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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 79, de 28/04/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2009 IX Legislatura Núm. 79
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 74 celebrada el martes 28 de abril de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 5)

Modificación del orden del día:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 164-1, de 13 de marzo de 2009. (Número de expediente 122/000142.)...
(Página 6)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), para garantizar la enseñanza del castellano y en castellano en todas las etapas educativas. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie B, número 150-1, de 6 de febrero de 2009. (Número de expediente 122/000129.)... (Página 13)

Página 2


Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la transcripción de la Directiva 2007/23/CE relativa a la puesta en el mercado de los artículos de pirotecnia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 160, de 6 de marzo de 2009. (Número de expediente 162/000335.)... (Página 26)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la competencia de la Generalitat de Cataluña en materia de manifestaciones culturales y tradicionales y el uso de materiales pirotécnicos en las mismas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 165, de 13 de marzo de 2009. (Número de expediente 162/000348.) ... (Página 26)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para permitir a las comunidades autónomas salvaguardar las tradiciones culturales pirotécnicas en la transposición de la correspondiente directiva europea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 174, de 27 de marzo de 2009. (Número de expediente 162/000369.) ... (Página 26)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reducción de módulos en el IRPF e IVA para pymes y autónomos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 187, de 17 de abril de 2009. (Número de expediente 162/000406.) ... (Página 31)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre realización de un plan de modernización y reforma de la Administración General del Estado. (Número de expediente 173/000064.) ... (Página 36)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar ante la alarma social creada a raíz de los fallos de coordinación del Ministerio del Interior en la lucha contra el crimen y la delincuencia.
(Número de expediente 173/000065.) ... (Página 42)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 46)

Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 47)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 47)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación.) ... (Página 48)

- Convenio de adhesión del Reino de España al Convenio del programa cooperativo y del Convenio de Administración para el Fondo regional de tecnología agropecuaria (Fontagro), hecho en Cartagena de Indias (Colombia) el 15 de marzo de 1998. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 116, de 24 de marzo de 2009. (Número de expediente 110/000078.) ... (Página 48)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Panamá sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Madrid el 25 de noviembre de 2008. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 117, de 24 de marzo de 2009. (Número de expediente 110/000079.) ... (Página 48)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de Bosnia y Herzegovina al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil; La Haya, 18 de marzo de 1970. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 118, de 24 de marzo de 2009. (Número de expediente 110/000080.) ... (Página 48)

- Convenio entre el Reino de España y la República de Trinidad y Tobago para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y protocolo, hecho en Puerto España el 17 de febrero de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 119, de 24 de marzo de 2009. (Número de expediente 110/000081.) ... (Página 48)

Página 3


SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 5)

Modificación del orden del día ... (Página 6)

La Presidencia propone al Pleno que el examen y la votación de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales que estaban previstos en el orden del día del próximo jueves, sean examinados y votados en la sesión del día de hoy, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 6)

Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios ... (Página 6)

Defiende la proposición de ley la señora Grande Pesquero, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Tarruella Tomás, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), para garantizar la enseñanza del castellano y en castellano en todas las etapas educativas ... (Página 13)

Defiende la proposición de ley el señor Alonso Aranegui, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno en contra interviene el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Replica el señor Alonso Aranegui y duplica el señor Tardà i Coma.


Interviene de nuevo el señor Alonso Aranegui.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo, Díez González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Martínez López, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley ... (Página 26)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la transcripción de la Directiva 2007/23/CE relativa a la puesta en el mercado de los artículos de pirotecnia ... (Página 26)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la competencia de la Generalitat de Cataluña en materia de manifestaciones culturales y tradicionales y el uso de materiales pirotécnicos de las mismas ... (Página 26)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para permitir a las comunidades autónomas salvaguardar las tradiciones culturales pirotécnicas en la transposición de la correspondiente directiva europea ... (Página 26)

Defienden conjuntamente las proposiciones no de ley las señoras Muñoz Salvà, del Grupo Parlamentario Socialista; Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra

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Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En defensa de la enmienda conjunta presentada, intervienen la señora Seller Roca de Togores, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reducción de módulos en el IRPF e IVA para pymes y autónomos ... (Página 31)

Defiende la proposición no de ley la señora Madrazo Díaz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 36)

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre realización de un plan de modernización y reforma de la Administración General del Estado ...
(Página 36)

Defiende la moción el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Díez González y los señores Perestelo Rodríguez y Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Seco Revilla, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Janè i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Interviene el señor Beloki Guerra para solicitar votación separada de los puntos de la moción.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar ante la alarma social creada a raíz de los fallos de coordinación del Ministerio del Interior en la lucha contra el crimen y la delincuencia ... (Página 42)

Defiende la moción el señor Cosidó Gutiérrez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Cosidó Gutiérrez.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 46)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, se aprueba por 332 votos a favor y una abstención.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), para garantizar la enseñanza del castellano y en castellano en todas las etapas educativas, se rechaza por 149 votos a favor y 185 en contra.


Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 47)

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Sometidas a votación conjunta las proposiciones no de ley de los grupos Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relacionadas con el uso de materiales pirotécnicos, con la incorporación de una enmienda presentada por cuatro grupos parlamentarios, se aprueban por 333 votos a favor y uno en contra.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reducción de módulos en el IRPF e IVA para pymes y autónomos, se aprueba por 332 votos a favor y dos abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 47)

Sometido a votación el punto 1, letra a) de la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre realización de un plan de modernización y reforma de la Administración General del Estado, se aprueba por 187 votos a favor, tres en contra y 144 abstenciones.


Sometido a votación el punto 1, letras b, c y d, de la misma moción, se aprueba por 334 votos a favor.


Sometido a votación el punto 2 de la misma moción, se aprueba por 334 votos a favor.


Sometido a votación el punto 3 de la misma moción, se aprueba por 168 votos a favor, 165 en contra y una abstención.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar ante la alarma social creada a raíz de los fallos de coordinación del Ministerio del Interior en la lucha contra el crimen y la delincuencia, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 330 votos a favor, tres en contra y una abstención.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.) ... (Página 48)

Convenio de adhesión del Reino de España al Convenio del programa cooperativo y del Convenio de administración para el Fondo regional de tecnología agropecuaria (Fontagro), hecho en Cartagena de Indias (Colombia) el 15 de marzo de 1998 ... (Página 48)

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Panamá sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Madrid el 25 de noviembre de 2008 ... (Página 48)

Declaración de aceptación por España de la adhesión de Bosnia y Herzegovina al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil; La Haya, 18 de marzo de 1970 ... (Página 48)

Convenio entre el Reino de España y la República de Trinidad y Tobago para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y Protocolo, hecho en Puerto España el 17 de febrero de 2009 ... (Página 48)

Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales reseñados, se aprueban por asentimiento.


Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


Como asunto previo, vamos a proceder a la toma de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución. En sustitución de doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, pregunto a doña María de las Mercedes Gámez García si jura o promete acatar la Constitución.


La señora GÁMEZ GARCÍA: Sí, prometo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En sustitución de don Antonio Louro Goyanes, pregunto a don Luis Antonio Gómez Piña si jura o promete acatar la Constitución.


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El señor GÓMEZ PIÑA: Sí, prometo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Doña María de las Mercedes Gámez y don Luis Antonio Gómez han adquirido la condición plena de diputada y diputado. Enhorabuena y bienvenidos.
(Aplausos.)

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


El señor PRESIDENTE: La Presidencia propone también al Pleno de la Cámara su aceptación para que los dictámenes de la Comisión de Exteriores sobre convenios internacionales que teníamos previsto -y así figuran en el orden del día- examinar y votar el próximo jueves puedan ser examinados y aprobados en la sesión que ahora comienza, con lo cual el próximo jueves no habría sesión plenaria. ¿Así se acuerda? (Asentimiento.) Queda acordado.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. (Número de expediente 122/000142.)

El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Para la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley tiene la palabra doña Pilar Grande Pesquero.


La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señor presidente.


Nadie duda de que en nuestro país disponemos de un sistema nacional de salud que ha alcanzado un muy buen nivel de calidad en la prestación de servicios, hasta el punto de encontrarse entre los mejores del mundo y ser referente y modelo para otros países a los que tradicionalmente hemos admirado y hasta intentado imitar. Hoy son ellos quienes nos ponen de ejemplo en cuestiones como las energías renovables, los trenes de alta velocidad y nuestro sistema sanitario por su calidad y su eficiencia. Es como un Bienvenido mister Marshall pero al revés. Quién lo diría, ¿verdad? Desde luego los amigos del catastrofismo para nada lo van a admitir.


Nuestro sistema sanitario se basa en los valores de la universalidad, la accesibilidad, la equidad y la solidaridad y tiene fundamentalmente dos protagonistas esenciales: los ciudadanos y los profesionales de la salud.
En torno a estos agentes principales todas las acciones de los servicios de salud han de tender a conseguir el objetivo primordial de este servicio público: una atención sanitaria de calidad y equitativa que se traduzca en una mejora de los indicadores de salud de la población española. Esta atención sanitaria de excelencia, como indica el Plan de calidad del Ministerio de Sanidad, debe ser cada vez más personalizada, más centrada en las necesidades particulares del usuario y del paciente, por lo que resulta necesario apoyar a los profesionales en todo aquello que contribuya a favorecer esa excelencia clínica.


Los profesionales sanitarios son los nexos de unión entre el sistema de salud y los ciudadanos y deben sentirse parte vital del sistema, para lo que se deberán fomentar estrategias motivadoras que también vayan encaminadas a la autonomía de su gestión, dentro, por supuesto, de un gran acuerdo entre los profesionales implicados que conduzca a un consenso para el reparto de funciones, de responsabilidades y que evite la confrontación que tanto daño puede hacer a nuestro sistema sanitario.


Como planteamos en la exposición de motivos de esta proposición de ley, en el ámbito de las profesiones sanitarias son crecientes los espacios competenciales compartidos y el funcionamiento del trabajo en equipo, que requiere la colaboración entre profesionales en organizaciones multidisciplinares que evolucionen de forma cooperativa y transparente.


Señorías, yo soy médico y lo soy de atención primaria, conozco el inestimable, esforzado y difícil trabajo que hacen mis colegas cada día, pero no me duelen prendas en reconocer que este trabajo sería todavía más dificultoso sin la colaboración y la coordinación con otras profesiones sanitarias entre las que se encuentra, aunque no únicamente, la enfermería. La cooperación multidisciplinar es uno de los principios básicos de la Ley 44/2003, de Ordenación de Profesiones Sanitarias, la conocida como LOPS, que en el caso de los podólogos les faculta en su artículo 7.2, apartado d), para el diagnóstico y tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies, mediante las técnicas terapéuticas propias de su disciplina. Y en el caso de la enfermería, no solo como consecuencia de esta ley, que en su artículo 7.2.a) también establece que corresponde a los enfermeros la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería orientados a la promoción, el mantenimiento y la recuperación de la salud, así como la prevención de enfermedades y discapacidades, sino además por el contenido de dos reales decretos, el Real Decreto 450/2005, de especialidades de enfermería, y el Real Decreto 1231/2001, por el que se aprueban los estatutos de la organización colegial de enfermería. Todo ello ha producido un cambio sin precedentes en la regulación del campo profesional de la enfermería. Por tanto, podemos afirmar con amparo jurídico pleno que, a raíz de toda esta moderna regulación, se ha reconocido a la profesión de enfermero una autonomía técnica y científica hasta ahora nunca contemplada en una norma. Una de las principales consecuencias de todo ello es también el hecho de que ambas

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profesiones -podólogo y enfermero- tienen la posibilidad histórica de acceder a los tres ciclos universitarios -grado, máster y doctorado- dentro del espacio europeo de educación superior. Es en este contexto en el que la búsqueda de una fórmula jurídica que resuelva de forma estable y con vocación de permanencia la participación de la prescripción por parte de estos profesionales nos conduce a la necesidad de proceder a una modificación del artículo 77 de la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Y no podría ser de otra manera, ya que la disposición adicional duodécima, que amparaba que los medicamentos sujetos a prescripción pudieran ser autorizados por otros profesionales sanitarios distintos del médico y el odontólogo y su posterior desarrollo en una orden ministerial no superaron el dictamen del Consejo de Estado por ser contrarios a derecho. Tanto es así que el propio consejo insta la conveniencia de aprobar una regulación específica sobre esta materia en una norma con rango de ley que luego se desarrolle reglamentariamente y que, con un correcto encaje jurídico y las necesarias limitaciones, posibilite la facultad de los enfermeros y podólogos a usar, indicar o autorizar ciertos medicamentos y productos sanitarios, cada uno en el ámbito de su competencia profesional.


Señorías, en el mundo sanitario sabemos que si las necesidades de salud cambian es indispensable que las respuestas de los profesionales cambien también. No puede entenderse, por ejemplo, que una profesión sanitaria a la que la ley le reconoce la capacidad de diagnóstico, que le permite indicar y realizar tratamientos necesarios de manera autónoma sin supervisión de otro profesional, que no recibe pacientes remitidos sino que lo hace de forma directa, a quienes además puede practicar cirugía menor y hasta mayor ambulatoria, profesionales que deben de tener obligatoriamente medicación de urgencia en su consulta para obtener la autorización de funcionamiento y que además están autorizados para usar equipos de radiología básica para diagnóstico, no se puede entender que no puedan estar autorizados también para poder prescribir determinados fármacos y productos sanitarios en el ámbito de su competencia profesional, dando lugar a una controversia que puede traer consecuencias nefastas para estos profesionales, como ya ha ocurrido en un caso concreto en la provincia de Cádiz. Esto que acabo de describir está ocurriendo con los diplomados universitarios en podología. Por tanto, no solo es razonable sino de justicia corregir esta situación, por lo que creemos que esta ley podrá solucionar la inseguridad jurídica a la que están sometidos los podólogos en su práctica diaria.


Debemos tender a mejorar la calidad asistencial, por un lado, y responder a los profesionales que demandan el desarrollo legal necesario para que los podólogos y también los enfermeros puedan participar en la prescripción con la seguridad jurídica imprescindible que se exige en cualquier otra profesión. En los países donde esto ya se ha regulado, como Irlanda, Suecia, Holanda, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica, ha dado resultados positivos en cuanto a la mejora en el acceso de los pacientes al sistema, la calidad del cuidado y del coste efectividad. Todos los sanitarios conocemos que en la práctica diaria es necesario hacer un diagnóstico clínico previo antes de instaurar un tratamiento al paciente y es obvio que los profesionales autorizados para la prescripción deben ser en exclusiva los que poseen los conocimientos clínicos suficientes para ello. Hay que considerar también que una vez iniciado este tratamiento es imprescindible evaluar la respuesta y seguir la evolución del paciente hasta la resolución del proceso. Por tanto, el proceso de la prescripción no es un hecho puntual que termine en el momento en que el médico o el odontólogo toma la decisión de prescribir un medicamento, sino que en el hecho de la prescripción intervienen también otros profesionales cuya colaboración es absolutamente necesaria para lograr el fin último, como es la curación de una patología determinada en algunos casos o el control de los síntomas en otros.


En el ámbito sanitario se considera que se prescribe cuando a través de unos criterios profesionales basados en los conocimientos científicos adecuados se ordena o propone la realización de acciones dirigidas al paciente. No solo se trata de indicar fármacos, sino indicar también el mejor régimen terapéutico posible. Sobre la base de este amplio concepto de la prescripción, que va más allá de lo que es exclusivamente recetar, podemos deducir que también prescribe el enfermero a través de las órdenes de unidades de enfermería o de las acciones de enfermería, como por ejemplo cuando ordena apósitos, cambios posturales, ejercicios de fisiología respiratoria, cuando actúa sobre signos y síntomas como fiebre y dolor y, en definitiva, decide sobre los procedimientos necesarios que son habituales en el nuevo papel que desempeña la enfermería, a la que hemos de reconocerle un espacio clave en el cuidado no solo de los pacientes agudos sino también de los crónicos, de los dependientes inmovilizados en la atención domiciliaria, contribuyendo también por supuesto a la prevención en salud pública y en educación para la salud, entre otros muchos programas en los que intervienen, de los que se derivan situaciones que a veces les ponen al borde de la legalidad.


Entre la facultad absoluta o la nula de prescribir hay puntos intermedios, que son los que pretendemos regular con esta norma y que ejercitada por profesionales cualificados, con la acreditación pertinente que fuere necesario y sobre la base de su formación universitaria, unida a los suficientes conocimientos académicos, a la formación continuada y a las habilidades adquiridas en la práctica asistencial, vendrá a amparar jurídicamente tareas que desde hace años están siendo asumidas por estos profesionales y que deberán de hacerse, por supuesto, sobre la base de la cooperación y dentro de unos protocolos multidisciplinares, fruto del imprescindible consenso de las sociedades científicas representantes de las profesiones sanitarias.


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Nuestra sociedad demanda un perfil cada vez más capacitado de los profesionales sanitarios para dar respuesta a sus necesidades en salud.
Las nuevas variables sociales, como la diversidad cultural, el envejecimiento de la población, el nuevo derecho de atención a la dependencia, el aumento de algunas adicciones, los nuevos modelos de familia o el nuevo papel de la mujer en el ámbito laboral y familiar hacen que esta ley que hoy traemos para su toma en consideración constituya también una oportunidad, una oportunidad para revisar el espacio que ocupa y el que sería deseable que ocupara la enfermería, para seguir mejorando un sistema sanitario que no debe permanecer estático, sino que debe de avanzar en una mejora constante y sostenible y en el que se debe perfeccionar la capacidad resolutiva de los profesionales que en él intervienen, potenciando la accesibilidad y el acto único, educando más y mejor a los profesionales y a los ciudadanos para promover cada día más los autocuidados. La consolidación y mejora del Sistema Nacional de Salud va a necesitar del concurso de todos los profesionales implicados, muchos de los cuales tendrán que asumir nuevas competencias y responsabilidades, algunas de ellas compartidas, y que nos obligará a un novedoso diseño para delimitar las funciones de cada uno, que nos permita conseguir una atención integral de salud, una atención continuada más ágil y más accesible para el ciudadano en el marco de protocolos y planes de cuidados estandarizados en el seguimiento de los tratamientos establecidos por prescripción médica y para un abordaje integral no solo de la curación, sino también, y muchas veces más importante, de la prevención.


Termino, señor presidente, diciendo que el voto favorable que solicito para la toma en consideración de esta proposición de ley significará el comienzo de un camino que deberíamos recorrer juntos todos los grupos parlamentarios, acompañados también por todas las organizaciones representativas de los profesionales sanitarios, algunos de los cuales nos acompañan hoy en la tribuna, por lo que aprovecho para invitarles al trabajo común, al trabajo conjunto, para que en el tiempo de la tramitación parlamentaria lleguemos por medio del ineludible consenso a obtener un texto satisfactorio que nos permita ascender un escalón más hacia la excelencia de nuestro Sistema Nacional de Salud. Sinceramente, me gustaría que los grupos parlamentarios pudiéramos encontrar durante el periodo de enmiendas, que se abrirá a partir de ahora, fórmulas que complementen y si acaso mejoren la proposición de ley que hoy presentamos y que vinieran avaladas por el trabajo, el acuerdo previo y el consenso inexcusable entre la organización médica y la enfermería principalmente.
Ello, además, nos permitiría encontrar espacios de entendimiento positivos y útiles sobre todo para nuestros pacientes. El Grupo Socialista apela al entendimiento entre todos para que la culminación de este proceso suponga un paso firme y sólido para una todavía mejor atención sanitaria, si cabe, en nuestro país, que al fin y al cabo es el objetivo que nos mueve a todos.


Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Grande Pesquero.


¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.) En tal caso, vamos a la fijación de posiciones. En primer lugar tiene la palabra doña Olaia Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo, el Bloque Nacionalista Galego, en relación con la propuesta de modificación de ley que acaba de defender el Grupo Socialista. Lo primero que tengo que decir es que, como no podía ser de otra manera, vamos a apoyar la toma en consideración de esta propuesta porque cuando en su momento tuvo lugar la tramitación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, ya participábamos de la necesidad de que se recogiera entonces lo que en esta ocasión se plantea en esta proposición de modificación de la ley. Si no me falla la memoria, señorías, no solamente en el trámite parlamentario antes de su aprobación en el Congreso y en la consiguiente tramitación en el Senado se trató este tema con enmiendas de diferentes grupos, sino que el último día, cuando procedente del Senado teníamos que sancionar definitivamente la ley en el Congreso de los Diputados, fue uno de los temas que más se debatió, yo diría que fue uno de los temas que más nos dividió a los grupos parlamentarios a la hora de la votación. Por tanto, discrepo con la portavoz del Grupo Socialista cuando dice que espera que sea el comienzo del camino en el que encontremos la solución a esta cuestión. En todo caso, continuamos avanzando en un debate que se dio en su momento y, por razones a las que ahora no nos vamos a referir porque no vienen a cuento, que no se llevó a cabo. Pero todos los grupos parlamentarios fuimos conscientes de la necesidad de que esta cuestión se incorporara en la ley, no solo porque era una demanda de los sectores profesionales de la enfermería o de los podólogos, sino porque en el debate parlamentario se puso de manifiesto la oportunidad, incluso la corrección de la idea de que también estos profesionales participaran en la prescripción de determinados medicamentos, no solo porque eso significaba aligerar la carga de trabajo de los propios médicos sino, sobre todo, porque en atención hospitalaria es una práctica habitual.


Por tanto, señorías, nuestro grupo va a apoyar esta propuesta de modificación de la Ley 29/2006 para su toma en consideración y, posteriormente, va a apoyar que se apruebe con las modificaciones que se plantean, independiente de que se pueda mejorar en el trámite parlamentario.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, mi grupo parlamentario va a respaldar esta iniciativa que, con un nombre un tanto abstruso, lo que pretende en definitiva es convertir en legal lo que es real, convertir en legal lo que ya ocurre en la vida cotidiana y lo que ocurre en general en nuestro sistema sanitario público y en particular en el sistema de atención primaria, es decir, la colaboración y la gestión integrada de los equipos de atención primaria, donde la dinámica con distintas profesiones sanitarias en su seno en una dinámica horizontal mucho más que jerárquica. Señorías, se trata de convertir en legal lo que es real, incluso de ir más allá y modificar la legislación para que tenga cabida también la existencia de mayores cualificaciones, de mejor formación en las profesiones sanitarias. De alguna manera nos podemos adelantar al futuro y no solo reflejar lo que es real en el sistema sanitario sino adelantarnos al futuro en la remodelación que se está produciendo, en la renovación de las profesiones sanitarias. En ese sentido, consideramos que es una iniciativa oportuna.


Esta iniciativa, además, pretende superar un problema creado también por nosotros mismos, creado por los legisladores, en una maraña legislativa con ciertas contradicciones, porque si la Ley básica de Sanidad contemplaba ya un funcionamiento integrado de los centros de salud y una labor más horizontal de las profesiones sanitarias, sin embargo aparecen evidentes contradicciones entre la Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias, que da competencias avanzadas a distintas profesiones sanitarias, y la última Ley del Medicamento, donde solo de manera indirecta se aporta la idea de que habrá prescriptores pero también habrá quienes participen en la prescripción. Tal definición no ha sido suficiente, a tenor de la reflexión del Consejo de Estado, y se hace necesaria una clarificación legislativa que haga legal lo que es real, que garantice las mínimas seguridades a los profesionales y también a los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Por eso estamos hoy aquí.


Señorías, alguien ha hecho referencia -creo que ha sido mi antecesora en la intervención, la señora portavoz del Bloque Nacionalista Galego- a que esta no es una cuestión menor. Nos encontramos ante un tema muy importante en el sistema sanitario que ha provocado importantes resistencias y sería bueno que reflexionáramos sobre esas resistencias.
Por una parte, que haya estas resistencias a lo que podemos denominar el monopolio de la prescripción tiene mucho que ver con las derivas de nuestro sistema sanitario. Es un sistema sanitario que ha experimentado una fortísima medicalización y donde la prescripción farmacéutica y la prescripción de los productos farmacéuticos juegan un papel esencial. En ese sentido, para bien y para mal, esta cuestión es una cuestión polémica, ha sido una cuestión polémica y seguramente lo seguirá siendo en la tramitación de la ley. Pero podríamos superarla, en primer lugar, con la horizontalidad a la que me refería con anterioridad y, en segundo lugar, avanzando de manera paralela no solamente en la medicalización del sistema, sino en las políticas de atención integral y en las políticas de cuidados, que en mi opinión y en opinión de la propia concepción de la atención primaria van más allá de la medicalización y, por tanto, ponen el acento no solamente en quien es el prescriptor o quien participa en la prescripción, sino en el conjunto de los cuidados médicos, desde la promoción de la salud, la prevención, la curación y la rehabilitación, toda esta serie de medidas que tienen una gran importancia en el conjunto de las políticas de salud. Por tanto, esto debe servir para unas políticas de salud más amplias y con miras más abiertas que únicamente la medicalización del sistema sanitario.


En todo caso, señorías, no cabe duda de que esta iniciativa forma parte de un cambio sanitario que se está produciendo hace mucho tiempo en nuestro sistema, en nuestra opinión para bien, y que tiene dos riesgos. No solamente tiene el riesgo de la jerarquización y el riesgo, por tanto, de las corporaciones, de quedarse con el conjunto de sus actividades como garantía del futuro de la corporación; tiene también el riesgo que podríamos denominar de la transversalidad, es decir, el riesgo de utilizar el enfrentamiento entre corporaciones como método para superar las rigideces del sistema. Creo que nos equivocaríamos en el primer caso, en el caso del inmovilismo, y nos equivocaríamos también en el caso de la confrontación entre corporaciones para superar las rigideces del sistema.
Frente a aquellos que ponen todo el acento para el cambio en la competencia y en la mesogestión -lo estamos viendo estos días en las comunidades autónomas, y no solamente en las comunidades autónomas, como si el futuro de la sanidad dependiese de la competencia entre centros de salud, entre hospitales, entre profesionales, entre corporaciones; como si dependiese únicamente de las medidas de mesogestión, de la ruptura entre el financiador y el gestor-, yo soy mucho más partidario, a tenor de las experiencias, de la colaboración en el sistema sanitario, de las políticas integrales de colaboración entre distintas corporaciones y distintas especialidades sanitarias, y soy mucho más partidario de lo que podríamos denominar la microgestión, es decir, la gestión más cercana a los ciudadanos que significa participación de los profesionales, participación de los ciudadanos y, en definitiva, más políticas cercanas a la salud que a la enfermedad. Esa es la posición de mi grupo parlamentario y, por tanto, saludamos este tipo de iniciativas que nos parece que van en el buen sentido.


Tomemos nota para valorar nuestro sistema sanitario de lo que pasa con una gripe, sea o no sea aviar o porcina.


