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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 70, de 24/03/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2009 IX Legislatura Núm. 70
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 65 celebrada el martes 24 de marzo de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 5)

Exclusión del orden del día ... (Página 5)

Modificación del orden del día ... (Página 5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de la oficina presupuestaria de las Cortes Generales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 122-1, de 5 de septiembre de 2008. (Número de expediente 122/000101.) ... (Página 5)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se crea la oficina de gestión y control presupuestario. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 90-1, de 25 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000076.) ... (Página 5)

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Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la aplicación del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a la prestación de servicios y asistencia social en centros residenciales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 44-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000026.)... (Página 13)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la protección del patrimonio educativo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 62, de 5 de septiembre de 2008. (Número de expediente 162/000182.)...
(Página 19)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los derechos sociolaborales de todos los cuerpos policiales que actúan en España.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 139, de 2 de febrero de 2009. (Número de expediente 162/000297.) ... (Página 24)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la reducción de la edad de jubilación de los miembros de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (PG-ME). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 160, de 6 de marzo de 2009. (Número de expediente 162/000333.)... (Página 24)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fracaso del Gobierno en la adaptación del sistema universitario español al proceso de Bolonia. (Número de expediente 173/000057.) ... (Página 31)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas), sobre medidas económicas dinamizadoras contra los más intensos efectos de la crisis económica en Canarias. (Número de expediente 173/000058.) ... (Página 37)

Toma en consideración de proposiciones de ley (Votación.) ... (Página 41)

Proposiciones no de ley (Votación.) ... (Página 41)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Votación.)... (Página 42)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 5)

Exclusión del orden del día ... (Página 5)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, habiendo sido solicitado por el Gobierno su aplazamiento y expresado el parecer favorable y unánime de la Junta de Portavoces en su reunión del día de hoy, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de los puntos 32 y 33, correspondientes a las interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que tiene previsto aprobar el Gobierno para hacer efectiva la aplicación y desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el impulso de las inversiones en ferrocarril pendientes en Cataluña, lo que se aprueba por asentimiento.


Modificación del orden del día ... (Página 5)

La Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día de la semana en curso en el sentido de que el punto 35, relativo al dictamen

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de la Comisión del Estatuto de los Diputados, pase a debatirse después del punto 36 relativo a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 2/2009, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de la oficina presupuestaria de las Cortes Generales ... (Página 5)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se crea la oficina de gestión y control presupuestario ... (Página 5)

Defienden conjuntamente la toma en consideración de las dos proposiciones de ley los señores Posada Moreno, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la aplicación del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a la prestación de servicios y asistencia social en centros asistenciales ... (Página 13)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y las señoras Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley ... (Página 19)

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la protección del patrimonio educativo ... (Página 19)

Defiende la proposición no de ley la señora Martínez López, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Davila y Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto y Fabra Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los derechos sociolaborales de todos los cuerpos policiales que actúan en España ...
(Página 24)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la reducción de la edad de jubilación de los miembros de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (PG-ME) ...
(Página 24)

Defienden conjuntamente las proposiciones no de ley los señores Ayllón Manso, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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En turno de fijación de posiciones interviene el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 31)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fracaso del Gobierno en la adaptación del sistema universitario español al proceso de Bolonia ... (Página 31)

Defiende la moción el señor Vázquez Abad, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila y el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto y las señoras Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Palma Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Del Grupo Parlamentario Mixto (Señora Oramas), sobre medidas económicas dinamizadoras contra los más intensos efectos de la crisis económica en Canarias ... (Página 37)

Defiende la moción la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Rivero Alcover, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 41)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de la oficina presupuestaria de las Cortes Generales, se rechaza por 166 votos a favor y 177 en contra.


Sometida a votación la toma en consideración del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se crea la oficina de gestión y control presupuestario, se aprueba por 341 votos a favor y dos en contra.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la aplicación del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a la prestación de servicios y asistencia social en centros residenciales, se rechaza por 168 votos a favor, 173 en contra y dos abstenciones.


Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 41)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la protección del patrimonio educativo, se aprueba por 320 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los derechos sociolaborales de todos los cuerpos policiales que actúan en España, se rechaza por 160 votos a favor, 182 en contra y una abstención.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la reducción de la edad de jubilación de los miembros de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (PG-ME) se aprueba por 341 votos a favor y una abstención.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 42)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fracaso del Gobierno en la adaptación del sistema universitario español al proceso de Bolonia, se aprueba por 337 votos a favor y cinco abstenciones.


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Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas), sobre medidas económicas dinamizadoras contra los más intensos efectos de la crisis económica en Canarias, se aprueba por 341 votos a favor y dos abstenciones.


Se suspende la sesión a las ocho y veinte minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, da comienzo la sesión. En primer lugar y como asunto previo, conforme al artículo 20.1.3º del Reglamento, se procede al llamamiento de los señores diputados proclamados electos por la Junta Electoral Central para que presten juramento o promesa de acatar la Constitución. En sustitución de doña Raquel Arias Rodríguez, pregunto a doña María Olga Iglesias Fontal si jura o promete acatar la Constitución.


La señora IGLESIAS FONTAL: Juro.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Doña María Olga Iglesias Fontal ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena.
(Aplausos.)

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO EL GOBIERNO APROBAR PARA HACER EFECTIVA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (Número de expediente 172/000076.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL IMPULSO DE LAS INVERSIONES EN FERROCARRIL PENDIENTES EN CATALUÑA. (Número de expediente 172/000077.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, debo comunicarles dos asuntos previos antes de empezar con el orden del día.
En primer lugar y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, habiendo sido solicitado por el Gobierno su aplazamiento y expresado el parecer favorable y unánime de la Junta de Portavoces en su reunión del día de hoy, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión de los puntos 32 y 33, correspondientes a las interpelaciones urgentes de los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que tiene previsto el Gobierno aprobar para hacer efectiva la aplicación y desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y Catalán (Convergència i Unió), sobre el impulso de las inversiones en ferrocarril pendientes en Cataluña. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia queda aprobada la exclusión de los puntos de referencia.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): También, conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 35, relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, pase a debatirse después del punto 36, relativo a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE LA OFICINA PRESUPUESTARIA DE LAS CORTES GENERALES. (Número de expediente 122/000101.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, POR LA QUE SE CREA LA OFICINA DE GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO. (Número de expediente 122/000076.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al debate de los puntos del orden del día. En primer lugar, toma en consideración de proposiciones de ley: proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular

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de la oficina presupuestaria de las Cortes Generales, a la que se acumula la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se crea la oficina de gestión y control presupuestario.


En primer lugar, para la defensa de la proposición de su grupo, tiene la palabra el señor Posada.


El señor POSADA MORENO: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, defiendo la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular para la creación de la oficina presupuestaria de las Cortes Generales. Casi todos los grupos en un momento u otro han propuesto y han llevado en sus programas la creación de esta oficina.
Quiero señalar a SS.SS. que el control presupuestario que esta Cámara ejerce de las acciones de la Administración central es realmente paradójico. Aquí, cuando llega septiembre, hay un interés enorme mediático y de los diputados por la evolución del presupuesto: cuando se habla en Comisión, cuando se vota, en Pleno, cuando luego va al Senado, cuando vuelve aquí... Hay una verdadera efusión de interés. Pero llega enero y desaparece el interés por el presupuesto. Esas enmiendas que costaron un esfuerzo enorme, que se discutieron durante horas y horas, luego nadie las sigue; nadie sabe qué ha ocurrido con ellas, no hay ningún interés. Yo, que por deformación sí sigo lo que aparece en los medios sobre el presupuesto, tengo que decir que en el último mes han aparecido dos o tres veces referencias al presupuesto, pero han aparecido porque algunos avisados comentaristas se preguntan cómo aprobará el señor Zapatero en el año 2010 su presupuesto si no cuenta con el PNV ni con el BNG; pero nadie se pregunta qué está pasando en el presupuesto de 2009, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Esto es lo que todos queremos evitar en el Congreso y en el Senado con una oficina presupuestaria de las Cortes Generales.


Como este es un tema muy largo y que ha tenido mucho recorrido, me adelanto un poco a hablar de las dificultades que a menudo se presentan.
La primera dificultad para aprobar una ley de este tipo es el Reglamento del Congreso. Parece lógico, desde un punto de vista jurídico y constitucional, y yo lo reconozco, que la creación de la oficina presupuestaria de las Cortes Generales -y por tanto del Congreso-, esté dentro de la reforma del Reglamento del Congreso. Eso se ha dicho una y otra vez, y ha ido a todas las reformas que se preparaban y se ha estudiado. Yo quiero que ustedes -hay muchas señorías que llevan, como yo, bastantes legislaturas- recuerden, hace dos legislaturas hubo un avance verdaderamente importante. Se cortó. El año pasado yo incluso llegué a creer que iba a haber una reforma del Reglamento; hubo un momento en que lo creí. Se vio que era imposible; no se reforma el Reglamento. Así que volver a decir que para hacer la oficina presupuestaria hay que reformar el Reglamento es lisa y llanamente decir: no quiero que haya oficina presupuestaria y, por tanto, hablo del Reglamento como podría hablar de cualquier otra cosa.


Otro segundo punto de conflicto es que este no ha sido un tema pacífico.
Voy a hacer una sucinta historia. En el año 1990, en la Ley de Presupuestos se crea una oficina presupuestaria, dependiente de la Secretaría General de la Cámara, para empezar a trabajar en esto que estábamos haciendo, el seguimiento presupuestario. Durante seis años el Partido Popular insistió una y otra vez al Gobierno, entonces de don Felipe González, para que desarrollara esa oficina. No se hizo nada.
Entonces, el Partido Popular llevó en su programa la oficina presupuestaria. Gobernó de 1996 a 2004 y no se creó la oficina presupuestaria. En el año 2002 hubo un intento de cambio parcial del Reglamento en el que iba este tema y salió derrotado. Entonces, el Partido Socialista dijo que lo haría y lo llevó en su programa en el año 2004. Estamos en 2009 y no se ha creado la oficina presupuestaria. En el año 2006, el Grupo Parlamentario Popular presentó esta misma proposición de ley que hoy traemos y fue derrotada. ¿Qué indica esto? Yo no creo que los grupos parlamentarios no quieran cumplir su programa, lo que está produciendo esta situación es que hay una idea difundida en todos los escaños de la Cámara -reconozco que yo también la he tenido-, la idea de que la oficina presupuestaria es un arma letal que tiene la oposición y que, por lo tanto, puede hacer mucho daño al Gobierno, por lo que el grupo que sustenta al Gobierno no quiere que haya oficina presupuestaria.
Pues quiero decirles que esto es un prejuicio, una idea preconcebida errónea, porque todos se perjudican con que no haya oficina presupuestaria porque no hay interés por el desarrollo del presupuesto.
Eso, en algún caso en que se esté ejecutando mal, perjudica a la oposición porque no puede decirlo, pero en los casos en que se ejecuta bien, está perjudicando al Gobierno, que no puede vanagloriarse de lo que está haciendo bien. Pongo un ejemplo. Hoy es uno de los escasísimos días, tres al año, en que estas Cortes se toman algún interés en la ejecución presupuestaria porque ha comparecido esta mañana en la Comisión de Presupuestos el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos. Como es lógico, hemos hablado del año 2008, pero también ha avanzado unas cifras del año 2009. Como no tenemos oficina presupuestaria, no sabemos lo que hay detrás, pero lo que se intuye es que dentro del Gobierno hay algún departamento que está haciendo una gran labor, que se ha puesto las pilas y está contratando de los capítulos 6 y 7 más que otros años, pero que hay otros departamentos que no están haciendo nada, que no han gastado más que del capítulo 1. ¿A quién perjudica entonces no tener oficina presupuestaria y no conocer lo que está pasando? Ni al Gobierno ni a la oposición, está perjudicando al que es capaz y en cambio está beneficiando, porque oculta, al incompetente. Por ello, yo creo que es muy necesaria esta proposición de ley.


La proposición que nosotros presentamos, que es la misma que fue presentada en 2006, crea una oficina

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presupuestaria verdaderamente potente y poderosa. Tiene fines, funciones, deberes de colaboración con otras instituciones, un organigrama con un director y un consejo de dirección y se organiza en dos secciones, una del Congreso y otra del Senado, la del Congreso se encargaría de la evaluación presupuestaria y la evaluación de políticas públicas y política fiscal y la del Senado se encargaría del seguimiento de los presupuestos de las administraciones territoriales. Yo quiero señalar tres puntos de esta propuesta para ponerla en su verdadero marco. En primer lugar, que estamos hablando de la propuesta máxima, de un desiderátum. No se podría poner esto en marcha, aunque se quisiera, en meses. Se necesitarán años para que pueda llegarse a un desarrollo de la oficina presupuestaria de esta categoría, tanto por el número de informes, como por el tipo de informes o el personal al servicio, que ahora mismo no se podría reclutar en cuestión de semanas o de meses. Por tanto, estamos proyectando nuestra visión de lo que querríamos que fuera esa oficina presupuestaria. Eso tiene una segunda consecuencia y es que, en efecto, muchos de los puntos que aquí se enumeran no son de proyecto de ley; no son de proposición de ley ni son de ley, son de reglamento, pero lo queremos es que vea la Cámara cuál es la idea que nosotros tenemos de lo que es una oficina presupuestaria. Y hay un tercer punto que quiero dejar muy claro porque no quiero que haya ningún malentendido sobre ello. En nuestra propuesta, en el artículo 2 d), entre los fines, figura: "Examinar la información económico presupuestaria suministrada por las Administraciones territoriales, a fin de velar por el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para las Administraciones territoriales". Esa labor se hace desde el Senado y quiero dejar claro que esa propuesta no se refiere en absoluto al funcionamiento interno de las organizaciones territoriales; se trata de poder controlar la acción de la Administración General del Estado que tiene concedida por la legislación actual sobre esas actuaciones de las administraciones territoriales, pero no se pretende una actuación intrusiva en las competencias de las comunidades autónomas, de acuerdo con la Constitución y sus propios estatutos. No hay ningún intento de intervenir en las comunidades autónomas.


Dicho esto, me voy a referir ahora a la proposición de ley que ha hecho Esquerra Republicana de oficina de gestión y control del presupuesto.
Nosotros la vamos a apoyar porque su objetivo, su finalidad, es la misma, que es el punto que hoy aquí tenemos que dilucidar, el punto importante: la toma de consideración, que podamos seguir tramitando este tema, no que aprobemos lo que nosotros presentamos como proposición de ley; aquí se trata de tomar en consideración. Y debo decir que la propuesta de Esquerra, que no coincide con la nuestra, tiene elementos muy aprovechables y quiero señalar uno que me parece excelente, el que dice que la oficina de gestión y control presupuestaria debe ser presidida por el presidente de la Comisión de Presupuestos. Me parece de lo más razonable, eso me gusta. (Risas.-Aplausos.)

Insisto, no son para mí significativos los textos ni de uno ni de otro.
¿Cuál es nuestra posición, y yo creo que interpreto al portavoz de Esquerra diciendo esto? Nuestra posición es que se aprueben las proposiciones de ley, que queden ahí esos textos y que luego todos juntos, todos los grupos, y por supuesto el Grupo Parlamentario Socialista, que es el mayoritario, hagamos un texto conjunto y de consenso, porque todos vamos a utilizar esta oficina presupuestaria. Como queremos algo que se pueda utilizar en 2015, en 2020, y probablemente estaremos -lo cual es lógico y deseable- en posiciones distintas y diferentes en el futuro y todos debemos poder utilizarlo, se trata de buscar un consenso global que nos sirva a todos. Por eso insisto en la importancia de la toma en consideración, en que digamos sí a avanzar en esta oficina presupuestaria. Por eso me dirijo muy especialmente al Grupo Parlamentario Socialista, porque ocupa una posición que yo también he ocupado cuando apoyábamos al Gobierno, en el sentido de que, como decía antes, nos parece que estamos dando un arma a la oposición. No es así. Yo sé, porque lo ha dicho esta mañana, que el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos ha dicho -es la recomendación que hace siempre el Ministerio de Hacienda- que no le parece muy conveniente que se cree esa oficina presupuestaria. Pero luego, cuando ha continuado, me ha parecido deducir de sus palabras que él comprende perfectamente que creemos esta oficina presupuestaria y que está dispuesto a colaborar con ella, porque esta oficina debe ser algo que apoye a la Administración. Bajo ningún concepto esta oficina debe dedicarse a interferir en la Administración, eso sería ir contra su propia esencia. Se trata de controlar, que es lo que hacen los diputados, nunca de interferir. Por ello, hoy es un día importante para que digamos sí a la toma en consideración y luego, entre todos, hagamos un texto que nos sirva para muchos años.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señor Posada.


Para defender la proposición de ley de su grupo tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, si no ando desencaminado -y creo que no-, fue el 28 de febrero de 2006, hace algo más de tres años, cuando se discutió esta misma cuestión en esta Cámara; una iniciativa a la que aludía hace un instante el diputado señor Posada. Créanme que aquel debate, del que da fe el "Diario de Sesiones" de esta Cámara, fue un auténtico monumento a la hipocresía política. Les resumo de forma sucinta lo que fue aquel debate.
Entonces todos los grupos dijeron defender la bondad de la creación de una oficina presupuestaria en atención a sus compromisos políticos de regeneración democrática, de potenciación de las Cortes como centro neurálgico de la vida política después de años de hegemonía

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casi asfixiante del Ejecutivo frente al Legislativo, después de años de desplazamiento del interés de lo público hacia el Gobierno en detrimento de este Parlamento. Todos o casi todos los grupos recordaron que habían llevado esta cuestión en un momento u otro en su programa electoral, verbigracia el programa del PSOE correspondiente a 2004, en su página 130. Aludía también el señor Posada a los compromisos programáticos del Partido Popular entre 1996 y 2004. Todos los grupos invocaron más o menos el proceso de reforma del Reglamento en trámite de discusión en aquel momento -que, como ustedes saben, no llegó a buen puerto ante ese mar proceloso que fue el final de la pasada legislatura-, ya fuera para decir que los trabajos de reforma del Reglamento no podían alcanzar en ningún caso una regulación prolija, pormenorizada de este asunto -lo que en opinión de algunos grupos aconsejaba una ley singular como la que hoy proponen estos dos grupos-, ya fuera para decir exactamente todo lo contrario, es decir, para tildar la propuesta como inoportuna, como extemporánea, como inconveniente, por el hecho de anticipar el fracaso de la reforma del Reglamento. Ya se sabe, señorías, que en democracia las formas son a veces parte del contenido. Tampoco faltó quien echó en cara al Partido Popular, a la sazón el grupo proponente también en aquella ocasión, que hubiera esperado a dar con sus huesos en los bancos de la oposición para descubrir las virtudes de una oficina presupuestaria, virtudes que al parecer no le deslumbraron cuando gobernó durante ocho largos años. Digo todo esto porque de cuando en cuando es bueno mirar por el retrovisor -no siempre, porque ya se sabe que cuando se circula por una carretera sinuosa, una carretera llena de curvas, a veces, si se mira por el retrovisor, se corre el riesgo de estamparse contra un árbol- y recordar los antecedentes. Pero dejemos de lado el pasado y debatamos sobre la oportunidad y la necesidad de lo que hoy se nos plantea, que no es otra cosa, como se ha dicho repetidamente, que proveernos de un buen sistema presupuestario, un sistema que pivote alrededor de una buena oficina central del presupuesto, dependiente funcional y orgánicamente del Ejecutivo, pero también una oficina de naturaleza parlamentaria bien dotada y eficaz, que es lo que propone nuestro Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida. Nosotros siempre hemos defendido una oficina de naturaleza parlamentaria. Lo hemos hecho año tras año con la consiguiente enmienda a la Ley de Presupuestos y también lo planteamos así durante el debate de reforma del Reglamento. Nuestra iniciativa se inspira, por un lado, en lo que preveía la vigésima disposición adicional de la Ley de Presupuestos del año 1990, que contemplaba la creación eventual de una oficina presupuestaria en el seno de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, dedicada básicamente a la asesoría técnica de los servicios y órganos de esta Cámara, pero también a informar y a orientar a los grupos parlamentarios sobre la ejecución y la liquidación presupuestaria. También es una iniciativa congruente con lo que establece el vigente Reglamento de esta Cámara en su artículo 60.2, que, como ustedes saben, prevé dotar a la Comisión de Presupuestos de los medios materiales y personales necesarios, aunque, como es sabido, ambos preceptos, el del Reglamento y el de la Ley Presupuestaria del año 1990, no tienen hoy ninguna virtualidad y están desprovistos de contenido. Hoy traemos a la toma en consideración de esta Cámara una proposición de ley.
Es la primera vez que nuestro grupo instrumenta con una iniciativa de este rango normativo la que es ya nuestra clásica demanda de crear una oficina presupuestaria. Huelga decir que vamos a pedir su apoyo, porque estamos convencidos de que con ello se va a mejorar ostensiblemente la tarea no solo de esta Cámara, sino de las Cortes Generales en su conjunto, que se van a dinamizar y a enriquecer tanto en la actividad legislativa presupuestaria como en el control de la ejecución y liquidación presupuestaria, sobre todo en esto último, porque, como ustedes saben, es un ejercicio común de los diputados y diputadas de la oposición el combate contra la opacidad, contra el oscurantismo que profesan todos los gobiernos de cualquier signo y de cualquier color político ante cualquier intento de fiscalización, de averiguar el estado de ejecución de una partida presupuestaria. A veces esa opacidad se da incluso en el seno del propio Ejecutivo. Recuerden si no lo efímera que fue aquella oficina presupuestaria del inefable profesor Barea en época del presidente Aznar. La desconfianza se instaló en el mismo Gobierno, que acabó parapetándose, pese a las buenas intenciones que acompañaron aquella iniciativa del Partido Popular. Por lo demás, esta proposición de ley es distinta a la del Grupo Popular por su naturaleza parlamentaria, en nuestro caso, que es garantía de neutralidad y de independencia, pero a su vez es más sumaria, menos prolija y, en consecuencia, menos rígida.
Proponemos un modelo parlamentario, y a partir de ahí será el debate de los distintos grupos parlamentarios el que defina el modelo organizativo que se juzgue más útil para los trabajos de esta Cámara. Nadie mejor que los grupos parlamentarios para fijar los medios técnicos y el nivel de especialización deseable atendiendo a la complejidad creciente de las cuestiones financieras y económicas actualmente. Me refiero al asesoramiento o la intervención de la oficina presupuestaria en la preparación de enmiendas de iniciativas en el procedimiento legislativo ordinario, en la tramitación de proyectos y de proposiciones de ley que pueden afectar a créditos presupuestarios en vigor, informando por tanto sobre el alcance y el contenido de cualquier iniciativa parlamentaria cuando tengan relevancia presupuestaria, o bien a la hora de determinar, por ejemplo, el techo de gasto, o bien a la hora de evaluar los distintos objetivos de déficit, lo cual -podríamos decir- sería una tarea cercana a coadyuvar en el proceso presupuestario a los distintos grupos parlamentarios; pero también en relación a la observancia y a la fiscalización de la ejecución de las cuentas del Estado, no en vano la actividad del control presupuestario aparece hoy mediatizada, filtrada por la información

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normalmente unilateral que facilita el Gobierno, como es evidente, una información que la mayoría de las veces es extemporánea, residual o simplemente escasa, sin olvidar la capacidad de esta oficina presupuestaria para realizar todo tipo de informes que faciliten el análisis presupuestario y el control financiero para una mejor evaluación también de las políticas públicas y de la política fiscal, informes que orienten, que inspiren la actuación de esta Cámara y de los poderes públicos a la hora de asignar de forma racional los recursos y a la hora de adoptar determinados compromisos o decisiones de gasto. Como es obvio, estas funciones no las ostenta en este momento ningún órgano, ninguna institución, y mucho menos el Tribunal de Cuentas, que por su naturaleza ejerce un control ex post y ajeno al círculo presupuestario, además de que en nuestro sistema institucional, señorías, es un tema que hace años que se viene reclamando. Por cierto, una auténtica rara avis en el concierto de los países democráticos, algunos de larga tradición como Estados Unidos, que ya tiene su Budget Office dependiente de la Cámara de Representantes, u otros países en nuestro entorno más próximo como Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Irlanda o el Reino Unido entre los de la Unión Europea, o Australia, Noruega o Suiza entre los países de la OCDE, porque la comparación y el cotejo de todas las posibles fuentes de información es, señorías, propio de democracias maduras y avanzadas.


