un empleo y no estuvieran tanto tiempo sin cobrar subsidio alguno. Pero visto que el Gobierno ha sido incapaz de establecer esas medidas, no tenemos más remedio que hacer frente a esta situación y atenderlas, porque es de justicia social, porque ellos han estado colaborando al bienestar de todos a través de sus propias cotizaciones.


En cuanto a la enmienda transaccional que se ha presentado lo que lamentamos, tal y como se acordó en eso que se ha venido en llamar acuerdos parlamentarios -en este momento fuera de esta Cámara, porque se han alcanzado en periodo no hábil-, es que se hayan fijado criterios de temporalidad para conceder esas ayudas, cuando deberían ser criterios de necesidad social porque en este tema no hay que escatimar. Podemos mejorar el déficit público y aplicar criterios de austeridad en multitud de políticas, pero en esta el Partido Popular no apuesta por ello. El sentido de nuestra enmienda es

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establecer una prioridad en las necesidades sociales de las personas que no cobran subsidio ni prestación alguna en función del tiempo que lleven parados -y, por tanto, tienen más necesidad-, de sus cargas familiares y después, a través de ese trabajo que tienen que hacer los servicios públicos reforzados, atender esos criterios y no el de la temporalidad del 1 de enero, pues bien podría haber sido del 31 diciembre o de cualquier otra fecha. Por tanto, no hay que atender al tiempo, sino a las personas. Insisto, nuestro grupo podría apoyar esta enmienda transaccional, aun habiendo defendido la nuestra que es mucho más solidaria y que evita esta discriminación terrible de la temporalidad.
Tal y como dije antes había dos cuestiones, una de fondo y una de matiz, y en cuanto a la de matiz podríamos haber aceptado esta enmienda, siempre y cuando, como le hemos propuesto al grupo proponente de la moción, Convergència i Unió -aunque luego sea una transaccional de tres grupos-, aceptara retirar el punto 4, que se refiere al Estatuto de Autonomía, porque mi grupo entiende que el Estatuto de Autonomía no puede interferir en un acuerdo que beneficie a los ciudadanos. La sentencia del Tribunal sobre el Estatuto saldrá, y ese artículo 170 si tiene que entrar en vigor entrará, se apruebe esta moción o no, y si no tiene que entrar no entrará, pero creemos que debemos sacarlo del debate político en este momento en el que estamos hablando de personas paradas, de personas que no cobran ninguna ayuda. Estamos en un debate social de alto calado que al Partido Popular le ocupa y le preocupa y no debemos interferir con un debate como el del Estatuto, que es un debate político -insisto- que está residenciado en el Tribunal Constitucional, y esperemos que algún día -antes de que se aprueben los presupuestos de esta Cámara sería bastante interesante- se manifieste y dé su opinión con respecto a los recursos que planteamos. Por eso ofrecemos este pacto a Convergència i Unió, que acepte la transaccional in voce que estoy ofreciendo y que hemos entregado a los letrados de la Cámara, que sería la moción transaccional de los tres grupos suprimiendo el punto 4, que, insisto, debemos sacarlo de este debate social tan importante para todas SS.SS., estoy segura, y desde luego en lo más profundo para el Partido Popular.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.


Por el Grupo Socialista, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra don Jesús Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, debatimos hoy una moción que tiene como objeto el impulso de las políticas de protección a las personas en situación de desempleo, un tema que, indudablemente, preocupa al grupo proponente, preocupa a la mayoría de los grupos de la Cámara y, sin ninguna duda, es una prioridad para el Gobierno. La crisis económica, señorías, tiene un origen y una repercusión internacional; sin embargo, en nuestro país tiene una caracterización diferente. Mientras tenemos un sistema financiero potente, que está aguantando los envites de la crisis, no es menos cierto que nuestro mercado de trabajo está teniendo una afección mayor que la del resto de los países de nuestro entorno. Para nosotros esto se debe a que tenemos una estructura productiva que nos hace permeables a cualquier afección desde el punto de vista económico y vulnerables en el terreno del desempleo. ¿Cómo si no podría entenderse que en la época de más crecimiento del empleo en nuestro país mantuviésemos 2 millones de parados y tuviésemos en aquel momento necesidad de mano de obra? ¿O cómo se podría entender que nuestro país, estando en esta situación de desempleo, tenga un crecimiento de la población activa que supera al de Alemania, Francia e Italia juntos? Señorías, desde nuestro punto de vista, estas son cuestiones que hay que solucionar de cara al futuro con un sistema productivo distinto y con una economía sostenible que permita equilibrar el crecimiento económico con el mantenimiento del empleo. Esa es una de las prioridades de este Gobierno, que sin duda comenzará a reactivarse a lo largo de los próximos meses. Por eso para nosotros es necesario que nuestros parados tengan el mayor grado de cobertura posible. Estamos de acuerdo con la propuesta del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, con su iniciativa, sabiendo que esa iniciativa no resuelve el problema ni del empleo ni de la cobertura del desempleo; sin embargo, potencia actividades formativas, plantea la vinculación de las políticas activas con las pasivas y todo ello, sin ninguna duda, señorías, contribuirá a mejorar la situación del mercado de trabajo, a paliar los efectos de la crisis y a luchar en alguna medida contra el desempleo. Por eso, señorías, el Gobierno ha venido realizando a lo largo de los dos últimos meses actuaciones que tienen como objetivo fundamental incidir en este sector de la población.
Hoy, señorías, tenemos una cobertura del desempleo de casi el 75 por ciento de nuestros parados, treinta puntos por encima de la época más brillante del Partido Popular; tenemos un PlanE con más de cien medidas y 50.000 millones de actuación; tenemos políticas activas y tenemos contratación de 1.500 orientadores; tenemos más de 2.500 millones para formación ocupacional; tenemos 8.000 millones de inversión en los fondos locales para la creación de empleo, y tenemos en estos momentos bonificaciones del cien por cien para contratar trabajadores estables, transformando las políticas activas en políticas pasivas.


El Gobierno no está parado. El Gobierno viene actuando desde el momento en que se manifestaron los primeros síntomas de la crisis. Sin embargo, hay que señalar que, como decía el señor Campuzano, el escenario en el que nos encontramos ahora no es el mismo que en el mes de junio. En aquel momento el Gobierno, haciendo gala de lo que se ha venido en llamar la buena fe negociadora, tenía confianza en la mesa del diálogo social. No hubo acuerdo, señorías, pero eso no ha evitado

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que el Gobierno tome iniciativas, fruto de la responsabilidad que tiene con este sector de la población. De ahí el Real Decreto-ley, de 13 de agosto, por el cual se regula el programa temporal de protección para el desempleo. Es un programa amplio con un objetivo fundamental: insertar a nuestros parados que han acabado su cobertura bien por el desempleo o bien por el subsidio. Son medidas adecuadas, señorías, dirigidas, por otro lado, a fomentar la capacidad de inserción laboral de los colectivos afectados mediante su participación en itinerarios activos de inserción.
Son medidas que, sin ninguna duda, ha realizado este Gobierno con el esfuerzo mayor que en los últimos años se ha venido produciendo respecto a la ampliación de la cobertura del parado.


Desde aquí quiero felicitar al Gobierno porque no se queda en palabras, no se pierde en demagogias, porque actúa, se compromete, se responsabiliza y también -por qué no, señorías- porque rectifica, y lo hace porque lo importante son los ciudadanos y ahora más que nunca hay que mostrar la receptividad y la sensibilidad que ellos requieren de nosotros. Por eso, con la mirada puesta en el real decreto que próximamente tendremos la oportunidad de trasladar a esta Cámara, vamos a apoyar esta moción con las medidas correctoras que los distintos grupos hemos hecho a Convergència i Unió. Por eso y porque estamos convencidos de que estas son las políticas que nos marcan el futuro de protección y de compromiso con las personas que tienen en estos momentos más necesidades.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Membrado, muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, para fijar posición, tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


No queremos dejar pasar la oportunidad de posicionar al Bloque Nacionalista Galego en relación con la moción que acaba de defender el señor Campuzano, sobre todo porque tenemos que decir que nos parece una moción oportuna y, por tanto, le vamos a dar el voto favorable. Del mismo modo nos satisface el hecho de que haya habido acuerdo en la incorporación de propuestas de otros grupos parlamentarios que inciden en los mismos criterios expuestos por el señor Campuzano.


Desde luego no podía ser de otra manera nuestra postura favorable, entre otras razones porque en los últimos meses hemos defendido en esta Cámara la consideración de que el Gobierno tenía que llevar a cabo unas políticas orientadas a garantizar las mejores condiciones a aquellas personas que perdían el empleo dada esta situación de crisis. El debate fue haciendo posible que desde el Gobierno se incorporaran actuaciones que en ocasiones, aunque en la misma dirección de las que habíamos planteado, no eran exactamente las que nosotros proponíamos. Pero sí queremos reconocer el hecho de que el debate que hemos suscitado los distintos grupos ha propiciado que se haya avanzado en el reconocimiento por parte del Gobierno de muchas cuestiones en relación con el derecho de los trabajadores y las trabajadoras que quedan desempleados. Por eso, la moción de Convergència i Unió nos parece importante porque responde a una interpelación que ya se presentó en el mes de junio. Es verdad que algunos puntos que se incorporan a la moción en estos momentos ya estamos en situación de debatirlos en un real decreto que presentará el Gobierno en el próximo Pleno. En la medida en que tendremos la oportunidad de modificar ese real decreto a través de su tramitación como proyecto de ley, las aportaciones que hoy nos ha hecho el señor Campuzano pueden ser de mucha utilidad para ese trabajo que tenemos que hacer. De ahí la felicitación a todos los grupos por esta posibilidad de acuerdo y nuestra disposición a seguir debatiendo en la dirección de defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, prescindiendo de la retórica que, por su carácter reduccionista, es siempre falsa -es un concepto etimológico-, el señor Membrado ha utilizado una expresión que me parece particularmente elocuente. Dice que el Gobierno no está parado. El Gobierno quizás no, pero hay 4.300.000 personas, señor Membrado, que sí están paradas. El 39 por ciento de los jóvenes que pretenden buscar empleo -es una cifra dramática- están parados también. La práctica totalidad del colectivo de desempleados de más de 52 años están parados.
Hay mucha gente parada, y desde esa perspectiva la moción presentada por el señor Campuzano no solo está bien configurada, no solo está bien concebida, sino que tiene perfecta actualidad, a pesar de los avatares un tanto abracadabrantes -si me permite la expresión- que han acontecido particularmente con fecha 13 de agosto de 2009.