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En un Estado con un deficiente sistema de salud puede provocar muertos o puede provocar secuelas muy importantes, y en otro Estado con capacidad en materia de salud pública, de epidemiología y de atención sanitaria, puede ser algo que nos alarme pero que, en definitiva, sepamos afrontar con seguridad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Joseba Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño y seré breve, entre otras cosas, porque los argumentos principales en torno a este tema ya se han dicho y sería reiterar las bases fundamentales. Digo que ya se han dicho, no solo ahora, sino antes también, porque, cuando se debatió la Ley del Medicamento, mi compañera Margarita Uría fue quien intervino, e incluso planteó enmiendas, que no se admitieron, defendiendo esto mismo que hoy se nos trae a la Cámara. Por tanto, el Partido Nacionalista Vasco tiene causa en este asunto y ya anticipo que apoyaremos la propuesta que se nos ha traído hoy, un poquito tarde, pero que se nos ha traído. También porque esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista nos parece justa, nos parece adecuada y seguramente necesaria. Digo que seguramente necesaria porque se está debatiendo mucho y se ha hecho una especie de debate social, médico, enfermero, en torno a este tema. Creo que tiene que hacerse desde un planteamiento previsor. Debe ser una medida previsora, para lo que puede venir, porque seguramente estamos jugando con el futuro de lo que tiene que ser la medicina y tenemos que tener en cuenta cuáles pueden ser las necesidades posteriores, no sobre la base de las realidades actuales, sino sobre la base de lo que necesitemos después.


Este tema no puede estar sujeto a guerras entre colectivos sanitarios, creo que es algo mucho más importante que las guerras, que en el fondo, desgraciadamente, no pueden ser sobre la base de quién tiene más poder o quién tiene menos poder, porque ni creo que es esa la realidad ni verdaderamente es serio. El criterio debe ser el de la practicidad; el bien del paciente tiene que ser el objetivo último de cualquier medida de esta índole que se tome -y en esta, por supuesto-, porque el bien del paciente es el caso supremo o el más importante de cualquiera de las cuestiones de esta índole. También la agilidad, porque tampoco podemos andar con trámites que de alguna manera nos ralenticen ciertos procesos que en el fondo sabemos que podrían ser más ágiles. Por tanto, esperemos que esta medida sirva para esas tres cuestiones: para la practicidad, para la agilidad y sobre todo para el bien del paciente. Esto no puede ser visto como la pérdida de poder de unos y la cota de poder conquistada por otros; ni una cosa ni otra. Los colectivos deben trabajar solidariamente, deben trabajar en conjunción, porque al fin y al cabo eso es lo que les pide la sociedad y porque esa es también su función. Habría que buscar formas para que los enconamientos, que a veces son más de despacho que de realidad, se superaran. Además, no se plantean grandes cambios; lo único que se dice es que el Gobierno regulará la prescripción de determinados medicamentos por enfermeros y podólogos, en el marco de los principios de atención integral de salud y para la continuidad asistencial, por lo que también hay una especie de seguridad en el sentido de que tampoco se lanza a la piscina, como algunos desearían que se lanzaran; esa es la realidad. También se fija un plazo para que el Gobierno revise la clasificación de los medicamentos de uso humano que han de dispensarse con o sin receta médica. El tema está cogido con muchos alfileres, sin arriesgar demasiado por parte del Grupo Socialista.


Como decía el compañero Llamazares, en el fondo también vale para poner fin a ciertas hipocresías, de lo que ya se está dando, y todos somos conocedores de que se está dando. Vamos a ser más sanos, nunca mejor dicho. Los médicos seguirán siendo médicos, no perderán un ápice de lo que es ser médico, por mucho que otras profesiones sanitarias puedan prescribir, y seguirán teniendo la autoridad que la sociedad les ha conferido a los profesionales de la medicina. No convirtamos esto en una guerra entre colectivos sanitarios, porque lo que necesitamos son paces sanitarias y no guerras entre colectivos. Vuelvo a recordar que mi compañera Margarita Uría hizo una enmienda proponiendo esto y no se aceptó. Hoy se trae a la Cámara, bienvenida sea, nosotros la apoyaremos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirretxea.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió) tiene la palabra doña Concepcio Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÁS: Gracias, señor presidente.


Señorías, quiero empezar saludando a los representantes del Consejo General de Enfermería aquí presentes, con nosotros, con su presidente, el doctor enfermero, profesor Máximo González Jurado, y a la presidenta del Consejo General de Podólogos, doña Virginia Novel.


Esta proposición de ley que hoy debatimos, en la misma línea que la registrada en esta Cámara por nuestro Grupo Parlamentario (Convergència i Unió) el pasado 19 de febrero, supone, señorías, tal y como ha sido dicho hace unos minutos por los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, no afrontar un problema, sino afrontar la solución de un problema. Me refiero al que se suscitó en la redacción dada en el artículo 77.1 de la Ley del Medicamento, que daba en exclusividad a los médicos y odontólogos la facultad de prescribir medicamentos. Fíjense, señorías, estamos diciendo

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medicamentos y no productos sanitarios. Al contrario de lo que algunas interpretaciones están haciendo -yo creo que inexactas-, la mencionada ley no establece limitación alguna a estos efectos. A nuestro juicio, no es el momento -a estas alturas del debate social que en algunos momentos ha generado verdadera confrontación- de que pongamos en cuestión la capacidad, la preparación y la facultad para prescribir de otros profesionales sanitarios, en particular enfermeros y podólogos. No lo es, además, porque sus respectivas organizaciones profesionales -hoy aquí presentes-, otras organizaciones de ámbito europeo internacional, las sociedades científicas, otros agentes sociales, incluidos los propios pacientes y un gran número de sociedades médicas, han realizado a lo largo de este tiempo una -creo- buena labor pedagógica, que permite comprender el papel que estos profesionales han venido desempeñando en materia de uso e indicación de medicamentos, tanto en España como, a través del derecho comparado, en el resto del mundo.


Señorías, yo soy enfermera, he ejercido muchos años en el ámbito hospitalario, y los últimos años de mi vida profesional, en el ámbito de la atención primaria. La responsabilidad de esta Cámara no es otra que establecer los cauces necesarios para dotar de la necesaria seguridad jurídica a todos estos profesionales, enfermeros y podólogos, para que puedan seguir desarrollando, con todas las garantías ofrecidas por nuestro Estado de derecho, sus intervenciones profesionales, que son más de doscientas acreditadas en el caso de los enfermeros; todas ellas requieren del uso e indicación de medicamentos. Señorías, prescribir lleva también asociado -además de todo lo que mi compañera y portavoz del Grupo Socialista ha dicho- dar consejos sobre la medicación prescrita, sus usos, sus efectos, su conservación y el almacenamiento del producto, labor que continua y diariamente hacen muy bien todos estos profesionales. La educación sobre el uso del medicamento es una parte importante en el cuidado de los pacientes. Por ejemplo, cuando la enfermera prescribe suele hacerlo dando unas instrucciones muy precisas del uso del producto; por tanto, disminuye el riesgo del incumplimiento terapéutico por parte de las personas.


Es necesario por ello adaptar nuestra legislación a esta materia, a esta situación, que se está dando en la práctica diaria. El portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, el señor Llamazares, lo ha dicho muy bien. Seamos claros, no se trata más que de quitar de la ley esta inseguridad jurídica y aplicar lo que se hace en el día a día de tantos y tantos profesionales. Otros países nos han transmitido la evidencia científica suficiente para constatar que esta prescripción llevada a cabo por otros profesionales distintos a médicos y odontólogos ha sido un éxito. Actualmente son muchos los países donde se lleva a cabo la prescripción enfermera. Los voy a citar: Australia, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia, Irlanda, Brasil y desde hace muy pocos meses Argentina. No parece que pueda afirmarse que en todos estos países que han legislado en este sentido, en todos ellos, lo hayan hecho de forma desaprensiva y temeraria; muy al contrario. En la práctica cotidiana -vuelvo a repetir-, tanto las enfermeras como los podólogos indican y utilizan medicamentos bajo los criterios de buena práctica y juicio clínico, a pesar de no disponer de una legislación adecuada y poniendo incluso en grave riesgo su propia seguridad jurídica.
Todo ello, muchas veces, con el visto bueno, tácito o explícito, de las instituciones y de la misma Administración sanitaria.


Debemos regular legalmente, señorías, lo que se está produciendo de facto.
No se puede obligar a los profesionales a extralimitar el ámbito competencial legalmente establecido, sino que debe adaptarse el marco legal a la realidad de la dinámica asistencial. Este es un principio muy bien conocido por todos nosotros. El anterior titular del Ministerio de Sanidad, el doctor don Bernat Soria, lo manifestó reiteradamente al hablar de la necesidad de establecer fórmulas jurídicas que doten de cobertura legal las actuaciones de enfermeros y podólogos en materia de prescripción farmacológica. Este es nuestro compromiso, este es nuestro reto, y en su consecución se suma nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió a la iniciativa presentada por el Grupo Socialista, a la vez que queremos expresar con claridad cómo la redacción de la proposición de ley presentada no responde suficientemente a colmar todas las expectativas ni da respuesta integral a las necesidades planteadas por el sistema, los pacientes y los propios profesionales.


Estamos seguros de la sensibilidad de todos los grupos a la hora de considerar y asumir como propias durante el trabajo de la Comisión las consideraciones que también desde nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió podamos presentar como enmiendas, tras aprobar hoy, -espero- con el apoyo de todos los grupos, su toma en consideración.
Entendemos que resulta imprescindible reconocer las actuaciones de profesionales, que, como los enfermeros y los podólogos, vienen realizando desde siempre y que implican una ampliación del ámbito de la prescripción a ambos colectivos en el marco estricto de sus competencias profesionales -voy a repetirlo, en el marco estricto de sus competencias profesionales-, con el fin de posibilitar el desarrollo adecuado de sus capacidades y promover su proyección profesional en orden a la mejora de la eficacia, la eficiencia y la calidad del sistema sanitario.


La portavoz socialista ha dicho en su intervención -por tanto, no voy a repetirlo- cómo en los últimos años se ha producido un gran cambio, sin precedentes, en la regulación del campo profesional del enfermero, como es que actualmente los enfermeros puedan acceder a los estudios de grado, máster y doctorado. Y aquí en estos momentos entre nosotros se encuentran algunos de ellos, doctora y doctor enfermeros. También quiero hacer mención especial de la situación de las enfermeras especialistas obstétrico-ginecológicas, las matronas, ya que

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también el real decreto de 8 de noviembre, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 y la directiva del Consejo de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, incluye en su artículo 55 las actividades profesionales reconocidas en España, entre las que se encuentran diagnosticar el embarazo y supervisar el embarazo normal; realizar los exámenes necesarios para la supervisión del desarrollo de los embarazos normales; prescribir o asesorar sobre los exámenes necesarios para el diagnóstico precoz de los embarazos de alto riesgo; atender el parto normal cuando se trate de presentación de vértice; reconocer en la madre o en el niño los signos indicadores de anomalías que precisen la intervención de un médico y asistir a este. No continúo citando actuaciones porque veo que se me está acabando el tiempo y tengo algunas cosas más que decir, pero todas estas intervenciones necesariamente conllevan el acto de prescribir.


Quiero referirme muy brevemente aunque solo sea a los podólogos.


El señor PRESIDENTE: Sí, muy brevemente, por favor.


La señora TARRUELLA TOMÁS: Muy brevemente, termino en seguida, señor presidente.


De hecho, la compañera socialista se ha referido a ello. Ellos quieren autonomía, quieren la prescripción también y deben poder recetar con tranquilidad estos medicamentos. La realidad, señorías, es que las enfermeras y los podólogos -lo hemos dicho continuamente- ya están prescribiendo; solo les falta respaldo legal, porque lo hacen todos los días y casi todos. No se puede atender a un paciente y cortar el proceso para que alguien firme lo que estás haciendo mejor que otro; me refiero a todos los diagnósticos propios de la enfermería que llevan asociada una prescripción. No reconocerlo supone romper el proceso asistencial y la confianza del paciente en el profesional que tiene capacidad y formación para hacerlo. La Junta de Andalucía ya tiene aprobado un proyecto de decreto y otras comunidades autónomas están esperando a saber si podemos dar esta cobertura legal. Por todo ello, la búsqueda de una fórmula jurídica estable y con vocación de permanencia es necesaria, señorías.


Termino ya, señor presidente. Este grupo parlamentario cree necesario afrontar este reto y así lo manifestamos en esta Cámara apoyando la toma en consideración que se propone. Del mismo modo, responsablemente, pondremos todo nuestro esfuerzo a la hora de lograr un entendimiento con el resto de los grupos, capaz de cerrar un texto que dé respuesta a la lógica del problema, a la eficiencia del sistema sanitario, al mejor servicio a nuestros pacientes y al reconocimiento de unos profesionales cuya entrega, competencia y respeto a los principios jurídicos y valores éticos que les acompañan, ha sido siempre ejemplar. Me siento orgullosa de ser enfermera y de defender hoy aquí también esta proposición de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.


Por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar su posición, tiene la palabra don Mario Mingo.


El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, señor presidente.


Quiero que mis primeras palabras sean también para saludar a los representantes de los distintos consejos de colegios profesionales que nos acompañan en el hemiciclo a la hora de tramitar esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que en el fondo viene a modificar cuáles son los criterios profesionales y cuáles son las competencias de las distintas profesiones sanitarias en la responsabilidad diaria.


Nunca pensé, señorías, que íbamos a hablar de este asunto en una proposición de ley del grupo que apoya al Gobierno. Siempre entendí -siguiendo las declaraciones del ex ministro de Sanidad, don Bernat Soria- que el Gobierno socialista iba a traer un proyecto de ley que fuera pactado por los distintos profesionales sanitarios, que fuera enjugado y pactado con las distintas comunidades autónomas y con las distintas fuerzas políticas, y que podríamos aprobar ese proyecto de ley que viniera a modificar no solamente la Ley del Medicamento sino también la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, que tanta trascendencia y que tanto éxito tiene desde el año 2003 y que fue aprobada a propuesta del Gobierno del Partido Popular y por esta Cámara con el apoyo mayoritario de esta. Sinceramente, creo que ha debido ser que el ministro de Sanidad no contó con el apoyo suficiente en el Gobierno o que -en la mejor de las intenciones-, como hizo una propuesta de pacto de Estado con las distintas comunidades autónomas, iba a reflejar en el pacto de Estado cuál iba a ser la ordenación de las profesiones sanitarias en un futuro. La verdad es que esa es una propuesta satisfactoria y que nosotros compartimos, pero no es así.
Nuestro grupo, como otros grupos parlamentarios, no se ha podido incorporar a una proposición de ley que propone CiU en términos iniciales y que, tres días después, el Grupo Parlamentario Socialista incorpora.


¿Qué es lo que dice esta proposición de ley? Cambiemos en la Ley del Medicamento lo que debía cambiarse en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, porque al final el objetivo es que la prescripción es una facultad, una cualidad, de determinados profesionales. ¿Y viene esta propuesta con el acuerdo de todos los colectivos que están aquí representados y presentes en esta Cámara? No.
Este es uno de nuestros grandes dramas, señoras y señores diputados, porque no todos los colectivos profesionales están de acuerdo. Tenemos que hacer un esfuerzo para lograr el acuerdo de todas las

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profesiones; eso es un empeño, eso es algo que tendremos que hacer los próximos meses, porque los médicos ya han manifestado que no están de acuerdo con esta modificación del artículo 77 de la Ley del Medicamento.
¿Es que los enfermeros colman sus legítimas ambiciones y los derechos que han demandado durante tanto tiempo con la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista o con la propuesta del Grupo de Convergència i Unió? ¿Y los podólogos? Yo creo que todos los grupos políticos hemos recibido propuestas de decir: acéptennos las enmiendas porque no estamos de acuerdo con esta proposición de ley, ni la una ni la otra. ¿Y los fisioterapeutas no tienen tampoco ningún tipo de competencias en el uso y en el manejo de los fármacos y de los productos sanitarios para tratar por ejemplo un esguince de tobillo, una contractura en la espalda o quizá una rotura fibrilar? No quiero prolongar la retahíla de las distintas profesiones sanitarias.


¿Cómo no va nuestro grupo no a apoyar sino a luchar constantemente por que los distintos profesionales estén mejor capacitados, tengan mayor formación, tengan mayor preparación y por lo tanto tengan mayor responsabilidad? Por supuesto, lo hemos defendido siempre, y está en la exposición de motivos de la Ley de ordenación de profesiones sanitarias.
Quiero recordárselo, porque tiene una enjundia y un valor que creo que compartimos todos. Existe la necesidad de resolver con pactos interprofesionales previos cualquier normativa reguladora, la cuestión de los ámbitos competenciales de las profesiones sanitarias, manteniendo la voluntad de reconocer simultáneamente los crecientes espacios competenciales compartidos interprofesionalmente y los muy relevantes espacios específicos de cada profesión. Por eso en esta ley no se ha pretendido determinar las competencias de unas y otras profesiones de una forma cerrada y concreta, sino que establece las bases para que se produzcan estos pactos entre profesionales y entre profesiones y que las praxis cotidianas de los profesionales en organizaciones crecientemente multidisciplinares evolucionen de forma no conflictiva, sino cooperativa y transparente.


Quiero destacar y leerles a ustedes el punto 4 del artículo 9 de la mencionada Ley de ordenación de profesiones sanitarias -y a esta ley se refieren tanto la proposición de ley de Convergència i Unió como la del Grupo Parlamentario Socialista-: Dentro de un equipo de profesionales, será posible la delegación de actuaciones siempre y cuando estén previamente establecidas dentro del equipo las condiciones conforme a las cuales dicha delegación o distribución de actuaciones pueda producirse.
Condición necesaria para la delegación o distribución del trabajo es la capacidad para realizarlo por parte de quien recibe la delegación, capacidad que deberá ser objetivable, siempre que fuera posible con la oportuna acreditación. Bienvenida la mayor y mejor preparación de los profesionales y bienvenido cualquier desarrollo de la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias.


En ese espíritu positivo del Grupo Parlamentario Popular quiero manifestarles que nuestro voto va a ser favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley, pero también quiero decirles que me parece que no adelantaremos mucho, que no llegaremos a acuerdos, que mantendremos tensiones innecesarias entre las distintas profesiones y con las comunidades autónomas si no usamos adecuadamente los criterios que tenemos. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, donde podemos estar de acuerdo, ¿cómo no se ha llevado este tema al comité institucional de recursos humanos que tiene abierto el Ministerio de Sanidad y Consumo, hoy de Política Social, y las distintas consejerías de las comunidades autónomas, para llegar a un pacto de Estado? ¿No vamos a atender a lo que está haciendo el Senado, que tiene una ponencia donde se están estudiando las necesidades de evolución de desarrollo de las distintas profesiones sanitarias? Creo que sería un grave error. ¿No vamos a cuidar y a recoger en parte las distintas competencias de las distintas profesiones y las advertencias que cada una de ellas nos haga? ¿O es que ya, por último- y termino-, en otro marco, no tenemos una subcomisión en este Congreso de los Diputados para aportar ideas y soluciones a un pacto de Estado que nos están demandando los profesionales, los ciudadanos, los gestores y toda la sociedad en general?

Les invito, señorías, a que nos tomemos las cosas con calma, a que seamos serenos, a que tengamos mesura, a que escuchemos a todos los profesionales, que les pongamos de acuerdo -que hoy no lo están-, como en el año 2003, en el que todos estuvieron de acuerdo, porque con un poco de cuidado y con bastante atención nos podremos poner todos de acuerdo en beneficio de la sanidad española.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mingo.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE), PARA GARANTIZAR LA ENSEÑANZA DEL CASTELLANO Y EN CASTELLANO EN TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS. (Número de expediente 122/000129.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a estudiar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, orgánica de modificación de la también orgánica Ley de Educación, para garantizar la enseñanza del castellano y en castellano en todas las etapas educativas.


Para la defensa de la toma en consideración tiene la palabra don Alfonso Alonso.


El señor ALONSO ARANEGUI: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el pasado mes de enero registró el Grupo Parlamentario Popular la iniciativa que hoy me corresponde a mí defender. En primer lugar lo hicimos porque,

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como saben, constituye un compromiso que hemos adoptado ante los ciudadanos, porque forma parte de nuestra convicción en defensa de la libertad, de los derechos de las personas y de la mejora de la convivencia democrática, y también porque entendemos que es necesario que demos respuesta y solución a un problema que la tiene y que por tanto no debería ser causa de preocupación en España. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Es verdad que no es la primera vez que se debate este asunto en esta legislatura en este Pleno, porque al menos se debatió en otras dos ocasiones. Fue objeto de la primera iniciativa que planteó mi grupo en la Cámara y también de una iniciativa de la señora Díez y que, desgraciadamente, tampoco fue tomada en consideración; en ese debate se produjo alguna intervención con cierta irritación por parte de algunos grupos. De verdad, yo no pretendo que esa sea la tónica hoy. Nosotros venimos en búsqueda de un consenso, de un arranque, de una solución, de un camino, que nos lleve a una solución a este problema, que afecta y angustia a muchas familias en España.


Señorías, el respeto de la libertad de opción lingüística y el principio de no discriminación por razón de lengua forman parte de un consenso básico que la Constitución ampara. En un Estado plurilingüe, como España, que además conoció en tiempos recientes imposiciones e injusticias, tiempos en los que se ahogó la libertad y se privó a generaciones enteras de sus derechos más elementales, en un Estado así adquiere una importancia especial cuidar de los consensos y garantizar desde la concertación política y social y, por supuesto, desde una adecuada regulación legal y un funcionamiento correcto de la Administración, no solo que no se van a producir supuestos de discriminación, sino que se va a promover de manera efectiva el libre desarrollo de la personalidad, también en una condición tan íntima como es la de la lengua y en un ámbito tan sensible como es la educación. Por tanto, nuestro objetivo es retomar un consenso que no se debió abandonar e iniciar con la toma en consideración de esta proposición de ley el camino para la recuperación de la concordia. No sirve de nada negar la evidencia, mirar para otro lado o intentar minimizar el problema porque los hechos son contundentes y reiterados. La semana pasada saltaba a los medios de comunicación el caso de un niño, en Ibiza, a quien se impedía examinarse en su lengua habitual, por la que deseaba optar también su familia, y que es el castellano. Resultaba paradójico y llamaba la atención que esto sucediera precisamente en un colegio que se llama Miguel de Cervantes. Yo quiero decir que esto no es un hecho aislado. Ustedes saben que en las comunidades bilingües de España han surgido en los últimos años plataformas y asociaciones en defensa de la libertad de opción lingüística, constituidas por padres y madres que defienden el derecho de sus hijos a recibir la educación en la lengua oficial de su elección y particularmente en la lengua común de todos los españoles que es el castellano. Estas asociaciones y plataformas dan testimonio, a veces con grandes dificultades, de lo que está ocurriendo y, por tanto, de que este derecho no se puede ejercer de manera efectiva. Se han producido también movimientos intelectuales en defensa de la lengua común y, en definitiva, se ha abierto un debate que alerta de una utilización política de las lenguas, de un deterioro de la convivencia y de la conculcación de derechos fundamentales que la Constitución protege. En muchos lugares de Cataluña o del País Vasco sencillamente no es posible recibir la educación en castellano. En otras comunidades, como Galicia o Baleares, avanzó en los últimos años el arrinconamiento de la lengua común en la enseñanza. La imposición no solo muestra una intolerancia enemiga de la diversidad, sino también la intención de convertir en factor de división y de enfrentamiento aquello que nos es común y que debe servir como elemento de cohesión. Quiero dejar claro no solo de qué estamos hablando sino también de qué no estamos hablando. Yo no hablo, evidentemente, de que el castellano como lengua corra ningún peligro; es la tercera lengua del mundo, la segunda por el número de hablantes que la cuentan como lengua materna, muestra vitalidad y pujanza y ofrece oportunidades de desarrollo insuficientemente aprovechadas hasta el momento. Tampoco estamos hablando estrictamente de territorios ni de patrias, porque estamos hablando de personas, de sus derechos, de su condición de ciudadanos, y esto para nosotros siempre estará por encima de otras consideraciones. Pero, fíjense bien que viene ocurriendo un efecto contrario en los lugares donde se practican políticas de imposición en aras de una pretendida defensa de la lengua que se considera minorizada.
En el País Vasco, por ejemplo, se extiende una desafección al euskera que sí debe preocuparnos a todos. Cuando una lengua se impone, se niegan las alternativas y no se toman en consideración ni la realidad sociolingüística ni las circunstancias personales, se produce un rechazo que se propaga con facilidad y que, a la larga, pone en marcha un péndulo que avanza en dirección contraria.


Señorías, las lenguas se pueden imponer contra la voluntad de los ciudadanos, se puede obligar a su aprendizaje, pueden aprobarse normas, como ha sucedido, para expulsar de las aulas el castellano y fijar como sola lengua vehicular la lengua cooficial, pero lo que no se pueden imponer son los afectos, como no es posible extirpar de los ciudadanos en democracia un anhelo, que a veces tiene que ser callado, de libertad. Un delegado gubernativo de Educación en el País Vasco me justificaba su posición contraria a la enseñanza bilingüe con estas palabras: Bastante castellano escuchan en la calle. No se dan cuenta del peligro para la convivencia que conlleva una afirmación como esta. Hemos olvidado aquella máxima de la transición, cuando comenzamos a construir nuestro sistema de libertades y se quería hacer normal en las leyes lo que era normal en la calle. En la calle, señorías, en las familias, en las relaciones personales, los ciudadanos eligen la lengua en que se quieren comunicar

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y piensan que las lenguas sirven para eso, para comunicarse. Lo que hoy se pide aquí es que puedan ejercer este derecho con garantías también en las aulas, de acuerdo con las leyes, en cualquiera de las lenguas que gozan de reconocimiento oficial en nuestro país.


La proposición de ley cuya toma en consideración debatimos hoy sigue estos principios. Quiere, primero, que se garantice el deber constitucional de conocimiento del castellano. Es el artículo 3 el que establece que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo. Esto es lo que nuestra proposición pretende que se regule y no es cosa baladí que las Cortes Generales acometan el desarrollo, la regulación de un artículo tan importante como este, especialmente en relación con el artículo 27 de la Constitución. Por tanto, lo que establece la proposición de ley en primer lugar es que la enseñanza del castellano debe disponer de un tratamiento propio y de un horario adecuado. En segundo lugar, aboga por la no discriminación, de manera que la lengua no pueda constituir un obstáculo para el ejercicio del derecho de los alumnos a recibir conocimientos, pues, al fin y al cabo, este es y no otro el objetivo de la enseñanza. En este sentido, establece que los niños tienen derecho a recibir sus primeras enseñanzas, tanto en la educación infantil como en la primaria, en su lengua habitual, sea esta el castellano o sea la otra lengua cooficial, e impone a las administraciones educativas la obligación de garantizar este derecho y de dotar los medios necesarios para hacerlo efectivo. Asimismo, se garantiza por ley la opción de recibir las enseñanzas en castellano, sin perjuicio del aprendizaje de la otra lengua cooficial, si esta es la opción que elige la familia, y propone un modelo de bilingüismo integrador, en el cual ambas lenguas se oferten como lenguas vehiculares en proporciones equilibradas en el número de horas en las distintas áreas y materias. En definitiva, ofrece un marco que garantiza la libre elección de lengua en la escuela, pero que permite también el despliegue de modelos diferentes de acuerdo con las distintas realidades sociolingüísticas de nuestro país, así como la posibilidad de incluir otras lenguas extranjeras.
Además, se regulan otros asuntos que no son menos importantes, como el de la separación de centros, que procura evitarse, o el régimen de dispensa.


