Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 88, de 09/06/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2009 IX Legislatura Núm. 88
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 83 celebrada el martes 9 de junio de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Modificación del orden del día.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas:

- De las Cortes de Aragón, de modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, modificada por la Ley 11/2005, de 22 de junio. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 9-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 125/000009.) ... (Página 5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 183-1, de 4 de mayo de 2009. (Número de expediente 122/000163.) ... (Página 14)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Técnica en Informática, a fin de asumir la representación de los intereses profesionales en el ámbito nacional e internacional, así como la defensa y desarrollo de la sociedad de la información. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 167-1, de 13 de marzo de 2009. (Número de expediente 122/000145.) ... (Página 14)

Página 2


Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, para la promoción, ordenación y estabilización del mercado español del aceite de oliva. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 196, de 4 de mayo de 2009. (Número de expediente 162/000413.) ... (Página 20)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al régimen de concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa, conocidos como "chiringuitos". "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 196, de 4 de mayo de 2009. (Número de expediente 162/000420.) ... (Página 24)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez), sobre la necesidad de convocar a los agentes sociales, económicos y políticos para que desde un diagnóstico común se formule un pacto de Estado que nos permita enfrentar con garantías de éxito la crisis política, económica y social que atraviesa España. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 216, de 5 de junio de 2009. (Número de expediente 173/000074.) ... (Página 28)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que va adoptar el Gobierno para esclarecer los hechos derivados de los procedimientos utilizados por algunos responsables de la Policía Nacional en Canarias con relación a los casos Faycán y Góndola, y depurar, en su caso, las consecuentes responsabilidades. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 216, de 5 de junio de 2009. (Número de expediente 173/000075.) ... (Página 34)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las acciones realizadas por el Gobierno para facilitar el voto de las personas extranjeras residentes en España en las elecciones municipales.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 216, de 5 de junio de 2009. (Número de expediente 173/000076.) ... (Página 39)

Declaración institucional ... (Página 43)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.) ... (Página 44)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 44)

Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 44)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 45)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Modificación del orden del día ... (Página 5)

La Presidencia solicita la modificación del orden del día en el sentido de que el punto número 29, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, pase a debatirse antes del punto 27. Así se aprueba.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas ...
(Página 5)

De las Cortes de Aragón, de modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, modificada por la Ley 11/2005, de 22 de junio ... (Página 5)

Defienden la toma en consideración los representantes de las Cortes de Aragón señores Suárez Lamata, Fuster Santaliestra y Barrena Salces.


Página 3


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Lanzuela Marina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Morán Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 14)

Del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática ... (Página 14)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Técnica en Informática, a fin de asumir la representación de los intereses profesionales en el ámbito nacional e internacional, así como la defensa y desarrollo de la sociedad de la información . .... (Página 14)

Defienden conjuntamente la toma en consideración de las proposiciones de ley la señora Muñoz Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista y don Adolfo Luis González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Proposiciones no de ley ... (Página 20)

Del Grupo Parlamentario Socialista, para la promoción, ordenación y estabilización del mercado español del aceite de oliva . .... (Página 20)

Defiende la proposición no de ley el señor Reyes Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Puche Rodríguez-Acosta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Tarruella Tomás, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Reyes Martínez.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al régimen de concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa, conocidos como "chiringuitos" ... (Página 24)

Defiende la proposición no de ley el señor Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posición intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Floriano Corrales.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 28)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez), sobre la necesidad de convocar a los agentes sociales, económicos y políticos para que desde un diagnóstico común se formule un pacto de Estado que nos

Página 4


permita enfrentar con garantías de éxito la crisis política, económica y social que atraviesa España... (Página 28)

Defiende la moción la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Alonso Aranegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptación de las enmiendas interviene la señora Díez González.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno para esclarecer los hechos derivados de los procedimientos utilizados por algunos responsables de la Policía Nacional en Canarias con relación a los casos Faycán y Góndola, y depurar, en su caso, las consecuentes responsabilidades ... (Página 34)

Defiende la moción el señor Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las acciones realizadas por el Gobierno para facilitar el voto de las personas extranjeras residentes en España en las elecciones municipales ... (Página 39)

Defiende la moción el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Quijano González, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Xuclà i Costa.


Declaración institucional ... (Página 43)

Por el señor secretario primero se procede a dar lectura de una declaración institucional, por acuerdo de la Junta de Portavoces, referida al encarcelamiento de la Premio Nobel de la Paz, Suu Kyi.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.) ... (Página 44)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Aragón, de modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, modificada por la Ley 11/2005, de 22 de junio, se rechaza por 154 votos a favor, 178 en contra y ocho abstenciones.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 44)

Sometidas conjuntamente a votación la toma en consideración de las proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática, se aprueban por 340 votos a favor.


Página 5


Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 44)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para la promoción, ordenación y estabilización del mercado español del aceite de oliva, con la autoenmienda del grupo proponente, más la enmienda del Grupo Parlamentario Popular a los apartados 4 y 10 y la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 340 votos a favor.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al régimen de concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa, conocidos como chiringuitos, se rechaza por 154 votos a favor, 172 en contra y 14 abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 45)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez), sobre la necesidad de convocar a los agentes sociales, económicos y políticos para que desde un diagnóstico común se formule un pacto de Estado que nos permita enfrentar con garantías de éxito la crisis política, económica y social que atraviesa España, se aprueba por 339 votos a favor.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno para esclarecer los hechos derivados de los procedimientos utilizados por algunos responsables de la Policía Nacional en Canarias con relación a los casos Faycán y Góndola, y depurar, en su caso, las consecuentes responsabilidades, se rechaza por 149 votos a favor, 167 en contra y 22 abstenciones.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las acciones realizadas por el Gobierno para facilitar el voto de las personas extranjeras residentes en España en las elecciones municipales, se aprueba por 335 votos a favor y cinco abstenciones.


Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Como asunto previo y de acuerdo con la Junta de Portavoces, planteo a SS.SS. si aceptan la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 29, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, pase a debatirse antes del punto 27. (Pausa.) Entiendo su silencio como aquiescencia y, por tanto, así se aprueba.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- DE LAS CORTES DE ARAGÓN, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO, DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL, MODIFICADA POR LA LEY 11/2005, DE 22 DE JUNIO. (Número de expediente 125/000009.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el primer punto del orden del día, consistente en la toma en consideración de la proposición de ley de la Comunidad Autónoma de Aragón, en concreto de las Cortes de Aragón, de modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, modificada por la Ley 11/2005 de 22 de junio.


Como es reglamentario, para defender la toma en consideración tiene la palabra, en primer lugar, don Eloy Suárez Lamata, que forma parte de la Comisión enviada por las Cortes de Aragón.


El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Suárez Lamata): Gracias, señor presidente.


Señorías, esta delegación de las Cortes de Aragón tiene como objetivo la defensa de una proposición de ley que fue presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Popular y por Izquierda Unida, y que pretende la modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Es una iniciativa que viene avalada por un especial esfuerzo negociador y que goza de un consenso reflejado en la unanimidad en materia hidráulica, que es complicada, como todos ustedes saben. Esperamos que el amplísimo respaldo político que tiene sea refrendado en esta Cámara con los mismos argumentos, puesto que entendemos que al igual que sirvieron en Aragón, sirven hoy aquí. La modificación que solicitamos de la Ley del Plan Hidrológico Nacional es una propuesta que no va contra nada ni contra nadie, es una formulación que intenta sumar y de ningún modo restar; tiene sentido de Estado, porque al final la política hidráulica es política de Estado.


Página 6


El escenario en el que nos encontramos es el siguiente, la Ley del Plan Hidrológico Nacional fue aprobada en el año 2001 y fue modificada por la Ley 11/2005, de 22 de junio. Esa modificación afectaba a dos artículos, al artículo 26 y a la disposición adicional décima. No entraremos en qué propiciaron aquellos cambios, pero sí pedimos que los beneficiarios de esos dos cambios hoy entiendan principios como los de solidaridad e igualdad, y algo tan básico y tan elemental como el sentido común. Con el actual texto, el artículo 26 dice que la fijación de los caudales ambientales se hará con la participación de todas las comunidades autónomas que integran una cuenca hidrográfica y que ese acuerdo se adoptará en el Consejo del Agua, pero fija una excepción. La excepción es la disposición adicional décima en relación con el Delta del Ebro. Este es el meollo de la cuestión y este es el problema. En todos los ríos de España son todas las comunidades autónomas que integran la cuenca las que deciden qué caudales ambientales se quieren. Todas, salvo el Ebro. Este es el problema, decía, que para fijar el caudal ambiental en el último tramo del río establece una norma completamente distinta. Es a través de lo que se denomina el Plan integral de protección del delta, el PIDE, donde se define el régimen hídrico del delta. Eso se incorpora -porque la ley habla en imperativo- al Plan Hidrológico de Cuenca. ¿Cómo se aprueba el plan integral? En una reunión o comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña que son, en definitiva, quienes deciden el caudal ecológico. Cualquier decisión de fijar un caudal ambiental sobre el Delta del Ebro al final repercute en Aragón, en Navarra, en La Rioja, en Cantabria y en el País Vasco.


Señorías, la modificación del año 2005 supuso introducir un factor discriminatorio que, a nuestro juicio, no es de recibo. El delta es cuenca del Ebro, y dentro de ese marco, es decir, en el Consejo del Agua, es donde se deben decidir los caudales ambientales. La proposición de ley que hoy defendemos tiene dos puntos muy sencillos y fáciles: primero, que los caudales ambientales, todos sin excepción, se decidan en el Consejo del Agua de la cuenca por todas las comunidades autónomas que la integran. Segundo, que la elaboración del Plan integral del Delta del Ebro sea iniciativa de la Generalitat. Nosotros entendemos -¡faltaría más!- que hace falta respetar las competencias que tiene atribuida Cataluña en materia medioambiental, pero que sea en una comisión mixta de la que formen parte todas las comunidades autónomas donde se opine sobre los caudales ambientales y sea el Gobierno de la nación quien dé el visto bueno a ese Plan integral del delta porque, insisto, la materia hidráulica -el agua- es política de Estado. Creemos que esta propuesta que formula Aragón mejora sustancialmente el panorama hídrico o hidráulico que en estos momentos hay.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez Lamata.


También para defender la toma en consideración tiene la palabra el señor Fuster Santaliestra.


El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Fuster Santaliestra): Gracias, señor presidente.


Señorías, quiero aprovechar esta mi segunda comparecencia en la Cámara en poco tiempo para, en primer lugar, enviarles un saludo en nombre las Cortes de Aragón y, en segundo lugar, de Chunta Aragonesista y de su diputado, al que estoy convencido que ustedes echan de menos, señor Labordeta, y todavía más convencido estoy de que los aragoneses le echan mucho más de menos que ustedes, que ya es decir.


Esta iniciativa surge de un debate que duró más de cuatro años, de 2000 al 2004, el Plan Hidrológico Nacional, básicamente, el debate del trasvase del Ebro. Con motivo del cambio electoral y del ritmo producido tras las elecciones de marzo de 2004, finalmente se modificó para derogar el trasvase del Ebro. Junto a esa derogación, ya en el año 2005, se colaron de rondón algunos otros flecos que ahora intentamos corregir con esta iniciativa aprobada en el año 2006 por unanimidad en las Cortes de Aragón.


Chunta Aragonesista cree que el caudal ecológico de un tramo de río, por importante que este sea, por sensible que este sea, como es el caso del Delta del Ebro, no puede fijarlo unilateralmente una comunidad autónoma en participación paritaria con el Estado ni de ninguna otra forma y que todas las comunidades autónomas afectadas deben codecidir en la fijación de caudales de un río, sea este el tramo que sea, sea este el río que sea, siempre que sea un río compartido. Si lleváramos al extremo esta posición, que en estos momentos es la imperante, la que hay, la vigente; si lleváramos al extremo esta forma de proceder, de que Cataluña pudiera gestionar su tramo concreto del río Ebro coincidente con su desembocadura; si Andalucía puede gestionar la cuenca del Guadalquivir, porque lo dice su Estatuto o porque se transfiere desde el Ministerio de Medio Ambiente, a pesar de que suponga tan solo o tanto más del 90 por ciento de la cuenca; si Castilla y León mañana, porque lo diga su Estatuto y porque se acuerde por parte del ministerio, puede gestionar también su cuenca del Duero, ese 90 por ciento del Duero que atraviesa por su territorio, por la misma razón entenderán SS.SS. que podamos decir por qué Aragón no va a gestionar también su 50 por ciento de una cuenca, la del Ebro, integrada por nueve comunidades autónomas, cuando la mitad corresponde a territorio aragonés, y por caudales supera incluso ese porcentaje. ¿Por qué no? A pesar de eso, seguimos defendiendo el principio de unidad de cuenca, que es un principio no solo reconocido y recogido en la legislación española sino también en la Directiva-marco del Agua y en la doctrina de la nueva cultura del agua. Seguimos

Página 7


defendiendo el principio de unidad de cuenca pero, evidentemente, la unidad de cuenca debe ser para todos los grupos, para todas las comunidades autónomas, para todos los tramos de los ríos afectados que discurran por más de una comunidad autónoma. Parece claro, por tanto, que este principio de unidad de cuenca, en este caso, se vulnera, no se cumple. Si una comunidad autónoma de forma unilateral, con la participación del Estado, puede fijar de forma exclusiva los caudales ecológicos de su río, evidentemente se estaría incumpliendo ese principio, que ha sido básico y fundamental en Aragón, en España y en Europa.


Venimos con una propuesta unánime, votada por todos los grupos políticos -Partido Socialista; Partido Popular; Chunta Aragonesista; Partido Aragonés; Izquierda Unida-, pero lamentablemente alguno de esos partidos nos tienen acostumbrados a votar una cosa en Aragón y la contraria en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Espero que hoy no sea el caso pero, por si acaso, quisiera hacer alguna observación al respecto. Si Chunta Aragonesista vota y defiende una posición en Zaragoza y defiende o vota la contraria en Jaca, todos se le echan encima y, evidentemente, algunos nos machacarían si lo hiciéramos. Pues de la misma manera que eso sirve para nuestro país, para Aragón, no entenderemos que un grupo parlamentario vote una cosa en Aragón y vote exactamente la contraria en el Congreso de los Diputados. Entiendo que son un partido único y que deben de mantener el mínimo de coherencia necesario para defender una posición. En mis últimos segundos de intervención, pido coherencia a los grupos políticos, a los grupos parlamentarios respecto a la posición que defiende el mismo partido en otra Cámara. Es la que tenemos y pedimos que todos la tengan de la misma manera.


No quiero extenderme en ninguna consideración más, puesto que en este caso -no tiene que servir de precedente- coincido con los planteamientos que ha formulado mi antecesor, el portavoz del Partido Popular aragonés, el señor Suárez Lamata.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fuster Santaliestra.


Tiene la palabra también para defender en nombre de las Cortes de Aragón la toma en consideración el señor Barrena Salces.


El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Barrena Salces): Gracias, señor presidente.


Represento a las Cortes de Aragón y defiendo un planteamiento unánime que tiene que ver con algo que Izquierda Unida estima debería de gozar de unanimidad, porque la gestión del agua, que es de lo que estamos hablando, la gestión de un recurso básico, necesario, fundamental y esencial, debe estar por encima del interés partidario o partidista y debe convertirse en un asunto de Estado. Aguas son necesarias en todas partes; ríos hay en todas partes; gestionamos esas aguas desde las lógicas competencias en todas las instituciones del Estado y en ellas estamos todos y cada uno de los partidos aquí representados, en algunos sitios gobernando, en otros en la oposición y en otros formando coaliciones. Señorías, en el tema del agua es básico, fundamental y necesario encontrar el acuerdo.


¿Qué defendemos en las Cortes de Aragón? De acuerdo con las directivas comunitarias y con lo que nos parece más razonable cuando estamos hablando de agua, defendemos el principio básico y fundamental de la gestión compartida entre todos los territorios que tienen que abastecerse, que tienen que depender de ese curso de agua que son los ríos y que aquí, en nuestro Estado, están agrupados en las confederaciones hidrográficas. Lo defendemos porque estamos absolutamente convencidos de que hablar de agua es hablar de la vida en su más amplia acepción, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista natural, ambiental, como del desarrollo de la actividad productiva, incluso desde el punto de vista del desarrollo de las actividades vinculadas con la salud y con el ocio. Desde el respeto al cauce, al río, tenemos que ser capaces de establecer el marco de gestión para una actividad productiva que esté enmarcada y bajo los criterios del desarrollo sostenible. Creemos que eso solo se puede hacer en una sociedad democrática si lo hacemos de manera colectiva, planificada democráticamente y con codecisión a la hora de tomar medidas y de gestionarlo. En definitiva, estamos hablando de algo que respeta el más fundamental principio democrático: la construcción de futuro que va vinculada a la gestión del agua, la planificación de la actividad económica y las actividades necesarias para la preservación del medio natural y del medio ambiental. Como ven SS.SS., en esas tareas estamos comprometidos todos y todas exactamente igual que toda la sociedad, todas sus instituciones y todos sus agentes sociales y económicos.


La iniciativa, que gozó de unanimidad en las Cortes de Aragón busca esa cohesión, esa construcción colectiva y esa planificación democrática con participación de todas las comunidades autónomas que tengan que ver con el curso de un río. Viniendo de las Cortes de Aragón, estamos hablando del río Ebro, pero como estamos hablando de planificación hidrológica estamos haciendo una propuesta que sirva para todas las cuencas hidrográficas que hay en nuestro territorio. Defendiendo necesariamente que el agua es para gestionarla, pero que hay que hacerlo de manera razonada y sostenible; que es básico y fundamental garantizar los caudales ambientales, exactamente igual que los que garantizan el abastecimiento a poblaciones y la actividad económica sostenible. Tomar esas decisiones que afectan a toda la cuenca debe hacerse con participación de todas las comunidades implicadas. Ese es el sentido de la

Página 8


iniciativa que gozó de unanimidad en Aragón; esa es la iniciativa para la que, en nombre de las Cortes de Aragón y de Izquierda Unida, les pido el voto favorable a sus señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.


¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) En tal caso, para fijar posición por el Grupo Mixto en primer lugar tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, en nombre del Grupo Mixto quiero saludar a los representantes de las Cortes de Aragón en la presentación de esta iniciativa legislativa en esta Cámara. No vamos a entrar en el fondo del asunto. Mi mayor deseo en sentido positivo es tener la oportunidad, como grupo parlamentario, de debatirla porque eso significaría que esta proposición de ley habría sido admitida a trámite. No es la primera vez que en este último año -creo que es la tercera- las Cortes de Aragón presentan una proposición de ley. Les deseo mayor éxito que las veces anteriores y que esta vez sí se cumpla esa votación de la que hablaba el representante de la Chunta Aragonesista: que lo que se vota en Aragón sea votado en esta Cámara por las mismas fuerzas políticas. Esto es posible, debe ser posible. No lo fue en el Pleno anterior en relación con la Ley de transferencias de competencias a la Comunidad Autónoma de Canarias. Espero y deseo que esta vez sea posible y que podamos entrar en el fondo del asunto en el debate en Comisión y en Pleno de la proposición de ley. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) En ese sentido -no puedo manifestar aquí la posición de todo el Grupo Mixto-, Coalición Canaria, como ha hecho siempre, va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, hoy tendremos la oportunidad de pasar de las musas al teatro, de las musas electorales a lo que se ha venido en denominar geometría variable, que hoy veremos de nuevo en esta Cámara.


Nuestro grupo parlamentario quiere, en primer lugar, saludar a los diputados de las Cortes aragonesas, que nos traen a esta Cámara una nueva iniciativa relativa al Plan Hidrológico Nacional, una iniciativa de la que mi fuerza política en Aragón, Izquierda Unida, ha sido coautora junto con el Partido Popular que no pretende otra cosa que, por una parte, lo que podríamos denominar un principio ambiental, que es la unidad de cuenca, y por otra, un principio federal, que es la participación de los afectados en lo que les es común y el gobierno de lo propio, que no otra cosa es el federalismo. Mi grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa, al igual que lo ha hecho, como he dicho antes, en las Cortes aragonesas, porque cree que sigue siendo útil, necesaria y, además, oportuna, porque clarifica el panorama legislativo en una materia tan delicada como es la gestión del agua y, en este caso concreto, el Plan Hidrológico Nacional. Mi grupo parlamentario, en este caso en representación de Izquierda Unida, va a votar favorablemente esta propuesta, porque está convencido de que en ella se dan los mimbres para poder aportar luego iniciativas y enmiendas que la mejoren, que hagan avanzar, como decía antes, la clarificación de la política hidrológica con la participación de los afectados, que no otra cosa es, como he dicho repetidamente, la concepción federalista.


Se trata, en nuestra opinión, de una propuesta compatible con el modelo de Estado, con nuestro modelo constitucional, y deriva de buena parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Además, es compatible con una concepción federal del Estado que pretende que los recursos naturales, de por sí limitados, sean gestionados de una forma participada, con la participación del conjunto de los afectados, en este caso concreto, con la participación de nueve comunidades autónomas afectadas por la cuenca del Ebro. Por otra parte, no solamente tenemos un criterio de modelo de Estado, de modelo federal, sino que también tenemos un criterio ambiental, y dentro de los principios ambientales, el principio de unidad de cuenca, que es un principio esencial, igual que lo es el ahorro y la eficiencia en la gestión de la demanda de un recurso limitado. Otra cuestión muy importante, que durante un tiempo nos ha confrontado y que seguramente nos confrontará en el futuro en esta Cámara es el rechazo a los trasvases intercuencas, es decir, por una parte, la gestión dentro de la cuenca, la unidad de la cuenca y, por otra, la gestión de la demanda, que no del incremento de la oferta en un recurso que es limitado como el agua. Esas son las posiciones de mi grupo parlamentario que siempre hemos defendido y que nos han llevado a modificar, junto con otro grupo parlamentario, tanto la Ley 10/2001 como la Ley 11/2005, relativas al Plan Hidrológico Nacional.


Hay que situarse en la anterior Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001, donde se introdujeron unas disposiciones transitorias que regulaban cómo y de qué manera se haría el Plan integral del Delta del Ebro.
Posteriormente, cuando se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, y tenemos ya la vigente, se introduce una enmienda que afecta al artículo 26 y que establece un principio que a Izquierda Unida le ha parecido siempre básico, el principio de unidad de cuenca, como he dicho ya con anterioridad, en lo que se refiere a la gestión de

Página 9


un recurso natural, a la gestión de un recurso importante, básico y limitado como es el agua, en el sentido de que las aguas que discurren por un cauce son responsabilidad de todas y cada una de las comunidades autónomas que las atraviesan. En este caso, del río Ebro, del que estamos hablando, son nueve las comunidades autónomas afectadas

En segundo lugar, tenemos el planteamiento que se ha incluido en la última modificación del Plan Hidrológico Nacional, cuando establecía un nuevo párrafo en el artículo 26 que decía que la fijación de los caudales ambientales se realizaría con la participación de todas las comunidades autónomas que integren la cuenca hidrográfica. Por tanto, es coherente con lo que hemos defendido a través de los consejos del Agua de las respectivas cuencas, órganos de participación, órganos de consulta, con representación de las comunidades autónomas afectadas. Para nuestra formación política el problema estaba, sin embargo, en lo que se añadía después: Sin prejuicio de lo dispuesto en la disposición adicional décima en relación con el Plan integral de protección del Delta del Ebro. Es decir, una relación que era únicamente bilateral.


Señorías, estas son las razones por las que proponemos estas modificaciones, por las que las apoyamos en esta Cámara, para que con la toma en consideración de esta iniciativa abramos al resto de las fuerzas políticas las aportaciones que consideren necesarias. En ese sentido, vamos a votar favorablemente esta propuesta del Parlamento de Aragón aunque somos conscientes de que, por mor de la geometría variable, donde se votó a favor, ahora se votará en contra. Esperemos que esa geometría variable no nos lleve a una aritmética imposible.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero saludar a los representantes de las Cortes de Aragón. En nombre de mi grupo seré muy breve, entre otras cosas, porque quizá la lejanía nos implique menos directamente que otros, pero no por ello dejamos de tener opinión. Hoy nos traen las Cortes de Aragón un debate por medio de esta proposición de ley. Mi partido siempre ha sido respetuoso con lo que viene de un Parlamento autonómico; hasta ahora siempre lo hemos demostrado, aunque a veces no tengamos la misma opinión, pero por lo menos el respeto a la voluntad de lo que se decide en Parlamento autonómico nos merece mínimamente un respeto y una consideración. Creemos que lo que se vota en un Parlamento autonómico tiene su peso, sin duda alguna lo tiene. Así lo hemos defendido siempre y lo seguimos defendiendo. En este caso volvemos con un tema trascendente, importante, que se ha debatido muchas veces. Lo hemos cogido por un lado, por el otro, pero siempre el agua parece que es motivo de discordia. Como decíamos el año pasado en otra intervención parecida, el agua debe ser un elemento de unión, pero parece que es un elemento de discordia. Volvemos a tener un debate de un elemento que no es sencillo. Lo sabemos, no es fácil, es una materia delicada. Es un tema que genera muchos roces, muchas preocupaciones. Debemos asumir que no es un tema fácil. Es un ejemplo claro del deseo humano histórico transcendental, de controlar, proteger, disponer de los recursos naturales propios y de esa capacidad del hombre de ser dueño de la naturaleza. Por eso se hizo y se hace la ley, precisamente para ello.