El señor Campuzano en la moción original -la transacción no la conozco, pero, si él lo ha dicho será así, mejorará el contenido material de su moción- se refiere a la renta activa de inserción. Señor Membrado, no le tengo que glosar a usted por qué se rompió el diálogo social y por qué la ruptura del diálogo social es un problema económico y social importante para este país. Se rompió porque no se llegó a un acuerdo con los interlocutores sociales sobre el régimen jurídico, sobre la caracterización de la renta activa de inserción. Si se llega a comprometer con los interlocutores sociales lo que estos pretendían, que era fundamentalmente eliminar el requisito de ser mayor de 45 años para acceder a las prestaciones, a la protección prevista y a los mecanismos de inserción en el mercado previsto en la renta activa de

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inserción, no hubiésemos tenido que asistir al espectáculo de este mes de agosto con relación al real decreto de 13 de agosto -y usted lo sabe perfectamente-, cuyo corte temporal fue originariamente el 1 de agosto, luego se pretendió que fuera el 1 de junio, pero no fue posible por pretendidas razones presupuestarias, y luego alguien consiguió -no sé quién- que fuera el 1 de enero, afirmando la vicepresidenta económica del Gobierno que los 1.300 millones de euros que costaba el adelantamiento hasta el 1 de enero no afectaban de forma preocupante al déficit público del Estado español.


Desde esta perspectiva, señor Membrado, yo creo que la moción, y la transacción -espero que mejore la moción-, merece ser atendida, porque del diálogo social dimanan tres bondades que son absolutamente indispensables. Si ustedes son capaces de rehabilitar el diálogo social, podemos concebir una modernización de las estructuras de I+D+i, que son la verdadera reforma estructural que requiere la economía del Estado español. Del diálogo social podemos actualizar toda la formación profesional, adecuándola a los crecientes requerimientos de un mercado de trabajo cada vez más complejo y más sofisticado, pero, sobre todo, podemos conseguir acuerdos marco interprofesionales que permitan indiciar la subida de los salarios o los incrementos salariales a elementos diferentes al incremento nominal del IPC, como pueden ser la productividad o el mantenimiento del empleo de las empresas u otros parámetros, que usted sabe que en este momento son particularmente indispensables. Esta moción se basa en una invocación a la recuperación del diálogo social y a la actualización de la formación profesional como elemento estructural para remover las dificultades de creación de empleo que afectan al Estado español particularmente. El desempleo es made in Spain, señor Membrado, usted lo sabe. Somos el país con más desempleados de toda la Unión Europea de los Veintisiete, ni siquiera de la de los Quince, o el segundo; es igualmente patética la cifra.


Desde esa perspectiva, nosotros vamos a apoyar con entusiasmo la moción y la transacción dimanante de esta moción, pero no sin dejar de hacer dos reflexiones -y ya con esto acabo, señor presidente- que a mi grupo le preocupan particularmente. Aquí se habla de una actuación beligerante desde las comunidades autónomas en relación a las políticas de empleo.
Señor Membrado, señores del Grupo Parlamentario Socialista, ustedes saben que no todas las comunidades autónomas tienen transferida esta competencia en relación a las políticas activas. Hay tres comunidades autónomas, mejor dicho, una comunidad autónoma, el País Vasco, y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, en donde esta competencia todavía no han sido objeto de transferencia. Desde luego, en materia de la formación profesional continua y en relación a las actividades de la Forcem, donde se ha privatizado la formación, en el sentido más estricto, utilizada la expresión jurídica del término, las distorsiones o desnaturalizaciones de la formación acometida a través de la Forcem, de la fundación de la formación continua, requieren un replanteamiento que precisa de un consenso parlamentario amplio. Señor Membrado, yo no quiero que la Forcem, y usted estará de acuerdo conmigo, sirva para la financiación de los interlocutores sociales; yo quiero que sirva para formar a los trabajadores, y este sí que es un elemento estructural que puede remover algunas de las dificultades estructurales graves y profundas que tiene nuestro mercado de trabajo.


Dicho esto, señor presidente, quiero felicitar a Convergència i Unió por la oportunidad de nuevo manifestada a la hora de presentar esta moción y por su contenido no extemporáneo, sino de perfecta actualidad, y si las transacciones realizadas mejoran el contenido de la moción, bienvenidas sean, pero hay tres líneas de actuación: I+D+i, formación profesional e indiciación de los salarios en una situación de crisis atroz que plantea un panorama verdaderamente enigmático para el próximo otoño ...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, debe acabar, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ:.y que precisan que los requerimientos de esta moción, señor Campuzano, sean objeto de la debida consideración. Le felicito sinceramente por su presentación.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Señor Campuzano, por favor, ¿me podría decir, si es tan amable, en qué términos acepta alguna de las enmiendas defendidas?

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, vamos a aceptar la enmienda conjunta de Convergència i Unió, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana - Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds, que consta en el registro de la Cámara, y no podemos aceptar en cambio la transacción que nos ofrece el Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Es decir, S.S. se opone a la tramitación de la transacción del Grupo Parlamentario Popular.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Y defendemos que se someta a votación la enmienda conjunta del Grupo Socialista, CiU...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Le rogaría, si es tan amable, que nos hiciera llegar debidamente esa enmienda conjunta.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Está en el registro desde esta mañana, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Ruego a quienes estén en el trámite de recogida de firmas que nos hagan llegar las otras dos enmiendas transaccionales.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/0000/84.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre la reforma del sistema educativo español.


Para su defensa tiene la palabra el señor Gómez Trinidad.


El señor GÓMEZ TRINIDAD: Gracias, señor presidente.


Señorías, una vez más, y con gusto, subo aquí para hablar de educación, y en este caso para presentar una moción que ha suscitado grandes expectativas. Quiero recordar que el origen de esta moción es la interpelación que se presentó por parte del Grupo Popular el pasado 24 de junio. Se presentó porque lo que es ya un clamor social y general es que en este país la educación sufre una crisis tan profunda como la economía.


Quiero recordar brevemente algunos datos que preocupan a esta sociedad y a esta Cámara. Hay que recordar que estamos con una tasa del fracaso escolar de un 31 por ciento de nuestros escolares, uno de cada tres no alcanza ni siquiera el título de la ESO, a pesar de que se ha descafeinado la obtención del título hasta unos niveles que sonrojan a cualquier persona adulta. Estamos dando el título de la ESO con dos y tres asignaturas suspensas en cuarto y hasta con seis, ocho y diez asignaturas en la ESO. Estamos con un abandono escolar y con una situación de jóvenes en riesgo social del 40 por ciento, que no tienen ni formación profesional ni bachillerato, es decir, el 40 por ciento de nuestros jóvenes no están preparados para desempeñar un puesto de trabajo en caso de que lo hubiera. Un 15 por ciento de nuestros jóvenes ni trabaja ni estudia, han tirado la toalla, y, lo que es peor, están en una situación anímica que ya ni les importa. Estamos con la tasa de paro juvenil -se acaba de decir hace escasos minutos- más alta de la Unión Europea: un 36 o un 38 por ciento. Evidentemente esto bastaría y estos son los datos para decir que la primera víctima de la política social de Zapatero son los jóvenes. Estos son los datos y estos son los hechos, duros, pero es lo que hay, lo demás es pan para hoy y hambre para mañana.
De sobras sabemos, señorías, que no existe futuro en una sociedad y en una economía si no tenemos un capital humano preparado. No hay futuro si no hay esperanzas de trabajo para los jóvenes; si no tenemos jóvenes preparados no existen muchas posibilidades de salir de la situación en la que estamos inmersos.


En segundo lugar, quiero recordar que llevamos veinticinco años de educación socialista, veinticinco años. No es cierto, como ha calado en la opinión pública y como repetía esta mañana el ministro, que hemos tenido un vaivén de leyes. No, veinticinco años de educación socialista, distintas variaciones de un mismo tema, distintos instrumentos, inventándonos florecillas; no ha habido ningún cambio. Hubo un brote verde que olía a algo distinto, pero se quedó en brote y fue rápidamente guillotinado por las razones que ustedes saben. No es cierto que haya habido muchos cambios ni muchas leyes. Lo que es cierto es que llevamos veinticinco años con el mismo modelo educativo, con los mismos principios educativos, con un buenismo, con un todo vale y con un hay que rebajar cada vez más los niveles. Eso sí cada pequeña reforma que introducían, a la vez que bajaban los niveles, aumentaban el papeleo y la burocracia.
Miren ustedes, ya han agotado el baúl de los calificativos, ya no pueden inventarse palabras nuevas ni raras, ya no pueden encontrar excusas, ya no pueden pedir más recursos económicos para el sistema educativo. Se ha demostrado profundamente obsoleto, se ha demostrado que esto no va a ninguna parte. ¿Pero qué más necesitan? Ya no se puede dar más oportunidades. Veinticinco años y un derroche de inteligencia que nos ha conducido a la situación tan terrible como la que tenemos.