Como decía al principio, creo que es un buen punto de arranque tomar en consideración esta proposición de ley para recuperar la concordia y alcanzar esa solución de consenso. Desde la última vez que hemos debatido en esta Cámara este asunto, se han producido novedades, a pesar de que no ha pasado demasiado tiempo. Hay un nuevo gobierno en Galicia, que ha mostrado su determinación por hacer efectiva la libertad de elección lingüística en esa comunidad, que quiere corregir los excesos y que quiere acabar con las limitaciones que se han venido imponiendo últimamente y que tiene como lema, en frase del presidente Feijóo, vaciar las aulas de ideologías y llenarlas de conocimientos. Por eso, estoy convencido de que en Galicia se está en la fase de la recuperación de un consenso necesario y que allí la lengua dejará de ser un arma arrojadiza entre partidos o un elemento de diferenciación y de identificación ideológica. En el País Vasco se ha alcanzado un acuerdo entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular que fija las bases -y así se llama- para un cambio democrático y que tiene como consecuencia que la semana próxima será investido lehendakari del Gobierno vasco Patxi López.
El acuerdo lo que quiere -y lo dice también expresamente- es dejar atrás políticas de confrontación, de división y enfrentamiento, mejorar la convivencia y avanzar en el asentamiento de la libertad y de la democracia en el País Vasco. Es un acuerdo que también quiere y sirve para dar estabilidad al nuevo Gobierno que tiene que impulsar el cambio democrático. En este contexto de acuerdo, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular hemos identificado como elementos para regular la política lingüística en materia de educación los que les voy a leer literalmente. Primero, libertad de lengua o libertad de opción lingüística por parte de los ciudadanos entre las dos lenguas oficiales.
Garantía de la libertad de la libre elección de lengua vehicular por los padres en la enseñanza de sus hijos. Segundo, aprendizaje obligatorio de la enseñanza de la otra lengua oficial distinta de la lengua de opción del ciudadano. Tercero, aprendizaje generalizado de otra lengua europea, especialmente el inglés, para facilitar la movilidad por Europa y por el mundo de las nuevas generaciones. Y dice nuestro acuerdo -y esto es lo que nos une-: Tenemos como objetivo alcanzar un bilingüismo integrador, para lo que se fomentará la utilización vehicular de las dos lenguas oficiales, su conocimiento y uso, en el respeto a la libertad de elección de lengua vehicular de las familias y contando con el criterio de los profesionales docentes. Y también dice el acuerdo: Derogación inmediata de aquellos artículos que, relativos a las lenguas, se contienen en los distintos decretos por los que se establecen el currículo de la educación básica, el de infantil y el de bachillerato por no respetar la propia Ley de la Escuela Pública y por haber surgido fuera de los consensos necesarios para hacer avanzar la política lingüística.


Señorías, señores del Grupo Socialista, yo me siento orgulloso y me siento esperanzado con este acuerdo político porque a nosotros nos preocupa la defensa del interés general y, naturalmente, nos preocupa trabajar para afianzar los derechos de todos. Pensamos que la política es un ejercicio permanente de diálogo y que la búsqueda del consenso y la capacidad de cerrar pactos es absolutamente indispensable. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Hemos acordado aquello que nos parece fundamental para la convivencia, para la libertad y para el progreso de los ciudadanos vascos. Nos hemos comprometido a derogar las normas que establecen el euskera como única lengua vehicular en la enseñanza y a seguir una política basada en las ideas que he referido. Una gran mayoría de españoles creen que este ha sido un buen acuerdo y por primera vez en mucho

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tiempo sienten envidia del País Vasco, y sienten envidian porque allí hemos sido capaces de aparcar las diferencias, de mirar lo importante, de centrarnos en las preocupaciones de los ciudadanos y de acordar. Yo les pido que extiendan esta voluntad de entendimiento, al menos en este asunto, porque es difícil explicar que lo que allí nos une, aquí nos distancia. Y más difícil es defender una idea en un sitio y la contraria en otro. Denle una oportunidad al consenso, háganlo por conveniencia, por convicción y por responsabilidad. A los demás grupos quiero insistirles en la oportunidad de esta toma en consideración y decirles que sinceramente busca hacer realidad un derecho, el de la libre elección de lengua en la enseñanza, y que lo quiere hacer no contra nadie, sino a favor efectivamente de que haya mejores y más oportunidades y que por encima de todo pretende recuperar la senda del consenso. Piensen que este asunto, antes o después -no sé cuántas veces lo vamos que tener que debatir-, será regulado, será abordado por estas Cortes Generales.
Aprovechen esta oportunidad y evitaremos que mucha gente siga pasándolo mal.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.


¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señores del Grupo Popular, a ustedes les importa un carajo, repito, les importa un carajo (Rumores.- Un señor diputado: Tampoco es eso.) que el equipo de expertos que evalúa para el Consejo de Europa la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales haya dictaminado que el sistema catalán es el mejor para el alumnado de zonas con dos lenguas oficiales. Repito, lo ha dicho el equipo de expertos que trabaja para el Consejo de Europea. El equipo de expertos dice que en los territorios donde hay dos lenguas, la propia, es decir, la lengua de encuentro -en Barcelona y en Cataluña ahora se hablan más de 200 lenguas-, y la lengua del Estado, dos lenguas que se encuentran en un mismo territorio, el sistema catalán es un sistema merecedor de todas las medallas (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor TARDÀ I COMA: Además, a ustedes no les importa en absoluto que el Parlamento Europeo haya alabado también recientemente, hace pocas semanas, la política lingüística del sistema educativo catalán y que haya rechazado el intento del Partido Popular de censurarlo, de condenar la inmersión lingüística. De hecho, el Parlamento Europeo les obligó a suprimir un párrafo en el que ustedes pretendían que quedara explícito que ningún escolar podía ser privado de la enseñanza en la lengua oficial del Estado y el Parlamento Europeo les dijo que nada de nada. Es decir, calabazas del Parlamento Europeo y calabazas del Parlamento español, porque recientemente la diputada Rosa Díez presentó una proposición de ley muy parecida en la argumentación y en los objetivos y fue rechazada, y mucho me temo que hoy solamente tendrán el voto de la diputada vasca Rosa Díez. De manera que, hoy por hoy, las cosas están de esta forma y además creo que es objetivo lo que les he dicho.


Nos sorprende también que ahora que parecía que el señor Rajoy quería transitar hacia una cierta moderación pueda más la catalanofobia del señor Pedro J. Ramírez, pueda más el etnicismo, el odio étnico del señor Losantos o la españolidad rancia del ABC. De hecho, ellos son los que a ustedes les van marcando la hoja de ruta y dejan sin argumentos al pobre señor Rajoy, que el día 23 de este mes, en San Jordi, hizo una excursión por Barcelona para aparentar una normalidad que no tienen, porque los últimos datos estadísticos dejan bien claro que ustedes son en Cataluña extraterrestres. (Rumores.) El 85 por ciento de la población catalana dice que les perciben a ustedes como extraños. (El señor Grau Reinés pronuncia palabras que no se perciben.) De manera que creo que hacen un mal servicio a la buena voluntad del señor Rajoy. El fantasma del señor Aznar, la factoría FAES, trabaja y creo que sabotea... (El señor Grau Reinés: ¡Señor presidente! ¡Señor presidente!)

El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, le rogaría expresarse en términos que no puedan ser entendidos como ofensivos. Quizá la palabra fantasma referida... (El señor Tardà i Coma se dirige a la Presidencia: Yo no he llamado fantasma al señor Aznar.) Perdón, he entendido... (El señor Tardà i Coma se vuelve a dirigir a la Presidencia pronunciando palabras que no se perciben.) Pues me agrada que no sea como lo he entendido y como quizá lo han entendido otros miembros de la Cámara. En ese caso, disculpe porque hemos de estar a lo dicho.


El señor TARDÀ I COMA: Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


El señor TARDÀ I COMA: Lo que resulta preocupante es qué ocurre en la sociedad española para que ustedes puedan ver que una política de este tipo les resulta rentable. Es decir, que ustedes trabajen en ese sentido no es baladí; lo hacen porque supongo que entienden que genera una posible rentabilidad política y electoral, lo cual, si fuera cierto, me lleva a pensar que la sociedad española está enferma. Existe un problema latente de catalonofobia y también de fobias a otras culturas, en concreto a la cultura vasca y a la cultura gallega, es decir, existe un nacionalismo agresivo, latente, un cierto castellanismo que creo que es propio de otras épocas y que no tiene nada que ver con la modernidad y

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ustedes, en vez de generar antídotos de fraternidad, de cultura, de modernidad, de tolerancia, lo que hacen es alimentar justamente todo lo contrario. ¿De qué hablamos, pues? Mire, se lo voy a decir, como decimos en catalán, ras i curt: hablamos de genocidio cultural y lingüístico, puesto al día, ciertamente, puesto al día, pero hablamos de genocidio cultural y lingüístico. Ustedes planifican a partir de las falsedades y, cuando se da la combinación de falsedad y planificación, siempre la historia ha demostrado que se acaba hablando de genocidio. La sociedad española, por desgracia -y lo estamos pagando caro- todavía no ha interiorizado lo que significó el genocidio lingüístico y cultural en el Estado español. Lo que ustedes hacen es explotar una ganga porque la sociedad española todavía no ha metabolizado este lastre histórico y esto lo pagamos todos, ustedes también. Todos lo pagamos. No ha habido una catarsis en la sociedad española, y como no ha habido una catarsis en este sentido ustedes se pueden permitir el lujo de presentar proposiciones de ley de este tipo. Ustedes también políticamente están detrás del famoso manifiesto. Les voy a leer un pequeño párrafo del manifiesto. Dice: Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo solo de la lengua autonómica lo suficiente para vivir cortésmente -para vivir cortésmente- con los demás. ¿Quieren mayor desprecio y mayor alegato a la supremacía? Aquí estamos hablando de teorías muy peligrosas como, por ejemplo, la teoría de la supremacía lingüística. En el siglo XXI esto no tiene cabida en una sociedad democrática avanzada como es la del Estado español. Ustedes quieren reducir -díganlo claro- la lengua catalana, la gallega, la vasca y otras lenguas al ámbito familiar. Se insultaba hace pocos días por las calles de una ciudad de Galicia a la lengua gallega diciendo que el gallego era para hablar con las vacas. Esto lo decían personas ligadas a su corriente política. Quieren reducir las lenguas no castellana al ámbito estrictamente familiar, lo que me lleva a recordar al general Álvarez-Arenas. ¿Saben quién era el general Álvarez-Arenas? Era el jefe de los servicios de ocupación en Barcelona. ¿Y saben qué dijo cuando tomó posesión en Barcelona? Dijo: Estad seguros, catalanes, que vuestro lenguaje en el uso privado no será perseguido. (El señor Grau Reinés: Y tenía razón.) Por cierto, sí que fue perseguido en el ámbito familiar, incluso se prohibió -que lo sepan- la lengua catalana para utilizarla en las conversaciones telefónicas. Y en el año 1976, el señor Suárez, hoy puesto en los altares de la democracia, ¿qué dijo? Que no concebía que se pudieran impartir clases de química nuclear -dijo química, pero se refería a física- en lengua catalana; que no le cabía en la cabeza. Lo dijo en el año 1976. Y el jefe del Estado, después de treinta años de reinado, todavía no ha sido capaz de hacer un curso de lengua vasca, de lengua catalana, de lengua gallega, y no será que los Borbones no tengan apego al ocio y al tiempo libre. (Rumores.-Risas.) No ha tenido tiempo. Y en el año 2001, el jefe del Estado dijo, un 23 de abril en los premios Cervantes, que no era cierto que la lengua castellana se había impuesto por la fuerza. Esto lo dijo el jefe del Estado. De manera que tenemos un problema. Que lo tuviéramos en 1939, de acuerdo; que lo tuviéramos en 1976, de acuerdo. ¿En el siglo XXI la sociedad española todavía no ha podido metabolizar este pasado? Este es el problema que tenemos.


Ustedes saben perfectamente que el sistema catalán de inmersión lingüística no solo persigue la supervivencia de una lengua minoritaria, minorizada y perseguida secularmente, sino que básicamente lo que pretende es, primero, evitar la segregación, porque en el País Valencià, donde no existe la inmersión lingüística, en la línea donde empieza el castellano, ustedes saben que allí van a parar todos los ciudadanos producto de las nuevas inmigraciones, y esto es muy peligroso. El sistema catalán, por ejemplo, persigue una verdadera igualdad de oportunidades y garantizar la misma competencia lingüística para todos los ciudadanos. No es posible elegir si previamente no se conocen ambas lenguas. Pero ustedes hacen oídos sordos una y otra vez a lo dicho repetidamente, la inmersión lingüística es el fruto... Ustedes no lo saben porque no estaban en la tradición democrática. Si no estaban en la tradición democrática; no estaban. (El señor Grau Reinés: Y corriendo.) La inmersión lingüística es el gran pacto no escrito de las clases populares catalanas para mantener y garantizar la cohesión social y, por ende, la cohesión nacional, pero previamente la cohesión social. Por eso somos inflexibles. Con nuestro pueblo no se juega. Es más, no se debería jugar con ningún pueblo.


La Unión Europea ha dejado claro que en un sistema donde funciona la inmersión lingüística la lengua minorizada acaba teniendo respecto al hablante la misma categoría funcional que la lengua no minorizada. En cambio, esto no se da respecto a los resultados en el otro caso.
Curiosamente, en los territorios donde la lengua es más frágil ustedes defienden el bilingüismo, pero en los territorios donde la lengua no es tan frágil su posición es totalmente contraria.


Antes les he hablado de la igualdad de oportunidades. Este es nuestro reto. No ocurre lo mismo en el País Valencià, no ocurre lo mismo en Navarra, incluso no ocurre lo mismo en las Illes Balears, por no hablar de otras lenguas; me refiero al asturiano, a la lengua tamazight, etcétera. Pero lo más preocupante es que ustedes no tienen ninguna intención de introducir en sus análisis las amenazas sobre las lenguas minorizadas: reducido número de hablantes, nuevos escenarios de la globalización, fenómeno emigratorio, resistencias del Estado a desarrollarse como plurilingüe -esta dificultad del Estado español para reconocerse como Estado plurilingüe- e, incluso, el mismo deterioro de las lenguas minorizadas desde el punto de vista lexical y desde el punto de vista más íntimo, es decir, desde el punto de vista sintáctico. Todo esto a ustedes no les preocupa en absoluto. Si quiere podemos hacer una larga relación

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sobre las resistencias del Estado a reconocerse como plural desde el punto de vista lingüístico, desde las doscientas reglamentaciones -repito, doscientas reglamentaciones- que existen en el Estado español para prohibir el uso del etiquetaje en las lenguas distintas al castellano hasta esta mentalidad colonial, como si estuviéramos en Argelia en los años sesenta del siglo pasado, de algunos funcionarios, por ejemplo, los jueces, que todavía hoy se resisten a conocer las lenguas distintas al castellano.


En todo caso, déjeme decir que antes había la consigna de una nación, una lengua, una religión; ahora se utilizan, como si fuera un cóctel, creo que muy peligroso, eufemismos como la cohesión territorial que, en definitiva, esconden otras perversiones. No se van a salir con la suya.
Pero, atención, tenemos un problema. Hay que conseguir que dentro de unos años propuestas como la del Grupo Parlamentario Popular suenen a estrafalarias. Y esto solamente tiene una receta: cultura, pedagogía, didactismo basado en la tolerancia para las nuevas generaciones, un Estado plural donde todas las lenguas tengan los mismos deberes y derechos; todas, en igualdad de condiciones.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


¿Desea hacer uso de la palabra, señor Alonso? (Asentimiento.) La tiene.


El señor ALONSO ARANEGUI: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Tardà, me ha dejado usted muy preocupado. Ha hecho usted una intervención que está fuera de cualquier decoro parlamentario y ha acreditado usted también unos niveles bajos de educación en la relación con los demás y en el respeto que se espera de su condición de diputado.


Le quiero decir que espero, no que usted modere el lenguaje porque parece que eso no es posible, pero sí que no pueda ser usted considerado, ni se considere a usted, ni se presente a esta Cámara como el exponente de las excelencias del sistema educativo catalán. No está usted, señor Tardà, en condiciones de presentarse de esta manera y tampoco en condiciones de presentarse como el paradigma de lo que son los catalanes, por muy extraños que le parezcamos nosotros, porque estoy convencido de que muchos catalanes, si tienen la oportunidad de ver su intervención aquí esta tarde, no desean nada parecido a eso. Yo he venido aquí a tender la mano al consenso y a hablar de libertad. Por lo visto también a que me la muerda el señor Tardà, porque ese es su carácter. No había venido yo aquí a darle la oportunidad al señor Tardà de que suba a esta tribuna a desahogarse, pero es lo que él ha querido hacer. La última vez que debatimos este asunto, por lo visto, también causó una profunda irritación y no entiendo por qué les irrita a ustedes y de qué tienen miedo y debería usted explicar por qué tiene miedo a la libertad, por qué tiene miedo a que la gente pueda elegir, por qué tiene miedo a que la gente pueda decir lo que verdaderamente siente. (Aplausos.) ¿Cree usted que está en condiciones de darme a mí -o a mi grupo- alguna lección de libertad o de democracia? ¿Por qué se cree usted que estamos luchando? ¿Por qué cree que hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista? ¿Por qué hemos cerrado un pacto con el Partido Socialista en el País Vasco? ¿No considera que son esas actitudes de intolerancia, que no permiten que haya una discrepancia, que quieren uniformizar y que tienen esa aversión profunda a la libertad, las que al final nos han llevado a muchos a comprometernos con la causa de la libertad y a dirigir nuestra vocación política? Es precisamente esa actitud y ese lenguaje agresivo.
Yo lo que quisiera es que podamos ir abriendo un tiempo distinto, que podamos quitar esa carga de agresividad al lenguaje y que podamos ofrecer algún argumento que esté más allá de la mera descalificación, porque yo aquí lo que he oído son descalificaciones, felizmente no ya a nosotros, a mi grupo parlamentario -que por supuesto-, incluso hasta el Rey, no ha dejado a nadie. Quizá no se ha referido al presidente de la Cámara -y ha hecho muy bien- para tener la seguridad de que podía continuar en el discurso, pero en lo demás usted ha procurado no dejar títere con cabeza en un discurso antiguo, cargado de prejuicios y de falsos tópicos.
Insisto en que hemos venido aquí a abrir una oportunidad para buscar una solución consensuada, para abrir un espacio a la libertad, para garantizar unos derechos, para perder el miedo de que la gente pueda elegir en qué lengua quiere matricular a sus hijos, para que la gente pueda ejercer su derecho a que los niños reciban sus primeras enseñanzas en su lengua habitual. Eso no es una cuestión extraña ni que no se deba debatir y, en todo caso, es una idea que, por mucho que venga de un adversario político, tiene que ser respetada.


Señor Tardà, la sociedad española no está enferma ni nosotros somos extraterrestres; lo suyo es un discurso que pertenece al pasado y que quedará en el pasado. Haga usted un esfuerzo, haga usted una reflexión personal e intente mirar hacia el futuro y verá que en el futuro lo que está es la libertad.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, tiene la palabra.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Que los verdugos aparezcan como víctimas y las víctimas como verdugos, hablo en términos históricos... (Protestas. El señor Grau Reinés: ¿Verdugos de qué? ¡Venga ya!) Tranquilos.


Vuelvo a empezar. (El señor Grau Reinés: ¡Calla, hombre!) Que los verdugos aparezcan como víctimas y las víctimas como verdugos demuestra precisamente que la sociedad española, en este sentido, está francamente enferma. Por ejemplo, hagamos una encuesta. Ahora no

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preguntamos a los catalanes, no preguntamos a los gallegohablantes, no preguntamos a los euskaldunes y preguntamos a los diputados socialistas y del Partido Popular si les parece estrafalario, por ejemplo, que el presidente de Euskadi no sepa hablar vasco. Es posible que no hayan reparado en ello. En cambio, un catalán, un vasco, un gallego seguramente habrán percibido como un gran dolor, como un gran dolor, que el presidente de su país no sepa hablar la lengua propia del territorio y lo habrán percibido como un gran dolor. No soy vasco, pero lo siento como si fuera mi dolor. ¿O es que el mal de lengua solamente lo tienen los castellanos? En cambio, posiblemente para ustedes..., pero no por mala voluntad, no estamos hablando de calidades éticas; estamos hablando de los lastres de la historia. Yo me refería a esto, a los lastres de la historia.


Señores del Grupo Socialista, no vale dejadez, no vale inhibición, no vale escaso entusiasmo. Hay que ser beligerantes con el plurilingüismo; no hacerlo siempre a contra corriente, cuando les aprietan, cuando les duele el calzado de la demoscopia, cuando andan faltos de complicidades.
Ustedes tienen la responsabilidad de modernizar también la sociedad española y, sinceramente, creo que hay una cierta dejadez. Me remito al proyecto de ley de lenguas de la pasada legislatura; se lo despacharon sin ningún tipo de diálogo ni de debate, ¡y eso que estábamos en aquel año 2004, en donde todo era ilusión recíproca! Señor Jáuregui, usted sabe que este es el gran escaparate de las libertades, y que si en este Parlamento durante tres, cuatro, cinco o seis años se hablara catalán, gallego, vasco y castellano, nuestros hijos, nuestros nietos, en cuatro días cambiarían su imaginario; absolutamente, radicalmente, la normalidad se impondría por encima de todos los prejuicios. Se lo ha pedido el señor Duran i Lleida, el señor Erkoreka, el señor Jorquera, Uxue Barkos, Coalición Canaria; todos le hemos pedido que podamos hablar aquí, al menos inicialmente, con la llamada fórmula Marín, y ustedes están mareando la perdiz. Hace tres semanas que nos dicen: Pásate mañana.


Pues bien, acción, actividad, protagonismo, porque si no vamos a dejar a los jóvenes de hoy un problema que no se merecen. Se merecen que sepamos metabolizar los pasados de enfrentamiento lingüístico. En la era de la telemática, en la Unión Europea, en donde la democracia se ha convertido en una delicatessen, no tiene ningún sentido que la derecha pueda venir aquí a tornar los roles, a hacer una tergiversación de la historia y pasar por los arietes de la libertad. Pues no. Ustedes persiguen lo que antes he dicho, puesto al día, pero se lo voy a decir otra vez: genocidio lingüístico puesto al día. Saben mucho ustedes; son muy modernos, muy viajados para según qué cosas. Para muchos ustedes no están a la altura de los tiempos. Y si se creen que los catalanes padecemos del mal de la estética, andan muy mal. Nuestra lengua es intocable. Y nosotros -y termino- estamos muy orgullosos de tener la lengua castellana como nuestra. Y estamos muy orgullosos de que el presidente de nuestro país sea un catalán nacido en Andalucía, de lengua materna castellana y que habla catalán. Es decir, lecciones, ni una; lecciones, ni una. Pueblo abierto, pueblo plurilingüe y pueblo que siente la lengua castellana como suya. Aquí no nos van a atrapar, porque ustedes saben que muchos de nuestros padres, muchos de nuestros abuelos, una buena parte de la población catalana tiene sus raíces en Castilla, en Andalucía, en Extremadura, etcétera. Es decir, trampas, ni una; no se las vamos a aceptar.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor Alonso.


El señor ALONSO ARANEGUI: Muchas gracias, señor presidente.


Muy brevemente, porque tampoco quiero que me vean mucho discutir con el señor Tardà por el qué dirán y porque, además, yo creo que el señor Tardà finalmente ha quedado plenamente desahogado con su intervención aquí esta tarde, con lo cual algún producto beneficioso, al menos para su salud, ha tenido mi intervención en la Cámara. Pero sí quiero aclarar alguna cosa.


Nosotros no vamos poniendo etiquetas a las personas porque entendemos que una sociedad de ciudadanos razonables, tolerantes, una sociedad abierta no etiqueta a las personas en función de sus circunstancias personales o particulares o de la lengua en la que habla, ni porque el lehendakari actual, Juan José Ibarretxe, o el futuro, Patxi López, no hayan -ninguno de los dos- conocido la lengua vasca en el momento de acceder a su cargo, porque verdaderamente también es cierto que la mayor parte de la población en el País Vasco no conoce el euskera y, sin embargo, lo ama y, sin embargo, lo considera también como una lengua propia. Eso lo consideramos de una forma normal; eso es tolerar.


Esta mañana ha venido el presidente Sarkozy y ha hecho un discurso ante las Cortes Generales en francés, y anteriormente nuestro presidente le había saludado con unas palabras pronunciadas en castellano. Podemos ir a otra Cámara, a otro Parlamento -donde también se supone que está residenciada la soberanía del pueblo y es el lugar donde se defienden nuestras libertades- y escuchar hablar en otras lenguas, en las lenguas también autóctonas de nuestro país, las demás lenguas españolas. En todos esos casos, lo importante, señor Tardà, de lo que ha dicho el señor Sarkozy, de lo que ha dicho el señor Bono, de lo que he dicho yo o de lo que ha dicho usted esta tarde aquí, lo importante no son las lenguas; lo importante es la inteligencia, lo importante es la razón y lo importante es el argumento que lleve la expresión oral. Eso es lo importante y para eso sirven las lenguas, para comunicarse, para trasladar ideas desde el respeto, desde la argumentación y desde la inteligencia. Y quiero, señor Tardà, que piense muy bien en esto que le he dicho, porque las lenguas son para entenderse y no para generar

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más división, más dolor y más incertidumbre y angustia en las familias.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.


Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Mixto me ha llegado la información de que deseaban hacer uso de la palabra la señora Barkos, la señora Fernández Davila y la señora Díez. ¿Es así? (Pausa.) En primer lugar, tiene la palabra doña Uxue Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.


Será efectivamente turno de fijación de posición, como corresponde a la diversidad de opiniones del Grupo Mixto, pero no por eso, señor Alonso, una posición en contra de esta diputada, si acaso, me gustaría que el tono fuera absolutamente cordial pero no menos apasionado -que lo sepa- que el del señor Tardà; igualmente apasionado.


Nos dice el señor Alonso -que es quien presenta la iniciativa del Grupo Popular-: ¿Por qué cree que hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi? Pues espero sinceramente y de corazón, por los ciudadanos de la Comunidad Autónoma vasca, que no sea por las políticas lingüísticas en la Comunidad Autónoma vasca. Y no voy a preguntar al portavoz, en estos momentos, del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara porque seguramente estaríamos muy de acuerdo. Señor Alonso, le recomiendo la lectura de la disposición final de la Constitución española. Léasela, inspírese en ella -mire que se lo recomienda una diputada de Nafarroa Bai- y tenga en cuenta que con ella en la mano y, desde luego, mediante una reflexión medianamente serena, seguramente no traerían una proposición como esta que nos traen hoy a la Cámara, me temo que inducida por otros miembros del Grupo Mixto y por la necesidad, a las puertas de elecciones europeas, de tomar una iniciativa que en nada -créame, en nada- les conviene de cara a Europa y mucho menos de cara a la construcción de la convivencia.