Señorías, por todo ello, evidentemente antes de acabar esta intervención voy a pedir en nombre de mi grupo su voto favorable, al mismo tiempo que por los motivos que ya he explicado anuncio también nuestro voto contrario a la proposición presentada por el Grupo Popular.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.


Ningún grupo ha expresado su deseo de utilizar un turno en contra de ninguna de las dos proposiciones de ley que se han presentado. Pasamos, por tanto, al turno de fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.


Voy a intervenir brevemente para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego con respecto a estas proposiciones de ley.


No tengo que convencerles a ustedes de que la política presupuestaria es un elemento esencial de la acción política. A través de ella se decide el uso de los recursos públicos, por tanto de los recursos de todos, definiendo cuáles son las prioridades que se deben atender. Por ese motivo, la aprobación de los presupuestos y el control de su ejecución es una de las tareas más importantes de todo Parlamento. También por ese motivo la política presupuestaria es, ante todo, eso, política; no es una cuestión simplemente técnica. Es esta consideración la que fundamenta nuestra posición favorable a la toma en consideración de la proposición de ley de Esquerra Republicana de Catalunya y nuestro rechazo a la del Grupo Popular, pues, aunque el objeto de las mismas sea coincidente, los contenidos son muy diferentes. Con la proposición de Esquerra Republicana de Catalunya se apuesta por crear instrumentos que faciliten el flujo de información, la transparencia, el control y el seguimiento para facilitar la tarea política de control e impulso al Gobierno en esta materia; en definitiva, se apuesta por poner la técnica al servicio de la política.
Con la proposición del Partido Popular mucho nos tememos que se pretenda exactamente lo contrario: trasladar a una instancia técnica aspectos que se deben debatir y sustanciar en los ámbitos estrictamente políticos, en los ámbitos estrictamente parlamentarios. Así, los contenidos de la proposición del Partido Popular son excesivamente minuciosos en las funciones, contenidos y composición de la oficina, lo que supone un esquema muy rígido y burocrático que imposibilitará que se cumplan de manera ágil y eficaz los objetivos que se le encomiendan. Contempla, pese a lo dicho por don Jesús Posada, una tutela y vigilancia excesiva hacia las comunidades autónomas, acorde con una visión centralista que pretende constreñir que las comunidades autónomas, en ejercicio de su autonomía política, puedan diseñar sus propias políticas presupuestarias. Además, es excesivamente obsesiva con preceptos hoy sometidos a discusión en todo el mundo, imponiendo fuertes restricciones al recurso al déficit público por parte de las distintas administraciones; en definitiva, y como decíamos antes, se traslada a un órgano no político aspectos que se deben debatir y sustanciar en los foros políticos, algo a lo que el Partido Popular, por desgracia, nos tiene ya acostumbrados. Hoy, sin ir más lejos, todos nos hemos desayunado con el anuncio de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, algo que desde nuestro punto de vista no merece otra valoración que la de un auténtico disparate político. El Partido Popular, como siga por este camino, llegará a la conclusión de que sobran los parlamentos, que basta con investir de todos los poderes del Estado al Tribunal Constitucional. Sin lugar a dudas, hay una congruencia entre este tipo de actuaciones políticas y los contenidos que en la proposición de ley del Partido Popular se reservan para la oficina presupuestaria.


Don Jesús Posada ha dicho que hoy de lo único que se trata es de que esta Cámara se pronuncie sobre la toma en consideración de estas proposiciones de ley. Eso es objetivamente cierto y en eso estamos de acuerdo, pero hoy, señorías, podemos elegir, dado que se someten a discusión dos proposiciones de ley que tienen el mismo objeto pero contenidos muy diferentes. En ejercicio de esa elección, el BNG considera que hay que tomar en consideración la proposición de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya porque nos parece un texto base mucho mejor para su discusión en el trámite parlamentario, pero por los motivos expuestos

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votaremos en contra de la toma en consideración de la proposición de ley del Partido Popular.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras y señores diputados, he de comenzar diciendo que nuestro grupo parlamentario celebra la presentación de las dos proposiciones de ley, una del Grupo Popular y otra de Esquerra Republicana de Catalunya, con el objetivo de crear en esta Cámara una oficina de control y gestión presupuestaria. Celebramos esta iniciativa, aunque los contenidos de la misma, tal y como lo explicaré más adelante, no son de nuestra total satisfacción y algunos de ellos son para nuestro grupo completamente rechazables. A pesar de ello, adelanto que la intención de nuestro grupo es votarlas favorablemente de manera que se siga su tramitación lo antes posible. Posteriormente, y tal y como han indicado los portavoces que han defendido sus iniciativas, en el trámite parlamentario estamos seguros de que podremos, con la voluntad de todos, modificar y constituir una oficina presupuestaria con el más amplio consenso. ¿Qué entendemos por una oficina adecuada? Una oficina, al menos en principio, con una estructura muy simple, que pueda crecer a medida que vayamos generando necesidades y demandas suficientes para la misma. No nos parece, por lo tanto, en este sentido adecuado el modelo mastodóntico que plantea hoy el Grupo Popular, aunque es cierto que el señor Posada nos ha dicho que es una iniciativa de máximos y que luego, evidentemente, se debe y se puede modular.


Frente al modelo del Partido Popular creo que se contrapone una oficina austera en la medida de lo posible, que utilice también en la medida de lo posible los medios personales y materiales ya existentes, una oficina que informe puntual y eficientemente y no que haga informes sobre todo.
No se trata de duplicar las funciones del Ministerio de Hacienda ni de inundarnos de informes que acaben en la papelera; se trata de informar.
Para ello es necesario buscar las sinergias y la colaboración necesaria con el Ministerio de Hacienda. El sistema contable y presupuestario del ministerio no ha de estar solo al servicio de la gestión sino que ha de estar sujeto a la información pública y al control político que con esta oficina se ha de pretender. La acción política requiere información, y serán los grupos políticos y los diputados los que demanden esa información en función de sus necesidades. Hay que cubrir, evidentemente, esas necesidades que serán variables en el tiempo, por lo que se requiere una oficina ágil, flexible y adaptable a las necesidades, no estructuras rígidas ni informes predeterminados. Necesitamos datos adecuados, no talar árboles para acumular papel innecesario en los despachos. La información ha de ser suministrada puntualmente; no puede ocurrir que se pidan datos concretos de partidas bien definidas al Ministerio de Economía y Hacienda y no nos hagan ni caso. Mi grupo, sin ir más lejos, ha tenido que recurrir al amparo de esta Cámara para que nos envíen la información y aún la estamos esperando, y de momento, insisto, ni el amparo nos ha servido. Esto es lo que no puede ocurrir en ningún caso. La información presupuestaria, en sus diferentes fases de ejecución, tanto de los ingresos como de los gastos, deberá estar disponible on line no solo para los diputados sino, yo diría, para el conjunto de los ciudadanos. Si la tecnología lo permite, ¿por qué lo impiden los funcionarios o los cargos públicos? Esto no puede volver a ocurrir. Si apelamos a la transparencia es para que realmente exista transparencia.
Demandamos por lo tanto un servicio eficaz on line de toda la información presupuestaria debidamente ordenada. El esfuerzo de la oficina debe ser el de canalizar las demandas sistemáticamente y ofrecer información útil al diputado, insisto información útil, no papeles y más papeles. La información, debidamente tratada, servirá para mejorar, sin duda, la calidad de las iniciativas parlamentarias para intervenir en la política con más datos y de forma más eficaz. Reclamamos, por lo tanto, una oficina eficiente que permita hacer una política eficaz y de mayor calidad.


En este marco, no nos parece oportuno y además creo que falta al necesario respeto competencial que, con la disculpa de la creación de la oficina registral en la sección del Senado, en la iniciativa del Grupo Popular se pretenda controlar la información de las políticas de las administraciones territoriales más allá de las directamente dependientes de la Administración central. Es cierto que el señor Posada ha hecho una referencia a que solo es a los efectos de ver si se cumple o no con los compromisos en materia de estabilidad, pero como yo -sinceramente señor Posada y con todo el cariño- no me fío en exceso de estas iniciativas, o está excesivamente claro y se pone muy claro en el proyecto o vamos a tener problemas, porque con una disculpa se suele entrar donde algunos por lo menos no queremos que se entre. En este sentido, diría una vez más que zapatero a tus zapatos, que la oficina del presupuesto del Congreso o de las Cortes Generales -si al final se opta por este modelo- debe buscar la eficiencia y calidad de las políticas propias de la Administración Central del Estado. Si los parlamentos autonómicos u otras instituciones públicas de nivel inferior consideran necesario un modelo de funcionamiento similar para su gestión, es cosa de ellos. Seremos muy celosos, insisto, en esta cuestión a pesar de la aclaración del señor Posada. Si queremos oficina presupuestaria habrán de respetarse escrupulosamente el reglamento y los ámbitos competenciales, al menos si se espera contar con el apoyo final del Grupo Parlamentario Vasco. Una oficina austera que informe, no que haga informes, que evite duplicidades con el Ministerio de Economía y Hacienda, que gestione la información al servicio de los diputados con el fin de

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elevar la eficacia y calidad de las iniciativas y del debate político y que respete el marco competencial sin entrometerse en el ámbito autonómico es lo que realmente desea nuestro grupo.


Apoyamos, por lo tanto, la toma en consideración de estas proposiciones de ley a la espera de que se tengan en cuenta nuestras aportaciones a lo largo de la tramitación para que el apoyo no sea solo en la toma en consideración sino también a la propia proposición.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, Convergència i Unió celebra que hoy tengamos este debate, y lo celebra por cuanto la administración de los recursos públicos es una de las cuestiones fundamentales a las cuales debemos estar dedicados. La gestión de los recursos públicos -lo he dicho ya anteriormente-, su administración, su disposición, la determinación de los fines a los cuales van a ir dedicados competen a este Parlamento. Y compete también a este Parlamento controlar que el Gobierno efectivamente cumpla con aquellos compromisos que ha adoptado ante nosotros y ante todos los ciudadanos. La política es ante todo presupuestos, la política es ante todo saber dar un buen destino a los recursos que son de todos los ciudadanos. Por lo tanto, parece muy oportuno que pretendamos dotarnos desde esta casa de un instrumento dedicado a ser más eficientes en la administración de estos presupuestos y en el control de la administración que el Gobierno hace de estos presupuestos.


La oficina presupuestaria, de todas maneras, a nuestro entender, señoras y señores diputados, no es solo una cuestión instrumental. Hemos oído a lo largo de esta tarde diversas intervenciones en las cuales se decía: así vamos a poder presentar más fácilmente determinadas iniciativas o evaluar más fácilmente el coste de determinadas iniciativas, puesto que vamos a disponer de un instrumento eficaz para poder efectuar, plantear o controlar las distintas políticas. Evidentemente, la oficina presupuestaria es a nuestro entender, al entender de Convergència i Unió, una cuestión instrumental. Es lógico que hoy día, con la complejidad de todo el sistema contable, las señoras y los señores diputados, que no tienen ninguna obligación de ser expertos en la materia, dispongan de un instrumento sencillo, cómodo, que no les obligue a hacer una función de detective privado para que en cualquier momento puedan conocer cuáles son los presupuestos, cuáles son los costes, cuáles son los beneficios sociales de los distintos recursos públicos y aquello a lo cual se destinan. No es la oficina presupuestaria, a nuestro entender, un instrumento solamente, no es una cuestión instrumental. A juicio de Convergència i Unió, la oficina presupuestaria es una cuestión profundamente política, es decir, disponer o no de una oficina presupuestaria conlleva un distinto nivel de calidad democrática, y puesto que esta afirmación pudiera ser un tanto controvertida, algún ejemplo que han puesto ya distintos intervinientes puede ilustrarlo. En la mayoría de democracias con las que normalmente nos queremos homologar, y por cierto a las que tenemos que tomar por modelo aún en muchas cuestiones, tienen ya instrumentos parecidos a la oficina presupuestaria; distintas modalidades, en unos casos de rango decididamente técnico, eso sí absolutamente disponibles, un buen bagaje técnico que en cualquier momento puede permitir a cualquier parlamentario disponer de la misma información que puede tener el señor ministro de Economía y Hacienda. A veces estas oficinas parlamentarias alcanzan un rango más político porque se les quiere dar también una función de control. Podemos elegir entra una u otra modalidad, pero en cualquier caso existe el instrumento y el Estado español es una excepción por no disponer de ningún instrumento de oficina presupuestaria. Este es un tema grave y podía serlo menos si nuestros ejecutivos nos suministrasen una cantidad y una calidad de información tan exuberante que no hiciese falta gastar más recursos en tener una oficina presupuestaria, pero esto no es así. Por ejemplo -y apelo a lo que uno de los vicepresidentes de esta Cámara hasta hace un año y compañero nuestro, Jordi Vilajoana, había denunciado varias veces ante esta tribuna-, no sé si esta primera bancada, pero de esta bancada para allá nadie conoce lo que supone para el erario público el aeropuerto de Barajas o el de Hondarribia, es igual. No se sabe, no lo sabemos nosotros, no lo saben los ciudadanos. La contabilidad de nuestros aeropuertos es un secreto de Estado y a pesar de los intentos de mi grupo y de algún otro grupo no se ha logrado conocer. Por tanto, la calidad de la información presupuestaria que tenemos es francamente muy baja. Podría ponerles otros ejemplos, como el hecho de que la Administración cada vez se dota más de mecanismos extrapresupuestarios o de entes de todo tipo, sociedades públicas, entes administrativos, que no computan en la contabilidad de los Presupuestos Generales del Estado. Si algún diputado o diputada ha intentado conocer cómo es la ejecución presupuestaria de estos organismos, por ejemplo de Seitsa, dónde gastan los recursos públicos estos organismos, no puede saberse.


Señoras y señores diputados, estamos ante una clara situación de déficit democrático y por tanto la oficina presupuestaria no es una cuestión meramente instrumental sino de calidad democrática. Sean por tanto bienvenidas estas iniciativas. Convergència i Unió va a votar positivamente las dos, en principio porque nos parece que votar las dos es decir que esto no va contra nadie. No va contra el Partido Popular por más que en ocho años no la creó, no va contra el Partido Socialista y sus más o menos aliados porque tampoco la han creado en trece años y ahora en cinco años. No va contra nadie, va a favor de todos y por tanto, aunque a nosotros nos puedan gustar más algunos aspectos de la una o de la

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otra, vamos a votar afirmativamente las dos proposiciones de ley. Sería bueno que las dos prosperaran y sería bueno además que de las dos proposiciones de ley surgiera la voluntad unánime de tramitarlas, de acelerar su tramitación y de que fueran cuanto antes una realidad. Mi grupo también ha presentado una proposición de ley. Teníamos la opción que nos da el Reglamento de acumularla a esta tramitación, pero no hemos querido hacerlo por no sumarnos no ya al espectáculo, como iba a decir, porque no es un espectáculo, sino a ver quién se apunta el tanto. Para nosotros lo importante no es quién se apunta el tanto hoy, sino que de aquí a medio año podamos disponer de esta oficina presupuestaria.


Señoras y señores diputados, hace pocos días quien les habla tuvo la ocasión de estar en Francia y de hablar con representantes del ministerio francés de l'Equipement, el homólogo de nuestro Ministerio de Fomento, y me comentaban que todos los estudios, todos los dictámenes, todos los proyectos que encarga el Gobierno francés en el mismo momento de su entrega deben ser colgados de Internet y puestos a disposición de todos los ciudadanos, porque los han pagado todos los ciudadanos. Estos son valores republicanos. Estos son valores democráticos importantes. Creo que lo que hoy estamos haciendo sería, en cualquier caso, dar un paso adelante hasta estos valores democráticos. La oficina presupuestaria, al entender de Convergència i Unió, en el caso de crearse, sería un paso adelante muy importante en esta calidad democrática de la que estamos muy necesitados.


Muchas gracias, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Macias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, también quiero decir que el interés del Grupo Parlamentario Socialista por la creación de la oficina presupuestaria es sobradamente conocido. Han sido varias las iniciativas que mi grupo ha presentado a lo largo de los años para crear un órgano de asesoramiento a diputados y diputadas para ejercer el control presupuestario con suficientes medios.
Pero este interés de contar con un instrumento de apoyo -con la oficina- pasa por que sea un instrumento ágil, que dé respuestas rápidas a los requerimientos de los grupos y a las demandas de los diputados y las diputadas. Estamos de acuerdo, como ha indicado el representante del PNV, en que sea una estructura simple; si tiene que crecer lo irá haciendo con el tiempo. Y cabrían, como aquí se ha dicho, varias propuestas para la puesta en marcha de la oficina. Podríamos, por ejemplo, desarrollar la disposición adicional vigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990. Eso sería mediante una reforma parcial del Reglamento, pero parece que en eso todos los grupos tiran la toalla. Quiero recordar que esa disposición se aprobó con los votos a favor del PSOE y la abstención del Partido Popular.


Hoy proponen dos grupos parlamentarios la creación de una nueva ley. Tengo que decir que no estamos de acuerdo en que se apruebe una ley que cree tanta burocracia como plantea el Grupo Parlamentario Popular una vez más.
Y digo una vez más porque esta ley ya fue debatida y rechazada por todos los grupos en la anterior legislatura. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Tal y como ha explicado el diputado señor Posada, que ha hecho una exposición muy pedagógica y con la que estaríamos de acuerdo todos, sabiendo ya que esa propuesta que presentaron en 2006 no le gustó a ningún grupo, aunque solo fuera por lo prolijo del texto que fue rechazado por todos los grupos, podían haber presentado otro texto en el sentido que él mismo explicaba. Hubiera sido más riguroso y con ello hubieran podido intentar llegar a un acuerdo antes de traer ese texto.
Seguramente, con lo que usted ha explicado, hubiéramos llegado a un acuerdo previo, porque está claro que todos los grupos queremos la oficina presupuestaria. Eso es lo que nosotros hemos pretendido siempre, sobre todo en un tema como este que está al margen de la lucha partidista. Señor Posada, sí le voy a decir lo que usted esperaba que le dijeran: de esta forma en que se plantea hoy, el Partido Popular pudo hacerlo sobre todo en los cuatro años que tuvo mayoría absoluta. Hubiera sido fácil hacerlo, pero no lo hicieron, y le voy a decir algo. No sé si tenían intención de hacerlo si hubieran seguido gobernando, porque en el programa electoral del PP de 2004 no aparece la creación de la oficina presupuestaria; solo hablan de reforzar servicios de la Cámara para asesorar a los diputados. Por eso, parece general que el interés de la oficina aparece más cuando se está en oposición. Ustedes dan a la oficina la obligación de crear tantos y tantos informes que parece que en el recuerdo de cuando ustedes gobernaban esos informes que emitía el Gobierno no fueran demasiado fiables. En primer lugar, consideramos que los informes que emite el Gobierno son veraces y que lo que los diputados necesitamos es asesoramiento para interpretarlos muchas veces, incluso para obtener una información más pormenorizada de algunos detalles que requerimos.


Anuncio que rechazaremos la toma en consideración de la proposición que presenta el Partido Popular por varias razones. La primera, porque consideramos que es repetitiva. Establece obligaciones para órganos del Gobierno y de la Administración General del Estado, como usted ha reconocido, que ya están previstas en normas vigentes como, por ejemplo, la Ley General Presupuestaria. La Ley General Presupuestaria obliga a la Intervención General de la Administración del Estado a poner mensualmente a disposición de la Comisión de Presupuestos -y la recibimos puntualmente- la información de la ejecución de los presupuestos. Además, el ministro remite trimestralmente la utilización del Fondo de Contingencia, los créditos extraordinarios y suplementarios de crédito, una memoria anual de política de

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endeudamiento, etcétera. Si a todos estos informes remitidos por las distintas instancias del Gobierno les sumamos los que ustedes proponen con esta oficina, que contados por encima -lo he hecho- son aproximadamente cuarenta, más los monográficos y los previos a cada iniciativa, crearíamos una burocracia que seguramente nos iba a envolver más que ayudarnos en nuestra labor. Por otra parte, los costes de personal que son necesarios para poner en marcha una organización como esta para que puedan realizar tan ingente cantidad de trabajo y la infraestructura física que requeriría esta estructura conllevarían un incremento del gasto público que no es aconsejable en estos momentos de austeridad, sobre todo porque se crean órganos de información y control que iban a hacer trabajos repetitivos y de dudosa rentabilidad para los diputados y las diputadas, y cuando pidiéramos asesoramiento igual estarían muy ocupados haciendo informes. Por último, como usted también ha reconocido, quiero indicar que el texto regula cuestiones tan en detalle que es propio, como usted mismo ha dicho, de una norma de rango inferior, sobre todo porque nos obligaría si tuviéramos que hacer alguna modificación a hacerla por ley, con lo que esto conlleva.


De acuerdo con lo que antecede, el Grupo Socialista considera más adecuada la propuesta que hace ERC, en cuanto a que deja la composición, la estructura y el funcionamiento interno al correspondiente desarrollo reglamentario, como es lógico. Pero además nos gusta, porque es lo que creemos que es la finalidad principal, la claridad expositiva de la finalidad, porque destaca especialmente -y creemos que es lo principal- el asesoramiento técnico y jurídico de los diputados y las diputadas y los grupos parlamentarios en todas las consultas que quieran realizar acerca del presupuesto.


Por último, quisiera destacar, y que quedara constancia de ello, que el Grupo Socialista mantiene la necesidad de crear una estructura estable y profesional que permita la información y el control de la actividad presupuestaria del Ejecutivo, pero también queremos que quede constancia de que consideramos que este no es el instrumento jurídico. Es la Mesa la que tiene la función de adoptar cuantas decisiones y medidas requieren la organización y el trabajo interno de la Cámara, pero vista la dificultad que esto ha tenido siempre daremos nuestro apoyo a la toma en consideración, como he dicho, de la proposición de Esquerra Republicana, pero adelantando que tenemos la intención de enmendarla en su trámite en el sentido de consensuar un texto que podamos aprobar todos los grupos parlamentarios por unanimidad. Lo vamos a hacer así para demostrar el interés de contar cuanto antes con un instrumento ágil y transparente puesto al servicio de diputados, diputadas y grupos parlamentarios.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA LA APLICACIÓN DEL TIPO REDUCIDO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SOCIAL EN CENTROS RESIDENCIALES.
(Número de expediente 122/000026.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la aplicación del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a la prestación de servicios y asistencia social en centros residenciales. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha traído a debate a esta Cámara una iniciativa legislativa que hace referencia a una proposición de ley para la aplicación del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a la prestación de servicios y asistencia social en centros residenciales. Es bien cierto que tuvimos la oportunidad de poder debatir esta iniciativa la pasada legislatura. A pesar de la ilusión y la potencia que intentó imprimir este grupo parlamentario para que fuera aprobada, lamentablemente no prosperó.
Esperamos que en esta sesión podamos tener la fuerza suficiente para convencer, en primer lugar, al grupo parlamentario que da soporte al Gobierno socialista, y por descontado también al resto de grupos y formaciones políticas que tienen la oportunidad de tomar esta proposición de ley en consideración para poner en marcha algunos aspectos que consideramos relevantes.


El objetivo fundamental de esta iniciativa legislativa no es otro que reducir el tipo impositivo del IVA hasta el 4 por ciento para todas aquellas prestaciones de servicios y asistencia social que realizan los centros residenciales que actualmente no están exentas. Como ustedes saben perfectamente, los centros públicos sí están exentos de la aplicación del IVA en la prestación de sus servicios y nosotros intentamos que todas aquellas asociaciones privadas sin ánimo de lucro y todas aquellas entidades privadas con ánimo de lucro que, como más adelante me referiré, son una parte importante del sector del mercado, puedan beneficiarse de un IVA reducido, que pasaría del 7 por ciento al 4 por ciento en todos aquellos aspectos relativos a prestaciones a la infancia, a la juventud, a incapacitados físicos y psíquicos, y a todas las personas mayores. La motivación básica de esta iniciativa es, en primer lugar, porque nuestro grupo parlamentario entiende que el aumento de la esperanza de vida, así como el hecho de que la estructura piramidal poblacional haya cambiado, obligan a tomar medidas para asegurar la adecuada atención de este colectivo. En segundo lugar, nos estamos aproximando a 7 millones de personas mayores de 65 años y entendemos que esta

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cifra irá aumentando hasta alcanzar los 8 millones de personas en los próximos cinco años. Por lo tanto, es lógico pensar que debemos dar apoyo a la mejora de su situación y de sus necesidades. Al mismo tiempo, hemos de plantear la necesidad colectiva de mostrar más sensibilidad hacia estos sectores sociales. Por otra parte, hay que destacar que existe una oferta pública de residencias muy limitada. Debemos tener en cuenta que los centros residenciales privados están ofreciendo servicios que deberían ser cubiertos por las administraciones públicas. Si nos atenemos a los datos que obran en nuestro poder, observaremos que de acuerdo con el informe del Imserso, el número total de plazas residenciales para personas mayores en España a enero del año 2006 era de 298.870, distribuidas en 6.052 centros. Esta oferta se caracteriza por un mayor peso del sector privado, respecto al sector público, y este peso se pone manifiesto en cuanto a la titularidad, así como en cuanto a la financiación y la gestión. De la totalidad de centros, de los 6.052 centros residenciales, el 83 por ciento, concretamente 4.993, son de titularidad privada y gestionan el 76 por ciento de la oferta de plazas residenciales, que son 225.882. El 20 por ciento de las plazas residenciales, 58.905, son gestionadas a través del sistema de concertación con el sector público y el 56 por ciento restante, 166.977, son plazas de financiación privada a precios de mercado. El 17 por ciento de los centros residenciales restantes, en concreto 1.059, son de gestión pública y disponen solamente de 72.988 plazas residenciales, el 24 por ciento del total de las plazas. En términos de financiación, el 56 por ciento de las plazas residenciales se ofrecen a precio de mercado y el 44 por ciento de las mismas reciben financiación pública. Por tanto, entendemos que aquí existe una disfunción importante en cuanto al volumen de plazas de titularidad privada, que mayoritariamente son gestionadas por centros también de titularidad privada o concertada.


También podemos observar que hay un importante volumen porcentual de plazas de titularidad pública cuya gestión se lleva a cabo exclusivamente por entidades públicas. Por tanto, ya que la titularidad pública no puede abarcar la gestión del total de la demanda, que en estos momentos ha aumentado por el incremento de la población mayor de 65 años, y lo que va a suponer en los próximos quince o veinte años, podríamos llegar a la conclusión de que no es demasiado lógico que determinados centros gocen de una exención del impuesto sobre el valor añadido, cosa con la que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Al mismo tiempo planteamos la posibilidad de que todos aquellos centros privados que acogen muchísima demanda que no pueden gestionar los centros de titularidad pública no estén exentos del IVA al cero por ciento, pero que al menos puedan gozar de una reducción del 7 al 4 por ciento, tal como se aprobó en la última cumbre europea que se reunió la pasada semana, en la cual sí hubo un acuerdo de todos los países integrantes de la misma, en el sentido de que sería muy interesante plantear en los próximos años e incluso también en este ejercicio la posibilidad de aplicar una prestación de servicios a un IVA reducido.


Las expectativas que podríamos generar con la aprobación de esta proposición de ley presentada por nuestro grupo parlamentario seguramente podrían dar satisfacción a muchísimos colectivos que en estos momento no pueden ser atendidos por centros asistenciales de titularidad pública y que lo han de ser por centros asistenciales de titularidad privada, con unos gravámenes que consideramos que podrían reducirse sustancialmente.
Por tanto, esta propuesta contribuye de forma significativa a reducir los costes de asistencia que deberían satisfacer muchísimas familias, muchas de las cuales tienen muchísimas dificultades para llegar a final de mes.
En muchos casos los ciudadanos que no pueden acceder a plazas en centros públicos, además de la obligación de satisfacer el coste, deben soportar una presión fiscal, desde nuestro punto de vista, desproporcionada, que no tiene fundamento en la normativa comunitaria.


También me gustaría hacer mención a algunas mociones aprobadas por las asociaciones de personas mayores que han reclamado reiteradamente este cambio legislativo. Así podríamos leer una moción aprobada en el II Congreso estatal de personas mayores, que se celebró en Madrid en el año 2002, en la cual se denunció una discriminación irritante que puede resolverse inmediatamente, como es el hecho de que las plazas que ocupan mayores en residencias y centros geriátricos asistidos sean gravadas por el 7 por ciento del IVA como si fueran establecimientos de hostelería. En este sentido, también hay que plantear que no solo hay que pagar el coste por no haber plazas públicas suficientes, sino también por el IVA soportado por las mismas. Desde nuestra perspectiva no tiene ningún sentido que la prestación de servicio realizada por centros sociosanitarios se equipare con la prestación de servicios que realizan hoteles y balnearios respecto a la tributación del IVA. Por tanto, señorías, se podría concluir que entendemos desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que esta propuesta debería apoyarse sin vacilaciones por una cuestión única y fundamentalmente de justicia social. Entendemos que es necesario avanzar en todas aquellas medidas que reclaman las necesidades sociales actuales y futuras respecto de sectores que socialmente necesitan protección, como son la infancia, la juventud, los incapacitados físicos y psíquicos y las personas mayores. Esta necesidad entendemos que es especialmente grave respecto a la atención de personas mayores por el aumento de la esperanza de vida, pero no dejan de ser menos importantes por ello, toda vez que deben ser objeto de nuestra atención, sectores sociales anteriormente mencionados, como son la infancia, la juventud y los incapacitados físicos y psíquicos. Por este motivo, nosotros les vamos a pedir que voten favorablemente, y a ser posible por unanimidad, nuestra propuesta porque esta iniciativa tiene una gran profundidad social.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor Sánchez i Llibre, he estado atenta a las explicaciones que usted nos acaba de dar, algunas ya recogidas en la exposición de motivos de esta proposición de ley. Compartimos los argumentos en relación con la reducción del IVA en tanto en cuanto se entiende que esto repercutiría en el precio del servicio que tendrían que pagar las personas que necesitan del mismo, personas mayores, personas en situación de discapacidad, etcétera. Pero, señor Sánchez i Llibre, también quiero manifestar que la propuesta contiene algunos apartados que nos preocupan, aunque entendemos que los mismos se pueden resolver en el trámite parlamentario, a través de las enmiendas que podamos presentar y, sobre todo, en el texto final que se pueda acordar. Entendemos que para que se cumpliera este fin, que la reducción del IVA repercutiera en el precio de los usuarios, habría que corregir algunas cuestiones en la propuesta que usted hace. Tal como está, solo queda claro que se reduciría el IVA, pero no clarifica en qué manera se puede garantizar que efectivamente eso vaya a significar una reducción del precio del servicio para el usuario. Una de las correcciones que nosotros entendemos que sería necesaria tiene relación con el precio de los servicios que este centro estuviera ofreciendo para personas mayores, personas con discapacidad o jóvenes. Recuerdo que usted hizo referencia también en su exposición a que esto fue motivo de debate en la legislatura pasada. Así como se aprobó la exención para aquellos centros públicos o sin ánimo de lucro, en cambio no se llegó a acuerdo en los temas que usted hoy plantea. Evidentemente, en el debate se barajaron este tipo de cuestiones. Estamos en un mercado libre, donde estas empresas que prestan servicios tan fundamentales para nuestra sociedad, al final, marcan el precio y al usuario no le queda más remedio que aceptarlo en la medida en que, como usted bien ha dicho, no existen suficientes plazas públicas para que se pueda resolver el problema que tenemos y que está relacionado con esas personas en situación de dependencia, personas mayores y jóvenes. No entendemos muy bien si se refiere a jóvenes en situación de dependencia o a políticas de juventud en general, por lo que digo que en la tramitación parlamentaria estas cuestiones se podrían discutir y resolver.


En la medida en que compartimos que desde lo público no se están cubriendo en este momento todas las necesidades que la sociedad tiene en relación con la atención a personas con dependencia, con la atención ya no digo a jóvenes sino a la infancia -porque entendemos que también entrarían empresas de servicios de atención a la infancia de 0 a 3 años y de 3 a 6 años- y en la medida en que, efectivamente, no existen suficientes plazas públicas, podemos entender la propuesta que usted nos hace. El Bloque Nacionalista Galego defiende la idea de que estos servicios deben ser ofrecidos a la ciudadanía desde los poderes públicos, desde las administraciones públicas y, por tanto, la alternativa privada debe ser algo que está ahí para que las personas puedan optar a ella, pero la Administración pública debería resolver los problemas que existen.


Como somos conscientes de lo que usted acaba de exponer en el sentido de que a las personas no nos queda más remedio que asumir el ingreso en una residencia privada, a veces con precios desorbitados, entendemos la propuesta que usted nos hace y por eso vamos a votarla favorablemente.
Pero ya le exponemos nuestra voluntad de corregir algunos aspectos, de tal manera que la reducción del IVA repercuta en el precio final al consumidor y no signifique que, reduciendo el coste a las empresas, los consumidores vayan a pagar lo mismo. Por un lado, compartimos y nos parece oportuno lo que usted presenta y, por otro lado, entendemos que hay cuestiones que se deben corregir; de ahí las matizaciones que hemos hecho. Reiteramos nuestra posición de votar a favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra don Joan Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Señor Sánchez i Llibre, yo también he leído atentamente la exposición de motivos y le tengo que confesar que a nuestro grupo le preocupa una realidad, ese drama cotidiano de miles de familias que tienen que acudir a una residencia y que tienen que pagar dinero, a veces una fortuna, para resolver dramas familiares sin tener los recursos apropiados. El problema está en que la legislación estatal especifica que el tipo del IVA es del 7 por ciento en el caso de prestación de estos servicios a través de una sociedad mercantil, es decir, con ánimo de lucro. En cambio, si se trata -y usted lo sabe- de residencias de la tercera edad gestionadas por organismos públicos o privados sin ánimo de lucro, es decir, organizaciones sociales, no tributan IVA, están exentas. Yo le confieso que nuestro grupo, como mínimo Iniciativa e Izquierda Unida, tiene un modelo y el modelo es el de la apuesta por lo público o, en cualquier caso, la apuesta por la economía social, por aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que cumplen una función en este aspecto. Hoy, es cierto, los elevados precios de las residencias -por ejemplo, en Cataluña, usted lo conoce tan bien como yo, 1.800 euros mensuales-, la escasez de plazas -un 4 por ciento de cobertura residencial- y las listas de espera son un problema. A nuestro grupo le parece que se trata de una actividad que nos interesa que se desarrolle más y en la que se pueden continuar exigiendo

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estándares de calidad, como la transparencia en la gestión y en las finanzas. Además, se sigue pagando una fiscalidad fuerte en otros ámbitos, no solo cuando hablamos de este servicio; cuando hablamos de la construcción, de la rehabilitación, de la compra de materiales y de las cuotas laborales se sigue pagando una fiscalidad fuerte y la pagan además organizaciones sin ánimo de lucro. Su propuesta podría ser positiva si sirviese de palanca para el resto de servicios, porque si la propuesta se aprueba, tendremos una excusa más para mejorar la fiscalidad de las otras formas de prestación de servicios, ya que nuestro grupo parlamentario no considera que la mejor forma sea la de las residencias, sino que entiende que en esta materia se tendría que avanzar hacia la autonomía personal y hacia ese tipo de prestaciones y servicios alternativos que puedan evitar el ingreso residencial y que tendrían que ir en la misma línea. Nuestro grupo parlamentario apuesta por tanto, en la medida que sea posible, por la priorización y la potenciación de la autonomía personal y por el cambio de paradigma de la institucionalización a la vida independiente, como lo plantean muchos foros, como el Foro por la vida independiente, y otras organizaciones.


¿Cuál es el problema de fondo? Que no creemos que su propuesta vaya a avanzar en esta línea ni que sirva de palanca para que esos otros servicios disminuyan el IVA, que tiene que disminuir, ni para que se abra una vía que potencie el sector público y que favorezca a las organizaciones sin ánimo de lucro, se lo digo sinceramente. Sabe usted que esta fue una discusión que también se produjo en el año 2005, en el inicio de la anterior legislatura, y que ya entonces, el 15 de septiembre de 2005, nuestro grupo parlamentario dijo que no apoyaba su iniciativa.
¿Qué es lo que nos preocupa? Ahora sí que se lo digo con toda rotundidad.
Si antes le he hablado de los elementos de oportunidad que podría suponer su proposición de ley, nos preocupa que no tenga influencia en el precio final. Se lo ha dicho la señora Fernández Davila. No sé si ella espera convencerle con argumentos de lo que es difícil convencerle a usted, es decir, de estos elementos de intervención y planificación, incluso en el precio, que garanticen que después de disminuir el IVA va a disminuir el precio. Yo soy escéptico, se lo confieso, de poder convencerle sobre estos elementos de intervención e incluso de planificación en el precio, a partir de los cuales podamos disminuir el IVA, y eso signifique una disminución del precio. Es ese escepticismo ante esa diferencia de planteamientos entre ustedes y nosotros el que hace que nuestro grupo no pueda apoyarlo, ya que creemos que lo que va a hacer su proposición de ley no es beneficiar al usuario, sino a la cuenta de explotación del empresario. Eso es lo que nos preocupa. Sabe usted además que este no es un sector que esté en crisis. Siempre que se reduce el impuesto sobre el consumo, parte del ahorro no va al consumidor, sino al producto; a lo que se tiende es, usted lo sabe tan bien como yo, a subir los precios. Eso es lo que está pasando prácticamente siempre. La pregunta es: ¿Cómo se va a garantizar que esta rebaja fiscal se traslade al usuario final? Si de aquí a que votemos encuentra la solución, quizás se lo vote, pero le he estado dando vueltas y vueltas y no hay solución, no hay manera de traducir esa rebaja en el IVA al usuario final, no hay manera real, a no ser que se venga usted a las mías y plantee instrumentos de intervención y planificación en el precio, pero sabe usted que en algún diario económico podrían decir: Sánchez i Llibre se convierte al intervencionismo. Eso no le valdría, aunque la proposición de ley prosperase.


A nuestro grupo parlamentario además le interesa el desarrollo de otro aspecto, y aquí sí que nuestro grupo va a estar al pie del cañón. Es el desarrollo del sector público. Se trata de medidas dirigidas en este caso a las personas en un contexto en el que, como usted sabe, de las 5.100 residencias que existen en España, aproximadamente solo un 25 por ciento son públicas, cifras que son muy preocupantes. La legislación actual sobre IVA recoge los supuestos que a nuestro grupo le interesan particularmente -por supuesto las organizaciones públicas pero también las organizaciones sin ánimo de lucro-, porque entendemos que los sectores privados también pueden jugar una función pública, como ocurre con este tipo de organizaciones.


Quiero acabar diciendo que su proposición de ley trae a colación una reflexión a esta Cámara, los déficits que existen en el desarrollo de la Ley de Dependencia, de la Ley de Autonomía Personal. Aquí todos nos podemos llenar la boca diciendo que hay elementos de desfiscalización que no nos gustan, que hay que favorecer el sector público, que hay que favorecer a las organizaciones sin ánimo de lucro. Muchos grupos, especialmente de la izquierda, coincidiremos en este diagnóstico, pero estoy seguro de que para la bancada socialista y para la portavoz socialista que va a intervenir la coherencia ideológica no solo está en no apoyar esta propuesta sino en garantizar un correcto desarrollo de la Ley de Autonomía Personal o, dicho de otra manera, en no aceptar tampoco por parte de la bancada socialista que los recursos que se destinen a la política de cheques -el cheque de los 400 euros- multipliquen por cuatro lo que se destine a la Ley de Dependencia; estoy seguro de que eso también es coherencia ideológica, no solo rechazar este tipo de propuestas.


Por tanto, para nuestro grupo el gran debate de fondo es el gran déficit en el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal. Se puede estar cumpliendo la memoria económica, pero todos sabemos que existen casos flagrantes en los que desde la comunidad autónoma se está echando el resto que no está echando el Gobierno. Le pongo un ejemplo muy particular, los diputados y las diputadas que procedemos de Cataluña sabemos bien que la Generalitat destina aproximadamente siete de cada diez euros que hoy se destinan a dependencia, nada razonable teniendo en cuenta que lo que tendría que ser es que por cada euro que destine la Generalitat debería destinarse un euro por parte del Gobierno. Por tanto, por coherencia ideológica no vamos a dar el apoyo, pero precisamente por coherencia

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ideológica no basta con decir que no a este tipo de iniciativas, lo que necesitamos -sobre todo en un contexto de crisis como la actual- es el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal yendo mucho más allá, generando mucha más ocupación y garantizando que no se va a continuar con esa ratio del 25 por ciento de residencias públicas frente al 75 por ciento de residencias privadas. En mi opinión, no simplemente despachando esta iniciativa sino poniendo la atención en la Ley de Autonomía Personal podríamos dar respuestas como las que se nos piden, con coherencia ideológica de izquierdas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra para fijar posición don Aitor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


Voy a ser muy breve porque la propuesta es muy concreta. No voy a hacer un discurso sobre qué opinamos sobre los servicios sociales ni sobre qué opinamos sobre la Ley de Dependencia. Yendo en concreto a esta propuesta nos parece que resulta muy interesante. Como bien se ha señalado, el sector privado es mayoritario en este ámbito. El sector de los servicios sociales es un sector a incentivar porque cada vez más ciudadanos van a necesitar estos servicios. Además, un porcentaje importante de esos ciudadanos que utilizan esos servicios necesitan más ayudas públicas, y tampoco nos parece que la cuantía de lo que pueda suponer vaya a ser un volumen trascendental para las arcas de Hacienda. Por tanto, parece adecuado cambiar el epígrafe en el que se marcaba el 7 por ciento para aquellos servicios desarrollados por centros residenciales, equiparándolos en este sentido con explotaciones agrícolas, con obras de albañilería, con hostelería, etcétera, y que vayamos a un tipo de IVA más bajo, no igualándolos a las entidades de derecho público o establecimientos privados de carácter social, que en cualquier caso también en este ámbito fiscal van a tener una prevalencia y una ventaja puesto que en ese caso el IVA se va a mantener como 0, pero sí intentando facilitar las cosas a los usuarios de estos servicios.


Entendemos que esas afirmaciones de que va a ir directamente a la cuenta de explotación del empresario son en cierto modo gratuitas y, en todo caso, esta toma en consideración posibilita un debate posterior por parte de todos los grupos parlamentarios para que cada uno aporte lo que considere oportuno y en este sentido logremos una ley, en este ámbito fiscal, ajustada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra para fijar posición la señora Quintanilla.


La señora QUINTANILLA BARBA: Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna para defender la posición favorable del Grupo Parlamentario Popular en la toma en consideración de esta proposición de ley para la modificación del artículo 91.2 de la Ley 1992, del impuesto sobre el valor añadido. Quiero decir alto y claro que estamos a favor porque también nuestro grupo presentó en la actual legislatura la misma proposición de ley para modificar la Ley del impuesto sobre el valor añadido con el fin de aplicar el IVA superreducido del 4 por ciento en la contratación de plazas en centros residenciales para personas mayores o discapacitados; exactamente, señorías, la misma que hoy solicita el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos aprovechar este debate para denunciar y dejar constancia de la doble vara de medir y la diferencia de trato por parte del Gobierno a la hora de permitir que las iniciativas sean tomadas en consideración o debatidas en el Pleno dependiendo del grupo que la presente, ya que no entendemos por qué el Gobierno sí es favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y, por el contrario, expresó su disconformidad y acordó que no procedía la toma en consideración de la misma proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
¿Por qué en un caso sí y en el otro no cuando el contenido es idéntico? Creemos que el Gobierno con esta actitud está demostrando desde el comienzo de la presente legislatura hacia nuestro grupo un hecho sin precedentes en la historia reciente del parlamentarismo español. Con el veto de una decena de iniciativas presentadas por nuestro grupo está haciendo un flaco favor a la democracia porque está poniendo freno al trabajo de nuestro grupo, del grupo mayoritario de la oposición, y -no olviden ustedes- votado por diez millones de españoles en las últimas elecciones. Lo que es peor, está impidiendo el debate de medidas importantes para mejorar la calidad de vida de los españoles y dar soluciones reales y efectivas a sus problemas, como los que pretendemos resolver en esta proposición de ley, cuya toma en consideración estamos debatiendo en estos momentos y que, como ya decía, fue también una iniciativa de nuestro grupo parlamentario.


En ambos casos, el objetivo de estas iniciativas es aminorar el gasto que tienen las personas dependientes, mayores y con discapacidad, y sus familias, a la hora de contratar una plaza residencial en centros públicos y en centros residenciales. Tal y como argumentábamos en nuestra proposición de ley, cuyo debate fue vetado por el Gobierno -vuelvo a repetir-, la escasez de plazas de titularidad pública en residencias y centros de atención de mayores y discapacitados solo representa el 30 por ciento de la oferta. Deja la mayor parte de la oferta de estos servicios en manos de empresas privadas que acaparan el 70 por ciento de las plazas ofertadas, lo que supone un elevado coste y un desembolso imposible de afrontar para las personas que necesitan este tipo de

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atenciones y para sus familias que tienen que pagar cantidades que pueden ir de 1.200 a 2.000 euros al mes por disfrutar de una atención adecuada y de calidad. Señorías, señoras y señores diputados, ¿cuántas personas o cuántas familias pueden permitirse pagar 2.000 euros al mes por tener atendidos a sus mayores o a las personas de su familia que sufren algún tipo de discapacidad? Desde luego la mayoría no, y cada vez muchas menos ante la grave crisis y el histórico incremento de desempleo que está sufriendo España en estos momentos y que ha llevado casi a 800.000 familias a la terrible situación de tener a todos sus miembros en el paro. Por eso hoy y en esta tarde es importante recordar la famosa y debatida Ley de autonomía personal, la famosa y popular Ley de la Dependencia, porque en su disposición adicional séptima establecía que, con el fin de facilitar la cofinanciación por los beneficiarios de los servicios que se establecen en la presente ley, se promoverá la regulación del tratamiento fiscal de los instrumentos privados de cobertura de la dependencia. Hoy más que nunca en esta toma en consideración tenemos que dar cumplimiento a esa disposición adicional séptima de la Ley de promoción de la autonomía personal, donde encaja perfectamente la modificación de la Ley del impuesto sobre el valor añadido con el fin de reducir este gravamen, pasándolo del 7 al 4 por ciento, para conseguir que se haga justicia con el colectivo de personas mayores, con las organizaciones de mayores y también con las organizaciones de personas con discapacidad y por tanto con sus familias.
Por ello es importante esta toma en consideración de esta proposición de ley, ya que no quiero terminar sin decir que en la actualidad un 10 por ciento de la población española, más de 4,5 millones de personas, sufren algún tipo de discapacidad y más de la mitad de ellas son personas mayores de 65 años. Por ello en este marco es fundamental para el futuro de nuestra sociedad el diseño y la implementación de una parte de políticas tendentes a incrementar la calidad de vida, el bienestar y la autonomía de las personas y las familias, y por otra de políticas que den respuestas a las necesidades que van surgiendo en cada momento.


