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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 86, de 26/05/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2009 IX Legislatura Núm. 86
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 81 celebrada el martes 26 de mayo de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas:

- Del Parlamento de Canarias, Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 8-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 125/000008.) ... (Página 6)

Modificación del orden del día:

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Continuación.):

- Del Parlamento de Canarias, Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 8-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 125/000008.) ... (Página 8)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 182-1, de 4 de mayo de 2009. (Número de expediente 122/000162.) ... (Página 17)

Página 2


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática, a fin de asumir la representación de los intereses profesionales en el ámbito nacional e internacional, así como la defensa y desarrollo de la sociedad de la información. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 166-1, de 13 de marzo de 2009. (Número de expediente 122/000144.)...
(Página 17)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la reforma de la arquitectura financiera internacional y la eliminación de los paraísos fiscales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 196, de 4 de mayo de 2009. (Número de expediente 162/000422.) ... (Página 25)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la utilización abusiva de los paraísos fiscales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 187, de 17 de abril de 2009. (Número de expediente 162/000390.) ...
(Página 25)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al restablecimiento de las partidas presupuestarias sociales que han sido disminuidas en base al acuerdo de no disponibilidad de créditos de 1.500 millones de euros. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 191, de 24 de abril de 2009. (Número de expediente 162/000407.) ...
(Página 31)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la supresión de la publicidad y su impacto en el modelo de televisión pública. (Número de expediente 173/000071.) ... (Página 36)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas urgentes que prevé instrumentar el Gobierno para aumentar la liquidez de pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos.
(Número de expediente 173/000072.) ... (Página 41)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las familias sobreendeudadas. (Número de expediente 173/000073.) ...
(Página 45)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley de control de precursores de drogas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 10-1, de 10 de octubre de 2008. (Número de expediente 121/000010.) ... (Página 49)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.) ... (Página 52)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 52)

Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 52)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 53)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.):

- Protocolo sobre registros de emisiones y transferencias de contaminantes, adoptado en Kiev (Ucrania) el 21 de mayo de 2003. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 124, de 3 de abril de 2009.
(Número de expediente 110/000082.) ... (Página 54)

- Protocolo número 4 al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, reconociendo ciertos derechos y libertades, además de los que ya figuran en el Convenio y Protocolo Adicional, hecho en Estrasburgo el 16 de septiembre de 1963 y Declaración. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 128, de 17 de abril de 2009. (Número de expediente 110/000083.) ... (Página 54)

- Protocolo número 7 al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, hecho en Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984 y Declaración. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 129, de 17 de abril de 2009. (Número de expediente 110/000084.) ... (Página 54)

Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 54)

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SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas ...
(Página 6)

Del Parlamento de Canarias, Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias ... (Página 6)

Los señores González Hernández y Pérez García defienden la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Canarias.


Modificación del orden del día ... (Página 8)

La Presidencia solicita la conformidad de la Cámara para que los puntos 33, 34, 35 y 36, relativos a dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, y las enmiendas del Senado, previstos para la sesión matutina del jueves, sean examinados a partir del punto 9 del orden del día, bien esta tarde o bien mañana por la mañana, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Continuación.) ... (Página 8)

Del Parlamento de Canarias, Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias ... (Página 8)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 17)

Del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática ... (Página 17)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática, a fin de asumir la representación de los intereses profesionales en el ámbito nacional e internacional, así como la defensa y desarrollo de la sociedad de la información ... (Página 17)

Defienden conjuntamente la toma en consideración de las señaladas proposiciones de ley la señora Muñoz Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista y don Adolfo Luis González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora González Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Proposiciones no de ley ... (Página 25)

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la reforma de la arquitectura financiera internacional y la eliminación de los paraísos fiscales ... (Página 25)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la utilización abusiva de los paraísos fiscales ... (Página 25)

Defienden conjuntamente las proposiciones no de ley reseñadas los señores Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista y Herrera

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Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Tomé Muguruza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas intervienen los señores Caldera Sánchez-Capitán y Herrera Torres.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al restablecimiento de las partidas presupuestarias sociales que han sido disminuidas en base al Acuerdo de no disponibilidad de créditos de 1.500 millones de euros ... (Página 31)

Defiende la proposición no de ley el señor Alonso Aranegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Sánchez Rubio, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 36)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la supresión de la publicidad y su impacto en el modelo de televisión pública ... (Página 36)

Defiende la moción el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Conde Roa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Tarruella Tomás, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor López Águeda, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Llamazares Trigo.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas urgentes que prevé instrumentar el Gobierno para aumentar la liquidez de pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos ...
(Página 41)

Defiende la moción el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Rivero Alcover, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Sánchez i Llibre.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las familias sobreendeudadas ... (Página 45)

En defensa de la moción interviene el señor Aparicio Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario

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Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Aparicio Pérez.


Enmiendas del Senado ... (Página 49)

Proyecto de ley de control de precursores de drogas ... (Página 49)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Gómez Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.) ... (Página 52)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Canarias, Orgánica de Transferencias complementarias a Canarias, se rechaza por 26 votos a favor y 311 en contra.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 52)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Informática, se aprueba por 337 votos a favor.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática, a fin de asumir la representación de los intereses profesionales en el ámbito nacional e internacional, así como la defensa y desarrollo de la sociedad de la información, se aprueba por 337 votos a favor.


Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 52)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la arquitectura financiera internacional y la eliminación de los paraísos fiscales, se aprueba por 176 votos a favor, uno en contra y 160 abstenciones.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la utilización abusiva de los paraísos fiscales, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, se rechaza por 164 votos a favor y 173 en contra.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al establecimiento de las partidas presupuestarias sociales, en los términos de la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular, se aprueba por 170 votos a favor, 163 en contra y cuatro abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 53)

Sometido a votación el punto 1 de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la supresión de la publicidad y su impacto en el modelo de televisión pública, se aprueba por 337 votos a favor.


Sometidos a votación los puntos 5 y 6 de la citada moción, se rechazan por 14 votos a favor, 320 en contra y tres abstenciones.


Sometido a votación el resto de la moción, se rechaza por 16 votos a favor, 319 en contra y dos abstenciones.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas urgentes que prevé instrumentar el Gobierno para aumentar la liquidez de pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos, con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista,

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se aprueba por 189 votos a favor, uno en contra y 146 abstenciones.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las familias sobreendeudadas, con la incorporación de las enmiendas de los grupos Mixto, Convergència i Unió y Vasco aceptadas, se aprueba por 170 votos a favor, 160 en contra y siete abstenciones.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.) ... (Página 54)

Protocolo sobre registros de emisiones y transferencias de contaminantes, adoptado en Kiev (Ucrania) el 21 de mayo de 2003 ... (Página 54)

Protocolo número 4 al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, reconociendo ciertos derechos y libertades, además de los que ya figuran en el Convenio y Protocolo adicional, hecho en Estrasburgo el 16 de septiembre de 1963 y Declaración ... (Página 54)

Protocolo número 7 al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, hecho en Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984 y Declaración ... (Página 54)

Sometidos a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores anteriormente reseñados, se aprueban por asentimiento.


Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 54)

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de control de precursores de drogas, se aprueban por 316 votos a favor, seis en contra y 15 abstenciones.


Se suspende la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIAS COMPLEMENTARIAS A CANARIAS. (Número de expediente 125/000008.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Primer punto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Hoy corresponde examinar la del Parlamento de Canarias sobre la Ley orgánica de transferencias complementarias a Canarias. De acuerdo con nuestro Reglamento, tiene en primer lugar la palabra don José Miguel González Hernández, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (González Hernández): Gracias, señor presidente.


Señorías, como representante del Parlamento de Canarias y comisionado por mi partido, Coalición Canaria, me cabe el honor de comparecer ante ustedes esta tarde para defender la toma en consideración de una proposición de ley, con carácter orgánico, de transferencias complementarias a la comunidad autónoma. Tengo que reconocer que lo hago con cierta desconfianza, aunque, si no estoy equivocado, solo ha habido dos iniciativas procedentes de asambleas legislativas regionales que no han sido tomadas en consideración en esta Cámara y, desde luego, con contenidos muy diferentes a la que nosotros presentamos hoy.


La situación geográfica del Archipiélago y sus características estructurales han determinado que sus problemas singulares fueran atendidos siempre con medidas legislativas o disposiciones administrativas también singulares. Señorías, no voy a consumir tiempo refiriéndome a los diversos hitos que a lo largo de más de quinientos años de historia han ido conformando nuestro régimen económico especial.
Solamente citaré el Real Decreto Puerto Franco de 1882, la Ley de Puertos Francos de 1900 y la Ley del REF de 1972, de 22 de julio, que son todos antecedentes preconstitucionales de la normativa que en este momento está en vigor.


La Constitución española se hace eco de la realidad del Archipiélago.
Además de referirse a nuestra especial organización administrativa, los cabildos, en su artículo 138.1 exige una atención especial a las circunstancias del hecho insular. También la disposición adicional tercera da una especial protección al acervo histórico canario cuando dice que la modificación del Régimen Económico y Fiscal del archipiélago canario

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requerirá informe previo de la comunidad autónoma o, en su caso, del órgano autonómico.


Canarias no accedió a la autonomía a través del artículo 151 sino del 148.
Sin embargo, el 10 de agosto, cuando se aprobaba el Estatuto también se aprobó, con base en el artículo 150.2 de la Constitución, una ley de transferencias complementarias a Canarias, la que nosotros denominamos Lotraca, juntamente con la de Valencia. Canarias tiene un encaje especial en la Unión Europea. La integración de España en las comunidades europeas puso a Canarias dentro del denominado Protocolo 2, que fue un régimen especial en el que se exceptuaba de la mayor parte de las políticas comunitarias. En el año 1991 Canarias se integró totalmente en la Unión Europea, pero manteniendo los fundamentos de su acervo histórico.


Múltiples son las normas que ha dictado Bruselas en la Unión Europea respecto a Canarias, pero yo destacaría que el Tratado de Ámsterdam en su artículo 299.2, es decir, formando parte del derecho primario europeo, señala que el tratado se aplica en Canarias, pero que, teniendo en cuenta -y esto es muy importante, señorías- su situación estructural, social y económica, caracterizada por su gran lejanía, la insularidad, la reducida superficie, la dependencia de muy poco producto para su economía, factores que son persistentes -dice el Tratado de la Unión- y que perjudican profundamente el desarrollo. Por ello se dice que, previa consulta al Parlamento europeo, la Comisión podrá adoptar medidas específicas orientadas a fijar las condiciones de aplicación de los tratados europeos en Canarias. No se les ocultará, señores diputados, la importancia de esta norma -insisto, derecho primario de la Unión-, en la que se reconocen los hándicaps estructurales de las islas y la necesidad de modulaciones normativas en la aplicación en Canarias.


Los canarios nos sentimos bien tratados por Europa, muchas veces mejor que por España. Me viene otra vez a la memoria el bloqueo al Estatuto de Autonomía, que salió del Parlamento canario con el apoyo del Partido Socialista y fue paralizado posteriormente en la Comisión Constitucional del Congreso. Creo que a lo largo de nuestra historia democrática reciente no ha habido precedentes de un gobierno que haya paralizado directamente o a través de los partidos que lo apoyan la tramitación de un estatuto o su reforma, con las únicas excepciones que anteriormente cité. La pregunta que nos hacemos a menudo los canarios es ¿por qué las demás comunidades autónomas pueden alcanzar mayores cotas de gobierno con apoyo del Partido Socialista y muchas veces del Partido Popular? ¿Nos lo niegan a Canarias ambos partidos? ¿Nos consideran ciudadanos de segunda? ¿Han pensado en que con esa actitud están potenciando posiciones radicales que pueden entrar a discutir la situación canaria dentro del Estado español fomentando tesis desintegradoras y centrifugantes? ¿Estamos en una tesitura en la que se intenta uniformizar a todas las comunidades autónomas con el espíritu de la denostada Loapa sin advertir el lugar geoestratégico de Canarias, a más de 1.000 kilómetros del continente y en un entorno africano conflictivo? Me viene a la memoria ese dicho tan común de que no hay peor injusticia que tratar a los diferentes con las normas comunes. El Estatuto de Autonomía de Canarias aún vigente requiere, en ese proceso de adaptación del título VIII de la Constitución, una mejora, una actualización. Una iniciativa del Parlamento de Canarias fue discutida en esta Cámara; fue admitida a trámite, pero bloqueada, por lo que el Parlamento de Canarias el 13 de diciembre de 2007 acordó retirar esa propuesta.


Con mi intervención de hoy, señorías, habrán comprendido que las características singulares de Canarias justifican las transferencias, a Canarias precisamente, de algunas competencias que quizá no tienen el mismo significado e importancia en el resto de España. Señorías, conocen perfectamente lo que dice el artículo 150.2, no se lo voy a repetir. Sí quiero comentarles que en el texto inicial del Estatuto que se aprobó en el Parlamento de Canarias se incluyen algunas competencias que quizás podrían quedar en el ámbito del artículo 150.2. Coalición Canaria entendía, y sigue entendiendo, que tenían perfecta cabida en el cuerpo del Estatuto. Sin embargo, a petición del Grupo Socialista y buscando el consenso, se procedió a extraerlas del texto estatutario y a formularlo mediante una proposición de ley de transferencias complementarias ante las Cortes Generales. La que estamos discutiendo hoy. Fue a propuesta del Partido Socialista. Es una proposición de ley muy sencilla, solo tiene un preámbulo breve, dos artículos, una disposición adicional y otra final.
¿El preámbulo qué nos viene a decir? Que estas normas atribuyen a Canarias una serie de facultades de territorialidad estatal sobre unas materias que inciden de modo determinante en los hechos diferenciales canarios. ¿Y cuáles son? Muy sencillo, la gestión de puertos y aeropuertos. Si los aeropuertos y puertos son importantes para todos, fíjense ustedes lo que son para unas islas separadas en medio del Atlántico y cuya única salida es esa, los puertos y aeropuertos. No ocurre así en el territorio continental. ¿No creen ustedes razonable que la comunidad autónoma participe en la gestión de este aeropuerto, como decimos nosotros en nuestra proposición, a través de una estructura en donde aparezcan, por un lado, el Estado, por supuesto, pero también en consorcio con las comunidades autónomas, los cabildos y los ayuntamientos?

Me preocupa, señorías, y voy terminando, las competencias sobre sanidad exterior y sobre el control fitopatológico y zoopatológico. Canarias no tiene en estos momentos la atención debida del Estado, y es la comunidad autónoma la que está supliendo con buena voluntad las carencias del Estado. No se atiende la sanidad exterior y en Canarias están entrando plagas por los puertos y los aeropuertos que ponen en peligro nuestros cultivos. Tenemos el transporte marino interinsular, ¿por qué no el aéreo? Lo tuvimos en el Estatuto inicial, pero se eliminó en la reforma.
Queremos que se nos restituya.


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Canarias tiene unos tributos que no tiene nadie; los pagamos y los gestionamos los canarios, y queremos tener facultades para regularlos.
¿Hay algo más razonable?

Señorías, como habrán visto, se trata de una norma plenamente constitucional, viene inspirada en el principio comunitario de subsidiariedad, es una norma respetuosa con las competencias estatales y su promulgación favorecería de un modo importante las convivencias autonómicas. Por eso les pido su apoyo a la toma en consideración.
Canarias no podría entender un trato discriminatorio absolutamente injustificado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


El señor PRESIDENTE: Señorías, quisiera comunicarles una cuestión previa relativa al orden del día. Quisiera saber si existe la conformidad de la Cámara para que los puntos 33, 34, 35 y 36, relativos a dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores en convenios internacionales, y las enmiendas del Senado que están previstas para examinarse en la sesión matutina del jueves, pudiesen ser examinados a partir del punto IX del orden del día, es decir, esta tarde o mañana al acabar la sesión de control. De esta manera, no tendríamos que celebrar la sesión matutina del jueves. ¿Existe conformidad por parte de la Cámara? (Asentimiento.)

También ruego su atención para comunicarles que se encuentra, como invitado de honor y en la tribuna del Congreso de los Diputados, el excelentísimo señor presidente de la Cámara de Diputados de Chile, a quien saludamos amablemente y deseamos una feliz estancia en nuestro país. (Aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie.) Muchas gracias, señor presidente por la cortesía de haber querido visitarnos.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(CONTINUACIÓN.):

- DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIAS COMPLEMENTARIAS A CANARIAS. (Número de expediente 125/000008.)

El señor PRESIDENTE: Proseguimos con el debate. Ahora es el turno de don Santiago Pérez García, del Grupo Parlamentario Socialista Canario. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Pérez García): Señora presidenta, señor presidente de la Cámara de Diputados de Chile, señoras y señores diputados, es para mí un honor intervenir ante el Congreso de los Diputados en nombre del Parlamento de Canarias y, por lo tanto, en nombre del pueblo canario y, además, hacerlo en nombre del grupo mayoritario del Archipiélago, el Grupo Parlamentario Socialista. Los socialistas canarios, en el mes de septiembre de 2006, aprobamos un acuerdo del Parlamento de Canarias que estaba compuesto por dos partes, una proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía y una proposición de ley orgánica de transferencias complementarias a Canarias. Son dos instrumentos legislativos diferentes, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material. El primero, el referente al Estatuto de Autonomía, debe ser fruto de la voluntad concorde de la representación del pueblo canario, el Parlamento de Canarias, y de la representación del pueblo español, las Cortes Generales. Sin embargo, esta proposición de ley orgánica tiene como objeto competencias exclusivas del Estado, atribuidas por el artículo 149 de la Constitución y, por tanto, se trata de una iniciativa que hasta la fecha no tiene precedentes, porque las leyes orgánicas de transferencias complementarias que se aprobaron en 1982 y en 1995 y 1996, como culminación de los pactos autonómicos entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, se referían a competencias que no figuraban en el artículo 149 de la Constitución, sino que eran competencias que no podían ser asumidas en una primera fase por las comunidades autónomas que accedieron al autogobierno al amparo del artículo 143 de la Constitución. Por tanto, se trata de competencias del Estado. ¿Por qué hemos solicitado que su ejercicio pueda ser transferido o delegado a nuestra comunidad autónoma? Por la siguiente razón. No se trata de competencias estatales que se refieren al núcleo del poder estatal, sino que se trata de competencias estatales atribuidas por la Constitución porque su ejercicio afecta a los intereses de varias comunidades autónomas. Este supuesto no se da en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias por razones de lejanía territorial. Los socialistas canarios hemos estado siempre en primera línea en la defensa de, primero, la Constitución y, luego, del afianzamiento y desarrollo de nuestras instituciones de autogobierno, pero lo hemos hecho desde una clave propia, sin imitar ningún tipo de óptica; una clave muy comprometida con las peculiaridades del Archipiélago y su defensa y muy comprometida con el proyecto constitucional que ha desembocado en el Estado de las autonomías, que implica que el Gobierno y las instituciones estatales tienen que disponer de herramientas políticas y jurídicas suficientes para velar por los valores constitucionales que se le encomiendan a las instituciones estatales: la unidad, la solidaridad y la corrección de desigualdades entre los territorios y los ciudadanos de España.


Además, los socialistas canarios consideramos que Canarias en estos momentos puede y debe mejorar su autogobierno. Puede ampliar su repertorio competencial, puede ampliarlo incluso aceptando el ejercicio, que no la titularidad, de determinadas competencias estatales, pero Canarias sobre todo necesita en esta etapa una mejora en la calidad democrática de su vida política, del

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funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. Por eso, los socialistas canarios -sin que ahora entremos en los entresijos de la política canaria por una cuestión de lealtad elemental a nuestras islas- exigimos desde la pasada legislatura, y lo vamos a hacer ahora con más contundencia, que una reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias conlleve que una mejora de nuestros dispositivos institucionales y una ampliación de las competencias esté inseparablemente asociada a medidas para mejorar la calidad democrática. Es decir, para que el autogobierno lo ejerza directamente el pueblo de las islas a través de un Parlamento que represente con fidelidad la pluralidad política y territorial que contiene, por fortuna y como uno de sus grandes activos, un territorio que es un archipiélago. Esta cuestión no la hemos planteado en clave de conflicto competencial, ni en clave de conflicto de identidades porque nunca la cuestión competencial lo es. En cualquier Estado de características similares al nuestro, un conflicto de competencias, en definitiva, es un conflicto por el reparto de poder planteado en clave jurídica. Y es habitual que esa evolución competencial y ese reparto competencial no se quede estabilizado ni congelado. Por lo tanto, no lo vamos a plantear en esa clave, sino en una clave de diálogo con el Estado. Además, quiero subrayar que si el Estado y las Cortes Generales llegan a la misma conclusión que nosotros, que hay determinadas competencias exclusivas del Estado que pueden y deben ser cedidas en su ejercicio a la Comunidad Autónoma de Canarias, si se puede hacer eso, se puede hacer algo que está en ese camino: articular un sistema institucional y que, por lo tanto, no dependa del buen o mal humor del Gobierno estatal de turno, ni de su mayor o menor precariedad parlamentaria. Que asocie nuestra comunidad autónoma a la gestación y a la toma de decisiones que, aunque correspondan a competencias exclusivas del Estado, conciernan exclusiva o muy preferentemente los intereses de nuestra comunidad autónoma. Hay un amplio repertorio en el federalismo cooperativo y disfrutamos ya de una amplia experiencia que se ha ido cuajando en el ámbito de las relaciones entre el Reino de España y las instituciones europeas en asuntos que conciernen específicamente a Canarias. Los socialistas canarios hemos estado en esta posición y vamos a seguir estando. La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias fue retirada del Congreso de los Diputados sin que se produjera el supuesto previsto estatutariamente: una modificación operada por las Cortes Generales sustancial respecto a la propuesta del Parlamento de Canarias que no fuera aceptada por la representación del pueblo de las islas que encarna y ostenta nuestra Cámara autonómica. Esa retirada no contó con el apoyo del Partido Socialista canario ni de nuestro grupo parlamentario. Por lo tanto, en esta legislatura nos mantenemos en la posición que teníamos, una apuesta por el reforzamiento de nuestro autogobierno con una ampliación competencial que no signifique la imitación ni el forcejeo con ninguna otra comunidad autónoma, sino una apuesta para ajustar nuestra autonomía a necesidades peculiares de nuestro Archipiélago. Esta es nuestra posición, absolutamente asociada a una exigencia de mejora de la calidad democrática, lo he subrayado y lo vuelvo a hacer ahora.


Señorías, solicito el apoyo del Congreso de los Diputados a la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica. No es este el único camino que se puede utilizar constitucionalmente para conseguir el mismo efecto. Puede ocurrir que durante la tramitación del Estatuto de Autonomía, que se nos anuncia que volverá a emprenderse, una decisión similar a la que ahora proponemos pueda ser acordada a través de otro mecanismo constitucional, incluso a través de un proyecto de ley orgánica aprobado por el Gobierno de España. Nos manteníamos en esta posición, nos mantenemos en esta posición y nos vamos a mantener más aún en el próximo futuro en ella. La autonomía canaria es Constitución más especificidades.
Esta es nuestra posición, señoras y señores diputados, señora presidenta.


Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Pérez.


No ha habido ningún grupo que haya solicitado ejecutar el turno en contra de esta proposición de ley del Parlamento canario. Pasamos, por tanto, al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, permítanme en primer lugar un saludo a los ponentes que en nombre del Parlamento de Canarias han intervenido defendiendo la toma en consideración de esta proposición de ley. Permítanme también un saludo para los representantes del Parlamento de Canarias que se encuentran en la tribuna de invitados.


Señoras y señores diputados, he de hacerles primero una confesión personal. Aún estoy recuperándome de una gran sorpresa que me llevé anoche al aterrizar en Madrid. Había partido a media tarde de Canarias con el convencimiento de que era posible un acuerdo unánime sobre esta proposición de ley orgánica de transferencias a Canarias, una proposición de ley en la que tuvieron parte muy activa los propios socialistas canarios y los nacionalistas canarios en un primer momento y que también fue asumida como fruto del consenso por el Partido Popular. Si les confieso que todavía me dura el estupor es porque cuando despegué de Canarias el Parlamento de Canarias acababa de nombrar a José Miguel González y a Santiago Pérez para que defendieran en su nombre este proyecto normativo, esencial para Canarias como luego tendré oportunidad de demostrar. Si los nacionalistas canarios fuéramos unos locos -o loquitos, como decimos por Canarias-, si nos hubiéramos echado al monte en la radicalidad anticonstitucional, muchos ciudadanos entenderían que esta Cámara actuaba sabiamente

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en pro de la unidad española y tanto los electores conservadores como los socialistas entenderían el rechazo que ustedes van a llevar a cabo contra los legítimos intereses y las aspiraciones de Canarias. Pero no, resulta que ustedes, el grupo que apoya a este Gobierno, van a votar en contra de lo que sus propios compañeros apoyaron y propusieron en Canarias y que han venido a defender dignamente aquí. Insólito, sorprendente y añadiría alucinante, porque vamos a ver, ¿no fue el señor Rodríguez Zapatero el que afirmó un día que toda propuesta estatutaria que saliera del Parlamento catalán sería respaldada por su Gobierno y por su grupo en esta Cámara? Luego se demostró que era necesario negociar y adaptar, pero lo que nunca se hizo es lo que se va a hacer hoy, lo que se va a perpetrar hoy aquí, la no toma en consideración del proyecto remitido por el Parlamento de Canarias, es decir, una desconsideración hacia Canarias, una desconsideración y yo añadiría un calificativo totalmente necesario, el de desprecio, el desprecio sin ambages. ¿Por qué esta desconsideración es más que eso y llega a ser un desprecio? Porque, a pesar de la lealtad constitucional de Canarias, ustedes van a despachar la iniciativa del Parlamento canario como si fuera un simple oficio de trámite, sin dejar que la Comisión Constitucional lo analice, lo discuta o tenga la oportunidad de mejorarlo.


Nos preguntamos por qué el presidente del Gobierno no ha venido hoy aquí a defender su posición como ha hecho en algún otro caso. No puede hacerlo porque seguramente su cara se teñiría de vergüenza. Difícilmente podría mirar a los ojos a sus propios compañeros, a los que embarcó en la travesía de la España diversa para luego echar el cerrojo y trancar la puerta, y hacerlo precisamente con Canarias, la única región a la que la Unión Europea reconoce singularidades que todavía no podemos -no nos dejan- trasladar al bloque constitucional español. ¿Qué tendría que hacer Canarias para ser oída?, ¿echarse al monte?, ¿practicar el mismo oportunismo del que hacen gala ustedes? En el debate presupuestario les dije que habían presentado unos presupuestos cangrejo porque era evidente que suponían un paso atrás y además luego la realidad los dejó obsoletos en menos de diez semanas. Hoy les tengo que decir que ya está bien de que jueguen a la yenka con Canarias: un paso adelante, un paso atrás, izquierda-izquierda, derecha-derecha, un-dos-tres. No, no y no. Estamos hablando de algo demasiado serio para ser abordado con el oportunismo que canta la yenka. No es que dejen a los pies de los caballos a los socialistas canarios, que llevan tres años defendiendo esta propuesta y ayer votaron defenderla en Canarias y hoy les van a hacer votar otra absolutamente contraria. Tienen mi solidaridad y mi respeto, porque me consta que han trabajado de buena fe.


Permítame, señor Pérez, que le diga algo. Esta tarde pensaba y me imaginaba su referencia a la calidad democrática. Pensaba cómo debía referirme al señor Pérez, incluso con su afición a la música, como yo, me acordaba de una canción de los años sesenta que decía: señor López. Y yo le diría algo, señor Pérez: pregúntele al señor López, presidente del Gobierno vasco, si está dispuesto a modificar la representación de los territorios históricos. Pregúntele si ellos son conscientes de la representación del pueblo vasco, si el pueblo vasco se siente respaldado en el Parlamento a pesar de que Vizcaya tenga el triple de población que Álava y tenga los mismos parlamentarios. No sé por qué una vez más se aplica la ley del fonil o el embudo, de utilizar una vara para medir en un lugar y otra fórmula para medir en otro. Señorías, dejan a Canarias a los pies de los caballos, a la que se da un injusto portazo sin ofrecer la mínima alternativa a su desarrollo competencial y estatutario; y lo peor es que no es un hecho aislado, porque se hace preciso recordar que la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias fue bloqueada primero y abortada después por su partido y su Gobierno en esta Cámara hace poco más de dos años. Fue un bloqueo caprichoso y sectario -les recordaba hace dos semanas mi compañera Ana Oramas-, y ello a pesar de que no existían dudas de inconstitucionalidad y a pesar de que llegó a concitar en distintos momentos el respaldo de los tres grandes partidos que lo fraguaron: el PSOE, el Partido Popular y Coalición Canaria, a instancias de un comité de expertos donde estaban representadas todas las sensibilidades políticas. Ustedes truncaron un proyecto de Estatuto que ponía a Canarias en el siglo XXI. Lo truncaron por un capricho partidario y de última hora del dirigente político que ustedes desplazaron desde el Gobierno al archipiélago atlántico. Lo truncaron con unos rocambolescos pasos atrás y adelante, como los de ahora, que pasarán a la posteridad como el primer y gran desplante de este siglo del Gobierno y parlamentos españoles a la comunidad más alejada y frágil, y el segundo desplante o desprecio es el de ahora, señorías.


