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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 68, de 17/03/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2009 IX Legislatura Núm. 68
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 63 celebrada el martes 17 de marzo de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Mixto, para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua (Orgánica). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 118-1, de 9 de julio de 2008. (Número de expediente 122/000099.) ... (Página 4)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre garantía de los derechos y mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 138-1, de 30 de enero de 2009. (Número de expediente 122/000117.)... (Página 17)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar dentro de la formación profesional la oferta educativa del tradicional oficio de artista fallero y "foguerer". "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 151, de 20 de febrero de 2009. (Número de expediente 162/000330.)... (Página 23)

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Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las ayudas al sector de la automoción. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 151, de 20 de febrero de 2009. (Número de expediente 162/000332.)... (Página 27)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de apoyo al colectivo de los trabajadores autónomos ante la crisis económica que padecemos. (Número de expediente 173/000054.) ... (Página 33)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las actuaciones del Gobierno en el avance del uso de las lenguas cooficiales del Estado en el conjunto de la Administración General del Estado, sus organismos dependientes y otros órganos constitucionales. (Número de expediente 173/000055.) ...
(Página 37)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la posición del Gobierno ante el proceso de reestructuración del sistema financiero español. (Número de expediente 173/000056.) ... (Página 42)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 46)

Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 46)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 47)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 4)

Del Grupo Parlamentario Mixto, para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua (Orgánica) ...
(Página 4)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno en contra intervienen los señores Ridao i Martín y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Replica la señora Díez González.


Duplican los señores Ridao i Martín y Herrera Torres.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alonso Aranegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Pérez Tapias, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre garantía de los derechos y mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias ... (Página 17)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Vañó Ferre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario

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Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Tarruella Tomás, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Sánchez Rubio, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley ... (Página 23)

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar dentro de la formación profesional la oferta educativa del tradicional oficio de artista fallero y "foguerer" ... (Página 23)

Defiende la proposición no de ley el señor Santamaría i Mateo, del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Torrado de Castro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Santamaría i Mateo.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las ayudas al sector de la automoción ... (Página 27)

Defiende la proposición no de ley la señora Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Salvador Armendáriz y Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Alique López, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posición intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene la señora Báñez García.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 33)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de apoyo al colectivo de los trabajadores autónomos ante la crisis económica que padecemos ... (Página 33)

Defiende la moción el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las actuaciones del Gobierno en el avance del uso de las lenguas cooficiales del Estado en el conjunto de la Administración General del Estado, sus organismos dependientes y otros órganos constitucionales ... (Página 37)

Defiende la moción el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Tardà i Coma.


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Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la posición del Gobierno ante el proceso de reestructuración del sistema financiero español ... (Página 42)

Defiende la moción el señor Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 46)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua (Orgánica), se rechaza por 148 votos a favor y 191 en contra.


Sometida a votación la toma en consideración del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre garantía de los derechos y mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias, se aprueba por 339 votos a favor.


Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 46)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar dentro de la formación profesional la oferta educativa del tradicional oficio de artista fallero y "foguerer", se aprueba por 335 votos a favor y uno en contra.


Sometido a votación el punto 1 de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las ayudas al sector de la automoción, se rechaza por 157 votos a favor 175 en contra y ocho abstenciones.


Sometido a votación el punto 2 de la misma proposición no de ley, se rechaza por 167 votos a favor, 170 en contra y tres abstenciones.


Sometido a votación el punto 3, se aprueba por 338 votos a favor.


Sometido a votación el punto 4, se rechaza por 166 votos a favor, 173 en contra y una abstención.


Sometido a votación el punto 5, se aprueba por 338 votos a favor.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 47)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de apoyo al colectivo de los trabajadores autónomos ante la crisis económica que padecemos, se aprueba por 340 votos a favor.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las actuaciones del Gobierno en el avance del uso de las lenguas cooficiales del Estado en el conjunto de la Administración General del Estado, sus organismos dependientes y otros órganos constitucionales, con la incorporación de la enmienda de CiU, se rechaza por 25 votos a favor y 315 en contra.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la posición del Gobierno ante el proceso de reestructuración del sistema financiero español, se aprueba por 337 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.


Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA Y ASEGURAR LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LENGUA (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000099.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se inicia la sesión.


Punto I del orden del día: Proposiciones de ley. Toma en consideración de las mismas. Proposición de ley del

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Grupo Parlamentario Mixto, para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua. Con carácter de orgánica. Para su defensa tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, señorías, voy a hablar de los ciudadanos, no voy a hablar de las lenguas. No es la lengua, son los ciudadanos. Es la primera cuestión que quiero dar por establecida antes de iniciar este debate. No voy a hablar de los derechos de las lenguas, ni de la lengua castellana o española, ni del resto de lenguas que son oficiales en distintas comunidades autónomas españolas. No hablaré de los derechos de las lenguas, porque las lenguas no tienen derechos. Quienes tienen derechos que han de ser protegidos son los ciudadanos. Ese es el único objetivo de la proposición de reforma de ley orgánica cuya toma en consideración defiendo hoy en esta Cámara: proteger los derechos de los ciudadanos y evitar la discriminación por motivos lingüísticos.


No todos los que denunciamos lo que se llama la situación por la que atraviesa la lengua española enfocamos la cuestión de la misma manera. A mi partido, a mí misma, igual que a quienes impulsaron el manifiesto por la lengua común, no nos preocupa la situación del castellano ni su futuro. A mí no me preocupa ni la situación del castellano ni su futuro.
No nos preocupa el futuro de la lengua española, porque sabemos que el nuestro es un idioma poderoso, rico y culto, que hablan más de 400 millones de ciudadanos en todo el mundo y cuyo conocimiento y estudio se expande de forma acelerada en países tan importantes como Brasil o Estados Unidos, y, además, porque lo único que nos preocupa es el futuro de los ciudadanos, sea cual fuere la lengua en la que desean comunicarse.
Insisto, el futuro de los ciudadanos. Se ha hablado y escrito tanto y tan intencionadamente mal sobre esta cuestión que la utilización rigurosa del lenguaje se convierte hoy, en este caso, en algo mucho más importante que en una cuestión de forma. Es el fondo lo que hay que definir con exactitud para defender a quien verdaderamente está siendo atacado. No es el idioma el que está siendo atacado por los partidos políticos que llaman normalización lingüística a la exclusión de la lengua castellana del espacio público. El idioma es el instrumento que utilizan esos partidos políticos para discriminar a los ciudadanos que se niegan a normalizarse, entre comillas, y a asumir las consignas de los nacionalistas o de sus asimilados en los gobiernos autonómicos o en el Gobierno de la nación.


Hablar de los ataques al español es caer en la trampa de quienes plantean la cuestión como una batalla entre idiomas y nos quieren convencer de que con sus medidas discriminatorias solo tratan de proteger al más débil de ellos, de los idiomas. Como dije, los idiomas no tienen derechos y por tanto no deben ser protegidos por nadie. Los idiomas son instrumentos de comunicación y expresiones culturales y sociales de un tiempo. A lo largo de la historia de la humanidad han aparecido y desaparecido centenares de ellos, sin que nadie haya osado calificar de genocidio lingüístico, como se ha hecho recientemente, la sustitución de ninguna de esas lenguas por otras asumidas por los ciudadanos como parte de la evolución de la sociedad. Esto que afirmo no es incompatible con que las instituciones y los particulares decidan impulsar medidas para conservar una lengua minoritaria en el conjunto del Estado o en una comunidad autónoma en la que es lengua oficial, pero una cosa es movilizar recursos públicos para mantener un idioma y otra muy distinta tratar de imponer el uso exclusivo del mismo en el espacio público.


Una cosa es garantizar la enseñanza de la lengua cooficial -cosa a la que me apunto- y otra bien distinta salir a la calle a buscar hablantes de la misma. Lo que está ocurriendo en nuestro país es que los nacionalistas han impuesto en las comunidades en que gobiernan, o en las que se han convertido en clave para que gobierne otro partido que no ha ganado las elecciones, una política lingüística que solo genera discriminación de los derechos individuales de los ciudadanos y empobrecimiento colectivo de la propia comunidad. Podríamos decir que esta política de discriminación no favorece a nadie, lo que sería cierto si no tomáramos en consideración que ya ha cumplido su objetivo: que se sepa quién manda y que, para estar a bien con quien manda, con el jefe, todo el mundo termine transigiendo ante lo que son verdaderos abusos contra los derechos ciudadanos y contra la inteligencia colectiva de la sociedad.


Según establece la Constitución española en su artículo 3.1, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Este es un derecho de los ciudadanos, que no de la lengua, que está siendo vulnerado permanentemente en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia y en las Islas Baleares, y apunta maneras también en la Comunidad Valenciana, con el impulso de las instituciones autonómicas y con el consentimiento y apoyo del Gobierno de la nación. Nuestra Constitución también establece, en su artículo 14, que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Cierro comillas. La experiencia demuestra que una lengua materna distinta a la dominante en una comunidad autónoma bilingüe y, sobre todo, el dominio o desconocimiento de alguna de las lenguas cooficiales en estas son algunas de las circunstancias personales o sociales que están dando origen a la discriminación que la Constitución prohíbe.


La llamada normalización lingüística pretende convertir en normal la supresión de derechos constitucionales, con la consecuencia de instaurar una sociedad dividida en dos colectivos desiguales en derechos: el de quienes sí tienen los conocimientos lingüísticos exigidos ilegítimamente -ilegítimamente, puesto que el conocimiento de una lengua cooficial no es un deber constitucional- y el de aquellos que, aun siendo ciudadanos de

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pleno derecho a efectos legales, en la práctica son convertidos en ciudadanos de segunda, privados del derecho a ser atendidos en su lengua habitual si esta es la lengua del Estado; privados también de acceder a determinados puestos de la función pública e incluso de ámbitos de la actividad económica normal; privados de poder educar a sus hijos en la lengua castellana. Esta práctica política ha vuelto a recrear las situaciones -piensen ustedes en ello- de discriminación por la lengua que quiso eliminar la Constitución española. Los nacionalistas y los partidos que están dispuestos a someterse a sus criterios ideológicos para gobernar, ya sea para aprobar presupuestos o mantener la presidencia autonómica en los lugares en los que no han conseguido ganar las elecciones, pretenden sustituir el bilingüismo, de hecho, por una nueva dominación monolingüística, en la que toca discriminar y disminuir los derechos constitucionales de quienes incumplan los modelos de conducta lingüística que el nuevo régimen ha diseñado.


Por si todo esto fuera poco, estas políticas de discriminación representan un factor negativo para la recuperación económica -les recuerdo que estamos en una gravísima crisis- y, sobre todo, para sustituir el actual modelo productivo por uno más desarrollado, innovador y emprendedor. La discriminación de empresas y profesionales que no certifiquen el nivel de conocimiento de la lengua cooficial exigido por algunas administraciones autonómicas, tales como la exigencia del uso de esa lengua en las comunicaciones internas, con los clientes, en el etiquetado, etcétera, se ha convertido en una barrera artificial y arbitraria, opuesta al libre flujo de capitales financieros y humanos, contraria a la libertad económica y profundamente negativa para el desarrollo de nuestro país. La discriminación que sufren centenares de miles de ciudadanos en nuestro país por razones lingüísticas, el atraso al que estamos condenando a las comunidades autónomas en las que se ha implantado esta anomalía democrática, el deterioro de las relaciones humanas entre ciudadanos que nunca tuvieron en democracia ningún problema en relación con el idioma que hablaban en su casa y aquel en el que querían que fueran educados sus hijos, hace que sea necesario y urgente que podamos analizar en sede parlamentaria todos estos aspectos. Ya no es suficiente con hacer proclamas sentimentales en defensa de la lengua. Hay que legislar para defender los derechos de los ciudadanos. Para eso estamos aquí.


Señorías, la democracia progresa haciendo retroceder, mediante leyes y acciones de gobierno, las causas de discriminación opuestas a la libertad e igualdad de los ciudadanos ante la ley. Al Estado no solo le compete la regulación del contenido esencial de los derechos de los ciudadanos, sino que tiene la competencia material para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. El Estado tiene la competencia y lo debe hacer. Por eso es por lo que Unión Progreso y Democracia presentó el 27 de junio de 2008 esta proposición de ley orgánica, cuya toma en consideración vemos nueve meses más tarde; una proposición que consta de siete artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales que tienen como único objetivo lo que aparece en su título: prevenir y erradicar la discriminación y garantizar la libertad de elección de los ciudadanos. Objetivos, señorías, que creo que difícilmente pueden no ser compartidos por todos nosotros, elegir y no discriminar. Elegir libremente y no discriminar. Permítanme una reflexión complementaria. No cabe decir que, puesto que la Constitución prohíbe la discriminación, no hay nada más que legislar, ya está todo hecho. Como todos ustedes saben, el artículo 14 de la Constitución española prohíbe todo tipo de discriminación, pero eso no evita que esta, la discriminación, se siga produciendo en distintos ámbitos. Por eso, el 22 de marzo de 2007 se promulgó la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres -de mujeres y hombres, dice el título-.
Este es un antecedente de nuestra democracia que es de plena aplicación y como tal es citado en esta proposición de ley que hoy debatimos.


Espero, señorías, que nos libremos de prejuicios y de complejos a la hora de abordar la cuestión que les planteo. Ya no estamos en campaña electoral, ya no hay que empeñarse en negar la mayor. Como dije al principio, este no es un debate sobre las lenguas, señorías, es un debate sobre los ciudadanos y sobre la obligación de los poderes públicos de proteger sus derechos. Los sentimientos personales de cada cual son muy respetables, pero los sentimientos no tienen por qué alcanzar categoría política. Hablemos de lo que se puede probar, de la discriminación que sufren miles de ciudadanos a la hora de elegir la lengua en la que educan a sus hijos, en el sistema público o concertado; de la discriminación que sufren profesionales bien formados a la hora de acceder a puestos de la Administración que no requieren del conocimiento de la lengua cooficial para el perfecto desempeño de su función; hablemos de la discriminación que sufren los ciudadanos que osan dirigirse a la Administración de su autonomía en la lengua común; hablemos de la discriminación que sufren los ciudadanos que, en sus comercios privados, en sus empresas, deciden utilizar exclusivamente la lengua común del Estado. Hablemos de esa realidad contrastada. Y si hay en la Cámara quienes piensen que es una discriminación, esta que se produce, que es necesaria para proteger un determinado idioma y, además de pensarlo, se atreve a decirlo, les advierto que merecerá todo mi respeto, por muy en desacuerdo que esté con esa filosofía. Pero espero que nadie diga que lo que denuncio no es cierto. Eso sería, señorías, un ejercicio de hipocresía política que, más allá de cualquier otra consideración, los ciudadanos no se merecen.


Les hablo -termino- como portavoz de Unión Progreso y Democracia, pero también como diputada nacional. Me dirijo a diputados que como yo, y en virtud de lo establecido en el artículo 67 de la Constitución española, no están ligados por mandato imperativo. Les propongo que reflexionen sobre la necesidad de proteger,

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a través de una nueva ley, derechos de los ciudadanos que están siendo conculcados. Les pido que desechen cualquier tentación de debate ideológico o sentimental a la hora de abordar esta cuestión. La defensa de los derechos constitucionales, tales como el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos recogidos en el artículo 23 de la Constitución española, nada tienen que ver con la ideología, es una exigencia democrática de primero de EGB, si se me permite la expresión. Lo que les estoy pidiendo, señorías, es que nos pongamos de acuerdo en la defensa y promoción de una política de interés general. Por eso, les pido su voto favorable a la tramitación de esta proposición de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Ha solicitado el turno en contra el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. ¿Algún otro grupo desea utilizar el turno en contra? (El señor Xuclà i Costa solicita la palabra, si bien acto seguido renuncia a ella.) Muchas gracias, señor Xuclà, porque en ese caso tendría derecho S.S., pero tiene la palabra, en primer lugar, el señor Ridao, para turno en contra de la proposición de ley presentada.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señora Díez, hago excepcionalmente uso de este turno en contra para mostrar, en nombre de mi grupo, nuestro más enérgico rechazo a esta proposición de ley. Y, antes que nada, permítame que haga una consideración de orden ético, porque creo que en política es admisible casi todo, y subrayo la palabra casi porque creo que la mentira, la manipulación, el engaño, deberían desterrarse, aunque, como acabamos de comprobar escuchándola a usted, señora Díez, y también tristemente leyendo algunos de los motivos que inspiran su proposición de ley, eso está a la orden del día. Sinceramente, señora Díez, hay que tener coraje para venir hoy aquí a decir lo que usted ha dicho. Creo que ha hecho un ejercicio de auténtica pirotecnia dialéctica, nunca mejor dicho, porque, aunque lo ha negado y ha dicho que no estamos en un contexto electoral, usted utiliza el debate lingüístico como auténtico combustible político y electoral. Y esa es una buena parte de la razón de su ser político y de su propio partido. Eso, créame, es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad venir aquí e intentar alterar la convivencia y la paz lingüística con el propósito nada disimulado de intentar arañar un puñado de votos. Porque, señora Díez, esta es una proposición francamente tramposa. Nos dice usted que este no es un debate sobre lenguas, nos dice que a usted no le preocupa el futuro del castellano, que es una lengua evidentemente poderosa, que lo que le preocupa es el futuro de los ciudadanos. Pues bien, ciertamente, so pretexto de defender la libertad de las personas, viene aquí y defiende una propuesta que parte de un axioma falso, diría más, radicalmente falso, porque lo que plantea es la existencia de un eventual problema, conflicto lingüístico, donde no lo hay; quizá lo haya en alguna mente calenturienta, pero al menos en la calle no lo hay ni en Cataluña, ni en Euskadi, ni en Galicia. Nos dice que se discrimina a los castellanohablantes, que el castellano es poco menos que una lengua minorizada.


Vamos a ver, señora Díez, salta a la vista. Si usted va a Barcelona, o a Valencia, o a Palma de Mallorca, o a Vigo, o a Bilbao, ¿no hay ni el mínimo vestigio o rastro del castellano en los quioscos, en las etiquetas de los productos, en el cine, en los productos culturales, en los videojuegos, en la tele, en la radio? Francamente, ¿no está presente el castellano en ningún lado? Venir hoy aquí a afirmar esta condición de lengua minorizada en estos territorios no es ético ni razonable. Como no es lícito tampoco transmitir desde esta tribuna a la opinión pública española de buena fe la imagen de que hay territorios donde hay una parte de la población que impone a la otra parte leyes injustas, leyes segregacionistas, leyes casi etnicistas. Basta ya, señora Díez, de hacer este tipo de afirmaciones grotescas y burdas. Amén de que a nuestro entender, modestamente, desde un punto de vista científico, la verdad es que su proposición de ley no hace ninguna aportación relevante, no solo ya para la convivencia, tampoco aporta nada a la lingüística aplicada, ni a la ciencia pedagógica. Más bien lo que esta proposición de ley lleva consigo es una carga ranciamente ideologista, demagógica y de un populismo de la peor especie.


Claro está que todos los parlamentos del mundo, señora Díez, están para debatir de lo que haga falta, también de lo que a usted le preocupa, pero créame que no hay nobleza en ningún tipo de debate como este si lo que se pretende -como usted pretende- es sembrar zozobra, generar cizaña, sobre un modelo de convivencia que es una sabia arquitectura colectiva, claramente en el caso de Cataluña, y además un modelo de convivencia con amplio consenso político y también social, ganado a pulso, y no solo ganado a pulso sino también con el sudor de la historia; un modelo de convivencia que es un orfebre muy delicado y muy precioso forjado a lo largo de generaciones.


No tengo la más mínima intención, ni ganas, ni -la verdad sea dicha- tiempo suficiente para rebatir cada una de las propuestas que contiene su extensísima y prolija proposición de ley, pero, como la mayoría de las propuestas son desafortunadas, inoportunas, además de inconstitucionales, como muestra un solo botón. Usted afirma hoy -y lo dice rotundamente su proposición de ley- que prácticamente se suprimen en algunos territorios las lenguas maternas. Además, cimienta esta aseveración, poco menos que tendenciosa, en afirmaciones parciales, sesgadas, torticeras, para acabar concluyendo que la política de inmersión lingüística conculca derechos humanos, provoca el retraso en el aprendizaje y conduce al fracaso escolar. Falso, falso de toda falsedad, porque todos los estudios científicos y todos los estudios, por ejemplo, el estudio PISA, de la OCDE, revela que al final de la etapa educativa obligatoria cualquier niño o niña,

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en Cataluña, tiene la misma competencia lingüística en catalán que en castellano, incluso, a nivel oral y escrito, a veces mejor en castellano que en catalán. Hace tiempo que en Cataluña, y creo que usted lo sabe, se optó por un modelo de una sola escuela, a imagen y semejanza de una sola comunidad lingüística como es Cataluña, y por tanto nosotros ya optamos en su día por evitar la segregación; no vamos a segregar ni a dividir a los niños ni a las niñas, todos ellos tienen derecho en todo caso a pertenecer al mismo colectivo, donde deben aprender catalán, castellano y también una tercera lengua, porque eso es lo que en definitiva garantiza la igualdad de oportunidades. Y no se olvide de que el catalán, además por mandato constitucional y estatutario, no solo es la lengua propia de Cataluña, sino también lengua oficial, como lo es el castellano, y nació, como otras lenguas románicas, no para tocar las narices ni para incordiar a nadie, señora Díez, sino para estar en el concierto y en el contexto de otras lenguas en el mundo, útil para las ciencias, útil para las humanidades, útil para el amor, como el castellano, como el árabe, como el cantonés. No es un arma cargada contra nadie.


Vamos, por tanto, a votar en contra de esta proposición de ley. Lo vamos a hacer con convicción, porque es inadecuada, porque es vacua, porque es inoportuna, para la educación, para la convivencia y para la cohesión social, pero sobre todo porque la ciudadanía en Cataluña, en Euskadi y en Galicia ya hace años que se dio a sí misma la más sabia de las reglas, que es la paz lingüística.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el mismo grupo parlamentario, don Joan Herrera tiene la palabra.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Señora Díez, usted dice que no le preocupa el futuro del castellano. No sé si es cierto, pero lo que sí que es cierto es que lo que no le preocupa nada es el futuro del catalán, del euskera o del gallego. Y lo digo porque la he escuchado con atención.


Voy a empezar mi intervención como empecé una intervención similar a esta en la legislatura anterior. Yo no sé si conoce Barcelona, yo sí; he crecido en un barrio que se llama la Verneda, mayoría castellano-parlante; he ido a un instituto, Joan de Austria, o Juan de Austria, como usted quiera, y en ese instituto la mayoría de mis amigos eran castellano-parlantes. El modelo de inmersión lingüística en Cataluña ha garantizado que, en las calles, en los barrios, en las ciudades de mi país, no haya segregación lingüística y no haya división de comunidades en función de si uno es hijo de castellano-parlante o de catalano-parlante. ¿Sabe qué es eso, señora Díez? La historia de un éxito. La historia de un éxito que usted hoy debería subir aquí a aplaudir. No debería hacer -si me permite- esa demagogia en torno a una realidad que conoce bien poco, en torno a un imaginario que no existe, porque hoy esa política lingüística y esa política de inmersión es una historia de éxito. Yo no quiero para mi sociedad una sociedad que se divide en función de la lengua que hablan unos u otros. Yo quiero para mi país un espacio de oportunidades en el que todo el mundo tiene el dominio lingüístico tanto del catalán como del castellano y que eso le permita precisamente acceder a todo tipo de trabajo. Y quiero, eso sí, mayor normalización lingüística de una lengua, en este caso el catalán, con la que no se puede vivir en las calles de Barcelona las 24 horas del día.
Por tanto, el problema es que su historia, su argumento, se fundamenta precisamente en un relato, en un discurso, en una realidad que es simple y llanamente falsa.


Quiero, además, añadir que nos encontramos con un texto digamos que legislativo que nace de ese manifiesto por la lengua común, un manifiesto que habla de la supremacía y del dominio absoluto de la lengua española sobre el resto de lenguas oficiales. Dicen ustedes que las lenguas no son de los territorios, que son de las personas, pero contradictoriamente dicen que hay una lengua que sí que tiene la protección constitucional.
¿Cómo se explica, si las lenguas son de las personas y no de los territorios? No ve que usted misma, en su proposición de ley, cae en una flagrante contradicción en sus argumentos. ¿O es que no ha ejercido en más de una ocasión España, en el marco de la Unión Europea, el derecho a que el español sea reconocido en ese ámbito? Estábamos hablando de un derecho precisamente de una lengua, y de una lengua que iba más allá de lo individual. La finalidad de la proposición es clara: que las lenguas oficiales de las comunidades autónomas dejen de ser oficiales, seguramente para volver a ese espacio doméstico, en la intimidad, en lo familiar, pero no para que se garantice una dimensión pública. Su primera contradicción es que expresa -si usted me lo permite- un nacionalismo lingüístico castellano, porque nos encontramos, por un lado, con que todas las lenguas oficiales son igualmente españolas, pero ustedes dicen en su proposición que una lo es más que otras, una es la que tiene esa protección jurídica, esa protección constitucional. Las lenguas de las comunidades dicen ustedes que son cooficiales, pero no les dan ningún tipo de garantía.


Segunda contradicción, las relaciones con las administraciones. Dice usted: ¿Se puede exigir a un funcionario que no tiene relación con el público que tenga conocimiento del catalán? Se lo pregunto de otra manera: ¿Y entonces por qué no le exigimos a un funcionario de la Administración General del Estado que pueda ser miembro de la Administración General del Estado sin tener conocimiento del castellano? Podríamos hacer ese paralelismo. Pero ustedes ahí no entran, porque lo que vale para el castellano no vale para el catalán. O dicho de otra forma, la misma obligación que nosotros planteamos para el castellano usted no la requiere ni para el catalán, ni para el euskera, ni para el gallego, lo cual demuestra la diferente vara de medir que usted aplica, no entendiendo que uno se debe poder expresar con toda normalidad,

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también en su lengua, en catalán, en gallego o en euskera. Para mí lo más hiriente -se lo digo con toda sinceridad- es lo que consiste en la petición de que las lenguas cooficiales autonómicas deban figurar en los planes de estudio, pero en ningún caso como lengua vehicular exclusiva.
¿Cómo se puede conciliar esto con la idea de que el catalán es lengua oficial en Cataluña? Explíquemelo. Porque la conjunción lingüística en la escuela, es decir, la existencia de una línea única, con el catalán como lengua vehicular, ha evitado precisamente la fractura de la que le hablaba entre la sociedad catalano-parlante y la castellano-parlante. Sí, hoy, en Cataluña. El sistema garantiza la plena competencia en las lenguas oficiales y, dado que el entorno es el que acaba influyendo, sobre todo en el aprendizaje y en el uso de la lengua, lo que hacemos, además con un entorno que está claramente dominado por la lengua castellana, con una oferta lúdica, cultural, con productos de gran consumo, con un entorno sociolingüístico que es mayoritariamente castellano-parlante, es introducir aquel elemento que garantiza que no haya discriminación.


Acabo ya, señor presidente, introduciendo una última reflexión. Desde el punto de vista de la ética política, es aconsejable implementar políticas lingüísticas que hagan viable el mantenimiento del uso de las lenguas vinculadas históricamente a un territorio, de las lenguas propias, concepto incorporado en el Estatut de Catalunya y plenamente constitucional. Nosotros lo que le decimos es que por este camino no vamos a ninguna parte. Es posible que usted saque algún rédito electoral pero, en definitiva, lo que le decimos es que está transitando sobre el terreno de la demagogia y de una realidad que no existe.