Por eso el Grupo Parlamentario Popular trajo aquí una serie de medidas que se consideraban urgentes e importantes -urgentes e importantes- para solucionar esa situación, y la verdad es que cuesta mucho pensar que a las medidas que proponía el Grupo Parlamentario Popular para disminuir el fracaso escolar se dijera que no. Porque díganme a mí y explíquenle a esta Cámara y, lo que es más importante, expliquen a la sociedad española, por qué no apoyan que exista una evaluación general, común a todo este país, para que sepamos diagnosticar los males de este país con seriedad, porque desde fuera ya nos dicen que esto no da más de sí.
Díganme a mí y díganle a la sociedad por qué no apoyan una reforma de los principios pedagógicos del modelo educativo que está permitiendo que el 25 por ciento de los chavales en primaria pasen a secundaria sin saber leer en voz alta y sin dominar las destrezas de matemáticas. Díganme por qué no apoyan que hay que reformar la secundaria, especialmente en tercero y en cuarto, con unos jóvenes cada vez más dispares. Se les llena la boca hablando de atención a la diversidad, pues atender a la diversidad es atender a la diversidad de fines, de opciones y de esperanzas. Díganme ustedes a mí y díganle a la sociedad por qué no están dispuestos a reformar el bachillerato. Díganme ustedes a mí y díganle a la sociedad por qué no están dispuestos a imponer unos criterios de respeto al profesorado y de respeto al resto de los compañeros, etcétera, los ocho puntos que están recogidos en la moción que presentamos. Ustedes han dicho que no.


Hemos intentado llegar a un acuerdo. Es verdad que en algunas cosas nos hemos acercado, pero ¿qué les da miedo? Hemos presentado una transaccional. ¿Qué es lo que a ustedes les da miedo? Que venga aquí el presidente a hablar en serio de lo que es urgente. Además -lo

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más importante-, ¿no dice el presidente Zapatero que realmente es importante la educación? Que venga aquí a hablar en serio. Y digo en serio porque no nos basta que venga aquí a prometer ordenadores. Miren ustedes, quienes necesitan ordenadores son los profesores y un puesto de trabajo los padres de los chicos y los jóvenes que salen del sistema escolar. No son urgentes ni importantes los ordenadores, como no es urgente ni importante que demos becas a los chavales que fracasan.


Vienen aquí proponiéndonos un pacto. Ustedes no tienen tradición de pacto.
En esta legislatura el primero que habló de pacto educativo fui yo, y desde esta tribuna. Ustedes no nos han aprobado ninguna de las propuestas, ni aquí ni en Comisión. Ustedes no quieren pacto. Si están dispuestos a pactar -con esto termino-, demuestren el movimiento andando.
Hoy se ha pedido por parte de nuestro grupo la comparecencia del presidente Zapatero aquí para que hablemos en serio y detenidamente de cuáles son las condiciones del pacto. Vótennos. Nos han negado el pan y la sal. Demuestren que ustedes quieren llegar a un pacto. En cualquier caso, esto es punto y seguido. Pero -repito- si realmente están interesados en el pacto, demuéstrenlo apoyando la moción que hoy presentamos aquí.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Trinidad.


Para la defensa de la enmienda presentada a la moción, por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Pilar Alegría.


La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, las palabras del señor Gómez Trinidad me han servido para recordar una frase que leí hace mucho tiempo y que decía: Quien tiene el derecho a criticar tiene la responsabilidad también de ayudar. Porque creo que, sobre todo cuando hablamos de educación, siempre conviene dedicar más tiempo a ayudar, a ser constructivo y responsable que a dejarse atrapar por el lamento y el pesimismo. Sería muy positivo que coincidiéramos en esto porque ese acuerdo nos permitiría dejar atrás declaraciones como las que le escuché el pasado 24 de junio en la formulación de la interpelación y que hoy me veo en la obligación de recordarle. Es verdad que usted mismo avisó de que su analogía era un tanto forzada, pero el hecho cierto es que S.S. se saltó la señal. Dijo usted que nuestras escuelas están siendo una fábrica de parados, y hoy quiero decirle que ni los colegios, ni los institutos, ni las universidades de España están para hacer fábricas, porque no son empleados o empleadas lo que debemos fabricar en los centros educativos.
La misión de nuestros centros educativos y de toda la sociedad en su conjunto es formar a ciudadanos y a ciudadanas.


Señorías, para este grupo parlamentario -y no creo equivocarme si digo para todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara- algunos aspectos como la lucha contra el abandono escolar y el impulso al éxito escolar son indicadores centrales que marcan el horizonte de nuestra tarea. Sin embargo, señores del Partido Popular, cada vez que su grupo parlamentario habla de educación se escucha la misma letanía. Les gusta repetir con tono poco humilde palabras como disciplina, mérito y esfuerzo, pero desde su bancada no llega ni una palabra de aliento al profesorado, cuya dedicación merece el reconocimiento de toda la Cámara.
Tan poco cuesta hacer justicia, no creo que le resulte tan difícil.
(Aplausos.) Es verdad que abonarse a la catástrofe requiere poco trabajo, pero es necesario reconocer los avances que entre todos hemos conseguido, porque este país en solo tres décadas ha sido capaz de acometer mejoras educativas sin precedente alguno que han consolidado la educación como un derecho. Pasamos de un sistema dirigido a unos pocos a generalizar la enseñanza en su conjunto a toda la población. Eso es, señoría, el verdadero récord, y lo hemos conseguido entre todos y entre todas. Este año -si quieren cifras- habrá en los centros escolares más de siete millones de alumnos, lo que supone un incremento del 2,4 por ciento respecto al ejercicio anterior y un importante avance en el número de jóvenes que realiza estudios postobligatorios. Tras quince años de descensos, hoy hay más jóvenes realizando estudios postobligatorios, concretamente 9.000 alumnos más en bachillerato y 11.700 en FP de grado medio, y por primera vez en la historia más de la mitad de los españoles entre 25 y 64 años tiene un título de formación postobligatoria. Y si hablamos de inversión, hoy España destina el 4,95 por ciento de su PIB a educación y está tan solo a una décima de la media europea. Les recuerdo que cuando gobernaban, señores del Partido Popular, el PIB destinado a educación era del 4,29 por ciento, casi 7 décimas menos de lo que nosotros estamos invirtiendo.


Señorías, ese ha sido nuestro recorrido y ahora tenemos que hablar de futuro y ese futuro pasa por aunar la sociedad, como han señalado el presidente del Gobierno y el ministro Gabilondo, a través de un pacto para la educación. Y para emprender un proceso de tanta envergadura no basta con el convencimiento de su necesidad. Hace falta altura de miras, capacidad de escucha y voluntad de acuerdo, en una palabra: generosidad.
La generosidad, señorías, no consiste en llegar a esta Cámara diciendo que se quiere pactar con una lista de condiciones diseñadas para salir mañana en la prensa. La generosidad, señor Gómez Trinidad, se alcanza cuando al salir de esta Cámara se sabe que se ha trabajado incondicionalmente para impulsar el futuro de toda una generación de españoles y de españolas. Por eso presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista una enmienda que facilitaba el encuentro, que facilitaba la suma de voluntades que demanda la sociedad y que apuesta por un gran pacto por la educación. Señorías, acabo de oír en la tribuna que ustedes van a rechazar nuestra enmienda por lo que lamento su falta de sensibilidad para llegar hoy a

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un acuerdo. Nuestra meta era llegar hoy a un acuerdo que facilitara el pacto. Sin embargo ustedes han preferido hacer ruido, darle la espalda al futuro y no hablar de educación en mayúsculas. En cualquier caso, nosotros seguimos con la mano tendida.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, había pedido la palabra la señora Díez, que no se encuentra presente. Tiene por tanto la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, cuando el Grupo Parlamentario Popular hace una propuesta como la de hoy respecto a la educación, tenemos que reflexionar sobre ella, no mucho, pero sí hacer algo más que una lectura rápida. Como ustedes mismos dirían, dicen en muchas ocasiones o han dicho -a lo mejor ya cambiaron la forma de expresar esa cuestión- son iniciativas trampa. Tienen mucho de trampa eso que plantean porque en la generalidad de lo que enumeran en su moción incluso podemos estar de acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta las preocupaciones que nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, tiene en relación con la educación en cuestiones como el fracaso escolar principalmente. Pero la verdad es que si leemos atentamente la iniciativa que nos proponen hoy no podemos compartir prácticamente nada de lo que nos dicen, porque lo que nos dicen que podríamos compartir es la trampa que de alguna manera esconde lo que realmente pretenden. Por cierto, señores del Grupo Parlamentario Popular, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, hablan de la necesidad de afrontar la educación para resolver una serie de problemas que acaba de enumerar, incluso de detallar; pero no podemos dejar de mencionar la práctica que el Partido Popular tiene de la gestión que hace allí donde gobierna y de manera explícita, en lo que a mí corresponde, en la Xunta de Galicia y concretamente en la gestión de la educación desde la conselleria; y a la información y a las declaraciones del conselleiro me remito; es decir, la educación en Galicia no va a ser prioritaria en los próximos Presupuestos Generales del Estado, por el contrario, dentro de las políticas sociales (sanidad, servicios sociales) la educación estaría por detrás de ellas porque es algo secundario en relación con lo otro. Por tanto, el Partido Popular no está teniendo el mismo nivel de responsabilidad con la educación que usted acaba de exponer aquí con lo que es luego la práctica en la gestión que hace.