Mire si es absolutamente inoportuna la proposición que hoy nos presentan.
Se encuentra de visita estos días por el conjunto del Estado, pero fundamentalmente por algunas comunidades del norte del Estado, el comisario europeo de Multilingüismo señor Leonard Orban, que ayer mismo en Plamplona -capital de la circunscripción que represento- apostaba por el aprendizaje de idiomas diferentes -no solo el inglés- al existir en la Unión Europea -y cito palabras textuales- una riqueza enorme de lenguas que deberían ser aprendidas. Orban afirma que las lenguas minorizadas, como el euskera, deben tener un entorno que las proteja, ya que son las que más apoyos necesitan.


Señor Alonso, hoy, como ex alcalde de Vitoria-Gasteiz -créame-, ha hecho un flaco favor a aquellos ciudadanos que usted representó, y además creo que su sentido común le llevaría, en un entorno un poco más sensato y sereno, a llegar a acuerdos cuando menos de proposición y de discurso mucho más cercanos a lo que el señor Orban plantea y a lo que esta diputada defiende que a lo que usted ha defendido hoy aquí. Pero quiero terminar, el comisario europeo ha recordado que España se encuentra a la cola del ranquin en capacidad lingüística -esto ha sido ayer en Pamplona- en comparación con el resto de países europeos, y esto lo dice con la carta de las lenguas minorizadas en la mano, cuyo protocolo mayoritario firmó el Gobierno de la VII Legislatura, el Gobierno del señor Aznar, señor Alonso. Sepan ustedes muy bien que están trabajando exactamente en sentido contrario de aquello mismo que José María Aznar firmó no hace menos de seis años, señor Alonso.


Y termino, el señor Orban, de visita en una ikastola en Pamplona -en concreto en la ikastola San Fermín-, elogió el modelo que desarrolla la ikastola San Fermín, especialmente en su trabajo por las destrezas comunicativas. Hay que hacer énfasis en este tema y se podrá desarrollar y difundir esta fórmula, la de ikastola San Fermín, por toda España. Le voy a contar. Fui alumna desde los 3 hasta los 17 años de ikastola San Fermín, desde los 3 hasta los 8 una ikastola alegal, durante el franquismo. Creo que de la capacidad comunicativa de esta diputada en castellano pocos de ustedes tienen dudas; de la capacidad comunicativa de esta diputada en euskera, sinceramente para quien es hija de padres erdaldunes -no hablantes de euskera-, estoy más que satisfecha y agradecida a mis padres.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.


La señora BARKOS BERRRUEZO: Y termino, señor presidente. Y como madre de un alumno de ikastola San Fermín, señor Alonso, combatiré por él, por todos los alumnos, por todos los navarros y por todos los ciudadanos españoles por la capacidad que las lenguas tienen de ser no herramientas, señor Alonso -no herramientas, no se confunda-, sino herramienta de convivencia...


El señor PRESIDENTE: Señora Barkos.


La señora BARKOS BERRRUEZO: ... y esta iniciativa va exactamente en el sentido contrario de lo que centros como este desarrollan, proponen y al final...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos. Lo siento. Muchas gracias.


Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Señorías, tomo la palabra como diputada nacional. Señor Tardà, vasca pero no diputada vasca sino diputada nacional, que es lo que todos somos en esta Cámara. Tomo la palabra como diputada nacional para anunciar

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mi apoyo a la proposición de ley presentada y defendida por el Grupo Parlamentario Popular, para anunciar mi apoyo y además mi acuerdo con el texto y con la oportunidad. Tomo la palabra también para decir de entrada y en el breve tiempo que tengo -no podré después desarrollar la idea- que desgraciadamente hoy hemos vivido un debate sobre los sentimientos y no sobre los derechos, y yo voy a apoyar esa proposición porque defiende los derechos de los ciudadanos españoles en su conjunto, vivan en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco o en cualquier otra parte de España, los derechos básicos constitucionales, recogidos, entre otros y principalmente, en el artículo 14 de nuestra Constitución. Se trata de defender derechos: derecho a la libre elección y derecho a la no discriminación. De eso es de lo que trata esta proposición de ley, de eso es de lo que trató la proposición de ley que yo defendí el 17 de marzo -o algo así- desde esta misma tribuna: de defender derechos y no de contraponer sentimientos, señores diputados. Aquí no estamos para contraponer los sentimientos de unos frente a los de los otros, estamos para defender los derechos, y si un grupo político, un grupo parlamentario o un parlamentario cree que se están conculcando derechos, lo mínimo que puede hacer, cualquier grupo parlamentario que no esté de acuerdo, es contraponer argumentos y no adjetivos ni descalificaciones.
Ya somos todos mayores como para tenernos el respeto debido como representantes de la soberanía nacional. Usted, señor Tardà, o cualquiera de los diputados que votarán en contra de esta proposición de ley, podrá estar en contra de nuestra argumentación, podrá decir que no se están conculcando derechos de los ciudadanos, que no se está produciendo una situación en la que en España, desde las administraciones autonómicas y con el silencio y la aquiescencia del Gobierno de la nación, se está convirtiendo a los ciudadanos en ciudadanos de primera y de segunda, según conozcan o hablen la lengua de la comunidad, de quien manda en esa comunidad. Usted mismo lo ha dicho, le ha fallado el subconsciente. Usted ha dicho: Los vascos habrán visto con horror y como un drama a un lehendakari que no habla euskera. Señor Tardà, yo soy vasca, soy de las vascas que no hablan euskera, pero con los mismos derechos que los que lo hablan ¡y usted me ha calificado como una vasca de segunda! ¡Los vascos no, algunos vascos! ¡Yo también soy vasca! Igual de vasca que los demás y no lo he visto como un horror, lo he visto estupendo, qué quiere que le diga, pero no porque hable o no las dos lenguas, sino porque es un cambio, déjeme que se lo diga, ¡lo he visto estupendo! Pero no me importa en lo que hable, me importa lo que diga y cómo gobierne y me importa, que quede claro, que hoy estamos hablando aquí de una proposición de ley traída para defender derechos constitucionales, y por eso la apoyo, por eso tendrán mi apoyo desde el primer momento y por eso creo que es una proposición oportuna, que defiende derechos y que es siempre bienvenida en la Cámara. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor Alonso, es necesario reconocer que efectivamente el tono utilizado para defender su proposición de ley no es el que en otras ocasiones hemos escuchado hablando del tema de la lengua. Lo que ocurre, y permíteme que se lo diga sin intención de ofender, es que se trata de una proposición de ley que encubre una gran mentira como la que usted plantea en la medida en que habla de un problema que no existe, que no es real; por lo tanto, no tiene sentido que utilice usted esos términos, por muy democráticos que sean, en su defensa; no es un tono que nosotros podamos entender -independientemente de la suavidad con que usted lo hace- como adecuado desde el punto de vista democrático. Y le diré por qué. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia.)

Como le decía, al no ser real el problema, desde nuestro punto de vista lo que usted hace es una demostración del cinismo político que en realidad encubre una posición ideológica en la que se sustenta una política de imposición lingüística a los pueblos que en el Estado español tenemos lengua propia, y esto es lo que venimos sufriendo durante siglos, por ejemplo, los gallegos. Habla la señora Díez de derechos constitucionales y de libertad y, señor Alonso, señorías, nosotros hablamos de derechos que reconoce la Constitución también a los pueblos que tenemos lengua, no solamente para hablarla sino también para aprenderla en las escuelas, ytambién nos referimos a los derechos fundamentales, nos referimos a los derechos humanos a la hora de defender el derecho a hablar en nuestras lenguas.


Usted defiende el derecho a la libertad de elección de la lengua, pero si leemos lo que usted propone en la proposición que nos hace, eso cae por la borda por varias razones, porque a quien se le niega, desde el punto de vista que usted relata en su propuesta, el derecho a la elección es a aquellos ciudadanos que quieren elegir la lengua propia de su país, y como usted mencionó a Galicia, le voy a dar un ejemplo. Si resulta que a sangre y fuego se impuso el idioma castellano en Galicia, el hecho de que a partir de 1975 empezáramos a corregir una ignominia histórica que se hizo con el pueblo gallego; si a partir del año 1975, cuando es posible incorporar a nuestro sistema educativo la lengua propia del país, o galego, resulta que los defensores del castellano interpretan que el ejercicio del derecho de los gallegos a hablar en nuestra lengua es la negación de los derechos de los españoles o de los gallegos que hablan en español a ejercerlo, señorías, señor Alonso, lo que usted está haciendo no es defender la lengua castellana ni el español como así se recoge en la Constitución, lo que usted está haciendo es negarnos los derechos a nosotros a hablar nuestra propia lengua, porque su problema

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no existe pero el nuestro sí. (Un señor diputado: ¡No, qué va!) Seguimos siendo una lengua que no puede ejercerse en los mismos niveles que el castellano en nuestra propia tierra, en nuestro propio país.


Por lo tanto, señoría, por muy buen tono que usted emplee, realmente nos está negando un derecho y una libertad a los gallegos, a los catalanes y a los vascos, de eso no le quepa duda. Sé que no le cabe duda, lo tiene clarísimo.


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, doña Olaia.


Por parte del Partido Nacionalista Vasco tiene la palabra don Aitor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias.


Noticia de febrero de 2009: El resultado del conjunto de los tres modelos del sistema educativo vasco es significativamente mejor que en el Estado español. El fracaso escolar donde menos se da es en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Subtítulo: El éxito escolar del alumnado que estudia solo en castellano está por debajo de la media de Euskadi. Esto es, aquellos alumnos que estudian en los dos idiomas o en euskera tienen mejores resultados que quienes solo lo hacen en una sola lengua y solo dominan, al final -porque eso es lo que se ha demostrado últimamente-, una sola lengua; no llegan a dominar la segunda. El periódico El Mundo, que desde luego no es filonacionalista vasco, suele publicar todos los años, como bien conocerán las personas que están metidas en el mundo de la educación, un suplemento relacionando los mejores colegios concertados en España. ¿Saben ustedes cuál ha sido el colegio concertado que ha resultado en primer lugar en todo el Estado español durante los últimos tres años -dicho por el periódico El Mundo-? Una ikastola, señoras y señores, una ikastola donde se enseña en euskera, pero esos alumnos también hablan castellano.


Estos éxitos del sistema educativo vasco y del sistema educativo bilingüe es lo que pretende cargarse el Partido Popular en estos momentos, por cierto, también con la ayuda del Partido Socialista, porque el señor Alonso lo ha dejado muy clarito; presentaban esta moción, pero se ha pasado la mitad de su tiempo hablando del acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para el próximo Gobierno en el País Vasco. Reflejo de esto es lo que pretenden hacer ahí. ¿Qué tienen ustedes en contra del aprendizaje de otras lenguas, aparte del castellano, por parte de la gente? ¿Qué tienen en contra de que, según las estadísticas que hemos conocido este fin de semana, en los últimos veinte años se hayan incorporado 325.000 personas más al conocimiento del euskera, que dos tercios de los menores de 18 años sean bilingües, perfectamente bilingües? No valen esos tópicos que dicen: en algunos lugares del País Vasco hay niños que no pueden optar por el modelo de enseñanza. Eso no es cierto. Elegir el modelo de enseñanza es libre en el País Vasco, lo que pasa es que al repetir esos tópicos, al final, algo queda.


En su proposición -aparte de que técnicamente tiene fallos, algunos de los cuales luego señalaré- dicen ustedes que la lengua castellana y su literatura tendrán el tratamiento propio y el horario necesarios para garantizar que todos los escolares la comprendan. ¿Conocen ustedes a alguien que hoy sea monolingüe en euskera o en catalán? ¿Monolingüe en catalán o monolingüe en euskera? ¡Por favor! Yo sí estaría preocupado con el nivel de la lengua castellana, pero no por el nivel que puedan tener los niños y las niñas vascas que, como decimos, es donde menos fracaso escolar hay y que tienen un excelente dominio de las dos lenguas. Yo me preocuparía por otras comunidades, por ejemplo, Madrid, o por las cosas que estamos oyendo en la televisión todos los días. Programa deportivo.
Se acerca Messi, tira, lanza un balón contra la portería contraria y va fuera de la portería. ¡Qué ocasión falló!, dirá el comentarista. No, oiga, pretérito perfecto, pero compuesto: ¡Qué ocasión ha fallado! Y todo el rato estamos con el perfecto simple, antiguo indefinido. O eso otro tan de moda hoy en día: Qué sepáis... No, no, que sepáis, no. ¿Qué pasa, nos vamos a olvidar del imperativo en castellano? Sabed. Pero esto ocurre aquí. Sí, sí, preocúpense por el castellano, pero no es por el bilingüismo o por conocer otros idiomas por lo que se habla mal. ¿Cómo pueden decir que se utilicen en proporciones equilibradas el número de horas lectivas? El número de horas lectivas en castellano y en euskera en estos momentos, en lo que se refiere al idioma, al conocimiento de la gramática y de la literatura, en el País Vasco es el mismo. Es una situación de diglosia que, al fin y al cabo, es un bilingüismo, en especial cuando una de las lenguas goza de prestigio, privilegios sociales o políticos superiores, tal y como dice el Diccionario de la RAE. Esa lengua que goza de privilegios sociales o políticos superiores es el castellano. Si alguien necesitaría más horas para dominar mejor el idioma porque todo alrededor -en la atmósfera social, económica, política, juego o la televisión- está en castellano, sería el euskera.
Aun así el número de horas es el mismo y ustedes vienen aquí una vez más a no decir las cosas tal y como son. Dicen cosas porque ustedes se preocupan mucho del derecho de los castellanohablantes en todos los lugares del Estado, pero están señalando que se podrá establecer una planificación de la oferta escolar que tendrá en cuenta la realidad sociolingüística del entorno educativo y la población castellanohablante.
Ustedes lo que pretenden es que los castellanoparlantes tengan derecho en todo el Estado, pero en el ámbito educativo y en otros también quienes opten por el euskera, esos, queden confinados a sus reservas. Allí donde sea mayoritario el euskera sí, pero en otros lugares no. Oiga, si usted tiene la mala suerte de preferir el euskera pero vivir en Vitoria, fastídiese, porque hay que atender a la realidad sociolingüística; por tanto, aunque usted sea habitante, con todos los derechos teóricamente, de una comunidad autónoma como la vasca, usted no va a tener los

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derechos como vascohablante en todos los lugares de esa comunidad autónoma. Eso es lo que ustedes están pretendiendo con esta normativa.


Llegamos a decir cosas como que los alumnos puedan ser dispensados del estudio de la otra lengua cooficial, no ya de estudiar en la otra lengua cooficial; no, no, sino de estudiar otra lengua, de conocer otro idioma; aun estudiando en castellano, que tampoco esté obligado a conocer el euskera o el catalán. Dicen: aquellos que hayan iniciado estudios fuera de la comunidad autónoma o quienes acrediten su residencia temporal en la misma. No ya que puedan utilizar el castellano como lengua vehicular, no, no, estudio obligatorio de la otra lengua cooficial. Ustedes lo que pretenden es un derecho a no conocer, un derecho a no saber, un derecho a no ser más universales. (Rumores.) Sí, eso es lo que pretenden ustedes y el Partido Socialista. Que los alumnos sean separados en centros distintos por razón de su lengua habitual, desde luego es una redacción muy confusa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los centros educativos como las ikastolas, en los que la enseñanza es únicamente el euskera, deben desaparecer y ahora vamos a hacer una especie de colegios mixtos? ¿También va a pasar eso con el colegio francés o con el colegio inglés? ¿Qué tipo de redacción es esta? ¿Qué pretenden ustedes hacer realmente? Redacciones tales como: Los profesores y los alumnos, en el ámbito de la educación superior -ahora pasamos a la universidad-, tienen el derecho a utilizar oralmente y por escrito la lengua oficial de su preferencia.
Dicho esto así, ¿qué podría significar? ¿Qué quieren decir exactamente? Porque dicho esto así, el profesor me da clases en inglés y yo le contesto y le hago el examen en euskera o en castellano; o el profesor me habla en euskera y yo le contesto en castellano. ¿Quieren decir eso? Explíquense un poquito porque técnicamente también -técnicamente también- esta proposición es un auténtico despropósito. Aquí unos votarán hoy en contra -me dijo el Grupo Socialista que votará en contra de esta proposición de ley-, pero ya han firmado un acuerdo con el Grupo Popular para que esto que se plantea aquí en esta proposición de ley por parte del Grupo Popular sea una realidad en el País Vasco. El señor Alonso lo ha dejado muy claro. Ha hecho un reflejo y un paralelismo; su acuerdo allí supone lo que están diciendo en esta proposición de ley. Donde no había ningún problema, donde existía un modelo educativo modélico, ustedes le van a dar la vuelta de abajo a arriba y además pretenden crear conflictos sociales y lingüísticos donde no los ha habido. Quiero recordarles algo que a ustedes, a los socialistas, les gusta comentar, y es que el modelo educativo en el País Vasco fue el diseñado por el Gobierno cuando estaba al frente de la cartera de Educación el Partido Socialista de Euskadi, en concreto el señor Buesa. (Rumores.) Pues todo eso también lo quieren poner patas arriba. Eso es lo que va a pasar en Euskadi, y lo ha dejado muy claro el señor Alonso. Vamos a dejar atrás todo lo que habíamos avanzado, vamos a dejar atrás la cohesión que se había logrado en la sociedad, vamos a dejar atrás un mayor conocimiento de las lenguas y, por tanto, una mente más abierta y más universal y vamos a retrotraernos a tiempos que muchos, muchísimos, en general en España y más todavía en la comunidad autónoma vasca, no queremos recordar.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, don Aitor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem. (Rumores.)

Señorías, les rogaría que guarden silencio, porque es muy difícil escuchar al orador.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para anunciar sin mayor preámbulo nuestro voto contrario a la iniciativa que hoy nos plantea el Grupo Popular. Con nuestro voto vamos a expresar un no rotundo a un debate que ni se fundamenta en la realidad, en lo que sucede cotidianamente al menos en Cataluña, ni encuentra amparo en la legalidad vigente. Ni el Estatut de Catalunya, ley orgánica aprobada por estas Cortes Generales y refrendada por el pueblo de Cataluña, ni la Ley Orgánica de Educación, ni la interpretación dada a la normativa reguladora de los derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza por el propio Tribunal Constitucional amparan las pretensiones de la iniciativa que hoy estamos debatiendo.


Es una iniciativa que, como se ha señalado aquí, sigue la estela de la presentada, debatida y ampliamente rechazada hace escasas semanas por una diputada del Grupo Mixto, y a pesar de lo dicho por la propia portavoz del Grupo Popular en su presentación a los medios de comunicación, en el sentido de señalar que esta iniciativa no va contra nada ni contra nadie, ustedes saben perfectamente que esto no es así. Esta iniciativa es, por lo que a Cataluña se refiere, un torpedo a la línea de flotación de una de las políticas más exitosas y celebradas en la vertebración social y convivencial de la Cataluña democrática, una política felicitada y aplaudida por la Unión Europea, que es la política de inmersión lingüística, que se traduce en el campo educativo en que la lengua vehicular en la educación sea el catalán. La política de inmersión lingüística se basó en un consenso político, social y de la totalidad de la comunidad educativa; un consenso, como se pueden imaginar, complejo y muy elaborado, que fue impulsado por mi formación política, que tuvo el acuerdo de todo el arco parlamentario catalán y que ha sido pacíficamente implantado, tan pacíficamente que ni siquiera cuando ha gobernado el Partido Popular, sin y con mayoría absoluta, ha sido contestado o recurrido. Esto cobra especial importancia si tenemos en cuenta que la segunda ley de política lingüística es de 1998, en pleno Gobierno del Partido Popular. El modelo catalán tiene un triple objetivo: en primer lugar,

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desarrollar la competencia oral y escrita tanto en catalán como en castellano de todo el alumnado; en segundo lugar, fomentar la cohesión social y evitar la segregación del alumnado en dos comunidades lingüísticas, que sería precisamente lo que pasaría si prosperara la iniciativa que ustedes proponen y a la que radicalmente nos oponemos, porque los y las catalanas queremos ser un solo pueblo con independencia de nuestro lugar de origen y de nuestra lengua materna; y, en tercer lugar, con la inmersión lingüística se ha querido promover el uso del catalán en un contexto histórico y social en el que la lengua propia se minorizó política y socialmente.


La propuesta que nos plantean, por lo que se refiere a Cataluña, no se sustenta en ninguna base técnica, y les diré por qué. Con respecto a la lengua, el objetivo que se deriva tanto de la Constitución española como de la Ley Orgánica de Educación y de lo dispuesto en el Estatut de Catalunya es que todo el alumnado al finalizar la educación secundaria obligatoria debe haber alcanzado la capacidad de comprender y expresarse con corrección oralmente y por escrito tanto en la lengua castellana como en la lengua catalana en Cataluña. Este es el objetivo que marca la ley y el diseño del camino para conseguirlo es competencia de las comunidades autónomas, y en el caso de Cataluña se decidió -lo han decidido sus legítimos representantes- que ese camino se hiciera teniendo como lengua vehicular el catalán. Pues bien, con este sistema el objetivo del dominio del castellano no precisa en modo alguno de las propuestas de modificación que ustedes nos plantean, porque es un objetivo que se ha conseguido en plena igualdad con las comunidades autónomas que tienen una sola lengua. Efectivamente, desde que estamos sometidos a evaluaciones cara al informe PISA los centros escolares realizan estas evaluaciones y además desde el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya se recogen las comparaciones entre resultados de los centros catalanes y de los del resto del Estado. A la luz de ellos podemos afirmar que el sistema catalán atiende perfectamente a los objetivos requeridos en cuanto al dominio de las dos lenguas. Así aparece en el estudio que se publicó en el año 2006, que es el último que conozco, en el que se dice claramente que los resultados de las habilidades de comprensión oral y expresión escrita de la lengua castellana en Cataluña y en el resto del Estado de los alumnos de cuarto de educación secundaria obligatoria son prácticamente iguales; igual de buenos o igual de malos si se quiere, pero iguales. Por tanto, no hay ninguna base técnica que ampare sus pretensiones, pero además -y voy a la segunda parte de lo que ustedes proponen- no hay tampoco ninguna base jurídica que ampare el derecho individual a que la lengua vehicular sea el castellano en todas las etapas educativas. Así lo ha dicho claramente el Tribunal Constitucional en la sentencia 377/1994, dando respuesta a los recursos y al amparo solicitado por un ciudadano, cuya argumentación y solicitud era precisamente querer educar a sus hijos en castellano más allá de la educación primaria. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Con respecto al castellano dice que el deber constitucional de conocerlo y el derecho a usarlo no entrañan marginación o exclusión de las demás lenguas propias y cooficiales de las comunidades autónomas y añade que este deber no puede generar un pretendido derecho a recibir las enseñanzas únicamente en castellano. Con respecto al derecho fundamental a la educación dice que de este derecho fundamental no se desprende el derecho a recibir la enseñanza en solo una de las dos lenguas cooficiales de la comunidad autónoma a elección de los interesados. En cuanto al catalán como lengua vehicular y de comunicación en la enseñanza sentencia el Tribunal Constitucional que ello no contradice la normativa básica del Estado y que dicha determinación del catalán como lengua vehicular de la enseñanza no supone vulneración ni de la libertad, ni de la dignidad de la persona, ni del libre desarrollo de su personalidad. El sistema de inmersión lingüística atiende pues a los objetivos definidos en las leyes vigentes y es un sistema perfectamente constitucional.


Señorías, podría acabar aquí mi intervención porque los motivos que he dado son suficientes a mi juicio para rechazar de plano la iniciativa que nos ha traído hoy a debate el Grupo Popular. Sin embargo, desde Convergència i Unió no queremos bajar de esta tribuna sin denunciar la utilización política que se está haciendo del debate lingüístico.
Desgraciadamente parece que ir contra Cataluña y contra el catalán está teniendo un espacio político. Hace unas semanas fue la señora Díez. Hoy el Grupo Popular se apunta a este propósito de intentar arañar unos votos aunque sea a costa -como aquí se dijo- de alterar la paz lingüística. Se intenta hacer aun a costa de falsear la realidad porque nosotros negamos la mayor: no hay ningún conflicto de lenguas en Cataluña. Además el que va allí lo puede certificar. Todos estos asuntos que ustedes ponen sobre la mesa, ¿saben a cuántos se reduce? ¿Saben cuántas peticiones ha habido en Cataluña para escolarizar en castellano? Apenas una decena. Esta es toda la situación. Precisamente lo que se está haciendo es que se está creando un problema allá donde no lo hay, porque lo que aún hoy pasa en Cataluña es que se puede vivir perfectamente sólo en castellano, pero no se puede vivir sólo en catalán.


Quiero finalizar parafraseando lo que al respecto de la iniciativa de la señora Díez dijo mi compañero Jordi Xuclà hace escasas semanas. Dijo que puede que este discurso proporcione algún rédito electoral y quizás este sea incluso un espacio amplificado porque en él compite más de una formación política, pero deben tener en cuenta que este planteamiento socava profundamente las bases sobre las que han descansado treinta años de construcción de un Estado y de un país, Cataluña, en el cual hemos podido convivir personas con la lengua catalana como lengua materna y personas con la lengua castellana como lengua materna, y hemos podido convivir como lo que somos, un solo pueblo. Realmente lamentamos que

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ustedes, que son un partido de Gobierno, permitan que un elemento de cálculo electoral erosione las bases profundas de la convivencia y la integración en un Estado constitucionalmente pluricultural y plurilingüe.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Cándida Martínez.
(Rumores.) Señorías, les ruego que bajen el tono de las conversaciones.
Es muy difícil o bastante difícil escuchar al orador en la tribuna.
Muchas gracias.


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Aprende una lengua y evitarás una guerra. Así reza un proverbio árabe recogido por la Unesco en su programa Linguapax, y es que el conocimiento de una nueva lengua contribuye a la protección del patrimonio lingüístico y al entendimiento entre las comunidades y los grupos humanos. Señorías, hace apenas unas semanas se rechazaba en esta Cámara una proposición de ley con un contenido similar al de la que hoy presenta el Grupo Popular.
Llama la atención que dicho grupo presente otra versión de la misma ahora en el ámbito educativo y mucho más que pretenda modificar la Ley Orgánica de Educación, que alcanzó un amplio consenso político, social y educativo también en esta materia. ¿Qué sentido tiene, pues, esta proposición del Grupo Popular? ¿Acaso la lengua castellana no está garantizada en la actual legislación? (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia.) ¿Dónde están los estudios o informes que indican que los jóvenes españoles no conocen la lengua castellana para su uso efectivo oral o escrito? ¿Por qué el Grupo Popular quiere romper ahora un modelo que ha funcionado razonablemente bien en los últimos años, con logros evidentes para nuestra riqueza lingüística y cultural, reconocido incluso en otros momentos por el propio Partido Popular? Tal vez porque la cuestión lingüística pueda aparecer ahora ante sus ojos como un posible caladero de votos de determinados sectores, pero hay que prevenir un grave peligro, el de alentar la tensión y la discordia entre las distintas comunidades y entre la ciudadanía, peligro que de forma responsable y definitiva deberíamos atajar.