Acabo ya, señor presidente, citando lo que dice la Unesco en el informe sobre lenguas del mundo. Las lenguas son el patrimonio cultural más valioso de la humanidad, son el reflejo de cuestiones relacionadas con la identidad individual y colectiva, son fundamentos en la generación y la transmisión de valores y nos ayudan a entender la complejidad del mundo.
Las lenguas reflejan la diversidad cultural que nos hace tener la esperanza de una coexistencia más democrática y creativa. Sería bueno que le prestase atención y que se lo leyese para ver si, como mínimo, empiezan no a cambiar de postura, pero si a no presentar realidades que, simple y llanamente, no existen.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Señora Díez, tiene derecho a cinco minutos de réplica.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Yo vine aquí a hablar de la discriminación y a hablar de la libertad de elección, y de eso, por mucho que ustedes intenten provocar, es de lo que voy a hablar. Si yo quisiera, señor Herrera, acabar, como usted ha dicho, con las lenguas cooficiales, no dude que vendría aquí y lo plantearía. He venido a hablar de la discriminación que sufren los ciudadanos a la hora de elegir la lengua en la que se educan sus hijos, a la hora de acceder a cargos públicos en la Administración, a la hora de comunicarse con la Administración autonómica, de discriminación y de derechos de los ciudadanos, de libertad de elección. Señor Ridao, me ha ganado por goleada. Me ha dedicado tantos adjetivos y ni un solo argumento que no voy a entrar en ninguno de ellos. Soy incapaz de dar tantos adjetivos peyorativos sobre la persona sin hablar de ninguno de los argumentos que esa persona durante quince minutos ha ido relatando. Así que, en adjetivos peyorativos, acaba de tener una matrícula, por lo menos respecto a mí.


Insisto, durante quince minutos les he dado argumentos y ahora les voy a dar ejemplos, porque han hecho ustedes lo que yo temía que hicieran, negar la evidencia, negar la mayor, y les voy a dar ejemplos. El señor Herrera ha dicho que en las calles de Barcelona no hay segregación lingüística. En la escuela sí. (Una señora diputada: No.) No son ejemplos, son normas oficiales. En el último impreso de preinscripción para el curso 2009-2010 no hay casilla para apuntar a los niños en educación en la lengua castellana. Este papel, que es el de la preinscripción, que ya está circulando y que es el que los padres rellenan para apuntar a sus niños, en el documento que lo acompaña, que se llama de información general, en el apartado 3, dice: de acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística, los niños tienen derecho a recibir la educación infantil y el primer ciclo de educación primaria en su lengua habitual. A tales efectos, los padres, madres o tutores de los alumnos que deseen que sus hijos o hijas reciban la enseñanza primaria en lengua castellana lo habrán de citar en la dirección del centro en el que hayan sido admitidos una vez formalizada la matrícula. Todos los niños tienen derecho a estudiar en la lengua materna, en la lengua de su entorno, pero solo aquellos cuyos padres desean que lo hagan en la lengua castellana tienen que decirlo después, cuando ya están matriculados, cuando ya han sido admitidos en el colegio. No todos los hijos de castellanoparlantes y los catalanoparlantes, solo los que sus padres quieren que los niños sean educados en la lengua castellana. Y no hay casilla para decirlo y, cuando ya han sido matriculados, esa discriminación ya se ha producido. O sea, ¿no hay segregación en las calles? En las escuelas sí.


Galicia; porque este no es un debate entre Cataluña y el resto, entre una castellanoparlante y un catalanoparlante; no, no, son normas de la Administración. Galicia, por citar una, Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Función Pública de Galicia. Artículo 35, párrafo 2: A estos efectos -o sea, para acceder a cualquier puesto de la Administración, sea preciso o no el conocimiento de las dos lenguas para el buen desarrollo de la tarea-, las bases de la convocatoria establecerán que una o más de las pruebas del proceso selectivo se deberán realizar exclusivamente en lengua gallega.
Boletín oficial; no es un invento adjetivable por ustedes dos. Guía práctica para la planificación lingüística de los centros educativos también de Galicia: Repertorio

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y actuación dinamizadora para potenciar el uso del gallego en los centros educativos. Guía práctica del Gobierno de Galicia: Poner en gallego todo tipo de carteles, letreros, tener solo en gallego la página web del centro, hacer en gallego todas las comunicaciones a los padres y a los alumnos. También información oficial.


Por último -tengo un ejemplo del País Vasco y otro de Baleares y le pido al presidente si es posible-, Baleares. Esto también está editado por el Gobierno de Baleares -bueno, está editado en catalán y en polaco, en catalán y en polaco- y dice, el catalán siempre y para todo. Siempre en catalán. ¿Por qué? Porque es la lengua de la Administración, de la escuela, de la universidad, a todas horas. ¿Catalán, para qué? Para sentirte de aquí, para entender el cien por cien de tu entorno, para convivir con la gente, para tener acceso a más puestos de trabajo, porque es la lengua de los ayuntamientos, del consejo, del Gobierno, para ayudar a tus hijos que estudiarán en catalán. Y por último, Decreto 23/2009, de 3 de febrero, del País Vasco, por el que se establece el currículum de bachillerato y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En euskera, artículo 2, de un documento de 639 páginas. En una de ellas -artículo 2-, el euskera será principal lengua vehicular en el ámbito escolar. Los centros que opten por impartir -la única referencia- alguna de las materias del bachillerato en lengua extranjera podrán reducir de tres a dos horas el horario mínimo de la lengua.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, ya ha leído lo que quería y debe acabar.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente, por su generosidad.
Contra los adjetivos y la falta de argumentos, argumentos y ejemplos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra para rectificación el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Señora Díez, un argumento, vamos a ver si le vale: ¿Cómo puede haber libertad de elección si no se conoce una de las dos lenguas? No hay ninguna oportunidad y eso es lo que está en la base de la inmersión lingüística y de la utilización del catalán, del euskera, del gallego también, como lengua vehicular de la educación y en el caso catalán en la inmersión lingüística. Por cierto, un modelo de éxito aplaudido por la propia Unión Europea. ¿Sabe cuántas solicitudes hay en Cataluña cada año de familias que quieren atender a su hijo solo en castellano? Diez u once. ¿Y sabe por qué? Porque a diferencia de otras comunidades, donde hay aulas A y aulas B, en las aulas B solo hay inmigrantes. ¿Por qué? Porque solo se atiende a los niños y niñas en castellano. (Rumores.) Sí, sí, puedo poner ejemplos con nombres y apellidos de alguna comunidad autónoma que particularmente conocen porque la gobiernan ustedes. Señora Díez, me reafirmo en lo dicho. Suele decirse que la ignorancia es la madre del atrevimiento y yo añado que también es la madre de todas las calumnias. Me reafirmo y, si no es ignorancia, como mínimo es mala fe, además de que usted pontifica desde el centro de la meseta mirándose -perdón- el ombligo, que es algo tan típico de este nacionalismo español de matriz castellana, que es el que impera, por cierto, en España desde hace casi tres siglos. Se lo dice un hijo de andaluz y de vallisoletana. Ponga usted los ejemplos que quiera, pero por suerte, los catalanes, muchos de los que están aquí en este salón de sesiones y también algunos de los que nos están escuchando fuera, conocen Cataluña, su historia reciente, su textura sociológica, incluso sus ímprobos esfuerzos durante décadas para mantenerse cohesionada, pese a la diversidad que ha debido asumir, sobre todo, a partir de los distintos procesos migratorios. Por eso, nadie en su sano juicio, señora Díez, excepto algunos extremistas como usted, se cree que existen dos comunidades lingüísticas, que nos pasamos el día mirándonos con el ceño fruncido, con los puños cerrados y que existen dos mundos totalmente antagónicos conviviendo permanentemente en tensión lingüística, porque eso es lo que alguien puede llegar a creer si escucha lo que dice, también a algún medio de comunicación o a alguna determinada emisora de radio muy poco cristiana.


Usted lo ha dicho: el castellano goza de muy buena salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que hay mucha alergia a la diversidad.
España es hoy un Estado moderno en lo social y en lo económico, pero créame que escuchándola parece que presenta formas muy arcaicas en lo cultural y en lo lingüístico. Si no, no se entiende que haya en todo el mundo 161 universidades que impartan clases de catalán y solo haya 11 en todo el Estado español. Si hay alguna lengua que proteger especialmente, usted lo ha dicho, no es el castellano, sino el catalán, el gallego o el éuscara, que han sido objeto de una persecución secular, como conoce perfectamente. Escuchándola parece que cada día estamos más cerca de aquello de: habla la lengua del imperio o aquello que decía Giménez Caballero: vamos a reducir el catalán a un oscuro diálogo entre payeses.


El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, tiene que acabar.


El señor RIDAO I MARTÍN: Es francamente inaceptable, y también muy triste, señora Díez.


Gracias, señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Señor Herrera, también tiene tiempo ahora para rectificar.


El señor HERRERA TORRES: Señora Díez, se lo ha dicho el señor Ridao. Lo que pretende es que haya libertad de elección sin que haya conocimiento de la otra lengua, y eso es imposible. Se basa en un escenario, en un contexto en el que no se pueda conocer la otra lengua, y así es imposible escoger. La he escuchado atentamente

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y el problema es que no ha tenido presente cuál es la realidad de las sociedades de las que habla. Si son decenas los casos que hoy en la escuela catalana piden esta educación en castellano, es que quizás el problema no es el que describe, es el que a usted le gustaría que fuese, pero no es el problema real. ¿Sabe cuál es el tema? El tema está en que en la transición, en Cataluña, se decidió un modelo lingüístico, es cierto; un modelo lingüístico consensuado por el Partit Socialista Unificat de Catalunya, por el PSC, por Convergència i Unió, por Esquerra Republicana y por el Partido Popular. Ese modelo que se pactó entre todos es el modelo hoy vigente. (Varios señores diputados: ¡No, no!) Sí, es el modelo actual. Se pactó entre todos y es el modelo actual por una razón, porque queríamos -y lo hemos conseguido- que en Cataluña no hubiera división en función de la comunidad lingüística de la que es uno miembro, con la que uno se identifica. Eso, señora Díez, es una historia de éxito.


Lo que me resulta insólito es que defienda con tanta vehemencia sus argumentos y, en cambio, sea incapaz de responderme por qué le exige a un funcionario de la Administración General del Estado el conocimiento del castellano y no a uno de la Generalitat de Catalunya. (Rumores.) Ríanse, pero es insólito. Así lo defienden. Un funcionario de la Administración General del Estado tiene que conocer el castellano, en cambio, un funcionario de la Generalitat no debe conocer el catalán, no debe tener conocimiento, en definitiva, no debe saber leer un papel en catalán para saber qué dice la Administración, cómo se dirige al ciudadano y qué respuesta le da. Sí, señora Díez, eso es desfachatez, porque lo que no puede hacer uno es exigirle a la Administración General del Estado determinados derechos que no exige a la Generalitat de Catalunya, a la Xunta o a cualquier otra comunidad con el uso de otra lengua.


Acabo ya, señora Díez, diciéndole que no es que no nos haya convencido, es que sus argumentos no son nada sólidos. Le reitero que se pasee un rato por Cataluña, por Galicia y por Euskadi y verá que el conflicto lingüístico del que habla no es real. Sí que existe un problema, y el problema es el catalán. Hoy uno no puede vivir con plena normalidad en catalán, en gallego o en euskera.


El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, debe acabar.


El señor HERRERA TORRES: Es cierto que hoy en Cataluña, en Euskadi o en Galicia esa normalidad no se da. De eso se tendría que preocupar.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Para fijar su posición, tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) don Aitor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


La señora Díez ha venido a contar un cuento al Parlamento que ya nos habían contado también algunos otros parlamentarios en otras ocasiones, pero esta vez con notas más cruentas y gruesas. Desde luego, no se puede acusar a otros grupos de provocación; la provocación es la misma intervención de la señora Díez. Habla de exclusión de la lengua española del espacio público en las comunidades autónomas bilingües. ¿En qué país vive usted o en qué comunidad autónoma ha vivido? ¿Dónde está marginado el castellano, por ejemplo, en el País Vasco, que es el lugar que mejor conozco? ¿Quizás del Parlamento, donde -el otro día salió una estadística- el 70 por ciento de las intervenciones son en castellano? ¿De la justicia, con poquísimos jueces que conocen el idioma vasco y muchos ciudadanos que, queriendo ser juzgados en ese idioma o queriendo que sus casos se vean en ese idioma, no pueden lograrlo? ¿De la escuela está marginado el castellano en el País Vasco, donde los padres pueden elegir el modelo educativo? Lo que les fastidia, y no entiendo que les fastidie porque parece que no quisieran que la gente aprendiera euskera, es que haya gente que quiera que aunque ellos no sepan el idioma, sus hijos sí aprendan el euskera y puedan manejarse en euskera. Insisto, en la escuela también. Esto para la gente que no habla otros idiomas y que no habla idiomas minorizados es muy teórico decirlo y queda muy bien, pero los que lo vivimos y los que tenemos hijos, que van a una educación básicamente en euskera, vemos que cuando salen de la escuela todo lo que hay en su entorno -desde los dibujos animados hasta la radio, los deportes, las expresiones con los amigos- es castellano, de manera que el castellano se convierte en parte importante incluso hasta en el patio de la escuela, de una escuela que teóricamente debería enseñar solo en euskera. Ni de ahí está marginado el castellano.


¿Cómo puede hablarse en contra de modelos educativos que muestran los mejores resultados en el conjunto del Estado español? No leo leo Las cifras de la educación en España, edición 2008, pero supongo que tendrá este libro lo mismo que lo tengo yo. La educación bilingüe tiene el menor fracaso escolar, las mejores tasas de escolarización; los sistemas más igualitarios están en la educación bilingüe. Sí, señora Díez. ¿De dónde está marginado el castellano? ¿De los medios de comunicación, cuando la inmensa mayoría de ellos son en castellano y cuando incluso en los públicos hay la misma -e incluso yo diría que mayor- presencia pública del castellano que del euskera, por ejemplo? ¿De los comercios, en los que uno muchas veces no se atreve a hablarle en euskera al dependiente porque piensa que a lo mejor no sabe y tiene que fijarse a ver si hay un pequeño cartelito en euskera -que lo hay en muy pocos sitios- que pone: También hablamos en euskera? Muchas veces estás comprando algo y de repente, porque el comerciante dice alguna palabra o porque se dirige en euskera, te das cuenta de que puedes hablarlo, porque si no, todo lo envuelve el castellano. Los escaparates y todo. ¿De qué espacios públicos está marginado el castellano? ¿De los cines? ¿Tuvo usted marginación como consejera del Gobierno vasco para serlo y para desenvolverse? ¿Ha

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estado usted marginada en Sodupe, que es su pueblo, por hablar solo castellano?

La verdad es que no sé si el señor Martínez Gorriarán ha copiado el texto de una conferencia que dio para hacer el preámbulo de esta proposición de ley, pero, ¡vaya preámbulo! Esto es una novela. Cuando se dan tantas vueltas para justificar algo es que el asunto es bastante injustificable.
Es más largo el preámbulo con mucho que el articulado. Trata usted la legislación actual como si fuera inconstitucional, y no lo es: la normativa ha pasado la prueba del Tribunal Constitucional, toda la normativa autonómica, empezando por el estatuto de autonomía y pasando por las leyes que han desarrollado los parlamentos autonómicos. Esto ha sido testado por el Tribunal Constitucional. Si uno va a lo que nos propone, ¿cuál es el título competencial? El título competencial chicle, como le solemos llamar, el 149.1.1ª, porque dígame dónde está en la Constitución española el título competencial para legislar lo que usted quiere legislar. Hay competencia de las comunidades autónomas, que además tiene que entenderse en conjunto con la Constitución. Pretende modificar el Estatuto de Autonomía del País Vasco -el que mejor conozco-, pero también el de Cataluña y el de Galicia, por la puerta de atrás, ¿le suenan estas cosas de por la puerta de atrás?, porque para modificar el estatuto hace falta un referéndum y una serie de mayorías en los parlamentos. Quiere venir e interferir en una ley orgánica, modificando competencias que están claramente definidas en el estatuto y que, además, han pasado la prueba del test constitucional por el TC.


Hay una cosa que ha provocado con la proposición que ha suscitado, y es que me dice mi amigo Alonso que van a votar a favor, cosa que corrobora en estos momentos. Uno se pregunta, porque estos días en el País Vasco se está hablando mucho de acuerdos, de políticas a futuro, y se está hablando mucho por parte del Partido Popular de educación, qué se va a hacer en educación y que hace falta un tema en educación. ¿Es esta la política que el Partido Socialista va a pactar con el Partido Popular para Euskadi en materia de educación? ¿Esto es lo que podemos esperar del Partido Socialista? Desde luego, el Partido Popular lo tiene muy claro: va a votar a favor de esta proposición. Ya veremos qué es lo que sale en el próximo acuerdo, porque si llegan a un acuerdo ahí estará el Partido Popular para recordarles qué es lo que es necesario y qué políticas hay que cambiar en el tema de la educación. ¿Es esta la política que van a pactar en Euskadi? Desde luego, es preocupante.


Técnicamente la proposición tampoco tiene desperdicio. ¡Intentan redefinir la tutela judicial dentro del articulado! Oiga, que eso es el artículo 24 de la Constitución y la jurisprudencia constitucional. Que no tienen ustedes que venir aquí a definir la tutela judicial. El artículo cuarto es contradictorio con el sexto. El articulado en fin es un despropósito y se dedica solo a una cosa, a la protección del castellano, no a la protección de todas las lenguas, incluso creando problemas donde no los hay. Ustedes dicen defender también el derecho de un ciudadano a querer comunicarse en Euskera con la Administración. Bueno, pues ahora en su articulado le obligan a que no pueda recibir la respuesta únicamente en Euskera. Tendrá que ser en Euskera y en castellano. Una cosa es que quien la pida en castellano se le responda en castellano, como dice la Ley de Normalización del Euskera -léase la proposición que usted misma ha presentado-, pero ustedes ahora lo que vienen a decir es que aunque lo pida alguien en euskera se le tiene que contestar también en castellano.


Están creando problemas en donde no los ha habido hasta ahora, y lo preocupante es que lo que buscan es exactamente el derecho a no aprender una lengua, no el derecho a que sean respetadas las elecciones lingüísticas de alguien -antes le he hecho un repaso de todos los ámbitos donde podría encontrarse una discriminación, y creo que he sido bastante exhaustivo-. Lo que ustedes están buscando es el derecho a no aprender una lengua. A ustedes les valdrá saber castellano. No tiene ningún problema, como vasca que es, en que sea solo en castellano ni el señor Alonso que sea solo en castellano ni otros que somos cuatrilingües. Cada uno puede optar por lo que quiera, ustedes mismos. No es como les achacaba antes, por ejemplo, creo que era un documento o el Estatuto de las Illes Balears, porque también saber catalán te abre expectativas de más puestos de trabajo. Saber lenguas te abre expectativas de más puestos de trabajo. Estoy seguro de que no se plantearían eso que les parece agraviante, dicho del catalán, con respecto del inglés, que hasta el Partido Popular está diciendo que hay que introducirlo en la escuela. El inglés también como lengua vehicular -como han dicho ustedes-, también como lengua vehicular. Ahí no hay duda; ahí, incluso imponiendo, si es necesario. La lengua de la pérfida Albión, no importa; esa puede ser impuesta por ley del Parlamento. Ahora bien, en el otro caso tiene que ser tema de elección de los padres. Sean un poquito coherentes con todos estos temas. En cualquier caso, insisto, conocer más lenguas es tener una mente más abierta; conocer lenguas es no ir contra nadie y, desde luego, no nos cuente historias de una situación irreal que no se produce en las calles de nuestras ciudades.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Catalán Convergència i Unió para anunciar el voto contrario a la proposición de ley planteada por un miembro del Grupo Mixto. Este no es un turno en contra, pero sirva claramente esta intervención como un turno en contra a un debate de raíz que se nos ha planteado y que voy a argumentar con la Constitución en la mano, con los estatutos

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de autonomía que forman parte del bloque de constitucionalidad en la mano, y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la mano, concretamente con la sentencia del Tribunal Constitucional 337/1994, de 23 de diciembre, que entra en el fondo de lo que hoy nos plantea esta proposición de ley y que, por tanto, es cosa juzgada en justicia constitucional. Lo único que supondría la toma en consideración de esta proposición de ley sería alterar los principios contemplados en la constitucionalidad, en el bloque de constitucionalidad y en el marco definido por la sentencia del Tribunal Constitucional.


Vamos a argumentar, pues, desde la posición de un nacionalismo cívico, democrático, nacido en la lucha contra el franquismo y la recuperación de las instituciones de autogobierno, de la lengua y las culturas propias de territorios ante un neonacionalismo español que pretende plantear desde esta tribuna una inaceptable, desde un punto de vista democrático, superioridad de una lengua encima de otra lengua, todas ellas lenguas que forman parte de este Estado plurilingüístico y pluricultural protegido por la Constitución, y la negación de esta realidad es el empobrecimiento de dicha realidad.


¿De dónde venimos? Venimos de cuarenta años de franquismo y de negación de esta pluralidad lingüística; venimos de un proceso de recuperación; venimos, sí -y esta era una expresión absolutamente apropiada en los años ochenta del siglo pasado-, de un proceso de normalización lingüística para la recuperación de la lengua largamente oprimida durante años; venimos de un sistema de concordia democrática y de convivencia de las distintas lenguas, y venimos también de un sistema que se culmina con el derecho a elegir la lengua en la relación con la Administración y la lengua en cuanto a la educación. Y a pesar de que esto es conocido por parte de la diputada que trae esta proposición de ley, le pesa más el relato, el valor y el rendimiento político que ajustarse a la realidad.


Señorías, esta es una proposición de ley que nos plantea cuestiones muy interesantes: lengua común y lengua propia. En España existen lenguas propias distintas del castellano, y para millones y millones de ciudadanos del Estado español estas lenguas propias son además nuestras lenguas maternas. Hace treinta años decidimos colectivamente, en los territorios con lengua cooficial y en estas Cortes Generales, a través de la aprobación de los estatutos de autonomía, que las personas no somos islas en medio del mar, sino que vivimos en comunidades, y que las comunidades se cohesionan por muchos elementos, pero también por las lenguas, y que había lenguas propias que requerían protección. Parece ser que con esta proposición de ley se pretende relegar y hacer una jerarquía en la que haya una lengua común de primera, que todos entendemos, pero que no es la lengua materna de millones de ciudadanos españoles, y unas lenguas propias de segunda.


Este debate que nos propone la diputada, cuando nos presenta esta proposición de ley, es interesante, y nos lleva también al debate sobre derechos individuales y derechos colectivos. Supongo que quien propone esta proposición de ley sostiene que no existen derechos colectivos, pero supongo que también entiende que debe existir un derecho a que la sociedad española se cohesione como mínimo a través de la lengua castellana. Pues bien, los mismos argumentos sirven también para la defensa de las otras lenguas donde hay cooficialidad. El programa político de Convergència i Unió no es el monolingüismo ni el bilingüismo, es el trilingüismo, es una sociedad en la cual, en un horizonte breve, en las comunidades con lenguas cooficiales, haya una dominio perfecto de la lengua propia, de la lengua castellana y de una tercera lengua. Y por si alguien contraargumentara diciendo que la lengua propia es lengua distinta de las lenguas cooficiales, ya se ha argumentado que en el ordenamiento jurídico existe el derecho a ser educado en esta otra lengua. Lo que sucede es que en la práctica los ciudadanos optan libremente por la educación a través de un sistema que no es un debate político ni jurídico, sino más bien pedagógico, a través de la inmersión lingüística.


Quiero hacer tres referencias concretas a la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1994. Cito la sentencia del Tribunal Constitucional: el deber constitucional de conocer el castellano y el derecho a usarlo por todos los españoles no entraña marginación o exclusión de las demás lenguas propias y cooficiales en las comunidades autónomas. Este deber no puede generar un pretendido derecho a recibir la enseñanza única y exclusivamente en castellano. Referido al derecho fundamental a la educación, dice el Tribunal Constitucional: de este derecho fundamental no se desprende el derecho a recibir la enseñanza en una sola de las dos lenguas cooficiales de una comunidad autónoma, a elección de los interesados. Respecto a la inmersión lingüística en el sistema educativo en Cataluña y en los otros territorios en los que el catalán es lengua cooficial, dice: el catalán es materia curricular y lengua de comunicación en la enseñanza. No se contradice la normativa básica del Estado. Vulneración inexistente de la libertad, de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad. Señora Díez, cuando termine mi intervención, le voy a entregar la sentencia del Tribunal Constitucional, porque la proposición de ley que usted plantea supone vulnerar esta sentencia, supone vulnerar el bloque de constitucionalidad, supone vulnerar la Constitución española, y supone vulnerar las normas de convivencia de las que todos nos hemos dotado para convivir en un Estado plurilingüístico en el que, en la causa de la democracia y de la tradición de la cual usted proviene, también estaba la tradición de la recuperación de los derechos de los pueblos con sus lenguas y sus culturas. Puede ser que este discurso le proporcione algún rédito electoral en competencia directa con alguna otra formación política, pero este planteamiento pervierte profundamente las bases sobre las cuales han descansado treinta años de construcción y de perfeccionamiento de un Estado, en el cual hemos podido convivir perfectamente personas con la lengua catalana como lengua materna y personas con la lengua castellana

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como lengua materna. No haga que aquello que ha sido fácil y posible durante treinta años, por un elemento estrictamente de cálculo y de rédito electoral, deje de ser fácil. Este no es un elemento de cálculo electoral. Estamos discutiendo y hablando de las bases mismas de la convivencia y de la integración en un Estado pluricultural y plurilingüístico.


Señor presidente, de todo lo expuesto hasta el momento creo que se deduce el voto contrario a esta proposición de ley, el voto contrario a un relato muy alejado afortunadamente de la realidad.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Alfonso Alonso.


El señor ALONSO ARANEGUI: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, le ha sorprendido mucho al señor Esteban que mi grupo fuera a apoyar esta iniciativa, la proposición de ley orgánica para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua que ha traído hoy aquí la señora Díez. No entiendo de dónde nace la sorpresa, ya que mi grupo siempre ha tenido a gala actuar con coherencia. Nosotros hemos venido defendiendo los principios que se recogen en esta proposición de ley, así como varias de las medidas que aquí se contienen. Por eso tengo que decir, en primer lugar, que básicamente estamos de acuerdo con lo que se nos ha planteado. Nosotros también hemos planteado iniciativas en el mismo sentido. Precisamente fue la primera iniciativa que planteamos en esta Cámara, una iniciativa en defensa del principio de igualdad, la que abordaba también, desde el punto de vista lingüístico, la libertad y la igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional, con independencia de dónde residan, de dónde procedan, de qué lengua tengan como lengua materna o en qué lengua decidan hablar o expresarse. Nos referíamos a algunos ámbitos que sí son objeto de distintos supuestos de discriminación que efectivamente existen en nuestro país y se producen en algunas comunidades autónomas. En concreto hablábamos de la educación, del acceso a la función pública, de la libertad para ejercer una actividad comercial o la libertad de empresa -son libertades básicas de las que están reconocidas en nuestra Constitución-, de las relaciones de los ciudadanos con la Administración pública, y de las cosas que pasan en la calle, porque estas cosas efectivamente pasan en la calle. Vamos a apoyar la propuesta no solamente porque coincide con nuestros planteamientos y con las iniciativas que hemos venido defendiendo aquí, sino porque nosotros estamos de acuerdo en el diagnóstico. Aquí básicamente lo que se ha hecho es negar la realidad, negar la mayor, y decir que estas cosas no están sucediendo. Se ha dicho que no hay ningún supuesto de discriminación. Lo primero que a uno se le ocurre es que, si no existe ningún supuesto de discriminación, ¿en qué puede molestar una ley que lo que quiere es impedir que se produzcan discriminaciones? ¿En qué podría molestar una ley que lo que quiere es ser una garantía añadida a la libertad de los ciudadanos a que puedan ejercer la libertad con respecto a cuestiones tan básicas como la lengua en la que se habla?

No sé si tengo que abundar en los ejemplos que ponía la señora Díez. No hemos hablado de por qué no hay libertad para rotular los establecimientos comerciales en la lengua de preferencia de los comerciantes, la lengua que quiera un empresario. ¿Por qué no hay libertad en ese sentido? ¿Por qué se han aprobado decretos en el País Vasco que quieren erradicar el castellano de las aulas de manera muy clara? ¿Por qué se da esa desproporción a la hora de establecer la puntuación en los requisitos de conocimiento de euskera para el acceso a la función pública? Y hemos venido escuchando últimamente con reiteración los ejemplos de lo que han sido las oposiciones para acceder a una plaza en el Servicio Vasco de Salud -el Osakidetza-, y los puntos desproporcionados que se daban al conocimiento del euskera por encima del conocimiento de la propia profesión que se iba a ejercer. Estas son las cosas que están ocurriendo y las cosas que están en la calle, que también han determinado últimamente algunas novedades políticas importantes en nuestro país. Porque la cuestión lingüística y la cuestión de los abusos en la política lingüística ha sido una cuestión decisiva en los últimos comicios electorales que se han celebrado en Galicia y en el País Vasco, porque había amplios sectores de población en Galicia y el País Vasco que estaban hartos y que se sentían discriminados y perseguidos por la política lingüística que se estaba llevando adelante desde la Administración autonómica. Esa es la política que se ha caracterizado aquí y que yo voy a tratar de explicar, la política de normalización que impone obligaciones de discriminación positiva, y que se traduce también en una discriminación que atenta contra la libertad de los ciudadanos y contra sus derechos más básicos, y trae causa de la existencia de un nacionalismo de corte identitario en nuestro país, en España, que anida en algunas comunidades autónomas que impulsan -cuando tienen la capacidad de gestionar la cosa pública- políticas que ellos llaman de construcción nacional: las políticas de construcción nacional que se apoyan fundamentalmente en el hecho diferencial de la lengua, y de esas políticas de construcción nacional derivan también esas políticas de normalización en distintos aspectos y asimismo de normalización lingüística.


Por eso cuando el señor Esteban me pregunta si vamos a votar a favor y me pregunta si vamos a modificar la política lingüística en el País Vasco, de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, yo no quiero darle la tarde al señor Esteban, pero tengo que decirle que efectivamente vamos a cambiar y nuestra intención es modificar la política lingüística, y que nuestra intención es que los ciudadanos no vivan a expensas o bajo el mandato de tener que avanzar en una política de construcción nacional, y que nosotros entendemos que lo que debemos defender desde los poderes públicos es la convivencia, y que la

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convivencia se basa en el reconocimiento del diferente, de la capacidad que tiene de elegir, que es ciudadano en las mismas condiciones y por tanto sujeto a los mismos derechos y a las mismas obligaciones. Y que la virtud que hace efectiva esa convivencia en libertad es la virtud de la tolerancia. Por tanto yo quiero tranquilizar al señor Esteban y a su grupo en el sentido de que una política lingüística que acabe con las fuentes de discriminación y que acabe con los abusos que se han producido en los últimos tiempos no tiene por qué causar ningún temor ni a su grupo ni a nadie, porque es una política que lo que quiere es avanzar en la mejora de las oportunidades reales y terminar con la división de los ciudadanos en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría, en función de la opción lingüística que elijan, que quiere que todos tengamos las mismas opciones con independencia de nuestra opción lingüística.


Se olvidan también aquí algunas cuestiones que vienen explicadas con amplitud en la exposición de motivos de la proposición de ley, y que quisiera destacar. Quisiera destacar lo que dice el artículo 3 de la Constitución en dos aspectos. En primer lugar, el artículo 3 de la Constitución lo que trata de recoger es el respeto a la realidad sociolingüística española, y es verdad además que reacciona frente a unos tiempos en los que eso no estaba garantizado en absoluto, sino que es verdad que se producían ejemplos de persecución de las personas en función de la lengua en la que hablaban, y que hubo generaciones de españoles que no pudieron siquiera ser alfabetizados en su propia lengua materna. La Constitución termina con esto y quiere establecer un sistema de concordia lingüística, y lo quiere hacer también reconociendo la riqueza, como dice, de las distintas modalidades lingüísticas de España como un patrimonio cultural que tiene que ser objeto de especial respeto y protección. Esto es lo que dice la Constitución, y por tanto la Constitución protege todo el sistema de lenguas que se hablan en España, porque España es una nación que ha sabido, al mismo tiempo que conservaba -en circunstancias de bilingüismo- distintas lenguas propias, particulares de algunas comunidades, generar también una lengua común, una lengua homogénea y una lengua universal. Es esa realidad y esa riqueza de tener una lengua común, de haber sabido conservar otras lenguas y de poder desarrollar un bilingüismo allí donde existe la que nos mandata a respetar, a proteger y a amparar la Constitución española.
Por eso también ese mismo artículo 3 establece un deber de los españoles, no de las lenguas: el deber del conocimiento del español y la presunción de que todos los españoles conocen la lengua común, conocen la lengua castellana; y al mismo tiempo la Constitución también establece que no puede imponerse como deber o como obligación el conocimiento de otra lengua cooficial. Por tanto, esta es la realidad constitucional que se quiere regular al amparo del artículo 149.1.1 de la Constitución, de una manera creo que impecable.


Voy terminando. Insisto, compartido el diagnóstico, coincidiendo en los planteamientos y además coincidiendo en iniciativas que mi grupo ha planteado o que tiene pendientes de plantear en esta Cámara, nos parece que el debate es especialmente oportuno, que debe tomarse en consideración esta ley, que debe abrirse el tiempo para trabajar a fondo y para tener un debate mucho más profundo sobre lo que está pasando en España, sobre cómo protegemos mejor las libertades de nuestros conciudadanos, y también de qué manera podemos recuperar la concordia en materia lingüística -concordia sobre la que se ha abierto una esperanza en Galicia y en el País Vasco de que se va a poder recuperar-, cómo garantizamos la libertad, cómo recuperamos la concordia. Les conmino a una cosa: no se enfaden cuando se plantean estas cuestiones, no se irriten ni lo califiquen como una provocación, porque en esta Cámara hay libertad para debatir las ideas. Les pido que actúen con tolerancia aquí, frente a las ideas que les puedan molestar más o que puedan ser más contrarias a sus planteamientos, y les pido también que a la hora de definir políticas lingüísticas piensen en eso, en el derecho a ser diferente, a crear una sociedad de personas que son distintas y que conviven en tolerancia, porque tienen como bandera la libertad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.


Para fijar la posición del Grupo Socialista, tiene la palabra don José Antonio Pérez Tapias.


El señor PÉREZ TAPIAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, al abordar el tema que nos ocupa yo también voy a hablar de ciudadanos y de ciudadanas, como todos los que nos hemos subido a esta tribuna. Creo que tenemos que concedernos ese plus de sensibilidad democrática de que cuando nos subimos aquí hablamos de ciudadanos y ciudadanas que también se expresan en sus diferentes lenguas para comunicar sentimientos, ideas, reflexiones, para hablar en los diferentes ámbitos y entornos donde se desenvuelven nuestras vidas.


Como portavoz del Grupo Socialista en este momento voy a expresar la posición contraria de nuestro grupo a la proposición de ley que se nos ha presentado por parte de la señora Díez para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua.
No podemos decir que esta proposición nos haya sorprendido. Ha venido siendo anticipada en muy diversos momentos. Ya fue anticipada en esas mismas fechas de finales de junio, a través del Manifiesto por la lengua común que firmaron personas muy reconocidas como Savater, Marina, Carlos Castilla del Pino y muchos otros, y que ya solicitaban al Parlamento español una normativa de rango adecuado para corregir, con ayuda de la ley, lo que interpretaban como abusos a la hora de aplicar políticas lingüísticas. Como se ha mencionado aquí también, el tema que nos ocupa tiene mucha enjundia, tiene que ver ciertamente con derechos y libertades de la ciudadanía,

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con el patrimonio cultural que suponen nuestras lenguas y con las políticas que se desarrollan en relación con ellas, pero por nuestra parte, por parte del Grupo Socialista no compartimos ni el enfoque del análisis que aquí se ha presentado por parte de Unión Progreso y Democracia ni las consecuencias del mismo, menos aún la proposición de ley que se nos presenta. Desde nuestro grupo no vamos a apoyar tal proposición por no estar de acuerdo con el diagnóstico, por no compartir ciertos supuestos, y por rechazar que una ley, y menos una ley orgánica, sea la vía adecuada para resolver ciertos problemas, si los hubiere.


En algo estamos de acuerdo: en la no discriminación; creo que en eso estamos de acuerdo todos. No debe haber en nuestra sociedad discriminación alguna por razón de lengua ni por ninguna otra razón o motivo, como bien figura en nuestra Constitución, en su artículo 14. Por tanto, lo prioritario es el respeto a los derechos de los ciudadanos, eso debe ir por delante. A partir de ahí encontramos el punto crucial al respecto en el artículo 3 de la Constitución, cuando habla del castellano como lengua oficial del Estado, de las demás lenguas españolas, que también serán oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, y de la riqueza lingüística que todas ellas suponen y que ha de ser protegida y potenciada. Hablamos de lenguas y eso es importante, ya lo hace la Constitución, lo hacen los estatutos y lo hace la legislación que se deriva de ellos, es importante reparar que lo hacemos en plural. Hablamos de una lengua común a todos: el castellano, en todo el territorio español, y de lenguas propias en cada una de las comunidades donde las hay: catalán, euskera y gallego, pero hay que hacer la importante salvedad de que las lenguas propias también son comunes en sus respectivos territorios. Se trata por tanto de articular ese plurilingüismo que se acompasa con el Estado de las autonomías; es decir, desde la Constitución de 1978 España dejó de ser centralista y en la misma medida España dejó de ser monolingüe.


Al reconocimiento de la pluralidad de nacionalidades le sigue el reconocimiento jurídico de la pluralidad lingüística. El plurilingüismo que defendemos y que aspiramos a que sea compartido por todos entraña no solo una determinada posición respecto a las lenguas y su pluralidad, sino una determinada posición respecto al Estado. No queremos mantener teorías y prácticas deudoras de aquella concepción del español como lengua del imperio, dicho sea con reconocimiento expreso de los méritos en gramática de Antonio de Nebrija. Sí podemos coincidir y coincidimos en la consideración del castellano como lengua común, lo cual no es solo un hecho sociológico, sino que está respaldado desde el punto de vista normativo por la Constitución. También en las comunidades autónomas, a través de sus estatutos, la cooficialidad que ya venía señalada por la Constitución eleva el bilingüismo a norma jurídica. La cuestión, como digo, es que no hay una sola lengua común y hay que regular ese bilingüismo en cada caso atendiendo a derechos de los ciudadanos, a realidades de dos lenguas que tienen que convivir en situación de simetría, y contemplando las legítimas opciones políticas para que la simetría normativa respecto a las dos lenguas tenga traducción en los hechos.


Ciertamente aquí hablamos de derechos en relación a las lenguas, derechos de los ciudadanos, derechos individuales y, como se acaba de mencionar desde esta tribuna, también derechos colectivos. Todos los estatutos, todos, y las consiguientes leyes de uso de las lenguas propias en cada caso insisten obviamente en que la discriminación no debe darse, pero se trata también de que la mencionada simetría que la oficialidad implica lleve a recuperar la normalidad de uso de aquello que sufrió, como se ha mencionado igualmente aquí, represión lingüística, cultural, y política también por tanto, en determinadas comunidades. No se plantean en ningún caso derechos de las lenguas, sino derechos de las comunidades de hablantes en lo que tiene que ver con el uso y la capacidad de expresarse en lengua propia, un derecho colectivo que se afirma siempre reconociendo la prioridad de los derechos individuales. En este caso bien podemos traer a colación ciertos criterios al respecto que vienen señalados por personas con reconocida autoridad en este terreno, por ejemplo el canadiense William Kimlika, cuando habla de la protección externa de un bien común como la lengua propia, con lo que tiene que ver la promoción desde la propia comunidad, sin que ello tenga que derivar en imposición abusiva hacia dentro de esa misma comunidad. Luego resultará que a la hora de tener en cuenta esos criterios podemos valorar las circunstancias que de hecho se dan de muy diferente manera, pero podemos formularnos algunas preguntas sobre normalización y libertad de elección. Por ejemplo, una primera. ¿La cooficialidad que ampara el bilingüismo ampara la llamada normalización lingüística? La respuesta es sí. La cooficialidad da paso a esas políticas de normalización lingüística, como hemos dicho siempre, con respeto a los derechos individuales y dentro de las cautelas y límites que la prudencia política aconseja.


Hay una segunda pregunta. ¿La cooficialidad entre lenguas exige la misma forma de ejercer la libertad de elección por parte de los ciudadanos en todos los casos? Aquí la respuesta, tanto desde el punto de vista jurídico como desde los hechos mismos, es que no. Esa libertad de elección se modula de diferente manera según los casos. Se ha mencionado aquí el caso del sistema educativo en distintas comunidades autónomas con lengua propia, lo cual no se señala solo en virtud de sus estatutos, sino también desde la misma Ley Orgánica de Educación. Es conforme a la legalidad vigente una práctica de normalización lingüística que implique la potenciación de la enseñanza no solo de la lengua propia, sino en la lengua propia en la comunidad que la tenga. Pero la enseñanza de y en la lengua propia puede hacerse con mayor intensidad según los casos, modulando de diversas formas incluso la elección del modelo lingüístico en el sistema educativo cuando tal posibilidad se ofrezca de una manera u otra. Se han comentado el caso de Cataluña y el caso vasco. Allí también los socialistas pretendemos un modelo integrador, todo lo contrario de cualquier forma de segregación.


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Incluso se puede optar políticamente -es legítimo y legal- por la lengua propia como lengua vehicular, ya se han comentado aquí sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional al respecto y lo avalan razones de cohesión social y evitación de indeseables dualidades en el sistema educativo.


Respecto a otra cuestión de las que he mencionado al principio, no hace falta una ley más para resolver ciertos casos que pudiera haber donde las cosas no funcionaran bien, donde se dieran prácticas incorrectas o abusivas. Podemos estar de acuerdo en que hay recursos legales, jurídicos y políticos suficientes para todo ello, sin necesidad de recurrir a una nueva ley de carácter orgánico. Los socialistas pensamos en este caso que no hace falta una ley más, sino más bien voluntad de convivencia, arte de la escucha, respeto a los hablantes en cualesquiera de las lenguas oficiales, y buen sentido, o ese sentido común al que apelaban Victoria Camps y Anna Estany en un bien ponderado artículo, titulado Identidad y realidad, donde dieron amables respuestas a lo que plantearon sus colegas en el Manifiesto de la lengua común. El castellano no necesita imponerse, pero es que no queremos que se imponga para resolver litigio alguno, ni siquiera mucho menos la convivencia lingüística. Hay que compartir espacios comunicativos y no vernos arrastrados por la maldición mítica de la torre de Babel.


Voy a terminar diciendo que España, señorías -como muchos decimos-, es nación de naciones. La palabra nación se dice de muchas maneras. Pues bien, a una nación de naciones como España le corresponde una realidad plurilingüe. Es parte de la España plural que tenemos, la cual se cohesiona como sociedad y mantiene su unidad política como Estado desde el reconocimiento de las diferentes lenguas, diferencias legítimas. No hay verdadera unidad y de largo alcance si no es conjugando la pluralidad. Vale aquí traer a colación una frase de un conocido filósofo contemporáneo y decir que la unidad de España hay que tejerla desde la pluralidad de sus voces. Para ir concluyendo, quizás esta vía abierta desde la misma Constitución nos introduce en una especie de federalismo lingüístico que no vendrá nada mal cuando haya que reforzar una cultura federal para asegurar el futuro de nuestro Estado de las autonomías. Con la pensadora María Zambrano diré que el orden de una sociedad democrática conviene pensarlo como un orden si queremos musical. Desde ahí podemos retomar una frase en español, que nos viene del otro lado del Atlántico, del peruano José Carlos Mariátegui, cuando pensaba la convivencia desde la diversidad de los pueblos como una polifonía de esos mismos pueblos.


El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Tapias, debe acabar.


El señor PÉREZ TAPIAS: Termino, señor presidente.


Si España como proyecto de vida en común ha de tener la viabilidad -por decirlo en términos orteguianos- que bien se merece, podemos hacerlo como polifonía de nuestros pueblos. Esto lo decimos hablando, si es necesario traduciendo, y procurando esa buena comunicación, que es la que tenemos que procurar en todo caso que no desfallezca entre nosotros.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Tapia.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE GARANTÍA DE LOS DERECHOS Y MEJORA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS. (Número de expediente 122/000117.)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre garantía de los derechos y mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias.


Para la defensa de la proposición tiene la palabra el señor Vañó.


El señor VAÑÓ FERRE: Gracias, señor presidente.


Señorías, sometemos a la Cámara la toma en consideración de esta proposición de ley transversal sobre garantía de los derechos y mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad. En época de crisis, las personas más vulnerables, las que están en mayor riesgo de exclusión social, son las más afectadas, las que llevan siempre la peor parte. En este momento, en España el paro que sufrimos, con más de 3,5 millones de afectados, es un grave problema para muchos españoles. En el caso de las personas con discapacidad el desempleo es tres veces superior al resto de los trabajadores, lo que lo convierte en un drama. Según la Federación Española de Centros Especiales de Empleo, en el último semestre del año 2008, se ha destruido el 10 por ciento de los puestos de trabajo. La caída del empleo de personas con discapacidad en el empleo ordinario, en el mes de enero, ha supuesto el 30 por ciento más que en el mes de enero del año anterior. España ocupa el penúltimo lugar de la Comunidad Europea, de los Veinticinco, en empleo para personas con discapacidad.
Todo ello nos hace plantearnos situaciones nuevas para resolver este problema en el sector más vulnerable de la sociedad al que, como digo, le afecta de una manera más directa. Por otro lado, la firma y ratificación de la Convención de Naciones Unidas a favor de las personas con discapacidad por este Congreso, el 31 de diciembre de 2007, y de su protocolo nos obliga a analizar y a adaptar nuestro ordenamiento jurídico con principios y valores de la convención. Habrá que derogar legislación obsoleta y, al mismo tiempo, perfeccionar el actual marco regulador y simplificar, para imprimir eficacia y claridad, las leyes que afectan a las personas con discapacidad de acuerdo con la estrategia legislar mejor, de la Unión Europea. Previo a esta adaptación legislativa en España,

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nos quedan una serie de reivindicaciones antiguas, que el sector viene reclamando hace tiempo, y que deberíamos tener resueltas y desarrolladas como paso previo a esa adaptación de la convención a nuestro ordenamiento jurídico. Hemos querido recoger estos flecos sueltos en esta proposición de ley que hoy traemos a la Cámara y que queremos dejar resueltos para que sea más fácil la adaptación a la convención y elevar el listón del punto de partida de la misma.


Esta proposición de ley, con diecisiete artículos y siete disposiciones finales, abarca varios bloques de reforma en distintos ámbitos, como son: el empleo, la accesibilidad, la movilidad, la tutela, la definición incluso de la propia discapacidad y la creación de un nuevo observatorio.
En cuanto a la nueva definición de la discapacidad, queremos considerar a personas con discapacidad no solo a aquellas que superen el 33 por ciento, sino también a los pensionistas de invalidez absoluta o de gran invalidez y a los pensionistas de las clases pasivas con incapacidad permanente. Por otro lado, el baremo se basará en la clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a accesibilidad, hay que culminar el objetivo de la accesibilidad universal en entornos, productos, medios y servicios, tratando de acortar lo máximo posible los plazos. Entre los artículos concretos, quiero citar, por ejemplo, que los proyectos de obra e infraestructuras que promueva o financie la Administración deberían ir acompañados de una auditoría previa de accesibilidad, porque sería una garantía de ir poniendo las bases para esa accesibilidad universal. En otro de los artículos, el número 5, otra demanda tradicional del sector, pretendemos modificar la Ley de Propiedad Horizontal, pasando de tres a seis meses las mensualidades de financiación por parte de las comunidades de propietarios. En accesibilidad también está el artículo 16, en el que proponemos que los proyectos de vivienda de protección oficial y viviendas sociales destinadas al uso de personas con discapacidad pasen del 3 al 6 por ciento, con garantía de accesibilidad y desenvolvimiento de estas personas. En cuanto al observatorio, otorgar el rango legal de Observatorio de la discapacidad, dependiente del real patronato, quien anualmente debería elaborar un informe de análisis y seguimiento de la situación. Por otro lado, en seis meses se regulará la función, estructura, funcionamiento y composición del mismo. Una modificación largamente reivindicada, a la que habrá que hacer frente, es la reforma del Código Civil sobre órganos de fiscalización de la tutela, por ejemplo el artículo 6, relativo a la capacidad de elegir tutor en caso de incapacitación. Otra modificación del Código Civil que afecta a la tutela es que las cantidades de los ab intestato que reciba el Estado sufraguen programas de promoción de la autonomía personal a cargo de organizaciones sociales de acreditada trayectoria.


En cuanto al empleo, son varios los artículos que inciden sobre él. En primer lugar, instar al Gobierno a que remita un informe anual sobre el balance de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.
Por otro lado, elevar de graves a muy graves las infracciones y sanciones por incumplimiento de la cuota de reserva legal de empleo del 2 por ciento de empresas ordinarias o las medidas alternativas. Un tercer punto sería elevar la reserva del cupo al 7 por ciento de empleos en el sector público hasta alcanzar el 2 por ciento de empleo efectivo, plazas que deberían convocarse en turno independiente. No se perderán las bonificaciones cuando los contratos laborales pasen de temporales a indefinidos en el caso de personas con discapacidad. Y en cuanto a movilidad, hay tres puntos en los que queremos hacer hincapié, que son novedosos y que también están reclamados por el sector. Uno de ellos es que la Ley de Tráfico considera infracción grave el aparcamiento en lugares reservados para personas con discapacidad. En una comisión de las Cortes ya se aprobó una proposición no de ley en este sentido. Y luego, hasta que se establezca un transporte alternativo de manera que los discapacitados con movilidad reducida puedan utilizar otro tipo de transporte, que se fije una exención en los peajes, pues el único modo que tienen de viajar es utilizando del automóvil particular.


Hay siete disposiciones finales, entre las cuales quiero destacar fundamentalmente que deberán refundirse y armonizarse de acuerdo con el Consejo Nacional de Discapacidad las dos leyes más importantes que se han hecho sobre discapacidad, la Lismi, de 1988, y la Liundau, de 2003. Por otro lado, en el plazo de seis meses deberá reajustarse el ordenamiento jurídico español a las normas de la Convención de la ONU. El Gobierno desarrollará una normativa específica sobre inclusión laboral de las personas con discapacidad. Un punto que nos parece muy importante y que debería tenerse en cuenta es que la disposición final cuarta dice que el Gobierno deberá acompañar de un informe previo de impacto de igualdad de oportunidades los proyectos de ley y los proyectos y normas reglamentarias. Esto simplificaría mucho esa adaptación de la Convención de Naciones Unidas. Si verdaderamente queremos trabajar por el colectivo de la discapacidad, tenemos aquí una buena oportunidad ante una reivindicación vieja de este colectivo. Si 3.500.000 personas tienen un grave problema al estar en paro y es la preocupación de tres de cada cuatro españoles, imagínense la situación de más de 3.800.000 personas con discapacidad sin posibilidad de ejercer sus derechos. Esto debería ser una prioridad para todos.


La semana pasada en esta Cámara mi grupo no tuvo inconveniente en renunciar a sus enmiendas en aras de un consenso porque así nos lo pedía el sector. Le parecía bien la propuesta que venía del Senado y no tuvimos inconveniente -insisto en que hubo generosidad por parte de todos- en aprobar por unanimidad la Ley de modificación del Registro Civil. En esta ocasión pido al resto de los grupos parlamentarios la misma generosidad política para aceptar la toma en consideración de esta proposición de ley, que pretende solucionar, como he dicho, una serie de situaciones reclamadas durante largo tiempo, que están enquistadas y que el colectivo de personas con discapacidad quiere resolver cuanto antes.


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Aunque parezcan artículos dispersos por la cantidad de leyes a las que afectan, tienen una coincidencia y es que son -insisto- reivindicaciones de unos mínimos muy antiguos que de una vez deberíamos resolver. Les aconsejo que en el periodo de presentación de enmiendas introduzcan, propongan y sugieran, pero también les pido que apoyen la toma en consideración de esta iniciativa, pues lo contrario se entendería mal por parte de los representantes del sector. No es demasiado ambicioso ni demasiado perentorio. Nuestra opinión es que no lo es y, si no, pregunten a los afectados que tienen poca voz y poca capacidad de interlocución. Y si verdaderamente los temas sociales son una prioridad, lo único que les pido es que actúen en consecuencia y voten a favor de la toma en consideración.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vañó.


Para fijar la posición, en primer lugar, por el Grupo Mixto hará uso de la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición de nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, sobre la proposición de ley que acaba de defender el portavoz del Grupo Popular. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Es una proposición de ley sobre la que tenemos mucho interés, dado que representa actuar de manera legislativa en algo tan importante como es la inclusión social de las personas con discapacidad. Digo que es importante después de que en la legislatura pasada trabajáramos con bastante esfuerzo -y creo que con fortuna- en diferentes normas relacionadas con personas con discapacidad, concretamente la Ley de Dependencia, así como medidas que se tomaron en la modificación del Estatuto de los Trabajadores, donde en materia laboral se lograron, desde nuestro punto de vista, avances importantes en relación con esa inclusión social y todo lo que representa la inclusión laboral de las personas con discapacidad.


La proposición de ley, que trata de adaptar a las circunstancias actuales y a la Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad, aprobadas en la Asamblea General del 13 de diciembre de 2006, tiene una consideración especial. Además de los datos aportados en la exposición de motivos de esta propuesta, somos conocedores de la realidad de Galicia, donde el 7,8 por ciento de las personas con discapacidad en todo el Estado está en nuestro país, de ahí que sea una ley para nosotros de mucho interés. Todo ello, independientemente, señorías, señor proponente, de que en Galicia en estos tres últimos años hayamos avanzado mucho en políticas relacionadas con la discapacidad y de manera particular en la inclusión. Nos parece muy positiva la propuesta que nos hace el Grupo Popular, pero hay cuestiones que nos preocupan y es aquello que la propuesta representa de injerencia en las competencias autonómicas, dado que la mayoría de las actuaciones que hay que contemplar en esta ley se tienen que desarrollar a través de los servicios sociales que, como ustedes saben, es una competencia que está transferida exclusivamente a las comunidades autónomas. Es evidente que esta transferencia tiene que estar acompañada de la financiación correspondiente y ahí el Estado tiene la máxima responsabilidad para que las comunidades autónomas puedan prestar los servicios sociales en condiciones.


A pesar de que este tema se trató también en la legislatura pasada sin el éxito que debería tener estando aprobada la ley, tenemos que reconocer que ha habido avances en la medida en que en la Comisión de Discapacidad van a comparecer una serie de personas que están aportando sus conocimientos en relación con la discapacidad y la inclusión y, por tanto, son aportaciones importantes para la ley que salga de este Congreso de los Diputados.¿Qué ocurre? Nos preocupa que, igual que el Gobierno en la legislatura pasada nos anunció que presentaría la propuesta y a pesar del avance que existe con esta subcomisión en la Comisión de Discapacidad, nos preocupa, digo, que esto no ocurra, como no ocurrió en la legislatura pasada. Esa es la razón por la que vemos de manera positiva la toma en consideración de la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular, porque en el trámite parlamentario es posible efectuar las oportunas modificaciones a la iniciativa que se nos presenta. De ahí, repito que la valoramos positivamente y que seguramente la votaremos a favor.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchísimas gracias.


En segundo lugar, tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, Coalición Canaria entiende que debe ser preocupación de los poderes públicos el desarrollo del artículo 49 de la Constitución. Recuerden que ese artículo instaba a los poderes públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. En este punto, quisiéramos reflexionar sobre la modificación de la Constitución en cuanto a ese artículo en concreto. Entendemos que hay que incorporar la discapacidad, donde se ha avanzado en estos últimos años, con lo que se hace necesaria una modificación constitucional en lo relativo al artículo 49.


La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos fue el primer intento de desarrollo de este mandato constitucional. La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, complementó e impulsó las políticas de equiparación de las personas con discapacidad. Es innegable el avance que se ha producido con otras iniciativas legislativas y también con los compromisos de los poderes públicos -la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los gobiernos insulares o

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locales-, sin olvidarse nunca del papel que han jugado las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de los derechos de los discapacitados; organizaciones no gubernamentales que, muchas veces sin tener apoyo institucional, han superado, suplantado y ayudado a resolver y a atender la discapacidad, sobre todo, en políticas de integración. La mejor política que se puede hacer con respecto a la discapacidad es que todos los ciudadanos nos sintamos integrados plenamente y tengamos capacidad de acceso a los servicios públicos y a los mismos derechos.


La iniciativa que hoy nos presenta en esta Cámara el Grupo Parlamentario Popular parte de dos principios importantes para nuestro grupo. Por un lado, adaptar la normativa existente a las circunstancias actuales y a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada por la Asamblea General el 13 de diciembre de 2006; y, por otro lado, la invitación de la Unión Europea a la simplificación legislativa, algo que también demanda la ciudadanía en su relación con la Administración. Por eso, coincidimos con el Grupo Parlamentario Popular en la conveniencia del desarrollo de una ley transversal que derogue, en su caso, la legislación obsoleta y perfeccione el actual marco regulador.


Podríamos destacar muchos de los aspectos que se contemplan en la iniciativa legislativa. Es obvio que en la fase de tramitación parlamentaria se podrán incorporar propuestas, a modo de enmiendas de los diferentes grupos, que pueden mejorarla sin duda. En este caso, conocemos la actitud del portavoz del Grupo Parlamentario Popular para aceptar estas iniciativas, de manera que con la aportación de todos será sin duda una ley que se pueda cumplir. Pero destacaríamos algunas cuestiones que nos parecen importantes: la auditoría previa de sensibilidad en todas obras financiadas por cualquier Administración pública; las reformas en el Código Civil, como la facultad jurídica de elegir tutor, que se contiene en uno de los artículos propuestos; la reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, aunque aquí no nos podemos quedar exclusivamente en la formulación de ese derecho si después no producimos el desarrollo normativo que haga posible ese acceso diferenciado de los discapacitados a un puesto de trabajo, ya sea en la Administración o en una empresa pública. Existe el derecho y un porcentaje de reserva, pero no está regulado perfectamente con una discriminación positiva el acceso de una persona discapacitada a esos puestos de trabajo. La creación del Observatorio nacional de la discapacidad es otra aportación que se plantea y, como digo, será en el trámite parlamentario, con la aportación de los diferentes grupos, donde se determine y se apruebe en una ley que cumpla los objetivos de transversalidad y, sobre todo, de simplificación administrativa, que son necesarios en cualquier marco competencial pero, especialmente, en este marco tan sensible.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señor Perestelo.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hablamos de un universo de 650 millones de personas con discapacidad, hablamos de 320.000 personas en el Estado español, habríamos celebrado que el Estado español hubiera ratificado en el año 2007 la Convención de Naciones Unidas sobre personas con discapacidad, que fue aprobada en la Asamblea General en el año 2006. Se trata del primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y afecta, como he dicho, al 10 por ciento de la población mundial, lo que significa que atañe a millones de personas que protagonizan cada día la heroicidad de intentar vivir con una discapacidad y un mundo adverso en donde no se garantizan sus derechos, los derechos de igualdad. Por esta razón, en la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad están compareciendo las entidades y personas ilustradas que conocen el mundo de la discapacidad para, a su vez, ilustrar al legislador con el fin de que el Estado español acabe modificando el conjunto de leyes para materializar lo contenido en la Convención de Naciones Unidas. En esto andamos. Se trata de sacar unas conclusiones en esta Comisión para que la maquinaria legislativa implemente el contenido de la convención, lo que significa un gran paso hacia delante.


Hoy se nos cuela -bienvenido sea- la oportunidad que nos brinda un diputado del Grupo Popular, quien presenta una iniciativa que no entorpece, sino que, a nuestro entender, presiona al Legislativo, pone presión -esta es la derivada- al Gobierno de turno, para que no se duerma. Hoy vamos a aprobar -el diputado del Partido Popular contará con nuestro voto- una proposición de ley que presiona a este Parlamento para que no se duerma. Ya me entienden. Es tradición de la Comisión -tengo la experiencia de pertenecer a esta Comisión desde el año 2004 - trabajar buscando los máximos consensos, sumar. Muchas veces tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular, pasando por el resto de los grupos parlamentarios minoritarios, hemos renunciado a protagonismos políticos para buscar consensos. Es una comisión singular, que marca una cierta excepcionalidad en el trabajo de este Parlamento. Con qué voluntad podríamos, ateniéndonos a esta tradición de trabajo de buscar complicidades, oponernos a una propuesta que pretende adoptar unas medidas todas ellas positivas, es decir, modificar un conjunto de leyes.
Por cierto, habrá que modificar otras tantas, pero las que contiene la proposición de ley, también. Nos referimos a la Lismi, la Liundau o incluso a leyes como la 25/1988, de Carreteras, que atañe a los peajes que tienen que pagar las personas con dificultades para desplazarse con los medios públicos; la Ley de Infracciones y Sanciones de 1988, que considera

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una falta mucho más grave transgredir la ley en lo atinente al mantenimiento y cumplimiento de la reserva de los puestos de trabajo para las personas con discapacidad; la Ley General de Subvenciones; la Ley de Contratos del Sector Público, porque es cierto que hay que premiar a las empresas que tienen responsabilidad social en ese sentido y castigar a aquellas que no son sensibles a la ley, una ley que debe garantizar la reserva de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. Es decir, una panoplia de leyes que hay que modificar y que el diputado ha tenido el acierto de colocar en esta proposición de ley. Por cierto, no están todas las que deberían estar, pero también es cierto que estamos trabajando en la Comisión recibiendo toda la información necesaria de las personas técnicas y las entidades que trabajan en el mundo de la discapacidad para aprobar unas conclusiones que serán las que finalmente, a partir de una iniciativa de este mismo Parlamento, quizás -ojalá sea así- con la firma de todos los grupos parlamentarios en una proposición de ley o bien a través de la iniciativa gubernamental, terminarán en una ley transversal que afecte a todo el cuerpo legislativo.


Hay que celebrar asimismo las disposiciones finales que incluye la proposición de ley del diputado del Grupo Popular, porque algunas de ellas tienen mucho sentido. No puede ser que un gobierno, sea del color que sea, presente un proyecto de ley sin antes haber hecho un estudio de impacto sobre cómo afecta al mundo de la discapacidad porque, si no, no actuamos de forma preventiva y siempre iremos a remolque de los déficits y de las necesidades. Se trata de incorporar la cultura de la prevención.
Hoy en día nadie se extraña de la realización de estudios de impacto ambiental antes de aprobar una obra o un proyecto constructivo de carácter público. Vamos avanzando hacia esta cultura de la prevención para garantizar los derechos. No se trata de incorporar derechos nuevos para las personas con discapacidad, sino de que se les respeten los mismos derechos que las personas que no tienen el infortunio de padecer una discapacidad.


Señorías, si damos luz verde a esta proposición de ley aunaremos esfuerzos, pues todo aquello que se aprueba hoy -si me permiten la expresión- va a misa y habrá que añadir otras variables fruto de la aportación de cada grupo parlamentario, así como de las conclusiones que saquemos en la Comisión en la que están compareciendo, repito, las personas y las entidades dedicadas específicamente al mundo de la discapacidad. Votando a favor trabajamos en una causa común parlamentaria.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta. Intervengo desde el escaño.


Nos parece una proposición razonable la que se hace desde el Grupo Popular, que coincide con otras que han sido presentadas en otras instancias, por ejemplo, por el Grupo de Convergència i Unió. Nos parece que su contenido esencial está incardinado en el artículo 49 de la Constitución española, dentro de los principios rectores, como se debe interpretar el ordenamiento jurídico. Además recoge recomendaciones hechas por el Cermi, lo que garantiza que son puntos basados en un amplio consenso y suficientemente testados entre las diferentes asociaciones que defienden los derechos de los discapacitados. El contenido nos parece correcto aunque desordenado, pues toca muchas materias y muchas leyes.
Quizás sería deseable una norma integradora de todas ellas en un futuro a medio plazo, pero son medidas que remueven muchos obstáculos existentes en estos momentos. Por tanto, esta proposición y todas las que vayan en el mismo sentido contarán con el apoyo de nuestro grupo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.


Desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, la proposición de ley cuya toma en consideración nos propone hoy el Grupo Popular, si bien hace mucha falta en el mundo de la discapacidad, quizás es un poco precipitada. Digo que es un poco precipitada porque en estos momentos todos estamos trabajando en la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad, recibiendo expertos en cada una de las materias, sobre cada una de las muchas leyes que se han de modificar para poner al día toda nuestra legislación y dar cumplimiento a la convención de Naciones Unidas sobre el derecho de las personas con discapacidad. Se han adelantado un poco a las conclusiones y, antes de oír a todos lo comparecientes, nos han presentado esta proposición de ley, que, desde nuestro punto de vista, mezcla demasiadas normas de una forma poco ordenada. Ustedes nos proponen reformas a la Ley de Seguridad Vial, al Código Civil, a la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, a la Ley de Propiedad Horizontal, a la de Carreteras, a la de Infracciones y Sanciones, a la Ley de Contratos del Sector Público y a alguna más que me dejo. A pesar de ello, desde nuestro grupo parlamentario, desde Convergència i Unió vamos a dar luz verde a la toma en consideración de esta proposición de ley, porque creemos que avanzar, aunque sea solo un poco, en este campo tan importante y tan necesario para llegar a la igualdad de todas las personas con algún tipo de discapacidad, es positivo.


Nuestro grupo parlamentario había presentado dos proposiciones de ley diferenciadas. Algunas están recogidas

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casi íntegramente en algún artículo de esta ley, como la que se refiere al aumento de reserva de plazas en el empleo público. Es importante ir avanzando en esto, y por ello la apoyaremos, como he dicho anteriormente.
También tenemos avanzada otra proposición de ley de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. Creemos que la accesibilidad a las viviendas de las personas con discapacidad no está todavía resuelta y es un punto en el que es importante que vayamos avanzando. De todas formas, en estos momentos, como muy bien ha expuesto en su defensa de esta proposición de ley el ponente del Grupo Popular, el empleo es uno de los puntos que más agobian a este colectivo. Si todos los colectivos de todos los sectores están padeciendo con esta crisis económica, con la falta de empleo, el grupo de personas con discapacidad, los centros especiales de empleo lo sufren de una manera muchísimo más acusada. Aunque solo sea por alguno de estos motivos y porque podemos ir avanzando poco a poco en bien de todo este colectivo, desde Convergència i Unió daremos luz verde a esta proposición no de ley y haremos las enmiendas que consideremos oportunas, pero también nos parece que cuando hay que tocar tantas y tantas leyes y tenemos que ir haciendo tantas modificaciones, es muy importante ir despacio, sin prisa, pero sin pausa. Hoy nos lo decían en la Comisión de la discapacidad dos expertos de dos diferentes colectivos que han comparecido; nos decían que no tuviéramos prisa, pero que no cesáramos en nuestro empeño. Por este motivo, y siguiendo también en parte estas recomendaciones, apoyaremos hoy la toma en consideración de esta proposición de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Tarruella.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Rubio.


La señora SÁNCHEZ RUBIO: Gracias, señora presidenta.


Debatimos hoy aquí la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular, que pretende garantizar los derechos y mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad. Desde 1982, cuando se aprobó la Ley de integración social de los minusválidos, y desde los noventa, con un hito tan importante como fue la Ley de Pensiones no Contributivas, se han realizado importantes avances normativos en esta materia.


Señorías, para el Gobierno y para el Grupo Socialista han sido prioritarias en anteriores legislaturas, y lo son en esta, las políticas dirigidas a atender las necesidades del colectivo de personas con discapacidad, y lo son en el compromiso del Partido Socialista con las mismas. Nuestro programa electoral, al igual que nuestra acción de gobierno, así lo demuestran. Hemos venido manifestando nuestra voluntad de reforzar las políticas de inclusión social dirigidas a las personas con discapacidad y a sus familias. Por eso, apoyamos en 2003 la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, a pesar de no tener memoria económica.
Aprobamos en la anterior legislatura leyes que inciden directamente en la mejor calidad de vida de las personas con discapacidad, como la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; la Ley que reconoce la lengua de signos española y el apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas; la Ley que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la Ley de mejora de crecimiento y empleo, y una serie de leyes que inciden directa o indirectamente en beneficio de la integración de las personas con discapacidad. Asimismo, tenemos planes tan importantes como el Plan de accesibilidad 2004-2012 o el primer Plan de Mujer y Discapacidad. Estos son algunos de los ejemplos que evidencian nuestro compromiso. Por referirnos a temas recientes, en el pasado Consejo de Ministros se aprobó el Plan de acción para el empleo de las personas con discapacidad en el marco de la estrategia global de empleo para el sector. Igualmente, la ministra de Administraciones Públicas nos ha anunciado el incremento de la reserva del porcentaje de plazas para personas con discapacidad en oposiciones para la Administración General del Estado de un 5 por ciento, más un 2 por ciento para las personas con discapacidad intelectual, por mencionar algunos de los compromisos que tenemos adquiridos.


Estos avances legislativos los hemos realizado contando con el movimiento asociativo. Señor Vañó, las personas con discapacidad sí participan, sí tienen voz y la tienen muy bien articulada, están participando en nuestras prioridades, como quedó de manifiesto en 2004, en la regulación por Real Decreto del Consejo Nacional de la Discapacidad y del Observatorio estatal de la discapacidad, que sí existe, que está en Extremadura y está funcionando. Pero el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y su ministra han querido dar un paso más en la participación del sector y, en la reunión del Consejo Nacional de la Discapacidad celebrado el 3 de diciembre de 2008, se propuso por parte de la ministra la creación de una comisión de seguimiento de la agenda política de la discapacidad y promoción de la autonomía personal coparticipada por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y los representantes del movimiento asociativo de la discapacidad, con objeto de colaborar en la definición de la agenda política de la discapacidad y la autonomía personal para los próximos años; comisión que ha sido creada por orden del Ministerio de 4 de marzo y que ha entrado en vigor el pasado 14 de marzo. Es decir, ámbito importante de participación. Igualmente se han ratificado en el ámbito internacional todos los instrumentos internacionales en materia de no discriminación de la ONU, de la OIT y del Consejo de Europa. Cabe destacar especialmente el apoyo que desde el Gobierno y desde este Parlamento se ha dado a la Convención internacional

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de los derechos de las personas con discapacidad y la ratificación, el 3 de diciembre de 2007, de la convención y del protocolo facultativo de dicha convención. Esta Convención de la ONU prevé tanto las medidas de no discriminación como de acción positiva que los Estados deberán implantar para garantizar que las personas con discapacidad disfruten de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con las demás personas. El tratado pretende además asegurar a todas las personas con discapacidad su plena inclusión en la sociedad. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó el 5 de diciembre de 2008, a propuesta de la ministra de Educación, Política Social y Deporte, una declaración institucional en la que se comprometía a promover las reformas normativas necesarias para que el ordenamiento jurídico se ajustara plenamente a este nuevo marco jurídico internacional. De otra parte, es necesario destacar que en esta Cámara, en el marco de la Comisión permanente para las políticas integrales de la discapacidad, acordamos de forma unánime -insisto, de forma unánime por todos los grupos políticos- realizar una ronda de comparecencias de personas expertas y del Gobierno en torno a la Convención de la ONU, comparecencias que aún están realizándose.
Señorías, considero pertinente realizar estas reflexiones previas ya que en la exposición de motivos de la proposición de ley se hace referencia a esta necesidad de adaptación normativa para justificar la necesidad de reformas legislativas que proponen.


Respecto a la proposición de ley, señorías, considero que el oportunismo del Grupo Parlamentario Popular ha pesado más que los criterios acordados en la Comisión de políticas integrales de la discapacidad. Acababan de iniciarse las comparecencias en la Comisión respecto de la convención y ya estaban registrando esta iniciativa. Hablan de una proposición de ley transversal y se realiza en la lectura de la proposición una amalgama de modificaciones legislativas que no tienen ningún hilo conductor.
Señorías, debemos tener en cuenta que las medidas ya se han puesto en marcha y están perfectamente adecuadas a la convención y no van a necesitar adecuación normativa, pero hay necesidad de desarrollarlas como una iniciativa social. Hay que analizar también desde el punto de vista técnico la mejor manera de abordar estas adaptaciones para que su posterior puesta en funcionamiento sea operativa en la práctica. Es necesario dar participación a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, así como a los agentes sociales. Y no viene mal recordar que una ley de ámbito estatal sobre discapacidad, como la que plantea el Grupo Parlamentario Popular, tiene que respetar las competencias exclusivas que las comunidades autónomas tienen en muchas de las materias afectadas por esta proposición de ley.


Si entramos en el análisis del articulado, ¿qué se pretende? ¿Pretendemos utilizar este texto para dar cobertura a todos aquellos temas con respecto a la discapacidad que se han ido quedando colgados, según el Grupo Parlamentario Popular? ¿Pretendemos segregar toda la normativa de discapacidad en una sola ley? ¿Qué pasa con el abordaje transversal y el impacto de discapacidad en los temas legales? Cuando hablamos de las infracciones de tráfico, ¿es que no vamos a introducir la perspectiva de discapacidad en el texto de la ley que está ahora mismo en trámite en esta Cámara? ¿Quieren ustedes aprovechar este texto legal para introducir enmiendas que se han quedado colgadas en normas recientemente aprobadas como ha sido la reforma del Código Civil y la que tiene que ver con los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad?

Señorías, señor Vañó, hemos estrenado como permanente la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad, hemos acordado realizar una serie de comparecencias en dicha Comisión en torno a la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad, las estamos llevando a cabo en este momento y todas las personas que han comparecido han puesto de manifiesto la complejidad de la adaptación normativa y la necesidad de realizarla tras un estudio exhaustivo y detallado de nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro grupo tiene idea de plantear la posibilidad, de no prosperar esta iniciativa, de hacer una proposición de ley conjunta en el seno de la Comisión de política integral de la discapacidad.


Terminaré recordando, señorías, las palabras que hoy mismo ha pronunciado don Miguel Pereyra en su comparecencia en la Comisión de discapacidad sobre este tema. Nos ha dicho el señor Pereyra: Señorías, todos estamos en el mismo barco y todos debemos remar en la misma dirección en un tema de gran trascendencia como es este. No tengan ustedes prisa y háganlo bien.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Sánchez Rubio, tiene que acabar, por favor.


La señora SÁNCHEZ RUBIO: Creo sinceramente que estas recomendaciones de una persona de prestigio deberían de ser un hilo conductor para nuestro trabajo.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A GARANTIZAR DENTRO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL LA OFERTA EDUCATIVA DEL TRADICIONAL OFICIO DE ARTISTA FALLERO Y "FOGUERER". (Número de expediente 162/000330.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar dentro de la formación profesional la oferta educativa del tradicional oficio de artista fallero y foguerer. Para defenderla tiene la palabra el señor Santamaría.


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El señor SANTAMARÍA I MATEO: Gracias, presidenta.


Señorías, saludamos a los gremios de artistas falleros y foguerers, con don José Latorre y don Pascual Domínguez a la cabeza; también a doña Carmen Alborch y María José Adsuar, de los ayuntamientos de Valencia y Alicante respectivamente.


Poco imaginaba el cónsul Décimo Juno que, agonizante la cuaresma e incipientes los azahares en la ciudad que fundara a orillas del Turia, temblaría la tierra con aspiración de olor acre en variopinto honor totémico que trasciende la internacionalidad. En el horizonte urbano valenciano se abre paso una manifestación social, una cultura, pero también una hoguera económica de primera magnitud, que tiene base, sin duda, en una técnica artesanal, en una profesión singular. El artista pone en la picota los días pasados, las gentes, las cosas, los hechos.
Nada escapa, nadie tiene fuero ante el espejo satírico. Antaño, y frustradas las germanías, los carpinteros agremiados y en su celebración sindical quemaban lo inservible, incluido el parot, madero donde colgar el candil compañero de la vigilia invernal, disfrazado, eso sí, de quienes con su actitud son objeto de crítica: el comerciante usurero, el avaro vecino, el edil aprovechado, el clero o la burguesía. Atrás el rito ancestral del fuego, las figuras divertidas, satíricas, junto a tercetos de improvisación vecinal, se convertían en un espectáculo de calle de configuración teatral, tablado y escena de premuñecos. Entrado ya el siglo XX se transforman en composiciones más complejas, arriesgadas, de mayor calidad estética. Nacía con ello el artista. Regino Mas, Luna, Varea de Chirivella, Santaeulalia o Monterrubio quedarán ligados para siempre a las fallas, como Mauricio Soler, Serra, Soriano o Gastón Castelló, dando cuerpo a las no menos conocidas fogueres d'Alacant, herederas sin duda del ancestral y mediterráneo culto al fuego celebrando el solsticio de verano. Hogueras que, de nacimiento agrícola, pasaron rápidamente a la ciudad. La falla más homogénea en la estética, más figurinista, la hoguera más libre, sin más referencia real que la imaginación del creador, ambas con talento, derrochan gracia e ingenio, críticas con el comportamiento antisocial y, como diría Josep Renau, de espíritu revolucionario. Luces para ambas, pero también malos tiempos, prohibiciones, censuras, incluso gravosos impuestos. Pero los artistas nunca esperaron a que escampara, aprendieron a bailar bajo la lluvia.


Señorías, quisiera que se fijaran en cualquier objeto o figura que tuvieran al alcance de su vista, hagan un pequeño esfuerzo de imaginación y conviértanla proporcionalmente en una figura de 28 metros de altura, similar a un edificio de diez alturas. Espectacular, arriesgado, ¿no, señorías? Lo que hemos hecho aquí rápidamente, en una falla, en una hoguera, requiere tiempo, imaginación, creatividad, talento, dibujo, informática, guión, modelado, escultura, carpintería singular, pintura, gestión de empresa, seguridad y salud laboral, múltiples habilidades técnicas y conocimientos específicos y comunes también a otras profesiones, capacitación de gran nivel y control sobre el contenido del trabajo. ¿Quién conoce todo ello? ¿Quién explicará qué es un cuerpo de bareta, blanc de panet, pintar a la cera o montar un sacabuch? ¿Cómo han de continuar estas técnicas artesanales legadas de unos a otros? ¿Quién investiga para mejorar y hacerlas sostenibles?

Señorías, pretendemos dar una respuesta a través de la formación profesional reglada que vendría a reconocer los conocimientos específicos para construir falles i fogueres. Señorías, ténganlo claro, hablamos de educación, de mejorar el nivel de formación de los ciudadanos; de fiesta hablaremos en otra hora, en otro lugar. Hoy pretendemos atender la formación de trabajadores y trabajadoras, formación de los escultores del fuego, que diría el profesor Ariño. Joan Fuster nos conminó a tomarnos en serio esta profesión, y nuestra intención es que el Gobierno de España, con el apoyo de SS.SS., elabore las cualificaciones profesionales y el título correspondiente. Necesitamos una oferta formativa que capacite para el ejercicio de actividades profesionales, que atienda las necesidades del sistema productivo y del empleo en las fallas, las hogueras, todo el sector de lo efímero, del ocio, del diseño, la escena, el cine, la televisión, como mínimo. Hemos oído también considerar una broma proponer iniciativas sobre quienes confeccionan el alma de la fiesta, sobre los que son el centro de un impacto económico de más de 750 millones de euros anuales solo en Valencia; sumen Castellón y Alicante, ¡vaya broma! Más de 7.500 empleos giran en torno a la actividad de aquellos que Vittorio de Sica calificó como capaces de hacer cualquier cosa; insisto, siempre hemos hablado de formación convencidos de que las dificultades de ahora y de siempre se superan antes con personas formadas y cualificadas.


Acabo, señorías. Proponemos formación para promocionar, regular y perpetuar una profesión, un oficio singular de España en particular, para fomentar el espíritu emprendedor, la actividad empresarial y dignificar la formación profesional en general, reconocer la competencia profesional por la experiencia, una reivindicación de los gremios, una necesidad sin duda. Implicarse hoy para afrontar con mayor garantía los retos del futuro y mejorar el empleo y la calidad de vida de los ciudadanos no es ninguna broma, ni para los valencianos ni para nuestro Grupo Socialista.
Por todo ello, señorías, pedimos el apoyo al texto transado con el Grupo Popular posponiendo la consideración de la enmienda de Convergència i Unió, con la que estamos de acuerdo pero que no es objeto de nuestra proposición.


Gracias, señorías. Gracias, presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Santamaría.


A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. Para defender en primer lugar la del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Torrado.


La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, esta es una semana muy especial para todos los valencianos. En apenas dos días

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culminaremos las fiestas más importantes de mi ciudad, Valencia, y precisamente en estos días es cuando el trabajo de los artistas falleros es más imprescindible para asegurar el buen desarrollo de los numerosos acontecimientos que tienen lugar en las fiestas falleras. A ellos quiero dedicarme especialmente en nombre del Grupo Popular, porque han hecho un esfuerzo muy importante para estar hoy aquí, en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Algunos han venido incluso sin dormir, para estar presentes en el debate de esta reivindicación que llevan reclamando mucho tiempo, años, y que por fin parece que va a ser atendida por parte del Gobierno. Digo muchos años porque en febrero de 2004, cuando todavía gobernaba el Partido Popular, se empezó a conformar el catálogo nacional de cualificaciones profesionales y los correspondientes módulos formativos que deben de incorporarse al catálogo modular de la formación profesional. Desde entonces el Gobierno socialista ha tenido tiempo sobrado de recoger en dicho catálogo las cualificaciones profesionales del mundo fallero, pues desde la Generalitat Valenciana se ha ofrecido reiteradamente su colaboración para diseñar dichas cualificaciones, mediante la aportación de especialistas y profesionales del sector.
También hubiera sido un buen momento dar este paso el año pasado, cuando el Ministerio de Educación decidió acabar con los programas de garantía social y, por tanto, con muchos de los programas que en la comunidad se desarrollaban con contenidos referidos al foguerer o al artista fallero.
Entonces sí que hubiera sido oportuno presentar una propuesta para crear un programa de cualificación profesional. Curiosamente tal propuesta no ha llegado hasta hoy, qué casualidad, a solo dos días de la celebración de la gran fiesta fallera. No sé si con ello el Grupo Socialista ha buscado aprovechar la actualidad del momento o, más bien, la ocasión para esconder tras la monumentalidad de nuestras fallas su manifiesta ineptitud a la hora de abordar la grave situación económica que atraviesa nuestro país. En el Grupo Popular estamos totalmente de acuerdo con la necesidad de reglar unos estudios que reconozcan el oficio de artista fallero y foguerer. Además vamos mucho más allá, ya que para reconocerlo proponemos que se tenga en cuenta la opinión de las instituciones y organizaciones directamente interesadas -que esta tarde nos acompañan aquí-, el gremio de artistas falleros y foguerers. Por eso vamos a apoyar esta transaccional, pero desde aquí les anuncio que próximamente presentaremos una proposición no de ley, ya que consideramos de justicia que el trabajo final de estas mujeres y de estos hombres alcance la categoría artística que le corresponde y, por tanto, que las fallas y las hogueras sean consideradas por la Unesco como bien de interés cultural inmaterial. La entrega de la medalla de oro de la ciudad de Valencia concedida por el ayuntamiento al Gremi d'Artistes Fallers en el año 2005 es de por sí un claro reconocimiento, pero ahora debe ser el Gobierno central quien dé un paso más. De ahí la próxima iniciativa que les he anunciado.


Señorías, desde el Grupo Popular apoyamos esta propuesta, teniendo en cuenta además que los procedimientos empleados para la construcción de las fallas y hogueras se utilizan en otros ámbitos como son los decorados, los escenarios, cine o teatro. Por darles un ejemplo más, solamente durante las fallas que se están celebrando estos días la ocupación hotelera en Valencia, en mi ciudad, será aproximadamente del cien por cien en el centro de la ciudad; un total de 7.580 puestos de trabajo, una cifra muy estimable, ante la angustiosa situación de destrucción de puestos de trabajo a la que nos ha llevado este Gobierno.
Probablemente si el Gobierno hubiera atendido antes estas reivindicaciones, las fiestas de las fallas de Valencia y las hogueras de Alicante, las fiestas de la Comunidad Valenciana, contarían hoy con un importante apoyo más que las haría, si cabe, todavía más grandes.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Torrado.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, mi grupo parlamentario conoce y reconoce la importancia de las fallas y de sus oficios tradicionales. La proposición no de ley que ha traído hoy al Pleno el Grupo Parlamentario Socialista ya expone con claridad el relieve social de esta manifestación cultural y, evidentemente, nosotros la compartimos. A pesar de ello, nuestro grupo ha presentado una enmienda de adición para mejorar la iniciativa del Grupo Socialista. Con ello pretendemos recoger el carácter singular de los elementos festivos de la cultura popular y tradicional con fuego, instando al Gobierno a respetar las competencias de las comunidades autónomas en la trasposición al ordenamiento interno de la Directiva 2007/23, del Parlamento Europeo, y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos, para permitir en el mercado excepciones en las condiciones de uso del material pirotécnico en aquellas manifestaciones culturales que se desarrollen en su territorio y que cada comunidad autónoma considere oportunas.


Es importante añadir el contenido de nuestra enmienda, porque así ampliamos el objeto de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, eso sí, sin desvirtuarla en ningún caso, sino que la dotamos de mayor alcance. Mi grupo parlamentario, mediante esta enmienda, pretende solucionar una preocupación de muchas personas vinculadas a los grupos de cultura popular y tradicional del fuego, porque las disposiciones de la directiva que he mencionado pueden suponer una limitación muy importante para el desarrollo de las actividades que realizan. En concreto, esta directiva establece unas distancias mínimas de 15 metros para determinados artificios de pirotecnia, a la que deberán situarse los asistentes de una actuación con material pirotécnico, requisito que impedirá

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la celebración de los tradicionales corrafocs, la revetlla de Sant Joan o, en el caso concreto de Berga, la celebración de la Patum, declarada patrimonio mundial de la humanidad por la Unesco. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Asimismo, la directiva también prohíbe cualquier actividad con material pirotécnico en actos en los que intervengan menores de 12 años, prohibición que supondría la imposibilidad de celebrar los corrafocs infantiles y, en consecuencia, otros actos de la Patum infantil de Berga.


En este sentido, la trasposición de la directiva europea ha generado una gran preocupación en todos esos colectivos, que ven amenazadas sus actividades. Por tanto, mediante nuestro enmienda queremos aprovechar para solucionar también esta cuestión que últimamente, como decíamos con anterioridad, ha llevado la alarma a muchos grupos, a muchos colectivos vinculados con estas fiestas tan tradicionales y de tanto arraigo cultural en nuestro país. Pediríamos, por tanto, que fuera aceptada nuestra enmienda, que no hace más que mejorar y, si cabe, enriquecer la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.


Para fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, permítanme, en primer lugar, un saludo en nombre del Grupo Mixto a los gremios de artistas falleros que nos acompañan hoy en este salón de plenos. El arte, la cultura de las fallas, ha sido el que es, y tiene el reconocimiento de los ciudadanos, sin tener una formación reglada. Ojalá que esta iniciativa parlamentaria que permite modificar el marco legislativo-educativo, que permite incorporar, como en derecho y en justicia corresponde, este grado profesional en formación reglada de artistas falleros, no vaya en detrimento del esplendor del arte que ustedes han desarrollado durante tantos años y el reconocimiento que tienen en la ciudadanía. Por tanto, tienen un reconocimiento, tienen un valor, tienen la declaración de bien de interés cultural, sin tener una formación reglada. Creo que es importantísimo destacar esto esta tarde en el Congreso para mayor reconocimiento de su tradición. Está claro que ha habido iniciativas de los poderes públicos a través de programas de garantías, de escuelas-taller o de centros ocupacionales, pero también está clara esa vocación que vincula un sentimiento a una sensibilidad que ustedes han desarrollado.


Nosotros vamos a votar favorablemente tanto la iniciativa planteada como la transaccional que han presentado los grupos mayoritarios de la Cámara.
Sin embargo, señorías, es posible que nos encontremos con una situación novedosa. Tendremos una formación reglada de artistas falleros, pero tendremos que trasponer una directiva comunitaria que puede imposibilitar el esplendor de la fiesta. Por eso valorábamos de manera positiva la iniciativa de Convergència i Unió de vincular a esta iniciativa la trasposición de la directiva comunitaria, una directiva en relación con la cual recientemente, a una pregunta de Esquerra Republicana de Catalunya, del señor Tardà, el ministro de Industria, Turismo y Comercio contestaba que había una predisposición del Gobierno para trasponer esta directiva preservando esas tradiciones populares vinculadas a la pirotecnia y a la cultura del fuego. Recientemente, el Cabildo insular de la isla de La Palma, a la que represento en esta Cámara, así como también el Cabildo insular de Tenerife, aprobó una iniciativa presentada por el Partido Popular, en la que se planteaba la sensibilidad del Gobierno en la trasposición de esta directiva y la petición al Gobierno de escuchar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a los gobiernos insulares, a los artistas, a los gremios como el de ustedes, a la hora de trasponer esa directiva comunitaria. A nosotros nos parece muy importante y por eso seguimos planteando que se acepte esta enmienda de adición presentada por Convergència i Unió. Para ustedes las fallas y para nosotros la fiesta del diablo en Tijarafe, que tiene iniciado ya el expediente de declaración de bien de interés cultural, o el borrachito fogatero, en la Villa de Mazo, verían disminuido su atractivo cultural con la trasposición conforme a los parámetros establecidos por la directiva comunitaria, el no posible fuego aleatorio, indiscriminado y la necesidad de estar a 15 metros del punto emisor de ese fuego. Por eso digo que felicidades por el avance y muchísimas más felicidades por el trabajo desarrollado hasta ahora, como decía al principio, sin necesidad de tener una reglamentación, una oficialidad, una formación reglada, pero, indudablemente, si el Gobierno no es capaz de trasponer esta directiva conforme a los marcos de los que estamos hablando, escuchándoles a ustedes con su experiencia, escuchando a las comunidades autónomas en el marco de sus competencias, escuchando a las corporaciones insulares o locales, no avanzaremos. Tendremos artistas reglados, pero no podremos tener fallas y eso, en definitiva, no es lo que se pretende. Por eso nos gustaría que se aceptara la enmienda presentada por Convergéncia i Unió y en todo caso vamos a dar nuestro voto favorable a la iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Tiene ahora la palabra para fijar posición el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la formación profesional tiene solamente el sentido de formar y educar a las personas en el ámbito de la profesión, pero prioritariamente como personas, y siempre hemos dicho que la primera premisa es que la formación profesional esté contextualizada en el medio que sirva a las personas y a las empresas, es decir, que sirva al mundo económico. De hecho, estas son las tres cláusulas

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básicas para que una formación profesional sea moderna y tenga una finalidad social. Ciertamente, es evidente que a partir de estas premisas hay que adaptar los currículos y hacerlos compatibles no solamente con los horarios de los trabajadores o con las necesidades de las empresas, sino básicamente dando respuesta al medio, a las necesidades del territorio y siendo armónica con la antropología del país, de la ciudad, de la comarca en la cual está situada. De manera que uno no deja de sorprenderse de que esto aparezca hoy aquí, puesto que tenemos un real decreto del año 2003 donde aparecen todas las familias profesionales.
Ustedes saben que es competencia de la Administración central del Estado el 55 por ciento de los contenidos y corresponde a la Generalitat de Catalunya, a la Generalitat del País Valencià o a otros gobiernos autonómicos el 45 por ciento restante. Es decir, la Generalitat del País Valencià ya podría haber ofertado ciclos formativos de grado medio o de grado superior ateniéndonos a la legislación española. Si no se ha hecho será por desidia, por desinterés o quizá por falta de presión incluso de la oposición en las Cortes Valencianas en el año 2009, cuando hace ya muchos años -hablábamos, por ejemplo, de la falla de Na Jordana, que tiene más de 150 años- que las clases populares en el País Valencià han desarrollado una cultura industrial fallera; por cierto, en crisis. Según un estudio elaborado por la Interagrupación de Fallas, con datos del año 2008, el movimiento económico total generado por la fiesta fallera en la capital de Valencia alcanza los 612 millones de euros. Pero, ¿ustedes saben cuál es el salario medio de los trabajadores que se dedican a ello? Pues 834,5 euros. Y en los pequeños talleres falleros la cifra no alcanza el salario mínimo interprofesional. Detrás de este escaparate de modernidad y desarrollo económico que nos brinda el Partido Popular en el País Valencià, hay miseria. Y cuando digo miseria no me refiero a las dignidades, puesto que en las clases populares en el País Valencià y en el mundo de la cultura popular de las fallas del fuego lo que nunca ha escaseado es la dignidad y lo que ha sobrado es la explotación económica e ideológica.


Celebramos que haya llegado esta iniciativa, que -repito- suena un tanto a falla, incluso esta proposición no de ley, que nosotros votaremos a favor plenamente convencidos. Dicho esto, que en el año 2009 algo tan importante como las fallas y toda la cultura que se desprende de las fallas tenga que aterrizar en el Parlamento español, el gran Parlamento de una potencia mundial, para que se regule un ciclo formativo de grado medio o de grado superior, es como para que se le caiga la cara de vergüenza al Gobierno de la Generalitat Valenciana por desidia y por desinterés, y también el Partido Socialista tendría que preguntarse si ha apretado suficientemente en las Cortes Valencianas.


Sea lo que fuere, celebramos que llegue esta proposición no de ley que vamos a votar a favor y deseamos que en la ciudad de Valencia se puedan vivir unas fiestas de una manera ultrafestiva y de la manera más feliz posible.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Pregunto al grupo proponente si acepta alguna de las enmiendas para su votación. Señor Santamaría.


El señor SANTAMARÍA I MATEO: Señor presidente, hemos llegado a un texto transaccional con el Grupo Popular y, lamentablemente, con la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, aun estando de acuerdo, no viniendo a la cuestión...


El señor PRESIDENTE: No es necesario la explicación. Le pregunto por la enmienda transaccional presentada.


El señor SANTAMARÍA I MATEO: Sí, hemos llegado a una transaccional.


El señor PRESIDENTE: Pregunto a la Cámara: ¿Se opone algún grupo parlamentario a su tramitación? (Pausa.) Muchas gracias. Se tramitará la transaccional para su votación en el momento oportuno.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS AYUDAS AL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN. (Número de expediente 162/000332.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a las ayudas al sector de la automoción.


Para su defensa tiene la palabra doña Fátima Báñez.


La señora BAÑEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, el sector de la automoción vive su peor momento. Las matriculaciones de automóviles cayeron un 48 por ciento en el mes de febrero. Esta caída de más de 60.000 unidades matriculadas se suma a las 42.000 de enero y a las 450.000 del año pasado. No se veían peores cifras, señorías, desde 1993, año en el que también era ministro de Economía el señor Solbes. Mientras tanto, en Europa las ventas de vehículos han caído, pero han caído bastante menos, un 18 por ciento.


El sector de la automoción, entre empresas fabricantes, distribuidoras e industrias auxiliares de componentes, cuenta con más de 350.000 empleos directos e indirectos, que se están viendo gravemente amenazados por la crisis. Ya hay más de 100.000 trabajadores afectados por la bajada de las ventas; muchos de ellos están sufriendo ERE temporales y otros ya han sido despedidos. Por tanto, la situación del sector, señorías, es insostenible.


Según sus propias estimaciones entre el año pasado y este se dejarán de vender más de 915.000 coches nuevos; una cifra que si la sumamos a la de los coches usados estamos hablando de que se dejarán de comercializar casi un millón y medio de unidades. Eso significará también que se van a dejar de producir este año casi un millón de

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vehículos, con la correspondiente pérdida de empleo si se lleva finalmente a cabo. Esta es una situación de extrema gravedad en un sector fundamental y capital de la economía española. Y tenemos un problema añadido: el stock de vehículos que tiene la industria, 450.000 vehículos; una tragedia que hace que el sector esté sumido en una crisis de proporciones muy graves.


En esas circunstancias, señorías, ¿qué hace el Gobierno? Pues sencillamente, ni actúa ni deja actuar. En el pasado Consejo de la Unión Europea del 5 de marzo se reunieron representantes de todos los países para tomar medidas armonizadas. La representación española estuvo compuesta por el secretario de Estado para la Unión Europea, el secretario de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación y, curiosamente, ningún representante del Ministerio de Industria. Con la profunda crisis que vive el sector del automóvil, con las miles de personas que se han ido ya al paro y con los efectos perniciosos que este sector clave está teniendo en la economía española, el ministro de Industria se ausenta, no está ni se le espera en la toma de importantes decisiones para el sector en Europa. ¿Es eso defender los intereses de la industria española, señorías? (Aplausos.) Pero es que a esta ausencia del ministro en Europa se le añade la ausencia de hoy, de un representante del Partido Socialista, en la asamblea nacional de los distribuidores de España, a la que tampoco han ido porque ni están ni quieren escuchar a la calle. No quieren escuchar lo que se les dice desde el sector. Señorías, la economía en crisis, el Gobierno en crisis y el Partido Socialista también está ya en crisis. No escucha a los ciudadanos.


Señorías, esta situación es muy grave y desde el Partido Popular la vamos a denunciar desde el primer momento. Hemos presentado iniciativas y el Gobierno de España -la señora vicepresidenta del Gobierno- nos las ha vetado. Nos han vetado diez proposiciones de ley. En el Partido Popular tenemos alternativas y venimos a presentarlas. Dos de ellas son fundamentales para el sector de la automoción: la primera, la recuperación del Plan Prever con ayudas directas hasta 1.000 euros para la compra de vehículos y, la segunda, la eliminación del impuesto sobre matriculación durante dos años. Dos medidas demandadas por el sector desde el primer día, dos medidas que han funcionado en otros países.
Antes les decía que ha caído la venta de automóviles en España un 48 por ciento. ¿Saben ustedes lo que ha pasado en Alemania? Que ha subido un 21,5 por ciento. ¿Por qué? Porque han bajado los impuestos y están poniendo ayudas directas como el Plan Prever que piden el sector y el Grupo Parlamentario Popular esta tarde. Señorías, el 15 de enero de 2009 Alemania tomó esta medida y consiguió remontar las ventas, desde una caída del 14 por ciento a ese 21,5 por ciento. Algo estaremos haciendo mal con el Plan VIVE, que no funciona, que hace que las ventas del sector caigan un 48 por ciento. Señorías, traigamos hoy aquí la experiencia del Plan Prever que tuvimos en otros tiempos en España y que funcionó con los gobiernos del Partido Popular, y que el sector reclama. Aprobémoslo entre todos hoy, como ellos nos piden, porque en Alemania, que no es un país sospechoso, está funcionando.


Queremos presentar alguna alternativa más. Estas son medidas que animarían a los consumidores a acudir a un concesionario a comprar un coche, que es lo que nos demanda en bloque el sector del automóvil, pero también nos queremos acordar de la parte más débil del sector de la automoción, que es el sector industrial. Por eso queremos una línea ICO-PYME para recuperar el sector del vehículo industrial, cuyas ventas desgraciadamente están cayendo por encima del 80 por ciento de un año para otro. Las últimas medidas de nuestra proposición no de ley van destinadas a mejorar la financiación de estas empresas, a mejorar su competitividad y su situación actual. Pedimos el aplazamiento por dos años de las cuotas de la Seguridad Social para las empresas del sector, para las empresas que así lo soliciten, como nos pide en una enmienda UPyD, y la recuperación de las deducciones por inversiones en I+D+i por el impuesto de sociedades. Son medidas que presentamos esta tarde y a las que no deberíamos dejar de hacer caso, señorías. Es necesario que se tomen medidas eficaces, medidas que impidan que se vaya masivamente gente al paro, como está ocurriendo ya. Está en nuestras manos esta tarde ayudar a atajarlo, con el esfuerzo y con la suma de sus voluntades. A eso les convoca el Partido Popular, por el sector y por el empleo del sector.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Báñez.


Para la defensa de las enmiendas por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Salvador y, posteriormente, el señor Jorquera.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, una vez más debatimos una propuesta de gran calado económico.
Una vez más subo a la tribuna e intervengo para afirmar que mucho me temo que las medidas van a llegar tarde. Una vez más debemos reiterar la necesidad de un gran acuerdo nacional que dé sentido, coherencia y unidad a la medidas que cada grupo propone, para que cada sector afectado por la crisis, que son todos, tenga respuesta. Una vez más tenemos que denunciar la pasividad de este Gobierno noqueado en estas semanas que, ante la mayor crisis que jamás conoció nuestra nación, se preocupa más por la aritmética parlamentaria coyuntural que por encontrar respuestas unitarias a este terremoto.


Las medidas que plantea la moción que presenta el PP nos parecen correctas, y las vamos a apoyar. En Navarra, la actividad económica generada en torno a la fábrica de Volkswagen, en Landaben, supone, como saben, un peso muy importante en nuestro PIB regional. Por esa razón, el Gobierno de Navarra lleva aplicando desde el año 2005 un programa especifico de actuación en este sector, en el que se incluye el proyecto europeo Ícaro, de cuyos efectos

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nos podemos sentir orgullosos. Seguramente esta preocupación por el futuro del sector le ha permitido al Gobierno de Navarra, liderado por mi partido, Unión del Pueblo Navarro, en paralelo a esta discusión parlamentaria, anunciar esta misma tarde una serie de medidas para animar la demanda y el consumo de vehículos por las que la Comunidad Foral de Navarra dará ayudas desde 1.200 euros hasta 2.200 euros para la compra y sustitución de vehículos viejos, en función de su bajo consumo y nivel de emisiones. Son medidas muy oportunas, según el sector del automóvil, que van a ser una realidad con carácter inmediato. Navarra, una vez más, se pone a la cabeza de las comunidades en la toma de decisiones para afrontar la crisis económica. Pero para poder impulsar estas medidas en este concreto sector, como requerirían las que ahora presenta el PP, tuvieron que darse varias condiciones. Primera, prever la crisis, no negarla. Segunda, tomar conciencia política y económica de su gravedad.
Tercera, informar abiertamente de sus posibles consecuencias a la ciudadanía. Cuarta, buscar un diagnóstico compartido por el sector del automóvil con el principal partido de la oposición, con las empresas, con los sindicatos y con los centros tecnológicos. Quinta, consensuar con todos ellos las medidas más convenientes y, sexta, tener el coraje político de defender públicamente las medidas pactadas por todos y sacarlas adelante.


Señorías, nadie puede abstraerse en la crisis total que padecemos, pero parece más aconsejable en estos momentos dejarse acompañar por el mayor grado de apoyo social posible. Es verdad que nadie puede aventurar hoy el éxito de las medidas, sean estas cuales sean, pero también es cierto que no parece muy recomendable, por mucho que en estos momentos sea la doctrina oficial del Gobierno, quedarse parado esperando que sean otros los que nos saquen de nuestra gravísima situación.


Hemos oído y leído en estos días a algunos economistas de prestigio afirmar que poco podemos hacer los españoles para salir de esta situación. Yo creo que se equivocan. Quiero aprovechar esta moción para pedir al Gobierno que escuche las voces también autorizadas de quienes abogan por acometer reformas estructurales que sienten las bases de un nuevo edificio económico más sólido y más eficiente. Es verdad que estaríamos más preparados para salir de este terremoto si hubiéramos hecho los deberes en tiempos de bonanza, pero nos comportamos como la cigarra de la fábula y ahora la despensa parece incapaz de dar de comer a todos.


Lo peor de la crisis, señores de la mayoría, está aún por venir, y lo cierto es que ni el Gobierno socialista es capaz de liderar el impulso necesario para salir de esta situación ni la oposición está dispuesta a anticipar las costosas recetas que finalmente tendremos que acometer entre todos y que nadie quiere oír.


El señor PRESIDENTE: Señor Salvador, tiene que acabar.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Termino, señor presidente.


Así, cada día que pasa el agujero es más profundo y la recuperación más difícil. En Navarra, señorías, más allá de los intereses particulares de cada uno y de sus responsabilidades políticas respectivas, tenemos claro que saldremos de la crisis solo si caminamos juntos por este sendero lleno de dificultades con el esfuerzo y la colaboración de todos.
Señorías, señor presidente, el ejemplo de esta colaboración entre tradicionales adversarios es el que también podemos ofrecer modestamente para sacar adelante esta moción.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Coincidimos con el grupo parlamentario proponente en que la grave crisis del sector de la automoción y el peso que este sector tiene en la economía en su conjunto, derivado del volumen de empleo que genera y el efecto arrastre del sector con una importante industria auxiliar, hace necesario articular medidas específicas destinadas a garantizar la actividad en el mismo y a mantener los puestos de trabajo en el sector.
Nos parece que algunas de las medidas contempladas en esta proposición no de ley son acertadas. Es necesario establecer una nueva línea de crédito ICO-PYME para la adquisición de vehículos industriales que sean de primera matriculación. También coincidimos en la necesidad de recuperar las deducciones por inversiones en materia de I+D+i en el impuesto sobre sociedades. El BNG no es partidario de una política generalizada de deducciones en el impuesto sobre sociedades, pero la relativa a las inversiones en materia de I+D+i debe tener un tratamiento y, por tanto, debe merecer consideración.


En cambio, tenemos nuestras reservas con respecto a otros puntos contenidos en esta proposición no de ley. En particular me voy a referir a los puntos 1 y 2 y al punto 4. Por lo que se refiere a los puntos 1 y 2, en el BNG estamos de acuerdo en que es necesario impulsar medidas de fomento del consumo en este sector mediante incentivos a los consumidores. En todo caso, consideramos más apropiada una estrategia basada en ayudas directas que retome la filosofía de lo que fue en su momento el Plan Renove, en vez de la estrategia que se anuncia, basada en bonificaciones y deducciones sobre el impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Por eso proponemos una enmienda alternativa del siguiente tenor: Redimensionamiento y reformulación del Plan VIVE, de manera que las ayudas a la financiación ya contempladas se acompañen de ayudas directas a la entrega de un coche usado en la compra de uno nuevo.


El BNG no es partidario de medidas que tengan un impacto negativo en la recaudación del Estado porque entendemos que es necesario que el Estado tenga recursos

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para impulsar políticas activas contra la crisis, aparte de que esto también tendría un impacto en las finanzas autonómicas dado que estamos hablando de un impuesto estatal cedido a estas. También nos merece reservas el punto 4. La grave crisis que padece el sector del automóvil es debida a un intenso descenso de la demanda en el Estado español. No se trata, pues, de un problema de costes laborales, por lo que, a nuestro juicio, no está justificada esta medida, que además supone una discriminación con respecto a otros sectores que atraviesan dificultades.
En todo caso y desde nuestro punto de vista, una medida de este tipo solo sería justificable si se exigen contrapartidas a las empresas beneficiarias, como un compromiso claro y taxativo de mantener los puestos de trabajo.


Nuestra posición de voto final dependerá de la actitud que mantenga el grupo proponente con relación a estas enmiendas presentadas por el BNG, desde el convencimiento de que es necesario un plan de choque mucho más ambicioso que las políticas que se están implementando para hacer frente a la situación del sector.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda de adición al núcleo central de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con cuyo texto estamos de acuerdo, porque coincide básicamente con algunas iniciativas legislativas que nuestro grupo parlamentario tiene planteadas en la Comisión de Industria. Repito que estamos absolutamente de acuerdo con el núcleo central de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, ya que coinciden, como he dicho anteriormente, con los objetivos que Convergència i Unió viene persiguiendo a lo largo de esta legislatura.


Tenemos una enmienda de adición que corresponde al punto número 1. Estamos totalmente de acuerdo en que hay que bonificar temporalmente el cien por cien del importe de la cuota del impuesto especial sobre determinados medios de transporte durante dos años a los vehículos menos contaminantes, pero pensamos que también es importante prever, en aplicación del principio de lealtad institucional, la compensación por parte del Estado a las comunidades autónomas en forma de impuesto estatal cedido a estas administraciones, las perjudicadas por esta situación -que además ya lo están suficientemente por otros aspectos que no están resueltos, como es la financiación autonómica-, para que no salgan perdiendo con la aprobación de esta iniciativa legislativa.


Vamos a votar favorablemente y con muchísima intensidad esta propuesta para que salga adelante, si es posible, con la aprobación de la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Si no saliera adelante -espero que no ocurra-, si el Grupo Socialista, el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno no estuviera de acuerdo con esta iniciativa legislativa y no la apoyara -ya sabemos que es una proposición no de ley y que desgraciadamente en el cielo hay multitud de proposiciones no de ley que estando aprobadas por esta Cámara no se han cumplido-, pediría que el Gobierno la tuviera en consideración, pues de la aplicación o no de esta iniciativa, que probablemente salga aprobada esta tarde, dependen muchísimos puestos de trabajo en España, del sector de la automoción y de los sectores de la distribución, la reparación y los componentes del automóvil. Ustedes han de tener en cuenta que en el caso de que salga aprobada, van a tener un grave problema de conciencia si no la ponen en práctica inmediatamente.


Esta mañana, los representantes de dos grupos parlamentarios de esta Cámara, concretamente el del Grupo Popular don Celso Delgado y quien está en uso de la palabra en este momento, representando a dos formaciones políticas que están en la misma dirección, hemos tenido la oportunidad de hablar ante 500 personas, 500 distribuidores de todo el territorio español que estaban ansiosos por saber si esta proposición prosperaría o no. Nosotros hemos informado que nuestros grupos parlamentarios estaban a favor de estos planeamientos e instamos al Gobierno a que en caso de que sea aprobada no tarden ni una semana en ponerla en práctica, ya que el sector está necesitado de estas medidas que van en esta dirección, puesto que otros países como Alemania, Francia o Inglaterra las han puesto en práctica. Han puesto en práctica un plan Prever con bonificaciones directas e incentivos al consumo de 2.000 y 2.500 euros, y gracias a estos incentivos hoy las fábricas españolas que están exportando vehículos a la Unión Europea tienen la posibilidad de no aplicar todavía los ERE con la intensidad con que los están aplicando algunas otras fábricas ubicadas en el territorio español. Por lo tanto, señorías, señores del Grupo Socialista, tómense en serio estas medidas. Las medidas que han planteado hasta la fecha son insuficientes, son perdigonadas, no van al núcleo central de la cuestión. Desde Convergència i Unió vamos a votar favorablemente la proposición no de ley y vamos a reclamarles insistentemente que en caso de que salga aprobada la pongan en práctica inmediatamente. Si no, les va a pesar sobre su conciencia la cantidad de gente que va a ir al paro del sector de la automoción por no poner en práctica medidas de esta intensidad.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra don Jesús Alique.


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El señor ALIQUE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de sustitución a la propuesta del Grupo Popular porque la consideramos incoherente, además de desconocer lo que en este momento se está haciendo a favor del sector del automóvil. Es cierto que este sector es estratégico para la economía nacional, como también es cierto que está viéndose afectado por la crisis económica, principalmente por la caída de la demanda de vehículos aquí pero también en el resto de países europeos, pues no debemos olvidar que el 85 por ciento de lo que producimos aquí se exporta y el 75 por ciento de lo que consumimos se importa. Precisamente por eso, el apoyo del Gobierno al sector de la automoción es firme y permanente. España, con el Plan VIVE, ha sido el primer país en introducir medidas de apoyo a la demanda, además de renovar el parque de vehículos ecológicos, innovadores y más seguros. Además, el Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan integral de automoción para mejorar el tejido productivo y mejorar la competitividad del sector con una inversión de 4.070 millones de euros.
Somos el segundo país de la Unión Europea con mayor presupuesto para este sector, muy por delante de Reino Unido y de Alemania, y en ayuda a la demanda en relación con el PIB somos los primeros, por delante de Alemania y de Francia.


Señorías, las medidas del plan integral están presentadas para el presente pero también para el futuro y entre ellas se encuentra el plan de competitividad y la mejora logística, entre otras medidas, pero ya veo, señores del Grupo Popular, que esto no les interesa, o desconocen todo aquello que se está haciendo en este momento, porque ustedes en los puntos 3, 4 y 5 proponen medidas que simple y llanamente existen y, por tanto, no tienen sentido. Proponen una línea ICO-PYME. Existen dos: la línea ICO-PYME y la línea ICO-Transporte, además de los incentivos en el Plan VIVE para vehículos comerciales. Proponen el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social. Ya las empresas con dificultades en este año 2009 se benefician de las mismas. Proponen deducciones en la inversión del I+D+i. Sepan ustedes que están vigentes hasta 2012 y que esta Cámara ha mostrado su voluntad de mantenerlas más allá de esa fecha.


Por otra parte, quizá convenga recordar a SS.SS. que los vehículos menos contaminantes están exentos del pago del impuesto y que el resto tributan en función de las emisiones de CO2, es decir, que este nuevo impuesto tiene como objetivo ser un verdadero instrumento fiscal para la reducción de las emisiones de CO2, de acuerdo con la Ley de Calidad del Aire. Por ello, es importante que no se utilice esta ley para otras cosas. Además, poner en este impuesto incentivos fiscales similares a los del Plan Prever obligaría a subir los tipos impositivos o supondría una merma de la recaudación neta, lo cual, independientemente de afectar al presupuesto, afecta al principio de lealtad institucional con las comunidades autónomas, que son quienes recaudan porque tienen cedido este impuesto.


CiU pretende en su enmienda que el Estado compense la pérdida de recaudación a las comunidades autónomas. Pues bien, sería conveniente que CiU pero también el PP si acepta esta propuesta digan alto y claro a los ciudadanos dónde quieren quitar gastos, si son gastos de política social o qué gastos; o bien, si quieren subir impuestos, que digan también qué tipo de impuestos. Sería muy conveniente que lo explicasen siquiera por un ejercicio de responsabilidad, sensatez y coherencia. No parece razonable desvestir a un santo para vestir a otro; sobre todo cuando afecta al modelo de financiación de las comunidades autónomas parece más razonable que este tipo de cuestiones se planteen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además, el Gobierno de España está dando a través del Plan VIVE una subvención implícita de más de 2.000 euros facilitando a los ciudadanos el acceso al crédito en un momento de restricción financiera. Esto es muy importante.


Nos parece que el Gobierno está trabajando en una dirección correcta apoyando la demanda y también la oferta, al tejido productivo para hacerlo más fuerte y más competitivo de cara al futuro a través del Plan integral de automoción, que el Gobierno quiere compartir con los agentes económicos y sociales y también con las comunidades autónomas, tema sobre el que por cierto el otro día el ministro se comprometió a abrir un grupo de trabajo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alique.


Para fijar posición por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, creo que nadie puede discutir la magnitud de la crisis del sector de la automoción. Lo que seguramente serían discutibles son las recetas a aplicar y la eficacia o la hipotética eficacia de las que se estén aplicando. Las cifras evidentemente no mienten: caída de ventas del 28 por ciento en el año anterior, una caída interanual de casi el 50 por ciento en el mes de diciembre, del 41 largo por ciento en el mes de enero. Parece claro que esta tendencia de momento no tiene freno y que es un factor clave en la crisis.


Hace una semana comparecía el señor ministro en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo y le preguntamos algunos grupos si al Plan VIVE se sumarían algunas medidas complementarias de apoyo a la demanda y en concreto salió a relucir el caso de Francia y Alemania con ayudas directas importantes. El señor ministro, con una coherencia que creo indiscutible, explicó que desde hace catorce años el Estado español está aplicando estas medidas, que Alemania hace solamente unos meses que lo está haciendo y precisamente por eso -decía él- tienen un efecto inmediato. Él explicaba que justamente los catorce años que el Estado español lleva aplicando estas medidas han implicado un aumento en el consumo del 22 por ciento, mientras que en Alemania había caído

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en ese mismo periodo de tiempo un 3 por ciento. También explicaba que únicamente una cuarta parte de las ayudas públicas directas crearían empleo en España y que por tanto esas políticas de ayudas directas debían ser limitadas en el tiempo. Asimismo se permitió comparar la actitud de los fabricantes en Alemania, donde según él el Gobierno aportaba 2.500 euros pero los fabricantes otros 2.500, y acabó reflexionando en voz alta y apostando por que el Plan VIVE funcionaría mejor si en España la colaboración fuese más o menos la misma. Además explicó que considera que el Plan VIVE va a un ritmo doble de lo previsto y por tanto lo encontró positivo.


Sinceramente las argumentaciones del ministro, como ya dijo él, no todo el mundo las entiende de la misma manera, pero tampoco se puede argumentar en sentido estrictamente contrario. De todas formas es evidente que se puede constatar que en el sector de la automoción se demandan nuevas medidas urgentes o al menos complementarias, que las comunidades autónomas están colaborando en el Plan integral de automoción; en el caso de Cataluña es conocida la cifra de 465 millones de euros en el plan de rescate e incluso en las propias aportaciones del Ministerio de Industria, un 26 por ciento de las solicitudes para el plan de competitividad han venido desde Cataluña. Creo que la colaboración existe, pero en el sector se demandan nuevas soluciones, nuevas medidas para mejorar la competitividad, la internacionalización, también la diversificación del sector -atendiendo al sector auxiliar, no solamente al que llamaríamos venta directa-, ayudas directas a la adquisición de nuevos vehículos -lo que se llama el rejuvenecimiento- y, por qué no, agilizar la financiación. En cualquier caso, coincidiendo o no con el discurso del ministro, nos parece que las medidas son insuficientes, que se reclaman otras soluciones, y aunque pudiéramos no estar del todo de acuerdo con las cinco que ha planteado el Grupo Popular, porque en algunos casos ya se están implementando de alguna forma, si bien respecto a otras probablemente habría discusiones, sobre todo las referidas a exención de impuestos, valoramos globalmente la intención positiva de aportar soluciones a un sector en crisis. Nos desmarcamos evidentemente de la crítica política que implicaba el discurso del Grupo Popular, pero estamos de acuerdo globalmente con las cinco medidas que propone y, por tanto, desde nuestro grupo le vamos a dar apoyo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señores diputados, señoras diputadas, nuestro grupo parlamentario, el Grupo Vasco, es, al igual que el resto de los grupos de esta Cámara, plenamente consciente de la gravedad de la crisis económica y de la repercusión que esta tiene en multitud de sectores, tanto en el ámbito de los servicios como de la industria; una crisis profunda, intensa y cuya salida no se atisba por el momento. Por ello, ahora más que nunca la adopción de medidas de política económica tanto generales como sectoriales es de enorme importancia y urgencia.


El sector del automóvil ha sido especialmente castigado por la crisis. La falta de confianza y el retraimiento del consumo ha hecho que multitud de familias y empresas hayan demorado su decisión de compra de automóviles para tiempos futuros. Así, un sector tan estratégico como el del automóvil está pasando por un mal trance. Tenemos que reaccionar al respecto. Tan solo el subsector de concesionarios de vehículos emplea a más de 170.000 personas en todo el Estado y muchas de ellas se encuentran sin trabajo por la brutal caída que todos conocemos de las ventas a lo largo de los últimos meses, en concreto a lo largo del último año y medio. Si a este le añadimos el de la producción de vehículos industriales y turismos con las consecuencias directas e indirectas en la industria auxiliar del automóvil, el número de trabajadores en riesgo real de perder el empleo se multiplica con las negativas consecuencias tanto personales como económicas que de ello se derivan. Es preciso, por tanto, tomar medidas.


El propio ministro de Industria en la comparecencia de la pasada semana mostró su preocupación por el sector y apuntó algunas medidas que el Gobierno estaba barajando. Argumentó que es preciso mantener activas las unidades productivas, puesto que la del automóvil es una industria de futuro. Nos habló del Plan integral de automoción y desgranó algunas de las medidas que en él se contemplan. Sin entrar en el detalle de las mismas, desde el Grupo Vasco pensamos que las que plantea hoy el Grupo Popular a través de la PNL pueden perfectamente servir también para impulsar el sector en la dirección adecuada y necesaria. Además, somos conscientes de que el sector del automóvil o al menos gran parte del mismo recibirían con entusiasmo las medidas que se proponen en esta iniciativa. La bonificación temporal del cien por cien de la cuota del impuesto especial sobre determinados medios de transporte para vehículos menos contaminantes es una medida que impulsa además un tipo de vehículos de futuro. Recuperar el Plan Prever permitirá a las familias, sin ninguna duda, que adelanten sus decisiones de compra de vehículos animando la demanda privada, que se encuentra tan deprimida, con el consecuente efecto beneficioso en el conjunto de la economía. Facilitar la financiación de los vehículos industriales es otra medida, al igual que facilitar la liquidez a las empresas del sector que se encuentran con problemas graves de liquidez, vía el aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, puede permitir que muchas de ellas sobrevivan hoy y de esta manera también sobrevivan en el futuro. Nos parece importante también y así lo hemos defendido y apoyado en otras ocasiones que las inversiones en I+D+i tengan un tratamiento más favorable en el impuesto sobre sociedades.


A juicio del Grupo Vasco, estas medidas, junto a las planteadas por el Gobierno, ayudarán a salir del bache en

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que se encuentra el sector y a sentar las bases del futuro del mismo.
Quizá no deban ser las únicas, puesto que todavía la crisis nos deparará sin duda muchas sorpresas, pero sí son absolutamente necesarias y urgentes. Tenemos que conseguir que el automóvil siga siendo un referente importante en la economía dado el efecto arrastre y multiplicador que tiene sobre la misma. Apostar por el sector es apostar por la economía y estamos en ello. Por lo tanto, no podemos sino apoyar esta iniciativa en la forma de proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, que nos parece apropiada. Cuanto antes se pongan en funcionamiento estas medidas, será mucho mejor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Pregunto al Grupo Parlamentario Popular qué enmiendas, si es que hay alguna, acepta para su votación posterior.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Señor presidente, aceptamos una enmienda de CiU y la segunda de UPyD, la transacción de la compensación a las comunidades autónomas del impuesto de matriculación por parte de CiU y la número 2 de UPyD. Ahora le voy a pasar el texto transaccionado.


El señor PRESIDENTE: Si no le importa, le agradecería mucho que me mandase la aceptación exacta de las enmiendas presentadas, porque he de entender que no se trata de una transaccional sino de aceptación de textos presentados.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: La primera es una transaccional porque es parte de una enmienda de CiU.


El señor PRESIDENTE: Si es transaccional ya sabe que debe hacerlo una hora antes de las votaciones para pasarla a consulta.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Se la doy en un minuto. Gracias.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE APOYO AL COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS ANTE LA CRISIS ECONÓMICA QUE PADECEMOS. (Número de expediente 173/000054.)

El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones. Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas de apoyo al colectivo de los trabajadores autónomos ante la crisis económica que padecemos. Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Apoyar a los trabajadores autónomos es apostar por un tejido productivo perdurable que será el soporte del crecimiento futuro, es creer en quienes arriesgan, es confiar en quienes todo lo brindan a la tarea de crear riqueza y bienestar. Por eso pedimos a los poderes públicos un compromiso decidido con los emprendedores, para que en estos momentos críticos puedan salir adelante y continuar con su labor. Este es el texto final de un manifiesto que esta noche en Punto Radio van a presentar un conjunto de organizaciones del sector de autónomos pidiendo precisamente este compromiso de los poderes públicos sobre dicho sector. El próximo jueves, frente a estas Cortes, seguramente por primera vez en treinta años, autónomos y pequeños empresarios se van a manifestar pidiendo políticas eficaces y útiles frente a esos problemas. Después de un largo periodo de tiempo, parece ser que el presidente del Gobierno mañana por fin en Moncloa va a recibir a los representantes de los autónomos. Esta moción de Convergència i Unió que vamos a debatir ahora responde precisamente a esa incertidumbre, a esa inquietud, a ese malestar, a esa preocupación de cientos de miles de autónomos y de pequeños empresarios que ven como sus negocios lo pasan mal, que ven como muchos de sus negocios deben cerrar y como esas políticas que el Gobierno ha anunciado no terminan de concretarse. La moción de Convergència i Unió responde a ello.


De entrada, señorías, mi grupo quiere agradecer lógicamente el esfuerzo que todos los grupos han hecho para alcanzar un texto transaccional que hemos presentado ya en el registro hace un rato, señor presidente, que puede permitir al conjunto de la Cámara expresar un compromiso alrededor de un plan de rescate para orientar políticas eficaces en esta materia.
Es significativo que todos los grupos nos hayamos podido poner de acuerdo y responde también al estilo de Convergència i Unió de plantear propuestas positivas en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de turbulencias. Expresa también la insatisfacción de Convergència i Unió con muchas de las políticas que hasta ahora se han realizado, porque no vemos en muchas de ellas eficacia y capacidad realmente para superar la situación que estamos viviendo y además, señorías, no agotan nuestra ambición en este ámbito.


Hoy marcamos un punto en que desde el Grupo Popular hasta Izquierda Unida y el BNG, pasando por el Grupo Socialista, Esquerra Republicana, Coalición Canaria, UPN, todos los grupos lo compartimos, pero no agota nuestras ambiciones en este ámbito. La moción incorpora medidas en materia de mantenimiento de la actividad de los autónomos. Plantea la necesidad de modificar, amplificar y ampliar los créditos ICO para facilitar ese acceso a la financiación, en concreto que el aval del ICO pase del 50 al 60 por ciento. Incorpora también la necesidad

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de articular medidas que faciliten el aplazamiento del pago de impuestos y cotizaciones sociales. Da valor al acuerdo que se ha articulado a través de las sociedades de garantía recíproca por parte de ATA, UPTA y CEAT, de avalar con 500 millones de euros las líneas de créditos en marcha. Por primera vez marca la necesidad de poner en marcha un plan de apoyo al comercio minorista, porque los comerciantes junto con los trabajadores autónomos de la construcción son los grandes perjudicados de la crisis que estamos viviendo. Esta moción y la transacción que hemos alcanzado plantean medidas orientadas a estimular la actividad emprendedora, porque, señorías, a pesar de la crisis que estamos viviendo, hay autónomos que se la juegan, hay gente que arriesga, hay gente que tiene ideas y queremos reforzar aquellas políticas que hagan posible precisamente ese esfuerzo emprendedor. Me gustaría destacar dos de las cuestiones que se incorporan en este ámbito, por un lado, incrementar la posibilidad de la capitalización de la prestación por desempleo hasta el 80 por ciento en los supuestos de hombres y de mujeres jóvenes hasta los 35 años y, por otro, introducir una nueva bonificación para el primer empleado que contrate un autónomo, introduciendo una bonificación del 50 por ciento de la cuota social durante veinticuatro meses. A mi grupo le hubiese gustado que se incorporase alguna medida orientada a facilitar por la vía de un nuevo contrato laboral esa actividad emprendedora. Eso va a quedar pendiente para futuras iniciativas en este ámbito.


Finalmente, no hay que preocuparse tan solo del mantenimiento del empleo ni de la promoción de los emprendedores, sino que también se deben adoptar medidas que refuercen la red social de los autónomos, una red social de la que hoy carecen. A menudo nos preocupamos y nos ocupamos -y hacemos bien- de los trabajadores por cuenta ajena que pierden su empleo; nos preocupamos de las personas que en los próximos meses quizá vean agotada su prestación contributiva y no van a poder acceder ni a una prestación no contributiva, ni a una renta activa de inserción, ni a ninguna de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Sin embargo, nos olvidamos de esos miles de autónomos que no van a cobrar desempleo y que van a pasar por situaciones muy difíciles. En ese sentido, la moción que vamos a aprobar mandata al Gobierno que en este periodo de sesiones entre en la Cámara el proyecto de ley que regula el cese de actividad y que además articule medidas de carácter asistencial en el marco de las prestaciones de carácter no contributivo, así como también de las subvenciones durante el proceso de búsqueda de empleo, adaptadas a las necesidades de esos autónomos.


Nos parece, señorías, que es un paquete de medidas amplio, que da contenido a esa idea del plan de rescate orientado al mantenimiento del empleo, a la promoción de los emprendedores y al establecimiento de una red social. Mi grupo quiere agradecer, como decía al principio de mi intervención, el esfuerzo que todos los grupos han hecho para alcanzar ese acuerdo, especialmente al señor Membrado. Yo espero que la votación unánime de esta noche nos oriente a todos en los próximos meses para articular de verdad una política eficaz de apoyo a nuestros autónomos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, como acaba de exponer el autor de la iniciativa, el portavoz de Convergència i Unió, esta tarde hemos llegado a una transacción, a una enmienda que, por tanto, hace decaer las que habíamos formulado como Grupo Parlamentario Popular. Nosotros también queremos expresar nuestra satisfacción. He de decir que aceptamos la enmienda transaccional por una doble razón. Por una parte, porque nos parece que el texto se ha enriquecido, se ha mejorado y ha sido dotado de propuestas materialmente realizables, que suponen un avance ante la situación de crisis que se describía hace un momento, la situación de padecimiento que tiene el pequeño emprendedor, el autónomo, la persona que está pendiente de trabajar las horas que sean precisas, que tiene que afrontar gastos y que no siempre recibe los ingresos en plazo, que está pasándolo mal y soportando una situación especialmente crítica por la naturaleza de su actividad como trabajador por cuenta propia o autónomo.
Por otro lado, porque nos parece que el consenso en esta materia y en estos momentos es un valor político que debemos resaltar. Nos encontramos con una situación económica francamente grave. Estamos en 3.900.000 parados, con destrucción del trabajo y de las actividades de los autónomos y de los emprendedores, y creo que es responsabilidad de esta Cámara que, si hay un denominador común, seamos capaces de llegar a un acuerdo, como lo hemos sido hoy por la generosidad y la aportación de todos los grupos parlamentarios, y especialmente por el buen hacer del señor Campuzano y del señor Membrado en esta materia, que, en definitiva, se ha traducido en las iniciativas y puntos que acaba de exponer el señor Campuzano.


Resaltaré un punto que él no ha citado y que no es fácil de articular, pero que puede tener una trascendencia futura importante, si se llega a una cabal regulación de la misma, la jubilación parcial de los autónomos mayores de 60 años. Esto puede dar un juego futuro interesante e importante para aquellos autónomos que muchas veces mantienen o mantendrían una actividad, un pequeño negocio, siempre que pudiera coexistir esta realidad con la prestación, aunque sea parcial, de una pensión pública, en este caso de la jubilación de la Seguridad Social. Al Partido Popular, cómo no, en esta enmienda también se le ha escuchado, se le ha atendido y se han incorporado cuestiones, pero diré que este no es un punto final para nosotros, que es un punto importante, pero un punto y seguido. Desde esa perspectiva, hemos hecho dejación

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de algunos de nuestros planteamientos, hemos hecho una cesión de nuestras reivindicaciones, como en el fondo todos hemos hecho para llegar a este acuerdo.


Diré, no obstante, que en el futuro seguiremos planteando algunas cuestiones; por ejemplo, el problema del IVA. Si una persona autónoma, que vive de lo que tiene facturar, factura, supongamos, un millón de pesetas, 6.000 euros, prácticamente anticipa un IVA de 1.000 euros. Si esa factura no se paga, no solo deja de cobrar los 6.000 euros que se le deben, sino los 1.000 euros del IVA que había anticipado a la Hacienda pública. Cuando esto le ocurre a un autónomo, hay que recordar que ese autónomo no ha estado cobrando una nómina mensual, que lo que ha estado haciendo es aportar su capital, su esfuerzo físico personal, su trabajo material y el de las personas que pueda tener trabajando con él. O sea que, cuando él cobra los 6.000 euros, tampoco está cobrando 6.000 euros, sino que está cobrando 6.000 euros de los que habría que deducir los gastos que ha hecho para obtener este rendimiento. Esta es una realidad que está ahí y es una realidad que algún día habrá que resolver, como habrá que resolver, en el ámbito fiscal, la posibilidad de que voluntariamente los autónomos sujetos a la tributación por módulos puedan ir al régimen de estimación directa cuando sus rendimientos netos sean más desfavorables, que puedan optar por eso, que fiscalmente es más equitativo y más acorde con la realidad económica de los contribuyentes.


Hay otras cuestiones en las que también nosotros, en el futuro, vamos a seguir trabajando. Quizás en el marco del Pacto de Toledo, como lugar y ámbito más adecuado para ello, pero habrá que dar una respuesta a la situación que se produce en estos momentos de crisis a aquellas personas que tienen un trabajo autónomo, que tienen a lo mejor 55 años, que están cotizando por una determinada cuantía y que se ven abocados a no poder hacerlo; luego, cuando remontan en su actividad, se encuentran con que está limitada la base. Dicho con otras palabras, esos autónomos no tienen la posibilidad de alcanzar una pensión digna porque han tenido en un momento un problema de dificultad financiera de sus cotizaciones. En este ámbito, habrá también que homologar la realidad del autónomo con el régimen general, en cuanto a las lagunas de cotización, y darlas por cotizadas, como mínimo, para que accedan a unas pensiones de jubilación dignas y no las que hoy en día existen. Por tanto, satisfacción, pero también trabajo por delante.


Gracias a todos por su apoyo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiroz.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por su grupo tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Quiero expresar también la satisfacción de mi grupo parlamentario por el acuerdo alcanzado en relación con las trabajadoras y trabajadores autónomos que en nuestro país están sufriendo los embates de la crisis y que necesitan no solamente medidas para consolidar el sector, sino también medidas de protección social y de reactivación del sector de los autónomos en España. Hemos alcanzado un acuerdo que, además, demuestra la sensibilidad del Parlamento con las iniciativas del sector y por otra parte también demuestra las posibilidades que tiene el diálogo, que tiene la negociación en el ámbito parlamentario. Quiero destacar este aspecto con relación a otro tipo de posibilidades.


Después de las últimas elecciones, de las elecciones vascas y gallegas, el Gobierno se encuentra aquejado por lo que podríamos denominar el síndrome poselectoral. Ese síndrome tiene dos posibilidades de superación. Una, la superación a través del diagnóstico y el tratamiento que ha hecho recientemente la vicepresidenta del Gobierno por iniciativas unilaterales, de decretos, del veto a los proyectos de la oposición y de la geometría variable en el ámbito del Congreso de los Diputados. En nuestra opinión, esta estrategia es equivocada, es una estrategia de incertidumbre y de indeterminación que no garantiza ni una línea política ni una mayoría parlamentaria. Nosotros pensamos que existe otro camino, el camino de recuperar la centralidad del Parlamento, el diálogo y el acuerdo parlamentario, y queremos instar al Gobierno y al grupo mayoritario a que explore esta vía. Esta vía no solamente es mejor en términos de calidad democrática, sino que también es mejor en términos de alianzas, en términos de estabilidad y en términos de respuesta a la crisis. Por eso queremos destacar esta iniciativa, la iniciativa de los autónomos. En esta iniciativa se ha producido el diálogo, se ha producido el acuerdo, y estamos convencidos de que damos un mensaje adecuado a la sociedad ante la crisis.


Esta iniciativa y esta estrategia es, en nuestra opinión, la más acertada y por eso queremos destacar el resultado de esta negociación, que, en relación con los autónomos, demuestra la sensibilidad de la Cámara con respecto a una situación muy difícil, muy complicada, en un sector de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas que intentan salir adelante y que tienen dificultades; demuestra además la sensibilidad de la Cámara con sus propuestas, con las propuestas de las distintas organizaciones del sector de los autónomos, demuestra también la voluntad de la Cámara de desarrollar sus propios mandatos, el Estatuto del autónomo, pero al mismo tiempo avanza. Avanza la Cámara en el diálogo político, en primer lugar en favorecer la liquidez del sector, liquidez que está ahogando al sector; por tanto era necesario introducir nuevas medidas a través de propuestas, como la número 4 o la número 14, en el sentido de flexibilizar criterios en relación con las líneas de liquidez del Instituto de Crédito Oficial. En nuestra opinión también es necesario mejorar y desarrollar los compromisos en materia de protección social.
Esa iniciativa también logra aunar opiniones diversas en esta materia, en materia de protección social, sin que al mismo tiempo se produzcan inequidades con otros sectores, como es el sector de los trabajadores por

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cuenta ajena, que también tienen sus prioridades y sus necesidades. Por otra parte, se toman iniciativas en esta propuesta en el sentido de reactivar este sector, de permitir a personas de este sector capitalizar su desempleo, volver otra vez a nuevas iniciativas, a nuevas actividades, a pesar del contexto de crisis.


Sin ser estas iniciativas todas las que defendemos los grupos y con diferencias, por ejemplo, en materias fiscales o laborales, muestran una sensibilidad con un sector y, al mismo tiempo, muestran las posibilidades del diálogo y el acuerdo. Exploren esta posibilidad mucho más que la del decreto y la de la geometría variable, que, como hemos visto en el día de hoy, solamente produce incertidumbre e inestabilidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra don Jesús Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, los autónomos son una parte importante de la actividad económica de este país. Más de 3 millones de personas realizan una actividad profesional por cuenta propia, una actividad que va desde el comercio tradicional a los oficios derivados de la construcción, a la investigación, a los profesionales de la información, del transporte, de las nuevas tecnologías, profesiones que cada día se van incorporando a nuestra estructura productiva, en algunos casos con un alto valor añadido. Esa es la realidad de un sector, y por eso este Gobierno socialista impulsó en la pasada legislatura la LTA, la Ley del Trabajo Autónomo, apoyada mayoritariamente por los grupos de esta Cámara; una ley que es pionera en el concierto legislativo de la Unión Europea, que avanza derechos, que marca unos objetivos, una estrategia a largo plazo, para dotar a los trabajadores por cuenta propia de los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por cuenta ajena, que se va desarrollando y negociando con las organizaciones más representativas y con los diferentes ministerios afectados. No tener una referencia en los países de nuestro entorno nos hace ser precavidos y buscar acopio de información y estudio para su desarrollo.


Digo esto, señorías, porque concretar el estatuto no es fácil, pero el compromiso del Gobierno está muy claro en su desarrollo y se va a hacer a lo largo de esta legislatura, como se han puesto en marcha a lo largo de estos últimos meses más de doce iniciativas, que van desde la financiación a través del ICO hasta las ayudas para la contratación o las coberturas por incapacidad laboral en el caso de maternidad de las autónomas. Sabemos, señorías, que, en una etapa de crisis como esta, el sector se ha visto afectado, tiene problemas y ante ellos hay diversas reacciones: la de aquellos representantes sectoriales que pretenden hacer de las dificultades virtud propia, abanderando el programa máximo de soluciones más por una cuestión de prurito personal que por dar solución a los problemas de los afectados, y la de aquellos que buscan alternativas posibles y alternativas pragmáticas al momento actual, sin generar más dificultades de las necesarias. Y ahí es donde la moción de Convergència i Unió se puede inscribir. Se trata de buscar nuevas soluciones al problema actual del sector y marcar nuevos proyectos de futuro.


Dentro del posibilismo clásico de CiU, el señor Campuzano ha presentado cuatro bloques de temas que para nosotros son importantes. El primero es el derivado del posterior desarrollo de la LTA, que está pendiente por circunstancias muy diversas, como son las prestaciones sociales que deben debatirse en el marco del Pacto de Toledo, para no romper con el acuerdo alcanzado entre todas las fuerzas políticas y sociales en materia de Seguridad Social. Ese es un bloque importante. Otro es el de los derivados de ayudas financieras para facilitar el acceso al crédito y al aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social o a la contratación de trabajadores por cuenta ajena. Y el último es el impulso de los nuevos emprendedores con el incremento de la capitalización por desempleo para los jóvenes menores de 30 de años y las mujeres jóvenes menores de 35.


Señorías, todas ellas son cuestiones que, tras las enmiendas correspondientes y una amplia discusión, nos han posibilitado llegar a una transaccional apoyada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Además del valor implícito que tiene, suma la fuerza del respaldo mayoritario del arco parlamentario para el sector. Debemos estar satisfechos, porque este amplio respaldo traslada a un sector en crisis esperanza y confianza; esperanza en estas nuevas medidas que se suman a las ya existentes en estos momentos y que van a permitir mejorar su propia situación. Son medidas y son acuerdos que van a dar confianza, ya que tanto el Legislativo como el Gobierno están en disposición de llegar a acuerdos anteponiendo los intereses del sector a los intereses de cada uno de los grupos.


El señor PRESIDENTE: Señor Membrado, debe acabar.


El señor MEMBRADO GINER: De ahí la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por la presentación de esta enmienda conjunta con el resto de los grupos de la Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Membrado.


Para defender también las enmiendas presentadas por su grupo tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, inicialmente teníamos previsto subir a esta tribuna para defender las enmiendas que presentamos a la moción de Convergència i Unió, pero nos satisface

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subir para manifestar nuestra postura acorde con la transacción a la que llegamos todos los grupos parlamentarios en esta iniciativa de CiU. Es una transacción destinada a mantener la actividad de los trabajadores autónomos, a apoyar la creación de nuevo empleo por parte de los autónomos y a mejorar la protección de aquellas trabajadoras y trabajadores autónomos que no van a poder seguir en su propia actividad.
(La señora vicepresidenta, Cunillera y Mestres, ocupa la Presidencia.)

En su momento, cuando analizamos la propuesta que hacía Convergència i Unió y presentamos las enmiendas a la misma, ya valorábamos positivamente los puntos de la moción, porque entendíamos que eran medidas -como son ahora las medidas transaccionadas- que incidían en propiciar un alivio -por decirlo de alguna manera- a la situación de los autónomos, a los que la crisis está afectando de una manera especial. Ya con anterioridad hemos discutido diferentes problemas de este sector económico, sobre todo cuando estábamos en el debate del Estatuto de los Trabajadores Autónomos.
Pero, evidentemente, en esta situación de crisis que está afectando a todos los sectores económicos, este es quizás uno de los más vulnerables y está en una situación que incrementa la precariedad y las dificultades de supervivencia que ya tenía con anterioridad.


Nos satisface que en la transacción se incorporen acuerdos destinados a que el Gobierno tenga en consideración e incluso que impulse modificaciones legislativas de asuntos que, como decía antes, ya tratamos en el debate del estatuto y que están relacionados tanto con las jubilaciones anticipadas como con las bonificaciones a la contratación de trabajadores, e incluso con remitir al Congreso de los Diputados en este periodo de sesiones un proyecto de ley reguladora de la prestación por cese de actividad Eso nos parece muy importante. El hecho de que el Gobierno haya anunciado esta iniciativa, pero para el año 2012, en la situación actual nos preocupaba mucho. Por tanto, la inclusión de este punto en esta moción que hoy vamos a aprobar nos parece importante. Del mismo modo, nos parece muy relevante el punto número 15, que establece mecanismos para reducir la morosidad de las administraciones públicas.
Nosotros presentamos una enmienda que iba destinada a un nuevo punto, en la propuesta inicial de Convergència i Unió, para modificar la Ley contra la Morosidad, porque entendemos que es necesario paliar una situación que deriva de la actuación de algunos sectores económicos, grandes empresas industriales, el sector de la distribución y las administraciones públicas, que prolongan deliberadamente los plazos de pago para aprovechar su posición dominante.


Lo que vamos a aprobar evidentemente no incluye todo lo que nosotros pedíamos en nuestra enmienda, porque solo se plantea en relación con las responsabilidades de las administraciones públicas, pero somos conscientes de que en este momento la morosidad de las administraciones públicas con muchas empresas, la mayoría de ellas autónomas, está ahogando a estos sectores y nos parece una situación que es muy preocupante. Por eso, señorías, agradecemos a Convergència i Unió la voluntad que tuvo de negociar con todos los grupos y también que en ese acuerdo al que hemos llegado se pudieran incorporar, de manera transaccionada, evidentemente, el espíritu de prácticamente todas las enmiendas que presentamos a su propuesta inicial.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señora Fernández Davila.


A esta moción se ha presentado una enmienda transaccional firmada por todos los grupos, que es el texto que se someterá finalmente a votación.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN EL AVANCE DEL USO DE LAS LENGUAS COOFICIALES DEL ESTADO EN EL CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES Y OTROS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES. (Número de expediente 173/000055.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las actuaciones del Gobierno en el avance del uso de las lenguas cooficiales del Estado en el conjunto de la Administración General del Estado, sus organismos dependientes y otros órganos constitucionales. Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Ustedes saben que hay una fórmula en latín con la que empiezan los testamentos, que es sit omnibus notum, que todo el mundo sepa. Pues bien, que todo el mundo sepa que hoy el Grupo Socialista visualizará, mediante la votación de nuestra moción, fruto de la interpelación presentada la semana pasada a la ministra Salgado, que no están de acuerdo -repito, que no están de acuerdo- con que se normalice el uso de la lengua catalana, de la lengua vasca y de la lengua gallega en este Parlamento. Repito que ya no podrán marear más la perdiz. Hoy queda dicho que para ustedes no es posible el uso de la lengua catalana en este Parlamento. Ustedes en su enmienda incorporan buena parte -yo diría que casi el 90 por ciento- de nuestra moción. Ciertamente, hay que reconocer que ustedes incorporan en su enmienda el 90 por ciento de nuestra moción, es decir, todo aquello que atañe a la presentación de planes de fomento, planes de actuación tanto para la normalización lingüística en todo aquello que incumbe a la Administración General del Estado como a los órganos constitucionales -dicen-,

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pero que quede claro -fíjense qué contradicción- que en el Congreso de los Diputados, no.


Esta es, pues, la conclusión. Hemos podido ponernos de acuerdo quizás en el 90 por ciento de lo contenido en la moción, pero todo descarrila, todo, todo, todo descarrila porque ustedes no quieren que quede claro que es posible un acto de normalidad, que seguramente tendría una gran repercusión de carácter pedagógico, didáctico, para conformar en el imaginario de la ciudadanía española que las cuatro lenguas pueden convivir en régimen de igualdad en el Parlamento. Esto ya digo que tendría una gran trascendencia desde el punto de vista, repito, didáctico, pedagógico, para que la ciudadanía entendiera que las cuatro lenguas son lenguas cooficiales, aun cuando la lengua oficial del Estado sea la lengua española.


Desde el año 2004, ustedes han ido argumentando que esto sería posible cuando se modificara el Reglamento, lo cual, al final, como se ha demostrado, ha sido, repito, marear la perdiz, puesto que hoy teníamos la oportunidad de visualizar que había voluntad, y cuando hay voluntad incluso aquellos trabajos que se presentan como difíciles -ciertamente este lo es- se superan. Pues bien, hoy ustedes van a representar esta gran contradicción. Decía el presidente Zapatero en el año 2004: Yo estoy por la labor de que se reconozca la lengua catalana en las instituciones europeas. Es más, repito, le dijo al ministro Moratinos: Ve, ve y trabaja a favor de la causa del catalán en Europa. Y el ministro Moratinos hizo lo que pudo. Realmente habíamos llegado un poco tarde, porque el Partido Popular no había sembrado nada. Pero ¿qué dice ahora el presidente del Parlamento Europeo, el señor Pötterin? Dice: ¿Cómo quieren ustedes que se normalice el uso de la lengua catalana en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas, si en su Parlamento ustedes no tienen reconocida su lengua, aun cuando es cooficial? Verdaderamente andamos en esta contradicción.


Señorías, hoy teníamos la gran oportunidad de instar al Congreso a hacer una declaración de defensa del modelo lingüístico catalán así como un reconocimiento de la necesidad de incorporar la lengua catalana y el resto de lenguas cooficiales en los órganos constitucionales y en el Parlamento español. El resto de la moción insta al Gobierno a promover este objetivo, y es cierto que hay que respetar la separación de poderes -por esto hablamos de promover-, y propone un conjunto de medidas, presentaciones de planes de fomento, difusión y protección de la lengua catalana y del resto de las lenguas cooficiales así como que, a través del Consejo de las Lenguas Oficiales de la Administración General del Estado, se presente un plan de actuación en este mismo periodo de sesiones para proceder a la normalización lingüística en todo el aparato estatal y para dotar de una vez por todas de competencia lingüística a los funcionarios.


Pues bien, todo, todo, todo ha descarrilado, repito, porque hoy ustedes se van a negar a votar favorablemente nuestra moción, dado que no aceptan, no quieren, no desean, se oponen, les duele en el alma, que en este Parlamento se pueda hablar también en lengua catalana. Les duele en el alma. Y esto no tiene nada que ver, repito, con la modernidad, no tiene nada que ver con la cultura. Tiene que ver con una cierta herencia de un pensamiento todavía dominante, todavía hay secuelas de un cierto discurso que consolida la preeminencia de unas lenguas sobre otras, lo cual no tiene ningún sentido. Sepan ustedes que nosotros nunca vamos a renunciar a nuestro derecho a hablar en lengua catalana; son ustedes quienes nos abocan al conflicto y son ustedes quienes nos empujan a la insumisión lingüística. ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a echar? ¿Este Parlamento va a echar a los diputados por hablar su lengua? Ciertamente, esto no tiene ningún sentido. Creo que se equivocan, se equivocan profundamente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.


A esta moción se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender las suyas, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señora presidenta.


Paso a defender la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la moción consecuencia de interpelación presentada por Esquerra Republicana, que contiene una batería de medidas, que nos parecen absolutamente indicadas y apropiadas, en la línea de profundizar en la normalización de este Estado, interpretado tal como es, como un Estado plurilingüístico y pluricultural. Precisamente hoy, a las cuatro de la tarde, en el debate de la toma en consideración de una proposición de ley, hemos tenido oportunidad de hablar de la óptica de si todas las lenguas tienen el mismo derecho y el mismo respeto o si hay lenguas de primera y lenguas de segunda.


En la línea de apoyo que ya manifestamos a la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, hemos querido incorporar un punto número 7, referido al derecho que tienen los ciudadanos -seguramente, en la sociedad de las nuevas tecnologías, los derechos individuales que tienen los ciudadanos- a acceder a la información de las páginas web de la Administración General del Estado en las distintas lenguas cooficiales en distintos territorios del Estado español, además del castellano. En este caso, como estamos hablando de la red, no estamos hablando propiamente de un derecho adscrito a un territorio concreto, sino del derecho de cualquier ciudadano de poder acceder a cualquier página web de la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas oficiales. Esto es absolutamente posible gracias a las nuevas tecnologías y es una cuestión de voluntad política. La realidad de los distintos ministerios es muy plural. En algunos ministerios simplemente no se recoge esta realidad plurilingüística, en otros hay una página con unos primeros contenidos,

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pero sin el conjunto de los mismos en las distintas lenguas, y en otros las páginas web son simplemente monolingües. Espero que el Grupo de Esquerra Republicana tenga a bien recoger este punto número 7, bien sea con una transaccional respecto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, bien sea en la votación inicial.


Finalmente, apoyaremos la integridad de la moción de Esquerra Republicana, que tiene dos puntos muy sensibles y muy importantes. El primero se refiere al apoyo al modelo lingüístico de convivencia en Cataluña, apoyo que representa una manifestación de voluntad diametralmente opuesta al debate de la proposición de ley planteada por el Grupo Mixto hoy a las cuatro de la tarde. Creemos que el modelo de convivencia lingüística requiere también el apoyo de este Congreso de los Diputados. En segundo lugar, consideramos absolutamente relevante la reivindicación compartida por los grupos del derecho que tenemos los parlamentarios de expresarnos en las distintas lenguas oficiales en los órganos constitucionales, y por tanto también en las Cortes Generales.


Voy a hacer una referencia al texto alternativo del Grupo Socialista. Es un texto que seguramente no será transaccionado con el grupo proponente, pero es bueno subrayar aquello que plantea y, en todo caso, sea aprobado o no lo sea, es bueno recoger los planteamientos del Grupo Socialista, deseando que se lleven a la práctica, deseando que los deberes aún pendientes de realizar para el perfecto desplegamiento del Estado plurilingüístico se puedan desarrollar, por ejemplo, en relación con la presencia de las distintas lenguas cooficiales en los organismos europeos. En los últimos años hemos avanzado en este trabajo, pero desde Europa muy razonablemente se nos puede plantear el interrogante de cómo planteamos la presencia de estas lenguas en el ámbito europeo, cuando aún no tenemos resuelta la normalidad de la presencia de estas lenguas en los órganos centrales y en la Administración Central del Estado. Aquello que pedimos para la relación entre los ciudadanos con lengua materna distinta del castellano, como el catalán, el gallego o el euskera, para dirigirse a las administraciones y a las instituciones europeas...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Xuclà, por favor, ha acabado su tiempo.


El señor XUCLÀ I COSTA: ... también lo podemos plantear para la relación entre estos ciudadanos y una administración que debe reconocer el Estado plurilingüístico.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias a usted.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Batet.


La señora BATET LAMAÑA: Gracias presidenta.


Señorías, me parece especialmente oportuno que en un mismo día hayamos tenido la ocasión de realizar dos debates sobre el mismo tema desde ópticas, además, completamente contrapuestas. Sin duda, es una oportunidad para que el Grupo Parlamentario Socialista manifieste una vez más el apoyo a la realidad plurilingüe del Estado, al modelo del Estado de las autonomías que nos ofrece nuestra Constitución y a la legalidad vigente. Es una oportunidad para dejar constancia de cuál es nuestra concepción del Estado. Desde este grupo parlamentario queremos, una vez más, manifestar el orgullo que sentimos de vivir en un país plural, con distintas culturas y distintas lenguas. Para nosotros todas las lenguas españolas, como vehículo de comunicación, como identidad, como motor cultural y, en definitiva, como conocimiento, son importantes; son dignas de protección y de promoción; son parte de nuestra riqueza. Vivir en un territorio donde hay dos lenguas oficiales no es una condena, se lo aseguro. Al contrario, conocer y poder expresarse en dos lenguas en vez de una, o de tres en vez de dos, o de tantas como sea posible, sin duda, nos ayuda a ser más libres. Para los socialistas el conocimiento es garantía de libertad. Desde el inicio de la democracia y con la creación del Estado de las autonomías, cada comunidad autónoma ha ido creando su modelo lingüístico de acuerdo con sus competencias. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, las distintas lenguas de España son patrimonio cultural de todos, por lo que deben ser objeto de especial respeto y protección. En otras palabras, todas las lenguas españolas son una cuestión de todos, no solo de algunas comunidades autónomas. Los que creemos de verdad en este patrimonio, que muy pocos países pueden exhibir, no nos podemos permitir el lujo de dejar de reiterarlo. Por eso, el traslado de esa sensibilidad a todos los pueblos de España es una labor también ineludible de las instituciones del Estado. Estas, en su quehacer, deben velar para que la existencia de esta diversidad no se transforme en un punto de desencuentro, sino en factor de cohesión y unión en la diferencia. Seguramente actitudes un poco más constructivas por parte de aquellos que supuestamente quieren lo mismo ayudaría.


El sistema autonómico implica diversidad y diferencias. Señorías, el Estado autonómico no genera desigualdad per se; permite la diferencia porque la diversidad es implícita a la autonomía. No entender esto es no entender nuestro modelo constitucional y, en realidad, es ir contra él.
En este sentido, los Gobiernos socialistas y este grupo parlamentario han avanzado significativamente en la difusión, la promoción y el reconocimiento de todas las lenguas oficiales. Lo hemos hecho por convicción, no por oportunidad, y mucho menos por oportunismo. El compromiso socialista ha sido y continuará siendo ser exigentes para que nadie sea discriminado por razón de la lengua que utilice.


Conociendo y apoyando esta realidad, en la anterior legislatura nuestro Estado, concretamente el Gobierno, creó un órgano nuevo en el marco del Ministerio de Administraciones Públicas, como es el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina de Lenguas Oficiales. La existencia

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de estos organismos supone un paso de gigante en la adaptación y en la concienciación de toda la Administración General del Estado, en la necesidad de ofrecer en los territorios con dos lenguas oficiales un servicio público auténticamente bilingüe a los ciudadanos, que garantice los derechos de opción lingüística de esta ciudadanía. En ese contexto pensamos, tal como proponemos en nuestra enmienda, en la necesidad de activar con celeridad los trabajos del Consejo y de la Oficina de las Lenguas. Hemos creado ese instrumento porque creemos en él y en el papel que puede desarrollar. Además la enmienda socialista centra su prioridad en los derechos de los ciudadanos, supone un avance en la garantía de los derechos de opción lingüística de la ciudadanía, no solo en su relación con la Administración General del Estado, sino también con los órganos constitucionales, tal como determina el artículo 33.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Señorías, con esta enmienda ofrecemos un texto para el acuerdo de avance hacia objetivos comunes. Hemos perdido esta oportunidad y nosotros lo lamentamos. No queremos hacer del tema lingüístico un tema de enfrentamiento. Nos conviene a todos hacer un tratamiento amable y a favor de la convivencia a la hora de abordar las políticas lingüísticas. Solo así será posible avanzar en positivo. Solo así se demuestra la voluntad de construir juntos un futuro.


La legítima acción parlamentaria de los grupos que dan prioridad a estos temas no la discuto, pero los invito a la siguiente reflexión. Parece que al final lo que nos debería importar es la eficacia de la aplicación de los avances en estos temas, y pensamos muy sinceramente que podemos encontrar de forma conjunta mecanismos que nos lleven a mejores conclusiones. Con la confrontación y posiciones maximalistas no serán posibles los acuerdos necesarios para impulsar el plurilingüísmo por el que apostamos. Tenemos una legislatura por delante y no vamos a dejar de trabajar con rigor y sensatez como hasta ahora.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Batet, por favor, tiene que acabar.


La señora BATET LAMAÑA: Termino, señora presidenta, diciendo que el tratamiento de la realidad plurilingüe es también el tratamiento de la convivencia. Esa es nuestra apuesta. Como dije en su día, desde una óptica federalista la política lingüística es pedagogía de la pluralidad y con su actitud no ayudan a las otras lenguas oficiales distintas del castellano.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Batet.


En el turno de fijación de posición tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, presidenta.


Comienzo por manifestar el apoyo decidido del Bloque Nacionalista Galego a esta moción consecuencia de interpelación, en primer lugar porque nos parece una moción pertinente. Ahora que está tan de moda apelar al derecho a elegir en materia lingüística yo, pese a ser gallegohablante, en esta Cámara no tengo derecho a elegir, no tengo derecho de opción lingüística, no puedo hablar en mi idioma. Es una moción pertinente, aunque comienzo por reconocer que la posición del Bloque Nacionalista Galego en esta materia es más modesta que la manifestada por los proponentes en esta moción. No me refiero por supuesto al apoyo al modelo lingüístico forjado por la sociedad catalana que nos merece pleno respeto y pleno apoyo. Me refiero en concreto al punto 2 de la moción y a los otros puntos que a continuación se desarrollan. Compartiendo plenamente sus contenidos, compartiendo plenamente sus objetivos les aseguro, señorías, que en el Bloque Nacionalista Galego en esta etapa política nos conformamos simplemente con que se asegure el derecho de un gallegohablante a hablar en gallego en Galicia, a que pueda desarrollar su vida en su propio idioma de manera normal en todos los ámbitos, porque les aseguro que el único derecho individual en materia lingüística que en Galicia no está garantizado es el derecho de un gallegohablante a poder desarrollar su vida con plena normalidad en gallego, empezando por todo aquello que depende del Estado o de su ámbito competencial, como la Administración General del Estado, como los registros y notarías o como la Administración de Justicia donde hablar, expresarse en gallego en la relación con la Administración de Justicia es un auténtico acto de heroísmo.


Esta es la auténtica realidad y esta es la situación objetiva que explica y hace necesario que se impulsen políticas, para corregir esta situación de marginación que fruto de siglos de políticas impositivas sufre el idioma gallego y por tanto sufren los gallegohablantes. Estas políticas son las que algunos han intentado presentar en sucesivas campañas como políticas de imposición. El Bloque Nacionalista Galego, desde luego, no discute la eficacia de estas campañas. Es evidente que estas campañas han tenido eficacia, eficacia por otra parte ya comprobada, ya constatada en otras épocas históricas. Quiero recordar que fue Goebbels quien enunció el principio de que una mentira repetida un millón de veces se acaba convirtiendo en una verdad, pero para el BNG en política no vale todo y no vamos a seguir sus mismos métodos. En cualquier caso, aun reconociendo que nuestras aspiraciones son mucho más modestas, compartimos plenamente los fines y los objetivos que se detallan en esta moción, no solo porque somos una fuerza política comprometida con la defensa, el impulso y la normalización del idioma propio de Galicia, que es la lengua gallega, no solo para que se respeten los derechos de los gallegohablantes en todos los ámbitos, sino desde la convicción también -y esta es una virtualidad muy

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importante que tiene esta moción- de que la educación en el conjunto del Estado español en el respeto al reconocimiento de la diversidad y la diferencia es el mejor instrumento para asegurar una auténtica convivencia entre los distintos pueblos del Estado y, por tanto, es la mejor vacuna contra la intransigencia y contra los planteamientos excluyentes que algunos predican. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Aitor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.


La verdad es que estoy de acuerdo con la intervención que ha tenido el señor Jorquera. Es digno de subrayar el contraste que podemos encontrar entre unas acusaciones que se hacen a las administraciones autonómicas en materia de respeto a los derechos lingüísticos y ver, poniendo al Estado ante su propio espejo, que es el propio Estado el que con una palabrería hueca parece que apoya ese plurilingüismo, esa pluriculturalidad, pero en la práctica no sucede así. Nosotros consideramos que la riqueza lingüística debería serlo para todos los ciudadanos de este Estado. Las lenguas son patrimonio de toda la humanidad y de todas las personas y algo que debería ser valorado como algo propio y a impulsar. En este sentido, vamos a apoyar la propuesta que hace Esquerra Republicana, porque nos parece que podría ser interesante que en la Administración del Estado se fuera asumiendo como propia esa realidad pluricultural y pudiera expresarse así la verdadera realidad nacional del Estado español.
Pero mucho me temo que esto no va a ser así. Uno está ya cansado de discutir durante la legislatura anterior iniciativas de este tipo y ha visto que no se ha avanzado mucho. El señor Xuclà se refería antes a las páginas web -y uno está cansado de repetirlo por activa y por pasiva-, páginas de ministerios o páginas de museos estatales, etcétera y la verdad es que aquí no se mueve gran cosa. Hablando de páginas web, uno se acerca a la del Ministerio de Administraciones Públicas queriendo observar con curiosidad eso del Consejo de las Lenguas Oficiales de la Administración General del Estado en qué se ha concretado y, después de mucho buscar porque cuesta encontrarlo en la página del Ministerio de Administraciones Públicas, al final encuentra la supuesta página referida al consejo y, claro, la página del consejo solo está en castellano. Sí, sí, la del consejo solo está en castellano, señor Xuclà. Pero es que les voy a dar más datos. Uno ve ahí: Agenda del consejo y, claro, al hacer clic resulta que lo que aparece es: Sesión constitutiva del consejo, 28 de enero del año 2008; ha pasado más de un año y desde entonces parece ser que no ha habido ninguna otra reunión ni idea tampoco de tenerla porque en la página web del ministerio no aparece. (Risas.) Así que solo una reunión, con enlaces, eso sí, a la Unesco y a la Unión Europea, etcétera, pero una sola reunión y toda la página en castellano. Así que dice la señora Batet que el consejo es un paso enorme. En fin, no sé si será en el futuro, pero en estos momentos me parece que no es así.
Tenemos que hablar mucho de la eficacia de la implementación y no liarnos en discusiones que distorsionan lo que verdaderamente importa. ¿Qué eficacia ha demostrado en este ámbito el Gobierno del Estado? Muchas palabras, sí, mucha teoría, pero luego de transversalidad, de encuentro entre diferentes, etcétera, muy poca práctica por parte del Partido Socialista y por parte del Gobierno Zapatero. Eso de la multiculturalidad a la hora de aplicarlo a la Administración del Estado se queda en nada.
En realidad el gran símbolo de la España eterna es la Administración del Estado, es el corazón, y cómo algo que es tan español y por lo tanto con esta idea tan asociada a lo castellano puede dar entrada a unas lenguas que no forman parte de lo español al parecer; la propia Administración del Estado lo da a entender así. Pues tomamos nota como dato.


Vamos a apoyar esta iniciativa de Esquerra Republicana, pero como el señor Jorquera yo me conformo con que nos dejen ejercer nuestras competencias y dejen respetar los derechos lingüísticos de los ciudadanos que tienen como lengua una diferente a la castellana en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales propias. Si la Administración del Estado fuera capaz de dar ese paso, y si eso pudiera ser una realidad sin tantos aspavientos, sin tantas críticas por parte de determinados partidos políticos en el ámbito de la comunicación, habríamos dado un paso importante.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Eugenio Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Muchas gracias, señor presidente.


Yo también quiero que se sepa, señor Tardà, yo también quiero que todos los miembros de la Cámara sean conscientes de que si por pura hipótesis hoy la Cámara aprobara la moción objeto de nuestro debate habríamos abierto la puerta a una mutación constitucional de alcance incalculable y sin precedentes. Porque la moción no es que sea rigurosamente inconstitucional, es que pretende ni más ni menos que dinamitar y acabar con el modelo que nos dimos los españoles en la Constitución en materia lingüística, modelo que por otra parte no es artificioso como el que aquí hoy se nos plantea, sino que responde y plasma la verdadera realidad lingüística de nuestra nación, porque lo importante, lo esencial en este debate es que España es una comunidad lingüística forjada a través de los siglos y que se caracteriza por la existencia de una lengua común: el castellano, que es la lengua de comunicación entre los españoles, es la lengua en que nos entendemos, hablamos entre nosotros, y con esta

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lengua conviven otras lenguas asentadas en partes de su territorio que también hablan otros muchos españoles. Este es nuestro patrimonio lingüístico y esta es nuestra riqueza, que debemos preservar y proteger sin convertir a las lenguas en armas arrojadizas y sin promover la ruptura de esta comunidad lingüística.


Esta moción tiene unas notas que por otra parte nada tienen de extraño por provenir del grupo del que proviene. Primero, la deslealtad con la Constitución, porque a sabiendas, ya que sus autores no pueden desconocer ni los preceptos constitucionales ni la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional ni la realidad lingüística de la nación, pretenden violentar los parámetros constitucionales en un asunto que afecta muy seriamente a los derechos básicos de los españoles. Osadía, porque este objetivo se pretende en una moción burlando la Constitución misma, convirtiéndola en papel mojado, por la puerta de atrás, por la puerta falsa, porque contaban quizá con la actitud de debilidad y de ambigüedad que ha mantenido el Grupo Socialista durante tiempo, y por ello me resultó muy reveladora, muy ilustrativa la invocación del portavoz del Grupo Esquerra Republicana al primer Zapatero con una cierta nostalgia. Y yo me pregunto: ¿En qué Zapatero estamos ahora, en el primer Zapatero, en el segundo Zapatero, en el tercer Zapatero? Y osadía también porque, como de paso, la moción contiene la pretensión de que la Cámara dé sus bendiciones al modelo lingüístico que el tripartito intenta imponer en Cataluña con medios crecientemente coercitivos que vulneran derechos y libertades individuales, marginando el castellano del espacio público catalán en la escuela, en otros sectores, y sin tener en cuenta la realidad sociolingüística de Cataluña, en la que al menos la mitad de su población es de lengua materna castellana. El modelo lingüístico de la Constitución está muy claro, lo saben ustedes. Simplemente quiero recordar en el breve tiempo que me corresponde sus rasgos esenciales. En primer lugar, en España hay una única lengua oficial del Estado. No existen lenguas oficiales del Estado, la única lengua oficial es el castellano. La Constitución dice claramente que todos los españoles tienen el derecho a usarla y el deber de conocerla. Si entendemos por Estado el conjunto de los poderes públicos, con inclusión de los autonómicos y locales, el castellano se configura como el medio de comunicación normal entre los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del Estado español, como dice el Tribunal Constitucional y, por tanto, también en todos los órganos constitucionales y en este. Las relaciones entre la Administración General del Estado y las demás administraciones públicas deben tener como lengua vehicular el castellano y la lengua de uso de la Administración General del Estado, en sus relaciones con los particulares, debe ser el castellano en cuanto a lengua oficial del Estado. El Tribunal Constitucional ha afirmado claramente que solo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento, y con él la presunción de que todos los españoles lo conozcan.


Señor presidente, voy concluyendo. Dentro de los parámetros constitucionales que sucintamente he expuesto, y a los que ni de lejos responde la moción, es perfectamente posible seguir desarrollando una convivencia en materia lingüística, que es lo que desean la inmensa mayoría de los españoles. Una convivencia que aprecia la riqueza de todas nuestras lenguas, pero que aprecia también como una riqueza que es de todos y que no queremos romper la existencia de una lengua común que además es de alcance universal. El problema es otro, no es esta moción y hay que decirlo con claridad -y con esto termino-, señor presidente. El problema es el intento de transformar la realidad bilingüe de alguna de nuestras comunidades, al que responde el modelo de cooficialidad en esas comunidades que la Constitución propugna, con el objetivo de romper el equilibrio de las dos lenguas cooficiales de dicho modelo. La cuestión es que esa pretensión, al servicio de lo que se llama la construcción nacional, se está haciendo conculcando derechos personales de los españoles en materia de educación, en materia de igualdad de oportunidades, en materia de libertad de empresa y de libertad de circulación.


Señor presidente, este es el verdadero problema y este es el que debemos abordar seriamente, porque lo están pidiendo millones de españoles a quienes hay que dar respuesta y mi grupo se la va a dar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nasarre.


Pregunta al señor Tardà: ¿Acepta alguna de las enmiendas presentadas para su votación?

El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, aceptamos la enmienda de Convergència i Unió y rechazamos la enmienda de sustitución del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000056.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al examen del último punto del orden del día fijado para hoy: Moción del Grupo Parlamentario Popular relativa a la posición del Gobierno ante el proceso de reestructuración del sistema financiero español.


Para la defensa de la moción tiene la palabra don Ramón Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Tengo que anunciar a SS.SS. que esta moción ha gozado de un consenso amplio, que es una moción de un

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conjunto de propuestas del Grupo Popular que se han visto enriquecidas por las aportaciones de Convergència i Unió, a quien quiero expresar mi agradecimiento, y que se han visto enriquecidas también por las aportaciones del Grupo Socialista, a quien también quiero agradecer su contribución. Por tanto, ya tenemos en el escenario parlamentario una novedad, que viene siendo muy criticada fuera de estos muros y es que unas propuestas del Grupo Popular van a ser votadas con el enriquecimiento del diálogo con el grupo que sostiene al Gobierno y con los grupos minoritarios de la Cámara. Por tanto, son propuestas del Grupo Popular que salen adelante.


Además hay otra novedad en esta moción, y a mi juicio es importante referirme a ella. De todos es conocido que, en un momento determinado, en España el Grupo Socialista ha negado la existencia de una crisis. Cuando se ha querido aceptar la crisis económica, se ha remitido a que esta crisis viene de fuera, que nosotros no tenemos nada que ver. Cuando se ha avanzado en esa aceptación de la situación de la crisis, se ha insistido mucho en que España era una economía con muchísima fortaleza, y sobre todo que tenía un sistema financiero potente, vigoroso y solvente.
Poquito a poco, al igual que ya se va aceptando que el Partido Popular presenta propuestas, se va aceptando que hay crisis en la economía española, que esa crisis tiene signos autóctonos, y que esa crisis no solo afecta a la economía, al tejido productivo, y principalmente a la creación y destrucción de empleo, sino que esa crisis está empezando a afectar al sistema financiero español.


Ya tenemos ahí otra verdad consolidada y no dicha por mí, ni dicha por el Grupo Popular, sino ya hoy reconocida por el propio Grupo Socialista en la moción que votaremos a continuación, y ya reconocida en las intervenciones que se han producido en esta Cámara, en la Comisión de Economía. Si el rumor de que la crisis pivotaba sobre el empleo estaba llenando la calle, también estaba llenando la calle el rumor de que la crisis estaba llegando a las entidades financieras. El rumor empezó por la insinuación de que una caja, la Caja Castilla La Mancha, tenía necesidad de ser absorbida por una caja de otra circunscripción territorial. En principio se hicieron negociaciones y conversaciones con Ibercaja, de las cuales no sabemos nada, pero algo intuimos de qué fue lo que pasó para que no fructificaran. A continuación, estas negociaciones y conversaciones se llevaron a cabo con una caja andaluza que comenzó a pedir algunos elementos importantes sobre cuál era la situación real de la caja manchega. Por tanto, ya teníamos algún problema en alguna caja.
Ya los rumores van ampliándose, van afectando a otras cajas de otras comunidades autónomas e incluso ya en los últimos días van afectando a alguna que otra entidad financiera que no son cajas de ahorros.


Fruto de esa cuestión que palpitaba en la sociedad y en los medios de comunicación, poco a poco hemos tenido que ir viendo cómo comparecían en el Congreso el gobernador del Banco de España, el vicepresidente económico, el presidente de la AEB, el presidente de la CECA esta mañana mismo, y todos ellos ya vienen a reconocernos que se hace necesaria una reestructuración del sistema financiero español. Por tanto, lo primero que esta moción pide es que, si es verdad que existen problemas en diferentes entidades financieras españolas, se establezca una hoja de ruta y que no andemos haciendo tratamientos aislados del problema de esta o aquella otra caja. Primero vamos a hacer -y a mandatar al Banco de España que lo haga- un estudio, un diagnóstico de la situación real del sistema financiero español, compuesto por cajas y bancos. De ese estudio vamos a derivar una hoja de ruta, y esa hoja de ruta, señorías, tendría que tener algunas claves importantes que entro a repasar. La principal es buscar la fortaleza de los puestos de trabajo y garantizar la situación de los recursos y de los ahorros. Dicho eso, esa hoja de ruta tiene que definir y concretar el proceso de reestructuración del sistema bancario español para pasar de la situación de crítica solvencia, en la que se puedan encontrar algunas entidades financieras, a una situación de estabilidad de esa solvencia, garantizando la transparencia, recuperando la viabilidad de todos los puestos de trabajo que se tengan y, muy importante, minimizando los costes de recursos públicos que se tengan que emplear en este proceso, priorizando aquellas actuaciones que no supongan utilización de recursos públicos.


Hay que estudiar todos los mecanismos que se puedan aplicar en esta reestructuración del sector financiero, y otra cuestión que considero principal, señor presidente: que hay que rechazar de plano que el proceso sea un proceso indiscriminado de recapitalización para el conjunto de las entidades financieras. Por tanto hay que decir en este punto de la intervención que vamos a poner un stop a esas iniciativas que se están haciendo fuera de esta hoja de ruta, y que vamos a aprobar en esta Cámara una hoja de ruta transparente, equilibrada y con el control político del Congreso de los Diputados.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas por su grupo tiene la palabra don Joan Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Señor Aguirre, le he pedido la transacción que han pactado con Convergència i Unió y con el Grupo Socialista porque tenía la curiosidad de ver si había algún elemento en la moción que se va a aprobar que lo que hiciese fuese establecer elementos de condicionalidad en el momento en que se intervenga. Dicho en prosa, lo que pedía hoy el presidente de la CECA: que cuando se intervenga en entidades financieras, si se tienen que intervenir, se introduzcan condiciones, porque ese ha sido el fallo precisamente de lo que han hecho otros países, de lo que se ha hecho en Estados Unidos, y así lo ha dicho hoy -no se lo dice el portavoz de Iniciativa e Izquierda Unida- el presidente de la CECA. Lo que he visto es que no, que no hay ningún elemento de condicionalidad. Se lo digo por una razón. Nosotros hemos presentado una enmienda -usted lo sabe- que es un poco la moción que hicimos hace un par de plenos, nuestro diagnóstico

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de cómo se tienen que condicionar precisamente estas ayudas, estas políticas, este cambio de actitud en torno a entidades financieras que necesitamos que den más crédito que el que están dando.


Nuestro primer elemento es que ha faltado realismo en el diagnóstico.
Durante mucho tiempo se nos dijo que las entidades financieras españolas estaban mejor que ninguna otra, y era cierto, no les afectaban los créditos subprime. Ha habido elementos de intervención, no ha habido la ligereza que se ha dado precisamente en otras entidades financieras, pero usted sabe como yo que las entidades financieras españolas tenían y tienen un problema, y es que están muy afectadas por la burbuja inmobiliaria y por el sobreendeudamiento de nuestra economía. Dicho de otra manera, dieron más crédito que el que se podía dar y en un contexto de crisis financiera ese es nuestro talón de Aquiles. El problema está en que hoy las entidades financieras van a tener problemas con sus vencimientos y con los incrementos de morosidad, y a esto se le va a sumar el hecho de que va a salir a la luz que algunos títulos, algunas empresas, algunos activos valen menos de lo que dicen que valen. Eso nos lleva a una conclusión: es posible que se tenga que capitalizar alguna de estas entidades. A mí me parece bien todo lo que ustedes plantean, pero me sabe a poco porque creo que deberían ir más allá, ya que precisamente con un análisis mínimamente riguroso sobre lo que han fallado otros cuando han intervenido, se debería ir más allá, como hoy sugería no un diputado de Iniciativa e Izquierda Unida, sino el presidente de la CECA.


¿Qué es lo que a nuestro grupo le preocupa? Le preocupa una reflexión muy sencilla. En un contexto como el actual nos podemos encontrar con que, mientras que ha habido beneficios, esos beneficios se han privatizado en dividendos, en incremento del valor de las acciones, pero que, cuando haya pérdidas, lo que acabe pasando es que haya socialización de las pérdidas. Dicho de otra manera, que sea el padre Estado el que pague la fiesta de los malos gestores que se endeudaron demasiado, y que hoy no pueden hacer frente a ese endeudamiento desproporcionado y descabellado.
Este es un segundo aspecto que nosotros no vemos incorporado en su moción y que nos gustaría ver. Creemos que es importante que el Congreso sitúe un elemento de exigencia.


Tercer elemento. Nosotros creemos que, cuando hablamos de entidades financieras, tiene que haber un contrapeso y el contrapeso se tiene que situar en reformas en la legislación hipotecaria. Lo decíamos hoy en la comparecencia del presidente de la CECA e insistimos en este Pleno. Es verdad que en el modelo norteamericano, cuando a alguien le embargan su finca, su piso, no tiene la red social que tiene un Estado del bienestar más potente como el nuestro, pero también es verdad que nuestro modelo hipotecario hace que a esa persona que le embargan el piso, le embargan el sueldo o el subsidio de paro e incluso le pueden llegar a embargar la casa al padre que avaló aquella hipoteca. Pues bien, nosotros creemos que una de las condiciones que se tienen que introducir por las peculiaridades de nuestro modelo hipotecario y por las graves consecuencias sociales que va a tener un incremento de la morosidad es que tiene que cambiar eso, que se tienen que crear fondos, y que tiene que haber una parte de responsabilidad social por parte de las entidades financieras para que estos dramas familiares no sucedan. Eso es lo que echamos en falta y eso es lo que va a hacer que no nos opongamos, porque lo que se plantea está bien, pero no lo vamos a apoyar por estos elementos que no aparecen en la moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario Convergència i Unió ha presentado una enmienda a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que hace referencia a la posición del Gobierno ante el proceso de reestructuración del sistema financiero español, básicamente con un objetivo. Con esta enmienda, que nos ha sido aceptada en parte por el grupo proponente, nosotros pretendíamos buscar un consenso no solamente con el Grupo Parlamentario Popular, sino que pudiera ser extensivo al resto de fuerzas parlamentarias, y también hemos intentado que participara el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, ya que entendíamos que una posición global de todas las formaciones políticas podría dar como resultado generar confianza en el sector financiero español y, al mismo tiempo, generar seguridad a todos los ahorradores que han depositado sus recursos en las entidades financieras, ya sean cajas o bancos. El objetivo fundamental era perseguir el consenso de las fuerzas políticas más importantes de este Congreso de los Diputados y evitar el pimpampum de si el sistema financiero español está en crisis, de si tiene posibilidades de ser nacionalizado, de si va a tener que intervenir el Estado ante la grave situación, porque entendíamos que todas estas propuestas están en contra de lo que tendría que ser una posición firme, solvente y potente para dar y generar confianza. Perseguíamos evitar estas posiciones que fueran en la dirección negativa y, como he dicho anteriormente, evitar un pimpampum que generara exteriormente y mediáticamente una desconfianza de todos los agentes sociales, de los agentes económicos, y sobre todo de todos los ahorradores de las cajas y de los bancos. En consecuencia, esta enmienda pretendía básicamente utilizar todos los mecanismos que el Gobierno tiene a su disposición para, en primer lugar, garantizar todos los depósitos confiados por los ahorradores españoles a las cajas y a los bancos; y, en segundo lugar, que el Gobierno utilizara todos los instrumentos que tiene a su alcance para garantizar que la solvencia de nuestras entidades financieras fuera la que hemos perseguido hasta la fecha.


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Hoy hay una realidad ineludible, una realidad como un templo, que es que el sistema financiero internacional ha quebrado, y desgraciadamente hemos visto cómo una cantidad muy importante de entidades financieras norteamericanas, del Reino Unido, alemanas y francesas han tenido que ser intervenidas a través de recursos públicos, y han tenido que ser nacionalizadas en parte. En España podemos llegar a la conclusión de que esta situación no nos ha llegado. Por tanto, hoy tenemos un sistema financiero español de cajas y bancos que no ha tenido que ser intervenido a través de una nacionalización, a través de una inyección de recursos públicos, y entendemos que esta situación de privilegio se ha de continuar garantizando en los próximos meses y en los próximos años.


También hemos planteado otra cuestión importante, que es que la situación del sistema financiero español tiene que asegurar también la liquidez a la totalidad del sistema productivo español. De la liquidez hemos hablado muchísimo, pero hoy todavía, señorías, no tenemos resuelta esta cuestión.
Queremos también que este proceso de reconversión se pueda realizar en su totalidad con la máxima transparencia, y tenemos que exigir que se proceda a la minimización del coste del proceso para las arcas públicas, al máximo mantenimiento de los puestos de trabajo y a la máxima garantía del ahorro y de las inversiones. Por tanto, estas son las cuestiones en las que el Grupo Parlamentario Popular ha sido sensible a nuestras pretensiones, y pienso sinceramente que si hoy esta moción sale aprobada por una mayoría importante en el Congreso de los Diputados puede tener como resultado la amplificación mediática de la confianza que es necesaria para el sistema financiero español.


Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados, en mi grupo pensamos que esta es una crisis que empezó la banca y que terminará en la banca. Es una crisis financiera que ha cobrado un peaje fuerte a la economía real, que ha trasladado ese peaje al balance de las instituciones, y que hoy se desenvuelve a través de un círculo vicioso en el cual los gobiernos quieren introducir un corte con alguna prontitud.


Hay un hecho real que algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han puesto de relieve -un hecho real y novedoso-, y es que el sector público ha pasado a convertirse en el primer agente financiero en la Europa occidental. Esta es una cosa paradójica, porque aquí nos hemos encontrado con un hombre de las coordenadas ideológicas del señor Bush que nacionalizó una parte importante del sistema financiero en Estados Unidos. Lo mismo ha ocurrido, como han dicho otros, en Gran Bretaña, en Holanda, en Alemania, en Irlanda, en Islandia y en un largo etcétera. Eso ocurre a la vez que China reclama garantías a sus inversiones de deuda pública norteamericana. Es decir, vivimos un momento peculiar, característico, de una singularidad histórica. Podemos decir que, al menos, en una ciudad como la nuestra que está padeciendo una brusca restricción en el crecimiento económico, no hemos vivido problemas de solvencia, y los problemas de liquidez que se han planteado los ha resuelto el Gobierno de España en coordinación con el resto de las naciones de la Unión -el Fondo para la adquisición de activos, el otorgamiento de avales, las políticas del ICO-. Por tanto, el Gobierno está haciendo una política expansiva del gasto público y apenas le ha dedicado un pequeño número de recursos a sostener el sistema financiero.
En un momento en el que la Hacienda pública de los distintos niveles de gobierno trata de ayudar a los hogares y a las empresas, nosotros no hemos tenido que hacer lo mismo que han hecho en otras partes del mundo, y eso quizá se debe -tenemos que decirlo- a que tenemos un sistema que, guste o no guste, hasta ahora ha aguantado. Nosotros no seremos los que queramos ver crisis en el conjunto o en una institución de cuantas existen entre nosotros. El otro día decía el representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en la Comisión de Economía que, a pesar de esto, no éramos inmunes y que la capitalización bursátil afectaba a alguna de las instituciones y a mucha gente que pudiéramos tener algún ahorro invertido en algún gran banco español. En cualquier caso, en un momento donde en la parte más importante del mundo se ha asistido a un conjunto de crisis financieras, nosotros hasta ahora no la hemos tenido.
Ha dicho con buen criterio el señor Sánchez i Llibre que el espíritu que nos ha llevado a algunos de nosotros a favorecer una iniciativa de entendimiento en esta Cámara es el de eliminar las dudas y las incertidumbres que aquí pudieran surgir. Si la crisis continúa quizá haya que hacer en algún caso algún ajuste. Pero si eso ocurre, tenemos que estar preparados para ello.


El miércoles pasado el señor Solbes señaló que nosotros estábamos trabajando, como Gobierno y como partido que apoya al Gobierno, en ese tipo de hipótesis, y es ese espíritu es el que nos ha llevado a nosotros en este momento a encontrar líneas de apoyo y de coincidencia con otros grupos de la Cámara. Señorías, expresamos nuestra satisfacción. En un momento en el que la mayor parte de los países occidentales tienen en funcionamiento una batería importante de medidas de política económica, que estoy seguro que darán resultado en el corto plazo, nosotros estamos evitando que una pieza esencial en las economías modernas, como es el sistema financiero, tenga las dificultades que aparecen en otros lugares del mundo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


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Intervengo brevemente porque no son las mejores horas del día para hacer un discurso largo. Una vez más, las crisis financiera y la crisis económica nos han permitido y nos permiten, a través de esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, debatir sobre la situación económica. Esta misma mañana también lo hemos hecho en la Comisión de Economía y Hacienda, a través de la comparecencia del presidente de la Confederación de Cajas de Ahorro. Hemos debatido de economía y de crisis financiera a lo largo del primer año de legislatura y me temo que, desgraciadamente, lo tengamos que hacer lo que nos queda de legislatura y muy posiblemente también en la siguiente. Calma, por lo tanto, puesto que no van a faltar oportunidades para el debate económico-financiero. No digo que el debate no sea pertinente, que lo es; lo que reclamo es sosiego y búsqueda de acuerdos amplios. (Rumores.) Hay que trabajar -si me permiten- sin prisa, pero sin pausa sobre las medidas a adoptar en el ámbito económico y financiero. (Rumores.) Nuestro grupo parlamentario está dispuesto a hacerlo incluso huyendo de protagonismos políticos...


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor AZPIAZU URIARTE:.que no son a nuestro juicio buenos en estos momentos. El: yo ya lo dije, o el: yo propongo, ha de sustituirse por el: hemos acordado por amplia mayoría. En este sentido, el esfuerzo y el trabajo del señor Fernández Marugán para buscar un consenso y un acuerdo con relación a esta moción es realmente positivo. De esta manera podemos sentar las bases para iniciar un debate sobre las medidas necesarias para sacar al sector financiero de la situación en que se encuentra.
Simplemente echo en falta una cuestión que habría incorporado en la moción -si me permiten-, que es la de implicar expresamente a todos los grupos parlamentarios de la Cámara en el empeño, a través de la Comisión de Economía y Hacienda, para hacer un seguimiento de las medidas que se vayan instrumentando.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


En dos minutos comenzaremos las votaciones. (Pausa.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIONES.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA Y ASEGURAR LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LENGUA (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000099.)

El señor PRESIDENTE: Primera votación: Toma en consideración de proposiciones de ley, en concreto de la del Grupo Parlamentario Mixto, para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 148; en contra, 191.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE GARANTÍA DE LOS DERECHOS Y MEJORA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS. (Número de expediente 122/000117.)

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre garantía de los derechos y mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 339.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración por unanimidad de la Cámara. (Aplausos.)

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIONES.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A GARANTIZAR DENTRO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL LA OFERTA EDUCATIVA DEL TRADICIONAL OFICIO DE ARTISTA FALLERO Y "FOGUERER". (Número de expediente 162/000330.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar dentro de la formación profesional la oferta educativa del tradicional oficio de artista fallero y foguerer.
Hay una enmienda transaccional. ¿Hay algún grupo parlamentario que se oponga a su tramitación? (Pausa.)

No hay ningún grupo que se oponga. En consecuencia, la mencionada proposición no de ley se pasa a votación en los términos de la enmienda transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 335; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

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DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS AYUDAS AL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN. (Número de expediente 162/000332.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a las ayudas al sector de la automoción. Igualmente, esta proposición no de ley tiene una enmienda transaccional. ¿Hay algún grupo parlamentario que se oponga a su tramitación? (Pausa.)

Adelante, señor Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: El Grupo Popular no ha negociado con nosotros nuestra enmienda y por tanto no vamos a admitir la transaccional. Nos oponemos. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Se oponen a su tramitación.


En ese caso, pregunto a la señora Báñez si acepta alguna de las enmiendas -está en su derecho de poder hacerlo- que han sido presentadas y defendidas.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Señor presidente, prefiero no aceptar ninguna enmienda y que se vote por separado cada punto.


El señor PRESIDENTE: Es decir, que se vote por separado el texto de su proposición. Así se hará.


La proposición no de ley tiene cinco puntos. Vamos a pasar a votar, en primer lugar, el punto número 1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 157; en contra, 175; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


A continuación, pasamos a votar el punto número 2 de la proposición no de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 167; en contra, 170; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. (Aplausos.)

Pasamos a votar, a continuación, el punto número 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 338.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


A continuación, pasamos a votar el punto número 4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 166; en contra, 173; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Por último, pasamos a votar el punto número 5 de la proposición no de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 338.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIONES.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE APOYO AL COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS ANTE LA CRISIS ECONÓMICA QUE PADECEMOS. (Número de expediente 173/000054.)

El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de apoyo al colectivo de los trabajadores autónomos ante la crisis económica que padecemos.


El texto que hay que votar es una transacción suscrita por todos los grupos parlamentarios. En consecuencia, he de entender que ninguno ha cambiado de criterio y puede tramitarse. ¿Es así? (Asentimiento.) Sometemos a votación el texto de la transacción.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 340.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN EL AVANCE DEL USO DE LAS LENGUAS COOFICIALES DEL ESTADO EN EL CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES Y OTROS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES. (Número de expediente 173/000055.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa

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Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las actuaciones del Gobierno en el avance del uso de las lenguas cooficiales del Estado en el conjunto de la Administración General del Estado, sus organismos dependientes y otros órganos constitucionales. Se vota el texto de la moción con la enmienda de Convergència i Unió aceptada por el grupo proponente.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 25; en contra, 315.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000056.)

El señor PRESIDENTE: Por último, moción del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la posición del Gobierno ante el proceso de reestructuración del sistema financiero español.


Hay una enmienda transaccional. ¿Se acepta por todos los grupos su tramitación? (Asentimiento.) En ese caso, esta moción se pasa a votación en los términos de la enmienda transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 337; en contra, uno; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las nueve y diez minutos de la noche.

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