Yo había preparado otro tipo de defensa de la propuesta en la creencia de que era posible que todos los grupos de la Cámara iban a seguir trabajando juntos en el desarrollo de esta ley, de la misma forma que demostraron sensibilidad hacia Canarias en el reciente acuerdo unánime sobre medidas especiales para combatir allí la crisis económica. Quería recordar que esta propuesta que hoy nos ocupa representa la legítima aspiración que el Parlamento de Canarias trasladó a las Cortes hace casi tres años. La Cámara que representa más legítima y democráticamente al pueblo canario elevó a este Congreso una propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía y de Ley Orgánica de Transferencias a Canarias, Lotraca, que venían a poner en hora el autogobierno de Canarias no por un reflejo mimético de las actualizaciones de otros estatutos, sino apelando a argumentos y singularidades que ninguna otra comunidad podía argüir. Se le cortaron caprichosamente las alas a aquel proyecto de estatuto, pero el complemento estatutario que es la Lotraca también va a tener el mismo trato. El proyecto de Estatuto decayó, pero una parte fundamental del mismo articulada a través de este proyecto de Lotraca, debiera continuar adelante para que al

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menos se salvaran algunos muebles fundamentales de tan triste naufragio.
Aquella iniciativa estatutaria llega hasta aquí recortada en partes fundamentales, pero no por ello las propuestas que se hacen en su breve articulado dejarán de ser muy útiles al futuro de Canarias. Esta Cámara ha tenido recientemente la sensibilidad de respaldar por unanimidad toda una batería de medidas propuestas en marzo por mi compañera Ana Oramas, así como las cuatro propuestas de resolución consecuencia del debate del estado de la Nación que defendí aquí la pasada semana. ¿Por qué ahora esa consideración especial se transforma en desconsideración pura y simple? Canarias necesita este ajuste competencial y trataré de abundar en las razones ya expresadas por los representantes del Parlamento de Canarias.


Los canarios estamos tratando de impulsar en los últimos años cambios fundamentales en la estrategia de desarrollo, sin los que nos veríamos abocados a que los actuales y preocupantes niveles de paro se agravaran y, lo que es peor, se perpetuaran. ¿En qué consiste este cambio? ¿Cuál es el sentido último, y para nada caprichoso, de la reforma competencial que proponemos? Necesitamos nuevos instrumentos que hagan ese cambio sostenible y sobre todo que nos permitan responder mejor a los retos que la globalización plantea en un territorio aislado y fragmentado. Canarias cuenta con un nombre propio, porque no existe otro país o región de la Unión Europea con un estatus singular, región ultraperiférica, que esté en mitad del Atlántico, siendo frontera sur de la Unión Europea y que posea unos lazos culturales y sociales tan arraigados con el mundo latinoamericano, al mismo tiempo que geográficamente se encuentre incrustada en África. Ahora, Canarias ha de lanzarse a hacer realidad las ventajas derivadas de nuestra posición geográfica, cultural y económica.
En definitiva, ha de dar un nuevo salto que nos convierta en un archipiélago atlántico, cruce de caminos de múltiple culturas y comunicaciones marítimas y aéreas, de personas y mercancías.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Perestelo, por favor, tiene que acabar.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Termino, señora presidenta, con los argumentos que, como decía, defendieron los dos representantes del Parlamento de Canarias. Señorías, tenemos una oportunidad de hacer justicia con una iniciativa que lleva tres años durmiendo en este Congreso. Tenemos una oportunidad, esta toma en consideración, señorías.
¿Hay algo más grande en un Parlamento que la toma en consideración de una iniciativa de un Parlamento autonómico? ¿Hay algo más grande que llevar a la Comisión Constitucional lo que han dicho nuestros compañeros parlamentarios en Canarias, que podamos discutir, debatir y modificar, si es necesario? En definitiva, es un desprecio si no se toma en consideración una iniciativa de un Parlamento, como es el caso.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo parlamentario, no sin dudas, va a votar favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa del Parlamento canario que pretende incrementar el autogobierno de Canarias. Una iniciativa que no se comprendería tan solo con esta modificación, sino que comprende también la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma canaria y, en conjunto, responde a las aspiraciones del Parlamento de Canarias. Por eso, abordamos esta iniciativa con una cierta extrañeza, esa extrañeza que da ver algo demediado, troceado, la misma que Italo Calvino tenía en su obra El vizconde demediado. Pero sabiendo de dónde viene la iniciativa, podríamos hacer otro símil, que es la extrañeza ante el naufragio de un catamarán que venía compuesto de dos iniciativas, una reforma estatutaria y una ley orgánica. La una ha encallado en el Congreso de los Diputados, la otra se ha perdido, parece ser que se va a perder, en este caso, en su toma en consideración. Estos naufragios dan lugar a la extrañeza y también a la melancolía. Mi grupo parlamentario tiene cierta melancolía por lo que fue el impulso autonómico de la legislatura pasada, por la España plural, por el desarrollo federal del Estado, que nosotros compartimos, sobre todo porque tenemos la impresión de estar asistiendo a lo que podemos denominar en términos históricos una restauración, la restauración del modelo autonómico, del híbrido entre el modelo centralista y el modelo federal que, en nuestra opinión, no es muy favorable ni para el conjunto de los ciudadanos, ni para las comunidades autónomas, ni tampoco para el Estado. Preferimos una evolución federalista y cooperativa, que la actual situación de ambigüedad. En ese sentido, vemos esta iniciativa como otras, con cierta melancolía.


Por razón de principios, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, va a votar a favor porque, como dije antes, creemos en ese impulso de la legislatura pasada a favor de la España plural y que la mejor forma de plasmar ese impulso es el desarrollo federal del Estado y, dentro de él, el respeto a la iniciativa autonómica por parte de las comunidades autónomas, sin perjuicio de que luego el pacto con las comunidades autónomas se tenga que tener más acabado en el Congreso de los Diputados.
Por eso, vamos a votar la toma en consideración. Ahora bien, tomamos en consideración esta iniciativa y la votaremos favorablemente, pero no quiero dejar de poner de manifiesto que tenemos diferencias de contenidos. Algunas de las propuestas que nos hacen son difícilmente formulables en términos de competencia de una comunidad autónoma. Unas tienen

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sentido en relación con la Comunidad Autónoma canaria y otras me parecen mucho más difíciles en estos momentos. Por ejemplo, en relación con la gripe H1N1, el planteamiento sobre la competencia de sanidad exterior, tengo mis dudas con respecto a esta iniciativa. También hay diferencias de gestión. No coincidimos con el modelo de gestión del actual Gobierno canario y tenemos discrepancias en la gestión de algunas materias que se piden como competencia delegada, por ejemplo en relación con la competencia de puertos. Como ustedes saben, nos oponemos al nuevo puerto de Granadilla. Por otra parte, también existen diferencias democráticas -antes hablaba aquí de la calidad democrática-, pero diferencias democráticas también en relación con un sistema electoral que penaliza claramente, cuando no margina definitivamente, a las minorías. Pero por lo mismo, por estas razones de gestión, de contenidos o por razones democráticas podríamos rechazar cualquier iniciativa en esta Cámara, porque, por ejemplo, mi grupo parlamentario tiene lo que tiene en función de un sistema electoral injusto, y eso no nos lleva a oponernos sistemáticamente a cualquier tipo de iniciativa política, sino que la analizamos en su contenido. Por estas razones, mi grupo parlamentario va a votar favorablemente la toma en consideración con las consiguientes enmiendas para mejorar la iniciativa del Parlamento canario. Esperamos que un voto favorable a esta iniciativa, aunque sea demediada, pudiera significar un punto de inflexión y recuperar no solamente la reforma del Estatuto de Canarias, sino el impulso autonómico, aunque lo dudamos, porque nos da la impresión de que estamos, más que en ese impulso autonómico, en la dinámica de Moby Dick; mucho nos tememos que al final solo quedará el grumete.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Estos trámites -no un trámite, sino varios- de modificación del Estatuto canario o de asunción de competencias de titularidad estatal están resultando, desde las posiciones que están manteniendo los dos grandes partidos del Estado, el Partido Popular y el Partido Socialista, algo así como La Parrala, porque ya no sabemos a qué carta quedarnos. Ustedes ya saben lo que dice la canción: Que sí, que sí, que La Parrala tiene un amante, que no, que no, que ella no quiere más que a su cante. Así que ¿quién compra este misterio? Por una parte, el texto que hoy se somete a nuestra consideración está apoyado por el Grupo Socialista en la Cámara, pero llega aquí, discutimos el Estatuto y resulta que el Grupo Popular pone las patas al aire y tacha -por cierto, una consejera del actual Gobierno- de nacionalsocialista el texto. Luego no sabemos si resulta nacionalpopulista, pero el caso es que, cuando se presentan las enmiendas, se produce una negociación con el Grupo Popular y al final, todo por la Ley Electoral, vamos a decirlo, un tema no consustancial al asunto de la modificación del Estatuto, sino algo paralelo y desde el punto de vista de que más bien debería quedar dentro de lo que pueda decidir la comunidad autónoma, pero desde luego desde una posición muy partidista, la cuestión es que al final el Estatuto se rechaza, vuelve hacia atrás y nos quedamos con lo que era el acompañamiento del Estatuto, que en sí tiene sustancia para que sea debatido hoy, claro que sí.
Evidentemente, desde nuestro punto de vista este texto podría haber constituido parte de lo que era la modificación del Estatuto de Autonomía, pero, no siéndolo, también es perfectamente aceptable que, utilizando el artículo 150.2, que, por cierto, se le está sacando muy poco rendimiento por parte de esta Cámara y por parte del Estado en estos últimos años, pueda, por qué no, la Comunidad canaria, atendiendo a sus especificidades, disfrutar de una serie de competencias. Pero ahora parece ser que este texto impulsado por los socialistas no es de su agrado y, sin embargo, aquellos que protestaron por el contenido del Estatuto y que evidentemente tampoco les gustaba la ley que lo acompañaba, resulta que ahora sí estarían dispuestos a que fuera adelante, o eso es lo que uno creía hasta hoy por la mañana porque, viendo las declaraciones por ejemplo del señor don José Manuel Soria, quien señalaba en recientes fechas que el Partido Popular iba a votar a favor, o del señor don Santiago Pérez, que decía que estaba haciendo todo lo posible para convencer a sus compañeros del Partido Socialista para que votaran sí, parece que vano intento y aviso contradicho en esta Cámara.


Sinceramente, no nos parece serio tratar a una comunidad autónoma y en un tema tan delicado como son sus cuotas de poder y de autogobierno de la manera en que lo están haciendo. No fue de recibo el rechazo del Estatuto en su momento. Se podía haber negociado, de hecho se negoció, yo creo que incluso se podía haber ganado más tiempo y haber intentado llegar a un acuerdo más profundo. Nosotros hemos dicho, incluso cuando se rechazó el Estatuto de Autonomía vasco, que creíamos que este primer paso de toma en consideración siempre se debe dar, porque hay que dar un margen al acuerdo y a las posibilidades de encuentro entre los partidos políticos y, sin embargo, en el caso canario -como en el caso vasco-, aunque se dio el primer paso, después se devolvió de mala manera a la comunidad autónoma correspondiente, además mezclando un asunto como es el tema electoral, que sinceramente creo que no toca. Considero que a la hora de decir sí o no al contenido de esta ley o a una modificación estatutaria, no deberíamos tener en cuenta ni cuál es el sistema electoral ni cuál es la gestión que uno u otro hace. Otra cosa es el contenido de las competencias y si ese contenido se ajusta en lo que realmente se precisa para la comunidad autónoma correspondiente al ordenamiento jurídico. Pero creo que

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de eso es de lo que menos se está hablando, sobre todo ante la opinión pública.


Mi grupo lamenta verdaderamente la bofetada que hoy se vuelve a dar a la Comunidad canaria en esta Cámara. Ya ven que aunque Santiago Pérez dice que no debería depender del mayor o menor humor del Gobierno, sí, muchas veces depende del mayor o menor humor o de la mayor o menor necesidad de votos, y se lo digo por experiencia. Fíjense ustedes, usted ni siquiera de la mayor o menor necesidad de votos, porque ni siquiera sus votos son tenidos en cuenta por su propio partido. En fin, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), como siempre, ante las peticiones de diferentes comunidades autónomas por ampliar su autogobierno, va a mantenerse firme en su apoyo y evidentemente dará su aquiescencia a la toma en consideración de esta proposición de ley, que creemos que puede dotar de un contenido sustancial e importante y que puede generar dinámicas sociales y sobre todo económicas muy importantes en las islas Canarias.
Esperemos que, aunque no sea en esta ocasión, en próximas fechas sí puedan ver sus deseos cumplidos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidenta.


Señoras y señores diputados, nuestro grupo ya anuncia que va a dar su voto positivo a esta iniciativa de la Comunidad Autónoma de Canarias. No podría ser de otra manera por cuanto nuestro grupo siempre se ha pronunciado favorablemente a la tramitación de las iniciativas procedentes de las comunidades autónomas. Este nos parece un criterio que puede ser especialmente positivo y respetuoso y que permitiría, hubiera permitido o puede permitir en el futuro que entre aquello aprobado por los parlamentos autonómicos y aquello que se ve en las Cortes Generales no se produzca un divorcio como en esta ocasión.


Lo que previsiblemente va a suceder esta tarde y que denunciaba el portavoz de Coalición Canaria me sugiere aquello de: amigos bienvenidos a casa de quienes sufrimos las votaciones de un determinado partido o unos determinados partidos que votan a, en el Parlament de Catalunya o en el Parlamento Canario, y vienen aquí y votan la zeta. No votan la be, ni la ce, ni la de, sino la zeta. Es decir, que no tienen ningún reparo en modificar radicalmente su posición de voto en función simplemente de haber recorrido unos cuantos kilómetros. A lo mejor en el caso de ustedes está más justificado, porque son algunos miles, pero en el caso de Cataluña simplemente recorriendo 600 kilómetros las cosas cambian radicalmente. En Cataluña, por ejemplo, se vota a favor de que se traspasen ciertos aeropuertos y se pueda tener una posición determinante mayoritaria en el control del aeropuerto de El Prat de Llobregat. Sin embargo, se viene aquí y se está en contra de esta misma posición, de lo votado por las mismas personas -en algún caso físicamente por las mismas personas- en el Parlament de Catalunya. Por tanto, amigos y amigas de Coalición Canaria, esta es una de esas cuestiones a las que uno tiene que acostumbrarse y simplemente se tiene que contar a los ciudadanos, para que vean que algunos votan tan distinto simplemente en función de la ubicación geográfica, porque yo no acierto a ver cualquier otro motivo por el que alguien, una fuerza política, pueda cambiar su signo de voto.


Lo que ustedes plantean es la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. Nosotros estamos de acuerdo. Saben perfectamente que ya de forma casi heroica en un momento determinado logramos que se aprobara, en virtud de este artículo 150.2, una transferencia a la Generalitat de Catalunya. Se trata de una transferencia importante, que son las competencias policiales y de gestión del tráfico. En aquellos momentos, nuestro Grupo Convergència i Unió suscribió un acuerdo con el Partido Popular, llamado Pacto del Majestic, que fue cumplido, y a mí me gusta reivindicarlo. Es decir, cuando se llega a un acuerdo político con alguien es positivo que se cumpla este acuerdo, incluso si hay que hacer uso de un precepto que casi pudiera ser -lo dice la Constitución- una excepción constitucional. Hay que subrayar y aplaudir a quienes cumplen los compromisos, y a mí me gusta hacerlo. En el mismo sentido, hay que poner de manifiesto que hay quien sistemáticamente incumple todo tipo de compromisos y que, por tanto, aquello que acuerda por la noche ya no se acuerda por la mañana al despertar, o aquello que vota en Canarias, vota distinto aquí. Este es un elemento muy importante que hay que poner de manifiesto y que me parece que a todas SS.SS. de todos los grupos políticos debiera interesarnos. Aquello de la desafección, de la crisis de los valores democráticos, etcétera, sin duda, tiene mucho que ver con esta especie de juego al escondite para quedar bien; porque vienen las elecciones y porque presentamos a no sé quién que puede ganar, hay que votar algo que luego Dios proveerá. Claro, pasan los días y al final las cosas llegan y se tramitan, y supongo que a alguien hoy se le subirán los colores a las mejillas. Convergència i Unió comprende perfectamente los motivos que han llevado al Parlamento de la Comunidad Autónoma de Canarias a solicitar esta aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. En algunos temas porque compartimos absolutamente su visión y la comprendemos, porque aunque no seamos islas las deseamos exactamente igual que el Parlamento canario: la gestión de puertos y aeropuertos. Sin embargo, en el caso de Canarias a mí me gustaría decir y argumentar que es mucho más justificado, porque además se ha cometido una injusticia histórica con Canarias. Ustedes saben que los aeropuertos canarios significan el mismo volumen de tráfico que el aeropuerto de Madrid-Barajas o que el

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conjunto de aeropuertos catalanes, aproximadamente, y sin embargo han recibido en los últimos quince años una quinta parte de la inversión del aeropuerto de Barajas y la mitad de los aeropuertos catalanes. Por tanto, los canarios tienen suficientes motivos para manifestar su enfado y para reprobar la actitud de alguien que no les quiere traspasar algo pero que tampoco está ejecutando con rigor sus competencias. Tienen ustedes toda la razón. Yo comprendo también que ustedes reclamen la gestión de la zona marítimo-terrestre de las costas y las playas, nosotros también lo hacemos; y lo hacemos porque en estos momentos en Cataluña hay una curiosa interpretación de la Ley de Costas por la cual se ve que, igual que los salmónidos, la zona marítimo-terrestre ya llega a kilómetros y kilómetros del interior y ahora, bajo la pretensión de limpiar zonas marítimo-terrestres, están delimitando medio país como competencia del Estado. Algo, por cierto, que tampoco en época del Partido Popular se habían atrevido a hacer y que ahora se está haciendo y que hay que denunciar. Por tanto, comprendemos que ustedes reclamen esta competencia; y comprendemos que reclamen la competencia en el transporte aéreo interinsular, porque son sus autocares. Si nosotros reclamamos cercanías ustedes tienen derecho a reclamar esta cuestión. Comprendemos también que puedan reclamar otras cuestiones. No sé, si esto se tramitara como una ley, si haríamos o no alguna enmienda, pero en cualquier caso la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución, plenamente justificada, perfectamente; reclamación de ciertas competencias que la insularidad o que las especificidades de Canarias justifican, plenamente de acuerdo.
Sin embargo, parece que ustedes esta tarde no van a contar más que con la aquiescencia de unos cuantos grupos que, por desgracia, no vamos a poder darles la mayoría. Aquí ha habido una intervención anterior que ha acabado con una canción; pues a mí esto me recuerda a otra, algo que cantábamos en nuestra juventud, cuando decíamos aquello de: qué buenas son las madres Escolapias, qué buenas son que nos llevan de excursión. Yo creo que a ustedes los canarios también les han hecho hacer esto, qué buenos son algunos que les llevan de excursión y sin embargo les dejan sin excursión, sin competencias y sin aquello que su Parlamento aprobó.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Macias.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mariscal. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor MARISCAL ANAYA: Señorías, en primer lugar, deseo dar la bienvenida a mis compañeros parlamentarios autonómicos de Canarias que hoy nos acompañan.


Esta proposición de ley que hoy presenta el Parlamento de Canarias viene del año 2006 y lo cierto es que desde el año 2006 hasta hoy las cosas han cambiado mucho en Canarias, y ese cambio ha propiciado que esta iniciativa devenga, desde nuestro punto de vista, en anacrónica. La oportunidad de esta iniciativa legislativa es obsoleta y ha decaído con las enmiendas que se pactaron y que hemos pactado entre Coalición Canaria y el Partido Popular para reformar el Estatuto de Autonomía; enmiendas que recogen buena parte de las medidas que contiene esta proposición de ley. Pacto al que curiosamente el Partido Socialista no se ha sumado aún, aunque seguimos esperando porque nuestro deseo, sin duda alguna, es traer una reforma estatutaria que cuente con el apoyo de todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Pero nos surge una pregunta y es cómo apoyó el Partido Socialista un texto claramente inconstitucional en el año 2006 y hoy y ahora no se suma a un pacto para la reforma del Estatuto acorde con la Constitución. Misterios de la política o quizás, como estoy empezando a entrever hoy, cierto grado de doble personalidad. Pero bueno, ya iremos viendo con el transcurso del día qué votan unos y qué votan otros.


Señorías, la plasmación de la crisis se agudiza si cabe aún más en nuestra tierra haciéndola ya insostenible. Nos encontramos con unas cifras de paro que rondan el 26 por ciento, 80.000 parados nuevos en lo que va de año, una reducción del 10 por ciento en el comercio minorista y una reducción del 14 por ciento en la llegada de turistas extranjeros. Estos datos no hacen sino remarcar la necesidad de un compromiso de todos los partidos políticos en Canarias para buscar entre todos un estatuto que posibilite el desarrollo de Canarias dentro del marco constitucional. Hoy hablamos de Canarias en el lugar donde reside la soberanía nacional y donde pueden aprobarse medidas que, alejadas de una visión a veces cegata y en exceso partidaria, contribuyan a mejorar la vida de los ciudadanos.
En esa línea estamos dispuestos a reformar y por supuesto a mejorar el Estatuto, y, cómo no, a actualizar nuestro Régimen Económico y Fiscal, que ha quedado obsoleto con la creciente globalización de la economía.
Hay que reconvertirlo en un instrumento generador de empleo y de riqueza.
Además, porque nuestro territorio tiene carácter ultraperiférico -así lo reconoce el Estatuto de Autonomía, la Constitución y diversos tratados de la Unión Europea-, ciertas infraestructuras tienen un carácter esencial en el caso de Canarias, a las que hace especial referencia la proposición de ley que hoy debatimos. Me estoy refiriendo a los puertos y aeropuertos, que son la puerta de entrada de nuestro principal recurso económico -el turismo- y de salida para nuestra agricultura, la gran olvidada muchas veces, que emplea en Canarias -no lo olvidemos- a 20.000 personas. Son el punto a través del que nos abastecemos de los bienes y servicios que propician y propiciarán la prosperidad de nuestra tierra, y deben ser una plataforma de desarrollo económico que enlace los tres continentes que rodean a las islas Canarias. Por eso creemos que es necesaria una revisión de la política de puertos y aeropuertos, que tiene en el caso

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de Canarias una importancia muy superior a la que tiene en el territorio peninsular. Ni debemos ni podemos arrodillarnos ante la geografía, ante el hecho insular; nuestra posición geoestratégica debe ser y es, sin duda alguna, para el Grupo Parlamentario Popular una fortaleza.


Hace unos días en el debate del estado de la Nación el presidente del Gobierno se acordó de Canarias -cinco años más tarde, nunca es tarde si la dicha es buena; cinco años después pero se acordó- y nos bombardeó con una serie de medidas inconcretas, inconexas, temporales; anuncios que se concretarán cuando el señor presidente vaya a Canarias el segundo trimestre del presente año. Señores del Grupo Socialista, después de lo ocurrido con las resoluciones del debate sobre el estado de la Nación, confianza, lo que se dice confianza en el señor Rodríguez, poca, pero me gustaría equivocarme y que el plan estratégico para Canarias no sea una cortina de humo con la que ganar tiempo. Estaremos muy vigilantes desde la oposición y velaremos por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en esta Cámara. Señorías, tienen la oportunidad de trasladar a los canarios que, tras cinco años de abandono y de olvido, la amnesia ha finalizado.


Existe una norma de carácter nacional que muchos de ustedes votaron en esta casa, entre otros quien hoy ocupa la Presidencia del Gobierno. Me refiero a la Ley 20/1991, del Régimen Económico y Fiscal -ley nacional, no lo olvidemos-, y en especial a dos artículos, el 95 y el 96. Voy a detenerme a leerles el artículo 96, que es muy cortito, para que presten un poco de atención: "En cada ejercicio, el programa de inversiones públicas que se ejecute en Canarias se distribuirá entre el Estado y la comunidad autónoma de tal modo que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponde para el conjunto de las comunidades autónomas..." Pues bien, en los últimos Presupuestos Generales del Estado 530 euros fue la inversión media por habitante en todo el territorio nacional y 276 euros en Canarias. Y esto, ¿por qué ocurre? ¿Por qué? ¿Tiene alguna justificación legal? Esa diferencia sí que es una deuda histórica, señorías socialistas. Cumplan con las leyes que dimanan del Congreso de los Diputados, cumplan con el Régimen Económico y Fiscal y cumplan con los canarios. Hay que acordarse de Canarias y no solo cuando aprieta el sol y acechan las minorías parlamentarias. Cuando el Partido Popular ostentó la responsabilidad de gobernar este país existía un compromiso con las infraestructuras en Canarias. Las obras que se realizaron con la política de Estado para Canarias que se diseñó en 1996 así lo confirman: reforma del plan de obras hidráulicas, reforma del plan de empleo, el plan de carreteras; 200.000 millones de pesetas de la época, señores socialistas. Acuérdense porque además no hubo que poner ni abrir ni aplicar ninguna nueva norma.
Obras son amores y no buenas razones. Pónganse a trabajar, porque además estamos convencidos en el Grupo Parlamentario Popular de que no hay ninguna supuesta condena al paro y al detrimento económico de nuestra sociedad, no hay ninguna condena malévola; se puede salir de esta crisis pero entre todos. Hay que dar oportunidades para construir una Canarias mejor y más fuerte. Esto exige altura de miras, grandeza y comprensión de una realidad que demanda mayor inversión en infraestructuras; comprensión de una realidad, la insular, que con los medios convenientes puede convertirse en un motor de crecimiento y desarrollo para todo el país, para toda España.


Nosotros, los 153 diputados del Grupo Parlamentario Popular, asumimos, una vez más, este compromiso con Canarias. Solamente esperamos que los 169 diputados del Grupo Socialista y los dos diputados del Grupo de Coalición Canaria estén con nosotros para, entre todos, ampliar horizontes y contribuir al desarrollo de Canarias.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don José Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, señorías, señores comisionados del Parlamento de Canarias, diputados del Parlamento que nos honran con su visita, me gustaría que entendiesen mi intervención en representación del Grupo Parlamentario Socialista desde un punto de vista metodológico, porque en las intervenciones de los representantes de varios grupos parlamentarios ha faltado método, ha faltado sistemática, ha faltado rigor, ha faltado análisis serio y ha sobrado, desde luego, literatura, frases triviales, que no voy a reproducir para no generar ningún debate; trivialidad y vaciedad en los argumentos.


Me gustaría, para conocimiento de todos los diputados de la Cámara, que se me permitiese durante unos minutos recordar una línea directriz que han seguido las dos iniciativas procedentes del Parlamento de Canarias. Aquí nadie está mancillando a nadie. Aquí nadie está maltratando a nadie. No hagamos frases simplonas -y ese es un término muy propio de Canarias- que humillan las representaciones que se ostentan y humillan al pueblo de Canarias. El pueblo de Canarias se ha caracterizado a lo largo de los últimos veinte años por dar una auténtica lección a toda España. Es una comunidad donde se ha ido produciendo un incremento del producto interior bruto sin paralelismo en ninguna otra comunidad española, gracias a vertebrar nuestra economía sobre dos pilares: la Ley fiscal del Régimen Económico Fiscal canario de 1991 y la Ley económica del Régimen Económico Fiscal canario de 1994; gracias a la labor del Gobierno de España, esencialmente de los gobiernos socialistas, que han defendido en las instituciones comunitarias la singularidad de la Comunidad canaria, como lo defendió el presidente del Gobierno en su momento, Felipe González, en el Tratado de Maastricht, donde por primera vez aparece la inclusión de una comunidad

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española, la única, la Comunidad canaria, en una disposición final como región ultraperiférica que posibilitaba el acceso a nuevos mecanismos y a nuevos horizontes de desarrollo.


Además de ello, tenemos que reconocer que desde el año 1999 se han ido produciendo saltos de la Comunidad canaria en las estructuras comunitarias que le han ido posibilitando acceder a infinidad de fondos estructurales y al fondo social, y el crecimiento que la Comunidad canaria ha experimentado en los flujos financieros no se ha visto reproducido, desgraciadamente, en realidades. Y hoy el 27 por ciento de paro es algo que nos avergüenza a todos. Hoy quienes han gobernado durante los últimos veinte años nuestra comunidad son corresponsables de esta grave situación social en la que Canarias se encuentra. Tienen que reconocer, señorías, porque es una realidad incontrovertible, que la actitud del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento canario ha sido rigurosa, cualificada, sistemática, como he dicho, defendiendo valores que no todos pueden presumir de haber defendido a lo largo de su vida. Este veterano que les habla se siente muy satisfecho como militante socialista en la oposición de haber participado en aquellos debates del Instituto Universitario de la Empresa que dieron origen en la clandestinidad franquista a un primer proyecto de Estatuto de Autonomía.
En el año 1982 no sé dónde militaban ustedes, pero este diputado que les habla militaba en el Partido Socialista cuando las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica 10/1982, del Estatuto de Autonomía, y la Lotraca, la Ley 81/1982. A mí me gustaría rogarles, señoras y señores diputados -y me refiero a toda la Cámara, para que no se den por aludidos-, que leyesen el "Diario de Sesiones" del día 6 de febrero del año 2007, cuando en esta Cámara se produjo el debate de admisión a trámite del proyecto de Estatuto de Autonomía. Quienes lo hayan leído o lo hagan a continuación comprobarán que las intervenciones de todos los portavoces de los grupos parlamentarios procedentes del Parlamento de Canarias estaban vertebradas alrededor de un concepto político, de un compromiso político para que se aprobasen simultáneamente los dos proyectos de ley orgánica. Así, el que era portavoz de Coalición Canaria, el señor Rivero, hoy presidente de la comunidad, decía, y les transcribo un párrafo muy breve de su intervención: Porque el Estatuto de Canarias hay que verlo globalmente. Si debatimos el Estatuto de Canarias sin la Ley Orgánica de Transferencias estamos debatiendo un estatuto mutilado. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en día.