Bajo ese discurso de intenciones de mejorar la educación para superar la crisis educativa que el Partido Popular nos propone, subyace un modelo ideológico que no compartimos y, por supuesto, nunca vamos a apoyar. En primer lugar, se plantea una vez más ese empeño uniformador de la educación en todo el territorio del Estado, que no es otra cosa que tratar de evitar que las comunidades autónomas puedan, en el ejercicio de sus competencias, incorporar aquellas cuestiones que consideren oportunas, de manera particular la materia lingüística. En realidad, señorías, para nosotros es muy preocupante el hecho de que plantee la reforma secundaria; usted lo plantea, muy bien, pero se nos alertan todas las prevenciones necesarias. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando el Partido Popular habla de igualdad de oportunidades para nosotros es preocupante, porque las políticas igualitarias aplicadas a situaciones desiguales solo sirven para incrementar esa desigualdad. Y el modelo del Partido Popular de conciertos con los centros privados es un claro ejemplo de lo que estamos diciendo. Tengo que decirlo, porque en este momento en Galicia la Consellería de Educación está llegando a límites de ilegalidad en la medida en que está haciendo conciertos con centros privados que segregan al alumnado por género, segregan al alumnado, por lo tanto es una clara discriminación que no se puede consentir. Por otro lado, nos parece natural que potencien o pretendan potenciar la Ley de Cualificaciones, pero es necesario modificar esta ley precisamente porque invade competencias autonómicas. Y desde luego, no podemos compartir el fondo de lo que se dice en el punto número 8 porque desde nuestro punto de vista sería tremendamente discriminatorio, ya que pondría los centros educativos en una competitividad que no sería en absoluto positiva para la educación, sobre todo si persiguen la finalidad de ser los primeros del ranquin en los objetivos que ustedes plantean. Claro, que no habló, señoría, de educación pública y a nosotros esto nos preocupa. No habló del sistema público de educación en la medida en que habla de educación genéricamente, teniendo en cuenta que también hizo comentarios para la necesidad de afrontar la diversidad en la educación. A nosotros como le dije anteriormente nos preocupa porque la diversidad tratada en igualdad, cuando esa diversidad es desigual aumenta la desigualdad. A las políticas de igualdad es indispensable aplicarle equidad.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señoría, podemos estar de acuerdo en la identificación de algunos problemas contenidos en su moción, por ejemplo, el fracaso escolar o el abandono escolar, pero no compartimos ni sus soluciones ni su praxis. De hecho, observando cuál es su política de priorizar la escuela privada o la escuela concertada, especialmente la religiosa, en la Comunidad de Madrid, o por ejemplo observando el asimilacionismo lingüístico en el País Valencià, entenderá que todo lo que provenga de ustedes como mínimo

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provoca recelo, desconfianza e inquietud por nuestra parte. Le he puesto el ejemplo de la Comunidad Valenciana, le he puesto el ejemplo de la Comunidad de Madrid y creo que son ejemplos evidentes de una política retrógrada. Por no hablar de su anterior ley, la Ley de Educación que luego derogamos aquí en el año 2004. Es decir, sabemos quiénes son, sabemos qué modelo impulsan y en esta misma legislatura ustedes han transitado desde los embates al sistema lingüístico catalán, al sistema educativo catalán, hasta llegar a esta moción donde no aparece ni una sola palabra ni una sola referencia a la escuela pública.


Podemos estar de acuerdo en la necesidad de un pacto de Estado -de hecho también lo hemos reclamado y creo que ya lo hacíamos incluso antes que ustedes-; ahora bien, lo que no puede ser es que prediquen un pacto de Estado y en cambio pretendan poner como hipoteca su modelo, que es lo que hacen en esta moción cuando incluso de forma impúdica hablan de que en todo caso, entrecomillado, debería todo ello sujetarse a lo siguiente, para plantearnos a continuación exactamente su modelo incluso obviando recursos de inconstitucionalidad que tenemos planteados desde Cataluña, por ejemplo, a la Ley de Formación Profesional u obviando por supuesto las lenguas cooficiales. De manera que, no estamos por la labor, no estamos dispuestos a hacerles el juego en ese sentido. Reclamamos un pacto de Estado, pero para priorizar básicamente la escuela pública, la escuela de excelencia que tiene que ser la que cohesione la sociedad para hacer converger el Estado español en los límites y niveles de gasto en educación que son los niveles que reclamamos, los de la Unión Europea, y por supuesto para ser escrupulosos con las competencias autonómicas.


Aun así, debo decir que el ministro Gabilondo parece que no se ha puesto las pilas, es más, nosotros ya teníamos dudas y nos preguntábamos por qué el buen hacer de la ministra Cabrera quedaba interrumpido ante la urgencia del problema. El presidente del Gobierno consideró que había que dar un empuje a la política y el ministro Gabilondo que, por cierto, últimamente habla más de sanidad que de educación, debería ponerse las pilas. (Rumores.) Es más, diría incluso que cuando compareció por primera vez el ministro Gabilondo, habló de las urgencias para trabajar a favor de este pacto de Estado. Pues bien, durante meses no ha habido ni una sola llamada telefónica ni un solo documento ni una sola reunión, nada de nada. No digo que esto sea desprecio, porque para ustedes sería un suicidio ante la magnitud del problema, pero que el ministro, el ministerio, todo el staff del ministerio e incluso el Grupo Parlamentario Socialista no hayan convocado ni siquiera una sola reunión para debatir, para discutir, incluso al margen del Reglamento, en los pasillos, me parece una imprudencia. Es más, les recuerdo que sus últimas iniciativas parlamentarias traídas aquí y referidas a educación han sido de bajo calado. Se las recuerdo: instar al Gobierno a un plan de fomento de la lectura en el ámbito escolar, e incluso una iniciativa que no digo que no sea interesante pero que no es ad hoc en este tiempo como la de fomentar los archivos históricos de los institutos de enseñanza media.
Francamente, si estas son las soluciones, me parece que no están por la labor. Pónganse las pilas porque el problema es muy gordo y es una vergüenza que hoy tengan que ser ellos, por su dejadez, los que planteen unas alternativas, unas posibles paredes maestras del pacto de Estado.
Incluso les diría que en caso de que el Partido Popular hubiera aceptado sus enmiendas, nosotros no las hubiéramos apoyado porque ustedes tampoco han incluido, por ejemplo, algo tan evidente que tiene que conformar las paredes maestras de un posible pacto de Estado como es blindar todos los modelos educativos basados en lenguas no castellanas. (Rumores.) Es decir, si la enmienda que hacen, de la que estamos mucho más cerca que de la del Partido Popular, fueran las paredes maestras del posible pacto de Estado -que, repito, desconocemos porque ni siquiera nos han convocado a una sola reunión-, tampoco les apoyaríamos. Díganle por favor al ministro Gabilondo que agilice los trabajos porque si no les va a pillar el toro a ustedes y a todos.


Muchas gracias. (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Silencio, por favor. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra don Aitor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.


Asistimos una vez más a un nuevo episodio de la pelea entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que en muchas ocasiones utiliza también la educación como caballo de batalla de una polémica generalizada en la que buscar réditos políticos entre los dos partidos; una polémica en la que muchas veces se está discutiendo incluso de materias y de asuntos en los que el Gobierno del Estado directamente no es competente, sino que por mor de la legislación que nos hemos dado se encuentra depositada en las comunidades autónomas. Es sorprendente que se produzca además este encontronazo en un momento en que el ministro de Educación anuncia a bombo y platillo un gran pacto de Estado sobre la educación y una serie de pasos -o al menos en algunos medios de comunicación así se ha filtrado- que se iban dando en esta dirección. Sinceramente, no es para inspirar optimismo lo que hemos visto ahora; sorprende que no se hayan puesto de acuerdo ni siquiera en algunas materias que están planteadas aquí de manera genérica o algunos temas que incluso la LOE ya apunta, a pesar de que luego se cargan las tintas contra la LOE por parte del portavoz parlamentario popular. Lo que sí parece evidente es que hoy por hoy hay que constatar la nula voluntad de llegar a un pacto de Estado, y también les tengo que decir que la posición de mi grupo desde luego no es proclive a que haya un pacto de Estado que se entienda como un gran acuerdo entre los dos grupos PP

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y PSOE, y los demás de convidados de piedra si queremos adherirnos, y si no nada. No, la posición de mi grupo no va a ser favorable a un pacto de Estado si no estamos en la discusión y no estamos en el conocimiento de las cosas desde un principio; para cosas que ya vengan cocinadas, desde luego no cuenten con nosotros.