La Constitución española, los estatutos de autonomía, la legislación que se deriva de ellos, las leyes de educación habidas y las propias sentencias del Tribunal Constitucional han ido tejiendo un marco legal que está en la base de nuestra convivencia y del desarrollo en materia educativa que se ha hecho en relación con las enseñanzas de las lenguas oficiales. La realidad plurilingüe de España forma parte de nuestra pluralidad y no habrá verdadera unidad y de largo alcance si no es aceptando y conjugando de forma armónica, con diálogo y tolerancia, dicha pluralidad. Señorías, ni se ha roto España como algunos auguraban ayer ni la lengua castellana está en peligro como algunos o los mismos vaticinan hoy. La enseñanza de la lengua castellana está garantizada en nuestra legislación educativa para todas las comunidades autónomas donde hay lengua cooficial y allí donde no la hay. El Estado ha establecido las garantías básicas de igualdad y de deber del conocimiento del castellano al establecer en la Ley Orgánica de Educación la obligación de impartir la lengua castellana en la educación primaria, secundaria y en el bachillerato y también al señalar una nueva garantía en cuanto al horario de la asignatura del castellano. Así, pues, esta enseñanza está garantizada en todo el territorio y ha contado y cuenta con el impulso y el apoyo del Grupo Socialista. Ahora bien, el debate que el Grupo Popular trae a esta Cámara parece no estar referido al conocimiento real y efectivo que los jóvenes tienen de la lengua castellana, cuestión que desde el punto de vista educativo es lo que nos debería importar. ¿Acaso, como antes decía, se ha detectado que los jóvenes de las comunidades autónomas donde se usa la lengua cooficial como lengua vehicular de la enseñanza no saben hablar, leer o escribir en castellano? ¿Se han descubierto mayores problemas de comprensión lectora o de éxito escolar entre los jóvenes de esas comunidades autónomas? No consta en las evaluaciones publicadas, señoría, que los jóvenes que cursan sus estudios en comunidades con lenguas cooficiales estén por debajo de la media en resultados escolares. Puedo coincidir con ustedes en que la comprensión lectora tiene entre nuestros escolares debilidades que debemos corregir, pero ese es un problema que concierne a todas las comunidades, allí donde hay lengua cooficial y allí donde no la hay. Es más, los informes de la Unión Europea, de la Unesco y la investigación más avanzada en materia lingüística aconsejan afianzar el plurilingüismo en la escuela, pues un conocimiento intensivo de diferentes lenguas permite a los escolares un desarrollo mayor de competencias lingüísticas, textuales, discursivas y culturales. Estaremos de acuerdo con que el monolingüismo es una desventaja y que siempre es reductor. Hemos de reconocer que la libertad de la ciudadanía, esa a la que tanto se alude en estos momentos, tiene su base más sólida en el conocimiento. Es el conocimiento el que procura la libertad, no la ignorancia. Se puede elegir el uso de una lengua cuando se la conoce, no cuando se la ignora. El debate de la sociedad de hoy, señorías, el que nos están exigiendo los ciudadanos y ciudadanas, no es este sino cómo impulsamos el plurilingüismo en todo el sistema escolar, porque cuanto más lenguas aprende un ciudadano o una ciudadana comprende con mayor lucidez la lengua propia, se comunica con los demás en plano de igualdad y, lo que es más importante, aprehende otras culturas como estadio fundamental para el respeto a las mismas.


La proposición del Grupo Popular tampoco se refiere a este importantísimo debate, necesario en nuestro sistema escolar. Representa, señorías, una vieja resistencia a que el catalán, el euskera o el galego puedan ser utilizados como lenguas vehiculares en la enseñanza en todas

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las áreas y materias. Señorías, la jurisprudencia constitucional ha sido clara al respecto: corresponde a las comunidades con lengua propia adoptar la normativa para su uso y normalización. Es conforme, pues, a la legalidad vigente una práctica de normalización lingüística que implique la potenciación de la enseñanza, no solo de la lengua propia sino en la lengua propia de la comunidad que la tenga, y es conforme también a la legalidad hacerlo con las modulaciones que cada comunidad considere oportuno. En cuanto al pretendido derecho de los escolares a recibir las enseñanzas en castellano en todas las materias y etapas educativas, por mucha pasión que aquí se ponga, señorías, también ha sido rebatido por el Tribunal Constitucional en una sentencia, a la que hacía alusión la señora Pigem. Es una opción, en todo caso, de las comunidades, pero no están obligadas a ello. Además de la posición fijada por la jurisprudencia constitucional, desde el punto de vista educativo, social y cultural, esta propuesta que hoy el Grupo Popular trae así considerada puede acarrear repercusiones preocupantes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el derecho a ser dispensado de la obligación de estudiar una lengua cooficial se extiende también al inglés? ¿Por qué no? ¿O por qué no a la lengua castellana? ¿Cómo podemos presentarnos ante la ciudadanía con propuestas de esta naturaleza cuando estamos impulsando y prestigiando los centros bilingües, donde la lengua vehicular es el inglés o cualquier otra lengua extranjera?

Más allá de eso, señorías, quisiera poner de relieve la incoherencia que el Grupo Popular presenta en esta proposición. El Grupo Popular dice y hace una cosa cuando está en el Gobierno y otra cuando está en la oposición. Si su posición es esta de ahora, ¿por qué razón no la incorporó en la Ley de Calidad de la Educación? ¿Por qué no impugnó cuando gobernaba la Ley de Política Lingüística de Cataluña del año 1998 -la señora Pigem también hacía referencia a ella-, que establece que todas las áreas y materias serán impartidas en lengua catalana? Porque entonces el presidente del PP hablaba catalán en la intimidad, es decir necesitaba el apoyo de los grupos nacionalistas. (Rumores.-Aplausos.) ¿Por qué cuando el Partido Popular gobierna en algunas comunidades como Baleares se establece el catalán como lengua vehicular? El señor Alonso hacía referencia además a un problema que se había suscitado precisamente en Baleares -según él un problema- y que viene precisamente de esa normativa que se desarrolló cuando el Partido Popular estaba gobernando.
Señorías, léanse también el "Diario de Sesiones" y un discurso de la entonces ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, refiriéndose a los logros de la normalización lingüística y al pleno ejercicio de las competencias de las administraciones educativas en esta materia. No tiene desperdicio.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de esta proposición de ley y lo hacemos con plena coherencia. Para nosotros las lenguas y su enseñanza no pueden ser usadas para crear división y discordia. Tanto la lengua castellana como las lenguas cooficiales son lenguas a proteger, a enseñar y a cuidar. Forman parte de nuestra riqueza cultural, pero además este grupo respeta las competencias que las comunidades autónomas tienen al respecto y la regulación que hagan en función de su propia realidad. No creemos, señorías, un problema donde no lo hay. Por el contrario, procuremos que el diálogo entre las lenguas sea rico y también pacífico.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Martínez.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA DIRECTIVA 2007/23/CE RELATIVA A LA PUESTA EN EL MERCADO DE LOS ARTÍCULOS DE PIROTECNIA. (Número de expediente 162/000335.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA COMPETENCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA EN MATERIA DE MANIFESTACIONES CULTURALES Y TRADICIONALES Y EL USO DE MATERIALES PIROTÉCNICOS DE LAS MISMAS. (Número de expediente 162/000348.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, PARA PERMITIR A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SALVAGUARDAR LAS TRADICIONES CULTURALES PIROTÉCNICAS EN LA TRASPOSICIÓN DE LA CORRESPONDIENTE DIRECTIVA EUROPEA. (Número de expediente 162/000369.)

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Pasamos al punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. Vamos a debatir conjuntamente tres proposiciones no de ley: la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la transcripción de la Directiva 2007/23/CE, relativa a la puesta en el mercado de los artículos de pirotecnia; la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la competencia de la Generalitat de Cataluña en materia de manifestaciones culturales y tradicionales y el uso de materiales pirotécnicos de las mismas; y la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para permitir a las comunidades autónomas salvaguardar las tradiciones culturales pirotécnicas en la trasposición de la correspondiente directiva europea.
Estas son las tres proposiciones no de ley que

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vamos a debatir conjuntamente. En primer lugar, dentro del turno de los autores proponentes de las mismas, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista y para la defensa de su proposición no de ley la señora Muñoz Salvà.


La señora MUÑOZ SALVÀ: Gracias, señor presidente.


Subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para presentar y defender una proposición no de ley que, aunque sea una iniciativa que no afecta a toda la población y con acuerdo unánime, no por ello es menos importante. De hecho, se han presentado dos iniciativas más en el mismo sentido, una por Esquerra Republicana de Cataluña y otra por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), que se debaten, como ha dicho el presidente, de manera conjunta. He dicho que no es menos importante porque afecta a muchas personas y de manera especial, ya que en estas actividades festivas y de ocio los sentimientos individuales y colectivos se realzan. Prácticamente en todo el arco mediterráneo está instalada la cultura del fuego, incluidas las islas. De ahí la preocupación de muchos ayuntamientos que han resuelto, en sus respectivos plenos, trasladarnos su preocupación y petición de que la trasposición de la Directiva 2007/23, de 23 de mayo, no afecte al desarrollo de las manifestaciones culturales y festivas en las cuales se utilizan elementos pirotécnicos.


Ante la sensibilidad hacia las manifestaciones festivas y culturales con elementos pirotécnicos, el Grupo Socialista presentó una iniciativa en la que se recoge que se establezca una normativa específica diferente de la que se regula para el resto de material explosivo; que esta regulación, sin perjuicio de la seguridad pública, permita la continuidad de las costumbres y manifestaciones culturales asociadas a los elementos pirotécnicos y que se tengan en cuenta las opiniones e intereses de las comunidades autónomas, entidades locales y asociaciones culturales, estas últimas muy relacionadas constantemente con los ayuntamientos y también con las comunidades autónomas, en cuyos registros constan.


Por otro lado, las mociones que nos han llegado desde los diferentes ayuntamientos acordadas en sus plenos proponen que el Estado regule la trasposición sobre la base del reconocimiento de la singularidad de la cultura del fuego y de una regulación específica de los elementos pirotécnicos utilizados en dichas manifestaciones y para que las comunidades autónomas establezcan las fiestas y manifestaciones culturales que deben considerarse como tales para su preservación, es decir, que las comunidades autónomas tengan en cuenta las opiniones e intereses de estas. Se deduce, por tanto, que la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista incide, recoge y se preocupa en el mismo sentido que los ayuntamientos. Una regulación específica diferente de la que regula el resto del material explosivo ya demuestra el reconocimiento a la cultura del fuego. Además elaboramos la propuesta teniendo en cuenta que estas manifestaciones cumplen una función importante en la sociedad, mantienen y potencian la cohesión social, fomentan la integración, conservan las tradiciones, son también un elemento de promoción turística y promueven, en definitiva, la singularidad y la propia identidad como comunidad poblacional. Por ello, vaya todo el apoyo del Grupo Socialista a las manifestaciones culturales y festivas en las que se utilicen artículos pirotécnicos.


Al haber tres proposiciones no de ley presentadas, el estudio de estas condujo al Grupo Socialista a establecer los conceptos que realmente teníamos que apoyar. Ello lo hicimos sobre la base de las responsabilidades que se derivan de las competencias que tienen atribuidas tanto el Estado como las comunidades autónomas. La Directiva europea 2007/23, de 23 de mayo, propone que los Estados miembros regulen sobre las nuevas técnicas de fabricación, sobre la comercialización y la seguridad y, sin duda, se podría producir una distorsión en la celebración de estas fiestas si no hiciéramos incidencia en que la parte cultural y festiva se tuviera en cuenta y esto es lo que hacemos en este momento. Las comunidades autónomas, con la proximidad y el conocimiento de la realidad de estas manifestaciones culturales, tienen un papel importante a desarrollar, pero siempre hay que respetar las competencias de cada una de las administraciones. Una directiva solo puede ser traspuesta por el Estado miembro al cual obliga. Nuestra realidad responde al Estado de las autonomías y, por tanto, debemos encajar, equilibrar y adaptar la trasposición de manera coordinada con las responsabilidades que se derivan de las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas. Tanto los requisitos técnicos de fabricación de los elementos pirotécnicos y explosivos como la comercialización de estos son competencia plena del Estado. La puesta a disposición de estos productos también debe ser avalada por el Estado. La directiva europea distingue entre venta y puesta a disposición y uso. La manipulación de estos productos está totalmente relacionada con la seguridad de las personas y esta competencia también está en manos del Estado. Todo ello refuerza que el liderazgo de la trasposición de la directiva recaiga en el Estado, si bien es cierto que las competencias en materia cultural están totalmente transferidas a las comunidades autónomas, al igual que las competencias en formación. Respetando y avalando estas competencias, la trasposición tiene que tener en cuenta a las comunidades autónomas. Debemos regular de manera coordinada y corresponsable. Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos de que es necesario establecer una normativa. Todos somos conscientes -me refiero también a los ayuntamientos que nos han trasladado su preocupación- de que la normativa es necesaria, dado que los elementos pirotécnicos si no son usados adecuadamente pueden resultar peligrosos, aunque no queremos renunciar en ningún momento a las manifestaciones culturales y festivas objeto de este debate.


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Ante las tres proposiciones no de ley presentadas se ha producido un acto que creo que ha enriquecido el debate entre los grupos parlamentarios.
Hemos presentado una enmienda conjunta, en la cual ha participado el Grupo Popular. En esta enmienda se han comentado y debatido las características de las diferentes manifestaciones culturales y festivas con el uso de elementos pirotécnicos. De hecho, creo que han quedado recogidas las diferentes sensibilidades para cada administración desde las competencias que tienen atribuidas y que responden satisfactoriamente a la demanda social de continuar con dichas celebraciones. La enmienda está en manos de todos los portavoces.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Muñoz.


Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la diputada Montserrat Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el foc, el fuego es el protagonista de muchas fiestas populares y tradicionales en Cataluña; también en el arco mediterráneo, como muy bien ha dicho la portavoz del Grupo Socialista. Hoy, el fuego también va a ser el protagonista de este debate, porque la próxima trasposición de la Directiva europea 2007/23 puede hacer peligrar muchas de las fiestas que utilizan el fuego. Esta directiva tiene por objeto regular la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos e incide directamente en su uso recreativo o festivo, además de referirse también a su fabricación y almacenamiento.


Convergència i Unió quiere que se garantice la salvaguarda de las fiestas culturales y populares vinculadas al fuego en la trasposición de la directiva. Por ello ha presentado esta proposición no de ley para asegurar su continuidad. El fuego siempre ha producido fascinación. Se ha asociado a lo mágico, a lo misterioso, a lo desconocido y a la vez se ha utilizado como símbolo de lo malévolo, de lo peligroso. Precisamente, esa fascinación por el fuego y su distinta simbología ha hecho que fuera utilizado en muchas celebraciones de nuestros municipios, como antes he mencionado. Ello ha convertido nuestras fiestas tradicionales en un espectáculo verdaderamente singular. Así, por ejemplo, podemos hablar de los correfocs que acompañan muchas fiestas mayores, y, cómo no, de la Patum de Berga, cuyo origen parece ser que podría situarse a mediados del siglo XIV y que fue declarada obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la Unesco en 2005. También podemos hacer mención a muchas otras actividades relacionadas con la pirotecnia, por ejemplo, las colles de diables o las populares verbenas de Sant Joan.
Todas estas manifestaciones tan queridas y arraigadas en nuestros pueblos podrían desaparecer sin una adecuada y precisa trasposición de la directiva europea, porque prevé unas medidas de seguridad que en muchos casos haría inviables la mayor parte de las fiestas o celebraciones que he mencionado. Así, por ejemplo, se prevén unas distancias de seguridad que no tienen en consideración la ubicación de esos actos. Estamos hablando muchas veces de unas calles estrechas o incluso de plazas de reducidas dimensiones, como sería el caso de la Patum de Berga, donde la plaza en la que se lleva a cabo esa representación es de dimensiones realmente reducidas. Además, en la directiva se incorporan las prevenciones en las edades para manipular artículos pirotécnicos que harían peligrar, por ejemplo, la pervivencia de los tradicionales correfocs infantiles o incluso, una vez más, la Patum infantil de Berga.
Precisamente esas previsiones que pueden conllevar cambios drásticos en las fiestas e incluso su desaparición han hecho que muchos grupos de cultura tradicional, asociaciones, entidades, municipios se hayan movilizado para asegurar el mantenimiento de esas festividades e incluso que se aprobaran mociones en los ayuntamientos para que la trasposición de la normativa europea no haga desaparecer las celebraciones o representaciones vinculadas con el manejo de esos elementos pirotécnicos.


Pues bien, es nuestra obligación mantener la cultura de los pueblos porque es parte de la manera de ser de un país. Por ello, estamos satisfechos de haber llegado a un acuerdo transaccional con los distintos grupos parlamentarios para salvaguardar esas tradiciones. El fuego forma parte de nuestra cultura y es nuestra obligación protegerlo. No podemos perder el olor a la pólvora, el humo, la luz y el color o el fuego, el ruido estruendoso de nuestras fiestas. Les restaría su magia y tradición. No podemos permitirlo porque ello desluciría estas fiestas populares y tradicionales que forman parte -como antes he dicho- del carácter de nuestros pueblos y de su singularidad.


Así, en ese contexto, estamos satisfechos de haber consensuado esa enmienda transaccional que se ha presentado porque pone de manifiesto la voluntad de salvaguardar las tradiciones que en estos momentos podrían peligrar por la trasposición de la repetida directiva europea. La enmienda que hemos presentado nos satisface porque garantizará la conservación de la tradición cultural del fuego tan presente en Cataluña y otros muchos lugares. Concretamente, con la mencionada enmienda transaccional se pretende instar al Gobierno a tener en cuenta las especificidades y usos de la pirotecnia y cartuchería en actividades culturales y festivas reconociendo además que las comunidades autónomas establezcan las fiestas y actividades que deben ser consideradas festividades religiosas, culturales y tradicionales propias, así como los artificios de pirotecnia especialmente fabricados para esos usos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Con esta enmienda transaccional se garantizará que las comunidades autónomas puedan exceptuar los casos específicos que por su especial singularidad puedan suponer un caso aparte en la trasposición de la directiva y su desarrollo reglamentario y es

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importante que todo ello se haga salvaguardando la necesaria seguridad pública. Además, en cualquier caso se deberán tener en cuenta no solo las opiniones de las comunidades autónomas, sino que aquí también van a jugar un papel importante las asociaciones, los municipios y otras entidades que puedan resultar afectadas. En definitiva, estamos satisfechos con el contenido de la enmienda transaccional que finalmente se ha formulado porque recoge el objetivo que nosotros pretendíamos con la proposición no de ley presentada por mi grupo parlamentario. Ahora bien, esperamos que el Gobierno lo lleve a cabo en la forma estricta que prevé dicha enmienda transaccional.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.


Señorías, les ruego un momento de atención. Se encuentra en la tribuna de honor el señor presidente de la República de Colombia, don Álvaro Uribe Vélez. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie.) Le saludamos, señor presidente, desde la amistad secular que une a nuestras naciones y desde el reconocimiento del pueblo de España al pueblo de Colombia por su ejemplo de firmeza en la lucha por su dignidad y en contra del terrorismo. Sirvan, señor presidente, estas palabras para darle formalmente la bienvenida al Congreso de los Diputados y para desearle una feliz estancia en España. (Aplausos.)

Continuamos con la sesión. Para la defensa de la proposición no de ley correspondiente al Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Tardà. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Bienvenido, señor presidente de Colombia. Déjeme que también le reclame y la exija respeto a los derechos humanos en su Estado. (Rumores.) Muchas gracias.


Había tres años para hacer la trasposición de la directiva aprobada en el año 2007. De hecho andamos cortos de tiempo, tenemos prisa. Esta directiva generó una gran inquietud en el mundo cultural y del folclore popular relacionado con el fuego, que como ustedes saben está muy arraigado a lo largo del País Valencià, las Illes Balears, el Principat de Catalunya, de los países catalanes. Hubo incluso movilizaciones en favor de una trasposición que respetara el cultivo de la cultura popular relacionada con el fuego y debo decirles que la respuesta que dio el ministro Sebastián a una pregunta que le hizo nuestro grupo parlamentario hace ya unos meses fue satisfactoria, es más, fue muy satisfactoria, y recuerdo que así se lo dijimos al ministro Sebastián, puesto que la respuesta que él dio fue que tenía previsto hacer compatible la obligación de trasponer la directiva europea con el respeto de las fiestas populares. Es más, él asumió la necesidad de combinar los distintos intereses, intereses de carácter industrial -ciertamente hay que reglamentar el uso de los artificios pirotécnicos y de cartuchería separados del resto de explosivos-, pero a la vez asumía, incluso como ministro de Turismo, que la cultura popular era un factor catalizador de la economía -en este caso de la economía turística- y también asumía el reto de la conservación, la protección y la difusión de la cultura popular, de manera que cuando en el mes de febrero hicimos la pregunta debo decirles que la respuesta fue satisfactoria y ciertamente ya le decíamos al ministro Sebastián que era necesario ser diligentes, puesto que el plazo finaliza el 1 de enero del próximo año.


Mientras tanto nosotros hemos estado a la espera, pero ha sido una espera activa. Es más, nuestro grupo parlamentario presentó hace unas semanas una proposición no de ley en la Comisión de Cultura. ¿Por qué en la Comisión de Cultura? Porque nosotros sí hemos encontrado a faltar un poco más de actividad, algún pronunciamiento del ex ministro Molina. Cuando era ministro de Cultura creo que se le demandó y no hizo ningún amago -quizá porque tenía otros quehaceres más urgentes- a favor de actuar. Dicho esto, la verdad es que el compromiso del ministro señor Sebastián fue satisfactorio al menos para nuestro grupo parlamentario.
Pero no nos conformamos con esto. Presentamos una proposición no de ley que pretendía que las comunidades autónomas tuvieran la competencia, es decir, que la normativa estatal contemplara que tenían que ser las comunidades autónomas las que tuvieran la capacidad para reglamentar todas aquellas excepciones tanto relacionadas con el folclore popular del fuego -me refiero a la Patum en el Principat de Catalunya, las cordaes de Paterna por ejemplo, los correfocs y dimonis de las Illes Balears- como también aquellas otras fiestas populares, por ejemplo las verbenas, la de Sant Joan, la de San Pedro, etcétera, que forman parte de la tradición, de la cultura popular, de manera que tienen que ser las comunidades autónomas las que digan cuáles son las actividades folclóricas que deben exceptuarse y también cuáles son las fiestas populares no ligadas directamente al folclore pero que también deben quedar a salvo, porque ustedes saben que la directiva marca unas distancias, marca unas edades que acabarían de forma definitiva con este tipo de actividades. Por ejemplo, les puedo citar el caso de las comarcas catalanas bajo el Estado francés, donde como el Gobierno francés no ha hecho los deberes que era necesario hacer y que el Gobierno español dice que hará, hoy la actividad folclórica en Catalunya nord se ve resentida justamente por la directiva europea.


La transaccional lo que hace es asumir aquello que se aprobó a raíz de nuestra proposición no de ley, con lo cual empaquetamos el conjunto de demandas que hacemos al Gobierno español. Y otra más, porque no nos engañemos: esta directiva está concebida por personas del norte que miran al norte y que quizá no miren al sur, porque si no, francamente, si fueran más conocedores

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de la Europa meridional, quizá no hubieran hecho esta directiva, al menos en la forma como se ha redactado finalmente.


Decía que también tiene que ser competencia autonómica la capacidad para dar la formación a los infantes, a los adolescentes para que puedan seguir utilizando artificios pirotécnicos no a la edad que marca la directiva, sino a una edad muy temprana -como vemos en nuestras calles y en nuestras fiestas- teniendo en cuenta que tienen la formación de sus padres. Hablamos de centenares de comisiones falleras, centenares de grupos culturales que transmiten de generación en generación el uso de los artificios pirotécnicos. Estamos convencidos de que después de todo el trabajo parlamentario que se inició con la pregunta de nuestro grupo al ministro Sebastián en la sesión de control y que culmina hoy con la firma de la transaccional, ya no hay ninguna razón para que el Gobierno no pueda hacer los deberes tal como le requerimos.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Tardà, por favor.


El señor TARDÀ I COMA: Creo que es justo pedir que el Gobierno haga la trasposición respetando la actividad cultural y el folclore popular.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tardà.


A estas proposiciones no de ley se ha presentado una enmienda conjunta que han firmado los Grupos Socialista, Popular en el Congreso, Catalán de Convergència i Unió y Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Por tanto, tiene ahora la palabra en ese turno por el Grupo Popular la señora Seller.


La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de mayo de 2007 sobre la puesta en marcha en el mercado de artículos pirotécnicos tiene por objeto lograr la libre circulación de dichos artículos en el mercado interior, estableciendo unos requisitos esenciales de seguridad que deberán cumplir los artículos pirotécnicos para su puesta en el mercado. De este modo, la directiva impone unas obligaciones a los fabricantes, importadores, distribuidores y además a la fabricación y comercialización de estos productos, obligaciones que afectan específicamente a las características de funcionamiento, calidad y seguridad, así como a la información que se ofrece al consumidor.


Conocido el contenido y la finalidad de esta directiva, resulta necesario urgir al Gobierno para que, en el marco de la correcta trasposición de la misma, establezca una normativa específica para la pirotecnia y cartuchería, y que lo haga de modo y manera que venga a aprovechar las flexibilidades que la directiva ofrece, para que, en lo que respecta a nuestro patrimonio cultural, podamos seguir conservando nuestras fiestas y tradiciones en las que el uso de artículos pirotécnicos desempeña un papel medular. Así, la norma europea establece que en las festividades religiosas, culturales y tradicionales de los Estados miembros, los artificios de pirotecnia elaborados por el propio fabricante para su propio uso y que el Estado miembro haya autorizado para el uso en su territorio no pueden ser considerados como puestos en el mercado y, por consiguiente, no están sujetos a las disposiciones de la directiva. Sin embargo y aun con ello, la norma europea puede afectar de manera significativa a las fiestas tradicionales basadas en el uso de la pólvora, como ocurre en la inmensa mayoría de los municipios de la Comunidad Valenciana, a la que pertenezco, y de otras comunidades del Estado español. Especialmente nos referimos a las cordaes, correfocs, trabucaires, carretillas, etcétera, manifestaciones pirotécnicas todas ellas que son parte de nuestra historia cultural, merced a lo cual fueron objeto de tratamiento en la Comisión de Cultura, en donde mi grupo, en la persona que fue su ponente, señora Montesinos, defendió tal carácter tradicional de estas fiestas, por lo que no consideramos necesario extendernos más allá de lo que en el seno de dicha Comisión se debatió y consensuó y que en buena parte viene recogido en la enmienda transaccional firmada hoy por el Grupo Parlamentario Socialista, Convergència i Unió y Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo Popular. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Por otra parte, celebramos que haya sido recogida y reconocida en la citada enmienda conjunta la aportación de mi grupo parlamentario en lo referente al uso de fuego de menor entidad y el uso genérico de este por particulares, y ello porque consideramos que aunque solo fuese por economía legislativa, debe ser incluido en la futura regulación específica para pirotecnia y cartuchería, a fin de evitar posteriores modificaciones, además de que al uso del fuego de menor entidad, como son las citadas despertaes, correfocs o trabucaires, no le son de aplicación las órdenes ministeriales de 20 de octubre de 1998 y 2 de marzo de 1999, sobre manipulación y uso de artificios en la realización de espectáculos públicos de fuegos artificiales, quedando, por tanto, en la actualidad un vacío legal. Su inclusión en la regulación futura de la pirotecnia y cartuchería es, por tanto, muy conveniente, por cuanto tales fuegos de menor entidad son utilizados en espacios públicos que deben proteger los ayuntamientos y que entrañan además ciertos riesgos.