El Gobierno de Canarias elevó al Parlamento autónomo una propuesta de retirada de la ley orgánica que se estaba debatiendo en el Congreso de los Diputados, y se hizo desde la perspectiva de la altanería, de la arrogancia, de las posiciones totalitarias y del desprecio hacia la representación popular máxima en el Parlamento canario. Me gustaría recordarles a todas SS.SS. que la fuerza mayoritaria del Parlamento canario es el Partido Socialista Obrero Español, que con más de 300.000 votos obtuvo 26 diputados. Ese grupo parlamentario, mi grupo parlamentario, ha venido defendiendo posiciones de coherencia desde la perspectiva de la representatividad. El Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento canario ha venido defendiendo una posición según la cual Canarias merece otro sistema electoral. Los socialistas hemos propuesto que lo tenga y coherentemente hemos mantenido que la modificación del Estatuto de Autonomía conlleva la modificación expresa y rotunda del sistema electoral, que lo lleva explícito, porque, señorías, es en el Estatuto donde está el sistema electoral que actualmente padecemos.
Nosotros siempre hemos defendido la apuesta por la profundización del autogobierno, y somos en ese sentido adalides y defensores del autogobierno en Canarias. Nuestra trayectoria lo ha permitido demostrar, siempre hemos dicho que nos comprometemos a mejorar la calidad democrática en la Comunidad canaria. Y en los debates públicos que a lo largo de los últimos años se han producido en Canarias los socialistas siempre hemos mantenido nuestro compromiso por la reforma del Estatuto de Autonomía, apostando por la mejora de la calidad democrática de nuestros conciudadanos.


Decimos con orgullo que el Partido Socialista español, ese partido en el que este diputado milita desde hace tantos años, es el partido que ha hecho historia en la integración, en la diversidad, en la unidad y en el reconocimiento de las identidades plurales que conforman España. Es el partido que mayores aportaciones ha hecho a la vida democrática en la Comunidad canaria. Señorías, el Partido Socialista es el que votó sí a la Constitución y el que ha votado sí a todos los estatutos de autonomía, al Estatuto de Autonomía de Canarias del año 1982, en la forma de las dos leyes orgánicas a las que acabo de hacer referencia, y que también votará sí al Estatuto de Autonomía de Canarias, que esperemos que próximamente remita su Parlamento y que surja fruto del consenso, fruto del entendimiento y que esté alejado de las actitudes totalitarias, sectarias y degradadoras de los valores democráticos en los que nos encontramos hoy en día en la Comunidad canaria. No tienen sentido esos topes electorales que han permitido que unos grupos parlamentarios, sin ostentar las mayorías pertinentes, se hayan hecho totalitariamente con el poder, lo manipulen, lo transformen, lo deformen, no utilicen los mecanismos que la democracia nos aporta para rentabilizar los flujos financieros, procedentes del Gobierno de España y de las instituciones comunitarias, que nos hubiesen llevado con una buena gestión a unas situaciones de desempleo hoy muy alejadas de las cuotas en las que nos encontramos.


Señorías, desde este foro parlamentario queremos manifestar el deseo de mi grupo parlamentario de que desde el Parlamento de Canarias se alcance un acuerdo en las líneas directrices que acabo de pergeñar, que pase por el consenso en la elaboración de un proyecto de Estatuto de Autonomía singularizado y respetuoso con las características del Archipiélago. Los intervinientes de los diferentes grupos han utilizado, como he dicho,

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terminología impropia. Nosotros no pretendemos plantear modificaciones en la representación en cada una de las islas, eso es falso. Pretendemos bajar las barreras electorales, pretendemos que la Comunidad canaria se convierta en una comunidad ciudadana ejemplo de valores democráticos, y ese ejemplo tiene que surgir del proceso electoral y del Parlamento autonómico, que hoy no da ese ejemplo a la ciudadanía.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA. (Número de expediente 122/000162.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA, A FIN DE ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES PROFESIONALES EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, ASÍ COMO LA DEFENSA Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. (Número de expediente 122/000144.)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley. Tramitamos conjuntamente la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del consejo general de colegios oficiales de ingeniería en informática y la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del consejo general de colegios profesionales de ingeniería en informática, a fin de asumir la representación de los intereses profesionales en el ámbito nacional e internacional, así como la defensa y desarrollo de la sociedad de la información. Para la defensa de su proposición de ley tiene la palabra, en primer lugar, doña Lourdes Muñoz.


La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Gracias, señor presidente.


Hoy debatimos la toma en consideración de la proposición de ley de creación del consejo general de colegios informáticos. Esta ley regula el consejo de ingenierías informáticas y es, sin duda, un paso adelante para las ingenierías informáticas, ya que resolverá la representación de los profesionales de estas ingenierías. Esta es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para cumplir con los compromisos adquiridos.
Trabajamos y estamos coordinados con los representantes de las ingenierías informáticas durante estos últimos dos años, tanto en el trámite de la LISI, en el proceso de definición de fichas de competencias académicas y en la creación, ahora, del consejo de los colegios oficiales de ingenierías informáticas y de las ingenierías técnicas. Lo hacemos porque creemos que es justo, porque así lo marca una ley y porque creemos que no solo beneficia a los profesionales, sino que también es de interés general, ya que las ingenierías informáticas son importantes en la nueva sociedad en red.


Sobre el objetivo y el contenido de la ley, el objetivo es crear el consejo general de colegios profesionales de ingeniería informática, al considerar que con la existencia de once colegios de ingenierías informáticas -Murcia, Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Andalucía, Extremadura y Galicia- se hace necesario crear el consejo general. Lo hacemos en cumplimiento de la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, que establece que cuando estén constituidos varios colegios de la misma profesión en ámbito inferior al nacional, existirá un consejo general.
Así sucede, hay once colegios y en cumplimiento de la ley creamos el consejo.


La proposición de ley propone crear este consejo como corporación de derecho público que tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Se relacionará con la Administración General del Estado a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. De hecho, esta proposición de ley es idéntica a otras leyes que crean otros consejos, ya que emana de la Ley de Colegios Profesionales.
Solo existe una diferencia entre las dos proposiciones de ley que debatimos hoy aquí. La proposición del Grupo Parlamentario Popular incluye la posterior inclusión de los consejos en el Catsi y estando de acuerdo en que las ingenierías informáticas tienen mucho que aportar al desarrollo de la sociedad de la información y deben participar -para eso le damos representatividad- no tenemos claro si debe incluirse en esta ley o debemos buscar estas fórmulas. En todo caso, la cuestión es que lo abordemos en el trámite y encontremos la mejor solución.


Cuál es la situación de las ingenierías informáticas y por qué esta ley.
Los y las profesionales de las ingenierías informáticas son profesionales claves en el desarrollo de la sociedad del conocimiento, de la nueva sociedad en red. Casi todo lo que utilizamos tiene una aplicación informática, los instrumentos, herramientas, aparatos, ordenadores, la propia red Internet, etcétera. Las personas cada vez más reclaman seguridad y confianza, y este es un reto para desarrollar Internet y para desarrollar el comercio electrónico, para eso, quien los puede garantizar son las ingenierías informáticas. Entre los motivos de por qué los hogares no disponen de conexión a Internet se encuentra en octava posición relaciones relativas a la seguridad y a la privacidad. En el estudio sobre barreras hacia el comercio electrónico la desconfianza de Internet en los datos personales o

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bancarios es muy importante, el 25 por ciento declara que no le parece un medio seguro.


Algunos datos sobre la importancia que tienen las ingenierías informáticas. En el ámbito universitario hay ochenta centros, todas las universidades españolas imparten estas titulaciones excepto una. Se trata ya, en su representatividad, de 100.000 titulados. Los estudiantes de ingenierías informáticas son el 25 por ciento de los estudiantes de ingeniería, uno de cada cuatro, y son el 70 por ciento de los 128.000 estudiantes en el área TIC. Las primeras titulaciones no son de hace poco, hace ya 32 años. Un decreto de 1976 estableció que las enseñanzas en informática se desarrollarían a través de la educación universitaria, y un posterior decreto del mismo año creó las facultades de informática de Madrid, Barcelona y Valladolid, primero fueron licenciatura y a partir de los noventa ingenierías. Sin duda, una profesión importante para el interés colectivo y además representa una ingeniería mayoritaria. Pero, por otro lado, desde las instituciones hemos recibido en los últimos meses reivindicaciones, quejas y un cierto malestar del sector. Repaso alguna de ellas. Se reclamaban unas atribuciones académicas con la misma tramitación que otras ingenierías, aunque no fuese una profesión regular, para evitar y prevenir un decremento de la calidad y después un desprestigio profesional. Se nos reclamaba igualdad y no discriminación a otras ingenierías, incluso se llegó a afirmar que los estudios en ingenierías desaparecerían, cuestión que no era cierta. Se pide una regulación de atribuciones profesionales y, en concreto, lo que tratamos hoy, se reclama la creación de los consejos de ingenierías informáticas.
Para ello se funda el comité de creación del consejo general de colegios ingenieros técnicos y el de ingeniería informática. Pero, me pregunto, ¿cómo puede suceder esto con la ingeniería con más matriculados, con la ingeniería que supone un cuarto de los alumnos, o con una profesión que tiene el cero por ciento de paro? ¿Cómo podemos estar en el año 2009 sin un consejo de colegios constituido? Claramente, una de las respuestas a estas preguntas es la falta de representatividad, que en parte soluciona esta proposición de ley. Pero además, y coincido en mi diagnóstico con la opinión de representantes de las ingenierías, es una falta de postura mayoritaria de organización de que durante mucho tiempo hubo varias voces, varias posiciones y eso dificultó avanzar. Fue, precisamente, a raíz de la tramitación de la Ley Orgánica de Universidades y el temor de que no existieran unas atribuciones académicas, que hace dos años se creó la mesa de atribuciones, que preside María Rivero, y en la que participan directores de escuelas, colegios profesionales, asociaciones de estudiantes, asociaciones de ingeniería informática, etcétera. A partir de entonces sí que hay unos objetivos y una voz común y las instituciones tenemos claro cuáles son las reivindicaciones para poder canalizar las respuestas y las soluciones al colectivo. Si un colectivo no está unido, no se organiza, es difícil que alcance sus objetivos, por mucho que sus demandas sean legítimas y justas.


En los últimos meses han coincidido dos razones para poder avanzar: por un lado, una coordinación de objetivos comunes y, por otro lado, una voluntad política del Gobierno. La mesa ha dado voz al colectivo y con el consejo que crearemos hoy tendrán una representatividad más clara desde la óptica profesional, legal y reconocida. El Grupo Socialista y el Gobierno se han comprometido en soluciones a las ingenierías informáticas y nombraré tres ejemplos. El primero, la moción del Senado -que presentó inicialmente el Partido Popular pero que fue relevante porque llegamos a un acuerdo, un texto unitario y aprobado por unanimidad- en la que se instaba al Gobierno a incorporar en breve periodo de tiempo titulaciones del ámbito de la ingeniería informática en la discusión de las ingenierías en el ámbito académico y a estudiar la definición de soluciones transitorias de las ingenierías y el mismo trato que el resto de ingenierías en la Directiva europea de servicios que se aprobó el 18 de noviembre. Tenía esta moción un doble compromiso: solucionar el tema de las atribuciones académicas y dar a las ingenierías informáticas el mismo trato que al resto de ingenierías. El segundo fue la aprobación del documento de requisitos académicos. El Gobierno cumplió con el sector y se elaboró el documento de requisitos académicos para la elaboración de planes de estudio de ingenierías informáticas. Posteriormente, hubo un acuerdo del Consejo de Universidades para cumplir estos requisitos. Por tanto, todas las universidades se han comprometido a cumplir en sus planes de estudios estos requisitos. El tercero es el tema que hoy tratamos, los consejos de informática. El 1 de abril el Grupo Socialista mantuvo una reunión con diferentes colegios profesionales; participó el propio secretario general del grupo y varias portavoces, la de Administración pública, que ha sido la responsable del encaje más administrativo de la concreción de la ley, la de Universidades por su participación en el proceso de atribuciones académicas y yo misma como portavoz de sociedad de la información más responsable del ámbito profesional. Nos reclamaron la creación de los consejos, tanto de ingeniería como de ingeniería técnica, y nos comprometimos a hacerlo, a tramitar las leyes, a crear los consejos y a buscar la solución más ágil.
Por eso decidimos que la manera más rápida y ágil de aprobarlo era que el grupo parlamentario registrara esta proposición de ley en el Congreso.
Cumplimos y el 22 de abril registramos la proposición. Cuando hablamos de nuevo con los profesionales nos preguntaron: Y ahora, ¿cuánto tiempo para debatirla? Mi respuesta fue clara: muy poco tiempo; nosotros somos el grupo mayoritario y cuando el grupo del Gobierno registra una iniciativa es para debatirla y para aprobarla. Así ha sido y en pocas semanas hoy tratamos la primera de las dos proposiciones de ley, la de ingenierías informáticas, y en los próximos plenos trataremos la de ingenierías técnicas. Entra a debate y, por tanto, se aprobará. Por consiguiente, cumplimos y creo que podemos además llegar a un acuerdo mayoritario.


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Cuando incluimos este punto en el orden del día el Grupo Popular pidió acumular el debate con una proposición de ley anterior y lo aceptamos porque realmente es el mismo tema. Además, anuncio que nuestro grupo -así lo hemos hablado además con otros grupos- va a votar no solo nuestra proposición de ley sino también la del Grupo Popular porque queremos dar una solución y tener un acuerdo mayoritario que seguro que alegra a la profesión. Además, me alegro que hayamos llegado a este acuerdo mayoritario, porque debemos hacer eso, ponernos de acuerdo siempre que sea posible para dar respuesta a los ciudadanos. La representatividad de las ingenierías informáticas es muy importante para que estén representadas en otros órganos que, si no, no pueden estar, como el Instituto de Ingeniería de España, el Instituto de Ingenieros Técnicos de España; además, impide su representación en ámbitos internacionales como la Federación europea de asociaciones nacionales de ingenieros. Esta situación de no representación no es aceptable para una ingeniería mayoritaria y con repercusión social.


Antes de acabar, quería agradecer la voluntad de diálogo y las aportaciones de los representantes de los diferentes ámbitos: colegios profesionales, la Ritsi, los representantes de los estudiantes, las asociaciones de informáticos y los directores y directoras de escuelas de ingeniería informática. Para acabar, quería decir que esta aprobación supone un avance claro respecto a las profesiones de este ámbito, resuelve la representatividad, hoy de las ingenierías superiores y en próximas semanas de las técnicas, y lo hacemos desde dos convicciones: que las ingenierías informáticas tienen mucho que aportar y resolver en el desarrollo de la sociedad en red y, por tanto, son interesantes e importantes tanto para la profesión como para el conjunto de la sociedad.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.


Por el Grupo Popular tiene la palabra también para defender su proposición don Adolfo González Rodríguez.


El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Adolfo Luis): Señor presidente, señorías, sean mis primeras palabras de bienvenida para todo el sector de los colegios de informática de diferentes partes del territorio español. Tras esta salutación, señor presidente, señorías, subo a esta tribuna para defender la proposición de ley propuesta para la creación del consejo general de colegios profesionales de ingeniería e informática a fin de asumir la representación de los intereses profesionales en el ámbito nacional e internacional, así como la defensa y desarrollo de la sociedad de la información.


Voy a dividir esta breve exposición en dos aspectos: por un lado la forma y por otro el fondo de la citada proposición de ley. En primer lugar, en cuanto a la forma, debo destacar la acción llevada a cabo por el Grupo Socialista durante los últimos meses en todo lo relacionado con la ingeniería informática en este país, que no sé si calificar de contradictoria, desconocedora de la realidad, algo difícil de entender, a veces esquizofrénica, a veces poco sería, a veces histriónica, oportunista o, más sencillamente, celosa de lo realizado por el Partido Popular en esta materia durante la presente legislatura. Incluso estos calificativos se pueden añadir a la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, como comentaré más tarde. Me explico. El Grupo Popular presentó en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Ciencia e Innovación, una proposición no de ley sobre las actividades académicas de los ingenieros informáticos, sobre sus contenidos y competencias, avalada por todo el sector, y el Grupo Socialista votó en contra. No lo entiendo, pero desde luego es muy libre de votar lo que crea conveniente, faltaría más. Pero sigamos. El Grupo Popular, una semana después, presentó en el Senado una moción idéntica a la proposición no de ley del Congreso y consiguió su aprobación por unanimidad y, por tanto, con el voto afirmativo del Grupo Socialista. Extraña coherencia. El Grupo Popular presentó la proposición de ley que hoy debatimos el 19 de febrero del presente año, y el Grupo Socialista presenta una proposición de ley muy parecida, pero con algún recorte muy importante, el 16 de abril, con rueda de prensa incluida y toda la parafernalia a la que nos tiene acostumbrados. En síntesis, y para no extenderme demasiado, la actitud del Grupo Socialista puede inducir a pensar que con su proposición de ley busca más su rendimiento político que el bien general para todos aquellos que están relacionados con el mundo de la ingeniería informática, que puede estar alrededor de unas 200.000 personas, según información de la Agencia Aneca.


Respecto al fondo, y como aparece muy detalladamente en la exposición de motivos de la proposición de ley del Grupo Popular -no así en la del Grupo Socialista, que enjuiciamos como simple y falta de contenido justificativo de lo que se pide posteriormente-, afirmamos, como hicimos en la proposición no de ley, que las ingenierías informáticas entran de lleno en la estrategia de Lisboa, en particular la iniciativa 2010, pues fija como objetivo convertir a Europa en un lugar más atractivo para mejorar nuestro bienestar, favorecer el empleo, el crecimiento económico y la innovación. En este sentido, han sido muchas las iniciativas aprobadas en España para cumplir dicho objetivo. Así, tenemos la aprobación por unanimidad en el Senado, el 19 de octubre de 2004, de una moción por la que se instaba al Gobierno a integrar los programas y acciones en materia de la sociedad de la información y del conocimiento, así como a presentar un nuevo plan para el desarrollo de la sociedad de la información y de convergencia a Europa. En la pasada legislatura se constituyó la Comisión de la sociedad de la información y del conocimiento, que aprobó el 14 de junio de 2005 un informe que expresaba la necesidad de avanzar en la sociedad de la información, pues es evidente que actúa como elemento de desarrollo social y de

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bienestar para todos. El Senado, como ya he dicho, aprobó por unanimidad, el 12 de noviembre de 2008, una moción para que se incorporen tras un breve periodo de tiempo las titulaciones del ámbito de la ingeniería informática en la discusión del conjunto de las ingenierías y se estudien las posibilidades de definir soluciones transitorias para que la ingeniería e ingeniería técnica en informática tengan el mismo trato que el resto de las ingenierías hasta el desarrollo legislativo de la regulación de profesiones en el marco de trasposición de la Directiva Europea de Servicios. Nadie duda de que el crecimiento de la productividad se relaciona con las tecnologías de la información y del conocimiento. Por tanto, el conjunto del país, desde la labor coordinadora de todas las administraciones, debe impulsar un mayor crecimiento de las tecnologías de la información, junto con los sectores económicos y sociales, para crecer, ahora que estamos todavía a tiempo, más que los demás, si queremos alcanzar un rápido proceso de convergencia.


En otro orden de cosas, señor presidente, señorías, la importancia hoy día de la informática desde el mundo académico como enseñanza universitaria de grado superior es otro de los aspectos que hay que destacar. Nacida en 1969 con la creación del Instituto de Informática, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, con el Decreto 327/1976, de 26 de febrero, se estableció que las enseñanzas de informática se desarrollarían a través de la educación universitaria, apareciendo los primeros centros, según el Decreto 593/1976, de 4 de marzo, en Madrid, Barcelona y Valladolid, con sede este último en San Sebastián, existiendo en el día de hoy -perdone que corrija a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- creo que 81 centros -y no 80, como ha dicho ella-, agrupando a 95.000 alumnos, es decir, la cuarta parte de todos los estudiantes actuales de ingeniería en España. Los ingresos proporcionados por este sector significan más del 2 por ciento del PIB español y, como se ha dicho anteriormente, existen once colegios profesionales de ingenieros y nueve de ingenieros técnicos en informática. Por último, y auténtica razón de esa proposición de ley, el decano de los colegios de ingenieros de informática presentó el 19 de abril de 2005, según establecen las leyes y normativas vigentes, en el registro del Ministerio de Administraciones Públicas una petición formal de creación del consejo de colegios de ingenieros en informática de España. Aún esta petición sigue sin repuesta, a pesar, señorías, de que la Ley 12/1983, del 14 de octubre, del Proceso Autonómico, dispone en su artículo 15.3 la creación de un consejo general de colegios profesionales cuando exista más de un colegio autonómico en el territorio, a fin de asumir la representación de los intereses corporativos en el ámbito nacional o internacional.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición de ley -convencido en un principio de la incapacidad del Gobierno para regular esta profesión- que, como dije al principio de mi intervención, coincide con otra proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, casualmente, dos meses más tarde. Si en esencia ambas coinciden en la creación del consejo, alguna diferencia existe entre las dos que me veo obligado a destacar por el bien de la ingeniería informática. Espero que en el trámite de la propia ley lleguemos al acuerdo que estos mismos ingenieros desean y que, señorías, no logro entender con razonamiento, con lógica, con perspectiva nacional e internacional y con la citada estrategia de Lisboa, como el gran parámetro para la sociedad de la información, cómo el Grupo Parlamentario Socialista no lo incluye en su texto en el día de hoy. ¿Qué hay detrás de esto? Se trata simplemente y nada más y nada menos que de la disposición final primera, en la que decimos que el Gobierno garantice -abro comillas- una presencia justa y ecuánime de los colegios profesionales de ingeniería en informática en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el Catsi, regulado por el Real Decreto 1029/2002, que en su artículo 1 establece su carácter asesor en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información y en su artículo 2 estipula las funciones del mismo, consistentes en proponer, estudiar e informar sobre todos aquellos aspectos relacionados con las telecomunicaciones y la sociedad de la información. El principal aspecto es que el Gobierno está obligado al trámite de audiencia de lo informado por el Catsi. Por tanto, la incorporación de los ingenieros informáticos es básica, ya que de no estar en el mismo el Gobierno no está obligado al trámite de audiencia al colectivo de los ingenieros informáticos, provocando indefensión en los mismos. Además, existe un aspecto legislativo que puede provocar una ilegalidad, ya que los artículos 5 y 9 de la Ley de Colegios Profesionales, Ley 2/1974, de 13 de febrero, establece que -abro comillas- los consejos de colegios deben estar en aquellos consejos que tratan materias de sus competencias. También el Grupo Popular lo incluye porque cree que los ingenieros informáticos deben estar presentes en el principal consejo asesor de la secretaría de Estado para todos los temas referentes a la sociedad de la información, tales como los relativos a la legislación existente, la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley de servicios de la sociedad de la información, a la Administración electrónica en sus diferentes vertientes, ventanilla única, tramitación electrónica, registros, digitalización de la información, aspectos jurídicos como periciales y auditorías informativas, responsabilidad civil de los responsables de la construcción de sistemas informáticos que afecten a la vida de las personas, como por ejemplo control para evitar la violencia de género, siendo el ingeniero informático el de perfil más adecuado sin duda para asesorar a la sociedad de la información.


Finalizo, señor presidente, señorías. Por todo ello, ¿es tan difícil de asumir por el Grupo Socialista su inclusión en el Catsi en esta ley? ¿Pone en peligro algún privilegio oculto o que se pretenda ocultar? Hagan las cosas bien y coherentes desde el principio y no se queden rezagados

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una vez más en materia de ingeniería informática, como llevan haciéndolo últimamente. Si no es posible en este momento procedimental para ustedes, consensuemos este asunto para la aprobación final de la ley. La ingeniería informática y la sociedad en general se lo agradecerán.
Adelanto desde esta perspectiva y desde la tribuna que el Grupo Popular aprobará las dos proposiciones de ley, la presentada por el Grupo Socialista y la presentada por el Grupo Popular, y esperamos y deseamos que tras lo dicho en esta tribuna tanto por la portavoz del Grupo Socialista como por mi modesta participación en esta proposición de ley alcancemos el final que todos deseamos por el bien de la informática.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, subo a esta tribuna para fijar la postura del Bloque Nacionalista Galego en relación con la proposición de ley que acaban de defender tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Señorías, la informática, como ya se ha dicho por los anteriores portavoces, no es una tecnología aislada; al contrario, se trata de un ámbito extendido a todas las materias imaginables, que van desde las telecomunicaciones hasta la defensa, la aviación civil, el transporte terrestre, los sistemas industriales, el sector energético y la medicina entre otras muchas, actividades todas ellas reguladas profesionalmente.
Sin embargo, a pesar de la importancia de la informática en las actuales sociedades, estamos hablando de una materia no regulada profesionalmente, de modo que no está garantizado que el profesional posea la formación adecuada, que debería corresponderse con la de ingeniero técnico o ingeniero en informática. Somos conscientes, señorías, de que la regulación de esta profesión requeriría diálogo suficiente con todos aquellos profesionales que están ejerciendo la actividad de la informática tal como estamos definiendo en este momento la profesión, pero eso no significa que podamos obviar, en la medida en que somos conscientes de ello, que esta situación da lugar a discriminaciones y diferencias entre colectivos de profesionales. Continuamente se legisla para que los proyectos en ciertas áreas críticas estén ejecutados por profesionales titulados competentes. Sirva de ejemplo la Ley 10/2005, sobre la televisión digital terrestre y la televisión por cable. Pero si nos vamos al campo de la informática con leyes que afectan igualmente a cuestiones de gran sensibilidad, la situación es muy distinta. Por ejemplo, la Ley 15/1999, de Protección de Datos; el Real Decreto 1720/2007, sobre el reglamento de la anterior, o la Ley 59/2003, sobre la firma electrónica, son normativas que no garantizan que el técnico competente en la materia tenga la formación pertinente para llevar a cabo los proyectos. Esta es la razón, desde el conocimiento que nosotros tenemos, de la demanda de los colegios profesionales de ingeniería técnica e ingeniería técnica en informática del Estado español, que llevan tiempo pidiendo al Gobierno una solución a este problema para terminar con las discriminaciones y con los graves perjuicios profesionales que sufren. Denuncian la falta de regulación profesional, la denegación por parte del Gobierno de la representatividad de sus profesionales a nivel estatal, las dificultades para la movilidad profesional en Europa debido a los últimos reales decretos aprobados, la dispersión y desestructuración de los títulos universitarios de ingeniería en informática, grado y máster, consecuencia de la falta de regulación a la que hemos hecho referencia. Además, los distintos procesos de trasposición de diversas directivas europeas agravaron este tipo de problemas. De hecho, esta profesión ha sido excluida y ha salido perjudicada de múltiples procesos como la adaptación al espacio europeo de Educación Superior, la movilidad y el reconocimiento de cualificaciones profesionales en Europa o la ausencia de este colectivo en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. De gran importancia, señorías, es, asimismo, el proceso de trasposición de la Directiva comunitaria de Servicios. Sin embargo, el ministerio se reunió el pasado año 2008 con los colegios profesionales de todos los sectores, a excepción del correspondiente a la ingeniería e ingeniería técnica en informática. El Gobierno alega en su defensa que las competencias para solucionar la situación de este colectivo de profesionales están repartidas entre distintos ámbitos ministeriales y que por lo tanto es necesaria una coordinación entre ellos.


Por parte de nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, vamos a apoyar las dos proposiciones de ley cuya toma en consideración estamos debatiendo, y queremos asimismo manifestar que esperamos por un lado que la creación del consejo general de colegios oficiales de ingeniería en informática facilite la interlocución entre el Gobierno y estos profesionales para que se pueda avanzar no solamente en ese diálogo sino también en lo que a través de esa interlocución se pueda conseguir para la regulación de la profesión. Pero también esperamos, señorías, que con la voluntad que entendemos que en la aprobación de la creación de este consejo va a poner el grupo mayoritario de la Cámara, el Grupo Socialista, se procure la mejora de esa coordinación entre los diferentes ministerios no solo para que pongamos el consejo a disposición del diálogo -por lo tanto, la representación de los ingenieros- sino para que también se plasme la voluntad del Gobierno para ese diálogo. Esperamos que la creación de este consejo sea el principio de la solución de los problemas que los profesionales de la ingeniería técnica en informática están planteando al Gobierno, a la sociedad y a los grupos políticos, problemas

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a los que a estas alturas el Gobierno debe dar solución.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, avanzamos ya que desde nuestro grupo votaremos favorablemente a ambas proposiciones de ley. Compartimos la propuesta del presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación: menos ladrillos y más ordenadores, se dijo. Más polémica ha resultado su propuesta de regalar portátiles de forma indiscriminada a alumnos de primaria, pero lo que es indudable es el objetivo de que la profesión informática progrese y contribuya al desarrollo armónico de la sociedad de la información. Se trata de una industria de gran valor añadido y uno de los pilares básicos de la economía del futuro, con una cantera de más de 250.000 empresas, 130.000 ingenieros técnicos en informática y 83.000 estudiantes. Se trata de una profesión en alza, una de las pocas profesiones con pleno empleo y que merecen pleno reconocimiento de su responsabilidad en la sociedad en red y en ámbitos como el comercio electrónico, la arquitectura, la medicina y tantos otros en los que la informática está presente en la vida cotidiana y que reclaman la mayor seguridad y confianza profesional.
Es un contrasentido que la ingeniería con mayor número de profesionales sea la única cuyo ejercicio no se encuentre regulado. Regular la profesión supone exigir a esos profesionales que ejerzan la responsabilidad para la que su titulación fue creada. Le toca ahora al Gobierno en especial dar a la ingeniería informática el papel que le corresponde, no solo con el reconocimiento que le debe suponer la creación del colegio profesional sino también con la regulación de las profesiones de ingenieros y de ingenieros técnicos de informática. Por ello pensamos que se deben hacer por parte de todos los deberes, tal y como ya se ha instado desde el Senado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios así como varios parlamentos autonómicos y como ya existe de hecho en la mayoría de los países europeos de nuestro entorno.