Esta ley tiene lecturas diferentes, yo no voy a decir que sean erróneas o acertadas unas u otras, sino que son diferentes. Entendemos a las Cortes de Aragón, como no podía ser de otra manera; entendemos a las autoridades catalanas también, como no podía ser de otra manera. Esto no es querer huir por el camino del medio, sino que es decir la verdad. Entendemos lo que las Cortes de Aragón quieren en esta proposición, de la misma manera que entendemos a los catalanes porque creemos en el principio de la indivisibilidad de la cuenca, como ha dicho anteriormente nuestro compañero el señor Llamazares, y así lo hemos defendido otras veces también. Pero sería excesivamente perverso -por utilizar una palabra que quizá a alguien le moleste, dejémoslo en perverso- apelar a que esto rompe la indivisibilidad de la cuenca. Defendiendo la indivisibilidad de la cuenca estamos diciendo que quizá esto no vaya tan en contra de ello.
Creo que no está tan en riesgo el concepto de indivisibilidad con lo que se está planteando en este momento o con lo que las autoridades catalanas pretenden con el tema de la protección del Delta del Ebro. De la misma manera que entendemos el derecho de los catalanes, y así lo dice su Estatuto, de poder organizar y proteger sus recursos hídricos y sus espacios naturales, como puede ser el Delta del Ebro, entendemos también la cautela de las Cortes de Aragón. ¿Pero qué nos hace pensar que las autoridades catalanas gestionarán mal eso que, de alguna manera, se pone en duda? ¿Por qué debemos de tener miedo a que las autoridades catalanas, o cuando se cree ese consejo en torno al Delta del Ebro, exijan aguas imposibles? Creo que deberíamos de ser todos un poquito más generosos en el ámbito general. A los vascos el Ebro no es algo que nos pille muy de lejos. Es más, somos parte, también hemos sido y somos parte, no solo activa, en la vida y el cauce del río Ebro aportando nuestras aguas, de una manera menos importante que otras comunidades, evidentemente, pero sí participamos también en la vida del Ebro. Nosotros, los que estamos aguas muy arriba, tenemos una incidencia menos directa que lo que pueden tener la Comunidad de Aragón o en su último tramo la Comunidad Autónoma de Cataluña. Así y todo, entendemos lo que supone, no

Página 10


voy a llamar la batalla del agua porque me parece que sería nefasto tener que recurrir a ello, pero sí toda esta cuestión que surge cuando se está tratando de poseer unos recursos hídricos. También entendemos lo que supone, no solo para las autoridades catalanas, sino para el pueblo catalán en su acervo, el Delta del Ebro. Es un recurso natural, pero tanto a nivel cultural, social, medioambiental, el Delta del Ebro es algo más que un fenómeno geográfico. Por último -y acabo-, no se puede invocar siempre, como ocurre en esta proposición que nos traen las Cortes aragonesas, al 149.1 de la Constitución, porque al final parece que todo tiene cabida en el 149.1 y, recurriendo a ese punto, siempre estamos salvados. Hay que tener cautela a la hora de recurrir al artículo 149.1 de la Constitución que parece que vale para todo, y no vale para todo.


También podríamos decir que la ley está ahí y el que quiera puede recurrir a los tribunales, que para eso están. Algunos lo han recurrido. Las Cortes de Aragón han preferido traerlo aquí para que sea aquí, en las Cortes Generales, donde se cambie y se modifique esa ley. Yo creo que, dentro de lo que cabe, el debate siempre es positivo, el debate es importante y mi grupo, vistas estas opciones, se abstendrá en esta votación, no porque considere que le es ajeno del todo, porque no lo es, geográficamente quizá sí, pero consideramos y entendemos, y lo decimos con toda honestidad, que tanto las autoridades catalanas como las Cortes de Aragón tienen su parte de razón en este tema, y al ser algo que no implica directamente a nuestro país, hemos considerado que la mejor opción es abstenernos en este tema.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, saludo especialmente a los diputados representantes de las Cortes de Aragón. Quiero expresar, en primer lugar, la consideración por parte del grupo que represento a las Cortes de Aragón, a su capacidad de presentar proposiciones de ley, en definitiva, al ejercicio de la cuota de soberanía que están ejerciendo desde esta Cámara.


Este es un tema complejo, como todos pueden imaginarse, y seguramente mucho más complejo desde la óptica de quienes somos representantes de los protagonistas directos en esta controversia. Quizás el azar, la casualidad, ha hecho que el diputado que les habla sea hasta el momento el primero y quizás el único diputado en representación de Cataluña que tome la palabra, y esto podría causar una cierta tentación por parte de alguien de generar una controversia territorial. No voy a hacerlo porque saben perfectamente los señores diputados de las Cortes de Aragón y también las señoras y señores diputados de este Parlamento que la opinión y la actuación de Convergència i Unió en la cuestión de la política del agua ha sido siempre muy responsable, que en algunos momentos desde el Gobierno de la Generalitat hemos tomado posiciones de una gran responsabilidad y de un gran respeto con todas las comunidades; saben que hace pocos meses hemos traído a esta Cámara una propuesta de un trasvase que no es el del Ebro, es el del río Ródano, cuyo principal beneficiario sería todo el Levante español, y por tanto actuamos con una clara vocación de solidaridad. En consecuencia, si alguien en el debate hidráulico ha huido de cualquier planteamiento demagógico, si alguien -me permitirán la expresión- se ha mojado, si alguien ha asumido sus responsabilidades ha sido Convergència i Unió.


Seguramente el origen de lo que ha motivado esta proposición de ley de las Cortes de Aragón es una propuesta formulada en su momento por el Gobierno de la Generalitat, que es la figura del PIDE, el Plan integral de protección del Delta del Ebro. Este plan es una figura que surge en el momento en que se presenta la ley para trasvasar parte de los caudales del Ebro al Levante español y también a parte de Cataluña. En aquel momento Convergència i Unió avaló este trasvase con una serie de condicionantes, de los cuales -como también creo que los diputados de las Cortes de Aragón pueden comprender- algunos son condicionantes muy territoriales, y dentro de estos está el de hacer posible la defensa de los intereses de los ciudadanos que viven en el Delta del Ebro. Cuando se habla del Delta del Ebro hay quien habla de pájaros, de animales, y es normal porque es uno de los lugares más interesantes desde el punto de vista ornitológico de toda Europa, pero a nosotros nos gusta también hablar de personas porque en el Delta del Ebro viven 150.000 personas, ciudadanos que además viven del Delta del Ebro porque tienen la peregrina idea de cultivar arroz, que necesita entre otras cosas recursos hídricos.
En Convergència i Unió, además de defender los valores ambientales del delta, hemos pretendido y hemos ejercido desde siempre una férrea defensa de los ciudadanos que viven en el Delta del Ebro y que quieren seguir viviendo -cosas de la vida- cultivando arroz o que quieren seguir viviendo a través del riego de los canales del Ebro y cultivando toda una serie de vegetales. Este ha sido nuestro interés y en el momento de tramitación del Plan Hidrológico Nacional nos pareció que había que definir un instrumento -este Plan de protección integral del Delta del Ebro- que hiciera posible aunar en aquel momento el interés general del Estado -porque así se definió a través de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, es decir que hacía falta trasvasar unos caudales- con el interés de las personas que viven en el Delta del Ebro y además con los intereses ambientales que no solamente defendemos los catalanes sino también todos los que estamos en esta Cámara. La figura que se creó para ejercer esta defensa de los intereses ambientales,

Página 11


territoriales, sectoriales y humanos fue el Plan integral de protección del Delta del Ebro. Por este motivo este Plan integral de protección del Delta del Ebro se presenta como un elemento de bilateralidad. ¿Entre quiénes? Entre los representantes de este territorio -no solamente la Generalitat sino también las corporaciones locales, las entidades, etcétera- y entre quien defiende los intereses generales, que lógicamente es el Ministerio de Medio Ambiente y, dentro de la representación del Ministerio de Medio Ambiente, la confederación hidrográfica y, por tanto, todos aquellos que forman parte de ella. El PIDE era un instrumento de diálogo entre los afectados directamente por una disminución que poco o mucho iba a suponer el trasvase y el territorio. En este sentido, quiero defender el concepto que en un primer momento tuvo este instrumento, claramente -repito- de bilateralidad, puesto que también existen históricamente en toda la cuenca del Ebro otros elementos de bilateralidad. Por ejemplo, uno que es muy relevante es el famoso Pacto del agua o acuerdo del agua, que se hizo internamente en Aragón y donde se repartieron toda una serie de caudales, lo cual me parece muy legítimo y no se me va a ocurrir criticar lo más mínimo, porque lógicamente tiene mucho que ver con lo que desean los aragoneses en relación con un recurso que en buena medida tiene origen en este territorio. Por tanto, nuestro pleno y total respeto a este pacto acordado ¿entre quiénes? Entre los protagonistas bilateralmente, la confederación y los aragoneses. Con la misma argumentación y sumándole el valor ambiental añadido, que es la preservación de un entorno magnífico con los valores ambientales del Delta del Ebro, comprenderán ustedes que planteemos este Plan integral de defensa del Delta Ebro, en el cual, entre aquellos que defienden el interés general de toda la cuenca, el Ministerio de Medio Ambiente o la confederación -llámese como se quiera-, y el territorio, se pudiera establecer bilateralmente un diálogo y, entre otras cosas, unas medidas ambientales de aportación de caudales hídricos en el marco de la planificación hidrológica de la cuenca. Este es el espíritu y también, por cierto, el que recogió posteriormente el Estatut de Autonomía de Catalunya, muy distinto a lo que recogió el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que de alguna manera se apropió de toda la cuenca del Guadalquivir. Nosotros no hicimos esto ni nada que se le pareciera sino simplemente establecer unos elementos en los que el interés general, repito, y los intereses ambientales y locales pudieran dialogar.


Con una presencia tan cualificada como la de los representantes de las Cortes de Aragón me gustaría aprovechar esta intervención de Convergència i Unió para contarles el origen. No es un origen para sustraer ninguna competencia o caudal a nadie, simplemente es un origen para, en un marco determinado -por cierto, ya derogado-, poder tener unos instrumentos que hicieran posible la defensa del Delta del Ebro. Me permitirán que dedique los últimos instantes de esta intervención para defender precisamente esto. Uno de los parajes o territorios más amenazados de toda la cuenca del Ebro, de toda la península Ibérica y de toda Europa es el Delta del Ebro, entre otras cosas, porque ustedes conocen perfectamente el fenómeno de la subsidencia, de la falta de aportación de finos y el riesgo real de que desaparezca físicamente parte -que lo está haciendo- de este territorio y, por tanto, todo lo que hay: los arrozales, los humedales, las zonas naturales y los ciudadanos que viven allí. Quisiera aprovechar la ocasión que nos da esta proposición de ley para reivindicar la necesidad extrema de acometer cuanto antes este Plan integral de protección del Delta del Ebro. Desde Cataluña queremos la participación de todo el mundo, muy especialmente de todas las comunidades presentes en la confederación, pero es precisamente a través de esta confederación desde donde estos intereses globales de la cuenca pueden ser mejor defendidos. Esta es la posición de Convergència i Unió, que desde un primer momento ha querido ser coherente y lógicamente también nos vamos a pronunciar en esta proposición en el mismo sentido de coherencia.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Macias.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Lanzuela.


El señor LANZUELA MARINA: Señora presidenta, sean mis primeras palabras de saludo muy especial a los señores Suárez, Fuster y Barrena, compañeros de muchos días en las Cortes de Aragón, donde tantas veces tuve que debatir los más distintos temas. Hoy me alegra coincidir en los planteamientos que han hecho y los hago míos, los hace suyos el Grupo Popular, y así me evita también tener que incidir de nuevo en algunas cuestiones.


Yo quiero, señora presidenta, aprovechar hoy este turno porque hace muy pocos meses el Grupo Parlamentario Popular presentó ante esta Cámara una proposición de ley sobre infraestructuras hidráulicas en Aragón, con la que pensábamos debatir con carácter general qué es lo que sucede en nuestra comunidad. Desgraciadamente la proposición fue vetada por el Gobierno y no pudimos siquiera debatir, lo cual es desde el punto de vista parlamentario toda una tristeza. Por ello tendré que empezar con algunos temas generales de los que yo creo que es conveniente y necesario que quede constancia en la Cámara, en el Congreso de los Diputados.


Se ha citado, y es bien sabido, que en 1992 en las Cortes de Aragón se alcanzó un acuerdo bautizado como Pacto del agua y calificado de histórico. Fue el resultado de la voluntad unánime de las formaciones políticas representadas en el Parlamento regional y que como compromiso esencial asumía un listado de inversiones en infraestructuras hidráulicas ampliamente reivindicadas

Página 12


por la sociedad aragonesa, estudiadas y clasificadas por la oficina de planificación de la Confederación Hidrográfica del Ebro y con el beneplácito y apoyo de la Administración General del Estado. Pero pasaron cuatro años y fue precisamente a partir de 1996, con la Presidencia de José María Aznar en el Gobierno nacional, con Tomás Sancho al frente de la confederación hidrográfica e Isabel Tocino como ministra de Medio Ambiente, cuando se impulsó la construcción de las principales obras aragonesas de regulación. Me refiero a las licitaciones de recrecimiento del embalse de Yesa, de la construcción de los embalses de Biscarrués, Santaliestra y La Loteta. Esto en la legislatura 1996-2000. En la siguiente legislatura, también con el presidente Aznar, se licitaron los siguientes proyectos: abastecimiento a Zaragoza y a 21 municipios de su entorno y las obras de Lechago, Mularroya, Malvecino y Laverné, además de redactar el proyecto para el embalse de La Fresneda-Torre del Compte, en el río Matarraña. Todos estos proyectos estaban amparados por la correspondiente financiación y, junto con otras actuaciones de modernización de regadíos y en canales como Monegros, Flumen, Aragón y Cataluña, Zaidín, La Violada, etcétera, suponían en 2004 y en términos de licitación más del 50 por ciento de lo necesario para cumplir el Pacto del agua de 1992. Hoy, cinco años después, esa cifra no se ha movido. Lo que ha pasado con estas importantísimas infraestructuras, particularmente en Yesa, Santaliestra, Biscarrués y La Fresneda-Torre del Compte, es absolutamente vergonzoso. En mi opinión, se ha engañado, cuando no chantajeado, a los regantes de sistemas de riego tan importantes como Bardenas, Riegos del Alto Aragón, Canal de Aragón y Cataluña y río Matarraña. Me produce una enorme tristeza repasar lo acaecido en Yesa, no solo en lo que se refiere a la maltrecha obra, sino también por el calvario judicial al que fueron sometidas seis personas responsables del Ministerio de Medio Ambiente y de la confederación hidrográfica. Seis años costó llegar a la decisión del Tribunal Supremo que exoneraba definitivamente de cualquier delito a los ingenieros y altos cargos relacionados con la propuesta de recrecimiento de Yesa. Pasado un tiempo, pienso que sería bueno que alguien tuviera algún detalle para restituir, aunque sea mínimamente, el honor y la profesionalidad de esas seis personas.


Con relación a Santaliestra, recuerdo muy bien cuando en diciembre de 1996, en un acto multitudinario en Tamarite, con los presidentes de Aragón y de Cataluña, con la ministra de Medio Ambiente, los alcaldes de la zona, representantes de los partidos políticos de ambas comunidades, organizaciones agrarias, comunidades de regantes, etcétera, se logró un gran apoyo para que la ministra Tocino acometiese el proyecto en 1997. La presa fue licitada ese año, pero tiempo después todo se fue al traste, con la inefable pasividad de las instituciones aragonesas.


Entrando ya en el asunto concreto que debatimos aquí y ahora, quiero añadir algunas cifras a las que han dado los compañeros aragoneses. Según las cifras oficiales del plan hidrológico de la cuenca del Ebro, los hectómetros cúbicos totales que se generan al año a lo largo de la misma son 18.000, de los cuales el 36,82 por ciento son generados en Aragón y el 19,53 por ciento en Cataluña. En su día, el consejo del agua de la cuenca del Ebro, al definir el plan hidrológico correspondiente, fijó en su disposición adicional décima que el caudal mínimo que debería pasar por Tortosa sería de 100 metros cúbicos por segundo, lo que suponía que anualmente debería transcurrir en ese punto un volumen no inferior a 3.150 hectómetros cúbicos. Si tenemos en cuenta que Cataluña genera unos 3.500 hectómetros cúbicos al año y considerando los usos actuales del recurso en ese territorio, se concluye sin dificultad que es el resto de la cuenca, es decir las ocho comunidades restantes, las que aportan la mayor parte del caudal ecológico del delta. Pese a ello, y desde hace un tiempo, aprovechando el peculiar andamiaje político que sostiene al presidente Rodríguez Zapatero, determinadas instancias catalanas, incluida la propia actual Generalitat, pretenden que los aportes anuales que lleguen a la desembocadura se sitúen entre 9.000 y 12.500 hectómetros cúbicos, es decir al menos la triplicación de lo establecido en el plan de cuenca o, lo que es lo mismo, más de la mitad de todos los recursos generados a lo largo del río deberían ir al delta. En consecuencia, tendríamos que olvidar para siempre cualquier nuevo proyecto hidráulico aguas arriba y, por supuesto, los que afectan a Aragón, incluyendo algunos de los actuales regadíos. Es conveniente recordar también que hasta la construcción de los embalses de Mequinenza y de Ribarroja en muchas fechas el caudal que llegaba a Tortosa no superaba, señor Macias, los 50 metros cúbicos por segundo, por lo que no se garantizaban siquiera los riegos de las zonas que integran el delta. Después de construidas ambas presas, la más grande la de Mequinenza, en Aragón, comenzaron a garantizarse los riegos del delta; el caudal mínimo a su paso por Tortosa; la refrigeración de la central de Ascó, y a minimizarse las posibles inundaciones en la parte final del río en las crecidas del mismo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Con la modificación del Plan Hidrológico Nacional y la aprobación del nuevo texto del Estatuto catalán, se puede consagrar la posibilidad de fijar bilateralmente entre la Administración catalana y la central del Estado los caudales del tramo final del Ebro, lo cual es, en opinión de este grupo y en la mía particular, absolutamente inaceptable para el resto de la cuenca, y singularmente para Aragón. No obstante, quiero agradecer al señor Llamazares su intervención, que ha sido muy clara, precisamente en la línea de los compañeros aragoneses. También quiero agradecer su intervención al portavoz vasco; antes de ser cómplice ha preferido estudiarlo bien -espero- y que realmente podamos discutir esto a

Página 13


fondo, que es lo que ha pedido mi grupo una y otra vez. Me gustaría, señora presidenta, que de este asunto, que es de primordial importancia en mi tierra, pero en toda la cuenca del Ebro y en toda España si queremos hacer definitivamente una política de Estado, habláramos con cierta racionalidad. A los aragoneses, que somos partidarios de que se haga lo nuestro, pero que si hay agua sobrante pueda ir a otros territorios, nos gustaría que aquí hubiera una postura clave y clara. He sentido mucho que hoy no esté, al menos, un representante del Partido Socialista entre nuestros visitantes, que es el que tiene la Presidencia en las Cortes de Aragón y lo mismo ocurre en el Gobierno autónomo. No sé por qué razones hoy no está sentado, porque a lo mejor, con el ardor que normalmente ponen en estas cuestiones en algunas ocasiones, me hubiera evitado a mí tener que hacer algunos recordatorios.


El señor PRESIDENTE: Señor Lanzuela, debe ir acabando.


El señor LANZUELA MARINA: Señor presidente, muchas gracias. Este es un tema que siento que no haya estado porque es vital. Yo sé que, además, en algunas cuestiones usted lo ha conocido muy bien y me gustaría que pudiéramos debatir admitiendo una proposición de ley...


El señor PRESIDENTE: Señor Lanzuela, no puede debatir con el presidente.


El señor LANZUELA MARINA: No estoy debatiendo.


El señor PRESIDENTE: Debe ajustarse a su tiempo y acabar ya.


El señor LANZUELA MARINA: Se lo agradezco, señor presidente. Acabo ya.
Ojalá seamos capaces de hacer una política de Estado de una vez por todas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Morán.


El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero saludar a los compañeros diputados de las Cortes de Aragón. Señorías, subo a la tribuna con la intención de mantener desde el Grupo Parlamentario Socialista un criterio de defensa de los intereses de todos los ciudadanos que viven en las comunidades autónomas afectadas por la cuenca del Ebro, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Desde ese presupuesto voy a intentar argumentar, en relación con la proposición de ley que nos ocupa hoy, cuál ha de ser la posición del Grupo Parlamentario Socialista a la hora de llevar a cabo la votación.


Entiendo que en defensa de los intereses de los aragoneses y de las aragonesas, las Cortes de Aragón hacen una propuesta a tenor de lo que se considera que debe de ser la fórmula más correcta de gestionar en su integridad la cuenca hidrográfica que nos ocupa, que es la cuenca del Ebro, y lo hace en contraposición con lo que ellos entienden que sería una ruptura de defensa de la integridad de la cuenca en razón a lo que, desde otra comunidad autónoma, se pretende poner en marcha en relación con la defensa de los intereses medioambientales, en este caso, del Delta del Ebro. Sería aceptable que, en caso de que no hubiese una salvaguarda que permitiese atender los intereses de cada una de las comunidades autónomas, se pusiese en marcha algún mecanismo que salvase esa circunstancia, pero entiendo que ese no es el caso. No es el caso, puesto que cuando se plantea desde la cautela de lo que pueda suponer la aplicación de las competencias medioambientales por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Delta del Ebro, lo que es indispensable para poder hacer una planificación medioambiental correcta en defensa del delta, y que no es otra que la disponibilidad suficiente de los recursos que el propio río Ebro genera, en este caso, tenemos que considerar que está perfectamente garantizado ya en la legislación vigente que en ningún caso ninguno de los intereses de ninguna de las comunidades autónomas afectadas aguas arriba quede en minoría a la hora de tomar decisiones en relación con lo que pudiese suponer una planificación en la desembocadura del río.


Doy lectura, porque creo que es lo más ilustrativo en este caso, a las disposiciones legales que garantizan en su integridad la defensa de los intereses, en este caso también de la Comunidad Autónoma de Aragón. La fijación de los caudales ambientales prevista en el artículo 26 de la Ley 11/2005 hay que ponerla en relación con los correspondientes artículos de la Ley de Aguas, de acuerdo con los cuales los caudales ecológicos forman parte del contenido obligatorio de los planes hidrológicos de cuenca, artículo 42. Los citados planes hidrológicos de cuenca son elaborados por los organismos de cuenca, artículo 41.1. Las comunidades autónomas que hubiesen decidido incorporarse a un organismo de cuenca estarán representadas en su junta de gobierno al menos por un vocal, y el total de vocales representantes y su distribución se establecerán en cada caso en función del número de comunidades autónomas integrantes de la cuenca hidrográfica y de la superficie y población de las mismas en ella comprendidas, artículo 27.d). Además, al consejo de agua de la cuenca al que compete elevar al Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, el Plan hidrológico de la cuenca y sus ulteriores revisiones, artículo 35.2, se incorporan también las comunidades autónomas cuyo territorio forme parte total o parcialmente de una demarcación hidrográfica

Página 14


para participar en la elaboración de la planificación hidrológica y demás funciones del mismo, artículo 35.3. La representación de las comunidades autónomas en el consejo de agua se determinará y distribuirá en función del número de comunidades autónomas de la demarcación y de la superficie y población de las mismas incluidas en ella, debiendo estar representada cada una de las comunidades autónomas participantes al menos por un vocal, artículo 36.1.c).


La pretensión que en el texto de la proposición de ley se traslada a las Cortes Generales desde las Cortes de Aragón aparece ya recogida en la legislación vigente; es decir, en todo caso compete a la totalidad de las comunidades autónomas que forman parte de la integridad de la cuenca establecer en último término cuáles son las disponibilidades de agua que la cuenca va a ceder para cada uno de los usos, y en último término, cuando hubiese discrepancias y se generasen los votos correspondientes, la decisión última corresponde a la Administración General del Estado, como no podría ser de otra forma. Hay que tener en cuenta que para llegar a todo este recorrido es necesario que la legislación correspondiente se adapte a lo que prevé la normativa marco, la Directiva europea sobre el Agua, como se recordó por parte de algunos de los intervinientes. No hay ningún punto en el que en estos momentos se pueda estar discutiendo su acuerdo o no con su contenido que esté en desacuerdo con la Directiva-marco del Agua. Por lo tanto, entendemos que esa es la situación, la pretensión de las Cortes de Aragón está perfectamente satisfecha con el actual contenido de la ley.