Por otra parte, consideramos un acierto, tal y como mi grupo ha solicitado en las enmiendas que finalmente hemos retirado, que se incluya en el apartado 4 de la enmienda conjunta que en la elaboración de la norma se dé audiencia no solamente a las comunidades autónomas, a las entidades locales y asociaciones, sino que también se dé audiencia al sector pirotécnico, a fin de tener en cuenta los intereses y opiniones en su conjunto, y en atención también a este sector que en la Comunidad

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Valenciana representa el 45 por ciento de la producción nacional y que supone además una treintena de fábricas que dan sostén a más de 3.000 puestos de trabajo.


Por lo demás, señorías, tengo que añadir que el acuerdo alcanzado nos parece razonable, aunque finalmente no contemple la creación de una comisión técnica jurídica, que tan oportunos y buenos resultados ha tenido en la Comunidad Valenciana. La creación de esta comisión únicamente hubiese posibilitado una mayor celeridad en la elaboración de una propuesta consensuada de reglamento de pirotecnia y cartuchería, favoreciendo la colaboración, cooperación y aportación mutua de soluciones de todos los sectores implicados sin exclusión de ninguno y no únicamente en el trámite de audiencia. Entendemos, por tanto, que aunque su ausencia no desvirtúa la transaccional, sí le priva de un vehículo eficaz para dar una rápida respuesta a la elaboración de la normativa que nos ocupa.


Hablando de la Comunidad Valenciana, señor Tardà, le aconsejo que deje de dar lecciones. Lo primero que debe hacer un demócrata es respetar la ley vigente. No hay ninguna comunidad en España que se llame País Valencià y los que como usted hablan de País Valencià en la Comunidad Valenciana, los que dicen esto, no alcanzan en las urnas ni un uno por ciento. Por tanto, señor Tardà, haga el favor en las próximas ocasiones de respetar nuestra propia identidad.


Por todo ello, señorías, mi grupo ha suscrito esta enmienda conjunta y ha procedido, por tanto, a retirar las enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Socialista por entender que el texto consensuado recoge no solo el espíritu de éstas, sino que incluye nuestras propuestas relativas a la preservación de la cultura y al sector pirotécnico en el proceso de elaboración de la futura norma y al uso de elementos de fuego de menor entidad hoy no sujeto a regulación alguna.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Seller.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, subo a esta tribuna con una doble satisfacción. Por un lado, la unión de todos los grupos parlamentarios en una iniciativa, que no solo hablemos de acuerdos cuando nos refiramos a fiestas; por otro lado, por algo importante para la isla de La Palma, isla que represento en esta Cámara, pues este acuerdo va a garantizar a futuro, después de esta iniciativa comunitaria, La danza del diablo en el municipio de Tijarafe, fiesta declarada bien de interés cultural, o El borrachito fogatero en Villa de Mazo. Existía en la isla preocupación por estas fiestas que han provocado iniciativas en el Cabildo de La Palma, en el Parlamento de Canarias y en otras instituciones defendiendo la tradición cultural, las manifestaciones culturales que se dan en las fiestas en los municipios de todo el Estado español. Hoy hemos hablado mucho aquí de las manifestaciones culturales en Cataluña, pero, como digo, también están presentes en la vida de Canarias, en La Palma. Insisto, siento satisfacción porque estoy completamente convencido de que el Gobierno hará caso a esta resolución consensuada por todas las fuerzas políticas y de que en la trasposición de la directiva se van a atender estas singularidades culturales que se van a preservar en el futuro. Nos gustaría también que en la preservación de esas manifestaciones se tenga en cuenta un hecho que a veces se nos escapa en esta Cámara y que casi siempre tenemos que recordar, que es el hecho insular. No solo el hecho insular sino la doble insularidad en los transportes del material pirotécnico. Esa directiva habla también del transporte de ese material.
La trasposición tiene que manifestar la realidad insular de Canarias o de Baleares y que se recojan esas singularidades en la misma.


Termino, señorías, con el convencimiento y la satisfacción por el consenso. Creemos que los tres grupos que proponen la iniciativa han hecho un esfuerzo notable, como se hizo en su día con la iniciativa del Grupo Socialista recientemente debatida en relación con la titulación media de los artistas falleros con una formación reglada tal como se planteó en aquel momento. Como decía, podíamos tener una formación reglada para artistas falleros y podíamos perder la tradición de Las Fallas en función de qué tratamiento diéramos a esa trasposición de la directiva comunitaria. Hoy nos hemos puesto todos de acuerdo y estoy seguro de que el Gobierno con las comunidades autónomas van a posibilitar el desarrollo de esas festividades, de manera que, como decía al principio, nuestra Danza del diablo, bien de interés cultural, o El borrachito fogatero se van a seguir celebrando en la isla de La Palma.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Solicito el criterio de los grupos proponentes, en primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Acepta el Grupo Socialista que se vote la proposición no de ley en los términos de la enmienda suscrita por los cuatro grupos? (Asentimiento.) Igualmente, le pregunto al Grupo Parlamentario Catalán (Asentimiento.) y al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Asentimiento.) Por tanto, en los términos de la enmienda que esta mañana aceptó la Junta de Portavoces se votarán estas tres proposiciones no de ley.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A REDUCCIÓN DE MÓDULOS EN EL IRPF E IVA PARA PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 162/000406.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular,

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relativa a la reducción de módulos en el IRPF e IVA para pymes y autónomos.


Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, tengo el honor de presentar hoy una iniciativa de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, en la que instamos al Gobierno a revisar los módulos aplicables para la determinación del rendimiento en el IRPF y en el impuesto sobre el valor añadido para los contribuyentes acogidos a estos regímenes especiales. Como explicamos en nuestra exposición de motivos, el régimen de estimación objetiva en el impuesto sobre la renta, así como el régimen simplificado en el impuesto sobre el valor añadido, se regulan anualmente mediante orden del Ministerio de Economía y Hacienda y persiguen simplificar la forma de tributación de los pequeños y medianos empresarios de forma que se simplifiquen sus obligaciones formales, calculando su rendimiento o beneficio obtenido mediante la aplicación de unos parámetros objetivos llamados módulos, en lugar de determinar su beneficio por diferencia entre ingresos y gastos realmente obtenidos en la actividad.


El Partido Popular siempre ha reivindicado la necesidad de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por ello todo lo que suponga ahorrar costes indirectos de llevanza de contabilidad a autónomos y pymes nos parece de primordial importancia en la consecución de este objetivo. Los módulos que determinan las cuantías de estos pequeños empresarios, en su mayor parte comerciantes, hosteleros y transportistas, también agricultores y ganaderos, y que determinan la cantidad que deben pagar anualmente a la Hacienda pública, están basados generalmente en parámetros objetivos como número de personas empleadas, superficie del local o kilovatios consumidos. En la orden recientemente aprobada el pasado 26 de noviembre no se han tenido en cuenta por parte del Ministerio de Economía y Hacienda los efectos devastadores de la crisis sobre el consumo y el empleo que estos autónomos están padeciendo en la actualidad y que está abocando al cierre a muchos de ellos. Baste recordar aquí que mil negocios al día están cerrando sus puertas, con el consiguiente incremento del paro, además de colocar a estos autónomos al borde del abismo, porque no tienen ninguna clase de protección social.


En este punto, me gustaría subrayar algunos datos reveladores de esta situación realmente dramática por la que atraviesan muchos autónomos y pymes. Según la encuesta elaborada por las Cámaras de Comercio, cuatro de cada cinco pymes que acudieron a una entidad financiera a pedir un crédito tuvieron problemas para obtenerlo. Además, estas empresas tienen serios problemas en el cobro a sus clientes, aumentando la morosidad a límites insostenibles. Señorías, 154.000 autónomos se han dado de baja en el último año en la Seguridad Social. A pesar de que Zapatero afirmó que la industria y los servicios tomarían el relevo de la construcción, la cifra de negocios tanto en el sector servicios como en el comercio ha caído en porcentajes significativos, después de un año de caídas significativas. Y la situación, con Zapatero al frente, no parece que tenga visos de mejorar, porque la única solución que parece aportar es incrementar más y más el gasto público, en lo que él denomina camino social para salir de la crisis.


Señorías, ¿hay algo más antisocial que dejar a una persona sin trabajo? Desde luego, para el Partido Popular, no. Por todo ello, mi grupo solicita una reducción de los módulos para los años 2009 y 2010, con un carácter coyuntural y sobre todo urgente, porque no encontramos de sentido común que estas pymes y autónomos sigan tributando a Hacienda por la misma cantidad que cuando sus negocios marchaban bien. Evidentemente, no pueden pagar lo mismo cuando su local tiene clientes que cuando está vacío, o cuando sus mesas están llenas de clientes que cuando están vacías. Una vez más, al presentar esta proposición no de ley el Partido Popular toma la iniciativa para intentar aliviar la situación de asfixia financiera que padecen nuestras pymes y autónomos que representan más del 90 por ciento de nuestro tejido empresarial y generan más del 80 por ciento del empleo.


Señores del Grupo Socialista, después de los últimos datos de la EPA que hemos conocido recientemente, ya no sirven las excusas ni los lavados de imagen con simples cambios de Gobierno. Hoy mismo tienen la oportunidad de demostrar que están dispuestos a cambiar de ritmo de verdad y tomar decisiones que España necesita de forma urgente e inaplazable, para que podamos dar confianza a nuestros empresarios y decirles que estamos todos los grupos de su lado. La crisis que padece nuestra economía es la crisis del paro. Hemos pasado de dos a cuatro millones de parados. Esta es una situación, a nuestro juicio, de auténtica emergencia nacional, porque detrás de estas cifras hay familias completas en situación de desamparo.
No creo que sea necesario repetir hoy aquí la lista de indicadores económicos y pronósticos sombríos que todos los organismos nacionales e internacionales publican casi a diario y que empeoran cada día las perspectivas futuras de nuestra economía.


El camino para encarar el futuro con optimismo no es acusar al PP de catastrofismo y antipatriotismo, sino decir a los ciudadanos de una vez la verdad y ponerse manos a la obra sin perder ni un segundo. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Con respecto a ese millón de españoles que ya han dejado de percibir la prestación por desempleo, el Grupo Parlamentario Popular le pide al Gobierno socialista que rectifique y reconozca la verdad, y hoy podría ser una oportunidad para hacerlo. Sin duda juntos podremos salir de esta crisis, pero el momento que vive nuestra economía requiere altura de miras, trabajo y compromiso. Por suerte, los tiempos están cambiando y

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la soledad del Gobierno en esta Cámara está posibilitando acuerdos con otros grupos políticos para que sea posible que prosperen nuestras iniciativas. Hemos superado los tiempos en que todo aquello que presentábamos era rechazado por el mero hecho de proceder del Partido Popular. Incluso el Grupo Socialista se suma a nuestras iniciativas para no quedarse solo. Hemos aprobado aquí propuestas importantes, a iniciativa del Grupo Popular, como la posibilidad de ingresar el IVA en el momento en que sean las facturas cobradas y no en el del devengo; o la de aprobar una línea de crédito ICO para facilitar el cobro de las facturas pendientes de pago por parte de administraciones locales.


Señorías, voy concluyendo. Estamos convencidos de que este es el camino porque ayudando a nuestras empresas conseguimos generar empleo y siempre hemos mantenido que esta es la mejor política social que nosotros conocemos. Por todo ello, pido al resto de los grupos políticos que voten nuestra proposición no de ley favorablemente y en todo caso intentaremos llegar a una enmienda transaccional con el resto de grupos políticos. Sin duda, todos los ciudadanos nos lo van a agradecer porque la actual coyuntura económica requiere que tendamos la mano y dejemos de ser populares, socialistas o nacionalistas y seamos por encima de todo políticos responsables.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Madrazo.


Para la defensa de las enmiendas que se ha presentado a la proposición no de ley en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.


El Bloque Nacionalista Galego ha presentado una enmienda en la que defendemos la sustitución del texto original por el siguiente: Instar al Gobierno a proceder en el plazo máximo de dos meses a la revisión de la orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 26 de noviembre, de forma que se adapte el método de cálculo de la estimación objetiva a las nuevas condiciones derivadas de la crisis económica, en concreto en lo referido a la evolución de las ventas a efectos de tributación en la estimación objetiva del IRPF y en el régimen especial simplificado del IVA.
Coincidimos con el grupo proponente en la necesidad de corregir el método de cálculo de los rendimientos para evitar algunas disfunciones acentuadas por el actual contexto de crisis económica. Estamos de acuerdo en que se deben primar elementos realmente objetivos en estimación de los rendimientos sobre otros menos fiables y que no tienen en cuenta las fluctuaciones de la actividad económica en un contexto de crisis como la actual, como es el número de personas empleadas, el número de vehículos ligados a esa actividad económica o la dimensión del local donde esta se desarrolla. Si optamos por establecer métodos de estimación más objetivos, no se puede prejuzgar, como hace la proposición no de ley en la parte dispositiva, que ineludiblemente hay que reducir las cantidades a pagar. Será así sin duda en la mayoría de los casos, pero puede ser a la inversa en algunos otros. La proposición no de ley en su propia exposición de motivos se apoya en estadísticas oficiales para ilustrar la caída que se ha producido en la ocupación y en las ventas del sector minorista, sin duda el más castigado por la crisis en lo que al sector de la distribución se refiere, para reconocer a continuación que, sin embargo, las grandes cadenas y las grandes superficies son los únicos modos de distribución que aumentan sus ventas minoristas, sin que este hecho haya motivado iniciativas por parte del Partido Popular para que estas últimas hagan un mayor esfuerzo fiscal.


Como ya hemos manifestado en múltiples debates en esta Cámara, no compartimos el discurso de proponer rebajas impositivas de cualquier tipo y condición sin evaluar el impacto que estas medidas tendrían en los ingresos del Estado y sin tener en cuenta criterios de justicia y progresividad, que son los que deben guiar siempre el sistema tributario.
En definitiva, coincidimos con el Grupo Popular en que los métodos de cálculo deben ser revisados, pero creemos sinceramente que la redacción que propone el BNG es más congruente con los objetivos y los principios antes expuestos. No obstante, en el proceso de diálogo que hemos mantenido distintos grupos en esta Cámara ha habido una aproximación de posiciones importante, que estoy convencido se sustanciará en una propuesta de transacción suscrita por todos los grupos, a los que el BNG sin duda dará apoyo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha presentado una enmienda de adición a la iniciativa parlamentaria defendida brillantemente por la diputada popular Ana Madrazo, en relación con la cual les digo de antemano que mi grupo la va a votar a favor, pues estamos totalmente de acuerdo con el objetivo que pretende, que no es otra cosa que aprobar una fiscalidad más adecuada a los autónomos, a las microempresas, a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores en general que hoy están tributando por un método fiscal, que es la estimación objetiva singular simplificada, que en estos momentos está vinculada a unos módulos, a unos índices de referencia que por la coyuntura económica, por la actual de recesión están quizá sobredimensionados. En algunas iniciativas que se han debatido en la Comisión de Economía y Hacienda hemos insistido en que existía un margen fiscal desde la perspectiva de la fiscalidad de las microempresas y de los trabajadores autónomos que permitía una cierta reducción de dichos

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módulos con el fin de lograr una fiscalidad más asequible para este colectivo de trabajadores autónomos, de microempresas y de emprendedores.
Ya hemos manifestado que vamos a votar a favor de esta iniciativa para conseguir una fiscalidad mucho más ajustada a la coyuntura económica actual.


Aprovechando que el Grupo Parlamentario Popular ha traído a la Cámara esta iniciativa, hemos presentado una enmienda de adición, que estamos intentando consensuar con el Grupo Parlamentario Socialista y con la que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego. En nuestra opinión, es importante que todas las formaciones políticas alcancen un consenso que recoja las sensibilidades del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como las del Grupo Parlamentario Popular, con el fin de que en un corto tiempo se plasmen en el Boletín Oficial del Estado. SS.SS. saben que el cielo está lleno de proposiciones no de ley y de mociones aprobadas por esta Cámara; que hay cantidad de mociones y proposiciones no de ley que se han aprobado en esta legislatura y en legislaturas pasadas que nunca ven el resultado final en el Boletín Oficial del Estado, que es donde realmente importa. En este sentido, pedimos que en el plazo de un mes el Ejecutivo articule todos los mecanismos necesarios para que esta iniciativa y las planteadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Bloque Nacionalista Galego figuren en el Boletín Oficial del Estado y en las que se plasmen las sensibilidades que -repito- son importantes para nuestro grupo parlamentario. En este sentido, ofrecemos la posibilidad de que el Boletín Oficial del Estado recoja una fórmula para que los autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas que estén afectas a la fiscalidad por módulos, no solo del IVA, sino también del IRPF y del impuesto sobre beneficios, puedan pagar sus obligaciones tributarias cuando hayan cobrado a sus respectivos deudores. Pensamos que es una iniciativa que va a beneficiar a este importante colectivo. Repito que, aparte de la cantidad de trabajadores y trabajadoras que desgraciadamente van al paro cada día, no hay que olvidar que hay muchísimas empresas y trabajadores autónomos que sufren la misma situación.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, la portavoz del Grupo Popular sabe que nosotros compartimos que en un momento de recesión y de falta de liquidez el Estado tiene que hacerse cargo de parte de la financiación y de los avales de la actividad empresarial, de que mejoren los plazos de pago o la capacidad de descontar en relación con los proveedores, y así hemos votado en esta Cámara. A su vez, no estamos de acuerdo con aquellos elementos que supongan una menor recaudación para hacer las políticas anticíclicas que requiere el momento. De hecho, yendo a los datos, lo que nos encontramos es que, por ejemplo, la media declarada en euros por contribuyente en el año 2006, los rendimientos de trabajo asalariado, era de 19.773 euros; los rendimientos empresariales y profesionales en estimación directa eran de 13.311 euros, una diferencia notable y bastante inferior al trabajo asalariado; o que el rendimiento empresarial y profesional en estimación objetiva aún era más bajo: 11.642 euros, unos 8.000 euros menos que el rendimiento de trabajo asalariado. ¿Qué demuestran estas cifras? Simple y llanamente que el rendimiento empresarial o profesional de estimación objetiva no funcionaba en época de expansión. ¿Qué es lo que podemos decir hoy? Hoy existe un problema, que ese modelo que sirvió para que determinados colectivos tributasen menos que el rendimiento de trabajo asalariado hoy hace que padezcan una situación asfixiante. Eso es cierto. Hoy autónomos y microempresas que por esa estimación objetiva se encuentran asfixiados, en algunos casos sin poder pagar los tributos.


Nosotros -así lo hemos recogido en la enmienda- estamos a favor de limitar al máximo la estimación objetiva. Les confieso que es una pretensión exclusivamente para aquellas actividades económicas cuyo destino final sea el consumidor, porque entendemos que las empresas o autónomos que tienen volúmenes de negocio entre 300.000 y 450.000 euros -esos son los topes marcados- podrían ir hacia otro modelo de negocio. Entendemos, por tanto, que deberíamos ir a la estimación directa y que lo que se aprobase en esta Cámara caminase hacia la estimación directa, exceptuando a aquellos colectivos como el tendero, el que está de cara al público o la microempresa, que seguramente tienen que continuar con el criterio de estimación objetiva. Hacemos una propuesta de impacto fiscal neutro y lo que nos preocupa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular es su parcialidad. Una parcialidad que va a solventar lo que hoy no funciona, pero que no tiene presente que no funcionaba en los momentos de expansión y que no comparte con nosotros la necesidad de esa fiscalidad neutra en un contexto como el actual.


Hoy hemos podido saber que la presión fiscal ha caído el 33 por ciento del producto interior bruto por el bajón de ingresos y el Plan Anticrisis; que la presión fiscal se ha reducido y no solo por el momento de recesión, sino por el cheque de los 400 o de los 2.500 euros, por las políticas fiscales del Gobierno, por la reforma del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sociedades. Desde esta tribuna se ha dicho que no es razonable bajar impuestos -lo han dicho diferentes portavoces socialistas- en momentos de recesión. Esa tesis no la comparte el Grupo Parlamentario Popular, no sabemos exactamente por qué. Aún es más insólito bajar impuestos en época de bonanza; y aún más insólito es bajar impuestos en época de bonanza y que tengan una afectación,

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como está teniendo esa disminución de ingresos, en época de recesión.
Estamos de acuerdo en que eso no tiene ni pies ni cabeza. Por eso hemos presentado esta enmienda y continuamos manteniendo, de forma coherente con lo que hemos dicho, con lo que hemos votado y con lo que hemos hecho, una proposición no de ley o un acuerdo que avance hacia la estimación directa. Nuestro grupo, en coherencia con lo que piensa y con lo que dice, no va a firmar la proposición no de ley pactada, porque entendemos que un elemento imprescindible es aliviar la asfixia que existe entre pequeñas empresas, autónomos, etcétera, pero caminar también hacia la estimación directa y bajar los topes de 450.000 euros.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Herrera.


En el turno de fijación de posiciones interviene en primer lugar por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo de forma extremadamente breve. La gravedad de la crisis económica está obligándonos a todos a repensar no sabemos cuántas cosas y a rehacerlas también en muchos casos. No veíamos por qué no iba a ser este el caso de una orden del Ministerio de Economía, la Orden 3413/2008, de 26 de noviembre, de forma que nuestro voto iba a ser favorable porque entendíamos que repensar está bien, era necesario rehacerla y, además, iba en la buena dirección de beneficiar a pymes y autónomos para que al menos tengan un cierto alivio, pero con esto tampoco se resuelven los problemas que en este momento les están afectando. Observamos que los grupos han llegado a un acuerdo transaccional, de lo que nos felicitamos doblemente por ir en la buena dirección y por ir además todos juntos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Beloki.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, señora presidenta.


Debo empezar diciendo que mi grupo, en su versión original, iba a plantear su rechazo total y absoluto a esta proposición no de ley. Debo decir que gracias al buen hacer del Bloque Nacionalista Galego y -debo reconocerlo- a la voluntad en este caso de llegar a un acuerdo del Partido Popular hemos logrado encontrar una transaccional que, en nuestra opinión, la podemos firmar porque se olvida del principal punto de la proposición no de ley que es lo que nos hacía rechazarla. Voy a explicarme. La proposición no de ley planteaba como punto único y, al parecer, como la única solución a los problemas del comercio minorista, la reducción, la rebaja indiscriminada de los impuestos que se pagan mediante la vía de módulos o estimación objetiva. Nosotros pensamos que esto es inaceptable, porque es errar en el diagnóstico de la crisis y errar en su solución.


Señorías, es cierto que tenemos 4 millones de parados en España. Es cierto también -añado- que en este momento están trabajando más de 19 millones de personas y mi grupo sabe que el empleo es nuestra principal debilidad y porque nos preocupa de verdad, porque nos preocupa de verdad, la acción prioritaria de este Gobierno ha sido frenar la caída del empleo. ¿Cómo? Salvando empleos. Por ejemplo, con un plan para el sector del automóvil que está dando resultados, piénsese en SEAT. ¿Cómo? Creando empleos.
Cuando en octubre del año pasado, en esta Cámara, aprobamos el Fondo estatal de inversión local estábamos creando más de 90.000 empleos y manteniendo más de 135.000; hasta ahora, y serán más. Estas son las medidas adecuadas que suponen el estímulo de la demanda, y no consiste en rebajar ingresos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos mantener y aumentar el gasto social, en la medida que sea necesario, y poner en marcha, como ya hemos hecho, un plan de estímulo de la demanda que sea muy potente.
¿Qué proponen ustedes o qué proponían? Proponían, como ayer y como anteayer, solamente rebajas de impuestos; eso sí, que no generen déficit presupuestario. Sé que les molesta que les preguntemos, cada vez que proponen rebajas de impuestos, que qué gastos quieren recortar. Les recomiendo que se lo pregunten al señor Feijóo, que con cierta frivolidad prometía en su campaña electoral rebajas fiscales en Galicia y en muy poco tiempo, en muy poco tiempo, ha aprendido que todo presupuesto tiene dos partes, ingresos y gastos, y que uno no se puede separar del otro. De momento ha aplazado sus medidas.


Señorías, ¿por qué creemos que la transaccional a la que hemos llegado es buena? Porque ustedes hoy han rectificado, ustedes han eliminado completamente la idea de rebajar impuestos. ¿Y por qué idea la hemos sustituido? La hemos sustituido por la idea de revisar la orden teniendo en cuenta la situación de crisis y teniendo en cuenta también qué es lo que ha ocurrido en la economía española desde la última revisión, que fue en el año 2002. Por tanto, señorías, sé que ustedes intentarán explicar en la prensa que han conseguido un gran triunfo y yo les diré que hoy todos, todos, hemos conseguido un gran triunfo, porque solamente trabajando juntos, solamente con propuestas razonables, solamente con propuestas que mantengan y nos permitan mantener nuestras políticas sociales de gasto público va a ser posible salir de esta crisis.


Señorías, ustedes dijeron no hace mucho que su enemigo era Zapatero.
Espero que no vuelvan a decirlo. Espero que a partir de ahora nuestro enemigo común sea la crisis. Combatamos la crisis, anticipemos la recuperación y, sobre todo -y a eso mi grupo sí se compromete-, vamos a ayudar a quienes más la padecen.


Gracias. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Colldeforns.


Señora Madrazo, a esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda transaccional que firman cuatro grupos, entre ellos el suyo, y al que no se opone ningún otro grupo. Por tanto, ese es el texto que vamos a pasar a votación.


Muchas gracias.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE REALIZACIÓN DE UN PLAN DE MODERNIZACIÓN Y REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000064.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre realización de un plan de modernización y reforma de la Administración General del Estado. Para defender la moción tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, deseo comenzar la presentación de esta moción recordando dos datos. Uno, el diferencial negativo de productividad entre el sector público español y los de la UE de quince miembros que en el año 2007 era del 5,7 por ciento del PIB. El otro, 4.010.700 parados, dato último del pasado viernes. Recuerdo y recojo ambos datos para insistir en una idea que fue central para que mi grupo presentara la interpelación urgente de la pasada semana y que es también central en la moción que hoy someto a su consideración y votación. Los polvos de aquella falta de productividad de la economía española en general, y entre ellos de la Administración española, de 5,7 por ciento del PIB como diferencial negativo sobre la UE a Quince en el año 2007 son los que nos han traído, en no poca medida, los lodos actuales de la crisis, los 4.010.700 parados. Evidentemente, hay muchas otras razones que explican esta crisis, empezando, si ustedes quieren, por el descalabro financiero e internacional. Pero, al menos para mi grupo, mientras esta sociedad y esta Administración no tomen esta crisis como propia, como resultado en no poca medida de las muchas cosas que hemos hecho mal todos, ni sabremos explicar la especial gravedad de la misma ni, sobre todo, seremos capaces de construir tras la crisis la economía y la sociedad prósperas y avanzadas que se requieren para estar a la altura de los desafíos y de las oportunidades del siglo XXI. Eso será un sueño si no se hacen las cosas a tiempo.


El concurso de la Administración en esto es una condición necesaria, no es una condición suficiente. Reconozcámoslo, al menos mi grupo tiene claro que la Administración, y más allá de la Administración la política en general, son percibidas hoy en demasiadas ocasiones y por no pocas razones con el paso cambiado respecto a la sociedad. No se percibe, no suficientemente, que la Administración y la política sufran como sufre la sociedad y la economía en tiempos de crisis. No se percibe que la Administración y la política se adecuen a los tiempos en la medida en que las empresas y los ciudadanos están obligados y deben necesariamente adecuarse. Esta moción no lleva a otro objetivo que al de corregir este paso cambiado y a que, efectivamente, la Administración y la política sean percibidos como caminando al paso de una sociedad y de una economía que hoy están en crisis y en obligada y profunda transformación.


Argumenté ya ampliamente, con motivo de la interpelación urgente, la falta de ánimo reformador de este Gobierno. Lo hice en base a una serie de argumentos que no voy a reproducir porque constan en el "Diario de Sesiones". Pero lo dije entonces y lo repito: si faltaba algún argumento para convencerse de esta falta de espíritu reformador, los términos en los que el presidente Zapatero hizo la última remodelación terminaron de iluminar, al menos a mi grupo, de que efectivamente la política camina entre nosotros con un paso cambiado con respecto a la sociedad y la economía. Nosotros creemos necesario reaccionar y para reaccionar hemos presentado la moción, para que en los próximos tres años -que son los tres años de legislatura que todavía quedan- demos aquí pasos sustanciales e importantes en el ámbito del personal, de la simplificación de los trámites administrativos, de la digitalización y de todo cuanto es necesario y obligado en un proceso de actuación clara, reformadora y modernizadora de la Administración. Queremos que se den pasos firmes y queremos que se dé una señal clara de que la política y la Administración perciben que efectivamente es tiempo de colocarse al paso de la sociedad, de la economía, de sus empresas, de sus trabajadores.


Este es el objetivo de la moción que no voy a explicarles a ustedes en sus detalles porque ustedes lo conocen, pero hay tres puntos en esta moción.
El primer punto va dirigido a exigirle al Gobierno que presente aquí a tiempo un plan; el segundo punto va dirigido a que ese plan empiece a ejecutarse en el presupuesto del año 2010, y hay un tercer punto que indudablemente es el más conflictivo en cierto sentido y sobre el que me gustaría explicarme brevemente.


No es fácil que la sociedad perciba el hecho de que nosotros efectivamente percibimos -permítaseme la repetición del vocablo- lo que la sociedad está padeciendo y sufriendo en este momento. Hacen falta gestos y nosotros hemos presentado en este tercer punto un gesto, lo cual no significa en absoluto que sea un gesto que resuelva los problemas, que sea el final de ningún

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camino; simplemente quiere ser un mensaje: la voluntad y decisión de un gobierno de caminar al paso de la sociedad. Lo pudo hacer el presidente en concreto con la reciente remodelación -no lo hizo- y nosotros creemos necesario que lo haga.


Voy a aprovechar los minutos finales de mi intervención para agradecer a los distintos grupos parlamentarios que hayan presentado toda una amplia gama de enmiendas a nuestra moción. Debo reconocer que este agradecimiento no es un cumplido, que efectivamente muchas de las enmiendas presentadas mejoran el texto presentado por mi grupo y, si los procedimientos parlamentarios nos lo permitieran, estaríamos muy abiertos a poder aceptar distintas redacciones presentadas por distintos grupos.
No obstante, estaba en el propósito de mi grupo -y sigue estando- que vayamos a una votación separada de los tres puntos, lo que de alguna forma obliga por procedimiento parlamentario a que no podamos aceptar ninguna de las enmiendas. Pido esta comprensión a los grupos a los que, al mismo tiempo -como digo-, agradezco las modificaciones y las enmiendas que han presentado porque en bastante de ellas -si no en todas- existe una mejora del texto propuesto por mi grupo, pero en lo sustancial tiempo habrá para afinar. Ahora es tiempo para echar a andar, echar a andar con paso decidido, y eso es lo que hoy someto a su consideración y votación.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.


Para defender las enmiendas que ha presentado a esta moción el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, comparezco en nombre del Grupo Popular en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, en primer lugar, para decir que es una moción relativa a un tema de actualidad necesario, justo y apropiado que coincide con los términos del discurso y del programa del Partido Popular y del Grupo Parlamentario Popular y al cual hemos presentado una serie de enmiendas -como bien saben el señor Beloki y los miembros del Grupo Parlamentario Vasco- para intentar mejorar el texto. Señorías, la Administración General del Estado necesita una reforma; necesitamos saber dónde estamos y hacia dónde vamos y cómo queremos hacerlo, sobre todo en unos tiempos de crisis económica y social como los que está sufriendo España.


En muchas ocasiones se están llevando a cabo -al final hablaré de ello- remodelaciones del Gobierno que provocan un tránsito de funcionarios de los nuevos o refundidos departamentos ministeriales que se hace sin ton ni son, que no se sabe por qué se hace sino simplemente porque se cambia de departamento ministerial y se traslada a los funcionarios. Y no sabemos -porque ni el propio Gobierno lo sabe porque no ha hecho un plan de recursos humanos de la Administración General del Estado- qué funcionarios son necesarios en cada departamento ministerial. Coincidimos plenamente, porque es nuestro argumento también, en que es necesaria una administración más eficaz, que dé mayor eficacia a sus actuaciones, de más calidad, de mayor eficiencia y de mayor austeridad, y me referiré a este punto al final de mi intervención. Pero es que además necesitamos una administración moderna, que reduzca procedimientos administrativos.
Hoy en día hay procedimientos administrativos que son absolutamente innecesarios, a los ciudadanos se les pide y se les solicita documentaciones que tiene la propia Administración y que podría facilitar, y ello va en consonancia con la aplicación de las nuevas tecnologías de las cuales ha hablado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Esas nuevas tecnologías hay que ponerlas en marcha pero hay que aplicarlas de verdad, con rigurosidad y con presupuesto, con dinero, que es lo necesario.


Quiero referirme -porque hay poco tiempo- al último punto de la moción.
Nosotros habíamos presentado una enmienda en la que instábamos al Gobierno a que redujera el número de asesores, de altos cargos y de personal de libre designación porque hay que decir una cosa muy clara: este es el Gobierno más caro de toda la democracia. Y con 4 millones de parados -como bien ha dicho el señor Beloki- que hoy tiene España es muy difícil explicarles a los ciudadanos que el señor Rodríguez Zapatero, cuando ha hecho la remodelación del Gobierno, en vez de reducir gastos y reducir ministerios lo que ha hecho ha sido incrementar gastos, incrementar en una vicepresidencia del Gobierno para realizar un trabajo que antes estaba llevando a cabo un secretario de Estado, con los costes que conlleva una nueva vicepresidencia del Gobierno. No ha reducido ni un solo alto cargo, no ha reducido nada de personal de confianza, no ha reducido a sus asesores, no ha reducido ni un solo ministerio, lo único que ha hecho es gastar más y malgastar el dinero de los españoles. Y es muy difícil explicar a ese millón de familias que tienen a todos sus miembros en el paro que este Gobierno, presuntamente social, se dedica a gastar el dinero de los españoles en crear más altos cargos, en crear vicepresidencias y no en ahorrar y precisamente esos ahorros poderlos dedicar a políticas sociales. En estos momentos lo que España necesita es un gobierno austero, un gobierno que ahorre, un gobierno que de verdad haga políticas sociales y que no diga que hace políticas sociales cuando lo que hace es recortar las políticas sociales a través de modificaciones de los presupuestos, como está llevando a cabo el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Pero esta es la necesidad que tiene España y por eso es ajustada y apropiada a esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Vasco, porque España necesita en estos momentos austeridad, eficacia en nuestra Administración, eficacia en la modernidad de nuestra Administración, eficacia para prestar a los ciudadanos el mejor servicio desde la Administración y sobre todo en una época de crisis. Por lo tanto este

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grupo parlamentario, que solicitará en su momento la votación separada, manifiesta su apoyo favorable a la mayoría de las propuestas que se contienen en la moción.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Merino.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.


Todos los grupos de esta Cámara y el Gobierno coincidimos desde hace tiempo en la necesidad de reformar y modernizar la Administración General del Estado y casi siempre coincidimos en que hay cuatro criterios indiscutibles: la austeridad, la eficacia, la eficiencia y la calidad. En Esquerra Republicana reconocemos los esfuerzos que ha realizado el Gobierno y los que está realizando, aunque a veces pensamos que se queda a medio camino, y como ejemplo la Ley de acceso a la Administración electrónica. La legislatura pasada se aprobó la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en junio de 2007, y esta ley la vemos como un claro avance y lo reconocemos pero incorpora elementos inquietantes, eso de quedarse -como decía antes- a medio camino. En su disposición final tercera, sobre la adaptación de las administraciones públicas para el ejercicio de derechos, establece que en el ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de esta todos los derechos reconocidos podrán ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de 2009, pero en cambio en el ámbito de las comunidades autónomas y entes locales solo podrán ser ejercidos siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias.


Al margen de este ejemplo concreto, estamos aquí para posicionarnos respecto a la moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco. Lo que hace el Partido Nacionalista Vasco es exigir en su moción un calendario de actuaciones y Esquerra Republicana está de acuerdo, es la línea que siempre hemos manifestado y por eso hemos presentado una enmienda que ya ha anunciado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco que, al igual que el resto de enmiendas, no va a ser aceptada. Esquerra Republicana en su programa electoral ya lo ha manifestado, también dijimos cuál era nuestra posición con claridad en la discusión de los Presupuestos Generales del Estado, donde, por cierto, entonces el Partido Nacionalista Vasco no abanderó esa necesidad, seguro que la tenía en mente pero no la explicitó, y entendemos en mi grupo que todos somos muchas veces prisioneros de contextos políticos determinados.


En fin, Esquerra Republicana proponía ya en el programa electoral para estas elecciones -y, repito, en la discusión de los Presupuestos Generales del Estado- adelgazar el Estado con la supresión de ministerios, por lo tanto somos coherentes en nuestra posición en el día de hoy. Creemos que la estructura de la Administración General del Estado no ha sido adaptada a la realidad de un país descentralizado y la consecuencia es que la maquinaria estatal permanece hinchada, a nuestro juicio, pese a los traspasos hechos a las comunidades autónomas. Cuesta entender qué es lo que hacen los centenares de funcionarios y de altos cargos que todavía hay en ministerios como Vivienda, Cultura o Sanidad cuando ya han sido traspasadas a las comunidades autónomas la inmensa mayoría de sus antiguas atribuciones. El portavoz parlamentario de nuestro grupo, don Joan Ridao, ha apuntado -y cito literalmente- en más de una intervención suya en esta Cámara que en el caso de Sanidad al ministerio solo le corresponde ahora mismo la planificación general y la ordenación del sector farmacéutico, lo que no justifica la estructura que aún conserva. Y en cuanto al Ministerio de Cultura, aún nos seguimos preguntando, por ejemplo, por qué y para qué siguen existiendo algunos servicios culturales como archivos y bibliotecas provinciales en manos de un ministerio de Cultura cuando las competencias están residenciadas en las comunidades autónomas.


Para garantizar una administración del Estado eficiente y dimensionada adecuadamente al actual marco competencial, en Esquerra Republicana pensamos que debería fijarse un plazo realista para que el Estado efectúe una estimación de sus necesidades de personal y de recursos en función de los servicios que presta. De esta estimación estamos seguros que se derivaría, si se primasen los criterios antes mencionados de austeridad, eficacia, eficiencia y calidad, la necesidad de hacer esta Administración General del Estado más liviana. Pongamos un ejemplo más: cuando en algunos estatutos de autonomía se prevé la existencia de agencias tributarias parece razonable que se descentralice la inspección, que no se dupliquen los trabajos; si las comunidades autónomas tienen competencias en materia de consumo, parece lógico pensar que los organismos de arbitraje del mismo deberían estar en manos de las comunidades autónomas que son, no olvidemos, Estado.


Nuestro grupo ha presentado una enmienda de modificación que completa, a nuestro juicio, la propuesta del Partido Nacionalista Vasco al introducir el plural en la propuesta de supresión de ministerios, en coherencia con la trayectoria de nuestro grupo que he resumido antes, y al resaltar como segunda aportación el respeto a las competencias de las comunidades autónomas como fundamento para cualquier actuación en el campo que nos ocupa, la moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, lamentando que nuestra enmienda no pueda ser aceptada, como hemos oído que se va a votar por separado, estamos básicamente de acuerdo con el contenido de la moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Señorías, intervengo brevemente para defender la enmienda presentada al punto 3 de la moción defendida por el Partido Nacionalista Vasco y para contextualizarla. Estoy absolutamente a favor de que tengamos no solamente un debate, sino que adoptemos medidas de austeridad, de modernidad, de eficacia y de eficiencia en la Administración del Estado, en todas las administraciones, no solo en la Administración central, sino en el conjunto de las administraciones, en la autonómica y en la municipal. Por eso mi partido ha presentado una proposición no de ley, que en algún momento discutiremos, precisamente sobre esas reformas necesarias en el conjunto de las administraciones públicas. Por tanto, estoy de acuerdo en la filosofía general, aunque se limite exclusivamente a la Administración del Estado, pero no puedo estar de acuerdo en la formulación del punto 3 de la moción planteada por el Partido Nacionalista Vasco, porque la eficiencia, el tamaño del Gobierno de la nación es algo sobre lo que podemos discutir, debemos discutir y además es algo sobre lo que los ciudadanos luego sancionan lo que ha hecho el presidente del Gobierno, pero la capacidad para hacer el Gobierno la tiene el presidente del Gobierno y no los Presupuestos Generales del Estado.


Sabe usted, señor Beloki, que yo tengo una idea, una posición sobre lo que debieran ser las competencias del Estado. En la idea que yo tengo de cuáles son esas competencias que debe ostentar el Gobierno de la nación, precisamente desde la perspectiva de defender los derechos de los ciudadanos de manera más eficaz, le corresponderían muchas más competencias que las que ahora tiene. Estoy de acuerdo con usted en que el Gobierno, este, los autonómicos, los municipales, deben de adaptarse a las competencias que gestionan. Por eso he presentado una enmienda planteando esa cuestión, que debe de adaptarse el tamaño, y por tanto los ministerios, a las competencias que gestionan, sin entrar en el debate de si son muchos o demasiados los ministerios que en este momento tiene, posición al respecto la mía que también es conocida, pero no me parece que a través de los Presupuestos Generales del Estado se deba corregir lo que es una competencia constitucional del presidente del Gobierno, de los presidentes de los gobiernos autonómicos y de todos los que tienen la capacidad para hacerlo constitucionalmente de esa manera.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene ahora la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño para no perder tiempo y para decir que compartimos la filosofía que contiene la moción consecuencia de interpelación. Sigue siendo una asignatura pendiente la definición del marco competencial de cada Administración. El desarrollo de las comunidades autónomas, el desarrollo de los estatutos de autonomía nos ha llevado a una situación en la que el ciudadano no entiende o no sabe quién tiene que resolver un derecho, si es el ayuntamiento, si es el Cabildo en Canarias, si es una diputación provincial, si son las comunidades autónomas o el Estado. Ello confiere también un problema en la financiación. Resolveríamos muchos problemas, señorías, si llegáramos a una definición clara del marco competencial de cada uno y, en función de ese marco competencial, se estableciera la financiación de cada Administración pública. Además se produce, señorías, un fenómeno en el sentido de que se hace una transferencia de competencias y el órgano directivo que ha producido esa transferencia, en lugar de desaparecer, muchas veces no solo no desaparece, sino que además crece en personal, en cargos directivos. Por tanto, realmente estamos produciendo un efecto contrario a la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Por eso, estamos de acuerdo en la filosofía planteada por la iniciativa.


Nos gusta la iniciativa, la vamos a apoyar y pensamos que en el punto 3 habría que hacer un esfuerzo por llegar a un consenso. Somos conscientes de las dificultades que puede tener un partido político a la hora de conformar un gobierno en función de los apoyos parlamentarios que tenga.
Por eso creemos que debemos dejar esa competencia en la Presidencia del Gobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a intervenir brevemente para expresar la coincidencia del Bloque Nacionalista Galego con los contenidos básicos de esta moción. Desde nuestro punto de vista, y coincidimos plenamente con el grupo proponente, es necesario acometer una reforma en profundidad de la Administración General del Estado que modernice un aparato administrativo demasiado grande y demasiado lento para que gane en eficacia y en eficiencia. Pero sobre todo coincidimos en la necesidad de acomodar la Administración General del Estado al régimen competencial. Además de un mayor respeto a la realidad del Estado autonómico, se ganaría en austeridad en la reducción de gasto corriente, evitando la duplicación de administraciones en los mismos ámbitos competenciales. Esto es particularmente importante en un contexto de

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crisis económica porque permitiría ser austero en aquello en que es necesario serlo, en la reducción del gasto corriente, para liberar más recursos para hacer frente a la crisis. Por otra parte, y desde el punto de vista político, se corregirían los efectos perniciosos de que existan ministerios en áreas donde las competencias están residenciadas fundamentalmente en las comunidades autónomas. Sabemos qué dinámicas políticas genera esto y es que estos ministerios tienden a justificar su existencia invadiendo competencias autonómicas, dictando a las comunidades autónomas lo que tienen que hacer en estas áreas. En cualquier caso, la moción abunda en una cuestión que a nosotros nos parece que es una asignatura pendiente del Estado español, la adecuación de su diseño político-administrativo a la realidad del Estado de las autonomías; una inadecuación que arranca del propio desarrollo del Estado de las autonomías, donde se superpuso la nueva Administración autonómica a la Administración territorial preexistente, sin cuestionarla cómo constituyen las provincias y las diputaciones provinciales. Es lógico que el Partido Nacionalista Vasco no planteé esto en su moción porque no es el objeto de la misma y, además, en Euskadi los territorios históricos sí que obedecen a una realidad con raíces en la historia, no como ocurre en Galicia.


Por último, quiero reseñar que, aunque coincidimos con los contenidos básicos de la moción, pensamos que sería deseable un esfuerzo de transacción en el apartado 3. Creemos que hay más ministerios que uno que son cuestionables, por no adecuarse al régimen competencial existente, y en cualquier caso pensamos que lo deseable de todas maneras sería hacer combinable este principio con el respeto a la potestad constitucional que tiene el presidente del Gobierno de ordenar su Ejecutivo. No obstante, manifestamos nuestro apoyo a los contenidos básicos de esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Tiene ahora la palabra por el Grupo Socialista don Óscar Seco.


El señor SECO REVILLA: Señor presidente, señorías, he de empezar subrayando que el Grupo Socialista comparte el sentido y el alcance de la rúbrica de la moción, esto es, la realización de un plan de modernización y de reforma de la Administración del Estado. Nosotros somos más partidarios de hablar de un plan para la innovación, que supone mejorar la eficiencia medida en términos de productividad, donde la innovación sea factor decisivo para la superación de la situación actual de contracción económica y sentar las bases de un nuevo modelo económico.
Pero también le tengo que decir, señor Beloki, que no partimos de cero.
Sabe usted que hace más de un año ha nacido la Administración electrónica, con la Ley 11/2007, que nos abre a un nuevo ámbito de relaciones entre las administraciones y los ciudadanos muy diferente al que antes habíamos tenido. Conoce usted también el impulso tecnológico que ha llevado a cabo el Gobierno en los últimos años, en el manejo de firmas digitales, en el canal telefónico, en la cooperación interadministrativa, la red SARA, con el acceso on line a la Administración. Sabe usted también que existe un plan de reducción de cargas administrativas que aportará al final de la legislatura probablemente una reducción del 30 por ciento en el funcionamiento del sistema económico, mediante la evaluación del coste de los procedimientos administrativos.


Sabe que el Gobierno está apostando también por los recursos humanos de la Administración General del Estado, actuando en la gestión y la dirección pública y en el desarrollo del Estatuto básico del empleado público. Sabe que ha presentado en esta Cámara un proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios, que simplifica procedimientos e impulsa a la modernización de las administraciones públicas para responder a necesidades de empresas y consumidores. Hablemos también de austeridad.
Le recuerdo que el Gobierno ha realizado una drástica reducción de gastos corrientes, manteniendo en cambio la inversión productiva. No es verdad lo que nos ha contado el portavoz del Grupo Popular de que la última remodelación del Gobierno supone más gastos; al contrario, hay una reducción drástica y evidente del número de altos cargos y si es verdad que se crea una vicepresidencia es porque desaparece un ministerio.


Llegamos al punto 3, que es en el que me gustaría centrarme y donde le anticipo que el Grupo Socialista encuentra obstáculos insalvables que le llevarán a votar en contra. El primer obstáculo que vemos es el de infracción de regla lógica, porque si lo esencial, como usted expone, es la modernización y la reforma de la Administración, al anticipar medidas como la que propone en el punto 3, presumiendo o anticipando que el plan las va a contener o que van a ser determinantes en su implementación, probablemente esté incurriendo en una falacia de generalización apresurada. Por otra parte, no se nos ha señalado cuáles son los ministerios que en su criterio sobran; alguien ha mencionado el Ministerio de Sanidad, precisamente cuando ahora son notables los éxitos de coordinación y gestión que en el tema de la gripe porcina está liderando. La tercera objeción es de naturaleza constitucional. La separación de ministros, la supresión de áreas o departamentos del Gobierno, o la organización de los mismos, forma parte intrínseca de la potestad estructuradora del Gobierno, que recae en el presidente del Gobierno. Desarrollando los artículos 98 y 100 de la Constitución, se centra la Ley de Gobierno en su artículo 2.2, letra j) y letra k), a cuya lectura le invito.


Señores del Grupo Vasco, les recuerdo que ustedes se encuentran en el Gobierno, por una semana, en el Gobierno vasco, pero también en el Gobierno de las diputaciones forales. ¿Qué le parece a usted que a lo largo de la semana que viene, en las juntas generales, los apoderados socialistas presenten mociones para pedir

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una drástica reducción de las carteras departamentales de los diputados forales que existen y que se miren en el espejo de la Ley de Territorios Históricos? ¿Qué le parecería que se planteara si tiene encaje la cartera de Promoción Económica y Empleo en alguna de las diputaciones forales?

Por último, para terminar, voy a hacer una breve mención de la postura que va a desarrollar el Grupo Popular en relación con este punto 3.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Seco, por favor, tiene que acabar.


El señor SECO REVILLA: Acabo enseguida.


Quiero pedir a las señorías del PP que estén a la altura de las circunstancias, a la altura de la madurez demostrada por sus compañeros en el País Vasco. Saben que esta moción es consecuencia de algo que ha ocurrido en el País Vasco, de un acuerdo de bases para el cambio político en Euskadi, y sería, desde mi punto de vista, una deslealtad no solo al partido, sino a la ciudadanía, que votaran a favor del punto 3 de la moción. Nos parece una deslealtad también...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Seco, por favor, tiene que acabar.


El señor SECO REVILLA: Decía que nos parece una deslealtad constitucional y una deslealtad al acuerdo político en Euskadi.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Seco.


Finalmente, en el turno de fijación de posiciones, por cinco minutos, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, Convergència i Unió valora positivamente la interpelación que la pasada semana el diputado José Ramón Beloki, en nombre del Grupo Vasco, defendió ante el Pleno con la vicepresidenta primera del Gobierno, que ha asumido tras la remodelación competencias en materia de estructura de la Administración pública y de manera muy específica de la propia definición de un modelo de Función pública. Entendemos que fue un debate positivo y que fue también positivo, señor Beloki, el hecho de que pudiéramos ya ver ese encaje, si me lo permiten, discutible, pero que se ha realizado, de llevar un tema que estaba en el entonces Ministerio de Administraciones Públicas al Ministerio de la Presidencia. Veremos qué da de sí. Nosotros manifestamos nuestros mejores deseos de que le vaya bien a la Función pública y a la organización de la Administración pública de la Administración General del Estado esta nueva estructura. Debemos dar un voto de confianza a esa remodelación y esperar que pueda dar sus frutos.


Hoy nos plantea el Grupo Vasco una moción, en la que todos compartimos ese esfuerzo de simplificar, de racionalizar, de dar una mayor efectividad al funcionamiento de la Administración General del Estado. Todos compartimos esos objetivos, buena parte de los mismos se trasladaron también en el articulado la pasada legislatura al Estatuto básico del empleado público, y debemos cumplirlos; debemos cumplir esos objetivos. Por tanto, mi grupo votará a favor de los puntos de esta moción. Hay un punto específico, quizás el más controvertido, que es el tercero, que alguien ha querido discutir. Yo quiero defender ese punto 3 que presenta el Grupo del Partido Nacionalista Vasco ante el Pleno, porque no deja de ser una moción que insta al Gobierno a que realice una actuación en el próximo proyecto de presupuestos. Evidentemente, si se aprobara esta moción, el Gobierno jurídicamente no está obligado, pero políticamente es el Pleno del Congreso el que da una sugerencia al Gobierno en forma de moción aprobada y el Gobierno, quien debe hacerlo, que es el presidente, que es a quien le compete, debería realizar una reestructuración y aligerar el número de ministerios. Nosotros compartimos ese propósito, señor Beloki.