Como decía antes, nuestro grupo apoyará las dos proposiciones de ley que hoy traen a esta Cámara el Grupo Socialista y el Grupo Popular. A nuestro grupo le parece que debería ser importante que cuando se debatan, escriban o aprueben los estatutos se tengan en cuenta los ya existentes de muchos colegios. La primera de las proposiciones de ley propone -valga la redundancia- un paso previo con la creación de una comisión gestora, y la segunda plantea la creación directa del consejo general de colegios profesionales de ingenieros en informática. Nuestra posición es favorable a la creación del consejo general con la menor dilación posible, como lógica culminación de la existencia de estos colegios profesionales en prácticamente todas las comunidades autónomas, cumpliendo lo establecido en el artículo 4 de la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales. Sin embargo, debemos ser conscientes de que aprobando estas proposiciones de ley todavía queda pendiente el reconocimiento académico y profesional.
Hoy por hoy, las profesiones de ingeniería informática, de ingeniería técnica en informática de gestión e ingeniería técnica en informática de sistemas no se encuentran reguladas por una ley de Cortes, lo que deja a este colectivo en inferioridad de condiciones respecto a otras ingenierías, con el consiguiente agravio comparativo en el ámbito académico y profesional. El proceso de Bolonia en curso para la creación del espacio europeo de Educación Superior nos ofrece a todos una buena oportunidad para subsanar estas carencias. Ha llegado el momento de regular los estudios y las titulaciones de la ingeniería informática y de la ingeniería técnica informática. Ha llegado el momento de que se establezcan las fichas correspondientes y se apruebe ese reconocimiento.
La ingeniería informática debe tener el mismo grado de reconocimiento académico, profesional y social que cualquier otra ingeniería, como una rama específica y diferenciada, con sus propios planes de estudio adaptados al continuo avance tecnológico y a los requerimientos del mercado. Por ello defendemos que se otorguen a los titulados en ingeniería informática superior y media las atribuciones que sean compatibles con la legislación europea y que el acceso a las funciones informáticas en las empresas y administraciones públicas siga abierto a los profesionales que cuenten con la cualificación adecuada y con el nivel de titulación requerido para el puesto. Recordemos que la asignatura de informática sigue sin ser obligatoria en los centros educativos de secundaria y bachillerato. Y allí donde se ofrece esta asignatura se da a veces la paradoja de que al verdadero profesorado especialista en tecnologías de la información, las TIC, a veces, como decía, se le ponen trabas para impartir esos contenidos. Del mismo modo, pensamos que resultaría positivo reconocer el derecho de representación de los ingenieros informáticos en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Queda pues un camino por recorrer para el pleno reconocimiento de estas profesiones fundamentales para el futuro tecnológico del país, y por ello todos -repito, todos- deberemos poner de nuestra parte, de manera especial, es evidente, el Gobierno y el grupo que lo apoya.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, hemos escuchado con atención -perdone la voz cascada, señora presidenta- las intervenciones de los dos portavoces que han presentado las dos proposiciones, y el argumentario utilizado por ambos nos parece relevante, correcto, por lo que ambas proposiciones van a ser objeto de voto de aceptación, de voto positivo por nuestro grupo parlamentario, ahora no sin perplejidad -y me refiero ya a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en particular-, porque ella ha hecho una invocación con lucidez y con brillantez a la diligencia de su grupo en relación con la configuración de estos consejos generales de colegios profesionales, y esta diligencia yo no sé hasta qué punto se puede cohonestar -y esto es información que obra en nuestro poder- con una petición que data del año 2005 -en concreto de fecha 19 de abril del año 2005- del decano del ilustre Colegio de Ingenieros de Informática de la Región de Murcia, decano de la organización colegial en su conjunto en representación de todos los decanos, del año 2005, que ante las dificultades o la falta de interlocución con la Administración General del Estado tuvo que recurrir nada menos que a lo previsto en la Ley Orgánica 4/2001, que regula, como sabe la ponente del Grupo Parlamentario Socialista, el derecho de petición. Incluso recurriendo al derecho de petición, los requerimientos y las invocaciones de los decanos, representados por el decano Vela del colegio de Murcia, no fueron objeto de atención, no fueron objeto de respuesta, incluso incumpliéndose expresamente el contenido literal de la ley y en concreto el artículo 10.1. Puesto que las respuestas que recibía sistemáticamente la organización colegial de los colegios autonómicos ya existentes, basados en el ejercicio del derecho de petición pública a los poderes públicos del Estado, eran que ningún ministerio resultaba competente, ni el Ministerio de Administraciones Públicas ni ninguno respondía a sus invocaciones y a sus peticiones, incumpliendo la ley, porque el artículo 10.1 -y se lo digo también a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista porque ella lo conocerá perfectamente- establece que siempre que la declaración de inadmisibilidad de una petición se base en la falta de competencia de su destinatario, éste lo remitirá -en concreto era el Ministerio de Administraciones Públicas el receptor de las peticiones- a la institución administrativa u organismo que estime competente en el plazo de diez días y lo comunicará al peticionario.
Esto, como es sabido en esta Cámara, nunca ocurrió. No fue remitida al órgano competente la creación del consejo general- ni se comunicó al peticionario la falta de creación de un consejo general que se había creado por imperativo legal en virtud de la Ley de Colegios Profesionales y de la disposición prevista en la Ley 2002/1974, en concreto el artículo 4.4. Nunca se comunicó a la organización colegial que se había remitido al órgano competente o pretendidamente competente y que había sido desestimada su petición. Luego la invocación a la diligencia que usted hacía resulta cuando menos discutible. Y resulta más discutible todavía que ustedes hayan utilizado lo que podríamos calificar casi de artilugio de arquitectura o ingeniería parlamentaria indicando o invocando que han aceptado la tramitación como proposición de ley de esta iniciativa para mejorar o para aligerar en el tiempo la posibilidad de creación del consejo general. Desde el año 2005 han tenido ustedes la oportunidad de hacerlo -usted conoce perfectamente estos datos que yo le estoy citando- y no lo han hecho. Y no lo han hecho, cuando el artículo 4.4 establece exactamente lo siguiente: Cuando estén constituidos varios colegios profesionales de ámbito inferior al nacional -que es lo que la ley establece- se tendrá que crear necesariamente un consejo general cuya naturaleza y funciones se precisan en el artículo 9. Se refiere al artículo 9.


Ya sé que usted no tiene turno de réplica ni se va a considerar aludida, no es mi pretensión aludirla porque que su intervención me ha parecido brillante, honestamente, pero sabe que han incumplido con los requerimientos, en primer lugar, de la legislación reguladora del derecho de petición pública, y, en segundo lugar, de la legislación reguladora de la creación de consejos generales de colegios profesionales porque, fíjese, desde el año 1992 existen colegios profesionales de ámbito inferior al estatal, existen exactamente once colegios profesionales autonómicos en relación a los ingenieros e ingenieras en informática, y existen exactamente nueve colegios profesionales de ingenierías técnicas en informática de ámbito inferior al estatal en distintas comunidades autónomas, comunidades autónomas que yo le podría citar. Desde esa perspectiva, solo por la aplicación, por el cumplimiento de los requerimientos de la Ley de Colegios Profesionales el Gobierno del Estado español se hubiera visto compelido a la creación de un consejo general de colegios profesionales que hubiere cumplido con estas virtualidades de presencia en órganos diferentes, como los invocados en la prolija exposición de motivos de la proposición presentada por el Partido Popular. No son elementos retóricos, qué quiere que le diga, yo estoy de acuerdo del todo, pero también creo que la retórica sirve para todo prácticamente en esta vida.


Desde luego, estamos en la sociedad de la información y tenemos que converger hacia la sociedad de la innovación. Conocemos la estrategia de Lisboa y la estrategia de Lisboa reconfigurada desde el año 2010.
Igualmente conocemos que se constituyó en el año 2005 la Comisión de la Sociedad de la Información y nadie duda en este momento -sería grave que alguien lo dudara en estos tiempos de crisis económica- que el crecimiento de la productividad está muy relacionada con las TIC, las tecnologías de la información y el conocimiento. Esto, siendo retórica es, sin embargo, todo verdad, aunque el elemento de causalidad que ustedes preconizan, que es la creación de un consejo general, está un poco cogido por los pelos, todo hay que decirlo. Pero aquí se trata del cumplimiento de la ley, y yo intuyo cuál es el problema

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y usted está en condiciones de rebatirme o de darme la razón-, cuál puede ser el problema que ha demorado tanto la actuación del Gobierno español a la hora de configurar el consejo general. El problema seguramente -me bastaría con un gesto de asentimiento o de negación porque no se trata de articular un turno de alusiones en este momento- es que el reconocimiento de titulación universitaria existía hace tiempo en relación a esta profesión, pero el reconocimiento de la titulación de profesión en el sentido técnico o jurídico de la expresión no existe todavía; solo un colegio profesional puede configurar la evitación de que estos ingenieros puedan ejercer las competencias propias de las ingenierías de informática en exclusividad, en régimen de monopolio, que es lo que provee la creación de un colegio profesional, y este es un problema no resuelto, ni siquiera por la Ley Orgánica de Universidades ni tampoco por la legislación que ustedes invocan y la indicación que ustedes hacen al Real Decreto 1459/1990. En tanto en cuanto no corrijamos este problema y haya una disfunción entre el reconocimiento de una profesión universitaria que no puede colegiarse solo por esta circunstancia, pero una profesión que ejerza determinadas funciones específicas en régimen de exclusividad, la creación de colegios es difícil.


En todo caso nosotros hemos sido muy sensibles a las argumentaciones de ambos, nos han parecido particularmente lúcidas las intervenciones de los dos portavoces de los grupos proponentes de las proposiciones y seguramente la creación de un consejo general puede contribuir a solucionar esta disfunción, que es una disfunción normativa, que es una disfunción que nos permite incluso reconocer la gran demora, no la diligencia -usted ha practicado un punto de demagogia-, la gran demora en la creación de un consejo que era reivindicado desde el año 2005. Si sus compañeras de escaño consideran que desde el año 2005 hasta este año no estamos en una situación de gran demora es que entendemos el concepto de demora desde perspectivas analíticas muy diferentes. La gran demora que se ha producido, y no la diligencia, hace referencia a problemas jurídicos que, seguramente por no confrontarse con intereses corporativos de colegios profesionales, en concreto los de ingenieros in genere, han provocado que esta situación, hasta el día de hoy en que estas dos proposiciones se van a aprobar, no se haya resuelto. En todo caso, les doy la enhorabuena por haber presentado una proposición que puede resolver un problema de carácter colegial, de carácter corporativo y de carácter profesional, que además tiene incidencia -qué duda cabe- en la incorporación del Estado español, que bastantes gaps tiene en esta materia en relación con los países europeos, a la sociedad de la información. Gracias a los dos.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, ante todo quiero agradecer en nombre de mi grupo parlamentario -y creo poder afirmar que también en nombre del resto de portavoces de los grupos parlamentarios- la presencia hoy en el hemiciclo de una representación del colectivo de ingenieros informáticos. Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) adelantamos nuestro voto favorable a estas dos proposiciones de ley para la creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática. Nuestro grupo parlamentario entiende que se cumplen los requisitos legales establecidos en la Ley 7/1997, de 14 de abril, para la creación de un consejo general que represente la voz de los más de once colegios autonómicos. Por consiguiente, se trata de una exigencia legal a la que es justo que el Parlamento dé respuesta. Por ello, y por encima del origen y la forma en que se presentan las dos iniciativas, nuestro grupo parlamentario considera necesario desbloquear en lo institucional la actual situación de los ingenieros informáticos.


Tras la aprobación en noviembre del año pasado de una moción en el Senado -a raíz también de las distintas iniciativas en el Congreso de los Diputados y sobre las que nuestro grupo parlamentario ya manifestó su clara posición- sobre las atribuciones profesionales de los ingenieros informáticos que obtuvo el consenso de todos los grupos, la parte académica se ha puesto en marcha, recuperando los trabajos favorables ya iniciados antes del año 2007. No obstante, para la buena marcha de estos trabajos es necesario que todos los actores estén debidamente representados y justo en este punto entra en juego la creación de un consejo general, que ha de permitir una mayor representatividad de los colegios.


Así como para la configuración de las competencias en los planes de estudio interviene el Consejo de Universidades y el Consejo de Rectores de Universidades Públicas, entendemos también que es justa y necesaria la presencia institucional de la representación profesional de los ingenieros informáticos. En esto, la creación del consejo general tiene gran repercusión. Actualmente, la profesión informática no puede estar representada en las principales instituciones estatales e internacionales debido al vacío institucional de tipo general, vacío al que la creación del consejo general da respuesta. En este sentido, más que el consejo en sí lo que debe alcanzarse es que la profesión informática esté representada en pie de igualdad con las otras ingenierías en el Instituto de la Ingeniería de España. No debemos olvidar que en este momento se están discutiendo temas importantes sobre el futuro de la informática y del más de medio millón de personas que directa o indirectamente se relacionan con ella: 95.000 estudiantes de informática, 120.000 profesionales titulados en más de treinta años de estudio, estudios en 81 facultades en todo el Estado, familias y empresas implicadas.


Como decíamos, señorías, faltaba la representación institucional, el ente capaz de hablar y ser el interlocutor

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de tan importante sector de alto valor añadido en nuestro tejido económico y en el marco de la sociedad del conocimiento. El papel que está llamado a desempeñar el sector de los ingenieros informáticos, estrechamente vinculado con el cambio de patrón o modelo productivo en la economía española, es hoy una realidad que ocupa aproximadamente el 2 por ciento del PIB. No obstante, aún tiene un gran potencial de crecimiento que debe ser estimulado e impulsado. En el actual contexto económico y en el marco de la mejora de la productividad y de la competitividad de nuestro sistema es nuestro deber poner al alcance de la sociedad todos los instrumentos necesarios para que la conexión entre las TIC -en las que la informática y los ingenieros informáticos son elementos clave- y el tejido productivo y social impulsen la recuperación; una recuperación y una transformación de nuestro actual modelo que pasa inevitablemente por una apuesta clara y decidida por la I+D+i y por la mayor incorporación de las nuevas tecnologías en nuestro tejido productivo, una apuesta clara y decidida, una apuesta vital que responde también a los objetivos de Lisboa. Esperamos que con estas iniciativas seamos capaces de poner los instrumentos necesarios para alcanzar su más activa participación en este proceso de transformación social y económico. El sector y la sociedad en conjunto nos lo exigen. Es nuestro deber, por tanto, responder con una posición clara a la altura de sus exigencias. Por todo ello, señorías, nuestro grupo parlamentario anuncia su voto favorable a la toma en consideración de ambas proposiciones de ley en la convicción de que avanzamos de manera decisiva en el mayor reconocimiento y papel de los ingenieros informáticos en el marco social y económico actual y de futuro.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias señora Riera.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA REFORMA DE LA ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL Y LA ELIMINACIÓN DE LOS PARAÍSOS FISCALES. (Número de expediente 162/000422.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA UTILIZACIÓN ABUSIVA DE LOS PARAÍSOS FISCALES. (Número de expediente 162/000390.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto III del orden del día, proposiciones no de ley. Dentro de este punto, los números 4 y 5 se van a debatir de forma acumulada, empezando por la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la reforma de la arquitectura financiera internacional y la eliminación de los paraísos fiscales. Para defender esa proposición no de ley, en nombre de su grupo, tiene la palabra el señor Caldera.


EL señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, parece que no hay duda de que vivimos un momento de crisis de valores y que la situación de la arquitectura financiera internacional y la crisis económica tienen que ver con la caída, con el derrumbe de un modelo basado en determinados valores. Es el momento de aquellos que pensaban que los seres humanos son personas desconfiadas, de aquellos que pensaban que el idealismo no existía, como un economista norteamericano llamado Buchanan, de aquellos como Milton Friedman o Von Hayek, que consideraban que los individuos solo actúan según su interés personal y que los gobiernos no deben jugar papel alguno, o de aquellos como Alan Greenspan, que consideraban que la economía es superior a la democracia y que no hay nada inherente en el modelo de regulación pública superior a la autorregulación de los mercados. Todos ellos nos han puesto en riesgo, todos ellos nos han llevado a esta situación. Es fácil pues entender, señoras y señores diputados, que con la promoción de esos valores, con la desregulación, el modelo de los paraísos fiscales fuera compatible, y es por tanto fácil de entender que ese modelo ha funcionado muy bien para quienes defendían estos valores. Pero se ha derrumbado. Quiero recomendarles, si tienen ustedes la oportunidad de echarle una ojeada, un informe de un político social, Jason Sharman, de una universidad australiana, Griffith University, quien con solo 10.000 dólares fue capaz de crear hasta 27 sociedades de modo prácticamente irregular, guardando su identidad y exigiendo la permanencia del secreto bancario. Y sus conclusiones más evidentes eran que esos llamados paraísos fiscales no se daban en terrenos lejanos, sino en el patio trasero de nuestras propias democracias. Por eso es entendible que este Parlamento sea de los primeros que se pronuncie en la Unión Europea en contra de estas prácticas y que llevemos a la comunidad internacional a tomar acción firme en contra de ellas. ¿Saben ustedes que, según diversos cálculos, el fraude que generan los paraísos fiscales es astronómico? Algunos consideran que entre 5 y 7 billones de dólares por año, la OCDE que entre 2 y 4 billones, el FMI que un tercio de la riqueza mundial pasa por ellos, Alemania considera que solo el fraude fiscal le supone 30.000 millones de euros al año. Y, fíjense, con una pequeña aplicación de los rendimientos de los fondos depositados en paraísos fiscales -solo de los rendimientos- conseguiríamos obtener tres veces más de la ayuda al desarrollo que hoy aplican los países desarrollados y conseguiríamos, señoras y señores diputados, una cantidad suficiente para reducir drásticamente el hambre y las desigualdades en el mundo.


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Por ello, debemos empeñarnos en superar esta situación, debemos lanzar un programa cooperativo desde el consenso para conseguirlo.


Por todo esto, presento esta proposición no de ley, que tiene que ver con la arquitectura financiera internacional, solicitando, señorías, que las autoridades tengan toda la información relevante, que se promueva la educación financiera de los ciudadanos, que los esquemas de retribución de quienes gestionan los sectores financieros tengan que ver con la evolución real del valor de las empresas y queden sometidos a publicación individual y aprobación por sus accionistas, que el Fondo Monetario Internacional juegue un papel distinto, que se reforme su sistema de gobernanza para adecuar la representación de los distintos miembros a su peso en la economía mundial, que el Fondo Monetario Internacional refuerce su coordinación con el nuevo Consejo de Estabilidad Financiera surgido de la reunión del G-20 y, por supuesto, que nos movilicemos todos para promover las medidas precisas que nos permitan eliminar la impunidad de los paraísos fiscales. La finalidad es evidente, luchar contra el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y, por supuesto, la financiación del terrorismo. Y eso se podría conseguir -sería mucho más efectivo hacerlo a nivel cooperativo internacional- a través de algunas medidas, como desincentivos fiscales para todo movimiento que tenga que ver con los paraísos fiscales; no reconocimiento de la capacidad de sociedades constituidas en esos paraísos fiscales para operar en el tráfico mercantil en nuestros países, siempre que ejecuten prácticas delictivas de acuerdo a los estándares de la Unión Europea, o el establecimiento de penas agravadas cuando el fraude fiscal se produzca a través de la utilización de paraísos fiscales y, por supuesto, señoras y señores diputados, la supresión del secreto bancario, es indispensable conseguirlo.


A este texto han sido presentadas diversas enmiendas. Quiero decirles, señorías, que acepto las tres enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y que sobre las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego le formulo la siguiente transacción: El FMI debe reorientar su política crediticia de modo que en el acceso al crédito por parte de los diversos países se incluyan también medidas que promuevan el progreso social y la reducción de la pobreza. De igual suerte, cuando hablamos de la supresión del secreto bancario, que esto se haga, si es posible, promoviendo la coordinación europea y promoviendo la aprobación de una directiva que permita garantizar el intercambio de información y el establecimiento de mecanismos de vigilancia y sanciones efectivas para protegernos de los riesgos que plantean las jurisdicciones no cooperativas que, como saben ustedes, son los paraísos fiscales. También hay otra proposición no de ley. Me gustaría decirle al señor Herrera que, si tiene a bien aceptarla, le propondría una enmienda transaccional de sustitución en el siguiente sentido: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer las previsiones normativas oportunas para que se garantice que la Administración Tributaria pueda conocer la identidad de quienes suscriban deuda pública o privada emitida en España, con independencia de su lugar de residencia, de acuerdo con los criterios de transparencia internacionales que propugnan la OCDE, el G-20 y la Unión Europea.


Estoy seguro, señorías, de que estarán a la altura ética y moral de este desafío. Estoy seguro de que pensarán que es una cuestión de valores y que España tiene que estar a la cabeza de la lucha contra estas radicalmente inadmisibles prácticas, que debemos erradicar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Caldera.


Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la utilización abusiva de los paraísos fiscales, tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señor Caldera, le puedo decir que este diputado, la fuerza a la que represento y el grupo por el que hablo estamos a la altura ética y moral de este desafío. Se lo digo porque llevamos muchas iniciativas sobre paraísos fiscales y hemos presentado en esta Cámara proposiciones no de ley, interpelaciones, preguntas e iniciativas de todo tipo. Parece que estamos todos de acuerdo, se tiene que hacer el máximo esfuerzo, se deben poner todas las medidas necesarias para eliminar la impunidad de los paraísos fiscales. Pero, usted lo sabe, la gran contradicción es que nuestro grupo entiende que el Gobierno no está haciendo todo lo posible en la lucha contra la impunidad de los paraísos fiscales. No lo decimos nosotros, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado decía que no es que se estén tomando iniciativas al respecto, sino que se están desmantelando algunas de las medidas existentes hasta el momento para luchar precisamente contra esa impunidad de los paraísos fiscales. Usted sabe tan bien como yo que la proposición no de ley que nosotros presentamos es una proposición no de ley complementaria. Si usted me lo permite, es un poco la prueba del algodón. Aquello que demuestra, en definitiva, si esa declaración tiene o no contenido y coherencia con la acción del Gobierno. Usted sabe también que el Gobierno acaba de promover un proyecto de real decreto por el que regula el procedimiento de pago de rendimientos derivados de deuda pública del Estado y donde se elimina la obligación de informar sobre los intereses pagados a los no residentes, es decir, a aquellos que residen en paraísos fiscales. Se da un paso más, por tanto, para incentivar la captación de recursos procedentes de los paraísos fiscales, y ese paso más es la ausencia de información de la Administración tributaria. Inspectores de Hacienda, diferentes colectivos, dicen que eso lo que hará es incrementar y

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privar de instrumentos de lucha contra el fraude fiscal -los internos, los que tenemos-, que dificultará la cooperación internacional con otras autoridades fiscales, que dificultará la lucha contra el blanqueo de capitales.


Nosotros somos muy claros: modifíquenlo, tal y como le dijimos hace pocos meses al presidente del Gobierno en un debate sobre las medidas económicas. Se continúa abonando, como nosotros decimos, esa lacra que suponen los paraísos fiscales. Nosotros estamos por la desaparición de esa lacra, pero queremos coherencia, y la coherencia se tiene que traducir precisamente en eliminar ese artículo 4 del proyecto de real decreto. ¿Cuál es el sentido del artículo 4? Lo sabemos bien, se tiene que colocar mucha deuda y como se tiene que colocar mucha deuda se tienen que dar todas las facilidades para conseguir la deuda. Pero no estamos de acuerdo con el precio a pagar. Y el precio a pagar es la nula transparencia cuando alguien procedente de un paraíso fiscal compre deuda española. Estoy de acuerdo con esa máxima que dice que los de los paraísos fiscales, los de las stock options, los de los trajes a medida, los que nos metieron en la crisis, no nos van a sacar ahora de ella.
Reparto justo versus codicia. Es un lema electoral de su campaña, de la campaña de las europeas, y estoy cien por cien de acuerdo. Pero si los de los paraísos fiscales no son los que nos van a sacar de la crisis ¿por qué hemos aprobado esta medida? Tan simple y tan sencillo como eso. No les tendremos que dar más facilidades para que nos compren deuda, tendremos que tener las mismas exigencias, y eso es lo que nosotros venimos a plantear a esta Cámara. A partir de no conocer la identidad de quien nos compra la deuda no haremos ningún favor. Señor Caldera, usted sabe que hoy en la OCDE existe un grupo de trabajo que intenta estandarizar la información de este tipo. ¿No sería razonable que mientras ese grupo de trabajo no llegue a conclusiones lo que debemos hacer es no aprobar ese artículo 4 de proyecto de real decreto que va en esta línea? Nosotros creemos que sí, que sería lo razonable, porque es verdad que se tienen que estandarizar las medidas en el contexto europeo, pero es que hoy hay un objetivo por parte de la OCDE para que esto sea así. Por eso, nosotros lo que planteamos es que a priori -no a posteriori como plantea la enmienda de su grupo parlamentario-, tal y como está establecido en la legislación vigente, sin tener presente ese proyecto de real decreto, podamos conocer la identidad de aquellos que compran deuda procedentes de paraísos fiscales, tan simple y tan sencillo como eso.
Esta proposición no de ley, por tanto, es esa prueba del algodón, y a nosotros no nos bastan las declaraciones ni los spot televisivos de campañas electorales, lo que queremos, simple y llanamente, es que se den garantías en la lucha contra el fraude, contra el blanqueo, contra la impunidad de los paraísos fiscales. Tengo que decir además que hemos introducido otras medidas. Por ejemplo, nosotros decimos que no se reconozca la personalidad jurídica de las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español, salvo en los países en los que se hayan constituido esas mismas sociedades y que firmen un acuerdo de intercambio de información con España. Usted dice que a aquellas que se les pille cometiendo un delito, pero usted sabe como yo que hay sociedades en los paraísos fiscales que se constituyen por uno o dos meses y, por tanto, nosotros decimos que hay que poner medidas concretas y, por ejemplo, una medida concreta es esa enmienda que planteamos y que no se incorpora en la proposición.


Acabo ya, señora presidenta. El problema es de fondo y el problema está en que existe un discurso cuando el presidente Zapatero va a la cumbre del G-20 y existe una práctica que es distinta. Piense usted en el Real Decreto 2/2008. A partir de ese real decreto, aquellas sociedades que estaban radicadas en paraísos fiscales pasaron a pagar prácticamente nada cuando antes pagaban un 18 por ciento; las sociedades con rendimientos en letras del Tesoro, el resto pagan el 30 por ciento. Es el Real Decreto 2/2008 y eso no ha favorecido que vendamos más deuda pero sí ha dado mayor impunidad a aquellos que operan desde paraísos fiscales.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Herrera, por favor, tiene que acabar.


El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señora presidenta.


Por eso nosotros lo que pedimos es coherencia y que se vote lo que les hemos trasladado, que el artículo 4 del real decreto no se apruebe y que mientras la OCDE no concluya nos quedemos como estamos, porque con los paraísos fiscales hace falta un relato claro...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Herrera, por favor.


El señor HERRERA TORRES: ... pero entendemos que también una coherencia en las medidas que se aprueban.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.


A estas proposiciones no de ley se han presentado enmiendas por parte de tres grupos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, procurando ser muy breve, quiero apuntar que el BNG comparte la necesidad de acometer reformas estructurales en la arquitectura financiera internacional, en especial en lo relativo a incrementar la transparencia del sistema financiero, la reforma de las instituciones financieras internacionales y la necesidad de erradicar los paraísos fiscales. Sin embargo, existen dos cuestiones que motivan la presentación por parte del BNG de dos

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enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Socialista. Por una parte, si bien concordamos con la necesidad de reformar el Fondo Monetario Internacional, consideramos que esta reforma de su estructura orgánica debe conllevar también una reorientación de sus políticas, que desde nuestro punto de vista pasa por abandonar los dogmas liberalizadores que se han impuesto en los años anteriores y que han demostrado claramente su fracaso, y podríamos poner el ejemplo de lo ocurrido en los años noventa con las políticas impuestas por el FMI primero en Latinoamérica y más tarde en Asia. Creemos que la concesión de crédito tiene que ser siempre respetuosa con la soberanía de los Estados a la hora de diseñar sus propias políticas económicas y que en cualquier caso la orientación de estas políticas económicas tiene que tener como objetivo básico el impulso a un modelo de desarrollo sostenible, equitativo y justo en lo social y autocentrado en los países objeto de crédito. Por tanto, entendemos que hay que reorientar también las políticas de concesión de crédito. Por otro lado, creemos que la apuesta por erradicar los paraísos fiscales debe ser firme y decidida, más allá de solemnes declaraciones y, por tanto, se debe concretar en la aplicación de medidas ambiciosas como las que proponemos en la enmienda 2 a esta proposición no de ley. En ese sentido, somos favorables a promover la aprobación de una directiva sobre intercambio de información, suprimiendo el secreto bancario y estableciendo medidas severas de aislamiento financiero para los Estados que no colaboren. Y, en segundo lugar, proponemos abordar una reforma de nuestra legislación mercantil con los siguientes objetivos: primero, no reconocer la personalidad jurídica en el Estado español a las entidades constituidas en paraísos fiscales ante la falta de información de la identidad de sus socios; segundo, que las entidades bancarias residentes en el Estado español se comprometan, en caso de tener sucursales o establecimientos abiertos en paraísos fiscales, a suministrar a la Administración tributaria española la misma información que pesa sobre las operaciones realizadas en territorio estatal; y, por ultimo, consideramos que se debe incorporar también a esta proposición no de ley el contenido de la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que, desde nuestro punto de vista, es pertinente y cumplimenta perfectamente esta proposición no de ley. Por tanto también lo incluimos en nuestra enmienda. En definitiva, desde nuestro punto de vista, la reforma del FMI tiene que conllevar también una reorientación de sus políticas de concesión de crédito. Es necesario desarrollar medidas detalladas, concretas y ambiciosas para que la abolición de los paraísos fiscales no sea simplemente una declaración de intenciones y haya medidas que claramente apunten en esta dirección. Este es el sentido de nuestras enmiendas. En cualquier caso, a través del proceso de diálogo procuraremos hacer los esfuerzos posibles para llegar a una transacción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Tomé.


El señor TOMÉ MUGURUZA: Señora presidenta, señorías, estamos acumulando en este debate la discusión de dos proposiciones de ley que abordan el mismo problema, pero con enfoques distintos. Por una parte está la proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que reclama, por una vez, medidas de ámbito nacional. Se agradece el ámbito, señor Herrera. Por otra parte, el Grupo Socialista hace unas consideraciones en materia de regulación financiera internacional y lucha contra los paraísos fiscales al hilo de las que han sido las conclusiones de la última cumbre del G-20 el pasado mes de abril.