He de decir que agradezco la totalidad de las intervenciones y su contenido, puesto que, aun cuando de ellas pueda haberse tenido la impresión de que pueden ser discrepantes entre sí, y desde luego en algunos casos lo son, en último término corresponde a las Cortes Generales decidir al respecto, y eso es lo que vamos a hacer aquí hoy.
Cada Parlamento tiene la responsabilidad de establecer una propuesta acorde con la representación que ostenta. A las Cortes Generales les corresponde hacer convivir en este caso la voluntad de los distintos parlamentos de este país, y es lo que nosotros pretendemos hacer. Creemos que hay una cobertura legal suficiente, adecuada a lo que las Cortes de Aragón pretenden. Creemos que hay un respaldo a lo que aquí se pretende, que es garantizar a todas las comunidades autónomas que se encuentran en esta cuenca, incluida la Comunidad Autónoma aragonesa, la disponibilidad suficiente del recurso agua en la cuenca del Ebro, y además la garantía de que en ningún caso va a ser suplantada su presencia, su indispensable aportación a la hora de elaborar el correspondiente plan de cuenca. Ese es el proceso que se ha de seguir.


Para cerrar mi intervención diré que el único caso en el que se ha producido una intervención que quizás se haya desviado un poco del objeto último de lo que hoy venimos aquí a debatir ha sido la del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la cual también agradezco, que ha hecho una exhaustiva relación del trabajo de los gobiernos en los que ha tenido responsabilidad el Partido Popular en relación con las actuaciones que se han llevado a cabo en la Comunidad Autónoma de Aragón. Creo que hay que concluir diciendo que los aragoneses evaluaron también necesariamente esas actuaciones y tomaron una decisión, la cual se toma periódicamente cuando se acude a las urnas. Es decir, sometámonos con la humildad que todos debemos tener a que en último término el examen de lo bueno y de lo malo, de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho e incluso de lo que se pretendía hacer y que a algunos no les gustaba, ese es el examen que tenemos que asumir como válido. Por lo tanto, más allá de que se haya hecho esa exhaustiva relación de intervenciones, entiendo que lo fundamental ha sido la decisión de los aragoneses y de las aragonesas. El Grupo Parlamentario Socialista va a votar no a esta proposición.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morán.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA. (Número de expediente 122/000163.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA, A FIN DE ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES PROFESIONALES EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, ASÍ COMO LA DEFENSA Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. (Número de expediente 122/000145.)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Concretamente, la proposición del Grupo Socialista de creación del consejo general de colegios oficiales de ingeniería técnica en informática. Se tramita de modo acumulado otra proposición de similar contenido del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, defenderán sus proposiciones, en primer lugar, el Grupo Socialista y posteriormente el Grupo Popular. Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Lourdes Muñoz Santamaría.


Página 15


La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Gracias, presidente.


Hoy debatimos aquí la toma en consideración de la proposición de ley de creación del consejo general de colegios de ingenierías técnicas en informática. Esta ley supone un paso adelante que resolverá la representación de los profesionales de este sector. Lo hacemos porque es justo, porque cumplimos la ley y porque estamos convencidos de que no solo beneficia a los profesionales del sector, sino que es bueno para el interés general. Con esta ley crearemos el consejo de los profesionales de la ingeniería informática técnica. Ya existen nueve colegios de ingenierías informáticas de diversas comunidades autónomas: Murcia, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, Baleares, Andalucía, Valencia, Canarias y Galicia. El consejo sirve para coordinarlos y para representarlos. Por cierto, quiero saludarles porque sé que entre ellos hay representantes de varios de estos colegios y agradecer, tanto a los representantes de los colegios, de las direcciones de escuelas, de la Ritsi, asociación de estudiantes, como de asociaciones de informáticos, el proceso de aportaciones y diálogo que estamos manteniendo para llegar a una solución global de la situación de las ingenierías informáticas.


Presentamos esta propuesta en cumplimiento de la Ley de Colegios Profesionales, la Ley 2/1974, que establece que cuando está constituido uno o más de un colegio de una comunidad autónoma debe existir un consejo general. Hay nueve colegios, por tanto debemos crear el consejo a nivel de toda España. De hecho, esta proposición es idéntica a otras leyes que crean consejos de otras profesiones, ya que emanan de la misma ley. ¿Qué resolvemos o qué afrontamos con esta ley? Por una parte, resolvemos la representación de una profesión importante para la nueva sociedad de la información y del conocimiento. Casi todo lo que utilizamos hoy las personas -instrumentos, herramientas, aparatos, ordenadores, la red Internet- se soporta en una aplicación informática y las personas nos reclaman cada vez más seguridad y confianza en la red. De hecho, uno de los retos de la extensión de Internet es garantizar la seguridad de las personas. La no seguridad o la no percepción de seguridad están suponiendo un freno, por ejemplo, en el desarrollo del comercio electrónico. Además de interés por el desarrollo de la sociedad del conocimiento, cuantitativamente estamos hablando de una ingeniería importante: 81 centros, todas las universidades menos una imparten la titulación; cien mil titulados, que supone el 25 por ciento de todos los estudiantes de ingeniería y el 70 de los del ámbito TIC. Además no hablamos de una titulación reciente, sino que ya tienen 32 años las primeras escuelas que impartieron estas ingenierías. En el año 1976 se reguló que debería ser un estudio universitario y se crearon las facultades de Madrid, Barcelona y Valladolid. Por tanto, hablamos de una ingeniería mayoritaria y de una profesión importante para el conjunto de la sociedad en la nueva sociedad en red. Sin embargo, en los últimos meses, los representantes institucionales hemos percibido cierto malestar del sector, que reclamaba atribuciones académicas, igualdad y no discriminación, y regulación de la profesión. Todo esto mezclado con algunos mensajes confusos y no ciertos, como decir que los estudios de ingenierías informáticas desaparecerían, algo que nunca ha sido cierto.


Sin duda había que mejorar la situación del sector y más en una ingeniería mayoritaria, en una profesión sin paro y, por tanto, en una profesión y en un sector relevante. Por tanto, debemos afrontarlo. Pero la situación actual -así lo hemos compartido hablando con representantes del propio sector- ha sido también fruto de una falta de coordinación y de unificación de criterios y mensajes del propio sector hacia la Administración. Ha ayudado, sin duda, la existencia en los últimos meses de la mesa de atribuciones, en la que los diferentes sectores -directores, colegios, asociaciones de estudiantes y profesionales- han tenido un mensaje común hacia la Administración. Por eso empieza a haber soluciones. Hay coordinación del sector, pero también hay una voluntad política del Gobierno de afrontarlo. El Grupo Socialista y el Gobierno nos hemos comprometido en los últimos meses y hemos llegado a diferentes avances. El primero, la moción del Senado, que se aprobó por unanimidad y que fue votada por el Grupo Socialista, en la que nos comprometíamos, por un lado, a arreglar el tema de las atribuciones académicas y, por otro, a dar el mismo trato a las ingenierías informáticas que a otras ingenierías. Además, el Gobierno aprobó el documento de requisitos académicos, que da un contenido mínimo a los planes de estudio y que, posteriormente, aprobó el Consejo de Universidades, con lo cual garantizamos la calidad de los estudios universitarios en informática. Y hoy abordamos la representación, pendiente hace años, es cierto, pero también una solución a la que hemos dado celeridad desde el Grupo Socialista, desde que el pasado 1 de abril nos reunimos con los representantes del sector y acordamos abordar una ley, que en pocas semanas está aquí, en el Pleno del Congreso. Además, este debate tiene lugar hoy aquí porque el Grupo Socialista ha utilizado su cupo para traerlo al Pleno, y lo hacemos -algunos preguntan por qué también una ley socialista- porque queremos liderar la iniciativa y porque, además, el grupo mayoritario, el grupo del Gobierno, es la garantía de que las propuestas se debatan, se tramiten y se aprueben. Si el Grupo Socialista no hubiera incluido esta propuesta en el Pleno no sé si tendríamos consejo. De hecho, la oposición puede registrar muchas propuestas, pero muchas de ellas ni siquiera llegan al Pleno, y les daré algunos datos.
Proposiciones de ley del Partido Popular registradas en esta legislatura: 37; al Pleno han llegado 4, incluida esta; y proposiciones no de ley, 114, de las cuales han llegado 19, un 10 por ciento. No sé si las ingenierías informáticas hubieran tenido la suerte de formar parte de este 10 por ciento. En cambio, cuando el grupo del Gobierno presenta

Página 16


una propuesta es para incluirla en Pleno, para aprobarla y para conseguir una mayoría y solucionar un problema. Además, cuando incluimos en el orden del día de la Mesa del Congreso esta proposición de ley, el Grupo Popular pidió acumular su proposición con la del Grupo Socialista, y nosotros aceptamos, porque realmente estamos hablando del mismo tema y se trata del mismo debate. Por eso aceptamos y, además, votaremos no solo a favor de nuestra propuesta sino también de la del Grupo Popular, como creo que harán, por la ronda que hemos establecido de contacto, otros grupos. De hecho, en el Pleno anterior, el Consejo de las Ingenierías Informáticas salió adelante por unanimidad. Que lleguemos a un acuerdo en este tema es una buena noticia para el sector, y seguro que se alegrarán, porque debemos hacer eso, ponernos de acuerdo cuando tenemos que solucionar problemas de la ciudadanía.


En realidad, entre las dos iniciativas que debatiremos solo hay una diferencia: la del Grupo Popular contiene la posterior inclusión de estos consejos en el Catsi, en el órgano de participación del desarrollo de la Ley de Sociedad de la Información. Esta es la única diferencia. Además, el Grupo Socialista comparte que las ingenierías informáticas deben estar en el Catsi. No tenemos tan claro si debe incluirse en la Ley de Consejos o no. Primero, porque la representación en el Catsi no requiere de una ley sino de la modificación del decreto que establece sus miembros y, segundo, porque no somos partidarios de que en una ley de creación de consejos, que seguro será la misma de aquí a cincuenta años, esté la presencia de un órgano que en aquel momento seguramente no existirá. Por tanto, queremos solucionarlo. Yo misma, por ejemplo, presenté una pregunta el 21 de mayo al Gobierno sobre la presencia en el Catsi de los informáticos, y seguro que tendremos pronta respuesta. La cuestión es que mientras tramitamos la ley busquemos una solución adecuada y acordada.
Además, la aprobación de esta ley es importante porque requerirá la presencia de los informáticos en otros órganos. Si no, no pueden participar en el Instituto de Ingenierías de España, en el Instituto de Ingenieros Técnicos de España o en la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenierías y, como consecuencia, la ingeniería informática no está representada en Europa.


Para acabar, y en resumen, la aprobación de esta medida es un avance para los profesionales de este ámbito; las ingenierías informáticas tendrán una representación clara con otros espacios profesionales cuando haya regulaciones que les afecten como profesionales y, además, en la definición de políticas públicas de sociedad de la información. Lo hacemos porque creemos que las ingenierías informáticas son importantes en el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, básicas para la competitividad de nuestro país y, por tanto, esta ley tiene un interés para el colectivo y para el conjunto de la sociedad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.


Por el Grupo Popular tiene la palabra don Adolfo González Rodríguez.


El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Adolfo Luis): Señor presidente, señorías, señores representantes del sector del mundo de la informática, subo de nuevo a esta tribuna para presentar, en nombre del Grupo Popular, una proposición de ley para la creación del consejo general de colegios profesionales de ingeniería técnica en informática a fin de asumir la representación de los intereses profesionales en el ámbito nacional e internacional, así como la defensa y desarrollo de la sociedad de la información. Bien es verdad, señoría, que hace unos días presentamos otra proposición de ley muy parecida referente a los ingenieros informáticos y ahora nos centramos en los ingenieros técnicos informáticos. Se podría pensar que lo dicho hace unos días por este diputado sería más que suficiente para la explicación de la proposición de ley de hoy, pero cada una tiene su particularidad. De ahí que me detenga unos minutos para justificar el porqué del consejo general de ingenieros técnicos informáticos. De todas maneras he de decir que coinciden ambas en la forma, como ya dije en otra ocasión. El Grupo Socialista ha ido a remolque de lo llevado a cabo por el Grupo Popular pues, al igual que con los ingenieros informáticos, la proposición de ley del Grupo Popular se presentó el 19 de febrero del presente año y la del Grupo Socialista el 16 de abril. Las fechas, señora portavoz del Grupo Socialista, son contundentes y no admiten excusas. Usted, señora portavoz del Grupo Socialista, ha hecho aquí un enjuague con fechas y con la posibilidad de aprobar las proposiciones de ley, pero lo que le puedo decir es que ustedes están en el Gobierno, nosotros en la oposición, aquí cada uno ha hecho lo que cree conveniente y los representantes del sector saben perfectamente quién ha tenido la iniciativa de todo esto.


Destacando las especificidades de esta proposición de ley comenzaré comentando, tal y como viene en la exposición de motivos, no de manera retórica sino yo diría que con rigor, que la disciplina de informática nació en 1969 con la creación del Instituto de Informática, bajo la dependencia del Ministerio de Educación y Ciencia, que consideraba el estudio de dicha ciencia necesario para la obtención de formación y técnica profesional culminado con una titulación oficial que permitiera el ejercicio profesional. Dada la característica de estos estudios y la naturaleza de las técnicas comprendidas en los mismos, que requieren una amplia gama de puestos de trabajo con distintos niveles de formación en sus titulares correlativos a los de sus responsabilidades y funciones, resultaba extremadamente aconsejable la creación no solo de facultades sino también de escuelas universitarias que impartieran las enseñanzas orientadas a la educación científica y técnica y a la preparación de

Página 17


profesionales en un solo ciclo de estudios de tres años de duración. Esta fue la razón de la creación de la pionera escuela universitaria de informática de Madrid, en la Universidad Politécnica, y posteriormente las de Murcia, Cáceres, Málaga y Valencia, entre otras.


Como consecuencia de la Ley de Reforma Universitaria conocida como LRU, pero sobre todo debido a la presión social y universitaria, el Ministerio de Educación y Ciencia en 1990 cambió la denominación del título universitario de tres años de duración, es decir, de diplomado, por el de ingeniero técnico en informática de gestión e ingeniero técnico en informática de sistemas. Las atribuciones profesionales de los ingenieros técnicos en informática están determinadas en la Ley 12/1986, de 1 de abril, modificada por la Ley 33/1992, de 9 de diciembre, por la que la profesión de ingenieros técnicos en informática está perfectamente regulada al igual que el resto de las ingenierías técnicas, existiendo asimismo una amplia jurisprudencia en este sentido, en la que se afirma que la competencia de cada rama de la ingeniería depende de la capacidad técnica real para el desempeño de las funciones propias de la misma.
Añadiéndose además, en el artículo 3 de la citada Ley 12/1986, que las atribuciones a las que se refiere la presente ley se ajustarán en todo caso en su ejercicio a las exigencias derivadas de las directivas de la Comunidad Europea que resulten de aplicación. Además, con la aprobación de los reales decretos 1496/1990 y 1461/1990, de 26 de octubre, el Gobierno actualizó el catálogo de especialidades y los títulos de ingeniería técnica en informática de gestión e ingeniería técnica en informática de sistemas, quedando automáticamente incluidos desde ese momento en el régimen jurídico de la Ley 12/1986. Por ello, señorías, señor presidente, no se entiende cómo no están incluidos en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, ni en el Acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de diciembre del mismo año, no considerándose ni reconociéndose, en consecuencia, por parte del presente Gobierno como profesión regulada, situación que ha provocado la lógica presentación de sendos recursos contencioso-administrativos contra el actual Gobierno por varios colegios de ingenieros técnicos en informática y por la Asociación Nacional de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática, conocida como ALI. En otro orden de cosas, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, existen nueve colegios oficiales de ingenieros técnicos en informática en España de nivel autonómico, y aunque usted los ha dicho, yo los voy a repetir: Cataluña, Murcia, Asturias, Castilla-La Mancha, Baleares, Andalucía, Valencia, Canarias y Galicia.


Finalmente, señor presidente, señorías, de forma muy parecida a lo que les ocurre a los ingenieros informáticos y que ya destacamos en nuestra anterior comparecencia, el abandono y yo diría casi mala educación con las reivindicaciones de todo este sector por parte del Gobierno actual son más que patentes, y lo justifico. El día 7 de mayo de 2007, tanto la decana del colegio de Asturias como el decano del colegio de Cataluña, en representación de los colegios autonómicos que conformaban el grupo de trabajo de creación del consejo general de colegios de ingeniería técnica en informática de España (Conciti), presentaron -respetando, como no puede ser de otra forma, toda la normativa vigente- ante el registro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio una petición formal de creación del consejo de colegios de ingenieros técnicos en informática de España. Al día y hora en que estamos, ahora mismo, no ha habido respuesta -realmente impresentable- a pesar de que la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición, establece claramente en su artículo 10.1 lo siguiente: Siempre que la declaración de inadmisibilidad de una petición se base en la falta de competencia de su destinatario, este la remitirá a la institución, administración u organismo que estime competente en el plazo de diez días y lo comunicará así al peticionario.
No veo por ningún lado la posibilidad de excusa gubernamental a la no respuesta gubernativa.


Termino, señor presidente, señorías. El Grupo Popular presenta esta proposición de ley, en la que, al igual que en la de los ingenieros, establecemos, en la disposición final primera, la garantía de una presencia justa y ecuánime de los colegios profesionales de ingeniería técnica en informática en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. De la misma manera que en la de los ingenieros, el Grupo Socialista silencia en su articulado esta presencia en el Catsi. Igual que les dije antes, espero y deseo llegar a un acuerdo en este punto en el posterior trámite de la ley, especialmente siendo conocedores de que ha sido llamado el director de la Escuela de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid para asistir a reuniones del Catsi. Actitud que consideramos en el buen camino, pero que obviamente no la vemos suficiente por dos motivos: primero, porque los profesionales del ramo no han sido llamados y creemos que deben estar representados, de ahí la disposición final primera de esta proposición de ley, y segundo, porque el objetivo de esta proposición de ley es que conste en su articulado -como así aparece en nuestra proposición de ley, no así en la del Grupo Socialista- una presencia justa y equitativa en el Catsi.


Señor presidente, señorías, el Grupo Popular, como ocurrió en la anterior ocasión, va a votar afirmativamente a las dos proposiciones de ley, evidentemente a la del Grupo Popular y también a la del Grupo Socialista.
Sin embargo, seguimos sin comprender, como comentamos anteriormente, este silencio por parte del Grupo Socialista sobre este trascendental asunto para los colegios de informática, de ingenieros y de ingenieros técnicos.
Evidentemente, si el Grupo Socialista apoya, como no puede ser de otra forma, al Gobierno, no sabemos si el interés del apoyo del Grupo Socialista hacia los ingenieros informáticos se hará con la misma contundencia con la que lo hace con su propio Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos.)

Página 18


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.


¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.)

En tal caso, tiene la palabra para fijar su posición por el Grupo Mixto doña Olaia Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, subimos a esta tribuna una vez más para posicionarnos en relación con dos proposiciones de ley presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Popular, en relación con la constitución del consejo de los colegios oficiales de ingeniería técnica en informática. Del mismo modo que hace quince días votábamos favorablemente al Consejo de los Ingenieros Informáticos, lo vamos a hacer igualmente en el día de hoy. Lo vamos a hacer porque entendemos que, independientemente de las diferencias que se mantienen en las propuestas del Grupo Popular y del Grupo Socialista, la consideración a tramite de las mismas es importante en la medida en que entendemos que se debe llegar a acuerdos en este trámite, de tal manera que lo que se apruebe finalmente sea un instrumento válido y eficaz para la búsqueda de soluciones a los problemas que en este momento tiene este sector de profesionales. Hay que decir que tanto una propuesta como la otra es la respuesta a la demanda de los diferentes colegios profesionales, a los que ya se ha aludido anteriormente. Desde nuestro punto de vista, quizás sea el primer paso para que se establezca, una vez reconocida esa representatividad, el diálogo correspondiente con el Gobierno para buscar soluciones a la problemática tantas veces denunciadas por estos profesionales. Una problemática que está motivada fundamentalmente por la falta de la debida regulación profesional, que genera una situación de discriminación. Por tanto, las soluciones que se aportan por parte del Gobierno deben resolver estas cuestiones planteadas por el sector de informáticos. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Entendemos que a estas alturas, cuando hay cantidad de cuestiones que afectan directamente, como los procesos de trasposición de las diferentes directivas europeas, el diálogo con el sector de informáticos se hace tan necesario como el que el Gobierno está estableciendo con otros sectores.
Además, nosotros entendemos y compartimos con los colegios profesionales que no establecer este diálogo con los profesionales de la informática es una clara discriminación; no solamente una falta de voluntad por parte del Gobierno de resolver los problemas sino una discriminación en la disposición para dialogar. Es verdad que una de las cuestiones que alega el Gobierno para defender la dificultad que dice tener para no establecer ese diálogo radica en el hecho de que los diferentes departamentos que tienen competencia en la solución de las situaciones del colectivo de profesionales de la informática están repartidos entre distintos ministerios. Esto precisaría una coordinación que corresponde, desde nuestro punto de vista, ateniéndonos a las normas del Gobierno, al Ministerio de la Presidencia, que es a quien corresponde la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno. Esperamos, señores del Grupo Parlamentario Socialista, que presentan hoy la propuesta, igual que hace quince días presentaron la otra, y que tengan esa voluntad de grupo que le corresponde de instar al Gobierno, aunque esa potestad la tengamos todos en esta Cámara, pero ustedes como grupo que da apoyo al Gobierno, para que se establezca el diálogo que corresponde, en su momento ya reconocido, con el consejo general de los colegios profesionales. De ahí que entendamos que una vez que este consejo esté creado por ley, sea el principio del reconocimiento de la representatividad que están reclamando estos sectores, y como reconocimiento de esa representatividad también el principio de ese diálogo que permita solucionar todos los problemas que están planteando los ingeniaros informáticos y los ingenieros técnicos informáticos.


Con la intención de colaborar en lo que podamos en el trámite correspondiente de enmiendas, en la procura de resolver esas diferencias que pueden separar en este momento al Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo Parlamentario Popular en relación con esos matices de las propuestas que hoy tenemos sobre la mesa, vamos a votar favorablemente, esperando que también podamos hacerlo al proyecto que finalmente llegue a esta Cámara cuando haya transcurrido el proceso correspondiente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.


Desde el escaño, brevísimamente, para dejar constancia de nuestro voto favorable a la toma en consideración de ambas proposiciones de ley, sin entrar a valorar su contenido ya que lo consideramos positivo. En la actual sociedad de la información consideramos que igual que explicamos hace quince días con la ingeniería informática, en la ingeniería técnica informática la regulación es importante y creemos que las dos proposiciones de ley, cuando sean tomadas en consideración, serán un buen instrumento por seguridad, por confianza y, como decía antes, por necesidad de regular. Entendemos la dinámica de los portavoces del grupo que apoya al Gobierno y de la oposición, pero de momento no queremos dejar constancia de nuestra implicación o inclinación en ninguno de los dos textos. Simplemente queremos reiterar el voto favorable a tomar en consideración ambas proposiciones de ley.


Página 19


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señores representantes de los colegios de ingenieros técnicos, quiero saludarles, en primer lugar, y agradecerles una amable carta de felicitación por la intervención realizada por este humilde portavoz hace quince días en relación con una proposición homónima a esta pero respecto a los ingenieros superiores de informática, acompañada por una prolija documentación acreditativa de la justa causa que ustedes están preconizando. Dicho esto, señora presidenta, hay que hacer un esfuerzo de creatividad para intervenir en tanta literatura, glosando tantas cuestiones sobre un acto que podríamos considerar casi un acto reglado o una materia indisponible. Es que no hay más que cumplir; estamos cumpliendo lo que requiere la Ley de Colegios Profesionales del año 1974, reformada en 1978 y posteriormente en el año 1997, que establece lo siguiente: Existiendo colegios profesionales de ámbito territorial distinto al estatal se procederá -en términos imperativos- a la creación de un consejo general. Algo tan simple como esto es lo que, acompañado de abundante literatura, glosas varias y algunas reflexiones pertinentes atinentes sobre todo a la dilación en el tiempo -que tampoco terminamos de comprender bien nosotros- por parte del Gobierno del Estado a la hora de formalizar la creación por ley estatal -tal como prevé también la Ley de Proceso Autonómico-, estamos haciendo lo que la ley nos obliga a realizar y por fin nos tenemos que felicitar por ello.