Quizás el mensaje final, antes de que se produjera la última remodelación, era: vamos a simplificar y a reducir ministerios. Después, con la estructura final, se ha creado una nueva vicepresidencia, no se ha reducido en número ningún ministerio y, aunque sí es cierto que se han reducido secretarías de Estado, direcciones generales, no se ha reducido un ministerio. Quizás hubiera sido mucho más positivo dar el mensaje de reducción del número de carteras ministeriales y reestructurar algunas de las hoy vigentes en una única vicepresidencia. Quizás hubiera sido mejor mantener esas tres vicepresidencias y que una de las tres englobara competencias que hoy son de otros ministerios. Le compete efectivamente al presidente del Gobierno hacerlo, pero le compete a este Congreso de los Diputados -yo no quiero negar esa competencia- votar y sugerir al Gobierno qué nos parece que sería adecuado. El Gobierno, si se vota favorablemente una moción en esta Cámara, tiene el deber político de cumplirla, porque expresa la mayoría de la misma. Hay un sistema parlamentario, el Gobierno debe su confianza a este Congreso de los Diputados y lógico es que deba cumplir ese Gobierno el mandato que del Congreso pudiese salir, si se aprobara, como digo, esta moción.


Señora presidenta, señorías, espero que finalmente -como decía al principio de mi intervención- esa nueva adscripción de los temas de la Función pública y de organización de la Administración General del Estado ante los grandes retos que tenemos de implantar la Administración electrónica, con unos plazos que vencen a finales de este año, esa nueva reorganización que se ha acordado, sea positiva para el conjunto de los empleados públicos en lo que debe ser definir un buen modelo de gestión pública en nuestro país.


Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.


Señor Beloki, he creído entender de su intervención que no va a aceptar ninguna de las enmiendas. Por tanto, el texto a someter a votación será el de la moción.


El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, pedimos votación separada del punto 1 a), el resto del punto 1, el punto 2 y el punto 3.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Si no le importa, puede pasar cómo quiere usted que se haga la votación. (Asentimiento.)

Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR ANTE LA ALARMA SOCIAL CREADA A RAÍZ DE LOS FALLOS DE COORDINACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN Y LA DELINCUENCIA.
(Número de expediente 173/000065.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas a adoptar ante la alarma social creada a raíz de los fallos de coordinación del Ministerio del Interior en la lucha contra el crimen y la delincuencia.


Para defender la moción tiene la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, me van a permitir que empiece la defensa de esta moción dando satisfacción al ministro del Interior, que en la interpelación de la que esta moción es objeto me pedía de forma muy expresa que leyera el comunicado sindical en el que se establece el ranquin de los peores ministros de la democracia. El sindicato mayoritario, el SUP, en un comunicado de 29 de septiembre de 2008, decía que José Luis Corcuera ha sido considerado durante muchos años el peor ministro del Interior de la democracia. Su prepotencia, los expedientes disciplinarios, sus injerencias en el movimiento sindical, parecían imposibles de superar hasta que llegó Rubalcaba. Nadie, ningún responsable sindical medianamente serio, se fía hoy de Rubalcaba, ni de su firma, así que no digamos de su palabra. El ex portavoz -esto lo decía el sindicato mayoritario de la Policía Nacional- del Gobierno del GAL, decía, ha conseguido en dos años una unanimidad desconocida en los sindicatos policiales, que le han nominado como el peor ministro del Interior desde que existe democracia en España. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!)

Una vez que he dado satisfacción al ministro del Interior en esa petición expresa que me hacía en el debate de la moción, quiero decirles que en los cinco días que han transcurrido desde que se debatió esta interpelación las cosas han empeorado, cosa que no parecía fácil. Ayer mismo todos los sindicatos policiales interponían una querella contra el fiscal general del Estado por un delito de injurias graves contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -esto es lo que yo llamo mejorar la coordinación- y la asociación mayoritaria de Guardias Civiles hoy emitía un comunicado de prensa anunciando nuevas movilizaciones ante la falta de respuesta por parte del ministro del Interior. La lista de problemas, por tanto, se alarga, pero nosotros hoy solamente queríamos pedir cuatro cosas muy básicas y muy asumibles. Pedíamos transparencia, pedíamos medios, pedíamos coordinación y pedíamos independencia. El debate sobre la transparencia es largo. Nosotros pedimos los datos de delincuencia en nuestro país y me gustaría retar a cualquier diputado del Grupo Socialista a que me diga si él dispone de los datos de delincuencia en su provincia, de la provincia a la que él representa. Podemos debatir sobre la transparencia, sobre la opacidad, pero yo les digo que nosotros no tenemos esos datos y esos datos siempre los hemos tenido.


Se dice que el ministro del Interior viene mucho a la Cámara, lo cual no es cierto; viene, pero no facilita los datos, con el mandato unánime que la Comisión de Interior dio al ministro de dar esos datos territorializados. Y nosotros aspirábamos a que nos facilitaran esos datos. Segundo, pedimos un incremento de los medios, un incremento del presupuesto, porque entendemos que precisamente en un momento de crisis económica es cuando más medios tenemos que dar a la seguridad, para que esa crisis económica no se traduzca al mismo tiempo en una crisis de seguridad. Pedimos coordinación -para nosotros esta es la cuestión crítica, esta es la razón fundamental por la que hicimos esta interpelación-, coordinación entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esto del director general único no funciona, con el máximo respeto hacia la persona, ni se entera de nada ni pinta nada. Nunca ha habido más descoordinación que en un momento en que ha habido una dirección general única. Pedimos coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con Instituciones Penitenciarias. En este país hemos vivido que los delincuentes quedaban en libertad, que delincuentes muy peligrosos quedaban en la calle, y resulta que ciudadanos inocentes que estaban de vacaciones iban a prisión durante seis días. Y es por un fallo en la coordinación y en los protocolos de actuación entre Instituciones Penitenciarias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


No funciona la coordinación entre la justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los problemas que hemos vivido últimamente en España lo ponen claramente de manifiesto. Tenemos un problema fundamental de funcionamiento de la justicia, pero tenemos también un problema fundamental de coordinación entre el Ministerio del Interior y los órganos judiciales, habiéndose producido fallos absolutamente inaceptables. Yo creo que está muy bien -y ya anuncio

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que aceptaremos la enmienda de Convergència i Unió, porque nos parece que es el elemento fundamental- que desde este Congreso, desde este Parlamento, de forma unánime, a ser posible, se llame la atención al Gobierno sobre la necesidad de mejorar estos instrumentos de coordinación.


Quiero terminar diciendo que nosotros consideramos también necesaria una reflexión sobre el funcionamiento y sobre la estructura de nuestra Policía judicial, reflexión que parte de un principio: tenemos una excelente policía; les digo más, desde mi experiencia personal creo que tenemos una policía que no tiene nada que envidiar a ninguna policía del mundo. Pero tenemos también algunos motivos para la reflexión. Tenemos que reflexionar sobre la independencia en la actuación de la Policía judicial, porque en treinta años de democracia nunca se había producido un uso tan evidentemente político y partidista de la Policía judicial.
Tenemos que reflexionar también, señora presidenta, sobre las filtraciones que constantemente se producen de atestados policiales enmarcados en sumarios secretos. Eso es inaceptable en un Estado de derecho.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Cosidó, por favor, tiene que acabar.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Termino ya, señora presidenta.


Creemos que es oportuno abrir esta reflexión. Aceptamos la enmienda de Convergència i Unió y la aplazamos para que esta cuestión pueda ser tratada posteriormente en la Comisión de Interior, pero el mensaje al Gobierno que el Parlamento le pueda dar esta tarde sobre la necesidad de mejora de la coordinación es un mensaje muy importante para la seguridad de todos los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Cosidó.


Para la defensa de las enmiendas que se han presentado a la moción en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, desde Convergència i Unió compartimos la preocupación que asiste al Grupo Popular para formular una interpelación y una moción acerca de la conveniencia de adoptar medidas para mejorar la coordinación del Ministerio del Interior en la lucha contra el crimen y la delincuencia.
Basta traer a colación asuntos de triste memoria. Unos son recientes y están en la mente de todos, como el caso de Mari Luz, presuntamente asesinada por una persona que debería haber estado en prisión; el caso de Marta del Castillo, en el que una avería en el equipo de ADN impidió inicialmente detener a Miguel Carcaño; o la errónea puesta en libertad del supuesto agresor de José Luis Moreno. Otros temas son algo más lejanos o no tan conocidos, pero igualmente muy graves, como la errónea actuación de la Policía al no reconocer en una vigilancia a uno de los presuntos autores del 11-M o la muerte por violencia de género de Gabriela Toledo, cuyo presunto asesino tenía una orden de expulsión de España no ejecutada desde un año y un mes antes del asesinato. Estos temas los traigo a colación para considerar la importancia -coincide con la propuesta del Grupo Popular- de instar al Gobierno a adoptar medidas tendentes a fortalecer la coordinación en la lucha contra el crimen y la delincuencia.


Desde esta sintonía con la preocupación del Grupo Popular, hemos quedado bastante desconcertados, tanto por el contenido de la interpelación como por el de la intervención del portavoz del Grupo Popular y el de las medidas en que finalmente se ha concretado la moción, a las que me voy someramente a referir. En Convergència i Unió no compartimos la apreciación que tanto en la interpelación como en la moción se hace con respecto a las nuevas estadísticas de criminalidad, porque dichas estadísticas fueron acordadas o por lo menos consentidas por los grupos parlamentarios, y no recuerdo objeción en contra del Grupo Popular, tanto en sendas reuniones en el Ministerio del Interior como en el texto que aprobamos en una PNL, precisamente del Grupo Popular, que se vio en la Comisión de Interior. Es cierto que de momento no nos consta la evolución de la criminalidad por comunidades autónomas y por provincias, pero también lo es que, a la luz de la iniciativa aprobada a instancia del Grupo Popular, dichos datos se nos deben facilitar una vez que los respectivos gobiernos autonómicos los hayan presentado, lo cual no obsta a que se solicite en cada comunidad autónoma a los respectivos gobiernos.
Llevamos, en cumplimiento de la iniciativa a la que he aludido, dos comparecencias en menos de un año del ministro del Interior, para comparar los datos de criminalidad del año 2007 y del año 2008, y creemos que debe permitirse un recorrido algo más largo a unas estadísticas que ahora, por el contrario, sí son homologables con las de la Unión Europea y a las que no hace ni un año que entre todos dimos el visto bueno.


No nos parece tampoco adecuado relacionar, como se hace en el texto de justificación de la moción, la inseguridad ciudadana con el descontento existente entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por razones retributivas y por razones de derechos sindicales.
Creemos sinceramente que ello no es así ni es justo que así se relacione, porque, más allá de defender sus legítimos derechos a unas retribuciones justas, el trabajo y el celo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para perseguir la delincuencia ha estado siempre por delante y al margen de sus situaciones personales.


Finalmente, no compartimos que, hoy por hoy y sin debate previo de ningún tipo, se nos inste a aprobar la necesidad de estudiar una nueva adscripción orgánica y

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funcional de la brigada de la Policía judicial, algo que no recuerdo que se mencionara en la interpelación ni se justifica en el texto de la moción. Es posible que deba interpretarse a la luz de las noticias aparecidas en prensa acerca de que el Partido Popular, a raíz de la sucesión de actuaciones y filtraciones del llamado caso Gürtel, pone la desvinculación de Interior de la Policía judicial como condición para aprobar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, además, propone -como digo que he leído en prensa- que la Policía judicial pase a depender del Consejo General del Poder Judicial. Digo ya que no compartimos esta opción. Además de que, si esto fuera así, la Policía judicial quedaría totalmente desvinculada de sus homólogos europeos, en donde hay consejos generales del Poder Judicial; no nos parece precisamente el Consejo General del Poder Judicial un modelo de institución despolitizada. Por ello hemos presentado una enmienda de sustitución, que nos dicen que se va a aceptar, recogiendo lo que a nuestro entender era el espíritu de la interpelación y con el que, como he comentado al inicio de la intervención, estábamos de acuerdo. Una enmienda que propone ir al núcleo de la interpelación, que es instar al Gobierno a fortalecer los mecanismos de coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también de las policías autonómicas, porque no podemos olvidar que hoy hay pluralidad de operadores en la seguridad ciudadana; también insta a fortalecer la coordinación entre las policías y las administraciones judiciales. Esta es la descoordinación que a nuestro entender hay que corregir, porque estos son los fallos que causan grave alarma social y preocupación a la ciudadanía.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Pigem, por favor.


La señora PIGEM I PALMÉS: He terminado ya, señora presidenta. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Parlamentario Mixto había una enmienda presentada por la señora Díez. (Pausa.) Nadie la va a defender; por tanto, decae.


Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo parlamentario quiere deslindar ante esta moción subsiguiente tres conceptos que nos parecen radicalmente diferentes. De una parte está la preocupación que compartimos en relación con los datos recientes de descoordinación en materia de Interior y que tiene que ver con nuestra seguridad. Son preocupantes las declaraciones del fiscal general del Estado y es preocupante también la descoordinación que se ha producido entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior en relación con algunas identificaciones y en relación también con materias relativas a la seguridad. Nosotros compartimos las propuestas y las enmiendas que se hacen para mejorar la coordinación, que ha sido desde el inicio de la legislatura -y no solamente en esta legislatura- una preocupación de mi grupo parlamentario.


Otro término bien diferente es la idea de ruina que se nos está intentando trasladar a raíz de la crisis económica y de su impacto en la sociedad española. Es verdad que hay una grave crisis y que por tanto tiene que haber necesariamente preocupación e iniciativa por parte de los poderes públicos. Pero, en nuestra opinión, es diferente la preocupación y la iniciativa de la ruina y de la depresión que en algunos momentos apreciamos en las intervenciones de los grupos parlamentarios y, en este caso concreto, del Grupo Parlamentario Popular. Porque los datos que tenemos, consensuados sus criterios por parte de los grupos parlamentarios, no abonan la idea de ruina. No hay un incremento de la delincuencia en nuestro país -seguimos siendo uno de los países con menos delincuencia de la Unión Europea- y mucho menos de la delincuencia grave; por lo tanto, nada de idea de ruina. Pero mucho menos, señorías, de paranoia; mucho menos de paranoia y menos por parte del Grupo Parlamentario Popular. Es como si yo dijera hoy aquí, en esta Cámara, que me están persiguiendo y que persiguen a mi fuerza política porque la acusación del Grupo Parlamentario Popular a un alcalde de la Comunidad de Madrid de mi grupo político lo ha llevado ante los tribunales. Ha salido absuelto de esa acusación del Grupo Parlamentario Popular, pero nosotros no hemos descalificado ni siquiera a quien nos ha acusado, mucho menos al Poder Judicial y a la policía, que tienen sus responsabilidades bien acotadas en el Estado de derecho. Por tanto, nosotros no aceptamos en este caso que el funcionamiento del Poder Judicial y de la policía, cuando afecte a los grupos políticos, se convierta necesariamente en una conspiración y en una persecución política. Eso, señorías, hay que demostrarlo y en este caso está por demostrar. Si se quiere abrir una reflexión sobre la vinculación de la policía a otro ámbito, nuestro grupo parlamentario estaría de acuerdo en esa reflexión, porque hemos defendido su vinculación a la fiscalía, pero hemos defendido su vinculación a una fiscalía que instruya los casos, cosa en la que probablemente no estaremos de acuerdo con otros grupos parlamentarios de la Cámara. La reflexión, sí; la paranoia, no. Por tanto, votaremos la necesidad de una mayor coordinación, pero no votaremos la teoría de la conspiración ni la paranoia de ningún grupo parlamentario.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Señor Cosidó, no lo tome como una falta de cortesía, pero voy a practicar un sincretismo que no es propio del diputado que les habla. Voy a intervenir solo a los efectos de decir que aceptamos la enmienda presentada y con lucidez y brillantemente defendida por la señora Pigem.


La verdad es que uno tampoco puede dejar de expandirse; hay ciertos hábitos ya consolidados en una larga tradición parlamentaria y la señora presidenta presumía bien que de este sincretismo tan absoluto no iba a ser capaz, pero se trata de una cuestión donde se incorporan cuestiones de profunda densidad, una miscelánea de asuntos muy heterogéneos que van a ser objeto de tratamiento en proyectos o proposiciones de ley, que muchas están siendo objeto de debate en esta Cámara, y no estamos en condiciones en este momento procesal -nunca mejor usada la expresión- para resolverlos, pero esta es una proposición de ley que, en términos matemáticos, señora presidenta, se presenta periódicamente -cada periodo coincide una o dos veces por cada legislatura- y que además oculta una atrofia democrática que sí nos preocupa -con esto acabo mis reflexiones, de verdad, señora presidenta- que es la pretendida insinuación o, más que insinuación, afirmación de la utilización perversa de la policía, del ministerio fiscal, incluso de la Administración de los jueces, de unos partidos políticos -partido gobernante normalmente- contra otros y esto ha ocurrido en un vector recíprocamente inverso. Estas imputaciones han sido hechas por el Partido Socialista contra el Partido Popular cuando gobernaba el PP, y al revés. En este momento a todo el mundo se le ocurren asociaciones inevitables a cuestiones de coyuntura, como el caso Gürtel. En todo caso, el problema de la dependencia de la policía judicial no puede resolverse con una iniciativa parlamentaria de estas características. Este es un problema de leyes orgánicas; es un problema de regulación de las propuestas, del Pacto de Estado en el que todos estamos comprometidos, de leyes que están en este momento siendo objeto de tramitación en esta Cámara y, desde esa perspectiva, señora presidenta, no considero que se deban utilizar, como se están utilizando, proposiciones, o mociones en este caso, que constituyen atrofias democráticas, para hacer imputaciones de un uso perverso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo razonables algunas de las reflexiones que antes se han hecho: la falta de coordinación, la falta de fidelidad invocada por el ministerio fiscal en unas reflexiones manifiestamente extravagantes, la falta de coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la Administración de Justicia, la falta de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, que adquirió su expresión más dramática antes del 11-M, donde no solo no existía coordinación, sino que se abortaban las operaciones unos a otros e incluso los que proporcionaban explosivos a los terroristas eran confidentes de la policía en Asturias. Todas estas cuestiones con un mando único no se han terminado de resolver satisfactoriamente, y la forma de compartir la base de datos todavía no se ha ultimado y, desde esa perspectiva, la incorporación de las Policías autonómicas es una pretensión legítima que nosotros hemos reivindicado históricamente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Todo esto hace que, siendo razonables muchas de las propuestas, el fondo del asunto, lo que se intenta dilucidar, es algo que no merece la atención por parte de nuestro grupo parlamentario y, por lo tanto, señor presidente, vamos a votar la enmienda presentada por la señora Pigem si es objeto de aceptación por el grupo proponente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Antonio Hernando.


El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.


Señor Cosidó, si en cinco días la cosa ha empeorado, ¿por qué ha renunciado usted a tres puntos de su moción? Le voy a explicar por qué ha renunciado usted hoy a tres puntos de su moción, precisamente hoy. Porque hoy un diputado autonómico del Partido Popular ha ido a declarar y, después de declarar, ha sido imputado por siete delitos de corrupción.
(Aplausos.) Precisamente hoy ha renunciado usted a tres puntos de su moción porque cuando han aprobado la lista al Parlamento Europeo han tenido que sacar al señor Galeote de esa lista porque está presuntamente implicado en un delito de corrupción. (Protestas.-Aplausos.) Por ese y no por otro motivo usted acepta la enmienda de sustitución de Convergència i Unió, señor Cosidó, no porque las cosas hayan empeorado. Y le voy a decir otra cosa, usted acepta esta enmienda de sustitución porque sabía que perdía, señor Cosidó. Y sabía que perdía por lo que le ha dicho la señora Pigem, porque cuando se les presentó el proyecto de estadística en dos reuniones en el Ministerio del Interior con el secretario de Estado y se les dijo que hicieran alegaciones, usted a este proyecto no dijo ni Pamplona; no dijo nada. Estamos todavía esperando, señor Cosidó. Y sabía que perdía porque cuando habla de inversiones en infraestructuras se ha dado cuenta de que este es el año en el que más inversiones en infraestructuras va a haber en la historia del Ministerio del Interior; porque va a haber 380 millones procedentes del Fondo E.


Señor Cosidó, lo que es una vergüenza, lo que es una auténtica vergüenza, es que ustedes hayan intentado aprobar una moción para hacer una subcomisión sobre el funcionamiento de la adscripción orgánica de la brigada de la Policía judicial. Ustedes empezaron persiguiendo al juez Baltasar Garzón; le presentaron una

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querella criminal y quisieron inhabilitarle veinte años. La querella criminal ha sido archivada por el Tribunal Supremo. Siguieron presentando dos quejas ante el Consejo General del Poder Judicial contra el juez Baltasar Garzón. Las quejas han sido archivadas. (Rumores.-El señor Ayala Sánchez: No, no.) Cuando vino aquí el presidente del Consejo General del Poder Judicial intentaron presionarle a tope, pero archivó, señorías.
(Protestas.) Y todo ¿por qué? Todo porque el juez Baltasar Garzón y la Policía Judicial están haciendo su trabajo. Y su trabajo ¿cuál es? Perseguir a delincuentes de la delincuencia organizada, perseguir a narcotraficantes o perseguir a personas que hayan cometido delitos de corrupción con independencia del carné político que tengan.
(Protestas.-Aplausos.-El señor Ayala Sánchez: Si, si, aplaudir) Y si esas personas son del Partido Popular las tienen que perseguir exactamente igual. Y a lo que no hay derecho, señorías, es a que ustedes hoy nos traigan aquí una moción para poner en duda el trabajo de la Policía judicial. ¿Qué quieren tapar con esto, señorías, que el presidente de una comunidad autónoma del Partido Popular tiene una relación excelente con el señor Bigotes? (Aplausos.) ¿Que el presidente de una comunidad autónoma del Partido Popular es amiguito del alma del señor Bigotes, que está hoy en la cárcel? ¿Que el presidente del Partido Popular es una persona que tiene una relación para toda la vida y quiere un montón a un señor que está hoy en la cárcel? ¿Eso es lo que ustedes quieren tapar con esta moción? (Aplausos.) Hoy era un mal día para intentar tapar eso; hoy era muy mal día para intentar tapar eso, señor Cosidó.


Yo le recomendaría lo siguiente. Si alguien en el Partido Popular tiene suficiente autoridad y suficiente poder que, en lugar de utilizarlo para arrancar aplausos en los comités del Partido Popular a favor de personas que presuntamente han cometido delitos de corrupción, lo utilice para, de una vez por todas, asumir responsabilidades; que lo utilice, de una vez por todas, en lugar de perseguir, de vilipendiar a todos aquellos que están investigando una trama inmensa de corrupción que afecta a muchos cargos del Partido Popular, (Protestas.- Varios señores diputados: Sí, sí.-El señor Ayala Sánchez: ¡Filesa!) para que se asuman responsabilidades. Señor Cosidó, a grandes males, grandes remedios, pero le aseguro que los remedios no son desmantelar la Policía judicial porque esté investigando la corrupción que afecta al Partido Popular.
(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Señor Cosidó, debo entender por la intervención que ha efectuado que acepta la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió). ¿Es así?

El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: La acepto, pero no me ha quedado claro si la va a votar el Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Eso es absolutamente al margen de lo que le pregunto.
(Risas.) Usted acepta la enmienda del Grupo de Convergència i Unió y a ello nos limitamos y luego, en la votación, ya sabemos lo que vota cada cual.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Lo anuncié en mi intervención.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cosidó.


Dentro de dos minutos procederemos a las votaciones y todos sabremos el sentido de las mismas. (Pausa.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. (Número de expediente 122/000142.)

El señor PRESIDENTE: Votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 332; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la mencionada proposición de ley.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE), PARA GARANTIZAR LA ENSEÑANZA DEL CASTELLANO Y EN CASTELLANO EN TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS. (Número de expediente 122/000129.)

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), para garantizar la enseñanza del castellano y en castellano en todas las etapas educativas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 149; en contra, 185.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley mencionada.


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PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA DIRECTIVA 2007/23/CE RELATIVA A LA PUESTA EN EL MERCADO DE LOS ARTÍCULOS DE PIROTECNIA. (Número de expediente 162/000335.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA COMPETENCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA EN MATERIA DE MANIFESTACIONES CULTURALES Y TRADICIONALES Y EL USO DE MATERIALES PIROTÉCNICOS DE LAS MISMAS. (Número de expediente 162/000348.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, PARA PERMITIR A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SALVAGUARDAR LAS TRADICIONES CULTURALES PIROTÉCNICAS EN LA TRANSPOSICIÓN DE LA CORRESPONDIENTE DIRECTIVA EUROPEA. (Número de expediente 162/000369.)

El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a votar tres proposiciones no de ley, una del Grupo Parlamentario Socialista, otra del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y otra del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya

Verds, sobre los asuntos pirotécnicos. Hay una enmienda de cuatro grupos parlamentarios que debo entender es aceptada por los proponentes. Por tanto, se pasan a votación conjuntamente las tres proposiciones no de ley en los términos de la enmienda presentada. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 333; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las proposiciones no de ley en los términos mencionados.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A REDUCCIÓN DE MÓDULOS EN EL IRPF E IVA PARA PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 162/000406.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la reducción de módulos en el IRPF e IVA para las pymes y autónomos, en los términos de la enmienda transaccional presentada y aceptada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 332; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley. (Aplausos.)

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE REALIZACIÓN DE UN PLAN DE MODERNIZACIÓN Y REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000064.)

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la realización de un plan de modernización y reforma de la Administración General del Estado. El grupo proponente ha solicitado la votación separada y así la vamos a hacer, en primer lugar, del punto 1.a) de la moción antedicha.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 187; en contra, tres; abstenciones, 144.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto 1.a).


Votamos a continuación el punto 1, apartados b), c) y d).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 334.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto 1, apartados b), c) y d).


A continuación pasamos a votar el punto 2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 334.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto 2.


Pasamos a votar el punto número 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 168; en contra, 165; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el punto 3 de la mencionada moción. (Aplausos.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR ANTE LA ALARMA SOCIAL CREADA A RAÍZ DE LOS FALLOS DE COORDINACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN Y LA DELINCUENCIA.
(Número de expediente 173/000065.)

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas a adoptar ante la alarma social creada a raíz de los fallos de coordinación del Ministerio del Interior en la lucha contra el crimen y la delincuencia. Esta moción se vota en los términos de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Rumores.)

Silencio, por favor.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 330; en contra, tres; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado. (Aplausos.)

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.)

- CONVENIO DE ADHESIÓN DEL REINO DE ESPAÑA AL CONVENIO DEL PROGRAMA COOPERATIVO Y DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL FONDO REGIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FONTAGRO), HECHO EN CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA) EL 15 DE MARZO DE 1998. (Número de expediente 110/000078.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008. (Número de expediente 110/000079.)

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE BOSNIA Y HERZEGOVINA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL; LA HAYA, 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000080.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, Y PROTOCOLO, HECHO EN PUERTO ESPAÑA EL 17 DE FEBRERO DE 2009. (Número de expediente 110/000081.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales y, en concreto, los que figuran en el orden del día, que no es menester leer. ¿Se pueden aprobar por asentimiento de la Cámara? (Asentimiento.) Se aprueban.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.


Corrección de error.-En el "Diario de Sesiones" número 78, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el pasado 23 de abril, en la página 8, segunda columna, línea 34 dice: "Número de expediente 181/000512." y debe decir: "Número de expediente 180/000512."

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