Nuestras enmiendas tratan de tomar tierra. Toman la base de una proposición no de ley que hemos presentado en esta Cámara y que podía haberse acumulado hoy pero no se ha hecho; tendremos ocasión de discutirla más adelante. En primer lugar, pedimos la derogación del artículo 4 del Real Decreto-ley 2/2008. Cuando ustedes estaban aprobando, señorías, los polémicos 400 euros, nos estaban colando de matute en ese mismo real decreto nada más y nada menos que la exención en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades de los rendimientos de la deuda pública pagados a no residentes a través de paraísos fiscales. Ahora el Ministerio de Hacienda pretende ir más allá. Ha sometido a información pública, como ya se ha comentado aquí, un proyecto de real decreto que elimina también en estos casos la obligación de informar a la Administración tributaria de la identidad de los beneficiarios de los intereses pagados por el Tesoro público a residentes en paraísos fiscales. Es un auténtico escándalo, causado sin duda por un afán desesperado de reducir el coste de la deuda pública, pero mirando hacia otro lado, ignorando el origen de los fondos, lícito o ilícito y la defraudación también a la Hacienda pública. La Asociación de Inspectores de Hacienda -se recordaba también ayer aquí- ha denunciado a la propia Comisión Europea, una norma que puede violar las normas contra el blanqueo de capitales de la OCDE, y de momento ni el Gobierno ha retirado el proyecto de real decreto ni el Grupo Socialista parece que se haya dado por aludido, si tenemos en cuenta la presentación que nos ha hecho usted, señor Caldera, hoy aquí. La vuelta a nuestro país, señoría, de la existencia de deuda pública opaca fiscalmente es algo muy serio. Recuerda la situación de los años ochenta y noventa, cuando un Partido Socialista en el Gobierno promovió también para financiar el déficit público instrumentos opacos, como los pagarés del Tesoro, la deuda pública especial, auténticos paraísos fiscales domésticos, amparados por la ley, que estaban diseñados primero para ocultar y luego para blanquear ante la Administración tributaria rentas que no se declaraban.


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Llevamos todo un año de rumores y globos sonda sobre una nueva amnistía fiscal ante la realidad del déficit. Es importante acabar definitivamente con ellos. Señor Caldera, en ámbitos muy próximos a usted, la nueva fundación que usted dirige, se ha reclamado una amnistía o regulación fiscal para el dinero depositado en paraísos fiscales. Este es un tema sobre el que debería haber acuerdo en esta Cámara e ignorarlo resta legitimidad a la iniciativa del PSOE. Podría argumentar que falta altura ética y moral. También debería haber un acuerdo -en ese sentido van nuestras enmiendas- para reforzar los medios con que cuenta la Administración tributaria en la lucha contra el fraude. Criterios de justicia y de eficiencia exigen luchar contra los paraísos fiscales.
También hay que cerrar la puerta a cualquier amnistía fiscal. La globalización exige la máxima transparencia, acabar con la injusticia que suponen los paraísos fiscales y la garantía de que no va a haber impunidad contra ningún tipo de fraude. Por eso, nuestras enmiendas toman tierra, pasan de las grandes definiciones del G-20 a la realidad española de hoy. También nuestras enmiendas piden una hoja de ruta definitiva para la reestructuración del sistema financiero español, sin privilegios, con total transparencia y garantía para los ahorradores y un mínimo coste para los contribuyentes. Señorías, sería bueno que esta Cámara alcanzase hoy un amplio acuerdo sobre estas materias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Tomé, por favor, tiene que acabar.


El señor TOMÉ MUGURUZA: Termino, señora presidenta.


Como les decía, sería bueno un amplio acuerdo que no eluda ninguno de los problemas internacionales o domésticos. Por eso, nuestras enmiendas tratan de enriquecer y concretar los textos presentados.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tomé.


Para defender las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la reforma de la arquitectura financiera internacional y la eliminación de los paraísos fiscales. Antes de profundizar en el contenido de las enmiendas, porque ya hemos oído del portavoz socialista, señor Caldera, que nos va a aceptar íntegramente las tres, nos gustaría hacer una serie de consideraciones que van en la misma orientación que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, Convergència i Unió está totalmente de acuerdo en promover todas aquellas medidas necesarias para incrementar la transparencia en el sistema financiero internacional, porque toda propuesta para incrementarla va a ser poca. Hoy los mercados nacionales e internacionales nos piden que una de las reformas estructurales más importantes que se han de establecer en la regulación de los sistemas financieros mundiales ha de estar basada en la transparencia. Este es un aspecto relevante y, como ustedes lo plantean en su iniciativa, estamos de acuerdo en este parámetro. También estamos conformes con defender todas aquellas reformas de las instituciones financieras multinacionales que vayan en la dirección de fortalecer las capacidades para actuar en la crisis actual y evitar crisis futuras que ustedes exponen en sus propuestas. Finalmente, también estamos de acuerdo en promover las medidas necesarias para eliminar la impunidad de los paraísos fiscales con el fin de luchar contra el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Esto podría lograrse a través de una serie de medidas que nosotros compartimos plenamente. Donde existe una pequeña discrepancia -en este sentido hemos presentado la enmienda- es en que estamos de acuerdo en tomar las medidas necesarias para evitar incentivos perversos en las entidades financieras. Hemos presentado una enmienda dirigida a que esas medidas necesarias que se puedan tomar, según nuestro punto de vista, deben ir en la dirección de plantear que todos aquellos esquemas de retribución para ejecutivos y altos cargos de las entidades financieras capitalizadas con ayudas públicas deban ligarse a la evolución real de la empresa y quedar sujetos a la publicación individual y a la aprobación por los accionistas. Esta es una pequeña diferencia que nosotros consideramos relevante y que el Grupo Parlamentario Socialista ha aceptado.


También hemos hecho una pequeña consideración basándonos en la defensa del sistema financiero español, para que quede de manifiesto que existe una diferencia importante entre lo que ha sucedido en diferentes sistemas financieros de los Estados miembros de la Unión Europea y en algunos Estados anglosajones, como el mercado financiero de Estados Unidos y el mercado financiero inglés, donde las entidades financieras han tenido problemas tremendos y han existido intervenciones masivas por parte del Estado, interviniendo con fondos públicos entidades financieras realmente relevantes. Por este motivo hemos querido matizar que se han tenido en cuenta algunas realidades diferentes de los sistemas financieros de cada Estado, algunos de los cuales han tenido que ser capitalizados con fondos públicos mientras que otros, como los españoles, mantienen su solvencia autónoma. Finalmente, desde la perspectiva de los paraísos fiscales, hemos presentado una enmienda dirigida a promover las medidas necesarias de manera consensuada en todos los foros internacionales que hacen referencia a los paraísos fiscales con el fin de luchar contra el fraude fiscal. Estamos satisfechos de que el Grupo Parlamentario Socialista haya

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aceptado las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán, por eso vamos a votar favorablemente la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En caso de que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no aceptara las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, la votaríamos en contra.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Finalmente, en el turno de fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, el debate que hoy propone el Grupo Socialista a través de esta proposición no de ley es sin duda de actualidad a nivel europeo e incluso internacional. Tras la crisis financiera, que ha derivado en una profunda crisis económica a nivel mundial y con especial implicación en los países desarrollados, la revisión de la arquitectura financiera internacional y de los comportamientos de gobiernos e instituciones en el ámbito financiero es realmente un tema obligado. La cumbre de Londres tras la de Washington en el marco de los líderes del G-20, amén de otros múltiples encuentros tanto en el ámbito europeo como en el americano, va en dicha dirección. Fortalecer la regulación financiera ante el proteccionismo, garantizar la recuperación sostenible, etcétera, son elementos clave para salir de la crisis en que nos encontramos; nada que decir al respecto. Lo que a mi grupo le parece un tanto excesivo es el protagonismo que desde el Grupo Parlamentario Socialista se le quiere dar al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. En el preámbulo de la iniciativa se señala -sin matiz alguno diría yo- que el Gobierno de España hizo una contribución decisiva a la cumbre de Londres celebrada el pasado mes de abril. Se indica al respecto que el Gobierno ha defendido que las instituciones financieras internacionales necesitan un cambio urgente para luchar contra la crisis.
Señor Caldera, señoras y señores diputados, esto es cierto pero en ello han coincidido el señor Rodríguez Zapatero y todos los demás miembros del G-20, así como los gobiernos que no están en el G-20, es decir la mayoría. No es un tema en el que España haya tenido un papel especialmente relevante. Me da la impresión de que Obama, Sarkozy o Merkel, entre otros, han tenido un papel más relevante que el señor Rodríguez Zapatero. Es más, por un medio de comunicación alemán nos pudimos enterar de que el presidente del Gobierno español ni siquiera había intervenido en la reunión del G-20. Por lo tanto, sinceramente pediría un poco más de modestia en este sentido.


En el ámbito estricto de la iniciativa, en la que se insta al Gobierno a promover las medidas necesarias para incrementar la transparencia en el sistema financiero, defender una reforma de las instituciones financieras multinacionales y promover todas las medidas necesarias para eliminar la impunidad de los paraísos fiscales, cabe señalar, en primer lugar, que estos son los compromisos que se adoptaron en el marco del G-20 y que el Gobierno debe cumplir. Por lo tanto, hubiera sido más interesante y lógico que el propio Gobierno hubiera explicado en esta Cámara lo que está haciendo al respecto, en lugar de instarle desde el Grupo Socialista a que haga lo que se supone que está haciendo o tiene que hacer. Las medidas que propone el Grupo Socialista son difícilmente cuestionables por nuestra parte, si bien muchas de ellas son un tanto tímidas. Desde el Grupo Vasco creemos que se ha de ser más radical en las cuestiones de transparencia del sistema financiero y especialmente en la lucha contra los paraísos fiscales. Se dice en el primer punto que se ha de asegurar que las autoridades públicas tengan toda la información relevante, y nos parece lógico, aunque será difícil exigir a otros, en este caso a las instituciones financieras del mundo, lo que se es incapaz de hacer en casa. Esta Cámara no sabe hoy lo que está pasando en el sistema financiero no ya mundial sino español. Más que promover la educación financiera, las entidades financieras deberían informar con claridad a los clientes para que conozcan lo que compran, en qué están invirtiendo.
Los contratos financieros han de suprimir la letra pequeña. La retribución de altos cargos y miembros de consejos de administración de las grandes empresas y entidades financieras debe estar sujeta no solo a la evolución de las empresas y al conocimiento de los consejos de administración, sino que su transparencia debe ser exigida por los ciudadanos, que en muchos casos han de socorrer con sus impuestos a dichas empresas, como está ocurriendo en el ámbito financiero.


En el área de los paraísos fiscales no puede haber, en nuestra opinión, medias tintas. Creo que es el momento de acabar con los paraísos fiscales. No vale, aun siendo importante, con suprimir el secreto bancario o requerir información fiscal de los denominados paraísos fiscales. Las empresas y ciudadanos particulares que tienen sus domicilios en paraísos fiscales lo hacen con la única intención de evitar, de eludir el pago de impuestos. Esta práctica, profundamente insolidaria, de empresas y ciertos ciudadanos -léase grandes fortunas, deportistas de élite, actores, actrices, etcétera- debe ser perseguida y erradicada. Creemos, pues, que la iniciativa que plantea el Grupo Socialista responde a un compromiso que el Gobierno ha adoptado en el marco del G-20 y que es el Gobierno el que nos debería explicar lo que está haciendo al respecto en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Azpiazu, por favor, tiene que acabar.


El señor AZPIAZU URIARTE: Termino, señora presidenta.


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No obstante, es difícil estar en desacuerdo con muchas de las cuestiones que se plantean, si bien creemos que no son todo lo valientes y firmes que debieran ser. Por lo tanto, proclamamos que vamos a abstenernos en esta iniciativa presentada por el Grupo Socialista.


En relación con la proposición de Esquerra Republicana sobre los paraísos fiscales...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Azpiazu, con brevedad, por favor, porque ha pasado su tiempo.


El señor AZPIAZU URIARTE: Termino ya, señora presidenta.


La propuesta de Esquerra Republicana nos parece acertada y la valoramos positivamente, de igual manera que hacemos con la enmienda que a tal iniciativa ha planteado el Grupo Popular porque es una propuesta valiente, concreta y que merece nuestro apoyo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Señor Caldera, si le he entendido bien, ha dicho usted que iba a aceptar la enmienda de Convergència i Unió. Ha ofrecido usted una transacción al Grupo Mixto, así como una transacción a la iniciativa de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. ¿Es así? (Asentimiento.) Sabe usted que la transacción tiene que tener la aceptación de todos los grupos de la Cámara y debe constar por escrito en la Mesa para poder proceder a su votación.


Señor Herrera, su proposición no de ley tiene una enmienda. Es su turno para decir si la acepta o la rechaza.


El señor HERRERA TORRES: Nuestra proposición no de ley tiene una enmienda que aceptamos.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL RESTABLECIMIENTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SOCIALES QUE HAN SIDO DISMINUIDAS EN BASE AL ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS DE 1.500 MILLONES DE EUROS. (Número de expediente 162/000407.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al restablecimiento de las partidas presupuestarias sociales que han sido disminuidas en base al acuerdo de no disponibilidad de créditos de 1.500 millones de euros. Para su defensa tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO ARANEGUI: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el pasado 10 de febrero el presidente del Gobierno anunció en esta Cámara un recorte presupuestario de 1.500 millones de euros, dentro del paquete de medidas para luchar contra la crisis económica. En su discurso el señor Rodríguez Zapatero afirmó que el acuerdo no afectaría a ninguna de las políticas y programas de protección social. Tres días después el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo de no disponibilidad de crédito por ese importe. En ese acuerdo se estableció literalmente que la no disponibilidad de crédito se aplicaba a todos los ministerios, a excepción del Ministerio de Igualdad, y que no afectaba a las prioridades de los presupuestos como son las partidas de gastos de personal, inversión productiva y de protección social. Sin embargo, por lo que respecta al gasto social los consejeros de asuntos sociales advirtieron una semana después en la conferencia sectorial que se estaban produciendo recortes. El día 1 de abril se aprobó una resolución de la Secretaría de Estado de Política Social que recogía recortes en diferentes programas sociales para el presupuesto de este año. Así el Plan de Discapacidad se redujo en un 60 por ciento, el Plan de Desarrollo Gitano en un 65 por ciento y el Plan de Voluntariado en un 50 por ciento. Fue el 8 de abril cuando el Gobierno, en respuesta escrita a una pregunta formulada por mi grupo, dio el desglose detallado del acuerdo de no disponibilidad de crédito por importe de 1.500 millones y se constató un recorte de más de 800 millones de euros en servicios públicos básicos, gasto social e I+D+i.


Señorías, mi grupo presentó esta proposición no de ley el día 31 de marzo, con el objeto de restituir las partidas sociales que habían sido recortadas conforme al detalle que entonces conocíamos. Hoy mismo hemos presentado una enmienda para recoger recortes sociales, que hemos conocido con posterioridad. La cuantía total de este tijeretazo social del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero asciende a 185 millones y medio de euros, más de 30.000 millones de las antiguas pesetas. Por tanto, queda acreditado que el Gobierno del Partido Socialista ha recortado el gasto social, que cuando pide austeridad y contención en el gasto público traslada el esfuerzo principal a los más débiles, en este caso a los discapacitados, a los menores infractores, a los mayores, a la educación infantil, al Sistema Nacional de Salud, al Plan Nacional sobre Drogas o a las ayudas estatales a la vivienda. Y queda en evidencia algo que es todavía más grave, que el presidente del Gobierno mintió repetidamente. Mintió con luz y taquígrafos, mintió en el Parlamento, mintió en el Consejo de Ministros y mintió según tiene por costumbre en los mítines de su partido. Todavía el 25 de abril decía que con su Gobierno no era posible acordar ni el despido más barato ni el recorte de las políticas sociales. Ciertamente no sé si es posible acordar

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nada con este Gobierno que está enfrentado con todos, del que ya no se fía nadie y al que le dura tan poco la palabra dada, pero está claro que en materia de recortes sociales no necesita acordar con nadie porque cuando hay que sacar la tijera social ahí sí que actúa con diligencia y sin miramientos.


Señores del Grupo Socialista, para ser sociales no basta con llamarse socialistas, hay que demostrarlo con los hechos y hay que confirmarlo con los resultados. Los hechos que hoy denunciamos muestran con claridad su verdadero talante y hasta dónde alcanza su sensibilidad social, que siempre se les queda en el discurso y en las falsas promesas. Los resultados están a la vista: 4 millones de parados, un alarmante incremento de las situaciones de pobreza y de exclusión, más de un millón de familias con todos sus miembros en paro, un millón de parados que ya no cobran prestación, los jóvenes con las tasas de desempleo más altas de Europa, un sistema educativo con un 30 por ciento de fracaso escolar y más de 300.000 dependientes en espera de prestación. Estos son sus resultados, los que su obsesión por el márquetin no puede esconder; son sus resultados y la evidencia de su fracaso porque no hay nada más antisocial que una mala política económica que destruye el empleo, castiga a los más vulnerables y lastra las oportunidades de futuro. La política verdaderamente social es la que sabe crear las condiciones para la generación de empleo, la que confía y da confianza a la sociedad, a las familias, al tejido productivo; la que atiende las necesidades sociales sin engaños ni falsas expectativas, lejos de la soberbia de quien piensa que no tiene nada que demostrar. Es la política que puso en práctica un gobierno del Partido Popular y que generó 5 millones de empleos.


Señorías, hemos agrupado las partidas cuya restitución pedimos en cuatro apartados. En el primero incluimos las destinadas a las personas con discapacidad que suman más de 6 millones de euros; los recortes al Imserso que ascienden a 17 millones de euros; las del Plan Gitano que se recorta en 2 millones o las del fomento de la parentalidad positiva que pierde 3 millones. Claro que este último recorte no deja de ser coherente con el pensamiento del señor Rodríguez Zapatero, que cree que el interés de los padres por sus hijos es una peligrosa interferencia. El segundo hace referencia a la educación, ahí quitan ustedes 40 millones de euros de la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil, y eso vuelve a atestiguar que si el ciclo de 3 a 6 años es gratuito se debe al esfuerzo de las comunidades autónomas y también pone en tela de juicio el compromiso del presidente del Gobierno, que aseguró que en 2012 todos los niños de 0 a 3 años podrían acceder a una plaza de educación infantil.
Esto era solo para el discurso; ni siquiera eso porque los presupuestos de 2009 solo tienen 100 millones de euros si es que no se han recortado más. (Un señor diputado: Muy bien.) En un tercer apartado pedimos también que se repongan los créditos sustraídos al Instituto Carlos III al Sistema Nacional de Salud y el resto de recortes en materia sanitaria que no dejan de guardar también una cierta coherencia con los incumplimientos del Gobierno en materia de financiación sanitaria. Finalmente hablamos de la vivienda, porque en este momento hay más de 180.000 familias que tienen dificultades para hacer frente al pago de sus hipotecas y ustedes han recortado más de 100 millones de euros de las ayudas estatales. Creo que todo esto merece una reflexión sobre las prioridades de la acción del Gobierno, sobre la coherencia de los discursos y sobre los motivos por los cuales cada vez menos gente los cree y se encuentran más solos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Les pedimos la misma reflexión que ya hicimos el pasado 28 de abril, cuando se aprobó en esta casa por unanimidad una proposición de nuestro grupo para restituir el recorte de 59 millones de euros del Fondo de integración y acogida de inmigrantes. Es verdad que el Consejo de Ministros tardó solamente dos días en rectificar y reponer ese dinero.


El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, debe ir acabando.


El señor ALONSO ARANEGUI: Voy terminando, señor presidente.


Este Parlamento se erigió entonces de manera eficaz en la conciencia social del Gobierno y ustedes no tuvieron más remedio que admitirlo y sumarse a la mayoría. Eso es lo que yo sinceramente espero que podamos hacer hoy, es su oportunidad para deshacer el engaño y recobrar un poco de coherencia.


Termino, señor presidente. Nosotros estamos a favor de la austeridad, estamos a favor del recorte de presupuesto, fuimos nosotros quienes lo propusimos, pero nunca a costa de las necesidades sociales. Hay mucho donde recortar, incluso hay un ministerio entero que quitar, cientos de cargos de confianza. El Gobierno tiene que hacerlo y le corresponde hacerlo bien, sin tocar los programas sociales. Eso es lo que ustedes dijeron, ese es su compromiso, lo adquirió en esta Cámara y hoy este Parlamento les pide que lo cumplan.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.


Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley tiene la palabra en primer lugar don Joan Tardà. (Pausa.) ¿No desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Adelante.


El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, nosotros no tenemos enmienda.


El señor PRESIDENTE: Perdón, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene presentada una enmienda.


El señor TARDÀ I COMA: Está retirada.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Rubio.


La señora SÁNCHEZ RUBIO: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Popular plantea en esta iniciativa reponer los créditos que se han modificado como consecuencia del acuerdo de no disponibilidad de créditos por importe de 1.500 millones de euros. El objetivo de la medida aprobada por el Gobierno el 13 de febrero ha sido reducir partidas allí donde ha sido posible, y destinar estos recursos a cubrir aquellos gastos más necesarios en estos momentos de crisis, particularmente incidiendo en prestaciones de protección social y en especial en las de desempleo, evitando con estas medidas que haya un mayor incremento del déficit público.


Señorías del Grupo Popular, ustedes no están dispuestos a colaborar en lo más mínimo con el Gobierno para afrontar las consecuencias de esta situación de crisis global que padecemos. Se han instalado en un debate absolutamente demagógico y estéril, exigiendo austeridad por un lado y recorte de prestaciones igualmente, y les voy a decir algo: tendrían que haber oído a su compañero el otro día cuando se debatió en la Comisión de Trabajo la creación de la subcomisión de Rentas Mínimas hablar de lo que suponía el salario social, diciendo que era mantener a personas con el trabajo de otras, es decir, con un desprecio a las personas más vulnerables y a las personas que están en especial situación de dificultad social. Por otro lado, se oponen a cualquier medida de reorientación del gasto encaminada a reforzar dichas prestaciones. Parece que ustedes disfrutan con estas dificultades y disfrutan poniendo obstáculos a la gestión del Gobierno que permita abordar esta situación.
Pues bien, señorías del PP, el Gobierno ha respetado el compromiso que adquirió con la protección social y con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para ello ha reforzado el rigor y la austeridad de la política presupuestaria y ha actuado en aquellos gastos que siendo importantes podían no ser prioritarios, puesto que se podían reorientar los presupuestos reforzándolos con otras partidas presupuestarias; determinados proyectos sociales se han ido reforzando en materia de política y protección social para cubrir a aquellos trabajadores y trabajadoras que están perdiendo sus puestos de trabajo y aquellos otros proyectos sociales que son generadores de empleo. De este acuerdo, un crédito presupuestario, el relativo al Fondo de apoyo a la integración de inmigrantes, por importe de 59 millones de euros, se ha corregido en acuerdo del 30 de abril pasado, restituyendo el crédito fundamentalmente por ser la población inmigrante una de las más castigadas por el paro como consecuencia de la crisis económica.


Del resto de las partidas presupuestarias referidas por el Grupo Popular, el Gobierno no realiza un recorte, sino una reorientación del crédito y en algunos casos un incremento. En materia de dependencia, reforzando los presupuestos aprobados en los Presupuestos Generales del Estado, un 79 por ciento más que en 2008; los 871 millones de euros que teníamos en 2008 han pasado a 1.158 millones de euros, a los que hay que añadir 400 millones a través del Plan de estímulo a la economía y al empleo. Se ha incrementado igualmente el Plan concertado de servicios sociales. En materia de discapacidad se han reforzado las políticas dirigidas a generar empleo a través de la estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad, dado que este es también un colectivo especialmente castigado por el paro; estamos hablando de una estrategia global que tiene un presupuesto de 3.700 millones de euros. Se han financiado con 223 millones de euros proyectos de accesibilidad de ayuntamientos merced al PlanE de estímulo a la economía y al empleo, que es la inversión más elevada que se ha realizado en materia de accesibilidad, estamos hablando de personas con discapacidad. En primera infancia el Plan Educa 3 se ha dotado con 100 millones de euros, igualmente el turismo social, y el resto de los programas que se han visto afectados se han reforzado a través de las subvenciones del IRPF, que se han incrementado un 41,6 por ciento; estamos hablando de programas de voluntariado dirigidos a la población gitana y otros programas para la discapacidad. Nos hablan de recortes; recortes son los que ustedes hacían en momentos de crisis o en momentos de bonanza, como congelar el salario mínimo o mantener el incremento de las pensiones solo vinculado al IPC, haciendo cada vez mayor la brecha entre los pensionistas que cobraban más y los que cobraban menos. También fue recorte congelar y recortar en 7 millones el Plan concertado de servicios sociales.


El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez, debe acabar.


La señora SÁNCHEZ RUBIO: Sí, señorías, estamos comprometidos. Estamos comprometidos con las personas que están en una situación más vulnerable en esta situación de crisis económica global. Estamos comprometidos y por eso hemos reorientado el crédito reforzando las políticas sociales y la protección social para aquellos colectivos que tienen más necesidad y más prioridad en el gasto. Así lo hemos hecho, y esperamos que el resto de los grupos entienda que nuestro compromiso ha sido, y va a seguir siendo, reforzar las políticas sociales y la protección social, y para eso se ha hecho la reorientación del crédito que se ha venido realizando.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Rubio.


Para fijar posición, en primer lugar, tiene la palabra la señora Fernández Davila.


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La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo, el BNG, en relación con esta proposición no de ley del Grupo Popular. En principio, podríamos decir que compartimos la preocupación que acaba de exponer el señor Alonso en la defensa de la proposición no de ley en relación con la reducción de gasto de políticas sociales por parte del Gobierno, si no fuera porque el discurso del Partido Popular en los años de gobierno e incluso donde está gobernando en este momento el gasto de política social no es precisamente lo que más le preocupa. Dado que el señor Alonso ha recordado algunas cuestiones relacionadas con la gestión de su gobierno como la creación de cinco millones de puestos de trabajo, quiero recordarle también que en ese tiempo se redujo el gasto social en el Estado español en relación con la Unión Europea más de un 6 por ciento.
Estamos de acuerdo con esa preocupación que nos manifiesta, pero no creemos que tengan esta preocupación.


Por otro lado, posicionarnos a favor de la proposición que nos hace el Partido Popular evidencia cierta contradicción en un aspecto que quiero explicar. Nuestro grupo votó a favor de una serie de reales decretos-leyes que estaban destinados a diferentes medidas de apoyo a los sectores sociales, incluso económicos, derivados de la situación de crisis que padecemos en este momento. Un real decreto-ley que el Bloque Nacionalista Galego no apoyó fue precisamente aquel que con más entusiasmo hizo el Partido Popular y que estaba en relación con las ayudas a las entidades financieras. La razón que tuvimos en su momento para apoyar esos reales decretos-leyes era el hecho de que estaba destinado a paliar esos efectos negativos que están padeciendo las familias y las pequeñas empresas motivados por la crisis. Evidentemente, estábamos apoyando en ese momento, desde nuestro punto de vista -y por eso dimos el voto favorable-, políticas sociales.


La portavoz del Grupo Socialista dice que lo que se hizo no fue detraer, sino reorientar el gasto. Efectivamente, es así. Los que en algún momento hemos tenido algún tipo de responsabilidad en gobiernos, aunque fuesen municipales, sabemos que en el mismo servicio se hace este tipo de reorientación de gasto porque al inicio de un presupuesto se considera que va a desarrollarse de una determinada manera, y la realidad nos obliga a hacer una modificación porque hay aspectos, sobre todo cuando estamos hablando de política social, que se hacen más prioritarios que otros. Por tanto, podríamos entender la posición del Gobierno. De todas maneras, y en este sentido me dirijo al Grupo Socialista como grupo que apoya al Gobierno, preferiríamos que toda la política social que es necesario afrontar derivada de la crisis y que en su momento no estaba recogida en los presupuestos del año 2009, se detrajera de partidas presupuestarias que no correspondan a servicios sociales. ¿Por qué? Porque a pesar de que reconocemos el esfuerzo de este Gobierno en los últimos años, los servicios sociales fueron siempre los peor dotados presupuestariamente. Por lo tanto, es necesario atender nuevos problemas como el incremento del paro y, en consecuencia, incrementar las partidas correspondientes al seguro de desempleo, como también entendemos que, por esa misma razón, las políticas sociales que estaban presupuestadas necesitan asimismo seguir desarrollándose, aunque podemos reconocer que algunas pueden ser menos prioritarias que otras. Por eso, nuestra postura no puede ser favorable, pero tampoco podemos votar en contra, porque el Gobierno tiene que tener un toque de atención en esa dirección, ya que no puede estar reduciendo la financiación de los servicios sociales, sobre todo, porque estos tienen que ser desarrollados por las comunidades autónomas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señora Fernández Dávila.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


El Grupo Popular nos insta hoy a debatir y a aprobar una proposición no de ley que pretende que se restablezcan las partidas presupuestarias sociales disminuidas basándose en el acuerdo de no disponibilidad de créditos de 1.500 millones de euros. Se trata del cepillado de unos presupuestos que para nosotros eran escasamente sociales. De hecho, los presupuestos del ejercicio 2009 no son nuestros presupuestos. Como ustedes saben, votamos en contra de esos presupuestos por una razón fundamental, porque a nuestro entender no eran unos presupuestos suficientemente sociales. Estamos por la labor de instar al Gobierno a rectificar, como ya hizo en su momento el ministro Corbacho, cosa que celebramos y felicitamos. Al cabo de unos días, y dicho con toda modestia desde el escaño, instamos en una sesión de control a rectificar los millones de euros sustraídos del Fondo de emigración; él mismo reconoció que iba a rectificar, y así lo hizo al cabo de unos días el Consejo de Ministros. No se trata solamente de esta partida, sino de otras que el Grupo Popular ha tenido a bien colocar en esta proposición no de ley, que afectan a cuestiones tan sensibles como las relacionadas con la discapacidad, las que afectan a partidas destinadas a cofinanciar planes para las familias en situaciones especiales, la conciliación de la vida familiar y laboral, etcétera, conjuntamente con las comunidades autónomas. Tengo datos e información del Gobierno de Cataluña que francamente son lamentables: partidas e ingresos provenientes del Gobierno central para el apoyo a las familias en situaciones especiales, desfavorecidas, monoparentales, así como para la orientación y mediación familiar, la violencia familiar o la conciliación de la vida familiar y laboral mediante la atención a la primera infancia de 0

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a 3 años, han quedado reducidas a cero. Es decir, no solamente han sido disminuidas algunas partidas, sino que otras han quedado reducidas a cero.