Señoras y señores diputados, nuestro grupo apoya esta toma en consideración desde la responsabilidad de dar respuesta a una demanda social, desde el convencimiento de que la política de apoyo y protección a la familia se perfila como un pilar esencial en la construcción del futuro y también que la política fiscal es, junto con las políticas de prestaciones familiares, uno de los instrumentos básicos para hacer efectiva esa calidad de vida y esa autonomía, y porque es de justicia y tenemos el compromiso de esta Cámara con nuestros mayores y con el mundo de la discapacidad.


Muchas gracias (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Quintanilla.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Montserrat Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidente.


Señorías, otros portavoces han hecho referencia a que esta proposición de ley que hoy discutimos no es nueva en esta Cámara. Lo hicimos en el año 2005 y lo volvemos a hacer hoy. Me gustaría concretar que esta ley pretende que el IVA que pagan los centros residenciales privados por el servicio que prestan -lo ha dicho el ponente de CiU, pero no lo explica en su exposición de motivos y creo que el calificativo es importante, privados- pase del 7 -que ahora ya es reducido- a uno aun un poco más reducido, que es el 4. Creo que debo recordar a SS.SS. que en este momento, cuando estos servicios de asistencia a personas mayores o discapacitadas son prestados por entidades públicas el tipo es cero, está exento. Además, debo recordar también que en aquellas entidades privadas que prestan servicios de tipo sanitario ligados, por ejemplo, a enfermedades degenerativas o crónicas con necesidad de asistencia, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, estos servicios sanitarios también están exentos, también están al cero. Por lo tanto, puede afirmarse que una parte muy importante de las necesidades de asistencia tiene ya una tributación o bien cero o bien reducida. Así sucedía también en 2005, cuando lo discutimos por primera vez. ¿Qué ha cambiado pues desde entonces? Poco para algunos, pero la verdad es que ha cambiado mucho, porque ha habido un gran cambio que CiU no recuerda o no reconoce precisamente porque votó en contra. El gran avance, señorías, es que en el año 2006 en este país se creó un nuevo derecho subjetivo y universal, que es el derecho a la autonomía personal y el derecho de todos los españoles a recibir atención en situaciones de dependencia, con una filosofía: favorecer al máximo esta autonomía personal y establecer ayudas directas al beneficiario, no a los prestadores del servicio -repito: directas al beneficiario-, con el compromiso de un sistema público de atención a personas dependientes que trabaja en colaboración y es compatible con los servicios que los agentes privados puedan presentar en el mercado. Además, les recuerdo que este proceso de implantación de la Ley de Dependencia requiere recursos y esfuerzos, todos lo hemos reconocido; requiere evaluación y análisis. No hace mucho aprobamos precisamente por iniciativa de Convergència i Unió una evaluación de cómo está desarrollándose y por lo tanto creo importante recordar que solamente en el año 2009 en los Presupuestos Generales del Estado están previstos 1.600 millones de euros para su desarrollo. El Grupo Socialista defiende por lo tanto esta filosofía y este compromiso. Hay pues una discrepancia, debo reconocerla, de enfoque general sobre cómo debe articularse este nuevo pilar del Estado del bienestar que creamos en el año 2006.


Hay también dos cuestiones que nos preocupan que son más de concepto, ligadas a la proposición de ley que hoy nos trae a esta Cámara. La primera ya ha sido mencionada por los portavoces del Bloque Nacionalista Galego, de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana;

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ha hecho también referencia a ello el ponente y el portavoz del Grupo Popular. La cuestión es: ¿Es efectiva esta medida? ¿Rebajar el tipo -pregunto- rebaja los precios al consumidor final? Señorías, tienen que reconocer que no hay ninguna garantía de que esto sea así. El precio depende de la oferta y la demanda. La oferta es aún restringida, luego son las empresas privadas las que dominan este mercado y pueden muy fácilmente incorporar en menos de un año toda esta rebaja a su beneficio privado y no a la reducción de precios. Este es un tema que debo confesar que al Grupo Socialista le preocupa y mucho. Usted, señor Sánchez i Llibre, ha hecho una descripción detallada de este mercado, ha explicado que está dominado precisamente por el sector privado y que es un mercado muy rígido; es precisamente esta estructura que usted describe la que favorece que esta rebaja no se traslade al consumidor final. Por tanto, me resulta un poco difícil pensar que esta puede ser una medida que sirva efectivamente a lo que ustedes dicen que va a contribuir.


Luego hay otra cuestión de contenido, que es que en la proposición de ley, tal como se discutió en el año 2005, hay algo que ustedes no han corregido y que se les avisó: si de verdad ustedes quisieran rebajar el tipo solo tenían que proponer cambiar el 7 por el 4 y no tocar ni una sola letra de la Ley del IVA. En cambio, establecen en su proposición que se gravará al 4 por ciento la prestación de servicios -no dicen cuáles-, la asistencia social -tampoco dicen de qué tipo- para niños y niñas, para jóvenes, y al final añaden: y además a los centros residenciales y personas con discapacidad física o psíquica. Ustedes fueron advertidos en 2005 de que esto es un cambio sustancial, de que a lo mejor lo que persiguen no es lo que dicen perseguir, sino simplemente más rebajas en los impuestos. Simplemente apoyan esto porque son de los que piensan que cuantos menos impuestos mejor y desde luego no les importa reclamar a la vez más Estado del bienestar y menos impuestos. Esto es algo a lo que el Partido Popular nos tiene acostumbrados y ahora veo que ustedes también.
Muchas veces les hemos preguntado desde esta tribuna que si quieren menos ingresos qué gastos van a recortar. Por ejemplo, señor Sánchez i Llibre, ¿qué impuestos deberán subir las comunidades autónomas para financiar la pérdida que pueda suponer esta rebaja que proponen en el IVA? ¿Qué impuestos tienen que subir los ayuntamientos para financiar esta rebaja que proponen en el IVA? O alternativamente ¿qué gastos tienen que dejar de hacer? Señorías, nos preocupa el enfoque de su proposición de ley y repito que estas dos cuestiones concretas queremos tenerlas muy en cuenta, además de discrepar del enfoque general. Para finalizar, les aseguro, señorías, que el Grupo Socialista va a dedicar todos sus esfuerzos para conseguir que los impuestos, que son los recursos públicos de todos los españoles, se apliquen allí donde las personas más lo necesiten. Este es nuestro empeño y nuestro compromiso.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Colldeforns.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDUCATIVO. (Número de expediente 162/000182.)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa a la protección del patrimonio educativo. Para la defensa de la proposición tiene la palabra doña Cándida Martínez López.


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Gracias, señora presidente.


Señorías, el primer manuscrito de Federico García Lorca o de Francisco Ayala se encuentra en un centro educativo, en el Instituto Padre Suárez de Granada. El Instituto Cardenal Cisneros de Madrid alberga más de 25.000 elementos científicos en su gabinete de historia natural. Los fondos documentales y bibliográficos del Instituto Isabel La Católica, antiguo instituto-escuela, guardan una información privilegiada sobre el intento pedagógico de la Junta para Ampliación de Estudios de renovar la enseñanza secundaria y la formación del profesorado. El Cabrera Pinto de La Laguna, el Luis de Góngora de Córdoba, el Brianda de Mendoza de Guadalajara, el Cardenal López de Mendoza de Burgos, el San Isidoro de Sevilla y así hasta casi cien centros educativos de toda España atesoran un riquísimo patrimonio científico, cultural e histórico, cuyo valor sobrepasa lo meramente educativo. Saludamos a los representantes de esa red de centros y a la presidenta del Consejo Escolar del Estado, que hoy nos acompañan, pues han sido ellos quienes con su constancia, con su amor a la ciencia y a la cultura, a la educación en definitiva, con sus propuestas han hecho posible este debate en el Congreso de los Diputados.
Bibliotecas, laboratorios de física y química, gabinetes de historia natural, instrumentos científicos, museos pedagógico-científicos, cartografía, obras de arte, edificios singulares, informes y publicaciones del profesorado, expedientes académicos de alumnos y alumnas que destacaron en la ciencia, las artes, la cultura o la política constituyen uno de los más ricos patrimonios colectivos de este país en los últimos 150 años, aunque, eso sí, permanecen ocultos, olvidados, tal vez por la modestia de las instituciones escolares o bien por aparecer desdibujada su importancia. Estos centros, señorías, han acumulado a lo largo del tiempo un patrimonio de indudable valor que atañe directamente a la comunidad educativa, pero que, como todo patrimonio histórico, constituye un legado para el conjunto de la sociedad. Los centros escolares son lugares privilegiados de nuestra memoria social y personal.
Todo ello nos permite recorrer la evolución de las

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ideas pedagógicas y del concepto mismo de la educación, pero también conocer qué formación tuvieron las élites y las capas medias de este país o cómo se ha ido produciendo la incorporación de la cultura científica y las polémicas suscitadas en torno a la misma. Estamos, pues, ante un legado de bienes tangibles, pero igualmente ante una suerte de herencia inmaterial de la que nos hablan esos bienes. Su protección, conservación y difusión reclaman medidas de distinta naturaleza: catalogación de los bienes, de los archivos, conservación de edificios, investigación, divulgación, etcétera. No es, señorías, un tema menor. Tiene toda la dignidad para ser tratado en el Pleno del Congreso de los Diputados, pues al valorar y conservar el patrimonio educativo nos remitimos al valor central de la educación en la sociedad y, sobre todo, al reconocimiento de la labor de un profesorado que adquirió esos materiales para su utilización en el aula, consciente de que con ello facilitaba la transmisión de la cultura y de la ciencia. El paso del tiempo les ha concedido valor histórico y ha habido otros profesores que han sabido conservarlos y legarlos. Por ello, esta proposición es también un acto de reconocimiento de la calidad y prestigio de nuestros docentes.


La Constitución española de 1978 en su artículo 46 indica que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Además, la apuesta de la Ley Orgánica de Educación por el reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado conlleva valorar en alto grado todo lo realizado por el mismo y las instituciones educativas de otros periodos, lo que supone la salvaguarda del fondo patrimonial que poseen los centros de enseñanza. También -he de comentarlo y señalarlo- el Consejo Escolar del Estado ha llamado la atención en fechas recientes sobre la necesidad de proteger ese patrimonio. Sostenemos, asimismo, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea y de la Unesco, que es preciso articular una política y una acción educativa para incrementar el respeto al patrimonio y que tal formación es la base y el fundamento del surgir de una conciencia ciudadana responsable y sensible con el mismo.
Ese gran valor del fondo patrimonial que poseen los centros de enseñanza, junto con sus vínculos de identidad con la sociedad, requiere, pues, un tratamiento singular en el ámbito de las instituciones educativas.
Algunas comunidades y algunos centros escolares están acometiendo dicha tarea, a veces solo con la dedicación entusiasta de su profesorado; nuestra felicitación por ello. Pero salvaguardar y dar valor a ese patrimonio debe ser una acción integral promovida por los poderes públicos. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición para que el Gobierno, en el seno de la conferencia sectorial, proponga un plan para proteger, conservar y difundir este patrimonio. Es una proposición que recoge aspiraciones de los centros educativos y que ha querido desde el principio atraer voluntades y acuerdo. Por eso, hemos suscrito con otros grupos un texto transaccional que recoge los enfoques y aportaciones que los mismos han realizado y que, sin duda, enriquecen el texto original.


Señorías, es el tiempo del conocimiento, del impulso de la cultura científica. Debe ser también el tiempo para rescatar del olvido el rico legado de nuestras instituciones educativas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez López.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Quisiera manifestar el voto favorable a una transacción a la que hemos llegado con los siguientes argumentos. Nosotros presentamos una enmienda a la propuesta que acaba de defender la portavoz del Grupo Socialista porque entendíamos que hablábamos de una materia competencial de las comunidades autónomas, y, aunque la propuesta ya encabezaba que sería en colaboración con las mismas, no tiene sentido una propuesta de estas características si no lleva implícito y al mismo tiempo explícito el compromiso del Gobierno en materia de financiación o de apoyo financiero al desarrollo de las políticas que la propuesta manifiesta. Por tanto, en la medida en que la transacción a la que se llega sigue siendo una propuesta del Gobierno a plantear en el Consejo Territorial de la Educación y se incorpora el compromiso económico, vamos a votar favorablemente. Queremos dejar claro que esto es una competencia de las comunidades autónomas y que vemos bien que el Gobierno se interese por esta política de poner en valor el patrimonio cultural y educacional que tenemos en todo el territorio del Estado y le proponga a las comunidades autónomas la elaboración de un catálogo, pero que tenga en cuenta el compromiso económico correspondiente para que la propuesta tenga alguna validez.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Intervengo también brevemente para anunciar mi voto positivo a la proposición que se ha planteado y para defender mi enmienda. No sé si va a ser tomada en consideración o no, pero únicamente pretende no excluir a centros privados que pueden tener un patrimonio educativo que también es de interés salvar, dentro de esta iniciativa que el Grupo Socialista presenta. Nuestra enmienda sustituye la palabra institutos por centros

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educativos para darle una amplitud mayor, sabiendo que no podemos imponérselo a la iniciativa privada. Se trata de negociar, pero se trata también de hacer el esfuerzo necesario para recuperar todo ese patrimonio que está distribuido en nuestro país, en España, no solo en instituciones educativas públicas sino también en muchas instituciones de carácter privado, y no solo de carácter religioso. Piensen ustedes en la Institución Libre de Enseñanza, en la que puede haber cantidad de cosas de interés general y educativo y que puede ser atractivo recuperar y mantener.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Andrea Fabra.


La señora FABRA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo se suma a la bienvenida de la presidenta del Consejo Escolar del Estado a esta Cámara y del resto de los representantes.


El patrimonio material de las instituciones educativas es importante para el conocimiento histórico de la génesis y evolución de los sistemas educativos. Tanto los espacios y el mobiliario donde se desarrollan las actividades lectivas como los objetos cotidianos existentes en estos centros o el material científico o pedagógico tienen un indudable valor histórico y su conservación permite obtener una valiosa información sobre los procesos educativos, la metodología y las relaciones entre los agentes de la comunidad educativa y también entre estos y la sociedad.
Muchos historiadores coinciden en señalar los inicios del siglo XIX como el origen de la estructura del moderno sistema educativo español. A partir de las Cortes de Cádiz de 1812 se dictan normas y leyes que lo organizan, se establece una mínima estructura para su financiación, se crea la inspección escolar y se organiza la formación de maestros. Fue entre 1836 y 1857 cuando nacieron los institutos más antiguos de España y fue en 1876 cuando un grupo de catedráticos, separados de la universidad por defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales en materia religiosa, política o moral, fundó la Institución Libre de Enseñanza. Ya en 1900 se creó el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, al que acompañó un proceso de profunda renovación de nuestra red de centros escolares. La puesta en valor de nuestro patrimonio educativo despierta un creciente interés, como pone de manifiesto la proliferación de publicaciones sobre la materia, la celebración de exposiciones, como la que se organizó siendo ministra doña Pilar del Castillo para conmemorar el centenario del ministerio, o la exposición Escuela de nuestra vida, organizada por la Junta de Castilla y León. También la creación de museos de educación en España, como el Museo Pedagógico Gallego inaugurado bajo la presidencia de don Manuel Fraga, o la aparición de instituciones, como la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo. Sin duda, el esfuerzo que se está haciendo por conservar este patrimonio histórico merece el reconocimiento y el apoyo de esta Cámara y del Gobierno de la nación.


Dicho esto, señorías, lo que trae el Grupo Socialista para su debate en el Pleno de esta Cámara no deja de ser una mirada al pasado. Es una iniciativa loable en sí, pero que puede ser contemplada como una metáfora de la abdicación que ha hecho este Gobierno por preservar la educación del presente y del futuro. Señorías, aquí estamos para velar por la calidad de la enseñanza de quienes hoy están en las escuelas, porque el mayor patrimonio que tendrán estos alumnos será su instrucción, y sus oportunidades de futuro dependerán en gran medida de la formación que están recibiendo ahora. Ese patrimonio personal, intangible pero principal, que es la formación de cada uno de los alumnos del presente, es también el futuro de España. De ese patrimonio de cada uno de los españoles y de España -en tanto es suma de todos- su grupo y el Gobierno que su grupo sustenta solo ha dado muestras del más absoluto desprecio.
¿Sabe S.S. que el número de titulados en educación secundaria superior ha pasado del 66 por ciento en 2000 al 61,6 por ciento en 2007? Es decir, que la tasa de abandono escolar crece; se sitúa cercana al 40 por ciento y duplica holgadamente la media europea. Mientras, las familias españolas se ven obligadas a destinar 475 millones de euros en clases de refuerzo para sus hijos. ¿Sabe S.S. que uno de cada tres alumnos no consigue graduarse en educación secundaria obligatoria? Estos datos, publicados recientemente por el Ministerio de Educación, revelan que se está perdiendo un patrimonio personal y social cuya recuperación es mucho más difícil que la de un edificio histórico. El patrimonio educativo es también la lengua común de todos los españoles como vehículo para trasmitir conocimiento; y patrimonio político, señoría, es el de los padres y su libertad que reconoce la Constitución, nuestra Constitución, para elegir la lengua en la que queremos que aprendan nuestros hijos.
Patrimonio educativo es, sobre todo, el conjunto de saberes de nuestra civilización, de toda nuestra civilización, aunque eso no interesa a este Gobierno, que se esfuerza por desterrar las parcelas del saber que, en esta concepción sectaria que tiene de gobernar, les conviene que no se estudien. ¿Quién va a recomponer todo ese empobrecimiento? ¿Quién va a recuperar ese patrimonio? Desde luego, ni a su grupo ni al Gobierno al que respalda se le espera en esa tarea; lo que sí es seguro es que los socialistas ya se han ganado un triste lugar en la historia de la educación.


Señor presidente, termino ya. Señorías, mi grupo ha presentado una enmienda a la proposición no de ley que ahora debatimos, cuyo objetivo perseguía que esta iniciativa fuera debatida por el Gobierno y las comunidades autónomas en la conferencia sectorial; que se determinara un mayor grado de concreción de la propuesta; y que a la voluntad política de proteger y divulgar el patrimonio

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histórico educativo, le acompañara el correspondiente reflejo presupuestario. Entendemos que todas estas propuestas han sido convenientemente recogidas en la transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y, por lo tanto, mi grupo se felicita de haber sido capaz de alcanzar un acuerdo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fabra.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Brevemente y que no se considere un desdén hacia la iniciativa del Grupo Socialista ni, por supuesto, hacia la compañera diputada, a la cual apreciamos. La verdad es que nos sorprende que con la que está cayendo hoy nos presenten esta iniciativa parlamentaria que, ciertamente, no entendemos. No entendemos porque, aun cuando todo lo dicho por la compañera diputada es cierto, yo podría mencionarle, por ejemplo, la Escuela Industrial de Barcelona, creada en el año 1904, o el Instituto Balmes, creado a mitad del siglo XIX, o el Instituto Jaume Vicens Vives, en Girona, que conservan un gran patrimonio documental e incluso todo el instrumental técnico y científico de la época, que se ha ido transmitiendo y que ha formado parte de todo el conjunto didáctico para ilustrar a las nuevas generaciones sobre el progreso tecnológico y científico. Por ejemplo, la historia del Instituto Jaume Balmes de Barcelona es la historia de la Barcelona contemporánea, y por sus aulas han pasado ilustres personalidades del mundo intelectual catalán. De hecho, en Barcelona ocurrió lo mismo que en otras ciudades del Estado español, tal como ha mencionado la compañera diputada. Todo lo dicho por ella es cierto y además se corresponde con la realidad inmediata de aquellas responsabilidades que las comunidades autónomas, en función de sus competencias estatutarias, están haciendo, y si no lo hacen, no será por falta de esmero, sino por falta de recursos. De manera que ¿qué es lo que no entendemos? No entendemos que todavía hoy día se planteen iniciativas de este tipo atendiendo a las realidades competenciales.
Usted sabe perfectamente que todo lo dicho en su exposición de motivos respecto al patrimonio histórico, las bibliotecas, la singularidad arquitectónica de los edificios e incluso toda la tarea de divulgación del acervo documental, por no hablar de los trabajos de documentación, los trabajos de archivística, etcétera, todo, todo y más corresponde a las comunidades autónomas. La verdad es que uno se pregunta por qué será, porque trabajo todos tenemos mucho e incluso problemas de carácter político los hay. De manera que no entendemos demasiado bien a qué se debe esta iniciativa. Aunque lo que nos alarma es la segunda derivada, es decir, qué razón puede haber detrás de esta iniciativa, cuando todos sabemos que son competencias de carácter exclusivo de las comunidades autónomas. Bien, si es tan importante, ustedes podrían haber hecho una transferencia de capital -creo que es la sección 31 de los Presupuestos Generales del Estado-, podrían haber transferido dinero a las comunidades autónomas para que pudieran agilizar quizá, intensificar aquello que ya están haciendo desde Andalucía hasta Cataluña, desde el País Valencià hasta Galicia. Todo el mundo, todos los gobiernos autonómicos están en la labor; posiblemente van escasos de recursos. Es muy loable que desde la Administración General del Estado se pueda transferir quizás alguna partida, por cierto, no contemplada nunca, hoy por hoy, en los Presupuestos Generales del Estado, y ahora, en época de vacas flacas, ustedes sacan a colación esta iniciativa. Es cierto que la enmienda transaccional que han presentado, que nosotros no suscribimos, ya habla de remitirnos a la conferencia sectorial e incluso hablan de presupuestos. Ciertamente, ha habido un tránsito pero, dicho con todo respeto, zapatero a tus zapatos. Esto es competencia de las comunidades autónomas y no creo que se tenga que plantear en los términos que ha sido planteada, dicho, repito, con todo el respeto a la compañera diputada y al Grupo Socialista.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra don Aitor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, presidente.


