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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 89, de 10/06/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2009 IX Legislatura Núm. 89
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 84 celebrada el miércoles 10 de junio de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas... (Página 5)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la racionalización y reducción de la estructura de la Administración General del Estado, mediante la austeridad, la eficiencia, la moderación del gasto y el cumplimiento del principio de lealtad institucional, con el objetivo de mejorar la eficacia y permitir la adecuada financiación autonómica.
(Número de expediente 172/000099.) ... (Página 25)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Salvador), relativa a la futura reforma de la legislación reguladora del derecho a la vida que pretende llevarse a cabo en las Cortes Generales a iniciativa del Gobierno, y concretamente a través del Ministerio de Igualdad. (Número de expediente 172/000097.) ... (Página 31)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar las dificultades de acceso al crédito de familias, pymes y autónomos. (Número de expediente 172/000098.) ...
(Página 37)

Página 2


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 7/2009, de 22 de mayo, de concesión de un crédito extraordinario al presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la ayuda a la adquisición de vehículos y la renovación del parque de vehículos Plan 2000 E, por importe de 100.000.000 de euros.
(BOE núm. 125, de 23 de mayo de 2009). (Número de expediente 130/000016.) ... (Página 42)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proposición de Ley del Senado, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 155-1, de 20 de febrero de 2009. (Número de expediente 124/000001.)... (Página 51)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.)...
(Página 58)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 59)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Preguntas ... (Página 5)

Del Diputado don Joan Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cuál va a ser la decisión del Gobierno respecto a la central nuclear de Garoña? (Número de expediente 180/000582.) ... (Página 5)

Del Diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo valora el presidente del Gobierno la campaña electoral en España a las elecciones al Parlamento Europeo? (Número de expediente 180/000583.) ... (Página 6)

Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Piensa el Gobierno poner en marcha las reformas estructurales que necesita la economía española? (Número de expediente 180/000584.) ... (Página 8)

De la Diputada doña M.ª Soraya Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno: ¿Cree la vicepresidenta primera que el Gobierno está a la altura de las necesidades de un país en tiempos de crisis? (Número de expediente 180/000585.) ... (Página 9)

Del Diputado don Juan Manuel Moreno Bonilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial: ¿Cuándo piensa el vicepresidente tercero dar explicaciones sobre su particular interpretación de la Ley General de Subvenciones? (Número de expediente 180/000586.) ... (Página 10)

Página 3


Del Diputado don Rafael Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial: ¿Qué opinión le merece al vicepresidente tercero la aplicación del código de buen gobierno, acordado el 18 de febrero de 2005 por el Consejo de Ministros? (Número de expediente 180/000587.) ... (Página 11)

Del Diputado don Ricardo Tarno Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial: ¿Qué opinión le merece al vicepresidente tercero las modificaciones legislativas a la carta? (Número de expediente 180/000588.) ... (Página 13)

Del Diputado don Jesús Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Defensa: ¿Cuál es el estado de situación a día de hoy con relación al brote de gripe A detectado en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares tras la aplicación de los protocolos previstos por las autoridades sanitarias y una vez se ha puesto fin a las medidas de movilidad reducida? (Número de expediente 180/000594.) ... (Página 14)

Del Diputado don José Ramón Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Fomento: ¿Cuál es el calendario de ejecución del tren de alta velocidad al que el Gobierno español va a instar al Gobierno francés para el ramal atlántico, en concreto, para los tramos Burdeos-Dax y Dax-Irún del Proyecto Europeo Prioritario n.º 3, denominado "Eje Ferroviario de alta velocidad sudoeste de Europa", que forma parte de las Redes transeuropeas del transporte (RTE-T)? (Número de expediente 180/000581.) ... (Página 15)

Del Diputado don Jaime García-Legaz Ponce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Fomento: ¿En qué se basa el ministro para cuestionar el dispositivo que ha acordado Presidencia del Gobierno para la seguridad del anterior presidente del ejecutivo? (Número de expediente 180/000591.) ... (Página 16)

Del Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Cómo valora el ministro de Fomento la decisión del Gobierno francés de paralizar el proyecto de alta velocidad entre Hendaya y Dax? (Número de expediente 180/000592.) ... (Página 17)

De la Diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Educación: ¿Qué objetivos pedagógicos explícitos piensa el Gobierno alcanzar poniendo pizarras electrónicas en las aulas y regalando ordenadores portátiles a los escolares? (Número de expediente 180/000580.) ... (Página 18)

Del Diputado don Antonio Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Tiene previsto el Gobierno subir la tarifa eléctrica a partir del próximo mes de julio? (Número de expediente 180/000589.) ... (Página 19)

Del Diputado don Ramón Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Considera el ministro de Industria, Turismo y Comercio que el Gobierno ha actuado con la diligencia debida respecto a la problemática de la factoría de Opel en Figueruelas? (Número de expediente 180/000590.) ... (Página 20)

Página 4


Página

Del Diputado don Jesús Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno para defender la planta de Opel en España? (Número de expediente 180/000595.) ... (Página 21)

Del Diputado don José Ignacio Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: ¿Sigue considerando el Gobierno que fue correcta la actuación en la extinción del dramático incendio de Guadalajara de julio de 2005? (Número de expediente 180/000593.) ...
(Página 22)

De la Diputada doña Pilar Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad y Política Social: ¿Cuáles son las valoraciones que han primado en la decisión del Gobierno para que la dispensación de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) no requiera receta? (Número de expediente 180/000596.) ... (Página 23)

De la Diputada doña Juana Serna Masiá, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Ciencia e Innovación: ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para garantizar que en estos momentos de crisis las empresas no vean afectada su apuesta por la I+D+i? (Número de expediente 180/000597.) ... (Página 24)

Interpelaciones urgentes ... (Página 25)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la racionalización y reducción de la estructura de la Administración General del Estado, mediante la austeridad, la eficiencia, la moderación del gasto y el cumplimiento del principio de lealtad institucional, con el objetivo de mejorar la eficacia y permitir la adecuada financiación autonómica ... (Página 25)

Formula la interpelación el señor Ridao i Martín, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Contesta la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Ridao i Martín y duplica la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno.


Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Sal-vador), relativa a la futura reforma de la legislación reguladora del derecho a la vida que pretende llevarse a cabo en las Cortes Generales a iniciativa del Gobierno, y concretamente a través del Ministerio de Igualdad ... (Página 31)

Formula la interpelación el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.


Contesta la señora ministra de Igualdad (Aído Almagro), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Salvador Armendáriz y duplica la señora ministra de Igualdad.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar las dificultades de acceso al crédito de familias, pymes y autónomos ... (Página 37)

Formula la interpelación el señor Nadal Belda, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Contesta la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), en nombre del Gobierno.


Duplica el señor Nadal Belda y replica la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda.


Página 5


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 42)

Real Decreto-ley 7/2009, de 22 de mayo, de concesión de un crédito extraordinario al Presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la ayuda a la adquisición de vehículos y la renovación del parque de vehículos Plan 2000 E, por importe de 100.000.000 de euros ...
(Página 42)

El señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón) interviene para solicitar el apoyo de la Cámara a la convalidación del real decreto mencionado.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Alique López, del Grupo Parlamentario Socialista.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 51)

Proposición de Ley del Senado, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil ... (Página 51)

En defensa de las enmiendas de totalidad intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Rascón Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 58)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 7/2009, de 22 de mayo, de concesión de un crédito extraordinario al presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la ayuda a la adquisición de vehículos y la renovación del parque de vehículos Plan 2000 E, por importe de 100.000.000 de euros, se aprueba por 327 votos a favor.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley se rechaza por 144 votos a favor, 180 en contra y tres abstenciones.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 59)

Sometidas conjuntamente a votación las dos enmiendas de totalidad de devolución a la proposición de ley del Senado, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, se aprueban por 175 votos a favor, 151 en contra y una abstención.


Se levanta la sesión a las dos y quince minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la sesión. En primer lugar, y como una cuestión previa, quiero anunciarles que se encuentra en la tribuna de honor una delegación de diputados y senadores de países de África subsahariana, pertenecientes a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Les damos la bienvenida y les saludamos cordialmente. (Aplausos.)

Muchas gracias.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON JOAN HERRERA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁL VA A SER LA DECISIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO A LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA? (Número de expediente 180/000582.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor presidente del Gobierno. En primer lugar, para formular

Página 6


la por él presentada, tiene la palabra don Joan Herrera. (Rumores.)

Silencio, por favor.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Ya tenemos el informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre el futuro de Garoña, y hay una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que su informe dictamina que la central podría continuar operando por diez años de producirse inversiones que poco tienen que ver con sus problemas estructurales: las fisuras en el circuito primario y en el barrilete. Digamos que el CSN no nos ha sorprendido y ha dictaminado lo que preveíamos que dictaminaría. Pero hay una buena noticia: el Consejo de Seguridad Nuclear ha dictaminado que la vida útil, que el diseño para el que fue construida la planta es de cuarenta años. Y aquí su compromiso electoral es inequívoco: el cierre de las centrales nucleares, cuando se cumpla su vida útil. Ustedes han añadido: siempre y cuando se garantice el suministro. Y Red Eléctrica ha dicho: Se garantiza el suministro. De hecho, en el año 2008, descontando las importaciones, lo que se exportó es tres veces lo que produce Garoña. Gran noticia: podemos prescindir de la central nuclear de Garoña. Podemos decir que los consumos están bajando y que las renovables están subiendo. Hoy en el mundo solo existen catorce plantas más antiguas que Garoña. Garoña está ya amortizada, su producción es prescindible. Usted y yo hemos hablado en muchas ocasiones del futuro de la energía nuclear y lo que le traslado es que hoy tiene una oportunidad de no hablar sobre lo genérico de su compromiso en abstracto, sino de su compromiso en concreto y tiene la oportunidad de decírselo al ecologismo social, al ecologismo político, a Iniciativa-Verds, a Izquierda Unida y al conjunto de los ciudadanos. Por eso le pido que hoy nos anuncie ya, porque tiene todos los elementos para hacerlo, que a los cuarenta años Garoña dejará de funcionar.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Herrera, como anuncié ayer en el Senado, el Gobierno debe respetar los procedimientos legales establecidos para tomar una decisión. Usted ha referido que el Consejo de Seguridad Nuclear, en efecto, remitió al Gobierno su informe sobre un periodo de renovación por un plazo de diez años. Este informe, como sabe, es preceptivo. El Gobierno está evaluando y estudiando dicho informe. Debo recordar que el informe aborda únicamente lo que afecta a la seguridad y que, lógicamente, no aborda cuestiones de otra índole que deben tenerse en cuenta para la toma de decisión, como por ejemplo la política energética, que es sin duda alguna un gran instrumento de desarrollo económico y social. Ayer afirmé en el Senado lo que hoy voy a repetir ante usted y ante la Cámara: la decisión sobre Garoña será coherente con nuestros compromisos programáticos con los que concurrimos a las elecciones generales hace un año, obteniendo el respaldo mayoritario de los ciudadanos; un compromiso que, como usted conoce, pasa por la sustitución gradual, ordenada, razonable, garantizando la seguridad del suministro en favor de las energías renovables en nuestro país, es decir, de energías más seguras, más limpias y a largo plazo menos costosas para el conjunto de la economía nacional, siempre que esté convenientemente garantizada la seguridad del suministro para todos los ciudadanos y las empresas de nuestro país.
Estos son los criterios que van a guiar la decisión. La decisión final debemos tomarla en tiempo y forma respetando los procedimientos. Señor Herrera, como usted puede comprender, creo que he sido bastante explícito en la contestación a mi pregunta. (Rumores.-Aplausos)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, ha sido tan explícito como ayer. Le digo que no basta con un procuraré. Le digo que su crédito ambiental se agotó al principio de la legislatura. Subsumió Medio Ambiente con Agricultura, y nosotros lo valoramos negativamente. Y si hoy no decide cerrar la planta, si no decide ya cerrar Garoña, su crédito se habrá agotado. Para acabar le pido que no opte por soluciones ideológicas. La tecnología nuclear es inmadura, es insegura y es cara (Rumores y protestas.) Y eso es optar por una...


El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Herrera. Muchas gracias.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor Herrera, con toda brevedad. Comprendo su interés por que anuncie en este momento la decisión del Gobierno, pero debemos respetar los procedimientos. Lo que le puedo asegurar una vez más es que voy a cumplir el programa electoral, tanto en este tema como en todos aquellos en los que, lógicamente y salvo circunstancias mayores, lo hemos cumplido. (Rumores.)

Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LA CAMPAÑA ELECTORAL EN ESPAÑA A LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO? (Número de expediente 180/000583.)

El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el señor presidente del Gobierno.
Para formularla tiene la palabra don Josep Antoni Duran i Lleida.


Página 7


El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.


¿Cómo valora el presidente del Gobierno la campaña electoral en España de las recientes elecciones al Parlamento Europeo?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Duran.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor Duran. Creo que todos tendremos una valoración de la campaña electoral. Es verdad que hemos oído en las últimas semanas una actitud de cierta crítica hacia las campañas electorales, incluso por los propios protagonistas, que son los partidos, algunos responsables políticos. Yo me niego a entrar en ese juego. Tengo un gran respeto por la tarea de lo público, por la tarea de los partidos, por la tarea de los representantes públicos, que son la máxima expresión de la democracia. No voy a entrar en ese juego. No he criticado la campaña. He procurado hacer una campaña de explicación de Europa y de nuestra política... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ... en materia europea, y en mi opinión todos debemos contribuir a mejorar el debate público, a mejorar las campañas, pero no debemos contribuir a intentar desde nuestra misma responsabilidad procurar desafección o desinterés hacia la actividad pública y política, que en democracia debe contar con el máximo respeto. Y los primeros que tenemos que respetarla somos los que la protagonizamos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor Duran.


El señor DURAN I LLEIDA: Señor presidente, aun coincidiendo con la necesidad de respetar la democracia y, por supuesto, el juego de participación de los partidos políticos, pienso que esta campaña ha sido deplorable. Creo que desde el año 1977, desde el 15 de junio, es la peor campaña que se ha hecho. De ello responsabilizo especialmente a los dos grandes partidos de Estado. (Protestas.-Rumores.) Sí, las acusaciones, a veces con frivolidad, aireando temas de Estado, temas de seguridad, han sido objeto por parte de la campaña de unos y otros, y eso no es bueno para la democracia y no es bueno para la confianza de los ciudadanos respecto a la política. Me dirá usted que la abstención que se ha producido en España se ha producido también en otras partes de Europa, y es cierto. Y cierto es que este es un debate europeo, pero a nosotros nos toca ocuparnos de lo nuestro, y nos toca, por tanto, ocuparnos de los contenidos de nuestras campañas electorales. En este sentido, reitero que creo que esta campaña ha generado más frustraciones que ninguna otra campaña electoral. En ese sentido, en más de una ocasión, usted, señor presidente, ha hablado de la necesidad de regenerar la vida política, de regenerar el lenguaje, de regenerar los contenidos de las acciones de los partidos. Creo que esta sigue siendo una asignatura pendiente, señor presidente del Gobierno.


Por otra parte, esta campaña electoral se da en un contexto de circunscripción electoral única, y eso, a nuestro juicio, también provoca una separación entre la ciudadanía y los candidatos. Por ejemplo, el principal candidato del Partido Socialista no ha visitado Cataluña (La señora Colldeforns i Sol pronuncia palabras que no se perciben.) y el principal candidato del partido de la oposición lo hará una vez y seguramente no lo hará en los próximo cinco años. Emplazamos al Partido Socialista y al Partido Popular a que, de una vez por todas, acepten la circunscripción autonómica. No hay ya ningún país en Europa, incluida la jacobina Francia, que no divida su territorio en circunscripciones electorales más próximas a los ciudadanos. Y creo que también es hora, señor presidente, de que todos vayamos pensando en un cambio en el sistema electoral que permita acabar con las listas cerradas y permita también una mayor aproximación de los ciudadanos a los electores.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Duran.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Yo tengo que reiterar, señor Duran, que me parece poco conveniente y poco constructivo responsabilizar a los grandes partidos y a los medianos de una campaña que usted ha calificado en términos exagerados. Es verdad que ha habido exageraciones notables, por ejemplo la que expresó el número uno de su partido político cuando visité Barcelona al afirmar que iba como Franco. Es verdad que ha habido excesos. (Aplausos.) Pero ciertamente no son generalizables, y en una campaña habrá declaraciones desafortunadas de este grupo. Debemos defender el valor de la participación política y de la democracia y de lo que representa Europa.
Tenemos que trabajar por que la participación electoral sea mayor. Es una tarea colectiva y empieza por poner en virtud la política de Europa y la tarea que todos hacemos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Página 8


DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO PONER EN MARCHA LAS REFORMAS ESTRUCTURALES QUE NECESITA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000584.)

El señor PRESIDENTE: Última pregunta para el señor presidente del Gobierno. Para formularla tiene la palabra don Mariano Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Señor presidente, usted sabe cuál es la situación económica de España. Se puede resumir con unas breves cifras: 18 de cada 100 españoles que quieren trabajar no pueden hacerlo. Esta cifra es mucho mayor si hablamos de mujeres, y si hablamos de jóvenes llega al 35 por ciento. Usted ha hecho muchos pronósticos que nunca se cumplen, muchos anuncios y la mayoría de ellos quedan en nada. Su única política económica es gastar y no hace lo que hay que hacer. Yo creo que esto no contribuye a generar confianza, es evidente, y no contribuye a que pueda haber pronto un crecimiento sostenido y estable de la economía española y por tanto una creación de empleo que nos coloque, en fin, en unas cifras razonables en comparación con nuestros socios de la Unión Europea. La pregunta que le hago es si va usted a cambiar su política económica, a hacer las reformas que necesita la economía española, o va a seguir en esta política que no lleva a ninguna parte salvo al desastre.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor Rajoy, sobre la primera reflexión que ha hecho he de decirle -lo hemos discutido en muchas ocasiones y la última vez en el debate sobre el estado de la Nación- que el Gobierno ha puesto en marcha un conjunto de medidas, un plan ambicioso que debe empezar a dar resultados. Como todo, lleva su tiempo, y creo que tendrá la paciencia suficiente para evaluar esos resultados. Sobre las reformas le daré algún dato. En la legislatura pasada hicimos reformas en competencia, en transporte, en telecomunicaciones, en energía y en vivienda. Ahora estamos en una ambiciosa reforma en el sector que constituye el 70 por ciento del producto interior bruto de nuestro país, que es el sector servicios. Se está debatiendo en esta Cámara, como supongo que usted conoce, y además el viernes el Consejo de Ministros aprobará la llamada ley ómnibus, que modifica 46 leyes en el sector servicios, en distintos procedimientos. De otro lado, están ya en esta Cámara como reformas modernizadoras la reforma del régimen económico de los puertos, la reforma de la Ley Concursal, la Ley de fomento del alquiler, la implantación de la nueva oficina judicial. Y como sabe S.S., porque así lo he anunciado, en esta Cámara estamos preparando como reforma modernizadora la ley de economía sostenible, una reforma de la formación profesional, la ley de ciencia -entre otras-, y todas caminarán en la dirección de hacer una economía más productiva, más competitiva, más innovadora. Por tanto, ha habido reformas, hay reformas en marcha y, por supuesto, para la aprobación de las mismas deseamos contar con el máximo consenso de esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias.


Señor presidente, la única reforma es aumentar el déficit de la deuda pública. Usted lleva mucho tiempo haciendo anuncios que no se concretan en nada. Yo le voy a decir algunas cosas que creo que deberían hacerse.
En primer lugar, austeridad y control del gasto, porque lo que está haciendo usted en el futuro son más impuestos o menos servicios y está dificultando el crédito de las pequeñas y medianas empresas y de las familias, que ha bajado el 10 por ciento mientras que el de la Administración ha subido el 23 por ciento. En segundo lugar, tiene usted que proceder ya a la reestructuración del sistema financiero, porque lo está haciendo todo con una enorme lentitud, se lo está pidiendo todo el mundo y no sería bueno encontrarnos otra vez con otra Caja de Castilla-La Mancha. Y luego tiene que hacer lo que no ha hecho en cinco años, tiene que hacer una reforma fiscal para ayudar a los emprendedores, que no ha hecho ni está en ningún sitio; una reforma educativa de verdad, que no ha hecho ni está en ningún sitio; tiene que tener una política energética coherente, el espectáculo que estamos viendo en este día con la de Garoña es inenarrable, y usted va a tener que ir o contra su palabra o contra el sentido común, y aquí hay un problema de inversiones, hay un problema de empleo y hay un problema de tecnología. Sobre el Pacto de Toledo sigue usted sin hacer nada, mareando la perdiz, como se dice vulgarmente. De la reforma laboral ha dicho una cosa y la contraria, y lo ha dicho en esta Cámara después de llegar a un acuerdo con un grupo aquí. De unidad de mercado no sabemos absolutamente nada, la única política que perciben los españoles es la de gasto público, que, señor presidente, es un suicidio a medio y largo plazo porque vamos a un déficit y a una deuda inasumibles.
Usted está en minoría y está... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Rajoy. Muchas gracias.


Señor presidente del Gobierno.


Página 9


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor Rajoy. Hemos de debatir sobre hechos objetivos. Usted no puede decir que no hemos hecho una reforma fiscal, porque este es el primer Gobierno en la democracia que ha bajado 5 puntos el impuesto de sociedades y que ha reformado el impuesto de la renta de las personas físicas y ha suprimido el impuesto de patrimonio. (Aplausos.-Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Hemos hecho tres reformas en tres impuestos claves. En cuanto a austeridad, hemos hecho un recorte de gasto de 2.500 millones de euros (Rumores.), como conoce S.S., el mayor de la democracia. Respecto al Pacto de Toledo, se está trabajando en esta Cámara, es esta Cámara, son todos los partidos los que están haciendo esa reforma. Por tanto, vayamos a los hechos y no, señor Rajoy, a las simplezas que en muchas ocasiones dice sobre algunas cosas.
Por ejemplo, educación, por ejemplo, abandono escolar, que en su etapa de ocho años nunca bajó del 30 por ciento, incluso cuando usted era ministro, nunca bajó del 30 por ciento. (Varios señores diputados: Sí, señor.) Tengan un poco de responsabilidad y de credibilidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CREE LA VICEPRESIDENTA PRIMERA QUE EL GOBIERNO ESTÁ A LA ALTURA DE LAS NECESIDADES DE UN PAÍS EN TIEMPOS DE CRISIS? (Número de expediente 180/000585.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora vicepresidenta primera del Gobierno. Para formularla tiene la palabra doña Soraya Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, presidente.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señoría, el pasado domingo el Partido Popular ganó las elecciones, usted fue la primera en saberlo y la encargada de anunciarlo. De la misma manera que el Partido Popular ganó las elecciones, el que las perdió fue el Partido Socialista y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso, la pregunta que le formulo hoy la han contestado los ciudadanos con claridad; su Gobierno no ha estado a la altura. Mi pregunta es si está usted de acuerdo hoy con lo que han dicho las urnas. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega): El Gobierno, como no puede ser de otra manera, respeta el resultado de las urnas, somos unos demócratas, señoría. (Rumores.-Aplausos.) Hasta ahí podíamos llegar, hasta ahí podíamos llegar. Una cosa es eso y otra cosa es que este Gobierno no esté trabajando para salir de la situación con esfuerzo y dedicación utilizando todos los medios a su alcance y procurando estar a la altura de las necesidades de España y de los españoles. Lo hacemos y estamos donde y como debemos estar, a las duras y a las maduras.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señora Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señora De la Vega, creo que ustedes no han entendido nada. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Y mientras ustedes no entiendan por qué han perdido las elecciones seguiremos perdiendo todos los españoles, perdiendo muchos el empleo y perdiendo todos el tiempo. Mire, señoría, los ciudadanos rechazan a los Gobiernos que no son de fiar, y a ustedes ni se les cumplen las previsiones ni cumplen las promesas. Los ciudadanos rechazan a los Gobiernos incapaces de hacer frente a la crisis y ya muy pocos confían en que ustedes sean capaces ni de relanzar la economía ni de dar empleo a 4 millones de parados. Señoría, los ciudadanos rechazan actitudes como las de su Gobierno porque no es tolerable esa forma de gobernar, porque, señoría, mientras en España se cierran muchas empresas y 10 millones de familias pasan graves apuros no es decente que el presidente del Partido Socialista, el vicepresidente del Gobierno, el señor Chaves, abuse de su cargo para dar 10 millones de euros a la empresa de su hija. (Aplausos.-Protestas.) Señoría, ustedes han perdido las elecciones porque los españoles saben que hay una alternativa mejor, los españoles están ya con el futuro, con lo que viene, con lo que triunfa en Europa, con el Partido Popular Europeo, que sacará a los ciudadanos de la crisis dentro y fuera de nuestras fronteras. Los únicos que están con el pie cambiado en Europa son el señor Zapatero, que se acaba de ir, y el señor Gordon Brown. Señoría, le voy a decir una cosa clarísimamente: les han derrotado a ustedes en las urnas, ¿saben por qué?, porque los españoles

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son conscientes de que el único partido que no permitirá que les derrote la crisis será el Partido Popular. (Protestas.) Sí, señoría. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Y ahora le voy a decir una cosa. No sé lo que me va a contestar, pero piénseselo bien porque ya ha visto usted los efectos electorales de arremeter S.S.
todos los miércoles contra Madrid y Valencia; piénseselo dos veces.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.


Señora vicepresidenta del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Cuando quiera, señoría, hablamos aquí de cuestiones de abusos. La honestidad del señor Chaves está por encima de todo. (Aplausos.-Protestas.) Puedo entender que ustedes estén legítimamente contentos, pero de eso a esta algarabía me parece un poquito exagerado. (Risas.) Francamente, creo que deberían abandonar ya esa actitud de echar las campanas al vuelo y ponerse a trabajar para sacar al país de esta situación. (Rumores.) Si no, puede ocurrirles que tengan pan para hoy y puedan tener al final hambre, mucha hambre, para mañana. Le voy a decir que el Gobierno va a seguir trabajando para modernizar la economía, para mejorar la situación laboral y para consolidar los primeros resultados positivos de la crisis.
(Rumores.) Sí, los primeros resultados positivos, y lo vamos a hacer invirtiendo, como estamos haciendo, en políticas sociales, en obra pública, en empleo, apoyando al sector financiero, a las pequeñas y medianas empresas, a los sectores industriales, y ¿sabe lo que le digo?, que estamos en el buen camino, en la buena dirección y por eso empieza a haber resultados. (Protestas.) Ya sé que no están de acuerdo, claro que no, pero pregúntenselo a los 24.000 trabajadores que han tenido la oportunidad de encontrar un empleo. (Risas.) Menos risitas, de verdad, con el empleo de los trabajadores. Creo que tendrían que tener un poco más de respeto. Señorías, ustedes sacan pecho y está muy bien, pero ¿sabe usted dónde está aumentando más el paro? El paro -mire qué paradoja- está aumentando más en Madrid y en Valencia. (Protestas.-Rumores.) Sí, en Madrid y en Valencia, que precisamente son las comunidades donde ustedes han abandonado las políticas sociales, la dependencia y la política de la sanidad pública. (Protestas.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Sí, señoría. Ustedes tienen dos opciones: seguir en la algarabía -que no es para tanto además- o ponerse a trabajar; defender los intereses de los españoles o seguir en el balcón dando saltitos. (Risas.) Tienen esas dos oportunidades.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta del Gobierno, ha acabado su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL MORENO BONILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL: ¿CUÁNDO PIENSA EL VICEPRESIDENTE TERCERO DAR EXPLICACIONES SOBRE SU PARTICULAR INTERPRETACIÓN DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES? (Número de expediente 180/000586.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al vicepresidente tercero del Gobierno. En primer lugar, la que formula el diputado señor Moreno Bonilla.


El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Chaves, hace más de quince días que salió publicado que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por usted, otorgó una subvención de más de 10 millones de euros a una empresa en la que figura su hija como apoderada. Y a pesar de toda la información que ha ido apareciendo a lo largo de todos estos días sobre este escándalo, usted todavía no se ha dignado a comparecer ante esta Cámara. Hoy, el Grupo Parlamentario Popular le ofrece una inmejorable ocasión para hacerlo.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Moreno Bonilla.


Señor vicepresidente tercero.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Bonilla, estoy a disposición del Parlamento para comparecer cuando quiera, solamente tiene que fijar la fecha. (Varios señores diputados: ¡Ahora, ahora!) De siempre. Señor Moreno, usted me pregunta sobre mi interpretación de una ley, y yo no interpreto la ley, la cumplo escrupulosamente, son ustedes los que hacen una interpretación particular y torticera de la ley manipulando los hechos, utilizando medias verdades, utilizando falsedades, simplemente para crear una gran mentira y arrojar basura e insidias. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor vicepresidente.


Señor Moreno.


El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Desafortunadamente, señor Chaves, acaba de desperdiciar una magnífica oportunidad para dar explicaciones al conjunto de los ciudadanos.
(Rumores.) Aunque no lo quiera reconocer, la Junta de Andalucía, bajo su presidencia, ha dado un trato claramente favorable a la empresa Matsa: primero, se modifica la norma reguladora para dar el incentivo; segundo, se incrementa de 6 a más de 10 millones de euros la cuantía de la subvención, y tercero, señor Chaves, en un tiempo récord de cinco días hábiles se autoriza a comenzar las inversiones. Y todo esto sucede sin que usted tenga el más mínimo conocimiento; un poquito raro. Usted pretende, señor Chaves, que a estas alturas de la película el conjunto de los ciudadanos nos creamos que usted no tenía conocimiento de que su hija era apoderada de Matsa. Usted sabe perfectamente que debía haberse inhibido de presidir aquel Consejo de Gobierno que otorgó la subvención, y lo que hizo -y no lo hizo por imperativo legal, señor Chaves- fue vulnerar el código de buen gobierno e infringir la legislación andaluza de incompatibilidades. Lo que ha hecho es ética y estéticamente reprobable y le va a perseguir toda su vida política, señor Chaves. (Una señora diputada: ¡Hala!-Rumores.) Actuó con la desfachatez a que está usted acostumbrado a hacerlo en nuestra tierra y quizá por ello ha tenido que salir huyendo de Andalucía (Rumores.-Aplausos). Señor Chaves, usted, que es un político veterano, usted, que es un político de largo alcance, sabe perfectamente que esta situación política es insostenible y llega el momento de asumir responsabilidades; o reconoce su conducta absolutamente bochornosa o renuncia a su cargo, o el señor Rodríguez Zapatero tendrá que cesarlo. (Risas.) Con usted este Gobierno se está convirtiendo en una fotocopia de la última etapa del señor González: derrotas electorales, paro y corrupción. (Protestas.-Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Moreno.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Sí, señora presidenta.


Aunque a usted la verdad le duela, señor Bonilla, la verdad es la siguiente. Primero, es rotundamente falso que yo haya aprobado un incentivo a la empresa Matsa; fue el consejo rector de IDEA el que la aprobó, el Consejo de Gobierno se limitó a ratificarlo (Risas.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Segundo, en todo caso, señor Bonilla, es rotundamente falso que mi hija haya tenido participación en el procedimiento de solicitud y aprobación de ese incentivo, ni como apoderada ni como nada, señor Bonilla. (Rumores.) Tercero, es rotundamente falso que haya vulnerado la Ley de Incompatibilidades.
Cuarto, es rotundamente falso que esa empresa haya tenido un trato de favor; el proyecto se declaró incentivable, señor Bonilla, para que usted se entere, en octubre del año 2007, previamente se comprobó su naturaleza, que no se había iniciado y que se localizaba en zona adecuada; la intensidad del proyecto era del 15 por ciento, inferior a la media del 24 por ciento; la determinación de la cuantía se hizo y respondía a criterios técnicos, los mismos que se han aplicado a todos los proyectos aprobados por la Junta de Andalucía. Y quinto, señor Bonilla, no hay nada que ocultar, absoluta transparencia: sus compañeros en Andalucía han tenido acceso al expediente, el Gobierno andaluz ha dado todos los datos en el Parlamento andaluz, yo he dado explicaciones en dos ocasiones ante los medios de comunicación (Varios señores diputados: Aquí, aquí.), he obligado a un periódico a publicar una rectificación y le estoy respondiendo a usted, aunque usted no quiere respuesta sino simplemente esparcir basura. A ustedes lo único que les interesa es meter a los demás en el fango en el que algunos de ustedes están metidos.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor vicepresidente.


- DEL DIPUTADO DON RAFAEL MERINO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE AL VICEPRESIDENTE TERCERO LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, ACORDADO EL 18 DE FEBRERO DE 2005 POR EL CONSEJO DE MINISTROS? (Número de expediente 180/000587.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Merino López.


El señor MERINO LÓPEZ: La doy por reproducida. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Merino.


Por favor, señorías, si quieren escuchar la respuesta lo mejor es que haya un poco de respeto y de silencio. (Varios señores diputados: Díselo a ellos también.)

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Todos, todos, incluido el que ustedes le deben a la Presidencia.


Señor vicepresidente, cuando quiera.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Señor Merino, yo cumplo el código de buen gobierno y he cumplido durante mi etapa de presidente de la Junta de Andalucía con el código que representaba la Ley de Incompatibilidades. Si ustedes hubieran cumplido el código de buen gobierno en algunos sitios donde gobiernan seguramente no se hubieran abierto procedimientos judiciales por presunta corrupción o espionaje de algunos de ustedes.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor vicepresidente.


Señor Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señores socialistas, señor vicepresidente, la última vez que ustedes montaron un festival taurino como el que acaban de hacer ahora (Un señor diputado: ¡Muy bien!) un ministro a los dos días tuvo que presentar su dimisión. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) Se lo recuerdo para que se vayan aplicando el cuento con los festivales taurinos que ustedes montan aquí. (Rumores.) Señor Chaves, usted puede dar una subvención de 10 millones de euros a la empresa donde trabaja su hija; usted puede haber incumplido el código de buen gobierno en el artículo 1, en el artículo 2.3... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.


El señor MERINO LÓPEZ: ... en el artículo 2.7, la ley de incompatibilidad que usted mismo hizo en el artículo 7,1, haber cometido una infracción muy grave, según el artículo 15.1 que usted hizo. Usted no puede venir aquí a darnos lecciones a nosotros. (Una señora diputada: ¡No, qué va!-Rumores y protestas.) Usted no puede venir, señor Chaves, porque le recuerdo que, usted que es presidente del Partido Socialista, sus concejales de Estepona están en la cárcel, que los de Marbella están en la cárcel (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Rumores.), que el de Alcaucín tenía 160.000 euros metidos en el colchón, que otro de Almería salió en las televisiones contando billetes. ¿Usted va a venir a darnos lecciones de honestidad a nosotros? ¿Usted, señor Chaves? (La señora Sánchez Díaz: Sí.-Aplausos.) Señor Chaves, esta es su foto en la empresa minera donde trabaja su hija; esta es. (Protestas.) Usted conocía perfectamente esta empresa, Matsa; usted, como buen padre, conocía que su hija trabajaba en Matsa; usted conocía que la empresa había pedido una subvención; usted conocía que usted aprobó la subvención en el Consejo de Gobierno. ¿Pero cómo viene usted aquí a decirnos que usted ha ratificado? Oiga, ¿usted se cree que esta Cámara no entiende de leyes? Usted aprobó en el Consejo de Gobierno de Andalucía la subvención (Rumores.). Es más, modificaron la subvención, de 7 millones la pasaron a 10 millones, con una presunta facturación de la misma empresa. Esa es la realidad, señor Chaves. ¿Cómo puede usted venir aquí a decirnos a los andaluces, a los 4 millones de parados que hay en España, que ustedes hacen las cosas con honestidad y con transparencia? ¿Pero cómo puede usted decir eso? Vaya usted al Parlamento de Andalucía, como le ha dicho el señor Zapatero -que quiere ya escurrir el bulto-, y comparezca; y venga usted aquí y aproveche esta ocasión para dar las explicaciones correspondientes y no para intentar decir a los demás lo que usted no hace. Cumpla usted el código de buen gobierno, presente la dimisión o que le cese el señor Rodríguez Zapatero.
(Un señor diputado: ¡Bravo!-Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Merino.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Señor Merino, no convierta usted el Congreso en un espectáculo taurino, porque no lo es. (Rumores.) Mire usted, lo primero que tengo que decirle, señor Merino, es que siempre he desempeñado mis funciones como presidente de la Junta de Andalucía y como vicepresidente tercero del Gobierno de España de acuerdo con las leyes y con los principios éticos y de conducta que recoge el código de buen gobierno. Lo segundo, nunca he tomado una decisión en el ejercicio de mis responsabilidades públicas para favorecer a Paula Chaves. Es falso de toda falsedad que haya incurrido en algún supuesto de incompatibilidad o conflicto de intereses; ha quedado claro en mi anterior intervención. El único conflicto que mantengo es contra las mentiras y los montajes que ustedes continuamente se inventan. ¿Cuál es su problema, señor Merino? ¿Cuál es el problema, la madre de todas las batallas de ustedes? Que llevan veintisiete años en la oposición en Andalucía, (Aplausos.) y eso tiene que producirle mucha impotencia y mucha desesperación seguramente a su jefe de filas, que ha perdido todas las elecciones en las que se ha presentado. Eso seguramente, señor Merino, les hace perseguir muchos fantasmas. Señor Merino, durante veinte años no me han podido derrotar democráticamente en las urnas. Voy a decirle ahora que con insidias, mentiras, utilizando a mi familia, tampoco me van a poder políticamente; no van a poder políticamente conmigo. Por favor, no tienen derecho a hacer política desde el rencor, la miseria y el resentimiento.
(Aplausos.-Rumores.) Termino. Sus obsesiones y frustraciones por perder las elecciones en Andalucía, señor Merino, no las

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van a curar en esta Cámara persiguiéndome a mí en vano. Creo que solamente las podrán curar en las urnas y ya va siendo hora, señor Merino, de que ustedes lo entiendan. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor vicepresidente.


- DEL DIPUTADO DON RICARDO TARNO BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE AL VICEPRESIDENTE TERCERO LAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS A LA CARTA? (Número de expediente 180/000588.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Tarno Blanco.


El señor TARNO BLANCO: Gracias, señora presidenta.


Señor Chaves, nuestra única obsesión es saber la verdad, la única. (La señora Monteserín Rodríguez: ¡Anda ya!) Por cierto, usted es presidente del Partido Socialista Obrero Español, el domingo perdieron las elecciones. Usted también pierde elecciones, que no se le olvide, que no se le olvide. (Aplausos.)

Si están tan tranquilos, ¿por qué no entregan el expediente? Lleva pidiéndose en el Parlamento de Andalucía varios meses y el expediente lo han dejado consultar, pero no se lo entregan a la oposición. Si están tan tranquilos, entreguen el expediente. Ustedes han modificado a la carta la Orden de 19 de abril de 2007. La han modificado excusándose en una supuesta modificación por motivos comunitarios, y es verdad que hay modificación por motivos comunitarios, pero lo que no cuentan ustedes es que el artículo 4.4, que es la clave de todo este asunto, se modifica sin ningún motivo. Sí sabemos el motivo, lo estamos viendo después: para poder conceder una subvención a la empresa Matsa, porque no permitía los incentivos al proyecto de producción extractiva del sector minero y sí se admiten con la modificación de la orden. Esa es la clave. ¿Por qué se modifica la orden, señor Chaves? Porque con la anterior orden no eran posibles los incentivos a Matsa y con la nueva orden son posibles los incentivos a Matsa. (Rumores.) Quería saber por qué se modifica la orden, señor Chaves; cuéntelo en este Pleno. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tarno.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Señor Tarno, de perder elecciones pregúntele usted a su jefe de filas en Andalucía.


Señor Tarno, si usted sostiene que siendo yo presidente de la Junta de Andalucía se modificó una orden para poder conceder un incentivo a una empresa en la que trabaja mi hija, le diré que usted está mintiendo; es más, le diré que usted miente a sabiendas. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor vicepresidente.


Señor Tarno.


El señor TARNO BLANCO: ¿Por qué se modifica la orden? Sigue sin contarlo.
¿Se modificará la orden, señor Chaves, porque aparecen por allí dos ex altos cargos del Gobierno socialista del señor González, los señores Solchaga y Recio? ¿Se modificará la orden porque trabaja en la empresa Matsa doña Paula Chaves? ¿Se modificará la orden porque trabaja en la empresa Matsa el ex alcalde de Almonaster, término municipal donde está la empresa Matsa? ¿Se modificará la orden porque previamente la había denegado el Ministerio de Industria, el Gobierno de España, porque no cumplía los requisitos la empresa Matsa? Queremos saber por qué se modifica la orden; porque la orden beneficia claramente a la empresa Matsa y ustedes insisten en que se benefician otras empresas. No han dado ninguna otra explicación, no han puesto encima de la mesa ninguna empresa que se haya beneficiado con ese cambio de la orden. Solo se ha beneficiado la empresa Matsa con el cambio de la orden y a eso, señor Chaves, tiene usted que responder aquí. Si no, ya sabe lo que le va a pasar. (La señora Valenciano Martínez-Orozco: ¿Qué le va a pasar?-Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tarno.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Señor Tarno, no me va a pasar absolutamente nada.


Primera cuestión, señor Tarno. Es falso que se cambiara la orden de incentivos para beneficiar a la empresa. El 18 de octubre del año 2007 se le comunica a la empresa que con arreglo a la normativa, orden de abril de ese año, un proyecto de inversión que habían presentado era incentivable; en 2007. Si esto es así, entonces deberá usted explicar por qué considera que era necesario cambiar esa norma un año más tarde para poderle conceder una subvención a la que ya tenía derecho con arreglo a la misma. Lo tiene difícil porque es inexplicable por su parte. La verdad, señor Tarno, es que se le hubiera concedido el mismo incentivo con la normativa de 2007 que con la de 2008; es más, si usted pregunta a los gestores de estos incentivos, le explicarán que la orden de 2008 es más restrictiva que la anterior. Segunda

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cuestión, señor Tarno. No ha habido criterios distintos entre el Estado y la Junta de Andalucía. El Ministerio de Industria deniega un incentivo por haber iniciado la ejecución de un proyecto antes de formular la petición. Lo mismo hizo la Junta de Andalucía, pues por esa misma razón denegó un incentivo a un proyecto, la construcción de una rampa de acceso a la mina. En ningún momento la Junta ha incentivado un proyecto iniciado. Tercera cuestión. La cuantía responde a estrictos criterios técnicos. La valoración inicial se incrementó al incluir, además de los bienes de equipo, la obra civil como elemento incentivable, pues tiene esa consideración, y eso se ha hecho en el 30 por ciento de los proyectos aprobados por la Junta de Andalucía. Y cuarta y última cuestión, señor Tarno. Yo solo espero que tras el día de hoy ustedes ya hayan satisfecho sus frustraciones personales y políticas y también hayan pagado el peaje debido a un periódico de difusión nacional que les marca el son al que ustedes siempre están bailando. (El señor Arias Cañete: A nosotros, no.-Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor vicepresidente.


- DEL DIPUTADO DON JESÚS CUADRADO BAUSELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA: ¿CUÁL ES EL ESTADO DE LA SITUACIÓN AL DÍA DE HOY CON RELACIÓN AL BROTE DE GRIPE A DETECTADO EN EL ACUARTELAMIENTO DE HOYO DE MANZANARES TRAS LA APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS PREVISTOS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS Y UNA VEZ SE HA PUESTO FIN A LAS MEDIDAS DE MOVILIDAD REDUCIDA? (Número de expediente 180/000594.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la pregunta dirigida a la señora ministra de Defensa que formula el diputado señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, le voy a formular una pregunta que tiene que ver directamente con el código de conducta al que se refiere el Partido Popular. Hace unas semanas, señora ministra, se produjo un brote de gripe A en un acuartelamiento, en el de Hoyo de Manzanares, y el Partido Popular le dijo a usted hace unos días en sede parlamentaria: Señora ministra, tiene que reconocer que ha gestionado mal para que se haya producido un brote. Es decir, la doctrina del Partido Popular es que allí donde se produce o se extiende el virus de la gripe A es responsabilidad del titular de la instalación donde se produce ese brote. ¿Y si el titular de la instalación es del Partido Popular, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid? ¿También la extensión del virus es responsabilidad del titular de la instalación? Dicho de otra manera, ¿alguno de ustedes del Partido Popular le ha planteado la siguiente cuestión a la presidenta de la Comunidad de Madrid: Señora presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene que reconocer que usted es la responsable de la extensión del virus? Señora ministra, ese es el código de conducta del Partido Popular; es decir, según quien sea el titular de la instalación la responsabilidad es o no es del mismo. Si el responsable de la instalación es del PSOE, es el responsable de la extensión del virus; si el responsable es del Partido Popular, en ese caso no es el responsable de la extensión del virus. Código de conducta del Partido Popular, señora ministra. Porque hay que recordar cómo extendió este virus, el de la alarma, el Partido Popular, creando una alarma artificial sin ningún fundamento, por ejemplo, cuando el señor Rajoy, antes de que se hubiera confirmado ningún caso en el Carlos III, decía que usted, señora ministra, era la responsable; o cuando otro inefable portavoz decía en Valencia que era el acontecimiento más importante en la vida política de España en los últimos tiempos. ¿Y en la Comunidad de Madrid, con diecisiete centros escolares, es el acontecimiento más importante de cuándo? Por tanto, este es el código de conducta, es la tesis del Partido Popular: si el responsable es el PP, no hay culpable; si es el PSOE... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Cuadrado.
Ha acabado su tiempo.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Señoría, gracias por su pregunta.


Aprovecho para poner en valor de nuevo el trabajo que han realizado los mandos militares y las autoridades sanitarias civiles y militares desde que se detectaron los primeros síntomas en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares. Su buen trabajo ha permitido en solo nueve días tener controlado el brote y poder volver a la normalidad. Tras mi comparecencia en esta Cámara, como saben, no se detectaron nuevos casos en Hoyo, de forma que, siguiendo los criterios de las autoridades sanitarias y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pusimos fin al régimen de movilidad restringida a partir del 30 de mayo; solo nueve días, señorías. Ese mismo día 30 quise compartir con los miembros de la Academia la jura de bandera que se celebró con motivo del Día de las Fuerzas Armadas para agradecerles a ellos y a sus familias la actitud ejemplar con la que se habían conducido durante ese tiempo.


Respecto al batallón de la UME en León, se aplicó el mismo protocolo. Se confirmó solo un caso de gripe y también a los pocos días, después de que el 2 de junio no se hubiera detectado ningún nuevo caso con síntomas, se restableció la actividad normal de la base. ¿Qué queda, pues, señoría, acreditado a día de hoy? En primer lugar, que la gripe A es en cualquier caso una dolencia

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leve a la que se responde en el cien por cien de los casos de manera favorable. En segundo lugar, que es una gripe que en grupos de contacto se propaga con cierta facilidad, y eso ha quedado palpablemente demostrado en la Comunidad de Madrid con los diecisiete centros escolares que a día de hoy están afectados. Tercera cuestión que ha quedado acreditada, que los mandos militares y las autoridades sanitarias civiles y militares han hecho un muy buen trabajo que ha permitido en nueve días el control absoluto del brote. Y también queda acreditado, señoría, que lo responsable en un caso como este es respaldar a las autoridades sanitarias y civiles que están al frente y no hacer nunca, nunca, una utilización partidista de un caso de salud pública como el que hemos vivido. Yo solo espero que algunos en esta Cámara, por responsabilidad ante su país, hayan aprendido alguna lección de este episodio después de vivir lo que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ RAMÓN BELOKI GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁL ES EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD AL QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL VA A INSTAR AL GOBIERNO FRANCÉS PARA EL RAMAL ATLÁNTICO, EN CONCRETO, PARA LOS TRAMOS BURDEOS-DAX Y DAX-IRÚN DEL PROYECTO EUROPEO PRIORITARIO N.º 3, DENOMINADO EJE FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD SUDOESTE DE EUROPA, QUE FORMA PARTE DE LAS REDES TRANS- EUROPEAS DEL TRANSPORTE (RTE-T)? (Número de expediente 180/000581.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento, en primer lugar la que formula el diputado señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, quiero creer que ustedes -me refiero al Gobierno español y al Gobierno francés- tienen previsiones, tienen un calendario de ejecución en el seno de la Comisión intergubernamental Dax-Vitoria para la ejecución a un lado y a otro de la frontera franco-española del tramo propiamente transfronterizo del ramal atlántico del eje ferroviario de alta velocidad sudoeste de Europa. Quiero creer que tienen ustedes un calendario y previsiones, de ahí mi pregunta: ¿Cuál es el calendario al que usted, en nombre del Gobierno español, va a instar en su ejecución al Gobierno francés?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Beloki.


Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señor diputado, señorías, sabe que el desarrollo de las conexiones ferroviarias entre España y Francia es un objetivo compartido por ambos países y así se puso de manifiesto en la reciente cumbre hispano-francesa celebrada en Madrid el 28 de abril del año 2009 y que ratificó con sus palabras el presidente Sarkozy en esta misma Cámara. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Señor ministro, yo le pregunto por fechas; yo le estoy hablando de un calendario, porque ya no hay margen para el crédito que no tienen ustedes. Señoría, yo ya le expresé mis dudas al respecto en una reciente comparecencia suya en la Comisión el 26 de mayo. Lo hice valiéndome de las palabras de un ex ministro socialista y hoy presidente de las Cámaras de Comercio, Gómez-Navarro, quien dijo que la permeabilidad de los Pirineos es lamentablemente de día en día menos prioritario y que estamos en una situación a la que no se le ve salida.
Eso decía el señor Gómez-Navarro, y le dije: Tenga usted mucho cuidado en este tema. ¿Qué me contestó usted? Que allá el señor Gómez-Navarro, que el ministro es usted, y en eso lleva razón. También me dijo algo que hoy me ha repetido, me dijo que usted había celebrado el acuerdo alcanzado en la última cumbre hispano-francesa. ¿Qué acuerdo, señor ministro, qué acuerdo respecto a la construcción del tren de alta velocidad sobre el que yo le pregunto? ¿Qué acuerdo que, a menos de un mes de celebrarse esa cumbre, la ministra del Interior francesa, Michèlle Alliot-Marie, y el secretario de Transportes, el señor Dominique Bussereau, dicen junto al ADIF francés que se paren los trabajos entre Bayona y la frontera francesa? ¿Cuál es ese acuerdo? ¿Qué acuerdo, señor ministro, que el vicepresidente del Consejo Regional de Aquitania ha dicho que constituye un golpe mortal a la línea de alta velocidad? ¿Qué acuerdo, señor ministro, por el que todos los electos del País Vasco francés se han levantado diciendo que eso no puede ser? ¿Qué acuerdo, señor ministro, del que ha dicho el presidente de las Cámaras de Comercio que esto es prometer a las generaciones futuras que vivirán en una reserva de indios? Y los indios, señor ministro, somos usted y yo, que estamos a la cola en ese tren; usted y yo. De ahí que le inste a que usted, de acuerdo con una resolución...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señor Beloki, ha acabado su tiempo.


Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señor Beloki, tuve la oportunidad de referirme en mi comparecencia parlamentaria a este tema.
También tuve la oportunidad de poner de manifiesto el impulso que le vamos a dar a la alta velocidad, por cierto, también en el tramo que tenía más retrasado el Gobierno vasco, que es la parte hacia Guipuzcoa, que nos permita lo antes posible la conexión ferroviaria también con Francia. Hemos venido trabajando, en primer lugar, con la creación de la Agrupación Europea de Interés Económico Sur Europa Atlántico. Luego se ha venido teniendo una ayuda para impulsar esta infraestructura de 70 millones de euros dentro del programa de fondos de las redes transeuropeas. Ha sido ratificado en la cumbre hispano-francesa celebrada el 28 de abril del año 2009, que ratificó todos los compromisos. Por lo tanto, es una prioridad del Gobierno de España y, además, vamos a compartirlo con el Gobierno francés en una reunión que vamos a celebrar de forma inmediata, y tendremos oportunidad de trasladarles mañana en el Consejo de Ministros de Transportes en Luxemburgo nuestro compromiso ratificado en esa cumbre bilateral, y estamos seguros de que el Gobierno francés también va a ratificar su compromiso. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JAIME GARCÍA-LEGAZ PONCE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿EN QUÉ SE BASA EL MINISTRO PARA CUESTIONAR EL DISPOSITIVO QUE HA ACORDADO PRESIDENCIA DEL GOBIERNO PARA LA SEGURIDAD DEL ANTERIOR PRESIDENTE DEL EJECUTIVO? (Número de expediente 180/000591.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor García-Legaz.


El señor GARCÍA-LEGAZ PONCE: Señor Blanco, el pasado 2 de junio, en un mitin del Partido Socialista Obrero Español, usted afirmó literalmente lo siguiente: cincuenta sueldos nos cuesta el ex presidente Aznar.
Literalmente dijo también: un dinero con el que se podrían comprar bastantes trajes. ¿Le parece prudente? ¿Le parecen responsables sus declaraciones? ¿Le parece razonable revelar datos sobre aparatos de seguridad de personas amenazadas por la banda terrorista? ¿Tiene usted, en su condición de vicesecretario general del Partido Socialista, acceso a datos sensibles o a aparatos de seguridad de personas amenazadas por ETA? (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor García-Legaz.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señor diputado, en mis palabras, en ningún momento, he cuestionado la seguridad del ex presidente Aznar. (Una señora diputada: ¡Mentira!)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor García-Legaz.


El señor GARCÍA-LEGAZ PONCE: Señor Blanco, sus declaraciones son las que son y se las podría repetir, pero le tengo que recordar algunas cosas. En primer lugar, el señor Aznar fue víctima de un atentado terrorista el 19 de abril de 1995 y salvó su vida, precisamente, por el aparato de seguridad que llevaba incorporado. En segundo lugar, le tengo que recordar que el señor Aznar sigue siendo objeto de amenazas terroristas, como ha sido publicado recientemente en varios medios de comunicación nacionales. Usted ha sido la única persona que en estos treinta años de democracia se ha referido a las cuestiones de seguridad de ex presidentes del Gobierno. Luego se unió el señor Corbacho diciendo que, a bote pronto, le parecía que eran muchos escoltas. Me parece una imprudencia.
Pero no solamente lo pienso yo; lo piensan también los escoltas, que han calificado de lamentables sus declaraciones; los sindicatos policiales, que han hablado de auténtica aberración, han dicho literalmente que usted ha revelado cuestiones operativas muy delicadas; el portavoz del Sindicato Unificado de Policía ha dicho que este es un debate absurdo; el portavoz de la Confederación Española de Policía ha manifestado su indignación y ha dicho que no es razonable que se publique información reservada. Además, conviene recordar que el servicio de seguridad que atiende al presidente Aznar es el designado por el departamento de seguridad de la actual Presidencia del Gobierno. Cuando usted cuestionó ese aparato de seguridad estaba cuestionando la propia labor de la Presidencia del Gobierno que a usted le ha nombrado. El señor Aznar tiene el aparato de seguridad que designa Presidencia del Gobierno, igual que el señor González, igual que en su día tuvo el señor Calvo Sotelo y el señor don Adolfo Suarez. Usted ha sido desautorizado por la Presidencia del Gobierno en un comunicado de 3 de junio. Ha sido desautorizado por el Ministerio del Interior, por la vicepresidenta del Gobierno y también por usted mismo, según sus propias declaraciones. Usted tiene dos opciones: pedir disculpas y rectificar o seguir en su...(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor García-Legaz, ha acabado su tiempo.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señor diputado, lo que he cuestionado yo es la hipocresía del Partido Popular. (El señor Villarrubia Mediavilla: Eso, eso.) Lo que he cuestionado es la ley

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del embudo, lo ancho para unos y lo estrecho para otros. Porque, como usted dice muy bien, señor diputado, el dispositivo de seguridad del señor Aznar lo establece Presidencia del Gobierno, pero también Presidencia del Gobierno establece las condiciones de viaje y de seguridad del señor Zapatero. Por tanto, ustedes no pueden cuestionar una cosa y avalar otra. (Aplausos.) Señor diputado, me parece exagerado decir que estimar públicamente el número de escoltas que protegen al señor Aznar es poner en riesgo su vida. Más bien me parece al contrario, que desvelar el número de escoltas que lleva, por su volumen, más bien tendría un efecto disuasorio. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores) En todo caso, señor diputado, si le preocupa de verdad el debate público sobre la seguridad del ex presidente Aznar, tuvo la oportunidad de estar callado y no presentar esta pregunta en el Parlamento. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CÓMO VALORA EL MINISTRO DE FOMENTO LA DECISIÓN DEL GOBIERNO FRANCÉS DE PARALIZAR EL PROYECTO DE ALTA VELOCIDAD ENTRE HENDAYA Y DAX? (Número de expediente 180/000592.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Azpiroz Villar.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, el pasado 31 de mayo, como se acaba de exponer, la ministra francesa, Michèlle Alliot-Marie, planteó que el Estado francés no iba a ejecutar el tramo que comprende Bayona con la frontera española, dentro del eje Dax-Bayona, del tren de alta velocidad; para ello alegó razones medioambientales y de carácter económico. Como usted sabe, la citada actuación pertenece al proyecto europeo prioritario número 3, al llamado eje ferroviario de alta velocidad del sudoeste de Europa y forma parte de la red de transportes transeuropea, y a tal fin cuenta con aportación financiera de la Unión Europea. En consecuencia, le formulamos la pregunta que figura en el orden del día.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Azpiroz.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señor diputado, le reitero lo que le dije al señor Beloki: el desarrollo de las conexiones ferroviarias entre España y Francia es un objetivo compartido por ambos países.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Será que la prensa en Francia dice cosas diferentes de las que el ministro español dice en esta Cámara, porque lo que los medios de comunicación pública han transmitido es que el Estado francés no va a hacer lo que el ministro dice que haga. Puedo entender que el ministro tenga preocupación a la hora de negociar con Francia, porque no demostró el cumplimiento de sus obligaciones con el eje de Figueras y la conexión del tren de alta velocidad que se debía haber producido en febrero de este año y que, como pronto, llegará en el año 2012. Se lo digo con el ánimo constructivo de ofrecerle el apoyo a un eje que afecta, no solo como guipuzcoano, a España y a Portugal; hay que mantener el eje de Burdeos, Dax, Hendaya, Irún y la conexión París-Madrid-Lisboa, con lo que implica también para el norte de Portugal y su economía y, por supuesto, para toda la economía española. Nosotros tenemos el mayor grupo parlamentario en Europa y va a tener el apoyo para esta iniciativa que le pedimos, por favor, que la luche y la pelee. Estoy convencido de que el Grupo Popular no es el único en esta Cámara que tiene la misma coincidencia de objetivos con lo que le acabo de exponer.
No se escude en un optimismo fácil, no se escude en que la reunión de mañana va a ir bien porque sí; negocie con dureza, exija los compromisos que ya están asumidos en la Unión Europea y llevemos adelante entre todos esta obra que es una infraestructura necesaria para el sur de Francia, para España y también para Portugal. Señor ministro, ahí nos tendrá con usted. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Azpiroz.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Muchas gracias, señor diputado, por su expresión y por su apoyo, pero le tengo que comunicar que ayer mismo por la tarde, en respuesta a una iniciativa del ministro de Fomento, se recibió una carta del secretario de Transportes francés, señor Bussereau, en la que se reafirma el compromiso político del Gobierno francés sobre el eje atlántico y se propone la convocatoria de una próxima reunión de la Comisión intergubernamental hispano-francesa antes del 15 de julio, a la que el Gobierno francés propone también invitar a la Comisión Europea. Le leo textualmente uno de los párrafos de la carta y luego, con mucho gusto, le entregaré la carta que hemos recibido: Quiero asegurarles -dice el secretario de Transportes francés- que el proyecto prioritario

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número 3 de las redes transeuropeas de transporte, eje ferroviario de alta velocidad del sudoeste de Europa, reviste una gran importancia para el Gobierno francés, especialmente en lo que se refiere a su rama atlántica y al enlace Dax-Vitoria. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN: ¿QUÉ OBJETIVOS PEDAGÓGICOS EXPLÍCITOS PIENSA EL GOBIERNO ALCANZAR PONIENDO PIZARRAS ELECTRÓNICAS EN LAS AULAS Y REGALANDO ORDENADORES PORTÁTILES A LOS ESCOLARES? (Número de expediente 180/000580.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A continuación, la pregunta dirigida al señor ministro de Educación que formula la diputada señora Díez González.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Doy por reproducida la pregunta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.


Señor ministro de Educación.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Gracias, señora presidenta.


Señora Díez, el proyecto Educa 2.0 busca hacer realidad en las aulas lo que ya es habitual en otros ámbitos de nuestra sociedad. No se trata de una simple distribución de ordenadores sino que es un proyecto integral para dotar de infraestructura tecnológica y conectividad básica las aulas de nuestro país. No es simplemente la incorporación de tecnología sino que es un proceso de innovación y modernización de la enseñanza y queremos incorporar nuevas posibilidades, situar las TIC al servicio de la innovación educativa y de la mejora de las formas de aprender y de enseñar; es otra cultura de la comunicación en un contexto en el que el autoaprendizaje y la formación y labor del profesor son compatibles. Y lo hacemos en colaboración con las comunidades autónomas, como señaló el presidente del Gobierno.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro de Educación.


Señora Díez González.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, ministro. ¿Qué informes del Centro de Investigación y Documentación Educativa avalan la decisión anunciada por el presidente del Gobierno y que usted ha destacado ahora mismo? Porque, según el informe PISA, el aumento del número de ordenadores en las aulas ha tenido efectos educativos negativos, usted lo sabe bien. Los casos de Holanda e Irlanda son los más claros. El rendimiento del centro descendió en 15 puntos al elevarse la ratio de un ordenador más por cada diez alumnos. Señor ministro, los ordenadores no enseñan solos. Las nuevas tecnologías en las aulas son un problema de modelo, no de cantidad. Un estudio presentado en mayo por la Confederación Española de Centros de Enseñanza llega a la conclusión de que el problema de España no es la falta de equipos sino cómo se utilizan. Si faltan equipos, señor ministro, no es entre los alumnos sino entre los profesores. Los docentes son el único colectivo de trabajadores de nivel universitario que no dispone de un ordenador propio en el centro de trabajo. Que el Gobierno pretenda arreglar la educación con ordenadores cuando tenemos un sistema educativo con un fracaso escolar del 30,8 por ciento, un abandono educativo temprano del 31 por ciento y donde solo un 60 por ciento de los jóvenes alcanza la secundaria superior no deja de ser una huida hacia delante para no asumir su responsabilidad ante el fracaso del modelo; sí, ante el fracaso del modelo.


Señor ministro, el modelo educativo ha de tener como objetivo transmitir conocimientos y no habilidades. Por decírselo de otra manera, hay que enseñar primero a los niños a sumar, a restar, a multiplicar; a los jóvenes hay que enseñarles primero a dominar las técnicas aritméticas, solo después tiene sentido regalarles una calculadora. Creo que el ejemplo no puede ser más acertado para el tema de los ordenadores y las pizarras electrónicas. Primero hay que aprender a sumar, a restar y a multiplicar y después les damos una calculadora. Hacerlo al contrario siempre conducirá al fracaso. La educación no se arregla regalando ordenadores, señor ministro; es el modelo educativo el que está equivocado, y eso es lo que hay que cambiar: el modelo equivocado.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Comparto, señora Díez, que hay otros problemas educativos decisivos, y para combatirlos trabajamos con programas específicos y confío en su colaboración para lograrlo. No pretendemos resolver todas las cuestiones con esta acción, pero esta es una acción estratégica; no es simplemente una distribución de ordenadores. Vamos a dotar de manera completa las aulas digitales; vamos a garantizar la conectividad dentro del aula y de los hogares; vamos a asegurar la formación del profesorado, como usted bien dice, en aspectos técnicos y metodológicos; vamos a generar y facilitar el acceso a materiales

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digitales educativos; vamos a implicar a los alumnos y a las familias en el desarrollo de estos recursos y vamos a llegar a acuerdos con editoriales y con otras entidades para facilitar el acceso de profesores y alumnos a nuevos materiales educativos.


Tiene usted razón, se trata de transmitir y de generar conocimiento, que no es incompatible con las competencias y habilidades. No es un dilema: o conocimiento o habilidades; son bien compatibles. Y además en este proyecto que estamos haciendo con las comunidades autónomas vamos a sumarnos a iniciativas de toda la comunidad educativa, que tiene mucha experiencia al respecto, que ya tienen programas específicos, y queremos coordinarnos a través del programa Educa 2.0 Así que vamos a garantizar la coherencia, la cohesión y la igualdad en el acceso a las tecnologías -lo que usted defiende y con razón- y la corresponsabilidad, en colaboración y cofinanciación con las comunidades autónomas. No son asuntos de pizarras y ordenadores; se trata de mejorar las formas de aprender y de estudiar... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento señor ministro, ha acabado su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO ERIAS REY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO SUBIR LA TARIFA ELÉCTRICA A PARTIR DEL PRÓXIMO MES DE JULIO? (Número de expediente 180/000589.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a las preguntas dirigidas al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio. En primer lugar, la que formula el diputado señor Erias Rey.


El señor ERIAS REY: Señor ministro, hoy le preguntamos sobre algo que realmente preocupa a los españoles y que, por otro lado, tiene que ver con la carencia de una auténtica política energética a medio plazo del Gobierno. Señor ministro, aún no sabemos cuál será el precio de la TUR y de la tarifa reducida. Por lo tanto, no sabemos qué ahorro va a suponer esta medida. De ahí que resulte necesario que nos explique hoy si se va a producir o no una subida de la tarifa energética. Es más, señor ministro, pymes, consumidores y familias no saben qué va a pasar con sus gastos de energía a partir del próximo 1 de julio, ya que desde su ministerio solamente se les ha anunciado el llamado bono social y la tarifa de último recurso para unos 5 millones de personas, y más de un millón de pymes quedan todavía totalmente desprotegidas. A estas qué les va a pasar y a los más de 20 millones de consumidores qué les va a suceder. Nos puede decir entonces de qué se preocupa usted.


Además, señor ministro, desde el 1 de enero ya subió la factura de la luz un 3,5 por ciento, muy por encima de la inflación prevista y de la constatada, y como ahora la CNE promueve en la revisión trimestral una propuesta de una subida del 3 por ciento, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a suscribir esta subida en el mes de julio?. Esta subida, señor ministro, en su caso, se daría en un contexto en el que más de un millón de empresas se han dado de baja en la Seguridad Social, más de un millón de familias tienen a todos sus miembros en paro y la tasa de paro de la economía española es del 18,1 por ciento, la más elevada de la Unión Europea.


Señor Sebastián, no basta con las bombillas, nos hemos olvidado -no sé si es verdad o no, y quiero pensar que no lo es- de que 300.000 están todavía en Correos y que, desafortunadamente, como no tenemos mucho hábito de utilizarlas, parece ser que se funden con bastante facilidad.
Señor ministro, mientras que la luz entre 2000 y 2004 no subía, ahora lo hace a un ritmo del 19 por ciento. Explíquenos qué va a pasar a partir del día 1 de julio.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Erias.


Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, como usted bien sabe, a partir del 1 de julio se produce la liberalización del sistema eléctrico a partir de una potencia contratada de 10 kilovatios. Esto quiere decir que el 80 por ciento del consumo va a estar liberalizado y que el Gobierno no va a subir la luz nunca más para el 80 por ciento del consumo. Usted se refiere probablemente al otro 20 por ciento, a la tarifa de último recurso. Como sabe bien S.S., el Gobierno tomará una decisión cuando tenga toda la información con respecto a lo que está detrás de la tarifa de último recurso. Como bien sabe S.S. y deja claro el Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, la tarifa de último recurso se establece mediante la adición de dos conceptos. En primer lugar, el coste de la energía, que se determina según una fórmula objetiva, conocida, transparente, respaldada por la CNE, donde se ponderan las cotizaciones de la energía eléctrica en los mercados a plazo, y en segundo lugar, el resto de los costes en los que se incurre, lo que se conoce popularmente como los peajes. A fecha de hoy, no disponemos de información ni de lo uno ni de lo otro. No tenemos información porque no conocemos todavía las subastas de compras de último recurso, las Cesur, que sirven de referencia para el coste de la energía y que se conocerán el 25 de junio, por lo que hasta esa fecha no podemos emitir ningún juicio sobre el coste de la energía. Y, por otro lado, por lo que hace referencia a los peajes, S.S. sabe, y debe compartir, que necesitamos saber la evolución del déficit de tarifa que ustedes crearon, esa hipoteca a quince años de la que ustedes se

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sienten tan orgullosos y que nosotros queremos eliminar a medio plazo con el apoyo de esta Cámara. Lo que sí le podemos decir -y ahí pueden estar tranquilos los ciudadanos- es que más de 5 millones de hogares van a tener la tarifa de la luz congelada. Todos los ciudadanos con una potencia de menos de 3 kilovatios/hora, todos los hogares con sus miembros en paro, los pensionistas de pensiones mínimas y las familias numerosas. Ustedes nunca hicieron nada así.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON RAMÓN MORENO BUSTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO QUE EL GOBIERNO HA ACTUADO CON LA DILIGENCIA DEBIDA RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA DE LA FACTORÍA DE OPEL EN FIGUERUELAS? (Número de expediente 180/000590.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta del diputado, don Ramón Moreno Bustos.


El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señora presidenta.


Ante la inoperancia demostrada por el Gobierno hasta el pasado 2 de junio, donde el estar en campaña electoral ha debido ser un estímulo para salvar la cara, hemos querido con esta pregunta, por una parte, dejar claras las dudas que a día de hoy seguimos teniendo sobre el desinterés demostrado por el Gobierno en la gestión del futuro de la planta Opel España y, por otra parte, mostrar nuestra voluntad por conocer por qué el Gobierno español no ha estado -si tan preocupado dice que se encuentra- como parte activa en las negociaciones, desde su inicio, con el resto de involucrados en la decisión final, cuánto dinero público piensa aportar el Gobierno -y no me diga que a estas alturas todavía no lo sabe porque entonces ya vamos mal- y a cambio de qué. ¿Qué exigencias va a poner el Gobierno para que Figueruelas no quede únicamente como un centro de montaje, sino para que siga siendo de distribución, de gestión de compras, en definitiva, señor ministro, de decisión también?

Por todo ello le formulo la pregunta que figura en el orden del día.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Moreno.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, el Gobierno -creo que es reconocido- ha actuado con absoluta diligencia en todo lo que se refiere a la crisis económica y, en particular, al sector del automóvil. Usted me dice que qué es lo que hemos hecho antes del 29 de mayo. Hemos hecho mucho, pero poco había que hacer, porque le recuerdo que hasta el 29 de mayo no existía ni General Motors, la matriz, ni General Motors Europa. ¿Con quién teníamos que sentarnos a negociar, con el Altísimo? Teníamos que esperar, lógicamente, a la solución, que es de la matriz, que está en Estados Unidos, y de Alemania, que es el principal país donde radica Opel, General Motors Europa, donde gobierna su compañera ideológica Merkel, y donde me imagino que ustedes habrán hecho alguna gestión ante sus amigos de la CDU, sobre la que me gustaría que me respondiera en el tiempo que le queda.


Nosotros hemos hecho una defensa activa de Figueruelas, nos hemos reunido con los máximos representantes del Gobierno alemán, también del Gobierno británico, también, lógicamente, con los potenciales accionistas y hemos tenido un seguimiento en todo momento de la planta y hoy, gracias a eso, puedo anunciar ante esta Cámara que el Opel Meriva se hará a partir del año 2010 en exclusiva en Figueruelas, con lo cual el futuro de la planta queda plenamente garantizado.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Moreno.


El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señora presidenta.


La verdad es que me preocupa comprobar con su respuesta que a estas alturas de la película ustedes no tienen ni guión, sino más bien continúan esperando que otros desde fuera de España se lo hagan. Señor ministro, su desinterés tardío les ha abocado a que terminemos avalando a una empresa austriacocanadiense y a un banco ruso, sin poder plantear otras soluciones o participar de las decisiones. Pero, mientras la presidenta alemana, la señora Merkel, estaba de madrugada sentada a una mesa en una dura e intensa negociación, el señor Zapatero estaba también sentado, pero en una butaca, viendo la final de la Champions League en Roma. Esa es la diferencia. (Rumores y protestas.-Aplausos.) Señor ministro, no todo se arregla con hacerse una foto en campaña en la planta automovilística, con apretar unas cuantas manos, con unas palmaditas en la espalda y mucha sonrisa vendiendo el interés del Gobierno por solucionar este problema. La realidad nos demuestra, una vez más, que ustedes llegan tarde, mal y a trompicones, y sin capacidad de liderar soluciones de futuro. Ahora seguiremos oyendo los cantos de sirena de su Gobierno, aparecerán subvenciones, que ojalá se confirmen,

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ayudas y compromisos de otros gobiernos, aprovecharán para irnos preparando para un plan de reestructuración, pero, señor ministro, mientras esto ocurre, ¿ustedes qué han hecho y qué piensan hacer, salvo dejarse llevar en la ola que otros están gestionando? Déjese de bombillas y póngase de una vez a trabajar, señor ministro. Por cierto, y por si no lo sabe, también en Figueruelas han perdido ustedes las elecciones.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Moreno.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


Por cierto, y por si usted no lo sabe, en Aragón hemos ganado las elecciones. (Aplausos.)

Señoría, como bien ha reconocido la propia canciller Merkel, este ministro y este Gobierno han estado en permanente contacto con el Gobierno alemán para hacer una defensa de los criterios de productividad, criterios industriales para el futuro de Opel, porque bajo esos criterios -que entiendo que son los criterios que S.S. también debería compartir- el futuro de la planta de Figueruelas está plenamente garantizado. Como se defiende Figueruelas es hablando bien de la planta de Figueruelas en vez de hablando mal del Gobierno que la está defendiendo. Es así como se defiende Figueruelas y es lo que ustedes nunca hacen. Le vuelvo a preguntar ¿cuántas veces ha hablado el señor Rajoy o alguien de su partido con alguien de la CDU alemana, con alguien del Gobierno de la señora Merkel, con sus compañeros ideológicos, para defender el futuro de la planta más competitiva de Europa, de la mejor planta de Opel en Europa, que es la de Figueruelas? ¿Cuántas veces lo han hecho?

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JESÚS MEMBRADO GINER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO ¿QUÉ ACTUACIONES ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO PARA DEFENDER LA PLANTA DE OPEL EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000595.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Finalmente, pregunta del diputado señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señora presidenta.


Señorías, dicen los historiadores que un político de la República cuando bajaba del tren en Madrid o en Barcelona se cambiaba los zapatos por alpargatas y la carta del restaurante por un bocadillo. Cuando el señor Rajoy bajó el 31 de mayo del AVE en la estación de Zaragoza y cambió su coche habitual por un Opel para ir al mitin me recordó a Alejandro Lerroux. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.) Me recordó el populismo, que es lo único que ustedes son capaces de hacer hasta con los puestos de trabajo de los trabajadores de su tierra, señor Moreno Bustos.
Me recordó, desgraciadamente, a aquel personaje y me recordó que ustedes los únicos hechos que saben realizar para defender una planta de estas características es ponerla en entredicho, porque, a pesar de usted, la planta de Opel-Figueruelas es trascendental para la economía aragonesa.
Supone el 20 por ciento de nuestro PIB industrial, produce el 28 por ciento de unidades de toda Europa, con una plantilla de 7.400 trabajadores de los 55.000 que hay en Europa. Es competitiva, tecnológicamente avanzada y capaz de sacar una producción de casi medio millón de unidades, como se demostró con la producción del año 2007. Ha ido generando en estos veintisiete años una capacidad enorme de producción, de valor añadido, hasta el punto de que casi 15.000 trabajadores de la industria aragonesa están afectados por la planta Figueruelas. La crisis de General Motors, con su enorme efecto en Estados Unidos y su derivada en todo el mundo, sobre todo en Europa, hace que en Aragón haya una enorme preocupación, pues el valor competitivo es un buen activo para garantizarlo, pero no el único. En ese sentido, quiero reconocer una cuestión que usted, señor Moreno Bustos, es incapaz de reconocer. Se ha trabajado permanentemente a lo largo de este tiempo.
Tenemos 200 millones de euros comprometidos y por eso le quiero decir al señor ministro: sigan ustedes trabajando. Pero me gustaría que también nos informase de las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para defender la planta de Opel en España. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Membrado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


Este Gobierno, desde el principio de la crisis, ha apostado por el sector del automóvil y lo ha hecho con una dificultad, y es que no tenemos ninguna empresa, ninguna matriz del sector del automóvil en España. Esto es un hecho histórico que tenemos que aceptar, lo aceptamos y trabajamos con ese hándicap. Hemos apostado por el sector del automóvil -con poco apoyo de los que están a mi espalda- con un plan de competitividad de 800 millones de euros. Es uno de los planes más importantes llevados a cabo en Europa. General Motors España ha sido beneficiaria de ese plan. Un plan que, lógicamente, dentro de la normativa europea, busca la innovación, el futuro y la competitividad. General Motors Europa ha recibido 29,2 millones de euros de la matriz,

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antes de la crisis de General Motors, el pasado mes de marzo, lo que va a permitir acometer inversiones superiores a los 162 millones de euros.
¿Qué hubiera sido de la industria del automóvil en España si hubiéramos seguido los criterios schumpeteriamos de algunos? ¿Qué hubiera sido de la industria del automóvil en España? Gracias a este plan y a estas ayudas, la planta de Figueruelas, que es, insisto, la segunda más competitiva de Europa, podemos garantizar que va a seguir jugando un papel muy importante en el futuro de Opel. El Gobierno -y no solo el Gobierno de España sino también el Gobierno de Aragón, como no puede ser de otra forma, de la mano los dos gobiernos, también de la mano de los sindicatos, del comité de empresa y de todos los trabajadores de la planta- ha ido a defender este criterio industrial, de competitividad, porque con ese criterio tenemos todas las de ganar.


Como S.S. sabe, he mantenido tres conversaciones con mi homólogo alemán, el ministro de Economía e Industria alemán, que tenía el peso de las negociaciones con General Motors Corporation. Asistí el 29 de mayo en Bruselas a la reunión de la Comisión Europea donde dejamos clara la posición española, que finalmente fue la posición aprobada por los distintos gobiernos. El 2 de junio visité la planta de Opel en Figueruelas y me reuní con el comité de empresa. El 3 de junio, al día siguiente, me desplacé a Alemania en un Falcon para reunirme con el consejero delegado de General Motors en Europa. (Risas y aplausos.) En esa reunión también participó el vicepresidente de Magna, y ahí dejamos de nuevo bien clara la posición de...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento señor ministro, ha acabado su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO: ¿SIGUE CONSIDERANDO EL GOBIERNO QUE FUE CORRECTA LA ACTUACIÓN EN LA EXTINCIÓN DEL DRAMÁTICO INCENDIO DE GUADALAJARA DE JULIO DE 2005? (Número de expediente 180/000593.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la pregunta dirigida a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino que formula el diputado señor Echániz Salgado.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, a las dos de la tarde del sábado 16 de julio de 2005 se iniciaba en Guadalajara lo que sería una tragedia humana y medioambiental de extraordinarias dimensiones. Tras 28 horas del más sangrante desinterés, de falta de previsión, de descoordinación, de negligencia, de aparatos averiados y de falta de medios y de refuerzos, solamente la muerte de los 11 trabajadores del retén de Cogolludo hizo saltar las alarmas y reaccionar a los gobiernos nacional y regional hacia tal incendio.
Probablemente la actitud del Gobierno tiene mucho que ver con que el presidente de Castilla-La Mancha se divertía en una barbacoa (Protestas.), que la ministra de Medio Ambiente apareció dos días después y lo hacía en Málaga o con que el presidente Zapatero se iba a China y visitaba la zona unos minutos antes, en helicóptero, de forma clandestina, solo con cámaras de televisión.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista impidió en esta Cámara una comisión de investigación y vetó comparecientes y testigos en la de Castilla-La Mancha, que cerró durante el mes de agosto, manipulando informes y prefabricando las conclusiones una semana antes.
(Protestas.-Un señor diputado: ¡Qué dices!) Este Gobierno, obligado a la coordinación y al apoyo con medios a las comunidades autónomas, se justificó nada más y nada menos con la excusa de que no le funcionó el servidor informático. Sin embargo, hace unos días el juzgado ha imputado a varios cargos políticos socialistas. Señora ministra, ¿sigue considerando el Gobierno que fue correcta la actuación en el incendio de Guadalajara?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Echániz.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias, señora presidenta.


Señoría, ante todo quiero manifestar mi solidaridad y respeto por los fallecidos y familiares del incendio de Guadalajara, e indicar el compromiso del Gobierno en la colaboración con las comunidades autónomas en la prevención y lucha contra los incendios forestales; se lo diré con más detalle en la réplica. Y lo único que le pido es que, por favor, sean responsables y dejen por una vez de utilizar a las víctimas. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


Señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, los incumplimientos de este Gobierno con los diez municipios afectados y con el plan de desarrollo de la zona, que vio su economía absolutamente arruinada sin la autovía Nacional-211 o sin el Parador de Molina, no es absolutamente nada comparado con el trato vejatorio y bochornoso que los gobiernos socialistas han dado en todo este tiempo a las familias de las víctimas, que rechazaron visitar al presidente Zapatero en Moncloa y que han visto como la mayor parte de las diligencias del sumario se han hecho a instancias suyas y no del

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ministerio fiscal. Y que además siguen sin saber la verdad de un incendio que todos opinan que fue claramente evitable. (El señor Alique López: ¿Dónde estabas tú?)

Señorías, tras cuarenta meses de trabajo, tras más de quince mil folios, el auto de apertura de juicio oral aprecia en los acusados, en varios de ellos -consejera, directores generales o delegados del Gobierno-, delitos de incendio forestal por imprudencia grave, delito contra la seguridad de los trabajadores y homicidio imprudente. Ante la actitud de los gobiernos socialistas -supongo que en eso consiste el talante, señoría, incluido el de usted, señora ministra, que está hoy aquí-, a las familias solo les queda el apoyo de una provincia que no les va a olvidar (El señor Alique López: ¿Dónde estabas tú?) y confiar plenamente en que se les haga justicia.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Echániz.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Señoría, el Gobierno, más que nunca, quiere manifestar el apoyo a todos y cada uno de los profesionales que realizan su trabajo en la extinción y prevención de incendios forestales, desde los que trabajan para comunidades autónomas hasta el Ministerio de Medio Ambiente o la UME. Nuestra responsabilidad y la del Partido Popular cuando gobernaba difieren bastante, señoría. Le recuerdo que la ex consejera de Medio Ambiente dimitió inmediatamente después de que se produjera ese incendio, sin nada más, y todavía estoy esperando que algún cargo del Partido Popular, con imputaciones bastante mayores en igualdad de circunstancias, dimita.


Está usted hablando de medios. Le digo algo más, cuando gobernaba el Partido Popular dedicó a prevención en el año 2004 -voy a tomar datos que le pueden favorecer- 16.915 millones de euros. Más de 30.000 el año pasado, señoría. Para extinción, 38.327 en 2004 frente a más de 65.000.
Por último, quiero decirle que, desde la máxima consideración y respeto a las víctimas del accidente y a sus familiares, solicito para los actuales imputados la misma presunción de inocencia que ustedes exigen para el señor Camps o para el señor Fabra. Y un tema más: los imputados lo están por una dedicación pública. El señor Camps y el señor Fabra posiblemente por otros intereses que difieren bastante del interés general. Y, desde luego, desde el Gobierno siempre se colaborará con el Juzgado de Sigüenza que investiga el incendio, facilitando cualquier dato, y estoy ...
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señora ministra ha acabado su tiempo.


- DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR GRANDE PESQUERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL: ¿CUÁLES SON LAS VALORACIONES QUE HAN PRIMADO EN LA DECISIÓN DEL GOBIERNO PARA QUE LA DISPENSACIÓN DE LA PÍLDORA ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA (PAE) NO REQUIERA RECETA? (Número de expediente 180/000596.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora ministra de Sanidad y Política Social, que formula la diputada señora Grande Pesquero.


La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señora presidenta.


El pasado 11 de mayo, junto a la ministra de Igualdad, usted anunció la decisión de retirar la exigencia de prescripción previa para la dispensación en las farmacias de la píldora anticonceptiva de emergencia, la P.A.E, como así debemos de empezar a llamarle, ya que sus siglas describen fielmente la evidencia científica. La P no hace falta decir que es de píldora; la A viene de anticonceptivo, no es A de abortivo, como algunos engañosamente afirman, ya que está compuesta por la hormona levonorgestrel, que administrada en dosis única inhibe o retarda la liberación del óvulo. Por tanto, es un anovulatorio que, en ningún caso, impide la implantación y del que, por cierto, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia valora sus efectos secundarios como mínimos. La E viene de emergencia, de ayuda puntual e inmediata, y no de método habitual de primera elección. Es, por tanto, un buen medicamento y así lo consideró el Partido Popular que en época de mayoría absoluta lo autorizó en el año 2001. Pero de todos es conocido que la adolescencia es una etapa en la que la percepción del riesgo y los sentimientos de vulnerabilidad están muy alejados de la realidad y que las consecuencias de las acciones que tienen resultados a medio y largo plazo apenas se toman en cuenta. De ahí, la importancia que tiene la educación sexual y reproductiva en esta etapa de la vida de los jóvenes. A pesar de que el año pasado ya se vendieron 500.000 dosis de P.A.E en nuestro país, que se dan en diez comunidades autónomas gratuitamente, y de las campañas de uso del preservativo hacia los adolescentes que su departamento viene impulsando, no podemos ignorar que en el año 2007 hubo más de 10.600 embarazos en chicas menores de 18 años, de las cuales 6.273 decidieron interrumpirlo voluntariamente, y de estas, 500 chicas tenían menos de 15 años. Por tanto, señora ministra, ante esta realidad me podría decir cuáles son las valoraciones que han primado en la

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decisión del Gobierno para que la P.A.E no requiera receta médica previa.
Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, coincidimos en que la píldora no debe convertirse bajo ningún concepto en un método anticonceptivo habitual o de primera elección. Se trata de un método anticonceptivo de emergencia que solo debe usarse -y así quedará constancia en el prospecto del medicamento- cuando haya fallado otro método anticonceptivo o se trate de una relación no planificada. Quiero señalar que esta decisión se enmarca en la estrategia de salud sexual y reproductiva del Sistema Nacional de Salud, cuyos objetivos son, en primer lugar, prevenir las enfermedades de transmisión sexual y, en segundo lugar, incidir en la disminución de embarazos no deseados y, por tanto, en la disminución de interrupciones voluntarias del embarazo. Para ello, vamos a seguir promoviendo -esto es lo importante- el acceso y uso de métodos anticonceptivos, sobre todo el preservativo que es el método más seguro, más eficaz y más barato, especialmente entre los jóvenes, y vamos a fomentar la educación sexual en las escuelas y en los institutos. En cualquier caso, el Gobierno ha tomado esta decisión con el fin de facilitar el acceso de todas las mujeres a la píldora, independientemente del lugar donde residan, porque aunque los servicios sanitarios -y usted lo señalaba, señoría- de la mayoría de las comunidades autónomas lo dispensan de manera gratuita, es cierto que en algunos lugares existen dificultades reales para acceder a ella en los plazos en que este tratamiento es efectivo. Es decir, queremos regularizar y cohesionar la dispensación de este medicamento autorizado en 2001, equiparándonos a la inmensa mayoría de países de nuestro entorno. La anticoncepción hormonal de emergencia ya es de comercialización libre, sin prescripción médica, en 42 países de todo el mundo, 15 de ellos europeos. Además, la experiencia europea comparada nos indica que se sigue usando como un método excepcional y de emergencia y que con esta medida sí se consigue reducir los índices de interrupciones voluntarias de embarazo y, por otro lado, como usted indicaba, su uso no produce contraindicación alguna reseñable. En suma, señoría, mayor acceso y también mayor información y educación sexual para reducir los embarazos no deseados, especialmente entre las mujeres más jóvenes.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA JUANA SERNA MASIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN: ¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR QUE EN ESTOS MOMENTOS DE CRISIS LAS EMPRESAS NO VEAN AFECTADA SU APUESTA POR LA I+D+I? (Número de expediente 180/000597.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora ministra de Ciencia e Innovación que formula la diputada señora Serna Masiá.


La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, desde el año 2004, cuando ganamos las elecciones, el Gobierno socialista ha sido plenamente consciente de la necesidad de cambiar nuestro modelo productivo para hacerlo más duradero, más sostenible y más competitivo. Ya en el año 2004 lo que decidimos precisamente fue que había que hacer un buen diagnóstico de cuáles eran los males que aquejaban a nuestro desarrollo económico y, por tanto, a nuestro futuro. En ese sentido, aparecían la baja productividad, la excesiva temporalidad en el mercado de trabajo, la excesiva dependencia energética y, desde luego, la excesiva construcción residencial. Pero todo diagnóstico no solamente tiene que identificar los males de nuestra economía sino que tiene que aportar soluciones y ya desde la pasada legislatura la educación y la investigación, el desarrollo y la innovación aparecieron como elementos clave para conseguirlo. Hoy, en plena crisis y cuatro años después, seguimos pensando lo mismo y es que tiene que cambiarse nuestro modelo productivo y que para ello hay que aportarle tres pilares básicos que serían: desde luego, hacer reformas estructurales, más y mejor educación y avanzar mucho más en la innovación, la investigación y el desarrollo. La cuestión es que precisamente por ello hemos creado un ministerio específico, el suyo, y entonces la I+D+i está bajo su competencia. ¿Qué es lo que sabemos hoy para ese cambio de modelo productivo? Pues que la innovación tiene un impacto inmenso en las empresas españolas. Por ejemplo, la productividad crece nada menos que un 16 por ciento. Y no solamente crecen en productividad las empresas españolas sino que cuando son innovadoras tienen más ventas, crece más el empleo y desde luego crece más la exportación que en las empresas que no son innovadoras. Por otro lado, se hacen más fuertes y pueden sobrevivir mejor a la crisis económica, como por ejemplo la que tenemos actualmente. Por último, son -algo muy importante para nuestro país- un yacimiento de lo que debe ser el empleo de calidad, un empleo más estable y de mejor cualificación.


Por eso, el Grupo Socialista, señora ministra, le pregunta qué medidas está adoptando para que las empresas que han apostado por I+D+i, no se vean afectadas, a pesar de la crisis, en su empeño de progresar

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en la innovación. Porque es verdad, como dijo el presidente en el debate sobre el estado de la Nación, que ahora lo prioritario es conservar el empleo, frenar el desempleo...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señora Serna, ha acabado su tiempo. (Aplausos.)

Señora ministra.


La señora MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN (Garmendia Mendizábal): Gracias, presidenta.


Señoría, el Gobierno trabaja intensamente y en todos los frentes para luchar contra los efectos agudos de la crisis en nuestra economía y al mismo tiempo impulsa ese cambio hacia esa economía más sostenible y más intensiva en conocimiento. Como parte de esta acción de gobierno, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha desarrollado un paquete específico de medidas para apoyar e incentivar de forma singular ese esfuerzo productivo, ese esfuerzo que están realizando estas nuevas empresas que han emergido en los últimos años, como ayer se señalaba en el informe Cotec, estas más de 11.000 empresas que tienen que ser grandes protagonistas de nuestro cambio productivo.


Permítame que le señale alguna de las medidas que hemos puesto en marcha: hemos concentrado todas las ayudas a la I+D+i empresarial, más de 1.200 millones de euros, en el CDTI; hemos ampliado las ayudas a empresas y hemos incentivado la compra pública de tecnología gracias en parte al Fondo de I+D+i, de 490 millones de euros, previsto en el PlanE; hemos simplificado la solicitud de ayudas y asegurado que la mayoría de las convocatorias permanezca abierta todo el año; hemos reducido la exigencia de avales y garantías a las pymes y estamos sustituyendo los créditos por programas de crédito más subvención; elaboramos informes gratuitos para que estas empresas puedan obtener automáticamente las exenciones fiscales por su inversión en actividades de I+D+i; hemos incorporado mayor flexibilidad a los instrumentos existentes, como por ejemplo el programa Cenit, y hemos diseñado nuevos instrumentos, como es el programa Interempresas, precisamente para favorecer esa colaboración necesaria entre las pymes. Facilitaremos la incorporación este año 2009 de 1.300 doctores a empresas y además el Gobierno ha anunciado un marco fiscal estable y predecible que mantendrá a España como el país con los mejores incentivos a la I+D+i de todos los países de la OCDE más allá del año 2011. Este paquete de ayudas ha permitido que, a pesar de la crisis y ya en el primer cuatrimestre del año 2009, el CDTI haya duplicado el número de ayudas concedidas para proyectos de investigación a empresas respecto al mismo periodo del año anterior y que las solicitudes presentadas para ayudas a la creación de empresas de base tecnológica, las nuevas empresas innovadoras, se hayan triplicado respecto al mismo periodo del año anterior. Así que, señoría... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señora ministra.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA RACIONALIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, MEDIANTE LA AUSTERIDAD, LA EFICIENCIA, LA MODERACIÓN DEL GASTO Y EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LEALTAD INSTITUCIONAL, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA EFICACIA Y PERMITIR LA ADECUADA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.
(Número de expediente 172/000099.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto VI del orden del día, interpelaciones, que iniciamos, tal como acordó la Junta de Portavoces, con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la racionalización y reducción de la estructura de la Administración General del Estado mediante la austeridad, la eficiencia, la moderación del gasto y el cumplimiento del principio de lealtad institucional, con el objetivo de mejorar la eficacia y permitir la adecuada financiación autonómica. Para defender esta interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Ridao. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia.)

El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, sin duda atravesamos -no digo nada nuevo- la peor crisis económica de nuestra historia más reciente, cuya extrema gravedad está repercutiendo no solo en la pérdida de puestos de trabajo sino también en una grave retracción del consumo; en definitiva, supone un retroceso y pone en serios aprietos a nuestro ya de por sí precario Estado del bienestar. Como recordaba hace algunas semanas el gobernador del Banco de España, ahora todos los países están más o menos igual, es decir, mal; sin embargo, en el momento de la recuperación quizá no todos saldrán de la misma forma y por ello venimos insistiendo -ayer mismo lo hizo la Cámara en una resolución y también en el pasado debate de política general- en la necesidad de operar cambios, reformas estructurales en nuestro modelo económico y productivo, y entre estos cambios obviamente está la reforma de la Administración y también del sector público, que es un ámbito en el que estas reformas cobran un papel relevante. Además el Gobierno debe acabar también con una

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cierta deslealtad institucional que supone la concurrencia competencial con las comunidades autónomas, sobre todo en algunos capítulos donde el Estado no tiene competencias, que por cierto ocupa a casi 150.000 funcionarios públicos según un reciente estudio de la patronal Fomento del Trabajo. Fíjese qué paradoja, señora vicepresidenta, que ahora que algunos -recientemente, durante la campaña electoral- apelan al principio de unidad del mercado, tanto el Partido Popular como también el ex presidente del Gobierno Felipe González, para cuestionar el Estado de las autonomías por ineficiente, resulta que lo más ineficiente viene de la mano de un Gobierno que tiene ministerios que podrían ser perfectamente secretarías de Estado o ministerios que sencillamente no deberían ni existir y, claro, luego la ecuación no sale porque crecen las competencias y el gasto de las comunidades autónomas pero al mismo tiempo crece también el gasto del Estado. Y así las cosas, la financiación autonómica, señora vicepresidenta, está pendiente, parece la vara de San José, que va floreciendo a la espera de que el Padre decida alguna cosa, por no hablar de la financiación local de unos ayuntamientos que están resistiendo en un escenario muy difícil ese alud de inmigrantes y haciendo frente a nuevos retos en materia social, como la Ley de Dependencia.


Insisto, y permítanme que haga un excursus marginal en esta cuestión de la unidad de mercado, porque yo no sé en qué están pensando exactamente los que sufren por esa unidad de mercado, no sé si están sufriendo y padeciendo por las diferencias fiscales, por el impuesto de sucesiones, por el hecho de que haya distintas lenguas oficiales. Francamente estas obsesiones un poco enfermizas se curan viajando y leyendo. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el gran paradigma de la economía de mercado, hay espacios fiscales distintos; cada Estado decide su IRPF, el IVA también es una libre decisión estatal, no federal, e incluso hay especificaciones distintas estatales en las reglas sobre seguros de tráfico o consumo; por cierto, los vehículos se deben rematricular cuando pasan a otro Estado. Y en Estados Unidos nadie discute sobre esas dolencias imaginarias de la unidad de mercado. Tampoco en países, por cierto plurilingües, de Europa, como Suiza y Bélgica, ni en Canadá ni en Finlandia discuten sobre esa unidad de mercado porque haya más de una lengua oficial. El problema, dejando de lado algunas ingenuidades, no es de falta de información, es un problema más profundo, es esa creciente percepción para algunos de que la descentralización ha llegado a su límite, es decir que amenaza la llamada unidad nacional, y se acaricia una cierta rectificación, y en esas andamos. No sé si sería mucho pedir que aquellos que apelan o que hablan de la unidad de mercado hablaran abiertamente de la llamada unidad nacional.


Señora vicepresidenta, quizá sí habrá que reformar el Estado de las autonomías, pero no a costa de las comunidades autónomas, que han mostrado mucha más agilidad, mucha más eficacia y que tienen además una gran voluntad de autogobierno. No se puede tratar igual a territorios de gran tradición, incluso con una historia propia de autogobierno -el presidente Montilla es el presidente 128º de la Generalitat desde el siglo XIV y les recuerdo que el presidente Zapatero es el presidente 59º desde 1902-, en contraposición además con otras comunidades autónomas a las que ciertamente les va bien que se las gobierne desde Madrid. Al igual que es hora también de acabar con algunos tópicos sobre financiación y territorios. El actual modelo no trata igual, sino de forma injusta y poco equitativa, a todas las comunidades autónomas. Aquí hay una España de cuatro motores: hay una España con los que controlan la caja -País Vasco y Navarra-; las hay que controlan la caja de todos -el Gobierno central-; hay algunas comunidades autónomas evidentemente subsidiadas, y luego hay algunas que son las que pagan la fiesta. Hay que acabar con esa mala costumbre de que el Estado central centrifuga la mayor parte del gasto, sobre todo social, y además controla una buena parte de los ingresos que son de todos. Por ello, ante el 15 de julio, ese horizonte que fijó el presidente del Gobierno para ese nuevo acuerdo de financiación, el Gobierno tiene ante sí una clara disyuntiva, señora vicepresidenta, o pacta con el Partido Popular la involución en el terreno autonómico o pacta con los reformistas periféricos no solo para salir de la crisis, sino también para encontrar una salida a un tema como la financiación autonómica, para el autogobierno, que son, por cierto, temas íntimamente vinculados, unidos si se quiere avanzar hacia un modelo de Estado encarrilado hacia una economía del conocimiento, una economía competitiva, porque en la multiplicidad y en la diferencia, señora vicepresidenta, está el futuro. La pluralidad crea un espíritu crítico, es una cosa sana, y además crea un espacio de libertad, y la emulación nunca puede ser una cosa mala.


Vuelvo a la austeridad, señora vicepresidenta. En el actual contexto de crisis económica, le decía que es exigible que todas las administraciones públicas y también el Estado realicen un gran esfuerzo de austeridad, de moderación del gasto, eliminando aquel gasto no necesario, más superfluo, más suntuario para el cumplimiento de sus funciones y de sus servicios, dirigiendo los recursos disponibles hacia aquellas políticas que generan auténtica riqueza y empleo, amén de convertir también la Administración del Estado en algo más moderno, más eficaz, más eficiente y más austero.
En su día, al inicio de la presenta legislatura, ya cuestionamos el incremento notable de ministerios, también de altos cargos y de personal eventual. Después de la última remodelación hemos pasado a tener un ministerio más, una vicepresidencia más. Deseo recordar que el diferencial negativo de productividad del sector público español con la media de la Unión Europea a Quince es del 5,7 por ciento del PIB. Y a pesar de esa exigencia, de ese mandato de austeridad, el Gobierno actúa en la dirección contraria; verbigracia, insisto, la última remodelación del Gobierno. El Gobierno hace como los gatos, aplica el principio de mínima

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energía, adolece de cualquier ánimo, de cualquier afán reformista y le provoca una auténtica pereza o, quizá peor, tiene una nula voluntad política de reducir algunos altos cargos, incluso personal de confianza, asesores; a pesar de un mandato de esta Cámara, no ha amortizado ni un solo ministerio. Contrariamente, el presidente del Gobierno anunció algunas medidas de menor calado. Nos habló para el año 2009 de disminuir la oferta pública de empleo, habló de reducir el gasto corriente -luego voy a hablar de esta cuestión- y habló también de reducir o, mejor dicho, de congelar la retribución de algunos altos cargos. Le pongo algún ejemplo de que eso no ha sido exactamente así. En Moncloa, que usted conoce muy bien, trabajan algo más de 600 personas, si no tengo mal entendido. El presidente Zapatero en un anuncio publicitario, algo a lo que nos tiene habitualmente acostumbrados, anunció un recorte de personal y, efectivamente, se redujo la plantilla en doce personas, pero ningún alto cargo. También anunció que iba a congelar el sueldo y posteriormente aumentó los incentivos de productividad y las gratificaciones, lo cual, evidentemente, compensó esa congelación de las retribuciones.


En otro orden de cosas, esta mañana aludía algún señor diputado al llamado código de buen gobierno, que pretende, como usted sabe, impulsar, al menos en sus principios, la austeridad como principio básico; la eficacia, la economía y la eficiencia como principios éticos que deben informar la actuación del Gobierno, y la administración de los recursos públicos con la austeridad como principio de conducta, y cito textualmente. Y precisamente por eso, señora vicepresidenta, y porque el Gobierno debe ser como la mujer del césar, vamos a través de la correspondiente moción, subsiguiente a esta interpelación, a instar al Gobierno a regular el uso de algunos medios públicos para la realización de actividades privadas por parte del presidente del Gobierno, de los miembros del Gobierno y de otros altos cargos, es especial vehículos oficiales, algunos inmuebles y algunos medios de transporte, sobre todo porque a raíz del reciente episodio de la utilización del avión Falcon por parte del presidente del Gobierno se ha puesto de relieve el hecho de que la Ley Electoral ya previene de forma clara que algunos medios de transporte de los candidatos están incluidos en las subvenciones electorales. Por tanto, atendiendo entre otros criterios a la seguridad, pero también al hecho de que la Ley Electoral ya previene estos supuestos -no estamos censurando abiertamente el uso del avión por parte del presidente del Gobierno, que como mínimo es algo discutible, no sabemos muy bien cuándo empieza y cuándo acaba la condición de presidente del Gobierno-, lo que vamos a hacer, señora vicepresidenta, es instar al Gobierno a regular abiertamente esta cuestión. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Le pongo otro ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas cuando se quiere recortar gasto superfluo. El Gobierno anunció recientemente un acuerdo de no disponibilidad de créditos por importe de 1.500 millones, incrementado en 1.000 millones más durante el debate de política general del pasado 12 de mayo, y finalmente ha decidido corregir el tiro porque la medida fue abiertamente antisocial e incluso desleal, ya que se dijo que en ningún caso ese recorte del gasto supondría un recorte en los programas de protección social, destinados a aquellas personas más vulnerables de nuestra sociedad, con el consiguiente perjuicio, por cierto, para algunas comunidades autónomas, pues ese recorte del gasto afectó, entre otros, al Fondo de Inmigración, al Plan de Desarrollo Gitano y al Plan de acción para las personas discapacitadas, y no solo eso, sino que también se pasó por encima de la decisión adoptada por el Gobierno con las comunidades autónomas, por ejemplo en el ámbito del Consejo Superior de Inmigración.


Lo dejo aquí, señora presidenta, para en el turno de réplica ampliar con algunas cuestiones más.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.


Para contestar a la interpelación tiene la palabra la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señora presidenta

Señorías, señor Ridao, quiero comenzar mi intervención exponiendo con toda claridad una idea. Avanzar en la racionalización, en la eficacia, en el ahorro y en la austeridad de la Administración General del Estado ha sido siempre una prioridad del Gobierno. Así lo exige la ley y así nos lo hemos exigido a nosotros mismos. Se lo digo porque creo que así respondo a una de las inquietudes de su pregunta, que además comparto: que gastemos menos, que ahorremos como Administración, como Gobierno, y que se mejore la gestión. Eso es algo en lo que venimos trabajando -se lo puedo asegurar- y no desde que comenzaron las dificultades económicas, sino desde que nos hicimos cargo del Gobierno, y creo que tan mal no lo hemos hecho, pero lo importante no es que lo diga yo, sino que lo crean los ciudadanos. Como usted seguramente sabrá, la Administración del Estado realiza una encuesta anual entre los ciudadanos que utilizan sus servicios, una encuesta denominada La voz de los ciudadanos. Pues bien, lo que refleja dicha encuesta es que solo en los dos últimos años el porcentaje de ciudadanos que declara estar muy satisfecho con el servicio recibido ha aumentado del 67 por ciento a más del 75 por ciento mientras que solo algo más del 1,5 por ciento se muestra insatisfecho.
Efectivamente, a tenor de lo que dicen los principales interesados, tan mal no lo estamos haciendo. Aunque también es cierto que nos queda un largo camino por recorrer, porque aquí no cabe ningún tipo de autocomplacencia, especialmente en momentos de crisis como los que atravesamos. En momentos en los que toda la sociedad hace frente a una situación económica difícil y muchos españoles y españolas

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se enfrentan a dificultades, la Administración debe ser la primera en dar ejemplo y hacer aún más eficiente su gestión. Y así lo estamos haciendo.
Usted lo ha reconocido aquí. Primero fueron los 1.500 millones de recorte del presupuesto de gasto que decidimos hace unos meses, a los que se han sumado posteriormente otros 1.000 millones de recorte de gasto por parte del Estado. Una reducción que en ambos casos hicimos efectiva además en el plazo de muy pocos días. Son, por tanto, 2.500 millones de euros, el mayor recorte que se ha realizado hasta la fecha en el presupuesto de la Administración General del Estado.


Y es verdad que en el primer recorte que se hizo se incluyó el Fondo de Inmigración. Se incluyó por una razón, señoría. Se incluyó inicialmente porque se consideró que si entraba en funcionamiento el modelo de financiación iba a haber -como habían solicitado ustedes- más dinero para inmigración no en el fondo estatal, sino en los recursos de las comunidades autónomas. Como eso se ha retrasado se volvió a restituir ese fondo. Por lo demás no se han tocado las políticas sociales.


Pero le diré que, además de recortar el presupuesto de la Administración, como consecuencia de la situación económica desfavorable estamos aplicando estrictos criterios de organización interna y de estructura de los diferentes ministerios para evitar cualquier aumento del gasto público. El pasado 14 de mayo el Ministerio de Economía y el Ministerio de la Presidencia dictábamos una resolución con instrucciones muy precisas para que en ningún departamento se produzca un incremento en el número, en el rango o en el coste de la estructura. Esa es una línea de racionalización y optimización del gasto y cabe mencionar medidas -ahora le indicaré algunas- como la reestructuración de los servicios centrales de los ministerios en los que, como criterio general, no se admite ningún aumento en el número de puestos. En consecuencia, las nuevas necesidades que surjan en los distintos departamentos se atenderán de forma prioritaria mediante la redistribución de los efectivos existentes.
También establecimos la obligación de todos los ministerios de desarrollar y aplicar un plan de optimización de recursos, por cierto, ya desarrollado y en ejecución en todos ellos.


Esta política de ahorro, señoría, se ha aplicado igualmente al gasto corriente, lo que ha supuesto un importante descenso tanto en la factura del material de oficina como en la del mantenimiento de los servicios.
Además, contamos para ello con un plan de activación del ahorro y de la eficiencia energética que nos está permitiendo optimizar los consumos de energía, calefacción, electricidad y aire acondicionado.


Señoría, no quiero dejar de mencionar en esta línea de alcanzar una mayor eficacia en la gestión con menor gasto el importante desarrollo que además estamos realizando de la Administración electrónica, porque, además de contribuir a prestar un mejor servicio, nos va a permitir sin duda ser más eficientes y austeros. Ahorramos por un lado y mejoramos la eficiencia y la competitividad por otro. Este es un ámbito en el que avanzamos a muy buen ritmo hacia una meta muy clara: que todos los ciudadanos a final del año puedan disponer de todos y cada uno de los servicios que presta la Administración General del Estado a través de Internet. Apenas hace dos meses, el 22 de abril, como dije en respuesta a otra interpelación en esta Cámara, eran 567 los trámites que podían resolverse telemáticamente y hoy puedo decirle que son ya 680 y, desde luego, vamos a cumplir con nuestro compromiso. Es difícil cuantificar en estos momentos el ahorro que en esfuerzo, en tiempo, en desplazamientos y en papel supondrá la implantación total de la Administración electrónica para ciudadanos y Administración, pero creo que podemos estar seguros de que será muy importante.


Por tanto, estamos realizando, señoría, un gran esfuerzo de austeridad, eficacia y ahorro en todos los niveles y en todos los aspectos, desde la organización y estructura de la Administración hasta el aumento de su eficacia y la reducción del gasto corriente. Y desde luego lo estamos haciendo de forma que el servicio que prestamos a los ciudadanos no se resienta en su calidad, porque eso es muy importante. En aquellos ámbitos esenciales o en aquellos sectores que exigen un mayor esfuerzo de modernización -como son la educación, la justicia, la investigación- o que son vitales en estos momentos de dificultad económica -como la atención al desempleo, las pensiones o la inversión en infraestructuras- mantenemos, o incluso aumentamos, el esfuerzo que venimos realizando en los últimos años.


Lo mismo le puedo decir en lo que respecta a la Administración periférica.
Hace unos días, en respuesta a una pregunta parlamentaria, tuve la ocasión de exponer a SS.SS. que los objetivos de racionalización y eficacia en la utilización de recursos, de refuerzo del ahorro y de austeridad y de impulso de la Administración electrónica también afectan a esa rama de la Administración General del Estado, y en concreto a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. También señalaba entonces y se lo reitero ahora, señoría, que el Gobierno está estudiando las necesidades de la Administración periférica para adecuarla a la situación actual y las transferencias y competencias que resultan de los nuevos estatutos de autonomía, una adecuación que supondrá en algunos casos ajustes o reducciones de la estructura, y en otros conllevará reforzamiento de los recursos. Pero en lo que respecta en concreto a la relación de la Administración General del Estado, del Gobierno, con las comunidades autónomas ha hablado usted, señor Ridao, de deslealtad institucional, y de verdad creo que es muy injusto para este Gobierno, y creo que es injusto porque sobre todo es incierto.


Como usted sabrá, en los últimos quince años el peso de las diferentes administraciones en el gasto público total ha variado drásticamente. El peso de la Administración central en el gasto público se ha reducido a la mitad, pasando de más del 40 por ciento al 20 por ciento

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actual, mientras que el de las comunidades autónomas se ha duplicado, pasando de poco más del 20 por ciento al 40 por ciento en los últimos ejercicios. Sinceramente, no creo que con estos datos se pueda decir que centrifugamos la distribución del gasto y el funcionamiento de las comunidades autónomas. La tendencia se ha invertido de manera clara y rotunda y además le diré que es algo por lo que nos felicitamos, porque este es un Gobierno que cree en la cercanía al ciudadano, que cree en el Estado de las autonomías y que actúa en consecuencia, y desde luego, no me tiene que convencer usted a mí sobre la bondad del Estado que nos hemos dado, del Estado de las autonomías.


Durante la pasada legislatura, y en esta misma, muchas comunidades autónomas han renovado o están renovando sus estatutos, y usted sabe muy bien que el Gobierno de España ha acompañado este proceso de buen grado.
No estamos, desde luego, sufriendo por la unidad de mercado ni por la unidad de España; tenemos un modelo constitucional de Estado basado en las autonomías en el que el Gobierno cree, y además hemos contribuido a su construcción con respeto, con respeto a las instituciones, con respeto a la ley, con respeto a las leyes en que se han convertido estos nuevos estatutos. Nos propusimos rebajar la conflictividad que enfrentaba al Gobierno con los gobiernos autonómicos y, en efecto, el diálogo y la negociación han dado fruto porque los conflictos de competencias se han reducido a una tercera parte en solo cuatro años. Hemos recuperado el diálogo institucional que nunca se debió perder y hemos puesto en marcha la Conferencia de Presidentes.


Señor Ridao, creemos en el Estado de las autonomías y por eso estamos trabajando con todas las comunidades autónomas en un nuevo sistema de financiación que supondrá mayor suficiencia, mayor responsabilidad y mayor operatividad para todas ellas, y el acuerdo para poner en marcha este nuevo sistema de financiación va a llegar muy pronto; estoy convencida de ello. Lo vamos a lograr entre todos y va a ser un buen acuerdo para todos. Señoría, no es creíble acusar al Gobierno de deslealtad con las comunidades autónomas y usted lo sabe, porque la lealtad no se mide por el número de personas que trabajan en una delegación o en una subdelegación del Gobierno. La lealtad se mide en esfuerzo de colaboración; se mide en tiempo de diálogo y concertación; se mide en buena disposición para alcanzar y cumplir compromisos, y se mide sobre todo en los hechos. Y, señoría, los hechos del Gobierno, que siempre son más tozudos que las palabras, hablan por sí mismos. Además, le diré que, por otra parte, el Gobierno está por supuesto utilizando correctamente y con rigor los medios públicos. Quiero señalar que no voy a entrar en el debate demagógico que se ha hecho estos últimos días durante la campaña de la utilización de determinados medios públicos por parte de la Presidencia del Gobierno. Sabe que el Gobierno ha cumplido siempre la ley, que ha cumplido siempre el ordenamiento jurídico y que ha sido estrictamente riguroso en la utilización de los medios públicos así como que yo misma, para evitar cualquier tipo de confusión, anuncié que el Gobierno estaba dispuesto a completar una regulación que ya existe, pero que no tenemos ningún inconveniente en completar, para darle mayor transparencia a algo que exige la ley y así nos lo hemos exigido a nosotros mismos. Lo digo porque con eso respondo a la petición que ha dicho que nos va a formular y que este Gobierno ya adelantó en su momento.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta.


Turno de réplica del señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señora vicepresidenta, ha relatado algunas medidas que, atendiendo a esos criterios de austeridad, de eficiencia y de eficacia, de los que yo le hablaba, el Gobierno ya ha adoptado. Tendrá la oportunidad, espero -no solo a través de esta moción sino a través de un mandato de esta misma Cámara a raíz de una iniciativa del Grupo Vasco, PNV-, de presentar el denominado Plan de modernización y reforma de la Administración General del Estado y, por lo tanto, ya hablaremos de esas directrices que afectan -como usted decía- al consumo energético, al gasto corriente en correo, en teléfono, en publicaciones, en comunicaciones, sobre todo, priorizando e intensificando también el uso de las tecnologías. Por lo tanto, tendremos tiempo de hacer balance y de fiscalizar lo que el Gobierno ha hecho hasta ahora.


En segundo lugar, la racionalidad en el gasto y en la gestión no afecta solo al gasto corriente. Usted que cree tanto en el Estado de las autonomías y que, como decía esta mañana, es una demócrata, supongo que está convencida de que hay que cumplir con las leyes. La Lofage ya hablaba en su día de la necesidad de suprimir y de simplificar administrativamente la Administración General del Estado, a la vista de los servicios que han sido objeto de traspaso a las comunidades autónomas, atendiendo al sistema de reparto o al sistema de distribución competencial. Anteriormente, la Ley del Proceso Autonómico -aquello que quedó de la extinta Loapa- suponía también una reestructuración de la Administración del Estado, y cito literalmente: atendiendo también a los principios constitucionales de eficacia, de desconcentración y de economía del gasto; e incluía un mandato de reorganizar servicios, de suprimir estructuras innecesarias e incluso delegaciones ministeriales, etcétera, teniendo en cuenta los ámbitos que son de competencia autonómica. Esta cuestión tiene mucho que ver con este tema de la financiación autonómica -a la que aludía también al final de su intervención- en la medida en que el modelo de financiación autonómico, el modelo común, es un modelo -como se sabe- de gasto donde se valoran los servicios que son propios del Estado y de

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las comunidades autónomas. Por lo tanto, desde ese punto de vista es muy importante el respeto al principio de lealtad institucional y evitar esa concurrencia del Estado con las comunidades autónomas.


Tenemos la impresión de que recientemente hay un intento deliberado por parte del Gobierno de muscular el Estado en detrimento de las comunidades autónomas. Hay un estudio reciente -que tuve ocasión de citarle al presidente del Gobierno hace poco en una pregunta en la sesión de control- de la profesora Esther Martínez de la Universidad de Girona, con una metodología -por cierto, basada en un estudio anterior de la propia Esther Martínez y de una diputada de su grupo, la señora doña Montserrat Colldeforns-, con datos de 2004-2005, del que se desprenden unos datos distintos a los que usted exhibía. En ese estudio se dice que el gasto que realiza el Estado -teniendo en cuenta sus competencias exclusivas- es del 42,8 por ciento; y el resto del gasto que hace son o bien competencias compartidas o literalmente competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Por lo tanto, cuando el Gobierno afirma -a raíz del debate de la futura financiación autonómica- que pretende reservarse hasta el 50 por ciento del gasto no financiero, es evidente que el sudoku no puede cuadrar porque el Estado insiste en quedarse con más recursos de los que le corresponde en función de sus estrictas competencias. Vamos a esperar hasta el 15 de julio, que es la fecha prevista para esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En esa campaña el presidente del Gobierno, fiel a su inveterada costumbre de hacer alguna promesa, ya dijo que Cataluña tendría la mejor financiación; no es difícil, entre otras cosas, porque el último acuerdo entre PP y CiU nos reportó solo 242 millones. Evidentemente no vamos a esperar gestas, el presidente del Gobierno no es ningún salvador, su obligación es cumplir la ley. Pero yendo a la cuestión de la concurrencia con las comunidades autónomas y a ese gasto impropio del Estado, quiero decirle también que resulta que en el año 2006, según datos -que no son de ninguna academia ni de ningún profesor- de la Intervención General del Estado, el Estado efectuaba el 50,9 por ciento del total del gasto, las comunidades autónomas el 35,8 por ciento y los ayuntamientos el 13,13 por ciento. Si el Estado gasta el 50,9 y adelgaza hasta el 50 por ciento, es decir, un 0,9 por ciento, de ahí salen esos famosos 8.000 ó 9.000 millones que deben ir a la financiación autonómica.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor, tiene que acabar.


El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo ya, señora presidenta.


Eso es claramente insuficiente porque el mundo es al revés; es decir, a mayor gasto autonómico, en buena medida teniendo en cuenta el incremento de la población, el Estado además crece también en su gasto. Por tanto, el Estado debe adelgazar en estos años, señora vicepresidenta, ha engordado mucho, no sé si hasta llegar a la bulimia. Ese es el problema que hoy por hoy tiene encallado, en buena parte, el tema de la financiación autonómica. Vamos a esperar hasta el 15 de julio, pero debo decirle -y con eso acabo- que estamos francamente cansados, que ya no nos placen ni las promesas ni los compromisos sino los hechos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.


Señora vicepresidenta del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señora presidenta, señor Ridao, como decía al inicio de mi primera intervención, en lo que se refiere al Estado de las autonomías no creo que a nadie, absolutamente a nadie, le quepa ninguna duda sobre la responsabilidad, la sinceridad del compromiso del Gobierno de España, del Gobierno al que represento, con el desarrollo pleno de nuestro sistema autonómico. A nadie le puede quedar ninguna duda, porque los hechos -como le decía en mi intervención- son tozudos y están ahí. No es necesario -entre otras cosas porque no tenemos tiempo suficiente- desgranar aquí todo lo que este Gobierno ha hecho durante estos años para continuar fortaleciendo día a día el Estado de las autonomías porque es conocido por todos. Estamos dispuestos, y lo estamos haciendo -así se lo anuncié recientemente en esta Cámara-, a estudiar la estructura y los medios con los que cuenta hoy la Administración periférica en todos los territorios para adecuarla al cumplimiento necesario de sus funciones. A lo que no estamos dispuestos, señor Ridao -y ahí probablemente hay una discrepancia ideológica-, es a desaparecer. El Gobierno no está dispuesto a desaparecer.


Tenemos un Estado complejo, definidas las autonomías de forma muy clara, en el que están el Estado, el Gobierno de España, y el Estado de las autonomías, que tienen que convivir, y pueden hacerlo, porque tienen competencias diferentes, complementarias y en algunos casos concurrentes.
La Administración General del Estado también tiene responsabilidades en relación con los ciudadanos, tiene deberes que cumplir al servicio de los ciudadanos. Repito -porque ya lo dije en esta tribuna- que lo más importante, señor Ridao, no es reducir por reducir, sino que dentro del ámbito de nuestras competencias tenemos la obligación de dar la mejor y más eficaz respuesta a la ciudadanía. Le diré una cosa, señor Ridao, que ya en alguna ocasión he manifestado pero que creo conveniente subrayar, porque estoy convencida de que ahí radica uno de los puntos neurálgicos de la cuestión. Usted y yo podemos discrepar y podemos coincidir, en algunas cosas discrepamos y en otras coincidimos; en el modelo de Estado coincidimos en alguna cosas y en otras discrepamos. El Estado de las autonomías en España tiene en estos momentos, y ha tenido, un nivel de desarrollo amplísimo

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y eso no significa que no pueda haber grupos políticos, como el suyo, que consideren otra cosa; la respeto. El lugar de la confrontación y de contraponer los modelos es precisamente este, el Parlamento; el papel de los gobiernos no es contraponer los modelos sino cooperar, porque en este país hace falta más cooperación y más colaboración, que se da en todos los Estados compuestos. De ahí que en muchas ocasiones haya dicho que desde la perspectiva de los gobiernos es más importante para dar respuestas a los ciudadanos el Estado cooperativo, porque es donde en estos momentos tenemos en muchas ocasiones más disfunciones. En el Parlamento podemos confrontar todos los modelos que queramos, pero cuando uno gana unas elecciones trata de llevar a término su modelo intentando pactar con los demás, y nuestro modelo es el de desarrollar las autonomías pero también el de tener un Estado fuerte, lo que no significa que tenga que ser muy amplio. El Gobierno no quiere más competencias que las que están en la Constitución pero las que están en la Constitución las quiere ejercer con eficacia.


Por lo tanto, vivimos y debemos vivir el tiempo de dar un paso más adelante en ese Estado de nuestras autonomías. Ha llegado el momento de que, efectivamente, desarrollemos todos los estatutos que hemos aprobado y de que el Estado ejerza también sus funciones haciendo una reestructuración de los servicios para hacer frente a los nuevos retos que demanda hoy la sociedad. Además eso lo vamos a lograr y lo vamos a lograr también desde todas las administraciones, desde todos los gobiernos -sea cual sea su color- si admiten que este es un Estado compuesto donde las administraciones y los gobiernos están para cooperar, al servicio de los ciudadanos y que la confrontación legítima y lógica que tiene que haber en una democracia ha de darse en los parlamentos. Eso es lo que podemos y lo que debemos hacer entre todos, y le aseguro que esa va a ser la línea del Gobierno: reestructuración, sí; reducción, si procede; eficacia, toda; cumplimiento de la ley, toda; financiación, pronto y buena. Estoy absolutamente convencida de que entre todos vamos a seguir mejorando un modelo de Estado que nos ha dado los mejores años de bienestar de nuestra historia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SALVADOR), RELATIVA A LA FUTURA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN REGULADORA DEL DERECHO A LA VIDA QUE PRETENDE LLEVARSE A CABO EN LAS CORTES GENERALES A INICIATIVA DEL GOBIERNO, Y CONCRETAMENTE A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE IGUALDAD. (Número de expediente 172/000097.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A continuación interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Salvador, relativa a la futura reforma de la legislación reguladora del derecho a la vida que pretende llevarse a cabo en las Cortes Generales a iniciativa del Gobierno, y concretamente a través del Ministerio de Igualdad. Para formular la interpelación tiene la palabra el señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la razón por la que presento esta interpelación urgente en el Pleno de la Cámara es porque para Unión del Pueblo Navarro este es un tema muy importante, tan fundamental como que en el fondo, cuando hablamos de esta reforma, estamos hablando del derecho fundamental a la vida; un derecho que es el primero en todos los tratados o declaraciones internacionales de derechos humanos. Ayer hablábamos aquí de la gestión del delta del Ebro, del aceite, del futuro de los chiringuitos, del voto de los extranjeros residentes, de la corrupción, pero hoy hablamos básicamente de la vida. Como usted sabe, no es la primera iniciativa que he presentado en esta Cámara después de conocer su decisión de modificar la legislación que regula este derecho. Para nosotros si en algún tema debería aplicarse el máximo consenso y la máxima reflexión antes de llegar a ninguna conclusión ni reforma es precisamente este. Por eso nos llama tanto la atención que el Gobierno de forma absolutamente unilateral quiera impulsar una reforma de la normativa que regula el aborto, a través del anteproyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, del que ya conocemos prácticamente todo: su contenido final, a falta de alguna negociación de última hora con algún partido; cómo la quieren llevar a término; con quién parece que finalmente la van a pactar, y cuándo la quieren tener aprobada, a decir de algún ministro, sin dar un paso atrás. Por tanto, en mi exposición pretendo probar la incoherencia que está demostrando en este tema el Partido Socialista, el Gobierno y muy especialmente el presidente, al pedir consenso y reflexión de todos en los temas importantes y decidir precisamente en este tema sacar adelante una reforma sin consenso y sin reflexión.


Comenzaré repitiendo unas palabras pronunciadas por el presidente Rodríguez Zapatero en el pasado debate sobre el estado de la Nación en las que afirmaba que iba a trabar con fidelidad al programa electoral.
Pues bien, señora ministra, ¿podría decirme en qué parte del programa electoral con el que ganaron las elecciones en 2008 figura la promesa o el compromiso de establecer el aborto libre a plazos? Ha pasado un año desde su victoria electoral, ¿han cambiado tanto las cosas para que este sea uno de los temas más trascendentales para este Gobierno que además legisla tan poco? En el programa de 2004 se decía: Reformaremos la legislación sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para establecer un sistema a plazo, página 99. Era claro. En cambio, en su programa electoral

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de 2008, en este punto se dice únicamente: Promover la reflexión atendiendo al debate social sobre la vigente ley de interrupción voluntaria del embarazo, y la posibilidad de modificarla con el fin de garantizar la equidad en el acceso y la calidad a la prestación sanitaria. Es verdad que se añade un compromiso que dice: Cualquier posible modificación deberá basarse en un amplio consenso, garantizando en su aplicación la seguridad jurídica para los médicos y para las mujeres cuya voluntad debe ser respetada dentro de los límites de la ley.


Si se fija, señora ministra, primero, en el programa de 2008 desaparece el compromiso realizado en 2004. Segundo, no se plantea siquiera modificar la ley, sino solo promover una reflexión. Y tercero, sí se añade un punto, un nuevo compromiso concreto, que es que cualquier posible modificación deberá basarse en un amplio consenso. Entonces, ¿por qué ahora, señora ministra?, ¿por qué ahora lo están haciendo de esta forma?, ¿porque les sirve para desviar la atención y que no hablemos de la crisis, o precisamente porque con esta crisis tan importante será más fácil aprobar de tapadillo aquello sin saber qué estamos aprobando? ¿Qué ha pasado, señora ministra, en este tiempo para que modifique la situación anterior a marzo de 2008?, ¿cuándo redactaron el programa electoral de 2008 ya contaban con modificar esta ley, con carácter unilateral, a la primera de cambio, en un año escasamente? Y si ya pensaban impulsar la aprobación de una legislación más permisiva con el aborto, por qué no lo establecieron así, por qué no solicitaron la confianza de los ciudadanos españoles, diciéndoles lisa y llanamente la verdad, que es lo que querían hacer. Porque alguien podría decir que entonces o con esa dicción lo que estaban haciendo era engañar a los ciudadanos. Ahora tiene su turno y su posibilidad de explicarnos por qué así y por qué ahora.


Dicen en su programa electoral que quieren promover la reflexión y a nosotros nos parece muy oportuno. Es verdad que se constituyó una autodenominada comisión de expertos y una subcomisión parlamentaria para emitir un informe, tras numerosas comparecencias. Pero, señora ministra, ¿es esa la reflexión social que este asunto merece?, ¿es esa la reflexión que proponían en su programa electoral? Todos somos conscientes de que cualquier reforma en esta cuestión supone una reforma de calado, porque cuando hablamos de la vida, hablamos de una reforma que afecta íntimamente a las personas y a los cimientos que sostienen el edificio de nuestra convivencia y, en definitiva, a qué futuro queremos para nuestra sociedad. Es una reforma que plantea cuestiones en múltiples disciplinas, obviamente científica, por supuesto médica, sanitaria, sociológica, psicológica; obviamente jurídica, desde el punto de vista, penal, administrativo, civil; obviamente constitucional, desde el punto de vista educativo, pedagógico, familiar, personal, moral. ¿Cree usted que el Gobierno ha dado los pasos necesarios para obtener en un tema tan sensible un mínimo debate social, una reflexión multidisciplinar que nos ayude a solucionar o a reducir el terrible drama del aborto? Yo, sinceramente, señora ministra, creo que no. Y no crea que hago esta afirmación a la ligera, la hago con absoluto conocimiento de causa. Tengo que desconfiar de su voluntad de reflexionar o debatir sobre este asunto cuando compruebo el nulo interés que han puesto en atender a mis anteriores iniciativas parlamentarias. Han sido más de 46 las preguntas que he formulado por escrito al Gobierno en relación con el contenido de esta reforma, en relación con sus manifestaciones, en relación con sus ocurrencias, en relación con lo que ustedes piensan hacer. Son 46 preguntas por escrito en las que se concretan más de 100 preguntas sobre este tema. ¿Sabe cuál ha sido la respuesta? Todavía no me han contestado a ninguna. Se comprometieron a promover la reflexión social, pero cuando se les pide que expliquen públicamente sus convicciones, las razones de la reforma, cómo quieren reducir el aborto en España, se olvidan de sus compromisos. Sin embargo, no tengo ningún inconveniente, ningún problema en explicarle los principios o los parámetros que inspirarían una reforma que pudiera contar con nuestro apoyo y, si puedo, en la replica se los concretaré.


Defendemos también que esta reforma se está planteando incumpliendo los compromisos políticos expresos adquiridos por el presidente del Gobierno en esta misma Cámara. En el debate de investidura de 11 de abril de 2008, si se acuerda, el presidente decía: "... Señorías, tengo una convicción bien arraigada y que siempre he procurado practicar. La España democrática, pluralista y diversa, la España de hoy solo se puede gobernar bien con diálogo, con actitud permanente de explicar los planteamientos propios y de escuchar los ajenos; de buscar el acercamiento de posiciones; de intentar acuerdos. Esta será" -decía- "mi pauta esencial de comportamiento. Haré del diálogo social un elemento estratégico de la política económica y social..." Y seguía diciendo: "...
Tengo el deseo y el compromiso de procurar el acuerdo con todos en cuestiones en las que, por su contenido y entidad, nuestra democracia gana siempre con la puesta en común de ideas y voluntades y pierde siempre con la confrontación partidista..."

Las palabras del presidente, señora ministra, deben tener valor, y los compromisos también. ¿No cree que es precisamente en este tema donde más se debería exigir al presidente del Gobierno que aplicara los compromisos de búsqueda de consenso que él mismo se marcaba en el debate de investidura el año pasado? Yo creo que sí. Y si no es en este tema, señora ministra, ¿a qué temas se refería el presidente en su intervención en el debate de investidura del año pasado cuando él mismo se exigía llegar a acuerdos?, ¿o es que esos compromisos, esas palabras eran palabras huecas, señora ministra? Yo espero que no.


Estará conmigo en que el asunto tiene enjundia, y no poca, porque cuando hablamos de abortar, en definitiva, señora ministra, hablamos de la posibilidad de eliminar

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una vida humana. Pero también podemos hablar de otras muchas cosas, hablamos de transformar un delito despenalizado en un derecho sin límites, pero a plazos, hablamos de apoyar legalmente o no la medida que menos ayude al feto humano a pasar a la siguiente fase de su evolución fuera del útero de la madre, hablamos de cómo debemos enfocar las soluciones preventivas con políticas públicas a una sexualidad no controlada, hablamos de relaciones entre padres e hijos. ¿Y quién es el Estado para interferir o suplantar el derecho de los padres a ejercer su paternidad? Hablamos de familias, hablamos de responsabilidad individual de padres e hijos, hablamos del futuro de la sociedad, hablamos de optar por soluciones fáciles o difíciles ante problemas que yo sé que son complejos, hablamos de fraudes de ley, de leyes que no funcionan efectivamente, hablamos de médicos que están cometiendo delitos, hablamos, en definitiva, de cómo buscar una solución positiva para ayudar a la que más lo necesita y también al más indefenso y al más perjudicado, y cómo con ello, señora ministra, ser mejor sociedad cuando encontremos una verdadera solución consensuada.


Voy terminando. La semana pasada algún otro portavoz, en concreto el portavoz de Convergència i Unió, pedía en público que se retirara este proyecto. Yo me uno a esa petición por las razones que le he dicho y, además, por una más de oportunidad política, como él decía. Y es que hoy más que nunca debemos concentrar nuestros esfuerzos y los de la sociedad en combatir la crisis económica y social, más que nunca. El Gobierno debería trabajar para encontrar proyectos e impulsar iniciativas que nos unan en vez de buscar la confrontación en aquello que de antemano el Gobierno sabe que, tal y como lo plantea, todavía nos va a dividir más.
Con la que está cayendo, señora ministra, el Gobierno tiene la obligación histórica de no buscar la división. También podría apelar para que renunciara a esta reforma a algunas voces que dentro de su propio partido están cuestionando públicamente alguno de los puntos más sensibles de su proyecto, y no sin razón. Es más, hoy mismo algún periódico habla de que las elecciones europeas van a provocar un debate interno dentro de su partido. ¿Qué quiere que le diga? Yo le diría que lo aprovecharan para analizar el impacto que esta reforma equivocada ha tenido en el resultado electoral. Incluso quisiera pensar que entre las causas de su derrota electoral en las pasadas elecciones, al menos una de ellas en alguna parte haya sido también el rechazo social a este equivocado proyecto de reforma.


Finalmente, señora ministra, nosotros creemos que, si esta reforma se aprueba tal y como la está planteando el Gobierno, estaremos cometiendo un profundo y grave error. Por eso hemos planteado esta interpelación urgente con el ánimo de reflexionar con usted sobre la oportunidad de la reforma y sobre las bases políticas sobre las que esta se está formulando. Por último, le pido y le animo a que, decidan lo que decidan en relación con esta reforma, sobre este proyecto, no olviden estudiar siquiera en paralelo e impulsar una legislación positiva y no neutral con la vida del no nacido; una legislación que transforme el drama de la decisión de abortar o no en una apasionante apuesta social, pública y privada, compartida por todos, en defensa de los más desfavorecidos, de esos que no tienen en ningún caso ninguna posibilidad de defenderse. En el fondo, señora ministra, es lo más socialista que se me ocurre que podrían hacer ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Salvador.


Para contestar la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Igualdad.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señora presidenta, señoría, en los últimos meses he tenido el privilegio de escuchar muchas opiniones en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. He compartido mesas, documentos y conversaciones con decenas de expertas y de expertos, de especialistas en la materia desde los distintos ámbitos. Escuché opiniones tan diferentes como lo son las diversas opiniones de la sociedad española; opiniones tan distintas que hacen realmente complicado ofrecer a la sociedad española una ley de salud sexual y reproductiva de interrupción voluntaria del embarazo que satisfaga completamente a todas y a todos. Difícilmente puede esa ley satisfacerle a usted y al mismo tiempo a otros grupos en esta Cámara. Interpreto, por su interpelación, que para usted las mujeres no tienen derecho a decidir en ningún momento de la gestación ni en ningún caso ni supuesto. En este mismo hemiciclo se sientan diputadas y diputados que quisieran que la ley reconociera la posibilidad de interrumpir el embarazo en plazos más amplios de lo que contempla nuestra propuesta. Interpreto que para ustedes la interrupción de un embarazo es un crimen, pero tiene que entender y que aceptar que junto a usted se sienta una mayoría de diputadas y diputados que reconocen el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad. Esa es la democracia, señoría: el debate en libertad, la búsqueda de las mejores soluciones y la aplicación de las que son preferidas por la mayoría. Esa es la democracia. Señorías, con todas las diferencias que he tenido el privilegio de observar de primera mano, al menos he encontrado un punto de acuerdo: la situación actual no satisface a nadie. La ley actual se ha quedado antigua y ya no sirve. Fue necesaria y adecuada en su tiempo, hace veinticuatro años, pero hoy es manifiestamente mejorable. Es mejorable porque no ofrece suficientes garantías jurídicas ni a las mujeres ni a los profesionales que las atienden. Lo es porque contempla la pena de cárcel en el Código Penal para las mujeres que toman una decisión como ésta. Es mejorable porque no garantiza la equidad territorial, y lo es porque tampoco protege adecuadamente la vida prenatal.


Actualmente, el 97 por ciento de las interrupciones del embarazo en nuestro país se realizan sobre la base

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del supuesto de salud psíquica de las mujeres que, como sabe S.S., no tiene límite temporal en la regulación vigente. La realidad, señorías, invisible y callada pero real y dura para miles de mujeres, profesionales y de jóvenes, es que en España la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo no está bien resuelta. Así me lo han reconocido incluso las organizaciones que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo.
Estamos todas y todos de acuerdo. La situación actual no nos gusta a casi nadie, y este Gobierno al menos ha tenido la valentía de afrontar la situación, de hacer frente a las dificultades y de buscar el mejor punto de equilibrio posible. Si la situación actual no satisface a nadie, señorías, por qué no hemos hecho nada durante tanto tiempo mientras había mujeres que veían vulnerados sus derechos a la intimidad y a la dignidad, mientras había otras que sentían miedo e inseguridad sin saber si su historial terminaría un buen día en un juzgado, mientras cientos de jóvenes no sabían qué hacer ante un embarazo no deseado y prematuro. ¿Qué hizo en ocho años el Gobierno del Partido Popular? (Varios señores diputados: ¡Oooh!- Risas.) Nada, señorías, absolutamente nada.
(Aplausos.) No cambió nada en ocho años. Prefirió mirar para otro lado.
(Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) No cambió la ley en nada. Dejó que las cosas siguieran como estaban. No cambió dando marcha atrás, lo cual podría haber sido lógico teniendo en cuenta su rechazo taxativo y constante a la regulación y, por supuesto, tampoco cambió para mejorar ni para resolver los problemas planteados. Pues bien, el Gobierno actual ha tenido la valentía de abordar el asunto, sabiendo que es complejo y sabiendo que en él se cruzan opiniones enfrentadas, visiones diversas, principios irreconciliables. Un gobierno responsable ha de encontrar un punto de equilibrio entre los intereses y los principios contrapuestos. Eso es lo que estamos tratando de hacer, señorías.


Señor Salvador, le agradezco su interpelación porque el debate es bueno y muy saludable, pero quisiera que quedara claro que estamos debatiendo aún sobre un anteproyecto, que esta Cámara aún no ha recibido el proyecto de ley, que tendremos mucho tiempo para debatir en el trámite formal de la ley y, por supuesto, la decisión final sobre la misma será de todas SS.SS. como representantes de las españolas y de los españoles. Promover la reflexión y buscar el consenso para reformar la ley tal y como contemplaba nuestro programa electoral; eso es lo que estamos haciendo.
Porque, escuchándole a usted, pudiera parecer que este Gobierno abre debates innecesarios, pero, señoría, no piensan lo mismo las más de 100.000 mujeres que interrumpieron su embarazo en España el pasado año, no piensan lo mismo los profesionales que han encontrado problemas a la hora de dilucidar los límites de la ley. Tenemos una deuda histórica que saldar con la igualdad, con la libertad y con los derechos de las mujeres. En esta Cámara se han registrado y debatido más de veinte iniciativas desde 1995, de distintos grupos parlamentarios, para acometer una nueva regulación sobre la interrupción del embarazo. El problema existe y ustedes, los grupos de derechas, lo saben muy bien.


Ante tal panorama, el Gobierno se ha planteado abordar las reformas necesarias con diálogo y buscando el mayor equilibrio posible. Se constituyó una subcomisión en este Parlamento, cuyas conclusiones SS.SS.
conocen; hemos convocado a un grupo de personas expertas, que han elaborado recomendaciones desde las perspectivas sanitarias, jurídicas y sociales, y hemos consultado a las organizaciones para encontrar las soluciones más adecuadas a cada problema. Puede que a los conservadores no les guste lo que proponemos, pero es evidente que nuestra propuesta está meditada, está sopesada y pretende ser equilibrada. Puede parecer también, por los eslóganes fáciles que últimamente han proliferado a propósito de este asunto, que el Gobierno pretende simplemente despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, y tampoco es cierto, señoría. El Gobierno propone una ley de salud sexual y reproductiva y una nueva regulación de la interrupción; una no tiene sentido sin la otra, van juntas. Esa es la recomendación de los organismos internacionales, de la subcomisión y de nuestros expertos.
¿Qué proponen ustedes desde la derecha, desde UPN o desde el Partido Popular? ¿Proponen la abstinencia a los jóvenes? ¿Proponen el silencio? ¿Proponen que miremos para otro lado? Díganlo, sean valientes. ¿Qué es lo que proponen? (Aplausos.)

Señorías, entiendo, respeto y asumo las críticas que puedan formularse sobre los puntos más controvertidos de esta ley, pero pedimos que se trate con rigor y les ruego por tanto que no se queden con la anécdota, sino con lo sustancial. En otros términos, les ofrezco debatir con calma y sin demagogias. Intentémoslo al menos. Lo que proponemos es una ley más equilibrada, que solvente los problemas de la regulación vigente y que sea equiparable a las de los países de nuestro entorno; lo que proponemos es una ley de salud sexual y reproductiva y eso es lo más importante e innovador de la propuesta que realizamos, el amplio contenido de medidas en el ámbito social, sanitario y educativo, para garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva y para prevenir embarazos no deseados, todo ello enmarcado en una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva que el Gobierno tendrá que elaborar cada cinco años, en colaboración con las comunidades autónomas y con las sociedades científicas y organizaciones sociales. Porque el principal objetivo es frenar el incremento progresivo de embarazos no deseados de los últimos diez años en nuestro país. En materia de interrupción voluntaria del embarazo, proponemos una regulación más segura que la vigente, que ofrezca mayores garantías jurídicas para las mujeres y para los profesionales sanitarios. También es una propuesta más equilibrada, que, garantizando los derechos de autonomía y libertad de las mujeres, no descuida la protección de la vida prenatal.


La mayoría de las legislaciones de nuestro entorno, señor Salvador, establecen un plazo inicial, que asegura

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el respeto a la decisión de la mujer sobre su maternidad, un plazo que varía entre las diez semanas y las veinticuatro en los países europeos.
Lo que nosotros proponemos es garantizar a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo dentro de las primeras catorce semanas y ese sistema de plazos se complementa con la posibilidad de interrumpir el embarazo por razones médicas; se propone también la eliminación de la excepción establecida en la Ley de Autonomía del Paciente, de manera que la interrupción voluntaria del embarazo se equipare a lo que está establecido para cualquier otra intervención sanitaria. Esa fue una de las conclusiones aprobadas en el Parlamento. Nos guste o no, una joven es mayor de edad para tomar decisiones en el ámbito sanitario a los 16 años. Así es, señorías; a esa edad, una joven puede decidir por sí misma acerca de cualquier intervención quirúrgica, menos las tres excepciones incluidas en el año 2002. Lo que proponemos es eliminar la excepción en esta materia. Señorías, cuando una joven de 17 años tiene tomada una decisión como esta y no quiere contarlo, por los motivos que sean, ¿qué piensan que hará? Seamos valientes y reconozcamos lo obvio, lo hará igualmente, y no sabemos en qué condiciones. Puede que acudiendo a la clandestinidad, sin las suficientes garantías, o poniendo en riesgo su salud. Eso es lo que no queremos que suceda. La ilegalidad y la clandestinidad son circunstancias que queremos evitar a toda costa. (Aplausos.) En cualquier caso, queda un largo trámite parlamentario para debatir sobre este aspecto y sobre el resto de los que contiene la ley. Nuestra voluntad, señorías, es que esta ley cuente con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios en esta Cámara.


Termino ya, señor Salvador. Señorías, hemos cumplido con los compromisos adquiridos, este ha sido un proceso transparente en el que hemos ido anunciando cada uno de los pasos que se han ido dando: conclusiones de la subcomisión parlamentaria, recomendaciones del comité de expertos, ronda de escuchas con la sociedad civil y presentación del anteproyecto de ley, anteproyecto que en estos momentos está pendiente de los preceptivos informes antes de la aprobación como proyecto de ley y de la remisión para su tramitación y aprobación por las Cortes Generales. Será este Parlamento el que apruebe la ley, señor Salvador, y lo hará a iniciativa de un Gobierno del que me honro en formar parte. Pero sobre todo será una ley precedida de un amplio debate y de una amplia reflexión social y política, como pocas leyes antes probablemente; esa es la manera de hacer política que nosotros defendemos y practicamos. Señorías, cada año 100.000 mujeres interrumpen su embarazo en España. Es nuestro empeño y nuestra propuesta que juntos logremos que sean menos quienes tengan que hacerlo y que las que decidan interrumpir su embarazo lo hagan con más información, con más garantías y con más protección. Sé que no puedo obtener la complicidad de todos ustedes en una cuestión como esta, en la que se cruzan principios morales, filosóficos y religiosos, pero al menos les pido -y creo que hablo en nombre de todas esas mujeres- respeto, rigor y altura de miras.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.


Señor Salvador, es su turno de réplica.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, quiero en primer lugar compartir con usted el reconocimiento de que estamos ante un tema muy complicado. Eso es así, de verdad. Pero son ustedes los que se han comprometido a sacar este tema adelante con un consenso y eso no es lo mismo que una mayoría de 177 diputados. Es que es un compromiso suyo, no mío, es suyo. Usted ahora me dice que le basta la mayoría. Bueno, pero no es lo que ustedes han comprometido en su programa electoral y lo que el señor Rodríguez Zapatero dijo aquí en su debate de investidura: que ustedes iban a hacer ese esfuerzo para sacar este tema por consenso. Y yo le hubiera querido oír decirme que al menos usted me va a contestar a las cien preguntas que yo he hecho. Porque yo no digo de qué debate o de qué reflexión hablan, es que hacen lo contrario de lo que dicen. En todo caso sí que le pediría que no interprete mis convicciones o que no haga decir lo que yo no he dicho.


Y como sí que me pide que sea valiente, yo sí que le voy a decir una serie de ideas o las bases en las que se podría centrar una reforma. Primero, creo que debemos empezar por desdramatizar un embarazo y no ser hipócritas; en eso estoy con usted. Segundo, debemos decir claramente que un hijo no deseado no es un cáncer que haya que tratar y que extirpar y tratarlo así. Tercero, debemos reflexionar sobre si una persona que es mayor para tener relaciones sexuales plenas también lo debe ser igual para asumir las consecuencias de sus actos. Cuarto, podemos poner en cuestión si la simple voluntad de querer tener un derecho es fuente del derecho por sí misma o no, ya que querer algo no significa tener derecho a ese algo porque sí. Quinto, podemos discutir si el derecho a disponer del propio cuerpo también tiene límites o no. ¿Tenemos derecho a automutilarnos? ¿Puede el Estado limitar nuestra voluntad si lo que hace con ello es proteger nuestra salud? ¿Sí o no? Podemos pensar que debemos respetar aquello de que la libertad del hombre termina donde empieza la libertad y en este caso la vida de otro ser humano. Nosotros defendemos que un feto no es una parte del cuerpo de la madre de la que se pueda disponer sin más. Todos pasamos nuestros primeros momentos dentro de nuestras madres, pero no somos nuestra madre ya desde el inicio.


Creemos que tenemos obligación de buscar y encontrar una solución positiva para todos, que evite la irreversibilidad de un aborto. No compartimos el criterio por el cual la dignidad del ser humano y la protección que el Estado le vaya a dispensar esté sujeta aleatoriamente

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a una fecha de catorce, de veinte, de veintidós semanas. ¿Y por qué no de dos años? Nos parece un error sustraer a los padres varones de cualquier tipo de responsabilidad, ninguna, y dejar a la madre sola con la decisión; eso nos parece, a nuestro juicio, que es no muy feminista.
También estamos convencidos de que sustituir el papel de acompañamiento del padre, o de la familia, o de la mujer embarazada por el del Estado es un experimento que no puede traer nada bueno. Y nos preguntamos si una normativa más permisiva va a provocar la reducción del número de abortos si a esta no la acompaña una educación no neutral con el respeto al derecho a la vida del no nacido. Es como querer terminar o reducir el número de accidentes de tráfico provocados por el exceso de velocidad eliminando la limitación de velocidad, sin más. (Rumores.)

Por último, el desfavorecido, el que no es responsable de ser y estar, el más perjudicado, en definitiva, el inocente, el que no ha elegido ni puede elegir es el no nacido y ese es al que nuestra conciencia, al menos la mía, nos pide ayudar, porque es la verdadera víctima, la irreversible, el que más pierde, el que al final muere. Nosotros -se lo dije- queremos que ustedes cumplan su programa y que propicien ese debate social, la reflexión, y que encuentren y encontremos entre todos un consenso más que necesario, más allá de una mayoría justita en este tema, tal y como ustedes establecían en su programa electoral como requisito para cambiar la legislación. Es lo único que les estamos pidiendo. Y como esto no se produce, lo que pediremos en la moción es que, hasta que eso no se produzca, la retiren, la pospongan o la aparten. (Una señora diputada: Pues va a ser que no.)

Finalmente, una última petición, señora ministra. En estos días hemos venido oyendo hablar a varios miembros del Gobierno sobre la existencia de brotes verdes en la economía, que deberíamos vigilar, respetar, proteger y cuidar, para que puedan llegar a su madurez y así nos ayuden a salir de la crisis económica que vivimos. Yo también quiero pedir hoy, como nos pide su Gobierno, que respeten, que vigilen, que protejan y que cuiden a estos otros brotes, también importantes, para que puedan llegar a nacer y a nosotros y a usted nos hagan merecedores del respeto de la historia. (Una señora diputada: ¡Madre mía!)

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Salvador.


Señora ministra de Igualdad.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, la propuesta que realizamos no obliga a nadie a interrumpir un embarazo. De lo que se trata es de ofrecer más garantías jurídicas a las mujeres y a los profesionales, de lo que se trata es de buscar el equilibrio entre los derechos de las mujeres y la protección de la vida prenatal y de lo que se trata, sobre todo, es de prevenir embarazos no deseados. Por eso es una ley de salud sexual y reproductiva.


Con respecto al plazo, ya he mencionado en mi intervención anterior que la mayoría de los países europeos tienen leyes de plazos que van desde las diez hasta las veinticuatro semanas, siendo, por cierto, el país que cuenta con una legislación más permisiva Holanda, el que menor tasa de abortos tiene, debido por supuesto a las políticas de educación y de salud sexual y reproductiva que aplican. Pero su problema, señoría, no es que vayamos a una ley de plazos, su problema no es este anteproyecto; su problema es la irrelevancia que para usted tienen las mujeres en un asunto como este. Ese es su problema. (Aplausos.) Estamos acostumbradas a que, cuando se trata de legislar sobre los derechos de las mujeres, a ustedes todo les parece mal, todo les parece inconstitucional. Ya les parecía inconstitucional la Ley de Igualdad o la paridad en los cargos electos, ya les pareció inconstitucional la Ley del Aborto que presentó el Gobierno en el año 1983, pero, como todas SS.SS. conocen y como toda la sociedad sabe también, todas estas leyes han sido validadas por nuestro Tribunal Constitucional. Y ahora, en el fondo, no hay más que la negación de nuevo del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Es el derecho a decidir de las mujeres lo que les molesta, señoría.


Sobre la vida prenatal, creo que, con independencia de ideas, de principios e incluso de planteamientos científicos, la ley va a dar respuesta a una exigencia que el Tribunal Constitucional dejó bien clara: el Estado debe proteger la vida del no nacido. Y tendrá que convenir conmigo en que el anteproyecto que proponemos es más respetuoso con la vida en gestación que la regulación vigente. Quiero decirle, señoría, que este Gobierno, que quiere equipararse a Europa también en un tema como este, es también el Gobierno que más políticas de apoyo a la maternidad ha puesto en marcha. Hoy, las mujeres embarazadas están más protegidas que nunca en el ámbito laboral. (La señora Montón Giménez: ¡Muy bien!) Hoy cuentan con una ayuda de 2.500 euros por nacimiento; hoy tenemos un permiso de paternidad, que se verá ampliado a cuatro semanas, con el acuerdo de esta Cámara; existe una ayuda para las mujeres autónomas que tienen que interrumpir su actividad laboral por motivos relacionados con el embarazo o con el parto; existe también una ayuda para las trabajadoras del régimen especial de empleadas del hogar; la maternidad no contributiva se ha ampliado en catorce días; hoy, los periodos de excedencia se reconocen como periodos de cotización efectiva; se está realizando una apuesta clarísima por la conciliación de la vida profesional y de la vida familiar con el establecimiento de esas 300.000 plazas de educación infantil con el Plan Educa 0 a 3, en el que el Gobierno va a invertir, junto con las comunidades autónomas, más de 1.000 millones de euros. Señoría, sin ninguna duda es este Gobierno el que más derechos ha reconocido para las madres y para los padres,

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es el Gobierno que más apoya la maternidad. (Aplausos.)

Con respecto al papel que juegan los hombres en una decisión como esta, señoría, no haga demagogia y no pervierta con esos argumentos el debate.
La ley no impide, ni podría hacerlo, que alguien pueda opinar, compartir o ayudar a conformar la decisión de una mujer sobre un embarazo o sobre un aborto. Las mujeres ya compartimos esa decisión con las personas que nos quieren y a las que queremos, pero, si no hay confianza, ni la ley, ni un juez podrán imponer su decisión a la de la mujer, porque precisamente la que está embarazada es ella, salvo que quiera usted acercar nuestra legislación a la de algunos países musulmanes, donde se exige la autorización expresa del marido. Me pregunto qué ventajas reporta semejante propuesta, que, por cierto, a ningún país europeo se le ha ocurrido plantear. En relación con el apoyo social, señoría, el consenso más claro que existe es que la regulación actual no convence a nadie, ese es el consenso más claro que existe.


Voy terminando. Defendemos cuestiones muy diferentes, es cierto. Nosotros defendemos la necesidad de una educación sexual responsable y poner en marcha más medidas para prevenir embarazos no deseados, defendemos el derecho a decidir de las mujeres, defendemos que las mujeres no puedan ser penadas con cárcel por la decisión de interrumpir un embarazo y además respetamos la opinión que usted tenga con respecto a un tema como este. Es a este Parlamento soberano al que le corresponde debatir y discutir la ley, cuando el Gobierno remita el proyecto, y confío en que los debates que se produzcan en esta Cámara tengan un tono sereno y obedezcan a planteamientos rigurosos, como creo que merece una cuestión de la envergadura de la que estamos tratando. (La señora Montón Giménez: ¡Muy bien!-Aplausos.)

Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LAS DIFICULTADES DE ACCESO AL CRÉDITO DE FAMILIAS, PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 172/000098.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Finalmente, interpelación del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar las dificultades de acceso al crédito de familias, pymes y autónomos. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL BELDA: Gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta, a mi grupo le preocupa su capacidad de análisis, tanto de los datos como del origen de esta crisis económica. Ayer, usted nos sorprendió con una declaración diciendo que en España se estaba produciendo una creación neta de empleo, una afirmación con poco rigor, puesto que usted sabe o debería saber que la creación neta de empleo será medida por la contabilidad nacional, cuando salga el dato del segundo trimestre en términos de ocupados a tiempo completo, porque es imposible que, en un periodo recesivo como en el que estamos, estemos en creación de empleo neto. Otra cosa es que usted esté, interesadamente o no, confundiendo ese dato con una variación estacional del desempleo registrado, del paro registrado.


Nos preocupa el análisis de los datos y sobre todo del origen sobre la crisis económica que vivimos en nuestro país. En el breve tiempo que usted lleva de vicepresidenta segunda, esta es la cuarta vez que le vamos a preguntar sobre el tema de financiación a empresas y familias, que es el tema crucial, capital, desde nuestro punto de vista, de qué es lo que está pasando con la economía española. Y no es para menos, puesto que la asfixia financiera sin duda es el principal problema de la economía española, aunque tanto a usted como sobre todo al presidente del Gobierno este problema, el problema de la financiación de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos o de las familias, se les ha caído del discurso, es un tema del que les gusta poco o nada hablar.


Señora vicepresidenta, el problema de la economía española es este. (El señor Nadal Belda muestra un gráfico.) Esta es la evolución del crédito en la economía española y la barra azul es lo que se están financiando las empresas y las familias. Ahora es muy poquito, mucho menos de lo que en épocas anteriores de crecimiento se estaba recibiendo; bastante menos que en la época de crecimiento masivo del crédito, que ustedes, durante su época, dejaron crecer. A partir de entonces, viene la sequía, una sequía atroz, que está destrozando el tejido empresarial de este país.
¿Ven la pequeña barra amarilla? Esta cada vez es más grande, es lo que las administraciones públicas están consumiendo; se está expulsando del mercado financiero, a través del crédito que se está dando a las administraciones públicas, a las familias y a las empresas.


Les doy unos cuantos datos. Desde comienzos del año 2008, la variación del crédito a las familias ha caído en 10 puntos; para las empresas, en más de 12. Y, señora vicepresidenta, ¿sabe cuánto ha aumentado el crédito a las administraciones públicas? 25 puntos. Lo voy a poner en cifras, en euros, para que lo entendamos mejor. En el último mes, las entidades de crédito concedieron 2.100 millones de euros menos que el mes anterior a las pequeñas y medianas empresas; apenas 2.000 millones más a las familias. ¿Sabe en lo que aumentó la financiación por parte de las entidades financieras a las administraciones públicas? En 12.000 euros.
Esto es lo que realmente está pasando, es la discrepancia tan radical

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entre el análisis que ustedes hacen de qué es lo que está pasando con la economía española y el que nosotros hacemos. Lo que le pasa a la economía española es que no tiene liquidez, no hay crédito. La gente no consume porque no le financian la compra de una vivienda o de un automóvil; la gente no puede invertir en ningún tipo de negocio, ni un autónomo, ni un pequeño o mediano empresario, porque les están reduciendo las líneas de crédito, porque van al banco y la línea que tenían por 10, ahora se la dan por 2, y si hay suerte. Se están incrementando muchísimo los tipos de interés particulares, que se están dando operación por operación, porque están subiendo muchísimo las primas de riesgo que el sector financiero está aplicando a las operaciones, tanto de familias como de empresas.
Este es el principal problema.


Hay problemas de caída de la demanda, porque no hay financiación y se están cerrando las empresas porque, lisa y llanamente, no tienen liquidez y, al no tener liquidez, el negocio no puede seguir funcionando; echan la persiana y se va la gente a la calle. Por esa razón hemos llegado a las cifras de paro que hemos llegado, que, según el último dato de Eurostat, está en 4.300.000 españoles, que será el dato que tendrán ustedes en la EPA al final del mes que viene, según, como digo, lo que nos está adelantando Eurostat. Esta es la razón por la cual 100.000 empresas españolas han cerrado en el último año y han dejado de cotizar a la Seguridad Social.


Esencialmente, hay un problema de escasez de crédito, no hay otro, o los otros son sustancialmente menores, o son a resolver a medio y largo plazo. Pero lo que está generando este ciclo recesivo que estamos teniendo, con unos efectos tan destructivos sobre el mundo empresarial y sobre el empleo en España, no es otra cosa que la financiación a ese sector privado que ustedes se empeñan una y otra vez en reducir, a través de su expulsión por el endeudamiento público. Este país se ha endeudado muchísimo -se lo he mostrado antes en el gráfico, señora vicepresidenta- del año 2004 al año 2007, y ahora toca reducir esa deuda, pero lo estamos haciendo a unas velocidades de vértigo, trepidantes. Nunca en España se ha producido un proceso de desapalancamiento del sector privado tan espectacular como el que estamos teniendo en estos momentos y por esa razón se produce esa sequía financiera y esa destrucción de nuestro tejido productivo a la velocidad que se está haciendo. Y ustedes siguen con una política económica equivocada, porque lo que piensan es que aquí lo que lisa y llanamente ocurre es que la gente no consume, o que a la gente le ha dado por no invertir, y que por tanto desde la Administración pública tenemos que compensar esa caída de la demanda con medidas de expansión de la demanda, a través del crecimiento del gasto. Pero es que la caída de la demanda no se produce porque del aire haya caído una ola de pesimismo; se produce porque se les ha cortado esa liquidez de la que antes disponían. Además, no ha empezado con la crisis financiera internacional, empezó ya a principios del año 2007.


Según las previsiones de la Comisión Europea, esta política que ustedes practican se traducirá en lo siguiente: 30 puntos de subida de la deuda pública hasta 2010; un déficit público en 2010 cercano al 10 por ciento del producto interior bruto; pérdidas de ingresos son apenas 4 puntos, el resto es incremento de los gastos. Esto produce un efecto de expulsión total de la financiación privada, en cantidades, porque hay muy poca liquidez, y esa poca liquidez la está absorbiendo el sector público.
Antes caía un caño de agua y ahora, de ese caño de agua, queda solo un chorrito y llegan las administraciones públicas con su palangana y no dejan entrar a los pequeños recipientes que tiene el sector privado, pero que son lo esencial en este país para invertir y para crear empleo. Eso es lo que está pasando. También en precios. El spread de la deuda pública española no está especialmente para tirar cohetes. Hoy ya estaba otra vez por encima de 70 puntos y seguimos siendo los cuartos peores dentro de la zona euro, como usted bien sabe. Y lo mismo en calidad, porque la pérdida del rating del Estado -primero fue Standard & Poors y ahora parece que Moody's también está planteándose la rebaja del rating para España-, la rebaja del rating del Estado afecta a la calidad financiera de todo el conjunto de los agentes económicos, tanto públicos como privados.
Empezará por el Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y seguiremos con las grandes empresas hasta la pequeña y mediana empresa. Y esta bajada de calidad crediticia del Estado está afectando después a esa pequeña y mediana empresa o a ese autónomo que va a una sucursal bancaria y le cobran por su crédito muchísimo más, porque, sencillamente, la calidad crediticia del país ha caído.


¿Qué soluciones se le ocurren al Gobierno para este problema? Pues relativamente pocas. De entrada, ampliar el balance del ICO. Bien. El ICO ha aumentado su balance hasta unos 30.000 millones de euros, muy poco consuelo para un endeudamiento empresarial de este país de 1,4 billones de euros; es una gota en un océano y usted lo sabe. Independientemente de eso, la ejecución de las líneas, como el Gobierno sabe bien, es bastante mediocre. La línea PYME, 2.000 millones, de 10.000; la línea liquidez, 1.600, de 5.000; la línea liquidez de medianas empresas, que acaba de entrar, eso es verdad, 65 millones, de 3.000; la línea vivienda, 96 millones, de 3.000; la moratoria PYME, 5 millones, de 5.000 previstos; y la moratoria hipoteca, 33 millones, de 60.000 previstos. Estos son datos que acaba de publicar, como usted bien sabe, el Instituto de Crédito Oficial.


Hace falta aumentar la liquidez y las administraciones públicas no tienen el derecho de quitar esa liquidez, de cortar los circuitos financieros a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a las empresas en general y a las familias de este país. Porque ustedes, como mucho, en lo que están pensando es en una reestructuración del sistema financiero.
Bien. La reestructuración del sistema

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financiero es arreglar las cañerías y se lo están tomando con calma. El sector y el Banco de España les están diciendo que este arreglo de cañerías es urgente, pero de poco sirve arreglar las cañerías si no pasa el agua y esa agua tiene que venir de esa mayor liquidez, por una mayor credibilidad que tiene este país en los mercados financieros. Eso se consigue con políticas mucho más serias, ganando credibilidad -no con que aparezcan cifras de la Comisión Europea poniéndonos a la cabeza del gasto público y del endeudamiento- y evitando que las administraciones públicas absorban esa financiación que corresponde a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos.


Ya conoce usted, sobre el tema de la reestructuración del sistema financiero, cuál es nuestra posición. Lo primero y sobre todo transparencia, las cosas al aire y bien vistas. Esta política de no decir nada o de contar poco yo creo que genera más incertidumbre que otra cosa.
Este ejercicio, cuando ustedes se decidan a ponerlo en marcha, que ya veremos cuándo es, solo puede tener un objetivo, que es precisamente facilitar como condición necesaria, aunque probablemente no será suficiente, ese crédito a esas familias, a esos autónomos y a esas empresas. Y si se va a acometer comprometiendo muchísimo dinero público, como parece que va a ser, tendrá que tener un control político. ¿O lo vamos a dejar todo en manos del regulador? ¿Usted no va a hacer un control político del proceso, no va a estar encima de él? ¿Y no va a haber un control parlamentario del mismo? ¿O todo se va a quedar en manos del regulador, manejando una cantidad de dinero como nunca se haya manejado en nuestro país? Y tiene que tener otro objetivo ese proceso: garantizar el alto grado de competencia.


En este país, en el sector minorista bancario hay competencia, y bastante, y ha funcionado bastante bien este modelo, hasta el punto de que se ha exportado internacionalmente. Una pieza esencial de esa competencia son las cajas de ahorros. ¿Qué piensa hacer el Gobierno con las cajas de ahorros? ¿Va a mantener el modelo? ¿Va a darle viabilidad? ¿Se necesita mantener el actual concepto de cajas de ahorros? ¿Está usted de acuerdo con esto o piensa que es necesario desnaturalizar las cajas de ahorros que estén en una situación financiera difícil y por tanto que puedan convertirse en cualquier otra cosa? Y, para hacerlo viable, hay que hacer un cambio legislativo. Hay que hacer cambios legislativos, porque ahora mismo el modelo no está preparado, el marco legislativo actual no está preparado para temas muy importantes, como, por ejemplo, facilitar las fusiones y crear grupos con viabilidad económica y financiera y que garanticen la competencia en el sector, no que sean de conveniencia política; o para mejorar sus órganos de gobierno, especialmente la profesionalidad; y sobre todo, si vamos hacia entidades con capacidad competitiva, ya no solo en el conjunto del territorio nacional, sino que puedan internacionalizarse y actuar como grupos a nivel europeo, que no creo que sea una cosa desdeñable, sino al revés, tendría que ser el objetivo deseable de una regulación de esas características, tendremos que adaptar la regulación a ese tipo de grupos. Ya no puede haber un tipo de regulación tan vinculada al territorio como hasta ahora ha habido.


Es necesario que se asuman las responsabilidades empresariales correspondientes. Dicho en plata, señora vicepresidenta, en este proceso de reestructuración del sistema financiero supongo que nadie se podrá ir de rositas, aquellos que han tenido mayores responsabilidades y mayor culpa en la mala gestión de algunas entidades. Hay que definir en concreto los itinerarios de las entidades -no se puede dejar a la arbitrariedad- y también de las operaciones de rescate que se vayan a realizar -para qué, con qué dinero se cuenta y cómo se van a hacer- y con la máxima transparencia. Sobre todo hay una cuestión muy importante, que es qué hacer con el capital que se ha quedado en manos públicas. Se tendrá que establecer algún sistema para salir de él. Mientras no se asuma que el principal problema de la economía española es la financiación no despegaremos. ¿Ustedes están en la idea del nuevo modelo? Estupendo.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Nadal, por favor, tiene que acabar.


El señor NADAL BELDA: Termino enseguida.


Estupendo, dirigir desde los ministerios cuáles son los sectores de futuro. Nosotros abogamos por facilitar la financiación a la inversión empresarial, que es la que crea empleo y la que genera riqueza en un país, por crear condiciones adecuadas para esa financiación, para una reforma fiscal que ayude a la misma y reformas estructurales que atiendan las necesidades de un sector empresarial que necesita ser mucho más competitivo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Nadal.


Para contestar a la interpelación tiene la palabra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, voy a tratar de dar respuesta al enunciado de la interpelación, las medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar las dificultades de acceso al crédito de familias, pymes y autónomos. Ha dedicado usted casi la mitad de su intervención a explicarnos cuál es el modelo de cajas de ahorro que, al parecer, quiere el Partido Popular, y a eso haré una pequeña referencia porque, sinceramente, no creo que sea el momento de hablar de un tema que todavía, como sabe, está en redacción.


Señoría, las dificultades de acceso al crédito de familias, pymes y autónomos preocupan tanto al Gobierno

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como a su grupo parlamentario. Es verdad que han sido varias las comunicaciones, interpelaciones y preguntas que han hecho al Gobierno sobre este tema. Y como siempre es un honor acudir a esta Cámara, voy a contestar una vez más para situar los términos de este debate. Como usted muy bien ha dicho, una característica de la última fase expansiva de las economías desarrolladas -y en particular de la española- ha sido el fuerte crecimiento del crédito al sector privado. En España la deuda de hogares y sociedades no financieras ha pasado de suponer el 75 por ciento del PIB en el año 1996 al 200 por ciento en el año 2008, en un proceso de constante incremento que también se produjo durante los años de gobierno del Partido Popular. En algunos de esos años el aumento del crédito alcanzó tasas muy elevadas -en algún año han llegado incluso a superar el 20 por ciento-, y eso sin duda ha permitido financiar el esfuerzo inversor de nuestra economía en los últimos años dirigido en buena parte al sector de la construcción residencial -una situación, como sabe, estrechamente vinculada con la política de suelo que ustedes desarrollaron-, pero es un aumento de crédito que ha tenido como contrapartida un fuerte endeudamiento de familias y de empresas.


Hay una conclusión que sé que usted comparte: las tasas de crecimiento del crédito no se pueden mantener en el tiempo. Por tanto, había que asumir que a medio plazo el sector privado debía reducir el peso de su endeudamiento para sanear su situación financiera. Es verdad que la situación de los mercados financieros desde el año 2007, y todavía más claramente desde el año 2008, ha hecho que estos canales de obtención de financiación se hayan visto distorsionados. Este es el marco en el que el Gobierno debe intentar actuar para suavizar la desaceleración del crédito y para que se produzca de manera menos traumática. Hemos puesto en marcha un conjunto de medidas destinadas a facilitar la financiación a las entidades del sistema financiero español para que ellas, a su vez, puedan seguir desarrollando su actividad de cesión de crédito a empresas y familias. Hacía usted referencia a algunos datos de la Comisión Europea a los que yo también me voy a referir. Pero centrándonos en España, hemos llevado a cabo, como sabe, subastas por el Fondo para la adquisición de activos financieros, que han otorgado financiación a las entidades de crédito por importe de 19.341 millones de euros; hemos avalado emisiones por parte de las entidades financieras que suponen, entre las ya autorizadas y las que están pendientes de emisión, más de 37.000 millones de liquidez adicional y se han adoptado medidas que facilitan la liquidez a pymes y a autónomos, medidas que ya hemos expuesto detalladamente en esta Cámara; se han mejorado las figuras de aplazamiento o fraccionamiento para los que tienen deudas con la Hacienda pública estatal; hemos revisado a la baja los tipos de interés de demora ilegal aplicables; hemos elevado el límite exento de la obligación de aportar garantías en los fraccionamientos de 6.000 a 18.000 euros y hemos recibido ya más de 500.000 solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento.


En el ámbito de la gestión del IVA, sabe que hemos puesto en marcha la generalización del sistema de devoluciones mensuales. En los cinco primeros meses las devoluciones mensuales pagadas son más de 44.000, que han supuesto más de 3.000 millones de euros de liquidez adicional para las empresas. En el caso del IRPF -puesto que también afecta a las familias la interpelación que usted hacía- se ha hecho un esfuerzo adicional y se están haciendo las devoluciones de la campaña de renta a mayor velocidad que la habitual. Las devoluciones ascienden ya a 3.300 millones de euros a fecha 26 de mayo, es decir, un 60 por ciento más que en las mismas fechas del ejercicio anterior. En el impuesto sobre sociedades se ha reducido de veinticuatro a doce meses el periodo para poder recuperar las cuotas de facturas no cobradas; se ha modificado el régimen de pagos fraccionados y se ha aprobado el mantenimiento indefinido de la deducción de actividades de I+D+i. También hemos realizado actuaciones, además de las que se refieren a la devolución del impuesto sobre la renta, en el ámbito de las familias. En el ámbito de la vivienda se han adoptado medidas, desde la posibilidad de ampliar plazos de hipoteca sin coste hasta anticipar la reducción de la deducción por vivienda en las retenciones del IRPF, la ampliación del plazo para materializar la cuenta ahorro, o la concesión de un plazo adicional para vender la vivienda habitual cuando se hubiese adquirido otra. Asimismo, hemos aprobado una moratoria temporal de la obligación del pago de las cuotas hipotecarias de determinados colectivos vulnerables. Se ha puesto en marcha una línea ICO moratoria e hipotecaria con una dotación de 6.000 millones de euros. Es verdad, como le digo, que alguna de estas actuaciones necesita ser impulsada, y a ello estamos dedicando nuestros esfuerzos.


Se ha procedido a mejorar las condiciones de financiación de las empresas aumentando las líneas de mediación del ICO y se han diseñado líneas de mediación especialmente adaptadas a las condiciones de los mercados financieros. El ICO ha puesto en marcha por primera vez líneas de liquidez. Por cierto, las líneas ICO en los cinco primeros meses han financiado ya más de 190.000 proyectos empresariales con 6.000 millones de euros. Como usted ha señalado, el importe destinado por el ICO a pymes y ciudadanos en el año 2009 asciende a más de 35.000 millones de euros, un incremento importante frente a los 9.000 millones del año 2008. Las líneas ICO han tenido al inicio un ritmo inferior al deseable en cuanto a su puesta en marcha y en cuanto al desarrollo de operaciones, pero en este momento entendemos que la velocidad de las mismas se puede considerar razonablemente bueno. También hemos puesto en marcha una nueva línea ICO de liquidez destinada a medianas empresas y un sistema financiero para aliviar los problemas de liquidez de pymes y autónomos que tengan facturas pendientes de cobro de las entidades locales, un incremento de la posibilidad de endeudamiento de las

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entidades locales en 11.000 millones de euros que va a permitir cobrar estas facturas pendientes, y una nueva línea adicional de avales del ICO por importe de 3.000 millones. Creo que estamos llevando a cabo medidas importantes que tratan de paliar la negativa evolución de la situación económica para familias y para empresas.


Por otra parte, ha hecho usted alguna referencia a la deuda y al gasto público. Ayer mismo la Comisión Europea presentó sus datos, y en este sentido me gustaría decirle que el paquete fiscal de medidas para tratar de paliar la crisis económica está suponiendo un 5 por ciento del PIB de la Unión Europea, de media; de ella, algo más de un 3 por ciento en estabilizadores automáticos. En cuanto a las medidas destinadas a facilitar el crédito, le diré también que las medidas de apoyo al sector financiero en la Unión Europea han supuesto casi un 30 por ciento del producto interior bruto de la Unión Europea, y existen los mismos problemas de crédito de las pequeñas y medianas empresas que tenemos en España. Evidentemente, algo más hay que hacer o cuando menos hay que esperar a que estas medidas tengan todo su resultado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta.


Señor Nadal, es su turno de réplica.


El señor NADAL BELDA: Gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta, una cosa que tienen de bueno las campañas electorales es que se recorre uno toda España durante quince días, visita muchas cámaras de Comercio y muchas asociaciones de autónomos y de pequeños y medianos empresarios, y ¿sabe lo que decían todos por unanimidad, independientemente del lugar de España en el que uno se encontrase? Que todo esto que usted nos ha contado en los últimos diez minutos no les sirve para nada. Y no les sirve para nada porque siguen teniendo el mismo problema de siempre: van al banco y no les dan el crédito, y cuando van a preguntar por la línea ICO, las condiciones son complicadas, los tipos de interés que se aplican, cuando la línea es mixta, son altos o les cuesta enormemente acceder. El 99 por ciento de los autónomos de este país no han visto un euro del ICO. Por eso le decía que es una medida que puede actuar sobre algún cuello de botella, pero lo esencial, lo que no podemos desenfocar y lo que es muy preocupante que haga un gobierno es que se desenfoque y no vea el problema general. El problema general es que el país, España, acumuló un déficit exterior descomunal, necesitaba financiación del resto del mundo y ahora esa financiación no llega, y como no llega al país, evidentemente, no llega a sus agentes económicos. Se está rompiendo la línea por la zona más débil, que son las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, que es a los que se les está cortando más la financiación; son los que están cerrando, y cuando cierran generan las pérdidas de puestos de trabajo que ahora estamos viendo. Mientras no veamos el problema en su conjunto va a ser muy difícil que lo podamos arreglar. El problema no solo es el sector financiero -del cual usted no ha querido hablar- y su posible reestructuración -eso está muy bien, pero es que se están quedando sin clientes porque la situación de financiación es drástica para ellos-, son las administraciones públicas. Es una política totalmente equivocada la que ustedes están llevando a cabo, lo que les está llevando a mayores rescisiones crediticias que las que habrían tenido. Si hubiesen aplicado una política contraria, una política de tratar de proveer financiación a través de una menor absorción por parte de las administraciones públicas de las disponibilidades de liquidez, si hubiesen hecho una política diferente, seguro que ahora muchas de esas empresas estarían abiertas; pero no lo están. Esta es la situación en la que nos encontramos.


Señora vicepresidenta, es bastante irracional pensar que en toda la Unión Europea todos los países tenemos que hacer la misma política. ¿Tenemos que hacer la misma política que Alemania, que tiene un superávit del 7 por ciento de su producto interior bruto, en superávit exterior, y que es el gran financiador del resto de Europa? ¿Por qué los alemanes no quieren que bajen los tipos de interés? Porque son los ahorradores, son los que reciben las rentas de esos tipos de interés. Sin embargo, nosotros estamos endeudados. Nuestro problema es de endeudamiento. El problema de otros países es diferente, por lo que tendremos que tener una política económica diferente. ¿O aquí aplicamos miméticamente lo que nos dicen de fuera, independientemente de cuáles sean nuestros intereses? ¿O no somos capaces de apreciar desde el Gobierno cuáles son nuestros intereses? En España, como gran país endeudado, aparte de que bajen los tipos de interés -que siempre nos viene bien-, lo que tenemos que hacer es una política de desendeudamiento y que las administraciones públicas no agraven ese problema de desendeudamiento que tiene el sector privado. Y ustedes siguen emitiendo deuda pública como locos. Me habla del paquete financiero de la Unión Europea. Por supuesto. ¿Cuántos de esos países son acreedores nuestros, de los que han aplicado políticas fiscales expansivas de incremento de deuda? Son acreedores nuestros, luego nosotros, como deudores, ¿vamos a seguir endeudándonos con estos mismos países? ¿Nos van a dar la credibilidad? ¿A qué tipo nos vamos a endeudar? Ese es el problema, vicepresidenta, tenemos que cambiar el patrón de endeudamiento y tenemos que empezar por las administraciones públicas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Nadal.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y

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HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, yo también he recorrido España en campaña electoral y fundamentalmente lo que he visto es un problema de desempleo -que usted también habrá percibido- y, por lo tanto, la necesidad de que desde los poderes públicos hagamos actuaciones destinadas a paliar esta situación de desempleo. A eso responde la política de estímulos fiscales en nuestro país. Y para financiar esta política de estímulos fiscales por supuesto que hay que emitir deuda pública. Pero tranquilícese, al final, de toda la puesta en marcha de estos estímulos fiscales, en este año y en el año próximo, los que todavía continuemos con ellos, llegaremos a unos porcentajes de deuda pública en relación con el producto interior bruto 20 puntos inferiores a la media de la zona euro. Por tanto, no puede usted decir que la deuda pública española es alta; teníamos margen, hemos hecho bien los deberes, los hemos continuado haciendo bien durante el periodo en el que hemos gobernado, durante los últimos cuatro años anteriores y en lo que va de legislatura, lo que nos permite en este momento tener margen para dar respuesta a las necesidades de la sociedad española, que son que adoptemos medidas de estímulo fiscal para tratar de compensar la situación de crisis económica, y vamos a seguir haciéndolo.
Por tanto, señoría, puedo estar totalmente de acuerdo con usted en que es necesario mejorar las líneas del ICO para que lleguen finalmente en su totalidad a las familias y a las empresas, simplemente estoy esperando una propuesta sobre cómo hacerlo, porque usted no ha puesto ninguna propuesta encima de la mesa. En cuanto al sistema financiero, que usted ha mencionado, creo que ya hemos escuchado lo que ustedes pretenden hacer con las cajas de ahorro. Pero permítame decirle, sin acritud, que su deseo, su intención o su voluntad de eliminar cualquier interferencia política en las cajas de ahorro casa mal con la comunicación que hemos leído en todos los periódicos de que Caja Madrid aceptará la propuesta de presidente que haga el presidente del Partido Popular.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 7/2009, DE 22 DE MAYO, DE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO AL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, PARA LA AYUDA A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y LA RENOVACIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS PLAN 2000 E, POR IMPORTE DE 100.000.000 DE EUROS.
(Número de expediente 130/000016.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto VII del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes, en concreto la del Real Decreto-ley 7/2009, de 22 de mayo, de concesión de un crédito extraordinario al presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la ayuda a la adquisición de vehículos y la renovación del parque de vehículos Plan 2000 E, por importe de 100 millones de euros. Por parte del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para solicitar su apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley 7/2009, de 22 de mayo, de concesión de un crédito extraordinario al presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la ayuda a la adquisición de vehículos y la renovación del parque de vehículos Plan 2000 E, por un importe de 100 millones de euros. En este sentido, y en cumplimiento de las resoluciones adoptadas en el debate sobre el estado de la Nación, el Gobierno ha decidido regular la concesión de subvenciones para la adquisición de vehículos con una doble finalidad: por una parte, continuar impulsando políticas activas de demanda que contribuyan a frenar la caída de las ventas del sector del automóvil y, por otra parte, seguir impulsando políticas de regeneración de nuestro parque automovilístico con criterios medioambientales. Es importante entender que con esta política, con este Plan 2000 E, no va a aumentar el número de coches en España; como consecuencia de este plan el número de coches en circulación va a ser el mismo, porque se van a achatarrar vehículos antiguos, más contaminantes, menos seguros, que se cambiarán por vehículos que reúnan criterios medioambientales que luego concretaré. Lo cierto es que en este momento el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no dispone de crédito presupuestario alguno para dar soporte a esta línea de financiación, lo que hace necesaria la urgente aprobación de un crédito extraordinario que nos permita hacer efectivo cuanto antes este tipo de ayudas que ya están en marcha, por lo que es el propio sector el que las está adelantando.


Como SS.SS. saben, en España y en toda Europa se ha producido en los últimos meses un fuerte retroceso de las matriculaciones que tiene su origen en la crisis económica y financiera por la que está atravesando la economía mundial. Ante estas circunstancias, la mayor parte de los países europeos han puesto en marcha medidas de apoyo a la demanda con la finalidad de contribuir a la reactivación de un sector que, por su carácter estratégico, es vital para el futuro desarrollo industrial europeo. En el caso de España, y ante el descenso de las matriculaciones, el Gobierno actuó con celeridad, aprobando el pasado mes de julio de 2008 el Plan VIVE, que fue el primer plan europeo de apoyo a la compra de vehículos. Es verdad que este plan inicialmente no funcionó, por lo que unos meses después fue

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objeto de revisión y modificación con el objeto de hacerlo más flexible y operativo, fundamentalmente para dar respuesta a la abrupta caída de las ventas que se produjo a partir de septiembre de 2008. Del éxito del Plan VIVE hablan sus números, porque durante lo que llevamos de año 2009 uno de cada cinco coches matriculados en España se ha financiado con los fondos asignados a este plan, y de hecho se ha agotado el presupuesto aprobado para el Plan VIVE para el año 2009 con seis meses de antelación a la fecha prevista. En concreto, en la segunda quincena del pasado mes de mayo se materializaron más de 10.500 operaciones, con lo cual se alcanzó un acumulado de 70.536 operaciones, superándose los 70.000 vehículos previstos en el Plan VIVE para todo el año. La necesidad de dar continuidad en términos de demanda a los buenos resultados del Plan VIVE, una vez agotada esta línea de ayudas, nos ha llevado a atender las peticiones del sector y también del arco parlamentario, que estaban a favor del establecimiento de un sistema de ayudas directas a la adquisición de vehículos parecido al aplicado con éxito en otros países de nuestro entorno, fundamentalmente Alemania, Francia e Italia. En efecto, medidas similares a las comprendidas en el plan se han revelado efectivas para reactivar la demanda en países de nuestro entorno. Además, en España contamos con la experiencia de la Comunidad Foral de Navarra, que desde el pasado mes de marzo concede también ayudas directas a la adquisición de vehículos y que, según los últimos datos disponibles, es la única comunidad autónoma de España en la que se han incrementado las matriculaciones de vehículos, y lo han hecho en mayo nada menos que a un 14,9 por ciento.


Señorías, todas estas circunstancias vienen a refrendar el importante efecto que las ayudas directas tienen como un elemento dinamizador de la demanda. Por ello, el presidente del Gobierno anunció en el pasado debate sobre el estado de la Nación la decisión de dar continuidad a nuestras políticas de demanda estableciendo de forma consensuada con los fabricantes una ayuda directa de 1.500 euros para la adquisición de vehículos; ayuda que se ha visto ampliada hasta los 2.000 euros en aquellas comunidades autónomas que han decidido sumarse a la iniciativa con una aportación de 500 euros por vehículo. En este sentido, y con carácter previo a su anuncio, ya habíamos llegado a un acuerdo con los fabricantes de automóviles para compartir el esfuerzo y complementar los 500 euros a aportar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado con otros 1.000 euros aportados por los propios fabricantes, y apenas 48 horas después de realizado el anuncio por el presidente del Gobierno en sede parlamentaria nos reunimos con las comunidades autónomas para invitarles a sumarse a esta medida y a aportar un esfuerzo similar al realizado por el Estado; esfuerzo del que por cierto las comunidades autónomas van a recuperar todo el coste a través del impuesto de circulación. Al respecto me gustaría destacar la general aceptación que la propuesta del Gobierno ha tenido entre la gran mayoría de las comunidades autónomas, a las que quiero agradecer su colaboración y que, sensibles a la preocupante situación del sector de la automoción en nuestro país, han optado por colaborar en un esfuerzo conjunto que responde a una demanda unánime del sector. A día de hoy solo hay dos comunidades autónomas, la Comunidad Autónoma de Madrid y la de La Rioja, que no se han unido a este plan que inicialmente era un plan del Gobierno pero que ahora es un plan de todos. Pero para que todo ello tome carta de naturaleza el Consejo de Ministros del pasado 22 de mayo aprobó el Plan 2000 E mediante real decreto, así como el real decreto-ley que hoy se somete a la consideración de SS.SS. y que ha de dar cobertura financiera a una iniciativa que viene a completar nuestra política integral a favor del sector de la automoción; un plan que contará, si SS.SS. convalidan este real decreto-ley, con un presupuesto de 100 millones de euros con el objetivo de ayudar a la compra de 200.000 vehículos cumpliéndose una serie de requisitos.


Señorías, los requisitos que hemos establecido para poder ser beneficiario de estas ayudas son muy similares a los que se determinaron con el Plan VIVE y que dieron muestra de flexibilidad y de éxito. En concreto, pueden acogerse a las mismas todos los particulares, autónomos y pymes que adquieran un vehículo de turismo M1 o de transporte de hasta 3,5 toneladas N1, que sea nuevo o de segunda mano con una antigüedad máxima de cinco años y que emita menos de 149 gramos de CO2 por kilómetro.
Además, el precio de adquisición de los vehículos no podrá superar los 30.000 euros, IVA incluido, antes de la aplicación de la ayuda.
Complementariamente, el beneficiario de la ayuda debe dar de baja definitiva a un vehículo de una antigüedad mínima de diez años o un kilometraje mínimo de 250.000 kilómetros en el caso de que se adquiera un vehículo nuevo, o de una antigüedad de doce años si se adquiere un vehículo usado. Por otra parte, el plan va a estar vigente durante el plazo de un año a contar desde el 18 de mayo de 2009 o hasta que se agoten los fondos destinados al mismo mediante la financiación de 200.000 operaciones de venta.


Por último, y por lo que se refiere a la gestión de Plan 2000 E, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se encarga del seguimiento y control de las ayudas, designando a tal efecto una entidad colaboradora para su gestión y liquidación mediante concurso. Con fecha 27 de mayo se aprobó la resolución por la que se convoca el procedimiento para la elección de esta citada entidad colaboradora. Desde el punto de vista operativo, el agente de ventas se hará cargo de la documentación requerida al comprador y cada quince días solicitará a la entidad colaboradora los fondos correspondientes a las operaciones que haya realizado, que verificará el cumplimiento de los requisitos y procederá a la remisión de los mismos en aquellos casos en los que proceda. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para facilitar la gestión del Plan 2000 E, ha ofrecido a todas las

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comunidades autónomas que lo deseen los servicios de esta entidad colaboradora, incluyendo la aplicación informática, para evitar que los concesionarios tengan dos interlocutores públicos y dos pagadores y facilitar así el cierre de las operaciones. Señorías, pensamos que es nuestra obligación agilizar al máximo los trámites legislativos y administrativos necesarios para que el Plan 2000 E genere la suficiente confianza y seguridad jurídica entre compradores y vendedores y para que sus efectos benéficos sobre la demanda de automóviles se dejen sentir lo antes posible, como todos en esta Cámara deseamos. Para ello espero y deseo contar con la voluntad de SS.SS., expresada mediante la convalidación de este real decreto-ley, que viene a poner a disposición de nuestros ciudadanos, de nuestras pymes y autónomos unos fondos necesarios para garantizar la sostenibilidad del sector del automóvil, que está en la base de la recuperación económica y también de nuestro crecimiento futuro.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del turno en contra a la convalidación del real decreto-ley? (Pausa.) Pasamos pues a la fijación de posiciones de los diferentes grupos parlamentarios. Comenzaremos con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que va a compartir su tiempo. Por tanto, tiene en primer lugar la palabra quien ustedes digan. (Pausa.) Señor Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, el Gobierno propone hoy la convalidación de un real decreto-ley para implementar un crédito extraordinario de 100 millones de euros al presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para ayudar a la adquisición de vehículos y conseguir una renovación del parque de vehículos, el Plan 2000 E. Avanzo ya que Esquerra Republicana va a votar favorablemente la convalidación.


A nadie se le escapa que el sector de la automoción -usted lo ha dicho con acierto, señor ministro- es uno de los que está sufriendo con mayor intensidad los efectos de la crisis actual. Las cifras siguen siendo en extremo preocupantes. A lo largo del pasado mes de mayo las matriculaciones cayeron un 38,7 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. El descenso acumulado de los cinco primeros meses del año es una cifra todavía peor, el 42 por ciento. Por tanto, la caída de ventas continúa siendo dramática, pero parece que puede haber un atisbo de inicio de recuperación; también usted ha aludido a ello. Por ejemplo, en las ventas a particulares el descenso fue de solo el 23 por ciento. Puede ser que el Plan 2000 E del Gobierno y otros puestos en marcha como los de la Generalitat de Catalunya y otras comunidades autónomas comiencen a surtir cierto efecto positivo sobre la idea de compra de los potenciales clientes por el efecto beneficioso de las ayudas directas que implican a las administraciones y a los fabricantes del sector. Las medidas propuestas en su día por el Gobierno a raíz del debate sobre el estado de la Nación, generaron en Esquerra Republicana -y así se lo hizo saber nuestro portavoz Joan Ridao- una cierta preocupación por la forma precipitada que se utilizó para hacerlas llegar a la opinión pública, pero estábamos y estamos convencidos de que el sector necesita revulsivos que aseguren supervivencia, y estos revulsivos deben venir del Gobierno del Estado, pero también de los gobiernos de las comunidades autónomas.


Cataluña es especialmente sensible al peso específico del sector de la automoción, pues genera unos 50.000 puestos de trabajo directos y 110.000 indirectos, a la vez que representa el 8 por ciento de su PIB y el 20 por ciento del total de sus exportaciones. El sector de la automoción tiene, pues, en Cataluña la máxima relevancia. En ese sentido, el Gobierno de la Generalitat puso en marcha en enero de este año el Plan Integral de la Automoción, con incentivos a la demanda como pilar fundamental. Las medidas inmediatas de rescate que se plantearon en enero para el sector de la automoción, con una aportación de 465 millones de euros, tenía tres objetivos principales: en primer lugar, evitar cierres de empresas, ajustes drásticos y descapitalización de partes fundamentales de la cadena de valor; en segundo lugar, recuperar la producción, a través de la reducción del actual exceso de stocks y, en tercer lugar, generar confianza en las casas matriz de los fabricantes de vehículos, en los agentes sociales para favorecer el diálogo social y en el sector financiero y entidades gestoras de riesgo. El pasado 26 de mayo, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya dio un paso más con la aprobación del Plan denominado AutoCat 09 y el anuncio de la adhesión al Plan 2000 E impulsado por el Gobierno del Estado. En este Plan AutoCat 09, que tiene un presupuesto de 31,5 millones de euros, los incentivos de la demanda benefician, además de a los turismos, a los vehículos comerciales y a las motocicletas, un sector en el que Cataluña representa el 83 por ciento del total del Estado. Este plan específicamente catalán es ambientalmente sostenible porque exige que cada vehículo nuevo emita menos emisiones de CO2 que el que circula actualmente y la ayuda está condicionada a su desguace. Este plan, no de medidas estructurales, sino de choque y coyunturales para reactivar la demanda, era necesario para complementar el plan muy positivo del Gobierno del Estado para poder llegar a beneficiar a más de 60.000 vehículos y conseguir aumentar las ventas en un 13 por ciento de media. Recordemos que en el primer trimestre cayeron en Cataluña un 37 por ciento, con una merma del 42 por ciento en los ingresos de la Generalitat por la venta de vehículos. Por todo ello, valoramos positivamente este real decreto y votaremos favorablemente su convalidación por ser un instrumento necesario en el marco de la

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colaboración institucional entre administraciones y la aportación de los fabricantes del sector.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.


Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, vamos a votar que sí al real decreto y lo vamos a hacer porque entendemos que las medidas son necesarias. Necesitamos un plan de ayuda, incluso en la adquisición de vehículos. Pero, al lado de este sí, quiero ponerle de manifiesto algunas consideraciones; si subo a esta tribuna es para ponerlas encima de la mesa. Creemos que ha faltado planificación, que ha habido puntos de improvisación y no solo por parte del ministerio, porque no creo que todo se deba ni al ministro ni al ministerio. Además, creo que nos hemos dejado llevar o se han dejado llevar a veces por golpes de titular y, tal y como se ha probado, ha expresado la falta de diálogo con el sector. Hay un consenso, que tenemos que dar ayudas a vehículos, pero añado: a motocicletas y a autobuses. Me consta que están trabajando para ayudar a resolver el problema en el sector de motocicletas y autobuses. Nosotros entendemos que este diálogo se tenía que haber producido antes. En cualquier caso, se tiene que proceder y producir con una variable, que es la necesidad de avanzar hacia otro modelo económico y también hacia otro parque automovilístico más sostenible. Usted es de los que ha hablado, y mucho, del vehículo eléctrico, y lo cierto es que en las medidas que se aprueban se diferencia poco entre los vehículos menos contaminantes de los más contaminantes. Para nosotros lo óptimo hubiese sido que la ayuda hubiera sido gradual en función de lo contaminante que fuese el vehículo, y ya le digo de antemano que estamos de acuerdo con situar ese tope de los 149 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. La pregunta es: ¿Para qué sirve hablar del cambio de modelo si esto no tiene una afectación en las ayudas? Las medidas, señor ministro, contrastan con lo que hace y dice la Administración Obama. Saben ustedes que la Administración Obama ha intervenido General Motors, y en su intervención ha establecido unos objetivos: la adecuación del parque automovilístico -también el de General Motors- para que vaya reduciendo un 30 por ciento de las emisiones en 20 años. Para nosotros este podría ser el modelo y, por tanto, deberíamos haber aprobado ayudas que fuesen precisamente en este sentido.


Manuel Castells escribía en un artículo reciente que la ayuda directa que se hace en España contrasta con lo que se hace en Estados Unidos -lo que le explicaba de la Administración Obama y lo que ha propugnado en su intervención con General Motors-. Se da dinero, decía Manuel Castells, a cambio de nada. A eso se añaden casos aun más escandalosos. Para nosotros es escandaloso el caso de Madrid -sé que esto no le afecta a usted-, en el que se dan ayudas en función del impuesto de matriculación. Todos sabemos que hay vehículos que no pagan impuesto sobre matriculación y, en cambio, los vehículos más contaminantes son los que pagan más impuesto sobre matriculación, por lo que acabamos dando ayudas en función del impuesto sobre matriculación. Para nosotros este es un caso de escándalo.
Creo que esto es posible porque se ha dialogado poco. Hay una primera responsabilidad -la del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid-, pero lo que constato también es que no se están haciendo las cosas del todo bien. Anfac incluso ha criticado al Gobierno de Madrid, y usted lo sabe tan bien como yo, porque lo que va a hacer es generar competencia desleal. Seguramente muchas de las matriculaciones de los 4x4 se van a producir en la Comunidad Autónoma de Madrid, y Anfac se ha quejado. Eso es una mala noticia. Un caso que para mí es hiriente, y usted lo sabe tan bien como yo, es el caso catalán, en el que se van a dar ayudas a vehículos que superen el límite establecido por el Gobierno y a vehículos que lleguen hasta los 50.000 euros. No es una buena noticia. Lo hemos dicho en Cataluña y no quiero entrar ahora en este debate. Lo hemos dicho nosotros y también lo ha dicho la ministra de Medio Ambiente. ¿Qué quiero manifestar con estos dos casos: uno escandaloso, el de Madrid; el otro, a nosotros nos preocupa? Que se pone de manifiesto precisamente la falta de diálogo con las comunidades autónomas, mayor diálogo con el sector, la necesidad de hacer estas cosas no a golpe de titular en el debate sobre el estado de la Nación sino consensuándolo, acordándolo y después aprobándolo. Esto pone de manifiesto que hay algunos déficits. Esto es lo que quería trasladar en mi intervención.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Gobierno solicita hoy a esta Cámara la concesión al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de un crédito extraordinario por valor de 100 millones de euros destinados a la ayuda para adquisición de vehículos, PlanE, y de apoyo a la renovación del parque de vehículos; en concreto, para adquisición de un máximo de 200.000 vehículos, subvencionando cada adquisición con 500 euros. Ante la constatación de no disponer de fondos suficientes en dicho ministerio para atender una medida política como esta, y en la imposibilidad, al parecer, de atender esta necesidad a través del Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria establecido en los presupuestos para casos como el presente, el Gobierno ha optado -más bien habría que decir que ha tenido que optar- por dirigirse a este Congreso solicitando del

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mismo el visto bueno de una medida presupuestaria con la que implementar esta política.


Movido por la gravedad de la situación económica y entendiendo que medidas de este tipo, en concreto una medida referida al sector de la automoción como la que se propone, deben ser aplicadas con urgencia para cuando menos paliar la situación económica que atravesamos, el Gobierno nos ha remitido su propuesta bajo la cobertura de un real decreto, es decir, nos lo ha remitido con los rasgos de urgencia que conlleva un real decreto.
El Gobierno está actuando en todo esto consecuentemente con su forma de pensar; una forma de pensar que es por otra parte compartida en gran medida, si no plenamente, por la práctica totalidad de los grupos políticos representados en este Congreso, lo es desde luego por mi grupo.
De forma que mi grupo está de acuerdo en que el Gobierno implemente una política de apoyo a la adquisición y renovación de vehículos, que lo haga en concreto con la medida de los 500 euros por lo que al Gobierno central se refiere y con los que desea apoyar dicha adquisición, y estamos de acuerdo en que a falta de previsión presupuestaria se habilite con rapidez un fondo extraordinario como el que nos propone el propio Gobierno. En todo esto estamos de acuerdo. Pero el Gobierno, políticamente hablando, no solo hace lo que acabo de reseñar y con lo que, vuelvo a repetir, estamos básicamente de acuerdo, sino que al mismo tiempo desatiende la voluntad recientemente expresada en esta Cámara -me refiero a resoluciones de hace escasas fechas aprobadas incluso por unanimidad en este Congreso-, según la cual el impulso del sector de automoción, y en concreto el impulso de los sectores industriales vinculados con la producción de vehículos, debe comprender diversas medidas, entre ellas una que se concretará -decía aquella resolución- en el establecimiento de ayudas directas como la que propone el Gobierno de la adquisición de vehículos que fomenten la eficiencia energética y la calidad ambiental para contribuir a reactivar la demanda y -decía también- en colaboración con el sector del automóvil y en su caso con las comunidades autónomas que quieran participar. Esto, al parecer, el Gobierno lo va a hacer y para eso recaba fondos. Igualmente -decía también la resolución- se promoverá un acuerdo con el subsector de las motocicletas y ciclomotores con el objetivo de establecer un sistema similar de ayudas a la compra al previsto para los vehículos. Esto también lo decía la resolución y podemos creer que está en la voluntad del Gobierno hacerlo. Ahora bien, la voluntad o la decisión del Gobierno de venir aquí con una medida parcial es una decisión arbitraria, que la puede tomar, pero es una decisión arbitraria y en algún sentido a espaldas de la voluntad expresada por esta Cámara en los términos que acabo de reseñar.