Hay algunas que incluso llaman la atención, como son los presupuestos destinados a políticas de desarrollo, por ejemplo, la población gitana, cosa que choca con los trabajos que se están realizando en este Parlamento para llegar a un consenso y poder hacer una declaración institucional sobre la reparación necesaria hacia el pueblo gitano, para que de una vez por todas pueda superar la histórica estigmatización social que padece. En cambio, puedo decir que este año, producto de este recorte, la Generalitat de Cataluña solamente recibirá 99.000 euros. Es un recorte muy intenso de las cantidades recibidas, respecto al pasado año. El Partido Popular juega al electoralismo fácil, es verdad. La autoenmienda es muy electoralista; es más, yo diría que aquí se le puede aplicar el refrán de que la avaricia rompe el saco. Si ustedes lo que querían era castigar políticamente al Gobierno, tienen toda la legitimidad. De hecho, nosotros lo hacemos y lo haremos votando a su favor, pero no a su favor, sino en contra de unos Presupuestos Generales del Estado y de una actuación que, para nosotros, ya era socialmente poco progresista en su momento. Es cierto que aunque esta proposición no de ley salga aprobada, es evidente que el Gobierno no va a llevar a cabo aquello que hoy aquí les instemos a hacer.


De lo que se trata, por nuestra parte, es de denunciar unos presupuestos que no son suficientemente sociales en un contexto de crisis económica, y que el recorte de los 1.500 millones castigará aún más a la población más frágil, débil y castigada por la crisis económica. En ese sentido, pedimos que, al menos, se sepa en el debate político y en el debate ciudadano que no es oro todo lo que reluce y que estamos condenados, si no actuamos de una forma rotunda a favor de las personas más desfavorecidas, a blindar, a consolidar una sociedad dual. Si ustedes me permiten, les diré que ya en el debate de presupuestos les dijimos que había la posibilidad de recortar 700 millones. Nosotros pedíamos incrementar en 800 millones la partida que tenían para el desarrollo de la Ley de Dependencia. Hay 700 millones de euros destinados a algunas actividades del Ministerio de Defensa que no eran urgentes y que vienen a comprometer esta partida hasta el año 2020; imagínense, 700 millones multiplicados por los años que nos faltan hasta llegar al año 2020. Es evidente que ya planteábamos la necesidad de recortar los presupuestos de defensa y trasladar esos recursos a las políticas sociales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Señoras diputadas, señores diputados, intervendré muy brevemente para fijar nuestra posición a favor de la proposición no de ley del Grupo Popular por la que se solicita el restablecimiento de los créditos a las partidas presupuestarias sociales afectadas por el acuerdo de no disponibilidad de créditos de 1.500 millones de euros aprobados por el Gobierno. Nuestra opinión al respecto, al igual que lo plantea el Grupo Popular -y, por otra parte, creíamos que también era la postura de otro grupo en esta Cámara-, es que los recortes presupuestarios no pueden o no deben afectar a políticas vinculadas con la dependencia y la discapacidad; máxime cuando ello puede significar que al final la factura la paguen las comunidades autónomas, al recibir menos recursos de lo previsto o de lo presupuestado. Una vez más, el Gobierno del señor Zapatero con esta medida pretende que otros -en este caso las comunidades autónomas- soporten el coste de sus medidas y ello no nos parece razonable. Sé que no es costumbre en este Gobierno pero, a modo de idea, me atrevería a plantear que ese tipo de decisiones de recortes presupuestarios deberían debatirse y acordarse en esta Cámara, en el seno de la Comisión de Presupuestos. De esta forma, se garantizaría en mayor medida que estas decisiones no sean arbitrarias ni salomónicas y respeten los mínimos consensos que se pueden alcanzar entre los grupos parlamentarios. Ahora bien, señores del Grupo Popular, referirse al recorte de 1.500 millones de euros para solicitar la reposición de partidas por un importe que apenas supera los 6 millones, resulta un tanto sorprendente, si bien ha sido parcialmente corregida con la autoenmienda que han planteado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


La iniciativa del Grupo Popular, del señor Alonso, tiene la virtud política de poner en evidencia el discurso del Gobierno ante la situación de crisis económica que estamos viviendo y la afirmación producida desde la tribuna en los medios de comunicación de que el Gobierno estaba gestionando la crisis sin recortar las políticas sociales. La posición de los diversos portavoces que ahora han intervenido debería obligar al Gobierno, al Grupo Parlamentario Socialista, y al presidente del Gobierno a ser más contenidos en sus afirmaciones, porque lo que es cierto es que esa decisión de reorientación del gasto ha afectado a partidas de carácter social con un importante significado. Por tanto, primera consideración: no podemos votar que no a una iniciativa que pone en evidencia esa realidad. Segunda cuestión, esto se produce en un contexto presupuestario determinado en el que muchos de los grupos no pudimos apoyar el

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presupuesto que aprobó esta Cámara. El señor Tardà formulaba su crítica, Convergència i Unió también formuló la suya. Una de aquellas críticas fundamentales fue entender que el cuadro presupuestario, el marco macroeconómico en el que se configuraba ese presupuesto era inadecuado para hacer frente a la crisis. Y el Gobierno se ha visto obligado, ya desde el principio de año, a ir modificando ese presupuesto para adaptarlo a esa realidad. Permítame añadirle una tercera razón -el señor Azpiazu la ha mencionado-, pero es evidente que en esta materia estamos ante una falta de transparencia en la acción del Gobierno. Nos enteramos de cómo afectan esos recortes a partidas de alto contenido político a través de preguntas parlamentarias que formula el Grupo Parlamentario Popular, quizás otros grupos, y no a través de una iniciativa del Gobierno o de comparecencias ante la Cámara para informar cómo afecta a ese recorte. Eso en algún momento la Cámara lo deberá de resolver de manera muy evidente. Lógicamente, nos preocupan las consecuencias concretas que va a tener ese recorte.


La portavoz del Grupo Socialista se ha esforzado en entender que el conjunto del gasto viene compensado por otras políticas que el Gobierno está impulsando. Y quizás, en algunas cuestiones tenga razón y es un buen argumento para considerar, pero hoy la Cámara va a terminar este debate sin que se nos hayan contado, en concreto, esas denuncias que el Grupo Parlamentario Popular efectúa a esos programas y cómo el Gobierno lo piensa compensar. Una cosa son las políticas que se desarrollan en el marco de algunos de los fondos que se crean, otras son las partidas que se aprobaron en los presupuestos.


Todo ello, nos lleva a votar favorablemente esta proposición no de ley, que además va a evidenciar la cuestión de fondo en términos políticos, que es que el Gobierno no cuenta con una mayoría suficiente para tomar las medidas que está adoptando en estos últimos meses. Quizá, señorías, si el contexto político, económico y social fuese otro nos lo podríamos permitir. Pero en el contexto social y económico en el que está inmersa la sociedad española un Gobierno con tanta debilidad parlamentaria para hacer frente a la situación, no es un Gobierno que esté en condiciones de dar respuesta a la crisis. Esa es la cuestión de fondo que el Gobierno y el Grupo Socialista deberá resolver, cuanto antes sea mejor para todos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Le pregunto al señor Alonso si acepta para su votación final alguna de las enmiendas.


El señor ALONSO ARANEGUI: Lógicamente, incorporamos la que hemos presentado nosotros y rechazamos la del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Por tanto, aceptan su autoenmienda. Muchas gracias.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA SUPRESIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU IMPACTO EN EL MODELO DE TELEVISIÓN PÚBLICA. (Número de expediente 173/000071.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la supresión de la publicidad y su impacto en el modelo de televisión pública.


Para la defensa de la moción tiene la palabra don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


El que suscribe, señorías, presenta una moción subsiguiente en nombre de mi grupo parlamentario con respecto al mantenimiento del liderazgo de Radiotelevsión Española, de la radiotelevisión pública, y la recuperación del diálogo en torno a futuras modificaciones legales en relación al sector audiovisual. La verdad es que nos hemos encontrado muy recientemente y de forma súbita con una decisión, no explicada del Gobierno, de modificar la forma de financiación de la radiotelevisión pública. No solamente estamos ante un tema organizativo, de estructura de la radiotelevisión pública, señorías. Como todos los organismos vivos, es un organismo delicado y cualquier iniciativa que afecte a su naturaleza debe ser tomada, en primer lugar, con conocimiento de causa y, en segundo lugar, con un suficiente diálogo y acuerdo, al menos parlamentario.
Tenemos la impresión de que en relación con la supresión súbita de la publicidad en Radiotelevisión Española y a la alteración de su modelo de financiación no se han hecho ni una cosa ni la otra. No hay un estudio previo a fondo de sus consecuencias, consecuencias para la economía de la empresa, para los trabajadores, para su cultura organizativa, que también es muy importante, y consecuencias para su entorno en relación con las empresas de publicidad y las que encargan esa publicidad, en relación también con las empresas del medio televisivo y en relación asimismo con las telecomunicaciones, porque algunas de esas empresas están en dificultades y se verán obligadas a pagar una nueva tasa.


Tampoco se ha valorado la consecuencia que estas modificaciones puedan tener sobre los ciudadanos. En nuestra opinión, por tanto, hay un insuficiente cuidado y estudio para una modificación tan profunda. Pero es que además en nuestra opinión tampoco ha habido un

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diálogo equiparable al diálogo que dio lugar a la Ley de la corporación de la radio y televisión española. En esa ley, la Ley 17/2006, nos vimos reflejados los trabajadores de la empresa, los grupos parlamentarios y muchas organizaciones e instituciones que tienen que ver con la radiotelevisión pública. Pues bien, en este caso no ha habido nada de eso, no ha habido prácticamente contactos, en nuestra opinión sí los ha habido con sus competidores y no los ha habido ni con la empresa, Radiotelevisión Española, ni con los parlamentarios y grupos que hemos sido importantes en el proceso de modernización de la corporación.


Por estas razones, señorías, presentamos una iniciativa que no pretende otra cosa que el mantenimiento del liderazgo de Radiotelevisión Española en el panorama radiotelevisivo. Es una cuestión fundamental. De poco nos serviría tener un servicio público si ese servicio público es absolutamente minoritario. Por tanto, pretende el mantenimiento del liderazgo y, en segundo lugar, pretende el diálogo y el acuerdo para modificaciones estructurales que tengan lugar en relación con la financiación de Radiotelevisión Española, cosa que hoy no se da ni dentro de la empresa ni con el consejo de administración ni tampoco con los grupos parlamentarios.


Por eso proponemos, además de estos dos aspectos fundamentales, que se lleve a cabo un estudio de los efectos económicos y laborales de esa supresión drástica de la publicidad en Radiotelevisión Española, en el sector de publicidad, en otras televisiones, en el sector de las telecomunicaciones, en la Radiotelevisión Española y en sus trabajadores; por ejemplo, en el colectivo que trabaja en publicidad creemos que ese estudio es imprescindible. Esta iniciativa, como decía antes, debe hacerse con diálogo, pero debe hacerse en un marco que nos ha sido hurtado hasta ahora que es el marco general de la Ley Audiovisual, marco que no sabemos cuándo se va a producir y, por tanto, proponemos que se haga cuanto antes y en paralelo durante el actual periodo de sesiones para que no solamente la modificación tenga un ambiente de diálogo, sino que tenga un marco lógico que es la Ley Audiovisual que afectaría no solamente a la Ley de Radio y Televisión Española sino que afectaría en general al modelo audiovisual que en nuestro país necesita a todas luces un marco general.


Por último, proponemos en diversas iniciativas que mientras se toman estas medidas no se le aten las manos a Radiotelevisión Española, porque mucho nos tememos que no solamente introducimos una modificación drástica en un organismo delicado, con las consecuencias que esto puede tener para su funcionalidad, sino que además le ponemos barreras a esa funcionalidad mientras no existen nuevas garantías. Por ejemplo, le ponemos barreras a su publicidad, le ponemos barreras de contenidos y, en definitiva, ponemos también en peligro su futura audiencia.


Por esa razón cierro mi intervención haciendo referencia a nuestras dos preocupaciones generales: el recuperar el diálogo y el garantizar el liderazgo. Me dirijo en concreto a las fuerzas políticas de ámbito autonómico y de ámbito nacional, me refiero a la pluralidad nacional del Estado, no vaya a ser que esta iniciativa tenga un efecto cascada en las televisiones públicas de las comunidades autónomas. Una vez que tomemos una medida tan importante como la reducción drástica de la publicidad y el cambio en el modelo de financiación de la radiotelevisión pública, a continuación comience en bola de nieve la reducción drástica de la publicidad de las televisiones autonómicas y su cambio de modelo de financiación. Todo ello sin haberlo debatido, sin haberlo estudiado y sin haberlo acordado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Para la defensa de la enmienda presentada por su correspondiente grupo tiene la palabra el señor Conde.


El señor CONDE ROA: Señor presidente, señoras y señoras diputados, quiero defender la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular a la moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, subsiguiente a la interpelación del mismo grupo sobre la supresión de publicidad en Televisión Española.


Nuestro grupo, en primer lugar, quiere señalar que la moción contiene muchos elementos que, en relación a la interpelación presentada en su día, la exceden y que darían lugar, sin lugar a dudas, a otro tipo de debate mediante iniciativas parlamentarias de diferente naturaleza jurídica a la que ahora estamos analizando con la moción. Quiere decirse con ello que, en definitiva, entendemos que sería otro quizá el instrumento parlamentario adecuado para celebrar la discusión sobre el tema que nos ocupa. Quiero decir también que lo que criticamos no es el hecho en sí de la iniciativa, todo lo contrario. La responsabilidad está, como es obvio, en el Gobierno de la nación, en lo que podríamos llamar el picoteo legislativo al que está sometiendo a un sector, el sector audiovisual y de telecomunicaciones, unas veces mediante el anuncio de improvisadas supresiones de publicidad por parte del presidente del Gobierno y, otras, con fórmulas de financiación que requieren en todo caso la intervención y el acuerdo de esta Cámara. Si en el origen de la Ley 17/2006, que regula la Corporación de Radiotelevisión Española y sus sociedades, está un amplio acuerdo parlamentario, no podemos dos años más tarde romper unilateralmente el acuerdo y comenzar a elaborar propuestas de financiación de Televisión Española a través de fórmulas no negociadas en esta Cámara por los mismos agentes que dieron lugar a la aprobación de la ley anteriormente citada. Son muchos los problemas a afrontar, no solo este del que estamos hablando -la financiación de la televisión y la supresión de la publicidad, aunque este sea un elemento fundamental de la financiación-, sino otros muchos que afectan al futuro de un sector que, al igual que otros, reclama un campo

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de juego estable y jurídicamente diáfano, sobre todo en épocas de crisis como la actual. Sorprende que cuando se habla de futuro económico nuevo para el país, basado en sectores diferentes a los que tradicionalmente han sostenido su crecimiento y que por otra parte han demostrado notablemente su éxito, un sector como el audiovisual esté a estas alturas a la espera de una ley tantas veces comprometida por el Gobierno y tantas veces retrasada o, por lo menos, evitada. Por eso nuestro grupo enmienda la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en un triple sentido. En primer lugar, exigiendo una comparecencia inmediata de la vicepresidenta primera del Gobierno de la nación en la Comisión Constitucional, porque no vale la mera presentación de la Ley General Audiovisual, sino que debe existir un compromiso concreto del Gobierno de acudir a explicar los términos de la misma y debe hacerse ya, por las razones anteriormente citadas y porque el tiempo apremia cada vez más, sobre todo en épocas de crisis.
Esas decisiones deben tomarse en este Parlamento.


En segundo lugar, la moción presentada, en sus apartados 3, 4, 5, 6 y 7 relaciona una serie de medidas que, a nuestro juicio, deben formar parte de la discusión parlamentaria, porque contienen conceptos en los que en algunos casos resultará fácil -en otros, obviamente, resultará imposible- ponerse de acuerdo. En cualquier caso, ante una moción subsiguiente a una interpelación, si la Ley Audiovisual entra en la Cámara y la vicepresidenta primera del Gobierno se compromete a aclarar los muchos aspectos que sin duda tendrá que aclarar el texto legislativo, estos serán discutidos en un marco de mayor amplitud y más adecuado. No obstante, nuestra propuesta recoge parte del apartado 8 de la moción.
Recoge, a nuestro juicio, un apartado fundamental, que es la ausencia de costes, cualquiera que sea el camino elegido, para contribuyentes y consumidores. En este sentido, es fundamental cualquier modificación o supresión que se realice de publicidad en televisión.


Por último, en el apartado 3 de la moción se incluye la remisión al contrato-programa, de acuerdo con el mandato marco aprobado en esta misma Cámara. Señorías, es increíble que a estas alturas no se haya producido el envío del contrato-programa que impone el mandato marco aprobado por este Parlamento y recogido en la Ley 17/2006. Este es un mal ejemplo que está dando el Gobierno. Es un mal ejemplo de educación para la ciudadanía que un Gobierno incumpla sus propios mandatos legislativos y se coloque en una situación de incumplimiento en una cuestión de esta naturaleza. En definitiva, discusión completa, amplia, no parcial, discutir sobre financiación y sobre otros aspectos de televisión, pero decimos no con toda claridad a los picoteos legislativos en el cráneo de un sector o sectores que no pueden jugar en un terreno de juego sin reglas claras y mucho menos en ocasiones deliberadamente embarrado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Conde.


¿El Grupo Parlamentario Mixto desea intervenir? (Denegación.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don José Ramón Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo va a votar afirmativamente la moción consecuencia de interpelación urgente, sobre supresión de la publicidad y su impacto en el modelo de televisión pública, que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. La votará afirmativamente, y supongo que sin sorpresa para nadie, y la votará con o sin efecto cascada, del que nos hablaba quien defendía la moción.


Hace todavía una semana, en el marco de la resoluciones que los distintos grupos parlamentarios presentamos en esta Cámara como resultado del debate de política general, mi grupo sometió a la consideración y voto de SS.SS. una resolución que me atrevo a calificar de coincidente en lo básico y en lo sustancial con la que ahora nos ocupa. Ahí, antes que nada y sobre todo, va a residir la razón de ser del voto afirmativo al que he hecho referencia. Las razones que nos asistieron entonces para recabar el voto de SS.SS e instar al Gobierno a presentar en el plazo máximo de tres meses -decía aquella resolución- en el Parlamento una estrategia integrada de sus planes de actuación en materia audiovisual, partiendo de una visión del sector y analizando el impacto de las mismas no solo sobre los operadores de radio y televisión tradicionales, sino también sobre los nuevos modelos de radio y televisión, como la televisión por Internet, cable, satélite o móviles, entre otras -tal como decía el punto 1 de nuestra resolución-, son las que hacen que ahora nos sumemos a los proponentes de esta moción, que en su punto 1 dice que se inste al Gobierno a presentar en el periodo ordinario de sesiones la comprometida Ley General Audiovisual y el modelo de financiación de la misma.


La moción de Esquerra Republicana-IU-ICV contiene más puntos, como también los contenía nuestra resolución, y entre los puntos de una y otra existen más equivalencias y analogías y también diferencias, por qué negarlo. No está en mi ánimo entrar a reflejar aquí el detalle de las mismas y no lo hago porque, sinceramente, entiendo que detalle arriba, detalle abajo, analogías y/o diferencias arriba o abajo, entre la voluntad que manifiesta el grupo proponente de esta moción y la que asistía a mi grupo para presentar aquella resolución existe una visión y una voluntad coincidentes en lo básico que podría resumir en los siguientes puntos cuando menos. Coincidencia y voluntad compartida, en primer lugar, y sobre todo en decir al Gobierno que vale ya de actuar en el sector audiovisual de forma parcial y sin visión, que se conozca cuando menos de un esquema general para

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el sector audiovisual, que vale ya también de actuar con supuestas urgencias de difícil comprensión en toda hipótesis y de imposible comprensión desde la perspectiva que debe prevalecer en el Gobierno y en el Parlamento, que es la defensa del interés público, del interés general. El Gobierno está actuando en el campo audiovisual abordando hoy un problema, mañana otro y pasado mañana un tercero sin que nos explicite, más allá de algunas generalidades, cuáles son las coordenadas con las que va abordando dicho desarrollo que dice impulsar de la economía y de la sociedad de la información y dentro de ellas del desarrollo del sector audiovisual; de todo él, no solo de una parte del mismo; menos, de unos cuantos de dicho sector. Lo está haciendo al margen en muchos casos de las fuerzas económicas, sin cuya colaboración es imposible tal desarrollo, de espaldas a ellos si no, como algunos lo han sentido, contra ellos. Lo está haciendo inclusive -tenemos la impresión- de espaldas a sus propias políticas desarrolladas desde determinados ministerios en orden al desarrollo de dicha sociedad. Mucho nos tememos que al actuar así pudiera estar caminando justamente en la dirección si no contraria, sí al menos marginada de allá donde dice que debe ir. No vale, en efecto, aludir simplemente a que se quiere desarrollar la sociedad de la información para a continuación situar cualquier actuación dentro de dicho nombre. Empezamos a tener la impresión de que, aun sin conocer en detalle y profundidad, a falta de una ley, de la ley tan anunciada y prometida como la Ley Audiovisual, la visión que mantiene este Gobierno en orden a abordar la sociedad de la información y como parte sustancial de ella del sector audiovisual, la visión que deja traslucir con este tipo de actuaciones empieza a no coincidir con la de nuestro grupo. Decimos esto sin olvidar que en ocasiones anteriores, a la espera y en la confianza de que la Ley Audiovisual iba a aparecer en esta Cámara de un día para otro, hemos apoyado otras actuaciones y otras medidas del Gobierno.


Vemos, en efecto, a este Gobierno enredado cada vez más en coyunturas, en tácticas, en circunstancias particulares que parecen alejarse de una visión según la cual el mundo audiovisual está conociendo una evolución, si no una revolución, por la que nada va a ser en el futuro como lo ha sido en el pasado y como determinadas fuerzas intentan que siga siendo en el presente. La innovación tecnológica permanente, unida a los nuevos usos que en los servicios audiovisuales están planteando los ciudadanos en su libertad, están haciendo, como estaba anunciado tiempo atrás, que el mundo audiovisual tradicional esté sufriendo unas transformaciones, algunos hablan incluso de desaparición de las mismas. Esto se compadece mal con actuaciones como las que, insisto, con coyunturas a corto y en defensa de intereses particulares, está llevando a cabo el Gobierno. Que el Gobierno lo aborde con paso más firme y sólido; no tiene por qué caminar de forma tambaleante, como está caminando, en este tema, según vimos en la votación de nuestra propia resolución. Si el Gobierno decide finalmente ir por un camino más sólido, se encontrará él menos seguro y con ello ganaremos todos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Concepción Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÁS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, tal como muy bien dice el señor Llamazares en su exposición de motivos, el día 8 de mayo el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley de financiación de la Corporación de Radiotelevisión Española. Anteriormente, unos días antes se citó también a todos los portavoces de la Comisión de Control a una reunión informativa por parte de la vicepresidenta primera, donde pudimos preguntar e interesarnos por las líneas básicas del anteproyecto, del que además los medios de comunicación también se han hecho eco. Estamos, pues, a las puertas de poder debatir, analizar y hacer las propuestas que cada grupo parlamentario crea conveniente en ese proyecto de ley de financiación de la corporación.


No les quepa duda, señorías, de que el interés de nuestro grupo no es ni será otro que el de vigilar que Televisión Española sea una televisión pública de calidad y que cuente con una estabilidad y suficiencia financiera adecuada. También creemos desde Convergència i Unió que será entonces, cuando entre el proyecto de ley y no ahora, el momento de pronunciarnos al respecto y de intentar llegar al máximo acuerdo con los grupos parlamentarios para que, si es posible, ese proyecto de ley cuente también con el máximo respaldo. Ese es el principal motivo, señorías, por el que nuestro grupo parlamentario no va a dar hoy apoyo a esta moción, excepto en su punto 1, si es que se hace la votación por separado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Óscar López.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.


Señorías, debatimos hoy en esta Cámara -y no es la primera vez- una iniciativa sobre el modelo de financiación de la televisión pública en nuestro país y se producen algunas paradojas. La primera de ellas es que un grupo socialista, un grupo de izquierdas, tenga que explicar por qué defiende que un servicio público tenga una financiación pública. Es una paradoja, parece mentira que tengamos que explicar algo tan sencillo como la defensa de un modelo de financiación estrictamente público para un servicio público como Televisión Española.


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La segunda es que se le solicite a un Gobierno que acometa reformas en el sector audiovisual cuando es precisamente el único Gobierno que ha acometido reformas que esta Cámara conoce y demanda desde hace muchos años y que ningún Gobierno había afrontado, tanto la reforma de la radio y la televisión pública como el impulso de la televisión digital terrestre o la aparición de esa Ley General Audiovisual que todos los grupos siempre han reclamado -incluso a nivel autonómico- y que ningún Gobierno se había atrevido a poner en marcha hasta que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo ha hecho. La tercera es que tratemos como en la iniciativa de hoy de, por un lado, solicitar diálogo y acuerdos al Gobierno -hacer todo un proceso de diálogo y acuerdos- y a continuación presentar una iniciativa como la que conocemos hoy, donde se pretende cerrar ese debate tasando ya cuál debe ser ese modelo, como ha hecho Izquierda Unida.


Agradezco las palabras de la portavoz de Convergència i Unió porque es verdad, como recordaba ella, que la propia vicepresidenta del Gobierno convocó a los portavoces de todos grupos antes de que se aprobara ese anteproyecto de ley por parte del Consejo de Ministros. De hecho, quiero expresar mi insatisfacción por que el Grupo Popular no acudiera a esa reunión con la vicepresidenta del Gobierno, a la que habíamos sido convocados, por cierto, por la presidenta de la propia Comisión de Control de Radiotelevisión Española, que es una representante del Grupo Popular. Yo fui convocado, y el resto de portavoces también, por la propia presidenta de la Comisión de Control de Radiotelevisión Española y luego algún portavoz -en este caso del Grupo Popular- hizo el feo de no aparecer en una reunión con la vicepresidenta donde precisamente se trataba de explicar a los grupos parlamentarios, antes de que llegara a la Cámara, este nuevo modelo y se pudiera acordar. Por lo tanto, agradezco el recordatorio de la portavoz de Convergència i Unió porque deja muy a las claras que este Gobierno ha buscado el diálogo con todos los grupos para sacar adelante este modelo.


El representante de Izquierda Unida hablaba de las consecuencias y yo se las voy a decir. En primer lugar, para Televisión Española. La primera consecuencia de la ley que ha de llegar a esta Cámara es que por fin Televisión Española tendrá una financiación adecuada y garantizada y no dependiendo de cuál sea la coyuntura económica o los ingresos que tenga por publicidad. Por cierto, el modelo de financiación de televisión no empieza hoy; empezó cuando un Gobierno socialista acabó con la deuda histórica -más de 7.000 millones de euros- que acumulaba Radiotelevisión Española. Quiero recordar a un entonces candidato que fue luego presidente del Gobierno, don José María Aznar, que prometió acabar con la deuda de televisión y en ocho años la multiplicó por cinco. Por lo tanto, el primer paso fue acabar con esa deuda, y el segundo es plantear un modelo que es coherente ideológicamente; coherente porque el Partido Socialista en sus programas electorales y el Gobierno de Zapatero ya venían reduciendo la publicidad. E insisto, que un partido de izquierdas tenga que defender que un servicio público tenga una financiación pública no deja de ser una paradoja. Por tanto, la primera consecuencia para Televisión será una financiación adecuada y garantizada y la segunda también -se la adelanto ya, señor Llamazares y lo veremos con el tiempo- será más audiencia para Televisión Española. Estoy convencido de que Televisión Española ganará audiencia con esto. Lo veremos cuando los ciudadanos tengan una televisión pública de calidad porque la van a seguir teniendo, porque Televisión Española seguirá teniendo los mismos ingresos, si no más, y encima sin publicidad ganará audiencia. Esas son las consecuencias para Televisión Española: más estabilidad, recursos garantizados y desde luego -ya lo veremos- más audiencia y más liderazgo.


¿Consecuencias para los ciudadanos? Que van a tener una televisión pública sin publicidad y una televisión pública donde no van a tener que aportar ninguna financiación adicional porque este partido, este Gobierno y este grupo, no defienden que Televisión Española tenga ningún canon pagado por los ciudadanos, ni que tampoco se financie a través de mayores aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto no serán los ciudadanos quienes tengan que pagar una televisión que, por cierto, hoy -también sería bueno que lo dijera esta Cámara- es la más barata de Europa en términos de coste por habitante.


¿Consecuencias para los trabajadores? Se lo digo yo, señor Llamazares, que va a haber más producción en Televisión Española, más trabajo para los trabajadores de Televisión Española, porque va a haber que producir muchas horas que se van a dejar de emitir de publicidad y por tanto habrá más carga de trabajo en Radiotelevisión Española y habrá por supuesto más trabajo para los trabajadores. A mí me gustaría que el Partido Popular algún día retire las palabras que dijo, muy desafortunadas, diciendo que se recortaría la plantilla en un 50 por ciento, pero esta es la actitud del Partido Popular.


Por supuesto, voy a solicitar que se vote por separado el punto 1 por esa voluntad de diálogo. Es verdad que el Gobierno siempre ha dicho que la Ley General Audiovisual debería llegar antes de que empiece el próximo periodo de sesiones -lo digo bien, antes de que empiece el próximo periodo de sesiones- y por eso votaremos a favor del punto 1 para poder llegar a un acuerdo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor López Águeda.


Señor Llamazares, su turno para manifestar su aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.


El señor LLAMAZARES TRIGO: No acepto las enmiendas porque quiero que se vote por puntos.


Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Llamazares.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LAS MEDIDAS URGENTES QUE PREVÉ INSTRUMENTAR EL GOBIERNO PARA AUMENTAR LA LIQUIDEZ DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
(Número de expediente 173/000072.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas urgentes que prevé instrumentar el Gobierno para aumentar la liquidez de pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos.


Para defender la moción de ese grupo tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado esta moción que básicamente va en la dirección de plantear una serie de medidas para resolver la difícil situación por falta de liquidez que padecen muchísimas pequeñas y medianas empresas y muchísimos empresarios autónomos y que, al mismo tiempo, repercute muy negativamente en la liquidez que sufren muchísimas familias. Finalmente si no hay una resolución inmediata para resolver esta situación, probablemente van a continuar cerrándose muchísimas pequeñas y medianas empresas, van a continuar cerrando sus actividades empresariales muchísimos empresarios autónomos y lógicamente también esto va a repercutir con un incremento notable del paro en España.


Por este motivo hemos presentado una moción, que tengo que adelantarles la hemos consensuado con el Grupo Parlamentario Socialista, recogiendo algunos aspectos relevantes que nos planteaba la enmienda que nos ha ofrecido el Grupo Parlamentario Popular. Finalmente pensamos con sinceridad que hemos avanzado, no quizás todo lo que pretendíamos y con la profundidad que pretendía Convergència i Unió, hemos dado una serie de pasos adelante que confiamos van a resolver muy a corto plazo la difícil situación que padecen las pequeñas y medianas empresas y los empresarios autónomos.


En primer lugar hemos consensuado y llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista -que espero esté refrendado y apoyado por los diferentes grupos parlamentarios pero sobre todo por el Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado una enmienda en esta dirección- para intentar reforzar y reorientar la gestión y la estructura orgánica del ICO. Hemos constatado desgraciadamente que a pesar de que el ICO tiene la voluntad política de canalizar recursos financieros hacia las empresas, el resultado final es que estos recursos financieros no llegan a las empresas y sobre todo no llegan a las pequeñas y medianas ni a las microempresas. Por este motivo hemos alcanzado un principio de acuerdo, para reforzar y reorientar la gestión en la estructura orgánica del ICO y poder optimizar todos aquellos medios humanos y materiales que puedan implementar más agilidad en sus trabajos diarios, intentando plantear al mismo tiempo más eficacia en las distintas líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial con el objetivo de asignar los recursos de forma más eficiente para los años 2009 y 2010.


Hay un segundo punto, en el que pienso sinceramente que hemos profundizado bastante, a fin de buscar una solución efectiva para que la aplicación del procedimiento de la gestión de la cuenta corriente tributaria pueda ampliar sus campos de actuación y mejoras de aplicación y también y al mismo tiempo se pueda ampliar a muchísimas más empresas para que sus deudas tributarias se puedan compensar con las devoluciones de impuestos.
Por tanto vamos a darle muchísima más fuerza y vamos a ampliar el campo de aplicación de las cuentas tributarias para que en un futuro inmediato puedan ser un elemento ágil y efectivo, a fin de dar más liquidez a todas aquellas empresas que tengan contraídas o sea la Administración acreedora de las pequeñas y medianas empresas.


En tercer lugar habíamos planteado inicialmente posibilitar que el ICO pudiera dar más garantías a las entidades crediticias para que conjuntamente entre él y éstas pudieran facilitar muchísima más financiación a las pequeñas y medianas empresas y a los empresarios autónomos. Hemos buscado una fórmula y ahora vamos a ver si el Legislativo y el ICO son capaces de implementarla a través del Instituto de Crédito Oficial para intentar incrementar aquellos recursos del ICO y éste pueda canalizarlos a aquellas empresas y trabajadores autónomos que tengan solvencia y actividad económica sostenible. Basándonos en futuras inversiones y en pequeñas y medianas empresas que tengan proyectos rentables que sean sostenibles vamos a plantear la posibilidad de incrementar las garantías del ICO a las entidades privadas de crédito para poder intensificar durante los años 2009 y 2010 que fluyan con más, yo diría cantidad, todos aquellos recursos financieros que hasta la fecha están consignados en el ICO pero que desgraciadamente no van a parar a las pequeñas y medianas empresas ni a los empresarios autónomos.


Finalmente, también hemos llegado a un acuerdo con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno a fin de que en el plazo de un mes, es decir ahora estamos a finales del mes de mayo pues para finales del mes de junio, se pongan en marcha todas aquellas propuestas que hemos aprobado en este Pleno del Congreso de los Diputados y que también hemos aprobado en la Comisión de Economía y Hacienda, que van en la dirección de poder facilitar liquidez a las pequeñas y medianas empresas -repito, aprobadas a través de mociones o

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proposiciones no de ley pero que todavía no están en el Boletín Oficial del Estado-. Así habrá por tanto tres cuestiones que afectan a aplazamientos, a poder facilitar el pago con el cobro de las deudas pendientes y al mismo tiempo facilitar una rebaja de los empresarios autónomos que estén afectos a los modos en función de sus actividades empresariales. Estas propuestas, como digo, han sido aprobadas y hemos dado un plazo de un mes al Ejecutivo para que rápidamente estén en el Boletín Oficial del Estado.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Sánchez i Llibre.


A esta moción se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor Sánchez i Llibre, asistí con mucha felicitación el pasado día al debate que se produjo en relación con la interpelación. Asistí con gran felicitación porque creí esperanzado en sus palabras que usted iba a dar en la clave de cuál es el problema del crédito en España en este momento; de hecho, en su intervención venía a subrayarnos que iba a fijarse principalmente en el capítulo de garantías. Cuando he leído hoy su propuesta, nada de nada. Por lo tanto, lamento que hoy, en el pacto que usted ha alcanzado con el Gobierno, vayamos a votar una moción que no contiene nada, buenas palabras y nada más.


Quiero explicarle, señor Sánchez i Llibre, que hoy el crédito no llega por tres motivos: fundamentalmente porque hay una mala negociación del Instituto de Crédito Oficial con la red comercial bancaria privada; segundo, porque el Gobierno lleva aplazando la reforma del sector financiero prácticamente desde hace muchísimo tiempo. Es otra de esas cosas que el Gobierno está ocultando calculadamente para que no se vea que dentro del propio Gobierno y del Partido Socialista no existe una unidad de criterio en materia de la reforma del sector financiero y para que no se sepa en pleno periodo electoral cuál es el estado real de las cajas de ahorro de España que el rating internacional va poniendo poquito a poco en su sitio. Mientras no arreglemos esos dos elementos no podemos hacer nada. Reforzar el Instituto de Crédito Oficial es importante, pero le tengo que decir una cosa: refuércelo por la vía de recursos humanos y refuércelo por la vía de la tecnología; no lo refuerce por la ayuda de mayor cuantía de los créditos. Le voy a dar un dato en este momento que tiene usted en la página web del ICO: 35.000 millones de créditos están dispuestos para las empresas españolas. ¿Sabe cuántos se han utilizado en estos cuatro primeros meses del año? 4.400. ¿Sabe lo que significa eso? El 13 por ciento. ¿Sabe lo que significaría a final de año si seguimos con el mismo ritmo de utilización de las líneas de crédito? Que alcanzaríamos a utilizar solo 13.000 millones de los 35.000, lo que viene a representar un 35 por ciento, es decir, estamos ante una incapacidad del Instituto de Crédito Oficial de hacer liquidez en las empresas, y esta moción no avanza en ese sentido; avanza probablemente en empezar a hacer una excursión verbal respecto al tema del crédito. El crédito hoy no es problema para el empresario ni por la cuantía, ni por el tipo de interés, ni por el plazo; el crédito es un problema para el empresario por la garantía, y ustedes no hablan para nada de cómo puede el Instituto de Crédito Oficial apoyar con avales y garantías la negociación con la red bancaria.


Por último, le tengo que decir que es una pena que no haya aprovechado usted este trámite para decir algo sobre la reforma del sector financiero. A mí me gustaría saber por qué motivo tenemos que conocer la reforma del sector financiero más allá del 7 de junio. Me gustaría saber si están ustedes de acuerdo en que se reforme la Lorca. Me gustaría saber si están ustedes de acuerdo en qué cuantía hay que inyectar en el fondo de nueva ayuda a las cajas de ahorro, a quién y por qué, con responsabilidades o sin responsabilidades, si se puede producir fusión entre cajas del mismo territorio o se puede producir fusión y compras entre cajas de distintos territorios. En definitiva, creo que esta moción, señor Sánchez i Llibre, apuntaba muy buenas maneras en la interpelación, pero cuando ha llegado usted a tener que pactar con el Gobierno se ha diluido toda la fuerza. No le oculto que usted va poniendo peldaño a peldaño para ver si de una vez convencemos al Gobierno de que se apee del ocultismo con el que está tratando el problema del crédito en España y de que convenza al sector financiero privado y al Banco de España que comience a tener comportamientos no cuestionados. Anuncio que retiramos la enmienda que hemos presentado para facilitar y no obstaculizar que salga adelante esta moción, que es solo una excursión verbal.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchísimas gracias, señor Aguirre.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Rivero.


La señora RIVERO ALCOVER: Gracias, señora presidenta.


Comenzaré la defensa de esta enmienda de sustitución, a la que hemos llegado a un acuerdo porque le interesa así a la ciudadanía y no a otros intereses particulares, como son los del Grupo del Partido Popular, como lo hizo la vicepresidenta segunda del Gobierno, que comenzó su intervención recordando que el endeudamiento de las familias y de las sociedades no financieras es muy superior al promedio de la zona euro, situación que no podía mantenerse indefinidamente y por ello es inevitable una fuerte desaceleración del crédito.


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El Gobierno, que es consciente de esta situación, viene tratando de paliar las necesidades de financiación de las empresas y de los autónomos y ha actuado en tres frentes: movilizando el crédito de los bancos y de las cajas, aportando financiación a través del ICO y, finalmente, mejorando la liquidez del sector privado a través de medidas fiscales. Se ha proporcionado financiación estable a las entidades de crédito con la única finalidad de que puedan continuar concediendo créditos. Es en este contexto de deterioro de la situación económica, de restricciones financieras internacionales, de familias y empresas endeudadas, en el que debe valorarse la eficacia de las medidas que viene estableciendo el Gobierno, que viene realizando un gran esfuerzo para intentar suavizar esta desaceleración y que se produzca de manera menos traumática y en todo caso no ahogue la actividad de las pequeñas y medianas empresas.


El Gobierno ha adoptado medidas extraordinarias para movilizar el crédito a las pymes y a los autónomos de manera específica y para aliviar sus problemas de liquidez. Desde luego, no es posible garantizar que el crédito llegue a todos aquellos que lo demanden, pero es cierto que está aliviándose la situación de muchos afectados. Destaca sobre todo el papel del ICO. Se han ampliado las líneas de financiación existentes, se han implantado otras nuevas y en el ejercicio de 2009 el ICO va a destinar recursos por más de 35.000 millones de euros para apoyar la inversión y la liquidez de autónomos y de pequeñas y medianas empresas. No debemos olvidar, en cualquier caso, que el ICO debe actuar a través de las entidades financieras, que son los necesarios mediadores entre el ICO y los prestatarios finales. No tiene oficinas, no tiene un despliegue territorial y cuenta con unos recursos humanos limitados, porque lo hemos querido así. Como hemos reiterado en todas las ocasiones que nos hemos subido a esta tribuna, hemos querido que en nuestro país no existiera lo que en otros países existe como propiamente banca pública, con todas sus consecuencias, pero también con todas y cada una de sus posibilidades. No obstante, se han incluido nuevas líneas ICO para la financiación de liquidez y hemos aprobado sistemas para compartir riesgos de impago entre el ICO y las entidades de crédito.


Sobre los autónomos como ciudadanos y empresarios también inciden determinadas ayudas y medidas del PlanE, Plan español para el estímulo de la economía y el empleo. No obstante, son específicas para autónomos nuevas líneas creadas como ICO-Liquidez, ICO-Moratoria PYME, avales de ICO a las deudas de los municipios, empresas y autónomos y ampliaciones como la ICO-PYME, ICO-Emprendedores e ICO-Crecimiento. Nos parece que desde abril de 2008 el Gobierno ha aprobado un conjunto articulado de medidas para hacer frente a la crisis económica que resumió en el Plan español para el estímulo de la economía y el empleo, articulado en cuatro ejes de actuación, como han sido las medidas de apoyo a las familias y a las empresas, las medidas de fomento del empleo, las medidas de apoyo del sistema financiero y las medidas enfocadas a la modernización de la economía. Todas ellas permitirán, en cualquier caso, una gradual recuperación de la economía española, como también es el propio objetivo de la última medida que aprobará el Gobierno de reducción a nivel fiscal de 5 puntos el tipo del impuesto sobre sociedades durante tres años para empresas de menos de 25 trabajadores, con un volumen inferior a 5 millones de euros, siempre que su plantilla no se modifique o amplíe respecto al año 2008 y que se mantenga durante 2010; rebaja de 2 puntos en el tipo de interés legal y de demora y 1,5 puntos el tipo de interés legal. ¿Quiénes serán los beneficiarios? Las empresas, los autónomos y la ciudadanía en general a los que se les haya concedido aplazamiento por obligaciones fiscales y en la Seguridad Social.


Como todo es susceptible de mejorar, hemos llegado a este acuerdo, a este consenso alcanzado con Convergència i Unió para la enmienda de sustitución, y en este sentido van dirigidos los puntos 1 y 3 de nuestra enmienda, que tratan de reorientar la gestión y la estructura orgánica del Instituto de Crédito Oficial. Porque sí se habla de incrementar en todo caso los recursos humanos y materiales de este organismo al optimizar los medios del Instituto de Crédito Oficial, y sí se habla de analizar la eficacia de las distintas líneas de financiación. Creemos que se han propuesto también múltiples medidas fiscales y en este entorno de restricción presupuestaria, como es el actual, este conjunto de iniciativas suponen, en cualquier caso, un gran esfuerzo por parte del Gobierno. Ese es el objetivo, además, de esta enmienda consensuada con el Grupo de Convergència i Unió, que pretende poner los mayores recursos financieros al alcance de los autónomos, de las pymes y de la ciudadanía en general, y no, en cualquier caso, con aquellos que nunca están, nunca se les espera y nunca saben qué es exactamente lo que quieren para la ciudadanía, para las familias y para las pequeñas y medianas empresas.
Por el interés que ha puesto el Gobierno en todas ellas, es por lo que hemos aceptado el consenso con Convergència i Unió en relación con la moción presentada.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Rivero.


En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señora presidenta.


Simplemente, desde el escaño, quiero fijar la posición del BNG a favor de la moción que presentaba Convergència i Unió. Teníamos previsto apoyarla desde su inicio, pero evidentemente nos satisface más después de haber alcanzado un acuerdo de transacción. Lo hacemos de la misma manera que lo hicimos ya en una anterior

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moción, en la medida en que se recogen cuestiones importantes para paliar una situación de dificultad en el sector de autónomos, sin que esto implique, como en otras ocasiones, ningún tipo de medidas económicas que, desde nuestro punto de vista, han sido valoradas negativamente. Nos parece muy positiva la propuesta que ha presentado el señor Sánchez i Llibre; ya inicialmente la íbamos a apoyar, pero después de la transacción lo haremos con más razón en la medida en que hay un acuerdo de los distintos grupos.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Dávila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Quiero sumarme a algunas de las reflexiones que se han hecho. Nosotros entendíamos que la moción tenía un sentido, los problemas que tienen hoy la pequeña y la mediana empresa. El problema es que vienen marcados precisamente por la falta de liquidez, como el señor Sánchez i Llibre expuso el otro día y ha vuelto a exponer hoy. Lo cierto es que las reformas que se introducen en el ICO pueden avanzar en la buena línea. La pregunta es si estas medidas son positivas; yo creo que sí. Y la siguiente pregunta es si son suficientes; yo creo que no, señor Sánchez i Llibre. Y se lo digo por una razón, porque el primer problema de fondo es que el ICO no llega por la necesidad de reformas en su estructura, y el segundo problema es que todas las líneas ICO necesitan de un aval de las entidades financieras, aval que no prestan porque tienen problemas precisamente con sus vencimientos. Y aquí es donde usted y yo discrepamos, pero no solo usted y yo, también con otros grupos de la Cámara, con el Grupo Socialista pero también con el Grupo Popular, en el sentido de que existe la necesidad de exigir algo a las entidades financieras, y más cuando se les concede ayudas o cuando se les compran títulos. Y es aquí donde creo que está fallando el plan del Gobierno. Se están poniendo muchos recursos, más que nunca, pero no se está exigiendo nada. Ese es el problema, y por eso no llegan los recursos.


Segundo elemento. Creo que su moción avanza, pero de forma claramente insuficiente, ya que precisamente las medidas que ustedes plantean aquí pueden ayudar a los elementos de morosidad, por ejemplo, el punto número 4 y algunos de los puntos que proponen aquí, pero no van al quid de la cuestión, ya que son excesivamente parciales, pues es la enmienda que ustedes han consensuado y han llegado al acuerdo. Por último, tengo que formularles una duda. Estamos de acuerdo en favorecer la tributación de los autónomos para que mantengan o creen empleo. La duda se nos plantea con la adecuación de la tributación por el sistema de estimación objetiva por signos, índices y módulos en los rendimientos y actividades económicas en el impuesto sobre la renta. Siempre hemos creído que teníamos que ir a una reforma, pero una reforma global, porque el problema ha sido precisamente la estimación objetiva. Ahí es donde tenemos una duda, que finalmente aclararemos con el voto, que se moverá entre la abstención y el sí, sin mostrar en ningún caso rechazo a la moción transada por el Grupo Socialista.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Intervengo desde el escaño, muy brevemente, para fijar nuestra posición.
En línea con lo que viene defendiendo y coherente con otras iniciativas parlamentarias, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos presenta hoy una moción consecuencia de interpelación en la que nos plantea un conjunto de iniciativas que pretenden aliviar y apoyar a pymes y autónomos. Alabamos el empeño importante de Convergència i Unió en esos colectivos que lo están pasando muy mal en la actual crisis económica y, en consecuencia, votaremos favorablemente a esta iniciativa.


Nos parece pertinente que se reoriente la gestión y la estructura orgánica del ICO, con el fin de que se haga frente a la situación extraordinaria de crisis en la que nos encontramos; aumentar los recursos humanos y financieros, a la par que reforzar sus competencias, se nos antoja necesario. Por otra parte, la Agencia Tributaria debe ofrecer todas las facilidades que estén en su mano para que la urgencia del pago de los impuestos no estrangule la situación financiera de las pymes y autónomos y no les aboque al cierre y al aumento de la inactividad y al paro.
Flexibilizar los requisitos actuales para acogerse a la compensación y ampliar el sistema de cuenta corriente tributaria y de la Seguridad Social, facilitando el pago de los impuestos y cotizaciones pendientes, es muy necesario y puede solucionar un problema agobiante para muchas pymes y autónomos. De igual manera, son medidas que van en la dirección adecuada ampliar el aval del Estado y del ICO e impulsar las medidas aprobadas en esta Cámara y que aún están pendientes de cumplimiento. Por último, Convergència i Unió, y especialmente su insigne portavoz, don Josep Sánchez i Llibre, por su permanente trabajo por las pymes y autónomos -y hoy por algo más-, se merece el apoyo del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y así lo vamos a hacer.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Señor Sánchez i Llibre, es su turno de aceptación o rechazo de la enmienda que queda vigente del Grupo

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Parlamentario Socialista. He entendido que va a llegar a la Mesa una enmienda transaccional. Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS SOBREENDEUDADAS. (Número de expediente 173/000073.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las familias sobreendeudadas. Para defender la moción tiene la palabra en nombre de su grupo el señor Aparicio.


El señor APARICIO PÉREZ: Señora presidenta, señorías, de la semana anterior a esta, desgraciadamente -y lo digo con tristeza-, no ha habido ningún dato que disminuya la preocupación que todos sentimos por las muchas familias en situación de dificultad severa por el sobreendeudamiento derivado, en la mayor parte de los casos por no decir en la práctica totalidad, de la adquisición de su vivienda habitual.
Entre esos efectos que hace unos instantes se comentaban de la falta de liquidez, de la súbita desaparición de la solvencia en el mercado financiero español, muchas situaciones tienen nombres y apellidos. Si hablamos del paro -y para no citar cifras absolutas que parece que son mucho más frías-, más de 17 de cada 100 españoles que quieren y pueden trabajar se encuentran en el paro, más de 2.700.000 personas figuran ya en los registros de impago de las distintas entidades, de ellas casi 700.000 personas que viven con nosotros pero no nacieron aquí, y el Banco de España ya nos habla de una morosidad que el pasado mes de marzo ha alcanzado el 4,18 por ciento. También se nos ha anunciado por parte del Consejo General del Poder Judicial -una institución en este caso que puede hablar con plena objetividad- que podríamos alcanzar, nos alerta, 80.000 posibles acciones hipotecarias a lo largo de este año. Pues bien, creo que es el momento de pasar a la acción estableciendo los mecanismos que permitan aliviar las situaciones de estas familias. Por eso, hemos presentado una moción abierta, como demostraré ahora, a las sugerencias que hemos recibido. Vaya desde aquí mi agradecimiento a los grupos que han querido realizar aportaciones, que entiendo sustancialmente recogidas en un texto que ha sido puesto, en principio, a disposición de la Presidencia -y que algunos de los grupos, me consta, que desearían que pudiera tramitarse- que permite, en primer lugar, instar al Gobierno de manera eso sí coordinada con las comunidades autónomas, queremos ser exquisitos, creo que lo hemos sido siempre con las competencias de cada una de las administraciones. Hay dos principios que no conviene nunca olvidar, y el otro día lamenté que una persona como la vicepresidenta Salgado, que tiene un excelente conocimiento del reparto de responsabilidades en España, atribuyese una mayor jerarquía a las comunidades autónomas. Pues bien, en materia de asistencia social, que es el tema de fondo, tenemos responsabilidades importantes todos, y todos tenemos que disponer de la financiación necesaria para hacer frente a esas responsabilidades. No hay ningún obstáculo, no hay ningún inconveniente en que se reconozca, como creo que se puede reconocer, la situación de mayor urgencia y necesidad en los propios ayuntamientos, pero nuestro deseo es que se haga de manera armónica y coordinada con las comunidades autónomas, porque están operando las ayudas de urgente necesidad y porque también están operando los ingresos mínimos de inserción.


Se nos ha hecho una observación que me parece puesta en razón, si creemos -y debemos creer- en una razonable y pronta recuperación y si cambian sustancialmente las circunstancias de las familias receptoras de estas ayudas, podrían tener el carácter de reintegrables. Un único matiz, fácil de entender, que no resulte más caro -como se dice en términos castizos- el collar que el perro. Dicho de otra manera, que estos reintegros alcancen cifras cuya tramitación sea razonable desde el punto de vista administrativo. Parece ser que sí que hemos acertado en la redacción de los puntos 2 y 3 de nuestra moción, que como verán -especialmente el 2-, buscan potenciar de manera inmediata los mecanismos de apoyo, de asesoramiento, de ayuda, de mediación a las familias que están viviendo estos dramas, y que probablemente en muchos casos no tienen ni el asesoramiento, ni el apoyo, ni la ayuda necesaria, ni gozan todavía de los mecanismos de mediación que tal vez fuesen muy útiles en momentos como este. Por cierto, también introducimos en nuestra moción la necesidad de revisar el procedimiento concursal general para las familias. No hay ningún inconveniente en aceptar una propuesta, en este caso de los grupos Catalán y Vasco -del Grupo Vasco ya he citado el carácter reintegrable y el respeto competencial-, y tampoco en que se establezcan nuevos sistemas de ayuda que permitiesen, en su momento, una subsidiación o una minoración de los tipos de interés. Puede ser una línea de trabajo que nos parece absolutamente correcta y quizás más práctica que algunas de las meramente teóricas manifestaciones de voluntad que hemos escuchado.


Finalmente, tampoco hay ningún inconveniente en que se promueva la creación de un posible fondo, en este caso dotado desde el Gobierno de la nación, que permitiese una cooperación activa, una gestión en cooperación con las comunidades autónomas para atender estas situaciones de vulnerabilidad que obviamente se derivan del sobreendeudamiento. Me van a permitir una nota de humor en un tema muy serio. Hemos ido viendo todas las propuestas y la enmienda que presentaba el Grupo Parlamentario Socialista hablaba de velar. Para mí el término velar es aplicable a los seres queridos que fallecen o desaparecen. Creo que no se trata tanto de velar sino de habilitar o de proveer, yo hubiese preferido asegurar. Si la paz semántica y el consenso semántico es habilitar, habilítense esos fondos en concurrencia con el

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resto de comunidades autónomas, en concurrencia con el resto de administraciones. Pero digamos algo que sea tangible; velar, me permitirán, más allá de lo que es esa función social de acompañar a los seres queridos, tampoco sería más que vigilar, y no estamos en una cuestión de vigilancia sino en una cuestión de acción. Esa es la moción que se pone sobre la mesa, abierta, como he dicho, recogiendo ya en este instante -en un texto que ha circulado- la posición de algunos de los grupos y con el deseo de que se entienda que es para atender, y se lo garantizo, situaciones de verdadera y urgente necesidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Como ha dicho el interviniente, a esta moción se han presentado diversas enmiendas. Para defender, en primer lugar, las del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, presentamos esta enmienda a la moción del Grupo Popular porque pensamos que es conveniente que no se pierda la perspectiva de que la competencia de la gestión de los servicios sociales es de las comunidades autónomas, independientemente de que los ayuntamientos, como Administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, sean justamente quienes gestionen el tipo de ayudas a las que la moción del Grupo Popular se refiere. Por tanto, presentamos esta enmienda porque entendemos que es conveniente habilitar medidas, mejorando la financiación existente en este momento, con las comunidades autónomas y también con la Administración municipal en la medida en que la situación de crisis va a generar un incremento de las solicitudes de ayudas de urgente necesidad o de emergencia. También queremos decir en la enmienda que presentamos que las ayudas de emergencia ya existen, que están dentro de lo que son los servicios básicos contemplados en la financiación del plan concertado, que no es nada nuevo, que desgraciadamente en nuestra sociedad este tipo de ayudas son siempre necesarias, pero que evidentemente en la situación actual las solicitudes de estas ayudas serán mucho mayores. Por tanto, nos parece conveniente la propuesta que hace el Grupo Popular en este sentido. También participamos de la transacción que el Grupo Popular hace con el resto de los grupos enmendantes en la medida en que hay matices como el que hace la enmienda del Grupo Vasco que nos parecen importantes, dado que es muy probable que las situaciones de emergencia de muchas familias puedan cambiar en el transcurso del tiempo y no sería justo que, con la falta de recursos que tenemos para poder financiar las ayudas realmente urgentes y permanentes en el tiempo, no se reintegraran estos fondos y esas familias pudieran recuperar su capacidad adquisitiva.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


¿Desea intervenir, señora Díez, en defensa de su enmienda? (Pausa.)

Muchas gracias. Pasamos entonces al Grupo Parlamentario Vasco y tiene en su nombre la palabra el señor Azpiazu. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, desgraciadamente hoy no descubrimos nada cuando manifestamos que el paro es el principal problema de la economía española y el que mejor refleja la intensidad de la crisis económica en la que estamos inmersos; más de 4 millones de parados, que en un solo año han aumentado en 1.300.000 personas y que pueden llegar a 5 millones o más. La tasa de paro hoy situada en el 17,3 superará previsiblemente de forma amplia el 20 por ciento en no mucho tiempo. Una tasa de paro que duplica la media europea y que no es previsible que se reduzca en un plazo razonable, más bien al contrario, va a seguir aumentando. Este aumento acelerado del paro ha significado que multitud de familias se hayan visto sin trabajo, sin ingresos y con una deuda hipotecaria asumida en una situación de crecimiento económico, cuando nadie pensaba ni perder el empleo ni que la vivienda que había adquirido merced al boom inmobiliario y a los bajos tipos de interés iba a valer hoy menos que cuando la compró. Y ello ha afectado a multitud de inmigrantes también que han perdido igualmente el empleo tras adquirir su vivienda habitual. Además, hacer frente a la hipoteca les puede poner en la tesitura de no disponer de recursos para afrontar necesidades vitales y mínimas para la supervivencia. En este contexto, todos los esfuerzos que se hagan desde las instituciones públicas para solucionar o al menos amortiguar los efectos negativos derivados del desempleo han de ser apoyados, lógicamente siempre y cuando se vaya en la adecuada dirección. Facilitar la financiación o refinanciación de la hipoteca, la asesoría necesaria, la negociación de las condiciones de los contratos hipotecarios, etcétera, que plantea el Grupo Popular son actuaciones que van a contar con el apoyo de nuestro grupo. De igual manera, creemos oportuno mejorar las condiciones de acceso y de comercialización de la línea ICO-moratoria hipotecaria para permitir que llegue realmente a todas las familias que lo necesiten. Lo que no entendíamos muy bien de la iniciativa es lo que planteaba el Grupo Popular en el primer punto de la moción cuando solicitaba que las corporaciones locales apoyen a las familias para que estas hagan frente a las deudas. El papel de los ayuntamientos, a nuestro juicio, ha de ser cubrir las necesidades básicas de las familias -léase ayudas de emergencia social e incluso el ingreso mínimo de inserción-, políticas que de hecho están funcionando desde hace muchos años en Euskadi. No me imagino a los ayuntamientos pagando la hipoteca a los parados por el mero hecho de serlo. Es difícil, pero un parado puede tener un patrimonio que le permita pagar la hipoteca. Si

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hablamos de aumentar el ingreso mínimo de inserción de manera temporal mientras se paga la hipoteca o mientras se busca trabajo de aquellas personas que tienen problemas para hacer frente a la hipoteca y con riesgo de perder su vivienda habitual, lo podemos cuantificar y nuestro grupo lo puede apoyar. Incluso se debe pensar, tal y como ha planteado el portavoz del Grupo Popular aceptando nuestra propuesta a nuestra enmienda, en una fórmula de reintegro del dinero recibido a las corporaciones locales en el caso de que la situación económica de estas familias, hoy en apuros, cambie mañana sustancialmente. Pero, insisto, tal y como está ahora formulada la moción, no la entendíamos. Parece ser que el Grupo Popular acepta nuestra transacción y nos parece bien. En caso de que esto sea así, votaremos favorablemente a esta iniciativa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mas i Estela.


El señor MAS I ESTELA: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el contenido de la moción consecuencia de interpelación que ahora debatimos sobre las ayudas a familias con necesidades perentorias y sobreendeudadas no ha sorprendido al Grupo Parlamentario Socialista, toda vez que la preocupación que se expresa en ella es compartida por nuestro grupo y con toda seguridad por todos los demás grupos de la Cámara. El presidente del Gobierno ha expresado claramente en sus exposiciones la sensibilidad de los socialistas en estas cuestiones y la acción de Gobierno en el manejo de la crisis lo refleja con muchas medidas emprendidas en esta dirección. Previamente hemos de distinguir entre familias en situación aguda de necesidad y familias sobreendeudadas. Puede darse lo primero sin lo segundo, puede darse lo segundo sin lo primero y puede darse la suma de las dos circunstancias que automáticamente quedan reducidas a la primera, familias que tienen graves problemas a las que hemos de procurar ayudas y no dejar abandonadas a su suerte. Pero no debemos dejar de advertir las diferentes situaciones, ya que probablemente su origen y las posibilidades de solución pueden se muy distintas. Segundo, que los ayuntamientos están en la primera línea de contacto de los ciudadanos con la Administración pública en busca de ayuda y solución para sus problemas perentorios no nos lo tiene que explicar nadie, así como tampoco dudamos de que alguien lo ponga en duda. Es una evidencia que todos aquellos que se interesan por el funcionamiento de la sociedad conocen, más allá de las prescripciones legales en las competencias municipales que están establecidas en nuestro ordenamiento de Administración pública, que en nuestro caso lo están muy concretamente.


Muy recientemente hemos debatido las medidas propuestas por el Gobierno y por los grupos parlamentarios, lo que está representando el Fondo estatal de inversiones locales para la actividad inversora municipal en este año y lo que comporta de apoyo a la actividad económica, la posibilidad de regularización y financiación de los déficits explícitos e implícitos que han de permitir la mejora de los pagos a los proveedores locales, la flexibilidad del objetivo de estabilidad presupuestaria, incrementando las posibilidades de endeudamiento, los avales a las deudas contraídas y las mejoras a la liquidez con los adelantos de financiación. Todas estas medidas, por citar las más relevantes, tienen como objetivo facilitar la actuación de las administraciones locales en el contexto de las necesidades derivadas de la crisis. En el caso de los ciudadanos, las actuaciones directas también han sido múltiples: desde ayudas a los jóvenes para los alquileres, las mejoras de las facilidades de ahorro vivienda, a la creación, a la concesión de garantías para los adjudicatarios de viviendas de VPO, la moratoria del pago de hipotecas, etcétera.


Las enmiendas planteadas por los grupos a la moción que estamos considerando van en su mayoría -algunas, no- en la línea de matización en mayor o menor medida de la propuesta, pero ninguna la cuestiona; alguna de ellas introduce algunas cosas que no nos gustan demasiado. Estar al lado de las administraciones locales en su brega para solventar las necesidades más acuciantes de sus conciudadanos es una acción evidente en la línea de corresponsabilización que corresponde a la distribución competencial del Estado compuesto que vamos construyendo. Los que tenemos alguna experiencia en situaciones análogas en los años ochenta y noventa del siglo pasado, en crisis anteriores, con tasas de paro incluso superiores a las actuales, con una población ocupada mucho menor, sabemos de aquella vieja sentencia que en catalán reza (El señor diputado pronuncia palabras en catalán.), ayúdate que te ayudaré, y sabemos de la recomposición de los presupuestos municipales para atender a las nuevas prioridades y la confianza en los apoyos de otras administraciones en acciones coincidentes o correlacionados. Por ello, comprendemos y participamos en el sentido y el espíritu del primer punto de la moción.


Con relación al contenido del segundo punto, que pretende mejorar la información y la formación de los ciudadanos en materia financiera, así como los mecanismos de arbitraje y vigilancia de las prácticas financieras, está en la línea de lo que ya propuso el Grupo Parlamentario Socialista en 2003, sin éxito entonces, cuando la situación económica era completamente distinta, razón por la que ahora no nos pilla de nuevo. Por último, el tercer punto es un deseo compartido del éxito en el funcionamiento de las medidas por las que el Gobierno, a veces a partir de propuestas parlamentarias en esta Cámara y generalmente con la anuencia de los grupos parlamentarios, está ya apostando firmemente.


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Tenemos una nueva oportunidad para indicar a la sociedad la preocupación compartida que tenemos sus representantes ante los problemas que afectan a los componentes de una parte de la misma, los más débiles, una sintonía con la actuación del Gobierno que a este Grupo Parlamentario Socialista no le merece ninguna duda.


Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mas i Estela.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Agradecemos al señor Aparicio su iniciativa, el sentido práctico y útil de la misma, la claridad de la moción y la propia claridad de su exposición.
Tampoco nos sorprende en el caso del señor Aparicio, porque hace años que le conocemos y valoramos su profesionalidad y su buen hacer. Además nos plantea una cuestión de fondo relevante, que es la cuestión del sobreendeudamiento de nuestras familias, una cuestión que no solo tiene vinculación con la actual crisis. Hace ya cerca de un año y medio, al final de la pasada legislatura y en el inicio de esta, algunos grupos sociales en Cataluña ya nos manifestaban su preocupación con relación a lo que podía suceder con la llegada de la crisis a aquellas familias que habían tomado decisiones personales -muchas veces inducidas por el sector financiero -insostenibles. La crisis lo agrava, el derrumbe de nuestro mercado de trabajo lo agrava. Hoy somos conscientes -y poco o mucho o con mucha prudencia también el señor Mas lo insinuaba- de que las capacidades de las corporaciones municipales, de los ayuntamientos, del tercer sector en el ámbito social, para hacer frente a la situación que estamos viviendo es claramente insuficiente. La propia Cáritas, a nivel de todo el Estado, ha reclamado el incremento de los recursos del Estado a los ayuntamientos para hacer frente a este tipo de situaciones. Muchos ayuntamientos hoy están mostrando su imposibilidad para hacer frente a esas situaciones de urgencia social, de asistencia social, que permitan garantizar el derecho a la vivienda de muchas familias. Por tanto, esa iniciativa que hoy nos plantea el Grupo Parlamentario Popular nos parece importante y relevante.


Además, en la medida en que ha incorporado dos cuestiones que planteaba la enmienda de Convergència i Unió, una política de acompañamiento en la minoración de los intereses hipotecarios y la creación de un fondo que sirva precisamente para hacer frente a las necesidades, permite reforzar el compromiso de la Cámara en esa acción política en favor de las personas más perjudicadas por la crisis. Pero quiero destacar del texto original que propone el Grupo Popular todo aquello que tenga que ver con la prevención de las situaciones de sobreendeudamiento, con la exigencia de una mejor regulación en el sector financiero respecto al riesgo de sobreendeudamiento y seguramente también con la exigencia de una mayor responsabilidad del sector financiero en relación con el sobreendeudamiento. Más allá de las medidas paliativas que se puedan tomar, que deba tomar el Gobierno, que deban impulsar comunidades autónomas, corporaciones municipales o la iniciativa social, la cuestión que se nos debe plantear es si somos capaces de configurar un marco legal que evite lo que estamos padeciendo ahora. Porque quizá, señor Mas -usted sabe más que yo de eso-, la diferencia entre la crisis de los años ochenta y la crisis de hoy es precisamente ese nivel de sobreendeudamiento de las familias, producido en estos quince años gloriosos de crecimiento de nuestra economía y en el que todos, cada uno en su responsabilidad, hemos ido más allá de lo que era razonable, incluido el sector financiero. Eso debería obligar a la Cámara a que el contenido de la moción del señor Aparicio, de exigencia de una mejor regulación, nos lo tomásemos en serio. En todo caso, ese es el compromiso de Convergència i Unió.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Para fijar posición tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, como es sabido, el aumento de la carga financiera de las familias y de la tasa del paro ha contribuido recientemente a que se elevara la proporción de hogares con dificultades para hacer frente a los pagos de sus deudas. De hecho, el ascenso ha sido especialmente relevante en el caso de los préstamos para consumo y también para otros fines, de tal forma que la ratio de morosidad ha alcanzado este último año concretamente un 5,2 por ciento, 0,9 puntos por encima del año anterior.
La moción que hoy trae el Grupo Popular a votación pretende hacer frente a esta situación y, si atendemos a la exposición de motivos de la misma, se relaciona correctamente el incremento del paro con las dificultades de muchas familias para atender a los compromisos financieros contraídos. Es claro que el paro es una de las causas fundamentales y además está en el origen de la problemática a la que hace referencia esta moción.


No obstante, a pesar de lo correcto del análisis de la misma, esta no plasma luego adecuadamente ninguna propuesta concreta ni específica para abordar el impago de las hipotecas, sino que se limita a hacer una serie de consideraciones más bien de orden genérico, de escasa efectividad práctica en nuestra opinión. Por ejemplo, en el primer apartado de la misma se insta a asegurar a las administraciones públicas con competencia en materia de servicios sociales, en especial a los ayuntamientos y a las corporaciones locales, la financiación adecuada para atender a las situaciones de urgente necesidad; no

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obstante y correlativamente, a pesar de la idoneidad de la iniciativa, no se vehicula de forma concreta propuesta alguna para abordar el impago de las hipotecas. En el segundo apartado de la moción no se propone tampoco ninguna medida nueva que sirva para aliviar las situaciones familiares de impago de hipoteca de la vivienda habitual y se limita a sugerir algunas propuestas para una mejor información sin habilitar en ningún caso facultades nuevas que protejan, efectivamente, a las familias. Además, cuando la iniciativa prevé la vigilancia de la existencia de cláusulas abusivas en los contratos de crédito, cabe decir que esta es una obligación que no solo se debería predicar en supuestos de crisis como la actual, sino que debería ser una medida constante y no vinculada a las situaciones solo de extrema urgencia. Y en último término, en el tercer apartado se promete la dinamización de la línea ICO de moratoria hipotecaria, que aparece finalmente de forma también muy genérica y sin contenido específico. Parece más encaminada a buscar el titular que la efectividad de la misma. Además, se trata de una propuesta hecha ya en su día por el presidente del Gobierno, que no juzgamos que en ningún caso haya sido un fracaso, al menos hasta ahora.


En nuestra opinión, por tanto, la problemática que intenta abordar esta moción del Grupo Popular debe afrontarse desde el ataque a sus raíces. Es necesario asegurar que las familias en situación de desempleo disfruten de unos ingresos dignos que permitan abordar sus compromisos y necesidades más perentorias, sin dejar de lado, no obstante, la necesaria atención a las problemáticas más urgentes y específicas, por todo lo cual se intuye que el contenido de la moción supone una evidencia de la dificultad del Grupo Parlamentario Popular para proponer -repito una vez más- medidas efectivas y alternativas para afrontar la actual situación de crisis económica.


Evidentemente nuestro grupo no puede votar en contra de esta moción -no es en ningún caso ofensiva, no es negativa-, pero tampoco a favor porque creemos que es totalmente inocua y por tanto nuestro grupo se va a abstener.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Señor Aparicio, ¿acepta alguna de las enmiendas propuestas?

El señor APARICIO PÉREZ: Se aceptan, como tuve ocasión de expresar, las enmiendas presentadas tanto por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) como por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y también por el Grupo Parlamentario Mixto. Siento que la sensibilidad no sirva para pagar hipotecas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aparicio.


Nos quedan por examinar las enmiendas del Senado. Todos los grupos parlamentarios, consultados por la Presidencia, manifiestan su compromiso de intervenir con tiempo máximo de cinco minutos. Si ese compromiso que privadamente me han hecho llegar se cumple, entramos en su examen. Si no, lo dejamos para mañana. (Asentimiento.)

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE CONTROL DE PRECURSORES DE DROGAS. (Número de expediente 121/000010.)

El señor PRESIDENTE: Entramos a examinarlo pero los cinco minutos serán contados con el régimen de preguntas de la sesión de control. De modo que tiene en primer lugar la palabra para la defensa de sus posiciones por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Señor presidente, señorías, intervengo muy brevemente y desde el escaño para manifestar nuestro apoyo a la enmienda prevista para el artículo 4 y para el artículo 14. Pensamos que son básicamente correcciones técnicas y estamos completamente de acuerdo con ellas. En cuanto a la disposición adicional segunda, creemos que finalmente la inclusión de un segundo apartado en la misma es relevante porque prevé en materia de precursores de droga el mandato de instrumentar mecanismos de colaboración y coordinación con las comunidades autónomas con policía autonómica propia para llevar a cabo las medidas previstas en la ley. Por tanto, mantenemos también el voto favorable.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.


En cinco minutos y en esta situación de pandemia que me afecta intentaré cumplir con sus estrictos requerimientos, indicando que vamos a votar que no a las enmiendas, se voten conjunta o separadamente. Y vamos a hacerlo porque no se puede votar al dictamen, al proyecto de ley, por dos patologías que le voy a intentar glosar en cinco minutos. La primera es la siguiente. Esta es la primera ley de las comisiones de Justicia e Interior -dos comisiones particularmente legislativas- que no suponen la trasposición de directivas comunitarias, lo cual acredita, desde la perspectiva del cumplimiento del calendario legislativo, un mal balance, señor presidente.


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(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

En segundo lugar, señora presidenta, esta es una ley particularmente lesiva para las competencias autonómicas puesto que todos los preceptos, sin ninguna excepción, de esta futura ley afectan a títulos competencias que corresponden a comunidades autónomas que tienen competencias reconocidas en materia de seguridad pública o en lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional califica como submateria policial. Esto ocurre en la propia exposición de motivos, donde se atribuye al Ministerio de Economía y Hacienda, sin la concurrencia de los órganos de las comunidades autónomas, las competencias en materia de seguridad pública, y estamos hablando de una competencia de seguridad pública. Esto ocurre con la creación del registro general de operadores de sustancias químicas catalogadas, que corresponde solo al Ministerio de Economía y Hacienda, sin reconocer las competencias en materia de seguridad ciudadana, en submateria policial. Esto ocurre igualmente en la otorgación de licencias de actividad, donde no se reconocen las competencias autonómicas que también dimanan de la jurisprudencia constitucional y de los títulos competenciales previstos en los estatutos de autonomía. Esto ocurre, como dicen las sentencias 104/1998 y 148/2000 del Tribunal Constitucional, en materia de la determinación de los órganos de las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de precursores de drogas. Esto ocurre con relación a los registros de operadores de sustancias químicas, otro registro que se atribuye en exclusiva al Ministerio del Interior y no a sus homónimos de las comunidades autónomas, existiendo competencia en submateria policial, en materia de seguridad pública. Esto ocurre, señora presidenta, en todo.


En cinco minutos es imposible realizar una glosa más prolija de las múltiples vulneraciones competenciales de un proyecto de ley particularmente lesivo, el único de las comisiones de Justicia e Interior que en la cuarta parte de la legislatura ha podido ser aprobado, que no suponga la trasposición de directivas comunitarias. Un mal cumplimiento del calendario legislativo. El único proyecto tan vulnerador, tan lesivo de las competencias autonómicas, solo merita por parte de nuestro grupo parlamentario el no más rotundo. Y el no más rotundo lo vamos a manifestar votando que no, obviamente a lo único que se puede votar que no, a las enmiendas del Senado.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Hoy vamos a votar únicamente las enmiendas introducidas en el Senado, unas enmiendas que por lo que respecta a las presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se reducen a añadir un párrafo en la disposición adicional segunda del proyecto de ley, en donde se prevén de esta manera mecanismos de colaboración y coordinación con las comunidades autónomas. Una aportación que mejora un poco la redacción inicial y por ello las apoyamos en el Senado, y en coherencia con lo que allí hicimos las vamos a apoyar también aquí. Pero ello no obsta el que manifestemos que el proyecto no nos agrada porque si bien podemos compartir su objetivo, que no es otro que dar un paso más en la lucha por erradicar la droga, conculca a nuestro entender las competencias de las comunidades autónomas. Las conculca básicamente en la materia de licencias, pues permite únicamente al Ministerio del Interior y al de Economía que sean los competentes para otorgar las licencias, obviando a las comunidades autónomas con competencias en materia de seguridad, que debieran poder otorgar las licencias para las actividades que se desarrollen en sus respectivos ámbitos territoriales, y también las conculca en materia de registro. El proyecto dice que el registro será único para todo el Estado, lo que la propia exposición de motivos aclara que es una auténtica novedad. Una novedad que no es necesaria en modo alguno porque no se exige para nada en el Reglamento de la Unión Europea, que como es lógico deja a cada Estado que la distribución interna se haga de acuerdo con su organización competencial, que claramente en este momento no respeta lo dispuesto en el artículo 164 del Estatut de Catalunya. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Se argumentó por el Grupo Socialista la existencia de una sentencia del Tribunal Constitucional, de 13 de diciembre del año 2001, en donde se desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat contra la ley de 1996 y se dice que lo que mi grupo plantea ahora en sus enmiendas son temas ya resueltos a la luz de esta sentencia. Pues bien, de una lectura atenta de la mencionada sentencia se deduce claramente algo por lo demás muy común en las resoluciones del Tribunal Constitucional. Dice que lo contemplado en la ley de 1996 es constitucional, pero no dice que solo sea constitucional hacerlo como se articula en la ley y, por lo tanto, puede ser igualmente constitucional hacerlo con un mejor respeto competencial. No se trata, pues, de un obstáculo constitucional sino de una clara opción política. Una opción política en este caso centralista y con una visión reduccionista de las competencias plurales de nuestro Estado. Si a ello añadimos que desde el año de la sentencia, 2001, se reduce a un registro único y, por otro lado, el nuevo Estatuto de Cataluña prevé para el Gobierno de la Generalitat la competencia en Policía administrativa, cosa que no se hacía en el Estatuto de 1978, a la luz del cual se dictó la sentencia invocada, comprenderán fácilmente las razones por las que Convergència i Unió no apoyó el proyecto que estamos viendo ni en su trámite en Comisión ni tampoco en el Senado.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Ángel Pintado.


El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.


En relación con el texto que nos ocupa hoy, enmiendas del Senado, creemos que las mismas refuerzan el planteamiento que se hizo en los trabajos de la Comisión y la ponencia en el Congreso de los Diputados. Afecta a tres aspectos importantes de esta ley: la regulación de las licencias de actividad, la graduación de las sanciones, donde introduce un nuevo concepto derivado de la salud pública que afecta directamente a los ciudadanos, y también los mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas que en alguna medida, por lo que se ha visto en el debate, no llega a satisfacer a algunos de los grupos representados en la Cámara.
Precursores químicos, sustancias totalmente legales que influyen en la fabricación de alimentación, de perfumes, de pinturas, de maquinaria, etcétera. Son múltiples los países, todo occidente está implicado en la fabricación de estas sustancias que cabe recordar que son legales pero tenemos la dificultad de armonizar la producción de dichas sustancias legales para evitar que se desvíen hacia el narcotráfico. Sin sustancias de este tipo no habría estupefacientes, lógicamente salvando el caso del cannabis y sus derivados. En todas las demás sustancias, tanto en el diseño de drogas sintéticas como en el resto de sustancias psicotrópicas, intervienen de alguna forma este tipo de sustancias químicas. Hemos buscado el consenso de forma mayoritaria. Quizá tiene algunos aspectos, desde el punto de vista competencial, que no satisfagan plenamente a todos los grupos, pero entendemos que esta norma tiene que ser mucho más eficaz, debe haber una mejor coordinación en el trabajo en el ámbito nacional que al mismo tiempo respete y garantice las normas del mercado legal de las sustancias afectadas.


Señorías, el mundo de la droga, el narcotráfico, es una máquina de innovación continua. Múltiples medidas a su disposición, sorteo continuo de la legalidad, crimen organizado y nuevas sustancias, incluso drogas de diseño, puestas continuamente en el mercado. Hay que dar una respuesta desde el Parlamento y esta respuesta nos parece que debe ser constante y persistente. Desde aquí queremos invocar la necesaria participación y dotación de mayores servicios, mayores prestaciones, mayores recursos humanos para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que están haciendo una labor imprescindible en este ámbito. Apoyo a la sociedad para defender a miles de familias que sufren en silencio el drama de las drogas y que caiga el peso de la ley contra quienes quieren hacer un negocio del sufrimiento humano.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pintado.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Gloria Gómez Santamaría.


La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, como ha dicho el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, los precursores de drogas son sustancias químicas utilizadas básicamente en la industria pero que al mismo tiempo son susceptibles de ser desviadas para la elaboración de diferentes tipos de drogas. Están en la base de la fabricación de la heroína, de la cocaína, del éxtasis y en general de todas las drogas de diseño. Controlar este proceso de desvío ilegal es precisamente lo que pretende esta ley, que incide en el sistema de otorgamiento de licencias para los operadores que trabajan habitualmente con estas sustancias y en las infracciones y sanciones que se derivan del no cumplimiento de los diferentes reglamentos europeos que hacen referencia a esta materia. Para que se hagan una idea del problema del que estamos hablando y utilizando datos de la Comisión Europea, datos que ya comuniqué también en mi intervención en la Comisión, con un litro de piperonal metil cetona se pueden producir 10.000 pastillas de éxtasis.
El piperonal metil cetona es una sustancia utilizada para la fabricación de perfumes o de plásticos, por tanto de un uso habitual. Un litro de benzo metil cetona permite producir 50.000 anfetaminas. Y con un kilo de efedrina, que es una sustancia muy utilizada en la industria farmacéutica, se pueden conseguir 20.000 dosis de meta anfetaminas. Con estos ejemplos, señorías, pretendo mostrarles la realidad de lo que puede hacerse con el desvío ilícito de estas sustancias.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar las enmiendas que nos llegan del Senado, las enmiendas del Partido Popular y también la transaccional a las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco y de Convergència i Unió. Las enmiendas suponen la adición de un nuevo apartado en el artículo 4 con la finalidad de contemplar que los posibles casos de suspensión, retirada o renovación de una licencia de actividad estén siempre supeditados a lo dispuesto en los reglamentos comunitarios.
La segunda enmienda, en el párrafo a) del artículo 14, hace referencia a las sanciones y también a la graduación de las mismas sobre la base del daño causado a la salud de los ciudadanos. La transaccional a las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco y de Convergència i Unió introduce un nuevo apartado en la disposición adicional segunda para prever los necesarios cauces de colaboración con las comunidades autónomas, cauces en los que todos creemos, apostando además por que esta colaboración permita desarrollar con más eficacia los contenidos de esta ley.


Finalizo, señor presidente, con dos cuestiones muy breves. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


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La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: La primera cuestión es dar las gracias a los portavoces parlamentarios independientemente de cuál vaya a ser su posición final en el voto. Pero quiero dar las gracias especialmente al portavoz del Partido Popular, el señor Pintado, por su disposición para sacar adelante esta ley, no exenta en algún momento de alguna dificultad en la negociación pero superada a lo largo de la tramitación. La segunda cuestión, señorías, es pedirles su apoyo, su voto positivo a una ley que regula un aspecto quizá poco conocido pero muy importante para poder frenar y evitar en la medida de lo posible la puesta en el mercado de todo tipo de drogas: el control de la oferta dentro de la que se encuentra este tipo de medidas es fundamental en toda política de drogas.
Señorías, les pido su voto afirmativo, se lo van a agradecer los potenciales consumidores, los consumidores habituales, sus familias, su entorno y con toda seguridad la sociedad en general.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señorías, vamos a iniciar las votaciones en un minuto ya que se ha llamado con antelación suficiente y han transcurrido cinco minutos desde la llamada a votación. (Pausa.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(VOTACIÓN.):

- DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIAS COMPLEMENTARIAS A CANARIAS. (Número de expediente 125/000008.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones. En primer lugar, toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas, del Parlamento de Canarias, orgánica de transferencias complementarias a Canarias.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 26; en contra, 311.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA. (Número de expediente 122/000162.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del consejo general de colegios oficiales de ingeniería informática.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 337.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA, A FIN DE ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES PROFESIONALES EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, ASÍ COMO LA DEFENSA Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. (Número de expediente 122/000144.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, de creación del consejo general de colegios profesionales de ingeniería informática, a fin de asumir la representación de los intereses profesionales en el ámbito nacional e internacional, así como la defensa y desarrollo de la sociedad de la información.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 337.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA REFORMA DE LA ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL Y LA ELIMINACIÓN DE LOS PARAÍSOS FISCALES. (Número de expediente 162/000422.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la reforma de la arquitectura financiera internacional y la eliminación de los paraísos fiscales. Esta proposición no de ley ha recibido una enmienda transaccional. ¿Algún grupo de la Cámara se opone a su tramitación? (Pausa.) En consecuencia, se pasa a votación en los términos de la enmienda transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 176; en contra, uno; abstenciones, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA UTILIZACIÓN ABUSIVA DE LOS PARAÍSOS FISCALES. (Número de expediente 162/000390.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la utilización abusiva de los paraísos fiscales.
Esta proposición no de ley se vota con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. En esos términos se vota.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 164; en contra, 173.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL RESTABLECIMIENTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SOCIALES QUE HAN SIDO DISMINUIDAS EN BASE AL ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS DE 1.500 MILLONES DE EUROS. (Número de expediente 162/000407.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al restablecimiento de las partidas presupuestarias sociales que han sido disminuidas en base al acuerdo de no disponibilidad de créditos de 1.500 millones de euros. Se vota en los términos presentados con la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 170; en contra, 163; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA SUPRESIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU IMPACTO EN EL MODELO DE TELEVISIÓN PÚBLICA. (Número de expediente 173/000071.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la supresión de la publicidad y su impacto en el modelo de televisión pública. Esta moción la vamos a votar separadamente a petición de diversos grupos parlamentarios. A continuación votamos el punto 1 de esta moción.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 337.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


A continuación votamos separadamente del conjunto de la moción los puntos 5 y 6, pero ellos unidos, a no ser que alguien solicite votación separada de alguno de ellos. (Pausa.) Pues en esos términos pasamos a votar conjuntamente los puntos 5 y 6 de la moción.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 14; en contra, 320; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.


Por último votamos el resto de la moción.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 16; en contra, 319; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el resto de la moción.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LAS MEDIDAS URGENTES QUE PREVÉ INSTRUMENTAR EL GOBIERNO PARA AUMENTAR LA LIQUIDEZ DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
(Número de expediente: 173/000072.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a medidas urgentes que prevé instrumentar el Gobierno para aumentar la liquidez de pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Se ha retirado la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. ¿Es así? (Pausa.) Y se ha aceptado por el grupo proponente la enmienda del Grupo Socialista. ¿Es así? (Pausa.) Se vota en esos términos.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 189; en contra, uno; abstenciones, 146.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción en los términos antedichos.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS SOBREENDEUDADAS. (Número de expediente:173/000073.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre la situación de las familias sobreendeudadas. A esta moción ha sido presentada una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (La señora Sánchez Díaz pide la palabra.) ¿Sí, señora Sánchez?

La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Sí, nos oponemos a la transacción.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En consecuencia, no se puede votar la enmienda transaccional. ¿El Grupo Popular desea alguna votación separada? (Pausa.) Se vota en los términos de la moción presentada. (La señora Sánchez Díaz pide la palabra.) Sí, dígame.


La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Una aclaración, ¿en los términos o con la enmienda de CiU?

El señor PRESIDENTE: No, he preguntado si se votaba en términos distintos y se me ha confirmado. Si me da la oportunidad, pregunto. ¿Señor Aparicio?

El señor APARICIO PÉREZ: Se anunció en la aceptación de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, Convergència i Unió y PNV a lo largo del debate.


El señor PRESIDENTE: Se vota en los términos que el señor Aparicio reitera y que no habían sido recibidos por la Presidencia.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 170; no, 160; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.):

- PROTOCOLO SOBRE REGISTROS DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES, ADOPTADO EN KIEV (UCRANIA) EL 21 DE MAYO DE 2003. (Número de expediente 110/000082.)

- PROTOCOLO NÚMERO 4 AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, RECONOCIENDO CIERTOS DERECHOS Y LIBERTADES, ADEMÁS DE LOS QUE YA FIGURAN EN EL CONVENIO Y PROTOCOLO ADICIONAL, HECHO EN ESTRASBURGO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1963 Y DECLARACIÓN. (Número de expediente 110/000083.)

- PROTOCOLO NÚMERO 7 AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, HECHO EN ESTRASBURGO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1984 Y DECLARACIÓN. (Número de expediente 110/000084.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar, si les parece, de modo conjunto los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día repartido. ¿Algún grupo se opone a que se voten conjuntamente? (Pausa.) Así se votarán. ¿Se pueden aprobar por asentimiento de la Cámara? (Asentimiento.) Quedan aprobados.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.):

- PROYECTO DE LEY DE CONTROL DE PRECURSORES DE DROGAS. (Número de expediente 121/000010.)

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora las enmiendas del Senado al proyecto de ley de control de precursores de drogas. ¿Algún grupo desea que se voten separadamente? (Pausa.) Pues se votan en su conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 316; en contra, seis; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las nueve y veinte minutos de la noche.


Corrección de error.-En el "Diario de Sesiones" número 84, en la página 18, segunda columna, línea 48, dice: "Número de expediente 80/000556", y debe decir: "Número de expediente 180/000556".

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