Lo comentamos en el último debate con el portavoz del Partido Popular; ustedes realizan un preámbulo o exposición de motivos verdaderamente exuberante, citando nada menos que la estrategia de Lisboa, la iniciativa de 2010 para la generación y la implementación de la sociedad de la innovación y la pertinencia del crecimiento de la productividad relacionada con las TIC -tecnologías de la información y del conocimiento-. Estamos de acuerdo con todo esto pero la creación de un consejo general es pertinente para conseguir todos estos objetivos que ustedes están invocando y que nosotros participamos, pero la relación de causalidad absoluta no se produce en cuanto a lo que en estos momentos estamos procediendo a crear, que es un consejo general con todos estos predicamentos tan solemnes que ustedes realizan. En todo caso todo es importante y todo contribuye a mejorar un país que tiene gaps con los Estados de nuestro entorno en relación con el conocimiento, la innovación y la tecnología, a la cual de forma muy relevante contribuyen los profesionales de la ingeniería informática tanto superior como técnica, y la creación de consejos generales puede ser un instrumento orgánico que implemente o mejore estas prestaciones. Dicho lo cual, señora presidenta, y ya solo por respeto a los que me han ilustrado de forma tan brillante mediante la remisión de un documento, he de decir que nosotros no tenemos ninguna duda y participamos con entusiasmo de la argumentación tanto de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista -que la ha realizado con gran lucidez- como del portavoz del Partido Popular, lo cual no deja de incorporar en esta legislatura a esta Cámara un cierto punto de esquizofrenia política. Pero a veces estas cosas, accidentalmente o de forma contingente, ocurren. Tienen razón los dos y por fin vamos a realizar algo justo y algo además requerido por el ordenamiento jurídico.
Las atribuciones profesionales de los ingenieros técnicos así como el ámbito de actuación de esos profesionales están perfectamente determinados en dos leyes; la Ley 12/1982, de 1 de abril, modificada por la Ley 33/1992, de 9 de diciembre. El artículo 2 de esta ley establece que los ingenieros técnicos, dentro de sus respectivas especialidades, tendrán todas las atribuciones que se indican en dicho precepto así como todas aquellas en relación con su especialización técnica.


Por último, desde una perspectiva no solo jurisprudencial sino que ya se ha incorporado al derecho positivo, tenemos que citar la Ley 12/1982, que reforma la Ley 2/1974 en relación con el ejercicio de estas profesiones, en donde me gustaría destacar -porque me parece que enfatizar esta expresión no es irrelevante en el debate que estamos desarrollando- que las atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos en informática y en cualquier otro ámbito serán plenas en el ámbito de su especialidad respectiva, sin otra limitación cualitativa que la que se derive de su formación y de sus conocimientos. Estando estos acreditados mediante la existencia no solo de facultades, de escuelas y de colegios profesionales, no hay ninguna duda de que es un acto obligado y reglado para esta institución proceder a la conformación, dentro de una ley -tal y como preconiza la Ley de Proceso Autonómico-, del consejo general de colegios profesionales. Por tanto, nos debemos felicitar todos los aquí presentes porque a pesar de forzar pretendidas discrepancias, que solo pertenecen al ámbito de una dialéctica un tanto impostada, pero sobre todo atendiendo a los requerimientos de los profesionales que nos acompañan en la tribuna, quizá podamos avanzar en una mejor estructuración orgánica de una profesión absolutamente pionera e imprescindible en unos momentos en los que la productividad y el crecimiento económico están vinculados de forma absolutamente inexorable al conocimiento y a la información.


Muchas gracias, señora presidenta, por su generosidad, que en este caso no ha sido tal; ya ha visto cómo intervenciones breves por parte de este diputado no son solo aves de paso esporádicas.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría, y que sirva de precedente para otras intervenciones.


Página 20


Finalmente, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Ante todo, quiero agradecer también la presencia hoy en el hemiciclo de una representación del sector de los ingenieros técnicos informáticos.


Señorías, los grupos parlamentarios Popular y Socialista nos traen hoy a debate para su toma en consideración sendas proposiciones de ley para la creación del consejo general de los colegios oficiales de ingeniería técnica informática y anuncio ya sin mayor preámbulo que el Grupo Catalán de Convergència i Unió va a dar su voto favorable, tal y como hicimos ya en el último Pleno con respecto a la creación del consejo general de los colegios de ingeniería informática. Desde Convergència i Unió entendemos que, cumpliéndose como se cumplen los requisitos legales establecidos para la creación de un consejo general que represente la voz de los más de veinte colegios autonómicos existentes, es imperativo que, más allá del origen y de la forma en que se presentan las dos iniciativas, desde esta Cámara demos respuesta a una petición que viene de antiguo, y esperamos que esta respuesta contribuya al desbloqueo institucional de la situación profesional de los ingenieros técnicos informáticos.


Tras la aprobación el pasado mes de noviembre de una moción en el Senado sobre las atribuciones profesionales de los ingenieros informáticos y de los ingenieros técnicos informáticos, que obtuvo el consenso de todos los grupos, nos consta que la parte académica se ha puesto ya en marcha, recuperando los trabajos positivos que se iniciaron ya antes del año 2007. No obstante, para la buena marcha de estos es necesario que todos los actores estén debidamente representados, y es justo en este punto en el que entra en juego la creación del consejo general de los ingenieros técnicos informáticos, que lo que ha de permitir es una mayor representatividad de los colegios. Así como para la configuración de las competencias en los planes de estudios interviene el Consejo de Universidades y el Consejo de Rectores, también es justa y necesaria la presencia institucional de la representación profesional de los ingenieros técnicos informáticos, y para ello es necesaria la creación del consejo general.


Actualmente, la profesión informática no puede estar representada en las principales instituciones estatales ni internacionales debido al vacío institucional que supone el que no exista un consejo general de colegios.
A este vacío institucional se da respuesta precisamente con la creación del consejo general que hoy se propone en las iniciativas que estamos viendo. En este sentido, más que los colegios en sí lo que debe conseguirse es que la profesión informática esté representada en pie de igualdad con las otras ingenierías en el Instituto de la Ingeniería de España. No debemos olvidar que en este momento se están discutiendo temas importantes sobre el futuro de la informática y del más del medio millón de personas que directa o indirectamente se relacionan con ella: 95.000 estudiantes de informática, 120.000 profesionales titulados en más de treinta años de estudios, con estudios en 81 facultades de todo el Estado, y además todas las familias y las empresas implicadas. Como decíamos, faltaba la representación institucional, el ente capaz de hablar y ser interlocutor de tan importante sector de alto valor añadido en nuestro tejido económico y del conocimiento. El papel al que está llamado a representar el sector de los ingenieros e ingenieros técnicos informáticos, estrechamente vinculados con el cambio del patrón y del modelo productivo en el Estado español, es ya una realidad que ocupa el 2 por ciento del producto interior bruto. No obstante, aún tiene un gran potencial de crecimiento que debe ser explorado.


En el actual contexto económico es nuestro deber poner al alcance de la sociedad todos los instrumentos necesarios para que la conexión entre las TIC, en las que la informática es elemento clave, y el tejido productivo y social impulsen la recuperación. Esperemos que con estas iniciativas pongamos en parte los instrumentos necesarios para su activa participación en este proceso de transformación. El sector lo exige, la sociedad en su conjunto lo exige y nuestro deber es responder con una posición a la altura de estas exigencias. Por todo ello, desde Convergència i Unió reitero que vamos a votar favorablemente la toma en consideración de las dos proposiciones de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pigem.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA LA PROMOCIÓN, ORDENACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL DEL ACEITE DE OLIVA. (Número de expediente 162/000413.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto III del orden del día: proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista para la promoción, ordenación y estabilización del mercado español del aceite de oliva. Para la defensa de esta proposición no de ley, en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Reyes.


El señor REYES MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista vuelve a traer al Congreso de los Diputados esta proposición no de ley para la promoción, ordenación y estabilización del mercado español del aceite de oliva porque, tras el

Página 21


consenso alcanzado en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca por los diferentes grupos políticos y por las novedades que se han producido desde entonces, creemos que su debate y aprobación ahora en Pleno puede ayudar al sector del aceite de oliva de nuestro país, que vive un momento de especial dificultad como consecuencia del bajo precio del aceite en origen. Los socialistas siempre hemos estado con los agricultores y productores de aceite de oliva y en los últimos meses hemos hecho nuestra la preocupación e inquietud que la actual situación está provocando en el sector, ya que somos conscientes de que, con los precios que se están pagando por el aceite en origen, muchas de las explotaciones que tenemos en España en este momento tienen dificultades de rentabilidad y, por tanto, de continuidad.


Nuestro país es el principal productor de aceite de oliva del mundo. Por ello el cultivo del olivo tiene un peso considerable en la producción agraria española, que sin duda podría calificarlo como un producto estratégico en nuestra agricultura. Pero no podemos olvidar que son varios cientos los municipios españoles en los que, a pesar del esfuerzo que se está haciendo por diversificar su economía, el cultivo del olivar sigue siendo la principal actividad económica; un cultivo que podemos calificar como social por la cantidad tan importante de mano de obra que genera, especialmente durante la recolección de la aceituna. Sirva de ejemplo la provincia de Jaén, mi provincia, con más de diez millones de jornales al año. Además de los muchos territorios donde está implantado, los ingresos que genera el olivar son imprescindibles para mantener la población en los mismos. En un momento como este hay que recordar el esfuerzo que ha realizado el sector en los últimos años, especialmente los oleicultores, apoyados por diferentes administraciones públicas. Este esfuerzo ha conseguido mejorar las explotaciones agrarias y obtener un aceite de mayor calidad. Para ello han mimado el cultivo del olivo en el campo, han mejorado su recolección y han modernizado su almazara. A pesar del esfuerzo realizado por los productores a lo largo de los últimos años, con los precios que en la actualidad se están pagando en origen, incluso a pesar de las ayudas de la Unión Europea, una parte muy importante del olivar español en este momento casi no es rentable, especialmente el olivar tradicional, el olivar de menor producción.


El Partido Socialista siempre ha tenido una especial sensibilidad con este sector, siempre hemos estado con los olivareros, conscientes de lo que supone para muchos municipios y para cientos de miles de olivicultores españoles. Por todo ello, ante la difícil situación que el sector está viviendo en este momento, que pone en riesgo la supervivencia de una parte de este cultivo, especialmente el olivar tradicional y el de menor producción, además de aprovechar las posibilidades que la actual OCM permite, como la activación de las ayudas al almacenamiento privado, que por cierto hoy acaba de aprobar la Unión Europea a propuesta del Gobierno de España, los socialistas creemos imprescindible para superar la actual situación dos retos fundamentales. Por un lado, la conquista de nuevas cocinas y paladares para el aceite de oliva que incrementen el consumo tanto a nivel nacional como internacional, y por otro, ordenar y estabilizar el mercado español del aceite de oliva. Sin duda, el sector es consciente del papel que debe jugar para la consecución de los dos objetivos anteriores; son conscientes de que son ellos los que tienen el aceite y de que su labor es insustituible, pero también vienen solicitando la colaboración, tanto a las comunidades autónomas como al Gobierno de España, para mejorar la difícil situación que están viviendo en la actualidad. Por todo ello, con la aprobación de esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, que autoenmendamos en los términos que ya conocen SS.SS., mejorando la que se aprobó en la Comisión y sobre la base también del consenso que el aceite de oliva ha suscitado entre todos los grupos parlamentarios, pretendemos instar al Gobierno a apoyar la recientemente constituida Organización interprofesional del aceite de oliva español para conseguir los fines y objetivos que se habían marcado. También pretendemos instar al Gobierno a realizar un estudio de mercado que ayude al sector a establecer una estrategia en la promoción, que permita ver hacia dónde hay que dirigirla tanto a nivel internacional como nacional. No hay que olvidar que tenemos un importante margen, ya que solamente entre el 3 y el 3,5 por ciento del consumo mundial de grasas es de aceite de oliva. Además, creemos que el aceite de oliva debe incorporarse a ese amplio repertorio de restaurantes y hoteles de calidad que tenemos en nuestro país, fundamentalmente por sus características desde el punto de vista de la salud como un elemento clave en nuestra gastronomía. También nos hacemos eco de las reivindicaciones del sector en su denuncia de la utilización del aceite de oliva como producto gancho en muchas cadenas comerciales, con lo cual creemos importante poner en marcha las medidas de control que lo eviten, así como intensificar el trabajo que está distorsionando la libre competencia en el mercado del aceite de oliva.


Somos conscientes de que hay una nueva situación, la que se produce a partir de este momento con la ayuda al almacenamiento privado del aceite de oliva, que va a impedir en algún caso que muchos oleicultores cuenten con recursos suficientes. Por eso también instamos al Gobierno de España a que ponga en marcha medidas que permitan que los agricultores cobren las ayudas del pago único del aceite de oliva en torno al 15 de octubre, adelantando así en sesenta días la fecha en la que lo están cobrando hasta este momento.


Señorías, no cabe duda de que es importante esta proposición no de ley que traemos hoy al Pleno, y es necesario ese respaldo importante por parte de todos los grupos parlamentarios, conscientes de lo que el olivar supone en un país como el nuestro, especialmente medidas de apoyo al olivar tradicional y a la modernización

Página 22


de nuestros regadíos, así como a impulsar definitivamente un sector que es clave en muchas de las economías de este país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Reyes. A esta proposición no de ley se han presentado, además de la que ha anunciado el Grupo Parlamentario Socialista, dos enmiendas por parte de dos grupos. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Puche.


El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Señora presidenta, señorías, subo a la tribuna para debatir acerca de la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista relativa al aceite de oliva; una proposición no de ley que ya aprobamos hace unos quince días en Comisión y que hoy viene de segunda lectura, podríamos decir, a esta Cámara, con un claro objetivo que no acierto a comprender, señor Reyes. Como ya le dije en Comisión, el sector del aceite tiene una importancia fundamental; son cientos de pueblos españoles, son cientos de miles de familias cuya economía depende de una forma directa o indirecta del sector del aceite de oliva. Sin embargo, fíjese usted, señor Reyes, su discurso no se corresponde con la realidad. Le dije en Comisión, y se lo repito hoy aquí, que su proposición no de ley es light, es una proposición no de ley que no molesta, no estorba, pero, señor Reyes, no resuelve el problema fundamental que tiene el sector del aceite de oliva. Un problema fundamental que usted ha citado aquí, que es la caída de los precios del aceite en origen y el elevado costo de producción. Altas tarifas eléctricas de los riegos, altos costos del abono y altos costos en los productos fitosanitarios. Por tanto, la proposición no de ley que se somete hoy a consideración no responde al problema fundamental que tiene el sector del aceite de oliva.


Señor Reyes, nosotros, conscientes de la dificultad e importancia que tiene el sector, propusimos en esa Comisión de Agricultura una proposición no de ley que sí atajaba el problema fundamental del sector del aceite de oliva y que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos. Conscientes de ello nosotros entendíamos que esa era la razón fundamental de aquella Comisión, es decir, una proposición no de ley aprobada por el Grupo Socialista, una proposición no de ley aprobada por parte del Grupo Popular. Porque su proposición no de ley, se lo dije y se lo repito, es la pata de un trípode, señor Reyes, pero el trípode necesita tres patas para poder soportarse. Ustedes ponían una pata, pero faltaba la segunda pata a tener en cuenta y que es fundamental, que es la actualización de los precios del aceite de oliva, y la tercera pata, la más importante o tan importante como las anteriores, que es la reconversión del sector tradicional del aceite de oliva, que tiene que coexistir y competir con los cultivos superintensivos y con los cultivos intensivos. Usted, en su proposición no de ley, tanto en la de la Comisión como en la de hoy, se olvidó, señoría, del olivar tradicional.
No hacía usted ninguna referencia al olivar tradicional. Y en la de hoy, usted no habla de la actualización de los precios, habla usted de que ha entrado en vigor el almacenamiento privado. ¡Hasta ahí podríamos llegar! Llevamos más de dos meses con los precios caídos, señor Reyes, por debajo del 1,77 que marca la OCM del aceite de oliva. Nosotros lo que proponemos en nuestras enmiendas en el día de hoy es algo que usted ha querido ejercitar como filibusterismo parlamentario, porque se enmienda usted mismo. Enmienda usted la proposición no de ley del Grupo Socialista, con los ocho puntos, señorías, de la proposición no de ley aprobada en Comisión del Grupo Popular. Nosotros lo recibimos bien, puesto que son ideas del Partido Popular que estamos dispuestos a que las usen. Nos encanta que su falta de ideas lo solucionen con las ideas que aporta el Grupo Popular. Pero no deja de ser -insisto- un ejercicio de filibusterismo parlamentario, e incluso de cinismo parlamentario, y le voy a explicar por qué. De los nueve puntos, señorías, de la proposición no de ley del Grupo Popular recogen ocho, y no recogen uno que también votaron a favor, que es la actualización de los precios. ¡Ay, amigo mío, la actualización de los precios! Ese es el collar que hay que ponerle al perro. Y su señora ministra, que es la que le ha obligado a usted a que hoy no venga la actualización de los precios, sabe que no tiene ni capacidad ni voluntad ni fuerza para defender ante la Unión Europea la actualización de los precios del aceite de oliva a partir de 2,20 para que entre el almacenamiento privado.


Y, señorías, algo fundamental, la reconversión del olivar. Ahí hemos tropezado con el agua. Con la Iglesia hemos topado. Ustedes no quieren hablar de reconversión, porque no quieren hablar ni de financiación directa a la reconversión del olivar tradicional ni del apoyo directo al olivar tradicional marginal que necesita de la ayuda directa en esas zonas de orografía complicada, y no quieren hacer ustedes las infraestructuras necesarias para que la reconversión tenga el agua suficiente. Esa es la oportunidad que le doy hoy a usted: cuatro enmiendas fundamentales.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Puche, por favor, vaya terminando.


El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Voy terminando, señora presidenta.


Tres de reconversión del olivar con ayuda financiera y con agua y una de actualización de los precios. Ahí puede usted demostrar en el día de hoy ese discurso de que los socialistas están con los productores y con los olivicultores. Ahí les quiero ver. Menos discursos demagógicos, menos cantos de sirenas, menos libros de caballería y, señorías, al loro.
Ustedes con su voto pueden

Página 23


demostrar esta tarde si están dispuestos a la actualización de los precios y a la reconversión del olivar con agua y con financiación.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Puche.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÁS: Muchas gracias, señora presidenta.


Voy a hablar desde el mismo escaño. Si bien esta proposición no de ley es muy importante para el sector del aceite de oliva y para nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo que se trajera hoy al Pleno, porque se logró la unanimidad de todos los grupos parlamentarios hace escasamente tres semanas en la Comisión de Agricultura, donde presentamos una enmienda, la misma que hemos presentado hoy aquí, ya que se trata del mismo texto que se presentó hace pocas semanas en la Comisión de Agricultura. Por lo tanto, hemos seguido el mismo proceso que en la Comisión. Para nosotros es muy importante el sector del aceite de oliva, porque está pasando por un periodo muy crítico, y siempre estaremos de acuerdo con todo lo que sean ayudas para mejorarlo. No voy a reproducir lo que dijimos en la Comisión, porque para eso podemos remitirnos tranquilamente al "Diario de Sesiones". Simplemente quiero recordar esta enmienda que fue recogida en su día, donde instamos al Gobierno a que en el marco de sus competencias añadiera un punto. En un principio la habíamos presentado como enmienda de sustitución, pero en la Comisión se aceptó como enmienda de adición para que el Gobierno pusiera en marcha en el marco de sus competencias un programa de medidas de apoyo a la promoción del sector del olivar y del aceite de oliva en el mercado interior, así como en los mercados internacionales. Hemos visto que el Grupo Parlamentario Socialista se ha hecho una autoenmienda en donde se recogen ya los puntos de la Comisión.
Por lo tanto a nosotros no nos queda nada más que esperar que se cumpla esta proposición no de ley. Ya que la hemos repetido dos veces, en Comisión y en Pleno, estaremos expectantes de que este mismo Grupo Socialista, que tiene tanto interés en presentarla repetidamente, se encargue también de que el Gobierno llegue a cumplir del todo su contenido.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Tarruella.


En el turno de fijación de posiciones el Grupo Parlamentario Mixto no ha manifestado su intención de intervenir. Pasamos, por tanto, al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y en su nombre tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.


Me sumo a la perplejidad demostrada o hecha patente por otros grupos. Si había ya una proposición no de ley aprobada en Comisión por unanimidad, se nos antoja curioso que hoy tengamos que volver a debatirla. Salvo que queramos asistir a un golpe de efecto mediático o a cualquier otra razón, se nos escapan, insisto, los motivos por los que estamos hoy debatiendo otra vez la misma proposición no de ley con algún pequeño cambio en su redacción. En el Pleno tenemos ya una autoenmienda que casi triplica los puntos en los que se instaba al Gobierno; pasamos de cinco a catorce, casi todos préstamos. Yo no diría que son filibusterismo parlamentario -no voy a utilizar ese vocabulario-, pero en cualquier caso es sorprendente y, por tanto, esa autoenmienda es muy, muy curiosa. De todas formas, como compartimos la preocupación por el sector, evidentemente votaremos a favor, pero, eso sí, recordando al Grupo Socialista que en lugar de hacer estos esfuerzos de autoenmendarse con tanta intensidad, seguramente sería más positivo instar realmente al Gobierno a que se cumpla aquello que ya estaba aprobado, ya que nos ahorraríamos espectáculos que no son necesarios.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.


Con su permiso, haré mi intervención desde el escaño. Yo también seré muy breve. Creo que los tres representantes de esta bancada estamos de acuerdo. Estamos incluso de acuerdo con la autoenmienda, pero con todo el cariño, señor Reyes, no nos parece serio traer de nuevo al Pleno lo mismo que ya llevaron a Comisión. Hace tiempo ya que les comentamos que el Grupo Socialista estaba pobre de ideas, que se estaban trayendo cosas que no estaban aportando demasiado. En este caso no voy a decirlo, pero es que el tema pasa a ser el doble salto mortal cuando ya traemos cosas repetidas. Si lo que vamos a pretender aquí es que se gobierne a base de decretos y de proposiciones no de ley, vamos a seguir así, pero creo que hace falta un poco más de iniciativa del Grupo Socialista, proyectos de ley en vez de proposiciones no de ley repetidas. Sé que usted me dirá que no es lo mismo, pero, si son la suma de las enmiendas de otro grupo y la traemos aquí convertida y después nos autoenmendamos, nosotros la vamos a apoyar, no tengo ningún problema, aunque nos parece poco serio. Por otra parte, no nos vamos a enzarzar en quién da más entre el

Página 24


Grupo Popular y el Grupo Socialista, entre yo pongo dos puntos más, yo tres más, a ver quién defiende mejor y más al sector olivarero. No vamos a entrar en los combates de esgrima del PP y del PSOE, que se enzarzan en todos los lados menos en una comunidad, y ya sabe usted en cual.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.


Señor Reyes, es su turno para aceptación o rechazo de las enmiendas que se han presentado a esta proposición no de ley.


El señor REYES MARTÍNEZ: Sí, señora presidenta. Aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Hablando de falta de ideas y de copiar...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No, señor Reyes. Usted sólo tiene la palabra para aceptar o rechazar las enmiendas.


El señor REYES MARTÍNEZ: Digo que también aceptamos la enmienda del Grupo Popular al punto 4, que es la que ha presentado el Grupo Socialista, y la enmienda al punto 10, que es la misma que ha copiado de Convergència i Unió.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perfecto. Muchas gracias.
Se lo agradezco, señor Reyes.


Votaremos la proposición no de ley en los términos de la autoenmienda del Grupo Socialista con los añadidos que ha anunciado el señor Reyes.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL RÉGIMEN DE CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO POR ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDORES DE COMIDAS Y BEBIDAS AL SERVICIO DE LA PLAYA, CONOCIDOS COMO "CHIRINGUITOS". (Número de expediente 162/000420.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al régimen de concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa, conocidos como chiringuitos. Para su defensa tiene la palabra el señor Floriano.


El señor FLORIANO CORRALES: Señora presidenta, señoras y señores diputados, nuestra iniciativa pretende paralizar las actuaciones tendentes a desalojar los chiringuitos de las playas. Pretende que se renueven sus concesiones como se viene haciendo con arreglo a la Ley de Costas y al reglamento vigente. Además queremos que se ponga en marcha un plan para su modernización, como exige cada día una oferta y una demanda más competitiva, más exigente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Presentamos esta iniciativa porque la actuación de las demarcaciones de costas, las declaraciones de los responsables del ministerio, en definitiva la actuación del Ministerio de Medio Ambiente, ha generado una gran inquietud en todo el sector que se ha visto acompañada por una ambigua actitud del Partido Socialista, que pone en cuestión la continuidad de los chiringuitos en las playas, con ambiguas llamadas al diálogo y ambiguas llamadas al estudio caso por caso. Si lo que se quiere es apoyar la continuidad de los chiringuitos en las playas solamente hay que hacer una cosa, que es seguir interpretando y aplicando la Ley de Costas y el reglamento como se ha venido haciendo durante los últimos años, como se hizo en la época de los gobiernos de Felipe González, e interpretar la ley como se hizo en la época de los gobiernos del presidente Aznar. Sin embargo, tenemos la impresión de que lo que se pretende es que se dialogue hoy para quitarlos sin jaleo y que se estudie caso por caso para quitarlos uno a uno. Esa impresión ha venido confirmada por la enmienda de sustitución que el Grupo Socialista ha presentado.