Total, que nos encontramos con un Partido Popular que plantea unas generalidades. En cuanto al diagnóstico educativo a nivel nacional que evite duplicar esfuerzos, si los parámetros ya están igualados a través de un acuerdo entre las comunidades autónomas. Respecto a que se incrementa el rendimiento educativo en las competencias lingüísticas y matemáticas, lo quisiéramos todos, como fortalecer el bachillerato mejorando su estructura, el programa. Son generalidades. Cosas como que la secundaría está abierta a vías formativas adaptadas a intereses, la LOE ya lo recoge. En el aprendizaje en inglés en la segunda etapa de educación infantil, esto aparte de que son las comunidades autónomas las que deberían marcarlo ya está en algunas comunidades autónomas incluso en la primera etapa de educación infantil. En fin, el Partido Popular plantea una serie de asuntos con saltos encima de las competencias educativas muchas veces, pero con un modelo ideal que subyace detrás después de todas las intervenciones a las que nos tiene acostumbrados una y otra vez el portavoz parlamentario de ese grupo que es la LOCE, y desde luego con la LOCE mi grupo no estaba de acuerdo y creo que ni los grupos minoritarios ni el Grupo Socialista. (Rumores.)

Por otra parte, tenemos un ministro que está regalando ordenadores sin ningún criterio; eso cuando lleguen los ordenadores, que ya veremos, dependiendo de las comunidades autónomas y sin asegurar en ningún momento las infraestructuras tecnológicas necesarias en los centros escolares y su mantenimiento, las estructuras mínimas en el aula, sin plantear una estrategia de aplicación de nuevas tecnologías en la enseñanza, de preparación de los profesionales; en definitiva, una entrega de ordenadores sin ningún objetivo. Como comprenderán, no nos sentimos atraídos a entrar en este debate, porque además se está planteando una situación tan pesimista que no corresponde a la realidad.


En el último informe de la OCDE que algunos están calificando de malo las cifras son ampliamente mejorables, pero sí se constata una cosa, y es una tendencia de que se está avanzando en buena dirección. Las tasas de graduados en enseñanza postobligatoria en 2007 alcanzaban el 74 por ciento, 2 puntos más que en 2006, 8 puntos más que en 2003, cuando estaba en vigor la LOCE, y aunque estamos lejos del 86 de media de la UE, se avanza en una tendencia que parece que es buena y que en todo caso habría que mejorar, pero no en su caso recortar. (Rumores.) Como comprenderán, este debate nos parece en muchos casos ficticio, estéril, sin seriedad, buscando el enfrentamiento y sin intentar llegar a un acuerdo y, por lo tanto, entenderán que no pueden solicitar el voto favorable de nuestro grupo a esta iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero comenzar reiterando una vez más que para Convergència i Unió la educación es un pilar social fundamental no solo porque es un indudable factor de integración y cohesión social, sino porque claramente las oportunidades que tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como país, vayamos a tener en el futuro van a depender en muy buena parte del nivel de educación de nuestra juventud. Si a ello sumamos la reiterada necesidad de un cambio en el modelo productivo para pasar a un sistema basado esencialmente en el conocimiento y la formación, no podemos más que concluir que la educación se erige en el instrumento básico, en el factor determinante de nuestro bienestar y en el pilar fundamental de la construcción del porvenir de nuestros hijos y de la sociedad en su conjunto. Por ello, en Convergència i Unió compartimos las preocupaciones que el Grupo Parlamentario Popular expresó tanto en la interpelación que formuló al final del pasado periodo de sesiones como en los fundamentos de la moción que estamos debatiendo, especialmente las que se refieren a los malos datos y estadísticas que los sistemas internacionales de medición dan al sistema educativo español.


Queremos expresar también nuestra preocupación por estar lejos de cumplir los objetivos de Lisboa 2010 y porque, a tenor de los datos expresados sin ir más lejos, en la nota del pasado Consejo de Ministros, del viernes... (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Pigem, por favor.


¿Tendrían la bondad de bajar el volumen de sus conversaciones privadas, especialmente en algunos lugares del hemiciclo?

Muchas gracias.


La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señor presidente.


Decía que nos preocupa que, aun cuando se nos ha dicho en el pasado Consejo de Ministros que la inversión pública en educación sigue incrementándose, no hemos alcanzado todavía el 6 por ciento del PIB, porcentaje que sí alcanzan los países de nuestro entorno y que tienen mejores resultados en las mediciones internacionales. Son unas preocupaciones que, a tenor de lo que ha expresado el ministro Gabilondo, se comparten también desde el Gobierno y se quieren combatir precisamente a través de un pacto de Estado que articule políticas acordadas con comunidades autónomas, agentes sociales, comunidad educativa y fuerzas políticas. Así lo viene diciendo el ministro desde que llegó al Gobierno.


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Nosotros desde Convergència i Unió podemos trasladarles que no solo apoyamos la necesidad de un pacto, sino que venimos solicitándolo desde hace cinco años, más incluso que lo que viene solicitándolo el señor Gómez Trinidad. Y quiero recordarles al respecto que la primera actuación parlamentaria de Duran i Lleida tras las elecciones del año 2004 fue precisamente una interpelación para reclamar un pacto de Estado, un pacto que permitiera sacar la educación de los vaivenes y cambios legislativos cada vez que cambia el color del Gobierno. Por tanto, sea bienvenido el pacto, un pacto que esperamos que se convierta en realidad cuanto antes.
De hecho, ya reclamamos un calendario concreto para el mismo en la comparecencia del ministro del pasado mes de mayo, su primera comparecencia, en donde ya anunció su intención de llegar a un pacto. Y nos pasa como al señor Tardà, que hasta el momento no hemos tenido ninguna noticia concreta al respecto. Ahora bien, la viabilidad de este pacto, más allá de las palabras y de que suena bien, va a quedar supeditada, en primer lugar, a que lo acepten los dos partidos mayoritarios que son, en definitiva, los que con la alternancia que determinen las urnas van a establecer las bases de la política educativa del Estado y, por tanto, van a ser los artífices de si hay o no hay vaivén legislativo en el terreno educativo. Y la verdad, por lo que hemos escuchado hoy, están todavía muy lejos de poder articular este pacto.
(Rumores.)

Sabemos que no es fácil, porque a nadie se le escapa, el contenido ideológico que la educación tiene, pero también estamos convencidos de que no es imposible, como lo demuestra el ejercicio de responsabilidad del que mi formación política, Convergència i Unió, mayoritaria en Cataluña, ha hecho gala consensuando la ley educativa catalana con la mayoría de fuerzas políticas del Gobierno de Cataluña. En segundo lugar, y por lo que respecta a Convergència i Unió, no vamos a apoyar ni a aceptar ningún pacto que no sea escrupulosamente respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas, concretamente con la Ley de Educación catalana en todos sus términos, incluida la inmersión lingüística, una ley promulgada por el Parlamento de Cataluña en el ámbito de sus competencias.


Por lo que respecta al contenido concreto de la moción, anunciamos que sentimos no poder apoyarla en sus términos originales porque aunque, como ya he dicho, compartimos las preocupaciones que la sustentan, no compartimos las propuestas que se hacen por ser excesivamente detallistas y por ser además claramente invasoras de las competencias de las comunidades autónomas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


Señor Gómez Trinidad, le pregunto si acepta la enmienda presentada.
(Denegaciones.) Me lo imaginaba. Se votará en los términos en que ha sido presentada la moción.


En dos minutos iniciamos las votaciones. (Pausa.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LOS INCENTIVOS FISCALES A LOS AUTÓNOMOS Y A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
(Número de expediente 122/000150.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a los incentivos fiscales a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 154; en contra, 170; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIONES.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA REVISAR LA CUANTÍA DEL COSTE SALARIAL SUBVENCIONADO PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.
(Número de expediente 162/000446.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para revisar la cuantía del coste salarial subvencionado para los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo.


Ha sido presentada una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a la tramitación de la misma? (Denegaciones.) Por tanto, en los términos de la enmienda transaccional se pasa a votación la proposición no de ley mencionada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 350.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MONTES SOSTENIBLES. (Número de expediente 162/000468.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre montes sostenibles, en los términos de la transacción que ha sido presentada. ¿Algún grupo parlamentario

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se opone a la tramitación de la enmienda transaccional? (Pausa.) En consecuencia, en los términos de la enmienda transaccional votamos la proposición no de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 333; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL IMPULSO DE LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO.
(Número de expediente 173/000083.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el impulso de las políticas de protección a las personas en situación de desempleo, en los términos de la enmienda de sustitución presentada por el grupo proponente y los grupos Socialista y Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 188; abstenciones, 147.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000084.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre la reforma del sistema educativo español. Esta moción se vota en los términos en que ha sido propuesta por el Grupo Popular.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 146; en contra, 187; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), RELATIVA A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL TRASPASO DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS EN MATERIA DE TRÁFICO A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 172/000104.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, y por acuerdo de la Junta de Portavoces y la Presidencia, pasamos a examinar la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto (doña Uxue Barkos), que tiene la palabra para formularla. (Rumores.) Por favor, a quienes quieran marcharse les ruego que lo hagan con mayor rapidez. (Continúan los rumores.) Por favor, señorías, quienes tengan intención de marcharse les ruego que lo hagan con mayor rapidez y los demás, por respeto a la diputada, tomen asiento y guarden silencio.


Adelante, señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.


Señorías, señor ministro, el objeto de la interpelación que Nafarroa Bai trae hoy a la Cámara queda claramente enunciado en la exposición de motivos pero, en cualquier caso, se trata de conocer la posición del Gobierno en relación con el traspaso de las competencias exclusivas en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. Este y no otro es el objeto de la interpelación que traemos a la Cámara. Más concretamente -porque habría que acotarlo- queremos conocer el posicionamiento concreto y estricto del responsable del área afectada -por decirlo de alguna manera- por ese hipotético traspaso de competencias. No se trata tanto de conocer una posición política del conjunto del Gobierno -algunos retazos y algunos avances hay, por cierto, no muy claros, pero eso ya lo iremos desgranando-, como de conocer la posición política derivada de argumentos técnicos, por expresarlo de alguna manera.