Intervengo desde el escaño, porque el señor Tardà ha resumido muy bien cuál es también nuestra posición respecto a este punto. En un principio da la sensación de que, si el Congreso tiene que instar al Gobierno a impulsar un plan de actuación específico para recuperar, proteger, poner en valor y divulgar el patrimonio educativo, las comunidades autónomas no han hecho nada en este sentido, y eso está muy lejos de la realidad. Se han hecho muchas cosas, que todos seguramente podremos identificar y conocer en cada una de las comunidades autónomas a las que pertenecemos, en materia de recuperación arquitectónica, en materia de bibliotecas, en materia de conservación de colecciones, etcétera. Lo cierto es que, como se ha señalado antes, las dos competencias básicas sobre las que se podría sustentar un plan semejante -el patrimonio histórico de educación- están en manos de las comunidades autónomas. Por tanto, la verdad es que no parece que tenga mucho sentido que el ministerio se tenga que dedicar a estos menesteres y deje, sin embargo, sin realizar otras competencias que pueda tener en su mano. La división competencial está perfectamente marcada de acuerdo con el orden constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, por tanto, deberíamos atenernos a ella. Pero muchas veces parece que es más fácil ejercer este tipo de actuaciones sobre competencias de otros, que arrostrar

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y dar respuesta a las responsabilidades que algunos tienen. En ese sentido, al final se ha llegado aquí a una enmienda transaccional. La verdad es que es sorprendente que se haya llegado siquiera a la enmienda, porque la representante del Grupo Popular ha hecho referencia al triste lugar en la historia de la educación que ha ocupado el Grupo Socialista.
Créame, uno se queda estupefacto si tiene que hacer el viaje entre Euskadi y Madrid porque allí todos son amoríos y aquí todo es odio visceral. Pero bueno, al final resulta que nos presentan aquí una enmienda transaccional en la que lo remiten todo -como no podía ser de otra manera- a la conferencia sectorial que es, en todo caso, a las comunidades autónomas a quienes corresponde y, además, señalo de una manera voluntaria, basado en el principio de cooperación nunca en el de coordinación, que podría darse a entender que emana de este texto de la enmienda transaccional que han firmado. No entendemos tampoco que se señale de nuevo créditos presupuestarios para la ejecución de dicho plan.
Eso tendrá que ser un tema tratado con las comunidades autónomas, pero, insisto, es un tema de las comunidades autónomas. Ellas tienen que hacer frente también con sus presupuestos, lo están haciendo así. No se puede dar la impresión de que el patrimonio educativo se está perdiendo, sino que se están haciendo muchas cosas. A partir de ahí, se puede hablar en la conferencia sectorial de todo lo que quieran, pero no con medidas dirigidas y embocadas desde el Gobierno central, que no tiene competencias en esta materia.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señor Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Desde el Grupo de Convergència i Unió compartimos con el grupo proponente la necesidad de poner en valor y de divulgar el patrimonio educativo.
Este patrimonio que, tal y como ha expuesto de manera tan sensible la portavoz del Grupo Socialista, consiste tanto en un legado de bienes tangibles, que podrían ser edificios, bibliotecas, laboratorios, como también bienes intangibles, es decir, una herencia inmaterial que nos permite recorrer la evolución de las ideas pedagógicas y conocer qué es o lo que ha sido o cómo se ha conceptuado la educación a lo largo del tiempo. Además, sabemos que detrás de esta tarea está un grupo de profesorado que se dedica a la misma con gran energía y seguramente con poco o insuficiente apoyo en recursos por parte de las administraciones competentes para ello, y que está realizando, sin duda, un gran trabajo que desde Convergència i Unió queremos reconocer y agradecer. En definitiva, una iniciativa a caballo entre educación y cultura, hermosa en sus conceptos y planteada con la sensibilidad a la que nos tiene acostumbrados la señora Martínez López, pero, no obstante, a la que tenemos unas serias objeciones. Una primera objeción, y con ello me sumo a la palabra de los portavoces que me han precedido, se refiere al tema competencial. Desde nuestro punto de vista, la iniciativa que hoy nos plantea el Grupo Socialista invade absolutamente las competencias de las comunidades autónomas. Tanto si entendemos que estamos viendo una materia educativa como si entendemos que estamos viendo una materia cultural, usted sabe perfectamente, porque no en vano ha sido consejera de una comunidad autónoma, que las competencias en una y en otra materia no son del Estado sino de las comunidades autónomas, sobre quienes desde esta Cámara no tenemos capacidad de control. Es más, hay comunidades autónomas que en el ejercicio de sus competencias están ya haciendo lo que en la parte dispositiva de esta iniciativa se está solicitando. Lo están haciendo en la manera y con los medios materiales que sus gobiernos o sus parlamentos han decidido, realizando posiblemente además convenios con las universidades, puesto que la labor de los historiadores de la educación ha de estar, como es lógico, muy pegada a lo que aquí se está demandando. Pero cada comunidad autónoma es -y ha de ser- soberana para decidir si quiere y de qué manera quiere poner en valor y divulgar su patrimonio educativo, que, de hecho, ya lo está haciendo.


Una segunda objeción sería el olvido que en la iniciativa hay con respecto a la escuela hoy concertada, lo que serían los centros religiosos. Si bien es cierto que al inicio de la exposición de motivos de esta iniciativa se habla de centros escolares en general, a lo largo del resto de la exposición se alude únicamente a institutos o a centros públicos de enseñanza, que los hay y magníficos en Cataluña, como muy bien ha señalado el señor Tardà, como el Vicens Vives o el Jaume Balmes, pero en Cataluña no se puede concebir el patrimonio educativo sin que pase, y de manera primordial, por los centros concertados, porque no podemos olvidar que durante los largos años de posguerra y franquismo, en donde no se creó prácticamente ningún centro público de enseñanza, fueron los centros religiosos quienes asumieron el protagonismo en la impartición de la enseñanza. Por tanto, desde magníficos edificios hasta buenísimos bibliotecas pasando por actas, documentación, etcétera, ha de pasar forzosamente por recoger también a los centros religiosos, hoy centros concertados.


También quería hacer una reflexión de carácter político y para nosotros no menor, y es la de que no nos parece razonable que instemos al Gobierno a impulsar políticas para las que no tiene competencias cuando está siendo moroso -si se me permite la expresión- en realizar aquellas otras para las que sí tiene competencias. Concretamente, en la materia de educación que estamos viendo hay cuestiones de la LOE que no se están desarrollando y para las cuales el Estado es el único competente, como, por ejemplo, la creación de una comisión de estudio de la cuantía del módulo para que las familias puedan acceder a la escuela concertada en condiciones

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de verdadera gratuidad; comisión cuya creación mi grupo -como a usted le consta- ha venido solicitando incansablemente.


Se han presentado distintas iniciativas y, finalmente, vemos que se ha llegado a una enmienda transaccional, a la que mi grupo no se va a oponer para que se vote, que realmente acerca el tema un poco más a lo que debiera ser, a que se trate en la conferencia sectorial y también a que se hagan los créditos presupuestarios para la ejecución de dicho plan.
Aunque en este momento de crisis generalizada que estamos viviendo, no sé si la ciudadanía va a ver con buenos ojos que estemos aprobando créditos para una cuestión que es competencia de las comunidades autónomas. Por lo demás, vemos que siguen apoyando un plan que sigue siendo muy detallista y muy puntilloso para algo que no es competencia del Estado, sino de las comunidades autónomas, que podrán en su caso acordar lo que quieran en la conferencia sectorial. Permítame que acabemos de meditar el sentido de nuestro voto a lo largo de lo que queda de sesión parlamentaria.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS DERECHOS SOCIOLABORALES DE TODOS LOS CUERPOS POLICIALES QUE ACTÚAN EN ESPAÑA.
(Número de expediente 162/000297.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA DE LA GENERALITAT-MOSSOS D'ESQUADRA (PG-ME). (Número de expediente 162/000333.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre los derechos sociolaborales de todos los cuerpos policiales que actúan en España y tramitación conjunta, igualmente, de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la reducción de la edad de jubilación de los miembros de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra. Estas dos proposiciones no de ley se tramitan conjuntamente y se votarán de modo separado.


Para la defensa de la primera tiene la palabra don José Luis Ayllón.


El señor AYLLÓN MANSO: Gracias, señor presidente.


Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida a los representantes de las principales organizaciones de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los Mossos d'Esquadra y también de la Policía Foral de Navarra, que hoy nos acompañan en la tribuna de invitados. Representan a los miles de hombres y mujeres que dedican todo su esfuerzo, y en algunos casos incluso su vida, para defender nuestros derechos y libertades y para velar por nuestra seguridad. Son hombres y mujeres que se dedican a proteger al conjunto de los ciudadanos, a cuidar de nosotros y hoy están aquí, fundamentalmente, para comprobar de primera mano si nosotros cumplimos con nuestra obligación de cuidarles a ellos, porque ese es precisamente el motivo de la proposición no de ley que presenta hoy a debate el Grupo Parlamentario Popular, la búsqueda de un compromiso parlamentario para que el Gobierno haga lo que no ha hecho en los últimos años. Hablamos sencillamente de ocuparnos de sus reivindicaciones, de asumir algunos de sus retos y de dar una respuesta justa a las demandas de un importante número de servidores públicos, porque cuando el Gobierno no cuida a quienes cuidan de todos los ciudadanos es obligación del Parlamento asumir esa responsabilidad.


Señorías, como dijo el miércoles pasado mi compañero Ignacio Cosidó al ministro del Interior, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el principal problema de la policía, y hoy queremos que el Congreso de los Diputados empiece a ser la solución a este problema. El objetivo de nuestra proposición no de ley coincide con la principal reivindicación de los representantes sindicales de las diferentes asociaciones que hoy nos acompañan. No estamos hablando de unos euros más o menos a final de mes, sino del derecho al reconocimiento de la labor de quienes defienden nuestra libertad y nuestra seguridad, un reconocimiento que debe comenzar por una retribución justa y equitativa y por la búsqueda de un trato igual a todos aquellos que realizan su función, una función similar, con independencia del uniforme que vistan. Este es el origen del conflicto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen abierto desde junio del pasado año, pero el verdadero detonante de las protestas, de las huelgas de celo, de las manifestaciones -la última hace pocos días- y del descontento que arrastra la Policía y la Guardia Civil es la actitud de confrontación de este Gobierno. Ha sido el Gobierno del Partido Socialista el que ha llevado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a una situación límite con sus promesas incumplidas y con sus políticas tan llenas de consignas como vacías de contenido, llegando incluso a culpar en algunas ocasiones a miembros individuales de la Policía o de la Guardia Civil de decisiones u omisiones más relacionadas con la dirección política de esos cuerpos que con aspectos ejecutivos. Ha sido el Gobierno el que ha generado su desconfianza por la falta de diálogo y la ausencia total de compromiso y responsabilidad con la situación de policías y guardias civiles y, lo que es peor, han demostrado un absoluto desprecio por sus problemas. Han sido ustedes, el Partido Socialista y el Gobierno al que apoyan, los responsables de una Ley de derechos y libertades y de régimen disciplinario de la Guardia Civil que ni se ha desarrollado ni se cumple.
Fueron ustedes los

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que en 2005 firmaron un acuerdo con sindicatos policiales sobre aumento de las retribuciones que se ha quedado obsoleto y que no ha solucionado absolutamente ningún problema. Son ustedes también, los que tanto han presumido de incrementar el número de policías y guardias civiles -eso sí, en muchos casos con plazas previstas en los gobiernos del Partido Popular-, los que ahora reducen a la mitad la oferta de empleo público para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a pesar de que hasta el ministro del Interior admite un claro repunte de la delincuencia, derivado en gran parte del alarmante endurecimiento de la crisis económica y social en la que también nos han metido ustedes. Son ustedes los que llevan meses mareando a los sindicatos policiales en reuniones de compromiso en las que todavía no han puesto sobre la mesa ni una sola solución real. Son ustedes los que con una mano ofrecen el diálogo y con la otra tratan de recortar derechos sindicales, como por ejemplo no autorizando la exención del servicio para reuniones sindicales o cursos de formación. Por último, han sido ustedes los que aprovecharon la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 para introducir un vergonzoso recorte social, para introducir, en forma de pensionazo, un cercenamiento de los derechos de las pensiones de muchos policías, guardias civiles y también de algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Por todo ello, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que son ustedes los principales artífices de la discriminación y la desigualdad que existe hoy en España entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos policiales autonómicos y también de estos entre sí, no solo porque siendo ministro el señor Rubalcaba la diferencia en las retribuciones se ha triplicado, sino porque cuando en esta Cámara les ha hecho falta seis votos para aprobar un presupuesto desfasado e imposible de cumplir no han dudado en otorgar a un cuerpo policial en un día lo que han negado a todos durante años, que es una mejor regulación de sus fórmulas de jubilación. Aprobaron la jubilación anticipada de los ertzaintzas sin importar que costara 30 millones de euros y que se quedaran fuera otros cuerpos autonómicos de policía. Como los votos de unos cuantos diputados entonces valían más, ustedes hicieron que el trabajo de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Foral de Navarra valiera menos. Señores del Partido Socialista, su geometría variable se traduce siempre en discriminación y su forma de entender la simetría acaba generando siempre injustas desigualdades, y al final siempre pagan los mismos, que son los ciudadanos, y en este caso quizás los ciudadanos que menos merecen pagar el pato de su falta de tino.


Señoras y señores diputados, podemos poner freno a todo esto; nosotros lo hemos empezado a hacer. Ayer, mi grupo parlamentario presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso contra los Presupuestos Generales del año 2009, porque queremos evitar que la aprobación de unas cuentas públicas pueda suponer una alteración del régimen de pensiones, del régimen de derechos pasivos y de incompatibilidades de los funcionarios, en especial de la Policía y de la Guardia Civil. Eso es precisamente lo que ha hecho el Gobierno este año por la puerta de atrás con esos Presupuestos Generales del Estado, y eso es lo que el Partido Popular reclama que el Tribunal Constitucional trate de corregir. Hoy podemos seguir avanzando si sacamos adelante esta proposición no de ley. En ella proponemos, nada más y nada menos, que comprometer al Gobierno para encontrar un acuerdo razonable en el seno del Consejo de la Policía y de la Guardia Civil para poner fin al conflicto abierto y mejorar las condiciones sociolaborales de unos cuerpos policiales que arrastran unas deficiencias intolerables. También queremos garantizar la igualdad entre las policías autonómicas en la aplicación de las condiciones de financiación de sus fórmulas de jubilación, y con todo ello pretendemos impulsar -es el cuarto punto de nuestra propuesta- un principio de igualdad en las condiciones sociolaborales de todos los agentes que intervienen en la seguridad en España para poner fin a las discriminaciones que se vienen agravando desde hace años.


Señorías, hemos conocido las enmiendas que han presentado los diferentes grupos parlamentarios tanto a nuestra iniciativa como a la de Esquerra Republicana de Catalunya. Algunas comparten el espíritu de nuestra petición pero otras se alejan demasiado de esa pretensión inicial.
Permítanme que destaque la presentada conjuntamente por el Grupo Socialista y Esquerra Republicana, que coincide en parte con la presentada por el Bloque Nacionalista Galego. Esa enmienda supone la renuncia del Partido Socialista a defender en esta Cámara el principio de igualdad cuando precisamente lo más importante de lo que estamos hablando hoy aquí es eso, que se trate de forma análoga a quienes realizan funciones similares.


El señor PRESIDENTE: Señor Ayllón, debe acabar.


El señor AYLLÓN MANSO: Acabo ya, señor presidente.


Esa enmienda es la mejor demostración de que ustedes han renunciado a que todos los españoles sean tratados en condiciones de igualdad y que tengan las mismas oportunidades con independencia del lugar en el que se encuentren o, en este caso, del uniforme que vistan. Ustedes han renunciado a que todos los españoles sean iguales pero nosotros no vamos a hacerlo. Señorías, quiero pedirles a todos su apoyo para una medida que es, por encima de cualquier otra cosa, una cuestión de justicia, una medida que contribuirá a mejorar la seguridad en nuestro país, porque unos cuerpos de seguridad más motivados serán más efectivos a la hora de proteger nuestros derechos y nuestras libertades.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayllón.


Para la defensa de la proposición no de ley que se tramita acumuladamente tiene la palabra don Joan Ridao.


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El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, antes que nada deseo expresar en nombre de Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que compartimos la preocupación que ha expresado también otro grupo por el creciente malestar en el seno de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con los derechos sociolaborales de un colectivo de cerca de 61.000 funcionarios que ejerce, como se ha dicho, una función básica en el Estado de derecho, como es salvaguardar los derechos fundamentales y el ejercicio de las libertades públicas.


También es verdad que hay que admitir ciertos esfuerzos hechos en la anterior etapa por el Gobierno socialista para ampliar las plantillas -por cierto, los mismos policías que el PP sacó de las calles-, para mejorar las retribuciones modestamente, aunque es cierto que se incrementaron 10 puntos por encima del resto de funcionarios, o incluso -aunque no tanto como era deseable- para modernizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si bien debo decir que nosotros éramos y somos partidarios, por ejemplo, ya que hablamos de modernización, de la plena desmilitarización de la Guardia Civil, compatible con la lógica de un Estado moderno del siglo XXI, no así otros grupos de esta Cámara y al final, claro está, lo que tenemos es un híbrido, una Guardia Civil con un estatuto jurídico que es un auténtico ornitorrinco, que es tributario de una ley de derechos y deberes que nosotros no votamos favorablemente y que, en nuestra opinión, cercena el ejercicio de derechos y deberes a los guardias civiles; no hay más que ver las sanciones que ha anunciado el ministro del Interior recientemente y a las que, por cierto, nosotros nos oponemos. No obstante, también debo significar que es un ejercicio habitual el hecho de que algunos partidos en la oposición digan lo contrario de lo que dicen en el Gobierno. Debo recordar que el PSOE defendía en la oposición la plena desmilitarización de la Guardia Civil y luego en el Gobierno se apunta fácilmente en ocasiones a reprimir la actividad sindical de la Guardia Civil. Hay, pues, un malestar que compartimos y una cierta sensación, señorías, de retroceso en libertades sindicales que provoca desmotivación, frustración e incluso desmoralización, y particularmente, repito e insisto, en la Guardia Civil que está a años luz en cuanto a derechos sociolaborales del Cuerpo Nacional de Policía, de los Mossos d'Esquadra, de otros cuerpos policiales, y esa creciente frustración tiene mucho que ver con el no desarrollo de esa ley de derechos y deberes, porque, por ejemplo, al no estar constituido en este momento el Consejo de la Guardia Civil no está tan siquiera planteada la convocatoria de elecciones. Por ende, queremos hacer un llamamiento, y aprovecho este turno para llamar al Gobierno y también al grupo que le da apoyo para que busquen una salida negociada al conflicto. Ya ha habido algunas reuniones, algunos contactos. Sin duda ello debe permitir bajar el diapasón y todo el acompañamiento de percusión que tanto distorsiona cualquier clima de diálogo y también de concertación, particularmente, después de la movilización del 18 de octubre y la que tuvo lugar más recientemente, el 14 de marzo pasado; aunque no compartimos en absoluto ni el contenido ni el tono de aquella movilización y aún menos de aquel manifiesto que juzgamos totalmente desafortunado, en el que, por ejemplo, se llega a cuestionar la dotación económica que se da a la Generalitat de Catalunya para atender una competencia que es suya, para una policía ordinaria e integral como es el cuerpo de Mossos d'Esquadra, policía de la Generalitat, que hoy es evidentemente policía ordinaria e integral. No se pueden mezclar churras y merinas. Por tanto, eso fue desafortunado e insisto en que deben reanudarse esas negociaciones. Nos parece perfectamente atendible y razonable la petición de mejorar la retribución de Policía y Guardia Civil, aunque también debo admitir que no nos hallamos en el contexto más propicio, desde el punto de vista de la crisis económica y con unos presupuestos auténticamente a dieta.


Otra cosa es lo que nos plantea hoy el Grupo Popular, que es una auténtica Loapa policial, porque aludiendo a ese sacrosanto principio de igualdad, lo que se nos propone hoy es consagrar la uniformidad para todos los cuerpos policiales, y menos en una cuestión que no afecta al núcleo básico o esencial de la Función pública, por tanto, no está sujeto a la legislación básica estatal. Además, su propuesta, señorías, atenta contra el principio de autonomía. No se puede decir cada día a las comunidades autónomas lo que deben hacer, no se las puede tratar como menores de edad, como alguien que es poco de fiar, como auténticas sanguijuelas prácticamente insaciables. La autonomía política es eso. Para bien o para mal las comunidades autónomas pueden y deben decidir sobre aspectos como la organización, el funcionamiento y, por cierto, el Estatuto de Autonomía de Cataluña prevé en su artículo 164 -y el Partido Popular no lo impugnó- un precepto en el que se dota a la Generalitat de Catalunya de esa capacidad organizativa como competencia compartida.


Con todo, hemos alcanzado un acuerdo con el Grupo Socialista y también con el resto de grupos de la Cámara, a excepción del Partido Popular, que plantea en tres términos las siguientes cuestiones: la primera es continuar avanzando en las negociaciones con los sindicatos policiales en las cuatro líneas acordadas ya en su día en el Consejo de la Policía por lo que se refiere a jornada, retribución, catálogo de puestos de trabajo, Ley de Personal y también la Ley de Riesgos Laborales; en segundo lugar, abordar con las asociaciones de la Guardia Civil también la mejora de sus condiciones sociales y laborales; y, finalmente, garantizar la igualdad de las condiciones de prejubilación tanto a nivel económico y financiero como en cuanto a la edad de la jubilación entre la Policía Nacional y otros cuerpos de policía como los Mossos d'Esquadra, Policía de la Generalitat, y también la Policía Foral de Navarra, porque este último punto era el que motivaba, era el propósito de la proposición no

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de ley presentada por nuestro grupo parlamentario. Además, recientemente, como ustedes saben, el Gobierno junto al Grupo Vasco -o el Grupo Socialista con el Grupo Vasco- alcanzaron un acuerdo presupuestario que supuso un compromiso político no cumplido -también es verdad- de modificar la regulación de la edad de jubilación de la Ertzaintza para homologarla al Cuerpo Nacional de Policía. Para superar esa asimetría inexplicable e incomprensible, esa fuente de agravios y de desigualdad que carece de toda base objetiva, el Grupo Vasco con el Grupo Socialista llegaron a ese acuerdo y hoy queremos reproducirlo miméticamente en relación con otros cuerpos como la Policía de la Generalitat, Mossos d'Esquadra. Por tanto, nuestra proposición no de ley que hoy plantea el Grupo de Esquerra Republicana extiende ese mismo compromiso político al resto de cuerpos policiales, sobre todo a otros cuerpos que, debo subrayar, son hoy policía ordinaria e integral, en el caso de los Mossos d'Esquadra, desplegados operativamente en todo el territorio de Catalunya, y consiguientemente deben gozar de los mismos derechos sociolaborales que otros cuerpos policiales.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Para la defensa de las enmiendas en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra doña Rosa Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


La igualdad no es un principio sacrosanto, es un principio constitucional, artículo 14 de la Constitución. Por tanto, equiparar salarios y equiparar protección social de los trabajadores, de los servidores públicos -en este caso guardias civiles, policías, mossos d`Esquadra, policía foral y ertzaintzas-, insisto equiparar salarios y equiparar protección social en el aspecto concreto de las prejubilaciones, no es proclamar un principio sacrosanto, como decía el portavoz de Esquerra Republicana, sino proclamar y defender el artículo 14 de nuestra Constitución. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de ciudadanos españoles que prestan servicios en las distintas policías, que garantizan nuestra seguridad y nuestra libertad; de ciudadanos que, por el hecho de depender de instituciones diferentes, se ha consagrado en ellos un principio de desigualdad. El hecho de que dependan de instituciones diferentes, de instituciones autonómicas o municipales diferentes a la del Estado no puede consagrar un principio de desigualdad. Estamos hablando de eso, de algo tan sencillo como que los ciudadanos tienen derecho a ser tratados en igualdad de condiciones, al margen de aquella institución de la que dependan, absolutamente al margen y fundadamente en función de la tarea que desarrollan. Estamos hablando de policías que pueden comprar -reiterando las palabras de un antiguo diputado nacionalista vasco- las porras en Loewe y de otros policías que tienen que comprar de su salario los guantes anticorte o los chalecos antibalas; estamos hablando de eso.
Por tanto, instaurar el principio de igualdad, instaurar el artículo 14 de nuestra Constitución, no es ni más ni menos que cumplir con una asignatura pendiente de nuestra democracia; es traer a esta Cámara dos proposiciones no de ley diferentes que tienen un objetivo común, aunque puedan tener a la hora de la votación, como ya se ha visto, formas de votar diferentes; estamos hablando de equiparar salarios y de equiparar protección social. Si las comunidades autónomas tuvieran autonomía para hacer lo que les diese la gana -como ha dicho el señor Ridao-, no tendríamos que traer aquí la equiparación de las prejubilaciones, y me parece que hay que traerlas. De hecho nosotros hemos planteado una enmienda en ese sentido, precisamente incorporando a la primera redacción de la PNL la Policía Foral de Navarra. Insisto, a mi juicio, son dos proposiciones no de ley que van juntas, por eso se tramitan de esta misma manera; se trata de responder a un derecho de los trabajadores, que no pueden verse discriminados por depender de instituciones autonómicas o municipales diferentes, y se trata, insisto, de responder a una exigencia de nuestra democracia, no de una exigencia sacrosanta sino de una exigencia constitucional, artículo 14 de nuestra Constitución.