Es una enmienda de sustitución que quiere que se estudie la situación, que se siga dialogando, que se creen comisiones de estudio. La cuestión es hasta cuándo quieren que se estudie la situación, cuándo quieren comenzar a crear las comisiones o hasta cuándo quieren seguir dialogando. Estamos a 9 de junio, ya casi en plena temporada. Tenemos la impresión de que no se quiere resolver el problema, sino que después de crearlo se pretende aplazarlo y en definitiva seguir generando una gran inquietud en todo un gran sector. La pregunta es por qué no quieren que las familias puedan vivir y ganarse la vida honradamente realizando una actividad con arreglo a la ley. Esa es la pregunta que me gustaría que respondieran. ¿Por qué a alguien del ministerio, a alguien en el Grupo Socialista, a alguien en el Gobierno Socialista se le ha ocurrido ahora que las familias, que las mujeres, que los hombres que viven cerca de la playa y que llevan años viviendo de esta actividad, no se sigan ganando la vida como lo vienen haciendo? No hay ni razones jurídicas, ni razones medioambientales, ni por supuesto razones económicas que puedan llevar a las decisiones que ustedes han tomado. Ni la Ley de Costas ni su reglamento prohíben que los chiringuitos estén en la playa, entre otras cosas porque un chiringuito, por su propia naturaleza, no puede estar en otro sitio que no sea la playa, porque si no está en la playa deja de ser un chiringuito para convertirse en otra cosa. Es la propia Junta de Andalucía la que en su nomenclátor los define como establecimientos dedicados a prestar servicios de restauración en las playas; es la propia Ley de Costas la que los define y los concibe como instrumentos para

Página 25


prestar un servicio de restauración en las playas y la que dice que su régimen concesional no signifique que haya que poner fin a su actividad.
Es la propia Ley de Costas la que dice cómo tienen que situarse en la playa; es la propia Ley de Costas la que dice el tamaño que tienen que tener, pero en ningún sitio se prohíbe su permanencia en la playa. Son los propios convenios internacionales, por cierto, los que obligan al Estado español a defender lo que forma parte de nuestro patrimonio cultural y material; convenios firmados por el Gobierno español que nos obligan a proteger un uso social, como es precisamente el de ir a la playa. Como les decía, no hay razones medioambientales, porque la propia Ley de Costas los garantiza como un instrumento que presta servicios a los que el servicio público no puede llegar; y por supuesto no hay razones tampoco de carácter económico.


Creo que el Gobierno, con sus propuestas, con sus afirmaciones, adopta medidas contrarias al empleo. En lugar de dar seguridad y confianza a un sector competitivo que genera miles de puestos de trabajo para que invierta, para que siga generando empleo, ustedes se dedican a generarle incertidumbre, inseguridad, en definitiva a no darle la tranquilidad suficiente para que desarrolle su trabajo como es debido. El sector turístico necesita de instrumentos para poder luchar contra la estacionalidad, contra la precariedad, la inestabilidad y la incertidumbre, y con esto se está haciendo exactamente lo contrario. Hay que defender nuestro patrimonio natural costero, como dice la Ley de Costas, con una política que tenga como objetivo la defensa de su equilibrio y la protección de sus virtualidades naturales y culturales, garantizando su uso y su disfrute a todos. Son por tanto los chiringuitos un bien que hay que proteger, como dice la propia Ley de Costas; proteger su propia naturaleza, donde se dice que tienen que estar, que es en la playa. Señorías, no tienen ningún motivo para hacer lo que están haciendo, ni mucho menos para decir en Andalucía, en Castellón, en Baleares o en otros sitios de la costa española que van a defender que los chiringuitos sigan en la playa, cuando luego con las iniciativas que presentan aquí lo que pretenden es enredar, aplazar el problema que ustedes mismos generan para que la gente no se pueda seguir ganando su vida honradamente y con arreglo a la ley en la playa. Les pido que rectifiquen apoyando la iniciativa que nosotros presentamos y retirando su enmienda de sustitución, que hoy por hoy carece de sentido y es un engaño manifiesto a lo que ustedes dicen que van a hacer cuando están delante de la gente que se gana la vida honradamente en las playas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Floriano.


En primer lugar, para la defensa de las enmiendas presentas, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Montserrat Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Muchas gracias, señor presidente. Si me permite, voy a intervenir desde el escaño muy brevemente.


La iniciativa presentada por el Grupo Popular nos permite traer a colación una petición reiterada por mi grupo parlamentario y que finalmente hemos materializado en una enmienda a la proposición no de ley. En concreto, lo que reiteradamente pedimos es que se traspase a la Generalitat de Catalunya y a las comunidades autónomas que así lo contemplen en sus estatutos la totalidad de las competencias que le corresponden relativas a ordenación del litoral. Esta es una cuestión muy importante para mi grupo parlamentario y que, evidentemente, está estrechamente relacionada con el tema planteado por el proponente. Además, la cuestión que suscita la iniciativa parlamentaria que ahora estamos debatiendo tiene como cuestión de fondo un tema importante, como es el principio de subsidiariedad. Aquí consideramos que la Administración del Estado en determinados casos debería dejar en manos de la administración más cercana la ordenación del litoral, porque es la que realmente conoce la situación y el contexto en el que están ubicados los chiringuitos a los que ahora estamos haciendo referencia; por lo tanto tema competencial.
Por otra parte, por el principio de subsidiariedad o de proximidad deberían ser las comunidades autónomas en coordinación también con los municipios afectados las que resolvieran estas problemáticas. Hasta el momento hemos estado hablando con el grupo proponente; estamos dialogando y por lo tanto esperamos que nuestra enmienda sea aceptada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Díaz.


La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, presento en nombre de mi grupo la enmienda de sustitución que ofrecemos a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. La primera razón por la que presentamos esta enmienda es porque mejora la iniciativa del grupo proponente, puesto que tiene en cuenta el marco competencial de cada una de las administraciones y también las sitúa en la realidad contextual en la que nos encontramos. Señorías, los chiringuitos son establecimientos que generan empleo y negocio; un ejemplo. Solo en las provincias de Granada, Málaga, Huelva y Cádiz generan 40.000 empleos y facturan anualmente alrededor de 500 millones de euros. Tienen una peculiaridad: se ubican en un espacio singular, natural, que hay que proteger y conservar, por tanto

Página 26


hemos de buscar el equilibrio entre la protección de nuestro entorno y el desarrollo de la actividad. ¿Qué quiere hacer el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino? ¿Erradicar los chiringuitos? Rotundamente no. Lo que se pretende es regularizarlos buscando alternativas que hagan posible compatibilizar el mantenimiento de la actividad económica y social con el requerimiento de protección medioambiental para que se cumpla la Ley de Costas. Hay chiringuitos que no tienen concesiones, que tienen concesiones caducadas, y otros que sí las tienen, y regularizadas. ¿Qué se está haciendo entonces? Un censo con la totalidad de las instalaciones, estudiando municipio por municipio, chiringuito por chiringuito y caso por caso, elaborando un informe que propone alternativas y soluciones en colaboración con los ayuntamientos y con los sectores afectados y dentro del respeto a la ley. No se está intentando desalojar estos establecimientos de las playas, como se ha dicho. Se está procediendo a la tramitación de las solicitudes de concesión presentadas que, naturalmente, para ser otorgadas deben cumplir la Ley de Costas. Por tanto, los establecimientos que se encuentran en medio de la playa, en la arena, deben reubicarse según recoge la Ley de Costas, pero esto no quiere decir necesariamente que hayan de salir de la arena sino que en aquellos sitios en que exista paseo marítimo, que exista terreno colindante se podrán ubicar allí. ¿Qué ocurre si no hay paseos marítimos o terrenos colindantes? Que se podrán situar en la arena, pero no en el centro de la playa, sino adosados al límite interior de la misma. De hecho, se están dando esas concesiones, pero no lo sabéis porque no estáis hablando con nadie del sector.


Quiero reconocer aquí la actitud de colaboración del sector empresarial de los chiringuitos. Queremos agradecer su disposición por ser los primeros en comprender que no se puede ir en contra de la ley, que no se puede ocupar un lugar de forma indebida y que hay que tener un servicio regulado cumplidor con el medio ambiente, como lo hacen la mayoría de los propietarios de chiringuitos. A estos chiringuitos queremos darles seguridad, calidad y garantía. Junto con el sector empresarial tenemos muy claro que hay que buscar una solución estable y duradera con comunidades autónomas y con ayuntamientos; juntos debemos confrontar ideas y alcanzar acuerdos. De ahí nuestra enmienda, que es bastante larga. Quiero centrarme en el último punto, porque es un objetivo a cumplir de una proposición no de ley salida del Parlamento de Andalucía, que es la promoción de una comisión, una mesa de seguimiento entre la Administración central, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y los sectores afectados, que vele por el cumplimiento de la Ley de Costas y que posibilite a su vez un servicio al público de máxima calidad, con seguridad y garantía.


Resumo, el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando con el objetivo de regularizar los establecimientos que no se han acogido a la ley, buscando alternativas para que puedan continuar la actividad, colaborando con las administraciones competentes, con los sectores, pero conforme a la legalidad vigente. El camino ya está emprendido; ya se viene trabajando y se va a continuar haciendo, y estamos seguros, muy seguros, de que se va a concluir muy pronto y bien. Aunque el tema está a punto de resolverse en su totalidad, ya que el Grupo Popular ha traído esta proposición no de ley, vamos a aprovecharla. Ustedes generan alarma social, ustedes hacen pura demagogia y no están en la realidad de este tema. Cuando se solucione en poco tiempo los ciudadanos verán lo poco que les importa de verdad a ustedes salir, así como estas personas que están viviendo esta situación. Si de verdad queremos dar esa importancia social, económica y laboral a los chiringuitos, regulando su situación conforme a la Ley de Costas y haciendo de ellos unos productos de máxima calidad, eso se tiene que notar hoy aquí. Si está siendo posible el consenso entre las distintas administraciones y el sector, debe ser mucho más fácil llegar a un acuerdo entre los grupos de esta Cámara. Eso esperamos y eso deseamos desde el Grupo Parlamentario Socialista y con esta enmienda queremos contribuir a ello.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Díaz.


Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, los periódicos de Canarias de hoy abren con una noticia que dice: La Audiencia Nacional impide el derribo de 280 viviendas en La Bombilla. Este es un lugar cercano al litoral, que se vio afectado por la aplicación de la Ley de Costas. Antes fue Chovito en Tenerife y Fuencaliente en La Palma. Esto no es más que la demostración de una política sectaria, prepotente del anterior Ministerio de Medio Ambiente, cuyo ariete fundamental en Canarias era el director general de Costas, el señor Fernández, quien aplicó de manera sectaria y exclusivamente en función de intereses electorales del Partido Socialista la Ley de Costas en lo que respecta al territorio de Canarias. Lo hizo exclusivamente por intereses electorales, sin importarle incluso situaciones familiares, problemas de salud de algunas personas y, sobre todo, historia y tradición de muchos pueblos. Señorías, Coalición Canaria no habla de ilegalidad, no habla de incumplimiento de la Ley de Costas. Lo que Coalición Canaria planteó es lo mismo que acaba de decir la portavoz del Grupo Socialista en relación con la enmienda que han presentado.
Coalición Canaria, por medio del entonces senador Ricardo Melchior, presidente del Cabildo de Tenerife, planteó un consenso entre el ministerio, los cabildos insulares, las comunidades autónomas y los ayuntamientos que permitiera aplicar

Página 27


de manera exactamente igual la Ley de Costas y no de una manera discriminatoria, no de una manera sectaria, no de una manera prepotente, como se planteó por el director general de Costas. Recuerdo que la ministra en aquel momento aceptó esa propuesta y está recogido en el "Diario de Sesiones" del Senado de la legislatura anterior. Por tanto hoy tiene poca credibilidad parar esta iniciativa para crear esas comisiones, porque fueron planteadas desde Canarias pero no se crearon nunca. En las reuniones que se celebraron jamás se llegó a conclusiones, se siguió aplicando la política sectaria por el Gobierno. Era una política, señorías del Grupo Socialista, que permitía que por la construcción de un paseo innecesario se pudiera tirar la caseta de un ciudadano, que formaba parte de la historia y del paisaje de aquel asentamiento en el litoral, pero otro paseo era modificado en otro municipio colocando incluso sus columnas en el interior de las aguas del mar para salvar un chalé. Esa es la aplicación que ustedes han hecho en estos años de esta Ley de Costas, por eso decimos que no tienen credibilidad cuando hablan en esas propuestas de la creación de comisiones. En su día lo planteamos en el Senado en la legislatura anterior, pero nunca se nos hizo caso, sino que más bien se aplicó de manera caprichosa esta ley en Canarias, atendiendo razones exclusivamente electoralistas del momento del Partido Socialista y en función también de quien gobernara en cada una de las instituciones municipales cercanas a donde estaban estas ubicaciones en el litoral. Por eso Coalición Canaria va a apoyar la iniciativa presentada hoy por el Grupo Popular y va a hacerlo con la convicción de que es algo justo, no solo por los puestos de trabajo que se están creando con los chiringuitos, nuestros quioscos en Canarias, porque no solo son los que se pueden salvar aprobando esta iniciativa, sino por la pena que nos queda de aquellos quioscos que en Canarias se tiraron por aplicación caprichosa de esta ley, por ese capricho de un director general que tenía por supuesto, como es lógico, entonces el amparo de un Gobierno y de una ministra. En definitiva, señorías, vamos a apoyar esta iniciativa. Espero que cuente con el consenso de la Cámara y que permita rectificar.
Rectificar es de sabios. Aunque no creemos en esa sabiduría, estamos seguros de que se podrá mejorar la aplicación de la ley o por lo menos que sea exactamente igual para todos los ciudadanos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente. Intervendré desde el escaño, con su permiso, y seré muy breve.


Solamente quiero manifestar dos cuestiones. Por una parte, nosotros estamos de acuerdo con el fondo de la proposición que plantea el Grupo Popular. En un principio estamos de acuerdo con que se aplique la Ley de Costas de aquella manera que no perjudique la actividad económica que estos chiringuitos ejercen, pero también somos partidarios de que la playa tampoco se desfigure, no pierda su valor, de que todo el carácter de naturaleza que tiene la playa se siga manteniendo. Creo que son elementos que pueden ser compatibles entre sí. No creo que debamos acudir al todo o a la nada, habría que buscar cuestiones en las que se pueda llegar a acuerdos y consensos.


Por otra parte, estando nosotros de acuerdo -así se lo he dicho al propio portavoz del Grupo Popular- creemos fundamental la enmienda que ha planteado el Grupo de Convergència i Unió. Nosotros como grupo nacionalista vasco defendemos claramente la gestión de todas estas cuestiones desde los ámbitos autonómicos y por tanto creemos fundamental que se acepte esta enmienda por el grupo proponente. Por tanto, estando de acuerdo con el fondo de la cuestión y creyendo que es interesante el camino que se emprende -precisamente en un tema como el de los chiringuitos, que en muchas playas genera mucha actividad económica y no solo esto sino que es también parte de la cultura de muchos lugares, llegue a donde debe ser transferida y no lo es o en aquellas cuestiones en las que aun siendo transferida no se está ejerciendo-, el partido proponente debería aceptar la enmienda de Convergència i Unió. Por tanto, si se acepta votaremos a favor, si no se acepta nos abstendremos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Para fijar posición por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente, también desde el escaño.


En primer lugar quiero decir que sobre este tema versan, como ha dicho la portavoz de Convergència i Unió, algunos artículos del Estatuto de Cataluña, entre otros el 149.3. En esta materia, pese a que algunos han recurrido dicho Estatuto ante el Constitucional, hay acuerdo ya entre el Estado y la Generalitat de Cataluña para que en la gestión de los títulos de ocupación y uso de dominio público marítimo terrestre, especialmente en las autorizaciones y en las concesiones de obras fijas al mar, sea la Generalitat quien tenga la competencia, reconociendo lo que establece el Estatuto. Por tanto lo que traslada Convergència i Unió al Grupo Parlamentario Popular es que estos casos se han solventado entre la Generalitat y el Estado, y entendemos que se deberían respetar todos los estatutos que así lo establezcan.


Segundo elemento. Nos parece interesante la reflexión del Partido Popular, pero esa reflexión se tiene que hacer

Página 28


con respeto a la Ley de Costas y al medio ambiente. Tiene que haber un justo equilibrio. De hecho, este no es un debate nuevo en el parlamentarismo, y lo digo así porque en el Parlamento de Andalucía -y lo he podido leer- se discutió en comisión esta materia el 18 de marzo de este mismo año, y allí se reconoció la función de los chiringuitos en el conjunto del Mediterráneo, concretamente en Andalucía. Se decía que quizá el chiringuito de playa sea la oferta más democrática de nuestro litoral, porque todo el mundo puede acercarse al mismo, y seguramente sea cierto.
Lo que ha sorprendido a nuestro grupo parlamentario, como mínimo, ha sido que en el Parlamento andaluz fuese posible el acuerdo y en esta Cámara no lo haya sido.


Sabemos de la importancia de los chiringuitos en el conjunto del Mediterráneo. De hecho yo vengo de una ciudad, Barcelona, que tenía chiringuitos, los de la Barceloneta, y que desde el año 1992 ya no los tiene. También se ubicaban en la tradición de la gente de la Barceloneta, y hoy esa tradición se ha cambiado. Lo digo porque no todas las tradiciones tienen por qué ser inamovibles, se pueden adecuar a los tiempos, no está de más, pero dicho esto sabemos que a la vez esta actividad ocupa a mucha gente. Lo ha dicho la portavoz socialista, y así se citó en el debate que hubo en el Parlamento andaluz: 40.000 empleados, con un volumen de centenares de millones de euros. Es cierto. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

¿Qué es lo que nos preocupa? Entendemos que se tienen que proteger estos puestos de trabajo, que se tiene que hacer con flexibilidad, pero a la vez se tiene que hacer adecuándose a la Ley de Costas y al respeto al medio ambiente. Existen hoy muchos ayuntamientos que ya están alterando la situación de merenderos o chiringuitos. En el debate que se produce en el Parlamento andaluz así se acredita. Se pone el ejemplo de Málaga donde las antiguas marendas, que eran los espacios donde se distribuía el pescado recién traído del mar, hoy se han convertido en chiringuitos -me he puesto al día, como pueden ver-; el Ayuntamiento de Málaga está haciendo estos deberes. El problema es el peligro que corría esta actividad, y parece que hoy se está avanzando para solucionar esa incertidumbre, aunque con carencias. Este debate debería servir por tanto para que el Gobierno haga los deberes. Un elemento fundamental para nosotros es que esto se haga con la competencia de la comunidad autónoma, porque es esta la que mejor puede gestionar situaciones como estas, precisamente por el criterio de proximidad. Quiero ver qué pasa con la enmienda de Convergència i Unió y la flexibilidad del señor Floriano en torno a la misma. La verdad es que tengo una curiosidad más que sana para ver qué pasa.


Por último entendemos que es fundamental que haya una colaboración entre Estado y comunidad autónoma, especialmente la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, y las excepcionalidades -si tienen que serlo- han de respetar la ley. Por eso ya le digo al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que por diversos motivos ambientales y de protección del medio ambiente no le vamos a dar apoyo, pero a la vez esperamos que la aplicación de la ley se dé con toda la flexibilidad, el rigor y el apoyo a un sector económicamente potente y que ocupa a mucha gente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.


Señor Floriano, es su turno para aceptación o rechazo de las enmiendas.


El señor FLORIANO CORRALES: Gracias, señora presidenta.


Lamento no poder aceptar ninguna de ellas.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Floriano.


Pasaremos por tanto a votación la proposición no de ley en los términos en que ha sido presentada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA DÍEZ), SOBRE LA NECESIDAD DE CONVOCAR A LOS AGENTES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS PARA QUE DESDE UN DIAGNÓSTICO COMÚN SE FORMULE UN PACTO DE ESTADO QUE NOS PERMITA ENFRENTAR CON GARANTÍAS DE ÉXITO LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL QUE ATRAVIESA ESPAÑA. (Número de expediente 173/000074.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A continuación pasamos al punto IV del orden del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar la del Grupo Parlamentario Mixto sobre la necesidad de convocar a los agentes sociales, económicos y políticos para que, desde un diagnóstico común, se formule un pacto de Estado que nos permita enfrentar con garantías de éxito la crisis política, económica y social que atraviesa España.


Para defender esta moción en nombre de su grupo parlamentario tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, una vez más subo a esta tribuna para insistir en la necesidad de impulsar de manera urgente un pacto de Estado para enfrentarnos con garantías de éxito a la grave crisis económica y social que sufre nuestro país. Un pacto de Estado, señorías, es como todos ustedes saben bien mucho más que ir tejiendo acuerdos puntuales sobre determinadas medidas económicas, financieras o de empleo; un pacto de Estado requiere por definición

Página 29


un amplio acuerdo, un consenso amplio sobre la situación actual, sobre las causas por las que se ha llegado a ella, y sobre las propuestas para superarla. Un pacto de Estado nos concierne a todos: a los partidos políticos, a los agentes económicos, a los agentes sociales y a las comunidades autónomas, a todos y a la vez; insisto, a todos y a la vez, y por supuesto al Gobierno de la nación. Un pacto de Estado requiere pues de un diagnóstico común, un diagnóstico que nos permita, a partir de su concreción, impulsar todas las políticas que nos ayuden a salir de la crisis en el menor plazo posible, y con el menor coste económico y social para nuestro país y para nuestros ciudadanos.


Definido el instrumento no creo que necesite mucho esfuerzo para argumentar sobre la necesidad de poner en marcha el mismo. Ningún Gobierno puede enfrentarse a una crisis económica y social trayendo a la Cámara semana tras semana iniciativas que desmienten las que trae la semana posterior. El Gobierno debe reconocer con humildad que se ha equivocado en la estrategia y en la táctica. Es hora de que reconozca que esta situación supera la capacidad de cualquier Gobierno, y que las consecuencias de su negativa a aceptar la necesidad de un gran acuerdo las están pagando los más débiles. Cuando nuestro país suma 4 millones de parados, cuando más de un millón de ellos ya no cobra ningún tipo de subsidio, cuando el paro juvenil y femenino más que duplica la media de la Unión Europea, cuando en solo tres meses se ha reducido el superávit de la Seguridad Social en 7.207 millones de euros, cuando el Banco de España ha estimado que el déficit público será del 8 por ciento hasta 2010, cuando el Fondo Monetario Internacional ha anunciado que la deuda pública española puede dispararse hasta el 80 por ciento en el próximo año -el doble que en el año 2007-, solo cabe reaccionar colectiva y urgentemente.


Todas las cifras, señorías, tienen rostro; detrás de cada una de ellas se esconde un ser humano que sufre y se desespera ante la falta de expectativas. A nadie se le oculta que muchos trabajadores arrojados al desempleo están notoriamente endeudados por el alto coste de las viviendas, y por la disminución real y constante de los salarios laborales en comparación con las rentas de capital, y es que hemos de recordar que durante el periodo de crecimiento económico en España han crecido las desigualdades de renta y por tanto la desigualdad social. El periodo de crecimiento económico ha favorecido a los grandes monopolios empresariales y financieros, y ha perjudicado a las pequeñas y medianas empresas así como también a los trabajadores. Tenemos el gas, la electricidad y los derivados del petróleo antes de impuestos más caros de Europa; tenemos las comisiones bancarias y los tipos de interés más altos de la eurozona. Por el contrario, mientras suben las rentas de capital, las rentas del trabajo han bajado hasta un mínimo histórico, el 46 por ciento de nuestro producto interior bruto, más de 10 puntos por debajo de la media europea. A la vez España recibe un nuevo suspenso en educación, uno de los instrumentos más cohesionadores, más igualitarios y más competitivos que tiene en sus manos cualquier país. Añadamos el dato de nuestra dependencia tecnológica, que no ha hecho sino aumentar en los últimos treinta años. Casi toda la tecnología -les recuerdo- incorporada en máquinas y equipamientos que se instala en España es de producción extranjera; y del escaso número de empresas innovadoras que existen en nuestro país, según el INE, solo el 28,2 por ciento tenía tal consideración a nivel europeo en el año 2004, y en 2007 -la última estadística publicada por ese instituto- esta cifra ha caído al 25,9 por ciento, siendo la media europea del 50 por ciento. Para confirmar lo que debemos hacer bastaría con reflexionar sobre estas cifras, sobre estos datos. ¿Qué hay que hacer? Darnos prisa en actuar con medidas que vayan al corazón de la crisis, que no sean meros acuerdos puntuales, meros arreglos, meras tiritas para paralizar, para parar esta hemorragia social, económica y de empleo.