Lo cierto es que del Partido Socialista, del partido que sostiene al Gobierno, conocemos ya el posicionamiento, habida cuenta del posicionamiento del grupo parlamentario en la sesión del Senado del pasado 20 de mayo. Se contradice, por cierto, la posición que mantuvo aquel día el Grupo Parlamentario Socialista con el programa que el mismo partido llevó a las elecciones forales de Navarra. Es decir, mismo posicionamiento político, otro ámbito de decisión; pues aquí se rompe el mismo. Tengo aquí el programa de aquellas fechas y claramente dice: Aspiramos a que la Policía foral... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Barkos.


¿Tendrían la bondad los diputados que se encuentran en los pasillos de seguir sus conversaciones fuera del salón de sesiones?

Adelante, señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.


Como digo, el programa del Partido Socialista de Navarra en las últimas elecciones forales decía literalmente: Aspiramos a que la Policía foral asuma en exclusiva

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las competencias en materia de tráfico. He de reconocer que ahora, a la vista del eslogan que hicieron para aquella campaña, En Navarra tú decides, e incluso visto el candidato -que a poquito más de la sesión de investidura llegó-, se puede comprender, si acaso, en esa lógica de los acontecimientos que tampoco aspiraciones como estas que venían recogidas en el programa queden consolidadas poco tiempo después. En cualquier caso, quiero recordar que esta sí es aspiración de las instituciones navarras y unánimemente recogida por el Parlamento de Navarra, por su legislativo, en diferentes ocasiones.


Vuelvo a repetir, ministro, que hoy lo que me interesa fundamentalmente es la opinión del titular del Ministerio del Interior, no solo en esa expresión técnica a la que aludía anteriormente sino además, señor Pérez Rubalcaba, la suya como actual ministro del Interior. Le voy a explicar por qué. Porque el partido en el Gobierno en Navarra en estos momentos, Unión del Pueblo Navarro, acusa con nombre y apellidos al actual ministro del Interior de ser responsable de alguna manera de la paralización de la transferencia. Me voy a remitir para ello al "Diario de Sesiones" de aquellos días en el Senado y a declaraciones posteriores tanto por parte del presidente Sanz como de representantes de UPN. El pasado mes de mayo, el presidente Sanz compareció en el Parlamento de Navarra a instancias de Nafarroa Bai para informar de la situación del proceso de asunción de transferencias pendientes. Señaló que la única encomienda de la Junta de transferencias en el año 2004 fue la de avanzar el traspaso de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. En aquella sesión el presidente Sanz detallaba cada una de las reuniones y cartas enviadas en la negociación entre Navarra y el Estado y señalaba: El acuerdo, sin embargo, no ha sido posible y este imposible no puede ser imputado al Gobierno de Navarra. Esta es la primera de las acusaciones, pero ya de manera más concreta la hoy senadora de Unión del Pueblo Navarro en el Grupo Mixto, la señora Caballero, señalaba que si se cerró un acuerdo en 2004 no se materializó debido al cambio político -se refiere, lógicamente, en aquel caso al cambio de gobierno del Partido Popular al Partido Socialista- y tampoco se ha logrado con el Gobierno del PSOE porque la llegada del ministro Pérez Rubalcaba frustró esta nueva esperanza. Con él -continúa la señora Caballero- no solo no es posible avanzar en esta materia, sino que ni siquiera es posible hablar materialmente de la transferencia. Por tanto, señor ministro, este es el segundo objeto de la comparencia. ¿Se opone, efectivamente, el ministro Pérez Rubalcaba a la transferencia de la competencia exclusiva de tráfico? (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Si hemos de hacer un breve estado de la cosa y una historia de los contactos en los últimos años, nos basta con remitirnos a la legislatura de Aznar los últimos meses (esto también es muy de apuntar de cara a la Administración navarra, pero, en cualquier caso, es en los últimos meses de la legislatura de Aznar), con mayoría absoluta del Partido Popular, cuando UPN llega a un acuerdo para la transferencia. En el inicio de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero se producen unos primeros contactos -al menos así consta en las crónicas de aquellos días, años 2004 y 2005- con el entonces ministro del Interior, señor Alonso.
Pero lo cierto es que desde que asume las funciones del Ministerio del Interior, señor Pérez Rubalcaba, con lo que nos encontramos es con el silencio en torno a esta cuestión. La pregunta es ¿quién es el responsable de este silencio?

Lo cierto es que varios encuentros institucionales se han producido ya, entre otros, por irnos cerca en el tiempo, esa Junta de seguridad de finales del pasado mes de junio que Interior del Gobierno central mantenía con Interior del Gobierno foral, pero no hubo palabra sobre este asunto ante los medios. Mi pregunta sería si no hubo requerimiento alguno por parte del consejero de Interior del Gobierno de Navarra con respecto a esta transferencia de competencia. Por el contrario, y pocos días después, en posterior encuentro, el 2 de julio de 2009, el vicepresidente Chaves se reunía con el presidente Sanz y precisamente la transferencia de la competencia de tráfico quedaba como uno de los temas pendientes. El otro, la reforma del amejoramiento para poder adelantar elecciones en Navarra, no es seguramente materia de esta interpelación.


En aquel encuentro sí se habló entre el vicepresidente Chaves y el presidente Sanz. Y en palabras textuales del vicepresidente Chaves se señalaba: Me llevo la propuesta a mi Gobierno para ver si se le puede dar una salida. E insistía: Vamos a ver si somos capaces de desatascar la competencia sobre tráfico en Navarra. Por tanto, entiendo que esta es la expresión política, o espero cuando menos que la palabra del vicepresidente Chaves tenga la dimensión que su voluntad declarada objetivamente dejaba ante los medios de comunicación navarros y, por tanto, ante sus ciudadanos. Le pregunto, ministro. Han pasado dos meses desde este encuentro, dos meses y unos pocos días, ¿ha habido algún movimiento en el seno del Gobierno que permita afirmar que se está en el camino de dar con esa salida, que permita afirmar que se está en el camino de desatascar, como señalaba el vicepresidente Chaves, y, sobre todo, qué es lo que hay que desatascar?

Las razones que asisten la petición por parte del Parlamento de Navarra de todos los grupos que conforman en estos momentos el legislativo foral, la razón que asiste también a quienes desde las instituciones están trabajando por ella es la primera de ellas, y no puede ser de otra manera, y es la mayor eficacia al servicio del ciudadano. La realidad competencial es muy evidente. En estos momentos la Comunidad Foral de Navarra es titular de sus carreteras, tiene su propia Policía foral, es titular y diseña sus propias políticas de seguridad vial y tiene competencias exclusivas en materia de transporte. Por cierto, al igual que la Comunidad Autónoma vasca y que Cataluña, comparte en materia de tráfico el hecho de que ya ejerció está competencia. El argumento histórico no es tanto como para venir a poner más peso sin mayor objetividad que la de incluir un punto más en el argumentario, sino la de recordar que existía oficio y materia. Podríamos adentrarnos en el argumentario histórico. La

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verdad es que la sesión del Senado del pasado día 20 de mayo dio para mucho. Quizá hoy no merezca la pena, pero, en cualquier caso, podríamos verlo.


La realidad es que hoy, y dadas las competencias parece evidente que con este escenario una mayor eficacia es argumento más que sostenible y defendible, la Policía foral atiende ya tres de cada cuatro accidentes en las carreteras de Navarra. La realidad es que hoy la Policía foral dedica 220 de sus 1.000 agentes al tráfico. Son más de los que corresponden comparativamente, o al menos lo son en un reparto por población de los agentes de la Guardia Civil que se dedican a tráfico y, desde luego, nada hace pensar que no se pueda trabajar de manera coordinada. Vista la realidad, no podemos entender dónde están, como digo, y según palabras del propio vicepresidente Chaves, los motivos que atascan esta no transferencia o el hecho de que no se haya llevado a cabo.


Lo cierto es que Navarra, su primera institución, el Gobierno foral -y esta es la verdad- no ha hecho grandes esfuerzos -basta un vistazo rápido sobre la hemeroteca- por asumir esta competencia. Lo reseñaba anteriormente, cuando Unión del Pueblo Navarro mantenía el pacto con el PP -roto aproximadamente por estas fechas o hace ahora un año, se conocía lo que finalmente ocurrió- desaprovechó, esta es la verdad, la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso para haber acometido el trámite. Como señalaba antes, solo al final del Gobierno Aznar hizo aproximaciones que, tal y como hoy nos ocupa, es evidente que no llegaron a buen puerto. También es cierto que no hay transferencias a Navarra en cumplimiento de la Ley del amejoramiento desde el año 2001. Ahora nos encontramos con que la petición reiterada por parte del Gobierno de Navarra, insisto, a instancias del Parlamento foral de manera unánime, no es respondida por el Gobierno central vistas las acusaciones del partido en el Gobierno foral, UPN, y visto también el posicionamiento del partido del Gobierno central, es decir, del Partido Socialista, en el pasado debate del Senado. Por cierto, y esto también quisiera apuntarlo, al revisar aquella sesión del día 20 de mayo en la Cámara Alta se introduce un nuevo elemento de debate en forma de enmienda de adición que llevó el Grupo Parlamentario Popular a la moción que planteaba UPN ante el Senado; una enmienda de adición que fue criticada por sus socios de Entesa en una argumentación bastante razonable, pero que fue finalmente aprobada. Esta enmienda de adición, que queda como punto tercero en la moción aprobada, dice literalmente que las transferencias en materia de tráfico se realizan sin perjuicio de la competencia de la Guardia Civil para ejercer en Navarra las facultades propias de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en las carreteras y en cualquier otro ámbito. Digo incomprensible, señor ministro, porque es evidente que cualquier transferencia o cualquier tipo de iniciativa no puede entorpecer -creo que en ninguna cabeza cabe- una circunstancia tan sensible, y creo que por todos compartida, como es la lucha contra cualquier tipo de violencia, la lucha contra el terrorismo. Pero por si acaso, y dado que quedaba escrito en el Senado, se lo pregunto también: ¿es el área de tráfico y seguridad escenario imprescindible en Navarra, y al parecer solo en Navarra, para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Barkos, por favor, tiene que acabar.