Por eso anuncio que votaré a favor las dos proposiciones no de ley y que, tal y como habíamos planteado en una enmienda, habíamos incorporado a la segunda proposición no de ley la Policía Foral de Navarra. Ha sido incorporada de otra manera en una transaccional, pero también por eso votaremos a favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Señor Jorquera tiene la palabra.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


El BNG ha presentado dos enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. La primera propone la modificación del apartado 3, que quedaría redactado del modo siguiente: Instar al Gobierno a que establezca un diálogo con los Gobiernos de las comunidades autónomas que poseen cuerpo policial propio, con el objeto de abordar la mejora de las condiciones de financiación en las prejubilaciones. La segunda propone simplemente la supresión del apartado 4. Estamos, por lo tanto, de acuerdo en la necesidad de fortalecer el diálogo que permita mejorar las condiciones laborales tanto en la Policía como en la Guardia Civil, de ahí que compartamos el contenido de los apartados 1 y 2 de la PNL presentada por el Grupo Popular. Pero no podemos compartir que se utilice la mejora de las condiciones sociolaborales de los cuerpos policiales con el objeto de iniciar un proceso de homogeneización que no respete las competencias autonómicas en esta materia. El BNG es una fuerza que apuesta por la igualdad, pero no

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creemos que el centralismo conlleve igualdad, y les pongo un ejemplo, señorías. En Galicia los salarios de los trabajadores están sensiblemente por debajo de la media estatal, pero el hecho de que las negociaciones colectivas de carácter interconfederal se negocien a nivel de Estado no ha permitido nunca corregir esta situación. Por lo tanto, no podemos compartir que la igualdad se confunda con el uniformismo, con el centralismo más obtuso que busca en las comunidades autónomas la madre de todos los males. La igualdad no puede ser el pretexto para que las comunidades autónomas en ejercicio de su autonomía no puedan definir sus propias políticas, en este caso el régimen laboral de sus propios cuerpos policiales. Por lo tanto, la armonización de las condiciones sociolaborales de los cuerpos policiales deberá realizarse mediante la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas con competencia en la materia, pero no de forma unilateral y sin establecer un necesario diálogo institucional, tal como propone desde nuestro punto de vista el PP, con una evidente intención centralizadora.


Por lo tanto, anuncio nuestro apoyo a la proposición no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya, anuncio nuestro apoyo al acuerdo al que han llegado distintos grupos parlamentarios; pero en los términos en que está presentada la proposición del Partido Popular, si no se modifican estos dos puntos a los que he hecho alusión, no la podemos apoyar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario Socialista para la defensa de su enmienda tiene la palabra don Antonio Hernando.


El señor HERNANDO VERA: Señorías, señor presidente, temas que estamos tratando en esta proposición no de ley. Estamos tratando de mejorar los salarios de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de mejorar sus condiciones laborales, de mejorar sus condiciones sociales y sus retribuciones, y en esto el Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo; está de acuerdo también el Gobierno y así lo ha reiterado en diversas ocasiones, la última de ellas el ministro del Interior aquí la semana pasada y el Director General de la Policía y de la Guardia Civil directamente a los sindicatos también la semana pasada. Otro tema que estamos tratando es mejorar las condiciones sociales, laborales, profesionales y retributivas de los miembros de la Guardia Civil y de hacerlo en diálogo en este caso con las asociaciones de la Guardia Civil, y en el caso de la Policía en diálogo con los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía. En eso también está de acuerdo el Gobierno y así se les ha comunicado a las asociaciones y a los sindicatos en diversas ocasiones. Segundo asunto que estamos tratando: garantizar la igualdad de las policías autonómicas en las condiciones de financiación de las prejubilaciones. Aquí parece que ahora estamos todos de acuerdo, pero antes no estábamos todos de acuerdo y nos lo ha dicho el representante del Partido Popular, porque cuando nosotros llegamos a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y con el Gobierno vasco para hacer eso, de lo que nos acusó el Partido Popular es de que no les parecía justo, decían: De hecho nos parece injusto que esas mejoras se hagan a costa de no subir las retribuciones de policías y guardias civiles y de reducir las pensiones de policías y guardias civiles. No, señoría, ahora ustedes también lo piden; ahora lo piden y antes no lo pedían. Explíquenlo porque si no, me va a dar la impresión de que la incoherencia va a ir por delante para que no se espante.


Tercera cuestión de la que estamos hablando: estudiar la reducción de la edad de jubilación de los policías autonómicos; aquí estamos intentando llegar a un acuerdo con todos los grupos de la Cámara y con lo que no estamos de acuerdo, y me parece que es acertada la expresión, es con la Loapa policial que nos quiere imponer el Partido Popular en esta especie de Estado uniforme, uniformado, centralista, en el que el Partido Popular nos dice que nosotros les tenemos que imponer a las comunidades autónomas qué es lo que pagan a sus policías autonómicas. No es posible, señoría, así no se puede interpretar el principio de igualdad, básicamente porque el principio de igualdad hay que interpretarlo respetando las competencias de las comunidades autónomas. Cuarto tema sobre el que estamos hablando: ¿Qué es lo que hemos hecho? Vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho en cuatro años ha sido aumentar un 47 por ciento la masa salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Lo que se ha hecho en cuatro años, del 2004 al 2008, ha sido aumentar o incrementar las retribuciones medias del Cuerpo Nacional de Policía entre un 16 y un 21 por ciento, que en el año 2005 se llegase a un acuerdo con todas las organizaciones sindicales de la policía para incrementar en un 10,52 por ciento las retribuciones, aumentar los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil de 118.000 a 142.000 miembros, y aumentar un 47,5 por ciento el presupuesto en seguridad frente a un 24 por ciento que se había incrementado en los años 2000 a 2004. Eso es lo que se ha hecho hasta hoy. ¿Y qué dice el Partido Popular? Que el Gobierno lo está haciendo muy mal.


Manifestaciones las hemos tenido todos: Miles de policías protestan ante Interior por el proyecto 2000, policías inician protestas con concentraciones ante el Congreso de los Diputados. Era su época, señorías. Si ustedes ahora están proponiendo esto, ¿por qué no lo hicieron en su momento? Pues no lo hicieron en su momento porque, entre otras cosas, decidieron congelar el salario de los funcionarios y el ministro de Administraciones Públicas en aquel entonces dijo que justificaba la congelación salarial por la convergencia económica con Europa. Ustedes no tienen ninguna credibilidad en este terreno, señor Ayllón, y no la tienen porque decidieron

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despidos más baratos y más fáciles, porque hicieron un decreto que quitaba la prestación de paro a los fijos discontinuos en los meses que no trabajaban y, como consecuencia de eso, señor Ayllón, los sindicatos policiales brindan su apoyo a los convocantes de la huelga y, como consecuencia de eso, ¿sabe lo que hace el Ministerio del Interior cuando los sindicatos brindan su apoyo a la huelga aquella famosa? Pues Interior anula las vacaciones y libranzas de los policías del 1 al 24 de junio, precisamente con motivo de la huelga. (Aplausos.) Por lo tanto, credibilidad casi ninguna, señor Ayllón, credibilidad casi ninguna. ¿Cómo van a tener credibilidad ustedes, que tienen ahora mismo al frente de su grupo parlamentario y de su partido a un señor del que los sindicatos policiales dijeron: Los sindicatos policiales muestran su alegría por la marcha de Rajoy? Esta es la situación y esta es la credibilidad que ustedes tienen a la hora de defender este tipo de cosas. Por lo tanto, el sentido de Estado, la coherencia y la credibilidad les viene persiguiendo locamente desde el 11 de marzo de 2004, pero ustedes corren mucho más deprisa que ese sentido de Estado. Párense para que el sentido de Estado, el sentido de la responsabilidad y la credibilidad les alcance, porque a todos nos irá mucho mejor. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.


El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tenía una enmienda que ha retirado y, por lo tanto, puede fijar posición. (Pausa.) Señora Pigem, tengo el escrito de retirada de la enmienda firmado por su portavoz. (La señora Pigem i Palmés pronuncia palabras que no se perciben.)La señora PIGEM I PALMÉS: Sí, señor presidente, tenía dos enmiendas y he retirado una.


El señor PRESIDENTE: No especifica cuál se retira. En cualquier caso, tiene la palabra S.S. para fijar posición o para defender la enmienda, lo que desee.


La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señor presidente.


Convergència i Unió comparte, como no podía ser de otra manera, los objetivos globales de ambas iniciativas y los comparte porque le parece razonable intentar dar satisfacción a unas pretensiones justas, tanto la pretensión de mejorar la retribución y las condiciones laborales como la de poder jubilarse a una edad en que lo hacen la mayor parte de las policías europeas, objetivos que por otra parte no son nuevos, sino que vienen siendo demandados desde hace largo tiempo, unos por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y otros conjuntamente por todos los cuerpos de policías autonómicos, Ertzaintza, Mossos y Policía Foral de Navarra. Tan largo tiempo vienen demandándose que no atenderlas o no atenderlas en su justa medida, hace que -en unos cuerpos en mayor medida, pero en todos ellos a nivel de solidaridad- haya un conflicto larvado o declarado, un malestar que va cristalizando en distintas movilizaciones o manifestaciones, y que en nada ayuda a tener el clima que entendemos debe presidir la actividad de unos cuerpos que desempeñan un cometido tan fundamental como es el de velar por la seguridad de la ciudadanía. Un clima enrarecido a cuya resolución tampoco favorece que se hayan abierto expedientes a algunos guardias civiles que acudieron en solidaridad a la primera manifestación convocada por la Policía Nacional. Es cierto que se apercibió por parte del ministerio que así se procedería, pero también lo es que los grupos parlamentarios hemos manifestado ya anteriormente -y desde Convergència i Unió lo reiteramos ahora desde esta tribuna- que nos parecería un gesto de acercamiento, que estamos seguros se sabría valorar en su justa medida por parte de la Guardia Civil, aparcar en este caso la vía sancionadora para pasar a una vía de diálogo en pos de unos acuerdos y un consenso tan necesarios como deseables en unas materias tan sensibles para la población como las que estamos viendo.


Compartimos, pues, los objetivos globales de las dos iniciativas. Pero el último punto de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que nos remite a -tal como dice textualmente la iniciativa- impulsar un principio de igualdad en las condiciones sociolaborales de los miembros del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que existen en España con el fin de evitar agravios y discriminaciones injustificables -hasta aquí el texto de la iniciativa-, es algo que desde una fuerza política nacionalista como Convergència i Unió no podemos aceptar. Y no podemos hacerlo porque no entendemos la igualdad como uniformidad, en consonancia con las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, y porque aceptarlo sería o renunciar a las competencias que en seguridad pública tiene la Generalitat a tenor de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña o, por el contrario, negárselas al Estado a tenor de las suyas, y esto es algo que ni en uno ni en otro caso vamos a poder apoyar.
Ello no quiere decir que no propugnemos unas condiciones laborales y retributivas mejores. Claro que sí; pero porque es de justicia que así sea, no porque vayan necesariamente anudadas a la consideración de que hay agravios comparativos. Cada Administración competente debe dar respuesta a sus propias realidades. Y al respecto hemos de señalar que no nos ha gustado nada que en el manifiesto leído el pasado 14 de marzo en la manifestación de la Policía Nacional, se haya esgrimido el argumento -un argumento mal encontrado por lo que a nosotros respecta- de que, mientras por una parte no se ajustan las condiciones retributivas para la Policía Nacional y la Guardia Civil, la transferencia librada en 2008 a la Generalitat de Catalunya dicen que equivale al sueldo de un año de 25.000 policías nacionales en la escala básica. No nos ha gustado, ya lo digo. Es un argumento mal encontrado. Y no nos ha gustado porque son dos temas que nada

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tienen que ver y entendemos que así lo saben perfectamente quienes han redactado el manifiesto.


La mejora en las condiciones laborales, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil, aparece recogida a nuestro entender en la enmienda transaccional y de sustitución que nos presentan, y que han suscrito el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y que sería, en principio, la que vamos a apoyar. Se nos puede decir que queda un tanto inconcreto, y es verdad, pero también lo es que una lectura atenta de lo propuesto por el Grupo Parlamentario Popular no va mucho más allá.


Por nuestra parte, hemos presentado una enmienda a la de Esquerra Republicana con el objetivo de que se reconozca explícitamente la edad de jubilación de los cuerpos policiales autonómicos a los 60 años. Es una reivindicación antigua y persistente de los sindicatos de los tres cuerpos autonómicos, y que no aparece recogida en ninguna de las propuestas iniciales ni tampoco en la transaccional del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. No se nos va a admitir en su literalidad pero, si ningún grupo la veta, sí que se nos admitiría que, además de instar al Gobierno a garantizar la igualdad entre las policías autonómicas en la aplicación de las condiciones de financiación de las prejubilaciones, se estudiara esta posibilidad de avanzar la jubilación a los 60 años. No es un estudio nuevo, es únicamente reiterar y no olvidar el mandato que la Cámara ha hecho ya en otras ocasiones simplemente para que no caiga en el olvido.
En todo caso, no se está viendo ninguna iniciativa de Convergència i Unió, y por ello nos comprometemos a retomar de nuevo el tema de la jubilación a los 60 años en alguna otra iniciativa concreta al respecto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


Para fijar posición tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, estamos ante una iniciativa difícil de comprender, seguramente por deméritos del que les habla en este momento. Son dos proposiciones no de ley integradas, que han sido calificadas como híbrido por uno de los integradores, que a su vez han soportado una enmienda que es previsible que sea aceptada y otra que previsiblemente no va a ser aceptada, luego ya no sé si uno está bajo el formato de lo que se denomina políticamente geografía variable, bajo el formato de pacto de estabilidad del Partido Socialista y del Partido Popular, bajo el pacto de progreso con el Partido Socialista que soporta al Gobierno y la izquierda parlamentaria o bajo una especie de mixtura, ahora que está de moda el mestizaje político, y todo ello en virtud de los conxuros, en gallego, que alguno de los estrategas más dilectos del Partido Socialista nos están preconizando en los últimos tiempos. Pues si recurrimos al mestizaje, vamos a hacer un esfuerzo de especulación, pero para ser claros.


Nosotros somos poco proclives al mestizaje -el fenotipo de lo vasco puede ser un poco este-. En todo caso, nos gustaban y nos gustan las dos proposiciones en sus términos originales, tal como han sido presentadas en esta Cámara. Veremos a ver en virtud de las transacciones qué es lo que se debe, lo que se puede y lo que es razonable votar al final. Nos gustaban ambas, porque incorporan criterios de justicia social en relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos representantes nos acompañan aquí, tanto los de la Guardia Civil como los del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Foral Navarra y de la Ertzaintza, y que han avalado con sus votos, no sé si las enmiendas pero sí las proposiciones originales, lo que aquí se preconiza. Lo que se preconiza es cerrar un círculo que remueve injusticias sociales históricas que afectan de forma simétricamente contraria a distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las policías autonómicas, a las que el Estado les impuso el sistema general de Seguridad Social, en lo atinente a la anticipación de la edad de jubilación, a los 60 años.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) No es razonable, como ocurre con el cuerpo de la Ertzaintza, que policías con 62 años de edad todavía vayan patrullando en moto. No es razonable ni desde una perspectiva de la criminalística, de la que algunos somos humildes conocedores, que haya policías que envejecen y que tengan que atender o reprimir fenómenos delictivos o criminales perpetrados por personas muy jóvenes, con una precocidad en ocasiones digna de mejor causa. El adelantamiento de la edad de jubilación de las policías autonómicas ubicadas dentro del régimen general de la Seguridad Social por imposición o por mandato del legislador estatal, nos parece absolutamente razonable, porque a partir de los 60 años es muy difícil considerar que eficientemente se pueden realizar determinadas funciones de naturaleza policial, pero también nos parecía razonable, desde una perspectiva simétrica contraria, la segunda pretensión, que ha sido incorporada a esta primera proposición no de ley: la de las retribuciones atinentes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado manifiestamente inferiores, hasta una tercera parte, en ocasiones, de las policías autonómicas, por no utilizar la referencia de las policías municipales o locales, en donde ya la discriminación resultaría manifiesta. Por tanto, también estaríamos en la tesitura de apoyar la reivindicación que ustedes hacen en concordancia con los sindicatos policiales o asociaciones policiales, relativa a un incremento de la retribución, por cierto ya concertada en el año 2005, como el señor Ayllón ha glosado perfectamente, pero que ha quedado ya desajustada por el decurso del tiempo y por el cumplimiento.


Señor Hernando, me ha sorprendido terriblemente. Usted ha reprochado falta de sensibilidad en relación con la remoción de estas injusticias, cuando ustedes y teóricamente

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nosotros hemos acordado en el debate de los Presupuestos Generales del Estado la anticipación de la edad de jubilación de la Ertzaintza hasta los 60 años. No es así. Se acordó, se acordó formalmente, pero ustedes han incumplido este compromiso unilateralmente. Por lo tanto, esa referencia conceptual que utiliza el Grupo de Esquerra Republicana para reivindicar lo que ellos piden para los Mossos d'Esquadra es manifiestamente injusta, salvo que estemos esperando a algo. Yo intuyo lo que es, y usted lo sabe perfectamente. Pero ustedes han incumplido unilateralmente el compromiso suscrito formalmente con nuestro grupo parlamentario, a cambio del apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, con relación a la anticipación de la edad de la jubilación de la Ertzaintza. Luego no reproche al señor Ayllón lo que ustedes han incumplido.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor, tiene que ir terminando.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo, señora presidenta.


Se trata de remover dos injusticias y desvelar algo inveraz, una mentira: el incumplimiento por parte del Partido Socialista Obrero Español de un compromiso presupuestario acordado con el Partido Nacionalista Vasco, que consiguió o promovió la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, un incumplimiento unilateral que ya veremos si, en el Gobierno vasco, las nuevas autoridades que van a gobernar lo pueden cumplir.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Por otra parte, dos reivindicaciones manifiestamente justas, que -y ya con esto acabo, señora presidenta- tienen abundante normativa que requiere su cumplimiento: la Ley del Estatuto del Empleado Público, Ley 7/2007; en el ámbito estatal, la Ley 24/2001, sobre medidas fiscales, administrativas y del orden social; la propuesta de resolución del 6 de julio de 2006, aprobada por el Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados en el debate del estado de la Nación, y, en definitiva, los acuerdos presupuestarios a los que ustedes se comprometieron en el año 2005.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ustedes han incumplido todos esos requerimientos legales. Por favor, cúmplanlos. Es un problema de justicia.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL FRACASO DEL GOBIERNO EN LA ADAPTACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL AL PROCESO DE BOLONIA. (Número de expediente 173/000057.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A continuación pasamos al punto III del orden del día, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular, sobre el fracaso del Gobierno en la adaptación del sistema universitario español al proceso de Bolonia.


Para la defensa de la moción tiene la palabra, en nombre de su grupo, el señor Vázquez Abad.


El señor VÁZQUEZ ABAD: Señora presidenta, señorías, han pasado casi diez años desde que la Declaración de Bolonia sentase las bases para la construcción de un espacio europeo de Educación Superior, organizado conforme a los principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad, y orientado básicamente hacia la consecución de dos objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión del sistema europeo de formación superior en un polo de atracción para estudiantes y profesores de otras partes del mundo. No cabe duda de que crear un espacio universitario común era una necesidad imperiosa para avanzar en la construcción de Europa. Eliminar las barreras académicas favorece la movilidad de los ciudadanos, contribuye al entendimiento de la diversidad y riqueza de la cultura europea, ampliando el papel de integración social y, además, es coherente con el actual proceso de universalización, generando una mejoría en la sociedad del bienestar. Pero de lo que tampoco nos cabe duda es de que las cosas no se han hecho bien en este país por parte del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, a la vista de los principios antes mencionados.


El Partido Popular considera que el proceso de Bolonia, que va mucho más allá de una simple adaptación, es un proceso irreversible al que España no puede renunciar, pero tampoco se puede permitir el lujo de que fracase, significando la logsificación de la universidad española, con el consiguiente mal para nuestros estudiantes y, en definitiva, para la sociedad. Para que ello no suceda, el Gobierno debe reconducir este proceso con rigor, con voluntad de diálogo e integración y con amplitud de miras. Por nuestra parte, como principal partido de la oposición, queremos contribuir a ese diálogo y a la construcción de ese espacio único que consideramos vital para la universidad española. Por ello, con rigor y amplitud de miras presentamos hoy -al igual que presentamos en el Senado hace un mes una moción sobre esta temática, que fue aprobada por unanimidad- la presente moción, de cara a resolver los ingentes problemas que han ido apareciendo

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en dicho proceso y que dificultan la puesta en marcha con éxito del mismo.
Es necesario construir una universidad excelente, internacionalizada, preocupada por la docencia y la investigación, pero sin perder el referente del estudiante como eje de dicho proceso, favoreciendo su empleabilidad y el desarrollo humano del mismo en la sociedad. Resulta notorio que, para que nuestro proceso de adaptación al espacio único tenga éxito, es necesario solventar los problemas relacionados con el alumnado, con el profesorado, ejes ambos del sistema universitario y, en definitiva, con las universidades, aportándoles una financiación que les permita afrontar dicho plan con éxito.


El Gobierno debe potenciar por ello con carácter inmediato un período de diálogo e información con todas las partes implicadas, con el objetivo de integrar al alumnado y al profesorado, así como a las comunidades autónomas, que dé como resultado la elaboración de un informe que recoja objetivos, metas e indicadores tendentes a la evaluación de los mismos y que contemple, entre otras, las siguientes medidas que no deben interpretarse como un orden de prioridades, sino como un todo. En primer lugar, de apoyo al profesorado. No cabe duda de que el nuevo sistema, que va mucho más allá de un simple cambio de metodología docente, exigirá importantes inversiones debido a la necesidad de ampliar los medios humanos que le permitan desarrollar su trabajo en condiciones que faciliten el desarrollo de una labor docente de calidad y excelencia e impulsando su movilidad dentro de ese espacio único, como así se contempla en la propia Declaración de Bolonia. Resulta imprescindible la adopción de las medidas necesarias de financiación a las universidades que permitan al profesorado desarrollar una enseñanza bajo parámetros de calidad y excelencia, es decir, que impliquen mejoras en la calidad del sistema universitario y permitan el desarrollo de su carrera profesional.
Segundo, incrementar las becas universitarias para que en el año 2012 alcancemos en este concepto la media de los países que integran la OCDE, especialmente esas becas de movilidad. Igualmente, se hace necesario consolidar un sistema de becas y ayudas al estudio suficiente, ágil, que premie el esfuerzo del alumno y que, al mismo tiempo, garantice el acceso a los estudios universitarios de grado y posgrado a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. En tercer lugar, medidas que permitan conciliar la vida laboral con la posibilidad efectiva de cursar estudios universitarios, medidas todas ellas tendentes a evitar el fracaso universitario y atendiendo también a la situación de los representantes estudiantiles y de los responsables de asociaciones universitarias. Un cuarto punto básico en dicho informe sería el reflejo de medidas tendentes a impulsar la formación en idiomas extranjeros, que faciliten la movilidad de todos los miembros de la comunidad universitaria.


Cuando hablamos de participación, es necesario entender que dicho proceso debe contar con la participación y el apoyo de todos los grupos representados en esta Cámara. España no puede hacer una nueva reforma educativa de tal calado sin que se cuente con todos. Se debe abrir dicha vía, hasta este momento cerrada por el Gobierno socialista, y presentar un informe a la Comisión de Ciencia e Innovación al finalizar cada período de sesiones, para su evaluación, discusión y construcción de ese espacio único en el que todos nos sintamos a gusto. Asimismo, resulta imprescindible y urgente eliminar la burocracia que ha originado la Aneca en todo este proceso de verificación de los títulos universitarios y de acreditación del profesorado, incrementando el hartazgo de facultades y profesores hacia este proceso y redundando en un menoscabo de las tareas de docencia e investigación, acordes a una universidad de calidad que venimos demandando.


Finalmente, me gustaría hacer referencia a unas declaraciones del presidente de la CRUE, que manifestaba que en todo esto del proceso de Bolonia no hay que tener prisas, sino que hay que hacerlo bien. Así pues, manteniendo el rigor al que hemos aludido desde el principio de esta exposición y sin olvidar la premura de su implantación, es necesario actuar con racionalidad y rigor en lo referente al proceso de verificación de los nuevos títulos, con acuerdo de todas las partes implicadas y atendiendo a las diferentes situaciones que existan en las universidades españolas, sin que dicha premura en la evaluación redunde en una pérdida de calidad de los mismos. Resulta vital establecer nuevos productos educativos con materias relevantes y actualizadas, que incorporen a las titulaciones algo más que contenidos, que contemplen la formación del alumno y favorezcan su empleabilidad. Queremos dejar bien claro, y acabo, señora presidenta, que nada que se haga en relación a los nuevos planes de estudio debe suponer una merma de las exigencias formativas de toda carrera universitaria.


Por todo ello, pedimos el apoyo de todos los grupos a esta moción, que consideramos vital para el desarrollo de nuestra universidad y, en definitiva, para nuestros estudiantes y para nuestra sociedad. Quiero agradecer el esfuerzo que desde todos los grupos se ha hecho para llegar a un texto transaccional, que es el que presentamos para su aprobación en la tarde de hoy.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Vázquez.


A esta moción se han presentado enmiendas por parte de tres grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, presentó una enmienda de sustitución a esta moción del Grupo Popular, en la medida en que estamos tratando un tema que es de competencias autonómicas, al mismo tiempo que está en estos momentos de actualidad en todo el territorio del Estado español, ya que se está implantando

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lo que conocemos como la Declaración de Bolonia o lo que se llama el espacio europeo de Educación Superior. Presentamos esta enmienda de sustitución porque partimos de una preocupación de nuestro grupo en el desarrollo de este espacio europeo o de esta reforma universitaria.
Nosotros vemos con preocupación que la Declaración de Bolonia se está utilizando como un pretexto para desarrollar una reforma, una profunda reforma, que nosotros definimos como mercantilizadora del conocimiento.
Lo decimos porque es un proceso que se está desarrollando desde una perspectiva puramente tecnocrática, olvidando las más elementales consideraciones del debate democrático, de la participación de la ciudadanía y de los sectores universitarios más directamente afectados.


De hecho, se pone por delante como objetivos la homologación de los títulos y la movilidad para llevar adelante cambios que tienen como finalidad la reducción del gasto público de las universidades. Como ejemplo, el hecho de que la reducción de las licenciaturas de cinco años a cuatro significa la supresión de un 20 por ciento de ese gasto.
Podríamos hablar incluso de que la implantación de los másteres, tal y como se está desarrollando, carece de una verdadera planificación que responda a los intereses generales de la sociedad y provoca, desde nuestro punto de vista, de acuerdo con la observación que estamos haciendo del desarrollo de este tema, una competitividad entre las universidades públicas. No hay más que comprobar el desorbitado precio de los mismos. Al mismo tiempo, la escasez de las bolsas y una proliferación de préstamos al estudio, que a nosotros nos parece que busca la rentabilidad económica inmediata y trata de fomentar asimismo la proliferación de centros privados de posgrado, en particular de empresas transnacionales con redes en los centros en todo el mundo.


Estas son algunas de las consideraciones, señorías, que pongo como argumentos de la propuesta que hicimos de moción, dado que no tengo más tiempo para exponer nuestra posición en relación con este tema. Pero quiero finalmente manifestar nuestra posición favorable a la transacción a la que hemos llegado en todos los grupos, porque si bien es cierto que no recoge todas las medidas...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, por favor, tiene que acabar.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta.


Si bien es cierto que no recoge todas las medidas que incorporamos en nuestra enmienda, sí entendemos que es un avance en la situación actual, en la medida en que hay un consenso entre todas las fuerzas políticas...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, sus compañeros no podrán compartir el tiempo con usted.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Es un avance en la medida en que hay un consenso de todas las fuerzas políticas en la necesidad del debate en todo el territorio del Estado en relación con esta reforma.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias.


Señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.


Si en algo coincidimos todos es en que, entre las bases en las que se debe cimentar el futuro de España, una de las más importantes es la reforma de nuestro sistema educativo, un sistema que suspende cada año con peor nota los informes de evaluación europeos. En estos días observamos con preocupación cómo una iniciativa tan ambiciosa y compartida por todos desde hace tanto tiempo como Bolonia, como es la construcción de un espacio europeo de Educación Superior, se está viendo sometida a una campaña de acoso y derribo, que puede llegar a impedir su implantación, más por cuestiones de forma que por cuestiones de fondo. Por eso nos parecen oportunos los puntos que acomete la moción que vamos a apoyar.


Es verdad que hubiera sido conveniente abrir un periodo de información pública, que deberían haberse creado instrumentos adecuados para recoger la opinión de la comunidad educativa, y que se echa en falta un estudio comparativo del sistema español con el propuesto por Bolonia. Es necesario un marco europeo que unifique el sistema de acceso a la docencia universitaria y también hay que establecer una carrera universitaria europea; también es verdad que los planes de formación de profesores deben contemplar la formación a lo largo de la vida profesional y que es fundamental internacionalizar el profesorado con el aprendizaje de idiomas, sobre todo el inglés. El conocimiento de idiomas, tanto para alumnos como para profesores, nos permitirá integrar la universidad española en el espacio europeo con capacidad de intercambio.
Debemos garantizar una financiación suficiente y es fundamental incrementar las becas, sobre la base del mérito del solicitante y de la calidad y prestigio de la universidad receptora. Asimismo, es necesario, y así lo plantea la moción, potenciar la enseñanza virtual para permitir la conciliación de la vida laboral con la familiar. Es un hecho que se echa en falta un sistema de evaluación de la implantación del proceso, como es cierto también que la Aneca no va a tener tiempo para poder evaluar con calma la avalancha de títulos que le envían todas las universidades. Por otro lado, parece conveniente prorrogar el plazo último de implantación, porque todas las universidades tienen un ritmo diferente y una evaluación precipitada que amenazará la calidad de los nuevos planes, lo que supondría una merma de las exigencias formativas de cada titulación.


Vamos a apoyar esta moción y la transacción, esperando que las medidas que contiene sirvan para hacer ver al Gobierno y al grupo mayoritario que este camino

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no puede ni debe recorrerse solo, que todos estamos dispuestos a ayudar, que la adecuación es una cuestión clave para nuestro país y que esta reforma necesita el mayor grado de consenso y de acierto posible ante la falta de impulso político que este Gobierno está demostrando, poniendo en peligro la implantación de una reforma largamente esperada.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señor Salvador.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, el proceso de Bolonia es de actualidad por los incidentes de los últimos días, pero ha de ser de actualidad por la oportunidad que para la formación, calidad y excelencia, representa su implantación y la extensión del espacio europeo de Educación Superior. Con Bolonia se nos plantean grandes retos que es preciso afrontar de modo audaz y ello requiere ser muy claros, tanto en sus principios como en su desarrollo, y despejar las dudas que puedan existir. Bolonia no está exenta de riesgos y, por ello, requiere un consenso de la máxima implicación de todos los agentes, para poder realizar con éxito su implantación a través de una comunicación de proximidad y una información objetiva y transparente sobre todos los aspectos positivos del proceso, sobre las fases de su implementación y, sobre todo, a través de un diálogo que permita reconducir aquellos aspectos más críticos que pueden frenar su implantación y diluir su éxito.


Respecto a la moción presentada por el Grupo Popular, desde nuestro grupo parlamentario coincidimos en señalar la descripción aportada en cuanto a la situación del proceso de Bolonia. Sin embargo, no creemos que todas las medidas que quiere que el Gobierno impulse sean las más adecuadas.
Ahora no es el momento de burocratizar el proceso, sino de establecer un proceso de más diálogo, de un diálogo más firme y más abierto. Es el momento de ser muy estrictos en el cumplimiento del calendario, exigentes en la financiación necesaria, vigilantes en el cumplimiento de las fases y cercanos al profesorado y estudiantes; todo ello para conseguir implantar un modelo que persiga la excelencia y la máxima calidad en el sistema universitario.


El proceso de Bolonia ya tiene unas conclusiones, señoría, ya tiene un camino marcado, que no solo el Estado español sino también las comunidades autónomas y la mayoría de los agentes implicados se han comprometido a implementar. En todo caso, lo que ahora es estrictamente necesario no es burocratizar el proceso, sino actuar en la dirección del éxito de la implantación, para que las universidades encuentren en el marco europeo un horizonte de desarrollo y cooperación que permita una hoy también indispensable internacionalización de nuestro sistema universitario. El espacio europeo de Educación Superior es hoy una oportunidad que favorece la movilidad de estudiantes y profesores y que permite innovar en nuevas metodologías, en un nuevo concepto de enseñanza universitaria que garantice una mayor calidad docente y un mayor éxito académico de los estudiantes. Para conseguir estos objetivos, desde nuestro grupo parlamentario entendemos fundamental actuar al menos en dos sentidos: primero, en una más y mejor comunicación, información y diálogo, entre todos los agentes implicados y, segundo, en la insistencia en la necesidad de una financiación adecuada y por tanto de unos recursos necesarios. Bolonia requiere de recursos para afrontar los cambios que representa y sobre todo requiere de los recursos necesarios para establecer un modelo de becas justo. No cabe la improvisación ni la falta de recursos, cabe la exigencia en el compromiso por parte del Gobierno en implantar el proceso a través del diálogo y de unos recursos que no den lugar a dudas sobre la apuesta por una universidad y un sistema público de calidad para todos.


Estamos en una fase que debe ser ante todo constructiva y en esta línea y con este espíritu hemos presentado una enmienda a la moción del Grupo Popular, una enmienda que responde a la aprobada por unanimidad en el Senado hace pocas semanas y que entendemos plenamente vigente. Nuestro grupo aceptará el texto transaccional que se nos ha presentado, entendiendo que recoge todos los aspectos de nuestra enmienda, que responde al consenso, un consenso que entendemos estrictamente necesario, y que nos puede llevar a unir los esfuerzos necesarios para lograr que al fin podamos hacer de Bolonia el éxito de nuestro sistema universitario.
Es un texto que nos parece que enriquece la moción presentada en el Senado y aprobada unánimemente y que pretende potenciar el diálogo con todas las partes, insistir en la necesidad de que desde el ministerio se realice una mejor y más próxima comunicación y una vigilancia muy estricta de la implantación y de todas las fases del proceso.


Señorías, presidenta, nuestro empeño está en el éxito de la implantación.
Somos conscientes de que estamos frente a un cambio de modelo que ha de reforzar el sistema público, perseguir más calidad del sistema y más internacionalización, pero que no está, como decía al principio, exento de riesgos y que tiene aspectos de mejora sustanciales, en su estructura, por los efectos en la competitividad frente a otros países, y en su financiación. Somos también conscientes de que este éxito pasa...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Riera, por favor, tiene que terminar.


La señora RIERA I REÑÉ: Termino, presidenta.


Somos también conscientes de que este éxito pasa fundamentalmente por ser capaces de reconducir estos aspectos más críticos y posicionar nuestro sistema universitario en el marco europeo que le corresponde. Por todo ello, anunciamos el voto favorable al texto

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transaccional, que entendemos que tiene el gran valor del consenso.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Riera.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Palma.


La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, presidenta.


Señorías, supongo que a estas alturas no es necesario explicar en qué consiste el proceso de Bolonia, pero sí recordar que se trata de cumplir con los objetivos que comparten 46 países para que los títulos universitarios sean fácilmente comprensibles, alcanzando la movilidad real y efectiva de los estudiantes, que podrán circular por los diferentes itinerarios académicos de más de 1.000 universidades europeas, la mayoría públicas, iniciando los estudios en la universidad que mejor se adapte a sus necesidades y motivaciones y pudiendo completarlos en otra u otras, sin las dificultades que hasta hoy se han venido produciendo. Esta movilidad es extensible también a profesores, investigadores, titulados y profesionales. Se trata de un proceso de casi diez años, compartido, participado por estudiantes, profesores y gestores, a lo largo del cual se ha ido desarrollando y reforzando la defensa de la universidad pública y la apuesta por la formación de calidad, en la que el eje principal es siempre el estudiante y en la que es prioritario garantizar la igualdad de oportunidades. Es importante recordar hoy aquí estos fundamentos.


Si podemos hablar hoy aquí del proceso de Bolonia en España, señorías, es porque afortunadamente hay proceso, y lo hay desde 2004, porque hasta 2004 el espacio europeo de Educación Superior en España no existió.
Podemos hablar de proceso porque desde hace dos años tenemos un marco legislativo acorde con la arquitectura de los acuerdos de Bolonia. Antes no, porque la Ley de Universidades de 2001, impulsada por el Partido Popular dos años después de firmar la Declaración de Bolonia, sorprendentemente no permitió el impulso de la convergencia europea.
Fueron lamentablemente unos años perdidos, desde 1999 a 2004, y, de haber sido aprovechados como lo fueron en otros países, muchas de las tensiones, inquietudes e incertidumbres, no se hubieran producido.
Curiosamente, los retrasos de los que algunos hablan son sus retrasos, aunque a renglón seguido afirman que hay que parar el proceso. ¿En qué quedamos? A veces parece, como les decía hace poco el presidente del Gobierno, que, en su afán de criticar, critican hasta lo que les parece bien. Es realmente sorprendente pero es así. Señorías, insisto, si hoy podemos hablar de mejorar la financiación en mociones como esta es porque hay proyecto de cómo hacerlo, compartido con las universidades y las comunidades autónomas. Si podemos hablar de seguir incrementando las becas es porque en los últimos cuatro años las becas han aumentado un 58 por ciento sus recursos, con un 20 por ciento de becarios universitarios.
Hace cinco años estábamos apenas en el 15 por ciento y el horizonte de este Gobierno es llegar al 40 por ciento en seis años, como afirmó recientemente la ministra Garmendia.


Señorías, sin duda la propia determinación del Gobierno socialista en la aplicación del proceso de Bolonia nos lleva a valorar muy especialmente el espíritu de acuerdo y de consenso que, al igual que hace un mes en el Senado, inunda hoy a la mayoría de los grupos de la Cámara. Se trata de una determinación abierta al diálogo, a la crítica y al debate, de forma natural y permanente, sabiendo que hay cosas perfeccionables, afrontando las críticas, pero también con muchos apoyos, conscientes de que los grandes cambios como este pasan por momentos de transición y de cierta incertidumbre, y el Gobierno lo demuestra tomando medidas, como el reciente Plan de Acción 2009 -aprobado el pasado 30 de enero-, con más becas de grado y máster, con financiación adicional para la adaptación de títulos y con un programa específico para fortalecer las humanidades y las ciencias sociales, entre otras medidas.


Desde el Grupo Socialista hemos presentado como enmienda el texto del Senado a la moción que presentaba el Grupo Popular y hemos trabajado sobre la misma en un texto transaccional. Valoramos especialmente el énfasis que se hace en el texto que vamos a aprobar sobre el tema de becas y la incorporación de un nuevo apartado sobre la formación integral de los estudiantes, instando a establecer medidas para que los que lo requieran puedan conciliar la vida laboral representativa y asociativa con el estudio, así como con la necesidad de potenciar el aprendizaje de idiomas. Nos quedamos, señorías, con el alma responsable, institucional y constructiva, de la moción del Grupo Popular, con el noble afán de aportar mejoras al proceso y de ejercer la crítica con ánimo constructivo y de perfección. Señorías, miremos al futuro siguiendo en la línea de lo que hoy estamos trazando, asegurando el apoyo parlamentario a medidas necesarias para impulsar una de las reformas estructurales más importantes para un futuro que es ya inmediato. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Termino diciendo que la implantación del espacio europeo de Educación Superior es sin duda alguna una gran oportunidad para nuestras universidades, pero no es la única pieza de una reforma más amplia de la universidad pública que necesita la sociedad del siglo XXI. Nuestras universidades se juegan mucho; la sociedad española, también.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palma.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


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Debo decirles que estamos convencidos de que Bolonia no tiene marcha atrás. Tal y como decía la diputada señora Palma, lo decidieron 46 países y todo empezó hace diez años; todo está bien consolidado. No obstante, también debo decirles que el proceso no debería continuar avanzando sin corregir algunas cuestiones. Las movilizaciones que estos días hemos vivido en Barcelona no son gratuitas. ¿Por qué? Porque existe la percepción de que todavía es conveniente corregir algunas cuestiones, sobre todo aquellas relativas a la falta de una mayor inversión, la falta a veces de diálogo en las instituciones, incluso una excesiva burocratización del aparato administrativo, estas ínfulas privatizadoras que a veces uno percibe en algunos organismos, y por eso es interesante que el debate parlamentario refleje la realidad de la calle y la preocupación del mundo académico y de los jóvenes. Es necesario estar vigilantes ante el proceso. Nosotros no renegamos de la necesidad de interrelacionar el mundo empresarial con el mundo de la universidad; es más, sabemos que en la medida en que el mundo empresarial y de la industria se beneficie de la innovación que produzca la universidad habrá mayores recursos sociales para invertir en la universidad pública, porque es la única manera de frenar, de competir con el mercado privatizador que existe y existirá también en el mundo del conocimiento.


Nosotros ya nos instalamos en esta vía reformista. Por eso, nuestro grupo parlamentario en el Senado trabajó, en la medida en que sus fuerzas se lo permiten, para consensuar una moción que había presentado el Partido Popular. Entendemos que esta transaccional se incardina en este proceso de buscar consensos pero a la vez no quedar dormidos. Por ejemplo, en el tema de las becas, ciertamente si hubiera una garantía real de que las becas no solamente se van a incrementar en la medida en que se ha anunciado, sino que, atendiendo a la nueva realidad de crisis económica, van a tener un mayor incremento, posiblemente habría menos temores. Ayer mismo El Periódico de Catalunya publicó una entrevista a la ministra Garmendia en la que decía -cito textualmente-: El compromiso es pasar en seis años del 20 por ciento de estudiantes becados al 40 por ciento. Yo creo que no se puede fijar un plazo de seis años; celebro que la transaccional hable de 2012. Todos somos conscientes de que en la medida en que se nos aprieta, en la medida en que las instituciones se sientan también presionadas -de ahí que piense que bendita sea la movilización en las calles por parte de los estudiantes y de los jóvenes-, y los grupos parlamentarios, y los partidos políticos, seremos más sensibles que cuando la sociedad está adormilada. Los jóvenes han demostrado que de dormidos nada y por eso es importante que sepamos escucharlos.


He insistido -lamento no tener demasiado tiempo- en el tema de las becas.
Ciertamente hay que hablar de la burocratización. Podría mencionarles algún aspecto que refleja que Aneca francamente podría mejorar en su funcionamiento respecto a la verificación de algunos títulos. Por ejemplo, el plazo máximo para responder por parte de Aneca es de seis meses y algunas universidades catalanas que han presentado iniciativas de este tipo todavía no tienen respuesta. Francamente no entiendo si realmente estamos ante un problema tan acuciante cómo es posible que una administración funcione de forma tan lenta, de manera que celebro que la transaccional hable de coordinar la Aneca con las agencias -la andaluza, la catalana- de aquellas comunidades autónomas que sí las tenemos para ver si de una vez por todas los engranajes se aceleran.


Hay otros aspectos contemplados en la transaccional con los cuales más o menos estamos de acuerdo, pero, repito, es cierto que en estos momentos hay que ir enderezando el camino de Bolonia porque nos jugamos el futuro de esta generación de estudiantes actuales y de los que vendrán detrás.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) para fijar posición tiene la palabra don José Ramón Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, deseo iniciar mi intervención volviendo a explicitar en términos simples y claros el posicionamiento de mi grupo, el Grupo Vasco, en relación con el espacio europeo de Educación Superior y más en concreto con la Declaración de Bolonia. Ustedes conocen ya este posicionamiento: mi grupo es abierta y firmemente partidario de este proceso y lo es también de avanzar con paso decidido, conjuntamente con el resto de los países europeos, en la creación de ese espacio común europeo de Educación Superior en los términos recogidos por la Declaración de Bolonia.


He vuelto a explicitar este posicionamiento no porque mi grupo haya dado ningún paso reciente, ni porque haya hecho ningún gesto siquiera equívoco que pudiera ser entendido como un girar de su posicionamiento habitual en este tema, ni lo hago porque nadie -al menos que sepa yo- haya puesto en discusión nuestro posicionamiento; lo hago, en primer lugar, porque seguramente no sobra nunca hacerlo y, desde luego, no sobra cuando, como es el caso actual, tenemos delante de nosotros una moción consecuencia de una interpelación urgente que se desarrolló -hoy hace una semana- en los términos en los que se desarrolló entre la ministra y el portavoz parlamentario en este tema del Grupo Parlamentario Popular y sobre los que no vuelvo por ser conocidos por todos ustedes. Y sobra todavía menos un posicionamiento como el que acabo de hacer de mi grupo -al contrario, cabría decir que obliga políticamente hablando- si se tienen en cuenta las circunstancias sociales en las que ahora mismo está teniendo lugar este debate y sobre todo las circunstancias en las que se está desarrollando estos días la progresiva implementación en el Estado español del espacio europeo de Educación

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Superior, circunstancias que sin ánimo alguno de calificarlas -ni siquiera de describirlas por conocidas-, requieren como mínimo ideas, decisiones, posicionamientos y actitudes claras, además de un esfuerzo incrementado del Gobierno y de todos, estemos en la oposición o donde estemos, para que este proceso por el que un día apostamos culmine en los términos que se fijaron en la declaración y en los tiempos que nos dimos para llevar a cabo esta declaración.


Mi grupo sigue convencido y sigue decidido en esta apuesta, y sigue también dispuesto a echar una mano hasta donde se nos recabe para poder ayudar y acompañar para que este nuestro espacio de educación superior sea un espacio europeo de Educación Superior, y lo sea, como digo, en tiempo y forma, con todas las de la ley, si me permiten la expresión. No somos partidarios de pescar en ríos revueltos, lo inevitable en su caso y, en este tema, ni lo inevitable, porque es importante, es trascendente y es urgente que avancemos en este espacio europeo de Educación Superior, y no lo es solo porque tengamos compromisos contraídos, no al menos solo por eso, lo es también porque contrajimos aquellos compromisos porque la universidad, la educación superior aquí y ahora necesita dar esos pasos para estar a la altura de las circunstancias y de los desafíos de los tiempos, porque hay mucho que andar en ese camino hacia una educación superior de calidad, con gran dosis de movilidad, de diversidad y de competitividad.


Mi grupo se alegra de que finalmente, al parecer, vayamos todos a votar una moción conjunta; se alegra -lo voy a decir- independientemente casi de los contenidos particulares de esta moción. Constituye, a nuestro juicio, la muestra de una voluntad y una decisión que entendemos son muy necesarias justamente para poder cumplir con el objetivo que señalaba y para llegar a tiempo a una meta que, por lo demás, también somos conscientes de que es una meta volante, no es ninguna meta final. La sociedad, progresivamente globalizada y enormemente competitiva, no permite descansos en este tema, por eso votamos a favor, pero es un voto exigente al mismo tiempo que un voto entusiasta. Es exigente porque entendemos que si todos tenemos mucho que hacer es el Gobierno sobre todo el que más tiene que hacer y hacia él queremos ser exigentes. A ese respecto, el punto séptimo de la moción conjunta dice que el Gobierno informará a la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados antes de finalizar cada periodo de sesiones de cómo se está desarrollando este proceso. Nos parece insuficiente, esto nos parece francamente insuficiente, de forma que animamos al Gobierno a que, si esta moción no le obliga, cumpla lo que ya prometió la ministra en la comparecencia del 23 de septiembre cuando dijo que iba a aplicar a la estrategia Universidad 2015 en su conjunto, y por tanto al equipo ministerial que la promueve, el mismo principio de evaluación y monitorización que solicitamos a las instituciones universitarias, y dijo que antes de que terminara el primer trimestre del año 2009 tendríamos conocimiento de ello. Pues bien, si no la obligamos con la moción, ella se obligó con lo que dijo en la Comisión el 23 de septiembre y a eso instamos al Gobierno con un voto decidido a favor del espacio europeo, pero con un voto que es, y quiere serlo, muy exigente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS), SOBRE MEDIDAS ECONÓMICAS DINAMIZADORAS CONTRA LOS MÁS INTENSOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA EN CANARIAS. (Número de expediente 173/000058.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto sobre medidas económicas dinamizadoras contra los más intensos efectos de la crisis económica en Canarias. Para la defensa de esta moción tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


Coalición Canaria ha traído hoy a este Pleno una moción que hace frente a la excepcional situación de crisis económica que padece una comunidad autónoma en la que, a fecha de hoy, el paro alcanza ya el 22 por ciento y en la que el 50 por ciento de su producto interior bruto se basa en la construcción y el turismo. La crisis en Canarias es distinta, llegó antes y es más grave que en el resto de España. La tasa de paro, ya lo hemos dicho, ha llegado al 22 por ciento y eso era antes de que afectara al sector turístico, nuestra principal industria. En este momento la situación de dicho sector, a raíz no solo de la crisis, sino también de la recesión que sufren los principales países emisores de turistas, hace que tengamos unas previsiones para los próximos meses que sitúan la tasa de desempleo en el 30 por ciento si no se actúa con rapidez y prontitud, 30 por ciento que ya tuvo Canarias en los años setenta y ochenta. Eso, como muy bien reconoció aquí la semana pasada el vicepresidente don Pedro Solbes, no sería ya un mal dato económico, sino un grave problema social.
Para evitarlo es necesario tomar medidas excepcionales a corto plazo, tanto por el Estado como por la comunidad autónoma, medidas que se refieren a la promoción exterior y al coste del destino, hablo de tasas aeroportuarias y otras medidas que permitan salvar las temporadas de verano e invierno de este año. Pero no solo eso, necesitamos agilizar, ejecutar y ampliar los convenios y planes de obras e infraestructuras públicas que permitan no solo recolocar a parte de los miles de trabajadores que han salido del sector de la construcción en Canarias, sino también dejar en situación de competitividad a nuestra principal industria: el turismo, y que salga de esta crisis dentro de tres años reforzada, con una planta hotelera rehabilitada y con los espacios públicos reformados.


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Quiero decir que Coalición Canaria comparte totalmente las enmiendas aportadas por el Grupo Popular. También quiero decir aquí que no compartíamos las presentadas por el Grupo Socialista, que limaban y descafeinaban unas propuestas que eran medidas justas y totalmente necesarias. Pero, en aras del consenso y sobre todo de la urgencia de la adopción de medidas para salir de una situación gravísima, hemos logrado transaccionar una propuesta satisfactoria, y quiero agradecer el apoyo de todos los grupos de la Cámara, especialmente de la portavoz del Grupo Socialista, doña Gloria Rivero, y del portavoz del Grupo Popular, don Gabriel Mato; por encima de todo están los intereses en esta situación de nuestra tierra canaria. Como hemos dicho, lo más urgente es impedir que se destruyan más puestos de trabajo, y para ello proponemos un conjunto de dieciocho medidas concretas que van desde la implantación de un plan de renovación de infraestructuras y espacios públicos turísticos en Canarias hasta la firma de un convenio específico de financiación del ICO para la renovación de la planta hotelera. Además, proponemos la promoción y el márquetin turístico conjunto en los principales mercados europeos y facilitar la tramitación de los visados. Por otro lado, la moción establece acelerar, adelantar y revisar la ejecución de los convenios ya existentes con distintos ministerios para obras públicas en Canarias, también la reducción por primera vez de las tasas aeroportuarias y la participación de AENA en la promoción de los aeropuertos y el desarrollo de los parques logísticos anexos a los mismos, el compromiso de aplicación de la reciente autorización por la Unión Europea de la subvención al transporte de mercancías por el cien por cien de su importe, la potenciación de Canarias como plataforma de la política exterior de España en África occidental y la propuesta del Grupo Popular de potenciar la zona especial de Canarias. Y por último, pero no por ello menos importante, esta iniciativa incluye el compromiso de empezar a trabajar el Gobierno central y el canario para reformar y adaptar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias a los nuevos tiempos económicos y sobre todo garantizar su cumplimiento, tal y como dice la moción.


Termino, señores diputados, diciendo que agradezco a todos los portavoces de los grupos el apoyo a esta moción, que esta moción quiere decir que vamos a hacer borrón y cuenta nueva, que los presupuestos del Estado de este año no eran los presupuestos que necesitaba Canarias, que las medidas anticrisis del Gobierno que este grupo parlamentario ha apoyado no han servido para Canarias y que la crisis de una economía que depende y es la más externalizada de este país pide ayuda. Necesitamos medidas a corto plazo y la unión del Gobierno central y del Gobierno de la comunidad autónoma, pero también tenemos que trabajar para que en los próximos tres años una economía basada en la construcción y un sector turístico totalmente deprimido en infraestructuras y con una planta alojativa desfasada estén en primera línea para competir con los mercados con los que competimos, con Turquía, con Túnez, con Egipto. Para eso tenemos que tener un destino reformado, modernizado y también competitivo en toda la conectividad de Canarias, y estamos hablando de nuestros puertos y aeropuertos, de la implicación de AENA en la promoción, que es la forma más fácil de salvar nuestro sector turístico, nuestra industria principal en Canarias es el sector del turismo y tenemos que potenciarlo.


Muchas gracias por el apoyo a todos los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Gabriel Mato.


El señor MATO ADROVER: Gracias, señor presidente.


Señorías, mi intención era subir a esta tribuna a defender las enmiendas presentadas por mi grupo a esta moción, unas enmiendas que venían a dotar de más amplio contenido el texto presentado y que se centran en algunos aspectos muy concretos absolutamente necesarios para Canarias. Me hubiera gustado que se votara nuestra propuesta de que las ayudas al transporte de mercancías entre islas y hasta la Península alcancen un cien por cien al final de esta legislatura, incluyéndose expresamente el plátano como producto subvencionable en igualdad de condiciones que el resto de productos agrarios, algo que por otra parte asumió por unanimidad este Pleno y luego de forma vergonzosa fue excluido por el Gobierno. Se lo digo claramente, no nos conformamos con lo que hoy se va a aprobar en este sentido. Me hubiera gustado defender y que se aprobara que el Gobierno asume el reconocimiento y abono de la deuda que tiene con Canarias, una deuda que se asume para comunidades socialistas y no para la nuestra, una deuda que se produce por el incumplimiento del REF, por la compensación del extinto ITE y por un evidente desajuste ante el aumento poblacional. Me hubiera gustado que se debatiera y aprobara que a la hora de negociar el nuevo modelo de financiación se tuviera en cuenta el concepto de ultraperificidad como criterio para la asignación de recursos. Y me hubiera gustado que se debatiera y se aprobara algo tan sencillo, tan justo y tan claro como que se adopten medidas para atenuar los efectos perversos de la doble insularidad en Canarias, que penaliza a diario a los ciudadanos y a la actividad económica de las islas periféricas de La Palma, el Hierro, la Gomera, Fuerteventura y Lanzarote.
Confiaba en que Coalición Canaria asumiera estas propuestas. Me alegro de que las comparta, como ha dicho la portavoz. Lamentablemente, tal y como ha anunciado, Coalición Canaria ha preferido transigir a las imposiciones del Partido Socialista para sacar adelante una moción de mínimos absolutamente descafeinada pactando esa enmienda transaccional que se va a votar; una enmienda que nuestro grupo ha suscrito sin convicción y que va a apoyar, pero que es

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absolutamente insuficiente. Y ya les anuncio que no renunciamos a seguir defendiendo lo que en nuestras enmiendas expresábamos.


Señora Oramas, permítame que le dé un consejo. No crea en cantos de sirena, ni siquiera en estos momentos de extrema debilidad del Partido Socialista. Ante una situación como la que estamos viviendo no se puede ser cicatero. No se dé por satisfecha con la aprobación de esta moción.
Nosotros no nos damos por satisfechos. Tenga muy claro que el Gobierno Zapatero no va a hacer absolutamente nada por sacar de la crisis a unas islas a las que ignoran reiterada y machaconamente. No confíe en un partido que, como el Socialista de Canarias con su secretario general al frente, limita su estrategia en Canarias a insultar, a generar desconfianza, a atacar al adversario usando todos los instrumentos del Estado, prevaliéndose de sus cargos pasados y utilizando de forma vergonzosa a las instituciones del Estado. Canarias necesita, más si cabe que el resto de España, que el Gobierno socialista haga la tarea, que trabaje, que asuma una situación que no han querido ver hasta ahora y que ni siquiera ahora saben resolver. Pero, siendo eso malo, lo peor es que ignoren los consejos y las propuestas de los que en momentos también difíciles fuimos capaces de tomar decisiones, asumir responsabilidades y colocar a España como modelo de crecimiento, solvencia y credibilidad, haciendo a la vez política de Estado para Canarias.


Señorías, vamos a votar un texto transaccional. Seguramente se aprobará por unanimidad, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que, una vez aprobada la moción, los mandatos que en ella se contienen, y que -reitero- son claramente insuficientes, sean asumidos y puestos en marcha de inmediato por el Gobierno socialista. La semana pasada, con motivo de la interpelación, el ministro Solbes compartió -y no se cansó de repetirlo- el análisis enormemente preocupante de la situación global de Canarias y, en concreto, sobre el paro. Quiero pensar que todo ello no era simplemente porque el Gobierno se siente solo, muy solo, ahora tiene la oportunidad de demostrar que lo que dijo el vicepresidente la semana pasada es cierto. Deben alejarse de lo que hasta ahora ha sido doctrina en el Partido Socialista: decir una cosa y hacer la contraria. Yo no me fío de este Gobierno porque ha demostrado que no es de fiar.


Termino. Canarias necesita muchas cosas, pero por encima de todo necesita que en España haya un gobierno que asuma como propias las necesidades de este Archipiélago, un gobierno dispuesto a hacer política de Estado con Canarias teniendo en cuenta sus especificidades y sus necesidades. Pero lo que más necesita Canarias, aún más que el resto de comunidades, es que el Partido Socialista deje de gobernar en España. En eso estamos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mato.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Rivero.


La señora RIVERO ALCOVER: Gracias, señor presidente.


Quiero comenzar mi intervención poniendo de relieve y sin fisuras que el Gobierno que ha puesto de forma clara, rotunda y decidida a Canarias en su agenda política desde el inicio de la legislatura pasada y en la actualidad es el de José Luis Rodríguez Zapatero (Aplausos.), que ha fijado, establecido y desarrollado toda una agenda específica para Canarias y no ha dudado ni en la defensa del Régimen Económico y Fiscal diferenciado, haciéndolo valer entre los distintos ministerios, con competencias claras y en consenso con el Gobierno autónomo ni en la defensa de Canarias en el ámbito comunitario. No como usted, don Gabriel Mato; no como durante los ocho años de gobierno del Partido Popular, que no hizo absolutamente nada en relación con Canarias. En su intervención en la propia interpelación, el ministro de Economía dejó clara su preocupación en todos los órdenes, especialmente por el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, donde, por la intervención de este Gobierno y no de otro, se ha mejorado el contenido del mismo, no limitándose a adoptar medidas precisas para ajustar nuestra regulación al derecho comunitario sino incluyendo previsiones para contribuir al crecimiento y desarrollo canario, medidas que tendrán un impacto positivo, como pueden ser los 950 millones de euros, como cifra comunicada por la Comisión Europea o, por su concepción de región ultraperiférica, los más de 450 millones de euros en ayudas de fondos Feder, que darán más de mil millones de euros referidos a estas ayudas. Se han formalizado los convenios de carreteras, de obras hidráulicas, de costas, que estaban puestos en un cajón con los gobiernos anteriores del Partido Popular y con ningún atisbo de desbloqueo. Se ha aprobado y desarrollado un Plan de infraestructuras aeroportuarias y sistema de navegación de Canarias, con un importantísimo esfuerzo inversor que está permitiendo modernizar y ampliar estas infraestructuras que han sido absolutamente olvidadas con anterioridad.
Se ha mantenido la competitividad de las tarifas aeroportuarias, incluso mejorado con relación a las de su entorno, siendo inferiores a la media europea hasta casi en un 48 por ciento. Se mantiene la definición de contenidos necesarios para la formalización de convenios con AENA respecto a las respectivas competencias de fomento de actividad turística, como puede ser el Plan estratégico de conectividad con las islas, el Consejo de la Sociedad de Promoción Exterior de Tenerife o Promotur, entidad dedicada a la promoción turística de las islas Canarias. En materia de transporte aéreo y marítimo, el Gobierno está desarrollando dos importantes reformas destinadas a aumentar la eficiencia de los aeropuertos y los puertos de interés general, una revisión del modelo de gestión de la red de aeropuertos y una reforma del régimen económico de prestación de los servicios en los puertos de interés general. Ni que decir tiene el cumplimiento del compromiso del Gobierno respecto a las subvenciones del transporte de pasajeros y mercancías. Le recuerdo al

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señor Matos que durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular no se hizo absolutamente nada respecto a la modificación del sistema de compensaciones al transporte marítimo, que se ha elevado de un 35 a un 50 por ciento y que vamos a ponerlo en esta transacción precisamente para llegar al cien por cien. Este es el olvido en el que dejó el Partido Popular a Canarias.


En materia turística me gustaría hablar tan solo del Plan de turismo español, de 2008 a 2012, que ha permitido la formalización de convenios con el Instituto de Turismo de España, con la comunidad autónoma, con el Cabildo de Gran Canaria y con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. No se trata, pues, de poner medallas. Se trata de ejecutar programas y compromisos y de ser serios y rigurosos en lo que se compromete desde el Estado y desde este Gobierno. Hoy, tras esta enmienda transaccional de medidas económicas dinamizadoras contra los intensos efectos de la crisis económica en Canarias, donde el Gobierno del Estado no hace más que seguir y potenciar aquello que, como he relacionado, se ha venido iniciando exclusivamente porque era su compromiso adquirido, fuera cual fuera el color del Gobierno de Canarias, no podemos escuchar sin lamentarlo profundamente que el presidente autonómico siga diciendo, en esta especie de mantra que le caracteriza, que la culpa de todos los males de Canarias la tiene el Estado, que la pasividad del Estado perjudica a Canarias, como ha dicho hace escasas horas en el debate del estado de la nacionalidad canaria, y que solo el Estado olvida a Canarias, cuando es precisamente este Gobierno del señor Rodríguez Zapatero el que en cada una de las intervenciones recoge una medida específica para Canarias. Como bien dijo el ministro de Economía: nuestra preocupación es la misma que la suya, nos preocupan los canarios tanto como a usted y, aunque no convivamos con ellos, no crea que nuestra preocupación no existe por esa razón, sino que es especialmente por esa razón. Por tanto, si desde el Gobierno de Canarias -le doy las gracias a la señora Oramas por aceptar esta transacción, que tiene el valor del consenso y el valor de seguir en lo iniciado por este Gobierno para Canarias- se gestionaran y desarrollasen todos los planes de seguridad, convenios, infraestructuras y planes de empleo, que solo llegan a un 47, a un 53 por ciento de ejecución de los fondos que se vienen dando por el Estado para Canarias, estaríamos hablando con toda seguridad de una de las mejores oportunidades de desarrollo de empleo y mejora de la ciudadanía canaria que ha tenido el Gobierno autónomo. Desde aquí llamo al Gobierno autónomo de Canarias a la responsabilidad para que, lejos de seguir actuando con este despilfarro y mala gestión, se ponga a trabajar para seguir desarrollando los diversos proyectos pendientes y con recursos económicos que deben ser impulsados por el propio Gobierno de Canarias y no por otro Gobierno. Y le ruego al señor Matos que no ponga en cuestión un día sí y otro también nuestro Estado de derecho cuando una y otra vez utiliza usted para desgastar al Gobierno a las instituciones.
Es lamentable.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivero.


Para fijar posición por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño para considerar que nos presenta Coalición Canaria, y de acuerdo con buena parte de los grupos de la Cámara, un amplio menú para afrontar la crisis en Canarias. Es un menú en el que hay primeros platos, fundamentalmente infraestructuras; hay también segundos platos, básicamente dedicados al sector turístico, aunque también a otros sectores de la economía; y también se nos proponen postres variados por parte de Coalición Canaria y por parte de los grupos parlamentarios, entre los cuales hay iniciativas de mejora de la educación o de regeneración ambiental. Lo que ocurre es que entre estos platos, y sobre todo en el primer plato, aparece un sapo, señorías, que para mi grupo parlamentario, me refiero a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es muy difícil de tragar. Me refiero al puerto de Granadilla, nuevo puerto en Canarias muy difícil de tragar para mi grupo parlamentario; muy difícil de tragar para los ambientalistas, para los ecologistas; muy difícil de tragar, en general, para los que creemos que Canarias tiene un futuro y lo tiene respetando un modelo ambiental sostenible. En ese sentido, no vamos a estar de acuerdo con este aspecto, que nos parece fundamental, aunque queremos reconocer que hay un esfuerzo en este amplio menú, en este menú variado, por afrontar la crisis en Canarias.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Intervengo muy brevemente, también desde el escaño, para fijar nuestra posición, la posición del Grupo Vasco, en relación con la moción presentada por Coalición Canaria. Nos parece una iniciativa adecuada y loable por parte de Coalición Canaria tratar de buscar soluciones a la grave situación económica por la que atraviesan las islas. Evidentemente, el carácter ultraperiférico, el elevado nivel del paro y la gran dependencia de las islas del sector del turismo configuran unas características propias difíciles de encontrar en ninguna otra parte del territorio. Por lo tanto, las medidas de apoyo tanto directas al turismo como indirectas, entendiendo estas como la creación y el impulso de las infraestructuras necesarias para el sector del turismo, creemos que pueden configurar unas medidas -insisto- necesarias, máxime en un momento de recesión económica internacional en la

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que el turismo se puede ver afectado. Esperamos que esta iniciativa se implemente y pueda llevarse a cabo con el apoyo del mayor número de diputados de esta Cámara, y no se quede, como muchas otras iniciativas, tan solo en papel mojado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Dentro de dos minutos iniciaremos las votaciones. (Pausa.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE LA OFICINA PRESUPUESTARIA DE LAS CORTES GENERALES. (Número de expediente 122/000101.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones. En primer lugar votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, de la oficina presupuestaria de las Cortes Generales.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 166; en contra, 177.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, POR LA QUE SE CREA LA OFICINA DE GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO. (Número de expediente 122/000076.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se crea la oficina de gestión y control presupuestario.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 341; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA LA APLICACIÓN DEL TIPO REDUCIDO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SOCIAL EN CENTROS RESIDENCIALES.
(Número de expediente 122/000026.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la aplicación del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a la prestación de servicios y asistencia social en centros residenciales.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 168; en contra, 173; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDUCATIVO. (Número de expediente 162/000182.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la protección del patrimonio educativo. Existe una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a la tramitación de la enmienda transaccional? (Pausa.) En consecuencia, pasamos a votación la mentada proposición no de ley en los términos de la enmienda transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 320; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS DERECHOS SOCIOLABORALES DE TODOS LOS CUERPOS POLICIALES QUE ACTÚAN EN ESPAÑA.
(Número de expediente 162/000297.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar a continuación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre los derechos sociolaborales de todos los cuerpos policiales que actúan en España. Esta proposición no de ley se vota en los estrictos términos en que ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 160; en contra, 182; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA DE LA GENERALITAT-MOSSOS D'ESQUADRA (PG-ME). (Número de expediente 162/000333.)

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar del grupo parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la reducción de la edad de jubilación de los miembros de la policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra. Esta proposición no de ley se vota en los términos de la enmienda transaccional suscrita por algunos grupos parlamentarios y habiendo llegado a la Mesa la información de que no se opone a su tramitación ningún grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 341; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL FRACASO DEL GOBIERNO EN LA ADAPTACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL AL PROCESO DE BOLONIA. (Número de expediente 173/000057.)

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre fracaso del Gobierno en la adaptación del sistema universitario español al proceso de Bolonia. Esta moción tiene una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a que se tramite la enmienda transaccional? (Pausa.) En consecuencia, la moción que pasa a votarse es en los términos de la enmienda transaccional presentada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 337; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS), SOBRE MEDIDAS ECONÓMICAS DINAMIZADORAS CONTRA LOS MÁS INTENSOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA EN CANARIAS. (Número de expediente 173/000058.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar ahora la moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas económicas dinamizadoras contra los más intensos efectos de la crisis económica en Canarias. Esta moción ha recibido una enmienda transaccional que ha sido aceptada para su tramitación por todos los grupos parlamentarios. En consecuencia, se vota esta moción en los términos de la transacción propuesta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 341; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las ocho y veinte minutos de la noche.

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