Señorías, ya ha pasado la campaña electoral -por lo menos la última-, esa en la que parecía que los dos grandes partidos políticos de esta Cámara no tenían ninguna posibilidad de ponerse de acuerdo prácticamente en nada. Creo que lo que los españoles demandan de nosotros en esta situación es ahora precisamente lo contrario -diría que ahora y siempre, pero vamos al ahora-: que tejamos grandes acuerdos para defender lo que nos une, lo que es de todos. Si hace apenas un mes debatimos en esta Cámara a propósito del estado de la Nación, sin la unanimidad necesaria para que el Gobierno hiciera suya la propuesta que su grupo parlamentario no había votado, planteada y defendida por Esquerra Republicana, hagamos hoy el esfuerzo para que esta rectificación se produzca. No es una propuesta partidaria la que les hago, es en interés de todos. Por eso, en defensa del interés general, en defensa de todos y para favorecer el acuerdo, les he ofrecido a los tres grupos enmendantes, a Esquerra Republicana, al Partido Popular y al Partido Socialista, una enmienda transaccional que recoge en lo esencial el contenido de las propuestas que me han planteado. Sería algo verdaderamente útil para enfrentarnos con la crisis económica y social que sufrimos, para favorecer la competitividad, el empleo de calidad y el reequilibrio en la distribución de la renta y la riqueza, y también, por qué no decirlo, para devolver la confianza a los ciudadanos que pudiéramos hoy en esta tarde alcanzar este pacto. Haríamos un trabajo en defensa del interés general, un trabajo que los ciudadanos demandan de nosotros los políticos, un trabajo que quizá lograra, no solamente por el acuerdo de hoy, sino por su efectividad de mañana, si así lo considera el Gobierno de la nación y hace caso a la resolución que podamos adoptar, un acuerdo que serviría, insisto, para que los ciudadanos volvieran a tener confianza en la política, en los políticos y también en esta Cámara.


Muchas gracias.


Página 30


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.


A esta moción se han presentado enmiendas por parte de tres grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender la del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señora Díez, aunque los datos de la evolución del desempleo han mejorado levemente estas últimas fechas, de lo cual evidentemente nos alegramos, la evolución del PIB no deja de ser testaruda e ignora hoy por hoy aquellos brotes verdes de los que hablaba la vicepresidenta económica del Gobierno hace algunas semanas. Estamos ante una reciente caída histórica de casi el 3 por ciento. No en vano los signos de recuperación económica que vislumbra y atisba el Banco Central Europeo para algunos países de la eurozona, para la mayoría de ellos, topan con una clamorosa excepción en el caso del Estado español porque, señorías, llevamos ya hasta tres trimestres consecutivos con una economía que se contrae. Sin ánimo de ser agoreros, la caída de la demanda interna, del consumo es muy pronunciada, casi del 5 por ciento, y además no se ve compensada con la aportación positiva del sector exterior; las familias continúan dudando y retrasando sus decisiones de compra, lo cual demuestra por cierto la nula efectividad política, pero sobre todo también el nulo contenido contracíclico de algunas medidas adoptadas por el Gobierno, como la llamada política de cheques. Es más, la tasa de ahorro sigue creciendo hasta límites casi propios de países como China, lo cual es relevante porque como ustedes saben, señorías, la parálisis en el consumo afecta a la evolución general del conjunto de la economía, pero también endurece las condiciones financieras para el otorgamiento del crédito por parte de las entidades financieras, aunque sigan paradójicamente bajando los tipos de interés. Hasta aquí el diagnóstico.


No basta, como hizo el presidente del Gobierno recientemente, con venir a esta Cámara y decir que va a impulsar un nuevo modelo económico sin decir cuál. El cambio de patrón de crecimiento económico no se hace simplemente cambiando a ministros o remodelando el Gobierno. Las reformas siempre son dolorosas, pero deberán evitar no ya el dolor, sino el drama futuro, pensando por ejemplo en las pensiones, porque está bien defender que no haya recortes sociales, pero de seguir así ¿de dónde van a salir los recursos? Sin reformas puede que salgamos de la crisis, aunque es ciertamente improbable, y puede ser que nuestra economía crezca al mismo ritmo que en el pasado, con más paro, con una producción baja y con salarios bajos, pero hay otras formas de crecimiento económico que son preferibles. La adopción de reformas por tanto es necesaria. Todo el mundo la pide: la izquierda, la derecha, el centro, los medios de comunicación, los sectores afectados. No hay por tanto razón para postergarla. Creo que la recuperación económica se vincula no solo a las expectativas de mejora que puedan dar los distintos sectores económicos, sino también a las respuestas políticas ante la crisis de que seamos capaces. Para ello hay que llegar a unas bases para el consenso, que es ni más ni menos que ese pacto de Estado al que alude la moción que presenta la señora Díez.


Nuestro grupo, como se ha dicho, ha presentado una enmienda cuyo objeto es que esta Cámara urja al Gobierno a impulsar un pacto de Estado para las reformas estructurales, en la línea en que ya hizo en el pasado debate sobre el estado de la Nación. Quiero recordar además en este contexto que ya hace un año el propio presidente del Gobierno comprometió una mesa para las reformas estructurales; nunca más se supo. Luego también habló de unas reformas laborales que, por lo que sabemos, discretamente se han llevado a la mesa para el diálogo social con agentes sociales y económicos. El presidente del Gobierno anunció también en la última sesión de control consultas a los distintos partidos; no hemos sabido nada más, quizá por no dar oxígeno a la oposición. Insistimos en la lógica de ese pacto de Estado. Lo único que pretendemos a través de esta enmienda es recordar que surge de un mandato anterior de esta Cámara.


Quiero finalizar diciendo que si hasta ahora el milagro económico ha sido, creemos, un espejismo de futuro que ha tenido cosas positivas -la apertura económica, la expansión del mercado de trabajo, un salto en infraestructuras, una competitividad en algunos sectores-, al fin y al cabo no deja de ser, como he dicho, un espejismo, puesto que se basaba en la convicción de que se podía sostener ese crecimiento sin reformas, sin un incremento sustancial de la productividad, de la competitividad, sin mejorar la formación, sin reformas en sectores estratégicos como el transporte y la energía. Por tanto, señorías, es la hora de las reformas, es la hora del acuerdo. Esperamos que el presidente del Gobierno convoque, como ya ha dicho en alguna otra ocasión, a los distintos líderes parlamentarios para hablar de esta cuestión.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO ARANEGUI: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señora Díez, la verdad es que lo primero que sentí cuando leí esta iniciativa fue sorpresa, porque es una iniciativa prácticamente calcada de las dos que ya se presentaron en forma de propuesta de resolución hace menos de un mes en esta Cámara, en este caso además procedente del mismo grupo, que no de la misma portavoz, que recoge además prácticamente el sentido de la

Página 31


misma enmienda que planteó ya el Grupo Socialista, y que constituyó los términos en que fue aprobada la enmienda que había presentado el portavoz de Unión del Pueblo Navarro. Por tanto estamos exactamente en el mismo debate, que debo decir que es bienintencionado, y que quiere hacer una declaración de intenciones que nadie puede dejar de compartir: que el Gobierno aborde la política económica buscando el máximo consenso entre todos. Esa es la obligación de cualquier gobierno democrático, desde luego la obligación también de cualquier gobierno en una democracia parlamentaria. Es verdad que no está de mas recordarle al Gobierno cuál es su obligación y qué es lo que tiene que hacer, y es evidente que nadie puede negarse a eso, pero también es cierto que la iniciativa llega un poco imbuida de un espíritu bienhechor, digamos casi un espíritu navideño, que no sé si se ajusta a lo que tiene que ser la profundidad del debate político a veces en términos, es verdad, un tanto duros, pero que no puede rehuir en ningún caso la realidad de las cosas. Usted valorará la oportunidad de reiterar la iniciativa y de cuántas veces tengamos que reiterarla en esta Cámara.


Es verdad, como decía el señor Ridao, que la situación económica es grave; es verdad que es necesario que podamos compartir un diagnóstico; es verdad también que podemos acordar unas bases para abordar la situación económica, pero me reconocerán que hasta ahora ha sido absolutamente imposible, empezando porque ha sido imposible acordar un diagnóstico.
Nosotros ya planteamos esto en el debate del estado de la Nación y en las propuestas de resolución que presentamos: si el diagnóstico son las previsiones del presupuesto, vamos a ver qué previsiones plantean ahora para el presupuesto del próximo ejercicio. Hasta ahora todo era un engaño, era algo alejado de la realidad. Por otra parte también es verdad que esta llamada al diálogo y al consenso resulta un tanto vacua, está un poco falta de contenido; nosotros hemos presentado antes, y también presentamos ahora, una serie de contenidos concretos, que entiendo son los que deben abordarse y que hacen referencia a algunas reformas que en nuestra opinión son inaplazables: la reforma de la educación, la reforma fiscal, la reforma del mercado de trabajo, la reforma del sector energético o el reforzamiento de la unidad de mercado, es decir, nos parece que no se puede hablar sobre el vacío, sino que habrá que iniciar un diálogo, y en todo caso la búsqueda del consenso sobre un compromiso concreto, porque si no puede que nos ocurra como está ocurriendo ahora con el diálogo social, que no hay iniciativa por parte del Gobierno, que el Gobierno no se quiere comprometer a nada, y que el diálogo deviene en una tertulia social, que es estéril y que no produce frutos para el conjunto de los ciudadanos.


Nosotros hemos creído en los pactos de Estado y los hemos venido ofreciendo desde el primer día de esta legislatura, y la verdad es que no ha habido una actitud constructiva por parte del grupo que apoya al Gobierno ni por parte del Gobierno, sino que más bien han tenido la actitud de hacerlo todo ellos solos, de buscar una soledad, de enrocarse en una posición soberbia, en una posición prepotente, como si Zapatero pudiera él solo resolver la crisis económica, pero ya se ha demostrado que él solo no arregla la situación económica, y que evidentemente él solo tampoco es capaz siquiera de arreglar la situación política.
Primero, no quiso ver la realidad económica del país, y eso nos ha llevado donde estamos, con 4 millones de parados; segundo, no ha querido ver la realidad política que hay en España y la soledad creciente que tenía en esta Cámara, y siguió negado al diálogo, al acuerdo y al consenso. Eso le ha llevado también el domingo a ser derrotado en las elecciones, y a que haya perdido el apoyo de los ciudadanos españoles.
Por tanto, en la medida en que siga en esa posición todas estas propuestas que trasladamos con carácter tan bienintencionado no tendrán ningún futuro. Por eso, más allá de que no tengamos razones de fondo para oponernos a esto, insisto en que lo que debemos hacer es instar a que haya un cambio de actitud por parte del presidente del Gobierno, un cambio de actitud profundo por parte del Partido Socialista, que haya una voluntad clara y manifiesta de rectificar la política económica, un compromiso para decir la verdad a los españoles, sentar unas bases diferentes, y entonces podrá ser posible todo este deseo bienintencionado de pactos de Estado. Mientras tanto creo sinceramente que podemos seguir hablando de esto el próximo mes, pero créanme no soy yo...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Alonso, por favor, tiene que acabar.


El señor ALONSO ARANEGUI: Termino ya, señora presidenta. Pero créanme no somos ni mi grupo ni yo solamente los escépticos, son escépticos los españoles, que han dicho el domingo que si el presidente del Gobierno fracasa, ellos no quieren compartir su fracaso. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Alonso.


Por el Grupo Parlamentario Socialista en defensa de su enmienda tiene la palabra el señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señora presidenta, señorías, vamos a debatir esta tarde una moción que presenta la señora Díez con el fin de convocar a los agentes sociales, económicos y políticos para que desde un diagnóstico común se impulse un consenso que nos permita enfrentar, con garantías de éxito, la situación actual de crisis. Esta es una moción que ya se ha venido debatiendo a lo largo del debate que hemos tenido del estado de la Nación. Tres de las resoluciones aprobadas fueron en este sentido, lo que supone ya que hay un mandato al Gobierno y una declaración de intenciones asumida por este Parlamento, fruto sin ninguna duda de

Página 32


la sensibilidad que los diferentes grupos de la Cámara tenemos respecto de la actual crisis económica.


Llama poderosamente la atención que, habiendo transcurrido menos de un mes desde que se debatieron y aprobaron estas resoluciones, la señora Díez presente esta moción con prácticamente el mismo contenido. A pesar de ello mi grupo votará a favor porque estamos de acuerdo tanto en su contenido como con su intencionalidad, aunque hemos presentado una enmienda que matiza el mandato al Gobierno, y que después pasaré a explicar. La señora Díez parece dar a entender que el Gobierno es el causante de la situación de crisis, que no recurre a la vía del diálogo y a la negociación para abordarla, y que no ha hecho nada para combatirla ni para conseguir acuerdos en las soluciones. Desde nuestro punto de vista estas afirmaciones no son ciertas, señora Díez. La crisis económica sabe usted muy bien que tiene un origen y una repercusión internacional.
No es en nuestro país donde sus consecuencias están siendo más acusadas.
Lo que ocurre es que los efectos tienen que ver con las características de nuestro modelo productivo, de cada lugar en este caso y del nuestro en particular. La situación en España es relativamente mejor que la de los países de nuestro entorno en cuanto a la solidez de nuestras instituciones financieras, pero también es verdad que nuestra economía adolece de algunas debilidades estructurales que plantean enormes problemas en nuestro mercado de trabajo. Cada país tiene su propia matización respecto de la crisis. Realmente es complicado en estos momentos asumir que nuestra caída del PIB sea la mitad que la de Alemania, y que sin embargo nuestro desempleo sea el doble. Pero no hay nadie que pueda dudar que los alemanes tienen en este momento una estructura económica y una estructura del mercado de trabajo, en función del desarrollo que han tenido en los últimos años, radicalmente diferentes de las nuestras. Por eso es por lo que indudablemente hacer frente a la situación que tenemos no es fácil y no valen recetas milagrosas.


Sobre la necesidad de un diagnóstico común no debemos olvidar, señora Díez, que hemos tenido cinco debates monográficos: sobre la evolución de la crisis económica, con la comparecencia en la Cámara del presidente del Gobierno; tres más en los que el debate económico ha sido el principal tema, como consecuencia de los consejos europeos; y recientemente el debate sobre el Estado de la Nación. Por tanto el diagnóstico está hecho y debatido hasta la saciedad. Más de cuarenta horas debatiendo aquí en sede parlamentaria el problema de la crisis, el diagnóstico y las posibles alternativas. Pero cuando muchas veces se anteponen intereses partidistas e intereses electorales a las responsabilidades de Estado no hay posibilidades de llegar a un acuerdo. En consecuencia el problema no es la falta de debate, sino que no es fácil compartir con el resto de fuerzas políticas, dada la pluralidad ideológica de la Cámara, un número elevado de medidas. Sin embargo algunas sí se han compartido. Ahí tenemos el apoyo al sistema financiero, ahí tenemos las resoluciones presentadas en el debate del estado de la Nación, y ahí tenemos algunos acuerdos por unanimidad, la moción de 17 de marzo sobre autónomos y pymes, que ha dado lugar a un gran acuerdo, el 5 de mayo, con las organizaciones representativas del sector, que incluye el cien por cien de los puntos planteados en el debate del 17 de marzo, promovido por Convergència i Unió. Por tanto sí que avanzamos en ese sentido. Lo que pasa es que lógicamente no llegamos a los acuerdos que algunos miembros que me han precedido en el uso de la palabra consideran que se deberían de acordar, y nosotros consideramos que es posible seguir avanzando en ese debate.
¿Dónde? En el Parlamento. ¿Cómo? Con la claridad y la transparencia de la Cámara, cediendo las partes y combinándolo también con el diálogo social, un diálogo social que avanza con enormes dificultades, porque son enormes las dificultades que nos encontramos cada día, señor Alonso. Lo del diálogo social no es un debate de salón; es poner en común problemas y alternativas por interlocutores e intereses antagónicos...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Membrado, por favor.


El señor MEMBRADO GINER: Eso es muy complicado. Usted lo sabe porque ha sido gestor municipal y yo lo sé porque he sido gestor sindical. Eso es muy difícil. Es muy fácil subir a la tribuna, decir que no avanza el diálogo social y poner permanentemente palos en la rueda para que este no se produzca. Por lo tanto, señorías, mi grupo va a apoyar esta moción dejando bien claro que el Gobierno está trabajando en la solución de los problemas del país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Membrado.


Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, debo reconocer que en numerosas ocasiones las apelaciones que se hacen sobre la conveniencia o necesidad de un pacto de Estado, cualquiera que sea el tema objeto de dicho pacto -hoy por ejemplo el de la crisis económica y la necesidad de plantear medidas para hacer frente a la misma-, me traen al recuerdo aquella otra expresión según la cual, cuando usted no tiene mucho ánimo, muchas ganas o simplemente no quiere hacer algo, monte usted una comisión. Parafraseando cabría decir que cuando por las razones que sean usted no ve la posibilidad de hacer pactos serios sobre determinados temas, pactos parciales, pactos puntuales, serios, de alcance, vaya usted y plantee un pacto de Estado, cualquiera que sea el tema, esto es, tire usted por

Página 33


elevación, no caerá ninguna pieza, pero tampoco herirá a nadie seguramente. A eso me suena a mí la moción de hoy.


Debo reconocer que no es una práctica exclusiva ni original de la diputada de UPyD, más bien al contrario. Quien hurgue en los diarios de sesiones de esta Cámara -se ha hecho alusión a ello en numerosas ocasiones, por ejemplo, hoy mismo-, en sus reuniones plenarias o en sus comisiones, observará como la apelación a los pactos de Estado constituye casi un lugar común sobre una diversidad amplísima de temas, un lugar común y frecuentado por todos, incluso por mi propio grupo en algunas ocasiones, lo reconozco. Cuando no se propone un pacto de Estado sobre la vivienda, se propone un pacto de Estado sobre la educación, y si no sobre la innovación, sobre un plan hidrológico, sobre política exterior -no digamos nada- o sobre política antiterrorista, incluso sobre la cultura, la inmigración, el urbanismo..., sobre todo. Faltarán acuerdos por todos los lados, pero siempre habrá una propuesta por elevación de un pacto de Estado sobre cualquier cosa.


Debo decir que este diputado, sin que sepa hasta qué grado -en esto coincido incluso con los miembros de mi propio grupo-, cree más bien poco en esto de los pactos de Estado, muy poco en su eficacia y muy poco, por lo mismo, en la razón de ser de tantas y tantas apelaciones a hipotéticos pactos de Estado. Sin ánimo de polemizar en exceso apelaré a tres razones para apuntarme a este escepticismo con toda claridad, una, la aludida. Si todos los días y en todos los temas se apela a la conveniencia o necesidad de un pacto de Estado y este no llega prácticamente nunca, no hay por qué estar siempre esperando a que llegue Godot: no va a venir Godot. En segundo lugar, es todo menos seguro que todos los grupos coincidamos en nuestras respectivas visiones sobre estos temas para que podamos hacer realmente un pacto de Estado, cualquiera que sea el tema.
Parece que los pactos de Estado son omnicomprensivos, y a algo de esto ha hecho referencia la diputada proponente de la moción. Seguramente tendríamos ya muchos problemas al pactar un pacto de Estado sobre cómo entendemos el propio Estado como para que vayamos a trocearlo a continuación en las distintas políticas. Por ejemplo, incluso en la interpelación de la que trae causa esta moción, la diputada dijo que el desmesurado peso de los intereses autonómicos y locales en la inversión pública, tener que pactarlo todo y en general en todas las medidas de política social, educativa y económica, impide también una estrategia contra la crisis. ¿A qué se apela entonces ahora a un pacto de Estado que abarque a todas las instituciones, a todas las fuerzas políticas? Estamos tirando por elevación, como decía antes, y eso no caza pieza ni va a cazarla, que yo sepa.


En resumen y como tercera razón para apuntarme a mi escepticismo, es que el tiempo político que vivimos tampoco parece ser un tiempo abonado a los pactos, ni siquiera a los pactos parciales, a los pactos puntuales de cierto calado. Da más bien la impresión de que vivimos un tiempo muy contrario a los acuerdos, por las razones que sea, de forma que cuando se está viviendo un tiempo de estas características, al apelar a un posible pacto de Estado en el que estarían todos: todos los agentes económicos privados, todas las instituciones públicas y, por si hiciera falta, todo este hemiciclo en su diversidad, mi optimismo no da para tanto, más bien me apunto al escepticismo, o al realismo, según se mire. En cualquier caso, y con esto termino, tampoco quiero despojar a nadie del optimismo que todavía le quede al respecto. Por tanto, si todos están de acuerdo en una moción que todos ustedes han convenido, ánimo, no resultará, pero también mi grupo la apoyará.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta, intervendré desde el escaño.


Es de agradecer la prudente y sabia intervención del señor Beloki porque quizá nos hace a todos aterrizar en la realidad de los hechos, que son tozudos. En nuestra retórica y en nuestra propuesta política, todos venimos coincidiendo desde hace tiempo en esa necesidad de acuerdos de fondo para hacer frente a la situación. Convergència i Unió podía reivindicar esta tarde que ya en la campaña electoral de marzo de 2008, nuestro portavoz Duran i Lleida planteó precisamente que frente al escenario en el que previsiblemente íbamos a entrar en esta legislatura, sería razonable llegar a ese acuerdo de Estado, a esa reedición de los pactos de la Moncloa. Llevamos más de un año de legislatura y ha habido acuerdos puntuales -el seño Membrado ha hecho referencia a ello-, pero todos, poco o mucho, somos conscientes de que los problemas de fondo exigen una corresponsabilidad, un liderazgo y una asunción también por parte de los agentes sociales de sus propias responsabilidades, que hoy no se dan. Mi grupo va a ser exigente principalmente con el Gobierno, porque la responsabilidad de un acuerdo de fondo para hacer frente a la crisis va a corresponder fundamentalmente al Gobierno.


Si nos remontamos a los modelos de éxito que en materia de pactos de Estado España puede exhibir -los pactos de La Moncloa durante la transición o los pactos de Toledo en la legislatura 1993-1995- el liderazgo correspondió al Gobierno. Me gusta mirar -y se lo recomiendo a los miembros de la Cámara que aún no lo hayan hecho, está colgado en YouTube- la intervención del vicepresidente del Gobierno Fuentes Quintana pocos meses antes de los pactos de La Moncloa, un vicepresidente del Gobierno hablando claro a la sociedad sobre los graves problemas que la economía tenía enfrente, no escurriendo el bulto, no intentando desviar la atención

Página 34


de esos problemas y apelando a lo mejor del conjunto de la sociedad para hacer frente a esa situación. Hoy eso no conforma nuestra realidad social y política. Por tanto, comparto ese sano escepticismo del señor Beloki, el buenismo que denunciaba también el señor Alonso respecto a la intención de la señora Díez, pero es evidente que el texto que se va a someter a la votación va a contar con nuestro apoyo, como no podía ser de otra manera.


Ahora bien, la lectura de la enmienda del Grupo Popular y algunas de las intervenciones de la proponente en la interpelación de hace quince días vuelven a plantear lo que para nosotros es un falso problema, que es el de la unidad del mercado. El señor Rajoy también lo planteó en Sitges, en las jornadas del Círculo de Economía. Es falso que en la salida de la crisis el Estado de las autonomías sea un problema. Es falso. Tenemos otros ejemplos en el mundo de Estados con un nivel de descentralización administrativa y política superior que el español -el caso alemán, paradigmático, ya no hablemos de Estados Unidos-, donde precisamente el Gobierno central y los gobiernos autonómicos tienen capacidad de hacer frente a la crisis con políticas coordinadas, con políticas que son capaces de aunar distintos esfuerzos de las administraciones en la salida de la crisis. Ese discurso de que el modelo de Estado cuestiona la unidad del mercado es un falso discurso, porque no responde a los problemas que de verdad hoy tiene la economía española, y ahí le sugeriría al Grupo Popular que en su propuesta de salida de la crisis esa reflexión se la guardase, porque estoy seguro que en las comunidades autónomas donde ellos están gobernando existe también la convicción de que una mayor colaboración entre el Estado central y las autonomías es posible, que el proceso de una nueva Loapa en materia de unidad de mercado sería un gravísimo error en nuestro modelo de Estado. Dicho esto, mi grupo no tiene ningún inconveniente en aceptar el texto de la moción que se ha transaccionado y, por tanto, vamos a votar favorablemente a la misma.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.


Señora Díez, me ha parecido entender que iba usted a conseguir una transaccional.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: He propuesto una transaccional a los tres grupos que, de momento, ha sido firmada por dos de ellos, pero en todo caso se la pasaré a la Mesa y espero que nadie se oponga a su tramitación.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, sabe que para que se pueda tramitar la transaccional tiene que tener, como mínimo, el acuerdo de todos los grupos y, desde luego, estar en la Mesa para que se pueda someter a votación.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: De acuerdo, pero entiendo que no la firma.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Sí.


Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ESCLARECER LOS HECHOS DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR ALGUNOS RESPONSABLES DE LA POLICÍA NACIONAL EN CANARIAS CON RELACIÓN A LOS CASOS FAYCÁN Y GÓNDOLA, Y DEPURAR, EN SU CASO, LAS CONSECUENTES RESPONSABILIDADES. (Número de expediente 173/000075.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno para esclarecer los hechos derivados de los procedimientos utilizados por algunos responsables de la Policía Nacional en Canarias con relación a los casos Faycán y Góndola y depurar, en su caso, las consecuentes responsabilidades. Para defender esta moción tiene la palabra el nombre de su grupo el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos dice que toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente probada. Este principio de presunción de inocencia es ratificado por el artículo 24 de nuestra Constitución, que lo menciona expresamente. Por otro lado, el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no es una ley nueva porque data del siglo XIX, establece que las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra juicio oral. Por tanto, la presunción de inocencia y el secreto de las diligencias judiciales y policiales son principios fundamentales de todo Estado de derecho que se tenga por tal y, sin duda alguna, de nuestro Estado de derecho.


El problema, señorías, es que estos principios son sistemáticamente vulnerados en la España de hoy. Las filtraciones de sumarios policiales y sumarios judiciales son el común de cada día, de forma que hay medios de comunicación que han hecho de estas filtraciones el principal elemento de sus portadas y de sus páginas cada mañana y lo más grave es que en muchos de los casos en los que se producen, se trata de filtraciones que tienen una evidente intencionalidad política, como es el caso que motivó la interpelación que había realizado mi grupo parlamentario. Es estadísticamente comprobable -les sugiero que hagan la prueba estadística- como este tipo

Página 35


de filtraciones que afectan a partidos políticos, a miembros de partidos políticos, se producen fundamentalmente en épocas preelectorales -no es ningún juicio de valor, sino algo perfectamente demostrable- y es también una verdad estadística que este tipo de filtraciones se producen siempre respecto de partidos que están en la oposición, y quiero decir, en honor a la justicia, que no únicamente del Partido Popular, aunque sí mayoritariamente del Partido Popular, que para eso es el partido mayoritario de la oposición, pero si tenemos un poco de memoria histórica, hay otros muchos partidos que se han visto también involucrados en este tipo de utilización fraudulenta, sectaria y con clara intencionalidad de causar daño político por parte del Gobierno.


Señorías, no son hechos menores, son hechos extraordinariamente graves para el funcionamiento de nuestra democracia, en primer lugar porque son hechos delictivos. El artículo 466 de nuestro Código Penal establece penas de multa de hasta 24 meses y hasta 4 años de inhabilitación para el desempeño de cargo o empleo público para todos aquellos que se vean involucrados en este tipo de filtración. Afectan a la credibilidad y al prestigio de nuestro sistema judicial y, en caso de que afecten a partidos políticos, alteran además el limpio juego democrático que debe regir en toda contienda política. En todos los casos, no solo en los que afectan a partidos políticos, vulneran el principio constitucional de la presunción de inocencia, porque con informaciones sesgadas y en algunos casos manipuladas establecen juicios paralelos en la opinión pública que contravienen el principio también constitucional de que la culpabilidad solo y exclusivamente puede ser determinada por los jueces.


Para evitar estos hechos que insisto, señorías, no son menores sino extremadamente graves mi grupo propone tres cosas que son de sentido común. La primera es instar al Gobierno a que tome las medidas necesarias para evitar este tipo de filtraciones. Lo primero que habría que hacer es aplicar el real decreto que en esta materia aprobó el propio Gobierno socialista en el año 2007 obligando al Ministerio del Interior y a la Administración de Justicia a que se cree un registro de acceso a bases de datos de forma que se pueda establecer el rastro de quién accede a la información y con qué fin lo hace, porque esa es una obligación que viene en el propio real decreto y que el Ministerio del Interior todavía no ha puesto en marcha. En segundo lugar, impulsar las modificaciones legislativas necesarias para garantizar el principio constitucional de presunción de inocencia, porque no se sostiene nuestro sistema con cualquier legislación comparada -ya sea la de Italia, ya sea la del modelo anglosajón, ya sea la de Francia- en las garantías que tiene el Poder Judicial para preservar el secreto del sumario. Se da la paradoja en nuestro caso de que el juez puede crear el secreto del sumario para las partes implicadas -incluyendo al acusado por supuesto-, mientras que no puede implementar la efectividad de esa medida cuando se trata de terceros porque no tiene ningún instrumento para prohibir la publicación de secretos sumariales. Tercero, garantizar el principio de responsabilidad administrativa.


Hemos planteado una moción que pretende trascender un caso concreto pensando única y exclusivamente en la defensa de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Pedimos nada más pero también nada menos que una aplicación efectiva de principios fundamentales que están en nuestra Constitución como es la presunción de inocencia y el secreto de las diligencias judiciales. Sinceramente me cuesta creer que algún grupo parlamentario se pueda oponer a ello. Es verdad que el Partido Socialista tiene como único programa político oponerse a todo lo que proponga el Partido Popular y como único discurso criticar las propuestas del PP. El domingo pudimos ver adónde lleva esa estrategia. Yo pediría a los grupos minoritarios de la Cámara que den un paso adelante y que se comprometan con nosotros en la defensa de derechos fundamentales que afectan a todos los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Cosidó.


El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha retirado su enmienda, por tanto, intervendrá en el turno de fijación de posiciones, en el cual el Grupo Mixto ha declinado intervenir. Pasamos, pues, al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en cuyo nombre va a intervenir el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, si uno mira el contenido en abstracto o, diría más, con los ojos limpios de cualquier prejuicio político esta moción, diría que es difícil estar en desacuerdo. De hecho, se decía antes que está preñada de cierto sentido común. Además, nuestro grupo rechaza de plano cualquier filtración policial o judicial. Creemos que una filtración no forma parte del núcleo esencial del derecho a informar de forma transparente, con objetividad y con veracidad. Este derecho debe ejercerse con parámetros legales y constitucionales y, además, debe conjugarse con los intereses en juego. Por el contrario, las filtraciones convierten la información en una auténtica manipulación, no benefician al Estado de derecho, pueden afectar a las personas más vulnerables, por ejemplo a las víctimas, e incluso pueden ir en contra del debido respeto a un principio constitucional fundamental como es la presunción de inocencia. Pero hasta ahí las coincidencias, señorías, porque la moción que nos presenta hoy el Grupo Popular se compadece bien poco con la intencionalidad política de la interpelación que el otro día el señor García-Tizón, en nombre del Grupo Popular, formuló.


Página 36


No entendemos muy bien por qué el PP hoy viene aquí y se hace el ofendido a raíz de los casos Faycán y Góndola. Han sido varios los partidos objeto de investigación judicial y policial en Canarias, víctimas también de filtraciones indeseables, y creo por tanto que no es algo privativo del Partido Popular. Señorías, nosotros no somos amantes de la teoría conspirativa. Digo yo que el caso Gürtel o la dimisión de los alcaldes de Boadilla, de Pozuelo o de Majadahonda, por citar algunos casos, solo unos pocos, que conciernen al Partido Popular, no son un invención truculenta y febril de ningún juez, de ningún fiscal ni de ningún policía. ¿El hecho de que se hayan producido ciertamente algunas filtraciones no deseables justifica que el Partido Popular venga hoy a esta Cámara y diga que ve fantasmas por doquier, que se siembren dudas generalizadas sobre la actuación de jueces, fiscales y policías, ya sean del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de Valencia o de Canarias o de la Audiencia Nacional?

Da la impresión más bien de que se trata de una especie de moción defensiva, política, que utiliza el consabido método de la perdigonada, no sé si incluso de forma intimidatoria, pero seguro que sí contiene un mensaje, un recado a jueces y a policías, sobre la base -lo digo con el debido respeto- de un relato más bien delirante, incluso opiáceo, más propio de un cuento chino. Cuando quieran hacemos un debate serio sobre corrupción política, porque las filtraciones en este caso son la anécdota, mientras que la categoría, evidentemente, es otra cosa, la corrupción, porque, señorías, si hemos de aceptar, al decir de muchos -cosa que comparto-, la incompatibilidad del sintagma democracia corrupta, debemos hacerlo con todas las consecuencias. Es decir, si en democracia no debe haber corrupción y la hay, hay que concluir, se puede inferir que donde hay corrupción no hay democracia. Ciertamente la corrupción ha existido siempre, en todos los sistemas políticos, desde la época del Código de Hammurabi, en la que se sancionaba duramente la corrupción, hasta Cicerón y Mazarino, que corregía a algunos de sus contemporáneos por prácticas corruptas. La corrupción es por tanto un mal endémico que vive de la simbiosis con el sistema político, que elimina la distinción entre el bien público y el bien privado. Se trata de un emparejamiento adúltero entre política y dinero que desvirtúa el interés general.


Desgraciadamente, en el Estado español no podemos estar satisfechos, porque algunos indicadores nos dicen que la corrupción está a la orden del día. El último informe del fiscal general del Estado nos dice que los delitos urbanísticos se han incrementado un 27 por ciento; el índice de percepción de la corrupción sitúa al Estado español en el número 23 entre 170 países, por encima de Portugal, de Grecia, de Italia, etcétera. Ello no debe llevarnos, señorías, a la resignación, porque hay que evitar afirmar que la corrupción es un hecho cultural. Tampoco nos debe llevar solamente a hacer reformas de tipo legal. El impulso legalista no lo soluciona absolutamente todo. Por tanto, se trata de evitar la tremenda politización de las instituciones políticas, porque las administraciones más proclives a la corrupción son aquellas en las que hay un mayor número de cargos, de empleados públicos. Por tanto, cuando quieran hacemos un debate serio. Ya vamos con retraso. En 1994, el Congreso, en medio de un alud de casos de corrupción, ya dio al Gobierno el mandato de adoptar algunas medidas. Algunas se han adoptado, por ejemplo la creación de la Fiscalía Anticorrupción, también se reformó la Ley de Financiación de Partidos, pero con esto no es suficiente y, en consecuencia, señorías, desde ese punto de vista hay muchas cosas todavía por hacer.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Señor Cosidó, la verdad es que leyendo el pedimento, el contenido de la moción, resulta difícil identificarla con la interpelación de la que trae su causa, que defendió con brillantez el señor García-Tizón. Aquella interpelación hacía referencia a dos supuestos de corrupción y provocó un bronco -por no utilizar la expresión violento- debate dialéctico en esta Cámara y aquí nos encontramos con una serie de reflexiones muy atenuadas en su contenido jurídico formal, difícilmente discutibles o reprochables desde una perspectiva de lege lata o incluso de lege ferenda y que desde una perspectiva analítica son difíciles de refutar. No sé, algo ha ocurrido. Quizás el efecto sedante de las elecciones, que es el mismo efecto sedante de los resultados electorales, que es el mismo efecto sedante que se le atribuye al mar, o alguna circunstancia o algún imponderable que se escapa a nuestro discernimiento ha provocado una reducción del contenido reivindicativo -por utilizar una expresión perifrástica usada por el señor García-Tizón- con relación al que, con pulcritud, elegancia y con un tono sosegado y moderado, ha defendido el señor Cosidó hoy.


No sabemos con qué quedarnos, ni cuáles son las intenciones ocultas, ni nos corresponde a nosotros realizar un juicio de intenciones. No sé si ustedes lo que pretenden es denunciar lo que el señor García-Tizón denunció o lo que pretenden es preconizar y defender lo que aquí se propone, que no incorpora nada al ordenamiento jurídico vigente, tanto al penal como al derecho punitivo administrativo, tanto en el ámbito administrativo general como ordinario, o como en el administrativo judicial. Le podría decir que todo lo que ustedes aquí preconizan está ya previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Otra cuestión es que el ordenamiento jurídico sea objeto de aplicación eficiente, que es una cosa muy diferente. Los delitos o las conductas que aquí ustedes

Página 37


denuncian como aberrantes son además injustos penales, son tipos delictivos. Ya han sido citados algunos: el artículo 466 del Código Penal con relación al deber de custodia de materias secretas o de revelación de secretos, el artículo 197, los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y todo su título V con relación a los magistrados, jueces y funcionarios vinculados o afectos por el contenido material de la Ley Orgánica del Poder Judicial que revelen secretos, la necesidad de custodia... En definitiva, todo lo que ustedes dicen está ya previsto en la ley, como garantizar la eficiencia en el cumplimiento de conductas que son democráticamente aberrantes, que constituyen verdaderas atrofias democráticas y con relación a las cuales -por qué no decirlo, lo ha dicho el señor Ridao, yo comparto absolutamente sus reflexiones- ustedes en tiempos pretéritos y con gobiernos socialistas de otras épocas manifestaron una maestría digna de encomio. Ustedes o sus antecesores en esta bancada han demostrado unas altas prestaciones a la hora de utilizar estos instrumentos contra el partido a la sazón gobernante entonces, hasta el punto de que aquí vamos a evitar maniqueísmos, porque quien más y quien menos, y excluyéndonos a los partidos que usted invocaba, a los minoritarios, esta ha sido una materia objeto de uso casi sistemático y permanente para deteriorar las posiciones políticas del adversario, desde la oposición y contra la oposición, y desde el Gobierno contra la oposición y desde la oposición contra el Gobierno. Es una especie de poliedro maldito donde se ha usado de forma perversa la atribución o la entrega de los sumarios, declarados secretos, a jueces o a medios de comunicación para deteriorar las posiciones políticas por todos los partidos políticos. Aquí nadie se puede rasgar las vestiduras con honestidad con relación a esta materia. Evidentemente usted tiene razón y lo que hay que buscar -no voy a decir un pacto de Estado, si el señor Beloki me escucha va a hacer una refutación de mis palabras- es un compromiso de honestidad vinculado a la probidad y a la honestidad política entre los partidos para evitar el uso perverso que de estas materias se hace.


Señor Cosidó, le voy a hacer una propuesta concreta que podría incardinarse en lo que ustedes aquí preconizan o proponen. ¿Sabe cuál es el procedimiento más usado para conseguir los sumarios declarados secretos por los jueces? Es el siguiente, es el ejercicio de la acción popular, con lo cual a quien ejercita la acción popular le convierte en parte del proceso automáticamente y tiene acceso al sumario. Por ese procedimiento se accede al sumario y por ese procedimiento se han vendido sumarios enteros a medios de comunicación. Vamos a pensar en este procedimiento que, además, es regular desde una perspectiva jurídica. No es ilegal porque se incardina con el contenido esencial del derecho de libertad de expresión del medio de comunicación, que puede publicar lo obtenido regularmente mediante el ejercicio perverso de la acción popular solo para obtener unas actuaciones o diligencias declaradas sumarialmente secretas. Usted ha dicho algo incorrecto, señor Cosidó. No es secreto el sumario...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo con estas palabras. No es secreto el sumario hasta que se dicta auto de procesamiento y se inicia la fase plenaria del juicio. Cualquier diligencia de ordenación, cualquier modificación de medidas cautelares, cualquier actuación, cualquier auto en el seno de la instrucción sumarial convierte en público ese secreto para las partes del proceso. Desde esa perspectiva, vamos a intentar por elevación superar la hipocresía política que ha caracterizado a la mayoría de los partidos políticos, y vamos a buscar un sistema -llámese pacto o como se quiera- para que este tipo de actuaciones en donde la presunción de inocencia tiene que prevalecer...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Tiene que prevalecer sobre cualquier otro valor, no se utilice en una dialéctica política que siempre se ha caracterizado por su perversidad, por su falsedad, por su falta de honestidad, pero que muchas veces -aquí ustedes a veces han sido maestros, hay que reconocerlo- ha provocado los efectos políticos deseados.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas a usted, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta. Convergència i Unió está en una posición parecida a la que han expresado los portavoces Ridao y Olabarría, que me han precedido en el uso de la palabra. Y es que en cuanto al contenido de la moción, un contenido de carácter general y de respeto a los principios fundamentales, especialmente el de presunción de inocencia, podemos estar globalmente de acuerdo. De hecho, no es la primera vez que esta Cámara tiene ocasión de manifestar, más allá de casos concretos, su preocupación por el respeto al secreto del sumario y las actuaciones y diligencias policiales, así como a los perjuicios que su incumplimiento puede causar a las personas afectadas por estas diligencias. Ya en el año 1999, concretamente el 16 de febrero, esta Cámara aprobó la proposición no de ley de mi grupo parlamentario sobre medidas para afrontar la reforma de la justicia, en la que entre otros extremos se instaba al Gobierno a que presentara

Página 38


un proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se contemplara, entre otras medidas, la prohibición a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de difundir datos relativos a las investigaciones penales de carácter policial las cuales no hayan tenido todavía el correspondiente tratamiento judicial. Esta preocupación de mi grupo parlamentario se hizo extensiva a la necesidad de una reforma del procedimiento abreviado, que delimitara correctamente la nebulosa figura del imputado a través de la introducción de un acto formal de imputación a la manera del acto de procesamiento del procedimiento penal ordinario, algo que incluimos en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones del año 2000, y que fue incorporado al Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, suscrito entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el año 2001, y al que desde Convergència i Unió nos adherimos. Esto por lo que respecta a los puntos uno y dos de la moción.


Mayores objeciones tenemos respecto al punto número tres que lo que pide es garantizar el principio de responsabilidad administrativa respecto a todo daño o lesión injustamente causado por dichas actuaciones. No estamos de acuerdo, porque de la misma manera que nuestras leyes administrativas reconocen la responsabilidad de la Administración por actos declarados nulos pero no derivan automáticamente esa responsabilidad de la simple nulidad del acto, puede afirmarse también que no por el simple hecho de que finalmente se archiven o queden legalmente sin efecto unas actuaciones policiales o judiciales, cabe derivar automáticamente responsabilidad administrativa, sino que habrá que estar a la existencia de los restantes requisitos exigidos por la ley para derivar dicha responsabilidad de las actuaciones o actos administrativos y judiciales. Contenido de la moción con el que podríamos estar, como digo, globalmente de acuerdo, pero aquí no podemos olvidar que esta moción -la hayan titulado como la hayan titulado- es consecuencia de una interpelación que en términos agrios -si se me permite calificarlos así- se realizó la pasada sesión plenaria y que hace referencia a algo muy concreto, que es esclarecer los hechos derivados de los procedimientos utilizados por algunos responsables de la Policía Nacional en Canarias en relación con los casos Faycán y Góndola. Nos parece que la interpelación y la moción tienen pocos puntos de conexión, no estaríamos de acuerdo tampoco en focalizar la responsabilidad en la Policía Nacional -en todo caso se podría hablar de una responsabilidad de tipo político-, pero como la moción es consecuencia de una interpelación, si nos preguntan si estamos de acuerdo con lo que aquí se dijo, no podemos apoyar la moción que se presenta, aunque como estamos de acuerdo globalmente con el contenido tampoco la vamos a rechazar y vamos a abstenernos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ve con indignación la lamentable e irresponsable moción presentada en esta Cámara por el Grupo Parlamentario Popular. Es tan notoria como preocupante su falta de respeto a las instituciones del Estado y su ataque a las mismas en cuanto chocan con intereses del Partido Popular o de sus representantes. Señorías, la garantía de privacidad de las actuaciones judiciales está perfectamente regulada en los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Código Penal tipifica el descubrimiento y revelación de secretos en los artículos 197 a 201, la infidelidad en la custodia de documentos y también tipifica la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos en los artículos 413 a 418. El principio constitucional de la presunción de inocencia está presente en las actuaciones judiciales y policiales y la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, protege el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. También está perfectamente regulada la responsabilidad de la Administración por posibles daños causados por actuaciones policiales o judiciales en el propio artículo 121 de la Constitución española y en el título V de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tenemos un estado de Derecho fuerte, con un sistema de garantías respetado y admirado en el mundo, y ustedes lo cuestionan porque se persigue a los delincuentes basándose en el principio de igualdad ante la ley. El sometimiento a un proceso judicial no es más que el reverso del ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución española. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señores del Partido Popular, la corrupción solo puede tener un tratamiento: combatirla visceralmente y hasta el final e intentar eliminarla con todos los mecanismos del Estado de derecho, venga de donde venga, (Aplausos.) La corrupción no puede tener ningún aliento, y los que luchan contra ella -policías, jueces y fiscales- tienen que ser apoyados y no atacados cada vez que un cargo del Partido Popular es investigado o detenido por cometer presuntos delitos graves (Aplausos.) Por eso la moción que ustedes han traído al Congreso es una auténtica aberración y un descaro sin límites, que solo puede conducir a una auténtica decepción respecto a los dirigentes de la derecha de nuestro país. Señorías, las actuaciones policiales y judiciales llevadas a cabo en las operaciones Faycán y Góndola han sido impecables, y es la autoridad judicial la que ha dirigido, coordinado, supervisado y autorizado cada una de las medidas adoptadas y diligencias practicadas; así lo ha avalado el auto de fecha 12 de mayo de 2008 de la Audiencia Provincial de Canarias. Con las operaciones Faycán y Góndola en Canarias; con

Página 39


los imputados en Madrid, en Valencia, en Castellón, etcétera, ustedes deberían estar avergonzados, pedir perdón y asumir responsabilidades políticas en lugar de sacar pecho y ponerse al lado, delante o detrás de imputados con declaraciones de amistades vitalicias. (Aplausos.) Señores del Partido Popular, las denuncias de casi todos estos casos nacen de sus propias filas (Rumores.), afectan a muchos cargos electos del Partido Popular y los delitos suelen ser los de cohecho, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, evasión de capitales, etcétera. Dejen de inventar conspiraciones y limpien su casa. El Gobierno socialista sí es responsable de algunas cosas: de potenciar la Fiscalía Anticorrupción, casi eliminada por el Partido Popular; de crear equipos especializados contra la delincuencia urbanística en la Guardia Civil; de crear equipos de lucha contra delitos económicos y fiscales en la Policía Nacional. El Gobierno socialista, en definitiva, es responsable de plantar cara a la corrupción venga de donde venga. No, señorías del Partido Popular; el problema no está en modificar la legislación para proteger la presunción de inocencia ni tampoco para garantizar el principio de responsabilidad administrativa, porque están perfectamente protegidos en nuestro Estado de derecho. El problema es el lío de corrupción que tienen en su casa (Rumores.) y es urgente y necesario que resuelvan por su propia decencia política, pero sobre todo por el grave daño que causan a la buena convivencia y al propio sistema democrático en España. Por todo ello, solicitamos el rechazo a la improcedente moción presentada por el Partido Popular.


Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Qué falso!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO PARA FACILITAR EL VOTO DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS RESIDENTES EN ESPAÑA EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES.
(Número de expediente 173/000076.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a acciones realizadas por el Gobierno para facilitar el voto de las personas extranjeras residentes en España en las elecciones municipales. Para la defensa de la moción tiene la palabra don Jordi Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Catalán para presentar esta moción consecuencia de interpelación. El día 30 de julio del año 2008 la vicepresidenta primera del Gobierno compareció ante la Comisión Constitucional para expresar el deseo del Gobierno de que durante esta legislatura se produjera una reforma electoral. También anunció el deseo del Gobierno de que esta reforma electoral se produjera en el seno de una subcomisión ad hoc creada en este Congreso de los Diputados, y se paró especialmente en dos aspectos sobre los cuales es importante afrontar reformas: uno, sobre el voto de los residentes españoles en el extranjero, el voto CERA, sobre el cual ha habido debate y comparecencias en esta subcomisión; y, dos, referido al despliegue efectivo del artículo 13.2 de la Constitución española en aquello concerniente al reconocimiento de la reciprocidad, esto es, si hay Estados que reconocen a españoles la posibilidad de votar en sus elecciones locales se podrá articular oportunamente el derecho de los ciudadanos de aquellos Estados a poder votar en las municipales en España. La vicepresidenta decía concretamente -cito su intervención del 30 de julio de 2008 en la Comisión Constitucional-: Aunque ciertamente y a día de hoy no nos consta la existencia de sentencia alguna del Tribunal Constitucional que de forma directa haya precisado qué ha de entenderse por criterios de reciprocidad, nosotros estamos dispuestos a explorar y consensuar en sede parlamentaria las diversas propuestas interpretativas que se formulen al efecto. Pues bien, señorías, en sede parlamentaria no se ha producido ningún debate sobre lo que supone reciprocidad. En el ámbito parlamentario no se ha producido debate alguno sobre una interpretación que tiene un fuerte impacto no estrictamente en la Ley Electoral pero sí en la dinámica electoral de las elecciones municipales. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha votado favorablemente en la anterior legislatura una proposición no de ley del Partido Socialista y otra proposición no de ley de Iniciativa per Catalunya-Verds, estando de acuerdo con el fondo de la cuestión, debe manifestar que nos sorprende que el Gobierno, desde el mes de febrero del año 2009, haya impulsado la firma de acuerdos con varios países con el objetivo de alcanzar quince Estados para la reciprocidad, lo cual supondría, según datos aportados por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la interpelación de la semana pasada, la incorporación de 1.100.000 nuevos votantes de estos quince Estados miembros, lo cual supone la incorporación de un 42 por ciento de los votos de inmigrantes extracomunitarios en el censo municipal.