El Gobierno podía haber traído hoy todas las medidas, traer más concretadas unas medidas pero pedir el dinero para todas ellas, y frente a todo ello lo que nos ha dicho es: yo quiero este dinero para esta medida. Está en su derecho hacerlo, pero creemos sinceramente que esta especie de improvisación permanente de las cosas no es buen camino. Como mínimo, el Gobierno nos debía haber dicho: mire, estamos pensando en la perspectiva de que para la aplicación de la resolución que debe aplicarse también a los ciclomotores vamos a necesitar tanto dinero -en vez de 100, usted dirá cuánto-, y haber pedido ya a este Congreso que se arbitraran todos esos dineros, para concretarlos después en una medida que, si hoy no la tiene preparada para los ciclomotores, mañana o pasado podría tenerla preparada. Esta forma de proceder nos parece arbitraria, nos parece que es actuar un poco a espaldas de la voluntad de la Cámara, de forma que nada tenemos contra lo que propone el Gobierno, pero si otros grupos se animan y lo desean vamos a votar para que lo que hoy propone el Gobierno lo tramitemos a través de un proyecto de ley en el que podamos completar algunas cosas y responder en definitiva de una forma más cabal a la resolución de la que trae origen y en la que se fundamenta también la solicitud que el Gobierno nos presenta hoy para su convalidación.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor ministro, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar favorablemente el Real Decreto-Ley 7/2009, de concesión de un crédito extraordinario al presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la ayuda a la adquisición de vehículos y la renovación del parque de vehículos, de acuerdo con el Plan 2000 E, por un importe de 100 millones de euros. Por tanto, en primer lugar, quiero anunciar el voto favorable a la convalidación de este real decreto, pero, al mismo tiempo, voy a plantear una serie de consideraciones para que la Cámara y el ministro de Industria sepa cuál es la posición del Grupo de Convergència i Unió respecto a la evolución de estas ayudas directas finales que se van a dar al sector de la automoción.


Nosotros consideramos que el Gobierno, en este caso el presidente del Gobierno, ha actuado y ha reaccionado tarde, pensando quizá más en los anuncios mediáticos y propagandísticos del debate sobre el estado de la Nación e improvisando una vez más propuestas que obedecen más a la táctica del día a día y no, desgraciadamente, a una estrategia política a medio y a largo plazo, que es lo que ha venido reclamando nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Al mismo tiempo, aparte de reaccionar tarde, ha creado una confusión tremenda en las comunidades autónomas, en los fabricantes y en los distribuidores de automóviles, ya que inicialmente el señor presidente del Gobierno planteó y anunció una

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ayuda directa de 1.000 euros por cada compra de vehículo que se pudiera materializar a partir de una determinada fecha, pero el presidente del Gobierno no pensó con la cartera de los Presupuestos Generales del Estado sino con la cartera en este caso, sin previo acuerdo, de las comunidades autónomas. Es como si se invita a una comida a una serie de personas y finalmente a la hora de pagar el que invita paga con la cartera de los invitados. Sinceramente, pensamos que esto no es el procedimiento adecuado y tampoco es, por decirlo de alguna manera, el procedimiento y la actuación que hasta la fecha ha venido manteniendo el ministro de Industria, que ha sido, a nuestro entender, discreta y efectiva; nunca ha prometido una cosa que no ha podido cumplir y nunca ha prometido, hasta la fecha, una determinada cuestión pensando con los recursos de otros.
Por tanto, la primera consideración es que ha reaccionado tarde y creando confusión en el mercado y en el sector.


Hay otra segunda consideración, que es consecuencia de esta primera, y es que la medida que ustedes han planteado y que nosotros hoy vamos a convalidar con nuestro voto, también se produce con un retraso evidente de dos o tres meses. Es decir, en su momento el Gobierno no ha sido sensible a las diferentes propuestas que han planteado los distintos grupos parlamentarios, concretamente Convergència i Unió y también otros grupos parlamentarios, que han ido en la misma dirección. Probablemente, esta situación, la aprobación de una ayuda de esta envergadura, se hubiera podido materializar en el mes de marzo o en el mes de abril y la estamos convalidando en el mes de junio. Por tanto, no es menos cierto que vamos con un retraso que ha perjudicado notablemente al sector y a la comercialización del sector del automóvil.


Hay una tercera cuestión que nosotros consideramos importante manifestarla en nuestra intervención. La medida se ha puesto en marcha con exigencias a las comunidades autónomas y, como ya hemos manifestado, anunciar una medida que debe pagar otro, no deja de ser una frivolidad, un menosprecio y una falta de respeto al Estado de las autonomías. El anuncio en el debate del estado de la Nación de esta medida, sin haberla pactado previamente con otras administraciones públicas que se han visto económicamente afectadas, creemos que es la nueva forma de hacer del presidente del Gobierno, si no, no se podría entender un planteamiento de esta envergadura. He aquí su consideración al resto de las administraciones públicas y he aquí también sus propuestas con recursos de otros.


Por último, la mayoría de las comunidades autónomas no ha tenido más remedio que, afortunadamente, ir en la dirección que proponía el Gobierno y parece ser que al final estas medidas y estos recursos van a beneficiar directamente al sector del automóvil y por este motivo vamos a apoyar la convalidación de este real decreto. Pero, dicho de otra manera, al mismo tiempo que vamos a apoyarlo con cierto entusiasmo porque entendemos que el sector necesita de estos recursos como los han necesitado en otros países de la Unión Europea -hace ya dos o tres meses que han puesto en marcha medidas similares a esta y que les ha dado un resultado muy positivo-, también querríamos aprovechar la discusión y la convalidación de este real decreto para plantear una serie de reivindicaciones, aprovechando la presencia del ministro de Industria, para exigirles -si esta es la palabra adecuada-, entre comillas, con el máximo respeto, la puesta en marcha de determinados mecanismos que están aprobados en mociones, concretamente en alguna moción del debate del estado de la Nación, y que todavía el ministerio no ha puesto en marcha, como es la de aprobar inmediatamente las ayudas a la adquisición de motocicletas y ciclomotores, tal como se aprobó en dicho debate. Esta es una reivindicación, un planteamiento que reiteradamente nos ha venido planteando el sector de la automoción, de las motocicletas. Hay un acuerdo inicial por parte del Gobierno y entendemos que, en el mínimo espacio de tiempo posible, sería muy importante que el Gobierno trajera a esta Cámara un real decreto similar al que estamos aprobando en estos momentos para poder dar satisfacción a una moción aprobada en este Pleno y a una reivindicación por parte del sector del automóvil.


Otra propuesta que les hace el Grupo de Convergència i Unió, para que ustedes lo maduren y lo puedan pensar, es la de destinar, si es posible, los 700 millones previstos para el próximo año en el Plan VIVE al Plan 2000 E. Entendemos que podría ser más efectivo que estos recursos, estos 700 millones que han ido destinados al Plan VIVE, pudieran incorporarse al Plan 2000 E con ayudas directas al sector del automóvil. Esto es lo que nos manifiesta el sector, lo que nos manifiestan los distribuidores y los fabricantes de automóviles, que es muchísimo más efectivo el Plan 2000 E que el Plan VIVE, porque en definitiva el Plan VIVE, señor ministro, que ha sido un éxito y que se va a agotar en los próximos meses, solamente lo utilizan todas aquellas personas que no necesitan de financiación -aprovechan la financiación, pero no la necesitan-, mientras que al que necesita la financiación el banco no le da el oportuno crédito al consumo, con lo cual los más necesitados, los que quizá podrían comprar un vehículo en un momento determinado, no se pueden acoger al Plan VIVE por sus condiciones del riesgo crediticio. Por tanto, esta sería una consideración, una propuesta que les hacemos desde Convergència i Unió y sería interesante que el Gobierno pudiera pensar en ella. Le anuncio de todas maneras, señor ministro, que nuestro grupo parlamentario va a presentar una iniciativa parlamentaria, una proposición no de ley en la Comisión de Industria para poder debatir este asunto en profundidad y con más tiempo. También nos gustaría que el Gobierno, en este caso el Ministerio de Industria pensara también en adoptar todas aquellas medidas necesarias para impulsar la renovación de los vehículos agrícolas, industriales y de transporte con carga superior a las tres toneladas y media. Esta es otra reivindicación del sector que hemos ido manteniendo en conversaciones con el ministro, con el director general

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de Industria, y entendemos que también sería una buena propuesta para mantener la competitividad de este sector agrícola tan importante para nuestra economía productiva.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, nuestro grupo parlamentario va a convalidar este real decreto-ley por el que se concede un crédito extraordinario al presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la compra de vehículos y la renovación del parque dentro del llamado Plan 2000 E, por importe de 100 millones de euros. Pero a esta decisión le vamos a hacer la correspondiente crítica política.


La primera es, señor ministro, señorías, por qué el Gobierno no incluyó estas medidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2009. ¿Es que cuando estábamos en la tramitación parlamentaria de aquellos presupuestos la situación de la economía española no era lo suficientemente preocupante como para que hubiésemos previsto la necesidad de estas ayudas directas? ¿Es que acaso el dato de la caída de la matriculación en 2008 de 450.000 unidades invitaba al optimismo? Por supuesto que no, justamente invitaba a la preocupación. Desde todas las instancias se reclamaban ayudas directas y el Gobierno de Rodríguez Zapatero no adoptó ninguna decisión política en este sentido, no lo hicieron quizá porque ustedes han demostrado que no escuchan y que están fuera de la realidad.


La segunda pregunta que nos hacemos es por qué el Gobierno se opuso con contumacia al establecimiento de las ayudas directas y finalmente lo ha hecho con tanta tardanza. Quiero recordarle, señor ministro, que el 26 de mayo de 2008 -se ha cumplido ya un año- en la Comisión de Industria del Congreso se debatió una proposición no de ley del Grupo Popular que pedía que hubiese un nuevo Plan Prever, y esa iniciativa tan acertada, tan pertinente en el tiempo, fue rechazada por la mayoría de esta Cámara. El 20 de enero de este año nuestro grupo parlamentario presentó dos proposiciones de ley justamente para recuperar los incentivos fiscales a la compra de turismos y vehículos industriales y para suprimir temporalmente el gravamen del impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Pues bien, fuimos vetados; el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero vetó estas iniciativas so pretexto de que iban a incrementar el gasto público y de que nuestras arcas no podían sostenerlo. Ahora justamente esta misma argumentación para nada impide que se plantee un crédito extraordinario.


Señor ministro, usted en ese mismo escaño respondió a varias preguntas parlamentarias de diputados, a una del diputado Javier Guerra, hoy conselleiro de Industria, y otra de quien le habla. Le planteábamos abiertamente el establecimiento de ayudas directas y su respuesta no obtuvo ninguna duda: no era usted partidario de las ayudas directas, a las que incluso llegó a ridiculizar poniendo el ejemplo de que tirase de la iniciativa Alemania, que para eso durante muchos años España había sido el país que había apoyado la demanda. Pues bien, señor ministro, usted se equivocó de medio a medio y ahora ha tenido que venir aquí a rectificar presionado por la angustiosa situación de la realidad, por los grupos parlamentarios y desde luego por el sector, no lo ha hecho usted motu proprio. Yo le quiero decir que el Plan VIVE ha sido un auténtico fracaso, usted lo quiere presentar como un gran éxito y no es así, porque si medimos las iniciativas por el resultado que realmente dan, los datos son contundentes. He de poner de manifiesto que en el año 2009 las caídas de matriculaciones en España se han movido en una horquilla de media del 42,30 por ciento. ¿Podemos, por tanto, calificar de éxito ese plan de financiación que es el Plan VIVE? Nosotros pensamos que no. Un fracaso, un pequeño paliativo, pero para nada una solución. Por eso nos parece muy acertado lo que le acaba de decir el señor Sánchez i Llibre: Hay que eliminar el Plan VIVE de financiación y canalizar sus fondos hacia un plan efectivo de ayudas directas.


Otra pregunta que nos hacemos: ¿Por qué instrumentó estas ayudas, usted, su ministerio, su Gobierno, sin hablar con las comunidades autónomas? ¿Por qué el señor presidente Rodríguez Zapatero en esta misma tribuna propagandísticamente en el debate del estado de la Nación invitó -pero, claro, pagaba otro- a un plan de ayudas directas de 2.000 euros cuando en realidad el Gobierno solo iba a poner 500? Desde luego, la deslealtad institucional ha sido más que manifiesta, la improvisación de la medida sin ningún tipo de maduración previa, total. Tan desacertado fue el anuncio, que se produjo una retracción de la demanda que duró más de diez días, paralizando completamente el mercado. La incertidumbre generada en los concesionarios fue total; la confusión de la opinión pública fue total. Por tanto, el error de estrategia, de planteamiento fue increíble.
Ya no voy a hablar de la ruptura de la unidad de mercado que ha supuesto dejar un plan tan importante al albur de criterios tan diferentes desde distintos territorios.


Para ir al fondo de la cuestión. ¿Qué le falta a este plan de ayudas? Desde nuestro punto de vista, muchas cosas. En primer lugar, señor ministro, es insuficiente, porque 100 millones de euros de presupuesto y tan solo 500 de ayuda directa por unidad está muy alejado de las necesidades de este país. No voy a pretender que sea como en Alemania, donde hay 8.000 millones de euros del Estado alemán para esta finalidad; claro que allí se ayuda también con tres veces más, se ayuda con 1.500 euros cada unidad por parte de Gobierno federal. Desde luego, este presupuesto es insuficiente y

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nosotros le decimos que va a llegar el mes de octubre y este presupuesto se habrá gastado. Está muy alejado de las peticiones del sector, que le reclamaban 1.500 euros por unidad, y desde luego de las que le hacíamos desden nuestro grupo parlamentario, de 1.000 euros para la compra de vehículo nuevo y de 500 euros para la compra de vehículo usado.


Señor ministro, este plan también es insuficiente porque deja fuera a las motocicletas y a los ciclomotores, un sector que sostiene cerca de 30.000 empleos en este país. En el debate sobre el estado de la Nación le pedíamos una ayuda de 500 euros para motocicletas y ciclomotores; fue rechazada nuestra propuesta. Se aprobó otra de los demás grupos, más insuficiente, que pedía un acuerdo con ese sector. ¿Para cuándo tendremos ayudas directas para el sector de las dos ruedas, en el que hay una caída de las ventas del 54,5 por ciento? Por cierto, un sector ya castigado por el incremento injusto que ustedes materializaron del impuesto de matriculación. También se deja fuera a los vehículos pesados. La saturación de los stocks de vehículos industriales pesados es tremenda; ha caído la matriculación en más de un 80 por ciento de los vehículos de más de 16 toneladas. Desde luego los vehículos industriales son también muy importantes en nuestro país y deberían ser objeto de ayuda. Nosotros hemos reclamado unas ayudas de 1.200 euros para vehículos comerciales ligeros, de 3.000 euros para vehículos industriales entre 3,5 y 16 toneladas y de 12.000 euros para camiones de más de 16 toneladas. Señor ministro, también los jóvenes deberían estar en el punto de mira de las ayudas del Gobierno. Hay muchos jóvenes que quieren comprar coche y que no pueden entregar un vehículo a cambio, simplemente porque no han tenido nunca otro. Debería existir una línea de ayuda directa apoyando a los jóvenes para la adquisición de su primer vehículo.


Le tengo que hablar también de los problemas de gestión de este plan que usted ha implementado. ¿Por qué la Agencia Tributaria ha rechazado hacerse cargo de la gestión de estas ayudas, habiéndose ocupado ya antes de las del Plan Prever y de otras, con experiencia importante en la materia? ¿Por qué van ustedes a recurrir a un concurso en el que lo van adjudicar previsiblemente a una fundación del Instituto Tecnológico para la Seguridad, una entidad que está especializada en seguridad vial, sin experiencia ninguna en esta gestión? ¿Qué coste va a tener esta encomienda? ¿Cuándo se va a aprobar por parte de la Secretaría General de Industria la resolución que la ponga en práctica? Porque realmente va a manejar nada más y nada menos que 100 millones del erario público. Es imprescindible también, señor ministro, una guía informativa del proceso de gestión y es imprescindible una instrucción ex novo de su ministerio para la gestión del dinero público.


Nosotros somos partidarios de las ayudas directas; lo hemos sido desde el primer momento. Por eso nos alegramos de este plan, pero queremos mejorarlo. Por eso, señorías, nuestro grupo parlamentario va a plantear hoy mismo que esta iniciativa legislativa tenga tramitación parlamentaria como proyecto de ley. Queremos un plan mucho más ambicioso. Queremos una cuantía en su conjunto, en su montante, superior a los 100 millones de euros. Queremos como mínimo 1.000 euros de ayuda directa por parte del Estado, tal y como pedimos desde el inicio de la crisis del sector.
Queremos ampliar la ayuda directa a 500 euros por parte del Estado para la compra de vehículos de turismo usados cuyo periodo de matriculación no exceda de un año o que sean de kilómetro cero. Queremos ampliar la ayuda de 1.000 euros a la compra de vehículos industriales nuevos de menos de 6 toneladas de peso máximo autorizado. Queremos introducir, como dije antes, a las motocicletas dentro del espectro de vehículos beneficiados por las ayudas. Sí, señor ministro, hay que ser más ambiciosos. Este sector es muy importante y usted ha perdido el tiempo, y el dinero también, con un plan que no funcionó, el Plan VIVE, que luego tuvieron que modificar. La economía se activa también gastando en aquellas materias que producen retornos y el sector del automóvil produciría muchos retornos con un plan más ambicioso y más efectivo.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Delgado, por favor, tiene que acabar.


El señor DELGADO ARCE: Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Delgado.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señorías, efectivamente, el Gobierno presenta para su convalidación un real decreto-ley que trae como resultado la concesión de un crédito extraordinario de 100 millones de euros que el Grupo Parlamentario Socialista apoya, en primer lugar, porque va a suponer una ayuda importante para la compra de vehículos a particulares, autónomos y pymes; en segundo lugar, porque va a servir para renovar nuestro parque automovilístico y, en tercer lugar, porque apoya a un sector tan importante como el de la automoción, un sector que en términos de empleo, de renta y de exportaciones aporta mucho al producto interior bruto de este país. Es cierto que este sector, que es estratégico para la economía española, también está atravesando dificultades debido a la crisis económica, principalmente por la caída de la demanda en nuestro país, pero también en los países de la Unión Europea. No debemos olvidar que el 85 por ciento de los coches que se fabrican en España se venden fuera, por tanto se exportan, y por eso, señor Delgado, es muy importante que países como Francia o Alemania, también por primera vez, hagan programas

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de apoyo a la ayuda de compra de vehículos. Y no debemos tampoco olvidar que el 75 por ciento de los coches que compramos en España no los fabricamos, sino que los importamos. Por eso, precisamente, el Gobierno de España desde el primer momento ha prestado su apoyo al sector de la automoción. Lo ha hecho con un plan integral, ambicioso, para este sector, para mejorar nuestro tejido productivo y también para hacerlo mucho más competitivo, dotándolo de 4.000 millones de euros. Les recuerdo que es el segundo esfuerzo más importante que hace un país, después de Alemania, en cuanto a apoyo a este sector. Las medidas del plan integral están pensadas para el presente, pero también para el futuro del sector, de tal manera que van dirigidas a mejorar la logística, el plan de competitividad, a fomentar la I+D+i o, por ejemplo, el coche eléctrico, entre otras cosas. Gracias a ello hemos podido, por ejemplo, garantizar la actividad y el futuro de la planta de Martorell.


En segundo lugar, como decía el señor ministro, España ha sido el primer país de la Unión Europea que ha puesto en marcha un mecanismo de ayudas para incentivar la demanda y renovar nuestro parque automovilístico con vehículos ecológicos, innovadores y más seguros. Me refiero precisamente al Plan VIVE. Por cierto, en ayuda a la demanda en relación con el producto interior bruto, somos el primer país de la Unión Europea y, por tanto, detrás están Alemania, Francia, Italia, etcétera. Como SS.SS.
conocen, el Plan VIVE, con una subvención implícita de 2.000 euros, ha facilitado a los ciudadanos el acceso al crédito en un momento de restricción financiera y, lo que es más importante, ha contribuido a que un total de 71.000 vehículos de nuestro parque automovilístico se hayan renovado y sean mucho más eficientes y menos contaminantes. Precisamente, en el mes de mayo se ha batido el récord en cuanto a lo que supone que en un mes se haya acogido un mayor número de vehículos a este plan.
Concretamente, el 28,7 por ciento de las matriculaciones totales que se produjeron en España en el mes de mayo fueron acogidas a través del Plan VIVE y hoy podemos decir que prácticamente están agotados los 700 millones de euros que estaban programados para todo el año 2009, lo que confirma la buena aceptación de esta medida, pues se han agotado en tan solo cinco meses.


Ante este éxito, el Gobierno, a través de su presidente en esta misma tribuna, anunció con motivo del debate del estado de la Nación que se iba a reforzar el apoyo a la demanda, sobre todo en un contexto económico como el actual, con un nuevo marco de ayudas directas para la adquisición de vehículos que es el denominado Plan 2000 E. Una medida que compartimos todos los grupos políticos de esta Cámara y que además fue respaldada mayoritariamente en el debate sobre el estado de la Nación. Señor Beloki, el Gobierno no solo no ha improvisado sino que está cumpliendo precisamente lo que se acordó en ese debate sobre el estado de la Nación.
Y se ha hecho de manera inmediata para los automóviles porque acababa el Plan VIVE, porque no podía quedar ningún vacío y, en tercer lugar, porque había que seguir apoyando al sector del automóvil. El Gobierno está trabajando en un acuerdo con el subsector de motocicletas y ciclomotores para cumplir la resolución que se aprobó en esta Cámara. Y cuando esté, espero que no haga falta tramitarlo a través de un real decreto-ley, pero si hiciese falta, por supuesto, vendría a esta Cámara. En cuanto a los autobuses espero que pronto tengamos noticias y que se lleve a efecto la propuesta que hizo el propio presidente del Gobierno.


La medida que pone encima de la mesa el Gobierno es una medida consensuada con el sector del automóvil. Me parece que es importante poner esto en valor. Es un acuerdo con los fabricantes que supone una ayuda directa de 1.500 euros para la adquisición de vehículos eficientes y menos contaminantes. Por cierto, señor Delgado, los 1.000 euros que ustedes proponían en el debate sobre el estado de la Nación se quedan muy por debajo de los 1.500 euros. A no ser que usted lo que esté proponiendo es que todo lo ponga el Gobierno y que haya más gasto público. Si usted quiere que haya más gasto público tendrá que decir alto y claro a los ciudadanos de dónde quieren quitar ese gasto. ¿Lo quieren quitar de las políticas sociales? ¿Lo quieren quitar de las prestaciones por desempleo? ¿Lo quieren quitar de las infraestructuras? Díganlo. ¿O es que les molesta que los fabricantes también hagan un esfuerzo como, por cierto, están haciendo los fabricantes en Alemania? Esta ayuda mínima de 1.500 euros, que está operativa desde el día 18 de mayo -por tanto, de manera inmediata desde su anuncio-, que aporta el Gobierno y los fabricantes está garantizada para todo el territorio nacional. Pero para que esa ayuda llegue a los 2.000 euros tiene que haber una decisión individual de cada comunidad autónoma. Por tanto, señorías, el Gobierno pone encima de la mesa 100 millones de euros -una cantidad muy importante- para apoyar al sector y que es una cantidad suficiente para la compra de 200.000 vehículos por parte de las empresas, de las pymes, de los ciudadanos; y las comunidades autónomas pueden optar por sumarse al Plan 2000 E, por hacer sus propias medidas o, simple y llanamente, por no hacer nada. Es de agradecer que el conjunto de las comunidades autónomas mayoritariamente se haya adherido a este plan, excepto La Rioja y Madrid.
Por cierto, señor Delgado, en el caso de Madrid con una fórmula curiosa.
Una fórmula por la que se produce una deducción del 20 por ciento sobre las matriculaciones que beneficia precisamente a los vehículos más caros y más contaminantes. Por tanto, ustedes en Madrid están apoyando a los vehículos más caros y más contaminantes. Ponemos un ejemplo. A un vehículo que se fabrica en España como el Seat Ibiza, que es, por cierto, el que más se ha vendido en la Comunidad de Madrid en el último mes de mayo, la Comunidad de Madrid le subvencionaría con 114 euros. Así lo está haciendo la señora Esperanza Aguirre. Por el contrario, si un ciudadano adquiere un Jaguar XKR, que se fabrica en Inglaterra y que es mucho más contaminante y mucho más caro, el ahorro

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supone 2.500 euros. Es decir, ustedes en Madrid están beneficiando a los vehículos de alta gama. El Gobierno de España ha suprimido el impuesto de matriculación para los vehículos menos contaminantes y además se pueden acoger a través del Plan 2000 E a una ayuda de 1.500 euros y, si su comunidad autónoma también se adhiere, a otros 500 euros más. Por tanto, un Seat Ibiza en la Comunidad de Madrid tiene los 1.500 euros que le garantiza el Gobierno y 114 euros de la Comunidad de Madrid, pero si se compra en Castilla-La Mancha tendría 2.000 euros; mientras que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha el Jaguar no tendría ningún tipo de ayuda -como es lógico- y el Seat Ibiza tendría 2.000 euros.


Señorías, yo creo que todavía las comunidades autónomas que no lo han hecho están en plazo para poderse acoger, tanto La Rioja como Madrid -les invito desde esta tribuna a que lo hagan-, porque los objetivos que persigue el Plan 2000 E son importantes y beneficiosos. En primer lugar, mantener el empleo en el sector del automóvil; en segundo lugar, aunar criterios entre las comunidades autónomas y el Gobierno para ayudar al sector y, en tercer lugar, facilitar la compra de vehículos a los particulares, a los autónomos y a las pymes, sustituyendo vehículos antiguos por otros menos contaminantes. Señorías, termino pidiendo a la Cámara que se convalide este real decreto -creo que hay razones suficientes- y que sea efectivo desde hoy mismo en sus justos términos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alique.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO, DE REFORMA DE LA LEY DE 8 DE JUNIO DE 1957, SOBRE EL REGISTRO CIVIL. (Número de expediente 124/000001.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto VIII del orden del día: Debate de totalidad de iniciativas legislativas. En concreto, la proposición de ley del Senado de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil. A esta proposición de ley se han presentado dos enmiendas de totalidad. Para defender la primera de ellas, la del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, con brevedad, como así es también la justificación que hicimos a esta enmienda de devolución presentada a la proposición de ley de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, que nos llega del Senado, argumentaremos algo más nuestras razones.


Decíamos, en la brevedad de nuestra justificación, que considerábamos que las propuestas de modificación que se hacen a esta ley son injustificadas, ya que lo que recoge la ley actual nos parece adecuado en el sentido de que el artículo 40 de la Ley sobre el Registro Civil está basado en lo recogido en el artículo 29 del Código Civil, que es donde se define el nacimiento como aquel que determina la personalidad.
Posteriormente, también el artículo 30 de ese mismo Código Civil ya explica que para los efectos civiles solo se reputará nacido el feto que tuviera figura humana y viviera 24 horas enteramente desprendido del seno materno. A nosotros nos parece que esta definición, aunque data del año 1957, parece la más adecuada para el tema que estamos tratando. Por otra parte, pensamos que en la legislación actual no estaría de más la modificación del artículo 45 de la Ley sobre el Registro Civil porque tiene una redacción anacrónica. Incluso conforme a la disposición que se hace de la obligación de declarar o dar parte del nacimiento de criaturas abortivas, como así se denominan, tendría justificación la modificación de este artículo 45 de la Ley sobre el Registro Civil para adaptarlo, incluso desde el lenguaje en el tratamiento de estas figuras, a una consideración diferente. En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, la propuesta que nos viene del Senado no es acorde con los tiempos actuales, los tiempos del conocimiento, como es el que nos toca vivir.


Asimismo, tenemos que reconocer que hemos leído con atención el resto de las enmiendas que presentan los distintos grupos parlamentarios y nos hemos detenido en las presentadas por Convergència i Unió, concretamente en la que propone una incorporación al texto de la exposición de motivos de la propuesta que viene del Senado y que se refiere a las razones que tienen los padres para que se pueda recoger el nombre de su hija o hijo en estos registros civiles o consideración del Código Civil, pero concretamente en el Registro Civil. Como la propia propuesta dice, esta incorporación del nombre no tendría efectos jurídicos porque sería absurdo. Pero, desde nuestro punto de vista -y, evidentemente, no podemos ser insensibles a los sentimientos que padres y madres puedan tener en relación con el hijo no nacido- nos parece que no es muy congruente que en una norma se incorpore algo que no va a tener efectos jurídicos; y eso es lógico porque los sentimientos no se pueden regular jurídicamente. De ahí que entendamos perfectamente el sentimiento que pueda existir ante el hijo no nacido, pero ese sentimiento para su pervivencia y permanencia, incluso en el tiempo, no necesita de ningún asentamiento registral que, en este caso, sería en el Registro Civil. Por otro lado, no estaríamos en desacuerdo con que en un momento determinado esta Cámara llegara a un acuerdo, valga la redundancia, en la modificación -como dije anteriormente- de ese artículo 45 de la Ley sobre el Registro Civil, donde se

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pudiera mejorar lo que en estos momentos se recoge. Creo que fue ese el consenso al que se llegó en la legislatura pasada entre los distintos grupos políticos. Por lo tanto, independientemente de nuestra consideración en relación con la propuesta que nos viene del Senado -razón por la que presentamos esta enmienda de devolución- no estaríamos cerrados a cualquier debate que fuera en la dirección de lo que se acordó en la legislatura pasada. De momento, desde luego, nuestra postura en relación con este tema es la que acabamos de exponer.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


La segunda enmienda de devolución es del Grupo Socialista y, en su nombre, tiene la palabra el señor Rascón.


El señor RASCÓN ORTEGA: Gracias, señora presidenta.


El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta enmienda de totalidad para su devolución por razones políticas y por razones jurídicas. La iniciativa que viene del Senado, jurídicamente, nos parece que incurre en el absurdo; y, políticamente, nos parece que es inoportuna porque en ella ya está trabajando el Gobierno de la nación. Procedo a explicar uno y otro argumento. Es una iniciativa que pretende reformar el artículo 40 de la Ley sobre el Registro Civil en el que -como saben- se contempla que se inscribirán como nacidas a las personas, dejando para el legajo de abortos aquellas que no tengan la condición de personas; y persona, en el Código Civil, artículo 30, es aquel feto que tiene figura humana y permanece al menos 24 horas separado del seno materno. Lo que se pretende con esta iniciativa, en el fondo, es darle nombre a esas criaturas que denomina la ley como criaturas abortivas. Pero atiendan al literal de la propuesta que se hace para que puedan ustedes llegar a la evidencia del absurdo jurídico en el que se incurre. Estoy convencido de que avezados juristas de la Cámara, como el señor Olabarría o el señor Jané, acabarán en esa conclusión. Esa reforma del artículo 40 contempla la inscripción que ya se tiene de las personas y añade textualmente: se podrán inscribir sin efecto jurídico y a solicitud de los progenitores los fetos que tienen la condición de criatura abortiva. Se podrán inscribir sin efecto jurídico... ¿es una nueva categoría, señoras y señores diputados? En este país, en este mundo en el que todo produce efectos jurídicos, ¿queremos ahora crear un registro civil con inscripciones que no produzcan efectos jurídicos? Esto es un quiero y no puedo; o algo peor, intentar una inscripción de nacimiento de segunda categoría, cuando lo que en el fondo pretenden es darle nombre a esos fetos. Eso es posible, claro; se puede acudir a determinados modelos de legislación comparada en los que eso pasa, como por ejemplo en Portugal, en Italia y en Francia, pero para eso tienen que cambiar el modelo de inscripción de nacimientos. Con este modelo de inscripción de nacimientos no pueden buscar ese híbrido, ese absurdo jurídico para intentar dar nombre al feto. Cambien, por tanto, si así se quiere, de modelo de inscripción de nacimiento y eso será posible, pero no es posible ese cambio del modelo de inscripción con esta chapuza jurídica que nos ha remitido el Senado, porque ese cambio que permitiría dar nombre a los fetos que no superan las 24 horas de vida autónoma exige una reforma profundísima no solo de la Ley sobre el Registro Civil sino también, en su caso, del Código Civil. Hay alternativas, se pueden hacer varias cosas: se puede reformar la Ley sobre el Registro Civil disociando el concepto de persona del de inscripción de nacimiento; se puede cambiar, si así lo quieren, el concepto jurídico-civil de persona -ese concepto que saben que viene de 1887- o se pueden hacer las dos cosas; pero mantener el párrafo primero del artículo 40 de la actual Ley sobre el Registro Civil y después añadir esa perversión jurídica de inscripciones de nacimiento sin efecto jurídico, no hay por dónde cogerlo, es un verdadero despropósito jurídico y estoy convencido de que los juristas de la Cámara lo entienden perfectamente. Por eso les decimos abiertamente que no y presentamos una enmienda de devolución a esto que además no tiene remedio por la vía de la enmienda particular; está tan mal trabajado, jurídicamente es tan poco riguroso el proyecto que se nos envía por el Senado que no tiene remedio vía enmienda, porque ataca la filosofía de la propia Ley sobre el Registro Civil que, como saben, es de 1957.


Además de ese argumento jurídico más que poderoso para la devolución hay otro de carácter político. Sepan, señorías, que el Gobierno de la Nación está trabajando en un nuevo Registro Civil que sí se necesita en un país que tiene un servicio público que no es de este siglo sino del anterior y para eso es necesario reformar la Ley sobre el Registro Civil del año 1957. Bien, pues es una ocasión de oro para acometer esta reforma que se está planteando en la proposición de ley enviada por el Senado, con más razón cuando ya esta Cámara, a través de su Comisión de Justicia, en el año 2007 instó al Gobierno a una reforma del artículo 40 de la Ley sobre el Registro Civil. Vean, pues, cómo hay argumentos jurídicos poderosísimos y también argumentos políticos para devolver esta proposición de ley, que no es nada rigurosa, así como para justificar en su momento un debate serio y riguroso sobre la posibilidad de ese nacimiento inscribible disociado del concepto de persona; pero eso requiere mucho tiempo de debate, mucha voluntad política para llevarlo a cabo y, por supuesto, requiere unos fundamentos que no son los que trae esta proposición de ley del Senado.


Por eso, señorías -y acabo-, en el Grupo Parlamentario Socialista hemos optado por devolverlo a la Cámara Alta.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Rascón.


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Como ningún grupo ha manifestado su deseo de intervenir en el turno en contra y sí de hacerlo en el de fijación de posiciones, pasamos a ese turno y, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, al hilo de lo dicho por el diputado socialista, ciertamente en el año 2007 se aprobó una proposición no de ley que instaba a modificar el artículo 40 de la Ley sobre el Registro Civil para inscribir los nacimientos desde la ruptura del cordón umbilical del nacido y que fuera posible inscribir en el libro de familia al nacido. De hecho, es cierto que se aprobó en la Comisión de Justicia, tan cierto como que hasta ahora no se ha hecho nada. Es verdad que tenemos esta voluntad, es más, el mismo diputado socialista ha anunciado que el Gobierno ya tiene hecho el trabajo sobre la modificación de la Ley sobre el Registro Civil del año 1957. En principio a nosotros nos basta con esto. Ya les anuncio que evidentemente no vamos a apoyar la iniciativa del Grupo Popular, como no podía ser de otra manera. ¿Por qué? Permítanme un paréntesis. A nuestro entender esto forma parte de aquello que decíamos sobre la agitación y propaganda. Estamos ante una acción de agitación y propaganda al servicio del Partido Popular. No es casual. Hablamos de oportunidad; hablamos de oportunismo; no es casual el tinte que tuvo el debate en el Senado al querer reducirlo todo a un cierto maniqueísmo y una cierta y subliminal criminalización entre aquellos que tienden a la humanización de los hechos dolorosos, como puede ser que una mujer sufra un aborto o la defunción inmediata o posterior al parto del feto, etcétera -me remito al debate en el Senado, donde los defensores de la iniciativa parlamentaria hablaban en todo momento de la humanización, ese término se repitió distintas veces-, y aquellos que al parecer son insensibles al dolor de aquellos padres, de aquellas parejas, de aquellas mujeres que sufren un percance tan doloroso como al que nos referimos. De entrada, denunciamos esta posición estrictamente maniqueísta, reduccionista e intelectualmente tan pobre que está presente en este debate, porque todo forma parte de un conjunto de iniciativas que tenderán al ir al alza al amparo del momento político, en el cual sin duda está muy presente no solamente la oposición al proyecto de ley del Gobierno de interrupción voluntaria del embarazo sino incluso la ridiculización extrema y absurda de la misma ministra de Igualdad, la señora Aído, quien, a nuestro parecer, está siendo blanco de una manera injusta y estúpida de la reacción ante un proyecto de ley sobre el que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ya ha dicho que solamente avalará si el Gobierno no da un solo paso atrás y se compromete con todo aquello que se concluyó en la subcomisión.


Ustedes pensarán que aprovecho el momento para arrimar el ascua a mi sardina. Pues sí, ciertamente lo hacemos porque hemos observado algunos movimientos de algunas personas muy influyentes en el Partido Socialista, por ejemplo el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha o el mismo alcalde de Lleida, miembro del Partido Socialista de Cataluña, con unas declaraciones que en nada ayudan, a nuestro entender, a que podamos salir victoriosos de esta ley, una ley integral de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que tiene que salir triunfante de este Parlamento y sin ningún titubeo por parte del Partido Socialista y del Gobierno.


Si me remito a la proposición de ley del Senado, más allá del respeto absoluto y la sincera solidaridad con aquellas personas que han sufrido o sufren ese tipo de trance, este desparpajo, que no tiene ningún sentido, consistente en ir hacia la legitimación y legalización de un registro de fetos, de criaturas abortivas, me parece que es elevar a categoría el espantajo de la muerte. En el fondo esto significa dar cuartel a una concatenación de hechos que están muy instalados por desgracia en nuestra sociedad y que llevan a la criminalización de la mujer y después a hablar incluso, sin ningún tipo de pudor, de la persecución de los profesionales. Es decir, están instalados en la sinrazón. Y todo ello a partir de dar categoría a iniciativas de este tipo que, repito, son absoluta, radical y totalmente hipócritas porque utilizan el dolor, los sentimientos de unas personas que ciertamente pudieran con toda legitimidad perseguir ver reconocido esto desde el punto de vista emotivo, emocional -en el fondo no deja de ser la catarsis del dolor-. No se puede llevar esto al ridículo de querer elevarlo a categoría de filiación, darle nombre. Eso sí, con la hipocresía de decir luego, para que todo pudiera cuadrar -cuadrar lo que no puede cuadrar- que no tiene efectos jurídicos. Realmente, tal como decía el compañero socialista, son un conjunto de argumentos que no solamente están deslavazados, sino que además se contradicen los unos con los otros.


Nuestro grupo parlamentario no presentó una enmienda a la totalidad, sino tres enmiendas; también debo decir que tenían un alcance de enmienda a la totalidad. De hecho, dos de las tres enmiendas son enmiendas de sustitución de los dos artículos presentes en la iniciativa parlamentaria que nos llega del Senado y la tercera lo que hace es remitir a la modificación del Código Civil. De hecho, es lo que se está haciendo ya en el Parlament de Catalunya, que en estos momentos está tramitando la modificación del Código Civil catalán, a fin y efecto de que se pueda de forma clara y diáfana reconocer a aquella persona nacida; es decir, desde el momento en que se ha cortado el cordón umbilical. A nuestro entender, lo que debería hacerse, y creo que además está en línea, es coherente con la proposición no de ley aprobada en la Comisión de Justicia, es ir hacia -y este es el contenido de la tercera enmienda de nuestro grupo parlamentario- la modificación del Código Civil -repito en Cataluña lo estamos haciendo en paralelo respecto al Código Civil

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catalán- y, evidentemente, dar cumplimiento, desarrollar aquello aprobado en la Comisión y que el Gobierno lleve a cabo el compromiso de modificar, al amparo de lo otro, la ley del año 1957. En definitiva, vamos a votar, conjuntamente con las izquierdas, en contra de esta iniciativa que viene del Grupo Popular del Senado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, he escuchado con atención las tres intervenciones que me han precedido en el uso de la palabra. Le agradezco al señor Rascón, buen amigo por cierto, que utilice el halago, no sé si por convicción o como argumento dialéctico; en todo caso, es inservible a estas alturas de la historia, después de haber trabajado tanto conjuntamente. Tengo que decirle que me ha hecho dudar su intervención porque es una intervención rigurosa, ajustada a los requerimientos del ordenamiento jurídico. Pero después de escuchar al señor Tardà, en una intervención, por cierto, difícil de glosar e incluso de comprender e interpretar, ahora tengo la absoluta convicción de que hay que votar en contra de las dos enmiendas presentadas al texto y que es pertinente dar vía libre al debate de esta proposición de ley, que nos parece, de forma sobrevenida, más pertinente que nunca.


Señor Tardà, ya sabe que se lo digo con cariño y con la amistad que nos une, no he entendido nada de lo que usted ha dicho. Ha hecho usted reflexiones colaterales y ajenas al contenido material de la proposición de ley que estamos debatiendo referidas a la ministra Aido y a cierta campaña de desprestigio, a la estigmatización de las mujeres, a la estigmatización y criminalización de no sé qué profesionales. En fin, una miscelánea de cuestiones que no constituyen el contenido material, son absolutamente colaterales, por usar una expresión generosa, ya que son ajenas absolutamente a lo que aquí se está dilucidando.


Señor Tardà y señor Rascón, vamos a empezar parafraseando a Lucrecio, dado lo que está ocurriendo en este debate a estas alturas de la hora, diciendo que lo que debe ser objeto de inscripción registral no está en la naturaleza de las cosas. Usted, señor Rascón, me entiende perfectamente. En el registro se inscribe lo que las leyes registrales estiman que es conveniente inscribir por constituir elementos que tienen una dimensión vital que justifica su inscripción, con efectos jurídicos siempre. Y efectos jurídicos tiene la no inscripción de los niños fallecidos de forma prenatal o de los fallecidos prenatalmente, de forma perinatal o en las 24 horas, como establece el artículo 30 del Código Civil, en las que han podido vivir con figura humana -concepto anfibológico donde los haya- y desprendidos absolutamente del útero materno, del seno materno. Eso es lo que dice el Código Civil, pero el Código Civil podría decir cualquier otra cosa.


Vamos a recordar a Lucrecio: nada está en la naturaleza de las cosas en este ámbito. Desde esta perspectiva, nosotros entendemos que se pueden inscribir con efectos jurídicos algo diferente a estos niños, incorporarles o inscribirles en el denominado legajo de abortos -expresión poco afortunada de nuestro ordenamiento jurídico- solo a los efectos de otorgar la licencia para incineración o inhumación. En definitiva, efectos jurídicos tiene todo. Efectos jurídicos tiene la inscripción del nombre de estos niños, aunque no produzca los efectos registrales, porque los efectos jurídicos son los registrales y son los no registrales, son los simbólicos.


Señores socialistas, señor Rascón, a usted le gusta mucho citar a Carnelutti. Cuando hablaba de la naturaleza, de las esencias del ordenamiento jurídico, comentaba el señor Carnelutti, que es un jurista dilecto para usted, que el ordenamiento jurídico no está constituido solo por un sistema ordenado de normas, sino por un sistema ordenado de sentimientos y de valores convencionalmente admitidos por la sociedad.
Pues aquí hay valores convencionalmente admitidos por la sociedad que producen efectos jurídicos, tan efecto jurídico es la inscripción en el Registro Civil de un niño nacido con los requerimientos del artículo 30 del Código Civil, como la inscripción en el legajo de abortos a efectos de su incineración posterior. Es que esos son efectos jurídicos también, luego no se argumente de forma torticera o de forma fraudulenta con la inexistencia de efectos jurídicos, cuando lo que se crean son efectos jurídicos de naturaleza registral o dimanantes del acto registral en sí mismo, porque los efectos jurídicos hacen referencia a sensaciones vitales.


Y parafraseando de nuevo a Carnelutti le digo que el ordenamiento jurídico también está constituido por la inscripción en el registro de aspectos vitales esenciales para las personas vinculados a la afectividad, pero vinculados también a hechos físicos como la muerte. La muerte también es objeto de inscripción registral, se lo recuerdo, señor Rascón, también la muerte tiene acceso al Registro Civil a través de los requerimientos de la Ley del Registro Civil del año 1957 y de las previsiones en materia de fallecimiento del Código Civil; también la muerte. Pero, hablando de valores, le voy a recordar algunos de los que Carnelutti seguramente consideraría valores configuradores de un ordenamiento jurídico correcto y con fundamentos ontológicos adecuados.


Le voy a hablar de un valor concreto que es dimanante de una propuesta presentada el año 2007 por Convergència i Unió y que ustedes se comprometieron a apoyar e incluso a encarnar jurídicamente, la llamada reforma Amanda, en alusión a una niña que, por no existir, sus padres no la pudieron inscribir con nombres y apellidos en el registro. Ustedes se comprometieron a regular esta materia. Tienen un compromiso adquirido ante esta Cámara para regular esta materia. Pero me

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estoy refiriendo a 40.000 casos más en los últimos veinte años de la historia democrática del Estado español. Me estoy refiriendo a los hijos de Juan y Jillian, que tampoco han podido dar su nombre a su hija Uma, tal como era su intención. Me estoy refiriendo también al caso de Lucas, que nació con siete meses y ahora tendría diecinueve. Me estoy refiriendo al caso de Martín, nacido en Barcelona; al caso de Elena, al caso de Claudia, al caso de 40.000 niños cuyos padres hubiesen deseado una constancia registral de naturaleza meramente nominal, sin efectos jurídicos dimanantes del registro, pero sí con efectos jurídicos simbólicos. El derecho simbólico es tan importante y relevante como el derecho positivo y lo demás es pura demagogia. No sé hasta qué punto ustedes son apologetas o seguidores de las tesis del profesor Carnelutti -ya me gustaría-, tengo dudas de si han leído su obra. Desde esa perspectiva, señor Rascón, me sorprende mucho su intervención ridiculizando, relativizando y utilizando expresiones muy parecidas a las utilizadas por su portavoz en el Senado, donde calificó de no racionales a los que defendían la pertinencia de esta proposición de ley. No somos no racionales. Yo sigo siendo una persona racional, soy una persona racional porque defiendo eso. ¿Cómo se mensura la racionalidad? Igual no utilizando ciertos calificativos y ciertos epítetos en el debate. Nadie puede atribuirse el monopolio de la racionalidad, y menos en estas materias. Sabe usted que jurídicamente la cuestión es discutible, sí, no se lo niego, pero la cuestión no está escrita en la naturaleza de las cosas. Le vuelvo a parafrasear a Lucrecio. Además, esta proposición de ley se ajusta a los requerimientos de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el Estado español el 30 de noviembre de 1990. Desde esta perspectiva, en esta convención se obliga a la inscripción en el momento mismo del nacimiento -no 24 horas después- de un ser con configuración humana, separado ya del seno materno; en el momento mismo del nacimiento. ¿También consideran ustedes irracional o que estigmatiza a la mujer, o estigmatiza a los profesionales, o estigmatiza a la ministra Aído esta convención aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, la posibilidad de escribir en 24 horas después del alumbramiento a un niño, que tiene que hacerse de forma inmediata? ¿Esto es irracional? ¿Los sentimientos de 40.000 ciudadanos, de 40.000 familias son irracionales? ¿Qué es irracional? ¿Cómo se mensura la irracionalidad? ¿Cómo se mensura la forma de libertad? ¿Y cómo se pueden utilizar argumentos absolutamente falaces, vinculando o deslizando la aprobación de algo de naturaleza estrictamente registral, legítima, pertinente, sin ningún tipo de objeción en el ordenamiento jurídico constitucional, asimilándola a las cuestiones atinentes a la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto, a la criminalización o estigmatización de la mujer, a la criminalización de profesiones? ¿Cómo se pueden hacer trampas argumentales tan groseras, si me permite la expresión, como estas? Estamos hablando de una reforma del Registro Civil y estamos hablando de la reforma de un único precepto del Código Civil pertinente. ¿Por qué es pertinente? Porque 40.000 ciudadanos lo consideran pertinente, porque un instrumento ratificado por el Estado español de derecho público internacional lo considera pertinente y porque no es en absoluto irracional pensar que alguien que sufra el dolor de la pérdida de un ser querido, bien en las 24 horas posteriores a su nacimiento o de forma prenatal, en las primeras seis semanas de gestación, o de forma perinatal, puede tener constancia registral de que ese niño existió y que en algunos casos a ese niño se le pudo abrazar.
Ustedes no tienen ninguna legitimidad, ningún derecho, ningún requerimiento ético para calificar esta conducta de irracional o de vinculada a prácticas abortivas, estigmatizadoras de determinadas profesiones o estigmatizadoras de la mujer. Esperaba reflexiones de corte jurídico más pertinentes, más ajustadas.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor, tiene que acabar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Cuando oigo argumentaciones como las que se han podido oír esta mañana en este Pleno, desde luego la pertinencia de la aprobación o de la negativa a la votación de las enmiendas presentadas a esta proposición de ley, el voto en contra a esta se nos antoja que adquiere una importancia sobrevenida y en opinión de nuestro grupo, señora presidenta, un requerimiento ético.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, este debate hoy no debería producirse en el Pleno del Congreso de los Diputados. Hoy no deberíamos tener aquí este debate porque hoy debatimos una proposición de ley aprobada en el Senado a instancias de un grupo que aquí está en la oposición, el Grupo Parlamentario Popular. Y para Convergència i Unió hoy no deberíamos tener este debate aquí porque el debate debería haber sido distinto, hoy deberíamos haber debatido un proyecto de ley del Gobierno de reforma de la Ley del Registro Civil para dar cumplimiento a lo que esta Cámara aprobó por unanimidad el 26 de junio del año 2007. Aprobó un mandato al Gobierno. El Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Socialista, asumió ese mandato. Aprobamos por unanimidad en la Comisión de Justicia una proposición no de ley defendida por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el sentido de la llamada reforma Amanda. Nos comprometimos todos en un tema que -coincido con el señor Olabarría- tiene también una dimensión ética y humana, además de jurídica, y el Gobierno no ha hecho

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los deberes, no ha presentado el proyecto de ley a pesar de que nos comprometimos en esa proposición no de ley, no únicamente entre quienes estábamos en la Comisión de Justicia, nos comprometimos ante miles de familias que nos pedían la reforma Amanda: nos pedían la posibilidad de otorgar un nombre a su hijo, a su hija, que había muerto y que en el Registro Civil -según esta Ley del Registro Civil, artículo 45-, sí que se inscriben, -porque sí se inscriben, no es que no se inscriban- pero se inscriben a partir de los 180 días. Se inscriben, están obligados a inscribirlos en un legajo como el difunto, la difunta, la hembra... No, no. Tienen nombre. Tienen derecho a poner ese nombre y por tanto todos nos comprometimos a que daríamos respuesta a esa demanda social. Y el Gobierno no ha hecho los deberes. Por tanto, repito, hoy no deberíamos tener este debate aquí, deberíamos haber debatido ya ese proyecto de ley del Gobierno. No ha sido así. Este diputado, que fue autor de esa proposición no de ley que se aprobó por unanimidad, ha planteado al Gobierno reiteradamente -tanto en la pasada legislatura como en la actual, vía pregunta- la necesidad de cumplir esa proposición no de ley.
Y el Gobierno: vaya, vaya, desde luego, estamos estudiando la reforma. Se estudia mucho pero no se presenta el proyecto. En el Senado el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición de ley y, vaya por delante, a nuestro grupo no le agrada el texto que el Senado ha aprobado en la literalidad formulada por el Grupo Parlamentario Popular porque entendemos que tiene deficiencias en cuanto a la adecuada interpretación de lo que queríamos cuando propusimos la reforma Amanda, pero hoy tampoco podemos decirle al conjunto de la ciudadanía, cuando alguien quiere desarrollar aquello que aprobamos, que lo devolvemos con una enmienda a la totalidad y, mientras tanto, seguimos sin cumplir aquella proposición no de ley. Por tanto, nuestro grupo va a votar hoy en contra de las enmiendas a la totalidad. Queremos que se tramite; que se tramite en ponencia, en Comisión de Justicia, y queremos buscar desde el consenso un texto que sea útil a la ciudadanía, estricto jurídicamente y que dé respuesta a esas demandas legítimas de tantas familias.


Saben, señora presidenta, señorías, que esta se llama reforma Amanda porque Amanda tenía -tiene- unos padres, unos padres catalanes, Joan y Gina, padres de esa niña que se llama Amanda pero que en el Registro, en ese legajo consta como Hembra. Y ellos tienen todo su derecho a querer ponerle un nombre, y así lo convinimos todos; todos, repito, por unanimidad. Deberíamos ser capaces de dar una respuesta. Nuestro grupo parlamentario ha presentado enmiendas al articulado, no enmiendas a la totalidad, y una de ellas muy clara: acotarlo temporalmente. Hoy el Registro Civil habla de 180 días, nosotros pedimos seis meses para que este no sea un debate distinto a lo que queremos que sea, esa posibilidad de inscribir el nombre.


Por tanto, señora presidenta, señorías, Convergència i Unió hubiera preferido no debatir hoy esta proposición de ley y que hubiera sido el Gobierno quien hubiera presentado un proyecto de ley, seguro que el Gobierno lo hubiera hecho mejor jurídicamente que como se ha hecho a través de esta proposición de ley. Pero, como por lo menos hay hoy un texto, queremos que se tramite, se mejore y, vía Comisión, encontremos una respuesta que debería ser unánime. Les pido que retiren las enmiendas de totalidad, que las retiren solo pensando en aquellos padres que nos pidieron que legisláramos, pensando que hicimos una proposición no de ley que se aprobó hace más de dos años y que el Gobierno no ha movido pieza.
Y hoy les diremos: No, a alguien que intentó darle respuesta también le hemos dicho que se devuelve el texto. Mientras tanto, hoy nos anunciaba el señor Rascón una reforma global del Registro Civil. Sí, pero de acuerdo con el Registro Civil hoy son difuntos, difuntas, varones, hembras, no tienen nombre. Por tanto, esa sensibilidad que se pide debería ser reconocida por esta Cámara. Vaya por delante, y lo quiero dejar dicho de manera clara desde Convergència i Unió, que en ningún caso este es un debate -se ha dicho ya por otros portavoces- que tenga que ver con el debate del aborto, ni tuvo nada que ver cuando se presentó la proposición no de ley que se aprobó por unanimidad en el año 2007. Si así hubiera sido, evidentemente en mi grupo hubiera habido libertad de voto.
No es este el caso. Estamos hablando de un caso ético, de un caso humanitario, de dar respuesta a la sensibilidad de unos padres que nos demandan la posibilidad de poner un nombre, y si de eso se trata nuestro grupo entiende que podríamos hoy realizar un esfuerzo de consenso, de unidad, como se realizó en el año 2007 en la Comisión de Justicia, e intentar sacar adelante un texto. Ya sea vía las enmiendas presentadas o vía otras enmiendas, porque las ponencias son abiertas y flexibles, y buscar la complicidad del Gobierno. Ya entonces dijimos esto debía hacerse de la mano del Gobierno porque tocar el Registro Civil siempre es delicado y se trataba, a través de los servicios jurídicos del Gobierno, de buscar la mejor redacción posible, armónica también con los compromisos internacionales asumidos por el Estado español y que dé esa respuesta que los padres de Amanda nos piden, pero que nos piden también, como decía el señor Olabarría, miles de familias que se han encontrado con esa misma situación. Sin ir más lejos, en nuestro propio grupo parlamentario; una diputada de nuestro grupo tenía un hermano, Manel, que no pudo llegar a ser inscrito como tal, y en su día sus padres también vivieron eso. Y muchos ni tan siquiera pensaron que alguna vez alguien podría promover una reforma de la Ley del Registro Civil para darles amparo, para darles esa solución que el derecho puede dar. El derecho también está para amparar las legítimas pretensiones de familias que han visto sumado al sufrimiento de la pérdida de un hijo o de una hija el sufrimiento posterior de ver un trámite burocrático en el que esa vida, finalmente, queda reflejada con un nombre genérico.


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Señora presidenta, señorías, a Convergència i Unió nos duele que hoy esto deba debatirse vía una propuesta del Senado. Les debería también doler a ustedes. El hecho de ir aprobando proposiciones no de ley, en este caso de calado, para después no cumplirlas, repito, es un mal sistema que en nada ayuda al trabajo parlamentario que realizamos.


Termino ya, señora presidenta. El 26 de junio del año 2007, tras la aceptación por parte de Convergència i Unió de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, entonces defendida por la diputada Couto, antes de que se votara la transacción, quisimos aclarar una cosa. Les dijimos estrictamente: Si aceptamos esta enmienda, ustedes muevan pieza, no guarden en un cajón esa proposición no de ley que vamos a votar. Si aceptamos la enmienda es con el compromiso de ustedes -le decía al Grupo Parlamentario Socialista- de que van a legislar sobre ello. No meramente a estudiar, sino a legislar, porque detrás de esta propuesta hay sentimientos de familias. No les demos la sensación de que les hemos aprobado un texto y después nos quedemos una vez más, como tantas, sin darles cumplimiento. Eso está en el "Diario de Sesiones".


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Jané, tiene que acabar, por favor.


El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya, señora presidenta.


¿Saben qué van a pensar esas familias hoy? Van a pensar que este Parlamento aprueba textos pero que después no tiene intención alguna de cumplirlos. Por lo menos desde Convergència i Unió queremos dar esa respuesta unánime que se aprobó en el año 2007, y esperamos que pueda tramitarse esta proposición de ley o, si no, que el Gobierno presente el proyecto de ley comprometido.


Señora presidenta, señorías, muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jané.


Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Senado remite a esta Cámara en el día de hoy para su debate y toma en consideración la denominada reforma Amanda. Muchos de los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra han hecho referencia a esta denominación, pero ¿qué es la reforma Amanda? Pues ni más ni menos que una iniciativa que surge a impulso de unos padres catalanes, como bien se ha dicho en esta Cámara, que no pudieron inscribir a su hija, para que aquellos padres que así lo deseen puedan dar nombre y reflejar la filiación de sus hijos muertos antes de nacer o con posterioridad al nacimiento, pero antes de que sea posible su inscripción en el registro por no cumplir los requisitos que el Código Civil en su artículo 30 requiere, es decir, tener forma humana y vivir enteramente desprendido del seno materno durante las primeras veinticuatro horas.


El Senado, señorías, trae a esta Cámara lo que el Gobierno debiera haber traído porque, además, así se acordó en junio del año 2007 en sede parlamentaria, aquí en el Congreso de los Diputados, cuando con el apoyo también del Grupo Socialista se acordó instar al Gobierno al estudio de la modificación del artículo 40 de la Ley de Registro Civil para inscribir los nacimientos desde la ruptura del cordón umbilical del nacido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 del Código Civil. Han transcurrido dos años y esta iniciativa que debiera estar en esta Cámara a impulso del Gobierno ni está ni se espera. Hoy, sorprendentemente, hemos conocido por boca del portavoz del Grupo Socialista que el Gobierno va a acometer esta reforma. Estamos acostumbrados, desgraciadamente, a muchas palabras, muchas promesas y pocos hechos. A mi grupo le cuesta entender el porqué de esta negativa a dar cumplimiento a una reforma que va más allá de cualquier consideración jurídica y parlamentaria. Señorías, estamos hablando de una reforma legal que no tiene por objeto otorgar personalidad jurídica al niño fallecido antes o después de nacer, que no busca alterar el régimen jurídico de la personalidad que hunde sus raíces en el derecho romano, busca simple y llanamente reconocer a los padres su derecho a dejar constancia de que el hijo que no sobrevivió era su hijo, tenía un nombre y un padre y una madre, pura y simplemente, y aunque últimamente estamos más acostumbrados a que se pretenda quitar derechos a los padres en vez de dárselos, mi grupo pretende hablar y defender lo contrario, los derechos de los padres.


Señorías, con esta reforma pretendemos hacer algo tan simple como humanizar el derecho, acercarlo a la lógica del comportamiento humano y si los padres, las madres, mientras esperaban la llegada del nuevo hijo lo llamaban Amanda, Lucas, Martí..., les pedimos que puedan seguir haciéndolo en su corazón y, por qué no, también en el libro de familia como lo estaría el que nació y vive o el que nació y murió al poco de nacer. Todos son hijos y, por tanto, todos deberían poder ser considerados como tales. Por eso, a los que miran con desconfianza esta reforma yo les pregunto: ¿a qué viene tanta desconfianza? Díganme, ¿por qué negar a los padres que así lo pidan lo que no perjudica a nadie? Si no se reconocen efectos civiles a la inscripción, ¿a quién perjudica, a quién estamos perjudicando? Si nadie que no quiera tendrá obligación de poner nombre al hijo que por desgracia nació muerto o murió antes de que el ordenamiento jurídico le reconociera sus derechos de personalidad, ¿por qué en esta Cámara hay grupos que se niegan a avanzar en la humanización de nuestro derecho civil? (Rumores.)

Señoría, no estamos reconociendo derechos a los que a efectos de la ley no tienen personalidad ni existencia

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jurídica, se los reconocemos a los que sí la tienen, a los padres de Amanda, a los padres de esos 2.000 niños que cada año ven con frustración cómo ese hijo o hija a la que llamaban por su nombre y esperaban con impaciencia, falleció de muerte perinatal o neonatal; a las 40.000 familias que en estos últimos veinte años se han visto en esta situación; a las 50.000 familias que desde el inicio de la democracia han tenido que vivir su duelo en el más absoluto de los silencios. Señorías, después de oír algunas intervenciones de quien se comprometió además a impulsar esta reforma y ahora pretende frenarla, no me queda más que afirmar que estamos ante un gran ejercicio de hipocresía política. Esto no es una reforma absurda, porque aquellos que presumen permanentemente de ampliar derechos curiosamente se niegan a esta ampliación cuando lo que se defiende es la paternidad o la maternidad. (Rumores.) Señorías, el Gobierno se comprometió a estudiar la reforma Amanda con la intención de atender una demanda social y política aprobada en esta misma Cámara y no lo ha hecho, como tantos compromisos ha incumplido y tantas iniciativas paralizadas hay en el Congreso y en el Senado.


Con su iniciativa el Senado viene a suplir la falta de voluntad política de este Gobierno, y conviene no perder de vista que el Senado es tan titular como el Congreso de la soberanía popular, aunque parece ser que el grupo mayoritario además de faltar sorprendentemente al respeto al Senado, tachando esta iniciativa de absurda, está dispuesto a impedir que en esta Cámara ni siquiera lleguemos a debatir la iniciativa remitida desde la Cámara Alta. Por eso también conviene recordar que lo que estamos debatiendo en el día de hoy no es ni debe ser un debate sobre los términos concretos de esta proposición de ley, porque junto a las dos enmiendas a la totalidad se han presentado una serie de enmiendas parciales que habrá que examinar y ver con más detalle. No, hoy estamos discutiendo otra cosa: si el Congreso va a permitir o no que se inicie el procedimiento legislativo de una iniciativa que debería haber traído el Gobierno a esta Cámara en cumplimiento además de una iniciativa que surgió aquí, en el Congreso de los Diputados, la pasada legislatura. Es así de sencillo. Yo entiendo que al Gobierno no le guste que se le marque su agenda política ni que se debatan leyes cuyo contenido no vaya a poder controlar por falta de mayorías estables, quizá esa sea la explicación de la escasez de proyectos de ley en esta legislatura, pero les recuerdo que el Grupo Socialista apoyó la proposición no de ley de Convergència i Unió de inscripción en el Registro Civil del nacimiento y muerte de los no nacidos a efectos civiles; la descafeinó pero la apoyó. No pasa nada por atender las demandas de la sociedad, señores del Grupo Socialista, ustedes que hacen gala de ello, por lo menos han presumido, pero la realidad es otra. Pedimos, por tanto, desde el Grupo Popular que se respete la voluntad de esta Cámara, manifestada en la pasada legislatura, y la del Senado que viene a suplir la falta de iniciativa legislativa del Gobierno; pedimos también que el debate se ajuste a lo que realmente es y que no se vean fantasmas donde no los hay; quizá esos fantasmas partan simplemente de los temores de quien trae iniciativas legislativas a esta Cámara, que encuentra en la contestación de sus propias filas.
(Rumores.)

Hoy estamos hablando de la reforma Amanda, la modificación de la Ley de Registro Civil para posibilitar a los padres que así lo quieran de forma voluntaria que puedan instar a la inscripción del hijo que no nació, que murió al nacer o en el primer día de su vida, la posibilidad de que figure con su nombre y filiación sin otros efectos jurídicos que dejar constancia de ambos extremos. Yo me pregunto por qué, qué razón hay para oponerse a una inscripción registral e impulsar, por ejemplo, los bautizos civiles, qué efectos jurídicos tienen, por ejemplo, estos últimos. No pasa nada por llamar hijo al que lo es y de que se le trate como a un ser humano y no como un residuo humano anónimo que figura en un asiento en el legajo de abortos como varón o hembra fallecidos. La reforma que plantea el Senado permitirá que nuestro ordenamiento jurídico reconozca una posibilidad que se reconoce en otros países, con sus peculiaridades y especificidades, pero en todo caso con igual objetivo: dar a los padres la posibilidad de que su hijo tenga nombre y filiación, solo eso. Esta es una reforma, señorías, que nace de la humanidad, del respeto a las familias y del sentido común. Espero que a la hora de la votación este último impere en esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Moneo.


Señorías, vamos a pasar a las votaciones. (Pausa.)

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)

- REAL DECRETO-LEY 7/2009, DE 22 DE MAYO, DE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO AL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, PARA LA AYUDA A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y LA RENOVACIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS PLAN 2000 E, POR IMPORTE DE 100.000.000 EUROS.
(Número de expediente 130/000016.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, vamos a iniciar las votaciones, por tanto, se cierran las puertas.


En primer lugar, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2009, de 22 de mayo, de concesión de un crédito extraordinario al Presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la ayuda a la adquisición de vehículos y la renovación del parque de

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vehículos Plan 2000 E, por importe de 100.000.000 de euros.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 327.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Queda aprobado.


¿Algún grupo solicita su tramitación como proyecto de ley? (Asentimiento.)

Entonces, vamos a pasar a la votación de la tramitación o no como proyecto de ley del real decreto ahora convalidado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 144; en contra, 180; abstenciones, tres.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Queda rechazada.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

- PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO, DE REFORMA DE LA LEY DE 8 DE JUNIO DE 1957, SOBRE EL REGISTRO CIVIL. (Número de expediente 124/000001.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A continuación, pasamos a la votación de las enmiendas de totalidad de devolución presentadas a la proposición de ley del Senado, de reforma de la Ley de 8 junio de 1957, sobre el Registro Civil, y las dos enmiendas de totalidad de devolución se someten a única votación conjunta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 175; en contra, 151; abstenciones, una.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Quedan aprobadas.
(Aplausos.)

Señorías, se levanta la sesión.


Eran las dos y quince minutos de la tarde.

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