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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 93, de 23/06/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2009 IX Legislatura Núm. 93
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 88 celebrada el martes 23 de junio de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 5)

Exclusión del orden del día ... (Página 5)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), relativa a la posición del Gobierno en relación al traspaso de las competencias exclusivas en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. (Número de expediente 172/000104.)... (Página 5)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los incentivos fiscales al ahorro en la economía española. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 175-1, de 3 de abril de 2009. (Número de expediente 122/000152.)... (Página 5)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 169-1, de 24 de marzo de 2009. (Número de expediente 122/000147.)... (Página 12)

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Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la responsabilidad social de las empresas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 151, de 20 de febrero de 2009. (Número de expediente 162/000322.)... (Página 19)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), relativa a la adopción de medidas para promover la responsabilidad social de las empresas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 95, de 31 de octubre de 2008. (Número de expediente 162/000234.)... (Página 19)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los derechos y deberes de las funcionarias de prisiones de la escala femenina. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 206, de 22 de mayo de 2009.
(Número de expediente 162/000436.)... (Página 25)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el incumplimiento del Gobierno de la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa, y más concretamente de sus disposiciones transitorias primera y tercera (Número de expediente 173/000080.)...
(Página 31)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la reorientación de la política fiscal en el nuevo marco presupuestario para hacer frente a la situación de crisis, generando empleo de calidad y mejorando la cobertura social. (Número de expediente 173/000081.)... (Página 36)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la crítica situación por la que atraviesa el sector turístico español. (Número de expediente 173/000082.)...
(Página 42)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.)... (Página 47)

Proposiciones no de Ley. (Votación.)... (Página 47)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 48)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 5)

Exclusión del orden del día ... (Página 5)

La Presidencia somete a la Cámara la exclusión del punto del orden del día que corresponde a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, Sra. Barkos, relativa a la posición del Gobierno en relación al traspaso de las competencias exclusivas en materia de tráfico a la Comunidad Foral de la Cámara, lo que se acuerda por asentimiento.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 5)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los incentivos fiscales al ahorro en la economía española ... (Página 5)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Tomé Muguruza, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario

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Catalán (Convergència i Unió) y Mármol Peñalver, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales ... (Página 12)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Perestelo Rodríguez y la señora Fernandez Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Larrosa Piqué, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley ... (Página 19)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la responsabilidad social de las empresas ... (Página 19)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), relativa a la adopción de medidas para promover la responsabilidad social de las empresas ... (Página 19)

Defienden conjuntamente las proposiciones no de ley el señor Jáuregui Atondo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Jáuregui Atondo.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los derechos y deberes de las funcionarias de prisiones de la escala femenina ...
(Página 25)

Defiende la proposición no de ley la señora Fernández de Capel Baños, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Díez González; el señor Perestelo Rodríguez y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Arnaiz García, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Fernández de Capel Baños.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 31)

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el incumplimiento del Gobierno de la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa y más concretamente de sus disposiciones transitorias primera y tercera ... (Página 31)

Defiende la moción el señor Esteban Bravo, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Calabuig Rull, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Uriarte

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Ayala, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la reorientación de la política fiscal en el nuevo marco presupuestario para hacer frente a la situación de crisis, generando empleo de calidad y mejorando la cobertura social ... (Página 36)

Defiende la moción el señor Herrera Torres, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posición interviene el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la crítica situación por la que atraviesa el sector turístico español ... (Página 42)

En defensa de la moción interviene el señor Reguera Díaz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y las señoras Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Muñoz Resta, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Reguera Díaz.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 47)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los incentivos fiscales al ahorro en la economía española, se rechaza por 160 votos a favor y 175 en contra.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se aprueba por 335 votos a favor y uno en contra.


Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 47)

Sometida a votación conjunta la enmienda transaccional a las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la responsabilidad social de las empresas, y del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), relativa a la adopción de medidas para promover la responsabilidad social de las empresas, se aprueban por 336 votos a favor.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los derechos y deberes de los funcionarios de prisiones de la escala femenina, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 335 votos a favor.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 48)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el incumplimiento del Gobierno de la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa y más concretamente de sus disposiciones transitorias 1.ª y 3.ª, se aprueba por 173 votos a favor, 162 en contra y una abstención.


Se somete a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa

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per Catalunya Verds, sobre la reorientación de la política fiscal en el nuevo marco presupuestario para hacer frente a la situación de crisis, generando empleo de calidad y mejorando la cobertura social. En primer lugar se votan los puntos 1 y 2, agrupados; el punto 8, y el resto de la moción, siendo todos ellos rechazados.


Sometidos a votación separada los cinco puntos de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la crítica situación por la que atraviesa el sector turístico español, se aprueban los puntos 2, 3 y 5 y se rechazan los puntos 1 y 4.


Se suspende la sesión a las nueve de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


Antes y como asunto previo, vamos a escuchar el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. En sustitución de don Miguel Ángel Buen Lacambra, pregunto a don Fernando Boada González si jura o promete acatar la Constitución.


El señor BOADA GONZÁLEZ: Sí, prometo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Don Fernando Boada González ha adquirido la condición plena de diputado.
(Aplausos.)

Enhorabuena y que le vaya bien.


EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), RELATIVA A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL TRASPASO DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS EN MATERIA DE TRÁFICO A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 172/000104.)

El señor PRESIDENTE: También sometemos a la Cámara la exclusión de un punto del orden del día -concretamente ha sido informada la Junta de Portavoces- que corresponde a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Barkos, relativa a la posición del Gobierno respecto al traspaso de competencias exclusivas en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. El Gobierno así lo ha comunicado. ¿Lo acuerda la Cámara? (Pausa.) Queda acordado y, en consecuencia, retirada esta interpelación urgente del orden del día.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LOS INCENTIVOS FISCALES AL AHORRO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 122/000152.)

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día, proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a incentivos fiscales al ahorro en la economía española. Para defenderla tiene la palabra don Baudilio Tomé.


El señor TOMÉ MUGURUZA: Señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular trae hoy a consideración de la Cámara una proposición de ley que propone una serie de modificaciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para favorecer el ahorro de los españoles. Esta iniciativa se une a otras muchas que desde el comienzo de la legislatura hemos venido presentando como medidas para favorecer el mejor funcionamiento de nuestro sistema económico y contribuir a superar la crisis económica. Medidas fiscales y financieras; medidas de apoyo a las pymes, los autónomos, los parados y las familias; medidas de apoyo a los sectores que más sufren la crisis. Son medidas que vienen a suplir la falta de iniciativa del Gobierno. El Gobierno fue incapaz, en su momento, de reconocer la que se nos venía encima y sigue actuando hoy como si el mero paso del tiempo y la eventual recuperación internacional fuesen a arreglar los problemas de fondo de la economía española. A lo largo de la legislatura son demasiadas las veces en las que el Gobierno ha vetado, sin explicación alguna, que se debatan en esta Cámara las propuestas del Grupo Parlamentario Popular. Hoy no ha sido así, veremos si esto supone un cambio de actitud por parte del Grupo Socialista y la voluntad que tenga de llegar a acuerdos sobre temas de fondo. Hoy se presenta una buena oportunidad.


Nuestro país necesita más ahorro y más inversión y, por tanto, una política económica destinada a favorecer ambos objetivos. La crisis económica que estamos sufriendo los españoles tiene causas complejas en las que se mezclan factores internacionales con otros que son propios y que están relacionados con las políticas que se han seguido en los últimos años. Los altos niveles de deuda que empresas y familias han venido acumulando en los últimos tiempos son uno de los elementos que caracterizan el momento de la economía española y

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constituyen un lastre a la hora de enfrentarnos a la recesión y de abordar el futuro. En los últimos años el endeudamiento del sector privado, familias, empresas y sector financiero, no ha parado de crecer.
Instrumentos como las provisiones genéricas que el Banco de España introdujo en el año 2000, y que hoy son universalmente reconocidas, demostraron su eficacia en la contención de la expansión del crédito. Sin embargo, no se reforzaron cuando se produjeron nuevas tensiones, y la financiación a empresas y familias, que hasta el año 2004 venía creciendo en torno al 10 por ciento anual, se aceleró por encima del 20 por ciento en un claro síntoma de recalentamiento de nuestra economía. El gran déficit por cuenta corriente muestra además que el ahorro nacional no ha sido suficiente para poder cubrir las necesidades de financiación de nuestra inversión. El déficit exterior, que se mantuvo por debajo del 3,5 por ciento del producto interior bruto hasta el año 2003, ha superado en los últimos años el 10 por ciento del PIB. Los españoles hemos venido apelando de manera creciente al ahorro externo para financiar nuestro crecimiento. La deuda externa ha superado ya el 150 por ciento del PIB, una cifra difícilmente sostenible y sin comparación con los países de nuestro entorno. En España hoy están endeudadas las empresas, las familias, las instituciones financieras y, de manera alarmantemente creciente, el Estado.


Hasta ahora, la única política que el Gobierno ha sabido poner en práctica es añadir deuda pública al alto endeudamiento privado. La expansión fiscal puede contribuir por un tiempo a paliar los efectos de la crisis, pero los márgenes se agotan y es necesario reestablecer los equilibrios, equilibrios fiscales y financieros, y también en lo que se refiere a nuestras relaciones financieras con el resto del mundo. Lo ha recordado en estos días el gobernador del Banco de España, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional la semana pasada o ayer el propio presidente del Banco Central Europeo. En ningún caso pueden la deuda y el gasto ser las bases de una recuperación económica sólida y sostenible.
Cuando se habla de cambios estructurales en la economía española, cambios en el modelo productivo, hay que tener muy claro lo que se quiere decir; en caso contrario, nos quedaremos en puro voluntarismo. Para crecer y crear empleo, para lograr una economía más competitiva y productiva y para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo hacen falta reformas estructurales. Reformas que se refieren a nuestro sistema educativo, a la justicia, a la regulación de los mercados, al logro de la suficiencia energética, al fomento de la competencia y a la mejora de la prestación de los servicios públicos.


También hace falta restaurar en España la cultura del ahorro. La escasez de ahorro y el sobreendeudamiento nos están haciendo más vulnerables frente a la crisis. Tenemos que dejar de vivir por encima de nuestras posibilidades apelando a un ahorro exterior cada vez más difícil de conseguir y pasar a financiar nuestra economía y nuestras empresas sobre bases más sólidas. El ahorro refuerza la autonomía y la independencia personal y familiar y ofrece mayor margen de maniobra a las empresas. Qué duda cabe que las empresas y las familias españolas están aumentando significativamente sus niveles de ahorro, porque la crisis y el deterioro de los activos financieros inmobiliarios obligan. Pero también es cierto que no se puede cambiar el modelo económico por decreto, sino que se debe atender a las decisiones de los agentes económicos que son los que deben decidir a qué sectores desean dirigir sus inversiones y a cuáles no. Pero hace falta un auténtico cambio de paradigma apoyado en un marco regulatorio y también tributario que favorezca la capitalización de nuestras empresas y el ahorro a largo plazo.


Señorías, la proposición de ley que presentamos va en este sentido y al efecto propugna tres líneas de actuación. En primer lugar, partimos de la base del sistema de deducciones que actualmente existe en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se favorecen determinados comportamientos como la adquisición y el alquiler de vivienda, los donativos a entidades sin ánimo de lucro, determinadas inversiones empresariales o el ahorro mediante la llamada cuenta ahorro empresa para constituir nuevas sociedades. Se trataría ahora de incorporar una nueva deducción que favorezca el ahorro a largo plazo por parte de los españoles. Nuestro sistema tributario ha favorecido tradicionalmente la inversión en vivienda sobre otras formas de ahorro. Esta deducción llegó a beneficiar segundas y terceras residencias, permitió deducción de intereses y alcanzó un límite del 30 por ciento de la base imponible con independencia del nivel de renta. La deducción por vivienda se racionalizó con los gobiernos del Partido Popular en la reforma del IRPF del año 1998, en la que se pasó a concentrar el efecto de la misma en las rentas medias y más modestas. Mi grupo ha propuesto en estos momentos que esta decisión se adecue a las actuales dificultades de las familias y a las circunstancias del mercado inmobiliario. Sin embargo, en opinión de nuestro grupo ha llegado el momento de que el apoyo fiscal al ahorro se extienda más allá del sector de la vivienda mediante un incentivo general y neutral. Por eso se propone una nueva deducción en el impuesto sobre la renta del 10 por ciento de los rendimientos del trabajo que vayan destinados al ahorro a medio y a largo plazo en cuentas que cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente y con el límite de 10.000 euros anuales.


En segundo lugar, la proposición de ley incorpora medidas en la fiscalidad de los planes de pensiones. En opinión de nuestro grupo, la reforma que se llevó a cabo en el año 2006 ha restringido el atractivo de los planes y fondos de pensiones e introducido un marco inestable con respecto a su fiscalidad futura. Por eso proponemos que el rendimiento de las cantidades ahorradas para la jubilación a través de planes y fondos de pensiones tribute como el resto de las rentas del ahorro al 18 por ciento. Desde que en el año 2006 se introdujo en nuestra tributación sobre la renta un sistema de imposición dual

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por el que las rentas del ahorro tributan al tipo del 16,8 por ciento y se subió, por otro lado, el tipo mínimo de la escala general de gravamen que se aplica a las rentas del trabajo al 24 por ciento, se producen supuestos de sobreimposición en la tributación de los rendimientos de los planes de pensiones que creemos conveniente eliminar. También queremos -y en ese sentido va nuestra proposición- recuperar la reducción del 40 por ciento cuando el plan de pensiones se cobra en un pago único. Se trata de corregir el efecto de la progresividad del impuesto sobre unas rentas que en la realidad económica corresponden a varios años. La reforma del año 2006, al suprimir esta reducción ha provocado sobreimposición e incertidumbre sobre el marco fiscal de este instrumento fundamental de ahorro a largo plazo, de ahorro adecuado a las circunstancias actuales demográficas de la sociedad española.


Señorías, en unos momentos como los que estamos viviendo, es esencial acordar un marco fiscal estable que favorezca el ahorro de los españoles a largo plazo. Resulta imprescindible que aumenten las tasas de ahorro tanto por motivos económicos, coyunturales y estructurales como para afrontar el profundo cambio demográfico al que se está enfrentando nuestra sociedad. La fiscalidad por sí sola no determina las decisiones de inversión, pero es un factor en muchos casos decisivo. Lo es sin duda en unos momentos en los que nos enfrentamos a un cambio tecnológico sin precedentes, a una recesión global en la que muchas industrias están tomando decisiones sobre la localización de sus actividades y en las que tenemos que competir con nuevos centros económicos tanto en Asia como en otras zonas de la Europa ampliada El marco fiscal puede contribuir a favorecer el ahorro, la inversión, la competividad y la productividad.


Debatimos esta proposición, en nuestra opinión, en un momento particularmente oportuno. Esta misma semana esta Cámara se pronunciará sobre el techo de gasto para los próximos Presupuestos Generales del Estado. Parece que hay quien está condicionando su apoyo a los mismos a que se produzca en España una auténtica involución fiscal, desandando el camino en modernidad, eficiencia y equidad que se empezó a recorrer a mediados de los noventa. Lo cierto es que en España ya se ha demostrado que es posible hacer reformas fiscales que bajen impuestos, contribuyan al crecimiento, mejoren la eficiencia y la equidad y doten de bases fiscales sólidas a los servicios públicos y a nuestro sistema de bienestar. El Gobierno ya ha empezado a aumentar impuestos en medio de una crisis neutralizando la expansión fiscal que venía predicando. Se anuncian más subidas y si atendemos a los globos sonda y a las últimas declaraciones de los máximos responsables del ministerio de Economía, de la política de no hacer nada o de hacer lo menos posible parece que estamos a punto de pasar a la política de cualquier cosa vale con tal de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Vienen subidas de impuestos en un tejer y destejer continuo. La situación recuerda a aquellos primeros noventa cuando a mitad del ejercicio se subía la tarifa del impuesto sobre la renta, se eliminaban planes de ahorro popular o se favorecían amnistías fiscales con fines recaudatorios, buscando desesperadamente recursos para hacer frente a una crisis económica que tampoco entonces se sabía cómo afrontar. Ya entonces se demostró que las subidas de impuestos lastran la recuperación. El Gobierno ya ha renunciado a apoyar la reforma ambiciosa del impuesto sobre sociedades que propuso el Grupo Parlamentario Popular, una auténtica reforma estructural en la línea de lo que están haciendo otros países de la Unión Europea y de la OCDE en los últimos años. Una reforma para hacer nuestro país más atractivo para la inversión nacional y extranjera, para que aumenten las tasas de ahorro por parte de empresa e individuos.


Señorías, la proposición de ley que hoy presenta mi grupo ofrece una clara oportunidad para que el Parlamento pueda debatir y acordar un marco fiscal para la tributación del ahorro a la altura de los tiempos. Es una buena base. Mi grupo plantea la propuesta que hoy debatimos como una auténtica reforma estructural para poner nuestro sistema tributario al servicio de la inversión y del ahorro de familias y empresas, una reforma que contribuya a favorecer la competitividad y el crecimiento de la economía española, una de esas reformas estructurales que hay que abordar en cualquier caso y que en épocas de crisis y recesión como las que vivimos se hacen ineludibles; por eso, pido a los grupos de

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tomé.


¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) En tal caso, vamos a ir a la fijación de posición.


Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías. Intervenimos en este turno de fijación de posición para expresar la postura del Bloque Nacionalista Galego en relación con la proposición de ley relativa a los incentivos fiscales al ahorro en la economía española, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Compartimos, señorías, con el grupo proponente la necesidad de incrementar las tasas de ahorro de nuestra economía y que una mayor tasa de ahorro favorecería la inversión y la financiación de las actividades de las familias en condiciones normales de funcionamiento del sistema financiero. Pero mucho nos tememos que esas circunstancias no se dan en la actualidad y que el sector financiero está hoy lejos de cumplir eficaz y eficientemente las funciones de intermediación que le son propias en una economía de mercado. Además, consideramos que las propuestas concretas que se formulan en esta proposición de ley no son neutrales desde el punto de

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vista de la distribución de la renta y de la progresividad del sistema fiscal. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Señorías, en los últimos años hemos visto cómo el sistema fiscal español perdía progresividad a pasos agigantados, primero con las sucesivas reformas del IRPF llevadas a cabo por los gobiernos del Partido Popular y luego por los gobiernos del Partido Socialista. La reciente reforma del impuesto especial de hidrocarburos y del impuesto sobre las labores del tabaco no hacen sino acentuar esa tendencia. Se incrementan los impuestos indirectos, aquellos cuya base imponible no tiene en consideración la capacidad económica de quienes lo soportan y, al mismo tiempo, como se pretende con la proposición de ley que hoy estamos debatiendo, se introducen modificaciones que restan progresividad al IRPF. Señorías, según la vigente Ley de Presupuestos, los impuestos indirectos son ya responsables de más del 35 por ciento de los ingresos no financieros del Estado, mientras que la imposición directa pierde peso progresivamente.
La proposición de ley del Grupo Popular pretende introducir nuevos beneficios fiscales para los titulares de planes de pensiones que ya cuentan con un tratamiento generoso en la vigente Ley del IRPF. En el BNG creemos que no es el momento de introducir mayores beneficios fiscales para quienes tienen mayor renta. Consideramos que es necesaria una reforma fiscal, sí, pero en la dirección diametralmente opuesta a la que se ha venido aplicando en los últimos años y que nos está conduciendo a serios problemas de financiación de las políticas públicas.


Señorías, no es ninguna novedad que en una proposición como la que estamos debatiendo hoy el Bloque Nacionalista Galego se posicione en contra puesto que mantenemos una posición en relación con la política fiscal favorable a la progresividad y, por tanto, todas aquellas alternativas que no incidan en esta filosofía no las compartimos. De ahí que manifestemos ya nuestro voto en contra a esta propuesta que nos presenta hoy el Grupo Popular.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


La pregunta es qué es modernidad y lo digo a partir también de la intervención del portavoz del Partido Popular. ¿Por modernidad se entienden las repúblicas bálticas o los países escandinavos? Yo creo que por modernidad se entienden los países escandinavos. Dicho de otra manera, quien encara mejor la crisis es quien tiene más capacidad de hacer políticas públicas, políticas sociales, políticas anticíclicas. Y eso va parejo, sí, a la presión fiscal. Aquellos países que tienen una presión fiscal que está en el 32, el 33 o el 34 por ciento están capeando muy mal el temporal, están encarando muy mal la crisis; aquellos países que tienen una presión fiscal que les permite hacer políticas públicas -y tienen ustedes el ejemplo de los países escandinavos- están encarando en mejores condiciones la crisis. Es por ello que desde Iniciativa y desde Izquierda Unida -creo además que también es un planteamiento compartido por el conjunto del grupo parlamentario- opinamos lo mismo que le ha dicho la portavoz del Bloque Nacionalista Galego. Hoy, las reformas fiscales tienen que ir en un sentido opuesto al que ustedes aquí nos plantean. La presión fiscal en España está en el 32,8 por ciento del PIB, es la presión fiscal más baja que hemos tenido en muchos años. Sé que si determinadas reformas fiscales las hubiese hecho en vez del Gobierno de Zapatero el Gobierno de Aznar, a ustedes se les hubiese criticado y mucho desde la izquierda: la supresión del impuesto de patrimonio, la reducción del impuesto de sociedades, las reducciones en el IRPF, el cheque de los 400 e incluso la falta de progresividad en los 2.500. Pero lo ha hecho el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y yo sé que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha pactado básicamente con nosotros las políticas sociales, cierto es, pero ha pactado con Convergència i Unió, incluso en algunos casos con ustedes, las políticas fiscales. Eso nos ha llevado a esta presión fiscal que para nosotros precisamente es el talón de Aquiles, la piedra en el zapato que no nos permite hacer las políticas públicas que el momento actual requiere. Es por eso que nosotros vamos a votar que no, porque es cierto que necesitamos mayor capacidad de ahorro, pero no es cierto que a mayor capacidad de ahorro se garantice el crédito a la pequeña y a la mediana empresa. Le pondré un ejemplo; los depósitos en nuestras entidades financieras han crecido espectacularmente en tan solo un año, ¿ha garantizado esto mayor crédito a la pequeña o la mediana empresa? La respuesta es clara: no. Y no lo ha garantizado, ¿por qué? Porque ni el órgano regulador ni el Gobierno presente ni el Gobierno anterior ni los Gobiernos del Partido Popular pusieron límite a la capacidad de endeudamiento familiar. Esto ha hecho que hoy las entidades teman por el incremento de la morosidad y que no puedan acudir al interbancario precisamente para hacer frente a los créditos que dieron.
Es por eso que no entendemos ni compartimos la medida que ustedes nos plantean. ¿Hoy debemos apostar por mayores desgravaciones en los planes de pensiones? Nosotros decimos: no. Porque se demuestra a escala internacional, y también a nivel estatal, que el modelo de éxito es el que tenemos en España y no el de mayores desgravaciones para los planes de pensiones. Por eso no estamos de acuerdo. Sí que vemos que lo que ustedes nos plantean hoy iría a dar más facilidades, a incrementar las desgravaciones de aquellos que pueden ahorrar, de aquellos que pueden hacer planes de pensiones, de aquellos que, tal y como les planteaba la portavoz del BNG, tienen mayor renta.


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Por eso, se lo digo francamente, desde Izquierda Unida y desde Iniciativa per Catalunya Verds vamos a votar que no, porque entendemos que lo que tiene que haber en este país es una política fiscal moderna, y como por modernidad nosotros entendemos la referencia escandinava y no las repúblicas bálticas -podemos tener diferentes puntos de vista- y en coherencia -y sé que no le sorprende- con lo que hemos trasladado y planteado en múltiples ocasiones, votaremos que no a su proposición de ley.


Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras y señores diputados, cabría denominar a esta última semana del periodo ordinario de sesiones como la semana de la fiscalidad, de las propuestas en materia fiscal y tributaria. Esta misma mañana el secretario de Estado de Hacienda nos ha dado cumplida cuenta de la situación de las cuentas públicas, de la marcha de los ingresos y de los gastos públicos, y ha quedado de manifiesto la precaria situación de las cuentas públicas. Ahora debatimos una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, una iniciativa parcial relativa a los incentivos fiscales al ahorro. Posteriormente, tendremos la ocasión de referirnos al mismo tema cuando debatamos la moción presentada por Iniciativa per Catalunya, por el diputado Herrera, en la que propone modificar a fondo el sistema tributario. Pasado mañana el debate del acuerdo de estabilidad presupuestaria y la convalidación del real decreto ley en el que se incluyen subidas tributarias de gasolina y tabaco van también en idéntica dirección. Me imagino que incluso al margen de esta iniciativa el tema de la fiscalidad está presente en la Cámara. Ello es así porque la evolución de los ingresos y gastos públicos, como nos ha comentado esta mañana el secretario de Estado, y el déficit público que se deriva de la misma es una situación realmente preocupante que muestra a las claras cuál es la fragilidad de las cuentas públicas. Que el déficit público se sitúe en el entorno del 10 por ciento del PIB creo que requiere una profunda reflexión y, sin duda, medidas de política económica coherentes con la gravedad de esta situación, que es lo que echamos en falta en el Gobierno. Insisto, se requiere una profunda reflexión, un diagnóstico compartido y medidas coherentes y debidamente sopesadas.


Por el contrario, el Gobierno gestiona la situación de manera caótica, a golpe de ocurrencias y reales decretos que tratan de dar soluciones improvisadas y parciales. No hay, pues, liderazgo político ni liderazgo económico por parte del Gobierno. Pero de la misma manera tampoco avanzamos nada ni en la buena dirección si desde la oposición planteamos cuestiones puntuales y parciales que no responden a una realidad y a un planteamiento global y consensuado. La proposición de ley que trae hoy aquí, a esta Cámara, el Grupo Popular pretende impulsar mediante algunos incentivos fiscales el ahorro de la economía española. Me imagino que el esquema teórico que utiliza el Grupo Popular es que el ahorro de hoy es la inversión de mañana y el empleo de pasado mañana. Sin embargo, hay que tener en cuenta también, señores del Partido Popular, que un aumento del ahorro va en detrimento del consumo, que ya se encuentra bastante deprimido, lo que redundaría en un crecimiento del PIB más negativo aún y tendría peores consecuencias para el empleo. Deprimir más el consumo, insisto, es deprimir el crecimiento, con los efectos que tiene sobre el empleo. En la actual coyuntura económica tan solo las rentas medias y altas tienen cierta capacidad de ahorro, y lo que propone el Grupo Popular son medias fiscales beneficiosas para estos colectivos, ahondando en la regresividad del sistema fiscal, lo que no parece adecuado económicamente ni nos parece oportuno políticamente al Grupo Vasco.
Primar cierto tipo de cuentas de ahorro mediante la reducción de hasta 10.000 euros anuales en la base imponible del IRPF, mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones para que sus rendimientos tributen a un tipo fijo del 18 por ciento o plantear una reducción del 40 por ciento cuando la prestación se realice en pago único, pueden ser medidas que se planteen en otra coyuntura económica y en un marco global en el que puedan compararse con otras medidas, pero no en este momento ni de forma aislada; aisladamente tan solo conseguirían una redistribución perversa de la renta que nuestro grupo no cree conveniente. Por tanto, nos vamos a oponer a esta proposición de ley votando en contra de la misma. Sin embargo, queremos decir que seguimos considerando que es crucial debatir a fondo esta cuestión.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a los incentivos fiscales del ahorro en la economía española será la de votar favorablemente, ya que los planteamientos expuestos en dicha iniciativa parlamentaria coinciden básicamente con algunos de los planteamientos más relevantes que nuestro Grupo Parlamentario, Convergència i Unió, ha ido planteando a lo largo de esta legislatura en diferentes iniciativas parlamentarias. En primer lugar, porque establece una nueva deducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas del 10 por ciento de los rendimientos de trabajo que vayan destinados al ahorro,

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con un límite de 10.000 euros anuales. Aunque quizá en este punto no estaríamos demasiado de acuerdo porque entendemos que podrían existir otras alternativas a esta deducción, como se trata de una toma en consideración, globalmente valoramos positivamente la iniciativa y, en el caso de que fuera aprobada por la mayoría de los grupos parlamentarios, ya en el trámite de enmiendas en la Comisión correspondiente intentaríamos llegar a un acuerdo con el grupo proponente, con el Grupo Popular. En segundo lugar, porque entendemos que esta proposición de ley recoge perfectamente que el rendimiento de los planes de pensiones tributará como rendimiento de trabajo por la cuantía que no exceda de las aportaciones y como renta en el ahorro en exceso. Esta era una cuestión que estaba perfectamente explicitada en la anterior legislación, que posteriormente fue modificada en la última reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y Convergencia i Unió entiende que una iniciativa de este calado propiciaría un incremento del ahorro a largo plazo. Finalmente, hay otra cuestión en la que discrepamos abiertamente con el Grupo Parlamentario Socialista cuando se modificaron el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades, la desaparición de la reducción por las prestaciones de planes de pensiones que se perciben en forma de capital. Esta fue una de las causas que han motivado un descenso en las aportaciones y en el número de partícipes en los planes de empleo, planes asociados y planes individuales. En este caso el Grupo Parlamentario Popular vuelve a plantear la recuperación del 40 por ciento de las prestaciones de los planes de pensiones que se perciban en forma de capital. Estos son los datos básicos por los cuales consideramos que sería interesante alcanzar un acuerdo para tomar la iniciativa en consideración. Tiempo habrá para que, en el trámite parlamentario en la Comisión de Economía y Hacienda, podamos plantear aquellos pactos que fueran en esta dirección, pero no sé si va a ser posible o no. Vamos a esperar a ver qué es lo que nos dice el representante del Grupo Parlamentario Socialista, que da soporte al Gobierno, si va a mantener o no esta toma en consideración del Grupo Parlamentario Popular. Por todas estas consideraciones, Convergència i Unió entiende que se debe continuar impulsando el desarrollo de la previsión social complementaria, tal como está explicitado en el Pacto de Toledo en el cual se recomienda abordar la ordenación de la previsión social complementaria, potenciándola como elemento de consolidación del modelo de protección social configurado en el artículo 41 de la Constitución. Este es el primer paso importante que daríamos en relación con la recomendación de los pactos de Toledo aprobados por unanimidad de los grupos que conformamos la Cámara. Nosotros nos mostramos conformes con las medidas de largo plazo planteadas en esta iniciativa parlamentaria, no tanto en relación a la deducción que propone dicha proposición de ley como en cuanto a poder incrementar aquellas aportaciones a los planes de empleo, a los planes asociados y a los planes individuales, que vemos que en el año 2008 han tenido una disminución de alrededor de 900 millones de euros con relación al año 2007 y probablemente cuando conozcamos cuáles han sido las aportaciones que se han realizado a lo largo del año 2009 veamos con cierta estupefacción que las aportaciones a los diferentes planes de empleo, planes asociados y planes individuales bajan de los 6.000 millofnes de euros, seguramente sobrepasen muy poco los 5.000 millones de euros. Si hacemos una comparación de cuáles son los partícipes en dichos planes de pensiones, veremos que hay un crecimiento cada vez menor a partir de los años 2006, 2007 y 2008. Entendemos que este descenso significativo del número de partícipes así como de las cantidades destinadas a la aportación tendría que ser suficiente para que tomáramos en consideración esta iniciativa parlamentaria presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mármol.


El señor MÁRMOL PEÑALVER: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, bajo el ambicioso título de incentivos fiscales para el ahorro en la economía española, vuelve a plantear una vez más el debate sobre una proposición de ley cuyo alcance e intenciones son, a nuestro juicio, limitadas. La proposición pretende, en síntesis -como ya se ha dicho por otros portavoces-, la creación de una nueva deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas del 10 por ciento de las cantidades depositadas en entidades de crédito, con un máximo de 10.000 euros anuales y una serie de modificaciones en el régimen de tributación de los beneficiarios de planes de pensiones.
Déjeme hacerle inicialmente una observación de carácter general acerca de la congruencia y reales intenciones de la iniciativa que hoy debatimos.
La justificación que aparece en la exposición de motivos de la norma propuesta dice textualmente: Las familias no pueden conseguir los recursos que les permitan financiar su actividad de consumo ni la adquisición de viviendas ni el inicio de actividades empresariales como trabajadores autónomos. Por ello -se dice- es preciso que la tasa de ahorro de nuestra economía aumente de modo que esos recursos ahorrados pasen hacia la inversión de las empresas y hacia la financiación de las actividades de la familia. Se concluye, en consecuencia, que es necesario establecer una nueva deducción del 10 por ciento de los rendimientos del trabajo que vayan destinados al ahorro a medio y largo plazo. Señorías, nadie duda de que el ahorro a largo plazo es importante y que debemos preocuparnos de

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promoverlo, pero también es cierto que según los datos del Instituto Nacional de Estadística la tasa de ahorro de los hogares españoles ha pasado de un 10 por ciento a casi un 14 por ciento de renta disponible en el periodo 2007-2008, mientras que la demanda nacional, el consumo, ha descendido entre un 4,9 y un 5,6 en este mismo periodo. Si esto es así, nosotros nos preguntamos si es necesaria realmente esta proposición; si creen ustedes, señores diputados del Partido Popular, que de verdad la financiación de las familias y de las empresas va a mejorar sustancialmente con el otorgamiento de un beneficio fiscal a los depositantes. A juicio del Grupo Socialista, la real intención de esta proposición no es el ahorro ni el consumo ni promover soluciones efectivas a la angustiosa situación por la que pasan hoy muchas personas.
Y aquí voy a hacer un paréntesis porque creo que desde el Grupo Socialista hemos criticado algunas veces al Partido Popular porque no presenta ninguna iniciativa para afrontar la situación de crisis que tenemos actualmente, pero hace unos días sí presentó una que muestra realmente qué es lo que le preocupa al Partido Popular. Es una moción que presentó en el Senado por la que se insta al Gobierno a la supresión del impuesto de matriculación en la adquisición de embarcaciones de recreo.
Esto es lo que les importa a ustedes: bajar los impuestos a las personas que más tienen, a los yates. La real intención es aprovechar la situación de crisis para arañar cuantos beneficios fiscales sea posible para las rentas más altas, señor Tomé. Porque, de verdad, ¿quién puede inmovilizar hasta 10.000 euros sin tener problemas de financiación de sus necesidades corrientes? O si el beneficio fiscal anual son 1.000 euros y para ello tengo que dejar de disponer de 10.000 euros, ¿qué familias pueden afrontar esta operación? Yo creo que pocas familias pueden hacerlo.
Señores del partido Popular, dejen de utilizar bonitas palabras y loables intenciones, como es el estímulo del ahorro, para enmascarar medidas que solo pueden beneficiar a una ínfima parte de la ciudadanía. Dejen también de decir, como hacen en la exposición de motivos, que el beneficio fiscal consiste en una deducción del 10 por ciento para los rendimientos del trabajo. Nos quieren hacer creer que se preocupan por los trabajadores, pero luego en el articulado -en concreto en la adicción de un nuevo número 8 al artículo 68 de la Ley 35/2006- dicen: La deducción es general para todos los contribuyentes, cualquiera que sea el origen de la renta.
Ahí sí son coherentes, porque realmente muy pocos perceptores de rentas del trabajo podrían acogerse al nuevo incentivo.


De lo dicho hasta el momento puede deducirse sin dificultad que nuestro grupo nunca podrá mostrarse a favor de medidas como las que ustedes proponen hoy aquí, pero además ha de recordarse que uno de los principios inspiradores de la última reforma del IRPF llevada a cabo por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, fue el principio de neutralidad para las rentas derivadas del ahorro, estableciéndose un tipo de gravamen único del 18 por ciento. Una medida como la propuesta supondría volver al establecimiento de diferencias en función del plazo de generación de dicho ahorro, lo cual resultaría incompatible con la filosofía actual del impuesto.


También de conformidad con la normativa actualmente vigente, el conjunto de instrumentos financieros de ahorro-previsión fiscalmente homogéneos está formado por los planes de pensiones en sus tres modalidades, las mutualidades de profesionales por cuenta propia y de trabajadores por cuenta ajena, los planes de previsión social empresarial, los planes de previsión asegurados y los seguros de dependencia. Entendemos que todos estos instrumentos responden a la finalidad del fomento del ahorro finalista de los ciudadanos y se adaptan a las distintas características y situaciones personales y laborales de los sujetos intervinientes. En virtud de lo anterior, se considera que la propuesta efectuada tampoco resulta adecuada en la medida en que pretende la creación de un nuevo instrumento de ahorro a largo plazo incentivado fiscalmente y cuya finalidad ya queda cubierta por los instrumentos de ahorro-previsión actualmente existentes.


Por último, señor Tomé, he de decir que el establecimiento de nuevas deducciones tendría, como usted sabe, una importante incidencia en los ingresos obtenidos a través de este impuesto, cuestión que en el Grupo Socialista entendemos que debemos tener especialmente en cuenta en una situación de crisis económica como la actual. La semana pasada a una compañera de su grupo que pretendía también una rebaja en la recaudación del IVA le decía que fuese valiente y que dijera de verdad, si vamos a acometer una reforma y vamos a tener menos ingresos en este caso por vía del impuesto sobre la renta, qué impuestos subirían las comunidades autónomas o los ayuntamientos para suplir esta disminución de los ingresos, o qué gasto disminuirían ustedes con este descenso de los ingresos. ¿Menos inversiones? ¿Menos fomento de las inversiones públicas? ¿Menos gasto social? Deberían decirlo ya de una vez por todas. El Grupo Socialista se lo va a preguntar cada vez que uno suba a la tribuna.


En segundo lugar, la proposición de ley presentada, como se ha dicho, incorpora diversas modificaciones en la ley del impuesto sobre la renta al objeto de modificar la fiscalidad de los planes de pensiones. Señores del Partido Popular, saben perfectamente que estas cuestiones quedaron suficientemente debatidas con ocasión de la aprobación de la nueva Ley 35/2006 del IRPF. No vamos a admitir en el Grupo Socialista un tratamiento diferenciado y privilegiado respecto de las pensiones públicas en las que la totalidad de la prestación es rendimiento del trabajo.


Respecto al último punto de su proposición de ley, si la principal finalidad de la previsión social es contribuir a la formación a lo largo de la vida del trabajador de un fondo que le permita complementar los ingresos que deja de percibir como consecuencia de la finalización de su vida laboral a través de una renta complementaria, la

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percepción en forma de capital no responde a dicha finalidad y en consecuencia no debe ser incentivada mediante la aplicación de reducciones. En definitiva, señorías, esta medida, la modificación del régimen de tributación de los planes de pensiones, también favorece de forma especial a los perceptores de rentas más altas, objeto que obviamente nuestro grupo tampoco comparte.


No quiero finalizar mi intervención sin hacer una referencia a las numerosas iniciativas que ha adoptado el Gobierno y que ha aprobado para incrementar la liquidez de las familias. En este sentido, el Plan español para el estímulo de la economía y del empleo incluye un grupo de medidas que abordan directamente dicho problema. Se trata de actuaciones destinadas a paliar las dificultades derivadas del incremento del desempleo y a reforzar la liquidez para los agentes más vulnerables, con mayor probabilidad de tener problema para el acceso al crédito en los mercados financieros. Aquí destacaríamos que se han acometido reducciones de impuestos para familias y empresas por un importe estimado de más de 20.000 millones de euros en 2008 y más de 16.000 en 2009 a través de la deducción de los 400 euros, la rebaja del tipo impositivo del impuesto de sociedades o la supresión del gravamen del impuesto sobre el patrimonio.
Se han adoptado también medidas para facilitar a las familias el pago de la hipoteca, como la posibilidad de negociar con la entidad de crédito una ampliación sin coste adicional del plazo de amortización de un crédito hipotecario, la moratoria temporal-parcial en la obligación del pago de las cuotas hipotecarias a determinados colectivos vulnerables o la reducción de las retenciones del impuesto sobre la renta para trabajadores y autónomos con bajos ingresos que se benefician de la deducción por adquisición de vivienda. Se estima que la moratoria temporal-parcial de las hipotecas supondrá una inyección de liquidez para las familias de más de 6.000 millones de euros. Por último, quiero señalar los compromisos sociales que se han adoptado con las empresas.
Aparte del impacto de la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 624 euros al mes, se prevé un gasto en 2009 de alrededor de 8.500 millones de euros, donde se incluye el permiso de paternidad, la renta básica de emancipación, la salud bucodental para los niños, el incremento de pensiones mínimas, las becas o el despliegue del sistema de atención a la dependencia.


Señorías, concluyo ya. Bajo el socorrido paraguas del estímulo del ahorro, el Partido Popular vuelve a presentar una iniciativa en esta Cámara que solo favorece a aquellas personas y colectivos menos expuestos a los rigores de la actual situación económica. Este puede ser un objetivo para el Partido Popular, pero no lo es para nuestro grupo, que queda claro que no puede votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Mármol.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. (Número de expediente 122/000147.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al debate de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.


Para la defensa de su proposición de ley y en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, en primer lugar, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió quisiera dar la bienvenida a los representantes de la plataforma de Lucha contra la morosidad, que están hoy presentes en este Pleno; concretamente, a doña Pilar Velázquez, de la organización FIA; a don José Antonio González, que es el secretario general de Fenie; a don Francisco Páramo, de Fenie; a don Julio Amaro Ibáñez, de Fenie, y también incorporados dentro de la organización catalana Pimec; a don Luis Rodolfo Zabala, director general de la Cepco y a don José María de la Fuente, presidente de Conaif. Todos ellos agentes empresariales implicados en el movimiento de esta plataforma de lucha contra la morosidad. Convergència i Unió, como siempre sensible ante estas preocupaciones, ha presentado esta iniciativa parlamentaria ante el Congreso de los Diputados. Si SS.SS. dan el visto bueno a esta iniciativa parlamentaria de Convergència i Unió, vamos a dar un paso importante en la lucha contra la morosidad y en la economía productiva, ya que, en definitiva, podríamos eliminar a corto o a medio plazo al enemigo público número uno de nuestro tejido productivo, de nuestras pequeñas y medianas empresas y de nuestros empresarios autónomos, que es la morosidad. Por tanto, señorías, no lo duden, si nosotros somos capaces de dar este impulso decidido, claro y contundente, a ser posible con la unanimidad de todas las fuerzas políticas de esta Cámara, la sociedad nos lo agradecerá de una manera muy especial y profunda.


¿Por qué hemos presentado Convergència i Unió esta iniciativa parlamentaria? En primer lugar, porque la morosidad, señorías, es la primera causa de mortalidad de las pequeñas y medidas empresas, de las microempresas, de los empresarios autónomos y de nuestro tejido económico industrial. En segundo lugar, porque la morosidad, como consecuencia de lo anterior, es la causante principal del incremento del paro en la economía productiva de España. En tercer lugar, señorías, porque la morosidad es una amenaza para la supervivencia futura

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del tejido productivo y también para su competitividad, y por ello es necesario combatirla con una iniciativa similar a la que ha planteado Convergència i Unió. En cuarto lugar, porque España, desgraciadamente, en estos momentos sigue ocupando los primeros puestos del ranking de los países desarrollados con demoras en los cobros. En quinto lugar, porque las administraciones públicas tampoco están cumpliendo con los plazos de pago de sus proveedores, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 2004, aprobada en la anterior legislatura. Por estos motivos, nuestro grupo, a instancias de todos estos agentes empresariales y sociales que he nombrado al inicio de mi intervención, se ha decidido a presentar esta iniciativa, también avalada por determinados datos que nos han llevado a tomar esta decisión de forma firme y solvente. En primer lugar, los datos de cobro de los diferentes sectores económicos españoles son muy preocupantes. Por ejemplo, en el sector de la alimentación los proveedores soportan plazos medios de cobro que se aproximan a los 100 días. En segundo lugar, en el sector de la construcción, los fabricantes de materiales, los contratistas y los subcontratistas llegan a tener plazos de cobro superiores a los 230 días, y en tercer lugar, la situación de los retrasos de pago es todavía más grave cuando los deudores son organismos públicos. En la sanidad en algunos casos se está pagando a más de 660 días. De acuerdo con los datos de 2008, el periodo medio de cobro de las facturas es de 94 días, que contrastan con los 55 días del conjunto de Europa, 65 días en el caso del sector público y con los 35 a 40 días de los países nórdicos. Pimec, que es una organización empresarial catalana, puso de manifiesto en su estudio de diciembre del año 2008 los siguientes datos: los plazos de pago son más elevados en tanto aumenta la dimensión de la empresa. Por ejemplo, en las microempresas es a 67 días, en las pequeñas es a 86 días y en las medianas a 99 días, con lo cual la media es a los 89 días. Pasar de los 89 días de media de pago a los 60 días comportaría que las pequeñas y medianas empresas ahorraran anualmente unos 1.100 millones de euros en costes financieros. Por tanto, el ahorro financiero en dimensión sería el siguiente: para las microempresas de 125 millones de euros, para las pequeñas de 410 millones de euros y para las medianas de 566 millones de euros. El cambio del plazo supondría mejorar la rentabilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas en un 5,3 por ciento y la rentabilidad económica en un 6 por ciento; el endeudamiento bajaría en un 3,8 por ciento y la liquidez se elevaría en un 4,4 por ciento. Por lo tanto, señorías, es cierto que todas las medidas que ha tomado el Gobierno hasta la fecha luchan contra la falta de liquidez -y esta sería otra cuestión de la que hablar largamente en otra iniciativa parlamentaria-, pero no luchan contra la morosidad. Somos conscientes de que la Unión Europea no se da por satisfecha y está implementando una serie de trasposiciones que van en la dirección de la propuesta presentada por Convergència i Unió.


¿Cuáles son los datos más relevantes y las cuestiones más importantes que plantea esta iniciativa de nuestro grupo? En primer lugar, se incluye la obligatoriedad del pago de obligaciones entre empresas a 60 días máximo, desapareciendo de la ley la posibilidad de: salvo pacto en contrario. Por lo tanto, el plazo máximo de cobro entre las diferentes empresas privadas pasaría a ser forzosamente de 60 días. En segundo lugar, también se incluye la obligatoriedad del pago de las obligaciones de las administraciones públicas en 30 días, con un periodo transitorio por el cual hasta el año 2010 el periodo máximo de pago sería de 60 días; en 2010 se abriría un periodo máximo de pago de 45 días y a partir del año 2011 el periodo máximo sería de 30 días, con lo cual aquí también se abre una importante expectativa de plazos de pagos para las administraciones públicas que ahora, en teoría, es de 60 días, pero ustedes saben perfectamente que hay administraciones públicas que pagan a 400, 500 y 600 días. Si se aprobara esta proposición de ley y se tramitara en las Comisiones correspondientes la obligación de pago sería determinante, a los 30 días, como ocurre en la Administración francesa con la Ley Sarkozy.


También se aclara qué debería entenderse por costos de cobro en caso de reclamación de pago. Aquí también entran los gastos de intermediación, los costes bancarios de devolución y, en el caso de reclamación judicial, podría incluirse el coste de los informes comerciales y financieros si se demuestra reiteradamente la mala fe del deudor. Señorías, se modifica la cuantía máxima que permite reclamar judicialmente una deuda en procedimiento monitorio; se pasa de 30.000 a 150.000 euros. Se articula un nuevo procedimiento judicial que permite a las empresas reclamar de forma ágil a las administraciones públicas el pago de sus obligaciones, esta también es una novedad importantísima en esta proposición de ley presentada por Convergència i Unió. También, como novedad importantísima, se incorpora en el concepto de administraciones públicas que contiene la vigente Ley de Contratos del Sector Público los sectores de los entes públicos, como Renfe, ADIF u organismos autonómicos de las diferentes administraciones del Estado, con lo que se amplía el concepto de Administración del Estado a todos aquellos entes públicos. Se elimina la posibilidad de que, mediante pacto expreso, se retrase el pago sin devengar intereses moratorios por demora de los pagos; se procede a la determinación de plazos de cobro en caso de múltiples facturas; se prevé la incorporación de medios electrónicos de pago a los efectos de acreditar la expedición de factura y consiguiente inicio del plazo de pago, y también se prevé la legitimación activa de entidades empresariales y profesionales para ejercer todas las acciones colectivas de cesación y retractación contra las empresas que incumplan de forma habitual los plazos de pago.


Señorías, esta es una iniciativa parlamentaria moderna, de un impulso claro y decidido a la economía productiva, y si somos capaces de aprobar con el máximo consenso

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posible una iniciativa parlamentaria de este calibre, vamos a eliminar al enemigo público número uno que tiene nuestro tejido productivo y nuestras pequeñas y medianas empresas y nuestros trabajadores autónomos, que es la morosidad. No duden -y lo saben perfectamente- que la morosidad es una de las causas más importantes del cierre de un gran número de pequeñas y medianas empresas y de empresas de autónomos porque, en primer lugar, los bancos no les descuentan los efectos comerciales que tienen a 60, 90, 120 ó 150 días y, en segundo lugar, porque hemos de dar ejemplo en tiempos de crisis, en los tiempos de coyuntura económica que estamos atravesando, haciendo reformas estructurales importantes para dar un impulso decidido a la defensa de la economía productiva y del tejido empresarial español que, como ustedes saben perfectamente, está configurado en millones de pequeñas y medianas empresas que, lógicamente, están esperando ver cuál es la posición de los diferentes grupos parlamentarios para poder darle un impulso decidido a la economía productiva en los próximos años.


Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


A esta proposición de ley ningún grupo ha manifestado su intención de utilizar el turno en contra. Por tanto, iniciamos el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, en el que van a compartir su tiempo distintos portavoces, tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, permítanme también un saludo a la plataforma de lucha contra la morosidad que se encuentra presente en la tribuna de invitados.


Intervengo brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, que será favorable a la toma en consideración de esta iniciativa legislativa de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.


Compartimos los criterios establecidos por el grupo proponente, Convergència i Unió, en el sentido de entender que la morosidad constituye la primera causa de insolvencia entre las pequeñas y medianas empresas, lo que origina una amenaza contra su supervivencia, así como la pérdida de puestos de trabajo, dañando al mismo tiempo su competitividad.
Son criterios que comparte Coalición Canaria, por lo que vamos a apoyar esta iniciativa. También compartimos el criterio de la necesidad de articular un procedimiento de cobro ágil que evite los perjuicios de un proceso judicial largo, complejo y costoso, como se produce actualmente.
Como decía, son criterios que comparte Coalición Canaria, por eso nuestros dos diputados van a apoyar esta iniciativa legislativa de Convergència i Unió.


El tema del observatorio sobre la morosidad con participación de las administraciones públicas, quizá puede ser un objetivo loable pero de difícil aplicación. En todo caso, en la tramitación de esta proposición de ley en Comisión se podrán plantear aquellas enmiendas que puedan modificar el texto que hoy se plantea. En definitiva, Coalición Canaria va a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.


Señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar, quiero saludar también a la plataforma contra la morosidad que se encuentra presente. Al mismo tiempo, manifestamos ya desde el inicio el apoyo de nuestro grupo a esta proposición de ley de Convergència i Unió sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que acaba de defender el señor Sánchez i Llibre.
Lo hacemos porque el Bloque Nacionalista Galego comparte la necesidad de dar respuesta a una situación que en los últimos años se ha extendido, que es el retraso en los pagos a los proveedores, tanto por parte de grandes empresas dominantes como por las administraciones públicas, fundamentalmente las corporaciones locales. Esta situación está ocasionando grandes perjuicios en el sector de las Pymes, que dependen, en gran medida, de los pedidos que les proporcionan estas grandes compañías o, en su caso, las administraciones públicas, y que por esta situación se ven obligadas a endeudarse con las entidades bancarias para poder refinanciar a sus clientes, sufriendo en sus cuentas de resultados el impacto de los cuantiosos gastos financieros que ocasiona el endeudamiento bancario. Esta situación está generando una falta de liquidez y un quebranto constante en la tesorería de las pymes y los autónomos que, en la actual situación de crisis, provoca serios problemas de viabilidad económica para estas empresas debido a las dificultades existentes para acceder al crédito, sin que las medidas de apoyo a las entidades financieras hayan servido para paliar este problema.


Coincidimos asimismo en la filosofía de la proposición de ley en cuanto a la necesidad de que se aborden reformas legislativas que permitan corregir los problemas que se han apreciado en la aplicación de la normativa vigente contra la morosidad. En definitiva, señorías, apoyamos la toma en consideración de la proposición de ley, si bien, señor Sánchez i Llibre, como siempre decimos, vamos a utilizar el trámite parlamentario para presentar aquellas enmiendas que nosotros entendemos que pueden mejorar el texto, como así lo hemos hecho en otras ocasiones, y pensamos que nuestra participación puede mejorar la proposición inicial, independientemente de que, como ya hemos dicho, compartamos

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aquellas cuestiones que se plantean en la proposición y en las que usted ha incidido en la exposición que ha llevado a cabo en la defensa de la misma. Igual que en otras ocasiones en iniciativas defendidas por usted semejante a esta hemos coincidido, aunque otras veces no, en casos como el que estamos tratando hoy se da esa coincidencia y de ahí nuestro apoyo favorable.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, la Ley 3/2004 contra la morosidad en las operaciones comerciales, casi cinco años más tarde de su entrada en vigor, solo la aplican, como es sabido, un porcentaje muy pequeño -ínfimo diría yo- de empresas, y las que la aplican debidamente a sus clientes acostumbran a ser empresas de gran volumen, normalmente sociedades mercantiles, que son capaces por sí mismas de exigir intereses de demora o bien el pago de gastos en la gestión de recobro, etcétera. Esta realidad no se compadece en ningún caso con el espíritu que en su día no solo inspiró la ley, sino también la directiva 2000/35 de la Unión Europea, que era y que es, en definitiva, proteger a las pequeñas y medianas empresas y también a los autónomos ante esta plaga que es la morosidad. Porque la realidad es que el Estado español, con los datos en la mano, sigue ocupando uno de los lugares preferentes en el ranquin europeo de demora en el pago y en los cobros, sobre todo en algunos sectores básicos y estratégicos de nuestra economía como, por ejemplo, en el sector de la alimentación o el de la construcción. Se estima que en el sector de la alimentación los proveedores llegan a soportar unos plazos medios de cobro cercanos a los 100 días. También resulta alarmante comprobar cómo en el sector de la construcción los fabricantes de materiales, los contratistas, y los subcontratistas también, llegan a tener plazos de cobro superiores a los 230 días. Otrosí cabe decir que hay una situación donde los retrasos acostumbran a ser mucho más graves, por ejemplo cuando los deudores son organismos públicos, que es sabido que actúan con discrecionalidad en el pago de sus proveedores. Por tanto, señorías, el día a día, la praxis de la aplicación de esta ley, sobre todo en el actual contexto de crisis económica que estamos viviendo, con una evolución galopante e inquietante de los impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, demuestra no solo la inoperancia sino la ineficacia de la Ley 3/2004 para el cobro de impagados, que hoy se propone modificar. ¿Y por qué, señorías, las empresas acreedoras no hacen uso de las facultades que les otorga la ley? En primer lugar, porque la aplicación práctica de la misma obliga a los acreedores normalmente a judicializar su conflicto, su problema; la mayoría de deudores se niegan por vía amistosa a alcanzar acuerdos, a abonar intereses de demora y gastos de recobro. En segundo lugar, porque, como es sabido, la justicia en España es lenta, costosa y, como se acostumbra a decir, no siempre justa. Y en tercer lugar, porque las empresas más modestas no solo no cobran los intereses de demora sino que acostumbran a arriesgar la pérdida de sus posibles clientes si se aplican con celo, con rigor, si exigen el cumplimiento estricto de la ley.


La proposición de ley que hoy nos trae a debate el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y que estamos examinando para su toma en consideración, anunciando de entrada que Esquerra Republicana le dará su apoyo y voto favorable, abunda en algunas propuestas que entendemos pueden mejorar la aplicación práctica de la ley contra la morosidad en el día a día de la realidad empresarial europea. Y vamos a darle apoyo no solo porque es una iniciativa razonable, sino porque coincide básicamente con el común denominador de otras iniciativas de nuestro grupo parlamentario que tienen además su origen en propuestas que en su día hizo la patronal catalana Pimec, con la que evidentemente no podemos estar en desacuerdo.


Entrando en el contenido sucinto de la propuesta que hoy se trae a colación, diré, en primer lugar, que estamos totalmente de acuerdo y es razonable que la proposición de ley fije un plazo máximo de pago y el límite de los plazos abusivos, modificando consiguientemente el artículo 3 de la ley, porque la clave para conseguir la prohibición de las cláusulas abusivas, pues ese es en definitiva el espíritu recogido en el artículo 9 de la ley vigente, aunque sea con una redacción o con una dicción un tanto ambigua, es establecer unos plazos de pago homologables en términos europeos, esto es, 30 días para la mayoría de los casos y excepcionalmente un plazo de 60 días para el resto. Se nos propone, señorías, que en el supuesto de que el cliente deba prolongar este plazo, previo acuerdo expreso con el proveedor, habrá de abonar un pago de intereses disuasorios a cambio de esta financiación y además librar al acreedor un instrumento de pago garantizado. Esta cuestión del cómputo de los plazos no solo es esencial, yo diría que es el núcleo duro de esta iniciativa, sobre todo teniendo en cuenta el caso de que habitualmente se utilizan algunas argucias y algunas fórmulas de ingeniería financiera, como por ejemplo la agrupación de distintos suministros en una sola factura, la facturación a final de mes, las fechas fijas de pago o los periodos vacacionales, todas ellas fórmulas que se destinan a la dilatación de los plazos de pago convenidos en principio.


En otro orden de cosas, también se nos propone establecer un periodo transitorio de adaptación a la nueva realidad económica del pago para no dañar a aquellas empresas que razonablemente, sobre todo actualmente, basan su financiación en un importante desfase en los

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plazos de pago, lo cual evidentemente podemos compartir.


Se nos propone también modificar el artículo 7 de la vigente ley para revisar el tipo de interés legal de mora a causa de la elevada inflación que sufre en este momento nuestra economía, y que perjudica enormemente al acreedor en caso de demora o prórroga en la liquidación de una factura pasada la fecha de su vencimiento. Se establece que en ningún caso se pacte un interés inferior al interés legal del dinero incrementado en un 50 por ciento, lo cual, por cierto, se introduce no solo en una norma sustantiva, como esta ley de mora, sino también en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en una ley de carácter procedimental o adjetiva, lo cual me parece una buena solución en buena técnica legislativa.
Finalmente, se establece también en el artículo 4 de esta proposición de ley la indemnización de los costos de recobro, lo cual juzgamos como acertado puesto que el artículo 8 de la Ley 3/2004 es un artículo falto de concreción cuando se refiere, por ejemplo, a cómo determinar la cuantía de la indemnización por los costos de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de este; no en vano la dicción literal del artículo 8 de la ley utiliza o invoca términos tan genéricos como el principio de transparencia o el de proporcionalidad, lo cual evidentemente, señorías, no permite, por ejemplo, saber si los honorarios de una empresa de cobro a la que ha recurrido un acreedor pueden ser luego incluidos en el coste del cobro.


Finalmente, entre lo más destacable de la proposición de ley, se nos propone también la creación de un observatorio estatal de la morosidad como un órgano adscrito funcional y orgánicamente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con la participación de agentes sociales, económicos, patronales y cámaras de comercio cuyo cometido debería ser, entiendo, el análisis de los plazos de pago en los diferentes sectores económicos y la elaboración, también periódicamente, de informes sobre su evolución. Esto, evidentemente, nos parece razonable, independientemente de la adscripción orgánica de este organismo. Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a dar apoyo a esta iniciativa, cómo no, sin perjuicio -como ya sabe el señor Sánchez i Llibre- de que nosotros vayamos a intentar durante el trámite legislativo ordinario mejorar el texto a través de las enmiendas que oportunamente nuestro grupo pretende articular.


Muchas gracias, señorías, señor presidente.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Intervendré muy brevemente desde el escaño para fijar la posición del Grupo Vasco en relación con esta proposición de ley presentada por el Grupo de Convergència i Unió. Tenemos que decir que nos parece muy oportuna y nos parece muy positivo el consenso que aparentemente existe en torno a esta iniciativa por parte de los grupos políticos. Esto es un síntoma de que esta proposición de ley por fin puede llegar a buen puerto, a pesar de que, como han dicho también otros grupos, trataremos de incluir nuestras ideas a lo largo del proceso del debate de las enmiendas.


La morosidad en las relaciones comerciales puede suponer el fin de muchos negocios y actividades que disponen de poca capacidad de financiación exterior -especialmente en estos momentos de crisis económica-, por eso nos parece que regularlo de la manera que está regulado en esta proposición de ley es adecuado. Es una proposición de ley que está bien estructurada y se ve que está elaborada por alguien que conoce perfectamente la realidad financiera de las pymes y también cuál es la problemática profunda de la morosidad.


Si me permiten, tengo algunas dudas que posiblemente en el proceso de las enmiendas parciales procuraremos corregir. Tengo mis dudas en relación con la creación del observatorio estatal de morosidad, más bien mi reserva en relación con este organismo, dados los posibles riesgos de intromisión competencial que pudiera haber en el ámbito de las comunidades autónomas. Creemos que ello podría soslayarse y podría evitarse creando este observatorio en un futuro en el caso de que efectivamente hiciera falta, y no correr el riesgo de que además de la intromisión competencial se cree una institución poco operativa y que se convierta, en definitiva, en un chiringuito. Al margen de estas cuestiones que podremos debatir en Comisión a través de las enmiendas que presentemos los diferentes grupos, la iniciativa -insisto- nos parece muy positiva y la vamos a votar favorablemente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo quiere también dar la bienvenida a los representantes del tejido empresarial, que tienen como misión fundamental proveer a la gran distribución, a las grandes constructoras y a las administraciones públicas. Quiero darles la bienvenida a un debate que agradezco que el Grupo de Convergència i Unió haya planteado en los términos tan exhaustivos y tan precisos que lo ha hecho y, señor Sánchez i Llibre, ha faltado al final de su intervención un aplauso que yo quiero hacer expresivo desde aquí, porque creo que es muy atinada la iniciativa que usted nos ha presentado.


Ciertamente creo que todos los miembros de esta Cámara recordaremos -hay alguno que lo recordará

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mucho mejor que nosotros- que ya en la V Legislatura, en el año 1993, con ocasión del debate de la Ley de ordenación del comercio minorista, comenzó a estar absolutamente de moda, tanto como polémica mediática como polémica sectorial, todo lo relativo a los plazos de pago. Tan es así, que aquella ley produjo un caminar en este Parlamento de más de dos años y concretamente esos dos años estuvo estancada precisamente por la polémica que estaba enraizada en el asunto de los plazos de pago y su morosidad. Aquella ley dio paso a que el propio Consejo de Europa y después la Comisión Europea dictaran sendas recomendaciones y una directiva que dio con la trasposición de la Ley de medidas para la lucha contra la morosidad. Tendremos en cuenta, por tanto, que hay algo que no está funcionando en este mecanismo, por eso consideramos oportuna esta iniciativa de Convergència i Unió y ya anunciamos que vamos a votarla favorablemente, y lo vamos a hacer por dos motivos. Porque claramente se está produciendo un incumplimiento reiterado de la ley y porque eso está ocurriendo en un momento excepcional de la economía española. Creo que este momento excepcional tiene una problemática para la pequeña y mediana empresa que suministra a las grandes plataformas, a la distribución, a la construcción, a las administraciones públicas; que convierte a estas empresas en financiadoras de los compradoras, en financiadoras de los grandes distribuidores; que convierte a estas empresas, por culpa de la morosidad, en un tejido claramente debilitado; por culpa de la morosidad se produce un deterioro de sus cuentas de resultados y, en definitiva, es origen de una destrucción de puestos de trabajo. Por tanto, conviene hacer frente a esta pequeña lucha de un David y un Goliat en la que la peor parte la lleva el pequeño y mediano empresario frente a la posición de dominio que ejercitan las grandes distribuidoras y las administraciones públicas.


Creemos que no es bueno que haya ventajas económicas y que se autofinancien los compradores, en definitiva los deudores, a través del mecanismo de la morosidad y entendemos, por tanto, que es oportuna la misión que nos plantea Convergència i Unió de trabajar en los próximos días para poder modificar punto por punto la ley, cuyo cumplimiento está siendo de baja intensidad. Teniendo en cuenta esa baja intensidad del cumplimiento de la ley, que España sigue ostentando el pódium europeo de morosidad y que estamos en un marco de impagos, de retrasos, de prórrogas de las deudas que se mantienen, creo que esta iniciativa tiene que tener nuestro voto favorable. Pero, señor Sánchez i Llibre, nuestro voto es favorable a la oportunidad política de la iniciativa, pero no lo consideramos -y no lo considere- un respaldo cerrado a todo el articulado y a todas sus disposiciones transitorias, finales y derogatorias. Es más, le queremos anticipar que hay dos elementos con los que mantenemos algún tipo de discrepancia. Ha hecho usted una brillante exposición -y algún otro orador también- sobre las modificaciones del articulado, pero hay dos elementos que nosotros entendemos que tienen que ser discutidos con serenidad.


La reforma que plantea la proposición de ley sobre la Ley de enjuiciamiento creemos que no es la sede natural de la misma, por tanto, animamos a que se estudie claramente si estamos en la sede legal oportuna o convendría hacerlo en otro texto legal que se pueda estar tramitando en este momento en la Cámara. Segundo aspecto -y me uno a los que han criticado o han puesto en duda la oportunidad de la creación del observatorio de la morosidad-, probablemente sea el observatorio de la morosidad lo que más discrepancias levanta, y no solo porque choque con las competencias de las comunidades autónomas, sino porque entendemos que en el momento delicado que existe en la política presupuestaria y en el desbordamiento del gasto público sería un instrumento que vendría a tensionar mucho más el lado del gasto de los presupuestos. Por tanto, señor Sánchez i Llibre; sí a la toma en consideración y vayamos al debate pormenorizado del articulado que nos ocupa. Creemos que es bueno fortalecer al que tiene menos empeño, menos tamaño, y al que tiene menos posibilidades; creemos que es bueno intentar que la liquidez esté en manos de quien la tiene que tener y que no se traspase esa liquidez a las manos que no son oportunas y que están siendo utilizadas de manera ventajista y con una mala praxis. Ahora bien, como decía al inicio, tengo mis dudas de que vayamos a poder impulsar de una vez por todas un marco legal que intenta fortalecer la defensa que se hace de las pequeñas y medianas empresas. Entiendo que el tiempo nos demuestra que han sido dieciséis años intentando fortalecer los plazos de pago, intentando fortalecer los incumplimientos de los deudores y que no lo hemos logrado ni con aquella Ley del Comercio, ni con la Ley de medidas, ni con la directiva comunitaria. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Todo eso son antecedentes que me hacen poner mayor énfasis en ver si de una vez por todas, dado que hoy me parece que va a haber un gran consenso en esta votación, ese consenso produce que definitivamente esta Cámara le ponga freno y haga stop a la morosidad.


Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Larrosa.


El señor LARROSA PIQUÉ: Gracias, señor presidente.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista también quiero dar la bienvenida a los representantes de la plataforma de la lucha contra la morosidad, y como diputado catalán de manera especial a los representantes de Pimec.


Señorías, me dirijo a esta Cámara para defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario

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Catalán (Convergència i Unió) relativa a la modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Es cierto que muchos pagos de transacciones comerciales entre las empresas o entre estas y las administraciones públicas se hacen mucho después de la entrega, y a menudo después de lo acordado o lo establecido en las condiciones comerciales generales. Estas prácticas reducen la liquidez de las empresas y complican su gestión financiera. Es más, las empresas utilizan a veces la prolongación de los plazos de pago como sustitutivo de los créditos bancarios. La propia plataforma que hoy nos acompaña, en una nota de prensa publicada hace unos días, reconocía que solo el cumplimiento de la ley iba a suponer el ahorro de unos 4.000 millones de euros de costes financieros para estas empresas.


Es verdad, la morosidad afecta a la competitividad -se ha comentado- y a la viabilidad de las empresas, en particular a las pymes; puede provocar la quiebra de proyectos empresariales viables y causar, en la peor de las situaciones, un conflicto en toda la cadena. Este riesgo aumenta especialmente en periodos de crisis económica internacional como los que estamos viviendo, en los que existen mayores barreras para acceder a la financiación. Ahora bien, reconocerán que llevamos debatiendo sobre morosidad desde los años de la bonanza. Hay que recordar que la actual ley data del año 2004 y que la propia directiva viene del año 2000. Con esto me sumo a las reflexiones que hacía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sobre que realmente tenemos que avanzar en elaborar un texto que sea el más adecuado, para garantizar los resultados que perseguimos.


Es cierto también que en la actualidad se han extendido unos nefastos hábitos de pago. En mi tierra, en Lleida, de donde vengo yo, dicen que se ha perdido hasta la vergüenza que se tenía por no pagar. Por tanto, estamos ante una situación en la que, con la excusa de que las cosas no van bien, no se cumple con los plazos de pago pactados o con los que establece la legislación vigente. Podríamos decir que estamos inmersos en la cultura de la morosidad. Además, hay que tener en cuenta otras causas estructurales, como puede ser la actitud de algunos actores económicos -también se ha comentado- de prolongar deliberadamente los plazos de pago, aprovechando su posición dominante en perjuicio de las empresas más pequeñas. La ley vigente pretendía erradicar las causas por las que la morosidad puede resultar ventajosa económicamente para los deudores. Sin embargo, parece que son pocas las empresas españolas que utilizan plenamente los instrumentos jurídicos que les facilita esta ley. Las empresas acreedoras no suelen utilizar los derechos que les otorga la legislación ni implementar las medidas recogidas en la ley sobre intereses moratorios a sus clientes, puesto que la propia competencia comercial entre empresas favorece a las grandes compañías, que disponen de un mayor margen de presión. ¿Podríamos estar ante un desconocimiento entre las pymes del contenido de la ley? No lo creo, si bien se observa reticencia en los sectores empresariales a exigir el cumplimiento de la ley, por temor a perjudicar sus estrategias comerciales de penetración en el mercado; también observamos la reticencia a enturbiar las relaciones con sus clientes o a perderlos definitivamente a favor de otros suministradores más tolerantes, por lo que la aplicación práctica de esta ley depende mucho de la relación comercial entre proveedor y deudor moroso, la posición de dependencia en el negocio y la fuerza negociadora que puede ejercer cada una de las partes. Está claro que el acreedor solo empieza a reclamar intereses de demora y costes de cobro cuando ha agotado la negociación amistosa y es evidente que se ha producido la ruptura comercial.


Entrando ya en el análisis de lo que plantea la iniciativa que debemos debatir para su toma en consideración, tengo que decir a priori que detectamos algunas contradicciones, tanto conceptual como formalmente. El grupo proponente ofrece, en su artículo 1º, una nueva redacción de acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que si bien no objetamos la pretensión expansiva que sugiere la referencia a este artículo en el que se recogen todas las entidades del sector público, aunque tenga naturaleza privada, sociedades, fundaciones, etcétera, no solo plantea graves problemas conceptuales y también de denominación, al atribuir la condición de administraciones a entidades que carecen de naturaleza administrativa, sino que resulta incongruente con otros artículos de la proposición de ley, que necesariamente deben referirse a administraciones públicas stricto sensu, tanto porque se refiere a las administraciones como por las remisiones que se efectúan a recurso contencioso-administrativo, que sería inviable si los actos impugnados son realizados, por ejemplo, por una sociedad mercantil, como a las que hacía referencia antes el señor Sánchez i Llibre. El mismo artículo 1º eleva con carácter general a 60 días el plazo general de pago, lo cual, aunque pueda considerarse una vía de flexibilización, incumple los plazos de la actual directiva, pero casualmente coincide con el asignado a las administraciones públicas en la Ley de Contratos del Sector Público, que luego proponen rebajar. Además, proponen suprimir la referencia a la voluntad de las partes que la ley vigente establece como primera instancia reguladora. Tal previsión supone, desde nuestro punto de vista, una intromisión severa en el funcionamiento de mercado, sorprendente, por otra parte -cariñosamente se lo digo-, siendo una iniciativa suya, desplazando a la autonomía de la voluntad, que posiblemente sería contraria a la directiva y a la jurisprudencia que sobre la misma ya ha elaborado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.


La proposición también prevé que se incluya en estos costes los gastos de intermediación de un tercero, externalización de la gestión de cobro y los costes bancarios de devolución. Aquí discrepo de la posición que planteaba el señor Ridao, porque consideramos que esta previsión puede ser innecesaria y resulta preferible,

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desde nuestro punto de vista, la previsión actual de su inclusión y atención a los principios de transparencia y proporcionalidad. Más adelante pretenden adicionar un nuevo punto a la ley, según el cual las entidades como las asociaciones, cámaras y colegios profesionales podrán asumir el ejercicio de acciones colectivas de cesación y retractación, sin que se aprecie una innovación relevante sobre lo que ya dispone la ley en las condiciones generales de contratación.


En el artículo 2.º proponen ustedes crear el observatorio estatal de la morosidad, iniciativa que les honra, si bien ya me explicarán ustedes cómo a veces pretenden reducir la Administración General del Estado -incluso han votado en esta Cámara la supresión de determinados departamentos ministeriales- y ahora plantean la creación de una nueva agencia o de un nuevo observatorio, que, por un lado, puede implicar mayor gasto y, por otro lado, posiblemente un desconocimiento de la existencia de un grupo de trabajo que pretendemos potenciar en el seno del Observatorio de la pyme, dependiente del mismo ministerio al que ustedes hacen referencia, el Ministerio de Industria. En su artículo 3.º propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, elevando hasta 150.000 la cuantía del proceso monitorio. Les tengo que recordar que la semana pasada en esta Cámara se aprobó por unanimidad precisamente elevar esta cuantía hasta 250.000 euros para facilitar este proceso. Por tanto, estamos hablando de ciertas medidas que ya se han adoptado por parte de los grupos parlamentarios. En su artículo 4.º pretenden, desde nuestro punto de vista, penalizar a las administraciones públicas, en una clara contradicción, como también deberán reconocer ustedes, a tenor de su exposición de motivos, cuando destacan que se considera necesario unificar plazos. Unifiquemos plazos, pues, valorando facilitar el cumplimiento y evitando el importante impacto económico que puede suponer la medida. Como dicen voces autorizadas de la Federación Española de Municipios y Provincias consultadas por este portavoz, trabajemos también para evitar que esta ley pueda ser calificada de voluntariosa. Desde nuestro punto de vista, hay más contradicciones: en el artículo 5.º, en la disposición transitoria segunda, etcétera.


En resumen, el grupo proponente planteaba unos objetivos. Nosotros compartimos estos objetivos, faltaría más. El Grupo Parlamentario Socialista está con los autónomos, está con las pymes, está con sus trabajadores, pero también con los gestores públicos, que tienen la responsabilidad de generar riqueza en este país. Por todo ello, les anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente la toma en consideración de esta ley. Vamos a hacer una ley moderna, una ley práctica, una ley que sea aplicable y que consiga los objetivos que todos nos planteamos.


Muchas gracias por su atención. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larrosa.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS. (Número de expediente 162/000322.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS. (Número de expediente 162/000234.)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día, proposiciones no de ley.
En concreto, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre responsabilidad social de las empresas, que se tramita conjuntamente con la del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Fernández Davila, del mismo contenido.


Para la defensa, en primer lugar, de la propuesta socialista tiene la palabra don Ramón Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, yo tengo un amigo sindicalista que dice que esto de que las empresas sean socialmente responsables es una ingenuidad, porque le parece que esto es como pretender que un partido político sea generoso con su adversario. Creo que mi amigo se confunde, porque somos legión en todo el mundo, no solo en nuestro país, los que creemos que en el siglo xxi las empresas o son responsables socialmente o no podrán ser competitivas. Es aquí, en esta ecuación curiosa, en esta base de la pirámide, en la que se sitúa una reflexión filosófica que está tomando cuerpo en todo el mundo con una enorme potencia, la idea de que las empresas, en la competencia globalizada, solo si son empresas excelentes en todos sus comportamientos, no solo con sus impactos sociolaborales o medioambientales, sino con todos sus stakeholders, con todos los grupos de interés, proveedores, trabajadores, administraciones públicas, etcétera, solo si las empresas, respondiendo con excelencia a las demandas de sus entornos, son empresas socialmente responsables, serán competitivas. Si no, el mercado las acabará apartando de la competitividad globalizada.


La empresa no es una isla, la empresa no es solo de los accionistas. El beneficio no es la única función de la empresa. Estas tres afirmaciones que les hago, señorías, hace solo unos pocos años eran cosas que no se podían escuchar. Hoy son un clamor; hoy, en todo el mundo se reclama esta filosofía, que algunos llaman una nueva ética de los negocios y que se ha implantado en la práctica empresarial de una manera formidable; en todo el mundo, no solamente en España. Hace cinco años, por ejemplo, las memorias sociales y sostenibles -lo que se llama en el argot la triple memoria, no solamente la memoria económico-contable, sino la que da cuenta con

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transparencia hacia la ciudadanía de los comportamientos de la empresa en materia social y medioambiental- prácticamente no existían, se podían contar con los dedos de las manos. Hoy hay centenares o miles. No hay una empresa que cotice en Bolsa, no hay una empresa importante en España o en el mundo que no haga triple memoria. ¿Por qué? Porque hay una demanda de transparencia en el comportamiento de la empresa para con la sociedad.
Hoy no se para de conocer nuevas iniciativas, equipos directivos en las empresas, decenas de cátedras universitarias, centenares de jornadas formativas, cursos de formación posgrado en todas las escuelas de negocio, centenares de libros, guías de aplicación de la RSE, políticas de las comunidades autónomas, políticas de los gobiernos en todos los países para el fomento de la RSE. Es una marea densa, es una marea rica, que está potenciando este nuevo rol, este nuevo concepto de la empresa, en una nueva sociedad.


En nuestro país ha habido una convergencia extraordinaria de dos grandes razones que han impulsado fuertemente esta idea. De una parte, una confluencia casi milagrosa de los cuatro grandes actores de la política de RSE, administraciones públicas, empresarios, sindicatos y tercer sector -ONG, consumidores, expertos, etcétera- y de otra, un camino recorrido sobre la idea del consenso y de la voluntariedad, no imponiendo nada, sino dejando que las empresas incurran en esta práctica desde una perspectiva del convencimiento de que, para ser competitivas, hay que ser sostenibles, hay que ser socialmente responsables. En el tercer aniversario de la aprobación en esta Cámara de un libro blanco que culminó una subcomisión parlamentaria, que hizo un gran trabajo y que aprobó por unanimidad un montón de resoluciones y de propuestas de orientación en esta materia, hemos creído conveniente traer aquí, a esta Cámara, un texto que recoge las grandes líneas de la política de RSE, con idea de que se aprueben aquí dos cosas. Primero, incorporar al sector público la cultura, las prácticas, la filosofía empresarial de la sostenibilidad, porque no nos parecía lógico que grandes organismos de la Administración pública -digamos hospitales, hay más de cien en España; digamos universidades, hay más de 80 en España-, que son organismos públicos que prestan servicios básicos fundamentales y tienen que informar con transparencia a la sociedad, tienen que dar ejemplo de responsabilidad social. No se puede predicar sin dar trigo, como suele decirse, y la administración no puede promover políticas de RSE sin dar ejemplo. Esta es la idea que hoy traemos aquí para trasladar al Gobierno y a sus organismos públicos, a sus entidades públicas, a sus empresas públicas, a las empresas que contratan con la administración, que hagan políticas de RSE. En segundo lugar, desarrollar, en colaboración con el consejo de la RSE, las políticas de fomento, de ordenación, de impulso a la RSE.


En definitiva, señorías, la proposición que les traemos reafirma el amplio consenso construido en este país, en estas instituciones, en este Parlamento, en la política española, sobre esta idea. Hoy aprobaremos -me alegra decirlo-, por unanimidad también, un texto que recoge todas las enmiendas y todas las propuestas que los demás grupos han hecho -el Bloque, que presentó un texto original; el Partido Popular, Convergència i Unió, que han presentado enmiendas-, y hoy someteremos a aprobación un texto consensuado, que pasaremos después a la Cámara. También me parece importante decir, señorías, que esto de la RSE no desaparece con la crisis, como algunos dicen; desaparece con la crisis la acción social de la empresa, que es otra cosa; desaparece con la crisis el márquetin social, que es otra cosa; la RSE es una política integral que impregna la gestión de la empresa, el rol de la empresa, la manera de hacer empresa en una sociedad globalizada en la que la sociedad participa y penetra en el negocio mismo de las compañías, a través de múltiples actividades, desde accionistas hasta consumidores. Esto es lo que nos lleva a la consideración de que la visión cortoplacista de la actividad empresarial y la búsqueda del máximo beneficio en el menor plazo son las que han provocado la crisis y las que han salido derrotadas con la crisis, porque son siempre causa de resultados trágicos, como está ocurriendo con la crisis financiera. Por el contrario, la empresa limpia, la empresa ecológica, la empresa sostenible, con una vitola de responsabilidad, emerge de la crisis con un plus de competitividad frente a la empresa tóxica e irresponsable. Este es el sentido de la propuesta, señorías.


Solo me queda, para terminar, despedirme, porque quiero decirles a todos ustedes, señorías, que esta será seguramente mi última intervención en esta Cámara, en esta tribuna. Quiero decir a todo el personal de esta casa, desde ujieres a taquígrafos, que ha sido un placer trabajar con ellos, y a todos ustedes, señores diputados, que ha sido un honor trabajar con ustedes.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie.)

El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui, los aplausos de todos los grupos parlamentarios ponen de manifiesto que su ausencia será muy difícil de poder reemplazar, por sus cualidades humanas y por sus cualidades oratorias. Lo sentimos todos. Muchas gracias. (Aplausos.)

Tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Señorías, señor Jáuregui, también aprovechamos para agradecerle que en su última participación en esta institución haya incorporado al orden del día una iniciativa como esta, que nos permite al Bloque Nacionalista Galego defender la proposición no de ley que con fecha de octubre de 2008 habíamos presentado, en relación con un asunto semejante al que usted acaba de defender ahora. Nuestra proposición insta al Gobierno a tener en cuenta las recomendaciones dirigidas a las administraciones

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públicas, que se recogen en el Libro Verde de la Unión Europea y en el informe aprobado en el Congreso para promover la responsabilidad social de las empresas, informe que usted conoce perfectamente porque presidía la subcomisión en la que se elaboró. Asimismo, otra de las medidas era establecer medidas de discriminación positiva que permitan a la Administración pública incorporar criterios medioambientales en las cláusulas de concursos de obra pública.


Esta proposición no de ley presentada por el BNG está sustentada actualmente por el problema que se suscita en el sector del granito o piedra natural, como consecuencia de las crecientes importaciones procedentes de China y la competencia que existe en este sector, pero sobre todo por la utilización por parte de la Administración pública estatal, concretamente del Ministerio de Fomento, de este granito importado de China en detrimento del granito propio del Estado español, de manera especial, por ser digamos singular desde el punto de vista de la piedra natural, el granito de Porriño, que es justamente la cuestión que nosotros conocemos más, sobre todo porque no solamente es un sector importante en la economía de Galicia, sino por ser cercano a la vida social y económica de esta diputada. La proposición no de ley también estaba planteada como consecuencia de una respuesta que nos daba el Gobierno con fecha 20 de agosto a una pregunta que nosotros le hacíamos en relación con esto que acabo de comentar de la no utilización de granito propio del Estado y sí del importado de China. El Gobierno nos indicaba que, de acuerdo con las normas internacionales de la Organización Mundial de Comercio, de la que España es miembro, no es posible exigir a la piedra natural importada o a cualquier producto que se importa que en su elaboración se cumplan los mismos requisitos medioambientales y laborales exigidos en la Unión Europea.


No podíamos compartir ni compartimos la respuesta del Gobierno, porque, desde nuestro punto de vista, contradice diferentes documentos -como ya hemos expuesto hace un momento-, libro verde y documento de la subcomisión de Trabajo. Viene al caso la referencia al Libro Verde de la Unión Europea, publicado en el año 2001, ya que trata de impulsar y fomentar la responsabilidad social de las empresas, tanto desde el punto de vista laboral como medioambiental, en la línea de alcanzar los objetivos de un desarrollo sostenible. En este documento se plantean las bases sobre las que posteriormente se orienta el informe aprobado en el Congreso de los Diputados y que ya hemos mencionado. Asimismo, en el documento aprobado en la Cámara, el que acabamos de mencionar, y en concreto en su recomendación número 20, se considera necesario que las administraciones públicas se comprometan en el impulso de la inversión socialmente responsable. En la recomendación número 24 de este mismo documento se mantiene la consideración de incluir en los pliegos públicos de compras y contrataciones aspectos que primen la responsabilidad social de las empresas; la compra y contratación pública deben ser claras herramientas para el impulso de la responsabilidad social de las empresas, enviando señales al mercado de que serán reconocidas y premiadas las empresas que brinden a la sociedad un valor adicional en materia ambiental y/o social. Además de por lo expuesto, nuestro desacuerdo con la respuesta del Gobierno es mayor debido al conocimiento existente de que ciertos Estados de la Unión Europea, concretamente el francés, sí están llevando a la práctica estas recomendaciones y tienen en cuenta este tipo de políticas de responsabilidad social a la hora de decidir la contratación de empresas que van a realizar sus obras públicas. Es precisamente el caso de unas empresas de este sector en Porriño, que están haciendo obra pública del metro de París. Por tanto, no podemos entender la respuesta del Gobierno, tal como hicimos constar al principio de nuestra exposición.


No deja de ser paradójico que, mientras que se reconoce a empresas españolas su compromiso con la responsabilidad social, en el Estado español estos valores no se tienen en cuenta y se protegen las normas internacionales de la OCM. Entendemos que los países en vías de desarrollo manifiesten su posición contraria a la implantación de estas normas, por entender que pueden significar nuevas formas de proteccionismo, pero lo que no es de recibo es la competencia desleal derivada de la introducción en el mercado de productos a muy bajo precio, gracias a incumplimientos de las normas mínimas de sostenibilidad medioambiental y explotación laboral. Los criterios en los que se sustenta la responsabilidad social de las empresas pueden ser, como se recoge en el apartado 24 del informe del Congreso, un claro ejemplo de la inclusión de cláusulas sociales que permitan discriminar positivamente a favor de las empresas de inserción o de los productos de comercio justo.
Por tanto, quedaría de alguna manera complementada la reivindicación de los países en vías de desarrollo.


Finalizo, señora presidenta, agradeciendo al portavoz del Grupo Socialista, el señor Jáuregui, que acaba de defender su proposición no de ley, su esfuerzo y generosidad a la hora de acordar con todos los grupos una transacción que incluye las propuestas que nosotros planteamos en nuestra proposición. Por tanto, evidentemente, manifestamos ya nuestro acuerdo con esta transacción que se acaba de hacer en la tarde de hoy. Y, señora presidenta, permítame que aproveche este último segundo de mi intervención para agradecer al señor Jáuregui toda la colaboración que durante el tiempo que tuvimos que trabajar juntos en todo momento ha existido, y desearle, en nombre propio y de mi grupo, todos los éxitos en su futuro político en el Parlamento Europeo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


En el turno de los grupos que han presentado enmiendas, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario

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Popular, para defender las enmiendas de su grupo, tiene la palabra el señor Barrachina.


El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero agradecer, en su última intervención, a don Ramón Jáuregui el tiempo dedicado, su servicio, su esfuerzo y su buen carácter a la hora de encontrar y de alcanzar acuerdos -este de hoy es el último de su larga singladura nacional-, y desearle éxitos en el Parlamento Europeo, donde espero que por el grupo mayoritario -que allí es el Partido Popular Europeo- será tan bien acogido como aquí ha sido despedido por nosotros. Por tanto, mucha suerte y que lo disfruten allí como lo hemos disfrutado aquí nosotros, don Ramón.


En la parte referida a la propuesta, compartimos las referencias que ha hecho doña Olaia Fernández Davila, en concreto en la defensa del sector del granito. Hay una propuesta específica de mi grupo, una proposición no de ley de los parlamentarios populares gallegos -de don Celso Delgado, de doña Ana Pastor y de don Joaquín García-, con propuestas específicas y por tanto suscribo las palabras de la diputada del Grupo Parlamentario Mixto y anunciamos nuestro apoyo en este texto conjunto, como espero el suyo a nuestra proposición en favor del sector del granito, que, en la Comisión, pretendía reducir la carga tributaria, alcanzar una mayor financiación y conseguir una mejor promoción internacional.


La propuesta inicial, la propuesta original, que ha defendido aquí don Ramón Jáuregui, aun con la mejor intención, probablemente puede pecar de generalista. Por tanto, me parece un acierto haberla modificado incorporando las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y de Convergència i Unió. Aun con la mejor intención, señor Jáuregui, cuando un mecánico, que cada día vende y repara menos coches, escuche que aquí los políticos tratamos de imponer un triple balance, o cuando un fontanero, que ya no puede instalar su obra en viviendas nuevas, nos escuche hablar de los propósitos del nuevo milenio de reducción de la pobreza, pensará que, en lugar de un Parlamento de diputados, podemos pecar de generalidad y ser un Parlamento de auténticos extraterrestres.
Por eso es muy bueno dar a estas propuestas genéricas las dosis de realismo que hoy España necesita. Hay que concretar y por tanto es un acierto haber alcanzado un texto que era enormemente genérico en su redacción original. Tenga en cuenta que en estos últimos trece meses han cerrado las puertas de sus empresas docenas de miles de empresas y hay un millón y medio más de hombres y mujeres en el paro. Hoy en día la auténtica responsabilidad social de la empresa española es llegar a fin de mes, pagar los salarios íntegros y además hacer frente a las cargas tributarias locales, autonómicas y nacionales, que pesan sobre ellos. Esa es hoy la verdadera responsabilidad social de la empresa. A veces solo valoramos la actividad de una empresa cuando esta cierra y el hueco que deja, en cuanto a tributos y en cuanto a empleos, es echado de menos.


Permítame que le haga el más amistoso de los reproches cuando la iniciativa trata en su exposición de motivos de renovar el consenso que tuvo lugar aquí hace dos años, cuando acordamos las conclusiones de la subcomisión, porque presenta una propuesta en solitario -aunque finalmente hemos fraguado un acuerdo-, en la cual se trocea la historia de la responsabilidad social de la empresa en España. Dice el texto que nació en 2004; obviamente, 2004, con la llegada del PSOE al Gobierno.
Usted, que es un experto en la materia, conoce bien que ya existía un foro de expertos en la etapa de Gobierno popular y que, a raíz de la aprobación del libro verde en 2001, el Gobierno español participó en todas las reuniones con alta representación en la Comisión Europea. Por tanto, no nos parece justo el troceo que se hace y el sesgo que se introduce en la exposición de motivos. Sin embargo, hay un feliz contraste entre la beligerancia de la exposición de motivos y la generalidad de las propuestas, que las hace asumibles. Junto a esa asunción por parte de todo el mundo hemos introducido elementos de concreción, de racionalidad para hacer que también haya algo concreto, como es el hecho de que cuando las empresas que se presentan a los concursos públicos y estén en igualdad de mérito y condición, tengan preferencia aquellas que incorporan un mayor número de trabajadores con discapacidad. Así la empresa será el lugar de inserción adecuado de personas con discapacidad, de jóvenes, de mujeres maltratadas...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Barrachina, por favor, tiene que acabar.


El señor BARRACHINA ROS: ... y de todos aquellos que lo necesiten, porque entendemos la empresa no como un lugar a penalizar, a demonizar, no como ese elemento tóxico al que usted ha hecho referencia, sino como un instrumento adecuado para la inserción laboral y económica.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para defender las enmiendas de su grupo, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Agradecemos esta iniciativa del señor Jáuregui, después de haber vivido en la pasada legislatura -y él lo ha recordado- un debate intenso no solo en esta Cámara, sino en el conjunto de la sociedad en relación con las políticas de responsabilidad social de la empresa. Precisamente en la pasada legislatura, fruto de una iniciativa de Convergència i Unió, esta Cámara debatió durante muchos meses un conjunto de recomendaciones que han

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permitido impulsar en esta legislatura algunas de las primeras políticas del Gobierno en este campo. Pero no se produjo solo el debate de la responsabilidad social de las empresas en esa subcomisión, sino también algunas iniciativas que impulsó el Gobierno, como el grupo de expertos en el marco del diálogo social, y el grupo de expertos que, al margen del diálogo social, también abordó estas cuestiones. Eso permitió en la pasada legislatura que, con el concurso de buena parte de la sociedad civil, de buena parte de los grupos políticos y de buena parte del sector empresarial y sindical, hayamos podido construir un consenso en materia de responsabilidad social de las empresas.


Preguntaba el señor Jáuregui, ¿la crisis va a implicar la superación de ese movimiento a favor de la RSE? Estamos seguros de que no, y ahí coincidimos con el señor Jáuregui, por un lado porque buena parte de la crisis económica y financiera que está viviendo nuestra sociedad avanzada tiene que ver con esa falta de responsabilidad del conjunto de actores sociales y económicos, y por otro porque las mentes más lúcidas de nuestro mundo apelan hoy a la responsabilidad como un factor clave para superar la crisis que estamos viviendo. No es casualidad, señorías, que la Presidencia Obama haya apelado a que el mundo debe entrar en una era de la responsabilidad. En este sentido el discurso que entre todos construimos en la pasada legislatura es tremendamente imprescindible: la apelación a la responsabilidad del conjunto de los actores sociales y económicos, en esa combinación entre la economía de mercado y la justicia social, la calidad, la sostenibilidad, en definitiva la modernización del modelo social europeo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es bueno recordar que el movimiento de la RSE en Europa va vinculado a esa agenda -hoy seguramente agotada, y en muchos sentidos fracasada- que es la Agenda de Lisboa. Además, señorías, es un movimiento que responde a la idea de que ese enorme poder que la empresa ha alcanzado exige también responsabilidades en lo social y en lo ambiental.


Podemos decir hoy que la RSE en España tiene un espacio importante de consolidación, y el señor Jáuregui hacía referencia a ello en su intervención. Algunos de los diputados de esta Cámara hemos vivido con intensidad algunos de los debates, iniciativas y realidades que en este mundo se han creado en estos últimos años. Si me permiten, mi grupo echa en falta en este ámbito mayor liderazgo político. Nos parece que la política que hoy se está desarrollando por el Gobierno, en cumplimiento de aquellas recomendaciones, no posee un mayor nivel de implicación para ponerlas en marcha. Nos parece también que esa política no está vinculada aún a un proyecto de modernización económica y social, porque en aquellos países europeos donde la RSE ha tenido mayor implementación, el movimiento de la RSE tiene que ver con algún proyecto de modernización de la sociedad, y finalmente no terminamos de abordar ni las cuestiones polémicas que existen en relación con la RSE ni tampoco de aprovechar algunas de las oportunidades que se nos plantean.


Señorías, las enmiendas de Convergència i Unió pretenden enfatizar esos aspectos: las oportunidades que existen para desarrollar la RSE en los próximos años. En el texto que hemos pactado -y que agradezco al señor Jáuregui que lo haya hecho- quiero destacar dos compromisos concretos. El primero es un plan de actuaciones para fomentar la inversión socialmente responsable -nos parece que ese debe ser un gran eje de actuación en los próximos años y que está muy vinculado, por cierto, con la crisis financiera que estamos viviendo-, y el segundo es abrir el debate sobre la necesidad de regular o no el contenido del triple balance. Nos gustaría que a finales de este año existiese la información suficiente que permitiese a la Cámara avanzar en esas dos medidas.


Termino, señora presidenta. Esta es la última intervención del señor Jáuregui, que ha sido uno de los padres del movimiento de la responsabilidad social de las empresas en estos últimos años -creo recordar que su primera intervención fue en el año 2001-, y es bonito que su última intervención en esta Cámara responda a esta cuestión. También he de decir, en lo más personal, que ha sido un placer trabajar con el señor Jáuregui durante estos años, porque de él hemos aprendido de actitudes y de ideas, desde la discrepancia a veces en posiciones políticas, pero desde la convicción de que actitudes como las del señor Jáuregui ayudan a hacer mejor la democracia y mejor esta sociedad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo parlamentario va a votar favorablemente el texto de las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Bloque Nacionalista Galego, y el texto final que hemos acordado, que sin lugar a dudas mejora y concreta las propuestas iniciales en relación con la responsabilidad social de las empresas.


Quisiera empezar mi intervención con un cierto grado de escepticismo, porque da la impresión de que esta Cámara se apunta a iniciativas que tienen que ver con la autoorganización de las empresas, con la responsabilidad autónoma de las empresas en defecto de una iniciativa más fuerte, como podría ser la iniciativa legal, que de alguna manera obligue a respetar las políticas sociales, a respetar el medio ambiente y la igualdad de género por parte de las empresas. Podríamos decir que esta iniciativa de la responsabilidad social es a la legislación lo mismo que la estética a la ética; en nuestra opinión tiene la

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misma diferencia: una diferencia cualitativa. Una diferencia cualitativa porque nosotros lo que echamos de menos hoy, quizá en las sociedades del Estado social y democrático de derecho, es la preponderancia de las necesidades y del poder de la empresa sobre lo que había sido tradicionalmente nuestro modelo social, que es la regulación y que es el Estado social, el modelo social. En defecto de ese modelo social y en defecto también de la participación del Estado democrático en la economía nos tenemos que conformar con lo que hemos denominado la responsabilidad social de las empresas, que forma parte de esta legislación light del periodo de crisis del Estado, y en particular del periodo de crisis del Estado social. A nosotros, que nos parece bien esta iniciativa, nos gustaría que a partir de ella profundizáramos precisamente en el Estado social cuando ha entrado en crisis el paradigma del Estado liberal. Si algo ha entrado en crisis en esta situación económica no es solo el modelo de control financiero internacional, sino que ha entrado en crisis la política neoliberal, que de alguna manera ha prescindido del Estado y ha dejado en un segundo lugar el modelo social europeo; creemos que eso es lo que ha entrado en crisis, y por tanto a partir de la crisis del consenso de Washington, a partir de la crisis del consenso de Bruselas deberían darse en estos momentos no solamente medidas de autorresponsabilización y de autoorganización de las empresas, sino medidas legislativas que recuperen de alguna manera el Estado social.
Porque esta no es solamente la crisis de la irresponsabilidad ni es una crisis de carácter estético; es una crisis política de fondo y también ética, y en ese sentido se hace necesario recuperar la política y recuperar la ética para al mismo tiempo recuperar un modelo económico más sostenible. Esa es nuestra opinión y por tanto nos gustaría que esta iniciativa viniera acompañada de otras; de otras que logren, por ejemplo, que en la Unión Europea y en nuestro país se respete el modelo laboral, y no nos veamos ante un 50 por ciento de los contratos temporales en fraude, que es una cuestión que no tiene que ver con la estética, sino que tiene que ver con la política, con la ley y con la ética. O por ejemplo que no nos encontremos con un 20 por ciento de la economía en situación de economía sumergida, sino que el conjunto de la economía española aflore y esté por tanto dentro de la ley, de la misma manera que en el ámbito de la economía se cumplan leyes como las que tienen que ver con la discapacidad, con la igualdad de género o las leyes ambientales.
Es decir, un cumplimiento de la ley para recuperar -lo repito- el Estado social y democrático de derecho como alternativa precisamente a esta crisis, que es una crisis del dogmatismo liberal.


Creemos que ahí es donde está la cuestión, y sin perjuicio de apoyar esta iniciativa, que pretende que las empresas se autorresponsabilicen en materias tan importantes como son la igualdad de género, la política social y laboral o el impacto medioambiental de sus medidas, que haya, sí, una recuperación del Estado, una recuperación de la política y una recuperación del modelo social. Porque en definitiva será no solamente una recuperación de la igualdad, sino al mismo tiempo una recuperación de la eficacia económica. Porque los que estamos aquí y mi grupo parlamentario estamos convencidos de que no solamente el modelo social europeo es más justo, que lo es, sino que el modelo social europeo promueve un tipo de economía y de empresas más eficaces y con más futuro.
Ese es el sentido de nuestra posición. Votaremos favorablemente el texto final que hemos acordado, y quiero terminar agradeciendo a Ramón Jáuregui sus enseñanzas. No solamente su colaboración, su actitud dialogante, sino su enseñanza política, porque esta iniciativa pretende también la recuperación de la política en un momento en el que no corren precisamente buenos tiempos. Si se produce una recuperación de la política, y en parte será también con el magisterio de buenos políticos, recuperaremos también una economía social y una economía responsable.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) don José Ramón Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, dicen que a la hora de hacer frente o de abordar con ánimo de superación y de mejora una determinada problemática, bien sea en el campo personal o sea en el campo de lo social, existen dos tipos de pensamiento que llevan también a dos tipos de intervención: el pensamiento que llaman deficitario y el pensamiento que llaman apreciativo. El pensamiento deficitario, esto es el pensamiento que se traduciría después en la aplicación de un modelo de actuación deficitario, sería aquel que a la hora de buscar cómo actuar con una persona o con una realidad social piensa más bien en conflictos, en necesidades, en carencias, en anomalías, en traumas, en enfermedades, en errores, en fracasos, en reduccionismo y en exclusión, es decir -aplicado al caso-, en las múltiples ineficiencias, insuficiencias, equivocaciones e incluso engaños que han podido en el pasado, pueden en el presente, y seguro podrán en el futuro observarse y plantearse al margen, incluso en nombre, y contra la denominada responsabilidad social de las empresas.
Esa forma de ver y de plantear el tema, dicen, no es recomendable, porque lleva a adoptar actitudes regresivas y negativas que, lejos de producir los efectos deseables, producen escasa eficiencia, en el mejor de los casos, clara ineficiencia o bien simplemente el fracaso. Frente a esta forma de pensar, dicen, lo que hay que hacer y valorar es el pensamiento apreciativo. Se trata de buscar las potencialidades, los recursos posibles, el desarrollo que está al alcance, las soluciones siquiera parciales, los aspectos positivos y el subrayado de los éxitos, aunque sean parciales, la orientación al futuro, las fortalezas, las posibilidades, la

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inclusión. Por ahí va, dicen, el pensamiento apreciativo, quienes lo recomiendan, frente al pensamiento que hemos calificado de deficitario.


Las dos proposiciones no de ley que hoy se nos han presentado, una por parte del Grupo Parlamentario Socialista y la otra por parte del Grupo del BNG, ejercitan esto que hemos calificado de pensamiento apreciativo, especialmente -me atrevo a decir- la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Ya conocíamos de tiempo atrás que el diputado socialista Ramón Jáuregui ejerce en este tema, cuando menos y seguramente más también, el llamado pensamiento apreciativo. Lo pudimos constatar en el año 2006 cuando trabajamos codo con codo con él en el seno de la subcomisión para la elaboración del informe para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas; lo hemos podido constatar personalmente en otras numerosas ocasiones en las que nos ha tocado hablar de este tema en foros diversos, y hoy en su despedida ha vuelto clarísimamente -incluso diría que con una voluntad especialmente apreciativa- a mostrarnos cómo él entiende que se debe actuar en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas.


No me atrevería a decir si el Grupo del BNG practica, al menos con el mismo entusiasmo, este pensamiento apreciativo; se ven percepciones distintas en ambas proposiciones no de ley. Porque, lejos de mirar únicamente los aspectos positivos, el BNG llama la atención sobre determinadas insuficiencias, errores, comportamientos que más allá de declaraciones expresas a favor de la responsabilidad social de las empresas podrían estar teniendo lugar no a espaldas, sino simplemente en contra de ellas. En todo caso, como digo, ambos confluyen en lo que genéricamente cabe decir que es un pensamiento apreciativo, y del que se deriva un método apreciativo de actuación.


Para quien recuerde el informe, este recogía cincuenta y siete conclusiones en cuatro ámbitos, y además tenía cinco directrices generales, treinta constataciones, criterios y principios interpretativos -tres de estos últimos-. En resumen, no va a ser por falta de literatura, de recomendaciones, de consejos y de declaraciones -emitidos en parte desde este mismo Congreso, pero desde otros muchos ámbitos también-, por lo que en su caso sigue siendo necesario insistir en el tema de la responsabilidad social de las empresas. A veces podría pensarse incluso en lo contrario, como leíamos ayer que está diciendo el Ministerio de Medio Ambiente en relación con los temas ecológicos, con lo ecológico y lo verde. Dice el ministerio que esta explosión, un tanto incontrolada, de lo ecológico y lo verde puede provocar el riesgo de saturación e incredulidad en el consumidor, y algo de esto puede ocurrir también con el tema de la responsabilidad social de las empresas. En todo caso, como no me queda tiempo, quiero decir que nos apuntamos al pensamiento apreciativo, con todas sus limitaciones, especialmente cuando hemos visto que se ha concluido un texto acordado por todos los grupos. Ahora que han sobrado ejemplos de que con la crisis, incluso bajo la denominación de responsabilidad social de las empresas, hemos visto actuaciones justamente en sentido contrario, quiero esperar y desear que con el pensamiento y los métodos vayan mejorando algo las cosas en el futuro.
También por mi parte quiero decir que ha sido un honor y que ha sido una suerte poder trabajar con Ramón Jáuregui, especialmente en el tema de la responsabilidad social de las empresas, pero también en otros ámbitos.


Muchas gracias y nada más. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Señor Jáuregui, le pregunto si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas para su votación.


El señor JAÚREGUI ATONDO: Le voy a presentar, señor presidente, el texto consensuado por todos los grupos como una enmienda transaccional.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Es lo que se deduce de las referencias que hacen a S.S. esta tarde, que no podría acabar más que con una transaccional.


Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS FUNCIONARIAS DE PRISIONES DE LA ESCALA FEMENINA. (Número de expediente 162/000436.)

El señor PRESIDENTE: Examinamos a continuación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a los derechos y deberes de las funcionarias de prisiones en la escala femenina.


Para defenderla tiene la palabra la señora Fernández de Capel.


La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venia, señor presidente.


Señorías, la proposición no de ley que nos ocupa afecta aproximadamente a 2.000 funcionarias de la escala básica femenina del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, cuyos representantes sindicales y plataformas afectadas nos escuchan desde la tribuna, y a quienes saludamos desde aquí. Señorías, la situación de este colectivo de vigilancia interior en las prisiones españolas se ha visto afectada, de una manera que las funcionarias creen negativa, por la aplicación de la Ley de Igualdad de 2007, y con ella la extinción de las escalas femenina y masculina en el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias.
Nosotros consideramos que la separación de funcionarios de vigilancia directa en una escala femenina y otra masculina no es una discriminación, sino la causa de un criterio de organización del trabajo y la forma en que este trabajo se desarrolla, y así lo recoge la Ley General Penitenciaria. Las afectadas son, en general, funcionarias civiles y en el

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momento de incorporarse a su puesto de trabajo no se les exigió ningún requisito físico ni la superación de ninguna prueba en este sentido.
Hicieron una oposición específica a una escala femenina, que además ofertaba muchas menos plazas que la masculina.


Su trabajo en las prisiones es de labores administrativas, labores de reinserción, de mantenimiento del orden, la disciplina y la seguridad dentro del módulo en que trabajan. Esto supone evitar a diario peleas, abusos, extorsiones, actividades ilegales y todo lo que perjudica la actividad de las internas en el centro penitenciario. Dicho trabajo, señorías, implica el acceso a todos los espacios en que las internas se mueven, como patios, duchas, servicios, celdas, etcétera. Hay que efectuar registros y controles de todo tipo. Tras el Decreto 1836/2008, de 8 de noviembre, sobre los criterios para la integración de las escalas masculina y femenina, los derechos de estas trabajadoras, según denuncian ellas mismas, se han visto vulnerados.


La situación de las prisiones españolas, señorías, y en general de todas las prisiones, no es la situación idílica que a veces se nos presenta en algunos medios de comunicación. Hay una masificación terrible y un ejemplo es el de mi provincia, la provincia de Granada, en el centro de Albolote, donde hay más de 1.900 reclusos en una prisión proyectada hace muy poco para 1.000. La conflictividad de los módulos de internos varones es muy superior a la de los módulos de mujeres. Esto sucede en España y también en muchos otros países. Hay problemas físicos, posibles agresiones dentro de un colectivo en el que un 75 por ciento son personas con trastornos de todo tipo, tales como falta de control, violencia, trastornos psicóticos, adicciones, inadaptación, y además tienen en su entorno, fuera de la prisión, la mayor parte de las veces una gran desestructuración familiar. Todo ello pondría en riesgo la seguridad física de las funcionarias en algunos casos, al margen de otro tipo de agresiones que se producen dentro de una prisión. No hay más que repasar las incidencias diarias que todos conocemos. Una vez más decimos que no es adecuado que las funcionarias puedan pasar a los módulos de internos en las condiciones que reúnen estas funcionarias, que accedieron al cuerpo de una manera determinada.


Queremos recordar aquí que hay una sentencia a favor de Comisiones Obreras contra la Subdirección General de Instituciones Penitenciarias, en la que se establece que la adscripción a tareas de vigilancia de internos, sin la exigida separación de sexos, supone un atentado a la intimidad de los reclusos y reclusas, así como una vulneración del estatuto funcionarial al adscribirlas a funciones que no les corresponden. Todo ello se fundamenta en lo que recogen los artículos 13, 16, 76.2 y 99.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Eso dice la sentencia, y quien así sentenció conocía muy bien el ámbito penitenciario por su propia profesión. La misma ley orgánica, en el artículo 16, recoge la separación de internos por sexo, edad, antecedentes y exigencias del tratamiento, entre otras muchas consideraciones; exigencia que creemos no supone en este caso tampoco ninguna discriminación, sino también una necesidad del trabajo. Basándose en ello, las funcionarias de la escala femenina del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias desean en un alto porcentaje mantener el estatus jurídico del que gozaban en el momento del acceso a dichas plazas, y cuyas condiciones se les exigían en el momento de su oposición. Esto no es óbice para que quien lo desee pueda optar libremente a otro tipo de situación, que puede ser la integración, como han resuelto ya algunas comunidades autónomas y como recogemos en el punto primero de nuestra PNL. Por ello debe serles respetada su situación laboral, su estatus de funcionarias, y sus derechos adquiridos, porque esos derechos en la carrera profesional necesitan el respeto a la legalidad constitucional, puesto que es un derecho basado en los principios elementales del Estado de derecho que se recogen en el artículo 9.3 del Título Preliminar de nuestra Constitución.


De otra parte, la Ley reguladora de las medidas de la función pública en sus artículos 25 y 26 dispone una clasificación de los funcionarios, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso, en grupos, cuerpos, escalas, etcétera, según las funciones que se puedan desempeñar en cada puesto. Por ello nosotros consideramos que no le deben ser de aplicación obligatoria, sino de forma optativa los objetivos de la Ley Orgánica 3/2007, que consideran que empeora la situación laboral de las mujeres de este cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Consideramos también que un análisis centro a centro aclararía las necesidades y problemas de todos los centros. En todo caso los poderes públicos, y en este caso el Ministerio de Interior, deben velar por la seguridad física, jurídica y laboral de sus funcionarias que optaron libremente a un cuerpo en unas condiciones específicas que ellas desean mantener.


Siendo este nuestro criterio, nuestro grupo está abierto a otro tipo de sugerencias y soluciones que otras comunidades han puesto en marcha, y que no bloquean el camino de la negociación con este grupo de afectadas.
Nosotros, abiertos a estas nuevas sugerencias, en aras de poder llegar a un acuerdo con el grupo de la oposición, que así lo desea, y con otros grupos que así lo han sugerido, también pensando que la apertura a estas sugerencias facilitará una posterior gestión, un mayor conocimiento del problema y una mejor solución de la situación, solicitamos por ello el apoyo de la Cámara para nuestra proposición no de ley. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto figura que han pedido la palabra la señora Díez, el señor Perestelo y la señora Fernández Davila. Sí, ya sé que uno después de otro pero ¿los tres? (Risas.) Pues tienen dos minutos cada uno, máximo.


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La señora DIEZ GONZÁLEZ: En turno de fijación de posiciones, porque solo yo tengo enmienda, para que podamos intervenir todos.


El señor PRESIDENTE: Esto es reglamentariamente tan dudoso como SS.SS.
saben, pero vamos a darles dos minutos a cada uno en el turno que quieran sus señorías.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


En un minuto voy a fijar la posición favorable a la PNL del Grupo Popular, con una enmienda que he presentado que tiene precisamente como objetivo garantizar la seguridad jurídica de estas trabajadoras, un trato equitativo para las mismas y la exigencia al Gobierno de criterios claros en la atribución de los puestos de trabajo que desempeñen las funcionarias, evitando la posible arbitrariedad en su aplicación en los centros, garantizando a la vez, como les decía, la universalidad en la aplicación de las medidas.


A mi juicio, la unificación de escalas en sí misma no tiene por qué ser negativa y de hecho no lo es. Lo que es negativo o puede serlo es la falta de claridad y de criterios definidos por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a la hora de llevarla a cabo. Por eso se trata de garantizar la seguridad de las trabajadoras a la hora de aplicar la unificación de escalas -insisto, normativa que en sí misma no tiene por qué ser negativa- y además garantizar y reforzar el diálogo con los sindicatos a la hora de aplicar estas medidas, así como promover la formación de las trabajadoras ante esta nueva situación. Por eso nosotros, Unión Progreso y Democracia, hemos presentado una enmienda que dice que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias o, en su caso, el Ministerio del Interior dictará una norma de desarrollo o circular que garantice una aplicación igual en todos los centros penitenciarios que dependan de la Administración General del Estado con los criterios citados en los párrafos anteriores y en la intervención que acabo de hacer. Por esto y en este espíritu, Unión Progreso y Democracia apoyará la proposición no de ley presentada y defendida por el Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Atendemos la generosidad de la Presidencia intentando ser lo más breve posible.


Permítanme un saludo para la Asociación de los derechos de las escalas en instituciones penitenciarias que se encuentran en la tribuna de invitados. Esta mañana he tenido una reunión con ellas y me explicaron su situación, algo que han hecho -me consta- con todos los grupos de la Cámara. Por eso, obvio argumentar más que lo que ellas mismas han planteado en su escrito dirigido a los diferentes grupos parlamentarios.


El derecho al ejercicio de la Función pública es consecuencia de un acto reglado, un acto en el que se establece una oposición en la que participan una serie de ciudadanos y, después de pasar un proceso, obtienen plaza para unos determinados trabajos, concretados previamente en la convocatoria de esa oposición. Modificar el sistema o las condiciones de trabajo tiene que ser consecuencia de un acuerdo entre aquellas personas que obtuvieron esa plaza con motivo de esa oposición y la propia Administración que pretende cambiar o modificar las condiciones de trabajo. A nosotros nos parece algo razonable y que es de sentido común, aunque no sea el sentido que más impere muchas veces cuando legislamos. Habría que tener cuidado cuando legislamos en esta Cámara porque, como dicen ellas mismas en su escrito, la maquinaria ciega del Estado después se encarga de aplicar esos procesos normativos, llegando a consecuencias que muchas veces no están en el espíritu de las señorías cuando aprobamos esta iniciativa legislativa. En este sentido Coalición Canaria, dentro del Grupo Mixto, va a apoyar esta iniciativa. Entendemos que en estos momentos tiene que ser de aplicación inmediata, porque se están produciendo aplicaciones del decreto que permite la organización del trabajo que afectan a numerosos funcionarios y funcionarias de prisiones. Por tanto, ese estudio que plantean algunas enmiendas presentadas a la iniciativa puede ser también compatible con la suspensión inmediata de la aplicación de este decreto en lo que afecta a la organización del trabajo de estos profesionales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


También tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Paso brevemente a manifestar la posición del Bloque Nacionalista Galego en un asunto respecto al que si bien entendemos por qué las trabajadoras de instituciones penitenciarias plantean este problema, no podemos compartir la resolución tal cual está presentada en la proposición no de ley, porque nuestro grupo y en concreto esta diputada defendimos la Ley de Igualdad, que en su momento eliminó la escala femenina para las funcionarias de prisiones. De ahí que nos parezca correcta la enmienda que presenta Mercè Pigem. No sabemos si por parte del Grupo Popular va a ser aceptada. Si es así, la votaríamos a favor, pero si no, no podríamos hacerlo, porque entendemos que aun siendo difícil garantizar los derechos de todas y todos cuando estamos hablando de políticas de igualdad, es necesario avanzar en esa igualdad. Por tanto, reconociendo la necesidad de estudiar a fondo las peculiaridades de cada sector y de cada grupo de trabajadores y trabajadoras y, por otro lado, la necesidad de formar en las políticas de igualdad, no

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compartiríamos la propuesta tal como está formulada por el Grupo Popular, aunque, repito, apoyaríamos la enmienda que presenta la señora Pigem, si es aceptada.


Nos parece importante reconocer que toda política, como la que emana de la Ley de Igualdad, inevitablemente tiene aspectos positivos y aspectos negativos. No creemos que podamos quedarnos con los positivos y, en cambio, no tratar de superar los que inicialmente podemos entender como negativos, porque lo que es realmente negativo es que exista una diferencia entre trabajadores y trabajadoras cuando la función sea la misma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente, señorías, para mostrar cuál es nuestra posición, hacer mención de nuestra enmienda de sustitución y también para salir al paso de algunas tergiversaciones que creo que se han producido en las últimas horas alrededor de nuestra posición. Ustedes conocen perfectamente cuál fue el grado de implicación de los republicanos en la pasada legislatura para con el entonces proyecto de ley y luego ley aprobada, Ley de Igualdad, una ley que entendemos que se la puede calificar de histórica, que marca un punto cero, un momento cero, un antes y un después. Es decir, a nadie se le escapa que es absolutamente demagógico pretender atribuir a nuestro posicionamiento en favor, entrecomillado, pero atendiendo a lo que puede tener de sentido común lo demandado por estas personas, no tiene nada que ver, en absoluto, sería demagógico, digo, decir que con ello pretendemos sabotear el desarrollo o el despliegue de la ley. Sería demagógico, absurdo y, además, hay que decir que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Nosotros estamos implicados en la ley y creemos que hay que desarrollarla de forma intensa y efectiva, lo cual no significa que no podamos atender, al menos considerar qué es aquello que puede ser susceptible de disfunciones en su desarrollo. Dicho esto, queda claro que nuestra posición es la de requerir y demandar mayor información a fin y efecto de poder actuar en consecuencia.


Esta información nos ha llegado tarde, ciertamente tarde -nosotros desconocíamos esta reclamación, esta reivindicación, no nos duele reconocerlo desde la tribuna-, pero si nos hubiera llegado antes de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, ¿qué hubiéramos hecho? Habríamos cumplido con nuestra obligación, preguntar al Gobierno a través de preguntas escritas, quizás incluso en alguna comparecencia, qué había de cierto, de razonable, cuál era su opinión sobre lo demandado por estas trabajadoras, estas funcionarias, es decir, hubiéramos actuado responsablemente o, al menos, con la voluntad de hacerlo responsablemente. Ahora bien, nos hemos enterado de la situación a raíz de la presentación de esta proposición no de ley, de manera que reconociendo nuestra falta de información, hubiera sido absolutamente irresponsable por nuestra parte negar lo que se reclama por el simple hecho de estar un tanto ignorantes de la situación.


Nuestra enmienda, que es de sustitución, dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a presentar ante esta Cámara, en el plazo de tres meses, un estudio sobre la situación laboral de aquellas funcionarias de prisiones que accedieron por oposición antes de la entrada en vigor de la supresión de las escalas masculina y femenina mandatada por la Ley de Igualdad, a fin y efecto de que la Comisión de Igualdad pueda evaluar posibles disfunciones que fuesen susceptibles de corrección a raíz de la aplicación del Real Decreto 1836/2008. Creo que esto es actuar -lo digo con toda humildad- de forma responsable, no dar por hecho que lo que dicen estas personas no tiene ningún sentido. Es cierto que al parecer todo ello solamente ha ocurrido ahora en un centro penitenciario, creo que de Córdoba, pero es tan cierto como posible que esto se pueda generalizar y en esta medida hay que contemplar la posibilidad de solucionarlo, sobre todo porque además esto viene demandado por mujeres. Justamente lo que pretende La Ley de Igualdad es superar una injusticia, un problema histórico que no es otro que la falta de igualdad entre los géneros. Luego, si viene de mujeres, creo que con más razón para tenerlo en cuenta y solicitar que dentro de unos meses -pocos, tres- el Gobierno presente este informe y podamos actuar en consecuencia.


Señorías, creo que nuestra enmienda de sustitución es muy parecida a la de la diputada Pigem. Si el grupo proponente acepta la de la diputada Pigem, a nosotros nos parecerá igual de bien y votaríamos la enmienda de sustitución, aun cuando decimos que no aceptamos lecciones de nadie. En mi larga trayectoria como persona que ha estado vinculada a las cárceles -puesto que he visitado muchas y a muchos presos- puedo decirles que he conocido funcionarios de derechas y de izquierdas, profesionales y gente muy comprometida; he conocido funcionarios muy poco honrados pertenecientes a sindicatos de clase y al revés. Es decir, las etiquetas no dan patente de corso a la buena predisposición, a la responsabilidad y a la profesionalidad de los funcionarios. Los he conocido de todo tipo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Para la defensa también de las enmiendas presentadas tiene la palabra doña Mercè Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


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Señorías, vaya por delante que desde Convergència i Unió valoramos positivamente la unificación de escalas y de puestos de trabajo no solo porque así se aprobó en la Ley de Igualdad, que desde Convergència i Unió apoyamos, sino porque a esta apreciación positiva nos lleva la experiencia de Cataluña, en donde la unificación de escalas y puestos de trabajo se produjo bajo un gobierno de Convergència i Unió hace ya más de veinte años, como pueden ver, una larga experiencia. Puedo decirles ya sin mayor preámbulo que la experiencia en Cataluña ha sido muy valorada y apreciada por las propias mujeres, porque la unificación de escalas y puestos de trabajo supuso un aumento sustancial del porcentaje de mujeres funcionarias de prisiones. Piénsese que el porcentaje de funcionarias en Cataluña estaba en el 36 por ciento del total de funcionarios cuando en España estaba a menos del 15 por ciento. Ello ha significado que las mujeres han podido promocionar laboral y económicamente, puesto que los puestos de trabajo a los que podían optar han sido muchos más, ya que las prisiones y módulos de hombres son mucho más numerosos que los de mujeres. Por otra parte, las situaciones problemáticas y preocupantes que se describen en el cuerpo de la iniciativa y que se refieren a situaciones cotidianas de las prisiones, a las cuales se dice que las mujeres no van a poder hacer frente, obedecen más a un temor que a la realidad, puesto que de ser ciertas se hubieran producido en Cataluña a lo largo de estos veinte años de experiencia y les puedo asegurar que no ha sido así. Por tanto y desde todos los puntos de vista la experiencia en Cataluña ha sido globalmente positiva y nada tenemos que objetar a que la Ley de Igualdad la extienda al resto del Estado.


Ahora bien, a nuestro juicio esto no supone que no podamos ser receptivos a las preocupaciones que se nos trasladan por parte de algunas plataformas de la extinta escala femenina de funcionarias de prisiones con respecto a la problemática que se puede generar en el desarrollo de la unificación de escalas; no supone que no podamos atender las consideraciones que se nos hacen en orden a tener en cuenta situaciones personales tales como que en su día no hubieran hecho una oposición si hubieran sabido que tenían que trabajar con reclusos y que para poder trabajar solo con reclusas tuvieron que superar una nota de corte muy superior a la de los hombres, o que parte del colectivo por edad o por determinadas condiciones puede verse dificultado en la adaptación. Pero siendo receptivos, no compartimos las propuestas de solución que se nos hacen desde el Grupo Popular en la iniciativa que ahora estamos debatiendo. No las compartimos porque consideramos que la solución a esta problemática no puede pasar ni por la inaplicación de la Ley de Igualdad ni por una rígida consideración de derechos adquiridos que, como muy bien saben, en cuanto al funcionariado se refiere, se circunscriben al mantenimiento de las condiciones salariales o de categoría laboral. No podemos tampoco apoyar una propuesta que, de prosperar, daría como resultado que toda la organización de prisiones debería pivotar alrededor de las situaciones producidas con anterioridad a la Ley de Igualdad, dificultando la carrera y promoción de los funcionarios varones, la de las mujeres de la extinta escala que sí quieren esta nueva organización y también la de los funcionarios y las funcionarias que entraran a partir de la unificación de escalas. Entendemos por el contrario que tal como se hizo también en Cataluña, pero con la diferencia de que ahora hay un mandato legal que entonces no existía, debe abogarse por otras vías de solución que pasan por el diálogo y el acuerdo entre todas las partes implicadas para encontrar soluciones que desde el respeto a la ley puedan abrirse y no cerrarse a tener en cuenta posibilidades de respeto a las funcionarias de la extinta escala caso a caso y centro a centro.


Por eso nosotros hemos propuesto una enmienda de sustitución de dos puntos, el primero de los cuales consistiría en que en el plazo de tres meses el Gobierno realice y presente a esta Cámara un balance de la aplicación en estos tres años de vigencia de la Ley de Igualdad en el proceso de unificación de escalas, así como de las distorsiones que se hayan podido producir, y en su caso también propuestas de medidas correctoras, y un segundo punto que dice que mediante un proceso de diálogo entre la secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias, sindicatos y representantes de las afectadas y los afectados se busquen fórmulas para, centro a centro, evitar la problemática que se pudiera producir en este proceso de transición. Creemos, señorías, que por aquí es por donde deben pasar las vías de solución.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señora Pigem.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, en sustitución de mi compañero don Emilio Olabarría, que se encuentra ausente, seré muy breve, solamente para decir que saludamos a los representantes de los funcionarios de prisiones que se encuentran en la tribuna, que han acudido al Pleno de hoy, y que mi grupo parlamentario apoyará la enmienda que ha propuesto la compañera Mercè Pigem, de Convergència i Unió, porque consideramos que dicha enmienda reorienta de alguna manera la función inicial de la proposición, que es más realista y más factible si realmente resulta a partir de la aceptación de la enmienda de Convergència i Unió.


Los que hemos apoyado la Ley de Igualdad consideramos que es muy importante que esta tenga verdaderamente su plasmación en todos los ámbitos y es importante también, tal y como comentaba la compañera de Convergència i Unió, que se abra un proceso de diálogo entre la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias, los sindicatos y los representantes de los afectados

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y las afectadas en este caso. Por tanto, nosotros apoyaremos esta propuesta siempre que se acepte la enmienda de Convergència i Unió.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Socialista, señora Arnaiz.


La señora ARNAIZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Debatimos esta tarde una proposición no de ley del Grupo Popular en la que se defiende claramente que la segregación de las escalas femenina y masculina en el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias no constituye discriminación por razón de género. Recoge asimismo temores basados en unos hipotéticos riesgos del trabajo de las funcionarias que considero son prejuicios infundados, puesto que ni las mujeres tienen una posición de debilidad ni todos los internos son conflictivos. A raíz además de la integración de las dos escalas llevadas a cabo por la Ley de Igualdad, la realidad nos ofrece multitud de ejemplos de unificación de cuerpos y escalas en la Policía, Guardia Civil, Fuerzas Armadas y en la larga experiencia acreditada de más de veinte años de la Administración penitenciaria catalana. En esta Administración la unificación ha sido un proceso de total normalidad que ha supuesto la mejora del medio penitenciario, con ausencia de altercados de interés y con una valoración muy positiva desde todos los sectores. Por tanto, adelanto el rechazo rotundo al contenido de esta proposición que significa un retroceso en la conquista de la igualdad entre hombres y mujeres, porque en modo alguno se puede decir que la modificación practicada por la Ley de Igualdad haya afectado negativamente, más bien al contrario, ha mejorado el acceso de las mujeres al empleo público en instituciones penitenciarias y las posibilidades de promoción de las funcionarias en activo, todo ello, por cierto, en sintonía con la recomendación 33/97 del Defensor del Pueblo, que daba respuesta a un amplio grupo de ciudadanas, compartiendo con ellas la existencia de una discriminación negativa. Sirvan los datos siguientes.


En las ofertas de empleo público anteriores a la integración el número de plazas al que podían acceder las mujeres fueron 150 en 2005, 200 en 2006, mientras que en el año 2007, posterior a la integración, pudieron optar a 950 plazas. Como resultado de las pruebas de selección superaron las mismas un 51 por ciento de mujeres y un 49 por ciento de hombres, lo que evidencia un mayor número de mujeres que han conseguido un empleo público y que creen en la integración. Hay ventajas de igual forma para la población reclusa, porque si los centros penitenciarios tienen como finalidad reeducar y reinsertar, deben reflejar el mundo real en el que todos vivimos, también los reclusos, un mundo en el que los hombres no viven separadamente de las mujeres, porque la experiencia ha demostrado que la confrontación entre reclusos y funcionarios es menor cuando el referente funcionarial es mixto. Esta concepción está ya superada en relación con los profesionales de tratamientos penitenciarios y con los puestos de jefes de servicio, que pueden ser ocupados indistintamente por mujeres u hombres sin ningún tipo de altercados. Por tanto, no puede decirse que son menos dignas o menos seguras las tareas que deben realizar las funcionarias del cuerpo unificado de ayudantes. Aunque puedo comprender sus miedos a lo desconocido -y miro a la tribuna-, tienen la experiencia contrastada de sus compañeras en Cataluña. Tengan confianza.
Además, después de la integración, el Real Decreto 1836/2008, hace escasamente siete meses, ha establecido unos criterios claros para que el derecho al acceso al empleo público no colisione con la protección del derecho a la dignidad e intimidad de las personas internadas. Este real decreto fijó toda una serie de medidas organizativas que buscan cumplir este objetivo, junto con la protección y la seguridad de todos los funcionarios sin distinción.


Volviendo a la proposición, esta propugna que se respete el estatus jurídico de las funcionarias que accedieron a su puesto con anterioridad a la integración. Por supuesto, que se respeta; cumplen las mismas funciones -ahora también en módulos masculinos- pero desde la integración, y a partir de esta se han beneficiado de una mejor promoción profesional por estar en igualdad de condiciones que sus compañeros. Lo que no puede ser es invocar los beneficios del anterior sistema y los beneficios del sistema actual. Por ello no podemos apoyar el sinsentido de la propuesta del Grupo Popular, que defiende diferenciar dos categorías de funcionarias. Nuevamente el Grupo Popular torpedea cualquier avance en materia de igualdad. No votaron la Ley de Igualdad (Protestas.), la recurrieron al Constitucional y perdieron. Con esta iniciativa se retratan nuevamente porque no creen en la igualdad.


El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda de sustitución sensata para valorar la aplicación de la Ley de Igualdad en cuanto a la unificación de escalas a la que, de aceptarla el Grupo Popular, mi grupo también se sumará.


Concluyo afirmando que no se puede dar ni un paso atrás en la conquista de la igualdad plena entre mujeres y hombres, con los mismos derechos y con los mismos deberes, para que pueda cumplirse lo que dijo hace ciento cuarenta años John Stuart Mill y que figura en la exposición de motivos de la Ley de Igualdad, aquella frase que dice: Perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Arnaiz.


Pregunto a la señora Fernández de Capel. Si es tan amable, me dice si desea que su texto se vote con alguna de las enmiendas defendidas.


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La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Nosotros admitiríamos, porque en cierta medida matiza y en la práctica lleva a efecto parte de lo que pedimos en el texto, la enmienda de Convergència i Unió, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Es decir, que admite la enmienda de Convergència i Unió.


La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Sí, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, muy amable.


En esos términos será votada la presente proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO DE LA LEY 38/2006, DE 7 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LA GESTIÓN DE LA DEUDA EXTERNA, Y MÁS CONCRETAMENTE DE SUS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA Y TERCERA (Número de expediente 173/000080.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre el incumplimiento del Gobierno de la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa y más concretamente de sus disposiciones transitorias primera y tercera. Para la defensa de la moción tiene la palabra don Aitor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


La pasada semana debatimos una interpelación que traía causa de determinadas disposiciones que aparecen en la Ley reguladora de la deuda externa, una ley que data del año 2006. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) En concreto, hacía referencia a dos herramientas, el FAD y el Cesce, de las cuales la ley establece un desarrollo posterior que debía haber sido realizado ya en la legislatura anterior. Estas herramientas dependen hoy por hoy de tres ministerios: Exteriores, Economía e Industria. A quien eligió el Gobierno para que viniera fue al ministro de Industria, que no es precisamente quien en teoría lleva la mayor parte del presupuesto gestionada a través de estos instrumentos, sino que es Exteriores, con 1.377 millones, quien se lleva la parte del león. Desde luego sí fue esclarecedor sobre quién tiene la sartén por el mango en el enfoque de estos instrumentos de cooperación hoy por hoy en el Gobierno. Estamos hablando de un incumplimiento de la ley ya en la legislatura anterior de la disposición transitoria primera respecto al FAD, y tercera respecto al Cesce, que hablaban de que debía presentarse en la legislatura anterior un proyecto de ley. Además, en septiembre de 2007, dentro del acuerdo del Pacto de Estado contra la pobreza, los partidos políticos y la sociedad civil llegaron por unanimidad al acuerdo de presentar en la legislatura anterior el texto para que se debatiera durante el primer año de la actual legislatura.
Esto tampoco se ha cumplimentado. El 16 de octubre de 2008 la secretaria de Estado de Cooperación anunciaba que en el plazo de un mes se iban a presentar al Consejo de Cooperación al menos los textos correspondientes al FAD. Esa presentación al Consejo de Cooperación nunca se llevó a cabo ni su promesa de que antes de final de año esta Cámara conocería los textos. El 16 de junio pasado el ministro de Exteriores se refería a ellos con un: Lo remitiremos lo más rápidamente posible.
Desgraciadamente, tampoco al ministro de Industria se le pudo arrancar una promesa más concreta. Dijo: Se hará lo más rápidamente posible, estamos en ello. Lo único que sabíamos hasta la fecha -y eso sí se lo quiero agradecer al ministro de Industria- es que se estaba hablando de dos instrumentos genéricos, el Fonprode y el FIEM, y es verdad que el señor ministro de Industria concretó por primera vez algo más sobre el FIEM y qué líneas podría regular; incluso señaló que la voluntad era que el Cesce fuera incluido dentro de este nuevo fondo para la internacionalización de las empresas denominado FIEM.


Respecto al FAD lo único que se nos ha dicho -y en lo que se insiste- es que se han ido corrigiendo cosas en la práctica por parte del Gobierno y de los ministerios de facto, pero sigue sin aparecer la regulación. Si se corrigen las cosas de facto, cuál es el problema entonces para poder enviar a esta Cámara, después de tanta insistencia por parte de los grupos parlamentarios y de las ONG, estos textos. Es importante que se haga, porque el FAD es hoy responsable de más de la mitad de la deuda externa que los países del sur han contraído con España. Además, hoy todavía la ayuda ligada a compras de bienes y servicios españoles sigue existiendo y supone en muchos casos un obstáculo para el desarrollo de estos países y un aumento de su deuda. Asimismo -y en esto todos coincidimos-, hoy es un instrumento obsoleto e inadecuado para una política de desarrollo moderna y es utilizado en muchas ocasiones como una especie de cajón de sastre. Eso hace que disturbe la claridad de la ayuda española al desarrollo.


Nos gustaría sacar al FAD de la contabilidad de la AOD española; promover instrumentos específicos para que, por ejemplo, se distinguiera entre contribuciones multilaterales y acciones humanitarias; que los instrumentos de internacionalización de las empresas -que, evidentemente, también son necesarios- sean coherentes con los principios de la Ley de Cooperación, porque no podemos destruir lo que vamos construyendo por otro lado. Tiene que estar todo ordenado por unos mismos principios y por un afán de desarrollo de terceros países. Nos gustaría que en estos instrumentos existiera

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también una mayor transparencia, posibilidad de evaluación y, en definitiva, rendición de cuentas.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda en la que se habla de señalar el incumplimiento de las disposiciones transitorias.
Después de tanto tiempo desde la aprobación de la ley sin que se haya cumplido, ha llegado el momento de denunciar en esta Cámara que esto ha sucedido así y que, además, esto tiene un responsable. Porque señalar el incumplimiento es dejarlo un poco abierto, es como decir que esto ha ocurrido así y que todos tenemos la culpa. No; el responsable -en este caso, porque hay un mandato objetivo de la ley- es el Gobierno del Estado. Entendemos que el texto presentado por nuestro grupo es más adecuado a la situación actual y responde a la realidad.


En cuanto a la enmienda que ha presentado el señor Herrera, mi grupo no está en desacuerdo con algunas de las cuestiones tales como la exigencia de no contabilización de créditos legados; cancelación como AOD, etcétera, pero creemos que no es el momento. Cuando se presenten estos proyectos -según nuestra moción estarán listos en esta Cámara para que sean discutidos el 30 de septiembre- es cuando deberemos entrar en este tipo de detalles en los que seguramente mi grupo, señor Herrera, estará de acuerdo con muchos de ellos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.


A esta moción se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señor Esteban, sabe usted que mi grupo parlamentario viene trabajando desde hace mucho tiempo sobre la gestión de la deuda no en solitario, sino con otros grupos parlamentarios. Sabe también que respecto a la Ley de deuda nuestro grupo consiguió la incorporación de una disposición adicional primera y una disposición adicional tercera que comprometían al Gobierno a que presentase, antes de acabar la legislatura -no esta, sino la anterior-, la ley de FAD y la ley de Cesce. Esto fue para nosotros un cambio que significó dar una concreción en materia de gestión de deuda, porque necesitábamos coherencia. ¿De qué servía una ley de deuda si no regulábamos cómo se gestionaba precisamente esta ley? Lo hemos dicho en la comparecencia de la secretaría de Estado de Cooperación y en la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación porque hemos considerado que era imprescindible y fundamental que el Gobierno presentara la ley. Para nosotros hoy lo urgente es que haya un compromiso real y efectivo, un compromiso que cumpla con un mandato legal. Usted se preguntará, como yo, si una moción podrá hacer lo que no ha hecho una ley. Porque usted sabe tan bien como yo que la fuerza jurídica la tiene la ley y no las mociones. En cualquier caso, consideramos oportuno que hoy esta Cámara apruebe un mandato para que el Gobierno, en este caso antes del 30 de septiembre -a nuestro grupo le hubiese gustado que fuese antes, aunque si llega antes del 30 de septiembre, bienvenida será-, presente una ley tal y como solicitábamos.


Nuestro grupo, a su vez, ha presentado una enmienda, porque me parece razonable lo que ha trasladado, es decir, ya lo veremos cuando venga la ley. Sin embargo, no aceptaremos cualquier ley de FAD ni de Cesce. Lo digo porque, no nos llamemos a engaño, si hoy esta ley no se presenta es porque no hay un consenso real y efectivo en el seno del Gobierno, porque hay disparidad de criterios entre los distintos ministerios. La Ley de FAD hace meses, si no años, que circula por los ministerios. Por tanto, nos gustaría que la presentasen ya y a poder ser con los criterios que hemos expuesto en la enmienda que hemos presentado. El problema es que no la presentan y no la presentan -opción a)- porque no les salen los números, porque saben que si hay una buena Ley de FAD y de Cesce quizá los compromisos en AOD no podrán continuar siendo los que han sido hasta el momento o -opción b)- porque la propuesta que traerían es una propuesta que al mundo de las organizaciones no gubernamentales no les resultaría satisfactoria. Dudo mucho que haya una tercera opción y sería que la ley sea tan buena que podamos tirar cohetes y que todo el mundo se dé por satisfecho, pero todo es posible en esta Cámara hasta las cosas más inverosímiles.


Sea como sea, vamos a valorar que hoy la Cámara, a poder ser por unanimidad, apruebe un mandato con la necesidad de que se presente la ley para que la ley, en definitiva, se presente antes del 30 de septiembre.
Voy a acabar para ceñirme al tiempo. Solamente les diré que nosotros esperamos que esta vez el Gobierno cumpla. En materia de deuda nosotros somos de los decepcionados. En la comparecencia de la secretaria de Estado explicaba que el hecho de que el informe sobre la situación de la deuda no se haya presentado aún en esta Cámara hace que las organizaciones no gubernamentales que trabajan en materia de deuda tengan menos datos de los que tenían antes de aprobarse la Ley de deuda. Esto es así hoy. Nosotros somos de los escépticos con el Gobierno en esta materia. Porque una vez aprobada la ley, la interpelación la contestó el ministro de Industria y es toda una declaración de intenciones, si me lo permite, señor Esteban. Es muy relevante que a su interpelación en vez del ministro Moratinos le contestase el ministro Sebastián. Esperamos que esto no signifique nada en cuanto al contenido de la ley y deseamos que esta vez sí, antes del 30 de septiembre, se presente la ley y que este mandato en forma de moción tenga más peso que el acuerdo entre todos que mandaba que el Gobierno presentase las leyes de FAD y de Cesce antes del fin de la legislatura.


Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Calabuig.


El señor CALABUIG RULL: Señora presidenta, señoras y señores diputados, con la contribución de todos los grupos que están representados en esta Cámara, España se ha convertido en el séptimo país del mundo en volumen de ayuda oficial al desarrollo. Además de ello el III Plan director de cooperación española 2009-2012 ha reafirmado el compromiso de nuestro país de alcanzar el 0,7 por ciento de la renta nacional bruta. Estos datos y el reconocimiento internacional a nuestro compromiso dejan en claro el papel de liderazgo de nuestro país en la lucha contra la pobreza. Es evidente que la crisis golpea a todos los países. Pero la realidad, como acaba de explicar el presidente del Gobierno en su visita a Nigeria, es que ahora más que nunca es imprescindible que los Estados donantes mantengan sus compromisos y contribuyan a mitigar los terribles efectos de la crisis internacional en los países pobres. Esto es justamente la que debería ser nuestra principal preocupación y lo que debería mantener unidos nuestros esfuerzos. Precisamente por ello hemos presentado una enmienda a la moción del PNV. Durante años, todos los grupos de la Cámara han trabajo con éxito mejorar y dar solidez a la cooperación española; en esta línea también se aprobó la necesidad de una nueva legislación para el FAD. Pero es evidente que cualquier reforma de una ley tan compleja como esta no es sencilla porque afecta a muchos organismos públicos y también a muchos actores no gubernamentales.


El Gobierno ha reiterado su total compromiso con la elaboración de una nueva normativa. Concretamente la semana pasada el ministro de Industria reconoció que había un retraso, pero también advirtió que las leyes que van a sustituir al FAD se van a presentar aquí en muy breve plazo de tiempo. El Gobierno no ha estado cruzado de brazos. No solo no ha estado cruzado de brazos en ese momento sino que al espíritu inicial que tenía el FAD, es decir la internacionalización de las empresas, se han sumado además acciones de ayuda humanitaria, importantes contribuciones a organismos multilaterales de desarrollo y aportaciones a instituciones financieras internacionales. El peso de los créditos, es decir la ayuda reembolsable en el conjunto de la ayuda oficial al desarrollo, ha pasado de superar el 15 por ciento a ser ahora nada más que el 3 por ciento. Y España ha firmado acuerdos que suponen la condonación de más de 1.600 millones de euros de deuda externa para los países pobres. Quiero decirles que el Plan de condonación de la deuda externa supondrá la condonación de toda la deuda contraída hasta 2004 por los países altamente endeudados. Además de eso, nuestro país está también destinando parte de los cobros procedentes de la deuda externa a la creación de un Fondo para la financiación de programas de desarrollo que incluyen cuestiones como sanidad y educación en el seno del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.


El PSOE y el Grupo Parlamentario Socialista han luchado durante años para impulsar estos cambios y poner la cooperación española en el lugar que le corresponde por nuestra dimensión de acuerdo con nuestros principios. El PNV no sé si destacó esta contribución a los avances en la cuestión de la cooperación. Por todo ello lamentamos profundamente que después de años de consenso y de trabajo, la moción que hoy se nos trae aquí solo pretenda aportar términos que hagan imposible cualquier consenso. Cuando juntos levantamos la mirada para combatir la pobreza y el hambre en el mundo, cuando sumamos esfuerzos para que millones de personas puedan ver una luz que ilumine su futuro, entones se nos presenta una moción con la clara voluntad de dividir a la Cámara para debilitar los esfuerzos que hemos realizado entre todos juntos. (Aplausos.) Señoría, no le quepa la menor duda de que con la iniciativa del Gobierno y con el decidido apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y estoy seguro de que con la contribución de todos, como así ha sido siempre, el FAD será reformado muy pronto. Pese a su perspectiva tacticista, por los planteamientos que tiene -con motivaciones que suponemos pero que lamentamos profundamente-, quiero reiterar que seguiremos a la vanguardia del compromiso en la lucha contra la pobreza y el hambre en el mundo, que es justamente lo que debería unirnos a todos y no, desde luego, buscar las cosas que nos dividen en un tema tan fundamental como este.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Calabuig.


En el turno de fijación de posiciones en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, tomo la palabra para posicionarme a favor de la moción que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y para explicar no solamente mi voto favorable sino por qué considero que es oportuno apoyar esta moción, que en modo alguno tiene por qué dividir a la Cámara. Lo de la división de la Cámara será producto de decisiones que autónomamente tomaremos cada uno de nosotros a la hora de emitir nuestro voto.


Merecería la pena empezar por acercarnos a lo que son verdaderamente los fondos de Ayuda al Desarrollo, para evaluar de qué estamos hablando, más allá de la necesidad de que el Gobierno remita la ley la que está obligado en cumplimiento de esa legislación que aquí ya se ha citado. No está de más recordar que los fondos de Ayuda al Desarrollo se pusieron en marcha -el conocido FAD- en el año 1976, y que, naturalmente,

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el objetivo y naturaleza de esos fondos entonces respondía a una época muy distinta de la actual. Se decía entones, cuando se crearon por ley, que el doble objetivo era fomentar las exportaciones y ayuda a los países en vías de desarrollo -exportaciones y subdesarrollo-, pero por supuesto, señorías, el objetivo real era el primero: fomentar las exportaciones, pues en aquel año, 1976, España todavía era prestataria del Banco Mundial. Merece la pena que lo recordemos todos para saber de lo que estamos hablando. El FAD ha ido cambiado mucho, lógicamente, en estos años por decisiones internas y también por compromisos internacionales de España, nuestro país. Su entidad ahora es muy escasa dentro de la cifra total de ayuda al desarrollo, como sabe muy bien el diputado del Grupo Parlamentario Socialista que acaba de intervenir. El FAD tiene dos apartados: el multilateral, aportes al Banco Mundial y otros bancos regionales según compromisos, y el bilateral, que supone escasamente en este momentos 200 millones de euros al año, una mínima proporción de lo que España aporta en ayuda al desarrollo, como sabe también muy bien el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que alcanza los 3.500 millones de euros. Estamos hablando de una cifra de ayuda al desarrollo muy menor, de una cuantía muy menor de lo que aporta nuestro país para ayuda el desarrollo. Eso en vez de ser un motivo para no modificar la ley y los fondos, es un motivo, a mi juicio, para adaptar esos fondos al tiempo presente. Adaptarlos, porque no tiene nada que ver el momento en el que se crearon, la situación de España entonces y la situación de nuestras empresas también. A mi juicio, esto es de lo que habría que hablar y esto es lo que nos tiene que plantear el Gobierno en la nueva ley. Tampoco estoy de acuerdo con cualquier ley que regule los fondos de ayuda al desarrollo pues tengo una posición al respecto y no me vale cualquiera. Lo fundamental es que se adapten a la situación real y, desde luego, lo que propondría -y lo que propongo y defenderé en su momento- es que se reforme este esquema obsoleto y que haya dos fondos completamente separados y diferentes. Uno para ayuda al desarrollo, que todos sepamos para lo que es, en parte o totalmente de donaciones, y otro para fomentar las grandes exportaciones españolas, que es un tema comercial y que tiene que ir a mi juicio separado.


Ya es hora de que el Gobierno nos traiga una ley para que podamos debatir sobre el contenido y no sobre el abstracto y que nadie se manifieste más puro que el otro para debatir sobre un abstracto, porque estamos hablando en abstracto ya que no tenemos un texto legal sobre cuyo contenido poder debatir en la Cámara. Y ese es un déficit del Gobierno. ¡Qué le vamos a hacer! Es la verdad. El ministro Sebastián va a la Comisión de Cooperación y dice que ya están en ello y el ministro Moratinos va a la Comisión de Exteriores y dice que ya están en ello, pero nosotros no estamos en ello. La Cámara debiera poder estar en ello. Por eso, la moción que hoy trae el Partido Nacionalista Vasco a esta Cámara es extraordinariamente oportuna. A ver si le ponemos las pilas al Gobierno en esta materia en la que parece que podríamos ponernos de acuerdo sobre el fondo. Vamos a ver si tenemos la oportunidad, los diputados y diputadas que aquí estamos, de ponernos de acuerdo sobre el fondo y si para eso ayuda la moción que hoy ha defendido el Grupo Nacionalista Vasco, mejor que mejor. No tiene por qué tener ninguna otra interpretación -no tengo yo, por supuesto, ustedes me perdonarán señores diputados del PNV, que defender la voluntad o la intencionalidad de nadie- y en todo caso a mí me parece que este es un debate oportuno y necesario, porque sí que hay un déficit: aquí no ha llegado un proyecto de ley del Gobierno sobre esta materia que tiene obligación de mandarnos desde hace bastante tiempo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Hay que agradecer al señor Esteban tanto la interpelación de hace unos días como la moción que ahora estamos debatiendo y que votaremos dentro de un rato porque permite al Pleno de la Cámara entrar en una discusión que no deja de ser sorprendente. El señor Esteban, el señor Herrera y la señora Díez lo han tratado con mucha claridad. En la pasada legislatura aprobamos una ley que regula la deuda externa que incorporaba un mandato expreso al Gobierno de regulación y reforma de aquello que generaba la deuda externa. Fue un debate intenso, lo recordarán los señores Madina, Herrera, Esteban y el señor Robles del Grupo Popular. Todos entendíamos que esa nueva Ley de la deuda externa sin esa reforma del FAD y del Cesce no resolvía la cuestión de fondo que era el problema de endeudamiento de los países pobres. Terminamos aquella legislatura sin esa ley aprobada y hemos tenido en un largo año de esta legislatura compromisos de la secretaria de Estado Pajín, de la secretaria de Estado Soraya Rodríguez, de los ministros Moratinos y Sebastián, pero lo cierto es que la ley no llega y, por tanto, es oportuno que el PNV haya traído a la Cámara esta discusión. De todas esas discusiones, incluso de la intervención del portavoz socialista hace unos momentos o de la respuesta del ministro Sebastián al señor Esteban hace unos días, lo que no podemos saber es lo que explica y justifica ese retraso. La sensación que nos queda a los grupos de la Cámara es que existe algún problema que el Gobierno no puede resolver en relación con el cumplimiento de esa obligación legal. Quizás un debate más transparente hubiese sido aquel en el que el Gobierno nos hubiese hecho compartir a los grupos el porqué de ese retraso. Creo recordar que fue la señora Pajín quien en su última intervención en la Comisión de Cooperación para el Desarrollo afirmó: Dejo a la nueva secretaria de Estado el

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texto preparado del proyecto de ley. Y han pasado ya unos cuantos meses.
Quizá si el Gobierno y el Grupo Socialista hubiesen compartido esos problemas, el conjunto de los grupos podríamos haberlo entendido, pero eso no se ha producido. Insisto, en el debate con el ministro Sebastián tampoco se aclaró. Quizá hay algún problema técnico con los dos proyectos de ley que parece que van a constituir esa reforma del FAD pues se habla de un problema técnico en el proyecto de ley. Quizás sea eso lo consecuente, porque si no los grupos vamos a votar convencidos de que el Gobierno necesita en este debate la reprobación política de la moción del PNV y que lógicamente incomoda al Grupo Socialista, pero en términos del debate producido en este último año seguramente esa moción del PNV era necesaria.


Convergència i Unió pactó una moción en el reciente debate del estado de la Nación con el Grupo Socialista, creo que la pactamos muy bien con el señor Calabuig, en la que mandatábamos que el Gobierno trajese ese proyecto de ley en el periodo de sesiones que acabamos esta semana. Lo pactamos hace tres o cuatro semanas. Mi grupo podría tener la sensación de que hay alguna cosa rara, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) acuerdan una resolución en el debate del estado de la Nación que no se cumple al cabo de muy pocas semanas. Efectivamente, había que hacer constatar ese incumplimiento y había que reclamar al Gobierno que trajese ese proyecto de ley.


Estoy de acuerdo con la parte final de la intervención de la señora Díaz porque el debate sustancial es el debate de fondo sobre el papel que el crédito tiene en nuestra política de desarrollo; el papel del apoyo a la internacionalización de la economía en países en vías de desarrollo; el papel que la ayuda legada debe tener o no tener en el marco de las recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo; el debate sobre la responsabilidad social de las empresas, que planteaba el señor Jáuregui hace unos minutos en relación con las empresas españolas que se beneficien de algún tipo de ayuda a la internacionalización; el debate sobre la transparencia en la concesión de esos créditos, en los impactos de esos créditos o el debate sobre la eficacia que han tenido los créditos desde el año 1976 en los objetivos del desarrollo. Esos son los debates de fondo, debates que la Cámara desea discutir.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Campuzano, por favor tiene que acabar.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Señorías, mi grupo desearía que el Grupo Parlamentario Socialista aceptase esa reprobación que la Cámara le plantea, no desde la convicción de que eso rompe ningún consenso, sino de que efectivamente hay un problema, que el Gobierno no ha cumplido con la Ley de la deuda externa y que la Cámara le reclama que cumpla con ella.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Ignacio Uriarte.


El señor URIARTE AYALA: Muchas gracias, presidente.


Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Popular también valora y aprecia esta moción presentada por el Grupo Vasco porque no es un capricho, es una reivindicación constante que se ha hecho en el seno de la Comisión de Cooperación. Lo valoramos porque hoy queda en evidencia, teniendo que tratar este tema en la Cámara, el incumplimiento constante del Gobierno socialista de ciertas promesas electorales que quizás no abran un telediario, no llenen hojas de un periódico, pero que, desde luego, afectan a la grandeza política y a dos pilares fundamentales del ejercicio de la actividad pública como son el cumplimiento de la ley y, por supuesto, el trabajo por las personas y colectivos más desfavorecidos.


El señor Calabuig hablaba en su intervención y apelaba a que hoy el señor Esteban rompía el consenso, y no es cierto. Ese consenso que tanto se aprecia en la Comisión de Cooperación no tiene dueños, es un consenso que se ha forjado por el respeto y por la buena intención de todas las fuerzas políticas. Hoy damos un paso más en la búsqueda de un consenso real, un consenso que desde luego busca una política de cooperación de calidad y coherente con los fines últimos que quiere este Parlamento.
Señor Calabuig, yo le animo a que no apele a esta división, sino todo lo contrario, que su grupo hoy se pueda sumar también frente a una mala práctica que ha tenido el Gobierno de España que, desde luego, es el responsable de que a día de hoy sigamos sin tener estas reformas en la Cámara.


Este no es un tema cualquiera, afecta a la credibilidad de la cooperación internacional de nuestro país y, por tanto, también a millones de personas dependientes de nuestra ayuda oficial al desarrollo. Debería explicarse en esta moción, igual que nos piden los agentes de la cooperación en distintas reuniones que tenemos todos los grupos parlamentarios, quién es el único responsable, quién es realmente el que ha sido tan incompetente como para que estemos debatiendo cinco años después esta moción en la Cámara. La reforma de los créditos FAD es una de las promesas estrella del Gobierno socialista desde comienzos de la legislatura pasada. Como ya se ha dicho aquí esta tarde, han sido varios, el ministro Moratinos y también la señora Pajín, los que han ido apelando en distintos momentos, desde junio de 2004, a esta reforma, poniendo distintas fechas y pidiendo más comprensión a las fuerzas políticas para su presentación en la Cámara, y creo que ha llegado ya el momento de pegarle este simbólico tirón de orejas al Gobierno respecto

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a estos créditos. Hace tan solo un año la señora Pajín afirmaba en la Comisión, hablando de los retos importantes que daban en materia de cooperación, que el primero de ellos es la reforma de los FAD, a la que estamos obligados, tanto por convencimiento propio desde el primer día, como por imperativo legal. Yo entiendo, señor Calabuig, que puedan faltar a sus convicciones políticas, como viene siendo costumbre, pero que no cumplan un imperativo legal me parece aún más grave. Han sido muchas las comparecencias, tanto de la secretaria de Estado como del ministro, donde venían apelando a más paciencia en los grupos parlamentarios, y ya no se atrevían en las últimas fechas a poner un plazo fijo porque se limitaban a decir que era un tema complejo, que se estaba trabajando en ello y que se presentaría lo antes posible. Usted mismo ha dicho hoy aquí que se presentará lo antes posible. Por tanto, nos vuelve a decir que no sabremos realmente cuando podremos presentar esta reforma en la Cámara.
Después de cinco años con este mismo discurso creo que han perdido la credibilidad en este tema. La reforma de los FAD es una incógnita, ni siquiera en el recién aprobado tercer Plan director de cooperación española se puede fijar una fecha y ustedes han sido, señores socialistas, los que ya en la última legislatura del Partido Popular utilizaban esta reforma de los créditos FAD como principal argumento para hacer oposición a la política de cooperación del Gobierno del Partido Popular. Por eso creo que es bueno, que es sano democráticamente y que va a ayudar también al Gobierno de España el que hoy se pueda aprobar lo que resulta inexplicable después de cinco años, que es la ausencia de esta reforma. Iniciativa que fue aprobada también por todas las fuerzas políticas en el Pacto de Estado contra la pobreza y firmada por todos, señor Calabuig, en esa voluntad de seguir con el consenso. El Partido Popular y el portavoz de Cooperación, don Gonzalo Robles, seguirán trabajando por ese consenso. Queremos seguir apostando por una política de cooperación coherente y de calidad, además de la cantidad a la que usted ha hecho referencia. Pero no vamos a ser cómplices de estas mentiras, de estos retrasos, por el bien de los agentes de la cooperación, por el bien de las personas receptoras de la ayuda y del prestigio de la ayuda española. Por eso, vamos a votar a favor de la moción presentada por el Grupo Vasco porque tiene que reflejarse en el acta, señor Calabuig, que el único responsable de este retraso es el Gobierno de España.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Uriarte.


Pregunto al señor Esteban, si tiene intención de aceptar alguna enmienda para su votación. (Pausa.) Es decir, se votará en los términos de la moción tal y como ha sido presentada.


Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL EN EL NUEVO MARCO PRESUPUESTARIO PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN DE CRISIS, GENERANDO EMPLEO DE CALIDAD Y MEJORANDO LA COBERTURA SOCIAL. (Número de expediente 173/000081.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre reorientación de la política fiscal en el nuevo marco presupuestario para hacer frente a la situación de crisis, generando empleo de calidad y mejorando la cobertura social. Para su defensa tiene la palabra don Joan Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Señores diputados, señoras diputadas, les confieso que teníamos una intención con esta moción: reorientar la política fiscal. Y es que, como ustedes saben, España se destaca por ser uno de los países de la Unión Europea con menos presión fiscal. Estamos ya al 32,8 por ciento de presión fiscal. Diríamos que nos podríamos equiparar con países como las repúblicas bálticas y, en cambio, estamos muy lejos de aquellos países que tienen una política fiscal que les permite tener los recursos para hacer políticas sociales, políticas públicas y políticas anticíclicas. El objetivo era conseguir que lo peor del Gobierno de Zapatero, que ha sido su política fiscal, se reorientase. Y digo lo peor porque en los últimos años hemos asistido a una reducción de la presión fiscal, pero una reducción de la presión fiscal de una forma muy poco redistributiva.
Funcas anunciaba y explicaba que en los últimos años con la reforma del IRPF se ha perdido progresividad y, sobre todo, redistribución. En los últimos años se ha suprimido el impuesto de patrimonio, afectando sobre todo a patrimonios superiores al millón de euros. ¿Qué hubiésemos dicho si lo hubiese hecho el Partido Popular? Se han aprobado políticas de cheques de 400 euros, que se le da a todo el mundo por igual. Poco equitativo, poco redistributivo y muy poco eficiente en términos económicos. Se han dado aportaciones que ayudan a aquellos que tienen un hijo, pero se les da a todos por igual, independientemente de la renta.
Era esto lo que nosotros pretendíamos cambiar, porque entendíamos y entendemos que en un escenario de crisis, quien más tiene más paga, que nos tenemos que equiparar a aquellos países que suben la fiscalidad a las rentas más altas, porque entendíamos, en definitiva, que teníamos que avanzar hacia medidas de equidad y de justicia y que era fundamental la política de redistribución fiscal. ¿Qué planteábamos? La eliminación del cheque de los 400, la progresividad en el cheque bebé, que hubiese un nuevo tramo marginal en el IRPF para

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las rentas más altas, que hubiese un nuevo impuesto de patrimonio sobre los patrimonios superiores al millón de euros, que hubiese una lucha efectiva y no genérica, no retórica, contra los paraísos fiscales, no permitiendo que se aprueben reales decretos que dan rienda suelta a su funcionamiento, que hubiese una fiscalidad ambiental concreta, que, además, se aumentase el techo financiero de las comunidades autónomas o que en España no pasásemos por ser el país de la Unión Europea, junto con Holanda, en el que los futbolistas de élite pagan menos impuestos. Eso era lo que pretendíamos. De hecho, hasta hace apenas seis horas, habíamos conseguido un acuerdo, un acuerdo que no significaba todo lo que nosotros habíamos planteado, no conseguíamos lo que decía el programa socialista de 2004: equiparación de rentas de capital con las de trabajo, pero sí conseguíamos elementos claramente positivos como, por ejemplo, que se avanzase para modificar las deducciones del IRPF y elementos de redistribución como, por ejemplo, los 400 euros. Avanzábamos introduciendo elementos de progresividad en el cheque de los 2.500. Se proponían fórmulas para modificar el gravamen en la imposición directa de aquellos contribuyentes con mayores rentas y con más patrimonio. Se reformaba la conocida como Ley Beckham, se impulsaba la fiscalidad ambiental con lo que era un giro hacia una política fiscal mínimamente progresista. Nosotros lo pensamos con muchos argumentos. Lo peor del Gobierno Zapatero, su política fiscal. Me sorprende cuando a veces se aplaude que seamos el país con menos presión fiscal de toda Europa o se aplaude desde la tribuna socialista una política fiscal que es impropia de un Gobierno que se reclama progresista y que es propia de gobiernos liberales, conservadores, pero no de mayorías que se declaran de izquierdas. Entendíamos que hoy podíamos empezar a hacer un giro, pero finalmente nos dicen que no van a poder aceptar esa enmienda transaccionada y pactada con el Grupo Parlamentario Socialista y tenemos que preguntarnos los porqués. Nosotros en todo momento dijimos que una moción de estas características nos podía permitir mover nuestro voto en el techo de gasto del no a la abstención, y así lo dijimos siempre.
Porque nadie podía pedir a nuestro grupo, a un grupo con el que no se aprueban la mayoría de leyes, ni lo que se aprueba en comisiones, a un grupo que le chirría que se apruebe la Ley del desahucio exprés en un contexto de crisis, a un grupo que se opone a determinadas medidas, especialmente las económicas, y voten en el terreno, no de la izquierda sino del centro derecha, no se nos podía pedir a nosotros que pasásemos del no al sí. Y no se le podía pedir a un grupo, además catalán, cuando la financiación no está resuelta. Ustedes lo sabían y así lo trasladamos.
Pero, pese a ello, llegamos a un acuerdo. Finalmente, la enmienda socialista no va a poder ser votada y, por tanto, se va a votar esta moción que, sin lugar a dudas, se va a rechazar, porque esta es la realidad. Nosotros no hacemos políticas que pueda pactar el PP ni que pueda votar Convergència i Unió. Otros, a veces, sí. Nosotros no.
Finalmente, nosotros en coherencia someteremos a votación esta moción.
Pero me gustaría que se nos explicase por qué se retira. Es cierto, ha habido un giro en la política fiscal durante seis horas. Claramente insuficiente. Nos tenemos que preguntar por qué ha durado solo seis horas. Quizá porque no iba de verdad; quizá por presiones. No lo sé. En cualquier caso, nosotros siempre hemos dicho lo que íbamos a hacer. Lo que demuestra, en cualquier caso, es que hoy no hay rumbo en la política fiscal ni en cómo afrontar la crisis. De hecho, lo que va a pasar aquí se parece poderosamente a esa resolución pactada en el debate del estado de la Nación -en este caso con Convergència i Unió- sobre la reforma laboral en un sentido radicalmente opuesto a lo que nosotros pensamos. Se parece poderosamente a esa experiencia, no al contenido pero sí a lo que pasó, cosa que demuestra que no hay rumbo, que no se sabe cómo afrontar la crisis. Nosotros tomamos nota -como no puede ser de otra manera- y pedimos que haya rumbo, que se decidan si quieren dar respuestas progresistas y de izquierdas ante la crisis o dar respuestas convencionales y liberales que se homologan, precisamente, a los partidos conservadores europeos. Que se decidan. Si la política fiscal es continuista la decisión será clara, porque sin una política fiscal progresista no son posibles soluciones progresistas y de izquierdas, porque en un contexto de crisis a quien hay que exigir más es a quien más tiene. Sí, así lo entendemos gente de izquierdas; alguna gente de izquierdas. Por eso les pedimos y les instamos a que se decidan.


Acabo ya, señor presidente, diciendo que no vamos a cejar en el empeño.
No, vamos a continuar insistiendo. No es justo ni es equitativo el cheque de los 400 euros; no es justo ni es equitativo que se bajen los impuestos a las rentas más altas; no es justo ni equitativo que se elimine el impuesto de patrimonio a quien tiene un patrimonio superior al millón de euros.


El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, debe acabar ya.


El señor HERRERA TORRES: Por eso no vamos a cejar en el empeño y vamos a insistir en lo que hemos planteado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Tiene la palabra el señor Jorquera para defender su posición y dar por defendida la enmienda de la señora Díez.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Como muy bien ha aclarado el presidente doy por defendida la enmienda presentada por doña Rosa Díez.


Señorías, quiero recordarles que en el último debate de política general celebrado en esta Cámara el pasado mes de mayo el Congreso de los Diputados votaba favorablemente una propuesta de resolución presentada por

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el Bloque Nacionalista Galego en la que, en su primer punto, se instaba al Gobierno a reformar el sistema tributario de manera que se incremente su carácter progresivo y se garantice una recaudación suficiente. No solo el Bloque Nacionalista Galego presentó esta propuesta de resolución sino que esta reflexión estuvo presente en todos los debates sobre la situación económica habidos a lo largo de esta legislatura. Estuvo presente porque desde nuestro punto de vista hay dos estrategias posibles para hacer frente a la situación de crisis económica. Una estrategia consiste en preconizar que tiene que haber una extraordinaria contención del gasto público, que por lo tanto el Estado no tiene que incurrir en déficit, que hay que proceder a rebajas generalizadas de impuestos para de esta manera favorecer el ahorro de las familias y que el mercado por sí mismo se reactive, o bien otra estrategia que consiste en comprender que estamos ante una crisis económica cualitativamente distinta a todas las precedentes, que no estamos simplemente ante un cambio de ciclo económico y que es fundamental para luchar contra esta crisis económica movilizar una ingente cantidad de recursos públicos para reactivar la economía, para modificar el patrón de crecimiento y para asegurar la protección social a los sectores más castigados por la crisis. El BNG desde luego apuesta por esta estrategia, estrategia que están practicando incluso gobiernos conservadores de muchos Estados europeos. Y esto tiene mucho que ver, señorías, con el debate sobre el límite de gasto para el próximo ejercicio presupuestario. El proyecto que va a presentar el Gobierno a la Cámara contempla un gasto inferior a la estimación de gasto consolidado a fin del presente ejercicio. No tiene por qué ser así y no tiene por qué ser así, además, sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas agrandando el déficit, para eso el sistema fiscal puede ser también un sistema para la captación de recursos. Por lo tanto, entendemos que es un debate pertinente y necesario.


El presidente del Gobierno se ha referido en varias ocasiones a la menor presión fiscal existente en el Estado con respecto a otros Estados de nuestro entorno como un elemento positivo del sistema impositivo español, sin embargo, desde el BNG no compartimos esta consideración. Consideramos que es precisamente el bajo nivel de presión fiscal y su reparto injusto lo que determina el bajo desarrollo del sistema del bienestar en el Estado español. Si el Estado no dispone de ingresos suficientes no puede proveer y garantizar a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad ni desarrollar políticas sociales realmente ambiciosas. Además, el sistema tributario español se caracteriza por un reparto injusto y desigual de la carga tributaria, el peso contributivo recae sobre los impuestos indirectos al consumo, como es el caso de los impuestos sobre el tabaco y los hidrocarburos que se proponen incrementar, y recae además sobre las rentas del trabajo, y esto en una situación donde año tras año el peso de las rentas del trabajo sobre el producto interior bruto se está reduciendo a diferencia de lo que ocurre con las rentas del capital.
Prácticamente en todos los países de la Unión Europea con mayor renta per cápita que la española existe también una mayor presión fiscal. Existe, por lo tanto, señorías, una correlación positiva entre presión fiscal y nivel de desarrollo económico. Pero no solo se trata de desarrollo económico. Una mayor presión fiscal y un reparto más justo de la misma permiten a las administraciones disponer de mayores recursos para impulsar políticas de cohesión social y de redistribución de la renta.
También en este caso existe una correlación positiva entre presión fiscal y cohesión e igualdad social. Los tres países europeos con mayor presión fiscal ocupan también las primeras posiciones en las distintas estadísticas que miden el grado de igualdad social realmente existente en un Estado.


Por todas estas razones, señorías, el BNG apoya esta moción en todos y cada uno de sus términos. Felicitamos al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds por esta iniciativa y, desde luego, tomamos nota de las posiciones que están manteniendo los distintos grupos en este debate porque entendemos que son muy clarificadoras de las posiciones que se van a adoptar de cara al futuro debate presupuestario.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Para el turno de fijación de posición, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra don Pedro de Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente. Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario comparte plenamente la idea de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds de la necesidad de una reflexión profunda, de una reforma drástica de la fiscalidad del conjunto del sistema tributario con el fin de que los ingresos que se obtengan se destinen a las prioridades presupuestarias que se decidan. Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds plantea que estas prioridades sean las del ámbito social, las de la política social y a nuestro grupo parlamentario le parece una idea completamente defendible. Es cierto que nos encontramos lejos de la media europea tanto en el área de la política social como en la presión fiscal, por lo tanto existe un margen de maniobra razonable para el debate y para la adopción de medidas. Tampoco entendemos la política fiscal llevada a cabo por el Gobierno socialista a lo largo de los últimos años, como no lo entiende tampoco el grupo proponente de la iniciativa. La bajada de tipos impositivos, la supresión del impuesto sobre el patrimonio, la deducción de los 400 euros o el famoso cheque bebé son medidas difícilmente entendibles en una coyuntura económica como la que nos encontramos y con la caída tan brutal de la recaudación como la que se está produciendo, al menos es difícilmente entendible que se suprima el impuesto sobre el patrimonio y acto seguido se suban los impuestos sobre el tabaco y las gasolinas para compensar

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la caída de la recaudación. El sistema tributario se encuentra de esta forma desnortado y bastante irreconocible. Es urgente y necesario, por tanto, acometer una reforma a fondo de la fiscalidad en la que los escenarios macroeconómicos y el déficit público sean coherentes con los escenarios de ingresos tributarios y con las prioridades del gasto público. En definitiva, tenemos que dar un poco de racionalidad a todo este sistema. Tenemos que decir qué queremos al respecto. Y ello no es solo tarea del Gobierno, sino que han de verse involucrados también la mayoría de los grupos de esta Cámara.


La reforma tributaria no es solo para un día y, por tanto, sería deseable un amplio consenso en esta materia. Por ello, nuestro grupo, que valora muy positivamente la iniciativa, en este caso, del diputado Joan Herrera, considera que este debate y estas medidas deben trasladarse al debate y al documento presupuestario. En este sentido es por lo que globalmente nos vamos a abstener, insisto, compartiendo la idea de que es necesario abordar cambios tributarios, incluida la cláusula Beckham, a la par que profundizar en la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, impulsar la fiscalidad ambiental y permitir a las comunidades autónomas que dispongan de un margen de maniobra más elevado para desarrollar sus políticas. Sin embargo, si se votaran separadamente -y nuestro grupo va a proponer que se voten separadamente los distintos puntos que incluyen la moción-, nos gustaría votar favorablemente a los dos primeros, es decir, a la eliminación de la deducción de los 400 euros y a la introducción de elementos de progresividad en la deducción o prestación de los 2.500 euros por nacimiento o adopción. Creo que estas medidas han sido la muestra más evidente de la improvisación y de la utilización electoral de las medidas por parte del señor Zapatero y sí creemos que requieren una urgente corrección.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, hemos escuchado atentamente al portavoz de Iniciativa per Catalunya, don Joan Herrera, defendiendo su moción. Aunque la consideramos muy respetable, sabe perfectamente que no la compartimos.
Sin presentar ninguna enmienda a su moción, creo sinceramente que hoy hemos evitado una cuestión muy importante desde nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió. Hemos evitado, señorías, señoras y señores diputados, que la voracidad del Estado se cebe fiscalmente en las pequeñas y medianas empresas, se cebe fiscalmente en los trabajadores autónomos, devore fiscalmente a las rentas medias de las familias españolas. En definitiva, hemos abortado, con pocos movimientos, se lo aseguro, señor Herrera, una especie de pacto o de acuerdo parlamentario entre su formación política y el grupo parlamentario socialista que quizás habían tenido la tentación en un momento determinado de incrementar la fiscalidad española de la noche a la mañana, sin un debate previo e importante y sin tener en cuenta probablemente algunos aspectos muy importantes y relevantes de la política fiscal española que, de antaño, o hace pocos meses o la anterior legislatura o a principios de esta legislatura desde Convergència i Unió hemos intentado plantear en una hoja de ruta fiscal muy homologable a la fiscalidad que existe en la Unión Europea. Por tanto, satisfacción por parte de nuestro grupo por haber evitado una propuesta que iba directamente a incrementar la fiscalidad de las rentas medias de todas las familias españolas.


En segundo lugar, quisiera matizar algunas de las afirmaciones que ha hecho el señor Herrera. Para Convergència i Unió política progresista es la que genera confianza, la que genera inversión y la que crea puestos de trabajo. Nosotros siempre hemos entendido que esta confianza y esta política progresista, que difiere fundamentalmente de la que expone el señor Herrera, siempre se ha de plantear a través de una fiscalidad competitiva. Usted no puede pretender que se genere confianza en el tejido productivo español a través de una imposición en los tipos marginales del impuesto sobre la renta de las personas físicas al 50 por ciento. Esto no va a generar ninguna confianza ni ninguna inversión, ni va a propiciar algo que usted y yo queremos y que plantean todas las formaciones políticas, la confianza necesaria para generar puestos de trabajo. Con sus propuestas, lamentablemente, no se va a generar esta confianza, ni con incrementos del impuesto sobre la renta de las personas físicas al 50 por ciento o planteando que en España se vuelva a tributar por el patrimonio o queriendo equiparar las rentas del trabajo y del capital. Quisiera reconocer aquí la valentía que tuvo el Partido Socialista en su momento para diferenciar la tributación de las rentas del capital de las del trabajo. Sinceramente creo que fue muy valiente; probablemente si lo hubiera hecho el Partido Popular habría tenido enfrente muchísima oposición mediática y política y no lo habrían tenido tan fácil como lo tuvo el Partido Socialista. Por lo tanto, no vamos a apoyar las medidas que usted ha propuesto, como usted sabe perfectamente, porque van en la dirección opuesta de lo que plantea Convergència i Unió.
La nuestra sí es una política progresista, entre comillas; es la de dar confianza, la de una fiscalidad competitiva y sobre todo la de generar inversión y capacidad para crear puestos de trabajo.


Finalmente, quisiera esclarecer alguna de las cosas que usted ha dicho. No es verdad que en estos momentos España tenga la fiscalidad más baja de la Unión Europea. ¿Sabe por qué, señor Herrera? Porque en estos momentos España tiene alrededor de un 17 por ciento de la población activa en el paro y todas estas personas no están cotizando a la Seguridad Social, lo que hace que la renta media de la fiscalidad española baje intensamente, básicamente

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por esto, no porque los impuestos estén más bajos que en la media de la Unión Europea porque en algunos casos, señor Herrera, estamos todavía bastante por encima de la media europea.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Popular y para fijar posición tiene la palabra doña Ana Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo hoy para fijar la posición de mi grupo en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la reorientación de la política fiscal del Gobierno.


En primer lugar, el planteamiento que se hace en esta moción no puede ser más opuesto a las políticas fiscales que desde el Partido Popular defendemos, y no solo defendemos sino que practicamos cuando tuvimos la oportunidad de gobernar y que consiguieron generar empleo, riqueza y bienestar. Por tanto, los números y los datos avalan lo acertado de nuestras posiciones. La moción que presentan hoy es coherente -tengo que decírselo al señor Herrera- con sus planteamientos políticos, pero desde nuestro punto de vista absolutamente equivocada porque estamos convencidos de que una subida de impuestos en estos momentos agravaría la crisis, generaría más paro y a la larga más endeudamiento y más déficit público. Están ustedes empeñados -permítame que se lo diga con todo el respeto- en que bajar impuestos supone perder recaudación, y este planteamiento es equivocado. A su vez plantean que perder recaudación supone también perder y recortar gasto social. Lo repiten una y otra vez en sus intervenciones. Y a nuestro juicio este planteamiento es totalmente erróneo y se lo voy a explicar, porque el Partido Popular además lo demostró en sus ocho años de Gobierno, pasando del déficit en las cuentas públicas al superávit, de la destrucción de empleo a la creación de puestos de trabajo, del déficit en la Seguridad Social a crear un fondo de reserva que asegura el futuro de nuestras pensiones, y todo ello lo hicimos precisamente bajando impuestos a los ciudadanos.


Por tanto, tengo que decirle, señor Herrera, que la auténtica política fiscal progresista -y en esto coincido con la exposición del portavoz de Convergència i Unió- es la que practica el Partido Popular, que genera puestos de trabajo, que hace que haya más empleo, más ciudadanos cotizando a la Seguridad Social, más ciudadanos pagando impuestos y, por tanto, más recaudación fiscal y mayor margen para practicar políticas sociales. Por eso, estamos convencidos de que para conseguirlo el camino no es el que ustedes plantean de subida de impuestos que, a la larga, contraerá la actividad económica, disminuyendo la recaudación impositiva.


A esta moción, el Grupo Parlamentario Socialista -con el que al parecer el grupo proponente había llegado a un acuerdo pero parece ser que ha retirado su enmienda- presentó una enmienda en la que, según la portavoz de este grupo, se hacía el planteamiento fiscal del Gobierno. Tenemos que decir que Zapatero ha esperado una vez más a que pasaran las elecciones para tomar medidas. El mismo día 12 de junio, pocos días después de las elecciones, acordó la subida del impuesto del tabaco y los hidrocarburos, y parece, por las declaraciones que hemos escuchado a la señora ministra de Economía y Hacienda, que no van a ser las únicas subidas de impuestos.
Lejos quedaron las declaraciones del presidente del Gobierno en las que aseguraba que bajar impuestos es de izquierdas, porque esta subida de impuestos indirectos, que aprobaremos el próximo jueves mediante la convalidación del Real Decreto- Ley 8/2009, afecta a todo tipo de rentas de forma indiscriminada, por lo que perjudica claramente a los contribuyentes de rentas más bajas. El Gobierno socialista vuelve una y otra vez a las viejas y fracasadas recetas de más y más gasto público, más déficit público y más impuestos para sufragar este déficit. Al final, esto genera menos crecimiento y más paro. En la época de bonanza económica que heredaron ustedes de las políticas fiscales y presupuestarias rigurosas y de control del gasto público del Partido Popular, el presidente del Gobierno se apuntaba a los éxitos de las bajadas impositivas. Ahora, de forma dosificada y más o menos encubierta, disfrazándolo de medida sanitaria para proteger la salud de los españoles en el caso del tabaco, nos proponen una revisión generalizada de las figuras impositivas. Está claro que el Gobierno se ve obligado a efectuar subidas fiscales para poder financiar el despilfarro del dinero de los españoles en medidas que solo eran pura propaganda electoral y ahora pretende que sean todos los españoles los que paguen los platos rotos.
Con la presentación de su enmienda -aunque posteriormente la hayan retirado- ha quedado claro cuáles son sus intenciones. Sin ir más lejos, el próximo jueves vamos a debatir el objetivo de estabilidad presupuestaria fijando el techo de gasto para 2010 en 182.500 millones de euros, lo que supone un incremento del gasto público de, nada más y nada menos, un 15 por ciento. Su penosa gestión de las cuentas públicas nos llevará a cerrar el año 2009 con un déficit cercano al 10 por ciento del PIB y, al final, señores socialistas, serán las rentas medias las que paguen la subida de estos impuestos.


Vivimos una auténtica situación de emergencia económica y social que obliga a promover una combinación de políticas económicas y sociales que favorezcan la recuperación económica. El Partido Popular ha presentado muchas iniciativas en este sentido, todas en la misma dirección, contraria precisamente a lo que propone esta moción. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de esta moción, porque

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somos partidarios de bajar impuestos y porque estamos dispuestos a estudiar todas aquellas medidas que puedan favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo y, desde luego, este no es el camino.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Monserrat Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, señor presidente.


Señor Herrera, su interpelación y la moción subsiguiente, a mi entender, se componen de dos planos diferentes que no se tocan. Uno, formado por la voluntad -compartida plenamente por el Grupo Socialista- de que no sean los débiles y vulnerables los que paguen con la crisis. Por ello, se preocupa por asegurar la continuidad del gasto social y, como consecuencia, su voluntad -y también la nuestra, se lo aseguro- es evitar que un déficit excesivo de los presupuestos pueda poner en peligro el conjunto de esta política social. Pero en su moción hay otro plano distinto, sin relación con el anterior, que es el de las propuestas, propuestas concretas, hasta diez, que usted plantea, algunas pensadas para ser rechazadas directamente por el Grupo Socialista, como cuando propone volver a instaurar el impuesto sobre el patrimonio; otras seguramente ineficientes, y otras muy concretas, demasiado concretas para ser aceptadas sin un análisis previo y sin ponerlas en relación con otras medidas anunciadas también por el Gobierno socialista.


Hay dos planos: el de las intenciones y el de las propuestas. La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista conectaba estos dos planos, porque mi grupo -y la ministra de Economía se lo dijo a usted- no quiere descartar a priori ninguna medida -repito, ninguna- que permita mejorar la situación actual en términos de mayor capacidad de recaudación y mayor equidad del sistema. Le pondré ejemplos a la par que defenderé algunos puntos de la enmienda presentada -no todos, porque no tengo tiempo- que representan el camino que quiere seguir el Grupo Socialista. Desde luego hoy no me voy a referir al cuento de hadas del Grupo Popular, por lo menos no hasta que nos expliquen de una vez qué gastos quieren recortar para hacer realidad su maravillosa historia.


Señor Herrera, usted en su moción habla de eliminar la deducción de los 400 euros; así, sin más, lisa y llanamente. El diputado del Grupo Vasco lo ha apoyado. No voy a entrar en ello, solamente le quiero recordar que esta medida se tomó en un entorno económico que ahora nos parece que fue hace siglos, pero en realidad hace menos de dos años que estábamos en una situación con hipotecas con tipos de interés creciente y con precios mundiales del petróleo y de alimentos básicos -cereales y arroz- en una espiral de aumento que parecía casi imposible de detener. En respuesta a estas circunstancias y no a otras se instrumentó una medida que podía ayudar de manera inmediata, mes a mes, a las familias. La situación cambió de un día para otro y nadie podía vislumbrar lo que vino después.
A su vez, el presidente Zapatero anunció una medida fiscal valiente que fue la de eliminar de forma progresiva la deducción en el IRPF por la compra de vivienda, dirigida a evitar otra burbuja inmobiliaria que tanto paro ha creado. Ambas medidas -lo reconoce usted- tienen impactos cuantitativos altos, porque afectan a muchas personas. En nuestra enmienda le proponíamos progresividad, progresividad conjunta con otras, pero sobre todo del sistema en su conjunto, de equidad del fondo del sistema, no de su forma.


Otro punto. Yo no soy aficionada al fútbol, pero sé que hay un jugador que se llama Ronaldo que lo ha fichado el Real Madrid. Convendrán conmigo, señorías, en que no podemos legislar a golpe de reportaje periodístico.
Queremos atraer excelencia, investigadores de nivel, buenos directivos y queremos tener y retener a los primeros de la clase. Miremos los posibles abusos -eso le decíamos- y actuemos en consecuencia; pero pensémoslo.
También mi grupo cree que hay margen para establecer una fiscalidad ambiental y que este es un camino que hay que recorrer, pero supongo que no se le escapa que no lo podemos hacer solos. Muchas de las competencias en Medio Ambiente son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y hay un marco comunitario. Empecemos, le decíamos.


En resumen, lo que plantea la enmienda del Grupo Socialista es que nos parece que hay que hacer cambios, que hay que hacerlos bien y que hay que hacerlos en un horizonte fiscal que empieza en el año 2010. Entonces, ¿por qué la hemos retirado? Señor Herrera, usted lo ha preguntado y yo se lo voy a responder. Porque hay una conexión entre las intenciones y las propuestas y para que las propuestas funcionen, para que los planos se conecten, tiene que haber cambios y para que haya cambios tiene que haber instrumentos para hacerlos y el instrumento rey -convendrá conmigo- son los Presupuestos Generales del Estado. Ustedes han considerado que es demasiado pronto para ayudarnos. No descartamos que lo hagan más adelante. Cuando lo hagan, allí nos van a encontrar.


Para terminar -si me lo permite, presidente- dos pequeñas precisiones.
Ustedes afirman y se escandalizan por que la presión fiscal haya disminuido. Mire, ha disminuido, en primer lugar, porque rebajamos la presión, no en época de crisis, sino en época de vacas gordas; en segundo lugar, la hemos seguido bajando precisamente para ayudar a las familias y a las empresas a superar esta crisis. Y, sin ir más lejos, la semana pasada, con usted y otros grupos, acordamos otra rebaja del IVA, ¿para mejorar qué? La vivienda de alquiler en este país, que es uno de los cambios estructurales que necesitamos. Y por último -y termino, presidente-, usted afirma en su moción que si tenemos una presión fiscal baja tenemos

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una política social baja. Esto puede ser cierto para periodos largos pero no lo es para nuestra situación coyuntural y no lo es por voluntad de este Gobierno y le aseguro que mientras haya un Gobierno socialista no lo será, con crisis o sin crisis. Este jueves votaremos un aumento de gasto de 19.000 millones de euros, casi todo con cargo a deuda, ¿para hacer qué? Para asegurar el subsidio de paro para todos, para que nadie se quede fuera.El señor PRESIDENTE: Señora Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Termino, presidente.


En dependencia hemos doblado en 2008 los presupuestos de 2007. En 2009 volvemos más que a doblar los de 2008. Mire, señor Herrera...


El señor PRESIDENTE: No, no, señora Colldeforns, es que usted ya ve el contador; debe acabar ya.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Termino.


Nos acusa de no ser la izquierda verdadera. Yo no sé si los socialistas queremos ser los mejores. Lo que sí sé es que los socialistas queremos que toda España sea mejor y en este empeño estoy segura de que nos volveremos a encontrar.


Gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas?

El señor HERRERA TORRES: No, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. La moción número 7 se votará sin enmiendas.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA CRÍTICA SITUACIÓN POR LA QUE ATRAVIESA EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000082)

El señor PRESIDENTE: Examinamos la moción número 8, del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la crítica situación por la que atraviesa el sector turístico español. Para su defensa tiene la palabra el señor Reguera.


El señor REGUERA DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el turismo es económicamente un sector estratégico para España que nadie discute, representa el 11 por ciento del producto interior bruto y ocupa en el conjunto de España a más de 1.500.000 trabajadores de forma directa y a 2.500.000 de forma indirecta. Las empresas españolas en este sector son un referente de calidad, excelencia, modernidad e internacionalización, estando su negocio a la vanguardia internacional, de lo cual nos sentimos enormemente orgullosos. Pero, señorías, el turismo español ha sufrido una disminución de visitantes desde el mes de julio de 2008, sin parar, agudizándose esta disminución en los cinco primeros meses de 2009. Ayer conocíamos los datos hasta mayo de este año: hemos perdido 2.558.000 visitantes, lo que supone un 12 por ciento menos que el año anterior y también se ha registrado un significativo descenso en el gasto turístico, suponiendo en el primer cuatrimestre un 7,3 por ciento menos respecto a 2008. En los últimos seis meses, señorías, se han destruido en el sector turístico unos 110.000 empleos de forma directa y unos 250.000 de forma indirecta, y eso que el sector turístico iba a absorber el sector de la construcción. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor REGUERA DÍAZ: Y en estos últimos seis meses el producto interior bruto turístico ha caído un 9 por ciento y las previsiones son que caerá el doble que la media española.


Señorías, el Partido Popular cree en el sector turístico español y somos conscientes de la situación actual, y para evitar esta dinámica que atraviesa el sector desde julio de 2008 proponemos un plan de choque para cambiar la tendencia actual. Señorías, no es suficiente con que el presidente del Gobierno reciba a los representantes del sector turístico durante cuatro horas, es necesario tomar medidas eficaces y aplicarlas cuanto antes. Y que estas medidas, algunas transitorias, no sean meramente cosméticas sino de calado. Otros países ya han actuado -como Grecia, Turquía o Egipto- eliminando las tasas aeroportuarias y en estos países se ha producido un aumento de visitantes en los primeros meses de este año, cuestión que no se ha producido en España y es que algo han tenido que ver estas medidas en esos países. Proponemos como medida de choque y de forma transitoria reducir al menos el 50 por ciento de las tasas portuarias y aeroportuarias en todos los aeropuertos de España, con objeto de hacer más competitivo el turismo en España. No es suficiente pasar del 15 al 30 por ciento, como nos propone el Partido Socialista, y que esto se produzca solo en los aeropuertos de Canarias, Baleares y Melilla. Observamos cómo compañías aéreas han disminuido frecuencias y líneas aéreas, generando un aumento de precios a los visitantes y por tanto mayor dificultad para viajar a España. Para corregir estas dificultades proponemos un plan estratégico de conectividad aérea nacional e internacional que garantice las comunicaciones en nuestro país. En este plan deben tener un apartado diferenciado las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias, porque a ellas el cien por cien llega por vía aérea y, además, suponen el 33 por ciento del turismo español y en estas comunidades autónomas el

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turismo supone el 30 por ciento del producto interior bruto.


Proponemos también acelerar las actuaciones del Plan 2020 con el incremento de las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente a la situación actual y con ello mejorar la calidad de nuestra oferta y hacer aún más competitivo nuestro sector. Señorías, muchas empresas turísticas están pasando verdaderas dificultades para mantener la plantilla de sus trabajadores y creemos que se deben reducir las cotizaciones a la Seguridad Social con objeto de fomentar el empleo y luchar contra la temporalidad. También es necesario optimizar los recursos de la Administración General del Estado en la promoción en el exterior con el objeto de mejorar los retornos de estas inversiones, así como aumentar significativamente las partidas de promoción de España en el extranjero. Hemos intentado por todos los medios llegar a una transaccional -sería un buen mensaje para el sector turístico- pero ha sido imposible, fundamentalmente porque consideramos que las medidas tienen que ser de calado y tienen que ser de fondo y no meramente cosméticas, como cuando planteaban la disminución solo del 30 por ciento de las tasas. Por ello, pedimos que la votación de los cinco puntos se haga separadamente. Espero contar con el apoyo de los diferentes grupos porque sería, sin lugar a dudas, un buen mensaje para el sector turístico español que tan necesitado está en estos momentos.


Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Reguera.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de las enmiendas presentadas han pedido la palabra la señora Díez y el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señor presidente, utilizaremos el turno de fijación de posición y damos por defendidas las enmiendas de la señora Díez.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, compartimos, como no podía ser de otra manera, la preocupación del Grupo Parlamentario Popular por la situación del sector turístico. La vinculación que hace en la exposición de motivos de la crisis con la crisis turística y la necesidad de medidas de choque la compartimos plenamente. Las medidas concretas no del todo y por eso hemos presentado unas enmiendas que pasaré a defender. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) La medida primera, que propone la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social con el objeto de fomentar el empleo y luchar contra la temporalidad, no nos parece una buena medida -como tampoco, por lo que vemos en las enmiendas, se lo parece a otros grupos-; por tanto, no coincidimos con este apartado primero.


Una cuestión más global es que cuando el Grupo Parlamentario Popular presenta sus medidas lo hace con una visión -lo dice claramente en la exposición de motivos- de Estado, de carácter estratégico, lo que pasa es que la explicación o la visión de Estado de carácter estratégico hay que verla reflejada sobre el papel y, probablemente, no tenemos la misma visión estratégica de Estado en el caso del turismo. Por eso, hemos presentado tres enmiendas. En el punto número 2, cuando el Partido Popular pide la aceleración de las actuaciones del Plan Turismo Horizonte 2020, nosotros estamos de acuerdo pero añadimos, con una visión probablemente distinta de la suya: Estos fondos se implementarán de forma territorializada de acuerdo con los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. Es evidente que el peso específico del turismo en algunas comunidades autónomas las hace acreedoras -creemos- de una territorialización de los fondos que se destinen. Lo mismo o parecido ocurre con el apartado 3. Cuando se habla de optimizar los recursos de la promoción en el exterior, estamos absolutamente de acuerdo, es una de las claves de las medidas de choque, pero nosotros le añadimos: a partir de las marcas territoriales correspondientes. No es un secreto para nadie que la marca Cataluña, como destino turístico integral, se está promocionando desde Cataluña y, por tanto, queremos una concreción de esa visión estratégica. Lo mismo decimos en el punto número 5 cuando el Partido Popular propone aprobar un plan estratégico de conectividad aéreo nacional e internacional que garantice las comunicaciones en nuestro país. Tampoco se le esconde a nadie la preocupación de muchos grupos de Cataluña precisamente por las oportunidades aeroportuarias, que generan determinadas polémicas que recoge precisamente una de las enmiendas de Convergència i Unió que nos parece muy bien planteada respecto a la desclasificación de algunos aeropuertos y la participación determinante de instituciones privadas y del Gobierno de Cataluña en la gestión del de Barcelona. Proponíamos, por tanto, una enmienda general que podría ser perfectamente aceptada si hay voluntad de acuerdo. En el punto número 4, la reducción del 50 por ciento de las tasas portuarias y aeroportuarias, en principio estamos de acuerdo con el planteamiento pero, por coherencia con lo que estamos defendiendo desde mi grupo en el Senado y precisamente en momentos como los actuales, creemos que el mensaje a la ciudadanía de incoherencia no es correcto y, por tanto, nos parece mucho mejor lo que se está acordando en el Senado que es la reducción del 30 por ciento.


Por consiguiente, como se ha anunciado ya por parte del portavoz popular que se votará separadamente, en

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función de nuestras enmiendas votaremos los diferentes puntos de la moción del Partido Popular.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, a nuestro grupo parlamentario le preocupa y le ocupa el sector turístico. Por ello, hemos presentado y defendido diversas iniciativas orientadas a dar instrumentos al sector que le permitan superar la situación por la que atraviesa por efecto de la crisis y avanzar en la necesaria transformación hacia más competitividad y más calidad. Nos ocupa y preocupa el sector turístico fundamentalmente por dos razones: por el peso que este sector ha tenido, tiene y tendrá en términos de PIB, con todo lo que ello conlleva en crecimiento y ocupación y, en segundo lugar, por el impacto de la crisis, un impacto que está representando caídas superiores al 10 por ciento en la llegada de turistas extranjeros y que se traduce en muchas ocasiones en el cese de actividad y la consecuente pérdida de ocupación y en otras en problemas y dificultades de subsistencia y viabilidad para muchas empresas, problemas y dificultades comunes a otros sectores para quienes las medidas económicas y fiscales orientadas a dotar de mayor capacidad financiera a las empresas, especialmente las pymes, muy presentes en el sector turístico, y las orientadas a facilitar el crédito son hoy determinantes de la viabilidad empresarial y del empleo.


Pero, más allá de las políticas comunes, el sector requiere de medidas específicas, tanto en el corto como en el largo plazo, porque también aquí señorías, como en el conjunto de la economía, la excepcionalidad de la crisis obliga a actuar en paralelo en el corto, medio y largo plazo.
Para el sector turístico el corto plazo representa medidas que permitan frenar la caída del sector, frenar el cese de la actividad económica y la pérdida de ocupación. En el medio y largo plazo hay que continuar actuando de manera decidida; lo venimos reclamando insistentemente.
Debemos hacer nuestro sector más competitivo, más diversificado en la oferta, con un valor cualitativo diferencial, y ello requiere continuar impulsando medidas específicas orientadas a tal fin, invertir en infraestructuras, en la I+D del sector, en su internacionalización y en formación, de ello dependerá la competitividad, la productividad, la modernización y la capacidad del sector para adaptarse a los nuevos entornos económicos, a los nuevos comportamientos sociales y a las nuevas competencias. En todo ello el Plan Turismo Horizonte 2020 ha de ser un instrumento que hemos de activar de manera decidida.


Respecto a este marco, en términos de la moción defendida por el Grupo Parlamentario Popular, nuestro grupo ha presentado una enmienda que pretendía tres objetivos fundamentales: en primer lugar, intentar homogeneizar dos propuestas diferenciadas presentadas por el Partido Popular, una en el Congreso y otra en el Senado; propuestas que, a nuestro entender, recogían contenidos distintos. En segundo lugar, incorporar en el debate la especificidad de Cataluña y las competencias en la materia. Como SS.SS. entenderán, Cataluña nos ocupa y preocupa; nos preocupa la caída del turismo en un sector fundamental en términos de aportación al PIB; nos preocupan nuestras infraestructuras y que estas sean eficientes y que, tal como está establecido por el Estatuto de Cataluña, sean gestionadas por la Generalitat. En este sentido, hemos presentado la enmienda correspondiente. Insistimos en impulsar, de acuerdo con el Estatuto de Cataluña, el establecimiento de una fórmula de participación de la Generalitat en los órganos de administración de los Paradores de Turismo. También este aspecto está recogido en nuestra enmienda. En tercer lugar, nuestra enmienda recogía también los aspectos que para nuestro grupo son más relevantes en términos de estímulo a la actividad, mantenimiento de los puestos de trabajo y mejora de la competitividad del sector.


En relación con uno de los aspectos planteados en la moción del Grupo Parlamentario Popular, quisiera hacer una breve referencia, pues determinará nuestra abstención en este punto concreto. Me refiero a las tasas portuarias y aeroportuarias en las que el Grupo Parlamentario Popular solicita una reducción de al menos el 50 por ciento. Nuestro grupo parlamentario entiende que podría ser más oportuna una reducción de esta medida durante seis meses, reactivando posteriormente el 30 por ciento. En este aspecto, y con estas consideraciones, mantendremos nuestra abstención en este punto concreto.


Respecto a la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, entendemos que es un debate que está en la mesa de diálogo y que debe y puede ser un instrumento efectivo de cara al mantenimiento de los puestos de trabajo en este sector. Por todo ello, nosotros hemos decidido retirar nuestra enmienda y votar favorablemente la moción del Grupo Parlamentario Popular, excepto en el apartado de las tasas portuarias y aeroportuarias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Riera, por favor, tiene que acabar.


La señora RIERA I RENÉ: Termino, señora presidenta. Como decía, en este apartado nuestro grupo se abstendrá porque considera que son medidas que para el conjunto del sector en el Estado español pueden impulsar la dinamización y la modernización y que pueden también frenar las caídas actuales del sector, que penalizan especialmente el empleo, algo prioritario para nuestro grupo parlamentario.


Muchísimas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Riera.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Muñoz Resta.


La señora MUÑOZ RESTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Popular trae a esta Cámara una moción consecuencia de interpelación a la que mi grupo ha presentado una enmienda de sustitución, porque creemos que en la situación en la que nos encontramos y con el sector del que hablamos no podemos quedarnos en unos mínimos.


Con el objetivo de recuperar los mercados internacionales, hemos presentado una enmienda para favorecer y reforzar las actuaciones y medidas previstas en el Plan de Turismo Horizonte 2020 que contribuyan a la mejor y más rápida recuperación de los mercados internacionales. Por cierto, la semana pasada la señora Salom, que fue quien interpeló al ministro, pidió un gran pacto de Estado. Señores del PP, señor Reguera, ¿me dirán ustedes que esto no es un pacto de estado? ¿Serán capaces de afirmar que el Plan Turismo Horizonte 2020 no es un plan consensuado por todos los agentes turísticos y avalado por el Consejo Español del Turismo? Señor Reguera, ¿le suenan la Cámara de Comercio, la Conferencia Española de Organizaciones Empresariales, los sindicatos, las comunidades autónomas, la FEMP? Como hemos visto, el Plan Horizonte 2020 no es solo un plan a nivel estatal, sino un plan que todas las comunidades autónomas hicieron suyo y asumieron como parte de su política turística. En materia de fomento del empleo, queremos promover nuevos mercados y nuevos destinos para el programa de turismo social europeo en el segmento de sol y playa y avanzar en el lanzamiento de proyectos de alto valor añadido que permitan contribuir a una mejor distribución de los flujos turísticos en el tiempo y en el espacio, con el objeto de fomentar el empleo y luchar contra la temporalidad. No al recorte de las cotizaciones de la Seguridad Social; sí al diálogo social y sí a los nuevos productos turísticos que generen empleo.


En materia de innovación en la promoción turística, queremos aprovechar el potencial de las TIC para mejorar la promoción y comercialización de España en el extranjero y desarrollar acciones de márquetin segmentado para comunicar la fiabilidad de los servicios turísticos, impulsando la elección de España como destino turístico. Hay que reinventar, reimaginar; dos palabras utilizadas en turismo. Una buena solución a corto, medio y largo plazo, asumible por todos en un mundo globalizado donde las nuevas tecnologías se hacen tan necesarias en un sector como este. Porque, hoy en día, ¿quién no busca información para ir de viaje? ¿Quién no compra un billete o un alojamiento por Internet? ¿Qué mejor medio de comunicación que este? ¿Qué mejor promoción que aquellos que han venido a España?

Desde el punto de vista de la competitividad internacional, nuestra enmienda propone desarrollar nuevos programas de calidad y formación para mejorar la competitividad de los destinos turísticos españoles mediante una serie de trabajos destinados a fomentar la cultura del detalle y la atención al cliente antes, durante y después del viaje, con el fin de mejorar esa calidad percibida en su conjunto. No nos interesa el precio, sino la calidad, y así poder influir positivamente en la percepción global del cliente.


En el ámbito de la cooperación pública y privada, hablamos de potenciar la cooperación pública y privada en la gestión, la promoción de los destinos turísticos y la recuperación de los destinos maduros. Es el momento en el que el sector privado pueda decidir y actuar conjuntamente con el sector público.


En materia de potenciación de flujos turísticos, instamos a elaborar un plan estratégico con actividad aérea nacional e internacional, a través del Plan de Transporte del Ministerio de Fomento, y potenciar las campañas de producto en cooperación con los operadores privados, especialmente las compañías aéreas, que han permitido establecer nuevas rutas aéreas; bonificar también en un 30 por ciento las tasas de aterrizaje de aeronaves y tasas aplicables a los pasajeros desde el principio de la temporada, es decir, 1 de julio, hasta finales del año 2009, e instar al Gobierno a que elabore un informe del retorno de la medida adecuada en el plazo de tres meses desde su finalización con el fin de analizar y valorar la medida adoptada.


Señor Reguera, el Partido Popular parece ser que no va a aceptar esta enmienda. ¿Será esta su segunda oportunidad perdida? Ya votaron no sus compañeros en el Senado y aquí, ¿volverán a votar que no? Ponen como ejemplo la rebaja de eliminación de las tasas de Grecia. Simplemente quiero comentarle que es curioso que Grecia haya eliminado todas las tasas y haya quedado excluido el aeropuerto de Atenas, es decir, el primer aeropuerto de Grecia, cuando es el hub desde donde se llega a todas las islas.


Señorías, las organizaciones turísticas conocen el esfuerzo que está llevando a cabo el Gobierno a favor del turismo. Hoy teníamos la oportunidad de lanzar un mensaje de apoyo al sector. Una vez más, ustedes rompen el consenso.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz Resta.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, si el turismo es importante para el Estado, es vital para Canarias. De ahí que ante cualquier situación de estornudo en el sector de disminución de turistas, en Canarias entra una pulmonía.
Indudablemente dependemos

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mucho de ese sector en la economía. Por eso Coalición Canaria ha presentado numerosas iniciativas en esta Cámara tendentes a mejorar la situación. Avisábamos con tiempo de la situación de dificultad que afectaba al sector turístico y proponíamos que se podrían plantear y poner en marcha iniciativas tendentes a paliar en lo posible esa situación de déficit o disminución de turistas en esta temporada. Esas iniciativas culminaron con una propuesta defendida en esta Cámara por nuestra portavoz Ana María Oramas, que concluyó con el apoyo unánime de esta Cámara a 18 medidas concretas para reactivar la economía en Canarias, en las que la mayor parte de ellas, como no puede ser de otra manera, se centraban en la actividad y en el desarrollo del sector turístico. También el debate sobre el estado de la Nación posibilitó presentar propuestas de resolución que iban buscando el desarrollo de este sector. Por un lado, las infraestructuras. Decíamos que era necesario reactivar un mecanismo para mejorar estas infraestructuras públicas en los lugares y en los destinos turísticos. Eso se ha iniciado con el Consorcio de San Bartolomé, en Gran Canaria, pero es insuficiente para atender la demanda y la generación de empleo que puede producirse precisamente mejorando esta infraestructura. Hablábamos también de los créditos ICO a las empresas turísticas en Canarias. En esa primera emisión de créditos ICO, por diversas circunstancias, la mayor parte no llegó. Una parte muy pequeña llegó a los empresarios canarios. Había un compromiso por parte del Gobierno, y se ha explicitado por parte del presidente en el debate sobre el estado de la Nación que en esta segunda emisión iba a haber unos créditos especiales, una partida que se reservaba para los empresarios canarios. Esperamos y confiamos que en la próxima visita del presidente del Gobierno se pueda activar esa posibilidad para los empresarios canarios.


Otro tema fundamental son los aeropuertos. Hemos presentado también numerosas iniciativas para reactivar los aeropuertos canarios. Por un lado, hablábamos de la promoción exterior de los aeropuertos. Esta Cámara ha aprobado una iniciativa de un trabajo conjunto entre el ente público AENA y la Comunidad Autónoma de Canarias para desarrollar una promoción de los aeropuertos canarios. También hablábamos de la posibilidad de utilizar horas valle en la operatividad de los aviones de turismo.
Fundamentalmente buscábamos un objetivo que no era otro que hacer más atractivo a las compañías aéreas volar hacia los aeropuertos canarios.
Decíamos que sin aviones no hay turistas. Un tema importante es el de las tasas. Planteábamos que destinos turísticos competidores con los canarios habían tomado esta iniciativa. Hablábamos de Grecia, que, por cierto, es un país comunitario como España. A veces se alegan razones estratégicas en el marco de la Unión Europea como temas de competencia para no aplicar estos descuentos en Canarias, pues bien, existen comunicaciones de la Comisión Europea donde se establece claramente que estas excepcionalidades se pueden aplicar en Canarias. Lo que pasa es que tiene que ser financiado por el Estado miembro y no por la Unión Europea.


Vamos a dar nuestro apoyo a esta iniciativa porque entendemos que es una medida positiva para hacer más atractivos a las compañías aéreas los vuelos a Canarias. No podemos compartir, y ya nos gustaría llegar al consenso, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Espero que no se admita esa enmienda, sobre todo porque contiene algo que puede ser lesivo para los intereses de Canarias. Esa enmienda plantea que la revisión del 15 al 30 por ciento se hará exclusivamente de julio al 31 de diciembre. Después del 31 de diciembre habrá tres meses para evaluar el impacto de esta medida y luego decidir si se aplica o no otra vez, con lo cual los objetivos los perderíamos. Hemos planteado permanentemente al Gobierno una evaluación continua de la aplicación de esas medidas, de manera que se puedan tomar en el mes de septiembre, octubre como muy tarde, iniciativas o decisiones sobre el mantenimiento de estas rebajas en las tasas aeroportuarias para que cuando las compañías aéreas planifiquen, sean conscientes de esa posibilidad que se les abre en la operatividad con Canarias. Por tanto, señorías, nuestro grupo va a plantear, como no puede ser de otra manera, el apoyo a esta iniciativa defendida por don Cándido Reguera en esta Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Pedro Azpiazu. (Rumores.) Ruego, por favor, si son tan amables, guardar algo de silencio y comportarse con la corrección que quizá exige y merece el orador que va a hacer uso de la palabra.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente, pero no voy a abusar de esta Cámara ni de la palabra. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Quienes están más cercanos a S.S. le entorpecerían menos si tuviesen la bondad de... Muchas gracias.


Señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, no voy a repetir lo que ya han dicho otros portavoces en relación con el impacto de la crisis económica en el sector turístico, etcétera, y el peso del sector turístico en unos ámbitos territoriales determinados. Lo único que voy a hacer es fijar la posición de nuestro grupo, que será favorable a esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


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Señor Reguera, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas?

El señor REGUERA DÍAZ: No podemos aceptar las enmiendas porque descafeinarían nuestra propuesta. Creemos que prácticamente todas están englobadas y persiguen el mismo objetivo.


El señor PRESIDENTE: Señor Reguera, ¿no acepta ninguna?

El señor REGUERA DÍAZ: No podemos aceptarlas...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Es suficiente.


Comenzaremos las votaciones dentro de dos minutos. (Pausa.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LOS INCENTIVOS FISCALES AL AHORRO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 122/000152.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a incentivos fiscales al ahorro en la economía española.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 160; en contra, 175.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA Y UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. (Número de expediente 122/000147.)

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 335; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS. (Número de expediente 162/000322.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS. (Número de expediente 162/000234.)

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación y de manera conjunta dos proposiciones no de ley; la primera, del Grupo Parlamentario Socialista sobre responsabilidad social de las empresas; la segunda, del Grupo Mixto, de la señora Fernández Davila, con el mismo contenido. Ambas han sido enmendadas con una transaccional que los dos grupos proponentes han aceptado. La votamos en los términos de la transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 336.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada en los términos dichos la defendida por el señor Jáuregui. (Aplausos.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS FUNCIONARIAS DE PRISIONES DE LA ESCALA FEMENINA. (Número de expediente 162/000436.)

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a derechos y deberes de las funcionarias de prisiones de la escala femenina. Se vota en los términos de la proposición con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (La señora Pigem i Palmés pide la palabra.) Señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: La enmienda es de sustitución. Se sustituye.


El señor PRESIDENTE: Sí, con la enmienda del Grupo Catalán. Es de sustitución pero, en definitiva, es

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la proposición con la enmienda que sustituye el texto por el que ustedes han propuesto. En esos términos se vota.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 335.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO DE LA LEY 38/2006, DE 7 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LA GESTIÓN DE LA DEUDA EXTERNA, Y MÁS CONCRETAMENTE DE SUS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA Y TERCERA (Número de expediente 173/000080.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre el incumplimiento del Gobierno de la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa y más concretamente de sus disposiciones transitorias 1ª y 3.ª Esta moción se vota en sus términos ya que no ha sido aceptada ninguna enmienda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 173; en contra, 162; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL EN EL NUEVO MARCO PRESUPUESTARIO PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN DE CRISIS, GENERANDO EMPLEO DE CALIDAD Y MEJORANDO LA COBERTURA SOCIAL. (Número de expediente 173/000081.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la reorientación de la política fiscal en el nuevo marco presupuestario para hacer frente a la situación de crisis, generando empleo de calidad y mejorando la cobertura social. Se presenta a la votación sin ninguna enmienda y solicita el grupo proponente la votación separada de algunos de sus puntos. Pregunto al señor Herrera, ¿separados los diez o se pueden agrupar?

El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, podemos agrupar los puntos 1 y 2, por un lado, y el punto que hace referencia a los paraísos fiscales, que ahora le digo cuál es.


El señor PRESIDENTE: Sí, pero usted, que es quien la ha hecho, sabrá mejor que yo cuál es. (Risas.)

El señor HERRERA TORRES: Se lo voy a decir. Lo sé mucho mejor que usted, como usted sabe bien.


El señor PRESIDENTE: Adelante. Mientras lo encuentra, hablamos.


El señor HERRERA TORRES: Es el punto número 8, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: El número 8 también separado y el resto juntos. No se enfade. Muchas gracias. (El señor Herrera Torres: No me enfado.)

Pasamos a votar, por tanto, en primer lugar, el punto 1 y 2 de manera conjunta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 15; en contra, 317; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los puntos 1 y 2.


A continuación votamos el punto número 8.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, ocho; en contra, 319; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 8.


A continuación votamos el resto de la moción.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, ocho; en contra, 319; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el resto de la moción.


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DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA CRÍTICA SITUACIÓN POR LA QUE ATRAVIESA EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000082.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la crítica situación por la que atraviesa el sector turístico español. (La señora Bañez García pide la palabra.)

Señora Báñez.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Queremos votación separada de cada punto, por favor.


El señor PRESIDENTE: Son cinco puntos. Votamos, en primer lugar, el primer punto de la moción.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 163; en contra, 172; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Pasamos a votar el punto número 2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 331; en contra, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos a continuación el punto número 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 331; en contra, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos a continuación el punto número 4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 160; en contra, 165; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el punto número 5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 331; en contra, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las nueve de la noche.

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