La señora BARKOS BERRUEZO: Sí, presidenta, pero sí le agradeceré, habida cuenta que se ha perdido más de un minuto en el Pleno...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): De acuerdo, tiene usted razón, señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.


Desde luego, a nuestro parecer, ministro, si este fuera el argumentario y, vuelvo a repetirlo, algún grupo sí lo apunto en el Senado en forma de enmienda de adición apoyada por el resto, no es esta, ni mucho menos, la situación que se produce en la Comunidad Autónoma vasca, comunidad con la competencia transferida y con la que la relación en materia de lucha contra el terrorismo y contra el crimen organizado ha sido siempre, y digo siempre según sus palabras, señor Rubalcaba, impecable con este y con anteriores gobiernos. Así se lo hemos escuchado decir en multitud de ocasiones, así que la razón del debate debe ser otra, ministro.


Finalizo con la última pregunta pendiente y conclusión de la anterior. En su opinión ¿esta el Gobierno de Navarra preparado, y por lo tanto la Policía foral dotada, para asumir las competencias de tráfico?

Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias a usted, señora Barkos.


Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señora presidenta.


Contesto con mucha satisfacción a la interpelación que me ha planteado la señora Barkos en relación con las transferencias en materia de tráfico y lo haré explicando, en primer lugar, la situación competencial que se da en esta materia en la Comunidad Autónoma de Navarra y, a continuación, explicando también el modelo que en materia de tráfico tenemos en este momento en Navarra, porque es verdad que es un modelo bastante singular.
En todo caso no es ni el modelo de las comunidades autónomas distintas de Euskadi y de Cataluña ni tampoco es el modelo de Euskadi o de Cataluña, es un modelo distinto. Quiero explicarlo, sobre todo porque me parece que es interesante que los ciudadanos navarros lo conozcan.


Como S.S. conoce, la materia de tráfico está definida en la Constitución española en el artículo 149.1.21 como una competencia exclusiva, concretamente el tráfico y la circulación de vehículos a motor -dice dicho artículo

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es una competencia exclusiva del Estado. Es verdad que hay dos comunidades autónomas que tienen en este momento la competencia en materia de tráfico, si bien es cierto que el camino jurídico para llegar a esa competencia es distinto. El País Vasco, si no me falla la información, obtuvo la competencia en 1982 a través de un decreto de transferencias, lo que supone que en aquel momento se interpretó que tenía la competencia estatutariamente asumida y, según las informaciones que tengo, se interpretó así porque se interpretó que era un derecho histórico que el Estatuto del País Vasco venía a actualizar; derecho histórico que existía en Álava y que se extendió al resto de las provincias de la comunidad autónoma, según mis noticias. En todo caso da igual, porque a los efectos de la discusión que estamos teniendo usted y yo aquí es irrelevante, lo que es importante es que quede claro que es esa la vía, la del decreto de transferencias. Cataluña, por el contrario, tiene las competencias en tráfico a través del artículo 150.2 de la Constitución. Por tanto, es una competencia que el Estado admite que es suya y que cede a través del mecanismo que la Constitución establece para esas cesiones de competencias. Se realizó en el año 1997 y me remito a las crónicas de entonces para explicar por qué quienes ahora niegan la validez de dicho artículo lo utilizaron en aquel momento. No tiene más transcendencia. Son dos mecanismos distintos.


Navarra, como usted sabe -y se discutió a fondo en el Senado, en el debate que usted menciona-, ha tenido competencias en materia de tráfico de distinta forma a lo largo de su historia. Siempre ha tenido algunas competencias, unas veces más y otras veces menos, ahora también las tiene. Tiene competencias de tráfico, no todas, no en exclusiva, pero las tiene. Es verdad que la Ley de reintegración y amejoramiento del Fuero de Navarra -no voy a entrar en la ley en concreto- podría dar a entender que una actualización de un derecho histórico, en este caso de una competencia como la de tráfico que tuvo Navarra con anterioridad al régimen de Franco, podría interpretarse como que le daba la competencia sin más, y esa es una interpretación que hace el Gobierno de Navarra que yo no estoy por discutir aquí en este momento, pero no creo que sea el caso. Cabe, por tanto, la interpretación de que Navarra, al igual que el País Vasco, podría simplemente por amejoramiento del Fuero, en este caso de un derecho histórico, asumir la competencia exclusiva en materia de tráfico. Es cierto que la Ley foral de cuerpos de Policía de Navarra incorpora un artículo, el 9.1, que en su apartado b recoge una literalidad que me gustaría mencionar, porque tiene su interés para establecer el statu quo en el que estamos en este momento. En concreto dice en este artículo que la Policía foral tiene la competencia en materia de tráfico dentro del territorio de la Comunidad foral y, añade, conforme a los convenios de delimitación de competencias en materia concluidos con el Estado y vigentes en cada momento. Este es el artículo en el que, a mi juicio, encajan perfectamente los convenios que existen en este momento -como usted sabe, los tenemos firmados hace muy poco tiempo-, un convenio y un protocolo, que afectan al conjunto de la cooperación policial y que, a mi juicio, es un modelo singular, navarro, que está funcionando de una manera absolutamente eficaz y que afecta -repito- al conjunto de las competencias policiales y, en particular, al tráfico. Es verdad -debo decirlo en defensa, si se me permite, del Gobierno navarro- que dicho convenio incluye una cláusula específica en la que se dice que en materia de tráfico el convenio no cierra el debate competencial. La cláusula concreta no la recuerdo ni la tengo aquí, pero viene a decir algo así como que perjuicio de las discusiones competenciales que en el futuro pudiera haber. Es absolutamente evidente que el Gobierno navarro quiere esa competencia en exclusiva y que, en tanto la discusión se produce, hemos llegado a un acuerdo con un modelo -repito- para el conjunto de la actividad policial que incluye el tráfico con esa singularidad, y es que el Gobierno navarro dice: Oiga, esto es transitorio; lo otro tiene un carácter más o menos permanente -más o menos porque todo convenio puede ser objeto de revisión simplemente cuando una de las partes así lo solicita-. Ese es el estatus actual al que quería llegar. En definitiva, la situación actual es una situación, a mi juicio, acorde con la ley, que se basa en un convenio firmado por dos gobiernos y que, además, tiene un encaje perfecto en el artículo 9.1, que he mencionado antes, de la Ley de Policía Foral, lo que no quiere decir que no pueda haber una situación competencial distinta y que el Gobierno pueda reclamarlo y el Estado, en su caso, concederlo. Y, segundo, lo más importante. El Estado en Navarra no tiene una competencia exclusiva en materia de tráfico. Tampoco la tiene la comunidad foral y, por tanto, podríamos estar hablando, si se me permite la expresión coloquial -no quiero darle ningún valor dogmático porque no soy jurista ni es el caso que me ocupa aquí- de competencia compartida. En este momento concreto, sobre el tráfico en Navarra actúa la Policía, en este caso la Guardia Civil, y la Policía foral en un esquema coordinado que está acordado por los dos gobiernos y firmado en los términos a los que me acabo de referir. Esa es la situación. Es legal y es una competencia compartida.
Esa es la situación en la que estamos actualmente.


¿Se niega el Estado a una discusión, en este caso el Gobierno? Naturalmente que no. Lo decía usted por boca del vicepresidente Chaves, que además es el vicepresidente responsable. Naturalmente que no nos negamos a una discusión sobre este modelo competencial, que por voluntad del propio Gobierno navarro tiene carácter transitorio en el convenio al que me vengo refiriendo y el protocolo que ese convenio desarrolla. ¿Se niega? No, naturalmente que no. Ahora, es verdad que quisiéramos hacer esta discusión en términos, por supuesto, jurídicos -creo haber reconocido que la posición del Gobierno navarro tiene suficiente apoyo, a mi juicio, pero, en fin, no es este el tema; usted misma me ha excluido de este debate y no sabe cómo se lo agradezco- y en términos también prácticos. Porque es verdad -tenía usted razón- que esto de las competencias, más allá de los derechos históricos, que uno respeta -faltaría más- y que en esta Cámara he

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defendido muy claramente desde esta tribuna en otras posiciones, y de los derechos en general que las comunidades tienen adquiridos por nuestra Constitución, tiene también que ver con la vida de los ciudadanos. De hecho el fondo es ese. El fondo es acercar, y esa es una discusión interesante. En otras palabras, el modelo navarro -vamos a llamarlo así- ¿funciona o no funciona? ¿Da resultado o no da resultado? ¿Están los ciudadanos cómodos? Es un debate interesante. Puede ser que a usted no le interese. A mí sí, que soy el responsable de la materia. Naturalmente que me interesa. Cada poco tiempo vengo a este Parlamento y explico cómo va la seguridad vial. ¡Fíjese si me interesa, a mí y a la Cámara! Ese es un poco el debate. Y es verdad que en ese debate cabe discutir de ese modelo y en ese debate también tenemos que discutir otras cosas que usted planteaba. ¿Es cierto que esto afecta a otras funciones de la Guardia Civil? Sí, afecta. Puede afectar. En todo caso, hay que discutirlo. Que el País Vasco tenga una competencia desde 1982 no quiere decir que esa competencia no se haya desarrollado y hayamos visto en el desarrollo de esa competencia cuestiones mejorables. Hemos tenido problemas de transporte, como usted sabe, que hemos tenido que arreglar. Es bueno, por tanto, que si nos ponemos a discutir la competencia, algo que el Estado y el Gobierno en concreto no quiere dejar de hacer, lo hagamos en términos competenciales, jurídicos y en términos funcionales, porque hay un modelo de seguridad vial -léase de tráfico- en Navarra que funciona, a mi juicio, de manera extraordinariamente eficaz. Y lo que le diría a los navarros es: Como el modelo es bueno, no nos negamos a discutirlo, pero hagámoslo de tal manera que lo que venga sea mejor, y para eso es bueno discutirlo, y que, en todo caso, las competencias de uno y otro queden a salvo y que la Guardia Civil mantenga intactas sus competencias en lo que se refiere a lucha contra el crimen organizado y a terrorismo, que es verdad que algún efecto tiene, y sobre eso seguramente podremos hablar detenidamente.


No sé cuánto tiempo me queda. Quería haber expuesto las características de ese modelo coordinado, que es un esquema de coordinación en el cual las dos policías, repito, tienen competencias; por ejemplo, como usted sabe, en este momento la Guardia Civil de Tráfico está en las carreteras navarras y la Policía foral está en las carreteras navarras. Las dos policías. Eso sí, se reparten el trabajo y se lo coordinan, las multas las cobra la Dirección General de Tráfico pero las ponen los dos cuerpos policiales, aunque se tramitan solo por uno. Es decir hay un esquema de coordinación cuyos resultados están lógicamente en dos aspectos: cómo funciona el tráfico, si la gente está cómoda en las carreteras o no -creo que sí-, y en un aspecto que a mí me preocupa extraordinariamente, que es la seguridad vial, y la verdad es que en esta materia los datos son abrumadores. Es verdad que los datos de seguridad vial van bien en toda España. Es cierto. En cinco años van bien, llevamos cinco años consecutivos bajando el número de accidentes mortales y el número de fallecidos en nuestras carreteras en cifras importantísimas. Es verdad.
Pero estos datos que tengo aquí -y que por razón de tiempo les alivio, basta con que me crea y estoy seguro de que lo va a hacer- son aún mejores en Navarra. Es decir que tenemos un modelo que funciona satisfactoriamente. Pero eso no quiere decir que el Gobierno se niegue a discutir algo que plantea el Gobierno navarro, porque está en su Estatuto, aunque esa discusión en términos jurídicos creo que es pertinente, y en términos funcionales todavía más.


Muchas gracias, señora Barkos. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


Señora Barkos. Su turno de réplica.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.


Esta mañana, ministro, y al hilo de esta interpelación, me entrevistaban en una radio local de Pamplona, y me decían: seguramente no hablará sobre el tema. Cuando estuvo aquí, en la última Junta de Seguridad, en Pamplona, el ministro del Interior, señor Pérez Rubalcaba, a preguntas de un periodista sobre la cuestión, respondió: hoy no toca. Pero es que hoy sí toca, ministro, porque hay una diputada, en este caso de Nafarroa Bai, interpelándole sobre la cuestión. Y no me ha respondido ni a una sola de las preguntas que yo le he realizado.


Ministro, hablamos el día que quiera sobre fuero y huevo, que supongo que es el recurso fácil que en algunas ocasiones hay para echar balones fuera en esta cuestión. No diga que no me interesa lo fundamental de este asunto, que es evidentemente el servicio al ciudadano. ¡Faltaría más! Y se lo he puesto en varias ocasiones. Pero seguramente en eso no tenemos nada que discutir. En cualquier caso no es un argumento. No me diga que hay unos convenios que funcionan bien. Sí, evidente. Pero lo que le estoy preguntando es otra cuestión. Pregunto por la posición del actual ministro del Interior respecto a la posibilidad del traspaso de una competencia -en este caso a la Comunidad Foral de Navarra-, tal y como le ha requerido el Gobierno de la comunidad; tal como ha requerido el Parlamento por unanimidad; tal como ha apuntado su partido en el último programa a elecciones forales de Navarra. Si quiere sumo y sigo. Pero además, tal y como dice, sería razonable, igualmente razonable que el mantenimiento de la situación actual. Pero es una cuestión de voluntad política claramente expresada por los representantes de la mayoría de los ciudadanos, por cierto el cien por cien de los representantes preguntó por su posición respecto a este tema.


Me dice que sí. Me responde medianamente a una de las preguntas que yo le hacía respecto a si es escenario imprescindible la lucha contra el terrorismo. Pero me deja claro que la colaboración es perfectamente posible, luego me responde pero no me responde a si, tal y como le acusa y le ha acusado UPN, es el ministro Rubalcaba el que se opone a la transferencia. No me responde a quién es el responsable del silencio que se produce desde que usted asume el Ministerio del Interior. No me responde a si en estos dos últimos meses ha habido algún movimiento en el seno del Gobierno que permita afirmar

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que se está en el camino de dar salida a esta petición, tal y como señaló el señor Chaves. Y es evidente, en el caso de que hubiera habido algún contacto, ministro, que usted hubiera tenido conocimiento de ello. Y sobre todo no me responde a si entiende el actual ministro del Interior que el Gobierno de Navarra y la Policía foral están en estos momentos dotados para asumir esa competencia. Estoy hablando de su opinión, es bastante evidente. Porque lo que está claro es que por parte del Gobierno central se ha hablado de desatascar, se ha hablado de dar salida, y en cualquier caso por la otra parte, por parte del Gobierno de Navarra, de manera más o menos acertada, de manera más o menos constante, de manera -y se lo he dicho yo y lo he expuesto en esta interpelación para que quedara claro su objeto- más o menos interesada y sincera se ha puesto sobre la mesa el ejercicio de la transferencia. No me diga que es materia exclusiva del Estado según la Constitución porque el amejoramiento prevé el posible traspaso de esa materia. Y si nos ponemos a recordar cuál es el origen histórico de la cuestión, Navarra está en la misma situación que Álava; no me diga que en un caso es perfectamente reconocible y en el otro no; lo podemos mirar. Pero vuelvo a repetir, ministro, que más allá de debates que creo que en esta Cámara todos seríamos capaces de reproducir a un lado u otro de estas tribunas, con matices más o menos serios, no podemos entrar a la materia de la discusión que no es otra que -sin discusión alguna, por cierto- interpelar por la posición del actual ministro del Interior sobre esta materia; no otra cosa, ministro.
Agradecería que hoy se tuviera en cuenta la importancia de una iniciativa de este tipo, y el respeto lógicamente a cualquiera de los portavoces que subimos a esta tribuna, y por lo tanto que hiciéramos valer el hoy sí toca en respuesta clara y exacta a las posiciones, a las preguntas, pero en cualquier caso al requerimiento de la opinión de quien en este momento me parece fundamental tener en el debate, como es el ministro del Interior. Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Barkos.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señora presidenta.


Con la misma brevedad que la señora Barkos, y empiezo por el final. Lo del respeto, creo que usted debería dármelo por descontado, lo tengo máximo a todos los señores diputados, y a usted en este caso la primera, porque es la que me ha interpelado; por tanto como si no lo hubiera escuchado.
Respecto a la cuestión de fondo ya le he dicho lo que pienso. Le he dicho que creo que cabe que el Gobierno navarro reclame la competencia, y la ha reclamado de hecho; en una expresión feliz -creo yo- del presidente Sanz, ha dicho que la reclamaba de manera no ácida, que me parece que es una expresión que todos entendemos lo que quiere decir. Le he dicho en segundo lugar que creo que el sistema actual cabe perfectamente en las leyes que el Parlamento navarro se ha dado a sí mismo, en este caso cabe en la Ley de Policía Foral, por tanto estamos en un sistema incardinado en nuestro sistema constitucional. En otras palabras, creo que esa es una solución posible, lo creo, aunque es posible también la otra que es la competencia exclusiva, y por tanto que la Guardia Civil se marche de las carreteras navarras; eso también cabe. Le he dicho a continuación que estamos dispuestos, ¡faltaría más!, a hablar de ese modelo, y en cuarto término le he dicho que en todo caso para hablar de estas cosas sin prejuicios de ningún tipo hay que ver la parte jurídica y la parte funcional, para a continuación hacer una defensa bastante apasionada de lo que existe en este momento, porque creo que los datos me avalan. Le he dicho todo, todo. Y no le voy a decir más, porque le he dicho absolutamente todo. Si usted no lo quiere entender, lo siento. En otras palabras, nos sentaremos con el Gobierno navarro y discutiremos en estos términos. Ellos quieren la competencia exclusiva, es decir que la Guardia Civil se marche, nosotros creemos que el modelo funciona bien. Pero creo -e interpreto la expresión no ácida del señor Sanz- que están más por la discusión funcional que por la pura discusión jurídica, aunque admito que en términos jurídicos igual tiene la razón. Y si ese es el único término que se emplea, se resolverá jurídicamente. Ojalá no, ojalá lo podamos resolver políticamente porque creo que representaríamos mejor los intereses de los ciudadanos. Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.


Eran las ocho y diez minutos de la noche.

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