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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 95, de 25/06/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2009 IX Legislatura Núm. 95
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 90 celebrada el jueves 25 de junio de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria:

- Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el límite de gasto no financiero del Estado para 2010.
(Número de expediente 430/000002.)... (Página 5)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 8/2009, de 12 de junio, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por importe total de 19.821,28 millones de euros, y se modifican determinados preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (BOE núm. 143, de 13 de junio de 2009). (Número de expediente 130/000017.)... (Página 22)

Página 2


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 13-1, de 19 de diciembre de 2008. (Número de expediente 121/000013.)... (Página 32)

- Proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Número de expediente 121/000028.)... (Página 39)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores; la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 18-1, de 30 de enero de 2009.
(Número de expediente 121/000018.)... (Página 47)

- Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones (procedente del Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero). "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 21-1, de 24 de marzo de 2009.
(Número de expediente 121/000021.)... (Página 49)

Declaraciones institucionales ... (Página 52)

Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación.)...
(Página 53)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.)...
(Página 53)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.)

- Actas y resoluciones de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), aprobadas en el XX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, en Montevideo, el 14 de junio de 2007.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 131, de 4 de mayo de 2009. (Número de expediente 110/000085.)... (Página 53)

- Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Israel sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático y técnico de misiones diplomáticas, hecho en Madrid el 31 de marzo de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 134, de 18 de mayo de 2009. (Número de expediente 110/000086.)... (Página 53)

- Acuerdo especial entre la Organización Europea de Patentes y el Gobierno del Reino de España relativo a la cooperación en cuestiones relacionadas con el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), hecho en Munich y Madrid los días 2 de julio y 18 de diciembre de 2008. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 135, de 18 de mayo de 2009.
(Número de expediente 110/000087.)... (Página 53)

- Acuerdo general de seguridad entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a la protección de la información clasificada intercambiada entre los dos países, hecho en Madrid el 26 de febrero de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 136, de 18 de mayo de 2009. (Número de expediente 110/000088.)... (Página 53)

- Convenio entre el Reino de España y la República de Corea relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Seúl el 23 de marzo de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 137, de 18 de mayo de 2009. (Número de expediente 110/000089.)... (Página 53)

- Suplemento del Convenio sobre el apoyo logístico y el perfeccionamiento conjuntos del sistema de armas LEOPARD, de 30 de septiembre de 1969, en la versión de 15 de mayo de 1998. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 139, de 22 de mayo de 2009. (Número de expediente 110/000090.)... (Página 54)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.)...
(Página 54)

Votación de conjunto ... (Página 56)

Enmiendas del Senado. (Votación.)... (Página 56)

Página 3


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria... (Página 5)

Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el límite de gasto no financiero del Estado para 2010 ... (Página 5)

La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), presenta el acuerdo que contiene el objetivo de estabilidad presupuestaria.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Montoro Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ridao i Martín y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Jorquera Caselas, las señoras Oramas González-Moro, Díez González y Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 22)

Real Decreto-ley 8/2009, de 12 de junio, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por importe total de 19.821,28 millones de euros, y se modifican determinados preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales ... (Página 22)

La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), expone las razones de la urgencia que han obligado a la promulgación del real decreto-ley.


Interviene el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno en contra interviene el señor Nadal Belda, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 32)

Proyecto de Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria ... (Página 32)

En defensa de las enmiendas mantenidas intervienen las señoras Barkos Berruezo y Díaz González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Robles Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.


Interviene el señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


Proyecto de Ley orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página 39)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ridao i Martín y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Montserrat Montserrat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.


Enmiendas del Senado ... (Página 47)

Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores; la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras ...
(Página 47)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones (procedente del Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero) ... (Página 49)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Ayllón Manso, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y López Águeda, del Grupo Parlamentario Socialista.


Declaraciones institucionales ... (Página 52)

Por el señor secretario (Barrero López), se procede a dar lectura de una declaración institucional de apoyo a la candidatura de la Torre de Hércules para declararla patrimonio de la humanidad.


Por el señor Presidente se procede a dar lectura de una declaración institucional ante los acontecimientos producidos en Irán tras la celebración de las elecciones.


Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación.) ...
(Página 53)

Sometido a votación el acuerdo del Gobierno por el que se fija el límite de gasto no financiero del Estado para el año 2010, se aprueba por 172 votos a favor, 159 en contra y 15 abstenciones.


Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación.) ...
(Página 53)

Sometido a votación el Real Decreto-ley 8/2009, de 12 de junio, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe de 19.821,28 millones de euros y se modifican determinados preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, se aprueba por 175 votos a favor, 158 en contra y 13 abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 160 votos a favor, 171 en contra y 15 abstenciones.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.)... (Página 53)

Actas y resoluciones de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), aprobadas en el XX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, en Montevideo el 14 de junio de 2007... (Página 53)

Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Israel sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático y técnico de misiones diplomáticas, hecho en Madrid el 31 de marzo de 2009 ... (Página 53)

Página 5


Acuerdo especial entre la Organización Europea de Patentes y el Gobierno del Reino de España relativo a la cooperación en cuestiones relacionadas con el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), hecho en Munich y Madrid los días 2 de julio y 18 de diciembre de 2008 ... (Página 53)

Acuerdo general de seguridad entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a la protección de la información clasificada intercambiada entre los dos países, hecho en Madrid el 26 de febrero de 2009 ... (Página 53)

Convenio entre el Reino de España y la República de Corea relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Seúl el 23 de marzo de 2009 ... (Página 53)

Suplemento del Convenio sobre el apoyo logístico y el perfeccionamiento conjuntos del sistema de armas LEOPARD, de 30 de septiembre de 1969, en la versión de 15 de mayo de 1998 ... (Página 54)

Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales relacionados, se aprueban por asentimiento.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 54)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, así como el texto del dictamen.


Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como el texto del dictamen.


Votación de conjunto ... (Página 56)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 341 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.


Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 56)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras.


Sometida a votación la enmienda del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones (procedente del Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero), se rechaza por 167 votos a favor y 179 en contra.


Se levanta la sesión a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


En la presente sesión está incluido, para su debate y aprobación, el dictamen del proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.
Esta ley requiere una votación final de conjunto, por su carácter de orgánica, y el Reglamento exige a la Presidencia que anuncie la hora antes de la cual no se producirá la votación. En cumplimiento del Reglamento, les anuncio que no se hará esa votación de conjunto antes de las 14 horas del día de hoy.


DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, SE FIJA EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL ESTADO PARA 2010.
(Número de expediente 430/000002.)

El señor PRESIDENTE: Examinamos el VII punto del orden del día, que se refiere al objetivo de estabilidad presupuestaria. Para la presentación del acuerdo que contiene el objetivo de estabilidad presupuestaria tiene la palabra, por parte del Gobierno, la señora vicepresidenta segunda del Gobierno.


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La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, comparezco hoy ante esta Cámara para presentar el objetivo de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no financiero del Estado para 2010, que fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 19 de junio. Como es de sobra conocido y a pesar del intenso impulso proporcionado por la política económica, la situación económica internacional continúa siendo muy difícil. En el primer trimestre de 2009 la recesión mundial se intensificó, alcanzando algunos indicadores cotas desconocidas en los últimos sesenta años. Sirva como ejemplo la contracción del PIB de la zona euro en un 4,8 por ciento interanual durante el primer trimestre del año. En las últimas semanas se están registrando algunas señales positivas, que recogen todos los analistas internacionales. En el sector financiero se aprecia cierta reducción de las primas de riesgo, lo que supone un primer paso hacia la normalización de los mercados. Por su parte, los mercados bursátiles han recuperado el terreno perdido a principios de año. Asimismo, los indicadores de confianza se han orientado al alza por las expectativas de que la recesión mundial se esté moderando. Aunque aún es pronto para sacar conclusiones, la enérgica respuesta de los gobiernos y de los bancos centrales parece estar comenzando a surtir efecto y el deterioro de la economía mundial podría estar tocando fondo, de modo que, de cara a los próximos meses, cabe esperar que continúe el declive de la actividad, pero a un ritmo que se irá moderando gradualmente.


En este contexto, la estrategia de política económica del Gobierno de España se asienta en dos líneas fundamentales. A corto plazo, hacer frente a la coyuntura económica desfavorable que estamos viviendo y, en un horizonte de medio plazo, ampliar la capacidad de crecimiento de nuestra economía y asegurar la sostenibilidad en términos fiscales y económicos. La estrategia a corto plazo se ha concretado en múltiples medidas que ustedes ya conocen, principalmente de carácter fiscal y financiero. Su objetivo ha sido y es contribuir a sostener la actividad económica y de esta manera frenar la destrucción de empleo. A ello se une el efecto de los estabilizadores automáticos. Las menores tasas de crecimiento suponen un deterioro del saldo presupuestario coherente con la situación económica en la que nos encontramos. Así, el déficit de la Administración Central del Estado para el año 2009 lo estimamos en un 8,1 por ciento, incluyendo en este porcentaje una estimación inicial del coste adicional del nuevo modelo de financiación, que, como saben, se está debatiendo.


En esta coyuntura, durante el año 2010, el Gobierno llevará a cabo una política de austeridad en la gestión del gasto público, con la excepción de las partidas de gasto social, especialmente necesarias en estos momentos, y de gasto productivo, para continuar así reorientando nuestro modelo de crecimiento. Las dificultades de corto plazo no nos deben desviar de la perspectiva a medio plazo y, en particular, de las políticas de impulso de la productividad. Para ello, en el año 2010, el Gobierno seguirá manteniendo los ejes de su política económica, reformas sectoriales y mejora del marco regulador, para facilitar la actividad empresarial, mejorar nuestra posición competitiva en los distintos mercados y ampliar el potencial productivo español; priorización del gasto productivo, particularmente en infraestructuras, en I+D+i y en educación, para incrementar nuestro capital humano, físico y tecnológico; énfasis en el gasto social, que tiene una dimensión anticíclica fundamental, en apoyo a los sectores más vulnerables a un entorno económico desfavorable. Todo ello, en un marco de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo.


Señorías, para la elaboración del objetivo de estabilidad presupuestaria y del techo de gasto para el ejercicio siguiente, el Gobierno debe partir necesariamente del entorno macroeconómico de la economía española. Como ya conocen, el 12 de junio presentamos el informe de posición cíclica de la economía española, que incluye un nuevo escenario macroeconómico, sobre el que me gustaría hacer aquí algunos comentarios. En España, desde el segundo semestre del pasado año, venimos sufriendo una contracción económica que se ha ido acelerando hasta los primeros meses de 2009.
Esperamos que en adelante el PIB comience a mostrar unas tasas intertrimestrales que, de manera gradual, irán siendo menos negativas, de tal manera que, para el conjunto del año, la economía española se contraería el 3,6 por ciento, algo menos que la media de los países de nuestro entorno. Esta fuerte caída de la actividad estaría protagonizada por la demanda nacional, que prevemos disminuya un 5,6 por ciento en el año 2009. El consumo público será el único elemento de la demanda nacional que muestre una evolución positiva. La demanda externa mantiene la tendencia positiva del año pasado, aumentando su contribución al crecimiento hasta el 2,4 por ciento del PIB, lo que compensa parcialmente el mal comportamiento de la demanda nacional y permite amortiguar la caída de la actividad económica. A medida que avance 2010, creemos que la evolución económica será cada vez más positiva, consolidándose los síntomas de reactivación económica. Sin embargo, el fuerte efecto arrastre de la caída en 2009 puede hacer que el PIB para el conjunto del próximo año sea todavía ligeramente negativo, en una tasa de un 0,3 por ciento. Paralelamente, la evolución del empleo comenzaría 2010 con tasas aún negativas, para ir mejorando de manera progresiva a lo largo del año.
El escenario económico que les acabo de presentar es el que marca el contexto en el que nos encontramos para elaborar el objetivo de estabilidad presupuestaria.


La situación actual de grave crisis por la que están atravesando las economías de nuestro entorno y, por supuesto, la española exige de las administraciones públicas la realización de un doble esfuerzo. Por un lado,

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se hace necesaria la adopción de políticas fiscales contracíclicas, que contribuyan, junto con los estabilizadores automáticos, a paliar las consecuencias de la crisis. Por otro, resulta igualmente necesario que se mantenga el nivel de prestación de los servicios públicos esenciales que conforman el Estado del bienestar. Esto ha llevado a un deterioro de los saldos presupuestarios de las administraciones públicas, tanto españolas como del resto del mundo desarrollado. En el caso de los países de la Unión Europea, los déficits extraordinarios en que se va a incurrir deben ser excepcionales y temporales y su corrección debe realizarse en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En España, al haberse abierto por parte del Consejo de la Unión Europea un procedimiento de déficit excesivo, el Gobierno remitirá a finales de octubre un informe en el que se reflejen las medidas efectivas encaminadas a dar cumplimiento a las exigencias de la Comisión de reducir el déficit al 3 por ciento en el año 2012. Además, informará sobre los progresos realizados en el marco de actualización del programa de Estabilidad. Esta situación no es ajena al resto de países de la Unión Europea, ya que se espera que en los próximos meses más de 20 de los 27 países estén sujetos a un procedimiento de déficit excesivo. En el marco de la legislación española, y de acuerdo con lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria, el Gobierno presentará un plan económico-financiero de reequilibrio del Estado que será remitido a esta Cámara. En el mismo materializaremos la estrategia a través de la cual conseguiremos que las cuentas públicas recorran la senda de la consolidación fiscal.


En consecuencia con lo que he expuesto, el objetivo de estabilidad que hoy presento en esta Cámara contempla una situación de déficit para el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Por el contrario, para la Seguridad Social se prevé superávit para el próximo trienio, aunque más moderado que en la pasada legislatura. El objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas en el año 2010 es de un déficit del 8,4 por ciento del PIB; en el año 2011, será del 5,2 por ciento y, en el año 2012, se reducirá hasta situarse en el 3,0 por ciento. A pesar de iniciarse -aunque débilmente- la recuperación económica, el año 2010 va a ser un año especialmente difícil. Durante 2011 y 2012, por el contrario, el crecimiento será más fuerte y sostenido. Ello nos permitirá situarnos en una senda clara de consolidación fiscal y reconducir el déficit público hasta el 3 por ciento en el año 2012, como nos exige la Comisión Europea.


El objetivo desagregado por administraciones públicas es el siguiente. La Administración central estima un déficit del 5,7 por ciento para el año 2010. Como no podía ser de otra manera, es el más significativo, ya que es desde el Estado desde donde se está haciendo mayor esfuerzo en la lucha contra la crisis económica. Este objetivo de estabilidad está marcado por tanto por dos elementos básicos. En primer lugar, las medidas de impulso fiscal que el Gobierno ha ido adoptando y, en segundo lugar, el funcionamiento de los estabilizadores automáticos, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos. En el año 2011, el déficit previsto en la Administración central se reduce hasta el 3,5 por ciento y, en el año 2012, se situará en el 2,0 por ciento. Para las comunidades autónomas, se establece un objetivo de déficit del 2,5 por ciento en el año 2010, de un 1,7 por ciento en 2011 y del 1,3 por ciento en el año 2012. Estos objetivos cuentan con el consenso de las comunidades autónomas y fueron informados por el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 17 de junio. Las entidades locales presentan cuatro décimas de déficit para 2010 y tres y dos décimas, respectivamente, para 2011 y 2012, objetivos que fueron informados por la Comisión Nacional de Administración Local, en su reunión de 18 de junio de 2009. Y, finalmente, la Seguridad Social es la única administración que, con un 0,2 por ciento del PIB, presenta superávit en el año 2010.
Este saldo presupuestario positivo se incrementará en 2011 hasta el 0,3 por ciento y en el año 2012 alcanzará medio punto de PIB.


Como saben, señorías, el acuerdo de Consejo de Ministros que fija el objetivo de estabilidad para el trienio 2010-2012 determina también el límite del gasto no financiero del Estado para el ejercicio 2010, una vez realizada la previsión de ingresos para este ejercicio. El próximo año, los ingresos totales del Estado, esto es después de la cesión a comunidades autónomas y entidades locales, registrarán un descenso del 14,2 por ciento sobre las cifras recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2009. Esta tasa de crecimiento se debe al deterioro de la coyuntura económica, en especial durante el presente año. Este agravamiento del entorno económico explica la importante reducción de los ingresos, en especial los tributarios, que se está produciendo en 2009, de tal manera que la recaudación final en este año va a registrar un importante descenso sobre las cifras previstas inicialmente. Para el próximo año 2010, aunque esperamos una leve mejoría en el comportamiento de los ingresos, la comparación entre las cifras del presupuesto para 2009 y las de 2010 nos da la reducción del 14,2 por ciento a la que he aludido antes. Respecto de las principales figuras impositivas, su comportamiento refleja también una importante reducción en el año 2009, que estimamos se verá atenuada en el año 2010.


En el impuesto sobre la renta de las personas físicas esperamos que la recaudación en 2010 se mantenga estable en torno a las cifras finales de 2009, ya que los mayores procesos de ajuste laboral se producirán en este año. En el impuesto sobre sociedades el próximo año seguiremos asistiendo a un descenso de la recaudación, pero a tasas inferiores a las del año 2009. El descenso de la recaudación por IVA en 2009 está siendo muy acusado por el impacto de la crisis y por la generalización de las devoluciones mensuales y los mayores aplazamientos y devoluciones que se están concediendo. Para el próximo año, la recaudación neta registrará tasas

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positivas, al consolidarse el efecto de las devoluciones mensuales y los aplazamientos a los contribuyentes. Y en los impuestos especiales, tras una leve caída de la recaudación en este año, esperamos para 2010 un comportamiento ligeramente positivo, debido particularmente a los recientes incrementos de los tipos del impuesto sobre hidrocarburos y del impuesto sobre las labores del tabaco y a una ligera recuperación en los consumos de muchos de los productos sujetos a estos impuestos especiales.


Teniendo en cuenta todo lo anterior, el límite del gasto no financiero para el ejercicio 2010, una vez realizados los ajustes para la equivalencia entre las magnitudes en contabilidad nacional y presupuestaria, asciende a 182.439 millones de euros. En principio, este límite de gasto supone un crecimiento del 15,5 por ciento respecto del aprobado en diciembre del año pasado por esta Cámara, pero esta comparación no es homogénea, puesto que a lo largo de 2009 hemos ido adoptando distintas medidas que han repercutido en el gasto de este ejercicio. Unas de ellas, obligadas, como el incremento en la dotación al servicio público de empleo, y otras de impulso fiscal discrecional, en el marco de las recomendaciones de la Comisión Europea, como ha sido el Fondo de Dinamización de la Economía y el Empleo y el Fondo Estatal de Inversión Local. Si se realiza el análisis en términos homogéneos, el gasto no financiero de 2010 desciende un 4,6 por ciento respecto al de 2009, puesto que el gasto de 2009, ajustado con las medidas adoptadas, se sitúa en 192.220 millones de euros. Creo que este comportamiento refleja el importante esfuerzo de austeridad que se va a realizar.


Para concluir, quiero solo decirles que, junto a la mejoría cíclica del déficit público, el Gobierno va a seguir aplicando una política fiscal exigente, orientada a consolidar la recuperación económica y la sostenibilidad presupuestaria en el medio plazo. El eje de esta política va a ser el refuerzo de la política de austeridad del gasto público, manteniendo las actuaciones prioritarias de gasto productivo y gasto social. Y, junto a ello, vamos a intensificar la lucha contra el fraude fiscal. La austeridad del gasto, que se va a extender a lo largo del periodo 2010-2012, va a ser clave en la política fiscal; nos va a permitir recuperar paulatinamente la senda del equilibrio presupuestario a medio plazo, al reconducir las finanzas públicas hacia una posición de saneamiento estructural que reforzará los efectos positivos derivados de un entorno de progresiva aceleración de la actividad económica.


Por todo ello, espero señorías que, con su voto, aprueben el objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2010-2012 que les he presentado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Para fijar la posición de los grupos parlamentarios, en primer lugar tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, don Cristóbal Montoro. Los tiempos establecidos para los grupos son de 15 minutos y, habida cuenta del tiempo que ha utilizado la señora vicepresidenta en su intervención, la Presidencia será estricta en el cumplimiento de los tiempos.


Muchas gracias.


El señor MONTORO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta económica del Gobierno, hace un año celebrábamos este trámite. Para la sociedad española, hoy vamos a aprobar o a rechazar el techo de gasto. Hay mucha gente en España que no entiende qué es esto del techo de gasto, que es el primer paso para la elaboración del presupuesto del Estado en España, la principal herramienta, el principal instrumento de política económica que tiene nuestro país, para superar la crisis en la que ya estamos inmersos. Hace un año, cuando yo mismo ocupaba esta tribuna, era otra persona la que ocupaba la vicepresidencia segunda del Gobierno en materia económica; hace un año, decíamos: El cielo está tan cargado que no le queda más remedio que descargar. La duda era si iba a descargar una tormenta veraniega o si se iba a desarrollar no ya en una tormenta tropical, sino en un auténtico ciclón, el peor ciclón, la peor crisis, la peor recesión económica que se ha producido en España, la peor destrucción de empleo que se ha vivido en la historia de España. Y ¿qué decía el Gobierno socialista el año pasado, cuando nos presentaba su pronóstico para este año y su proyecto de presupuestos para este año? Que habría crecimiento económico; decía, señorías, que habría crecimiento económico en nuestro país. Y hoy, la señora vicepresidenta, en un supuesto ataque de realismo al que ahora me referiré, nos dice que vamos a tener la mayor caída de actividad económica y el ajuste de empleo, como ella le llama. El ajuste de empleo. ¿Cuántos cientos de miles de empleos se van a perder este año, señora vicepresidenta? ¿Van a perder su puesto de trabajo 1.100.000 personas, 1.200.000 personas? Ese es el ajuste de empleo. Y todavía ocupa el Gobierno socialista esta tribuna para decir a los españoles: Nosotros ponemos el énfasis en los gastos sociales, en la protección social.


Pues bien, yo subo a esta tribuna para decirles que el Grupo Parlamentario Popular no se resigna ante esta recesión económica. Nosotros levantamos la bandera del empleo, nosotros levantamos la bandera de la bajada de los impuestos, nosotros creemos que otro presupuesto es factible y es posible. Porque, señorías, nosotros con lo que no nos vamos a conformar es con la ruina económica del país, con la ruina económica de España, que es lo que S.S., amparándose en la recesión económica mundial, ha subido aquí a leernos esta mañana, con voz tenue, en un nuevo estilo de política, diciendo que lo peor de la recesión ha pasado. (Rumores.) En todas partes, en todo el mundo, hay recesión económica, pero en ningún lugar del mundo desarrollado existe una destrucción de puestos de trabajo como la que se está produciendo

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en España; en ningún país de Europa. Y en ningún país de Europa, excepto algún pequeño país de la Unión Europea y de la zona euro, se ha producido el deterioro de las finanzas públicas, en definitiva, la quiebra de la caja del Estado, como el que el Gobierno socialista ha producido en España. Estos dos elementos son lo que hoy nos trae el Gobierno socialista en forma de techo de gasto. La caja del Estado realmente ya no tiene recursos donde echar mano. El Gobierno socialista sabe de esto latín, sabe usar los recursos de todos los españoles, para luego subir aquí diciendo: el Gobierno del Estado está con ustedes. El Gobierno de España ha tirado de la caja de todos los españoles y la ha dejado vacía, señora ministra. Eso es lo que significa el déficit público, que realmente da vértigo, el déficit público que usted nos trae hoy aquí en forma de techo de gasto. ¿Cuánto déficit público vamos a alcanzar este año? ¿Cuál va a ser el déficit público? Usted misma lo anunciaba en una rueda de prensa, 9,5 por ciento del producto interior bruto, para el conjunto de las administraciones públicas, casi un 10 por ciento.


Señora vicepresidenta, ya está usted en la historia de la Hacienda pública española, ya la ha llevado a la mayor ruina que ha vivido la Hacienda pública, lo cual no tiene mérito; solo tiene mérito para llevar poco más de tres meses en el cargo. Realmente ha agotado la caja del Estado y eso nos lleva a un incremento de deuda pública descomunal, fantástico, que significa, en definitiva, que el Estado, al emitir esos volúmenes de deuda pública, no deja recursos para que haya crédito para las familias, para que haya crédito para la pequeña y mediana empresa, para que haya crédito para los autónomos. Ese es el círculo vicioso en el que el Gobierno socialista nos ha instalado, ese es el círculo vicioso que nos ha implantado en España. Por eso tenemos la destrucción de puestos de trabajo que tiene nuestro país; no porque los españoles estemos, como dicen ellos, estructuralmente condenados a tener esas tasas de paro. No, no. España, señorías, que ha dado un ejemplo al mundo en términos de creación de empleo, hoy es el país del mundo desarrollado donde más paro se está generando mes tras mes, día tras día. Y ese es el anuncio que nos trae la señora vicepresidenta: habrá paro, mucho más paro en este año 2009, habrá paro el año que viene y acabará la legislatura, según el Gobierno, con el 17 por ciento de tasa de paro. Eso es lo que nos trae en su cuadro de estabilidad económica para el año 2012.


Señorías, ustedes ya han renunciado a esta legislatura, han tirado la toalla, en materia de política económica, y eso es lo que nos lleva, en definitiva, a que tengamos este deterioro de la caja de los españoles y nos lleva al escenario en el que el Gobierno socialista se coloca como pez en el agua, subiendo impuestos. Usted ha estrenado su cargo subiendo impuestos, lo ha estrenado subiendo los impuestos especiales para los españoles. Además, nos anuncia que sigue estudiando qué impuestos va a seguir subiendo en nuestro país, porque nuestro país está abocado a la subida de impuestos. Señorías, si España tiene el año que viene, como anuncia el Gobierno, una recesión económica de menos 0,3 por ciento del producto interior bruto y un deflactor del PIB muy bajo, negativo, como usted ha anunciado esta mañana, los ingresos públicos no van a aumentar el año próximo. Entonces ¿qué nos está diciendo el Gobierno? Que para los años 2011 y 2012, para alcanzar el 3 por ciento de déficit público, una de dos, o hunde usted el gasto público en los ejercicios 2011 y 2012 hasta unas profundidades realmente impensables o sube usted la carga fiscal, la presión tributaria de los españoles, entre 9 y 10 puntos. La cuenta no tiene vuelta de hoja, señoría. Este es el absurdo del cuadro económico que S.S. nos está trayendo esta mañana. Y todavía lo hace diciendo que es lo que nos exige la Unión Europea. ¡Claro que nos lo exige, señoría! ¿Pero usted cree que la Comisión Europea se puede creer un pronóstico como el que trae usted aquí esta mañana? Un Gobierno que no es capaz de traer a esta Cámara el proyecto de corrección de los déficits públicos, incumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque está usted incumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria vigente en nuestro país, y las leyes, señorías, están para cumplirlas; la Ley de Presupuestos y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece un máximo en el déficit público para el conjunto de las administraciones públicas, que usted incumple manifiestamente con el escenario de techo de gasto que nos trae hoy aquí.


En definitiva, señorías, lo que nos está trayendo es penuria, recesión económica, paro y subida de impuestos; segura subida de impuestos. Están ustedes señorías en su salsa. Están ustedes en la política presupuestaria que siempre han hecho. Están ustedes lejos de asumir sus responsabilidades, su parte de culpa en la generación de esta crisis destructora de puestos de trabajo como nunca antes habíamos tenido. Están ustedes donde la historia les coloca. Además comparen el último techo de gasto que trajo el Gobierno del Partido Popular a esta Cámara, siendo yo ministro de Hacienda del Gobierno de entonces, con el techo de gasto que trae hoy S.S. a esta Cámara. ¿Sabe lo que le dice la comparación de 2004 con 2010, aunque puede cerrarlo usted en 2008, que sería el último presupuesto liquidado? Que el incremento de gasto público en nuestro país que ha practicado el Gobierno socialista ha sido del 10 por ciento anual.
Eso es lo que ustedes han hecho. Por eso ahora, y no por esos efectos cíclicos como dice usted contracoyunturales, sino porque se han gastado las hijuelas, nos van a subir los impuestos; nos han empezado a subir los impuestos, y nos amenazan con seguir subiendo los impuestos; y además como cada vez, por efecto de la crisis, quedan menos ricos en este país, lo que hacen es que a las clases medias las están empezando a llamar ricos, y la amenaza real está para la clase media española con esta política de destrucción de bienestar, de retroceso del empleo y de subida de los impuestos.


¿Por qué no, en vez de quitarle a los españoles parte del dinero que ganan con su esfuerzo, gastan ustedes

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menos? ¿Por qué no hacen lo que hacen todos los españoles en una crisis, que es procurar gastar menos de lo que ingresan? ¿Por qué no hace lo mismo el Gobierno? ¿Por qué este Gobierno se empeña en gastar, gastar y gastar? ¿Por qué no nos trae un objetivo, un límite de techo de gasto que se corresponda con esta situación? Cuanto más gaste el Gobierno más van a subir los impuestos; más van a subir los impuestos a la gente que trabaja; más van a subir los impuestos a los autónomos; más van a subir los impuestos a las empresas, más paro vamos a tener, y en definitiva vamos a tener también más dificultades para el sector bancario en nuestro país. Señora vicepresidenta, ¿dónde está en este techo de gasto la consecuencia del incremento de deuda pública que el Gobierno está obligado a emitir, que será de cerca de 100.000 millones de euros, para atender, para reparar la crisis del sector bancario que hay en nuestro país? ¿Dónde está esa previsión? Realmente no está, otra vez, con lo cual estamos de nuevo en un planteamiento de falseamiento del techo de gasto que nos traen.


Ustedes, señorías, los socialistas están anclados en el pasado. Creen que el Estado debe decirle a la gente lo que debe hacer. Ustedes dicen quién es pobre y quién no lo es, y mientras tanto ustedes siguen malgastando, despilfarrando el dinero de todos los españoles. ¿Saben lo que quieren los españoles que haga el Gobierno? Que haga como ellos hacen: que gaste menos, que gaste con cabeza, que no les quite el dinero que es suyo con la excusa de dárselo a nadie, y que deje ya de hacer escenarios faltos de realismo. (El señor Delgado Arce: ¡Muy bien!) ¿Se ha parado a pensar en lo que siente un parado español cuando usted le ha subido los impuestos sobre carburantes y sobre tabaco? Yo ya sabía, señorías -y ustedes me lo confirmarán esta mañana-, que ser progresista en esta Cámara es saber arruinar a la gente. (Protestas.-Aplausos.) Ese es el progresismo del Gobierno socialista. Lo cierto es que ustedes están arruinando al país y lo están haciendo seguramente para sucesivas generaciones si no somos capaces de rectificar, de reorientar esta política económica. Por eso el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de este techo de gasto, y va a solicitar de los otros grupos de la Cámara que aprovechemos la oportunidad para rechazar una política presupuestaria que lo que está haciendo es llevarnos a la situación de ruina, de quiebra económica más grave de la historia de España. Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto a este real decreto que estamos debatiendo en el Congreso de los Diputados, y que hace referencia al techo de gasto para el año 2010 y al Plan de Estabilidad 2010-2012, es una posición altamente crítica con el balance que nos presenta el Gobierno. En primer lugar porque son unos datos, unas posiciones y unos planteamientos del Gobierno poco creíbles, porque no se presentan propuestas para poder reactivar la situación económica española y poder salir de esta situación con buenos resultados. En segundo lugar porque la experiencia hasta la fecha ha demostrado que en esta Cámara se han hecho muchos debates económicos, pero con poco rigor. A la vista de los resultados que hoy se plantean podemos llegar a la conclusión de que, después de todos los planteamientos y previsiones que se han hecho desde hace aproximadamente catorce o quince meses, los resultados son muy negativos. Por lo tanto, muchos debates y poco rigor en los resultados. En tercer lugar porque a lo largo de estos catorce meses de legislatura el resultado de la gestión del Gobierno frente la crisis económica ha sido de una pasividad tremenda, de una falta de reacción ante los problemas económicos que se estaban desarrollando en la sociedad española que ha dado como resultado un incremento de paro preocupante. En cuarto lugar porque la constante en estos meses de legislatura ha sido la tozudez del Gobierno en no reconocer una situación, que es cierto que finalmente la vicepresidenta ha reconocido hace aproximadamente quince días, y tozudez en no presentar un plan alternativo o un plan estratégico de legislatura para poder salir de esta situación.


Ante estos planteamientos que ha presentado el Gobierno tampoco sabemos, a fecha de hoy, cómo va a corregir el Gobierno la situación actual para buscar una estabilidad presupuestaria, con todos los razonamientos que le he hecho hasta la fecha, porque es cierto que el papel lo aguanta todo, pero después del papel hay que pasar a la acción, y hasta la fecha la acción ha sido totalmente nula. Tampoco conocemos la situación del déficit de la economía española en el año 2009 -usted ha adelantado que sería del 8,9 por ciento, pero es posible que esta cifra se supere- ni sabemos cómo van a llegar, desde la perspectiva financiera, las comunidades autónomas y las corporaciones locales a finales de este año.
Por tanto estamos ante unas previsiones de las que desconocemos cuáles van a ser las cifras definitivas del año 2009.


Hay otra cosa muy importante, señora vicepresidenta: tampoco sabemos si el Gobierno prevé un incremento impositivo para cumplir dicho techo de gasto para el año 2009. Conocemos las declaraciones que han hecho algunos miembros del Gobierno, pero no sabemos si este plan contempla un incremento de impuestos. De entrada, señora vicepresidenta, ya le adelantamos que Convergència i Unió va a estar radicalmente en contra de cualquier incremento sistemático de impuestos directos e indirectos que vaya en la dirección de gravar las rentas medias salariales españolas, repito, las rentas medidas salariales españolas, y tampoco va a estar de

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acuerdo con incrementos sistemáticos de impuestos que vayan en la dirección de subir los impuestos al tejido productivo español, integrado básicamente, como ustedes saben, por pequeñas y medianas empresas, por empresarios autónomos y por empresas en general. No vamos a apoyar, señora vicepresidenta, políticas indiscriminadas de incremento de impuestos.


Respecto a algunas cuestiones planteadas desde la perspectiva económica y desde la situación actual, hay una fundamental a la que me he referido al inicio de mi intervención y que vamos a trasladar al Gobierno. ¿Cómo piensan reconducir esta situación? Algún grupo parlamentario de esta Cámara ya ha mostrado su decisivo apoyo a un alza generalizada de impuestos, de todos los impuestos, y cuanto mayor sea el alza tanto mejor. Esta no es la posición de Convergència i Unió. Ya le he dicho que vamos a estar radicalmente en contra de todos aquellos incrementos de impuestos que vayan a gravar las rentas salariales medias y el tejido productivo español.


Por otra parte, señora vicepresidenta, hay algunos aspectos que hacen referencia a los ingresos y que son importantes. La caída de ingresos y el incremento de gastos que registra la economía española están vinculados única y exclusivamente a la destrucción de empleo y a la destrucción de las empresas. Cada nuevo parado, señora vicepresidenta, es un nuevo sujeto pasivo que deja de tributar por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y que reduce su tributación fiscal vinculada al consumo y a otros impuestos como el IVA o los impuestos especiales, y a la vez incrementa el gasto público a través de prestaciones por desempleo y ayudas sociales. Lo mismo pasa en el caso de las empresas. Por tanto la situación del paro y la caída de la demanda y de la actividad económica no se va a reconducir incrementando los impuestos, y por ello, repito, vamos a estar radicalmente en contra.


En cuanto a las cuestiones que hacen referencia al gasto también quiero hacer algunas consideraciones. Resulta evidente que entramos en un periodo dual de austeridad y de reducción del gasto propio del funcionamiento de la Administración General del Estado, y a su vez de aquel gasto vinculado a las políticas anticrisis, es decir, de inversión y prestaciones sociales. Nos gustaría saber, en este marco de estabilidad presupuestaria, cuáles van a ser las líneas de austeridad y de estímulo que va a llevar a cabo el Gobierno, teniendo en cuenta, señora vicepresidenta, que hasta el momento el Gobierno ha adoptado dos decisiones de austeridad presupuestaria, una primera por un importe de 1.500 millones de euros, y una segunda por un importe de 1.000 millones de euros; de los primeros 1.500 millones de euros de reducción del gasto para el año 2009, solo 27 millones de euros, menos del 2 por ciento, corresponden a gasto corriente, capítulo II, y el resto corresponden a inversión, a transferencias de capital o a créditos destinados a I+D+i.
¿Es esta la austeridad que podemos esperar del Gobierno, señora vicepresidenta? Usted ha sido ministra de Administraciones Públicas, ¿no cree que hay un margen notable de ahorro y de mejora de la eficiencia en el funcionamiento de la Administración Pública? Hasta la fecha los datos no demuestran que el Gobierno vaya en esa dirección.


Respecto a las consideraciones sobre la situación económica actual partimos de la base de que usted ha hecho un buen ejercicio planteando el diagnóstico real de la economía española, pero no es menos cierto que -como venimos repitiendo reiteradamente desde Convergència i Unió desde hace aproximadamente quince meses- es totalmente necesario adoptar una serie de medidas dirigidas a poner en marcha un plan anticrisis para corregir la situación actual. Mi grupo parlamentario piensa que si no se acometen las medidas necesarias para afrontar esta situación va a ser muy difícil cumplir con los planteamientos que usted ha expuesto en el debate de hoy. Entendemos que es necesario hacer una reforma laboral, una revisión del modelo energético, una reforma en profundidad del sistema financiero que facilite liquidez a las empresas; en poco tiempo las cifras del nuevo cuadro macroeconómico se desbordarán y las tasas de paro fijadas en un 17,9 por ciento para 2009 y en el 18,9 por ciento para 2010 quedarán en papel mojado, y será muy difícil que se produzca una recuperación de la economía en el año 2011, como prevé el Gobierno. Por ahora nada nos garantiza que la salida de la recesión se vaya a producir en los plazos que prevé el Gobierno, y esto solo puede generar desconfianza. No vemos nada de todo esto; todo lo contrario, únicamente se habla de incremento de impuestos, sin explicar a los ciudadanos el porqué. En este sentido el límite de gasto previsto por el Gobierno contempla un incremento de impuestos que desconocemos, pero usted ya conoce la posición de Convergència i Unió.


Desde nuestra perspectiva, ¿cuáles son algunas de las actuaciones que tendría que abordar inmediatamente el Gobierno? En primer lugar, señora vicepresidenta, tendría que tener -diría- la valentía y el coraje político de presentar ante esta Cámara un plan económico y social de legislatura, destinado a afrontar la quiebra de la actividad y la destrucción de empleo. Esto lo venimos reclamando desde hace muchísimos meses, incluso hay una moción, aprobada por unanimidad de los grupos que componen esta Cámara, que iba en esta dirección; el Gobierno no la ha presentado. Por descontado, elevar la eficiencia de la Administración pública, plantear una política energética a medio y largo plazo, profundizar en el diálogo social para reformar el mercado de trabajo, avanzar en la liberalización y el aumento de la competencia, mejorar la eficiencia de la inversión pública, fomentar la internacionalización de nuestra economía, y otorgar un apoyo sostenido a la I+D+i. En definitiva, señora vicepresidenta, señorías, hay que afrontar la recesión con reformas profundas de carácter estructural, y orientadas básicamente a mejorar la productividad, ya que es imprescindible para volver a la senda del crecimiento. Estamos ante un cambio de ciclo brusco y corresponde al Gobierno liderar las políticas para hacerle frente; es decir, de entrada necesitamos un cambio

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radical en la actitud del Gobierno para plantear una nueva política económica española. Si ustedes hacen caso a estas recomendaciones -ya se las planteamos, justamente en la misma dirección, hace un año aproximadamente- probablemente podremos salir de la actual situación económica con resultados positivos.


Yendo ya directamente a analizar algunos de los aspectos relevantes que hacen referencia al Plan de Estabilidad 2010-2012, me gustaría exponerle algunas dudas que tenemos. En cuanto a la Seguridad Social es cierto que ustedes plantean una serie de superávits para los años 2010, 2011 y 2012 que ojalá se puedan cumplir. Pero también han de tener en cuenta que todas las previsiones que han realizado hasta la fecha, sobre la posibilidad de que exista realmente una caída del paro en España en este último año, han fracasado estrepitosamente y nos podríamos encontrar con la disyuntiva de que en los próximos años el paro continuara incrementándose, con lo cual los superávits previstos en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las cuentas de la Seguridad Social no se cumplirían. Por tanto mostramos también nuestro interrogante respecto a estos datos de superávit planteados para la Seguridad Social.


Hay dos cuestiones importantísimas desde nuestro punto de vista, que son las referidas al cuadro macroeconómico para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales. Aquí sí que hay un aspecto importantísimo al que nosotros queremos hacer referencia sobre las comunidades autónomas. No sabemos cuál es el esfuerzo y el sacrificio que están soportando las comunidades autónomas y las corporaciones locales hasta la fecha. No sabemos cuáles van a ser los déficits estructurales que van tener a finales del año 2009. Y tampoco sabemos si los planteamientos que ustedes hacen de déficit para los años subsiguientes van a poderlo resistir, porque no sabemos de dónde van a partir a finales del año 2009.
Hay otro aspecto relevante, importantísimo desde nuestra posición política, que es el que hace referencia a la financiación de las comunidades autónomas. Creemos sinceramente que las comunidades autónomas necesitan la financiación suficiente que está marcada por las diferentes leyes y los estatutos de autonomía aprobados en esta Cámara, y aquí sí que vamos a exigir al Gobierno igualmente el cumplimiento justo de lo aprobado en el nuevo sistema de financiación para el Estatuto de Cataluña. Ustedes hasta la fecha lo han ido incumpliendo reiteradamente, pero ya le adelanto que...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre. Debe acabar.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: ... en función de los resultados vamos a ser implacables en nuestros objetivos para conseguir que realmente la ley se pueda cumplir. Por tanto quiero manifestar a todas sus señorías que no vamos a dar el voto favorable al Plan de Estabilidad presentado por el Gobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muy amable. Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, señora vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, cumpliendo con el ritual y en plazo, como manda la ley, dentro del primer semestre del año, nos enfrentamos al debate sobre el acuerdo por el que se establecen las sendas de déficit para el conjunto de la Administración pública, así como el límite de gasto no financiero de la Administración del Estado para el próximo año. Un debate que habitualmente calificamos de debate a ciegas, porque apenas disponemos de información, tan solo la información macroeconómica, pero que es obligado realizar. El Gobierno necesita obtener el apoyo de la mayoría en el Congreso de los Diputados y en el Senado para poder continuar con el proceso de elaboración presupuestaria. En este sentido es un debate importante en el que cada grupo parlamentario puede descubrir parte de los argumentos y de la posición que mantendrá a la hora del debate presupuestario, este sí con una información más amplia. En este momento contamos con un escenario macroeconómico y unos compromisos voluntaristas, yo diría que poco consistentes con el escenario en materia de déficit público. Además el Gobierno fija en 182.439 millones de euros el gasto no financiero máximo para el próximo ejercicio.


Nuestro grupo parlamentario va a utilizar este debate para poner sobre la mesa algunas de las cuestiones económicas que más nos preocupan en este momento, y desgraciadamente no son desconocidas, porque de una manera o de otra, en un debate o en otro, ya hemos manifestado nuestras posiciones. En primer lugar, y para que no haya equívocos, deseo manifestar que mi grupo parlamentario, el Grupo Vasco, apuesta por la estabilidad económica. Creemos firmemente que eliminar los desequilibrios macroeconómicos y sanear las cuentas públicas es un objetivo absolutamente prioritario, además de una exigencia comunitaria. En esto podemos estar casi todos de acuerdo con el Gobierno, lo que no entendemos es que, partiendo de este objetivo, el Gobierno no plantee nada. No vale con querer la estabilidad macroeconómica, la salida de la crisis y el saneamiento de las cuentas públicas; hay que tomar decisiones. Y es ahí, en materia presupuestaria, en materia laboral, en materia tributaria, en materia energética, en materia de reforma de la Administración, donde existen discrepancias profundas, porque este Gobierno nada propone. No sé si le faltan ideas, lo que es evidente es que le falta cohesión interna, capacidad de decisión, y sobre todo liderazgo. El Gobierno no tiene el liderazgo que la situación económica requiere. Decía que lo único de que disponemos para debatir, amén de la senda de déficit y de la cifra de gasto no financiero, es el cuadro macroeconómico, que plantea una reducción del producto interior bruto del 3,6

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por ciento para este año, y del 0,3 por ciento para el año siguiente, como usted nos ha dicho, señora vicepresidenta, y que sitúa la tasa de paro en el 18 por ciento este año, y en el 19 el siguiente, con bastantes más de 4 millones de parados. Son datos realmente preocupantes que muestran a las claras la intensidad de la crisis económica española. Pues bien, como usted sabe, ayer mismo la OCDE ensombrecía este panorama con una revisión profunda a la baja de los números. La OCDE sitúa la caída del PIB no en el 3,6 por ciento, como el Gobierno, sino en el 4,2, y no en el 0,3 para el año que viene, sino en el 0,9; y además sitúa la tasa de paro, ya para este año, próxima al 20 por ciento, cifra que superará ampliamente el año que viene.


Ante esta revisión de la realidad económica, que yo creo que no es puntual, ¿qué piensa hacer usted, señora vicepresidenta? Lo lógico es que se replantee el cuadro macroeconómico y todo lo que conlleva -el déficit; los ingresos y los gastos-, y que revise sus cifras antes de presentar el proyecto de presupuestos para el próximo año, porque -insisto- las diferencias no son de matiz, sino de fondo. No sé si llegaremos a los 5 millones de parados el año que viene, espero que no, pero para ello el Gobierno tiene que actuar. ¿Y dónde ha de actuar? En primer lugar a través del presupuesto, estableciendo prioridades, primando unas políticas que nos saquen de la crisis, como las inversiones productivas, I+D, etcétera -lo que usted bien sabe, al menos en su discurso-, y reordenando y suprimiendo aquellas políticas y gastos más ineficientes, sobre todo aquellos -insisto- que no le competen. Un camino por el que avanzar es el que marcan las iniciativas aprobadas ya en esta Cámara. La propuesta de resolución del Grupo Vasco que planteaba la reorganización administrativa y la supresión de al menos un ministerio es una de ella, y otra la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que planteaba, entre otras cosas, la supresión de los ministerios de Vivienda, Cultura e Igualdad. Este es un camino que ustedes se niegan a seguir, el de la reforma del gasto público, el de evitar las duplicidades y solapamientos competenciales, el de buscar la eficiencia económica y la eficacia, hacer más con menos, y por eso lo tienen que hacer las administraciones mejor situadas. Deben actuar las administraciones que son competentes para ello. ¿Cree usted sinceramente que se puede desarrollar una política industrial o una política de vivienda, una política de formación desde Madrid sin conocer la realidad de las comunidades en las que ha de actuar? Nuestro grupo no lo cree, señora vicepresidenta. No espere a que se recupere la situación económica para seguir encubriendo las actuales ineficiencias y para seguir incumpliendo los estatutos de autonomía. El comportamiento eficiente es exigible no solo a las empresas que en esta situación practicarían un ERE, es exigible también a las administraciones públicas que tendrán que hacer, entre comillas, su ERE particular.


Se refiere también en el documento al cambio de modelo productivo. Da la sensación de que el Gobierno con decir que quiere cambiar el modelo productivo, con desearlo, lo va a conseguir. Un modelo productivo, señora vicepresidenta, no se cambia de la noche a la mañana. Un cambio del modelo productivo no se improvisa. Un cambio de modelo productivo basado en la formación, en la educación, en la innovación, y en definitiva en mayor valor añadido, requiere decisión, requiere tiempo, requiere recursos económicos, y también requiere actuaciones eficientes desde las administraciones cercanas y competentes. Pero ustedes no están dispuestos a ello, por tanto no digan que van a propiciar un cambio de modelo productivo. Cuando ustedes hablan del nuevo modelo productivo lo utilizan como un mantra, pero no nos dicen cómo hay que cambiarlo. Nosotros, humildemente, le proponemos que utilizar modelos territoriales de innovación puede ser una buena idea. Tomen en consideración esta idea que, sinceramente, creemos que es buena.


No voy a hablar aquí ni de reforma laboral ni de mix energético, cuestiones que también han de ser abordadas para salir de la crisis y sobre todo para que seamos más fuertes una vez que hayamos salido de la crisis económica. Lo que sí le sugeriría, señora vicepresidenta, es que en el marco del presupuesto aborden de verdad la reforma del sistema tributario. Es increíble, a la par que ridículo, lo ocurrido el pasado martes con la moción presentada por el diputado don Joan Herrera. Ustedes acuerdan con él una serie de reformas tributarias -no sé si de profundo calado, pero sí de gran carácter simbólico- y horas después se echan para atrás renunciando a dichas reformas. Esta desde luego no es la manera.
Diseñar e implementar un modelo tributario que con un determinado nivel de déficit público permita financiar las partidas de gasto del Gobierno es lo coherente y es el planteamiento que el Gobierno debe realizar. Es lo que usted, señora vicepresidenta, debe realizar. Para reformar a fondo el modelo tributario es preciso o al menos deseable contar con el consenso de la mayoría de los grupos de esta Cámara. Los impuestos no son algo que se deba cambiar cada dos por tres, y cuando se cambian es preferible que existan amplios consensos.


En relación con la senda de déficit que el acuerdo nos propone cabe señalar, amén de su más que dudosa factibilidad del 8,4 por ciento del PIB el próximo año, que su reparto no corresponde a la distribución competencial ni al nivel de gasto de los diferentes niveles institucionales. La Administración del Estado se queda con la parte ancha del embudo, el 5,7 por ciento, mientras que la estrecha es para las comunidades autónomas, el 2,5 por ciento, y para las entidades locales el 0,4 por ciento. Desde luego, algo no cuadra. Si las políticas sociales, aquellas que usted dice que son prioritarias y a las que nunca se debe renunciar, van a ser prioritarias y estas están en gran parte en manos de las comunidades autónomas, ¿por qué se les pide a las comunidades autónomas un esfuerzo que la Administración central no está

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dispuesta a realizar? Estoy de acuerdo con que todas las administraciones han de apretarse el cinturón y hacer un esfuerzo de ajuste y contención de gastos, pero es que ustedes aprietan el cinturón a los demás y en el suyo se hacen algún agujero más para ir más holgados. Insisto, la coordinación y la racionalización solo son posibles desde el respeto competencial y desde la búsqueda de la eficiencia y de la eficacia.


En cuanto al límite del gasto no financiero para el año que viene y que se fija en 182.439 millones de euros -un 15,6 por ciento superior al del año anterior-, cabe decir que no sabemos si es mucho o es poco, depende de lo que se quiera hacer, depende de los compromisos y prioridades y de lo que el Gobierno quiera plantear. La cifra en sí nos desvela simplemente que el gasto que plantea como no financiero para el año siguiente es un 15 por ciento superior al del año pasado. Usted hoy ha hablado del 5 por ciento, al igual que el secretario de Estado en la Comisión de Economía de anteayer hizo un esfuerzo para explicarnos que en términos homogéneos es un 5 por ciento. Usted puede decirnos lo que quiera, pero términos homogéneos son términos homogéneos, y términos homogéneos son presupuestos iniciales comparados con presupuestos iniciales y no presupuestos iniciales del año 2010 comparados con previsiones de liquidación del año 2009, porque eso es tanto como suponer que este año sí ha habido desviaciones pero el año que viene no va a haber ninguna desviación. Lo contrario no serían términos homogéneos. Al margen de esto, lo que no hay que hacer con estas cifras es ocultar la realidad. No ocultemos que la crisis tiene estas cosas. Evidentemente hay más déficit porque han caído mucho los ingresos, como usted nos ha dicho hoy y también el secretario de Estado anteayer con mucho más detalle. Han caído enormemente y también han aumentado muchos de los gastos que están vinculados a los propios estabilizadores automáticos. No hay que ocultar esta realidad y hay que tomar decisiones. Si consigue la mayoría de esta Cámara para aprobar el acuerdo -y he de anunciarle que no contará en este momento con nuestro apoyo, lo que creo que no la sorprenderá tras el análisis que he realizado y dada la actual coyuntura política-, nuestro grupo espera que traiga a esta Cámara unos presupuestos en los que incluya los elementos a los que me he referido. De esa manera tendremos la posibilidad de analizarlos, de debatirlos y quién sabe si de algo más.


Para concluir, quisiera referirme a una cuestión que a usted, señora vicepresidenta, quizá le parece menor pero que para mi grupo es realmente importante. La Ley del Concierto Económico y las leyes de estabilidad presupuestaria establecen que con carácter previo a que venga el acuerdo que estamos debatiendo hoy a esta Cámara, la senda del déficit público de las administraciones autonómica en Euskadi y la foral se tiene que establecer en el seno de la Comisión mixta del concierto. Este acuerdo no figura en el documento que nos ha enviado el Gobierno. Aparece el documento del Consejo de Política Fiscal y Financiera y el de la Comisión Nacional de la Administración Local pero no el de la Comisión mixta del concierto. Además de no figurar, lo que más me preocupa es que ni se menciona, es decir, se ignora completamente, y como se ha dicho también aquí, las leyes -y estas para nosotros son importantes-, señora vicepresidenta, son para cumplirlas. He de interpretar que al no existir el certificado de la Comisión mixta del concierto, la senda de déficit de las comunidades autónomas y entidades locales que aparecen en el acuerdo no implica ni compromete al Gobierno vasco ni a las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Sabe usted, señora vicepresidenta, que en el Grupo Vasco somos muy celosos del respeto competencial, del respeto a las reglas de juego y del respeto a nuestro marco normativo, y esta, que es muy importante en este momento, en este acuerdo, no se incluye y se ha incumplido manifiestamente. Desde el Grupo Vasco esperamos que este incumplimiento legal se subsane lo antes posible en el proceso de debate de este acuerdo antes de que se tramite en el Senado o vuelva a esta Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en primer lugar tiene la palabra don Joan Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, bajo un sutil disfraz de lo que el Gobierno ha venido a llamar una actualización del cuadro macroeconómico que nos presentó el pasado mes de enero y que se justifica sobre la base de un empeoramiento notable de los datos económicos del primer trimestre, hoy nos traen a esta Cámara a debate un techo de gasto que en nuestra opinión no enmascara lo que es un fracaso clamoroso en la gestión económica por parte del Gobierno. No es que ustedes, señora ministra, corrijan el tiro -que también-, sino que ustedes han acabado admitiendo de forma cifrada y contable con este techo de gasto la crudeza de una crisis económica que no hace mucho minimizaban e incluso soslayaban de forma que ahora los únicos brotes verdes que podemos vislumbrar en el horizonte es en forma de una subida de impuestos. No digo que ustedes lo tengan fácil. Debo reconocer que estamos ante la peor crisis, la peor recesión desde los años treinta. Lo que le vengo a decir es que ustedes han hecho una pésima gestión económica, a salto de mata, con imprevisión y con improvisación. Cuando la crisis era un hecho indiscutible para medio mundo, ustedes todavía nos prometían pleno empleo y mejores tasas de paro que el Partido Popular. Adquirían una lista larguísima de compromisos de gasto -por cierto, no todo él necesario- y luego, con el descenso pronunciado de los ingresos, nos han traído un cóctel explosivo ante el que

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ustedes no saben exactamente qué hacer. Le pongo un ejemplo de esa desorientación.


Ahora los automovilistas y los fumadores van a pagar más para dárselo a los parados, y perdone la simplificación y este silogismo tan elemental.
Es verdad que ustedes van a tapar algún agujero de tesorería, pero qué paradoja, porque mientras por un lado ustedes ayudan -y está bien- directamente al sector del automóvil, por otro gravan la gasolina. Es decir, ustedes están neutralizando y están esterilizando quizá la única medida positiva que ha adoptado el Gobierno en los últimos tiempos. La pregunta exacta, señora ministra, es en qué quedamos. Lo digo porque la mayoría de las respuestas políticas ante la crisis de este Gobierno han sido como mínimo mediocres. Quizá podíamos citar la excepción que ha hecho la Unión Europea -y la felicito- de lo que significó el Plan de Inversión Local, que usted lideró y que ha supuesto la creación de 25.000 puestos de trabajo, aunque sean estacionarios, pero 25.000 puestos de trabajo que no van a taponar la sangría que supone el desplome de sectores económicos como la construcción o el despido de trabajadores temporales.


A riesgo de hacernos pesados, señora ministra, no voy a insistir porque lo hemos dicho repetidamente, la situación pasa por crear empleo con valor añadido y por tanto por un cambio en profundidad en el patrón de crecimiento económico, en el modelo productivo. Solo se reforma reformando y perdone la anáfora o cacofonía, pero no se reforma cambiando ministros. Las reformas, señora ministra, son siempre dolorosas, pero van a evitar de cara al futuro no ya el dolor sino incluso el drama. Piensen ustedes en el horizonte más largo y piensen en las pensiones, porque nos tememos mucho, señora ministra, que con el pretexto del acuerdo social que nunca llega y que no acabamos de alcanzar, ustedes quieran salir de esta crisis sin operar reformas, sin pactos de Estado, sin nada de nada a pesar de los mandatos insistentes de esta Cámara. Ustedes se aplican como los felinos con aquel principio de mínima energía. Pero si ustedes quieren volver a crecer más adelante con el mismo modelo productivo, vamos a estar nuevamente ante un espejismo. Si ustedes quieren crecer con baja productividad, con bajos salarios, con un paro estructural, créame, señora ministra, que hay mejores modelos de crecimiento económico, sin olvidar que a corto plazo, señora ministra, hay que reactivar el consumo y la exportación, cosa que hoy por hoy evidentemente no funciona porque los datos son malísimos. Veremos el efecto que tiene el apuntalamiento de las ayudas al sector de la automoción; pero el famoso cheque de 400 euros -que por cierto ya critica hasta la propia Unión Europea- ha tenido un nulo efecto contracíclico. La prueba es que la tasa de ahorro continúa subiendo y el comportamiento del sector exterior no compensa la mala evolución de la demanda interna y del consumo.


Señora ministra, vamos a votar en contra de este techo de gasto puesto que nuestro Grupo Parlamentario, Esquerra Republicana, no hace habitualmente actos de fe. Además estamos ante el debate de presupuestos. Este techo de gasto es la antesala de un debate presupuestario, pero también le digo que vamos a apoyar el crédito extraordinario para hacer frente al incremento de la protección social, a la subida de algunos impuestos como los especiales, algo, señora ministra, que no es de derechas ni de izquierdas, es de cajón, es de sentido común, porque si hay más gasto porque hay más parados, si se ingresa menos porque hay mucha crisis, evidentemente hay que arañar algunos recursos, aunque me temo que va a ser, señora ministra, calderilla. Además el ministro Sebastián, por si había alguna duda, nos lo aclaró todo: suben los impuestos por nuestra salud y también por el medio ambiente.


Seriamente, señora ministra, aquí lo que enerva y molesta a mucha gente, sobre todo a las clases populares y a las clases medias, no es pagar algo más de impuestos, por ejemplo en la gasolina o en el tabaco, sino la falta de equidad, es decir, que en este contexto de crisis económica no paguen mucho más aquellos que tienen también mucho más. Por eso, señora ministra, ustedes prefieren hoy la abstención de Convergència i Unió, que suerte que ha dicho que iban a ser implacables. Ese voto de abstención de Convergència i Unió es inexplicable como mínimo desde una perspectiva catalana con la vista puesta en la futura financiación autonómica. Y lo van a hacer en lugar de hacer una reforma fiscal progresista, en lugar de buscar el apoyo del conjunto de la izquierda de esta Cámara, pero también de todos los catalanes presentes en este hemiciclo. Su giro fiscal, digamos que interruptus a la izquierda, ha sido un simple amago, una finta que ha durado seis horas. Ustedes, como otras veces, han puesto el intermitente a la izquierda para acabar girando a la derecha.
Convergència i Unió deberá explicar su abstención a un techo de gasto que es la antesala del debate presupuestario que limita también la financiación autonómica, porque ustedes consignan solamente 9.000 millones de euros para este concepto. ¡Qué triste paradoja que el otro día el señor Mas pedía 5.000 millones de euros dejando de lado la sensatez y el rigor, negándose a cerrar filas con el Gobierno de Cataluña, y por otro lado hoy el señor Duran i Lleida le salva los muebles al PSOE y evidentemente también al PSC! La cuadratura del círculo. Y luego nos quejamos, señora ministra. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Por tanto nuestro no a este techo de gasto se basa en la desconfianza y es un no también a la mala previsión económica y a su pésima gestión. En segundo lugar, y con esto acabo, nuestro no es un no al hecho de que en plena crisis, con una previsión de disminución del PIB para este año del 3,6 por ciento, lo que prefigura una tasa todavía muy negativa para el año 2010, y en plena negociación de la financiación autonómica, resulta que ustedes nos imponen un esfuerzo brutal de contención del gasto sin precedentes: el gasto no financiero va a disminuir un 4,5 por ciento.
Usted me va a decir que no hay margen y yo le voy a decir que sí hay margen. Le

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voy a decir que hay margen porque ustedes están preocupados por cómo van a financiar la deuda, están preocupados por quedar mal con el señor Almunia y con el señor Trichet. Ustedes están con la mirada puesta en el objetivo a medio plazo del 3 por ciento para 2012. Pero sí hay margen y lo dijo ayer el propio presidente del Gobierno cuando recordaba...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): He parado el tiempo, no estamos gastando tiempo. Le quiero advertir del tiempo que queda.


El señor RIDAO I MARTÍN: ... que nuestra ratio de deuda es 20 puntos inferior a la media de la Unión Europea. Con solo un punto porcentual más de déficit -pasando del 5,7 al 6,7- ustedes tendrían algo más 10.000 millones de euros. Ustedes, por tanto, quieren generar confianza de forma ficticia, no realista, metida con calzador, y todo no puede ser, señora ministra, todo no puede ser. Como decía aquel torero, El Gallo, lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Así pues, evidentemente, nosotros no vamos a dar apoyo a este techo de gasto.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.


Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, hoy nos presentan un techo de gasto que lo que dice es que en 2010 las cosas van a ir mejor, pero el problema está en que nos plantean un techo de gasto con menos margen que el año pasado, y es que las cifras cantan, 192.000 millones en 2009 y 183.000 millones en 2010.
Hoy todas las políticas progresistas dicen que para salir de la crisis necesitamos más políticas públicas, más políticas sociales, más políticas anticíclicas, más recetas neokeynesianas y la pregunta es si esto responde a lo que hacen y dicen gobernantes de izquierdas. Nosotros creemos que no. De hecho ustedes nos traen un techo de gasto que es inferior al de 2009 y eso es, yo creo, una muy mala noticia.


Es cierto que si nos quedamos sin hacer nada la caída de ingresos es inevitable, pero se trata no de hacer que las cosas continúen como si no tuviésemos margen, como si esto fuese una maldición bíblica, sino de hacer precisamente lo imprescindible para tener margen para las políticas públicas, las políticas sociales y las políticas anticíclicas que nos permitan salir del atolladero, porque si no no estaremos en un escenario de decrecimiento del 0,3. Continuaremos en una situación tan mala o semejante a la que hemos tenido en los últimos años.


La conclusión es que el techo de gasto que usted nos plantea es el único posible si continuamos al tran-tran, si continuamos presumiendo de que hemos reducido 30.000 millones de euros, si se considera que es positivo que la presión fiscal en España sea igual a la de las repúblicas bálticas. Si todo continúa igual, el techo de gasto que ustedes nos plantean, es cierto, es el único positivo, pero con los dogmas de esas políticas antiguas continuistas, de esas políticas antiguas que defendía por ejemplo el señor Sánchez i Llibre, nos quedamos inermes, sin capacidad de maniobra. Con un techo de gasto que no se modifica, con una política económica continuista, fruto de esas políticas económicas pactadas con Convergència i Unió, sin solventar el tema de la financiación, nosotros le dijimos: No tenemos margen para dar el sí.
Teníamos margen para movernos a la abstención, a partir de un compromiso para reorientar las políticas fiscales, y esa es la enmienda que ustedes presentaron, con ese compromiso, a sabiendas de que nosotros no íbamos a votar que sí, sabiendo -porque se lo habíamos dicho de todas las maneras- que eso suponía una abstención, pero como usted bien sabe, no hay peor sordo que el que no quiere oír ni peor nave ni peor barco que el que no tiene rumbo, y ustedes presentaron una enmienda que retiraron al cabo de seis horas.


Esa moción comprometía a un cambio en la política fiscal, no suponía un cambio en el techo de gasto. Conseguíamos un giro en esa mala política fiscal que para nosotros ha sido lo peor del Gobierno Zapatero y recuperábamos o teníamos un horizonte para recuperar el margen perdido, y finalmente lo que pasó es que no se consiguió y no se consiguió o porque no lo iban a cumplir o porque Convergència condicionó su voto o porque no se lo creían o simplemente porque la trascendencia mediática había ido más allá de lo que ustedes esperaban. Nosotros cumplíamos con lo que habíamos dicho, pero finalmente no se consiguió. Pese a ello, tengo que reconocerle que hemos conseguido algo y es un cambio sustancial. Hemos puesto de manifiesto no solo lo inequitativa y lo poco útil que ha sido su política fiscal, sino también la insostenibilidad financiera si se lleva a cabo una política fiscal continuista. Solo poner esto de manifiesto es un éxito, porque nosotros hacía mucho tiempo que lo decíamos, pero es la primera vez que aflora en el debate público que su política fiscal no nos lleva a ningún lado. Antes clamábamos en el desierto y hoy no se aguanta ya decir que vamos a continuar con la presión fiscal más baja de Europa, que vamos a continuar presumiendo de haber reducido impuestos, 30.000 millones de euros, que vamos a eliminar el impuesto sobre el patrimonio, que afecta a los patrimonios mayoritariamente superiores al millón de euros. Esto ya no se aguanta, porque no es progresista y, sobre todo, porque es antiguo, porque ya los países que como mínimo se reclamaban de progreso no lo hacen.


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Le digo que ustedes tienen que decidir con quién quieren ir y qué quieren hacer, y si quieren estar con los más débiles, si lo que quieren es que los que más tienen más paguen, si lo que entienden es que necesitamos una política fiscal progresista, pueden venir con nosotros o nosotros podemos acompañarlos, claro que sí; ahora bien, si lo que quieren es continuar en las mismas, si lo que entienden es que clases medias -como dice el señor Sánchez i Llibre- son las rentas de 7.000 euros, si lo que entienden es que subir los impuestos a las clases medias, a los autónomos, a las pymes, es conseguir en definitiva que los que tienen un patrimonio superior al millón de euros no paguen impuestos, si quieren eso, ya saben también con quién caminar, con Convergència i Unió. Es una cuestión de opciones y de qué quieren hacer.


Acabo, señora presidenta. Para nosotros el escenario es malo, muy malo y lo es porque no responde a los retos de la economía. Eso nos tendría que llevar al no, pero le digo que finalmente lo que vamos a hacer es abstenernos, y nos vamos a abstener no solo porque cumplimos con los compromisos; nos vamos a abstener como un mensaje, para decirles que si quieren, pueden hacer mayorías de izquierdas, que si quieren, pueden -y nos tienen a nosotros y van a tener a otros grupos-, pero si quieren hacer políticas progresistas. Este es un mensaje para que sepan que somos no solo de fiar, sino que incluso, cuando ustedes nos dan un manotazo, nosotros tendemos la mano y tendemos la mano por una razón muy simple, no por buenismo, sino porque creemos que este país merece un gobierno de izquierdas, progresista, también en la política fiscal y presupuestaria, y que nos tienen a nosotros para hacerlo. Por eso, aunque ustedes no cumplieron, nosotros nos vamos a abstener, porque de aquí a pocos meses...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Herrera, tiene que acabar, por favor.


El señor HERRERA TORRES: ... queremos aprovechar la oportunidad de que ustedes hagan de una vez políticas de izquierdas, y más en un escenario de crisis. Aunque los argumentos son para el no, nos abstenemos por esa responsabilidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.


El año pasado, en este mismo debate, el BNG manifestaba que ante la situación de crisis económica sorprendía que el Gobierno se marcase un objetivo de estabilidad en el que ninguno de los agentes que conforman el sector público incurría en déficit. A nuestro entender, no se contemplaba adecuadamente la fuerte reducción de ingresos públicos derivada de la coyuntura económica. Se partía de una visión idealizada y poco rigurosa de la misma, comenzando por una irreal previsión de crecimiento para los años 2009 y 2010. Un año después, las previsiones de crecimiento económico se han mostrado totalmente erróneas y las cuentas de la Administración central han incurrido en déficit. No obstante, para el BNG ese no es el problema.


Consideramos que la crisis económica exige unas políticas presupuestarias expansivas, de carácter anticíclico, sin el limitado corsé que supone la doctrina del déficit cero. Es necesaria la estabilidad presupuestaria a lo largo de un ciclo económico, pero reivindicamos otra concepción en la cual las administraciones públicas dispongan de un marco más flexible para las actuaciones en el corto plazo. En este sentido, el acuerdo que se presenta a ratificación este año es más realista que el del año anterior, contemplando previsiones de déficit para el conjunto de las administraciones del sector público, a excepción de la Seguridad Social, pero no compartimos, señora vicepresidenta, que se les imponga a las entidades locales y a las comunidades autónomas un margen de déficit mucho más constreñido, precisamente cuando son las comunidades autónomas las que tienen transferida la gestión de los principales servicios públicos y de muchas políticas de capital importancia para luchar contra la crisis económica.


Por lo que se refiere al límite de gasto no financiero, esta propuesta supone una reducción del 4,5 por ciento con respecto a la estimación de presupuesto liquidado para el presente año. Es decir, de respetarse este límite, el gasto no financiero será menor que en el presente año, lo que implica una filosofía de contención del gasto que consideramos que no es la adecuada para afrontar el año 2010 con garantías de iniciar la recuperación económica. El contexto actual exige una actuación decidida de los poderes públicos, una apuesta clara por el incremento del gasto público en políticas de protección y bienestar social, en inversiones en infraestructuras productivas y en general en aquellas partidas que contribuyan a reactivar la demanda y a modificar el patrón de crecimiento. Para hacer posible este incremento de gasto, señora vicepresidenta, ni siquiera es imprescindible incrementar aún más las previsiones de déficit. Acometan de una vez, frente a los titubeos que están manifestando, una reforma fiscal que mejore la progresividad del sistema, distribuya de manera más justa el esfuerzo fiscal y permita captar más recursos. Es más, señora vicepresidenta, para hacerlo posible ni siquiera es imprescindible modificar el límite de gasto que proponen, por mucho que nosotros discrepemos de esa propuesta de límite de gasto.
Asuman las resoluciones aprobadas en esta Cámara, reduzcan el gasto corriente adelgazando la Administración central para adecuarla al reparto competencial y de esta manera podrán liberar más recursos para la inversión real, que es lo que necesita la actual coyuntura económica.


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Señora vicepresidenta, como no hemos observado por parte de su Gobierno compromisos claros en esta materia, el Bloque Nacionalista Galego no puede dar apoyo a esta propuesta de límite de gasto y, por lo tanto, anuncia su abstención en la votación.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


Señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, nosotros hoy veníamos pensando que empezaba el debate de presupuestos del Estado; que las experiencias de los dos años anteriores no habían sido positivas para Canarias y que a pesar de haber dado un voto de confianza al Gobierno en aquel momento, con la abstención el año pasado, en el debate que tenemos hoy, hemos tomado la decisión, con un sentido de ejercicio de la responsabilidad y de cambio de política del Gobierno a lo largo de los últimos meses, de apoyar, y se lo digo así, la propuesta que trae hoy su ministerio. ¿Por qué? Hoy sale publicado en los periódicos de Canarias que la CEOE prevé que antes de fin de año el paro llegue en Canarias, y quiero que lo entiendan todos los diputados, al 31 por ciento. Es probable que en la EPA de dentro de diez días estemos ya en el 30 por ciento de paro en Canarias.


Quiero decir que por primera vez en los últimos dos meses el Gobierno ha priorizado, no solo se preocupa de la situación de Canarias, sino que ha empezado a ocuparse. El lunes va a estar en Canarias el presidente del Gobierno de España junto con tres ministros y con el presidente del Gobierno de Canarias para tomar decisiones a corto, medio y largo plazo que puedan frenar la destrucción de empleo en aquella comunidad autónoma, que no es un problema económico como en el resto de España, sino que genera una problemática social muy importante. En nuestra opinión, hoy damos el primer paso para unos presupuestos que tienen que ser los que necesita Canarias, no los que pide Coalición Canaria; no las exigencias -como dicen algunos- que pone Coalición Canaria para aprobar los presupuestos, sino los presupuestos que necesitan las islas Canarias que están en la situación más difícil de España. Por eso hoy, en coherencia, sin ningún condicionante vamos a prestar nuestro apoyo. Confiamos en que las medidas que van a pactar los dos presidentes la semana que viene -medidas que adoptará ese Consejo de Ministros que se va a celebrar en otoño- van a suponer un compromiso a medio y a largo plazo en los próximos Presupuestos Generales del Estado, no solo en los de 2010, también en los de 2011 y 2012, para la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para que Canarias pueda salir de esta crisis con un modelo productivo importante. Con el 50 por ciento de nuestra economía que depende del turismo y del sector de la construcción, con el 31 por ciento de paro, con 500.000 personas venidas de fuera sin entorno familiar, tenemos un problema social y de Estado. A nosotros nos tranquiliza mucho el papel que ha asumido el presidente del Gobierno en la Presidencia europea de poner en la agenda europea los temas de Canarias, fundamentalmente la inmigración y las regiones ultraperiféricas. Nos tranquiliza también el discurso de cambio respecto a la Ley de Extranjería y la resolución de los asuntos de menores inmigrantes y la financiación, pero sobre todo nos tranquiliza que, sin nada a cambio, sin un ejercicio de responsabilidad y coherencia con el trabajo que esperamos que los dos presidentes hagan la semana que viene y los dos gobiernos a lo largo de los próximos años, podamos alcanzar un acuerdo y que los Presupuestos Generales del Estado de los años 2010, 2011 y 2012 ayuden a que la Comunidad Autónoma canaria, donde viven dos millones de personas y que está atravesando la situación más difícil de toda la Comunidad Europea, pueda tener dignidad y cumplir con dos millones de canarios.


Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora ministra.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.


Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, señora vicepresidenta, por segundo año consecutivo el Gobierno somete a la Cámara un objetivo de estabilidad presupuestaria y un límite de gasto basados en datos y en cifras económicas que no se ajustan a la realidad.
Por tanto, es inútil empezar a discutir de lo que tendría que hacer el presupuesto que va a ser sustentado en estos datos de los que hoy estamos hablando en este techo presupuestario, si las cifras que hoy sometemos a debate no tienen nada que ver con la realidad. Se podría decir, señora vicepresidenta, que llueve sobre mojado. Es el segundo año consecutivo que vemos la misma película, yo por lo menos. Una película que -he de reconocerlo-, no sé si por la aportación de una ministra guionista en el Gobierno, en el guión han sido más cuidadosos; es decir, los efectos especiales se notan menos respecto del año anterior. Aun así, estamos hablando de unas cifras, de unos datos que no se atienen a la realidad y que no podrán soportar un presupuesto real y un presupuesto, por eso, positivo.


Si el crecimiento de la economía fuera menor que el previsto por el Gobierno pero el límite de gasto se respetara en la ejecución del presupuesto, necesariamente las cuentas públicas registrarían un déficit también mayor que el previsto. Eso es lo que puede ocurrir en este caso, dado que las previsiones de crecimiento de la economía española que formula el Gobierno pecan, como decía, al igual que ocurrió en el año 2008, de una imprevisión y de un optimismo -no sé como definirlo, no lo vamos a poner un adjetivo- irreal, aunque en esta

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ocasión, el exceso se manifiesta de forma más disimulada, menos grosera en el sentido de trazo grueso que el año pasado. Esta reducción del producto interior bruto es inferior a la establecida por el consenso de las instituciones que realizan análisis de coyuntura, la que ustedes nos presentan; un consenso que sitúa la evolución del PIB en 2010 en una tasa de menos 0,7 por ciento, cuando la Comisión Europea y el Banco de España estiman esa tasa en el menos 1 por ciento. Por tanto, no son datos reales, señora vicepresidenta. Aunque el Gobierno argumenta que en la actual coyuntura económica es necesario sobrepasar el límite del déficit del menos 3 por ciento del producto interior bruto establecido por el Pacto de Estabilidad, cabe discutir -al menos le dejo ese apunte- las cuantías previstas en especial para la comunidades autónomas y corporaciones locales. En este sentido, cabría remarcar que no se ha exigido a estas entidades la política de austeridad que exige la situación actual de la economía española en la que todos tenemos que someternos al mismo criterio de disciplina. Las comunidades autónomas vienen realizando una política presupuestaria expansiva del gasto corriente, con incremento en sus nóminas de personal, en los gastos materiales y en las transferencias corrientes que no parecen encontrar freno. Y las corporaciones locales tampoco ajustan su gasto al ejercicio de las competencias que tienen reconocidas, como muchas veces hemos debatido aquí, poniendo el énfasis en responsabilidades distintas, abandonando las eufemísticamente llamadas competencias impropias que no corresponden sino a la invasión del ámbito competencial autonómico. No hay que insistir más. Usted habrá deducido cuál es le criterio de esta portavoz respecto a la iniciativa que nos someten a consideración...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Diez, por favor.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Anuncio mi voto negativo a este acuerdo del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.


Señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.


Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, nos pide hoy el Gobierno un posicionamiento respecto a un techo de déficit, sin conocer cuáles van a ser los planteamientos de política fiscal ante una más que previsible caída de los ingresos que hoy se nos detallan. Nos están pidiendo, por lo tanto, un ejercicio de confianza. Creo que eso es lo que nos están planteando esta mañana. Nos piden también un ejercicio de confianza cuando fijan el marco de endeudamiento sin saber en qué nos estamos endeudando, pero, fundamentalmente, es el momento de saber para qué nos estamos endeudando. Parece evidente, lo está pidiendo la realidad, y más después de la cumbre de Bruselas del pasado fin de semana, que ahora tenemos que empezar a pensar que cada capítulo de inversión debe tener un objetivo de futuro, en definitiva, debe ser una inversión encaminada a la salida de las crisis. El objetivo fundamental de todo el proceso que arrancamos hoy y que terminará con la votación de los presupuestos no es otro que el destinar el marginal de inversiones en el cambio de la estructura económica productiva que nos ha traído hasta aquí de esta manera. En definitiva, debemos señalar ya qué modelo queremos para generar empleo y excedentes empresariales de una manera equilibrada y, desde luego, en tejido bien prieto a lo largo de todo el territorio. El objetivo final es volver a ciclos de crecimiento de la economía para el que no necesariamente -este es un argumento recurrente por parte de Nafarroa Bai en esta tribuna e insistimos en ello- hemos de asumir fórmulas tradicionales de ratios de un crecimiento de más del 2 por ciento de la economía para la generación de puestos de trabajo.
Insistimos en que las fórmulas tradicionales de las grandes infraestructuras quizá estén ya caducas. Asumamos, ensayemos, por qué no, la infraestructura social como generadora de puestos de trabajo.
Seguramente son fórmulas de estas características las que nos van a permitir cambiar un modelo productivo en la generación de puestos de trabajo y ayudarán, además, a una mayor calidad de los puestos de trabajo en otros sectores más tradicionales.


Señora vicepresidenta, Nafarroa Bai no va a cuestionar cuánto nos vamos a endeudar. Entendemos que ese compromiso es el que ustedes han asumido con las instituciones europeas y queremos creer que se va a cumplir. El debate está en qué nos vamos a endeudar y eso, lógicamente, va a llegar a los presupuestos. Resumo, finalmente, la posición que quería exponer en la tribuna esta mañana: queremos saber cuál va a ser la política a la hora de corregir la provisión de ingresos que previsiblemente puede cambiar, cuál va a ser la política del Gobierno y de su grupo parlamentario en una más que necesaria contención del gasto corriente y cuál va a ser la política del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista en el destino final de la inversión. Esa es la cuestión.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Grcias, señora Barkos.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señoras y señores diputados, este tipo de debates los iniciamos allá por el año 2003, cuando se empezó a aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2001, ley que radicalizaba el objetivo de estabilidad en España, situándolo en el cero por ciento, un nivel que nadie en la Unión Europea quiso alcanzar. Con más tiempo, me hubiera

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gustado situar esta ley en un contexto político europeo, pero no tengo mucho tiempo y lo dejaré ahí.


La ley del déficit cero era una mediocre copia de la Ley Gramm de los Estados Unidos. La verdad es que eso no tiene por qué ser un defecto, que sea una mala copia de una ley de los republicanos norteamericanos no es ni una virtud ni un defecto. Ahora bien, la ley del déficit cero pasará a la historia por ser una mezcla de contabilidad creativa, de apagón estadístico, de censura científica e investigadora, de incremento de la presión fiscal con regresividad y de descuido en la gestión del gasto público. Eso fue tan evidente que esta Cámara, en cuanto llegamos nosotros al poder, corrigió ese dislate y cambió la ley del equilibrio en el año por la ley del equilibrio en el ciclo. Lo hizo con prudencia y con acierto, porque pensó algo que la gente con sentido común piensa, y es que a veces la economía pierde su pujanza, y cuando lo hace, la recaudación baja, el gasto público se incrementa y el presupuesto se sitúa en déficit público. Los legisladores que cambiamos la ley del déficit cero y elaboramos esta nueva ley hicimos un trabajo ajustado a la evolución de los tiempos. No tengo ningún inconveniente en decir que si se hubiera mantenido la regla de la ley de Montoro nos habríamos visto obligados a subir de una manera extraordinaria los impuestos y a reducir de una manera muy drástica el gasto público. La verdad es que en una difícil coyuntura económica el acierto legislativo de esta Cámara es, sin lugar a dudas, evidente. Creo que fue un acierto -insisto- corregir al PP, porque, si no, en este momento no hubiéramos tenido mecanismos de política económica y de política fiscal. Por tanto, la derecha política se equivocó, y se equivoca cuando quiere establecer a machamartillo las normas del equilibrio presupuestario, pero la derecha política española también se equivoca cuando cree que el Estado perjudica al sector privado. Este es un discurso eterno y viejo, un poco casposo (Aplausos.), porque de alguna manera nos dice que el gasto público socava la economía y mina la vitalidad del país. Lo dice para el gasto social y lo dice para las inversiones públicas. Este es el discurso de los años ochenta.


Respecto del PP tengo ahora una duda, si está en Reagan o en Hoover (La señora Báñez García: Está en la legalidad.), pero eso lo dejaré para más adelante. Desde luego, el discurso que oímos aquí es el de la política económica de los años ochenta, que de alguna manera decía que el Estado era el problema y el mercado la solución y que vendría una nueva época.
¡Hombre!, la nueva época ha venido; ha venido en forma de economía especulativa, de economía fraudulenta, de recesión, de desempleo y de unas nuevas formas de pobreza. El resultado de aquellas políticas que se empezaron a aplicar en la sociedad española y en el mundo en los ochenta es un conjunto de estragos que en este momento tiene algunas cosas paradójicas. No hay en el mundo ningún partido político ni ningún país serio que diga que en este momento la solución está al margen del Estado, aunque esto hay que matizarlo, porque hay dos partidos en Europa que no son partidarios de la actuación del Estado, uno es el Partido Popular y otro es el Partido Democrático de Albania. (Aplausos.)

Los precedentes a los cuales nos conduce la situación son muy claros.
Cuando la opinión pública ve que abunda el desempleo, lo que dice es que el Gobierno tiene que aumentar el gasto público. Lo hemos oído aquí.
Nosotros somos gente de izquierda y hemos oído a un dirigente empresarial decir que hay que hacer un paréntesis en la economía de mercado. Yo de empresarios entiendo poco, pero aquí ha habido personas que han sido empleados de organizaciones empresariales y podrían explicar alguna cosa más. La verdad es que esta es una situación relativamente paradójica.
Creo honestamente que en esta Cámara solo hay un grupo político que sistemáticamente se opone a cuantas actuaciones lleva a cabo el Gobierno a través del gasto público y a mí esa postura me parece un poco equivocada, porque no hay que ser un genio de la económica -en la vida no hay que ser un genio de casi nada- para entender que cuando hay un gasto o una situación deficitaria es bueno ayudar a mantener la demanda agregada; eso está en los manuales de economía desde hace algunas décadas. (Risas.)

Señorías, la economía española tiene una insuficiencia de demanda que está situada fundamentalmente en el sector privado, por lo que le corresponde al Estado asumir la responsabilidad de aumentar los gastos, primero para estabilizar y, luego, para recuperar la actividad. Eso es lo que ha hecho el Gobierno de España en los últimos meses, lo que está haciendo y lo que quiere hacer con el presupuesto del año que viene. Nosotros tenemos la convicción moral, la seguridad de que si no lo hubiéramos hecho la situación sería aún peor y la economía se estaría hundiendo aún más. Si no hubiese habido una actitud activa y radical en este sentido en el gasto público del Estado se hubiera acentuado la recesión arrastrando con ello a la inversión privada. Por tanto, nos sentimos muy lejos de los planteamientos conservadores en esta materia. Creemos que hemos realizado una actuación política de una magnitud sin precedentes. Todos leemos los periódicos y argumentamos sobre ellos. Todo aquel que quiera leer en la prensa de ayer el informe de la OCDE observará que dice que España es la nación de la Unión Europea que ha hecho el mayor esfuerzo fiscal para afrontar la crisis y que, como consecuencia de ello, ha comprometido recursos del 2,3 por ciento del PIB para el año 2010 cuando la media europea va a estar en el 1,1 por ciento.


Tenemos una diferencia con los conservadores. Es verdad que lo único que hemos oído aquí a los conservadores ha sido pregonar los desastres de la economía española; han dicho que somos el país propicio para una crisis bancaria, que el Gobierno tiene que restringir su actividad, etcétera. No estamos de acuerdo con ello. Caminamos en otra dirección y utilizamos los instrumentos de política económica de otra manera, porque en este momento las cosas son de tal naturaleza que los

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mecanismos convencionales de política monetaria no sirven y, como consecuencia de ello, la figura estelar de estos instrumentos de política económica, que era la política monetaria, ha dejado de ser útil como consecuencia de que actúa la trampa de liquidez, se ha agotado el margen de actuación hasta límites impensables y ha demostrado tener una insensibilidad extraordinaria respecto a los tipos de interés. Estamos viendo cómo los bancos centrales en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en Suiza, en Gran Bretaña y en la Unión Europea no han sido capaces de activar el funcionamiento de la economía y, por tanto, persistir en las medidas de política monetaria es tanto como creer que uno puede salir de la recesión empujando con un hilo. No; de la recesión se tiene que salir con medidas más potentes, más firmes, más rigurosas y, desde luego, ahí están las medidas de estímulo fiscal, que tendrán que ser temporales, lo hemos dicho muchísimas veces; en la medida en la que veamos que se recupera el nivel de actividad, el protagonismo de lo público se levanta y esperamos que sea sustituido por el protagonismo de lo privado.


Hay un debate que no quisiera establecer sobre qué tipo de instrumentos debe haber dentro de la política fiscal, pero sí he de señalar que el camino está en las políticas de orientación socialdemócrata. El camino que han emprendido los gobiernos en la Europa continental y lo que han recomendado la OCDE, el FMI, el G-20 y la Unión Europea es proporcionar prestaciones a los colectivos más necesitados. Lo que hemos hecho y vamos a hacer esta mañana es ayudar a las corporaciones locales a mantener sus servicios públicos, como se ha hecho referencia por parte de la señora Salgado; ayudar con programas diversificados de inversión e infraestructuras para mantener un alto nivel de actividad. Eso es lo que hemos hecho, lo queremos evaluar, y creemos que el buen momento y el mejor instrumento para evaluarlo es el presupuesto del año 2010. Por eso, presentamos este límite de gasto que está conectado con una orientación de política presupuestaria.


Hay dos cuestiones que quiero plantear. Una -lo digo claramente- es que hay quien piensa que lo que se está haciendo aquí y fuera de aquí dañará a la economía en su futuro. Yo, realmente, no lo creo así, porque se está haciendo una política correcta. Hay una crítica que me ha sorprendido mucho que es la del crowding out. Me ha sorprendido y me ha rejuvenecido, porque me ha situado veinte o veinticinco años atrás, cuando se empezó a discutir sobre si se producía o no el fenómeno de la expulsión. Creo, sinceramente, que el Partido Popular, que es el que lo hace, hace un análisis simplista, extraordinariamente simplista, pero sobre todo hace un análisis ucrónico, tremendamente ucrónico, porque con poca sinceridad y poca honestidad trata de adaptar categorías que se utilizaban en la economía y en la política en las fases altas del ciclo a las fases bajas del ciclo. En el mundo han cambiando muchas cosas, y si han cambiado muchas cosas y la situación es muy diferente, lo que no podemos es criticar la política económica cuando está en una fase depresiva y compararla con cuando lo que teníamos era un exceso o un defecto de pequeña magnitud en el volumen de actividad. Esas cosas las saben los economistas, las saben los economistas del Partido Popular; letrados no son, pero no tienen ningún inconveniente, ningún prejuicio, en utilizar categorías que no responden a la verdad.


Creo honestamente que el nivel de producción hoy está muy lejos del potencial y es bueno que el Estado intervenga para cebar la bomba; los precios no tienen el peligro que a veces ellos dicen y cuando se produzca la recuperación estarán en niveles bajos; las autoridades monetarias no son las que ahogan el crédito; lo que hace el Estado es facilitar liquidez, como hemos visto aquí, en operaciones de activo o en avales; no hay recalentamiento en la economía y si no hay recalentamiento en la economía, lo que tenemos es un déficit cíclico importante que tenemos que ser capaces de manejar. Vivimos en un momento de baja inflación y bajo crecimiento, donde la política monetaria ha dejado de proporcionar los márgenes que proporcionaba antes, y la política fiscal, por estar en esa fase bajista del ciclo, no crea grandes perturbaciones. Por tanto, lo que hay hacer es intervenir para utilizar los recursos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El segundo de los elementos de crítica que establecen los conservadores es que el déficit público se va a instalar como un déficit permanente.
Nosotros lo hemos dicho muchas veces y lo diremos cuantas veces sea necesario: Si no hay un compromiso firme con la sostenibilidad fiscal de las cuentas públicas a largo plazo no habrá ni estabilidad ni crecimiento económico. Lo que estamos haciendo es incurrir en déficits temporales y en cuanto cambien las circunstancias emprenderemos una retirada ordenada que nos permita volver progresivamente a la búsqueda del equilibrio. Eso es lo que quiere el Gobierno de España y eso es lo que quieren los gobiernos de la Unión Europea.


Yo me pregunto aquí y le pregunto a la Cámara: ¿Cómo es posible que a estas alturas de la situación económica la derecha española quiera que volvamos a incurrir en los viejos errores, en prácticas y políticas económicas que se ha reconocido que están profundamente equivocadas? ¿Por qué tienen que mantener sistemáticamente esta actitud negacionista? ¿Por qué vivimos en un silencio clamoroso sobre cuáles son sus preferencias políticas? A mí me caben dos explicaciones. Una es que sus economistas se hayan adormecido y que como consecuencia hayan confundido las recesiones de verdad con las recesiones de juguete; que padezcan una especie de ataque de timidez política que les atenaza del que perezosamente no están dispuestos a salir porque tendrían que reconocer una parte de sus errores. Puede que sea así, porque han dado por válidas algunas ideas absurdas como la incertidumbre o decir que no va a haber caídas de actividad en los países desarrollados. Ante un oprobio de esa magnitud, lo que hacen es esconder sus soluciones, simplemente por vergüenza. Y, luego, cabe

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otra posibilidad. Cabe la posibilidad de que crean que tiene bula. Cabe la posibilidad de que la derecha crea que tiene bula y, como consecuencia de ello, ha renunciado a explicitar sus preferencias.


El señor PRESIDENTE: Señor Marugán, debe acabar.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Sí, señor presidente, y ha renunciado a explicitar sus prioridades.


El señor PRESIDENTE: No, no. Debe acabar porque estamos siguiendo los tiempos de una manera muy estricta.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Termino. Tienen bula y han renunciado a la sensatez. Nosotros no compartimos ese planteamiento. Creemos que en política hay que entenderse y que la capacidad de entendimiento pasa por hacer un esfuerzo por parte de todos en tiempos especiales. Mi grupo tiene condiciones y prestigio en esta Cámara para entender que eso se puede hacer, porque si no hay entendimiento no hay política.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 8/2009, DE 12 DE JUNIO, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO, POR IMPORTE TOTAL DE 19.821,28 MILLONES DE EUROS, Y SE MODIFICAN DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY 38/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DE IMPUESTOS ESPECIALES. (Número de expediente 130/000017.)

El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 8/2009, de 12 junio, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por importe total de 19.821,28 millones de euros, y se modifican determinados preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales.


Para la exposición de las razones de la urgencia que han obligado a la promulgación del real decreto-ley tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, tengo el honor de comparecer en esta Cámara para presentar en el debate de convalidación el Real Decreto-ley 8/2009, de 12 de junio, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por importe total de 19.821,28 millones de euros, y se modifican determinados preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales.
En esta norma se incluyen disposiciones de naturaleza presupuestaria, suplementos de crédito y créditos extraordinarios en los presupuestos de distintos ministerios. Asimismo, el real decreto-ley incluye modificaciones de carácter tributario en relación con la imposición sobre las labores del tabaco y sobre hidrocarburos.


El título I de este real decreto-ley recoge la concesión de distintos créditos extraordinarios y suplementos de crédito necesarios para atender al pago de obligaciones exigibles a la Administración y dotar los créditos para la puesta en marcha de medidas que contribuyan a la reactivación económica y recojan el cumplimiento de compromisos asumidos en el marco del debate sobre el estado de la Nación. La partida más importante, 16.898,05 millones de euros, se dota al Ministerio de Trabajo e Inmigración y tiene como finalidad atender necesidades en materia de desempleo y fomento del empleo y compensar la pérdida de ingresos por cotizaciones. La evolución del número de beneficiarios y gasto en las prestaciones hace necesario incrementar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. A ello hay que añadir las medidas de reposición del derecho a la prestación por desempleo y la supresión del periodo de espera para ser beneficiario del subsidio por desempleo, reguladas en el Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo. En consecuencia, el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal se incrementa en 16.773 millones de euros, de los que casi 13.000 millones se destinan a la cobertura de mayores gastos por prestaciones y 3.808 a compensar la disminución de ingresos por la pérdida de cotizaciones. Además, las nuevas bonificaciones para regulaciones temporales de empleo y contratación a tiempo parcial y la prórroga durante dos años del Plan extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral exigen incrementar las dotaciones correspondientes en 125 millones de euros.


El crédito extraordinario de 1.800 millones de euros en el presupuesto de la sección 32, Entes Territoriales, responde a la previsión de compensación a las comunidades autónomas de régimen común por la supresión del gravamen del impuesto sobre el patrimonio. Dicha supresión implica que este año 2009 las comunidades autónomas van a ver reducidos los ingresos correspondientes al impuesto sobre el patrimonio de 2008.
Por ello, se articula un anticipo a cuenta de los recursos definitivos para la financiación de las competencias autonómicas que estas comunidades y el Estado acuerden para el año 2009. Dicho anticipo se hará efectivo antes del 31 de julio de 2009 y su importe se distribuirá atendiendo

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a la proporción de los ingresos que han recibido en 2008 por el citado impuesto.


El resto de los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se conceden en los presupuestos de los siguientes ministerios: 297,74 millones de euros en el presupuesto del Ministerio del Interior para atender obligaciones insoslayables del departamento, tanto de ejercicios anteriores como del presente ejercicio, destacando las ligadas a la puesta en marcha de nuevos centros penitenciarios; 155,32 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Educación, destinados a la concesión de ayudas a la formación de postgrado para licenciados en situación de desempleo en su anualidad de 2009, así como para la implantación del proyecto Escuela 2.0 de integración de las tecnologías de la información y de la comunicación en los centros educativos; 270,17 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Fomento, de ellos 200 millones se destinan a actuaciones urgentes en carreteras y al Plan de modernización de estaciones de ferrocarril, los 70,17 millones de euros restantes del presupuesto no financiero son para la puesta en marcha del Plan VIVE Autobuses 2009-2010. El Gobierno considera que fomentar el transporte público es una de las herramientas fundamentales para la creación de un sistema de transporte sostenible en España.
Finalmente, en el Ministerio de Sanidad y Política Social se dotan 400 millones de euros adicionales para atender el nivel mínimo de protección garantizado por la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Esto supone que los fondos para la atención a la dependencia para el año 2009 ascienden a 1.958,77 millones de euros, es decir, un incremento del 125 por ciento con respecto al año 2008. En relación con la financiación de estas medidas hay que resaltar que la cuantía de las mismas no permite su financiación con cargo al Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. Por ello, en estos casos, se excepciona la aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, financiándose los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito con deuda pública.


Señorías, junto a esos créditos extraordinarios, el otro eje del real decreto-ley contempla el incremento de los impuestos especiales que gravan tanto los hidrocarburos como las labores del tabaco. El Gobierno, en coordinación con los restantes países de la Unión Europea, está haciendo un importante esfuerzo presupuestario adoptando medidas de estímulo económico; medidas dirigidas a paliar los efectos de la crisis y a reforzar la red de protección que el Estado ofrece a los ciudadanos que son más vulnerables ante la actual situación de la economía. La subida de estos impuestos contribuirá a la sostenibilidad de las finanzas públicas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, a las que en estos momentos les corresponde el 40 por ciento de la recaudación, de acuerdo con el sistema de financiación vigente. Si de todas las medidas impositivas se puede predicar un efecto extrafiscal, es en los impuestos especiales donde estos efectos son de mayor relevancia, porque se trata de tributos que permiten incentivar determinadas actuaciones de los agentes económicos o penalizar comportamientos que puedan tener externalidades negativas para el conjunto de la sociedad. El impuesto sobre hidrocarburos es un instrumento eficaz para la protección del medio ambiente. La estrategia española de cambio climático y energía limpia reconoció la necesidad de reducir el crecimiento de las emisiones en los sectores denominados difusos, en particular, en el transporte y en el uso residencial. El incremento de los tipos del impuesto sobre hidrocarburos aplicables a los carburantes de automoción utilizados para el transporte por carretera es una de las medidas que nos pueden ayudar de manera decidida a cumplir los objetivos fijados por el Protocolo de Kioto. El aumento de este impuesto puede permitir internalizar los costes ambientales que provocan estos carburantes y, en la medida de lo posible, contribuir a moderar las emisiones de este sector, no sujeto al mercado de derechos de emisión. En este sentido, esta medida es coherente con las ayudas directas a la adquisición de automóviles que incentivan, como saben, dar de baja un vehículo en principio más contaminante. En este sentido, hemos considerado conveniente aumentar los tipos impositivos aplicables en este impuesto a las gasolinas y a los gasóleos para automoción en 2,9 céntimos por cada litro. Este aumento en ningún caso será aplicable al gasóleo profesional y agrario, al gasóleo para calefacción ni a los fuelóleos, a los gases licuados del petróleo ni a los biocarburantes. Señorías, la tributación de los hidrocarburos no se ha modificado con carácter general desde el año 2002, cuando se creó el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, y eso ha provocado una desactualización de los tipos de gravamen. Solo en el año 2007 se produjo un pequeño ajuste en la tributación del gasoil por exigencias comunitarias. A pesar del incremento que aprueba este real decreto-ley, España seguirá teniendo una de las imposiciones más bajas sobre los hidrocarburos de los principales países europeos y unos precios finales medios inferiores a los de Francia y Portugal. El impacto recaudatorio de esta medida, suponiendo que se mantiene el consumo y que se traslada íntegramente la subida de impuestos a los consumidores, está estimado en unos 1.097 millones de euros anuales, que se distribuyen, como saben, entre el Estado y las comunidades autónomas, conforme a los criterios de reparto que establezca en cada momento el régimen de financiación de las comunidades autónomas.


Por su parte, la subida del impuesto sobre las labores del tabaco tiene además el objetivo de proteger la salud y desincentivar su consumo. En este caso, se aumenta el impuesto específico en dos euros, pasando a estar fijado en 10,2 euros por cada mil cigarrillos. Además, se eleva el impuesto mínimo de 70 a 91,3 euros por cada mil cigarrillos. De otro lado, se introduce por primera vez un impuesto específico y un impuesto mínimo en el

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tabaco para liar, cuyo consumo ha crecido extraordinariamente en estos últimos meses. Para el resto de las labores del tabaco, se ha procedido a aumentar los tipos de manera que soporten un gravamen equivalente.
Quisiera recordarles que la última subida de este impuesto fue acordada en noviembre de 2006, si bien desde 2004 se han realizado ajustes en este impuesto como vía para luchar contra el tabaquismo y contribuir a la mejora de la salud. No obstante, y al igual que en el caso de los hidrocarburos, a pesar de esta subida, los precios de las labores del tabaco en España seguirán siendo de los más reducidos en los países europeos y, sobre todo, considerablemente más bajos que en los países vecinos. El impacto recaudatorio de esta medida, suponiendo que se hubiera trasladado íntegramente la subida de impuestos a los consumidores y que no se produzcan modificaciones en los precios por estas razones, está estimado en unos 1.222 millones de euros anuales, que permitirán contribuir a la sostenibilidad de las arcas públicas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas.


Como saben, estas modificaciones tributarias están sujetas al principio de reserva de ley, por lo que la utilización del real decreto-ley como medio para su aprobación es adecuada. Asimismo, este debe ser también el rango de las modificaciones presupuestarias a las que he hecho referencia con anterioridad. En ambos tipos de modificaciones concurre el presupuesto habilitante recogido en la Constitución de la extraordinaria y urgente necesidad. En el título I, como les he señalado, se recogen créditos extraordinarios y suplementos de créditos que remiten a la necesidad de atender al pago de obligaciones exigibles para la Administración y para la puesta en marcha de medidas que contribuyan a la reactivación económica en el corto plazo. Asimismo, el anticipo que he mencionado se articula para evitar el perjuicio financiero de no hacer efectiva la compensación prevista en la disposición adicional segunda de la Ley 4/2008, en un contexto especialmente complicado para las finanzas públicas de las distintas administraciones. Y por lo que hace referencia a las modificaciones de naturaleza tributaria, la existencia en el marco de una tramitación parlamentaria ordinaria de un periodo de tiempo prolongado entre el conocimiento de la medida y su entrada en vigor afectaría negativamente a su efectividad y podría provocar además distorsiones y conductas especulativas en el mercado.


Estas son, señorías, las razones que han llevado al Gobierno a la aprobación del real decreto-ley que hoy les presento para que, con su voto, se pronuncien sobre la convalidación del mismo.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Consultados todos los grupos parlamentarios, me han hecho llegar, a través de la vicepresidenta primera, una propuesta consistente en la reducción de tiempos, exactamente del siguiente tenor: Los turnos de fijación de posición, defensa de enmiendas, en dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas, los reduciríamos a siete minutos, y los turnos de intervención para fijar posición en enmiendas del Senado a cinco minutos para cada grupo parlamentario. En uso de las facultades que el presidente tiene de ordenar los debates, que se contiene en el artículo 73, me parece que es razonable aceptarla y, por consiguiente, a partir de ahora serán siete minutos en los dictámenes de Comisión y cinco minutos en las enmiendas del Senado. El señor Nadal, que tendría que intervenir en turno en contra, tendría diez minutos. Esto es lo que me han propuesto y sobre lo que me han dicho que existe un alto nivel de acuerdo. (El señor Ridao i Martín pide la palabra.) ¿Señor Ridao?

El señor RIDAO I MARTIN: Evidentemente, señor presidente, nuestro grupo respeta las facultades de ordenación y de moderación del debate que le confiere el Reglamento al presidente. Pero ya hemos trasladado hace unos minutos a la vicepresidenta, que es quien nos ha trasladado esa consulta, que no estamos de acuerdo, atendiendo a la naturaleza de los debates y de las leyes importantes que estamos sustanciando durante el día de hoy. Por tanto nuestro grupo parlamentario manifiesta su interés porque se mantenga el tiempo establecido regularmente para este tipo de debates.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Efectivamente sabía de su posición. El Grupo Parlamentario Mixto, que tiene una morfología especial y un artículo en el Reglamento que establece unos tiempos justamente para no castigar las distintas opciones de dicho grupo, ha aceptado la propuesta. Señor Ridao, para no establecer debate, el artículo 73 dice: "... las facultades del Presidente para ordenar el debate y las votaciones, ... valorando su importancia, ampliar o reducir el número y el tiempo de las intervenciones de los Grupos Parlamentarios..." De modo que sabiendo su criterio contrario y habiendo acuerdo en el conjunto de la Cámara, acepto la propuesta que se ha hecho.


Y sin más discusión, tiene la palabra, en turno en contra de la convalidación del real decreto-ley, el señor Nadal, por el tiempo que también le he anunciado públicamente.


El señor NADAL BELDA: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, ¿qué estamos haciendo hoy aquí? ¿Para qué está pidiendo el voto de mi grupo? ¿Para convalidar qué? ¿Un real decreto-ley que trae créditos extraordinarios o la segunda parte de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 que no se establecieron en su momento como tenía que haberse hecho? Porque aquí se nos pide que incrementemos el endeudamiento público, el déficit y los créditos presupuestarios por casi 20.000 millones de euros, la inmensa mayoría de

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los cuales son dos partidas, desempleo y la compensación a las comunidades autónomas por el impuesto sobre el patrimonio. La desviación en desempleo no es un problema de presupuestación, es que no se quiso presupuestar.
Con una previsión del 12,5 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 era evidente que el gasto iba a ser totalmente insuficiente. Y este Gobierno, en lugar de presupuestar como tenía que haberlo hecho, se quedó corto, prácticamente a la mitad, y ahora hay que introducir un crédito presupuestario. Por supuesto que los parados tienen que recibir sus prestaciones, la tienen garantizada por ley, y de una forma u otra hay que incluir los créditos presupuestarios, pero en su momento, no falseando el crédito inicial para luego venir en junio, seis meses más tarde, a ampliar ese crédito. En octubre de 2009 había en los Presupuestos Generales del Estado 19.000 millones y ahora vienen 17.000 millones de euros más. Eso no es una desviación, es directamente una mala presupuestación hecha a propósito para tener más hueco para otros gastos que, probablemente, al Gobierno le convenían más.


Impuesto de patrimonio. ¿Sabe usted, señora vicepresidenta, que día entró en esta Cámara el proyecto de ley de modificación del impuesto sobre el patrimonio? El 18 de agosto del año pasado. No hubo en absoluto intención por parte del Gobierno de hacer un hueco para establecer el crédito presupuestario para la compensación a las comunidades autónomas, se tiene que hacer en junio del año 2009. Se tenía que haber hecho, claramente, en su momento. Esto no es más que un ejemplo de lo que está pasando con la política presupuestaria en nuestro país. Directamente, los Presupuestos Generales del Estado del año 2009 fueron falseados, y como fueron falseados ahora venimos en la segunda parte a corregirlos para ponerlos en su justo término, que es lo que ha ocurrido hace un rato cuando se ha hablado del techo de gasto y de las previsiones que han hecho ustedes sobre gastos en el año 2009 y lo que estamos haciendo en este momento.
Esto no es un crédito presupuestario, es una aprobación en segunda parte de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.


Tiene también otro elemento importante este real decreto-ley que es una subida de ingresos, una subida de impuestos -de ingresos ya veremos- que también era previsible, y el Gobierno lo tenía que haber colocado en su justo tiempo, el año pasado. Usted nos ha dicho que es una actualización de impuestos. Las actualizaciones se hacen el 1 de enero, señora vicepresidenta, no después de las elecciones al Parlamento Europeo, como es el caso. Una subida de impuestos sustancial, en el caso del gasóleo de un 10,4 por ciento y en el caso de las gasolinas un 7,4 por ciento, que incrementa el precio -incluyendo el efecto sobre el IVA- unos 3,4 céntimos por litro, en un momento en que el consumo está cayendo un 8 por ciento. Ya veremos cuánto se recauda porque el problema es que las bases se están disminuyendo por una falta total de consumo. Usted dice que es una actualización y que esta subida de impuestos se hace para corregir los efectos externos, los efectos negativos que determinadas actividades producen en el ámbito social y económico. Una pregunta muy sencilla: ¿Habrían subido estos impuestos si no se les llega a caer la recaudación 44.000 millones respecto a lo que tenían previsto? La respuesta seguro que iba a ser negativa. Por lo cual el objetivo es claramente recaudatorio y, probablemente, ni lo lleguen a cumplir con esta reducción de las bases que ahora mismo tenemos. Todo este ejercicio no responde más que a ese falseamiento que se hizo de los Presupuestos Generales del Estado, y lo que ahora tenemos está inmerso en un marco de ilegalidad. Me ha sorprendido que usted en su intervención anterior haya dicho que va a elaborar un informe para la Comisión Europea con objeto de mostrar el proceso de reconducción del descomunal déficit público y la senda explosiva de deuda pública que ahora mismo tenemos. Usted tendrá sus obligaciones con la Comisión Europea, pero también las tiene con esta Cámara. Sí, con esta Cámara, señora vicepresidenta, por dos veces ustedes han omitido la obligación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de presentar un plan económico y financiero de reequilibrio, por dos veces.
El primero el señor Solbes, que cuando presentó los presupuestos, por cierto, dijo que lo tendría que traer, pero estamos a junio y todavía no lo han traído. Después, el año pasado, cuando se establece un objetivo de estabilidad presupuestaria, este queda ampliamente superado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Por el artículo 14.1 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria -la suya, la de este Gobierno- tendrían que haber traído ese plan económico-financiero de reequilibrio.
En febrero de este año liquidan el presupuesto de 2008, y en esa liquidación se supera ampliamente el objetivo de estabilidad presupuestaria que se estableció para el año 2008. Por el artículo 17.1 de esa misma ley tenían que haber traído aquí un plan económico y financiero de reequilibrio, pero no ha venido a esta Cámara en ningún momento, y es un plan que no consiste en hacer, como el programa de estabilidad, grandes cifras macroeconómicas sino en venir con el presupuesto, partida por partida, de ingresos y, partida por partida, de gastos y decir dónde el Estado va a tener que apretarse el cinturón para reequilibrar las cuentas del reino que, por cierto, están peor que en ningún momento de su historia, por lo menos medible y conocida. Pero es que también ustedes incumplen su propia Ley General de Estabilidad Presupuestaria en la fijación del objetivo de estabilidad para el año que viene, porque en el artículo 7.5 de esa misma ley se dice que solo se puede incurrir en un 1 por ciento de déficit en el conjunto de las administraciones públicas para financiar inversiones y en el artículo 8.2 que, por efectos cíclicos, se puede tener otro déficit adicional del 1 por ciento. Es decir, el conjunto de las administraciones públicas nunca puede presentar un déficit mayor del 2 por ciento, y esto no tiene ningún tipo de salvedad, ni informe económico financiero ni nada que se le parezca. Ustedes, como Gobierno, tienen que cumplir la ley y, en ese objetivo de

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estabilidad presupuestaria, están incumpliendo materialmente la ley. Por eso, no es de extrañar que ahora mismo estemos con un decreto-ley que viene a completar unos Presupuestos Generales del Estado que no fueron realizados como se debía, que fueron realizados en la ilegalidad o, desde luego, al margen de lo que son las normas presupuestarias y por eso, como usted sabe, lo hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional, porque, francamente, si ahora estamos aprobando créditos presupuestarios que tenían que haberse incluido el año pasado y estamos metiendo impuestos que tenían que haber aparecido el año pasado y teníamos claramente que compensar a las comunidades autónomas por la eliminación del impuesto sobre patrimonio, hay un principio para el presupuesto que es el de universalidad, que está consagrado en nuestra Constitución, y que ustedes, lisa y llanamente, lo han incumplido y ahora vienen a añadir esos créditos que les faltaban. ¿Por qué les está pasando esto? Pues, sencillamente, porque incluso con sus propias leyes de estabilidad presupuestaria, las propias que trajo aquí el Gobierno socialista y que se aprobaron por una Cámara con mayoría del Grupo Socialista, ustedes no podían hacer la política económica que querían hacer, que es gastar, gastar y endeudarse, y como no les daba ni siquiera con el propio techo de gasto en los máximos que se establecían en su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo han tenido que hacer por partes: una parte del gasto la presentaron en octubre y se aprobó a finales de año cuando se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado, y esta segunda parte del gasto viene ahora, que es lo más cómodo, lo que es más fácil de vender. Evidentemente, se necesita dinero para los parados. Se necesita ahora y se necesitaba antes y ustedes lo sabían. Lo mismo pasa con la compensación a las comunidades autónomas. Y todo parte de un planteamiento incorrecto: España saldrá de la crisis a base de gastar y, cuanto más gaste mejor y cuanto más se endeude todavía va a ser mejor para salir de la crisis económica. Un planteamiento que es evidente que ha fracasado y se lo está diciendo incluso el Banco de España. Es muy interesante y le recomiendo que se lea el informe anual del Banco de España; en la página 39 dice muy clarito qué le está pasando a la economía española, por qué el endeudamiento y el déficit público no solo no van a tener ningún efecto expansivo sino que van a tener efectos negativos y hasta qué punto se está afectando a la financiación de las familias, se está poniendo en riesgo la estabilidad presupuestaria, que está ya completamente fuera de ningún tipo de control. Hay expectativas presentes y futuras de subidas de impuestos y esto está mermando claramente la confianza, y va a ser muy difícil que se recupere el consumo o la inversión con este tipo de planteamientos. Ustedes se han encontrado directamente con una desviación presupuestaria que no se esperaban, 44.000 millones menos en ingresos respecto a lo que era la previsión de ingresos por estas mismas fechas el año pasado y 32.000 millones más de gasto. Hay un agujero de unos setenta y tantos mil millones de euros, 7 puntos del PIB, y el Gobierno entra en pánico y se dedica a lo primero que ha encontrado, subir impuestos. Lo tendrán que hacer más porque tienen una falta total de imaginación. Aquí me vuelvo a remitir al Gobernador del Banco de España que les ha dicho, en una comparecencia hace dos días en esta Cámara, que la única manera eficiente de consolidar las cuentas públicas es la contención del gasto, porque las subidas de impuestos tienen efectos muy inciertos y afectan a la capacidad a corto y a medio plazo de crecimiento de la economía española.
Van ustedes muy mal, van ustedes por muy mal camino y con créditos presupuestarios extraordinarios de 20.000 millones, no sé qué sentido tiene una Ley General de Estabilidad Presupuestaria que ustedes se empeñan en violar y en conculcar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nadal.


Para fijación de posición, en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez. ¿Desea hacer usted uso de la palabra? (Denegaciones.) Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, han pedido la palabra el señor Herrera y el señor Ridao, ¿quién hablará en primer lugar? (Pausa.)

Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Intervendré de forma casi telegráfica. En primer lugar, señora ministra, no nos gusta el exceso de reales decretos. Creemos que precisamente este Gobierno se está acostumbrando a legislar mediante reales decretos, quizá por la debilidad parlamentaria o por el exceso del instrumento, pero lo que le digo es que no nos gusta, señora vicepresidenta.


En segundo lugar, en torno a la protección del desempleo lo que hacemos es responder a lo que marca la ley. Lo digo porque ustedes están obligados por ley a garantizar, mediante instrumentos como este, que se dé respuesta a una obligación por parte del Estado, que es responder a las coberturas por desempleo. Lo digo para que no exageremos, el Gobierno está simple y llanamente cumpliendo la ley. Queda pendiente algo a lo que ustedes se han comprometido, pero que no se ha materializado, que es la necesidad de ampliar la cobertura por desempleo a aquellos que no tienen cobertura, a aquellos que se han quedado sin prestación. Para nosotros esto es lo imprescindible, lo urgente, y eso es lo que en este real decreto aún no se materializa, pero esto es lo que hoy ya es un drama en muchas familias en el conjunto del Estado.


Tercer elemento. Nosotros no decimos per se que no a la modificación de impuestos especiales; hay quien dice que ampliando solo los impuestos especiales o los indirectos lo que hacemos es perder progresividad.


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Bueno, depende, no toda subida de impuestos indirectos hace perder progresividad, aunque en principio así lo parece. ¿Cuál es el problema? El problema es que ustedes hacen una ampliación del impuesto de hidrocarburos y del impuesto sobre el tabaco sin tener presentes otras reformas fiscales, en imposición directa y en imposición indirecta. Le pongo un ejemplo, si ustedes lo que deciden es abordar la reforma fiscal verde, reformaremos también impuestos indirectos, y lo tendremos que hacer precisamente no para recaudar más, sino para que el modelo económico sea más sostenible. Cuando ustedes hablan de cambio de modelo, lo que está claro es que esto tiene que ir acompañado de otras medidas.
¿Cuál es el problema que nosotros vemos? Que estas reformas sobre los impuestos especiales aparecen como setas y no enmarcadas en un contexto de reforma fiscal generalizada en torno a los impuestos indirectos, que es imprescindible y urgente en un país tan ineficiente y tan insostenible tanto desde el punto de vista social y ambiental como desde la propia sostenibilidad del modelo.


Son todos estos elementos los que a nosotros nos hacen dudar del real decreto. A esto se le suma una última duda; es cierto que ustedes compensan por la eliminación del impuesto de patrimonio, pero a nosotros nos habría gustado que hubieran compensado por la eliminación del impuesto de patrimonio a las rentas medias, pero no eliminar el impuesto de patrimonio a aquellos que tienen un patrimonio de más un millón de euros. Si lo que ustedes están haciendo hoy lo hubiese hecho el Partido Popular, se les hubiesen tirado a la yugular, y a nosotros eso no nos gusta. (Rumores.-La señora Báñez García pronuncia palabras que no se perciben.) Por todos estos motivos, nuestro grupo no se va a oponer al real decreto, pero tampoco le vamos a dar apoyo porque tenemos dudas. Por eso nos vamos abstener. Lo que sí vamos a hacer es oponernos a la tramitación como proyecto de ley porque, como ustedes pactan las políticas económicas con CIU y tememos a los diputados de Convergència i Unió en política fiscal, nos vamos a oponer a que se tramite, porque sería lo peor que podría pasar. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera. Señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


También esprintando desde el principio. ¿Cómo vamos a votar en contra de este real decreto ley? Estamos absolutamente atrapados puesto que la mayor parte de las cantidades están precisamente destinadas a las prestaciones por desempleo. Creo que estamos atrapados en su falta de previsión y ciertamente también estamos atrapados por nuestra propia coherencia y nuestro sentido de la responsabilidad. ¿Cuántas veces no les habíamos criticado la política de despilfarro que llevaban a cabo? Ya queda lejos aquella declaración altisonante del presidente Rodríguez Zapatero que decía que rebajar los impuestos era de izquierdas. ¿Cuál ha sido el trayecto que hemos hecho? Hemos hecho un trayecto en el que hemos criticado muchas veces las rebajas del IRPF, la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, el cheque bebé o las deducciones de los 400 euros.
Fíjense qué camino más largo y cuántos oídos sordos a nuestras críticas.
Vamos a votar favorablemente porque hay que parar el golpe y garantizar las prestaciones de paro. En un contexto de crisis como el actual, en el que incluso se van a poner en jaque los mínimos de subsistencia de muchas familias, es evidente que parar el golpe, que es descomunal, es prioritario, puesto que es lo que se requiere desde el punto de vista social. Nos preocupa enormemente, tal como decía Joan Herrera, que en los próximos meses muchas personas vayan a quedar absolutamente desamparadas; personas que tienen un corto trayecto como cotizantes y que dejarán de tener protección de forma inmediata, cosa que de hecho ya está ocurriendo.


Eso sí, vamos a pedir la tramitación por ley de este real decreto-ley porque es evidente que aspiramos a contemplar incrementos en las aportaciones y porque no vemos nada claro alguno de los recursos contenidos relacionados con el Ministerio de Interior. Somos críticos también respecto a algunas cuestiones que están relacionadas con el Ministerio de Educación. Creemos que los 400 millones destinados al despliegue de la Ley de Dependencia vienen a darnos la razón cuando en el debate presupuestario ya decíamos que no tenía ningún sentido contemplar partidas tan reducidas, etcétera. Señor presidente, la verdad es que estos tiempos de intervención son inhumanos; pero bueno, hay lo que hay.


Debo decirles también que en el tránsito y en el trámite establecido estas últimas semanas respecto a la financiación de las comunidades autónomas, es cierto que tenemos dificultades para legitimar, de una forma absoluta y radical, algunas cuestiones relacionadas con el incremento de los impuestos especiales. De aquí nuestra voluntad de que se tenga presente la posibilidad de tramitar este real decreto como proyecto de ley, a fin y efecto de que podamos modificar algunas cuestiones contenidas en el real decreto que no son de nuestro agrado y que, además, creemos que son susceptibles de mejora.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Por un error claramente excusable que me ha explicado el señor Jorquera, aunque no estaba cuando le llamamos a la tribuna, le concedemos ahora la palabra para que pueda hacer uso de ella en la fijación de posición.


El señor JORQUERA CASELAS: En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al presidente por su

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benevolencia y pedir disculpas por un error tan solo imputable a mí.


Comienzo ya mi intervención. Señora vicepresidenta, no tenemos nada que objetar a la concesión de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito incluidos en el título I de este decreto y por eso me voy a centrar en los contenidos del título II, que modifica la Ley de Impuestos Especiales.


El BNG ha reclamado con insistencia en distintos debates en esta Cámara una reforma del sistema fiscal de manera que se incremente su carácter progresivo y se garantice una recaudación suficiente. Este planteamiento incluso ha tenido reflejo en una de las propuestas de resolución aprobada a iniciativa del BNG en el reciente debate de política general. Por eso hemos abogado con insistencia por primar la imposición directa sobre la indirecta, en la que se grava el consumo, con el consiguiente efecto negativo en la reactivación de la demanda, y no se tienen en cuenta las circunstancias personales del contribuyente ni su capacidad de pago. Y de modificarse la imposición indirecta, desde nuestro punto de vista, esta debe de hacerse también atendiendo a criterios de progresividad, por ejemplo, incrementando el IVA en los productos de lujo y reduciéndolo en los de primera necesidad.


Es evidente que las medidas contenidas en este decreto son contradictorias con los planteamientos por nosotros defendidos. Además, al igual que sucedió con la supresión del impuesto sobre el patrimonio, se realizan modificaciones en impuestos cedidos a las comunidades autónomas, por mucho que estas modificaciones le vayan a reportar más ingresos, sin que ni siquiera estas hayan sido consultadas. Una razón más, desde nuestro punto de vista, para abogar por una reforma del sistema de financiación que contemple mayores garantías y competencias normativas en materia tributaria para las comunidades autónomas. Compartimos, eso sí, las consideraciones hechas sobre las implicaciones que estos impuestos puedan tener tanto en la política sanitaria como en la política ambiental pero, señora vicepresidenta, el Gobierno pretende empezar a construir la casa por el tejado. Con respecto a la sanidad, lo urgente y necesario es que el nuevo sistema de financiación contemple recursos adicionales suficientes para que las comunidades autónomas puedan financiar adecuadamente sus servicios sanitarios. Respecto a las consideraciones medioambientales, diré que para desincentivar el consumo excesivo de combustible es necesario incentivar el uso de transporte público, así como impulsar otro modelo energético y productivo. El BNG apuesta por una tributación verde, pero no a costa de introducir mayor regresividad en el sistema sino englobada en una ambiciosa reforma fiscal que asegure una recaudación suficiente, reparta la presión fiscal de una manera más justa y contribuya con ello a corregir las desigualdades. Por lo tanto, discrepamos de los contenidos del título II de este real decreto y por ese motivo el Bloque Nacionalista Galego no puede darle apoyo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, señora vicepresidenta, antes de nada quisiera felicitar desde esta tribuna y solidarizarme con el funcionario que ha redactado este real decreto-ley por el esfuerzo literario que ha tenido que hacer para explicar cuestiones difícilmente explicables en algunos momentos. Un nuevo real decreto-ley que nos ha pillado por sorpresa, que ha aprobado el Gobierno sin contar al menos con nuestro grupo parlamentario y que me imagino que pretende que votemos a favor. Pues ya le anuncio, señora vicepresidenta, que nuestro grupo parlamentario, el Grupo Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, no lo va a apoyar, y espero ser capaz de que entienda por qué vamos a votar en contra de la convalidación. En primer lugar, porque si hubieran querido nuestro apoyo de verdad nos tenían que haber explicado sus intenciones, su urgencia, para que lo podamos entender. Esto parece lógico en este real decreto o en cualquier iniciativa pasada o futura. En segundo lugar, porque no se articula a través de un real decreto-ley un aumento del gasto público de casi 20.000 millones de euros, una desviación de crédito de más del 10 por ciento de los gastos no financieros totales del Estado a mediados del ejercicio. Entendemos que esto requiere una explicación. ¿Cuántas ampliaciones más va a haber a lo largo del año, señora vicepresidenta, si ya hemos ampliado los créditos en esta cuantía solo en lo que va de año? Sinceramente, me preocupa dónde puede acabar el gasto y el déficit público este año. Espero que de cara al próximo año saquen punta al lápiz y ajusten más los números. Y en tercer lugar, esta ampliación de gasto refleja lo mal que estimaron las cifras presupuestarias el año pasado. No digo que erraran las previsiones del PIB o las estimaciones de ingresos, lo cual es bastante compresible, sino que ustedes presupuestaron los gastos públicos por debajo de lo que debían haberlo hecho para, seguramente, maquillar las cifras de déficit público. Es una práctica habitual de algunos ministerios cuando se les exigen recortes a la hora de hacer el presupuesto, no incluir partidas que saben que necesariamente van a tener que ejecutar. Así, después, no queda más remedio que suplementar estos créditos. Pero lo que es un pecadillo venial en una época de bonanza económica, se convierte en mortal en un momento como el que nos encontramos. ¿Cómo es posible que para hacer frente a los préstamos por desempleo haya que transferir al Ministerio de Trabajo ni más ni menos que 17.000 millones de euros, casi 3 billones de las antiguas pesetas? Entiendo además que, aunque no se apruebe el real decreto, como los trabajadores afectados tienen derecho no van a tener ningún problema para cobrar. Y ustedes, señores del Gobierno, si me permiten la expresión, se fuman un puro, se quedan tan tranquilos mirando para otro lado.


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Por otra parte, adquiere compromisos de gasto en diferentes ministerios, como el de Interior, Fomento, Sanidad y Educación, al margen del presupuesto aprobado este año. ¿Por qué no se limitan las actuaciones de estos ministerios, al menos en lo que queda de ejercicio, a las partidas presupuestarias aprobadas? Como señala el real decreto, y usted lo ha dicho, señora vicepresidenta, mediante este real decreto se salta lo establecido en la Ley de presupuestos para el año 2009, lo que establece la Ley General Presupuestaria y la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y esto un viernes cualquiera en un Consejo de Ministros. En este sentido, señora vicepresidenta, creo que actúan como si tuvieran mayoría absoluta y como si las opiniones y criterios de los demás no les interesaran. Así es difícil buscar apoyos y consenso, pero esa es su manera y ustedes sabrán por qué lo hacen.


Este real decreto incluye también una transferencia a las comunidades autónomas por importe de 1.800 millones de euros para compensarlas por la bajada de recaudación que supone para las mismas la supresión del impuesto sobre el patrimonio, impuesto que estaba cedido a estas comunidades. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) No tenemos nada en contra de esta transferencia, que nos parece justa y razonable, lo que no entendimos cuando se adoptó la medida y no entendemos tampoco hoy es que en la actual coyuntura económica negativa, cuyo impacto en la recaudación tributaria es manifiesto, el Gobierno socialista haya decidido suprimir el impuesto sobre el patrimonio, y lo entendemos menos aún si en el mismo real decreto en el que se compensa a las comunidades autónomas por la pérdida de recaudación se adoptan medidas para subir los impuestos al consumo de tabaco, gasolina y gasóleo, es decir, se suprime un impuesto directo, que afecta a las rentas altas y medias, y se compensa esta pérdida de recaudación mediante una subida de impuestos indirectos, que afectan al conjunto de los ciudadanos independientemente de sus rentas. De esta manera se da un paso atrás en la progresividad del sistema tributario. A decir verdad, no afecta al conjunto de los ciudadanos, sino tan solo a los dependientes, a los dependientes del tabaco y a los dependientes del vehículo particular.
Por un lado, se busca recaudar de los adictos a la nicotina, a sabiendas de que por mucho que suba el precio del tabaco a los fumadores les es muy difícil dejar de fumar. La demanda, como bien sabe usted, es rígida; el que necesita fumar paga casi lo que sea. Por otro lado, afecta a aquellos ciudadanos que utilizan su vehículo tanto para ocio como para trabajo. Lo que resulta curioso es la argumentación utilizada para subir los impuestos al tabaco y a la gasolina, y ahí merece una mención especial el redactor del real decreto. Amén de señalar que las subidas del tabaco y de la gasolina tendrán un efecto positivo sobre la recaudación, argumenta que la subida del tabaco reducirá su consumo, con efectos beneficiosos sobre la salud de los ciudadanos y sobre determinados gastos sanitarios.
Entonces la pregunta es por qué no lo han hecho antes si esta cuestión de salud es tan importante, idea que seguramente usted compartirá. Además vincula, de manera diría que grotesca, estos ingresos con los gastos vinculados a la dependencia, como si los ingresos fueran finalistas.
Usted bien sabe, señora vicepresidenta, que los ingresos financian globalmente los gastos. ¿Por qué utiliza pues estos argumentos con el fin de confundir a los ciudadanos? De igual manera se señala que la subida del precio de los carburantes contribuirá a reducir su consumo y, con ello, las emisiones de CO2 y se evitará el calentamiento del planeta. Es un fin noble este que se pretende, pero paralelamente se subvenciona la compra de vehículos, lo que va en sentido contrario a la reducción del consumo. Seamos serios. Lo que se pretende con la subida de impuestos especiales es compensar la bajada de recaudación que se ha producido por la supresión del impuesto sobre el patrimonio y por la caída general de la recaudación, a la par que financiar medidas que hemos calificado como absurdas e incomprensibles, como la famosa de los 400 euros.
Sinceramente, la subida de estos impuestos se podía haber hecho a principios de ejercicio, con motivo de la aprobación del presupuesto. A nuestro juicio, no tiene esa urgencia que ustedes dicen que tiene y, desde luego, no tiene sentido tramitarla como un real decreto-ley. Estos son los argumentos que conducen a los diputados del Grupo Vasco a oponernos a la convalidación de este real decreto.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, este es el segundo debate parlamentario que se plantea esta mañana en el Congreso de los Diputados. Los dos se han centrado en la convalidación de reales decretos-leyes sobre cuestiones económicas y en ambos hay algunos aspectos que hacen referencia a la política fiscal que se tendría que plantear en la economía española a lo largo de esta legislatura. Como he dicho en mi primera intervención esta mañana, Convergència i Unió está a favor de una política fiscal e impositiva que sea justa y equitativa y que permita al mismo tiempo una buena redistribución de la riqueza desde todas las ópticas sociales y económicas. Lógicamente, los impuestos son necesarios -sin impuestos sería imposible una economía sostenible a lo largo de los diferentes ejercicios-, pero han de ser competitivos y, sobre todo, han de generar confianza para motivar a los emprendedores a emprender proyectos empresariales, para generar inversión, para generar ocupación, para posibilitar que las familias

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puedan ahorrar y para que este ahorro se pueda convertir finalmente en inversión. Tal como he dicho al inicio de mi intervención esta mañana, Convergència i Unió va a hacer una oposición contundente a toda subida indiscriminada de impuestos, tanto directos como indirectos, a las familias y a las empresas.


El decreto que hoy estamos tratando de convalidar tiene aspectos importantes que no tienen nada que ver con la posible política fiscal que se pueda implementar a lo largo de los próximos ejercicios. Hay aspectos con los que estaríamos de acuerdo, como son todos aquellos que hacen referencia a los créditos extraordinarios de casi 20.000 millones de euros para atender a las prestaciones por desempleo, al fomento del empleo y financiar el plan extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral y también estamos de acuerdo, como no podría ser de otra manera, en que se compense a las comunidades autónomas por la desaparición del impuesto sobre el patrimonio, cuestión sobre la que desde hace muchísimos años veníamos manifestando nuestra postura favorable.


Pero también nos traen el incremento de una imposición indirecta que afecta a los impuestos especiales, concretamente al impuesto del tabaco y a los carburantes. Desde la óptica del incremento de impuestos que se plantea para las labores del tabaco, por lo que hemos leído en los medios de comunicación es cierto que ahí están todas las cadenas de producción, de distribución, de comercialización y los estanqueros, a los que parece que no se ha perjudicado notablemente; lógicamente aquí el perjudicado va a ser el consumidor habitual de tabaco que va a ver mermados sus ingresos con este incremento de impuestos especiales. Nosotros plantearíamos al Gobierno que se estudiara la posibilidad de implantar un mecanismo de ajuste automático anual -como el que existe en catorce Estados miembros de la Unión Europea que tienen el impuesto mínimo con un mecanismo de revisión automática- de los montantes mínimos de imposición aplicables a los cigarrillos y a la picadura de liar, que contribuya a garantizar el cumplimiento de los objetivos recaudatorios, de los objetivos sanitarios y, por último, a la rentabilidad de la industria. Entendemos que este mecanismo automático de ajuste de impuestos mínimos sería la única manera efectiva de asegurar la estabilidad de toda la cadena de valor, incluidos en este caso los agricultores extremeños, que alcanzan una cifra aproximada de 20.000, que viven directamente de la explotación agraria, en este caso, la industria procesadora, la industria fabricante, los distribuidores mayoristas y minoristas. Este mecanismo aportaría previsibilidad, predictibilidad y sostenibilidad del mercado y sus actores en el medio y largo plazo. Por tanto, señorías, señora vicepresidenta, Convergència i Unió plantea que ustedes estudien que en el futuro se apliquen estos incrementos automáticos en todos aquellos aspectos que hacen referencia a los impuestos especiales del tabaco, como hacen diferentes Estados miembros de la Unión Europea.


En lo que no podemos estar de acuerdo -como tampoco lo estamos en este incremento de los impuestos especiales sobre el tabaco- es en todos aquellos aspectos que hacen referencia al incremento de los hidrocarburos. Sabemos que no se ha tocado absolutamente nada en los gasóleos profesionales y agrarios ni en el gasóleo para la calefacción, ni tampoco en otro tipo de combustibles como el gas natural, el queroseno o el fueloil, pero no es menos cierto que se ha incrementado el impuesto sobre las gasolinas, sobre los carburantes, que va a afectar a la mayoría de las familias españolas que tienen que coger el coche para ir a sus respectivos trabajos y a todos aquellos profesionales que tienen que utilizar el vehículo y que no están dentro del grupo al que no se le han subido los impuestos.


Nosotros no vamos a votar favorablemente este real decreto que nos ha presentado el Gobierno, y ya hemos expuesto a la vicepresidenta segunda del Gobierno que la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a ser intentar plantear una política fiscal equitativa para que finalmente se pueda desarrollar una economía sostenible.


Finalmente, una petición al señor Ridao, que no está en la Cámara, que deje de mirar a Convergència i Unió constante y permanentemente por el retrovisor, porque somos personas adultas y mayorcitos, tenemos las ideas muy claras, y desde nuestra humilde modestia y también dicho con el máximo cariño al señor Ridao...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Sánchez i Llibre tiene que acabar, por favor.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: ... no necesitamos sus consejos económicos, que carecen de fundamento.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señora vicepresidenta, señorías, este real decreto tiene como finalidad, fundamentalmente, reforzar las políticas sociales del Gobierno y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de algunas de las propuestas que hizo el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación. Son cuestiones que venían precedidas de una normativa y de una orientación política que tiene este Gobierno de hacer frente en estos momentos a los problemas de aquellos sectores sociales que más necesitan de cobertura social y garantizar las prestaciones por desempleo. Desde mi punto de vista, hablar de un decreto que de cada 100 euros que trae hoy aquí, a la Cámara, 86 se dedican a la cobertura del desempleo, es hablar de un decreto que tiene un alto contenido

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social. Hablar hoy de este decreto significa fundamentalmente dar garantía y apoyo a numerosos ciudadanos que están necesitados de tener una prestación por desempleo. Yo no sé, señor Nadal, si nos hemos quedado cortos en las previsiones del incremento del desempleo para este año, lo que sí es cierto es que nuestras prestaciones por desempleo están por encima de las medias que ustedes hicieron a lo largo de todos sus años de Gobierno, veinticinco puntos más de cobertura de desempleo y, al mismo tiempo, que nuestros parados tienen en estos momentos una percepción de desempleo casi un 40 por ciento mayor de la que ustedes dieron en los años que gobernaron. (Aplausos.) Ese es un hecho real y lo demás es poner vigas para no querer ver la realidad.


Este es un decreto que tiene actuaciones en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Educación, compromisos en el Ministerio del Interior, en Fomento, y tiene también un compromiso claro con las comunidades autónomas, la devolución de 1.800 millones de euros por impuesto de patrimonio. Es decir, de los 19.800 millones de euros, 17.000 millones son para los parados, el 86 por ciento, señor Nadal; 2.300 millones para las comunidades autónomas; 270 millones para estímulo económico y creación de empleo, y 300 para Interior, para mejorar la seguridad de los españoles. Dicho de otra manera, de cada 100 euros, 86 euros son para desempleados, 11 euros para las comunidades autónomas y 3 euros para estímulo económico.


Además, este es un decreto que contempla dos actuaciones desde el punto de vista impositivo: sobre el tabaco y sobre los hidrocarburos. Sobre el tabaco tiene un doble objetivo, el recaudatorio y el tener hasta cierto punto una iniciativa para garantizar que los españoles fumen menos y tengan por lo tanto menos elementos perjudiciales desde el punto de vista de la salud, lo que tiene indudablemente una repercusión sanitaria positiva. Desde el punto de vista de los hidrocarburos, exactamente lo mismo, que sea un elemento preventivo y actuar para que el efecto invernadero, la contaminación por CO2 y la garantía del Protocolo de Kioto no sean papel mojado. Además, desde nuestro punto de vista, tenemos margen. Tenemos en este momento respecto de la Unión Europea casi seis puntos menos respecto de este tipo de actuaciones en tabacos, en hidrocarburos y en bebidas alcohólicas, con un 16 por ciento de impuestos frente al 22 por ciento de la media de la Unión Europea. Por tanto, no nos estamos sobrepasando y sí que buscamos recaudar 2.315 millones, porque son beneficiosos para las arcas públicas y para los ciudadanos, que es el objetivo fundamental.


Señorías, estamos, pues, ante medidas para luchar contra el desempleo e incrementar la protección social. Y yo me pregunto: ¿alguien se va a oponer a garantizar el cobro de las prestaciones por desempleo, a reponer las prestaciones para los afectados por expedientes de regulación de empleo, a suprimir el periodo de espera para ser beneficiario del subsidio de desempleo, a dar nuevas bonificaciones en los supuestos de regulaciones temporales de empleo en la contratación a tiempo parcial, a prorrogar la contratación de 1.500 orientadores para el reforzamiento de las oficinas de empleo, a desarrollar la Ley de la Dependencia en las comunidades autónomas, a ayudar a los licenciados en paro a completar su formación, a integrar las tecnologías de la información y la comunicación en los centros educativos? Señores del Partido Popular, esto es lo que dice el real decreto que hoy se está presentando. (Aplausos.- Rumores.) Esto es. Son medidas constructivas. Son medidas constructivas -repito- que pueden disparar el gasto, indudablemente, pero se trata sin duda de un dinero bien empleado. Señorías del Partido Popular, en contraposición, ustedes ante situaciones económicas sustancialmente diferentes hicieron otro tipo de actuaciones: recortaron el gasto, recortaron las prestaciones, redujeron la cobertura de desempleo, congelaron el salario mínimo interprofesional, congelaron los salarios de los funcionarios, recortaron prestaciones, incluso en las transferencias que hicieron a las comunidades autónomas, por debajo de coste. (Rumores.) Eso es lo que hicieron ustedes. (Aplausos.-Protestas.-La señora Villalobos Talero: No es verdad.) Es más. Ustedes hicieron la Ley 45/2002, que está permitiendo que se hagan despidos de trabajadores como churros. (Rumores.) Plantearon una autopista del desempleo porque les dejaron en estos momentos sin el salario de tramitación. (Aplausos.-Protestas.-La señora Villalobos Talero: Eso es falso, falso.) Esa es la realidad.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Tranquilidad, por favor.
Tranquilidad.


El señor MEMBRADO GINER: Ustedes conciben así las reformas sociales. Así conciben lo que deben ser los gastos.


Por tanto, señorías, está perfectamente justificado haber traído hoy aquí, a la Cámara, este real decreto y solo nos gustaría contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, porque consideramos que no apoyar este real decreto supone tener una posición clara en contra de las políticas sociales y de la atención a los desempleados. Nosotros tenemos un compromiso. Ustedes, no lo sé. (Aplausos.-Protestas.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Membrado.


Punto IX del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. A este punto ningún grupo ha manifestado su intención de intervenir, por tanto pasaremos a votación directamente en su momento.


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DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA. (Número de expediente 121/000013.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Punto X del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, el proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Para defender las enmiendas mantenidas tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto la señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.


Intervendré brevemente desde el escaño para dar por defendidas las enmiendas que el Grupo de Nafarroa Bai mantiene a este proyecto de ley en un sentido global, que es lo que expresaré. Nuestra convicción es que el texto que hoy somete a votación en la Cámara se produce en el terreno de unos ciertos no incumplimientos, ni mucho menos, pero sí desoimientos de convenios internacionales, del espíritu de Ginebra, que quedarían reconducidos con la incorporación al texto de las enmiendas. Cierto es que el Grupo Parlamentario Socialista nos ofrecía transaccionales en muchos casos tendentes en la forma, pero que no recogían el espíritu de lo propuesto por estas enmiendas. Por tanto, las mantenemos y las damos por defendidas.


Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Barkos.


Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Antes de nada, quiero dar por defendidas las enmiendas que mantiene vivas el BNG. Paso a defender mis enmiendas, estableciendo dos partes de enmiendas de las nueve que mantengo vivas como Unión, Progreso y Democracia, y después haré una reflexión general sobre el texto de la ley que hoy se nos somete a consideración. Mantengo vivas nueve enmiendas de las que quiero destacar dos bloques. Dos de las enmiendas tienen que ver con la protección a ciudadanos cuya vida corra riesgo por dos consideraciones, o porque tengan una enfermedad que en su país de origen no tenga cura o porque tengan una enfermedad que en su país de origen sea un riesgo para la vida. Por ejemplo, hace poco tiempo vimos ejemplos de albinismo, por citar solo uno de ellos. La ley no los recoge y creo que son ejemplos en los que se debería ampliar, por eso mantengo vivas esas enmiendas. También mantengo viva una enmienda que plantea un tema que esta ley no ha sabido resolver y que, a mi juicio, es más preocupante. Me refiero a la enmienda número 66 al artículo 15, en la que se plantea que se podrá presentar la solicitud de asilo ante una representación diplomática española por parte de una persona procedente de un tercer Estado. Esto existe en el actual momento en la legislación española, pero que haya una directiva europea que no recoja esta circunstancia o que ninguno de los Estados miembros, salvo España, tenga esta garantía, no significa en modo alguno que debamos renunciar a ella. Me parece que es una cuestión importante. Es verdad que se produjo una transaccional en la última sesión de la Comisión, transaccional que no nos satisface. Es la renuncia a un derecho que nosotros como españoles, como país veníamos reconociendo. No sé si hay tiempo para ello, pero le pido al grupo mayoritario una reflexión al respecto, porque en esto estaba bien que España fuera por delante y no está bien que dejemos de hacerlo y que renunciemos a ello, y que al hacerlo hagamos renunciar a millones de ciudadanos a un derecho que, además, tiene muy poca incidencia porque son muy pocas las personas que lo exigen. En todo caso, hemos dado un paso atrás y, por eso, insisto en esta reflexión.


El proyecto de ley que el Gobierno remitió a la Cámara, aunque era formalmente la trasposición de tres directivas, en el fondo era el fruto español -podríamos llamarlo así- del Pacto europeo sobre inmigración y asilo promovido por la Presidencia francesa de la Unión Europea y suscrito por los veintisiete Estados miembros en octubre de 2008. No era una buena ley, lo hemos dicho en muchas de las sesiones de trabajo de la ponencia y de la Comisión, y creo que era un retroceso y algo que iba en contra de la primera piedra de la política de asilo común europea que se puso en marcha en la cumbre de Tampere allá en el año 1998 y que estableció como objetivo una Unión Europea abierta, segura y totalmente comprometida con las obligaciones de la convención. Es verdad que, a lo largo de los debates de la Comisión y de las largas horas de la ponencia, esta es una ley que ha sufrido muchas modificaciones muy positivas. No reconocerlo no sería actuar en justicia con el conjunto de diputados y diputadas que trabajamos allí, pero también con el conjunto de organizaciones que trabajan sobre el terreno con los refugiados y que a todos los miembros de la Cámara, particularmente de la Comisión, nos hicieron llegar sus recomendaciones. Hemos sido sensibles a la mayor parte de esas recomendaciones. Sale un texto en el que nos podemos reencontrar. Es verdad que en el desarrollo del texto podremos observar si está sirviendo a sus objetivos y si, de alguna manera, es restrictivo y no sirve a los objetivos, está Cámara podrá rectificar la parte que corresponda. El texto que hoy sale está más cerca de ser un texto que da una oportunidad a los demandantes de asilo y que da una respuesta inspirada en la lógica del Estado de derecho y no en la del Estado de sitio o del Estado de excepción, en palabras de la jurista francesa Daniell Lochak. En ese sentido, estamos más bien en esta situación.
Insisto, si en el desarrollo...


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora, Díez, por favor.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... de la implantación de la ley hay algún aspecto que resulta regresivo, negativo y contrario a la voluntad de esta Cámara, estoy segura de que todos tendremos la capacidad de reconducirnos a nosotros mismos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, a nuestro parecer, va a traicionarse la solidaridad de los pueblos del mundo con las miles y miles de personas huidas de la guerra española. Va a traicionarse a los miles de republicanos y antifascistas, también del Partido Socialista, que clamaron por la solidaridad internacional y que fueron acogidos por esta. ¿Qué hubiera pasado con esos miles de personas si Francia hubiera cerrado las fronteras? ¿Qué hubiera ocurrido si México no los hubiera acogido? Si las repúblicas americanas, en su conjunto, hubieran cerrado las puertas, hubieran contemplado la ingratitud que fue una tónica distinta a la que se ofreció en aquellos momentos. Deberíamos avergonzarnos de que el Estado español ni siquiera llegue a la suela del zapato a la Italia de Berlusconi en asilo. Mientras Italia el pasado año concedió la mitad de las peticiones de asilo, España no llegó al 5 por ciento. De las 220.000 solicitudes de la Unión Europea, España solo recibió 4.500, y de estas solo aceptaron 151. Y encima se pretende aprobar hoy una ley todavía más restrictiva, y lo más preocupante es que se va a aprobar sin que cunda el escándalo, lo que responde y denota la relativización de los valores democráticos en nuestra sociedad, absolutamente ignorante de su pasado. Ignorancia que tiene unas causas y unos responsables.


La causa principal no es otra que la falta de memoria colectiva sobre el pasado y los responsables, la derecha y la izquierda española, que han consolidado el modelo español de impunidad, enterrando los horrores del franquismo y creando una ficción del pasado y del presente edulcorada ante las nuevas generaciones. Quieren hacer olvidar que hace solo unos años teníamos que buscar refugio en sociedades democráticas porque aquí se encarcelaba y se asesinaba. Y esto ocurre hoy en todo el mundo. Esto es lo que hay que transmitir a las nuevas generaciones. La vergüenza actual y la de esta ley radica en el hecho de reflejar sin disimulos que el Estado español, una de las últimas dictaduras del siglo XX en la Unión Europea, es decir, una de las democracias más jóvenes, es de las primeras en apuntarse al reflujo europeo. Los últimos en llegar y los primeros en bajarse. Esta es la realidad. A título de ejemplo, destacamos dos de los déficits de esta ley: se niega el derecho de asilo a las personas naturales de países comunitarios, y no tienen empacho en justificarlo asegurando que en la Unión Europea no hay persecución ni vulneración de derechos. Es inaceptable, porque sabotea la Convención de Ginebra y porque convierte a la sociedad europea en categoría de paraíso, donde no caben persecuciones ni escenarios susceptibles para reclamar el asilo, sin tener en cuenta futuros escenarios no deseables, producto del renacimiento de las ideas xenófobas, racistas y totalitarias en los distintos Estados europeos, así como situaciones de presente muy desalentadoras, por ejemplo, el trato que reciben homosexuales, gitanos e inmigrantes en algunos Estados europeos. Es, pues, una gran imprudencia legislar obviando la póliza de seguridad que reclamamos y es incomprensible su cerrazón, la cerrazón del Partido Socialista.


Si en la Unión Europea no existe ni va a existir ningún motivo para otorgar el asilo, el reconocimiento en esta ley no debería preocuparles.
En cambio, será vital en un futuro, para poder dar refugio a nuestros hermanos y hermanas europeos en caso de que no sea así. Lamentamos también que aprueben una ley que restringe la capacidad de las personas que pretendan solicitar asilo en el Estado español. Hasta ahora se podía solicitar en cualquier embajada española. ¿Por qué razón a partir de ahora no será así? Ahora será el cuerpo diplomático quien decida sobre la conveniencia o no de proceder a trasladar a la persona solicitante.
Imagínense lo que significa erigir en juez a un embajador retrógrado, fascistoide -que los hay-, que podrá decidir, discrecional e impunemente, sobre el derecho de asilo, es decir, sobre la vida, sobre la supervivencia de una persona perseguida. Y para muestra solo hay que ver la polémica de estos últimos días que repite una anterior respecto a Inocencio Arias y las familias de homosexuales. ¡Imagínense qué podría hacerse con una persona solicitante de asilo que sin duda no tendrá el mismo acceso que estas familias a los medios de comunicación!

Ustedes, señores del Grupo Socialista, se llenan la boca sobre la Alianza de Civilizaciones, presumen de plan de derechos humanos, pero todo esto suena a falso, un tanto hipócrita. Esa España que dice luchar contra la pena capital condena a muerte a muchas víctimas de conflictos y las condena doblemente, primero a vender armas a gobiernos que oprimen a sus pueblos o cometen crímenes de guerra, después al negar el asilo a aquellos que intentan huir de la muerte que causan esas armas.


Cuando presentaron el proyecto de Ley de Asilo ya nos vimos obligados a presentar una enmienda a la totalidad, y pese a que en el trámite parlamentario hemos mejorado el texto, es cierto, ni siquiera eso ha conseguido evitar que este texto sea aceptable. Señorías, ¡es un mal presagio! Un mal presagio para la tramitación de la Ley Orgánica de Extranjería. Ya les dijimos que la ecuación entre la regulación de flujos y la coyuntura económica podía ser válida -aun cuando cuestionable-

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siempre y cuando fuéramos intransigentes -¡intransigentes!- en todo aquello que afecta a los derechos humanos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Uno, si es intransigente en cuanto a los derechos humanos puede luego tramitar y transitar hacia la realidad, pero siempre con la salvaguarda de la defensa a ultranza de los derechos humanos y eso con esta ley sin duda no ha sido así digan lo que digan: digan misa, digan lo que digan esto será así. Por eso los compañeros de Izquierda Unida, los compañeros de Iniciativa per Catalunya Verds y nosotros los republicanos catalanes decimos no a esta ley, y les pedimos que voten a favor de nuestras enmiendas -que se someterán a votación dentro de unos segundos- a fin y efecto de que pudiéramos votar a favor. Y si no, siempre tendrán nuestra denuncia. ¡Ustedes, ustedes son los responsables!

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Sabemos que el uso del término debe ser objeto de irrestrictos requerimientos -yo le agradezco a la vicepresidenta, no está ahora, que haya tenido la amabilidad incluso de acudir a mi escaño para hacerme esta invocación personalmente- y desde esa perspectiva intentaré atender a estas sugerencias. Es una ley importante ésta, señor presidente, y no comprendo los requerimientos temporales de los compañeros diputados, pero se está legislando más en las dos últimas semanas que en todo el año que va de legislatura; año, largo ya, de legislatura, señor presidente. Leyes de terrible relevancia: de desarrollo de los derechos y libertades fundamentales de la Constitución y de instrumentos de derecho internacional público de gran relevancia. Yo lo podré hacer en siete minutos o no, pero quiero reprochar al Gobierno y al grupo que lo sustenta que haya tardado un año en presentarlo. He llevado en las dos últimas semanas doce proyectos o proposiciones de ley relevantes, algunas de ellas derivadas desde la trasposición un tanto tardía en este caso -por usar una expresión eufemística- de directivas comunitarias que en el caso de la ley que nos ocupa son directivas del año 1983, una; 1985 otra; y 1986 otra. No se puede hacer una reflexión más que de negligencia, de falta de diligencia por parte de los obligados a la trasposición de dichas directivas. Directivas que además no solo no se incardinan en el sistema de derechos y libertades ya configurado por la Constitución española y desarrollado por prolija jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino que resultan regresivas por su carácter extemporáneo.


Son directivas que ofrecen o se corresponden con una metacultura en relación a la concesión del derecho de asilo, al reconocimiento de la condición de refugiado. Es la metacultura de la década de los ochenta, del año 1983, y por lo tanto, conceptual y jurídicamente extemporánea. El Tratado de Amsterdam da también el carácter de derecho fundamental -es el primer tratado comunitario que establece un catálogo de derechos fundamentales, dentro de las versiones consolidadas del Tratado de Roma que fuimos conociendo-, hasta que se aprobó el Tratado de Amsterdam no hubo un reconocimiento de un derecho fundamental de estas características. Esto sirve para glosar la relevancia de esta ley, no obstante sus requerimientos temporales para mí -lo sabe el señor presidente- son objeto de absoluta atención en sus propios términos.


En relación a la exposición de las directivas quiero hacer dos advertencias -que se incardinan en las reflexiones hechas por la señora Díez y en algunas de las del señor Tardà de forma apasionada- sin pretender decir misa, es una reflexión de naturaleza intelectual moderada, proactiva al entendimiento entre los grupos parlamentarios. El Consejo Europeo, para los refugiados y los exiliados, ya advierte que estas directivas tienen la condición de derecho mínimo mejorable, que no es susceptible de reducir el derecho estatal cuando establece mejores condiciones, en virtud de la dialéctica entre la norma mínima y la norma más favorable, que lo que dimana de la trasposición en sus términos de las propias directivas. Es una invocación que hacemos en la exposición de motivos y que nos interesa que se tenga en consideración.


Hay un asunto relevante, y que afortunadamente ha sido objeto de transacción en el importante debate en ponencia -porque han sido muchas horas- y el importante debate en Comisión, del ajuste de la Convención de Ginebra -que es la convención troncal que estamos utilizando para el reconocimiento de la condición de refugiado- con una ley del Estado español, la Ley Orgánica 3/2007 relativa a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, reconociendo la posibilidad -no reconocida explícitamente en la Convención de Ginebra- de la invocación de la condición de perseguido político, por tanto, legitimado para obtener la condición de refugiado, por razones de género. En segundo lugar, hay una cuestión terriblemente vidriosa -recurriendo a posiciones de derecho positivo, de derecho material que son las que nos han enfrentado más a los grupos parlamentarios- que es la legitimidad o no de un Estado de la Unión Europea para conceder la condición de refugiado a un ciudadano de otro país de la Unión Europea. Mire, no tengo ninguna duda de que el Derecho comunitario ni siquiera el acervo comunitario, el acquis communautaire, impida que se pueda conceder el derecho de asilo a cualquier ciudadano, pertenezca o no a la Unión Europea. Aquí se hacen invocaciones genéricas y buenistas en relación a que la construcción europea se hace mediante la simetría o la convergencia de los derechos que todos vamos a compartir, antes o después, mediante procesos constituyentes que no son tales. Pues no, señor presidente, no es cierto.


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La Unión Europea son veintisiete Estados donde los ordenamientos jurídicos no son igualmente garantistas y donde existe la posibilidad de que haya personas perseguidas en el seno de la Unión Europea que puedan legítimamente invocar la condición de perseguido y, por lo tanto, obtener la condición de refugiado en el Estado español. Nosotros vamos más allá todavía, y vamos más allá porque además de la invocación a la Convención de Ginebra del año 1951 -y de su protocolo de desarrollo suscrito en Nueva York en el año 1967- hay personas, que no incardinadas en los estrictos requerimientos a efectos de legitimar la reivindicación de su condición de refugiados en estas normas o en estos instrumentos de derecho internacional, para las que puedan existir razones fundadas que permitan pensar desde una perspectiva no arbitraria no discrecional, sino razonable al Estado español, que es pertinente reconocer su condición de refugiado porque existen razones fundadas que dimanan de que la vuelta a su país les va a provocar problemas de persecución, y esto ocurre frecuentemente. Y un componente de discrecionalidad a las autoridades políticas españolas también es pertinente reconocerle a efectos de no circunscribirse de un principio de tipicidad estricto y petrificado en lo que prevén estos convenios, este protocolo adicional, sino analizar eventuales razones fundadas que posibiliten también la exigencia del reconocimiento de la condición de refugiado.


Hay un asunto que se ha resuelto en Comisión, y en ponencia anteriormente, que es la persecución por razones no solo de género sino de orientación sexual. No voy a glosar en estos momentos, señor presidente, lo que ocurre por razones de orientación sexual legítima en muchos países del mundo y cómo esto debe de ser uno de los elementos que legitiman para la adquisición de la condición de refugiado, y ya -veo que se está agotando el tiempo, señor presiente- quiero indicar que no se define bien desafortunadamente en este proyecto de ley el concepto de apátridas. Los apátridas también -a pesar de que esta es una cuestión discutible- tienen derecho a obtener o reivindicar su condición de refugiados cuando son realmente perseguidos.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, debe acabar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya con esto acabo, señor presidente. Hay una convención que no se considera ni siquiera se menciona en este proyecto de ley, que es la Convención o el Estatuto de los Apátridas, suscrito en Nueva York el 28 de septiembre del año 1958. Hay apátridas que lo son porque no pertenecen a ninguna nación y hay apátridas que lo son porque no encuentran protección efectiva en su nación y desean renunciar a su nacionalidad. En definitiva, todavía -ya acabo con esto, señor presidente- hay déficits en este proyecto de ley que no van a impedir un voto positivo al proyecto por parte de nuestro grupo, pero sí el mantenimiento de algunas enmiendas e incluso el apoyo a las presentadas por otros grupos parlamentarios, porque es el cierre definitivo de una ley tan relevante, tan importante, tan vinculada a los derechos de ciudadanía. El derecho de ciudadanía es un concepto nuevo, en la academia nadie sabe qué significa, son todos derechos de ciudadanía salvo los que hacen referencia a la fauna y la flora silvestre.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Al margen de esto, vamos a llamarlo así, ya que se ha consagrado la expresión de derechos de ciudadanía. Este derecho de ciudadanía que afecta...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Desde Convergència i Unió vamos a acercarnos al dictamen aprobado en Comisión desde las siguientes consideraciones. Una primera sería la de explicitar que para Convergència i Unió estamos ante un tema importante, ante un tema de derechos humanos, porque no podemos olvidar que el derecho de asilo, regulado en el artículo 13 de la Constitución, referenciado en la Convención de Ginebra, es en definitiva la proyección exterior del compromiso de un Estado con la defensa de los derechos humanos. La segunda consideración sería la de tener en cuenta que la última ratio de la normativa que estamos viendo radica en la necesidad, perentoria incluso diría yo porque vamos con mucho retraso, de trasponer como Estado miembro de la Unión Europea las directivas adoptadas en esta materia y que constituyen los primeros pilares de un sistema europeo común de asilo. La necesidad de la implantación de este sistema europeo común de asilo, es más, la necesidad de avanzar en que la Unión Europea sea un espacio de libertad, seguridad y justicia, de avanzar en definitiva en la construcción política de la Unión Europea, es algo que en Convergència i Unió no solo compartimos sino que propugnamos, y por ello mi grupo parlamentario no va a objetar el ámbito de aplicación de la ley. Entendemos que los países pertenecientes a la Unión Europea han de haber incorporado a su acervo la protección y el respeto a los derechos humanos y, en caso de no ser así, debe tener la ciudadanía de estos países las instancias jurídicas internas y comunitarias suficientes para reclamar su observancia y respeto. En tercer lugar, hemos de tener en cuenta que el debate sobre el asilo no tiene las mismas connotaciones en todos los países europeos. En otros países -y me refiero especialmente a los nórdicos con una política de inmigración cero- la vía del asilo se ha convertido en la única vía de acceso de ciudadanos extranjeros a estos países. Este no ha sido el caso de España. En España el debate sobre

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el asilo no es su conceptuación como la puerta trasera para la entrada de inmigrantes, sino que el asilo debe servir para proteger a aquellas personas que viviendo en su país una situación de vulnerabilidad o de persecución política con riesgo para su vida puedan ser acogidos en España. No podemos olvidar a este respecto que durante una larga etapa de nuestra historia reciente España ha sido un país de exilados. Por ello, tal como se hizo la regulación hoy vigente, en la que tuvo un papel de relevante intervención el que fue durante mucho tiempo portavoz de mi grupo parlamentario, Miquel Roca, el objetivo ha de seguir siendo que el derecho de asilo funcione y que funcione bien, no solo pero también en justa correspondencia con lo que a España le correspondió beneficiarse en el oscuro periodo de la dictadura en el campo de la protección internacional.


Desde estas consideraciones nos acercamos a valorar el dictamen de la Comisión y quiero ante todo agradecer los datos y las propuestas de mejora y de modificaciones que nos han hecho llegar tanto el Acnur como las organizaciones no gubernamentales vinculadas a esta materia y quiero señalar, entre otras, a Amnistía Internacional, CEAR, ACSAR... Sus propuestas se han traducido en muchísimas enmiendas de los grupos parlamentarios desde redacciones muy coincidentes. Deseo también poner en valor el largo trabajo de la ponencia; cinco reuniones y dieciocho horas de trabajo creo que merecen ser mencionados porque gracias a este trabajo y a la buena disposición de los ponentes de todos los grupos, y especialmente de los que hemos podido estar presentes durante todas las largas sesiones -y quiero mencionar aquí a Gonzalo Robles del Grupo Popular, a Juan Luis Rascón, Juan Moscoso y Antonio Hernando, del Grupo Socialista-, hemos podido sin duda mejorar el proyecto inicial. Quiero también una vez más agradecer el trabajo de los servicios de la Cámara y personalizarlo en la letrada, doña María Rosa Ripollés, no solo por su gran disposición, sino también por sus profundos conocimientos jurídicos, que esta diputada tiene en una gran consideración.


Sin ninguna duda, el dictamen es mucho mejor que el proyecto inicial. Así nos lo hacen llegar tanto el Acnur como otras organizaciones no gubernamentales. Quizá no se considera que los avances sean suficientes, y es cierto que todo es perfectible, pero los valoran positivamente. El escaso tiempo del que dispongo en esta intervención no me va a permitir hacer un examen pormenorizado de todos los cambios, algo que sí pudimos realizar la semana pasada en Comisión. No quiero dejar de señalar que, desde nuestro punto de vista, el texto resultante amplía el concepto de asilo, mejora las definiciones, así como las garantías jurídicas de los demandantes. Se recupera la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas, quizá no de una manera excesivamente amplia, pero sí de una manera razonable, teniendo en cuenta que somos uno de los pocos países que lo mantenemos. Se ha reforzado también todo lo que tiene que ver con los colectivos más vulnerables, mejorando el amparo legal en situaciones de discapacidad, género, orientación, identidad sexual, menores y edad; se ha mejorado la participación del Acnur; se ha previsto de manera transversal la formación de todos los operadores en este proceso y se clarifica, entre otras cuestiones, la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo. Procedimentalmente se introduce la posibilidad de una segunda entrevista personal, la petición de reexamen, la posibilidad de revisión, así como que el reglamento deba hacerse en un plazo máximo de seis meses y también que el Gobierno deba remitir a la Cámara un informe anual detallado, muy detallado, que nos va a permitir sin duda monitorizar y hacer evaluaciones periódicas de la efectividad de la ley.
Nos quedan pocas, poquísimas enmiendas, que doy por defendidas en los términos en que lo hice en el debate en Comisión, y quiero también introducir una cierta preocupación, no tanto en los conceptos, en los que creo que todos estamos de acuerdo, cuanto en la redacción dada porque puede inducir a confusiones en parte de los artículos 7, 8, 8 bis, 10, 10 bis, 19, 22, 33, 36 y 37 por lo que ya anuncio enmiendas a los mismos en el trámite del Senado. Creemos, y lo quiero reiterar una vez más, que este proyecto ha mejorado sustancialmente a lo largo de su tramitación parlamentaria; seguro que no es la ley que haría Convergència i Unió, pero sí es un texto en el que nos podemos reconocer porque no en vano han sido aceptadas o transaccionadas la mayor parte del largo centenar de enmiendas que presentamos. Por ello, señorías, anuncio nuestro apoyo al dictamen de la Comisión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Gonzalo Robles.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor presidente.


Señorías, cuando tomamos en consideración la posibilidad del debate de la Ley de Asilo ya dijimos que para nuestro grupo era el momento de proceder al enriquecimiento de esa ley. Estábamos trasponiendo unas directivas sobre una ley que podía ser mejorada, pero que en principio entroncaba con la política de asilo común de la Unión Europea. Es lo que hemos hecho en el trámite de ponencia; se ha trabajado muy intensamente durante cinco reuniones de la ponencia; que se ha trabajado con una labor y un espíritu de consenso y, por ser rápidos y breves, le diré que nuestro grupo está moderadamente satisfecho. Hemos presentado 46 enmiendas, que pretendían hacer lo que dijimos aquí, en el trámite del primer debate, que no hubiera ningún paso atrás, que la ley supusiera ir a una política de asilo común de la Unión Europea, pero que mantuviera de alguna manera los estándares que tradicionalmente la política de asilo había tenido en España. Eso es lo que han pretendido la 46 enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario

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Popular, y tengo que decir que sea por la causa que sea, bien porque el grupo de la mayoría no está en mayoría, bien porque ha hecho de la necesidad virtud, y yo sinceramente quiero pensar bien, que es porque ha estado receptivo a lo que hemos sugerido; lo cierto es que las 46 enmiendas han sido incorporadas de una forma o de otra al texto inicial.
Tenemos por tanto que decir que nos sentimos satisfechos. Ha habido 46 enmiendas que, o bien de forma directa o bien a través de transaccionales, se han incorporado al texto de la ley. Lo mismo ha ocurrido con la inmensa mayoría de los grupos, que han estado en ese espíritu de consenso. Podemos decir hoy que la ley que sale ahora del Congreso es mejor que la ley que entro, que ha sido mejorada técnicamente, que hay cosas que se habían olvidado en el texto inicial y que ahora están recogidas en la misma. Seguramente podremos seguir haciendo lo mismo en el Senado, porque puede haber matices que se nos hayan escapado, y algo nos ha sido sugerido últimamente por Acnur o por algunas organizaciones no gubernamentales, pero en todo caso claramente hoy la ley es mejor que la que entró.


Las 46 enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y que, como digo, han sido recogidas en la ley, afectan a los siguientes temas: ha sido recogida la posibilidad del asilo en embajada y el Partido Popular está satisfecho con que ese principio haya sido recogido en la ley y que se pueda seguir haciendo el asilo en la embajada; hemos hecho un bloque de enmiendas que tenían como fundamento que el procedimiento fuera mucho más garantista y precisamente se ha dado una intervención plena en cada uno de los procesos al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, al Acnur, que va a tener y que va a jugar un papel determinante en todo el procedimiento; se han acortado los plazos para ser más garantistas y dar más seguridad jurídica a las personas solicitantes de asilo; se ha podido nombrar un representante legal en el caso de personas incapacitadas; hay una mejor protección a los menores; hay una mejor protección en materia de género y orientación sexual, etcétera; se ha introducido un tema importante, como era el reexamen del expediente, que era una de las cuestiones que estaban en el ordenamiento jurídico español y que se había eliminado de la ley; se ha introducido también el concepto de confidencialidad, dando plenas garantías a los solicitantes de asilo; se ha hecho necesario que los Estados sean los que garanticen, en aquellas circunstancias que cambian, la seguridad jurídica de las personas; se ha introducido también, de una forma mucho más clara y contundente, de acuerdo con el ordenamiento internacional, el concepto de no devolución. Todo ese bloque de medidas agrupadas en torno a estas ideas han sido ya incorporadas. Por último, nos hemos puesto el plazo de seis meses para que haya un desarrollo reglamentario de la presente ley.


Creo que podemos estar, insisto, no moderadamente satisfechos, sino bastante satisfechos, porque la ley ha mejorado sustancialmente y porque, si de lo que se trataba es de que pensáramos en las personas que eran susceptibles de esta ley, es decir, las personas más necesitadas, las más vulnerables, las que se encuentran en situación de riesgo, eso es lo que ha hecho esta ley, responde a esa situación. Creo que con esta ley España se coloca a la cabeza de los países que ofrecen garantías a las personas solicitantes de asilo y también nos ponemos al frente de la defensa de los derechos humanos en el mundo. Con sinceridad, creo que esta ley es buena para España. Por tanto, en el Grupo Popular, como no puede ser de otra forma en una política seria, coherente y razonable, no podemos más que decir que vamos a apoyar el dictamen de esta Comisión. No vamos a apoyar las enmiendas de los demás grupos, porque creemos que el espíritu está recogido ya en el dictamen. No obstante, tenemos la ocasión de ver en el Senado aquellos matices que se nos hayan podido olvidar, como decía antes, y estamos abiertos a todo tipo de sugerencias, porque lo que pretendemos es no olvidarnos del sujeto de la ley, las personas más necesitadas, pero, insisto, vamos a apoyar el dictamen, estamos muy satisfechos de que se hayan incorporado 46 enmiendas del Partido Popular, que han mejorado la ley e intentaremos que, al final, sea la mejor ley posible.


Quiero terminar, como han hecho algunos otros portavoces, diciendo que hemos tenido cinco reuniones de ponencia, que ha habido una labor importante desde los servicios jurídicos de la Cámara, y quiero hacerlo constar; y que ha sido muy agradable compartir con algunos ponentes lo que es el verdadero espíritu de la labor de legislación de esta Cámara.
Ojalá en otros aspectos de la vida parlamentaria se pudiera repetir este caso, que pudiéramos, al final, no perder el norte de lo que estamos haciendo con estas leyes y que ese espíritu de buscar posiciones comunes se mantuviera. Agradezco a los portavoces del Grupo Socialista y muy especialmente a los portavoces de Convergència i Unió la labor de trabajo conjunto que hemos hecho y también a los demás grupos que se han sumado a la ponencia.


Termino repitiendo que la ley que sale hoy del Congreso es mejor que la que entró; cuando uno tiene la satisfacción de que se han incorporado aquellos principios por los que estaba luchando, no tiene más remedio que aceptarlo de buena lógica. Apoyaremos la ley e insisto en que estamos satisfechos del resultado de la ponencia, del trabajo de la Comisión y espero que de la votación de hoy en el Congreso.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Robles.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Juan Moscoso.


El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar posición en materia del proyecto de ley reguladora del derecho de

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asilo y de la protección subsidiaria. Como han dicho las señorías que me han precedido en el uso de la palabra, quiero comenzar destacando el intenso y productivo trabajo, así como el buen clima, que ha caracterizado el trabajo de la ponencia constituida en el seno de la Comisión de Interior, en la que hemos debatido este anteproyecto desde que el Gobierno lo remitió el pasado mes de diciembre. Desde entonces, la ponencia se ha reunido en seis ocasiones, con más de 18 horas de trabajo.
Antes -y quiero destacarlo- comparecieron en Comisión las principales organizaciones no gubernamentales en materia de asilo y derechos humanos, así como también el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur. Aprovecho para dar la bienvenida a esta Cámara a los representantes de CEAR, que están en la tribuna, así como también quiero agradecer, en mi nombre y en el de mi grupo, el esfuerzo y la constancia que han dedicado a esta cuestión, desde antes incluso de que llegase el anteproyecto a esta Cámara, durante su tramitación; seguro que lo seguirán realizando en el futuro. Quiero reconocer, como han hecho otros portavoces, el excelente trabajo de los servicios de la Cámara y el de una serie de ponentes, en particular de la señora Pigem, del Grupo Catalán; del señor Robles, del Grupo Popular y el de mis compañeros, los señores Hernando y Rascón, ambos grandes juristas, que además han confiado hoy en mí para hacer esta presentación, una confianza que me honra. En definitiva, ha sido un esfuerzo colectivo que ha permitido que esta importante ley en materia de derechos fundamentales y de libertades, como decía el señor Olabarría, los relativos a los refugiados, llegue a este Pleno, después de haber cosechado en Comisión un alto grado de acuerdo, casi unánime.


Quiero destacar la importancia que tiene este proyecto de ley en materia de derecho de asilo, tanto en el marco del derecho español como en el derecho comunitario europeo. Como ya sabemos, el derecho de asilo se encuentra regulado internacionalmente a partir de la Convención de Ginebra del año 1951 y del Protocolo de Nueva York de 1967. Es evidente que los ciudadanos españoles fuimos antes que nada objeto de protección.
Fueron cientos de miles los demócratas españoles exiliados, desde la guerra civil, el exilio y la República, o los que huyeron de la dictadura franquista, una dictadura autoritaria. Hubo que esperar hasta la Constitución de 1978 para que España se reincorporase a la comunidad democrática de las naciones libres y para que pudiésemos comenzar a ser país de refugio y no país emisor de refugiados. Esto está en nuestra consciencia, está en nuestra historia, y por eso este país, y sin duda mi partido, siempre trabajará para ser una referencia europea e internacional en materia de asilo.


La Constitución española señala en su artículo 13.4 que la ley establecerá los términos en los que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar de derecho de asilo; así se comenzó a configurar con la Ley de 1984, ley que sin embargo empezó a ser objeto de cambio y de transformación a partir de un importante vector de transformación política de nuestro país, que fue la incorporación en Europa el año 1986.
Desde entonces, la progresiva incorporación del derecho de asilo, primero como materia intergubernamental a partir del Tratado de Maastricht y, después, a partir del Tratado de Ámsterdam, como materia comunitaria propia, se ha convertido en el vector que, junto a nuestro propio desarrollo nacional, ha condicionado y modificado estas leyes. Es más, si entra en vigor el Tratado de Lisboa, todavía veremos más directivas y más cambios profundos e importantes. Ayer mismo, el presidente del Gobierno, en su comparecencia, recordaba cómo el Consejo Europeo instaba a que, junto con el Parlamento Europeo, se ponga en marcha cuanto antes la oficina europea de apoyo al asilo, en el marco del sistema europeo común de asilo. En definitiva, esta es una realidad europea -porque estamos en Europa-, una realidad que constituye un comunidad de naciones, entre cuyos principios está el máximo respeto a los valores democráticos y a los derechos humanos y que, si realmente queremos proyectar con fuerza hacia el resto del mundo, tenemos que hacer de manera conjunta.


Ahora quiero recordar las principales aportaciones de este proyecto de ley, aportaciones que venían ya en el proyecto que envió el Gobierno como resultado de la trasposición de las dos directivas ya mencionadas. En primer lugar, la protección subsidiaria constituye un imponente avance.
Hasta esta ley existían en España dos estándares de protección, el de asilo, el de refugio, conforme a la Convención de Ginebra y la Ley de 1984, y la protección subsidiaria. A partir de esta ley, ambos sistemas de protección cuentan con las mismas garantías, con los mismos requisitos y los mismos beneficios. En segundo lugar, es importante el papel que se concede al Acnur, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. El nuevo texto legal consagra un capítulo entero, los artículos 31 y 32, y garantiza su presencia en todas las fases del procedimiento, tal y como solicitó el propio Acnur y tal y como, incluso con alguna enmienda, hemos ido ajustando en la fase de ponencia. También se reconoce explícitamente el papel de las organizaciones no gubernamentales dedicadas al asilo. En tercer lugar, es un avance importante la protección que se concede a los perseguidos por materia de género. Desde la Ley de Igualdad que aprobó esta Cámara a iniciativa del Gobierno actual, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad, existía esa referencia, pero en esta ley se convierte en realidad.
También se incluyen la persecución por materia de orientación e identidad sexual y otras cuestiones, como la edad, prestándose especial atención a colectivos como los menores o los discapacitados. No son menos importantes los derechos sociales que se reconocen en esta ley en materia sanitaria, educativa, social o laboral, a todos los refugiados, así como el cupo de reasentamiento que se incluye en la misma. Por primera vez el Gobierno español se compromete a establecer una cantidad fija anual que se determinará

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en Consejo de Ministros, en colaboración con el Acnur y con otras organizaciones no gubernamentales.


Es importante también recordar todos los cambios introducidos en ponencia: 45 enmiendas transaccionales, que contienen el espíritu de 165 enmiendas, y 35 enmiendas en sus términos, esto es, 200 enmiendas, de un total de 357. La mayoría de ellas, hay que decirlo también, están inspiradas en las propuestas de Acnur y de otras organizaciones no gubernamentales. Es un trabajo que mejora garantías y procedimientos, que modifica plazos, que refuerza procedimientos, que motiva las resoluciones, que asegura otro tipo de mejoras en la notificación, el archivo, que garantiza la confidencialidad y ajusta cuestiones como la determinación del parentesco o la extensión familiar, por citar algunas. También quiero destacar la incorporación de un procedimiento de urgencia que reemplaza el abreviado inicial y la habilitación de las embajadas de España en el exterior para recibir solicitudes de asilo, como ya se ha dicho. Se ha modificado y ajustado la definición de delito grave, se ha creado la posibilidad de realizar una segunda entrevista personal, se introduce el reexamen para las solicitudes en frontera y se ajusta el reparto de competencias entre la Administración central y las autonómicas que ejercen sus competencias exclusivas en materia, por ejemplo, de los derechos sociales que he mencionado. Asimismo, el Gobierno se compromete a realizar un informe anual, que presentará en las Cortes, y que consideramos muy importante.
En definitiva, es una ley positiva. Ya termino, presidente.


El señor PRESIDENTE: Debe hacerlo. Muchas gracias.


El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Decía que es una ley positiva, que mejora el procedimiento actual y que mantiene a España en la vanguardia tanto del asilo como de la protección subsidiaria.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso.


Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Una brevísima intervención, básicamente para agradecer el trabajo de todos los grupos parlamentarios, absolutamente de todos, de aquellos que han expresado en esta tribuna su voluntad de votar el texto de la ley y también de aquellos que no lo han hecho, pero han colaborado con sus enmiendas a que el texto que envió el Gobierno sea hoy un texto -como han reconocido los portavoces que han salido a la tribuna- mejorado. Quiero agradecer también el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, que ya habían estado en la elaboración previa del Gobierno y del Ministerio del Interior, pero que han seguido trabajando y han hecho aportaciones relevantes, como también se ha reconocido en las distintas intervenciones en la tribuna.


Creo que el texto, como señalaba el señor Robles, que sale del Parlamento es mejor que el que envió el Gobierno, no me cuesta nada reconocerlo; así suele ser, esa es la tarea de la Cámara. Creo, como señalaba la señora Pigem, que eso es merced al esfuerzo meticuloso de unos ponentes que han dedicado mucho trabajo, también a los servicios de la Cámara. Y creo que, en conjunto, como decía mi compañero Juan Moscoso, se ha hecho un buen trabajo. Sale del Congreso un texto que nos incardina mejor en ese sistema europeo común de asilo que tenemos como objetivo prioritario en los próximos meses; que equipara la protección subsidiaria al Estatuto de asilado, mejorando, por tanto, las condiciones en las que las personas que lo necesiten pueden venir a nuestro país para protegerse; que incorpora en un texto, que es de asilo y de refugio, algunos elementos sobre la orientación sexual, la identidad sexual, el género, que es verdad que estaban presentes pero en otras leyes; que introduce el reagrupamiento familiar; que da un tratamiento especial a todos los temas que tienen que ver con los menores; que facilita la incorporación de Acnur a todos los trabajos de la Administración en materia de asilo y que, finalmente, reconoce la participación de las comunidades autónomas en todo este tema, como no podía ser de otra forma en un Estado compuesto, como es el nuestro.


En resumen, señor presidente, es un texto mejorado, algo que nos debe satisfacer a todos. Desde luego, en primer lugar al Gobierno y a este ministro, que propuso la iniciativa a esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, muchas gracias por sus palabras.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000028.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.


En primer lugar tiene la palabra, para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Ridao, que compartirá su tiempo con el señor Llamazares.


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El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo rápidamente para expresar en nombre de Esquerra nuestro apoyo global a esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con algunas reservas.


Grosso modo, nuestro grupo comparte no solo la filosofía sino el contenido de la misma, con el objetivo de dotar a la oficina judicial de una mayor calidad en su servicio; creemos, además, que esto debe ser un primer paso para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, para acabar con unas estructuras decimonónicas, aunque sea empezando por una cuestión como son las atribuciones y las responsabilidades del personal jurisdiccional y no jurisdiccional, además de implementar medios materiales y técnicos para modernizar la justicia. Estamos satisfechos de la inclusión en la ley orgánica de aspectos como la regulación de los señalamientos, que fue polémica y objeto de discusión entre jueces y secretarios, de la creación de los jueces de adscripción territorial, de algunas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, del personal laboral y también de jueces y magistrados, de la equiparación de las vacaciones al resto de la función pública y, entre otras cosas, también la agilización de algunos trámites y procedimientos. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Debo decir también que en este trámite quedan vivas algunas enmiendas de nuestro grupo, cuyo común denominador es adaptar la ley orgánica a la nueva planta que supone la entrada en vigor de los estatutos de autonomía en materia de justicia, en cuestiones como el conocimiento de lenguas oficiales, en la casación civil de los tribunales superiores de Justicia, en la creación, eventualmente también potestativa, de cuerpos autonómicos de secretarios, etcétera. También hay un grupo de enmiendas suscritas por distintos grupos -algunas de las cuales no compartimos y por tanto no las hemos suscrito- relativas, por ejemplo, al traspaso solo del 40 por ciento de los recursos procedentes de los depósitos judiciales a las comunidades autónomas. En tanto que competentes de la Administración de Justicia y teniendo un objetivo finalista, no entendemos cómo no se destina un porcentaje mayor, el cien por cien, porque es precisamente para subvenir el funcionamiento de esa justicia, que es de competencia autonómica. Tampoco compartimos -y de hecho lo lamentamos profundamente- la reducción de la jurisdicción universal.


Acabo con ello, señorías, señora presidenta, porque nuestro grupo, y en particular, Esquerra Republicana, lamenta muchísimo el acuerdo de PSOE-PP, con el concurso de otros grupos, para limitar la justicia universal. Hasta ahora nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial en este punto había sido una conquista irrenunciable, propia de una sociedad democrática y avanzada y que constituía en nuestra opinión un avance decisivo en la defensa de los derechos humanos de nuestra sociedad global. Era algo que además está implícito en nuestro moderno sistema de justicia internacional, que defiende no solo intereses particulares o de los Estados, sino valores que son propios de toda la comunidad internacional, más allá de valores y de intereses -repito- particulares.
¿Por qué ello era así? Entre otras cosas, porque desgraciadamente en nuestro mundo actual subsisten crímenes de especial gravedad, crímenes odiosos, que permanecen totalmente impunes y que ofenden a toda la humanidad y que cuestionan los derechos humanos más fundamentales. Por tanto, si hasta ahora la ley orgánica había permitido exigir estas responsabilidades penales a los autores de los crímenes atroces, eso debería haber continuado siendo así.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor.


El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo.


Se ha hecho además, señorías, un uso proporcionado. No solo eso, sino que ha engrandecido la calidad democrática de nuestra justicia y también la altura moral en el compromiso colectivo en la defensa de los derechos humanos. Y me refiero a casos como los de Gaza, Guantánamo...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, a su compañero de grupo no le va a quedar tiempo.


El señor RIDAO I MARTÍN: ..., al genocidio de Guatemala o el caso de José Couso. Por tanto, consumamos hoy un paso atrás y un grave error que nuestro grupo evidentemente lamenta muchísimo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.


Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Hoy es un día triste para la justicia universal, es un día triste para la defensa de los derechos humanos y lo es también para la jurisdicción universal y el liderazgo de esta cuestión por parte de la justicia española. Hoy es un día triste para las víctimas, para las palomas, hoy solamente brindarán con champán los halcones de Guantánamo o los halcones, por ejemplo, de Gaza. Señorías, lo hacemos además de tapadillo, lo hacemos sin el consiguiente debate parlamentario. Se lleva a cabo una reforma exprés, introduciendo un elemento tan importante como este, una restricción muy importante en el seno de una propuesta sobre la oficina judicial. Y se hace para que no haya debate público y para limitar el debate parlamentario; además, cuando muchos de los que hoy votarán favorablemente esta restricción en otro momento, en relación con el Tribunal Penal en el año 2003, estuvimos de acuerdo en que España tuviera el liderazgo de

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la jurisdicción internacional. Pero lo peor son los contenidos, señorías, lo peor es que el genocidio, lo peor es que los crímenes de lesa humanidad, lo peor es que las peores lacras de los gobiernos y de los pueblos a nivel internacional no podrán ser investigadas por parte de nuestro país. Y se dirá que para eso está el Tribunal Penal Internacional. Para eso está el Tribunal Penal Internacional y para eso están también las jurisdicciones internacionales por parte de los Estados. Porque los derechos humanos no son ya derechos de un Estado, son derechos internacionales, también protegibles a nivel internacional y perseguibles sus vulneraciones a nivel internacional. Lo peor de todo, señorías, es que nos lleva a una conclusión, la conclusión del doble rasero. Hay una justicia internacional para el Tercer Mundo, y en eso hemos sido muy claros, pero hay una justicia internacional o una injusticia internacional para los blancos del Primer Mundo. Cuando esto ha llegado al gobierno israelí, cuando ha llegado al gobierno norteamericano, han mandado parar y han sustituido el Estado de derecho por la razón de Estado. Brindarán los halcones, señorías, pero no brindarán las víctimas, porque no es un buen día para la justicia ni para los derechos humanos.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias señor Llamazares.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señorías, llega hoy al Pleno del Congreso de los Diputados un proyecto de ley fruto de lo que en la Comisión de Justicia hemos aprobado ya. Es bueno recordar que la Comisión de Justicia aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios el proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. Se ha aprobado ese proyecto. Destaquemos la labor hecha en ese proyecto de ley por la Comisión, con competencia legislativa plena. Hemos modificado más de 17 leyes de nuestro ordenamiento jurídico, leyes en su mayoría procesales -partes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, partes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, partes de la Ley de Procedimiento Laboral, partes de la Ley Concursal, partes de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, parte de la Ley de Arbitraje-. Así hasta un total de 17, como he dicho. Se han reformado por consenso, por unanimidad. Es una buena noticia ante esa reforma global que nos espera de la Administración de Justicia. Hemos empezado a caminar desde el consenso; ello es positivo y creemos que es un buen dato a tener en cuenta en esta legislatura.


A partir de este dato, hoy nos llega una parte de esa reforma, la que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial y que, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara y la propia Constitución, exige votación final del Pleno de hoy. Por eso ha llegado al Pleno esta parte. En esta parte nos llegan aspectos importantes, importantes en lo que es ese objetivo de agilizar la justicia. Es lo que pretende el conjunto de los grupos parlamentarios cuando han pactado, por ejemplo, una modificación del artículo 82, en lo que es la tramitación de los recursos de apelación frente a resoluciones dictadas por jueces de Primera Instancia en procesos seguidos por los trámites de juicio verbal, por razón de la cuantía; que sean resueltos por un solo magistrado, designado por turno de reparto. Sin duda, ello va a lograr una reducción de tiempos en esa segunda instancia. También es positivo, en ese ánimo de agilizar, lo que son los jueces de adscripción territorial o el nuevo sistema de ascensos forzosos que hemos acordado.


Quiero destacar que en estos dos últimos aspectos -ascensos forzosos y jueces de adscripción territorial- han sido aprobadas enmiendas presentadas por Convergència i Unió, por el Grupo Parlamentario Vasco, por Esquerra Republicana de Catalunya, en el sentido de garantizar, en ese nuevo sistema de provisión de jueces de adscripción territorial o en ese nuevo sistema de ascensos forzosos, que, en aquellas comunidades autónomas que tenemos lengua oficial propia y tenemos derecho civil propio, va a aplicarse estrictamente lo que en cada momento diga la Ley Orgánica del Poder Judicial a la hora de realizar esas provisiones. Por tanto, creemos que ha sido un matiz importante el que hemos introducido.
Se ha acordado también, y llega hoy al Pleno, un aspecto que, desde un punto de vista autonómico, deja mucho que desear. Se ha llegado a un pacto, fundamentalmente entre el Partido Socialista y el Partido Popular, respecto a un nuevo sistema de depósitos, depósitos de escasa cuantía y que se exigen como requisito previo a la interposición del recurso.
Convergència i Unió puede compartir la finalidad, que es disuadir. La finalidad es evitar procesos que se prolongan en ocasiones más allá de lo debido, jugar con ciertas picarescas que en ocasiones también se han dado. Por tanto, podemos compartir ese ánimo de disuadir y sobre todo ese ánimo de destinar esos recursos a lo que debe ser la modernización de la Administración de Justicia, pero la forma en que se va a recaudar ese nuevo depósito entendemos que atenta al sistema de reparto competencial, entendemos que vulnera no únicamente ya el Estatuto de Cataluña del año 2006, sino incluso el que habíamos aprobado en el año 1979. Aún estamos reclamando. Tenemos enmiendas, y las hemos defendido, en el sentido de que nosotros entendíamos que quien debía reclamar toda esa gestión, administración y rendimiento de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, establecidas por un real decreto del año 1988, era la comunidad autónoma competente, de acuerdo con el Estatuto, más aún si ahora vamos a crear ese nuevo depósito. Por tanto, a favor de la finalidad, pero no a favor de la forma en que se organiza -si me lo permiten- esa nueva recaudación. Incluso dicen: no, no, es que vamos a dar un 40 por ciento a la comunidad

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autónoma de aquello que la comunidad ha recaudado en su territorio.
¡Faltaría más! Si debería administrarlo esa comunidad autónoma. Dicen: vamos a dar un 20 por ciento a ese nuevo ente. Quizá ese nuevo ente también tiene una voluntad uniformadora que puede conculcar competencias, en este caso por ejemplo de la Generalitat de Cataluña. Ese es nuestro matiz en este aspecto.


Por último, la proclamación solemne ante el Pleno de la Cámara de un acuerdo alcanzado entre Convergència i Unió y el Grupo Socialista; proclamación solemne de que hay aspectos que deberían incluirse en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que hoy no están aquí, aspectos que se derivan de la reforma de los estatutos de autonomía que se aprobaron en la pasada legislatura -por ejemplo el de Cataluña o el de Andalucía-, en los que existe el Poder Judicial en esa comunidad autónoma y exigen una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No podemos esperar más. De ahí que mi grupo parlamentario en la Comisión presentara la enmienda 547, que establecía que en el segundo semestre de este año se iba a presentar por parte del Gobierno ese proyecto de ley orgánica del Poder Judicial que va a dar respuesta a aquello que en los estatutos tenemos acordado. Como existe ese compromiso solemne tanto del ministro de Justicia como del portavoz señor Villarrubia de que se va a presentar, entendemos que el pacto es solemne en cuanto a que vamos a regular en este siguiente periodo de sesiones de este año 2009...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Jané, tiene que acabar, por favor.


El señor JANÉ I GUASCH: ... ese aspecto -termino ya, señora presidenta- importante.


Por último, tenemos tres enmiendas...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No, por último no, señor Jané. No tiene usted tiempo.


El señor JANÉ I GUASCH: ... que lo que pretenden es que en la Ley Orgánica del Poder Judicial se respeten también las competencias de las comunidades autónomas en la organización y diseño de la oficina judicial en su territorio.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.


Pasamos a continuación al turno de fijación de posiciones por parte de aquellos grupos parlamentarios que o bien no tienen enmiendas o bien no tienen enmiendas mantenidas para este debate en el Pleno. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el debate del proyecto de la nueva oficina judicial es un buen momento para que, con rigor y responsabilidad, las fuerzas políticas y los diferentes profesionales implicados -jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados- pensemos, entre todos, en los principales destinatarios: los ciudadanos, que pagan religiosamente sus impuestos y se merecen una justicia distinta de la que nos indica la realidad, que es la que nos mueve a plantear esta reforma. El número de asuntos pendientes ha aumentado en 700.000 desde el año 2004, y roza los 2,8 millones en este momento. También es un momento para decir a los ciudadanos que esta es una cuestión de todos. En este sentido no podemos obviar que España tiene unos niveles de litigiosidad altísimos -180 casos por cada 1.000 habitantes; Reino Unido tiene aproximadamente 50, Alemania 80, Italia 100-, es decir, es un asunto que nos afecta a todos y no todas nuestras discrepancias deben acabar en los tribunales. Aquí sí hay una buena materia para Educación para la ciudadanía -fíjense, señorías-, y también para que insistamos en que la mediación y el desarrollo de la jurisdicción voluntaria serían mecanismos muy útiles para la necesaria e imprescindible rebaja en la entrada de los casos.


Dentro de esta reflexión de carácter general me gustaría plantear una cuestión. La cuestión es mucho más profunda de lo que pueda parecer el acierto o desacierto del proyecto de ley que hoy debatimos. No le falta razón al catedrático de derecho procesal de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Valentín Cortés, cuando en un reciente artículo afirmaba que la oficina judicial aparece como una especie de talismán legislativo, que está destinado a solucionar todos los males de la justicia. Lo primero que debemos señalar es que la justicia obviamente es una cuestión de Estado, por lo tanto es una materia que debiera quedar al margen de la refriega política que tanto vemos y tanto perjudica. La politización a que esta sometido el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, y a nuestro criterio el máximo interprete de nuestra norma fundamental, el Tribunal Constitucional -me refiero a la politización en el sentido negativo del término, políticos somos todos; para que todo el mundo me entienda, me refiero a la politización partidaria-, muestra una total irresponsabilidad y falta de respeto por las instituciones, algo que un país serio y verdaderamente democrático, con mayúsculas, no se puede permitir. En segundo lugar, hay determinadas materias -la justicia es una de ellas- que no pueden sufrir la descoordinación de un Estado autonómico en el que, por citar un solo ejemplo, pero bastante significativo, son incompatibles los sistemas informáticos de justicia entre las comunidades autónomas que tienen transferida esta materia. Por cierto que eso es posible evitarlo, y en este campo se podría copiar o tener como referente la muy eficaz herramienta informática de la Agencia Tributaria española. Finalmente, postulamos por la ineludible apuesta política, porque al final lo que hoy aprobemos

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es una cuestión de voluntad política que debe traducirse en una importante inversión en los medios materiales y humanos que precisa la justicia española, ya que quizá al proyecto de ley, sin el necesario dinero, le suceda lo mismo que a la Ley de Dependencia de la pasada legislatura: una buena ley, que tantas expectativas generó y que tanto ha defraudado a los ciudadanos por su falta de dotación presupuestaria. Espero que en esta materia no nos ocurra lo mismo, y que el voto positivo que voy a emitir en este trámite sea un voto positivo del que podamos sentirnos orgullosos también en el futuro.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.


Señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señora presidenta.


Hemos pedido la palabra porque pensábamos que teníamos que defender algunas enmiendas, aunque no es así, y ese error se ha debido al pequeño lío que se montó cuando pasó directamente desde la Comisión de Justicia al Senado. No obstante aprovechamos la oportunidad para manifestar que seis enmiendas que presentamos fueron aceptadas, lo que valoramos positivamente, puesto que estaban relacionadas con el reconocimiento de las actuaciones de los graduados sociales, y produciéndose un acuerdo en ponencia, se incorporó mediante una transaccional con otros grupos la cuestión que nosotros planteábamos. Asimismo quiero aprovechar esta oportunidad para tomar la palabra en relación con esta ley y sumarme a las voces de otros portavoces que ya han manifestado el desconcierto y el desacuerdo con esas limitaciones que se han impuesto a través de esa ley al concepto de justicia universal. Cuando esto se hace en un momento en que crea polémica la actuación de un juez en unos supuestos crímenes o actuaciones ilegales de militares en un Estado concreto, como Israel, nos parece que con este acuerdo que se ha alcanzado con algunos partidos o grupos políticos de la Cámara se ponen limitaciones a poder actuar sobre aquellas cuestiones que puedan ser injustas con los derechos humanos. Por tanto, quiero manifestar nuestro desacuerdo con la posición de estos grupos parlamentarios mayoritarios, y nos sumamos a aquellos grupos que han hecho una exposición más exhaustiva en relación con este tema.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


En virtud de circunstancias contingentes que no soy capaz ahora mismo de poder comprender, nuestro turno, ya de por sí reducido a siete minutos, se ha quedado circunscrito a cinco, en una ley de gran relevancia, que modifica diecisiete leyes de procedimiento -las ha glosado el señor Jané perfectamente- e intenta modificar la estructura de la oficina judicial mediante la pretendida generación de servicios comunes, superando el modelo que dimana del orden revolucionario francés, una estructura judicial en donde cada juez u órgano judicial colegiado absorbía el poder del Estado en su conjunto mediante una estructura absolutamente vertical y jerarquizada, de la cual dimanaban y dependían, y eran controlados tanto el secretario como los agentes judiciales, los oficiales, los auxiliares, etcétera, y no generando una estructura de servicios comunes de carácter transversal que permita la porosidad de algo que está en la naturaleza de las cosas. Parafraseando a Lucrecio otra vez: los pleitos saltan de juicio en juicio, de demarcación en demarcación, de órgano judicial en órgano judicial, de territorio en territorio, y de territorio del Estado a otro territorio del Estado. Eso es lo que no se ha hecho.


Yo creo que en primer lugar habría que refutar el propio nombre de la ley, que no debería llamarse Ley de Oficina Judicial, sino ley de defensa de los intereses difusos. Hay ilustres juristas aquí, en este Congreso, que saben que los intereses difusos permiten la articulación de procesos declarativos ordinarios, permiten la actuación de la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta ley sería algo así como de intereses difusos, porque en ella, menos oficina judicial o estructura orgánica de una oficina judicial eficiente, mediante sistemas telemáticos e informáticos, compatibles entre sí, se regula de todo; aquí se regula la articulación nueva de la jurisdicción universal, ¡nada menos! Yo sé que es una resolución del debate del estado de la Nación -del último- regular ex novo la Ley de Oficina Judicial, desde luego no muy bien. Yo no sé por qué las renuencias de Izquierda Unida en tanto en cuanto lo que antes decía la Ley Orgánica del Poder Judicial prácticamente se dice ahora, porque además de que se establecen nuevos delitos contra la humanidad susceptibles de ser juzgados en cualquier otro país, hay un tercer párrafo tan deletéreo en su contenido que establece la legitimidad de los tribunales españoles para presuntos responsables de crímenes contra la humanidad que se encuentren en España, o que existan víctimas de nacionalidad española, o que se pueda constatar algún vínculo de conexión relevante con España. Bueno, eso permite a cualquier juez de instrucción de la Audiencia Nacional procesar al régimen birmano, como ha ocurrido recientemente. Y es que no ha cambiado, es lo que decía antes la Ley Orgánica del Poder Judicial, por tanto no comprendemos por qué tanto aspaviento sobre la nueva regulación de la jurisdicción universal. Pero bueno, aquí se regula de todo: las competencias de los graduados sociales en relación al recurso de suplicación en la jurisdicción laboral; las competencias de los procuradores, diferenciando la procura de la profesión de abogado -diferencia que es pertinente, incompatibilizando, porque la procura tiene una doble condición:

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primero tiene clientes privados que son los del abogado, pero luego colabora con la Administración de Justicia mediante el ejercicio de competencias públicas o cuasi públicas-, que se defienden bien; las de los graduados sociales, que pueden firmar el recurso de suplicación -que es la segunda instancia en el ámbito jurisdiccional laboral, en el orden social de la jurisdicción-, cuestión polémica como bien me señala semióticamente el señor Villarrubia, pero cuestión que hemos concertado o consensuado todos los que estamos aquí presentes. ¿Por qué? Porque fueron parte de un consenso troncal que posibilita votar sí a esta ley, a pesar de que el tema es discutible, porque es un discurso en la segunda instancia, en las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia, de naturaleza jurídica compleja. ¿Los graduados sociales lo pueden hacer? Veremos. Seguramente la experiencia, más que el empirismo, la aproximación empírica, nos permitirá comprobar esta circunstancia.
Pero sobre todo se ha aprovechado esta ley para desactivar el conflicto que las asociaciones de jueces y magistrados habían planteado. Y se ha penetrado en charcos de muy difícil resolución.


Señora presidenta, una última intervención ya para acabar. Ya que modifica nada menos que diecisiete leyes de procedimiento y es de profunda relevancia, puesto que está afecto el derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 14 de la Constitución, le voy a decir cómo se ha intentado resolver, porque esta ley es como una especie de zoco, es una ley deletérea que regula toda suerte de materias, es una ley innominada, tiene nombre porque la Constitución obliga a poner nombre a las leyes, pero podría ser una ley sin nombre, tranquilamente, innominada o de intereses difusos o de intereses deletéreos, se le podría llamar de cualquier manera. Pero en materia de señalamientos, que es uno de los elementos que ha provocado la conflictividad de las asociaciones de jueces y magistrados, se establece algo que es imposible de interpretar, aunque se tenga una capacidad hermenéutica digna del mejor teólogo que pueda estar en este momento vivo en la curia vaticana. En materia de señalamientos -que es uno de los elementos que ha provocado la conflictividad entre jueces y magistrados, y con esto de verdad acabo, señora presidenta-, para determinar cuáles son las exactas competencias del juez o magistrado, del presidente del órgano judicial y de los secretarios, se establece lo siguiente. Señalamiento de vistas: corresponde al juez y presidente del órgano judicial el señalamiento cuando la decisión de convocar, reanudar o señalar un nuevo juicio, vista o trámite equivalente se adopte en el transcurso de cualquier acto procesal ya iniciado y que presidan, siempre que puedan hacerla en el mismo acto, y teniendo en cuenta las necesidades de la agenda de programas y señalamientos que estén articulados en el calendario del órgano jurisdiccional correspondiente. Si hay algún diputado presente en esta Cámara que sepa interpretar qué quiere decir esto, me gustaría que luego me lo glosara en cualquier momento y lugar, a ver qué quiere decir.


En el número 2, para clarificar una redacción terriblemente confusa, nos termina diciendo: los titulares de los órganos jurisdiccionales unipersonales y los presidentes de sala o de sección en los tribunales colegiados fijarán los criterios generales, y darán concretas y específicas instrucciones con arreglo a las cuales se realizará el señalamiento de las vistas o trámites equivalentes. Estos criterios e instrucciones que ya se especifican mediante una lista -que no sabemos si tiene el carácter de exhaustiva o es una lista cerrada o es meramente indicativa- estarán sujetos a lo siguiente: se concretará la fijación de los días predeterminados para tal fin que deberán sujetarse a la disponibilidad de la sala prevista, a las horas de audiencia, al número de señalamientos, a la duración aproximada de la vista en concreto, según se haya podido determinar una vez estudiado el asunto o pleito de que se trate, y a la naturaleza y complejidad de los asuntos, y a cualquier otra circunstancia que el juez o presidente del órgano colegiado estime pertinente. Si alguien ha entendido algo de lo que he leído le agradecería...


La señora VICEPRESIDENTE (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Y ya para acabar, porque hay que conceder competencias también a los secretarios judiciales, se termina diciendo lo siguiente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Competencias de los secretarios: determinar el orden en que los procedimientos lleguen al estado en que deba celebrarse la vista o juicio, salvo las excepciones...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría debe acabar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, esto es un paradigma de la forma más incorrecta de legislar. Le dije a don Álvaro Cuesta en el debate en Comisión que cuando él y yo llegamos siendo jóvenes diputados -y con proyección- a esta Cámara nos dieron un curso de regularidad en el procedimiento legislativo. Aquí se ha abdicado y se ha abjurado de todos los requerimientos de probidad, de elegancia y de regularidad en el procedimiento legislativo. El nombre, el nomen iuris, o la denominación de la ley no tiene nada que ver con su contenido material. Y, aunque vamos a votar que sí, porque algunas cuestiones delicadas se resuelven, este es el peor procedimiento...


El señor PRESIDENTE: Sí, pero tiene que acabar ya, señor Olabarría; muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montserrat.


La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Gracias, presidente.


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Señorías, la Ley para la implantación de la nueva oficina judicial, que se aprobó el pasado jueves en la Comisión de Justicia, era fruto del Pacto de Estado por la Justicia suscrito en el año 2001 con el Grupo Parlamentario Socialista, cuando el Partido Popular gobernaba. Dicho pacto dio lugar a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 2003, reforma en la que se implementó la oficina judicial, y que se aprobó unánimemente por todos los grupos. Posteriormente el Grupo Parlamentario Socialista rompió unilateralmente, desde la oposición, aquel pacto. Debido a estos vaivenes políticos el desarrollo de la nueva oficina judicial acumula ya seis años de retrasos indebidos, seis años perdidos que son irrecuperables y que no se pueden justificar ante el ciudadano. Su implantación no admite más demoras.


Para recuperar el tiempo perdido y en un acto de responsabilidad el pasado 28 de julio de 2008 el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, alcanzó un nuevo acuerdo con el presidente Rodríguez Zapatero para conseguir definitivamente la modernización de la justicia. La reforma de la Ley de la Oficina Judicial hacía innecesaria, inicialmente, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hoy estamos aprobando. Sin embargo las fundadas y reiteradas protestas de los jueces por las pésimas condiciones de los juzgados, la amenaza de extremar estas protestas con una huelga -primera en la historia de la justicia española-, juntamente con la huelga de los secretarios y de los funcionarios del año pasado, forzaron al Gobierno a afrontar los graves problemas del sistema judicial. El Partido Popular considera que esta no es la mejor manera de llevar una ley al Parlamento, y por ello manifestamos que ambas leyes, tanto la de la oficina judicial como la del Poder Judicial, han sido fruto de las prisas y de las presiones, lo que se ha traducido en un trámite de ponencia extraordinariamente acelerado.
De primera mano puedo asegurarles que desde el Partido Popular hemos aunado esfuerzos buscando los puntos de coincidencia y mitigando las diferencias y, a pesar de que el reloj apremiaba sobremanera, se ha llegado a grandes consensos que en el Partido Popular celebramos. Como aseveró Quevedo, la justicia es una constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le toca. Haciendo nuestro tal principio, desde el Partido Popular trabajamos para dotar a este país de la mejor justicia.


Uno de los contenidos más importantes de esta modificación de la ley orgánica es la nueva regulación de la justicia universal, que proviene de la propuesta de resolución del Partido Popular en el debate del estado de la Nación, que se tradujo en una enmienda firmada y votada por la amplia mayoría de los grupos de esta Cámara. La evolución seguida por los tribunales de justicia, y especialmente por la Audiencia Nacional en el ámbito de la justicia universal requería una importante reflexión.
Debíamos adaptar y clarificar el precepto de acuerdo con el principio de subsidiariedad, y conforme a la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional; homologar nuestra legislación con la de los países europeos de nuestro entorno, y solventar la problemática de que muchas de las sentencias son inejecutables y que afectaban a nuestras relaciones internacionales, generando a veces conflictos diplomáticos. Finalmente, el texto de la enmienda transaccional establece que los tribunales españoles podrán conocer de los delitos de: genocidio, lesa humanidad, terrorismo, piratería, prostitución y corrupción de menores, tráfico ilegal de drogas, tráfico ilegal de personas, mutilación genital femenina, y podrán conocer, siempre que los supuestos responsables del delito se encuentren en España o las víctimas sean de nacionalidad española, o bien cuando haya un vínculo de conexión relevante con España, y que en el otro país competente o en el seno del mismo tribunal internacional no se haya iniciado un procedimiento de investigación y persecución efectiva.


En el trámite de esta modificación legislativa hemos tenido que esmerarnos en encajar armónicamente el principio de subsidiariedad sin que ello suponga la dejación de la defensa de los derechos humanos universales, de los que nuestro Estado debe ser garante. No obstante lo acertado de la modificación del artículo 23, hemos detectado algunas imperfecciones que deberán ser corregidas en el trámite del Senado para hacer plenamente eficaz la aplicación del principio de subsidiariedad del enjuiciamiento español. Así, sería conveniente esclarecer qué debe entenderse por persecución eficaz y quién determina esa conformidad. Concretamente en las negociaciones con todos los colectivos afectados también se ha logrado consenso en el ascenso a la categoría de magistrado, suprimiéndose el traslado forzoso o movilidad geográfica, permitiendo así la conciliación familiar de nuestros magistrados; se ha introducido la especialización de los juzgados y tribunales con competencia exclusiva en violencia de género, y solicitamos desde el Partido Popular que esta especialización se realice en las otras órdenes y en las otras especializaciones; y ante tal necesidad de jueces con formación específica y la necesidad de suprimir la creciente interinidad de nuestros jueces, se ha creado la figura del juez de adscripción territorial, que es de carrera, para proveer las plazas que se encuentran vacantes. En cuanto a las enmiendas vivas de CiU y de Esquerra, no las compartimos, y por tanto anunciamos que las votaremos en contra.


Antes de terminar, a pesar de que hoy no estamos debatiendo la Ley de Oficina Judicial, pero que tiene una relación directa, quisiera dedicar a ello mis dos últimos minutos. Nos encontramos, en cuanto a la Ley de Oficina Judicial, al inicio del camino de la modernización de la justicia. Es una ley de mínimos y una ley de cambios. Es la primera pieza de la reforma de la modernización de la justicia; que nadie se confunda y crea que estamos culminando con estas leyes la modernización de la justicia, solo colocamos la primera piedra del camino. La justicia precisa, aparte de esta gran reforma, de cuatro piezas más. La reforma funcional. Debemos implementar la modernización desde una perspectiva global, poliédrica,

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transversal, que afecte a todos los estamentos de la Administración de Justicia. La modernización deberá acometerse de abajo a arriba. La segunda pieza, la reforma tecnológica. Necesitamos inversión, introducción, coordinación e interconexión de los sistemas informáticos.
Actualmente tenemos unos juzgados dispersos donde la información no fluye ni circula. La tercera pieza, necesitamos reformas procesales. Y, la última pieza, la más importante, es la inversión económica. Esperemos que el compromiso del ministro Caamaño de invertir 600 millones de euros al finalizar la legislatura sea una realidad, y no otra promesa incumplida.
Solo así, con estas cinco piezas, conseguiremos la justicia del siglo XXI. Estas dos leyes son extraordinariamente importantes para pasar de una justicia articulada conforme a los esquemas del Estado del siglo XIX a una justicia moderna, propia del siglo XIX. No podemos olvidar que la ratio legis de este proyecto es restaurar el prestigio de nuestra justicia, dotándola de los medios materiales y recursos necesarios para que sea accesible y real para todos los ciudadanos. De lo contrario, nos convertiremos en responsables de un Estado con libertad, pero sin una justicia efectiva.


Gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montserrat.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Julio Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Buenos días, señor presidente.


Señorías, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento por la generosidad y colaboración de todos los ponentes y de todos los grupos parlamentarios que han hecho posible que esta reforma, imprescindible para la mejora del servicio público de la justicia, pueda ser una realidad, habiendo modificado quince leyes procesales e implantando la oficina judicial, que tuvimos ocasión de aprobar con competencia legislativa plena el pasado día 18 en la Comisión.


Se prioriza realmente la justicia, se sientan las bases de la modernización para la justicia del siglo XXI, y la financiación comprometida de 600 millones de euros en los tres próximos años, a razón de 200 millones cada año. Ha habido un gran consenso, se han admitido más de 300 enmiendas, transacciones, etcétera, consiguiendo hacer realidad esta aprobación que se viene intentando desde el año 2005. El resultado es fruto de la titularidad de todos los grupos, y no de ninguno en concreto. Por lo tanto quiero felicitar absolutamente a todos los grupos, también a los letrados y letradas de la Comisión, y al propio presidente, don Álvaro Cuesta, por haber hecho algo importante y útil, que es la mejora del servicio público de la justicia en beneficio de los ciudadanos.


La Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que hoy aprobamos en este Pleno, recoge una serie de reformas encaminadas a la agilización de la justicia, como el artículo 82 de la misma, en cuanto a los recursos de apelación frente a las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia en el juicio verbal, que serán resueltas por un solo magistrado, agilizando así su trámite. Se crea la figura del juez de adscripción territorial que, por designación del presidente superior de justicia, irá cubriendo las vacantes que en los respectivos territorios se vayan creando. Con ello se pretende evitar en lo posible la interinidad en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, y potenciar su desempeño por miembros de la carrera judicial. Se cambia también el sistema de provisión de plazas en las audiencias provinciales, teniendo en cuenta la antigüedad cuando se está en juzgados de primera instancia e instrucción en ambas jurisdicciones. Se establece -importantísimo- el depósito para recurrir, con un doble propósito: servir de freno a la presentación de recursos y demandas de revisión y rescisión de sentencias firmes, que en no pocos casos se emplean como una mera técnica dilatoria de los procesos, y a la vez con un efecto recaudatorio, ya que las sumas obtenidas por la pérdida de tales depósitos permitirán sufragar en parte los costes correspondientes a la gestión de los servicios de asistencia jurídica, y a la modernización e informatización integral de la Administración de Justicia. El reparto de los recursos será: 40 por ciento comunidades autónomas, 40 por ciento Ministerio de Justicia, y 20 por ciento a ese ente que se va a crear para elaborar la plataforma informática que asegure la conectividad entre todos los juzgados y tribunales de España.


Tema importante, por qué no decirlo, señorías, es la regulación de la jurisdicción universal. En este sentido doy por reproducida la intervención que hice la semana pasada, en aras de la brevedad, y añado que es un compromiso y un mandato del Pleno de este Congreso, suscrito el 19 de mayo, por 339 votos a favor, ocho en contra y una abstención. Se pretende racionalizar la jurisdicción universal incluyendo en el artículo 23.4 de la ley orgánica los crímenes que anteriormente no estaban expresamente incluidos, como son la lesa humanidad y los crímenes de guerra. Posibilita que los crímenes sean juzgados por aquellos países con un vínculo directo con ellos y de este modo los responsables de los delitos podrán continuar siendo juzgados en España, excepto cuando exista una persecución e investigación efectiva, uno, por el país donde se han cometido; dos, por otro que tenga una vinculación con los presuntos responsables, y tres, cuando se inicie un procedimiento penal internacional contra los presuntos responsables. Si no fuera así, podrían ser juzgados en España, porque no se trata de facilitar la impunidad, sino de racionalizar la regulación con la voluntad inequívoca de que estos delitos sean perseguidos y juzgados y que en ningún caso queden impunes. Entre otras cuestiones se pretende también homologar nuestra legislación a la de los países de nuestro entorno.


Recoge también como se ha mencionado la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial algunos

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aspectos importantes y se adoptan medidas para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral para los miembros de la carrera judicial, cierto es, como consecuencia de la reivindicaciones que pusieron sobre la mesa, y así, entre otras, se suprime el traslado con motivo del ascenso a la categoría de magistrado, se reforma el sistema de vacaciones de los miembros de la carrera judicial, que tendrán el mismo tratamiento y la misma duración que el resto de los miembros integrantes de la Función pública. Se incluye también una regulación de la excedencia voluntaria para atender al cuidado de hijo u otro familiar a cargo sin que esto les impida ya a partir de ahora seguir manteniendo la situación de excedencia, a pesar de participar en cursos de formación o en concursos de traslado. Se recoge también en materia de especialización en los juzgados de violencia sobre la mujer la obligatoriedad, y así se prevé, de la especialización de los juzgados y tribunales con competencia exclusiva en violencia sobre la mujer, que a partir de ahora será obligatoria.


Finalmente, quiero reiterar que esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación; que ciertamente existía un compromiso con Convergència i Unió, que se plasmó en la Comisión, de presentar en el último periodo de sesiones el proyecto de ley de desarrollo estatutario aludido, y en los escasos segundos que me quedan, quiero decir que no vamos lógicamente a aceptar las enmiendas que aún se mantienen vivas de Convergència i Unió y de Esquerra Republicana de Cataluña. Creo que hay un motivo de felicitación general y es lo que quiero reiterar para acabar esta intervención.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES; LA LEY 26/1988, DE 29 DE JULIO, SOBRE DISCIPLINA E INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, DE 29 DE OCTUBRE, PARA LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN, EN ENTIDADES DE CRÉDITO Y EN ENTIDADES ASEGURADORAS. (Número de expediente 121/000018.)

El señor PRESIDENTE: Nos quedan por examinar las enmiendas del Senado a dos proyectos de ley. En consecuencia y prudentemente, puedo anunciarles que examinaremos todo el orden del día en la sesión de la mañana, por lo cual agradezco que SS.SS. hayan seguido las indicaciones que dimos y podamos acabar esta mañana la sesión plenaria.


Punto XI del orden del día: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras. Para la defensa de sus respectivas posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Si queríamos intervenir en este proyecto de ley que viene del Senado es porque en este proyecto sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores se habla de la revisión del sistema comunitario de comercio de derechos de emisión, de los gases de efecto invernadero, de cómo se reparten, y es que hay cosas que a veces son insólitas pero pasan en esta casa, como que cuando hablamos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, nos dedicamos a regular e introducir aspectos que vienen de directivas europeas.


Queríamos intervenir también porque en la regulación que se hace en la disposición adicional segunda, en la revisión de este sistema comunitario de comercio de derechos de emisión, entendemos que se vulneran las competencias, ya que se decide que aquellas emisiones provenientes del tráfico aéreo sean asignadas en el conjunto del Estado, cuando todos sabemos que esta asignación se hace por comunidades autónomas. De hecho, en la legislación comparada y tal como se ha traspuesto la directiva a otros países, es a las partes, a los Länder, en lo equivalente a la comunidad autónoma, a quienes se les asigna estos derechos de emisión, asignando parte de las aeronaves o determinadas compañías a una comunidad o a otra. Por eso hemos pedido la votación separada de este artículo, ya que es una mala noticia que tenga que ser en este caso la Administración General del Estado quien decida cómo se reparten estos derechos y, sobre todo, cuáles son los topes. Nos parece que hay una mala trasposición de la directiva y que en este caso la disposición adicional segunda sobre derechos de emisión -y sé que no tiene nada que ver con la Comisión Nacional del Mercado de Valores- lo que hace es proceder a lo que nosotros creemos una invasión competencial o, como mínimo, una mala interpretación de cómo se tendría que trasponer la directiva. Por lo que se refiere al resto de la ley y lo que viene del Senado, vamos a votar favorablemente, pero queríamos hacer este apunte.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) renuncia al uso de la palabra. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Paso a defender la enmienda ya planteada y aprobada en el Senado, que se refiere a una disposición final nueva, que pasa a ser la tercera y que recoge una modificación de la Ley de Sociedades Anónimas relevante a nuestro en entender, que consiste en añadir un nuevo apartado tres a su artículo 293, que para evitar dudas interpretativas contempla de manera expresa la posibilidad, en el caso de las sociedades cotizadas, de delegar en los administradores la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en la emisión de obligaciones convertibles.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Fátima Báñez.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, este proyecto de ley vuelve del Senado, con las enmiendas que hoy debatimos, convertido desgraciadamente en una nueva ley de acompañamiento, ya que se introducen temas que nada tienen que ver con el objeto de la trasposición de la directiva, ni con el mercado de valores, ni con el sector financiero. Desde el Partido Popular consideramos que no es de recibo que en un proyecto de ley que modifica el mercado de valores se introduzcan enmiendas relativas a las tasas de aterrizaje, por ejemplo, o aquella otra por la que se incluyen las actividades de aviación en el régimen comunitario de derechos de emisión de gases efecto invernadero, sobre todo si tienen tiempo de trasponer la Directiva 2008/101 de la Comisión Europea hasta febrero de 2010. Ni había urgencia, ni había necesidad porque la materia no era la prevista en este proyecto de ley. Además, en el proyecto de ley y en las enmiendas el Senado se modifica el artículo 28 bis de la Ley 35/2003, de instituciones de inversión colectiva, por la que se van a aplicar reglas más laxas y favorables a la gestión de activos líquidos, lo que implica, señorías, mayor desprotección del ahorrador con el consentimiento del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista, algo que mi grupo no entiende en este proyecto de ley.


También modifican, medio de tapadillo, a través de una enmienda del Senado, el plazo del que disponen las autoridades para determinar si una caja de ahorros o cooperativa de crédito se encuentra en una situación de imposibilidad de restituir los depósitos. En la actualidad, el Real Decreto-ley de 1982 establece que sea a la mayor brevedad posible, pero con un plazo máximo de veintiún días. Sin embargo, esta enmienda elimina los plazos y queda solo en el texto la discrecionalidad de la mayor brevedad posible. En momentos como el actual, en el que el sistema financiero necesita sobre todo confianza, incrementar la discrecionalidad y disminuir precisamente esa confianza, nos parece, señorías, bastante inoportuno. Por el contrario, ¿qué hacen ustedes? No aceptan algo que se requería y que se podía haber hecho con toda claridad en esta ley: la enmienda de Grupo Popular que se defendió en esta Cámara y en el Senado, de mayor protección para los accionistas minoritarios en la Ley de Opas.
De esa manera se hubieran evitado situaciones claras de abuso del mercado, de posición dominante, como ha ocurrido en casos conocidos por todos, como el caso Endesa, en la economía española. Señorías, en defensa de los accionistas minoritarios, hubiera sido una buena oportunidad haber aceptado la enmienda del Grupo Popular, porque en los momentos de las opas ellos son los más desprotegidos de todo el mercado.


Señorías, estamos utilizando este procedimiento, la trasposición de una directiva, para enmendarla con materias que nada tienen que ver con el objeto de la misma. Están haciendo en paralelo -como decíamos esta mañana con las leyes económicas- una superposición, un parcheo continuo de normas que deberían salir de esta Cámara con cierta racionalidad. No se trata de establecer leyes de acompañamiento sobre normas que tenemos que trasponer, no se trata de hacer cajones de sastre o parcheos continuos de las normativas; se trata, señorías, de poner racionalidad económica y legislativa en un momento como este de crisis económica grave. Cuando más confianza necesita la sociedad española, cuando más confianza necesitamos para salir de la crisis económica, las Cámaras de nuestro Parlamento, el Congreso y el Senado, deberían estar a la altura de las circunstancias, empezando por legislar lo que nos corresponde, trasponiendo las directivas en función de las materias y no haciendo leyes de acompañamiento que aumentan la desconfianza en momentos de crisis. Por tanto, mi grupo va a oponerse a estas enmiendas del Senado que hoy traen a la Cámara el Gobierno y el Partido Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Báñez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Antonio Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar quiero lamentar que el Grupo Popular tenga tan flaca memoria y que califique cualquier enmienda que no tenga exactamente que ver directamente con el objeto del proyecto que se está tramitando, cualquier enmienda de urgencia como un parcheo, porque solamente tienen que repasar la cantidad

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de prácticas similares a esta que se hicieron cuando ellos gobernaban, porque es obviamente normal. Estamos hablando de trasposición de directivas y de procedimientos que no pueden esperar y, señoría, usted lo sabe. Por tanto, es una cuestión irrelevante. Lo relevante es si se está de acuerdo o no con lo que se está votando, y ahí tienen una gran contradicción, la tienen y la mantienen, porque la argumentación para no votar algo es que va unido a otra cosa, cuando ustedes podían perfectamente haber pedido votación separada en el Senado y haber dejado claro qué era lo que votaban y lo que no votaban. Argumentar que no apoyan una reducción del 30 por ciento de las tasas en Canarias porque les parece insuficiente me parece, perdóneme que se lo diga, poco serio.
Pueden seguir manteniendo que hay que reducirlas más, pero apoyen esto, porque si apoyan el turismo, esto es vital para él. (Aplausos.) Es un esfuerzo que se hace, porque cualquier reducción de tasas o impuestos es un esfuerzo que hacemos todos lo españoles para apoyar a nuestra industria. Por tanto, el sentido de su intervención se cae por la mayor.
No tiene ningún sentido plantear eso.


Por otra parte, saben SS.SS. que esta modificación de la ley se refiere a cosas que tienen mucho interés y que tienen que ver también con la práctica desde que hicimos la ley, también con las instituciones de inversión colectiva -que nadie discute-, con una reforma de la Ley de Sociedades Anónimas que planteaba una enmienda de CiU -con la que estamos de acuerdo, porque mejora la redacción actual-, y con lo que el señor Herrera ha calificado de derechos de emisión, que se refiere a la trasposición de una directiva europea. Permítame, señor Herrera, que le diga que no tiene razón alguna cuando habla de un problema de competencias. La disposición adicional segunda se refiere a la calificación de los operadores de aeronaves y dice que serán aquellos que lleven a cabo vuelos con origen o destino en un aeródromo situado en territorio de un estado miembro de la Unión Europea. Este no es un tema competencial, es una regulación que tiene que ver con normas comunes de los servicios aéreos de la Unión Europea. No entiendo dónde está el problema competencial. Simplemente se trata de trasponer una directiva, calificar algo que tiene que ver con una disposición del servicio aéreo en la Unión Europea y nada más. No veamos problemas competenciales en cada sitio. Lamento que tenga esa opinión, pero creo que no tiene nada que ver con un tema competencial.


Por último, quiero decir que desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos hecho un esfuerzo importante por contemplar las opiniones y las enmiendas de casi todos los grupos. No hemos podido, lógicamente, atender las peticiones del Grupo Popular en lo que se refiere a la esencia de la modificación de la Ley del Mercado de Valores. Ya se lo dijimos cuando se tramitó en la Comisión y también cuando hicimos la ley. Creemos que seguir dándole vueltas y empeñarse en que esto tiene que ver con el tema de Endesa no tiene ninguna lógica, señoría. No voy a volver a explicarlo porque está en el "Diario de Sesiones".


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 1/2009, DE 23 DE FEBRERO). (Número de expediente 121/000021.)

El señor PRESIDENTE: Examinamos ahora las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, procedente del Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero. El Grupo Mixto no desea hacer uso de la palabra. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Francesc Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, lógicamente vamos a votar a favor de la enmienda que viene del Senado porque afecta a una cuestión de las islas Canarias y estamos absolutamente de acuerdo. También queremos recordar que hemos dejado sin resolver problemas que se podían haber resuelto. Estamos satisfechos porque los temas competenciales en su momento fueron aceptados.
Recordemos que la redacción inicial del proyecto de ley suponía una clara invasión competencial, no se ajustaba a derecho la predeterminación que se establecía a favor de la Administración del Estado. La facultad para adjudicar licencias a los prestadores en gestión directa del servicio de televisión por ondas terrestres en el ámbito autonómico o inferior corresponde claramente a las comunidades autónomas. También se establecía la creación y puesta en funcionamiento de una oficina en defensa del consumidor de productos energéticos y creemos que también este aspecto era claramente inconstitucional. Estas cuestiones se arreglaron y estamos contentos, pero también creemos que se han dejado pasar oportunidades tanto en el trámite de Comisión como en el del Senado y voy a comentar algunas.


Quizá la que consideramos más importante recogida en nuestra enmienda número 22, que fue rechazada, es la que se refiere al múltiplex digital de ámbito autonómico. En las comunidades autónomas en las que existe más de una lengua oficial se planificará un múltiplex digital -es lo que pedíamos- de ámbito autonómico con objeto de que programas digitales de la televisión pública de titularidad de una comunidad autónoma puedan ser emitidos en el ámbito geográfico de otras, siempre que los espacios radioeléctricos correspondientes a sus ámbitos territoriales sean colindantes. A los efectos de este artículo decíamos: Se considera que

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la Comunidad Autónoma de las Illes Balears dispone de un espacio radioeléctrico colindante con la Comunidad Autónoma Valenciana y con la Comunidad Autónoma de Cataluña. Pensábamos que esta redacción sería asumida. La lógica de la enmienda no se le escapa a nadie atendiendo a la situación lingüística de las Illes Balears, del País Valencià y de Cataluña. Pero lo que sí se nos escapó y se nos sigue escapando son los motivos que han propiciado el voto contrario a esta enmienda del Grupo Socialista y muy especialmente de Convergència i Unió. Desde Esquerra Republicana pensamos que la existencia de más de una lengua oficial justifica la necesidad de una mayor disponibilidad de espectro radioeléctrico, poder garantizar, en suma, condiciones de igualdad en una oferta de televisión equivalente entre lenguas y territorios, y una de las maneras de facilitar este objetivo es permitiendo las emisiones recíprocas entre canales de televisión de comunidades con lenguas oficiales distintas del castellano. Ello era perfectamente factible con la modificación del Real Decreto 944/2005 por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre. Nuestra enmienda nos parecía, como decía, muy ajustada a la demanda existente en la ciudadanía de las tres comunidades autónomas que he citado, y más teniendo en cuenta que la disposición adicional séptima de la Ley 46/1983, reguladora del tercer canal de televisión, establece que las comunidades autónomas podrán celebrar convenios de colaboración para permitir la emisión de uno o varios programas de su televisión autonómica en el ámbito geográfico de otras, siempre que los espacios radioeléctricos correspondientes a sus ámbitos territoriales sean colindantes. Por tanto, lamentamos esta oportunidad perdida con los votos en especial -como he comentado- del Grupo Socialista y de Convergència i Unió.


Una segunda oportunidad perdida, a nuestro juicio, son las televisiones de proximidad. Es cierto que se les ha buscado una solución en la realización finalmente del reglamento que se establecía en la LISI, pero pensamos que eso ralentiza en exceso el proceso y remite en las soluciones a casi dos años, cuando lo que necesitan estas televisiones de proximidad para poder subsistir es cierta confianza jurídica, y la oportunidad era exactamente en esta normativa que estamos aprobando. Por tanto, pensamos que es una segunda oportunidad perdida. También pensamos en tres más como mínimo. Un caso es el que se refiere a la regulación del dominio público radioeléctrico para evitar lo que comúnmente se conoce en el sector como piratería. Pensamos que era posible regularlo aquí y finalmente no ha sido así. Lo mismo cabría decir del servicio de móviles de ámbito inferior al estatal y también, por qué no decirlo, en el de la cesión gratuita de la explotación de las canalizaciones y de las redes de telecomunicaciones que discurran por las infraestructuras de transporte, carreteras y líneas de ferrocarril a las comunidades autónomas que lo soliciten. Prever la cesión de las citadas infraestructuras en el territorio de competencia estatal podría servir para garantizar un despliegue adecuado en el futuro de las infraestructuras de telecomunicaciones. Por tanto, nos abstuvimos en la votación en Comisión, votaremos ahora a favor de la enmienda del Senado, pero lamentando las oportunidades perdidas, en especial, la del dúplex de ámbito autonómico.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no desea hacer uso de la palabra. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don José Luis Ayllón.


El señor AYLLÓN MANSO: Gracias, señor presidente.


Señorías, nos corresponde abordar hoy el trámite final de ratificación de las enmiendas introducidas en el Senado en el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones. En este momento final del proceso legislativo, tengo que comenzar mi intervención diciendo que la tramitación de esta norma ha sido un claro ejemplo de la forma de gobernar del Partido Socialista, de su debilidad parlamentaria y, sobre todo, de su absoluta falta de criterio ante cualquier asunto. En las últimas semanas hemos tenido cumplidos ejemplos de ello. Hemos visto como un día apuestan por la reforma laboral que quiere Convergència i Unió, otro se apuntan a la política fiscal de Izquierda Unida y al día siguiente, ni lo uno ni lo otro, y con este Gobierno veleta es evidente que nadie sabe a qué atenerse.


Eso es precisamente lo que ha ocurrido con este proyecto de ley.
Pretendían despachar un real decreto por la vía de urgencia, secuestrarlo al debate parlamentario y evitar que nadie pudiera alterar sus imposiciones, pero luego, por su debilidad parlamentaria en esta Cámara, tuvieron que sumarse a una unanimidad forzosa para tramitar esta norma por la vía de proyecto de ley, como tenía que haber sido desde un principio. Con lo fácil que hubiera sido plantear unos principios para el consenso, elaborar un proyecto de ley en condiciones y traerlo a esta Cámara con la confianza en el acuerdo de todos los grupos. Con lo fácil que eso hubiera sido y, señores del Partido Socialista, ustedes se han empeñado, como siempre ocurre, en coger el camino más difícil, porque lo peor de todo, señorías, es que mientras su criterio en esta Cámara dependa de los apoyos con los que cuentan en la misma, es decir de bastante pocos, en este país no podrá haber ni una política de telecomunicaciones seria ni ninguna política de solvencia.


Hace cinco años que nos prometieron una nueva política de telecomunicaciones, pero no les ha entrado la prisa hasta hace exactamente cinco meses. Como viene siendo habitual, con el manual de estilo del Gobierno socialista, parece que un día, de repente, se dieron cuenta que no habían hecho nada y decidieron hacerlo todo de golpe, y una vez tomada la decisión de hacer algo, en

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lugar de acometer una reforma en condiciones a través de una completa ley general audiovisual, el Gobierno optó por una legislación por fascículos y por la vía de urgencia, sin un debate sereno y sin el necesario consenso.


Hoy vamos a aprobar la primera parte de una necesaria reforma con este proyecto de ley, que aborda una parte del problema pero que no da una solución global ni cierra un marco jurídico estable para el sector audiovisual. Nosotros defendemos la necesidad de este marco. Creemos que el sector de las telecomunicaciones es un elemento fundamental para la dinamización de la economía, el progreso y la pluralidad de la sociedad.
En el mundo de la globalización y de las nuevas tecnologías, la información ya no es solo un derecho, sino que es una verdadera necesidad, y solo cuando la información circula y la comunicación funciona en una sociedad esta está llamada al éxito. Pero ustedes no han sabido entender la importancia de este sector y por eso se empeñan en hacer las cosas por partes, como he dicho hace un momento, sin un criterio fijo y con un ritmo difícil de entender.


Después de mucho tiempo sin hacer nada, de repente -como he dicho- les entró a ustedes la prisa, que solo se justifica por lo que ustedes mismos han denominado crisis del sector, tratando en cierta forma de culpar a los operadores de la situación que están viviendo. Es cierto que las televisiones en nuestro país se ven afectadas por la crisis, la misma crisis que afecta a todos los españoles, pero que en el caso del sector de las telecomunicaciones ha derivado en una situación ciertamente complicada, propiciada directamente por el propio Gobierno. Entre otras decisiones, el hecho de introducir en la anterior legislatura y en el espectro analógico dos nuevos operadores ha sido una de las cuestiones que más ha generado el actual problema, una decisión por otra parte que fue tomada por la única razón del interés político del propio Partido Socialista.


Señorías, hemos apoyado desde el principio este proyecto de ley por responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo hasta el final. Por esa misma responsabilidad, solicitamos su tramitación como proyecto de ley, confiando en el trámite parlamentario para corregir sus deficiencias y mejorarla en todo lo posible, porque siempre hemos creído que una ley de todos, sobre todo en un marco como del que estamos hablando, es mucho mejor que la ley de solo unos pocos. Hemos podido introducir pequeñas mejoras en el proyecto, aunque no son todas las necesarias, pero ello no va a impedir nuestra posición favorable al texto definitivo, aunque seguimos pensando que nos hemos quedado cortos.


Estamos tramitando en este momento la segunda parte de esta reforma, la ley de financiación de Radiotelevisión Española. Esperamos que en la necesaria búsqueda del consenso, esta vez sí, el Gobierno y el Partido Socialista sean más coherentes y razonables para que todos podamos sentirnos realmente representados por el texto final de esa norma.
Finalmente, también queremos exigir y aprovechar este trámite para que terminen ustedes ya con esta trilogía y traigan a esta Cámara sin más dilación el proyecto de ley general audiovisual que les reclama este Parlamento, que les reclama el sector audiovisual y, en definitiva, les está reclamando el conjunto de la sociedad española.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayllón.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Óscar López.


El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.


Señorías, debatimos hoy una enmienda de Coalición Canaria que llega del Senado en relación con el decreto. Lo cierto es que no había previsto hacer uso de la palabra, pero alguna de las intervenciones que se han producido me obligan a ello para decirle al representante del Grupo Popular que, en efecto, la tramitación de este decreto, luego como ley, es un ejemplo, sí, es un ejemplo de la falta del valor de la palabra del Partido Popular con el sector, con la sociedad, con el Gobierno de España y con este partido y este grupo, porque este grupo y el Gobierno de España tenían acordado con el Partido Popular su apoyo, tanto a la forma de tramitación como al fondo de esta iniciativa, y sin embargo el Partido Popular, por el cálculo una vez más para intentar ajustar una votación en el Congreso, ha incumplido su palabra con el sector audiovisual, con el Grupo Socialista y, desde luego, con el Gobierno de España. Por lo tanto, es verdad que va a llegar la Ley General Audiovisual ahora y es una oportunidad para que el Partido Popular recupere algo de crédito en esa búsqueda de consenso que reclama. A ver si, por una vez, es capaz de mantener su palabra con todo el sector audiovisual implicado -al que se le ha dado, por cierto-, con la sociedad en general y, desde luego, con el Gobierno de España y con el Grupo Socialista. El ejemplo y el precedente son verdaderamente malos en la tramitación de este decreto.
Dicho decreto es realmente oportuno en el tiempo porque se produce a las puertas del apagón analógico y por la situación económica de muchos grupos de comunicación y es eficaz en sus objetivos, porque planteaba dos cosas: una, dar libertad a los grupos de comunicación para que pudieran negociar y reestructurar el sistema audiovisual español y dos, impedir la concentración del poder mediático en pocas manos, como ocurre, por ejemplo, en el caso de su compañero de partido europeo, el señor Berlusconi, en Italia. Ese es el objetivo de esta ley, de este decreto y eso es lo que vamos a aprobar hoy en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, ningún Gobierno tuvo nunca el valor de reformar el sector audiovisual español y este lo está teniendo, con una hoja de ruta clara de la reforma de la radio y la televisión pública en la que no hubo ningún apoyo del Partido Popular, solo para elegir al Consejo de Administración de Televisión Española -ahí

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sí-, para impulsar la televisión digital terrestre y para aprobar esa Ley General Audiovisual y el Consejo Audiovisual. Hasta ahora el PP no ha estado nunca -y espero que se le pueda esperar para lo que falta- en estos consensos. Eso lo sabe bien el sector audiovisual en general y la sociedad española.


Hoy debatimos la enmienda de Coalición Canaria. Quiero trasladar que, a pesar de su rechazo en el día de hoy, el Grupo Socialista estima que hay que tener en cuenta el tratamiento singular de Canarias en esta cuestión y que se ha de resolver en la Ley General Audiovisual, como algunas otras cuestiones que hemos hablado hoy aquí. Hay voluntad del Gobierno y del Grupo Socialista de resolver esa cuestión específica para Canarias que plantea Coalición Canaria.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.


Dentro de tres minutos iniciaremos las votaciones. Se suspende hasta ese momento la sesión. (Pausa.)

DECLARACIONES INSTITUCIONALES:

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio por favor. Le ruego al señor secretario primero, si tiene la bondad, que lea una declaración institucional.


El señor SECRETARIO (Barrero López): Gracias, presidente.


Declaración institucional de apoyo a la candidatura de la Torre de Hércules para declararla Patrimonio de la Humanidad.


El mar ha sido desde la antigüedad un medio de vida y de comunicación para los seres humanos. Cuando Gayo Sevio Lupo, arquitecto lusitano al servicio del imperio romano, construyó el Farum Brigatium en el golfo de los Ártrabos, en lo que hoy es la ciudad de A Coruña, para servir de guía a la navegación en el Finisterre de Europa, no podía imaginar que ese faro conocido como Torre de Hércules iba a permanecer dos mil años después en el mismo lugar y con idéntica misión.


La historia de España, de Europa y del mundo no habría sido igual de no haber existido el faro de la Torre de Hércules, el único de todos los construidos por Roma que ha llegado hasta nuestros días con su misión: ser vínculo entre los pueblos y abrazo entre culturas. Es un edificio singular, romano en sus cimientos y estructura y neoclásico por fuera, con una simbología ciudadana que lo convierte en un icono de unión y solidaridad, situado en un lugar estratégico para las rutas entre Europa y América y entre Europa y África. Ni siquiera los nuevos avances tecnológicos han hecho disminuir su trascendencia e históricamente ha sobrevivido como elemento indispensable para la navegación marítima.


Como representantes de los ciudadanos de España, el Congreso de los Diputados considera que la Torre de Hércules es patrimonio de todos y manifiesta su más decidido apoyo a la candidatura que promueve la ciudad de A Coruña y el Instituto de Estudios Torre de Hércules para que la Unesco reconozca los valores humanos, históricos, artísticos y culturales del que es el faro romano más antiguo del mundo en funcionamiento. Le siguen, señor presidente, las firmas de todos los portavoces de los grupos parlamentarios.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señorías, igualmente ha llegado a la Presidencia un acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios, en representación de todas SS.SS., con la solicitud de que sea leída y a ello voy a proceder.


Declaración institucional del Congreso de los Diputados ante los acontecimientos producidos en Irán tras la celebración de las elecciones.
El pasado 12 de junio se celebraron elecciones presidenciales en la República Islámica de Irán que concluyeron con la proclamación del anterior presidente como ganador. Dicha proclamación suscitó múltiples denuncias sobre la transparencia del proceso electoral, expresadas tanto por el resto de los candidatos que concurrieron al proceso como por la comunidad internacional. Las manifestaciones pacíficas de los partidarios de los candidatos derrotados fueron duramente reprimidas, mientras se permitía la intimidación violenta por parte de los seguidores del teórico vencedor. Estos penosos sucesos se han saldado con decenas de víctimas y un aumento de la tensión social en el país.


Primero. El Congreso de los Diputados, ante los gravísimos sucesos desencadenados tras la celebración de las elecciones iraníes, expresa su honda preocupación por el incremento de la tensión en Irán y la violencia en las calles, lamentando especialmente la pérdida de vidas inocentes producida por la represión de las manifestaciones pacíficas.


Segundo. El Congreso de los Diputados solicita a las autoridades iraníes, desde el respeto a su soberanía y a su ordenamiento, la apertura de una investigación que garantice la pulcritud del proceso electoral y la legitimidad de sus resultados.


Tercero. El Congreso de los Diputados insta a las autoridades iraníes a garantizar el respeto a los derechos de las ciudadanas y ciudadanos iraníes, en especial la libertad de expresión, reunión y manifestación, así como de información y circulación.


Cuarto. El Congreso de los Diputados solicita la inmediata puesta en libertad de los opositores detenidos y pide al Gobierno iraní que cese la represión contra la población civil y se abstenga de culpabilizar de sus problemas internos a países extranjeros.


Quinto. El Congreso de los Diputados se compromete a mantener en todo momento la coordinación y la solidaridad con nuestros socios y aliados en aras de la estabilidad internacional y las garantías para la población civil.


Palacio del Congreso, 25 de junio de 2009. (Aplausos.)

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DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (VOTACIÓN.)

- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, SE FIJA EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL ESTADO PARA 2010.
(Número de expediente 430/000002.)

El señor PRESIDENTE: Iniciamos las votaciones correspondientes a esta sesión plenaria. En primer lugar, votamos el acuerdo del Gobierno por el que se fija el límite de gasto no financiero del Estado para el año 2010.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 172; en contra, 159; abstenciones, quince.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)

- REAL DECRETO-LEY 8/2009, DE 12 DE JUNIO, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE 19.821,28 MILLONES DE EUROS, Y SE MODIFICAN DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY 38/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DE IMPUESTOS ESPECIALES. (Número de expediente 130/000017.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al VIII punto del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos leyes. En concreto, del Real Decreto-ley 8/2009, de 12 de junio, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe de 19.821,28 millones de euros y se modifican determinados preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 175; en contra, 158; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.


¿Algún grupo parlamentario desea su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Pausa.) Así lo solicitan el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Por lo tanto, pasamos a votación la tramitación del real decreto-ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 160; en contra, 171; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIONES.)

- ACTAS Y RESOLUCIONES DE LA UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL (UPAEP), APROBADAS EN EL XX CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL EN MONTEVIDEO EL 14 DE JUNIO DE 2007. (Número de expediente 110/000085.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE ISRAEL SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS, HECHO EN MADRID EL 31 DE MARZO DE 2009. (Número de expediente 110/000086.)

- ACUERDO ESPECIAL ENTRE LA ORGANIZACIÓN EUROPEA DE PATENTES Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, RELATIVO A LA COOPERACIÓN EN CUESTIONES RELACIONADAS CON EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT), HECHO EN MUNICH Y MADRID LOS DÍAS 2 DE JULIO Y 18 DE DICIEMBRE DE 2008. (Número de expediente 110/000087.)

- ACUERDO GENERAL DE SEGURIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA INTERCAMBIADA ENTRE LOS DOS PAÍSES, HECHO EN MADRID EL 26 DE FEBRERO DE 2009. (Número de expediente 110/000088.)

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COREA, RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN SEÚL EL 23 DE MARZO DE 2009. (Número de expediente 110/000089.)

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SUPLEMENTO DEL CONVENIO SOBRE EL APOYO LOGÍSTICO Y EL PERFECCIONAMIENTO CONJUNTOS DEL SISTEMA DE ARMAS LEOPARD, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1969, EN LA VERSIÓN DE 15 DE MAYO DE 1998. (Número de expediente 110/000090.)

El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día sobre convenios internacionales. ¿Se pueden aprobar por asentimiento de la Cámara? (Asentimiento.) Quedan aprobados.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIONES.)

- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA. (Número de expediente 121/000013.)

El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Díez. Se votan todas ellas en conjunto porque nadie ha solicitado la votación separada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, seis; en contra, 319; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Barkos, también en bloque.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 15; en contra, 319; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


También del Grupo Parlamentario Mixto, votamos en bloque las enmiendas presentadas por la señora Fernández Davila.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, diez; en contra, 318; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votación de la enmienda de este grupo señalada con el número 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, ocho; en contra, 321; abstenciones; 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, a continuación, la enmienda número 15.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, cinco; en contra, 319; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 51.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, ocho; en contra, 320; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos ahora el resto de las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana presentadas por el señor Tardà.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, ocho; en contra, 320; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas de este mismo grupo parlamentario, en este caso firmadas por el señor Herrera. Votación de la enmienda 115.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, ocho; en contra, 319; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 124.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, ocho; en contra, 318; abstenciones, 20.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 125.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, ocho; en contra, 319; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 137.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, ocho; en contra, 319; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, votamos el resto de las enmiendas suscritas por el señor Herrera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, ocho; en contra, 319; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 26; en contra, 317; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 26; en contra, 318; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el dictamen, y en concreto los artículos 8; 8 bis; 10; 10 bis; 19; 22; 36 y 37.


Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 320; en contra, siete; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos mencionados.


A continuación, votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 338; en contra, seis; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000028.)

El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En primer lugar, votamos en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor 19; en contra, 319; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos también en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 21; en contra, 319; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación, votamos el dictamen. En primer lugar, votación del apartado uno del artículo único, por el que se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor 329; en contra, nueve; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos ahora el apartado trece del artículo único por el que se añade una disposición adicional decimoquinta a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 333; en contra, 11, abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos, a continuación, el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor 346.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Haremos ahora la votación de conjunto sobre el carácter orgánico del proyecto de ley. Se trata, por tanto, de una votación orgánica que ha de obtener la mayoría absoluta del número de diputados de derecho de la Cámara.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 341; en contra, dos; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley orgánica mencionado.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES; LA LEY 26/1988, DE 29 DE JULIO, SOBRE DISCIPLINA E INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO, Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN Y SUPRESIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, DE 29 DE OCTUBRE, PARA LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN, EN ENTIDADES DE CRÉDITO Y ENTIDADES ASEGURADORAS. (Número de expediente 121/000018.)

El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de ordenación y supresión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras.


En primer lugar, votamos las enmiendas a la disposición adicional primera nueva, a la disposición final segunda y a la disposición final quinta nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 196; en contra, 149; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos las enmiendas a la disposición adicional segunda nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 187; en contra; 155. abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos las enmiendas a las disposiciones finales, que pasan a ser numeradas como sexta, séptima, octava y novena.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 195; en contra, 150; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 345, abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (Aplausos.)

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 1/2009, DE 23 DE FEBRERO). (Número de expediente 121/000021.)

El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones.


Votamos la única enmienda del Senado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 167; en contra, 179.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.

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