¿Estamos dispuestos a discutir qué es reciprocidad, tal y como nos invitaba la vicepresidenta del Gobierno el 30 de julio del año 2008? Sí.
El problema es que hasta el planteamiento de la interpelación de la semana pasada y de esta moción en este momento, en el día de hoy, en ningún momento durante esta legislatura estas Cortes Generales han intervenido en un elemento que tiene, como les decía, un fuerte impacto no en la Ley Electoral, pero sí en la dinámica electoral. No podemos comprender

Página 40


cómo el ministro de Asuntos Exteriores, que hace gala, de forma muy acertada y muy ajustada a la verdad, de haber parlamentarizado la política exterior y de haber incorporado la opinión del Parlamento en la toma de decisiones de algunos elementos de la política exterior, en la firma de estos convenios que permiten la reciprocidad no ha explorado el debate en el ámbito parlamentario, porque hay cuestiones dignas de discusión en el seno de la subcomisión, de la Comisión Constitucional y en la competencia del conjunto de la Cámara. Por ejemplo, los distintos convenios firmados hasta ahora contemplan el doble voto en las elecciones municipales, la posibilidad de votar aquí y de votar en el país de origen. Les quiero recordar que los europeos, en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado domingo y en las elecciones municipales, tenemos derecho a votar en otro país, en otro Estado miembro, pero renunciando al voto del país de origen. El doble voto no es un asunto nada secundario y es un asunto sobre el cual el Ejecutivo, utilizando estrictamente los instrumentos parlamentarios, que son la firma de acuerdos y posterior ratificación por las Cortes, no ha suscitado el debate parlamentario oportuno. Como muy bien saben SS.SS., este Congreso conoce de los acuerdos internacionales, pero no presenta enmiendas a los mismos ni contradice la voluntad de una competencia exclusiva del Gobierno.


De la misma forma que el asunto del doble voto es digno de discusión y de debate en este Congreso de los Diputados, hay otros temas sobre los cuales, sin tener una posición cerrada, también deberíamos discutir. Si no hay sentencia del Tribunal Constitucional sobre qué supone reciprocidad en el artículo 13.2 de la Constitución española, sí debe haber una mínima identidad de criterios, de sistemas y de valores democráticos en el funcionamiento de los dos países. La firma de convenios con países absolutamente respetables, como Burkina Faso o Cabo Verde, o el anuncio de la firma con Venezuela nos traerán en su momento la discusión en esta Cámara sobre el criterio de identidad democrática.
Por esto hemos presentado una moción que quiere suscitar en el seno de la Comisión Constitucional la discusión sobre aspectos que modulan notablemente la dinámica electoral y sobre los cuales este Congreso de los Diputados ha estado absolutamente alejado hasta el día de hoy.


Termino, señor presidente, porque quiero hacer una muy breve referencia a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por parte del diputado Joan Herrera. Quiero decirle respecto al punto tercero, de adición, al cumplimiento de la firma de los convenios, que es exactamente lo que está haciendo el Gobierno; en cuanto al punto cuarto, el relativo al informe del Consejo de Estado, ya está admitido por el propio Consejo de Estado y el punto quinto, sobre la firma y ratificación del Convenio europeo, supondría una contradicción con el criterio de arraigo, de reciprocidad.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente. Seguro que el señor Herrera y yo coincidimos en que deberíamos ir hacia el criterio del arraigo, pero esto supondría una reforma constitucional.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.


Para la defensa de la enmienda tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Señor Xuclà, esta enmienda es una proposición no de ley pactada en la legislatura anterior entre el Grupo Parlamentario Socialista y nuestro grupo que pretendía superar el principio de reciprocidad, y no es casual que la hayamos incorporado, porque lo que entendíamos es que cuando hablábamos de la firma y de la ratificación del Convenio europeo sobre participación de extranjeros en la vida pública local, de 5 de febrero de 1992, lo que teníamos que hacer era dar un paso adelante. Todo eso enmarcado en un informe del Consejo de Estado que interpretase ese artículo 13.2, que habla del criterio de reciprocidad.


Señor Xuclà, hoy tenemos un problema: que la estrategia del Gobierno en materia de tratados y convenios con otros países para reconocer el derecho de voto es limitada. S.S. coincidirá conmigo en que la aplicación en el año 2009 del principio de reciprocidad, un principio pensado para cuando España era un país de emigración y no de inmigración, es tanto como la aplicación del principio de extraterritorialidad de las dictaduras. Dicho de otra manera, ¿podemos aplicar el principio de reciprocidad de forma estricta a ciudadanos que no pueden votar en su país de origen? Hoy, un ciudadano chino no puede votar en su país de origen, ¿y le vamos a exigir que además de no poder votar en su país de origen no pueda votar nunca en España porque nunca un español podrá votar en China? No nos parece razonable. Como no nos parece razonable ni democrático, lo que decimos es que tiene que haber una aplicación amplia del artículo 13.2. ¿Por qué no una modificación del artículo 13.2? Si no, lo que estamos haciendo es crear ciudadanos de primera, los que pueden votar; ciudadanos de segunda, los que después de unos años de residencia pueden votar, y ciudadanos de tercera o de cuarta, que después de años y años viviendo en nuestro país no pueden votar ni ser votados en las elecciones municipales porque simple y llanamente viven en un país en el que no se puede votar o viven en un país inviable, con el que España no puede firmar convenio alguno. Usted, que vive en las comarcas gironinas, conoce a muchos ciudadanos de países del África subsahariana,

Página 41


donde difícilmente será posible la firma de un tratado, simplemente porque el Gobierno no se encuentra con interlocutores. Nos preocupa ir hacia un modelo en el que haya ciudadanos aposentados en nuestros barrios, en nuestras ciudades, que no puedan votar y usted sabe cuál es la realidad de la inmigración magrebí, paquistaní, etcétera. Creo que un factor de integración es la igualdad de derechos y de obligaciones, y cuando me refiero a derechos quiero decir derechos políticos.


Hoy se da la contradicción -usted lo sabe tan bien como yo- de que un trabajador puede votar y ser votado en las elecciones sindicales, en cambio, después de años de residencia, y pagando sus impuestos, no puede votar ni ser votado en las elecciones municipales. Esa es una contradicción en los factores de integración. De ahí esta enmienda que le trasladábamos, que era una declaración de intenciones. ¿Qué queremos poner de manifiesto con esta enmienda? Las insuficiencias de la estrategia planteada por el ministerio y por el Gobierno. No basta con la firma de tratados de reciprocidad. En primer lugar, porque excluimos a demasiada gente. En segundo lugar, porque discriminamos a determinados ciudadanos. En definitiva, porque entendemos que este no es un factor de integración, más aun cuando estos convenios se firman básicamente con países latinoamericanos, que nos parece muy bien, pero en cambio no va acompañado de la firma de los principales países. Lo que trasladábamos, iba un poco más allá. Nosotros decíamos que se firmen convenios con aquellos países con los que se tienen relaciones históricas, políticas y culturales estrechas, con aquellos que tienen un alto número de residentes en España. Eso es lo que va más allá y es lo que el Gobierno no está haciendo. Usted sabe que hay determinados colectivos y nacionalidades con muchos residentes en España que no tienen tratado de reciprocidad, mientras que, en cambio, sí hay un tratado firmado, no desde ahora sino desde hace mucho tiempo, con países como Noruega que se destacan no por la alta participación de sus ciudadanos en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que decíamos en nuestro punto número 1, que no está incorporado en los términos que planteábamos a los que se había comprometido el Grupo Socialista en la legislatura anterior. Por todo ello, nuestra enmienda es una declaración de intenciones que pretende ir más allá de lo que ustedes habían pactado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra don Aitor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, presidente.


En el desarrollo de la interpelación hace dos semanas, a los requerimientos del señor Xuclà, el ministro de Asuntos Exteriores dijo: ¿Para qué esperar? ¿Por que íbamos a esperar si existía ya la posibilidad del reconocimiento del voto de los españoles en otros países, podía haber reciprocidad y el Gobierno podía seguir adelante y hacer una gestión eficaz y rápida? Pues bien, esto es lo que se ha hecho. Sin embargo, el que no se haya discutido previamente el contenido de estos acuerdos por la Comisión, lo que hace es que nos veamos forzados, en el momento en el que pasen a su ratificación, a votar exclusivamente si o no.
Probablemente lo que hace eso es empobrecer el trabajo parlamentario y restar matices que en algunos casos podrían ser aportaciones importantes a lo que podría haber dicho esta Cámara. En el tema fundamental y básico, que las personas con arraigo en España puedan votar en las elecciones municipales, estamos todos de acuerdo. Pero, dentro de ese principio esencial, hay matices. Y a esta Cámara se le ha hurtado el poder apuntar o fijar esos matices. Tal y como dijo la vicepresidenta al principio de la legislatura, no consta sentencia del Tribunal Constitucional sobre qué son criterios de reciprocidad. Y añadía: Nosotros estamos dispuestos a explorar y consensuar en sede parlamentaria las diversas propuestas interpretativas que se formulen. Pues bien, esto es lo que le ha faltado el Gobierno. Ha faltado a su propia palabra en la presentación de este tema ante la Comisión Constitucional y la petición de que se constituyera una subcomisión para la reforma, en su caso, de la Loreg. Este: Estamos dispuestos a explorar y consensuar por parte del Gobierno no se ha cumplido. Porque podían ser cinco años, más o menos; podía entenderse que se debería renunciar al derecho de voto en el país de origen, tal y como sucede con los ciudadanos europeos, etcétera; incluso se podía haber precisado más, porque se han cerrado convenios y se habla de elecciones municipales. Entiendo que son elecciones municipales. No son las elecciones a los cabildos, ni son las elecciones forales, sino exclusivamente las municipales. Había muchas cosas que podían estar en juego y que se podían haber comentado. Desgraciadamente al final solo se va a poder decir si o no y, además, es muy difícil decir no por un matiz.
Nos tememos que el Gobierno ha actuado con demasiada celeridad, hurtando a la Cámara sus poderes.


A esto hay que añadir otro asunto que mi grupo ya ha planteado en la subcomisión para la reforma de la Loreg, que no me resisto a volver a reiterar aquí. Evidentemente el censo electoral sube de manera importante con estos convenios que están cerrados y otros a punto de ser cerrados, con más de un millón de personas. Además, con los efectos de la Ley de la Memoria Histórica y la ampliación de la doble nacionalidad vamos a tener también un aumento muy considerable del censo. En este caso, con una casuística diferente pero además complicada, porque nos podemos encontrar con personas que no han pisado nunca territorio español, que no lo conocen y tienen únicamente referencias de sus antepasados, y sin embargo van a poder ejercer el derecho de voto y van a poder ser decisivos en algunas localidades a nivel

Página 42


municipal e incluso en alguna comunidad autónoma al emitir este voto. Creo que deberíamos plantearnos seriamente no la negación de la nacionalidad, creo que estamos de acuerdo todos los grupos con la extensión de la nacionalidad, pero sí con los derechos asociados a la nacionalidad en determinadas ocasiones. Quizá deberíamos pensar que el derecho de sufragio activo debería ser restringido para aquellas personas que no hayan residido nunca en el territorio. Es una reflexión que debemos hacernos, porque si no esta Cámara también deberá preguntarse si no se estará alterando el censo electoral. Con estas modificaciones en cuanto al arraigo -y acabo, señor presidente- de las personas extranjeras pero residentes en este país intentamos acercar a la realidad el censo electoral; con ese otro instrumento que aprobamos a través de la Ley de la Memoria Histórica quizá lo que hagamos sea desvirtuarlo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don José Antonio Bermúdez de Castro.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente.


El debate de esta tarde es consecuencia del impulso que el Gobierno ha dado a la suscripción de convenios internacionales con determinados países y en determinadas condiciones para reconocer el derecho de sufragio en elecciones municipales a los extranjeros residentes de forma permanente en España, cuestión con la que mi grupo siempre se ha mostrado favorable. Ahora bien, una cosa es que los grupos estemos de acuerdo con esta iniciativa que ha impulsado el Gobierno y otra que el debate y la información sobre el contenido y las condiciones establecidas en estos convenios sean ajenos a este Parlamento. En eso coincidimos con el señor Xuclà y por eso vamos a apoyar esta moción. Es verdad que la suscripción de dichos convenios no conlleva necesariamente ninguna reforma de nuestra Ley electoral, pero no es menos cierto que en su aplicación más de un millón de extranjeros residentes en España podrán ejercer por primera vez en las próximas elecciones municipales un derecho al voto, que serán además muchos más si se impulsan nuevos convenios con otros países, tal y como anunció el ministro de Asuntos Exteriores en esta Cámara. Por lo tanto, puede que estos convenios no afecten a la Ley electoral, pero inciden de manera muy significativa en el cuerpo electoral, en el censo electoral, por lo que el contenido y condiciones de dichos convenios deberían ser sometidos con carácter previo al consenso de los grupos parlamentarios. Como también debería haber un consenso previo en relación al alcance e interpretación del requisito de reciprocidad recogido en el artículo 13.2 de nuestra Constitución. Esta, señorías, es una cuestión relevante que debería ser objeto de un debate sosegado en la Comisión Constitucional, sin descartar que podamos llegar a la conclusión de que sea conveniente y necesario desarrollar dicho precepto en nuestra Ley electoral.


Decía que esta no es una cuestión baladí, pues puede haber diferentes posiciones. La nuestra, la del Grupo Popular, es bien conocida. Nosotros no consideramos que el requisito de reciprocidad deba conllevar obligatoriamente una igualdad o identidad absoluta en todos los términos y condiciones en los que debe desarrollarse el reconocimiento bilateral del derecho de sufragio, pero tampoco abogamos por convertir dicho requisito constitucional en un mero concepto retórico vacío de contenido.
La reciprocidad no es un elemento formal, es un elemento sustancial. Es verdad que el Tribunal Constitucional no ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto, pero su alcance y su recta comprensión está en el diccionario de la Real Academia Española y significa correspondencia mutua, bilateralidad, equivalencia, y esos conceptos no son flexibles y tienen un significado jurídico preciso. Por ello no cabe, a nuestro juicio, un relativismo jurídico a la carta en aras a alcanzar determinados objetivos, por muy loables que sean. Porque, en el ánimo de permitir el derecho de sufragio en elecciones municipales a todos los extranjeros que viven con nosotros, podríamos incurrir en una discriminación con nuestros compatriotas que viven en sus países de origen y, lo que sería mucho más grave, forzar o conculcar los propios límites constitucionales. Por tanto, nuestra posición es que deben cumplirse unas condiciones mínimas para poder suscribir dichos convenios, condiciones que, por cierto, han sido compartidas por la mayoría de los expertos en los diferentes foros en los que hemos tenido la oportunidad de participar los miembros de la subcomisión de la Comisión Constitucional, especialmente en las jornadas celebradas el pasado mes de octubre en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. La primera de ellas, la básica, es que en los países de origen se celebren elecciones locales y lógicamente que nuestros compatriotas también puedan votar en ellas. Pero también que dichas elecciones sean homologables, que respondan a unos estándares mínimos democráticos reconocidos internacionalmente, que sean justas, limpias y, sobre todo, libres. Ello solo puede producirse cuando los convenios se suscriben con países cuyos regímenes políticos son auténtica y verdaderamente democráticos.


El portavoz de Convergència i Unió ha puesto sobre la mesa otra cuestión no menos importante y que suscita muchas dudas, como es el doble voto. No tengo mucho tiempo, presidente, pero pondré dos ejemplos que también suscitan dudas: ¿El reconocimiento al sufragio de los extranjeros residentes en España debe circunscribirse solo al derecho de sufragio activo o también debe ampliarse al derecho de sufragio pasivo? O ¿el periodo mínimo de residencia exigido en España para los extranjeros debería ser el mismo para todos los países o podría

Página 43


ser distinto? Lo digo porque en el convenio que se ha suscrito con Islandia a los islandeses se les exige cinco años mientras que a los noruegos solo se les exige tres.


En definitiva -y termino, presidente-, son muchas las cuestiones que deben plantearse, reflexionarse y consensuarse antes de continuar impulsando nuevos convenios. Por esas razones vamos a apoyar esta moción, porque obligará al Gobierno a informar -y espero también que a consensuar con el resto de los grupos- con carácter previo estas y todas cuantas iniciativas afecten directa o indirectamente a cualquiera de los elementos que vertebran nuestro sistema electoral. Señorías, estamos hablando de las reglas del juego que conforman nuestro sistema democrático, por lo que el consenso tiene que ser siempre -y lo hemos dicho así, siempre- un elemento básico.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Jesús Quijano.


El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Intervendré brevemente porque probablemente ya no son estas horas para mucha floritura. Quiero empezar diciendo que estamos ante una moción perfectamente razonable en sus términos, una moción donde se cruzan aspectos de política internacional y también implicaciones electorales constitucionales. Lo digo porque cada uno de esos dos planos indudablemente debe de tener un tratamiento específico y me parece que la moción los conjuga bien. Hay que señalar ante todo que estamos ante iniciativas de política internacional, como son los convenios celebrados entre Estados, y el procedimiento para tramitar, negociar, celebrar y ratificar esos convenios se sigue escrupulosamente. En materia de política internacional hay un principio constitucional de iniciativa del Gobierno, y así se ha seguido, y un principio constitucional de ratificación parlamentaria, una vez concordadas las dos voluntades de los Estados que celebran el convenio. Por tanto, hasta ahí, lo que ha venido ocurriendo entra dentro de las normas correctas del funcionamiento constitucional. También entiendo que estos convenios tienen una especificidad de contenido en virtud de la cual requieren un tratamiento especial desde el punto de vista del consenso y de la información y, en efecto, me parece que, tratando de materia electoral y, por tanto, de materia constitucional o cuasi constitucional, lo lógico es que esta Cámara tenga una participación mayor recibiendo más información de manera puntual y de manera completa. Esto es lo que pide la moción y en esos términos indudablemente debe ser apoyada y mi grupo la va a apoyar.


Dicho eso, hago una última consideración. En el debate se han mezclado, a mi juicio, dos planos, no por el grupo proponente de la moción pero sí en el contexto del debate, que convendría matizar. Una cosa es que la moción plantee la mejora de estos mecanismos informativos y otra cosa un tanto distinta es que demos por avanzados debates de fondo que tenemos pendientes de hacer en la subcomisión electoral y sobre los cuales, aunque no haya doctrina constitucional, sí tenemos criterios en el informe del Consejo de Estado que tenemos pendientes de estudiar. Lo digo -se ha podido percibir- porque hay aspectos del concepto de reciprocidad pendientes de discutir y de concretar, como si el convenio debe de extenderse al derecho de sufragio pasivo y no solo al activo; del tiempo de residencia; de cómo debe de ser el tratamiento de ciudadanos extranjeros de países donde la homologación electoral, en el caso incluso de que existan procesos electorales democráticos, es compleja, etcétera, y ojalá lo podamos hacer de manera consensuada. Pero, mientras llega ese momento, lo que no podemos pretender es que la máquina de los convenios con otros Estados donde no hay problema previo de concepto de reciprocidad funcione y se vaya llegando a acuerdos y vayamos ampliando las posibilidades de participación de ciudadanos extranjeros residentes aquí. Creo que convendría separar esas dos cosas. Hecha esa aclaración, mi grupo, como digo, votará favorablemente esta moción porque entiende que reúne la razonabilidad básica que un asunto de este tipo requiere.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quijano.


Señor Xuclà, por favor, ¿podría pronunciarse acerca de la aceptación o no de la enmienda del señor Herrera?

El señor XUCLÀ I COSTA: Sí, señor presidente.


No la acepto por los argumentos esgrimidos, compartiendo el fondo de la misma.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.


Dentro de tres minutos iniciaremos las votaciones. (Pausa.)

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.


El señor PRESIDENTE: Por acuerdo de la Junta de Portavoces se va a proceder a la lectura de una declaración institucional. Les ruego silencio y ruego al señor secretario primero tenga la bondad de dar lectura a la misma.


El señor SECRETARIO (Barrero López): Con la venia, señor presidente.


Declaración institucional del Pleno del Congreso de los Diputados de España ante el encarcelamiento de la Premio Nobel de la Paz Suu Kyi por parte de la junta militar de Myanmar.


Página 44


El día 13 de mayo de 2009 la junta militar que detenta el poder en Myanmar volvió a encarcelar a la líder de la principal fuerza de la oposición, la Liga Nacional por la Democracia, LND, y Premio Nobel de la Paz 1991, la señora Aung San Suu Kyi. Los militares birmanos la acusan de haber infringido las condiciones del arresto domiciliario al que la tenían sometida desde el año 2003. En realidad, la señora Suu Kyi lleva recluida, salvo breves periodos de tiempo, casi veinte años. El Congreso de los Diputados expresa su deseo de que:

Primero. Ante la detención y nuevo encarcelamiento de la Premio Nobel de la Paz Suu Kyi la comunidad internacional aúne esfuerzos para apelar al Gobierno de Myanmar a su inmediata puesta en libertad, priorizando en todo caso el aseguramiento de su buen estado de salud física y psíquica.


Segundo. Que el juicio a la Premio Nobel de la Paz Suu Kyi se celebre con todas las salvaguardas procesales propias de las normas del derecho de la propia Myanmar y permitiendo la asistencia de representantes de la comunidad internacional.


Tercero. Con ocasión de las elecciones convocadas por las autoridades de Myanmar para el año 2010, se permita que la oposición democrática, encabezada por la premio Nobel de la Paz Suu Kyi, pueda concurrir a las mismas, iniciando así un proceso de transición conducente al restablecimiento pleno de la democracia en dicho país.


Pleno, Palacio del Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2009.-Lo signan los portavoces de los grupos Socialista, Popular, Catalán, Grupo Parlamentario Vasco, ER-IU-IC y Grupo Mixto. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(VOTACIÓN.)

- DE LAS CORTES DE ARAGÓN, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO, DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL, MODIFICADA POR LA LEY 11/2005, DE 22 DE JUNIO. (Número de expediente 125/000009.)

El señor PRESIDENTE: Iniciamos las votaciones.


En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Aragón, de modificación de la Ley 10/2001, de 5 julio, del Plan Hidrológico Nacional, modificada por la Ley 11/2005, de 22 junio.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 154; en contra, 178; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la mencionada proposición de ley.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA. (Número de expediente 122/000163.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA, A FIN DE ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES PROFESIONALES EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, ASÍ COMO LA DEFENSA Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. (Número de expediente 122/000145.)

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de un consejo general de colegios oficiales de ingeniería técnica en informática.


¿Se pueden votar conjuntamente las dos proposiciones de ley? (Asentimiento.) Se votarán por tanto la proposición que acabo de mencionar junto con la del mismo contenido y enunciado del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 340.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las tomas en consideración de las mencionadas proposiciones de ley.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA LA PROMOCIÓN, ORDENACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL DEL ACEITE DE OLIVA. (Número de expediente 162/000413.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para la promoción, ordenación y estabilización del mercado español del aceite de oliva. Esta proposición no de ley se vota con la autoenmienda del grupo proponente,

Página 45


más la enmienda del Grupo Popular a los apartados 4 y 10 y la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En esos términos, comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 340.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley mencionada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL RÉGIMEN DE CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO POR ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDORES DE COMIDAS Y BEBIDAS AL SERVICIO DE LA PLAYA, CONOCIDOS COMO "CHIRINGUITOS". (Número de expediente 162/000420.)

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al régimen de concesiones y autorizaciones de ocupación de dominio público por los establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa, conocidos como chiringuitos. Se vota en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 154; en contra, 172; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA DÍEZ), SOBRE LA NECESIDAD DE CONVOCAR A LOS AGENTES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS PARA QUE DESDE UN DIAGNÓSTICO COMÚN SE FORMULE UN PACTO DE ESTADO QUE NOS PERMITA ENFRENTAR CON GARANTÍAS DE ÉXITO LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL QUE ATRAVIESA ESPAÑA. (Número de expediente 173/000074.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la necesidad de convocar a los agentes sociales, económicos y políticos para que desde un diagnóstico común se formule un pacto de Estado que nos permita enfrentar con garantías de éxito la crisis política, económica y social que atraviesa España.


Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Pausa.) En consecuencia, se vota la mencionada moción en los términos de la enmienda transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 339.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS QUE VA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ESCLARECER LOS HECHOS DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR ALGUNOS RESPONSABLES DE LA POLICÍA NACIONAL EN CANARIAS CON RELACIÓN A LOS CASOS FAYCÁN Y GÓNDOLA, Y DEPURAR, EN SU CASO, LAS CONSECUENTES RESPONSABILIDADES. (Número de expediente 173/000075.)

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno para esclarecer los hechos derivados de los procedimientos utilizados por algunos responsables de Policía Nacional en Canarias con relación a los casos Faycán y Góndola, y depurar, en su caso, las consecuentes responsabilidades.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 149; en contra, 167; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO PARA FACILITAR EL VOTO DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS RESIDENTES EN ESPAÑA EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES.
(Número de expediente 173/000076.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las acciones realizadas por el Gobierno para facilitar el voto de las personas extranjeras residentes en

Página 46


España en las elecciones municipales. Se vota en los términos de la moción presentada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 335; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las ocho y treinta minutos de la noche.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal